AIRE » 2008 » mayo: Asociación Independiente de Registradores\nEl Tribunal Supremo recorta el poder de los notarios\nMadrid.- El Tribunal Supremo ha recortado el poder de los notarios al anular 23 artículos del Reglamento Notarial, entre los que destaca la eliminación del control de la práctica de legalidad notarial que otorgaba a los documentos notariales efectos sobre terceros similares a los que poseen los jueces y registradores.\nLa Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles contra el Real Decreto 45/2007 de 19 de enero que modificó el reglamento y régimen del notariado, aprobado por decreto de 2 de junio de 1944.\nEl fallo de la sentencia, dictada el pasado 20 de mayo a la que tuvo acceso Europa Press, anula, entre otros, los artículos 70 y 71, que modificaban el antiguo artículo 145, que establecían la potestad de los notarios para negar la autorización o la intervención notarial cuando suponga la infracción de una norma legal.\nPor otro lado, la sentencia también anula el artículo 84, que modificaba el antiguo artículo 164, y que otorgaba autorización a los notarios para consultar el Archivo General de Revocación de Poderes, que constituye la base de datos donde figuran los poderes de personas físicas o jurídicas que han dejado de tener validez.\nAsimismo, el Supremo anula el artículo 87 que establece las competencias para asegurar la legalidad de los documentos emitidos en países extranjeros y los artículos 78, 80 y 81 que regían las separaciones y establecían su competencia para hacer constar «las modificaciones del régimen económico» durante la unión para evitar «no perjudicar los derechos adquiridos por terceros».\nPor último, la sentencia anula los artículos 90, 91, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 108, 116, 117, 122, 124, 134, 138 y 166. Entre ellos, destaca este último que fijaba que «para realizar testimonios o legitimaciones el notario deberá apreciar en los solicitantes interés legítimo en su pretensión. Igualmente deberá conocer el contenido de los documentos testimoniados a efectos de apreciar el interés legítimo y que dicho contenido no es contrario a las Leyes o al orden público».\n«En caso contrario, o si no apreciare el interés legítimo, denegará fundadamente lo solicitado, resultando de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 145 de este Reglamento», concluye el artículo. Informó Europa Press.\nLos notarios califican de contradictoria la anulación de la legalidad notarial del Supremo\nLos notarios califican de «contradictoria» la anulación de la legalidad notarial del Supremo\n(LA LEY 28507/2008)\nDiario de Noticias, 30 May. 2008, Editorial LA LEY\nMadrid.-El Consejo General del Notariado calificó hoy de «inexplicablemente contradictorio» el fallo dictado por el Tribunal Supremo que anula la práctica del control del legalidad notarial y consideró que el dictamen se basa en «en motivos meramente formales» derivados de la «ausencia de ley».\nSegún manifestaron los notarios en un comunicado, la sentencia del Alto Tribunal, dictada en respuesta al recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, resulta contradictoria con otros dictámenes del mismo tribunal relativas a la misma materia.\nLos notarios consideraron que el fallo es de un «profunda gravedad», ya que pone «en entredicho, limita, deja en suspenso y en algunos aspectos elimina» las innovaciones introducidas por el Gobierno para hacer de la función pública notarial un instrumento «más útil y moderno al servicio de la sociedad y de la seguridad jurídica».\n«Hasta que los poderes públicos no adopten las medidas legislativas oportunas, quedan en suspenso gran parte de los beneficiosos efectos para la sociedad que se derivaban de la reforma anulada», afirmaron.\nLos notarios indicaron que el fallo es «contradictorio» con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional condensada en su sentencia 207/1999, de 11 de noviembre. Dicha sentencia concluyó que «a los notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la función notarial el juicio de legalidad» lo que implica «un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público».\nEl Consejo General del Notariado insistió en lo «incomprensible» del dictamen, ya que «aplica de modo distinto el principio de reserva de ley» a como lo había hecho en su reciente sentencia de 29 de enero de 2008, en la que recurría un notario y cuyo tribunal estuvo integrado por «los mismos magistrados» menos uno.\nPor último calificaron la sentencia de «inaudita», ya que todos los órganos que participaron en la elaboración de la norma, anulada en parte, consideraron que el Real Decreto 45/2007 era conforme a Ley. Informó Europa Press.\nDiario de sesiones del Congreso de los Diputados. Día 14 de mayo de 2008.\n”” DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS RASCÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÍLES SON LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN ORDEN A LA MEJORA Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES REGISTROS PÍšBLICOS DE SU COMPETENCIA?\n(Número de expediente 180/000017.)\nSeñor ministro, los ciudadanos y los servidores públicos de este país sabemos mucho de los males endémicos de la justicia, de los que hablaba usted hace poco con toda la razón del mundo. Lo sabemos porque lo padecemos y porque nos sentimos sumamente insatisfechos.\nPrecisamente por uno de esos males le voy a preguntar en el día de hoy, y es sobre la situación nada positiva que arrastran los registros públicos que dependen de su ministerio, una situación anómala que es impropia de un Estado que quiere servir con eficacia a una sociedad democrática avanzada como la nuestra. Algunos de esos registros con una organización de tiempos pasados que no permiten ni dan facilidades de acceso a la ciudadanía, que hacen de los ciudadanos verdaderos héroes cuando pretenden conseguir algún que otro documento que, curiosamente, otras administraciones públicas sirven con un clic de ratón de ordenador sencillamente.\nEl señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rascón. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.\nSeñoría, es evidente que cuando usted habla de los registros a cargo del Ministerio de Justicia para referirse a aquellos necesitados de algo más que de una mano de pintura ””permítame la expresión””, se está refiriendo la situación del Registro Civil en todas sus expresiones, tanto el Registro Civil Central como los registros municipales como los registros de paz, que hasta ahí llega la cosa, y también los registros consulares. Cuando hablamos de ellos, efectivamente, estamos hablando de unos registros que necesitan una reforma en profundidad y es una de las prioridades de esta legislatura. Necesitamos unos registros donde se acabe el proceso de informatización comenzado, donde se acabe el proceso de digitalización de documentos que desde 1950 se viene haciendo como único modo de llegar a un registro moderno en línea en el que el ciudadano no es que no tenga que hacer cola, es que ni siquiera tenga que ir al registro a pedir certificaciones. Hay un principio acuñado dentro de nuestro derecho y es que el ciudadano no debe tener obligación, no tiene obligación de aportar a la Administración documentos que ésta tiene. Sería lógico que el ciudadano no tuviera obligación de aportar permanentemente certificaciones de todo tipo que le obligan a acudir a un registro, y a su vez a este a gestionar la expedición de esa certificación para que el propio ciudadano acabe llevándolo a otra Administración, que finalmente es la misma. A eso vamos, a un registro integral en el que sobre todo las administraciones, con respeto a aquellos datos que deban ser objeto de una pretensión de intimidad, puedan acceder a los datos del Registro Civil de tal manera que no sea el ciudadano el obligado a acudir ni tampoco el registro el obligado a expedir continuamente certificaciones que serían innecesarias si aquellos organismos como la Hacienda Pública, la Policía en sus ámbitos de documento nacional de identidad, la Seguridad Social, etcétera, pudieran acceder directamente a estos bancos de datos que tenemos; así ahorraríamos todo ese camino.\nEn esta legislatura lo veremos, señoría, estamos absolutamente en ello, conscientes de su necesidad.\nMuchas gracias.( Aplausos.)\nLas viviendas hipotecadas caen un 39% en marzo\nLas viviendas hipotecadas caen un 39% en marzo, el mayor descenso desde 2003\nEl número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 39,65% en marzo, hasta un total de 70.387 inmuebles, lo que supone el mayor descenso desde que se inició la nueva serie en 2003.\nEUROPA PRESS Por su parte, el importe medio cayó un 3,76% respecto a marzo de 2007 y se situó en 141.725 euros, según la estadística de hipotecas publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).\nPor su parte, el capital prestado para este tipo de hipotecas en el tercer mes del año alcanzó los 9.975 millones de euros, lo que supone un descenso del 41,92% respecto al mismo mes del año anterior.\nPor su parte, el importe medio por hipoteca constituida sobre el total de fincas rústicas y urbanas se situó en 164.637 euros, un 1,46% más que en marzo de 2007 y un 2,77% inferior al registrado en febrero de este año.\nEl total de fincas rústicas y urbanas hipotecadas en marzo se situó en 105.608, lo que supone un descenso del 37,77%, mientras que el capital prestado se elevó a 17.386,9 millones de euros, un 36,86% inferior al de marzo de 2007.\nLas cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios en marzo, con el 56,6% del total, seguidas de los bancos (33,5%) y de otras entidades financieras (9,9%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 51,6% del total, los bancos el 40,1% y otras entidades, el 8,4%.\nEl tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro fue del 5,01% y el plazo medio de 26 años, mientras que los bancos prestaron a un tipo de interés del 5,14% y un plazo medio de 25 años.\nEl 97,9% de las hipotecas constituidas en marzo utilizó un tipo de interés variable, frente al 2,1% de tipo fijo. Dentro de las variables, el Euríbor fue el tipo de interés de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, ya que figuró en el 86,8% de los nuevos contratos.\nPor otra parte, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones ascendió en marzo a 27.485, lo que supone un crecimiento interanual del 1,6%. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 18.887, un 3,1% inferior al registrado en marzo de 2007.\nAtendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en marzo se produjeron 18.998 modificaciones pero sin cambiar de entidad financiera (novaciones), lo que representa un descenso interanual del 2,4%. Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 4.725, un 11,26% menos.\nAdemás, un total de 3.762 hipotecas cambiaron de titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un incremento interanual del 68,5%.\nDe las 27.485 hipotecas que cambiaron sus condiciones en marzo, el 47% se deben a modificaciones en los tipos de interés. De esta forma, el porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones, desde el 7,2% hasta el 2,7% del total, ya que la mayoría de estos préstamos pasan a estar referenciados a un tipo de interés variable.\nDentro de la estructura de tipos de interés, el Euríbor es la referencia más importante. Además, su interés medio es el más bajo antes del cambio (3,75%), mientras que después del cambio el interés medio más bajo es el referente a otros tipos de interés (4,42%).\nTras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos aumentó 0,35 puntos en las hipotecas a tipo fijo y 1,41 puntos en las hipotecas a tipo variable.\nRespecto a las cancelaciones, en marzo se cancelaron registralmente un total de 59.298 hipotecas, lo que supone un descenso interanual del 33,8%. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas bajaron un 27,8% y las canceladas sobre fincas urbanas un 33,9%. El número de cancelaciones sobre viviendas decreció un 33,9% en tasa interanual.\nMURCIA Y CANTABRIA, A LA CABEZA.\nPor comunidades autónomas, Murcia (con 504) y Cantabria (con 405) fueron las regiones que concentraron un mayor número de fincas con hipoteca constituida en marzo por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el número de fincas hipotecadas por cada 100.000 habitantes disminuyó en todas las comunidades autónomas, siendo la región de Murcia (-1,4%) y Asturias (-7,8%) las que registraron los menores descensos.\nMadrid y Baleares registraron el mayor importe medio hipotecado, con 228.179 euros y 200.999 euros, respectivamente. Asturias (+15,5%) y Comunidad de Madrid (14%), fueron las comunidades que experimentaron una tasa de variación interanual mayor.\nLas comunidades que registraron el mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas en marzo por cada 100.000 habitantes fueron Comunidad Valenciana (145) y Andalucía (97). Murcia y La Rioja fueron las que registraron el mayor número de hipotecas canceladas por 100.000 habitantes, con 260 y 246 cancelaciones, respectivamente.\nLos nuevos tipos de hipoteca tienen escasa demanda\nR. Díaz Guijarro / MADRID (26-05-2008). Cinco Días\nDesconocimiento del ciudadano, escasa promoción por parte de cajas y bancos y factores socioeconómicos son las causas que alegan registradores y expertos para explicar por qué más de cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria apenas se han suscrito hipotecas inversas, recargables o flotantes.\nHa sido uno de los asuntos más comentados en los pasillos del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral, celebrado la pasada semana en Valencia, ya que la reforma entró en vigor en diciembre pasado con la esperanza de dinamizar el mercado hipotecario, abaratar el coste de estas transacciones para las familias y dar respuesta a las nuevas necesidades que se plantean, como es el problema de la dependencia y la escasa renta con la que aún viven numerosos jubilados.\nEs el caso de la hipoteca inversa. Este producto está dirigido a los mayores de 65 años y a los dependientes propietarios de una vivienda. Tiene como finalidad poder suscribir con la entidad financiera un préstamo hipotecario con cargo a su casa por el cual percibirán una renta periódica hasta el momento en el que fallezcan. La cuantía de esos pagos mensuales que les reembolsará el banco dependerá de la edad que tengan al contratar el crédito y del estado del inmueble.\nSegún recuerda el vicedecano del Colegio de Registradores de España, José María Alfín, todavía persisten muchos factores culturales y socioeconómicos que explican el bajísimo número de hipotecas inversas que se han formalizado hasta ahora. ‘Pensemos que éste es un producto que se ha importado de otros países como el mundo sajón y Francia con estructuras familiares distintas a las nuestras’. ‘Aquí es todavía muy habitual que los hijos sean quienes se hagan cargo de sus padres y mayores y prefieran ese sistema a hipotecar de nuevo la vivienda de sus familiares’, añade Alfín.\nAdemás, otros registradores consultados apuntan que también las entidades financieras parecen estar demostrando que no tienen especial interés en promover esta clase de productos, ya que en ocasiones es el banco quien deniega la concesión de la hipoteca porque el inmueble contra el que se contrae la deuda no reúne las condiciones adecuadas de cara a una futura revalorización.\nLa hipoteca recargable fue otra de las grandes novedades con las que se presentó en sociedad la reforma de la ley emprendida por Economía al final de la pasada legislatura. Se diseñó en medio de un entorno de tipos de interés creciente con el objetivo de hacer más llevadero a los hogares ese endurecimiento del acceso al crédito, después de una década de tipos hipotecarios muy baratos. Brinda la posibilidad a los propietarios de volver a endeudarse por el importe de la hipoteca que ya hayan amortizado y financiar de ese modo a un menor coste compras de otros bienes y servicios como coches, viajes o cursos de formación en el extranjero, entre otras.\nEn este caso es la actual coyuntura de falta de liquidez en los mercados y fuertes incertidumbres acerca de cómo será el devenir de la crisis lo que parece que está retrasando la suscripción de este tipo de créditos. ‘Pensemos además que ahora mismo la demanda de vivienda está a la espera de acontecimientos’, señalan desde el Colegio de Registradores.\nPor último, la ley reconoce una tercera figura, es la llamada hipoteca flotante o de máximos, orientada a garantizar con una sola hipoteca todas aquellas obligaciones, existentes y futuras, que exista o pudiera llegar a haber entre acreedor y deudor; y que tiene por objeto mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. En este caso, los expertos consultados achacan a la crisis económica y el poco tiempo transcurrido desde la aprobación de la nueva norma la escasez de este tipo de préstamos.\nUna reforma legal que no contó con la coyuntura\nLa crisis actual puede suponer la paralización a medio plazo de esta clase de hipotecas’. Así de contundente se muestra preguntado por este asunto el decano del Colegio de Registradores de España, Eugenio Rodríguez Cepeda, quien asegura que la reforma de la ley, que comenzó a gestarse en 2005, se hizo en un marco de constantes revalorizaciones del precio de la vivienda. ‘Desde luego el cambio de coyuntura va a suponer la suspensión de su aplicación, en lo que se refiere sobre todo a las nuevas figuras de la hipoteca inversa y recargable, ya que por el momento no están tan claras esas continuas revalorizaciones del inmueble’, añade. Sin embargo, los registradores no quieren mostrarse pesimistas y defienden la inclusión de estas tipologías en la legislación. ‘En determinadas situaciones serán muy útiles y con ese propósito es con el que se incluyeron en la reforma de la ley’, añade Rodríguez Cepeda.\nEn este sentido, el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España, José Tomás Bernal Quirós explica que en ningún caso las hipotecas inversas llegarán a representar un número abultado sobre el conjunto del mercado. ‘Pensemos que en un país como EE UU apenas se firman unas 40.000 al año’, matiza.\nFracasa la hipoteca inversa\nLa crisis inmobiliaria y la desconfianza hacen fracasar la hipoteca inversa, pensada para mayores de 65 años\n26.05.08 – J. D. DE ALDA. La Rioja.com\nEl Gobierno quiso el año pasado dar soporte legal a la hipoteca inversa, una fórmula ideada para que mayores de 65 años y los dependientes con casa propia pudieran complementar sus pensiones.\nLa figura se sumó a la reforma hipotecaria de diciembre acompañada de algunas ventajas fiscales que, sin embargo, no han convencido a casi nadie. Los registradores de la propiedad aseguran que estos contratos se pueden hoy contar Â«con los dedos de una manoÂ», y los bancos reconocen que Â«aún falta desarrollo legalÂ» y que los jubilados Â«siguen considerando su vivienda como el principal legado para sus hijosÂ».\nEn España se tiene la conciencia de que quien tiene un piso tiene un tesoro. Por eso los mayores se lo piensan muy mucho antes de hipotecar su casa para sacarle una renta que eleve su exigua pensión (la media ronda los 670 euros). Hasta ahora -y a pesar de que las entidades financieras lo ofrecen ya de forma más o menos habitual, con un coste eso sí del 5% o 6%-, las hipotecas inversas son Â«testimonialesÂ», como destaca Eugenio Rodríguez Cepeda, decano del Colegio de Registradores. Al miedo a suscribir un crédito sobre el Â«tesoro familiarÂ», tal y como están los tipos de interés, se suman múltiples inconvenientes.\nHerederos del préstamo\nEl primero de todos, la crisis que vive el mercado inmobiliario. Los precios de la casas no crecen como antaño y muchos auguran caídas notables en los próximos años. Y claro, no es de extrañar que bancos y cajas encarezcan un producto que no saben realmente cómo funcionará. En principio, el contrato implica que el propietario pacta una renta mensual (o pagadera de una sola vez) por su casa para que cuando él muera sus herederos paguen directamente o vendan la casa para saldar la deuda Pero la cuestión no es tan fácil pues, como asegura uno de los responsables del Colegio de Registradores, Â«hasta que no nos muramos por decreto a una edad determinada no hay nada que hacerÂ».\nNo todo son impedimentos para que la hipoteca inversa funcione algún día, pues el 84% de los hogares cuya cabeza de familia tiene más de 75 años cuenta con una casa en propiedad con un valor medio de 126.000 euros. A esto se suma que cada vez surgen más dudas sobre la solvencia futura del sistema público de pensiones con lo que puede que haya futuro para este tipo de contrato.\n¿ El fin de la escritura pública ? Por Joaquim Barata Lopes\nReproducimos ahora, traducidas al castellano por María Tecla Portela Carreiro, las declaraciones de Decano – Bastonario – de los notarios portugueses que publicamos en portugués, el día 16 de este mes.\nEstoy manifiestamente a favor de la simplificación responsable y considero que es un designio muy positivo y deseable, siempre y en la medida en que de ello se deriven mayores beneficios para los ciudadanos, concretamente, en comodidad, celeridad y reducción de costes.\nSin embargo, no siempre la simplificación aparente va a tener como consecuencia ese tipo de beneficios, pudiendo llegar a revelarse – a medio o largo plazo – como una opción desastrosa, si no se lleva a cabo de una forma responsable, que acautele otros valores y garantías, como la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, así como en la fe pública que éste garantiza, indispensables para la paz social, el buen funcionamiento de las sociedades y el desarrollo económico.\nNo hay crecimiento económico saludable sin confianza, como se viene demostrando, con especial énfasis en los últimos tiempos, con la grave crisis de los subprime, que, por otra parte, sólo puede darse en un país en el que el crédito hipotecario no está rodeado de las adecuadas garantías de seguridad y reglamentación.\nLas medidas del Gobierno en el ámbito de la Justicia, con frecuencia, han descuidado e incluso despreciado la seguridad jurídica, a pesar de que este valor no resulte, en modo alguno, incompatible con la celeridad y la simplificación. El Decreto-ley que va a aprobarse ahora vuelve a insistir en un error que ha sido recurrente en todas las medidas ya tomadas en esta área: el de hacer equivaler la dispensa de escritura pública a una medida de simplificación beneficiosa para los ciudadanos. Se trata de una suposición doblemente errónea: primero porque, considerando la especialización y la actual capacidad de respuesta de los notarios, no es más sencillo ni más rápido titular por documento particular que por escritura pública; segundo, mucho menos todavía, porque la dispensa de escritura pública pueda suponer un beneficio para los ciudadanos y/o para el Estado, teniendo en cuenta la pérdida de garantías que acarrea esa medida.\nEn efecto, celebrar un contrato por medio de escritura pública es garantizar la intervención de un jurista especializado, idóneo, exento e imparcial, que presta, del mismo modo, asesoría a las diferentes partes contratantes; que presta aclaraciones y consejo jurídico también a la parte económicamente más débil, que, en muchos casos, no tendría medios para contratar a otro jurista.\nSignifica que queda garantizada la intervención de un tercero supra partes, dotado de fe pública que asegura la validez y plena eficacia del acto, asegura que la voluntad de las partes es conforme a ley, garantiza la seguridad de la fecha en la que se practica el acto, asegura el archivo del documento, su perpetuación en el tiempo y su fácil localización en todo momento, un día, un año o un siglo después; garantiza la observación de las reglas de ordenación del territorio, garantiza las licencias y la legalidad de la construcción transmitida, controla y garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales, garantiza el acceso por parte de la administración pública y de la administración fiscal -en especial- a datos de crucial importancia para el buen éxito de tareas tan estimadas por la sociedad actual como son el combate al fraude y a la evasión fiscales, o la lucha contra el blanqueo de capitales.\nO desnotariado portuguÍªs\nArtículo de opinión de Don Joaquim Barata Lopes, bastonario de los notarios portugueses, publicado en 24 horas\nA propósito del artículo 255 de la Ley Hipotecaria.\nA propósito del artículo 255 de la LH. La suspensión de la calificación registral o la calificación registral de la suspensión. Planteamiento de la cuestión:\nVarias Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (1 de marzo de 2.006, 31 de enero de 2.007, 28 y 29 de septiembre de 2007, 16 de febrero de 2.008 y 17 de abril de 2008) están manteniendo una interpretación sobre la suspensión de la calificación registral, prevista en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, contraria a como tradicionalmente se ha entendido ésta. Dichas resoluciones mantienen que la comunicación de la suspensión es una decisión del Registrador que debe incluirse en la calificación negativa del título, con los demás defectos observados al amparo del principio de que no caben sucesivas calificaciones negativas y que la calificación ha de ser global y unitaria. Partiendo del presupuesto de que la suspensión de la calificación practicada es una verdadera calificación, el Centro Directivo está reconociendo su competencia y admitiendo recursos gubernativos contra las suspensiones de calificación comunicadas a los presentantes. En dichos recursos se ha pronunciado además a favor de la innecesidad de presentación a la administración tributaria de las cancelaciones de hipoteca por ser claros supuestos de exención.\nEste criterio de la DGRN está causando gran inquietud a los Registradores colocados ante la tesitura de cumplir literalmente lo que ordena la ley y suspender la calificación registral en “sentido estricto”, para evitar responsabilidad ante la administración tributaria, o acoger el criterio del Centro Directivo para evitar responsabilidades disciplinarias. Ha alertado también, a los órganos de la administración tributaria celosos de que se respeten sus competencias.\nEl artículo 254 de la Ley Hipotecaria dispone: Ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir. En correspondencia clara con el precepto anterior, dispone el artículo 256 de la Ley Hipotecaria:Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por actos o contratos sujetos a inscripción se presentarán y quedarán archivadas en el Registro. El Registrador que no las conservare será responsable directamente de las cantidades que hayan dejado de satisfacerse a la Hacienda. A su vez el artículo 255 párrafo 1º de la misma Ley establece el tratamiento procedimental del supuesto de falta de pago del impuesto al establecer: No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; mas, en tal caso, se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto Por su parte el artículo 107 del Reglamento Hipotecario completa la norma al establecer que:Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley, una vez acreditado el pago de la liquidación de los impuestos con la presentación, en su caso, de la carta de pago, o la exención, no sujeción o prescripción mediante la nota de la Oficina correspondiente, los Registradores se abstendrán de calificar cuanto se relacione con la liquidación o nota indicadas, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Delegación de Hacienda respectiva los errores o deficiencias que advirtieren, si lo estimaren procedente.\nEl citado artículo 254 de la legislación hipotecaria ha sido reformado recientemente por Ley 36/2006 de 29 de noviembre, de Prevención del Fraude Fiscal, adicionando varios apartados, pero ha dejado inalterado el apartado 1º que proviene de la primera Ley Hipotecaria de 1861, lo que es indicativo de la importancia que tiene el cierre registral para el legislador. Dicha Ley de Prevención es posterior a la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre y a la Ley 24/2005 de 18 de Noviembre, que introducen los sistemas de presentación telemática de documentos en el Registro, y que a su vez no consideraron conveniente o necesario modificar el Artículo 255 de la Ley Hipotecaria, por lo que no se le puede tachar de obsoleto o interpretable conforme a la realidad social actual, pues ha habido oportunidad de modificarlo y no se ha hecho.\nEl artículo 255 de la Ley Hipotecaria que ordena la suspensión fue introducido en la reforma hipotecaria de 1946, sustituyendo al derogado artículo 246 de la misma, modificando los términos “suspensión de la inscripción” por “suspensión de la calificación”.\nDispone el artículo 54 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:\nNingún documento que contenga actos o contratos sujetos a este Impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria\nLas excepciones se prevén en el artículo 54 Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en cuya virtud no será necesaria la presentación en las oficinas liquidadoras de las copias de escrituras que no tengan por objeto cantidad o cosa valuable.\nEl Reglamento del I.T.P.A.J.D. se refiere en varios preceptos al tema siendo fundamental el artículo 122, 2º y 3º con arreglo al cual: ”¦ se considerará acreditado el pago del impuesto, siempre que el documento lleve puesta la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la correspondiente autoliquidación debidamente sellada por la oficina que la haya recibido y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de la exención correspondiente\nEn estos casos, se archivará en el Registro una copia de dicha autoliquidación y el registrador hará constar, mediante nota al margen de la inscripción, que el bien o derecho transmitido queda afecto al pago de la liquidación complementaria que, en su caso, proceda practicar. En dicha nota se expresará necesariamente el importe de lo satisfecho por la autoliquidación, salvo que se haya alegado la exención o no sujeción.\nLa Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en su artículo 53.3 dispone:Las autoridades, funcionarios, oficinas o dependencias de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas no admitirán ningún tipo de documento que le sea presentado a fin distinto de su liquidación y que contenga hechos imponibles sujetos a tributos que otra Administración deba exigir, sin que se acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste declarada la exención por la oficina competente, o cuando menos, la presentación en ella del referido documento. De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediata a la Administración interesada.\nDe la conjunción de la normativa fiscal e hipotecaria vemos que el principio de cierre registral sólo puede ser salvado mediante la acreditación ante el Registro de los siguientes requisitos: – la presentación del documento que contiene el hecho imponible en la Oficina competente – la presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente en la Oficina competente -la carta de pago de la liquidación de impuestos o la nota de exención, no sujeción o prescripción.\nLos efectos del cierre registral\nInterpretación tradicional: Argumentos en los que se apoya\nEl cierre registral previsto en el artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria sólo tiene la excepción de la salvaguardia de la prioridad mediante la práctica del asiento de presentación, ordenando la suspensión de la calificación hasta la acreditación del pago de los impuestos si los devengare el acto, con devolución del título al presentante -artículo 255 Ley Hipotecaria-.\nQueda vedada por imperativo legal la calificación hasta que no se hayan cumplido las obligaciones fiscales, mediante la presentación del documento con nota justificativa del pago y de la autoliquidación debidamente sellada por la oficina competente, constando el pago o la alegación de no sujeción o exención.\nLa suspensión de la calificación del título se produce desde el mismo día de la práctica del asiento de presentación, no dándose contra ella recurso gubernativo por no tratarse de una calificación registral, que debe limitarse a los extremos del artículo 18 de la Ley Hipotecaria.\nLa suspensión prevista en la ley es imperativa, como lo es la calificación positiva o negativa, o la práctica o denegación del asiento de presentación, y si bien en estos dos últimos casos, calificación negativa y denegación de la presentación, sí que se prevé se exprese la motivación jurídica y se notifique formalmente, no ocurre lo mismo en el primer caso.\nSi de la documentación presentada al Registro resultare la nota fiscal de presentación, su calificación, también está vedada al registrador por el artículo 107 del Reglamento Hipotecario al establecer que:\nSin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley, una vez acreditado el pago de la liquidación de los impuestos con la presentación, en su caso, de la carta de pago, o la exención, no sujeción o prescripción mediante la nota de la Oficina correspondiente, los Registradores se abstendrán de calificar cuanto se relacione con la liquidación o nota indicadas, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Delegación de Hacienda respectiva los errores o deficiencias que advirtieren, si lo estimaren procedente.\nPrecepto éste expresivo asimismo de que el cumplimento de los deberes fiscales es previo a la calificación registral pues delimita su contenido desde un punto de vista negativo.\nPor todo ello la falta de acreditación de las obligaciones fiscales, que motiva la suspensión de la calificación, no debe reputarse defecto que impida o suspenda la inscripción, ni cabe por tanto anotación por defecto subsanable pues sería contrariar frontalmente el artículo 255 de la propia Ley Hipotecaria.\nLa calificación de la suspensión, implicaría prórroga del asiento de presentación no prevista por la ley y debe recordarse que el Tribunal Supremo en la sentencia de 31 de enero de 2001 anuló varios artículos del Reglamento Hipotecario al establecer un supuesto de prorroga del asiento de presentación, materia afectada por reserva de ley.\nLa suspensión de la calificación en principio no requiere acuerdo específico -no esta previsto en la legislación hipotecaria- y si lo requiriera contra él no cabría recurso, y menos el gubernativo pues es la propia ley y no el acto la que determinaría la imposibilidad momentánea, que no definitiva, de continuar el procedimiento -artículo 255 L.H. y 107 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre-.\nLa suspensión de la calificación ordenada por la ley Hipotecaria no es cuestión baladí, en interés de la Hacienda Pública, como medida antielusión, si se tiene en cuenta la finalidad de motivar la pronta presentación de los documentos a la Administración Tributaria cuando se pretenda hacerlos valer en beneficio del interesado en asegurar su derecho obteniendo la inscripción registral. Asimismo, el hecho de revelar al interesado defectos que impidan la inscripción en un momento previo a la presentación del documento a la Administración Tributaria competente, podría alentar su no presentación al desaparecer la motivación basada en el interés en el acceso del documento al registro, pues el impuesto se devenga con independencia de los defectos de que adolezca – artículo 2 Texto Refundido del I.T.P. y A.J.D.-\nLa novedosa interpretación del cierre por la DGRN\nSobre la suspensión de la calificación\nLa Dirección General de los Registros y del Notariado partiendo del presupuesto de que la comunicación de la suspensión de la calificación se trata de una verdadera calificación negativa, está estimando recursos contra las suspensiones y pronunciándose sobre el tema, por la vía del recurso gubernativo.\nLa D.G.R.N. interpreta el artículo 255 de la Ley Hipotecaria a la luz de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, que introduce las nuevas tecnologías en el ámbito registral y notarial, y en base a la celeridad procedimental y agilidad, y por considerar aplicable los artículos 74 y 75 de la ley 30/92, de 26 de noviembre que exige acordar en un sólo tramite todos los actos que por su naturaleza sean susceptibles de impulso simultáneo, en beneficio del interesado. Y concluye que la calificación registral se puede emitir antes de la presentación a la Administración Tributaria.\nConsidero que esta interpretación implica priorizar el interés privado sobre el de la Hacienda Pública. Dicha interpretación puede tener además del efecto contrario al que se trata de conseguir pues la práctica totalidad de documentos inscribibles se presentan a registro con carácter previo a la presentación fiscal, con lo cual todos ellos adolecerían de defectos subsanables, exigiendo en tal caso calificación negativa que siempre implicaría una multiplicidad de nuevos trámites que ralentizarían a su vez la salida definitiva de documentos.\nEn relación con la eventual indefensión del interesado ante la decisión de suspender la calificación cabe esgrimir, como se ha dicho, que es un acto de mero trámite que no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, pues sólo esta suspendida la calificación hasta que se cumplan las obligaciones fiscales y durante la vigencia del asiento de presentación, pudiendo iniciarse de nuevo el procedimiento una vez caducado el primer asiento de presentación. Por tanto no sería el supuesto del artículo 107 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre relativo a los actos de trámite recurribles que son los que impiden continuar el procedimiento.\nEn todo caso, si fuera recurrible estaríamos ante una laguna legal , pues no está previsto el recurso contra el acto dado que el recurso judicial o el que se sigue ante la D.G.R.N., a que se refiere el artículo 324 de la Ley Hipotecaria está limitado a las calificaciones negativas del registrador, y tampoco se adecua al supuesto, dado que la administración tributaria afectada ni es parte ni se prevé ninguna intervención al haberse suprimido el traslado del recurso a interesados no recurrentes por Ley 24/2005, de 18 de noviembre, lo que podría traducirse en una potencial indefensión, en este caso de la administración.\nSobre la calificación tributaria por los registradores.\nLa D.G.R.N. está sentando el criterio de que no es necesaria la presentación a la administración en supuestos como el de cancelación de hipoteca por resultar claramente la exención que puede ser apreciada de oficio. Este criterio se inició con las anotaciones ordenadas de oficio – supuesto de no sujeción-, continúa en las aceptación de hipoteca por la Tesorería, por razón del sujeto pasivo, para ahora extender el criterio a las cancelaciones de hipoteca por razón de la agilidad del tráfico.\nIndependientemente de enjuiciar el acierto o no del criterio, cuya solución corresponderá a las administraciones implicadas, tributaria – estatal y de las comunidades autónomas- y la de justicia; creo que debe recordase a los registradores que, siguiendo el mismo, aprecien de oficio la concurrencia de la exención, una cuestión en la que no se ha hecho demasiado hincapié: la responsabilidad del registrador frente a la Hacienda Pública.\nEs criterio de la Dirección General los Registros y del Notariado que la valoración fiscal que realice el Registrador relativa a la sujeción o no de los impuestos es suficiente para acceder a la inscripción o para suspenderla en caso negativo, puede por tanto apreciar por sí la no sujeción del acto, entrando dentro de las facultades calificadoras su apreciación de oficio de la no sujeción.\nPor tanto, se configura como facultad apreciar de oficio la no sujeción de un acto sin necesidad de presentación a la administración para proceder a la práctica del asiento, pero en todo caso bajo su responsabilidad personal. En este sentido, la Resolución de 5 de mayo de 1.994 que dispuso: “”¦ por lo que si el Registrador para salvaguardar su responsabilidad exigiese la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes los que podrán manifestarse al respecto”.\nLa responsabilidad del registrador esta además prevista en el artículo 256 de la propia Ley Hipotecaria por las cantidades que dejasen de satisfacerse a la Hacienda Pública, si no archivó y conservó la carta de pago.\nLa apreciación de oficio de las exenciones implica proceder a la inscripción sin hacer constar la nota marginal de afección fiscal que debe extenderse por exigirlo el reglamento del tributo, con referencia a la nota de la administración -artículo 5 R.T.P. y .A.J.D-.\nComo reconoce la Dirección General, no podía ser de otra manera, la calificación tributaria definitiva corresponde a la Administración Tributaria que es la competente funcionalmente. Por tanto la responsabilidad del Registrador es clara si la calificación administrativa determinara que el documento contiene otros actos sujetos que el Registrador no apreció, con ocasión de una valoración fiscal incorrecta -como una transmisión disimulada, un reconocimiento de dominio en un simple exceso de cabida, procediera acumular donaciones “no sujetas” por razón de cuantía, prescripciones interrumpidas”¦-. Piénsese que la afección de los bienes trasmitidos al pago del impuesto, prerrogativa de la Hacienda Pública que resulta del artículo 5 del Reglamento del I.T.P. y A.J.D. quedaría de facto suprimida si surgiese un tercero protegido por la fe pública registral, al no constar la nota marginal de afección fiscal preceptiva que la enerva.\nPor todo lo cual se considera que siendo una facultad, según el Centro Directivo, no puede imponerse al Registrador la apreciación de oficio de exenciones, como sostuvo también la Resolución de 16 de febrero de 2.007. Y no hay razón para que reciban distinto trato las exenciones objetivas respecto a las subjetivas, en supuestos de actos sujetos al impuesto pero exentos, como es el caso de las cancelaciones de hipoteca.\nRosa Navarro Díaz, Registradora de la Propiedad\nLos registradores piden una ley para las familias sobreendeudadas\nAfirman que las actuales normas no dan Â«una segunda oportunidadÂ»\n21.05.08 – JULIO DÍAZ DE ALDA. El Diario montañés\nLos registradores de la propiedad plantearon este martes al Gobierno la conveniencia de elaborar una ley específica que trate las insolvencias familiares ante la crisis hipotecaria que sufren muchas economías domésticas. Una norma de concursos en los hogares que permita Â«una segunda oportunidadÂ» a los particulares sobreendedudados.\nAsí lo expuso Luis Fernández del Pozo, registrador y catedrático de Derecho Mercantil, que recordó que en la Unión Europea Â«hay recomendaciones para tratar este asunto y países que ya lo contemplanÂ».\nLos registradores, que celebran estos días en Valencia su Congreso Internacional, afirman como actores ‘próximos a la realidad’ que los mayores problemas están aún por venir. Y es que la actual Ley Concursal -a la que en lo que va de año se han acogido 66 familias españolas, un 230% más que hace un año- no está pensada para los problemas domésticos.\nEn otros países como Alemania -donde cada año más de un millón de hogares se declaran en quiebra- existe un cuerpo legislativo ‘ad hoc’ que trata siempre de facilitarles la vuelta a la normalidad. Ese sería el camino a seguir según Fernández del Pozo, quien recordó que el Partido Socialista manejó durante la última legislatura del Gobierno de José María Aznar una propuesta de ley en esta línea.\nLa solución podría pasar por dar un plazo de cuatro o cinco años a quienes, siempre de buena fe, se hubieran visto atrapados por el derrumbe del mercado inmobiliario.\nUn tiempo, explicó el experto, durante el cual podrían -incluso con alguna rebaja- pagar sus deudas con bancos, administraciones y el resto de sus deudores.\nÂ«La ley actual no está hecha para las familias, pues es muy cara, supone un proceso muy largo y, además, los hogares no se pueden extinguir como hacen las empresasÂ», apuntó Fernández del Pozo.\nLos registradores creen que la Ley Hipotecaria favorece el embargo\nR. Díaz Guijarro / VALENCIA (22-05-2008) Cinco días\nLa reforma de la ley hipotecaria plantea incertidumbres, según los registradores de la propiedad. Una de ellas es la posibilidad de que aumente el número de embargos, ya que ahora es obligatorio incluir en el asiento registral todas las cláusulas personales del contrato del préstamo. Si se incumple una de esas condiciones, el banco podrá ejecutar la hipoteca.\nPoco más de cinco meses después de que entrara en vigor la reforma de la ley hipotecaria los juristas advierten de los problemas que está ocasionando este cambio normativo, del que aún resta el desarrollo reglamentario. En opinión del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, Francisco Blasco, la obligatoriedad de registrar todas las cláusulas personales que contiene el contrato del préstamo hipotecario ‘está generando cierta indefensión entre los titulares de esta clase de créditos’.\nDurante la celebración en Valencia del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral (Cinder), Blasco explicó que antes de la reforma sólo se incluían en el asiento registral de un bien inmueble sujeto a hipoteca las denominadas ‘cláusulas de trascendencia real’, que son aquellas que afectan directamente al inmueble y se excluían las ‘personales’, referidas a las que pactan la entidad financiera y el titular del préstamo en su contrato.\nDe este modo, si una de esas cláusulas exige el pago de un seguro de vida y el titular de la casa hipotecada deja de pagar dicha póliza, el banco podría ejecutar la hipoteca y proceder a un embargo’, explicó Francisco Blasco. Por su parte, el secretario general del Cinder, Enrique Rajoy, admitió que la introducción de estas modificaciones está generando una gran incertidumbre, ya que recordó que el registrador tiene la potestad de calificar en un momento determinado si alguna de esas cláusulas son abusivas, por lo que podría denegar su inclusión en el registro y entonces sería un juez quien debería dirimir el conflicto.\nExpertos consultados aseguran que, de facto, ya se están produciendo algunas denegaciones de dichas cláusulas, lo que produce ‘cierta indefensión para la colectividad’.\nNo obstante, los registradores confían que finalmente ‘las entidades financieras no ejecuten hipotecas por este tipo de incumplimientos’, aseguró Fernando P. Méndez, ex decano del Colegio de Registradores.\nGanadores y perdedores del nuevo texto legal\nLa reforma de la ley hipotecaria sigue, cinco meses después, levantando ampollas en múltiples colectivos. Los más críticos aseguran que la iniciativa llevada a cabo en 2007 otorga a las entidades crediticias más poder y, por el contrario, descafeína la labor del registrador. ‘Y recordemos que si el registrador no puede calificar, la colectividad se queda indefensa’, recuerda Fernando P. Méndez. La situación que se plantea es tal que una familia podría llegar a perder su casa pese a seguir pagando los recibos de su hipoteca, si en su contrato con el banco se indica que se procederá al vencimiento anticipado del préstamo cuando el valor de tasación del inmueble baje por debajo de un porcentaje predeterminado. Algunos expertos atribuyen este cambio al deseo de bancos y cajas de fidelizar al máximo sus clientes.\nLos registradores creen que la crisis se prolongará hasta 2010\nEl Mundo. VALENCIA.- El Colegio de Registradores cree que la crisis inmobiliaria no ha tocado techo y que el mercado no se recuperará hasta 2010. «La demanda existe pero el mercado tiene que absorber el stock de viviendas existentes. La situación podría recuperar la normalidad en dos años», puntualizó Eugenio Rodríguez Cepeda, presidente del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, en la jornada de clausura del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral (CINDER).\nA juicio de este colectivo, el desplome de las ventas de pisos tiene que ver con la crisis financiera, la crisis de confianza y con el exceso de viviendas que los promotores pusieron en el mercado.\nConsideran que hay indicios de que la falta de liquidez se va a normalizar en el corto plazo y que el comprador tendrá recuperar el acceso a la financiación. Según Rodríguez Cepeda, muchas transacciones se han truncado en estos últimos meses por la imposibilidad de suscribir un crédito hipotecario.\nOtra cosa es acabar con el exceso de oferta que existe en el mercado. Y que para que el declive del mercado de la vivienda no vaya a mayores, este colectivo pide al Gobierno medidas y que «acierte» con su política de vivienda. «Las actuaciones del Ministerio de Vivienda debería incidir para que la repercusión del suelo en los precios de los pisos sea inferior y para incentivar la construcción de vivienda protegidas», señalo el vicedecano José María Alfín.\nPor otra parte, este colectivo alertó de que la morosidad de los titulares de créditos hipotecarios podría dispararse hasta el 3% frente al 1,26%. Pese al fuerte incremento de esa tasa, los registradores dudan que esta tasa llegue a situarse entre el 6% y el 7% que alcanzó en la crisis inmobiliaria de principios de la década de los noventa.\nLOS EQUILIBRIOS DEL SISTEMA\nFrancisco Javier Gómez Jené – Registrador de la Propiedad\nEn España existen engranajes y equilibrios muy delicados, que conviene no alterar ni romper. Pero en ocasiones hay órganos de unas u otras administraciones que invaden competencias, o directamente toman decisiones no respaldadas por las leyes vigentes sino por la interpretación particular del alto funcionario responsable. Y se rompe el equilibrio.\nEs el caso de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Órgano que tiene unas funciones especificas y perfectamente definidas – entre las que no está el enmendarles la plana a los legisladores – no obstante lo cual parece querer erigirse en órgano cuasilegislativo, dictando resoluciones contrarias a los términos explícitos y claros de la ley (Resolución de 7/04/08).\nVeamos. Cuando se va a inscribir al Registro de la Propiedad, la ley exige acreditar la presentación previa ante los órganos fiscales. Se pretende así controlar todos los actos y negocios jurídicos susceptibles de ser gravados, por la vía de impedir la inscripción. Pero, para que esta exigencia no perjudique al interesado haciéndole perder prioridad y, por tanto, derechos, se permite su acceso al Registro bien que imponiendo al Registrador de la Propiedad – artículo 255 de la Ley Hipotecaria – que no califique, que demore la calificación hasta que se acredite la presentación citada. Con una expresión rotunda, imperativa: “Se suspenderá la calificación”. Esto es: no califique el documento, retrase su calificación hasta que se acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y hay pluralidad de artículos, en distintas leyes y reglamentos, que insisten en vedar el acceso al Registro de la Propiedad.\nPues bien, aunque la ley es clara, la DGRN estima que debiera decir otra cosa y, por lo tanto, se dedica a dictar Resoluciones frontalmente contrarias al citado artículo. Y así dice que se califique la exención o no sujeción. Llegando al extremo de que un Registrador carente de competencias como liquidador por no habérsela delegado su autonomía, ejercerá funciones de calificador de actos liquidables pero no porque así lo haya acordado la comunidad autónoma, sino porque lo decide la DGRN. Tremendo. No sólo se actúa en contra de la Ley Hipotecaria, también en contra de la LOFCA y de las competencias de las autonomías.\nNo creo que sea del agrado de Consejeros/as de Hacienda o Directores/as Generales de Tributos de las autonomías, caer en la cuenta de que la norma que les garantiza que todo acto inscribible pasará por sus oficinas para ser objeto de la oportuna comprobación, queda sin efecto porque la DGRN decide que sea de otra manera, aún en contra absolutamente de lo que, con meridiana claridad, dice la ley. Perder recaudación tributaria a través de este mecanismo seguro que les resulta tan sorprendente como desagradable. Y aún más comprobar que se invade sus competencias.\nVuelvo al principio. Lo que no puede ni debe hacerse en un estado de derecho es romper los equilibrios del sistema. Hay que respetar las normas y las competencias de cada uno. Y si el Parlamento ha decidido no modificar el artículo 255 de la Ley, no puede dejarlo sin contenido una Dirección General. Que tampoco puede atribuir competencias en materia de liquidación de tributos cedidos que no tiene.\nExpansión. 20 de mayo de 2008\nNuevo régimen de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles\nPermitirá alteraciones sustanciales en aspectos como la transformación, fusión, escisión. cesión global de activo y pasivo, así como traslado internacional del domicilio social.\nEnlace al gabinete de prensa del Ministerio de Justicia\nGoverno deixa cair escrituras dos imóveis\nRecogida en la página web de la Orden de los los notarios de Portugal\nNoticia del periódico portugués Vida Económica del 9 de mayo\nDeclaraciones del Bastonario de los Notarios portugueses Don Joaquím Barata Lopes\nO fin da escritura pública\nEsta historia la leí, creo que cuando era pequeño en un libro de texto. Obviamente no recuerdo las palabras del relato original pero su esencia se me quedó grabada.\nCuentan que ha mucho tiempo, cuando los Reyes Católicos recuperaban las tierras usurpadas por los árabes, y recién firmada la capitulación de Granada, los monarcas que se encontraban sitiando la ciudad, reunidos con sus nobles y oficiales decidieron elevar la moral de la tropa repartiendo premios y prebendas a los soldados que más se habían distinguido en la lucha. Así pues, consultaron a sus capitanes sobre quienes debían ser los agraciados. Estando reunidos escucharon gran tumulto cerca de la tienda y al preguntar a que se debía les contestaron:\nMajestad, se trata de dos soldados que si bien se distinguen en el campo de batalla como bravos y valientes, cuando la lid cesa ellos la retoman discutiendo y peleando entre si por los motivos más nimios.\nA fe nuestra que nos extraña, si tan mal se avienen, ¿por qué se frecuentan?\nLa razón es, mi Señor, que uno de ellos es tremendamente envidioso y no soporta que el otro reciba ningún beneficio que a él no le halla correspondido, y el otro es terriblemente egoísta y se reconcome pensando que los dones que recibe su compañero son perdidos por él. Así es que ninguno de los dos quiere perder de vista al otro por tener puntual conocimiento de las gracias percibidas.\nPardiez. Resúltanos harto ameno, y por tal, y por seguir con el esparcimiento quiero que los mandéis incluir en el listado de aquellos que van a ser premiados.\nAsí se hará, mi Señor.\nMás tarde, ya avanzado el día, se ordenó a las tropas formar ante la tienda de sus majestades, donde se ubicaron dos tronos. Aquellos que se habían hecho acreedores de una recompensa fueron colocados en primera fila, siendo los dos “amigos” los últimos en pasar ante los monarcas.\nNos han informado de vuestra conducta y valor demostrado en el combate- dijo el Rey- y es por eso que recibiréis justa recompensa en proporción a vuestros méritos.\nUno a uno, los recompensados fueron pasando y cada uno de ellos fue agraciado en relación a sus actos en el combate. Cuando ya sólo faltaban los dos últimos, el Rey ordenó que en vez de pasar de uno en uno, fueran ambos a la vez los que se presentaran ante él.\nMuy bien nos han hablado los oficiales de vuesas mercedes- dijo la Reina- acerca de vuestra actitud en la lucha contra los infieles. Y es por eso que el Rey y yo hemos decidido recompensaros.\nNo obstante- intervino el Rey- también nos han dado conocimiento de los muchos altercados que habéis provocado en el campamento y por esto, debéis ser castigados.\nPero dado que hoy es día de fiesta- dijo la Reina poniendo su mano sobre el brazo del Rey- intentaremos que la pena impuesta sea asaz suave.\nLos dos aludidos, que tras las palabras del Rey temíanse lo peor, respiraron aliviados, preguntándose en que consistiría el castigo real.\nVos mismos, elegiréis el premio que deseáis por vuestra conducta y, si es razonable, lo obtendréis- explicó la Reina.\nPero- puntualizó el Rey- tened presente una cosa. Aquel de vosotros que pida primero recibirá la recompensa solicitada, y el segundo”¦ recibirá el doble.\nEl envidioso y el egoísta se miraron entre sí pensando que hacer y razonando de la siguiente forma:\nPodría pedir una hacienda- pensaba el envidioso- y retirarme y vivir como un señor, pero entonces, este hijodalgo recibiría una hacienda el doble de grande, cuando sus meritos no son superiores a los míos. Dejaré que sea él quien pida primero y así yo conseguiré más.\nSi pidiera un arcón lleno de oro- razonaba el egoísta- podría vivir el resto de mi vida sin tener que trabajar, pero entonces, este malnacido se llevaría dos arcones. Mejor esperar a que él pida para yo obtener el doble.\nY así entre las burlas y chanzas de los presentes, los dos se miraban sin decidirse ninguno a efectuar su petición, esperando a que el otro lo hiciera para alcanzar mayor recompensa. Transcurrido un rato y viendo que ninguno contestaba, el Rey ordeno al envidioso que hiciera él la solicitud.\nMucho rato hemos esperado, hora es de que digáis cual es el premio que queréis como recompensa a vuestro valor.\nY el envidioso, viendo que por fuerza era él quien debía pedir primero y que el otro sería quien obtendría el doble dijo:\nMajestad, como premio solicito”¦ que me sea extraído un ojo.\n¿Pero como queréis que se os haga eso, acaso habéis perdido el juicio?- preguntó la Reina.\nNo, Majestad- repuso el envidioso- os solicito que me saquéis un ojo, para que a él le sean sacados los dos.\nEsta respuesta provocó la hilaridad de todos los presentes, que comprobaron hasta que punto llegaba el afán de evitar que su compañero tuviese algún beneficio superior al suyo, prestándose a sufrir un castigo con tal de que al otro le aplicasen el doble. Los Reyes, haciendo caso omiso de esta petición, le indicaron lo estrafalario de la misma, otorgando al fin, a cada uno de ellos, una recompensa en ducados de oro.\nP.D. La pena de esta historia es que aun siendo ficticia, refleja tristemente el carácter del español, prefiriendo muchas veces perder un beneficio propio, con tal de que el vecino pierda el doble.\nSistema retributivo de los registradores\nIU-ICV quieren que se modifique el «agraviante e insólito» sistema retributivo de los registradores MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) – Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) quieren que el Ejecutivo modifique el sistema retributivo de los registradores de la propiedad y mercantiles, que considera un «privilegio no justificado, agraviante e insólito», para equipararlo al del resto de funcionarios públicos. Ambas formaciones han registrado en el Congreso una proposición no de ley en cuyo texto, al que tuvo acceso Europa Press, denuncian que los registradores combinan un ‘status’ de funcionarios públicos con el de profesionales del derecho, lo que les permite percibir retribuciones «acordes al mercado» directamente por parte de los ciudadanos y sin el inconveniente de la competencia. Por este motivo, exigen la creación de una comisión interministerial entre Economía, Justicia y Administraciones Públicas que, en el plazo de seis meses, elabore un informe que detalle tanto los ingresos brutos como los gastos y retribuciones de estos profesionales en los últimos tres ejercicios. En base a esta información, la comisión procedería a fijar una retribución para los registradores de la propiedad y mercantiles con criterios similares a los del resto de funcionarios públicos, y bajo el principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos establecida en la Ley de Tasa y Precios Públicos. En este sentido, se elaboraría un informe jurídico y económico sobre la posibilidad de implantar el sistema de tasas en la gestión de los registros, así como la participación de las comunidades autónomas en su gestión y administración. BONIFICAR HASTA UN 95% LAS HIPOTECAS DE VPO De esta forma, IU e ICV, que comparten grupo parlamentario con ERC, aprovechan su proposición no de ley para introducir la exigencia de que se contemplen exenciones de hasta un 90% para los contratos en los que intervengan las administraciones central y territoriales, así como el resto de entidades públicas. Además, proponen elevar hasta el 95% las bonificaciones a todos los aranceles registrales relativos a hipotecas sobre viviendas de protección oficial (VPO) atendiendo a la «capacidad económica» de los ciudadanos.\nLos registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles no son los únicos funcionarios que tienen este sistema retributivo.\nHay otro arancel, el notarial, que participa de la misma justificación y con el cual comparte muchos años de historia.\nNo nos parece adecuado plantear el sistema retributivo de forma abstracta al margen del contenido de función; máxime cuando se ha ido adaptando a todas las exigencias de tipo social, incluso gratuidad, que se han planteado.\nClasificado bajo: Sin categoría | 20 comentarios »\nCarta de los abogados del señor Bolás a una pagina web de sus propios compañeros\nBarcelona lidera la crisis inmobiliaria\nDe la ensalada de datos institucionales y de agentes privados que bombardean a la opinión pública a diario sobre el mercado inmobiliario, se extrae la conclusión de que la crisis por la que atraviesa el sector se ha cebado en Cataluña en el primer trimestre de este año. Relevante es tanto la drástica disminución del 42 por ciento de las compraventas registradas hasta marzo en la provincia de Barcelona, lo que supone la mayor caída de toda España; como lo es también la reducción de los precios de la vivienda nueva y usada, que también encabeza el ajuste del conjunto del país, según diversos estudios hechos públicos esta semana.\nLa situación ha provocado el cierre de casi la mitad de las oficinas de intermediación inmobiliaria que hace un año poblaban las calles del área metropolitana de Barcelona y las costas catalanas. Son sus locales los que ahora lucen los carteles de ‘En venta’. El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) cifra en 40.000 oficinas inmobiliarias las víctimas de la crisis del ladrillo en España, lo que supone el 40 por ciento del sector, básicamente centrado en pequeños establecimientos propiedad de extranjeros, ubicados en las costas y especializados en segundas residencias, pero también en las principales ciudades.\nAunque la desaceleración económica ha reducido la creación de empresas en todos los sectores sin excepción durante el primer trimestre en comparación con las que se pusieron en marcha durante el mismo período de 2007, el frenazo más acusado se ha producido en las actividades inmobiliarias, sector en el que se han creado 5.999 menos que en 2007, lo que supone una espectacular caída del 51,74 por ciento, según el estudio de Axesor Radar Sectorial. El estancamiento de la demanda inmobiliaria ha venido propiciada por la crisis de liquidez del sistema financiero mundial. Los bancos y cajas huyen cuesta abajo del riesgo, lo que se traduce en una drástica reducción de la concesión de créditos, sobre todo los hipotecarios.\nA esta circunstancia se ha unido el creciente protagonismo de internet en la búsqueda de pisos, lo que reduce la actividad de las agencias de intermediación. Respecto al precio, la COAPI también asegura que en el 80 por ciento de las operaciones de compraventa realizadas el propietario tuvo que rebajar significativamente el precio de la vivienda para lograr venderla. El sector de la intermediación atribuye la parálisis de la demanda al cierre del grifo de la financiación por parte de las cajas de ahorros y bancos ante la crisis de liquidez que atraviesa el sector en todo el mundo.\nEl sector de la intermediación subraya que ‘la demanda de viviendas persiste, pero de forma latente, posponiendo las decisiones de compra a la espera de que bajen más los precios y, en el caso de querer comprar, sin financiación’. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores y Constructores de Edificios de Barcelona y Provincia (APCE), Enric Reyna, ha dejado bien claro que las viviendas nuevas no van a bajar mucho más de lo que lo han hecho ya.\nPor contra, Cataluña es la comunidad donde más han caído los precios de la vivienda usada, según el informe Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por la escuela de negocios IESE bajo la dirección del profesor José Luis Suárez. En Cataluña, el precio de los inmuebles cayó un 5,3 por ciento en marzo de 2008 respecto al mimo mes de 2007. Sólo en seis municipios catalanes de los 71 analizados ha subido el precio (lo que supone el 8 por ciento del total), mientras que ha bajado en el resto de la muestra, 64 de ellos.\nPero más espectacular es la caída numérica de operaciones de compraventa. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra que las compraventas de viviendas bajaron el 24,4 por ciento en España en febrero respecto al mismo mes del 2007, y que la cifra de nuevas hipotecas se redujo el 25,8 por ciento en el mismo periodo. Sin embargo, en la provincia de Barcelona el parón inmobiliario casi dobla la media nacional, ya que las compraventas cayeron el 42,6 por ciento. En ambos casos, la caída ha sido mucho más fuerte en las ventas de pisos usados que en las viviendas de obra nueva.\nEl INE ha obtenido los datos de los colegios de registradores y reflejan un agravamiento de la crisis en el sector. Para situar la importancia del bajón basta recordar que en todo el 2007 se vendieron un 14 por ciento menos de viviendas que un año antes en España, mientras que hasta febrero del 2008 bajaron un 10 por ciento más, es decir, un 24 por ciento. En el caso de Barcelona, mientras que la caída del 2007 fue del 29,5 por ciento, la registrada en febrero del 2008 la supera en 13 puntos hasta alcanzar el 43,5 por ciento. En el conjunto de Catalunya, la mayor caída porcentual de ventas en febrero se registró en los pisos de segunda mano en la provincia de Girona (-51 por ciento), seguida de Barcelona (-50,2 por ciento), donde la demanda de nuevas residencias ha bajado mucho menos, un 30 por ciento.\nEn todo caso, el estocaje de viviendas nuevas vacías sigue aumentando, porque a la vez que en la zona barcelonesa se vendieron 1.938 pisos nuevos, entraron en el mercado 3.678 más recién acabados. Hasta ahora, las restricciones crediticias han afectado más a la oferta de segunda mano, los pisos en principio más baratos, pero que son también los que acarrean un mayor riesgo para los bancos. Según el INE, en febrero casi se igualaron las compraventas de viviendas nuevas (26.923) y usadas (28.539), algo que no ocurría desde hacía años.\nEn el conjunto de Cataluña, el número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 35,6 por ciento en febrero, hasta 12.681 inmuebles. Y el importe medio disminuyó el 3,5 por ciento y se situó en poco más de 180.000 euros. Esta bajada se debe a la suma de dos factores: al endurecimiento de las condiciones de los préstamos (ninguna entidad ofrece ya hipotecas por el 100 por ciento) y a la bajada de precios. Cataluña también es la comunidad donde más han caído los precios de la vivienda usada, según el informe Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por la escuela de negocios IESE.\nEn toda la comunidad autónoma, el precio de los inmuebles cayó un 5,3 por ciento en marzo de 2008 respecto al mimo mes de 2007. Sólo en seis municipios catalanes de los 71 analizados ha subido el precio (lo que supone el 8 por ciento del total), mientras que ha bajado en 64 municipios. Entre los 30 municipios más caros de España, destaca la presencia de Cataluña con 17 poblaciones. En el primer trimestre del año, 39 provincias redujeron el precio medio de la vivienda, pero fue la de Barcelona la que se llevó la palma, al batir el récord de una bajada del 10,1 por ciento. Entre las diez provincias que aumentaron sus precios, destaca Tarragona con un 11,6 por ciento.\nTres de cada cuatro viviendas no llegan a venderse\nTres de cada cuatro nuevas viviendas no llega a venderse\nEl mercado inmobiliario de la provincia de Ciudad Real edificó entre febrero de 2007 y el mismo mes de 2008 cerca de 10.000 viviendas de las que tan sólo se vendieron cerca de 3.000\nROBERTO CHÍVARRI / CIUDAD REAL\nLa crisis y la desaceleración económica en la provincia de Ciudad Real se comienza a cobrar una nueva víctima, la de las viviendas finalizadas que no se consiguen vender.\nAsí, según las cifras de certificados de final de obra concedidos por realizadas por el Ministerio de Fomento, que se obtienen a partir de los visados de dirección de obra de los colegios de arquitectos técnicos, unidos los datos del Instituto Nacional de Estadística referido a las compraventas de viviendas del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, entre febrero de 2007 a febrero de 2008 se quedaron sin vender casi tres de cada cuatro viviendas nuevas finalizadas, esto es, el 72,2 por ciento.\n2.952 ventas. Según Fomento, en ese periodo de tiempo obtuvieron el certificado de fin de obra 9.980 viviendas, mientras que tan sólo se vendieron 2.952 viviendas nuevas, según el Colegio de Registradores.\nLa imagen de bloques y promociones finalizadas a la espera de la llegada de sus nuevos propietarios comienza a hacerse más frecuente en determinados puntos de la provincia.\nAsí, el porcentaje de viviendas que se terminaron pero que no encontraron comprador se elevó especialmente en los meses del pasado verano, es lo que la construcción registró sus mejores datos, rondando las mil residencias finalizadas, mientras que las transacciones de viviendas apenas superaron las 200.\nEse dato de viviendas sin dueño se volvió a incrementar a partir del mes de octubre, debido al efecto de las hipotecas subprime estadounidenses.\nEn Castilla-La Mancha, la situación es prácticamente similar a la experimentada en la provincia. Entre los meses de febrero de 2007 a febrero de 2008 se finalizaron 52.763 viviendas, de las que apenas se llegaron a vender 13.475.\nPor lo que se refiere a la provincia de Ciudad Real, la situación incluso se ha ido agravando en estos primeros meses del año 2008, en los que se han sumado 1.316 viviendas sin despacharse y de cara a los próximos meses puede ser aún más preocupante, ya que, por ejemplo, el pasado año 2007 se cerró la construcción en la provincia de Ciudad Real de 11.176 viviendas, un 16,8% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Fomento. Remontándose a la serie histórica de los datos del Ministerio de Fomento, desde el 2002 la cifra de pisos que se terminaron de construir no ha dejado de crecer cada año. La de 2007 es la cifra más alta de los últimos ejercicios, y suma más que la totalidad de edificios y viviendas construidos entre los años 2001 y 2002, cuando se edificaron 4.141 y 5.084 edificios y viviendas, respectivamente.\nAlgunos constructores de Ciudad Real han comenzado a sugerir a los ayuntamientos de que rebajen el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con el objetivo de impulsar las empresas del sector y ayudarlas ante la situación de crisis que padece la economía española.\nLa Junta de Castilla-La Mancha también ha tomado cartas en el asunto y recientemente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunciaba la creación de un nuevo tipo de viviendas, de iniciativa público-privada (VIPP), que serán construidas a iniciativa de promotores particulares pero contarán con financiación pública para su construcción. Además, el Gobierno regional se comprometerá a garantizar la existencia de comprador para las viviendas desde el día del inicio de la obra.\nImpuesto de construcción. Por su parte, algunos consistorios de la provincia de Ciudad Real incluso habrían dado ya el paso adelante con la voluntad de dinamizar la edificación de viviendas y de seguir generando puestos de trabajo, de manera que se intenten frenar los efectos negativos de la crisis económica.\nY es que esta situación de desaceleración por la que atraviesa el sector inmobiliario no sólo está afectando a las agencias dedicadas a la venta y alquiler de pisos y a los promotores de las viviendas, sino que sus efectos también se están dejando sentir en todas aquellas empresas relacionadas con el hogar. Negocios como los de la decoración, el textil y el mobiliario, así como de electrodomésticos se han visto arrastrados por la caída estrepitosa de la construcción.\nI Foro Internacional de Administración Electrónica y Seguridad Jurídica\nTendrá lugar en Madrid los próximos días 12, 13 y 14 de mayo en la sede del Colegio Nacional de Registradores, calle Príncipe de Vergara 72, Madrid.\nPara abrir el enlace hay que pulsar una segunda vez\nLa Banca pide al Gobierno financiar la crisis inmobiliaria con el fondo de pensiones\n– Plantean que el brazo financiero de la Seguridad Social invierta no sólo en deuda pública, sino también en cédulas hipotecarias o bonos de la banca.\n– El Gobierno acoge la idea con frialdad porque reorientar las inversiones del Fondo de la Seguridad Social exige cambio legal.\n– Gómez-Navarro pide a Sebastián «que asegure la estabilidad financiera del sistema» para que haya dinero para las empresas.\nGeorge Parr ya anunciaba esta posiblidad.\nVéase el video del británico situado tres entradas más abajo, ¿ en qué consiste la crisis subprime ?… … no somos nosotros quienes sufriremos sino tu fondo de pensiones.\nECONOMÍA. Diario Información. Elche. Elx.\nLos bancos y cajas están ejecutando 400 hipotecas al mes en la comarca\nNingún ilicitano ha hecho uso del plan del Gobierno que entró en vigor el pasado mes de abril y que permite ampliar el plazo para hacer frente a los créditos para pagar los pisos.\nLos impagos de préstamos hipotecarios se están multiplicando en los últimos meses de forma exponencial y en toda la comarca del Baix Vinalopó al punto de estar presentándose ante los registros de la Propiedad de Elche y de Santa Pola alrededor de 400 ejecuciones por parte de los bancos y de las cajas de ahorro. Desde el pasado verano se ha producido un importante descenso del número de inscripciones registrales de compraventa de propiedades, tanto nuevas como de segunda mano, lo que ya era un indicio de la recesión, aunque la palabra crisis no se ha escuchado con fuerza hasta 2008. Desde hace 9 meses los registradores venían detectando una situación de falta de solvencia, principalmente, entre los nuevos hipotecados.\nAhora bien, el número de ejecuciones hipotecarias que se está produciendo en los dos últimos meses -entre quince y veinte cada día- es una cifra que no conocía en Elche donde apenas se producían impagos, según las mismas fuentes. Los bancos y cajas evitan, dentro de sus posibilidades, quedarse con las propiedades dando las facilidades al hipotecado, porque lo que les interesa en estos momentos es liquidez y no ampliar su inmovilizado, según fuentes del Registro de la Propiedad.\nSe da la circunstancia que desde que el Gobierno puso en marcha el plan de ampliación de hipotecas, anunciado por el ministro de Economía, Pedro Solbes, el pasado mes de abril, los registros de la Propiedad de Elche no han tenido aún ninguna petición de este tipo, pese a que no existen gastos (ni del registro, ni de los gestores o los notarios).\nEl ciudadano que pida antes del año 2010 esta ampliación sólo tendrá que hacer frente a los intereses derivados de aumentar los plazos de amortización de la hipoteca; a cambio, obtendrá una reducción de la cuota mensual y, consecuentemente, tendrá menos problemas para hacerle frente, máxime en estos momentos cuando el precio del dinero se ha disparado. Los gastos que generen la tramitación de estas ampliaciones serán asumidos íntegramente por los profesionales de estos organismos.\nProtegido: Baja la compraventa de viviendas\n¿En qué consiste la crisis subprime?\nSe encuentra usted en los archivos de AIRE de mayo de 2008.


Fernando Mellet y Pilar Giraldo, imputados en el caso Mercasevilla, cambian de abogados defensores\nel 13 ene 2011 / 14:52 h.\nEl ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y la ex responsable del área económico-financiera de la sociedad mixta Pilar Giraldo, ambos imputados en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, han decidido cambiar de abogados defensores a los dos años de que se iniciaran las investigaciones.\nDe esta forma, serán los letrados José Manuel Carrión --también letrado del hermano de Miguel Carcaño-- y Antonio Jiménez quienes se encarguen a partir de ahora de la defensa de Fernando Mellet y de Pilar Giraldo, respectivamente, según han hecho público en un comunicado de prensa ambos abogados.\nEn este sentido, los letrados señalan que, "con la nueva dirección técnica, evidentemente, se va a continuar con el sostenimiento de la inocencia de nuestros representados, así como a la preservación de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y el derecho a que su imagen no se vea alterada por cualquier tipo de violación".\nAl hilo de ello, ponen de manifiesto que "las causas por la cual nuestros representados han decidido prescindir de los servicios de sus anteriores letrados son exclusivamente de índole personal, habiéndose llegado posteriormente a la resolución de la relación de mutuo acuerdo".\nDe igual modo, informan de que se han puesto en contacto previamente con los anteriores asesores jurídicos de Mellet y Giraldo solicitándoles la oportuna venia, "ante lo cual aquellos se han ofrecido a establecer contactos al objeto de brindar su colaboración, no obstante lo cual, agradeciéndoles tal ofrecimiento, se ha considerado oportuno esperar hasta el momento en que se entregue la copia de la totalidad de las actuaciones por parte del Juzgado de Instrucción".\nHay que recordar que Pilar Giraldo recusó a la juez Mercedes Alaya argumentando que el marido de la juez de Instrucción número 6 fue el auditor de la sociedad mixta hasta que la empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, "lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar", llegando a tener "un interés directo o indirecto" en la causa". Sin embargo, esta petición fue rechazada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, quien además le impuso una multa de 1.000 euros.