r95_bascunan_pildoradiadespues03.pdf | Constitución | Epigenética\nguardarGuardar r95_bascunan_pildoradiadespues03.pdf para más tarde\nLA PLDORA DEL DA DESPUS ANTE LA JURISPRUDENCIA*\nAntonio Bascun Rodrguez\nEn este artculo se comenta crticamente la sentencia dictada por la Corte Suprema en el ao 2001 que prohibi un anticonceptivo de emergencia, sostenindose que el uso de ese frmaco por parte de una mujer constituye un acto de legtimo ejercicio de un derecho constitucional. A juicio del autor, la Constitucin chilena consagra un principio de exigibilidad diferenciada de la prohibicin de atentar contra seres humanos an no nacidos. Una de las consecuencias de la consagracin de ese principio es que el ser humano no es titular de derechos constitucionales antes de nacer. Otra consecuencia es que en ciertos supuestos los derechos fundamentales de la mujer tienen preponderancia frente al inters en proteger la supervivencia de seres humanos an no nacidos. El uso del anticonceptivo de emergencia, sostiene el autor, es uno de estos supuestos.\nANTONIO BASCUN. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurdicas y Sociales, Universidad de Chile. Diplomado en Derecho y candidato a Doctor, Ludwig-Maximilian Universitt Mnchen. Profesor de Derecho Penal y Teora del Derecho, Universidad Adolfo Ibez, Universidad de Chile. * Versin extendida de la ponencia presentada en el seminario La pldora del da despus: Aspectos normativos, realizado en el Centro de Estudios Pblicos el 15 de junio de 2004. Vanse en esta misma edicin el artculo del profesor de derecho Arturo Fermandois, los artculos de los doctores Fernando Zegers y Enrique Oyarzn, y los antecedentes del debate incluidos en la seccin Documentos (N. del E.). Estudios Pblicos, 95 (invierno 2004).\na cuestin de la admisibilidad legal del anticonceptivo de emergencia Levonorgestrel, conocido tambin como la pldora del da despus, ha recobrado vigencia en la discusin pblica a raz de la decisin del Ministerio Salud de distribuirlo gratuitamente como parte de su poltica de asistencia a vctimas de abusos sexuales. Esa discusin ha entrado de lleno, una vez ms, en el debate jurdico. El 20 Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de 30 de junio de 2004, declar nula la resolucin del Instituto de Salud Pblica que en 2001 autoriz la comercializacin del frmaco Postinor-2 (Levonorgestrel)1. El caso se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Como es bien sabido, ya existe un pronunciamiento de la Corte Suprema en relacin con la cuestin del estatus constitucional de este anticonceptivo de emergencia: Philippi Izquierdo, Sara y otros con Instituto de Salud Pblica y otros2. Aunque en el derecho chileno no rija la doctrina del stare decisis, por lo que las sentencias judiciales no constituyen precedente, cuando se trata de responder a la pregunta por la solucin correcta de un determinado problema desde el punto de vista del derecho vigente, es razonable tomar en consideracin la jurisprudencia existente. Y esto, no slo por razones estratgicas. Tambin en trminos sustantivos de racionalidad esa consideracin permite situar en un contexto concreto la exigencia de justificacin que cualquier propuesta de solucin debe satisfacer. El propsito de este artculo es efectuar un comentario crtico de la sentencia de la Corte Suprema, contribuyendo con ello al esclarecimiento de las cuestiones constitucionales y legales involucradas en esta discusin. Antes y ahora, el debate se ha concentrado en la cuestin emprica de si el Levonorgestrel produce o no un efecto impeditivo de la implantacin del embrin humano en el endometrio, o si tiene un efecto meramente anticonceptivo. Como resulta obvio, en este ltimo caso la comercializacin y el consumo del frmaco dejan de ser constitucional y legalmente impugnables, ya que no existen derechos fundamentales u otros intereses de significacin constitucional y peso especfico suficiente que entren en\n1 20 Juzgado Civil de Santiago: Centro Juvenil Ages con Instituto de Salud Pblica y otros, Rol N 5839-02, 2004. [Texto del fallo se encuentra reproducido en dossier Anticoncepcin de Emergencia: Antecedentes del Debate, en esta misma edicin (N. del E.).] 2 Corte Suprema: Philippi Izquierdo, Sara y otros con Instituto de Salud Pblica y otros, 2001, pp. 199-208. [Esta sentencia se encuentra reproducida en dossier Anticoncepcin de Emergencia: Antecedentes del Debate, en esta edicin de Estudios Pblicos (N. del E.).] Hasta antes de esta sentencia, exista un caso jurisprudencial en el que se haba admitido a tramitacin un recurso de proteccin en favor de la vida de un feto: Carabantes Crcamo, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 14.11.91. ste es un fallo irrelevante como antecedente jurisprudencial, pues la cuestin de la titularidad del nasciturus ni siquiera fue planteada, y en el caso tampoco se lleg a una decisin sobre el fondo del recurso.\ncolisin con el ejercicio del derecho a la autonoma reproductiva de la mujer, concretado en el uso de anticonceptivos. Slo bajo la hiptesis de que se produzca ese efecto impeditivo de la implantacin es que tiene sentido la discusin en torno al estatus constitucional del embrin y las consecuencias que de ello se derivan para los actos de la Administracin del Estado. Bajo ese entendimiento es que tiene lugar el anlisis que sigue. Efectuar este anlisis a modo de comentario de la sentencia aludida, distinguiendo cuatro aspectos: (1) problemas de legitimacin activa de un recurso de proteccin interpuesto a favor de la vida de embriones no individualizados, (2) problemas de justificacin de la consideracin del embrin como titular de un derecho subjetivo a la vida, (3) problemas de ponderacin de intereses y (4) problemas adicionales. A la luz de las consideraciones anteriores desarrollar brevemente (5) mi posicin acerca del estatus constitucional de la pldora del da despus. Finalmente expondr lo dicho en siete tesis, a modo de (6) resumen.\n1. La cuestin de la legitimacin activa El primer problema constitucional planteado por el caso se refera a la legitimacin activa de los recurrentes. Como se recordar, la Corte de Apelaciones de Santiago rechaz el recurso de proteccin, sosteniendo que no se haba identificado a un titular individual y concreto de un derecho constitucional. En apelacin, la Corte Suprema revoc esa decisin, aceptando la legitimacin activa de los recurrentes. No es claro, sin embargo, cual sea el fundamento de esta decisin de la Corte Suprema, pues ninguna de las razones principales que ella esgrime es pertinente. Primero, la Corte Suprema seala como fundamento el derecho a la vida. Pero la legitimacin activa era problemtica en este caso, porque no se poda identificar a un titular individual y concreto de ese derecho que se encontrara amenazado. La mencin del derecho no resuelve ese problema. En segundo lugar, la Corte seala que los propios recurrentes son titulares de un derecho constitucional relevante, a saber, el derecho para proteger la vida que tienen los seres que aun se encuentran en etapa de desarrollo o gestacin (Cons. 4). Pero este derecho no existe. La Constitucin consagra el derecho a la vida. A lo ms se deriva de este derecho un deber de proteccin cuyo destinatario es el Estado. En este sentido, es decir, en el sentido que deber implica poder, puede entenderse que implica un permiso objetivo para el Estado. Pero este permiso no es equivalente a un derecho subjetivo. Sostener lo contrario equivale a confundir\nla posicin de destinatario de deber correlativo a un derecho con la posicin de titular de un derecho. No existe un derecho constitucional a no matar; mucho menos, a proteger la vida. En tercer trmino (Cons. 5), la Corte invoca las disposiciones del Cdigo Civil que establecen un deber de proteccin judicial de la vida del nasciturus y una disposicin del Pacto de San Jos de Costa Rica, que reconoce la relevancia de la vida humana como objeto de proteccin desde el momento de la concepcin. Independientemente del problema que representa la consideracin de estas normas extraconstitucionales como fundamento de la interpretacin de disposiciones constitucionales, es evidente que ellas no pueden resolver el problema de la legitimacin activa: de ellas no se deduce la identificacin de algn titular individual y concreto. En cuarto lugar, la Corte considera que el fundamento de los recurrentes estara en la facultad jurisdiccional de los tribunales, cuyo ejercicio es inexcusable. Pero es obvio que esta consideracin no puede ser una razn pertinente; sostener lo contrario implicara negar la necesidad de legitimacin activa como requisito del ejercicio vlido de cualquier accin: cualquiera estara legitimado para ejercer cualquier accin que solicitase de un tribunal el ejercicio de la jurisdiccin. Finalmente, la Corte sostiene que los embriones preimplantacionales no seran sujetos indefinidos y faltos de concrecin, sino seres en desarrollo despus de la concepcin (Cons. 7). Aqu la Corte confunde la cuestin de si el embrin es un individuo de la especie humana (en el sentido de la definicin de persona) con la cuestin propia de la legitimacin activa: lo problemtico para la legitimacin activa de los recurrentes no era el estatus abstracto del embrin, sino la identificacin de un embrin individual y concreto cuya vida estuviera afectada al menos en grado de amenaza. En definitiva, el nico argumento pertinente es el formulado por la Corte como razn subsidiaria, y que es del siguiente tenor:\nla legitimacin activa slo requiere que haya seres concretos existentes que pudieren ser afectados por la accin que se denuncia como arbitraria o ilegal, aun cuando no sepa dnde se encuentran ni se tenga certeza de su nombre ni de ningn otro atributo individualizador (Cons. 8, primer prrafo).\nLa pertinencia del argumento no garantiza, por cierto, su coherencia. En verdad, resulta difcilmente imaginable un argumento ms incoherente: cmo podra acreditarse la satisfaccin del requisito de la existencia\nde seres concretos si no se puede dar indicacin alguna de su ubicacin espacial ni otro rasgo que los individualice? Consciente de la debilidad de su afirmacin, la Corte sostiene que este caso es semejante a otros en los cuales se ha dispensado proteccin a personas indeterminadas, adems de una persona individualmente afectada (Cons. 8, prrafo segundo). El argumento falla, porque en este caso no hay una persona individualmente afectada. Finalmente, la Corte sostiene que la proteccin de un derecho en grado de amenaza no requiere la existencia del titular al momento de la amenaza, sino slo al momento de hacerse efectivo ese peligro. Nuevamente, el argumento falla. An aceptando la tesis de la admisibilidad de la proteccin preventiva de un derecho ex ante inexistente, es claro que ello requiere eventual existencia ex post del titular al momento de la realizacin del peligro, en los trminos concretos e individuales que el recurso exige. Y ese no era aqu el caso. As pues, la cuestin de la legitimacin activa, correctamente decidida en trminos negativos por la Corte de Apelaciones, fue decidida afirmativamente por la Corte Suprema, sin razones. Y el problema no es menor. El recurso de proteccin es un procedimiento de control concreto de constitucionalidad. Por eso es que su procedencia requiere la identificacin de un titular individual. La masa indeterminable de embriones preimplantacionales no satisface ese requisito. En el contexto de un procedimiento de control abstracto de la constitucionalidad de los actos administrativos esta cuestin sera irrelevante. Pero en el contexto de un procedimiento de control concreto es una cuestin crucial de admisibilidad. En otras palabras, con su decisin arbitraria la Corte Suprema alter el carcter del recurso de proteccin en tanto procedimiento de control de constitucionalidad3.\n3 Lo mismo cabe decir de la sentencia del 20 Juzgado Civil de Santiago, que acept la legitimacin activa del Centro Juvenil Ages, organizacin comunitaria regulada por la Ley 19.418, como demandante en un juicio ordinario de nulidad de derecho pblico. Las razones aducidas por la sentencia para aceptar su legitimacin activa son: (a) que el objeto de la accin es el restablecimiento de las normas constitucionales infringidas, y (b) que el artculo 75 del Cdigo Civil ordena al tribunal adoptar las medidas convenientes para proteger la existencia del que est por nacer (considerando 11). Ambos argumentos son manifiestamente falaces. La accin de nulidad de derecho pblico es, en la concepcin ms favorable a su admisibilidad institucional, un procedimiento de control concreto de la validez de los actos de los rganos del Estado. Luego, para que su ejercicio sea admisible se requiere que su titular haya sido lesionado en sus intereses por el acto estatal que se impugna, tal como por lo dems lo prev la Constitucin para lo contencioso administrativo (artculo 38 inciso 2). En lo que respecta al deber legal de proteccin de la vida del que est por nacer, obviamente el artculo 75 del Cdigo Civil no es una regla de competencia: la actuacin judicial en cumplimiento de ese mandato requiere un proceso regular como contexto previo.\n2. La cuestin de la titularidad a) El argumento de la Corte El segundo problema constitucional que planteaba el caso se refera a la condicin del embrin preimplantacional como titular del derecho constitucional a la vida. La Corte Suprema afirm ese estatus. Su afirmacin, sin embargo, carece de fundamento consistente. La Corte define el problema constitucional del siguiente modo:\nlo que debe resolverse es desde cundo podemos o debemos reconocer legtima y legalmente la existencia del ser humano, o ms bien, desde cundo corresponde otorgar proteccin constitucional a la existencia de la vida (Cons. 14).\nEste planteamiento es incorrecto. El recurso de proteccin es una accin cuya finalidad es dispensar proteccin judicial a derechos constitucionales. En el marco del recurso de proteccin lo relevante no es que la Constitucin proteja la vida de los seres humanos. Lo relevante es que la Constitucin asegura a las personas el derecho a la vida. Luego, lo que debe justificarse es la identificacin del titular de ese derecho subjetivo pblico. Uno de los aspectos que debe ser resuelto para estos efectos es el alcance del trmino persona en el contexto de la Constitucin. La decisin de la Corte implica la identificacin de los conceptos de persona y ser humano. Sin embargo, la propia Corte se contradice en este punto, en la misma formulacin de su tesis:\n(...) el que est por nacer cualquiera sea la etapa de su desarrollo pre natal, pues la norma constitucional no distingue, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurdico le reconoce (...).\nComo resulta obvio, si el ser humano se constituye en persona con el nacimiento, entonces el embrin no puede ser calificado de persona. Y por lo mismo no tiene derecho constitucional a la vida. Este derecho, como los dems derechos subjetivos, pblicos y privados, lo tienen los seres humanos nacidos vivos, pues es uno de esos atributos reconocidos a las personas por el ordenamiento jurdico. La Corte considera que la definicin de persona del Cdigo Civil (Art. 55) incluye a los embriones (Cons. 18). Pero no repara en la diferencia de estatus que el propio Cdigo Civil establece entre los seres humanos\nnacidos (titulares de derechos subjetivos) y los seres humanos no nacidos (objeto de proteccin). Y no es casual que no repare en ello. Pues la Corte es incapaz de efectuar esta distincin conceptual. Tal como arriba se dijo, su planteamiento del problema en el considerando 14 no distingue la especificidad de un derecho subjetivo pblico. En su considerando 16 hace equivalentes la garanta del derecho a la vida y la proteccin del que est por nacer. Y en su considerando 19 afirma que la proteccin dispensada por el Cdigo Civil al nasciturus (Arts. 75 y 76) confirmaran su condicin de persona. En suma, el razonamiento de la Corte se basa en una falacia (non sequitur): de la existencia de un deber de proteccin de la vida del nasciturus (constitucional y civil) deduce su condicin de titular del derecho a la vida. La inferencia, por supuesto, no es vlida. De un derecho subjetivo pueden inferirse normas de deber, pero no a la inversa. Menos en el contexto de la Constitucin chilena, donde existen buenas razones, como luego se ver, para comprender al deber de proteccin como compensacin de la inexistencia del derecho. Debe reconocerse, no obstante, que la Corte invoca una razn independiente de esta confusin para justificar la atribucin de personalidad al embrin:\nSi entendemos que la fertilizacin es, como es, un proceso continuo que no resulta separable en etapas o momentos, debemos concluir que el vulo fecundado o embrin, es ya un individuo de la especie humana y como tal, digno de proteccin constitucional y legal para alcanzar su pleno desarrollo hasta que el nacimiento se produzca (Cons. 18, prrafo segundo).\nEn sus propios trminos, esta tesis es manifiestamente insuficiente. La continuidad de un proceso no basta para justificar la identidad de sus distintos estadios. Es evidente que a la luz de la Constitucin son personas los seres humanos nacidos. Es tambin un hecho fuera de discusin que todos los seres humanos nacidos vivieron antes en estado fetal, anidados al endometrio de una mujer, y antes en estado embrionario preimplantacional, ya sea dentro del cuerpo de una mujer (in vivo) o en una matriz experimental (in vitro). Es por lo tanto evidente que un embrin preimplantacional humano puede, desarrollndose, llegar a ser un ser humano nacido, o sea, indiscutidamente una persona. Los hechos antedichos permiten sin duda fundamentar una valoracin del embrin preimplantacional. Puede aceptarse que el valor del estado final de ese proceso la persona confiere un valor a su estado inicial\nel embrin preimplantacional. Es decir, que la potencialidad del embrin preimplantacional de llegar a ser indiscutidamente una persona justifica la atribucin de valor a su condicin de ser vivo. Sin embargo, de lo anterior no se deduce la identidad entre el embrin preimplantacional y el ser humano nacido. Esto es obvio. Todos los rboles y las flores fueron antes una semilla; de ah no se deduce que las semillas sean rboles o flores. Pretender lo contrario es incurrir en una falacia retrospectiva. La afirmacin de la continuidad del proceso de desarrollo del embrin es verdadera, en el sentido de que se trata de un proceso sin discontinuidad. Pero, una vez ms, de eso no se deduce que los distintos estadios de ese proceso sean idnticos entre s, es decir, que el organismo que se transforma en ese proceso de desarrollo sea siempre lo mismo desde un punto de vista ontolgico, antes y despus de su transformacin. Lo que la tesis de la Corte presupone es que en este proceso continuo de desarrollo puede reconocerse en todos sus estadios un mismo criterio de identidad del ser en transformacin. Esta es la identidad gentica. La Corte sostiene, pues, la tesis de la equivalencia entre identidad gentica e identidad personal. Ella adhiere al concepto de persona postulado por el Magisterio de la Iglesia Catlica4. Esta tesis no es correcta. Un embrin puede llegar a nacer, pero tambin puede desarrollarse de otro modo. Lo ms probable es que se pierda, sin que llegue a desarrollarse en sentido alguno. Tambin es posible que de l se originen dos embriones. Estos gemelos pueden desarrollarse independientemente y llegar a nacer. Pero puede que uno de ellos termine siendo un quiste en el cuerpo del otro. Finalmente, es posible que el embrin se desarrolle como una mola, que nunca llegar a nacer. Incluso es posible que esa mola se desarrolle como un cncer para la mujer. Todas estas posibilidades estn presentes en el embrin preimplantacional. Considerarlo ex ante como un ser idntico a una persona, atendiendo a la identidad gentica, es desde un punto de vista biolgico tan justificado como considerarlo un ser idntico a un quiste o un cncer. Desde un punto de vista biolgico, la identidad individual del ser humano, en un sentido suficiente como para fundamentar ontolgicamente\n4 Declaracin De Aborto Procurato, de la Congregacin de la Doctrina de la Fe (18 de noviembre de 1974): ella [la ciencia gentica humana] ha demostrado que desde el primer instante queda fijado el programa de lo que ser ese ser viviente (IV.13); Instruccin de la Congregacin de la Doctrina de la Fe: Donum Vitae (22 de febrero de 1987): la [biologa humana] reconoce que en el cigoto resultante de la fecundacin est ya constituida la identidad biolgica de un nuevo ser humano (I.1); encclica Evangelium Vitae (25 de marzo de 1995), reproduciendo ambos documentos anteriores (60). La misma tesis es asumida por el 20 Juzgado Civil en su sentencia de 30 de junio (supra, nota 1, considerandos 45 y 52).\nsu calificacin como persona, slo puede afirmarse cuando se ha producido en ese organismo en desarrollo la expresin gnica de aquellos rasgos que se consideran definitorios de la condicin de un individuo de la especie humana, en el sentido especfico con que los seres humanos nacidos lo son. Cules sean esos rasgos, esa es una cuestin controvertida. Como ejemplos tempranos en el desarrollo del embrin o feto puede indicarse la individualidad en tanto cancelacin de la posibilidad de gemelacin (da decimocuarto), el autorreconocimiento de la individualidad manifestado en el surgimiento del sistema inmunolgico, o el trmino relativo de la constitucin del programa de desarrollo embrionario (octava semana). En todo caso, cualesquiera que sean esos rasgos, ellos aparecen despus de tener lugar la anidacin del embrin en el endometrio de una mujer. Por supuesto, lo anterior no hace al embrin preimplantacional un organismo ajeno a la especie humana. Su identidad gentica es humana. Pero esa misma identidad gentica la comparte cualquier clula o tejido celular del cuerpo de un ser humano. Y ninguna de esas clulas o tejidos son individuos de la especie humana. Lo particular del embrin es su potencialidad de llegar a ser un individuo de la especie humana bajo ciertas condiciones. Pero esto no se debe a que sus clulas tengan una propiedad especfica, sino todo lo contrario. Se debe a que an no han sufrido el proceso de diferenciacin y especificacin que caracteriza el desarrollo del organismo humano. El surgimiento de los rasgos constitutivos de la individualidad biolgica requiere precisamente algn grado de diferenciacin y especificacin celular. La potencialidad del embrin es la demostracin de su falta de individualidad, en el sentido de la individualidad ontolgicamente presupuesta por la condicin de persona. El hecho de que un embrin preimplantacional carezca de los atributos antedichos se encuentra fuera de discusin. Este hecho es sin embargo neutralizado por el paradigma gentico, es decir, por la consideracin del cdigo gentico como principio activo exhaustivo del desarrollo del embrin. La falta de expresin gnica se sostiene desde este paradigma queda compensada por el hecho de que ese fenmeno es parte del desarrollo de un organismo conforme a un programa que existe con anterioridad a dicho fenmeno. Esta tesis supone que el embrin preimplantacional posee la potencia de desarrollarse, en el sentido preciso de que posea la capacidad intrnseca y autnoma de transformarse en ese ser humano individual. En un sentido obvio, esa capacidad intrnseca y autnoma no existe. El despliegue de esa capacidad requiere condiciones espaciales y tempora-\nles precisas. Slo si el embrin se encuentra en un nicho adecuado en el momento oportuno puede desarrollarse. La pregunta es, por lo tanto, si esta relatividad de la capacidad de desarrollo del embrin no es ms que la relatividad de la capacidad de subsistencia y desarrollo de cualquier organismo vivo respecto del ambiente. Eso es lo que afirma el paradigma gentico5. Pero esto ya no es pacfico. Actualmente, ese modo de ver las cosas es controvertido por el paradigma alternativo, esto es, el paradigma epigentico6. Desde el punto de vista del paradigma epigentico es un error identificar el programa de desarrollo del embrin con su programa gentico. El programa de desarrollo del embrin no est prefigurado, sino que se genera por interacciones moleculares y macromoleculares. En las etapas tempranas del desarrollo embrionario el programa de desarrollo se encuentra l mismo en desarrollo, se autogenera. Para la emergencia de este programa es tan esencial el cdigo gentico como su lectura, y sta depende del contexto, es decir, de elementos externos al ADN (de aqu el trmino epigentico). El contexto brinda las sealizaciones que son indispensables para gatillar respuestas celulares, y con ello el despliegue de los procesos de diferenciacin celular. La afirmacin central del paradigma epigentico, por lo tanto, es que el comportamiento del organismo en la etapa embrionaria no est codificado en el ADN sino en la red de interacciones celulares de carcter ambiental, lo cual incluye desde luego al genoma pero no se limita a l. En el caso de las especies placentarias, la simbiosis entre el embrin y el organismo que soporta su desarrollo es tal que las sealizaciones que gatillan las capacidades del embrin provienen en parte esencial del endometrio. Sin estas seales, que son en todo semejantes a las seales del propio embrin, las posibilidades del embrin nunca se actualizaran. Por lo tanto, antes de la anidacin en el endometrio de una mujer no puede afirmarse del embrin humano la posesin de una capacidad autnoma de desarrollo. Un embrin humano no anidado puede continuar creciendo antes de morir,\n5 Esta perspectiva es lo que caracteriza al informe de Carlos Valenzuela, acadmico del Programa de Gentica Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, citado extensamente en la sentencia del 20 Juzgado Civil de Santiago (considerando 28). En los trminos transcritos por la sentencia: El cigoto humano () es una clula que autnomamente se construye y es capaz de deprogramar y reprogramar su material hereditario y tiene todas las funciones integradas. Se autodetermina, se autoconstruye y se autoprograma. En cualquier parte del organismo interno de la madre que cae este cigoto y, si tiene los nutrientes y oxgeno suficientes, organiza un embrin, los anexos embrionarios y puede llegar a nacer. 6 Al respecto, Alonso Bedate, Carlos: El Valor Ontolgico el Embrin Humano, 2002, pp. 51-92; Lacadena, Juan Ramn: Embriones Humanos y Cultivos de Tejidos, 2000, p. 191 y s. Ambos con abundantes referencias bibliogrficas.\npero no puede diferenciarse ms all de la etapa de blastocisto. Sin la anidacin no es posible el desarrollo del embrin, porque an no ha emergido su programa de desarrollo. As pues, el fundamento de la Corte Suprema para atribuir al embrin preimplantacional el estatus de persona descansa en una falacia o en un paradigma cientfico en crisis.\nb) La omisin de la Corte La disposicin constitucional interpretada por la Corte Suprema es del siguiente tenor:\nArt. 19. La Constitucin asegura a todas las personas: 1 El derecho a la vida y a la integridad fsica y psquica de la persona. La ley protege la vida del que est por nacer.\nLa Corte sostiene con su interpretacin de estas disposiciones al menos cuatro tesis: (1) que el embrin preimplantacional se encuentra comprendido por la categora el que est por nacer (en adelante, nasciturus); (2) que el nasciturus es titular del derecho constitucional a la vida, (3) que ese derecho es esencialmente igual al derecho a la vida reconocido a los seres humanos nacidos, y (4) que ese derecho tiene como deber correlativo una prohibicin absoluta de dar muerte al nasciturus. La tesis (1) ha sido rebatida en la seccin precedente. En esta seccin corresponde discutir las otras tres tesis7. La frmula abreviada de la interpretacin de la Corte consiste en sostener que el nasciturus es persona en el sentido de la Constitucin, con igual dignidad y derechos a todas las dems personas, desde el momento de su concepcin. Conforme a esta interpretacin, la proteccin constitucional a la vida del nasciturus se encuentra ya contenida ntegramente en el inciso primero del Art. 19 N 1 de la C. Pol. El imperativo constitucional de proteccin legal de su vida, contenido en el inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol., cumplira una funcin secundaria, afirmando a lo ms\n7 El contexto en que corresponde discutirlas no se restringe a estatus del embrin preimplantacional, sino que se extiende asimismo al estatus del embrin implantado y al del feto. Siguiendo la propia lgica de la Corte, el embrin preimplantacional no puede tener un estatus jurdico de mayor peso especfico que el del embrin implantado y el feto. Por tal razn, lo que se predique negativamente de stos es a fortiori predicable de aqul: si el feto no goza del estatus de persona, menos an podra gozarlo el embrin preimplantacional.\nuna consecuencia de la proteccin directamente dispensada por la Constitucin al asegurarle el derecho a la vida. Esta interpretacin de la Constitucin goza de amplia difusin en nuestro medio8. Sin embargo, se trata de una interpretacin difcilmente admisible. En primer lugar, el propio contexto de la regulacin expresa una distincin inequvoca entre las personas y el que est por nacer. Aquellas son titulares de un derecho subjetivo pblico, el derecho a la vida, oponible incluso al legislador. La vida del que est por nacer, en cambio, es objeto de proteccin imperativo para el legislador. La interpretacin de la Corte desconoce esta diferencia expresada por el texto, ya que la hace irrelevante o bien discriminatoria. Si del derecho a la vida se deduce sin ms un deber para el legislador de protegerla, entonces la norma del inciso segundo es irrelevante. Si ese deber no se deduce sin ms del derecho a la vida, entonces esa norma es discriminatoria, pues establecera para la vida del que est por nacer una proteccin ms intensa que la dispensada a la vida de los nacidos. En segundo lugar, la interpretacin de la Corte contraviene manifiestamente la voluntad normativa que subyace al texto constitucional. Esto queda demostrado con el examen de los antecedentes de la historia fidedigna del establecimiento del texto constitucional, tal como se los encuentra en las Actas de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin9. La discusin en torno a esta cuestin se origin con una propuesta del miembro de la Comisin, Jaime Guzmn Errzuriz, consistente en reco8 As, Varela Del Solar, Jorge Luis: Derechos Humanos y Aborto, 1980, p. 195 y ss.; Zapata Larran, Patricio: Persona y Embrin Humano. Nuevos Problemas Legales y su Solucin en el Derecho Chileno, 1988, p. 375 y ss.; Rozas Vial, Fernando: Problemas Jurdicos y Morales que Plantean la Inseminacin Artificial y la Fecundacin in Vitro, 1989, p. 725 y ss.; Corral Talciani, Hernn: Comienzo de la Existencia y Personalidad del que Est por Nacer, 1989-1990, p. 33 y ss.; el mismo, El Concepto Jurdico de Persona. Una Propuesta de Reconstruccin Unitaria, 1990, p. 301 y ss.; Soto Kloss, Eduardo: El Derecho a la Vida y la Nocin de Persona en la Constitucin, 1991, seccin 1., p. 55 y ss.; Corral Talciani, Hernn: Admisibilidad Jurdica de las Tcnicas de Procreacin Artificial, 1992, p. 439 y ss.; Precht Pizarro, Jorge E.: Consideraciones tico-jurdicas sobre el Aborto Teraputico, 1992, p. 509 y ss.; Ugarte Godoy, Jos Joaqun: Comienzo de la Persona Humana. Aspectos Biolgico, Filosfico y Jurdico, 2000, p. 87 y ss.; Isler Soto, Carlos: En Torno a la Personalidad del Embrin, 2000, p. 121 y ss. Todos los autores mencionados profesan la religin catlica. Vase tambin la revista Ius Publicum N 7 (2001), p. 67-186, dedicada al comentario laudatorio de la sentencia de la Corte Suprema examinada en estas pginas. 9 Sesiones 84 (en 4 de noviembre de 1974), 87 (en 14 de noviembre de 1974), 89 (en 21 de noviembre de 1974), 90 (en 25 de noviembre de 1974), 93 (en 5 de diciembre de 1974) y 407 (en 9 de agosto de 1978). Una breve sntesis de estas sesiones, salvo por la ltima, puede verse en Fiamma Olivares, Gustavo: El Derecho a la Vida. Antecedentes en las Actas de la Comisin de Estudios Constitucionales, 1980, p. 223 y ss.\nger en el texto constitucional dos principios bsicos: (1) el reconocimiento expreso al nasciturus el derecho a la vida asegurado como derecho fundamental por la Constitucin, y (2) como consecuencia de lo anterior, la expresa proscripcin o condena del aborto en trminos absolutos10. Es el caso sin embargo que la propuesta de Jaime Guzmn slo fue secundada por un miembro de la Comisin, Alejandro Silva Bascun11, quedando en consecuencia relegada a la condicin de opinin minoritaria. La mayora de la Comisin, formada por Enrique Ortzar Escobar (presidente), Enrique Evans de la Cuadra y Jorge Ovalle Quiroz, esgrimi diversas razones para objetar la propuesta de Jaime Guzmn. As, Jorge Ovalle sostuvo que en ciertos supuestos el aborto poda resultar justificable, como en el caso del embarazo que es producto de un abuso sexual, y que en todo caso resultaba inconveniente establecer en la Constitucin una regulacin de esta materia, que deba quedar entregada al Cdigo Penal12. Por su parte, Enrique Evans hizo ver que la propuesta se basaba en consideraciones religiosas o de moral individual, como la creencia en el alma del nasciturus, y que era dudosa la legitimidad de imponer esas convicciones en una sociedad pluralista13. Finalmente, Enrique Ortzar sostuvo que un deber tan riguroso como sacrificar la vida de la mujer embarazada era jurdicamente inexigible, y que tampoco haba certeza en la determinacin de la existencia del nasciturus, lo cual haca difcil reconocerlo sin ms como titular de derechos. Pese al intento de refutacin de Jaime Guzmn 14, la consideracin de la propuesta como expresiva de una concepcin religiosa, incompatible con una Constitucin pluralista, fue respaldada por Jorge Ovalle15, reafirmada por Enrique Evans16 y apoyada enfticamente por Enrique Ortzar17, induciendo por momentos incluso a Alejandro Silva a abandonar la pretensin de imponer semejante concepcin a todos los miembros de la sociedad poltica18. Como resultado de esta coincidencia de opiniones de la mayora de los miembros de la Comisin, la propuesta de Jaime Guzmn fue rechaza10 CENC (Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin de la Repblica): Actas Oficiales de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin de la Repblica, Sesin 87, pp. 11, 13-14. 11 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, p. 13. 12 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, p. 12. 13 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, p. 14. 14 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, pp. 13-14, 17-19, 22-23. 15 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, pp. 15-17. 16 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, pp. 20-21. 17 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, p. 21. 18 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, p. 17.\nda19. Este es el hecho ms importante de la historia fidedigna del establecimiento del precepto constitucional: la Constitucin de 1980 no consagra los dos principios formulados por Jaime Guzmn, porque no pretende imponer a todos los chilenos la doctrina del Magisterio Oficial de la Iglesia Catlica. El significado esencial del rechazo de la propuesta de Jaime Guzmn consiste en que el estatus constitucional de la vida del nasciturus no es idntico al estatus constitucional de la vida del nacido. En los trminos del debate habido al interior de la Comisin, esto significa que en relacin con la vida del nasciturus la Constitucin no pretende consagrar una prohibicin absoluta de atentar contra ella, como s lo hace respecto de la vida del nacido. Desde el punto de vista de los redactores del texto constitucional, la consecuencia de esta diferencia se concreta en el reconocimiento al legislador de un cierto margen de prerrogativa de decisin para despenalizar algunas acciones destructivas de la vida del nasciturus, margen del que carece tratndose de los atentados contra la vida del nacido. En otras palabras, conforme al voto de mayora de la Comisin, la despenalizacin del homicidio no consentido sera inconstitucional, no as la del aborto, al menos respecto de ciertos casos calificados20. La expresin ms clara de esta diferencia se encuentra en el siguiente pasaje de las Actas de las Sesiones de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin, que corresponde a una intervencin de su presidente, Enrique Ortzar Escobar:\n(...) en resumen, entiende que se ha querido hacer una diferencia entre el precepto que consagra el derecho a la vida y la disposicin que entrega al legislador el deber de proteger la vida del que est por nacer. Agrega que, en el primer caso, se trata de consagrar en forma absoluta el derecho a la vida, y en el segundo, se desea dejar una cierta elasticidad para que el legislador, en determinados casos, como, por ejemplo, el aborto teraputico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Seala que, a su juicio, la nica solucin lgica sera sta, pues no significa imponer las conviccio-\n19 Al acordarse la redaccin del texto constitucional, Jaime Guzmn intervino del siguiente modo: El seor GUZMN hace presente que, en todo caso, desea dejar testimonio de su opinin convencida y contraria al precepto que se ha aprobado, y de su profundo desencanto de que, en realidad, la Constitucin no vaya a tomar una definicin en esta materia que, a su juicio, es la nica conciliable con los derechos humanos que hoy da, lamentablemente, estn muy deteriorados en el mundo. (CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, p. 20). 20 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, pp. 14 (intervencin de Enrique Ortzar, contradiciendo la intervencin de Jaime Guzmn), 16 (dem), 19-20 (intervencin de Enrique Ortzar, resumiendo las intervenciones de otros miembros de la Comisin).\nnes morales y religiosas de los miembros de la Comisin a la comunidad entera, a la cual va a regir la Constitucin Poltica21.\nEs importante destacar que esta decisin mantuvo su vigencia incluso en las sesiones finales de la Comisin, ya que fue celosamente custodiada por su artfice, Enrique Ortzar Escobar, frente a los intentos de Jaime Guzmn Errzuriz por revertirla o encubrir su alcance. As, en la Sesin 407, en 9 de agosto de 1978, a propsito de la redaccin del informe de la Comisin, Jaime Guzmn propuso suprimir el siguiente prrafo:\nDe este modo, el legislador con mayor flexibilidad, podr contemplar los casos en que el aborto debe tener carcter delictual. Una condenacin absoluta en el texto constitucional habra necesariamente comprendido los casos de aborto teraputico y otros en que la concepcin puede haber sido la consecuencia de acciones violentas no consentidas, situaciones que desde un punto de vista moral o social pueden ser apreciadas de diferentes maneras, segn sean las creencias o principios religiosos de quienes las juzguen22.\nAdvirtiendo que la propuesta de Jaime Guzmn poda desvirtuar el sentido del voto de mayora de la Comisin en relacin con la punibilidad del aborto, Enrique Ortzar intervino del siguiente modo:\nEl seor ORTZAR (Presidente) estima indispensable dejar entregado al legislador la proteccin de la vida del ser que est por nacer, porque si la Constitucin derechamente lo hiciera, estara abocndose a un problema sumamente conflictivo y delicado como es el del aborto. (...) El seor ORTZAR (Presidente) seala que la ventaja del texto reside precisamente en que aclara el pensamiento de la Comisin, ya que de otra manera podra prestarse para interpretar que la Carta condena en cierto modo el aborto. Recuerda que cuando se discuti el punto, la mayora lleg a la conclusin de que no podan imponerse creencias religiosas propias en una materia tan delicada y trascendente como una norma de la Constitucin23.\nFrente a estas objeciones, Jaime Guzmn retir su propuesta, declarndose partidario de dejar el punto para la labor de los intrpretes24.\nCENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 407, en 9 de agosto de 1978, p. Ibdem.\n23 24 Ibdem.\nEstablecidos los hechos anteriores, cabe entrar al anlisis de las consecuencias que de ellos se derivan. Esta es una cuestin sumamente problemtica. La razn de ello se encuentra en la insuficiencia de las representaciones normativas de los propios redactores del texto constitucional. Como se ha visto, la discusin al interior de la Comisin gir en torno a las consecuencias que tendra para la legislacin penal el establecimiento de una prohibicin constitucional de atentar contra la vida del nasciturus equivalente a la prohibicin de atentar contra la vida de las personas (los seres humanos nacidos). Debe recordarse que en 1978 se encontraba vigente el Art. 119 del Cdigo Sanitario en su antigua redaccin25, que permita la prctica de un aborto consentido por fines teraputicos. En los trminos con que fue formulada, la propuesta de Jaime Guzmn pretenda producir como efecto la inconstitucionalidad de esa autorizacin legal. El rechazo de ese efecto fue la razn del voto de mayora. Al respecto, es indispensable clarificar que el efecto constitucional no puede restringirse a la habilitacin al legislador para proceder a la despenalizacin del aborto, sino que se encuentra primariamente referida a la autorizacin de la accin misma de ocasionar la muerte del feto, ya sea por la Constitucin o por el legislador. Es decir, no se trata de un efecto de la norma constitucional sobre la necesidad de sancionar del aborto, sino sobre su estatus general como accin tolerada o prohibida por el derecho. Esto es as, porque del hecho que una accin sea inconstitucional (esto es, antijurdica por infraccin de una prohibicin constitucional) no se deduce sin ms que deba ser punible. El legislador no est obligado a sancionar penalmente toda infraccin de la Constitucin. La accin de ocasionar la muerte de un feto podra estar prohibida por la Constitucin, en los trminos pretendidos por Jaime Guzmn, y no obstante ser justificable su impunidad26. Por lo tanto, la redaccin del texto constitucional procedente del voto de mayora de la Comisin implica que no existe en el nivel del orden\n25 Esto es, la redaccin establecida mediante el Decreto con Fuerza de Ley N 725, de 11 de diciembre de 1967 (D.O. de 31 de enero de 1968). La redaccin originaria, procedente del Decreto con Fuerza de Ley N 226 de 15 de mayo de 1931 (D.O. de 29 de mayo de 1931), era idntica en cuanto al sentido de la norma como autorizacin del aborto por fines teraputicos. 26 Esta afirmacin es el contenido esencial de la reciente decisin de la Corte Europea de Derechos Humanos, Vo v. France, N 53924/00, de 8 de julio de 2004, donde se sostiene que la accin de indemnizacin de perjuicios en un procedimiento contencioso administrativo es remedio judicial suficiente para satisfacer un supuesto deber de proteccin de la vida humana frente a acciones letales cometidas negligentemente (considerandos 88-91, citando precedentes en el mismo sentido). Al respecto, en relacin con el derecho internacional, Bascun Rodrguez, Antonio: Derechos Fundamentales y Derecho Penal, 2003, p. 319 y ss.\nconstitucional una norma prohibitiva del aborto equiparable en sus alcances a la prohibicin constitucional del homicidio. Esclarecido el punto anterior, quedan pendientes otras dos cuestiones concernientes a las consecuencias derivadas de la decisin del voto de mayora de la Comisin. La primera se refiere a la determinacin precisa del sentido en que cabe entender que la proteccin de la vida del nasciturus es relativa en comparacin con el carcter absoluto de la proteccin de la vida de las personas. Al anlisis de esta cuestin se dedica la seccin siguiente. La segunda cuestin se refiere al modo cmo se expresa en el texto constitucional esta diferencia. Si bien es posible sealar claramente cmo no se debe interpretar el Art. 19 N 1 de la C. Pol. la Constitucin no puede leerse como si contuviera la regulacin propuesta por Jaime Guzmn, no es igualmente clara la respuesta a la cuestin de cmo s debe interpretrselo. Ello, porque el modo empleado por el voto de mayora de la Comisin para expresar su voluntad fue autnticamente paradjico. La paradoja reside en el hecho de que para relativizar las consecuencias de la proteccin de la vida del nasciturus, el voto de mayora de la Comisin estableci un mandato de proteccin de esa vida. Cmo se puede resolver esta paradoja? Una primera alternativa interpretativa consistira en sostener las siguientes tres tesis: (1) que el nasciturus es titular de un derecho constitucional a la vida, (2) que el peso especfico de ese derecho no es sin embargo esencialmente igual al peso especfico del derecho a la vida reconocido a los seres humanos nacidos, y (3) que en virtud de su diferente condicin, de este derecho no se desprende como deber correlativo una prohibicin absoluta de dar muerte al nasciturus. Conforme a esta interpretacin, la Constitucin s consagrara el derecho a la vida del nasciturus, pero no equiparara este derecho al derecho a la vida de que son titulares los seres humanos nacidos, por lo menos en la medida en que el derecho a la vida del nasciturus no impondra como deber correlativo una prohibicin absoluta de atentar contra esa vida, semejante a la prohibicin del homicidio. Esta tesis interpreta el voto de mayora de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin exclusivamente como un rechazo de la segunda tesis defendida por el voto de minora. Es decir, los miembros de la Comisin que concurrieron con su voto favorable a la redaccin del texto constitucional no habran desconocido la calidad de titular del derecho a la vida del nasciturus, propuesta por Jaime Guzmn, sino que slo habran rechazado la consecuencia prctica que ste pretenda deducir de ese derecho,\nexpresada en su segunda tesis, esto es, la prohibicin absoluta del aborto. Conforme a esta segunda interpretacin, entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho a la vida de las personas existira una diferencia relativa a sus consecuencias jurdicas, consistente en que el deber de proteccin por parte del Estado sera un deber ms flexible tratndose de la vida del nasciturus que tratndose de la vida de las personas. Esta es una reconstruccin verosmil del pensamiento del voto de mayora. Como se ha visto, a juicio del voto de mayora, no se poda prejuzgar en la Constitucin una respuesta categricamente negativa a la cuestin de la admisibilidad de ciertos casos justificados de aborto, y que por lo tanto se haca necesario reconocer al legislador un cierto margen en el ejercicio de su prerrogativa de determinacin para resolver la cuestin27. Apoya lo anterior el que hasta el mismo Enrique Ortzar Escobar insinuara la plausibilidad de extender el derecho a la vida garantizado por la Constitucin al nasciturus, y sostuviera que precisamente por esta razn era necesario expresar en el texto constitucional el carcter ms flexible del deber del legislador de regular penalmente el aborto28. Incluso en su intervencin posterior en el Consejo de Estado habra explicado por qu en la propuesta de la Comisin se ha establecido el derecho a la vida del que est por nacer29. Asimismo, se puede sealar que esta tesis parecera contar con el apoyo de algunos autores de la doctrina constitucional30.\n27 El alcance de ese margen de discrecionalidad es incierto, en las representaciones de la propia Comisin. La posicin ms estricta fue sostenida por Enrique Evans, quien slo estim procedente la autorizacin en los casos de peligro para la vida o la salud de la madre (indicacin teraputica). La posicin ms amplia fue la defendida por Jorge Ovalle, quien mencion adems el caso de la concepcin que es producto de un abuso sexual (indicacin criminolgica), y lleg a sostener que las restricciones constitucionales no se referan tanto a una enumeracin de casos, como a imponer al legislador la carga de la prueba argumentativa acerca de la conveniencia de su decisin desde el punto de vista general de dispensar una proteccin legal adecuada al nasciturus. Finalmente, Enrique Ortzar se demostr partidario de una mayor flexibilidad que la mera autorizacin del aborto teraputico, pero pensando siempre en un determinado nmero de casos (CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, pp. 16 a 19). 28 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, p. 18. 29 Consejo de Estado (CE): Actas de las Sesiones del Consejo de Estado, Sesin N 58, en 12 de diciembre de 1978, lneas 41 y 42 de la pgina manuscrita respectiva. 30 Tal pareciera ser el caso de la contradictoria postura de Enrique Evans de la Cuadra, que por una parte estima que el inciso segundo del Art. 19 N 1 de la Constitucin Poltica refuerza el derecho a la vida del nasciturus, encargando al Legislador que rechace la interrupcin provocada del aborto y toda legislacin permisiva del aborto, pero por otra parte estima que hay en el precepto constitucional un mandato flexible al legislador penal para no sancionar el aborto teraputico en casos calificados (Los Derechos Constitucionales, Tomo I, 2 ed., 1999, pp. 113-114). En un sentido semejante, pero menos explcitos en la incongruen-\nFinalmente, cabe observar que la mayor flexibilidad que la Constitucin debe reconocer en relacin con la prohibicin de dar muerte al nasciturus puede fundamentarse adecuadamente en la intensidad del conflicto de intereses que suscita la proteccin de su vida en contra de la voluntad de la mujer embarazada. As, la relatividad de la proteccin de la vida del nasciturus, en el sentido del voto de mayora de la Comisin, no correspondera a la determinacin de su estatus abstracto esto es, si el nasciturus es o no titular o no de un derecho subjetivo pblico, sino a su estatus concreto, una vez efectuado el debido juicio de ponderacin de intereses. Este es un punto de vista importante en la jurisprudencia constitucional comparada, pues corresponde a la tesis del Tribunal Constitucional Federal alemn31. No obstante todos los argumentos que puedan servirle de apoyo, esta interpretacin tropieza en el contexto de la Constitucin chilena con un obstculo formidable. Como se ha visto, en la representacin del voto de mayora de la Comisin la explicitacin del tratamiento diferenciado se encontrara en el inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol., esto es, la disposicin procedente del Art. 75 del Cdigo Civil. Pero si el nasciturus es titular del derecho a la vida, entonces no es lgicamente posible deducir de un imperativo de proteccin una autorizacin para no cumplir en toda su extensin el deber de proteccin que cabra deducir de ese derecho a la vida del nasciturus. Una norma imperativa, que contiene un deber de actuar de un determinado modo, no puede ser interpretada como una norma permisiva que autoriza la abstencin de actuar de ese modo. De todo lo dicho se desprende que una interpretacin del precepto constitucional que sea leal con la distincin expresada en el texto constitucional, que respete la voluntad normativa subyacente al texto constitucional y que sea compatible con el sentido literal posible de los dos preceptos en cuestin, debe partir de la base que el voto de mayora, para expresar su rechazo al voto de minora, eludi la declaracin expresa del nasciturus como persona o titular del derecho a la vida, e incorpor en su lugar en el texto constitucional una disposicin proveniente del Cdigo Civil.\ncia, Mario Verdugo Marinkovic, Emilio Pfeffer Urquiaga y Humberto Nogueira Alcal, dejan entender que todo ser humano tendra derecho a la vida, y que la introduccin del inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol. obedecera a la finalidad de que en el futuro no se pudiese legislar en forma amplia acerca del aborto (Derecho Constitucional, Tomo I, 2. Ed., 1994, p. 199). 31 Al respecto, Bascun Rodrguez, Antonio: Lmites a la Prohibicin y Autorizacin Legal del Aborto Consentido en el Derecho Constitucional Comparado, pp. 209-247.\nEsta premisa responde directamente al contexto de las disposiciones constitucionales. Conforme a ella, la Constitucin protege la vida de las personas reconocindoles un derecho subjetivo pblico a la vida, pero protege al nasciturus de otro modo, mediante su declaracin como objeto de proteccin imperativa para el Legislador. La explicacin de la consagracin de un mandato constitucional de proteccin legal del nasciturus se encuentra precisamente en la necesidad de compensar la ausencia del reconocimiento de un derecho subjetivo pblico a la vida del cual l sea titular. De ms est decirlo, esta interpretacin es concordante con la tcnica de proteccin del nasciturus empleada por el Cdigo Civil chileno (Arts. 55, 74, 75 y 77), que slo admite la condicin de titular de derechos civiles a las personas naturales existentes, esto es, nacidas (Arts. 55, 74), suspendiendo hasta el nacimiento los derechos que se diferiran al nasciturus si fuera persona existente (Art. 77), pero declarndolo al mismo tiempo como objeto de proteccin legal (Art. 75). Transportada esta ltima norma al contexto constitucional, ello implica una declaracin del nasciturus como objeto de proteccin legal forzosa aunque no sea un sujeto de derechos subjetivos pblicos. Esta tesis, que es sostenida por parte de la doctrina penal32, tiene slido apoyo en la historia fidedigna del establecimiento del texto constitucional. Diversas intervenciones de Enrique Evans, Jorge Ovalle y Enrique Ortzar dejan entender que la proteccin constitucional de la vida del nasciturus, inclusive en trminos de su derecho a la vida, se encontrara exclusivamente en el inciso segundo del Art. 19 N 1. As, al formular Enrique Evans su propuesta originaria de incorporar en la Constitucin el Art. 75 del Cdigo Civil, plante como cuestin central si este deber de proteccin deba ser considerado como un deber absoluto o como una norma flexible, dando con ello a entender claramente que sta era la norma constitucional relativa al nasciturus33. As tambin, al manifestar Jorge\n32 Enfticamente la sostiene Alfredo Etcheberry Orthustegui, como presupuesto de su anlisis del delito de aborto (Derecho Penal, 3 ed., 1998, Tomo III, pp. 91-92). Mario Garrido Montt tambin considera que el nasciturus se encuentra excluido de la categora de las personas con derecho a la vida (Derecho Penal, Parte Especial, 1999, Tomo III, p. 24), aunque luego expresa algo enigmticamente que [l]a idea fundamental del aborto es la posible equiparacin del nasciturus (...) con el ser ya nacido (p. 97). Por su parte, Sergio Politoff, Francisco Grisola y Juan Bustos sostienen que el nasciturus es el titular del bien jurdico protegido por las normas que sancionan el aborto, pero al mismo tiempo niegan que ello impida una valoracin diferenciada de la vida del nasciturus en comparacin con la vida del ser humano nacido (Derecho Penal Chileno, Parte Especial, 2 ed., 1993, pp. 137-138). 33 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, en 14 de noviembre de 1974, pp. 14-15.\nOvalle su aprobacin a la incorporacin del Art. 75 del Cdigo Civil, expres que con ello se protegera la vida del que est por nacer, respetndose as el derecho a la vida del nasciturus, cuestin respecto de la cual l no discrepaba34. Es precisamente en este carcter de nica norma referida al nasciturus que Enrique Ortzar acogi la propuesta de Enrique Evans como propuesta aceptada por la Comisin35. Esto queda finalmente de manifiesto en el breve intercambio de opiniones entre los miembros de la Comisin que tuvo por objeto aclarar el resultado del debate en torno al derecho a la vida. A la sugerencia de Alejandro Silva Bascun, en el sentido de que habra acuerdo para que se aseguren los derechos del que est por nacer, Enrique Ortzar respondi que conforme al acuerdo de la Comisin la ley proteger los derechos del que est por nacer; a esto, Enrique Evans observ que la disposicin constitucional acordada consista en que el legislador proteger la vida del que est por nacer, ante lo cual los otros dos miembros concordaron en que el bien relativo al nasciturus que la Constitucin ordenara proteger era la vida y no los derechos en general del nasciturus36. Estos antecedentes permiten explicar de un modo no problemtico las expresiones de Enrique Ortzar, en el sentido que la Constitucin protegera el derecho a la vida del nasciturus. Su alusin al posible alcance del inciso primero del Art. 19 N 1, por ejemplo, se entiende perfectamente como un argumento hipottico, esgrimido para el caso en que no hubiera en el texto constitucional una norma especialmente dedicada a la vida del nasciturus. Su referencia ante el Consejo de Estado al derecho a la vida del que est por nacer, por otra parte, corresponde indudablemente al inciso segundo del Art. 19 N 2, que era precisamente lo necesitado de explicacin ante ese rgano estatal37. Se puede, pues, sin lugar a dudas, afirmar que la Constitucin protege al nasciturus mediante la incorporacin en su texto de una regla que\nCENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, en 14 de noviembre de 1974,\n35 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 87, en 14 de noviembre de 1974, pp. 21; Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 89, en 21 de noviembre de 1974, p. 11. 36 CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 90, en 25 de noviembre de 1974, p. 13. 37 Las Actas de la Sesin as lo demuestran. El orden de la exposicin de Enrique Ortzar correspondi al orden del articulado de la propuesta de la Comisin: (a) uso de la expresin personas en vez de habitantes (encabezamiento del Art. 19); (b) recepcin de las declaraciones internacionales de derechos humanos como fundamento de la inclusin del derecho a la vida (Art. 19 N 1, inciso primero); (c) explicacin del establecimiento del derecho a la vida del que est por nacer (Art. 19 N 1, inciso segundo); (d) exigencia de ley de qurum calificado para establecer la pena de muerte (Art. 19 N 1 inciso tercero) (loc. cit., supra, nota 29).\nanteriormente slo tena rango legal. La redaccin de la disposicin as lo demuestra, y as lo entendieron muy claramente la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin38 y el Consejo de Estado39. En el contexto legal y constitucional, esta regla hace de la vida del nasciturus un objeto de proteccin, sin hacer del nasciturus un titular del derecho a la vida. Resta por determinar cul sea el alcance de esta proteccin. Desde luego, del hecho que la Constitucin reconozca la vida del nasciturus como objeto de proteccin, sin conceder al nasciturus la calidad de titular del derecho constitucional a la vida, se deducen varias consecuencias negativas para el estatus constitucional de la vida del nasciturus: (aa) el reconocimiento como objeto de proteccin no ofrece los procedimientos judiciales especficos de proteccin, los de amparo o proteccin, que s ofrece el reconocimiento como derecho constitucional; el reconocimiento como objeto de proteccin no permite fundamentar con la misma conclusividad la existencia de una norma de comportamiento correlativa (la prohibicin de atentar contra ese objeto), como s lo permite el reconocimiento como derecho constitucional; el reconocimiento como objeto de proteccin no impone la obligacin de asignar a ese objeto un peso especfico como s lo impone el reconocimiento como derecho constitucional (y que en el caso del derecho a la vida es mximo).\nPara el caso que en su momento conoci la Corte Suprema, la consecuencia (aa) es crucial. Puesto que el nasciturus no es titular del derecho constitucional a la vida, resulta improcedente la interposicin de una accin de proteccin a favor de la vida de un embrin preimplantacional. El as denominado recurso de proteccin es una accin de tutela de un derecho subjetivo pblico y no un procedimiento de control genrico de la constitucionalidad de los actos de los rganos del Estado40.\n38 Se constitucionaliza as una norma que por lo dems contempla nuestro Cdigo Civil desde su dictacin (CENC: Actas Oficiales de la Comisin..., Sesin 407, en 9 de agosto de 1978, p. 3339). 39 El miembro del Consejo, Juvenal Hernndez, plante sus dudas en cuanto a las ventajas de trasladar a la Constitucin una norma del derecho privado, como es la proteccin del que est por nacer (CE: Actas de las Sesiones del Consejo de Estado, Sesin N 58, en 12 de diciembre de 1978, lneas 3 a 5 de la pgina manuscrita respectiva). La mayora de los integrantes del Consejo no comparti estas dudas; dentro de los que s lo hicieron se encontraba el ex Presidente de la Repblica, y presidente del Consejo, Jorge Alessandri Rodrguez. 40 Distinto es el caso de la accin de nulidad de derecho pblico, cuyo presupuesto en caso de considerrsela admisible no se reduce a la lesin de un derecho constitucional. El presupuesto de la invalidacin del acto estatal es la infraccin a una norma constitucional, y no slo a una norma constitucional de derecho subjetivo.\nEn cuanto ahora a las consecuencias positivas relativas al estatus constitucional de la vida del nasciturus, stas son de dos rdenes. Una es consecuencia necesaria, es decir, no se la puede negar si se admite la existencia del imperativo constitucional de proteccin de la vida del nasciturus. La otra depende de una decisin interpretativa. El inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol. produce necesariamente el efecto de establecer un deber cuyo destinatario es el legislador. Con esta disposicin, la Constitucin elev de rango la disposicin respectiva del Cdigo Civil (Art. 75), asegurndole primaca jerrquica frente a disposiciones legales contradictorias. Al elevar de rango el imperativo de proteccin legal del que est por nacer, ya no puede ser vlida una decisin del legislador en orden a desproteger injustificada, arbitraria o absolutamente al nasciturus. Con ello se produce un efecto de mayor proteccin del nasciturus, en la medida en que se restringe el mbito de prerrogativa de decisin del legislador para establecer disposiciones que pudieran implicar una desproteccin de su vida. La consecuencia antedicha es innegable. Lo que queda por resolver es si, adems de esa proteccin indirecta, puede atribuirse al inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol. el efecto de dispensar alguna clase de proteccin directa. La respuesta afirmativa a la cuestin anterior podra argir del siguiente modo. El imperativo de proteccin de la vida del nasciturus, dirigido al legislador, se basa en la consideracin de la vida del nasciturus como un objeto merecedor de proteccin jurdica. Esto significa que la vida del nasciturus no es irrelevante para la Constitucin; en ella se encuentra una opcin por la vida del nasciturus, oponible a la voluntad contraria de una eventual mayora democrtica. Esa opcin constitucional contramayoritaria permite considerar la vida del nasciturus como un bien jurdico constitucionalmente protegido, y ese estatus permite afirmar, por va interpretativa, la existencia de una prohibicin constitucional de atentar contra su vida. Esta interpretacin de la vida del nasciturus como objeto de proteccin constitucional le asigna algn peso especfico en caso de conflicto entre su proteccin y la proteccin de otros derechos constitucionales. Asimismo, el reconocimiento de una prohibicin constitucional de atentar contra la vida del nasciturus permite fundamentar la antijuridicidad de la accin de ocasionar su muerte, con todas las consecuencias que pueden derivarse de ello, con independencia de la legislacin. Finalmente, puede incluso sostenerse que la opcin constitucional por la vida del nasciturus obliga a entender incorporado en el mandato de proteccin dirigido al\nlegislador un mandato de expresin de la antijuridicidad del atentado al nasciturus. Por su parte, la respuesta negativa a la pregunta por la existencia de una proteccin constitucional directa de la vida del nasciturus puede ofrecer el siguiente argumento. De la existencia del imperativo de proteccin dirigido al legislador se deduce no slo la existencia de una opcin constitucional por la vida del nasciturus, sino adems una opcin constitucional por el medio o forma de asegurar esa opcin por la vida del nasciturus en el ordenamiento jurdico, cual es, imponer a los rganos colegisladores un deber (supralegal) de establecer una adecuada proteccin legal. En relacin con la vida del nasciturus, en la Constitucin slo se encuentra una norma cuyo destinatario es el legislador. Conforme a esta interpretacin, la proteccin constitucional del nasciturus sera exclusivamente una proteccin indirecta, mediada por la necesaria intervencin de la proteccin legal. Por esta razn, el atentado contra la vida del feto no podra ser considerado como constitutivo de un ilcito constitucional, es decir, de un hecho antijurdico por referencia a normas constitucionales que lo prohben. Estas normas no existiran. Como se puede apreciar, la redaccin del texto constitucional acordada por el voto de mayora deja a cargo del intrprete la decisin de un mbito considerable de cuestiones. La Corte Suprema fue incapaz de advertir todo este mbito de problemas interpretativos41.\n3. Problemas de ponderacin de intereses La interpretacin de la Constitucin defendida en la seccin anterior parece a primera vista depender exclusivamente de consideraciones relativas a la historia fidedigna del establecimiento de las disposiciones constitucionales. Esa impresin no es correcta. El fundamento de la tesis de la diferenciacin entre la proteccin constitucional de la vida del nasciturus y la proteccin del derecho a la vida de las personas no es de carcter histrico, sino sistemtico y valorativo. Lo relevante como premisa no es el hecho histrico del voto de mayo41 En lo que respecta al punto de vista del 20 Juzgado Civil de Santiago, si bien su sentencia omite por completo el anlisis de las dificultades interpretativas que ofrece el artculo 19 N 1 de la C. Pol., cabe sealar que en trminos generales su decisin es consistente con la interpretacin ms restringida del precepto. En efecto, la declaracin de nulidad se basa en que el acto administrativo impugnado, en tanto desprotege la vida del nasciturus, infringe el deber de proteccin establecido en el inciso segundo del artculo 19 N 1 de la C. Pol. (considerandos 51, 52).\nra, sino el reconocimiento expresado en ese voto de un principio constitucional, cual es, el de la exigibilidad diferenciada del deber de abstenerse de matar al nasciturus en relacin con la exigibilidad del deber de abstenerse de matar a otro. Lo que afirmaba la propuesta de Jaime Guzmn, siguiendo la doctrina del Magisterio Oficial de la Iglesia Catlica, era la extensin al nasciturus de la consideracin de la prohibicin de matar a otro como un absoluto moral. Lo que hizo el voto de mayora fue rechazar esa afirmacin. Se trata, pues, de dos concepciones antagnicas acerca de la exigibilidad del deber de abstenerse de matar a otro. Desde un punto de vista histrico es inequvoco que la concepcin defendida por Jaime Guzmn fue rechazada por los redactores de la Constitucin. Afirmar, como lo hace la Corte Suprema, que esa concepcin es la consagrada por la Constitucin, es falso. Eso ya est demostrado. Lo que ahora corresponde demostrar es que, adems, esa concepcin es incorrecta. El principio correcto, desde un punto de vista moral y jurdico, es el de la exigibilidad diferenciada, consagrado en la Constitucin. Esta seccin tiene por objetivo examinar este principio y sus principales consecuencias. El primer paso en este examen es precisar en qu puede consistir el carcter absoluto de la prohibicin de matar a los seres humanos nacidos. La teologa moral de Toms de Aquino afirma como principio moral la prohibicin absoluta de matar a otro ser humano42. Esta prohibicin, sin embargo, no es una norma jurdica. Se trata, adems, de una tesis moral incorrecta, pero para los efectos de este artculo basta con demostrar que no pertenece al derecho vigente. Desde el punto de vista del derecho occidental, la verdad es precisamente la contraria: el derecho autoriza en ciertos casos el homicidio deliberado de un ser humano. No existe una prohibicin jurdica irrestricta de matar a otro. El caso ms obvio en que el homicidio se encuentra autorizado es la legtima defensa. El caso ms importante como demostracin de la incorreccin de la postura de la teologa moral tomista, sin embargo, es el del estado de necesidad defensivo. Este es tambin el caso ms relevante para el anlisis del conflicto de intereses que origina la proteccin de la vida del nasciturus en contra de la voluntad de la mujer embarazada. La diferencia entre la legtima defensa y el estado de necesidad defensivo se encuentra en que en el primer caso se reacciona contra una\n42 [D]e ningn modo es lcito matar al inocente (Toms de Aquino, Suma de Teologa, II-II, q. 64 a. 6). La muerte deliberada justa, excluida de la prohibicin en virtud de la calificacin del otro como un inocente, es la cometida como ejecucin de una condena judicial: () cuando la muerte de los malos no entraa un peligro para los buenos, sino ms bien seguridad y proteccin, se puede lcitamente quitar la vida de aqullos (II-II, q. 64).\nagresin ilegtima (y, segn algunos, culpable). En el estado de necesidad defensivo, por el contrario, se reacciona contra un peligro generado por un ser humano, que no puede calificarse como agresin ilegtima (o, segn algunos, culpable). En el estado de necesidad defensivo se mata deliberadamente a un ser humano inocente y ese homicidio se encuentra no obstante autorizado por el derecho. Si es correcto matar en estado de necesidad defensivo, entonces es evidente que no existe una prohibicin absoluta de matar a otro43. En la filosofa moral anglonorteamericana, gracias al ejemplo de Robert Nozick, este caso es conocido como el caso de la amenaza inocente: alguien es amenaza inocente si es inocentemente un agente causal en un proceso tal que sera un agresor si hubiera elegido ser esa clase de agente44. En la doctrina penal alemana45, los casos de estado de necesidad defensivo son sistemticamente clasificados en funcin de la clase de requisitos de la legtima defensa cuya ausencia en el caso concreto impide la calificacin de la situacin como una agresin ilegtima actual o inminente: casos de ausencia de agresin por ausencia de accin, casos de ausencia de ilegiti43 La teologa moral de Toms de Aquino intenta eludir esta objecin mediante la doctrina del voluntario indirecto o doctrina del doble efecto. Conforme a esta doctrina, si (1) un mismo acto produce dos efectos, uno de los cuales es intencionado y el otro no, si (2) el efecto intencionado es lcito, y si (3) el efecto no intencionado es proporcionado al efecto intencionado, entonces la licitud de aqul cubre ste. Ello, porque los actos morales reciben su especie de lo que est en la intencin (II-II, q. 64, a.7). Esta es una concepcin subjetiva extrema de la calificacin de la licitud del acto. Discutir su incorreccin excede el margen de estas pginas. Baste en este lugar con sealar: (a) que cuando la muerte de otro es consecuencia necesaria del acto de defensa, cabe asumir ese resultado como abarcado por una intencionalidad equivalente a la del propsito defensivo (dolo directo); (b) que no es razonable basar la justificacin del acto en consideraciones exclusivamente subjetivas: la situacin defensiva debe concurrir objetivamente para que proceda la justificacin; (c) que si bien es razonable exigir el conocimiento de la situacin defensiva para justificar plenamente la muerte de otro, eso en ningn caso implica que su desconocimiento fundamente la calificacin del hecho como homicidio consumado; y (d) que la exigencia adicional de una motivacin exclusivamente defensiva es por regla excesiva desde el punto de vista de la justicia poltica. Desde el punto de vista de la justicia poltica, lo correcto es reconocer como plenamente justificada la muerte an intencional de otro, en casos objetivos de defensa que sean conocidos por el que mata (satisfacindose en lo dems los requisitos de la prohibicin de exceso en la reaccin defensiva). 44 Nozick, Robert: Anarchy, State and Utopia, 1974, p. 34. El caso de Nozick es fantasioso: Si alguien levanta a un tercero y lo arroja contra usted al fondo de un pozo profundo, puede usted usar su pistola de rayos para desintegrar el cuerpo que cae antes de que se estrelle y lo mate a usted, suponiendo que la persona lanzada pudiera sobrevivir a la cada sobre usted? 45 En general, Roxin, Claus: Derecho Penal, Parte General, 1997, pp. 705-712. Con ms detenimiento, Otte, Lars: Der durch Menschen ausgelste Defensivnotstand (El Estado de Necesidad Defensivo Originado por Seres Humanos), 1998. En la doctrina espaola, Bald Lavilla, Francisco: Estado de Necesidad y Legtima Defensa, 1994, especialmente pp. 43-106.\nmidad de la accin agresiva, casos de ausencia de actualidad o inminencia de la accin agresiva46. (aa) casos de ausencia de agresin por ausencia de accin: un ser humano genera el peligro para otro en virtud de movimientos corporales reflejos, o bien ocasionados por el padecimiento de una vis absoluta, o en estado de inconsciencia; (bb) casos de ausencia de ilegitimidad de la agresin: un ser humano genera el peligro para otro obrando en error invencible acerca de la situacin en que se encuentra, tal como es definida por las normas que prohben o permiten ese comportamiento (error de tipo prohibitivo o permisivo); (cc) casos de ausencia de actualidad o inminencia de agresin: un ser humano manifiesta su disposicin a agredir en el futuro, particularmente cuando ha agredido en el pasado (por ejemplo, en el sndrome de la mujer maltratada). Lo caracterstico de los casos (aa) y (bb) es que el ser humano que genera el peligro para otro es inocente. Ese peligro no puede serle imputado como una accin contraria al derecho. Precisamente por ello, en ninguno de estos casos puede afirmarse la procedencia de la legtima defensa. Pero en todos ellos puede llegar a justificarse la muerte de quien origina ese peligro, si es el medio necesario para apartar el peligro. Y la razn es obvia: del hecho que un ser humano origine inocentemente un peligro no se deduce para el afectado un deber de tolerarlo. El afectado por ese peligro tiene derecho a reaccionar en defensa de sus intereses. Por supuesto, debe satisfacerse un buen nmero de requisitos para que esa reaccin defensiva se encuentre justificada. Tal como en la legtima defensa, la reaccin lesiva del inocente tiene que ser el medio necesario (adecuado y menos lesivo) para apartar el peligro por l generado. Adems, tiene que satisfacerse un requisito de ponderacin entre el inters que se defiende (el inters de quien se ve afectado por el peligro generado, en adelante inters de proteccin) y el inters que se lesiona como medio para defenderse (el inters del ser humano que gener el peligro que es necesario afectar mediante la reaccin defensiva, en adelante, inters de afectacin). Es en relacin con este requisito que tiene sentido hablar de un valor absoluto de la vida humana, y por lo mismo, donde se produce\n46 Para una postura doctrinaria, a estas constelaciones de casos se agrega una cuarta categora, la de los casos en que la agresin no es culpable. Estos son casos de acciones antijurdicas cometidas por inimputables (menores de edad, enajenados mentales) o bien por agentes que obran en error de prohibicin invencible o en una situacin de exculpacin, como por ejemplo el miedo insuperable.\nel efecto del principio de exigibilidad diferenciada consagrado en la Constitucin. La institucin del estado de necesidad47 se caracteriza por exigir la satisfaccin de un estndar de preponderancia en la ponderacin entre el inters de proteccin y el inters de afectacin. Conforme a este estndar, el inters que se protege de un peligro debe tener mayor peso especfico que el que se afecta para apartar ese peligro. Esta exigencia de preponderancia corresponde, sin embargo, a la situacin del estado de necesidad agresivo, es decir, a situaciones en las cuales el inters de afectacin no representa la fuente del peligro para el inters de proteccin. Este es el caso paradigmtico de estado de necesidad: sacrificar el inters de un tercero, ajeno a la generacin del peligro, para proteger un inters propio. La razn de la exigencia de preponderancia es obvia: si el inters de afectacin es enteramente ajeno a la creacin del peligro, no puede justificarse su afectacin como medio para proteger un inters de menor peso especfico. Por esta razn, para el derecho penal europeo continental nunca puede justificarse por estado de necesidad agresivo la muerte de otro. Aqu se encuentra, precisamente, el mbito de aplicacin del carcter absoluto de la vida humana como inters o valor protegido por el derecho, en que no admite ser relativizado en un juicio de ponderacin con otros intereses, ni siquiera otras vidas. No hay vidas humanas que valgan menos que otras. No se puede matar justificadamente a un ser humano ajeno a la generacin de un peligro para evitar la concrecin de ese peligro, incluso si es un peligro letal. Distinto es el caso de aquel ser humano que genera el peligro, o sea, el caso del estado de necesidad defensivo. Aqu, el estndar de ponderacin ya no exige preponderancia sino que se conforma con una equivalencia de los intereses en conflicto. El caso ms obvio, para un homicidio en estado de necesidad defensivo, es la proteccin de otra vida humana. Puesto que no hay vida humana ms valiosa que otra, se trata de intereses por definicin equivalentes. El afectado que no tiene deber de tolerar el peligro puede, por lo tanto, legtimamente defenderse del ser humano inocente que lo genera, incluso matndolo. En resumen, la prohibicin de matar a un ser humano nacido reconoce al menos dos excepciones: (a) la legtima defensa y (b) el estado de\n47 El Cdigo Penal chileno regula el estado de necesidad agresivo como causa de justificacin de atentados a la propiedad (Art. 10 N 7 del C. P.). En el contexto del Cdigo Penal chileno, tanto el estado de necesidad defensivo como el estado de necesidad agresivo justificante de atentados a bienes personalsimos deben construirse como casos de ejercicio legtimo de un derecho, en el sentido del artculo 10 N 10 del C. P.\nnecesidad defensivo. En estos dos casos est permitido matar intencionalmente a otro ser humano nacido. El carcter absoluto de la prohibicin se refiere a que no es admisible matar a un ser humano vivo en estado de necesidad agresivo. Ningn inters puede tener un peso preponderante respecto del inters que cada ser humano nacido tiene en su supervivencia, cuando ste es ajeno al peligro creado para esos eventuales intereses. Este es, pues, el horizonte normativo sobre el cual cabe analizar la tesis del voto de mayora de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin, que consagr el principio de la exigibilidad diferenciada: Si la prohibicin de matar a un ser humano nacido encuentra sus excepciones en la legtima defensa y en el estado de necesidad defensivo, pero no en el estado de necesidad agresivo, qu excepciones cabe adicionalmente reconocer respecto de la prohibicin de matar al nasciturus? De lo dicho se desprende que hay dos posibles sentidos en los cuales la prohibicin de atentar contra la vida del nasciturus puede verse relativizada en comparacin con la prohibicin de atentar contra la vida de los nacidos: (a) la aceptacin del estado de necesidad agresivo, y (b) la atenuacin de las exigencias del estndar de ponderacin de intereses en el estado de necesidad defensivo. El primer contexto corresponde, a grandes rasgos, a la problemtica de la justificacin del uso de clulas germinales humanas provenientes de embriones preimplantacionales para fines teraputicos o de investigacin. La cuestin debatida en este contexto es precisamente si una clula germinal humana puede ser usada como un medio para el logro de un fin valioso, pero que en ningn caso consiste en eliminar un peligro creado por esa clula. El segundo contexto corresponde a la problemtica de la justificacin de la muerte del embrin o feto en defensa de los intereses de la mujer que se veran afectados por el embarazo y la maternidad. Este ltimo es el contexto al que corresponden estas pginas. Todo embarazo no consentido por la mujer constituye un caso de estado de necesidad defensivo. Para la mujer que no desea el embarazo, el embrin o feto es una amenaza inocente (en el sentido de Nozick) para sus intereses personales. Un embarazo no consentido implica la afectacin del inters de la mujer en su autonoma reproductiva. ste es un inters personalsimo de relevancia constitucional. En tanto decisin acerca de su maternidad y descendencia, la autonoma reproductiva forma parte de su derecho a la vida privada, en el sentido del artculo 19 N 4 de la C. Pol. La decisin de cundo y en qu condiciones tener uno o ms hijos pertenece al mbito ms ntimo y significativo de la vida personal, y en tal carcter debe quedar entregado a la determinacin exclusiva del individuo. En tanto\ndecisin acerca del embarazo, la autonoma reproductiva de la mujer forma parte de su derecho a la integridad fsica y psquica, en el sentido del artculo 19 N 1 de la C. Pol. El embarazo constituye una evidente alteracin del estado corporal de la mujer, con consecuencias importantes para sus estados mentales. La consideracin ms importante de la autonoma reproductiva de la mujer es, sin embargo, su dignidad personal. Un embarazo no consentido pone a la mujer constreida a tolerarlo en la condicin de ser usada como medio para favorecer a otro. Es por esta razn que el deber de tolerar el embarazo excede con mucho el deber de abstenerse de matar a otro. Adems del conflicto necesario de intereses en todo caso de embarazo no consentido, eventualmente un embarazo puede afectar de modo ms intenso la autonoma de la mujer o incluso poner en peligro su salud o su vida. Tal es, en primer lugar, el caso del aborto teraputico, en el que es diagnosticado como probable para un tiempo futuro un considerable peligro para la vida o la salud de la mujer. Lo mismo en los casos de embarazos provenientes de acciones idneas para producir un efecto reproductivo que no fueron no consentidas. La misma pregunta se plantea en casos de embarazos de embriones o fetos que evidencian patologas tales que lo hacen inviable. Finalmente, la cuestin se puede plantear tambin en casos de embarazos que por distintas razones circunstanciales puedan colocar a la mujer en una grave situacin de precariedad socioeconmica. En todos estos casos, la pregunta consiste en si es exigible o no a la mujer un sacrificio de sus intereses personales que excede del umbral bsico de afectacin que todo embarazo trae consigo48. Este es el rango de cuestiones en las cuales legislador goza de una prerrogativa de decisin para establecer normas que prohban y que autoricen la eliminacin de un embrin o feto. Como se ha visto en la seccin anterior, los adherentes al voto de mayora de la Comisin de Estudios de la Nueva Constitucin parecan suponer que dentro de este rango el legislador poda decidir discrecionalmente. Por tal razn, la pregunta por la auto48 Obsrvese que dentro de estos casos no se encuentra incluido aqul en que el embarazo implica un peligro actual o inminente para la vida o de grave dao para la salud de la mujer, y la muerte del feto es el medio necesario para apartar ese peligro. Este no es un caso de aborto teraputico, en el sentido de una situacin de inexibilidad bajo el principio de la exigibilidad diferenciada. Este es un caso de autntico estado de necesidad defensivo, en un supuesto de ausencia de agresin por ausencia de accin. Aqu se dan todos los requisitos que justifican la accin conforme a la institucin general del estado de necesidad defensivo. Por tal razn, no puede negarse la justificacin de este caso de aborto. Si por regla general ningn ser humano tiene que tolerar el peligro letal que proviene de otro, aunque este ltimo sea inocente, entonces no cabe imponer a la mujer embarazada el deber de tolerar ese peligro. Sostener lo contrario sera incurrir en una discriminacin arbitraria en perjuicio de la mujer.\nrizacin de la eliminacin del embrin o feto slo poda encontrar respuesta en la legislacin. Esa asuncin es, al menos en parte, manifiestamente errnea. En primer lugar, la existencia de un imperativo de proteccin de la vida del nasciturus representa un estndar de control de la constitucionalidad de la decisin legislativa acerca de la autorizacin de acciones que ocasionen la muerte de seres humanos no nacidos. En tal carcter, el orden constitucional debe proveer algn punto de apoyo para delimitar las autorizaciones legislativas conformes a la Constitucin de las autorizaciones legislativas contrarias a la Constitucin. En segundo lugar, si las excepciones a la prohibicin de matar se caracterizan por la colisin de intereses, cuando los intereses de proteccin cuya defensa requiere la muerte del nasciturus tienen rango constitucional, se trata de un conflicto de normas constitucionales. En la propia Constitucin debe encontrarse, por lo tanto, el criterio para la solucin de esos conflictos. La lgica de la ponderacin del estado de necesidad corresponde en sus rasgos generales a la lgica de la ponderacin en los conflictos de intereses de relevancia constitucional. El conflicto de intereses, entre, por una parte, la proteccin de la vida del embrin preimplantacional y, por la otra, la afectacin de los intereses personalsimos de la mujer que no desea el embarazo, es el problema que plantea el caso de los anticonceptivos de emergencia con eventual resultado impeditivo de la anidacin. No se trata de decidir, como falazmente lo plantea la Corte Suprema, si el embrin preimplantacional es o no persona49. De lo que se trata es de decir cules son los costos que legtimamente puede imponerse a otro para conservar su vida. Mientras no sea incorporada la dimensin de los intereses de la mujer afectados por el embarazo no consentido en un juicio de ponderacin de intereses, la jurisprudencia estar por debajo de los desafos que la propia Constitucin le exige enfrentar.\n4. Problemas adicionales En el debate pblico y jurdico concerniente a los anticonceptivos de emergencia es usual hacer referencia a dos marcos regulativos adicionales a la Constitucin. Por una parte, se invoca la Convencin Americana de Derechos Humanos para apoyar la calidad de persona del nasciturus. Por\n49 O, en los trminos de la sentencia del 20 Juzgado Civil de Santiago, si el embrin preimplantacional es o no un ser que est por nacer (considerandos 43 a 45 y 52).\notra parte, se sostiene que la accin de impedir la anidacin del embrin es constitutiva de aborto, en el sentido del Cdigo Penal. Ambas aseveraciones son incorrectas. a) La Convencin Americana de Derechos Humanos 50 La Corte Suprema cita al artculo 4 N 1 de la Convencin Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica) como fundamento de su decisin (considerando 20)51. Este precepto es del siguiente tenor:\nArt. 4. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepcin. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.\nEn el contexto del debate en torno al estatus de la vida del nasciturus en el derecho supralegal la cita de esta disposicin tiene por finalidad demostrar la titularidad del derecho a la vida por parte del nasciturus. Pero la verdad es que el sentido de la disposicin es precisamente el opuesto. La frase y en general, a partir del momento de la concepcin es un complemento al deber de proteccin derivado del reconocimiento del derecho a la vida, cuyo alcance es menos estricto. La expresin en general fue introducida en el texto del proyecto original que no la contemplaba, a sugerencia de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La razn de la Comisin consisti en la necesidad de conciliar las divergencias existentes en los ordenamientos jurdicos estatales en relacin con la proteccin legal del nasciturus52. La propuesta de la Comisin fue mantenida por la Conferencia Especializada de 1969, a pesar de haber sido objeto de crtica y existir propuestas de modificacin, tanto para intensificar la proteccin del nasciturus como para excluirla del todo. As pues, a la luz de sus antecedentes histricos, es claro que la disposicin de la Convencin Interamericana, lejos de ser una\n50 Para la redaccin de esta seccin me he basado en el Captulo II de la obra de Medina, Cecilia: La Convencin Americana: Teora y Jurisprudencia: Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial, en publicacin por Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. Cumplo aqu con agradecer a la autora la gentil autorizacin para su uso. 51 El 20 Juzgado Civil de Santiago tambin lo invoca como norma aplicable al caso (considerando 40). 52 CIDH: Dictamen de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos relativo al proyecto de Convencin sobre Derechos Humanos aprobado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos , 1973, p. 320 (segn Cecilia Medina, supra, nota 50).\nregla que consolide el estatus del nasciturus como titular del derecho a la vida, tiene el carcter de un deber de proteccin menos categrico que el derivado del derecho a la vida. A diferencia de lo sucedido en la jurisprudencia chilena, que hasta el momento ha desconocido el sentido del inciso segundo del Art. 19 N 1 de la C. Pol., en el sistema interamericano de derechos humanos se ha producido el reconocimiento institucional del autntico sentido y alcance del precepto en cuestin. En el caso Baby Boy, promovido por una persona jurdica norteamericana bajo la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), el peticionario sostuvo que el Art. I de la Declaracin, que establece Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona, deba ser entendido en el sentido del Art. 4.1 de la Convencin, por lo que la autorizacin del aborto por el derecho interno de un Estado sera contraria al derecho interamericano de los derechos humanos. La Comisin Interamericana examin la historia fidedigna del establecimiento del Art. I de la Declaracin, constatando que en su gnesis se haba propuesto y desechado una mencin al nasciturus, precisamente para no prejuzgar el estatus de las normas de derecho interno que autorizaban el aborto. Asimismo, la Comisin neg que el Art. 4.1 tuviera el alcance atribuido por el peticionario, sosteniendo, por el contrario, que la expresin en general produca el efecto de hacer compatible con la Convencin las normas de derecho interno que autoricen el aborto 53. La idea de que el derecho internacional de los derechos humanos es proclive al reconocimiento de un deber absoluto de proteccin de la vida del nasciturus, oponible en todo caso a la mujer que no consiente en el embarazo, es falsa. En el derecho internacional de los derechos humanos la tesis dominante es precisamente la inversa: una prohibicin absoluta de eliminar al nasciturus sera incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, por representar una afectacin intolerable de los derechos de la mujer. Esto se encuentra fuera de discusin en el derecho europeo de los derechos humanos54. En el contexto del sistema internacio53 CIDH (Comisin Interamericana de Derechos Humanos): Caso Baby Boy c. Estados Unidos, N 2141, en Informe N 23/81 de 06 de marzo de 1981, pp. 187-209, prr. 2 y 25 (segn Cecilia Medina, supra, nota 50). 54 As, la decisin de la Comisin Europea de Derechos Humanos en el caso Brggemann and Scheuten v. The Federal Republic of Germany, N 6959/75, en el cual fue validada la decisin pro nasciturus del Tribunal Constitucional Federal Alemn, pero reconocindose que el Art. 8 de la Convencin Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (1950), que garantiza el derecho a la vida privada, impone lmites a la proteccin del nasciturus mediante la prohibicin del aborto. Recientemente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha validado esta decisin en Vo v. France, supra, nota 26, considerando 76.\nnal de los derechos humanos, el Estado de Chile ha recibido observaciones crticas de organismos internacionales por mantener, en el nivel legal, una prohibicin absoluta del aborto55. As pues, la consideracin del derecho internacional de los derechos humanos confirma la correccin de la interpretacin de la Constitucin de 1980 sostenida en la seccin anterior: el principio constitucional legtimo es el de la exigibilidad diferenciada de la prohibicin de atentar contra el nasciturus. b) El Cdigo Penal La proteccin del inters que tienen los seres humanos en su supervivencia a travs del derecho penal tiene como rasgo caracterstico el hecho de que se efecta mediante la distincin de diferentes niveles. As, un primer nivel de proteccin es el que corresponde a la regulacin del delito de homicidio y sus diversas variantes. El segundo nivel de proteccin corresponde a la regulacin del delito de aborto en sus distintas hiptesis. Finalmente, la legislacin especial sobre reproduccin asistida ha originado un tercer nivel de proteccin para el embrin preimplantacional. En el derecho chileno vigente hasta el momento slo existen, en el plano de la legislacin penal, el primer y segundo nivel de proteccin. El Cdigo Penal regula el delito de aborto en sus artculos 342 a 345. La frmula legal describe el ncleo de la accin tpica como causar un aborto (y en el caso de la mujer, adems, consentir en que otra persona cause (su) aborto). La interpretacin de estas disposiciones debe fijar dos momentos: (a) hasta qu momento del desarrollo del ser humano es aplicable la regulacin del aborto, en relacin con la aplicabilidad de la regulacin del homicidio, y (b) a partir de qu momento es aplicable la regulacin del aborto. Este segundo problema es el que corresponde analizar aqu. A este respecto, la postura dominante en el derecho y la doctrina comparados es la de considerar la consolidacin de la anidacin del em-\n55 El Comit se encuentra preocupado por el inadecuado reconocimiento y proteccin de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile. El Comit se encuentra especialmente preocupado por las leyes que prohben y sancionan toda forma de aborto. (...) El Comit recomienda que el Gobierno considere la revisin de las leyes relativas al aborto, con el propsito de su reforma, en particular para ofrecer un aborto seguro y permitir la interrupcin del embarazo por razones teraputicas o en razn de la salud de la mujer, incluyendo su salud mental (Informe del Comit para la Eliminacin de la Discriminacin en Contra de la Mujer, presentado en las sesiones 20, 19 de enero-5 de febrero de 1999, y 21, 7-25 de junio de 1999, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/54/38/Rev.1, prrafos 228 y 229; traduccin personal del original en ingls).\nbrin en el endometrio de la mujer como el hito que marca el inicio de este nivel de proteccin penal, fenmeno que se produce aproximadamente entre el da sptimo y el da decimotercero posteriores a la fecundacin del vulo por el espermio, siempre y cuando el embrin se encuentre dentro del tero. El dato emprico de la anidacin y su relevancia para el desarrollo de la vida del embrin no es algo que se discuta. La cuestin que requiere fundamentacin es el por qu se dispensa proteccin penal a la vida humana anidada, y no en el tiempo que media entre la concepcin y la anidacin. En la doctrina comparada se manejan cuatro rdenes de fundamentos. Tres de ellos son de carcter general, es decir, aplicables como consideracin de merecimiento de proteccin en todas las ramas del derecho. Los otros dos son especficamente penales, es decir, responden a las peculiaridades de la configuracin del delito de aborto. El primer fundamento de carcter general tiene la forma de un argumento ontolgico. Por las razones dadas arriba, a propsito del argumento de la Corte Suprema para atribuir al embrin preimplantacional el estatus de persona, se considera que no puede estimrselo como idntico en merecimiento de proteccin al embrin o feto ya anidado. Sin la anidacin no puede emerger el programa de desarrollo embrionario, y sin constitucin del programa de desarrollo no puede reconocerse en ese organismo ni siquiera la condicin de individuo, en el sentido especficamente biolgico que presupone la calificacin moral de persona. El segundo fundamento de carcter general tambin se refiere a una diferencia de valoracin. La razn del merecimiento de proteccin de la vida humana es su consideracin como un inters. Que la vida sea un bien jurdico-penal significa que constituye un presupuesto del libre desarrollo de la personalidad. Lo que se protege, pues, es el inters de la persona en su supervivencia. La vida del embrin se protege en funcin de ese inters futuro, como inters potencial. La afirmacin de ese inters potencial requiere la constatacin de alguna viabilidad en relacin con el desarrollo del embrin. Esa viabilidad exige como mnimo su anidacin en el endometrio. El tercer fundamento de carcter general descansa en una consideracin relativa al juicio de ponderacin de intereses, en relacin con la autonoma reproductiva de la mujer. Antes de la anidacin no se ha producido el hecho natural que vincula el cuerpo del embrin al cuerpo de la mujer. La existencia de la norma que sanciona el aborto consentido por la mujer implica la exigibilidad para la mujer de un deber de tolerar esa vinculacin. Aplicar el mismo criterio a la situacin previa a la anidacin implicara una intensificacin de la exigibilidad a la mujer: ya no se exigira el deber de\ntolerar el hecho acaecido, sino adems un deber de tolerar la posibilidad de ese hecho. Esa intensificacin exige una declaracin legislativa explcita y no puede ser legtimamente producida por el intrprete. En lo que respecta ahora a los fundamentos especficamente penales, el primero consiste en un argumento hermenutico, por lo que descansa en ltima instancia en el principio de la legalidad. Este argumento se basa en la constatacin de que la regulacin del aborto presupone un embarazo. Puesto que el estado de embarazo supone la existencia de una relacin estable de simbiosis del cuerpo de la mujer y el cuerpo del embrin o feto, y puesto que esta relacin se produce con la consolidacin de la anidacin del embrin en el endometrio de la mujer, se concluye que la anidacin constituye un presupuesto del delito de aborto, tal como se encuentra legalmente configurado. El segundo fundamento especficamente penal consiste en un conjunto de consideraciones de poltica criminal. Estas consideraciones se basan en las condiciones en que se encuentra el embrin in vivo antes de la anidacin y en la incertidumbre que ello acarrea en relacin con su existencia y la constatacin de su eliminacin. An si no se hicieran diferencias en cuanto al estatus de un embrin preimplantacional y un embrin anidado, subsiste sin embargo el problema de la imposibilidad prctica de constatar el atentado en su contra. Antes de su anidacin en el endometrio, la existencia in vivo del embrin preimplantacional no puede comprobarse con los mtodos de uso extendido. Adems, debido a su inestabilidad no puede realizarse el juicio de imputacin objetiva de su destruccin a la accin deliberadamente encaminada a expulsarlo. Frente a semejante imposibilidad prctica, cualquier ejercicio de la accin penal se encontrara con tales dificultades de prueba, que de modo inevitable terminara en una absolucin o a lo ms en la afirmacin de una tentativa inidnea, por la aplicacin del principio in dubio pro reo. Desplegar los medios brutales del procedimiento penal, con la masiva intromisin y ruptura del mbito de la vida privada que ello conlleva, a sabiendas que el resultado ser muy probablemente una sentencia absolutoria, constituye una infraccin manifiesta de la prohibicin de exceso que se deduce del principio de proporcionalidad. Como lo seala Claus Roxin, [p]retender que el Ministerio fiscal y la polica (!) investiguen despus esos procesos ntimos de modo tan martirizante como infructuoso sera un entrometimiento humillante, a favor del cual es imposible que est ninguna persona que reflexione56.\nRoxin, Claus: La Propuesta Minoritaria del Proyecto Alternativo, 1976, p. 74.\nEstas razones de poltica criminal fueron las que consolidaron en la doctrina alemana el criterio de la anidacin como cisura del segundo nivel de proteccin penal de la vida, correspondiente al delito de aborto, hasta producir un nivel de consenso tal que este criterio recibi consagracin legal positiva. En la 15 Ley de Modificacin del Cdigo Penal alemn, de 18 de mayo de 1976, surgida con ocasin de una sentencia del Tribunal Constitucional Federal, se contemplaba una regla especial de definicin, conforme a lo cual no constituye interrupcin del embarazo cualquier actuacin previa a la anidacin (antiguo 219-d). Hoy en da, la regla forma parte de la configuracin del supuesto de hecho del aborto57. En el Cdigo Penal espaol no existe regla semejante, pero la doctrina coincide en considerar la anidacin como cisura de este nivel de proteccin de la vida58. No puede decirse lo mismo de la doctrina chilena. En general, sta considera que la proteccin del nasciturus dispensada por el Cdigo Penal chileno presupone que el embrin o feto se encuentre dentro del cuerpo de la mujer, y por esta razn niega que el Cdigo contemple regulacin protectora del nasciturus que tenga localizacin extracorporal, en virtud de la aplicacin de una tcnica de fecundacin asistida59. Adems, un sector de la doctrina sostiene que cuando el producto de la concepcin se encuentra dentro del cuerpo de la mujer, ste se halla protegido por el Cdigo desde la concepcin60. Esta postura se basa en fundamentos insuficientes. Los autores que la sostienen pretenden que esta tesis se deduce de la identifica57 . 218. Interrupcin del embarazo. (1) El que interrumpa un embarazo, ser penado con pena privativa de libertad de hasta tres aos o pena de multa respectiva. Las acciones cuyo efecto se produzca antes del trmino de la anidacin del vulo fecundado en el tero no cuentan como interrupcin del embarazo en el sentido de esta ley. Redaccin conforme a la Ley de Conflictos del Embarazo de 21 de agosto de 1995 (vigencia: 1 de octubre de 1995). Para una perspectiva general de la discusin doctrinaria antes de la introduccin de la definicin legal, vase Maurach, Reinhart: Deutsches Strafrecht-Besonderer Teil, 1969, pp. 55-57. 58 Por todos, Romeo Casabona, Carlos Mara: El Derecho y la Biotica ante los Lmites de la Vida Humana, 1994, pp. 285-288. 59 Por todos, Etcheberry, Alfredo: Derecho Penal, 3 ed., 1998, Tomo III, pp. 94-95. 60 Del Ro, Raimundo: Derecho Penal, 1935, pp. 279-282; Schepeler Raveau, Manuel: El Delito de Aborto, 1967, p. 37; Novoa Aldunate, Eduardo: El Comienzo de la Existencia Humana y su Proteccin Jurdica, 1969, pp. 63-69; Etcheberry, Alfredo: Derecho Penal, 3 ed., 1998, Tomo III, p. 90. Los autores citan en apoyo de su tesis el siguiente pasaje, extrado de las Actas de la Comisin Redactora del Cdigo Penal: (...) desde el momento en que el feto tiene un principio de existencia, hai en l el germen de un hombre i el que lo destruye se hace reo de un gravsimo delito (Sesin 159, 24 de junio de 1873). El antecedente no obsta a lo sostenido arriba. La Comisin formul esa aseveracin para rechazar la distincin entre feto animado y feto inanimado, que corresponde a un estadio de desarrollo embrionario posterior a la anidacin.\ncin de la vida del nasciturus como objeto de proteccin, junto con los avances cientficos en torno a la identificacin del momento de constitucin de la nueva vida humana. El razonamiento consiste en sostener que si abortar es dar muerte a la vida humana dependiente, entonces es aborto todo ataque letal a esa vida, desde el comienzo de su existencia. Dejando de lado la cuestin ontolgica de si el individuo humano existe desde la constitucin o la expresin del cdigo gentico, o de si el programa de desarrollo embrionario es exhaustivamente gentico o tambin complementado epigenticamente, es claro que ninguno de los autores que sostienen esta tesis plantea la cuestin a la luz de las restricciones especficas que se derivan de la tipificacin legal del aborto, la condicin de ultima ratio del derecho penal y la estructura de la norma de comportamiento que subyace al tipo de aborto como delito de resultado. Una vez que se toman en consideracin estas restricciones, es evidente que la eliminacin de un embrin preimplantacional in vivo no queda comprendida dentro de la expresin legal causar un aborto. Es manifiesto que el Cdigo Penal chileno presupone el estado de embarazo de una mujer, como condicin de la tipicidad de un ataque al nasciturus. As lo demuestra el hecho de que el aborto cometido por un tercero tenga que serlo con o sin el consentimiento de la mujer embarazada (Art. 342), o bien realizado con violencias en la persona de la mujer embarazada (Art. 343). Del mismo modo, la mujer es la que causa su aborto, o consiente en que otro se lo cause. (Art. 344 inciso primero). Si este es un presupuesto de la tipicidad de la accin, debe corresponder a un estado de cosas susceptible de acreditacin. Ese estado de cosas slo puede ser la relacin de simbiosis entre embrin feto y mujer embarazada, establecida en el nivel de los tejidos celulares de ambos organismos. O sea, la anidacin consolidada. Por otra parte, todos los argumentos de poltica criminal que dominaron la doctrina alemana son aplicables al derecho chileno, incluso con ms fuerza. Pues en Chile la punibilidad de la tentativa inidnea goza de menos reconocimiento institucional que el que gozaba en Alemania a la poca en que se produjo esta discusin. No tiene sentido considerar como punible la produccin de un estado de cosas (la muerte de un embrin no anidado por su expulsin del cuerpo femenino) a sabiendas de la imposibilidad prctica de acreditar ese resultado y/o su imputacin objetiva a la accin de la mujer o un tercero, y de la muy probable impunidad de esa accin por tal razn. Por todas estas razones se debe compartir la postura de quienes sostienen en la doctrina nacional que la anidacin es la cisura que da lugar\nal segundo nivel de proteccin penal de la vida humana en el derecho chileno61. Las consecuencias para la prctica mdica de este criterio de demarcacin de la cisura del segundo nivel de proteccin de la vida son de la mayor importancia. En primer lugar, que los casos de remocin de embriones anidados ectpicamente (es decir, en las trompas de Falopio, el peritoneo o el cuello del tero) no realizan el tipo del delito de aborto. La anidacin fuera del endometrio no constituye embarazo, en el sentido del Cdigo Penal. Por tal razn, su remocin no es constitutiva de aborto, y, contando con el consentimiento de la mujer, puede ser practicada sin necesidad de la concurrencia de una especial causa de justificacin. En segundo lugar, que el uso de medios de control de natalidad que puedan producir un efecto impeditivo de la anidacin en el endometrio tampoco es constitutivo de aborto. Cualquiera que sea su estatus a la luz de la Constitucin, es claro que no se trata de medios ilegales a la luz del Cdigo Penal. El efecto imputado al Levonorgestrel no puede ser calificado de abortivo bajo la ley chilena.\n5. El estatus constitucional de los anticonceptivos de emergencia La Constitucin no protege la vida humana. Lo que la Constitucin protege es el derecho a la vida, que ella reconoce a todas las personas. El concepto de persona no es cientfico; es un concepto moral. La condicin de persona es normativa, no descriptiva. Una persona es un agente capaz de establecer con otro una relacin interpersonal tal que ambos puedan justificadamente mantener expectativas normativas recprocas. La persona es un alter en la comunicacin, un interlocutor idneo respecto de pretensiones de validez, en este caso, pretensiones de rectitud (tambin correccin). La condicin de persona es un paradigma de la comunicacin normativa. Para el discurso de la filosofa premoderna lo anterior se expresa en la consideracin de la posesin de alma racional como caracterstica definitoria de la persona. Los seres humanos poseen alma racional y por eso son\n61 As lo afirman, aunque dubitativamente, Politoff, Grisola, Bustos: Derecho Penal Chileno, Parte Especial, 2 ed., 1993, pp. 142-143; decididamente, Garrido Montt, Derecho Penal, Parte Especial, 1999, Tomo III, pp. 98-99. La consideracin de la anidacin como cisura inicial de la regulacin del aborto es tambin defendida por el Profesor Sergio Yez Prez desde su Ctedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.\npersonas. Lo que caracteriza la extensin de esta condicin al embrin preimplantacional en el contexto de este discurso es el especismo, es decir, la tesis de que la dignidad moral corresponde a la especie. La condicin de persona se detenta en virtud de la pertenencia a la especie cuyos miembros poseen, en plenitud de sus facultades, el conocimiento racional, teortico y prctico. En el marco de un Estado secular de Derecho, es decir, de un Estado de Derecho que garantiza el pluralismo religioso, tico e ideolgico, y configura el orden coactivo como un orden que hace posible la coexistencia pacfica de la diversidad de concepciones del bien, la nocin moral primaria no puede ser la especie, sino el individuo. Son los seres individualmente considerados como agentes capaces de comunicacin normativa los primariamente iguales en dignidad y derechos. El reconocimiento recproco tiene lugar en el plano de la representacin ideal de la persona, a la que corresponden los seres humanos con competencias pragmticas desarrolladas. Para extender la consideracin de persona el estatus normativo y sus consecuencias prcticas a seres humanos que carecen actualmente de esas competencias pragmticas se requieren justificaciones normativas. La Constitucin y el Cdigo Civil chilenos ordenan indiscutidamente la extensin de esa condicin a los seres humanos a partir del nacimiento. La extensin de esa calidad a seres humanos no nacidos tiene una sola justificacin normativa posible en un Estado secular de derecho: la igualdad. El especismo se sostiene es un criterio que por su objetividad garantiza la no discriminacin en el reconocimiento del estatus de persona. No tiene sentido plantear aqu una objecin a esta interpretacin normativa de la tesis especista62. Basta con hacer ver que la misma sensibilidad igualitaria demostrada hacia el embrin o feto, si es aplicada a la mujer embarazada, permite plantear el problema en trminos razonables.\n62 En lo esencial, el especismo debe su plausibilidad al sustancialismo, es decir, a la idea de que existe una identidad sustancial del ser, presente por igual a lo largo de todo su proceso de desarrollo y cambio. Esa identidad se encuentra en la forma, presente en el ser cambiante como potencia activa, es decir como principio activo del desarrollo y cambio del ser. La versin premoderna de la forma es la nocin de alma. La versin paralela, en el plano de la embriologa, ha sido el paradigma gentico. Su crisis, debida al paradigma epigentico, demuestra que la disyuncin entre potencia activa (principio interno del cambio) y potencia pasiva (principio externo) es insuficiente. El proceso de emergencia del programa de desarrollo, conforme al paradigma epigentico, demuestra que el embrin no tiene la potencia activa de su desarrollo futuro, pero que tampoco se encuentra en estado de potencia pasiva. En relacin con esta disyuncin categorial, metafsicamente considerada, la disposicin de la clula germinal humana corresponde a una condicin sui generis de la materia. Al respecto, Bascun Rodrguez, Antonio: El Estatuto del Embrin Preimplantacional: Observaciones desde el Punto de Vista Jurdico, 2002, pp. 161-193.\nAntes de su nacimiento, los seres humanos se encuentran en una situacin existencial sin parangn respecto de los seres humanos nacidos: su supervivencia slo es posible a travs de una relacin de simbiosis con otro organismo, el de una mujer. Esa relacin de simbiosis es el embarazo. La afirmacin de la prohibicin de matar a un ser humano no nacido implica, en consecuencia, la afirmacin de un deber de tolerar el embarazo, cuyos destinatarios slo pueden ser las mujeres. El reconocimiento a un ser humano no nacido del derecho a la vida implica, por lo tanto, la imposicin de un deber a una mujer, que excede por completo el margen de los deberes para hombres y mujeres que van asociados a la prohibicin de matar. La proteccin de la vida del nasciturus se hace a costa del sacrificio de los intereses personalsimos de la mujer. La extensin del derecho a la vida al nasciturus implica la imposicin de una carga personal exclusivamente a individuos del gnero femenino. Esta es una carga que no tiene parangn en las obligaciones que rigen a los seres humanos nacidos en sus relaciones recprocas. Es evidente que un nio nacido tiene derecho a la vida. Es evidente que la mujer que lo procre tiene deberes de conservacin de esa vida, en inters de la supervivencia del propio nio. Eso nadie lo discute. Pero ninguna mujer puede ser obligada a ceder un rgano a su hijo para salvarle la vida. Ninguna mujer puede ser obligada tampoco a tolerar la invasin grave de su cuerpo, como por ejemplo su conexin por nueve meses a un aparato de dilisis, para salvar la vida de su hijo. El derecho a la vida del nio no justifica la afectacin de la autonoma personal de la mujer. La razn de ello se encuentra en que el inters de autonoma de la mujer es expresin de su dignidad personal. Someter a la mujer a una intervencin sobre su cuerpo, para salvar a otro, es usarla como medio. Es denigrar su condicin de persona, rebajndola a cosa. En el contexto de la reproduccin mdicamente asistida, es un principio bsico que el consentimiento dado por la mujer para aceptar la transferencia de los embriones a su cuerpo es esencialmente revocable. Esto no es ms que la aplicacin, al caso de la transferencia de embriones, del principio bsico de la revocabilidad del consentimiento en la afectacin de la incolumidad corporal. Este principio inspira la regulacin sobre trasplantes de rganos63 y en general la prctica de las intervenciones teraputicas64, dentro de las cuales se incluye la asistencia mdica a la\n63 El consentimiento podr ser revocado en cualquier momento antes de la extraccin. (...) La revocacin no generar responsabilidad de ninguna especie (Art. 6 inciso cuarto, Ley 19.451). 64 As, el Art. 5 de la Convencin Europea de Derechos Humanos para la Biomedicina (Convencin de Oviedo, de 1997). As tambin los Arts. I.9, II.4, II.5 y III.2 de la Declaracin de Helsinski-Tokio sobre investigacin biomdica. El reconocimiento de la autonoma del\nreproduccin. Obsrvese que en este caso se trata de un embrin que ha sido concebido deliberadamente para su transferencia al cuerpo de la mujer, todo ello con el consentimiento previo de la mujer. Aun as, la mujer no est obligada a tolerar su transferencia. Frente a un intento de transferencia no consentida, ella puede ejercer legtima defensa de su derecho a la incolumidad corporal, lo mismo que un tercero en su favor. El derecho chileno vigente introduce una diferencia en el trato de la mujer embarazada. Una vez anidado el embrin, ella s est obligada a tolerar la presencia de ese organismo dentro de su cuerpo: le est prohibido causar un aborto o consentir en que otro se lo cause. Como se ha visto, la Constitucin entiende que esa prohibicin es un modo legtimo en que el legislador da cumplimiento al mandato que ella establece en orden a proteger la vida del nasciturus. La Constitucin indirectamente valida esa prohibicin. Esa es una resolucin anmala del conflicto entre el inters de un ser humano en su supervivencia y el inters de autonoma de otra persona. En este caso, se acepta la legitimidad de la supervivencia de uno a costa de la autonoma de otro. En mayor o menor medida, todos los sistemas jurdicos occidentales hacen esta diferencia, a favor de la proteccin de la vida del nasciturus. Sin embargo, los sistemas jurdicos han reconocido asimismo que el respeto por la autonoma de la mujer basada en la misma preocupacin por la evitacin de discriminacin que supuestamente inspira la proteccin del nasciturus exige la introduccin de moderaciones o restricciones a la exigibilidad del deber de tolerar el embarazo. Este es el ncleo del principio de la exigibilidad diferenciada: el deber de tolerar el embarazo no puede exigirse en trminos equivalentes al deber genrico de abstenerse de matar a otro. Cul sea la medida razonable de la exigibilidad del deber de tolerar un embarazo, sa es una cuestin propia de la poltica jurdica. Lo que la interpretacin de la Constitucin debe precisar son los lmites mnimo y mximo del margen de exigibilidad de ese deber. En relacin con el lmite mximo de exigibilidad, dos son los principios bsicos: (a) la exigibilidad del deber de tolerar el embarazo tiene lugar en el rango de carga que un embarazo impone a la mujer en trminos estndares;\npaciente como condicin de legitimacin del tratamiento teraputico se ha visto obstaculizado en Chile por la errada jurisprudencia recada en recursos de proteccin interpuestos en contra de huelguistas de hambre y personas que por razones religiosas rechazan la transfusin sangunea. El origen de esta jurisprudencia vergonzosa se encuentra en el caso Rozas Vial y otros contra Prroco de San Roque, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXI (1983), 2 Parte, Seccin 5, p. 161 y ss.\nel sobrepasamiento de ese umbral estndar de carga origina la necesidad de revisar la legitimidad de la exigencia del deber de tolerar ese embarazo anmalo; (b) la exigibilidad del deber de tolerar el embarazo tiene lugar respecto de un embarazo actual, es decir, no de una posibilidad o riesgo de embarazo; el reconocimiento del derecho a hacer uso de medios de control reproductivo es una condicin de legitimidad del deber de tolerar el embarazo. El primer principio justifica el reconocimiento de casos excepcionales de inexigibilidad del deber de tolerar el embarazo, es decir, de causas de justificacin del aborto. Este es el mbito de las as denominadas indicaciones (teraputica, embrioptica, criminolgica y socioeconmica). El segundo principio justifica el reconocimiento de un mbito en que la autonoma reproductiva de la mujer tiene preponderancia irrestricta respecto de cualquier otro inters. Este es el caso del uso de los anticonceptivos de emergencia. El uso del Levonorgestrel tiene por objetivo impedir el embarazo, primariamente mediante el impedimento de la concepcin, y quizs secundariamente mediante el impedimento de la anidacin. En eso no se diferencia de otros mtodos de aseguramiento de la autonoma reproductiva de la mujer, cuyo posible efecto impeditivo de la anidacin no puede descartarse, como los dispositivos intrauterinos. Respecto de la mujer que impide la anidacin no hay reproche constitucional oponible. Ella ejerce legtimamente sus derechos fundamentales frente a una situacin de peligro, eliminando la fuente de peligro. Ella acta conforme a los estndares de ponderacin del estado de necesidad defensivo. Su accin es legtima ante el derecho constitucional. El deber de tolerar un embarazo actual no incluye el deber de tolerar el riesgo de un eventual embarazo. Antes de la anidacin la situacin de la mujer frente al embrin preimplantacional en ningn caso puede ser considerada como peor para sus intereses que la situacin de cualquier mujer respecto de la vida de un hijo suyo nacido, o que la de cualquier mujer respecto de un embrin fertilizado in vitro. La condicin de progenitora no impone a la mujer el deber de tolerar el uso de su cuerpo para fines teraputicos a favor del embrin o del hijo. No lo impone respecto del nacido, menos an del no anidado. As pues, el reconocimiento a la mujer del derecho a consumir anticonceptivos de emergencia, as como de usar dispositivos intrauterinos no se justifica, en relacin con el aborto, por consideraciones exclusiva-\nmente estratgicas. No se trata, pues, simplemente de que el uso de estos medios permite evitar la posterior interrupcin de embarazos. De lo que se trata es de una consideracin de justicia. Slo si se permite el acceso a estos medios de control reproductivo resulta legtima la prohibicin del aborto. 6. Resumen Resumo mi posicin en las siguientes siete tesis: 1) Si los anticonceptivos de emergencia no producen un efecto impeditivo de la anidacin, es claro que no hay obstculo constitucional alguno que invocar en contra del acto administrativo que autoriz su comercializacin y uso: el uso de mtodos puramente anticonceptivos es ejercicio de derechos reproductivos de la mujer que no entra en conflicto con norma constitucional alguna. 2) Aun si los anticonceptivos de emergencia produjesen un efecto impeditivo de la anidacin, un recurso de proteccin interpuesto en contra del acto administrativo que autoriz su comercializacin y uso es improcedente por ausencia de un afectado concretamente individualizable65. 3) Aun si se estima procedente el recurso de proteccin, ste debe ser en definitiva desechado, porque el que est por nacer no es persona y por lo tanto no es titular del derecho subjetivo pblico a la vida. 4) Aun si se estima que el que est por nacer es en general persona y por lo tanto titular del derecho subjetivo pblico a la vida, el recurso debe ser desechado, porque un embrin preimplantacional no puede ser equiparado a un embrin anidado en su estatus de persona. 5) Aun si se estima que un embrin preimplantacional es plenamente equiparable a un embrin implantado en su estatus de persona, el recurso debe ser desechado, porque los intereses personalsimos de autonoma de la mujer embarazada prevalecen sobre el inters en la supervivencia. 6) La Convencin Americana de Derechos Humanos no obsta a lo sostenido en las tesis anteriores. Por el contrario, lo confirma. 7) La accin de impedir la anidacin de un embrin en el endometrio de una mujer no es constitutiva de aborto, en el sentido de las normas del Cdigo Penal chileno.\nLo mismo cabe decir de la accin de nulidad de derecho pblico ejercitada para impugnar la validez de dicho acto administrativo.\nAlonso Bedate, Carlos: El Valor Ontolgico del Embrin Humano. En Juan Pablo Beca Infante (ed.), El Embrin Humano. Santiago: Editorial Mediterrneo, 2002. Bald Lavilla, Francisco: Estado de Necesidad y Legtima Defensa. Barcelona: Jos Mara Bosch Editor S.A., 1994. Bascun Rodrguez, Antonio: El Estatuto del Embrin Preimplantacional: Observaciones desde el Punto de Vista Jurdico. En Juan Pablo Beca Infante (ed.), El Embrin Humano. Santiago: Editorial Mediterrneo, 2002. Bascun Rodrguez, Antonio: Lmites a la Prohibicin y Autorizacin Legal del Aborto Consentido en el Derecho Constitucional Comparado. En Revista de Derecho Pblico, Vol. 63, Tomo I, Santiago, 2001. Bascun Rodrguez, Antonio: Derechos Fundamentales y Derecho Penal. En varios autores (Seminario en Latinoamrica de Teora Constitucional y Poltica, SELA, 2001), Los Derechos Fundamentales. Buenos Aires: Editores del Puerto s.r.l., 2003. Comisin Redactora del Cdigo Penal, Actas de las Sesiones de la Comisin Redactora del Cdigo Penal Chileno. Santiago: Imprenta de la Repblica de Jacinto Nez, 1873. Comisin de Estudio de la Nueva Constitucin Poltica de la Repblica (CENC): Actas Oficiales de la Comisin de Estudio de la Nueva Constitucin Poltica de la Repblica. Santiago: Talleres Grficos de Gendarmera de Chile. Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Dictamen de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos relativo al proyecto de Convencin sobre Derechos Humanos aprobado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. En Anuario Interamericano de Derechos Humanos. 1968. Washington, D.C.: OEA, Secretara General, 1973. Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Caso Baby Boy c. Estados Unidos, No. 2141. Informe No. 23/81 de 06 de marzo de 1981. En Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1980-1981. Comisin Europea de Derechos Humanos: Caso Brggemann and Scheuten v. The Federal Republic of Germany, N 6959/75. Comit para la Eliminacin de la Discriminacin en contra de la Mujer: Informe del Comit para la Eliminacin de la Discriminacin en contra de la Mujer. Presentado en las sesiones 20, 19 de enero-5 de febrero de 1999, y 21, 7-25 de junio de 1999, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A/54/38/Rev.1, prrafos 228 y 229. Congregacin de la Doctrina de la Fe: Declaracin: De Aborto Procurato, 18 de noviembre de 1974. Congregacin de la Doctrina de la Fe: Instruccin: Donum Vitae, 22 de febrero de 1987. Consejo de Estado: Actas de las Sesiones del Consejo de Estado. Santiago. Convencin Europea de Derechos Humanos para la Biomedicina (Convencin de Oviedo, de 1997). En Albin Eser (Ed.), Biomedizin und Menschenrechte. Frankfurt am Main: Verlag Joseph Knecht, 1999. Corral Talciani, Hernn: Comienzo de la Existencia y Personalidad del que Est por Nacer. En Revista de Derecho de la Universidad Catlica de Valparaso, XIII (1989-1990). Corral Talciani, Hernn: El Concepto Jurdico de Persona. Una Propuesta de Reconstruccin Unitaria. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 17 (1990). Corral Talciani, Hernn: Admisibilidad Jurdica de las Tcnicas de Procreacin Artificial. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 19 (1992).\nCorte de Apelaciones de Santiago: Carabantes Crcamo: Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago del 14 de noviembre de 1991. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXVIII, ao 1991, 2 parte, seccin 5, pp. 131-153. Corte Europea de Derechos Humanos: Vo v. France, N 53.924/00, de 8 de julio de 2004. Corte Suprema: Rozas Vial y otros contra Prroco de San Roque (1983). En Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXI (1983), 2 Parte, Seccin 5, Santiago. Corte Suprema: Philippi Izquierdo, Sara y otros con Instituto de Salud Pblica y otros 2001. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XCVIII, ao 2001, 2 parte, 5 seccin, pp. 199-208. [La sentencia se encuentra reproducida en dossier Anticoncepcin de Emergencia: Antecedentes del Debate, en Estudios Pblicos, 95 (N. del E.).] Declaracin de Helsinski-Tokyo sobre Investigacin Biomdica. En Albin Eser (Ed.), Biomedizin und Menschenrechte. Frankfurt am Main: Verlag Joseph Knecht, 1999. Del Ro, Raimundo: Derecho Penal. Tomo III. Santiago: Editorial Nascimento, 1935. Etcheberry Orthustegui, Alfredo: Derecho Penal. Tomo III. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 3 ed., 1998. Evans de la Cuadra, Enrique: Los Derechos Constitucionales. Tomo I. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 2 ed., 1999. Fiamma Olivares, Gustavo: El Derecho a la Vida. Antecedentes en las Actas de la Comisin de Estudios Constitucionales. En Revista de Derecho Pblico N 27 (enero-junio 1980), Santiago. Garrido Montt, Mario: Derecho Penal, Parte Especial. Tomo III. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 1999. Isler Soto, Carlos: En torno a la Personalidad del Embrin. En Revista de Derecho (Universidad Austral de Chile), Vol. XI, diciembre 2000. Valdivia. Juan Pablo II: Encclica Evangelium Vitae. 25 de marzo de 1995. Lacadena, Juan Ramn: Embriones Humanos y Cultivos de Tejidos. En Revista de Derecho y Genoma Humano N 12 (2000), Bilbao. Ley N 19.451, de 29 de marzo de 1996, establece normas sobre trasplantes y donaciones de rganos. Diario Oficial de 10 de abril de 1996. Maurach, Reinhart: Deutsches Strafrecht-Besonderer Teil. Karlsruhe, 5 ed., 1969. Medina, Cecilia: La Convencin Americana: Teora y Jurisprudencia. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial. A publicarse por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. Otte, Lars: Der durch Menschen ausgelste Defensivnotstand (El estado de necesidad defensivo originado por seres humanos). Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998. Politoff, Sergio, Francisco Grisola y Juan Bustos: Derecho Penal Chileno. Parte Especial,. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 2 ed., 1993. Precht Pizarro, Jorge E.: Consideraciones tico-Jurdicas sobre el Aborto Teraputico. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 19 (1992). Novoa Aldunate, Eduardo: El Comienzo de la Existencia Humana y su Proteccin Jurdica. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 1969. Nozick, Robert: Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books Inc., Publishers, 1974. Romeo Casabona, Carlos Mara: El Derecho y la Biotica ante los Lmites de la Vida Humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramn Areces, S.A., 1994. Roxin, Claus: La Propuesta Minoritaria del Proyecto Alternativo. En Claus Roxin: Problemas Bsicos del Derecho Penal. Madrid: Editorial Reus S.A., 1976. Roxin, Claus: Derecho Penal, Parte General. Madrid: Editorial Civitas, 1997.\nRozas Vial, Fernando: Problemas Jurdicos y Morales que Plantean la Inseminacin Artificial y la Fecundacin in Vitro. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 16 (1989). Schepeler Raveau, Manuel: El Delito de Aborto. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 1967. Soto Kloss, Eduardo: El derecho a la vida y la nocin de persona en la Constitucin. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXVIII- N 3 (1991), seccin 1. Tomas de Aquino: Suma de Teologa, II-II. Edicin dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en Espaa. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1990. Ugarte Godoy, Jos Joaqun: Comienzo de la Persona Humana. Aspectos Biolgico, Filosfico y Jurdico. En Cuadernos Jurdicos N 2, Universidad Central de Chile, Primeras Jornadas de Derecho Mdico, Santiago, 2000. Varela Del Solar, Jorge Luis: Derechos Humanos y Aborto. En Revista de Derecho Pblico N 47-48 (1980), Santiago. Varios autores: Ius Publicum N 7 (2001), pp. 67-186. Santiago. Verdugo Marinkovic, Mario, Emilio Pfeffer Urquiaga y Humberto Nogueira Alcal: Derecho Constitucional. Tomo I. Santiago: Editorial Jurdica de Chile, 2. ed., 1994. 20 Juzgado Civil de Santiago: Centro Juvenil Ages con Instituto de Salud Pblica y otros, Rol N 5839-02. Sentencia de 30 de junio de 2004. [Fallo reproducido en dossier Anticoncepcin de Emergencia: Antecedentes del Debate, Estudios Pblicos, 95 (N. del E.).] Zapata Larran, Patricio: Persona y Embrin Humano. Nuevos Problemas Legales y su Solucin en el Derecho Chileno. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 15 (1988).\nDocumentos similares a r95_bascunan_pildoradiadespues03.pdf\nArgumentos a favor de los anticonceptivos de emergencia.docx\npoyecto metodos anticonceptivos\nDIAPOSITIVA derecho constitucional penal