LEY 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19355192\nSección segunda. - arts. 22 a 28\nCapítulo I. Disposiciones generales - arts. 29 a 31\nCapítulo IV. - arts. 68 a 70\nCapítulo V. - arts. 71 y 72\nCapítulo VI. - arts. 73 a 76\nCapítulo II. - arts. 79 y 80\nSección primera. - arts. 81 a 87\nSección segunda. - arts. 88 a 91\nSección tercera. - arts. 92 a 98\nCapítulo IV. - arts. 99 y 100\nCapítulo I. - arts. 101 a 103\nCapítulo II. - arts. 104 a 114\nTítulo V. - arts. 115 a 120\nCapítulo I. - arts. 121 a 123\nCapítulo II. - arts. 124 a 126\nCapítulo III. - arts. 127 a 133\nCapítulo IV. - arts. 134 a 136\nCapítulo II. - arts. 138 a 148\nCapítulo II. - arts. 161 a 165\n1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña.\nEn la tarea de afrontar las nuevas realidades, la presente Ley se fundamenta en tres premisas básicas. En primer lugar, en la existencia de una realidad universitaria catalana, heredera de una tradición intelectual, educativa y científica que nos es propia y que llamamos "sistema universitario de Cataluña". En segundo lugar, en la voluntad de esta realidad de integrarse plenamente en el espacio europeo de enseñanza superior y de obtener un papel protagonista en su construcción. Finalmente, en la excelencia como instrumento indispensable de progreso en todos los ámbitos de la actividad universitaria y, en particular, en la docencia, en la investigación y en la transferencia de tecnología y de conocimientos.\nEl sistema universitario de Cataluña constituye una realidad con siglos de historia. El rey Jaime II creó los Estudios Generales de Lleida, en el año 1300, orientado por los principios de autonomía universitaria y de universalidad del saber. Entre 1533 y 1645 se pusieron también en funcionamiento estudios generales o universidades en Barcelona, Girona, Tarragona, Vic, Solsona y Tortosa. Es interesante constatar que las ordenaciones (estatutos) regulaban con precisión su funcionamiento interno y, entre otras cosas, la elección del rector, cargo que se repartían alternativamente un catalán y un aragonés. También ponían ya énfasis en la voluntad de atracción de estudiantes foráneos.\nLa derrota de 1714 se llevó las universidades históricas. Durante el siglo XVIII la Junta de Comercio promoción en la ciudad de Barcelona una actividad educativa de espíritu a la vez moderno y práctico. La restauración, largamente reivindicada, de la Universidad de Barcelona en el año 1837 fue un gran paso adelante en el restablecimiento universitario. Milà i Fontanals, Duran i Bas y otros intelectuales de la "Renaixença" fueron profesores de la misma. En el ámbito médico, podríamos mencionar las investigaciones de Ramón y Cajal y de la escuela de fisiología de August Pi i Sunyer. La universidad restaurada fue, sin embargo, una universidad burocrática y de dependencia muy centralizada, una universidad provincial y subordinada -salvo el paréntesis de los años treinta del siglo XX, hasta 1954 no se pudieron otorgar doctorados en la Universidad de Barcelona-, donde la realidad de Cataluña encontraba dificultades de expresión y su lengua propia estaba del todo ausente. Todo ello condujo a dos líneas de acción. Por una parte, a un impulso externo y ajeno a la universidad oficial para fortalecer la enseñanza superior y la investigación, en Cataluña y sobre Cataluña, que culminó con la fundación del Instituto de Estudios Catalanes y los Estudios Universitarios Catalanes. Por otra parte, a un impulso interno de reforma de la universidad, conducido, en palabras de Pere Bosch i Gimpera, por una generación "que sentía apasionadamente un ideal catalán, ideal que lleva a la universidad no sólo para tratar de mejorarla, sino de transformarla y de incorporarla a la vida catalana". Era una generación inspirada en el lema de Torres i Bages: "El día en que la Universidad sea de verdad catalana, comenzará el renacimiento de Cataluña". Este movimiento se expresó con lucidez y un gran carácter innovador en el Primer Congreso Universitario Catalán (1903) y en el Segundo (1918), espacios de reflexión, debate y reivindicación en que se trataron cuestiones como la catalanidad de la universidad, la autonomía, la libertad de cátedra y la renovación pedagógica y cultural y se reclamó la transformación de la universidad para situarla en condiciones de alcanzar un nivel alto de calidad.\nEn la resistencia contra el franquismo, destacó el papel de la universidad como espacio de reivindicación democrática y pacífica de las libertades y de afirmación de sus funciones sociales. Son exponentes de ello episodios como el acto de constitución, el 9 de marzo de 1966, del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, en el convento de los Capuchinos de Sarrià, donde, en presencia de intelectuales como Jordi Rubió, Joan Oliver o Manuel Sacristán, se presentó el "Manifiesto para una universidad democrática", o documentos como el Manifiesto de Bellaterra, en el año 1975, que, con el objetivo de lograr una universidad catalana, científica y democrática, impulsaron la renovación universitaria en la primera etapa de la transición democrática.\nYa en esta nueva etapa, hay que destacar la constitución del Consejo Interuniversitario de Cataluña y la celebración del Tercer Congreso Universitario Catalán, en 1978, que pretendía "llegar a un análisis global que permita elaborar una alternativa política universitaria adaptada a las posibilidades de un marco político democrático".\nDe la misma forma que la presente Ley quiere ser heredera de la dilatada e intensa tradición universitaria de Cataluña y reivindica el catalanismo político como inspiración para la creación de un marco propio de enseñanza superior, también quiere impulsar las aportaciones que la universidad catalana puede hacer al avance del conocimiento, de las ciencias, de las humanidades y del conjunto de la experiencia universitaria. La presente Ley pretende contribuir a la construcción de un sistema universitario profundamente universalista y, en particular, europeísta. En este sentido, es bueno recordar que, en un escrito de Francesc Layret, la primera propuesta de estatutos para una universidad autónoma de Barcelona, hecha en el Segundo Congreso Universitario Catalán (1918), decía que la universidad había de ser un "órgano propulsor de la cultura catalana" y añadía que "esta catalanidad más que a singularizarse debe tender a aportar el esfuerzo y el espíritu del pueblo catalán al patrimonio espiritual de la Humanidad".\nCon esta perspectiva, hay que notar que el proceso de integración europea ha avanzado en los últimos años con algunos proyectos de gran significación. La creación de un espacio europeo de enseñanza superior, a partir de la Declaración de Bolonia de 1999, firmada por los ministros europeos de educación, debe contribuir a dar coherencia a un ámbito universitario que, por definición, no conoce fronteras. Son aspectos fundamentales de este espacio europeo la nueva estructura cíclica de las enseñanzas, por una parte, y la transportabilidad de los créditos, que debe permitir la comparación entre titulaciones, por otra. La estructura de ciclos que se desprende de la Declaración de Bolonia pretende armonizar los ciclos universitarios y fomentar unas enseñanzas superiores más generalistas en las primeras etapas y más especializadas en las últimas. Así, a una primera fase de formación general en una o en varias áreas, con énfasis en la capacitación para hacer frente a un mundo complejo y la transmisión de habilidades para la resolución de problemas, sigue una segunda fase mucho más especializada, con una orientación hacia el ejercicio profesional o la investigación. El sistema se completa con una última fase de profundización profesional o de doctorado. Esta nueva estructura y esta nueva orientación habrá que introducirlas progresivamente en el sistema universitario de Cataluña.\nLa presente Ley nace de un proceso de larga reflexión sobre los nuevos retos y los nuevos hitos de las universidades del siglo XXI, que se produce en todas partes y que en Cataluña es fruto de un debate permanentemente abierto con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Estas reflexiones se han visto reflejadas en documentos como el informe Higher Education in the Learning Society (informe Dearing, julio de 1997, Gran Bretaña), o bien el informe Universidad 2000 (marzo de 2000), encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y, en Cataluña, el informe "Per un nou model d'universitat" (marzo de 2001), de la Comisión de Reflexión sobre el Futuro del Ámbito Universitario Catalán. Documentos todos, y también otros, de gran interés para dar fundamento y cohesión a un nuevo pensamiento abierto y plural y para una nueva universidad.\nUno de los aspectos más innovadores de la presente Ley es la regulación del profesorado contratado. Se abre una nueva vía de carrera académica, basada en la contratación laboral, que puede ser complementaria o sustitutiva de la funcionarial, pero no menos exigente que ésta. Esto coincide con una reivindicación histórica de los movimientos catalanes de reforma universitaria -los nombres de "profesorado lector" y "profesorado agregado" están tomados de esta tradición-. Así, por ejemplo, la carrera académica de un doctor puede empezar por un contrato como investigador posdoctoral en algún centro de investigación o universidad, seguido, en la misma universidad o departamento o en otra, de un contrato, por un plazo máximo de cuatro años, como profesor lector (ayudante doctor). Debe destacarse que se regulan, por primera vez desde la Generalidad republicana, figuras de profesorado contratado con contrato laboral indefinido: la de catedrático, la de profesor agregado -ambas, dentro de la tipología de profesorado contratado doctor- y la de profesor colaborador permanente. Este profesorado es seleccionado directamente por las universidades y requiere una acreditación previa de investigación, en el caso de los profesores agregados y de los catedráticos, y un informe previo favorable, en el caso de los profesores colaboradores permanentes, emitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. La Ley regula distintos aspectos relativos al régimen jurídico de este profesorado y, en particular, las licencias y las excedencias, que pretenden facilitar su movilidad, así como su implicación en la transferencia de conocimiento y de tecnología y la creación de empresas de base tecnológica.\nEl título III, bajo el epígrafe "el gobierno y la representación de las universidades públicas", hace una referencia puntual a las figuras del rector o rectora y del gerente o la gerente; lleva a cabo la regulación de los consejos sociales y considera, como novedad a destacar, la posible creación de un consejo de antiguo alumnado y de personas amigas de la universidad. Por lo que respecta a los consejos sociales, la nueva regulación reduce su composición a quince miembros, nueve de los cuales son personas representativas de la sociedad catalana, nombradas por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalidad y las organizaciones sindicales y empresariales, con la representación de una persona antigua alumna, y seis de los cuales son miembros del consejo de gobierno de la universidad. De esta forma se mantiene la proporción entre los representantes internos de la propia universidad y externos a ésta que se determinaba en la regulación anterior, y a la vez se agiliza el funcionamiento y se mejora la operatividad de este importante órgano de participación de la sociedad en la universidad. La Ley detalla las funciones, organización y funcionamiento de los consejos sociales y sustituye la regulación anterior, contenida en la Ley 16/1998, de 28 de diciembre. El consejo de antiguo alumnado y de personas amigas de la universidad se configura como un órgano de relación de la universidad y su antiguo alumnado y de participación de éste en la vida de la universidad, y representa una innovación en consonancia con la importancia que se da a este colectivo en muchos países de nuestro entorno.\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña, regulado por el título VI, es el órgano de coordinación del sistema universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalidad en materia de universidades. La regulación contenida en este título sustituye a la establecida en la Ley 15/1998, de 28 de diciembre, del Consejo Interuniversitario de Cataluña, a pesar de que mantiene prácticamente sus mismas funciones. Como novedad, la Junta del nuevo Consejo puede funcionar en pleno o como junta permanente. En el primer caso, se considera posible la participación de hasta tres rectores de las universidades privadas sin ánimo de lucro que se acojan a la Programación universitaria de Cataluña.\nLas garantías de calidad de las universidades son tratadas por el título VII. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña se define como el principal instrumento para la promoción y la evaluación de la calidad y se configura como una entidad de derecho público sometida al derecho privado. La Agencia es fruto de la transformación del consorcio creado por el Decreto 355/1996, de 29 de octubre, en el cual participan la Generalidad de Cataluña y las universidades públicas catalanas. Este cambio ha sido necesario para afrontar las nuevas responsabilidades que se derivan de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, con las garantías adecuadas de independencia, profesionalidad y libertad de obrar, que caracterizan las principales agencias europeas. La nueva entidad mantiene la representación de las universidades públicas en el Consejo de Dirección y añade la participación del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya y hasta tres rectores de las universidades privadas que hayan adoptado una figura jurídica propia de las entidades sin ánimo de lucro. Para el ejercicio de las funciones de evaluación, se crean dentro de la Agencia una comisión de evaluación de la calidad, una comisión de profesorado lector y colaborador y una comisión de evaluación de la investigación, que aprueban las evaluaciones de los ámbitos respectivos con independencia técnica, a la vez que son sus responsables finales.\nEl título VIII, bajo el epígrafe "el régimen económico y financiero de las universidades públicas", regula determinados aspectos relativos al patrimonio de las universidades. Destaca la posibilidad de que los proyectos de obras para la instalación, ampliación y mejora de estructuras destinadas a servicios y equipamientos de los campus universitarios y de los parques científico-tecnológicos puedan ser declarados de utilidad pública o interés social a efectos de expropiación. Por lo que respecta al presupuesto de las universidades, debe hacerse mención a las disposiciones relativas a la autorización de los costos de personal y la supervisión económica de la universidad.\nLa presente Ley tiene por objeto la ordenación del sistema universitario de Cataluña, en el marco del espacio europeo de enseñanza superior.\nCorresponde a la Generalidad de Cataluña y a las universidades el impulso y el desarrollo del sistema universitario de Cataluña.\nEl sistema universitario de Cataluña está integrado por las universidades establecidas en Cataluña, que son las siguientes:\nQuedan integradas en el sistema universitario de Cataluña las universidades que sean creadas o reconocidas por el Parlamento de Cataluña.\nObjetivos del sistema universitario de Cataluña\nLas universidades del sistema universitario de Cataluña tienen como objetivos fundamentales:\nLos objetivos de las universidades se alcanzan principalmente por medio del estudio, la docencia y la investigación.\nLos poderes públicos deben colaborar con las universidades para la consecución de sus objetivos.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades deben contribuir, en el entorno universitario, al desarrollo de las capacidades de los estudiantes y deben promover la educación en valores como parte integral de su proceso global de aprendizaje y formación.\nLas universidades deben estimular y apoyar las iniciativas complementarias de la enseñanza oficial que comporten la transmisión de valores de libertad, responsabilidad, convivencia, solidaridad, participación y ciudadanía plena.\nEl catalán es la lengua propia de las universidades de Cataluña y, por lo tanto, es la lengua de uso normal en sus actividades.\nEl catalán es la lengua oficial de las universidades de Cataluña, como lo es también el castellano. El uso de las lenguas oficiales en las actividades universitarias se rige por la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.\nEn el marco de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, el Gobierno y las universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben estimular el conocimiento y el uso del catalán en todos los ámbitos de la actividad universitaria y fomentar su aprendizaje entre todos los miembros de la comunidad universitaria.\nDe acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, el profesorado universitario, salvo el visitante y casos análogos, debe conocer suficientemente las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las exigencias de sus labores académicas. El Gobierno, de acuerdo con la normativa vigente y mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, debe garantizar que en los procesos de selección, de acceso y de evaluación se concrete dicho conocimiento suficiente.\nEl Gobierno, de acuerdo con la normativa vigente y mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, debe procurar que el acceso y la incorporación de nuevos miembros a la comunidad universitaria no altere los usos lingüísticos docentes normales y el proceso de normalización lingüística de las universidades.\nEl Gobierno y las universidades, en el ámbito de sus competencias respectivas, deben establecer programas de fomento del conocimiento de terceras lenguas que puedan incluir tanto el uso de estas lenguas en las actividades académicas de la universidad como la oferta de asignaturas específicas de cada titulación.\nTítulo I Artículos 7 a 19\nCapítulo I Artículos 7 a 19\nSección primera Artículos 7 a 14\nLas titulaciones y los planes de estudios\nMisión del estudio\nAprobación y definición\nLos planes de estudios, que son elaborados y aprobados por la universidad, son instrumentos de planificación y de organización de los estudios universitarios y deben hacer posible una formación de calidad.\nLas universidades, de acuerdo con la normativa vigente, deben fomentar las medidas que permitan la flexibilidad de sus planes de estudios y su adecuación a las nuevas necesidades.\nTransportabilidad y movilidad\nLa convalidación de estudios corresponde a la universidad.\nLas universidades, mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, deben coordinar el régimen de convalidaciones y adoptar, de acuerdo con la normativa vigente, las medidas pertinentes para facilitar la transportabilidad de los créditos y la movilidad de los estudiantes en el marco del sistema universitario de Cataluña y del espacio europeo de enseñanza superior.\nAsimismo, las universidades privadas pueden participar en la coordinación del régimen de convalidaciones y la adopción de las medidas pertinentes para facilitar la transportabilidad de los créditos y la movilidad de los estudiantes.\nLos estudios de doctorado tienen como finalidad la formación de personal investigador, tanto para el ámbito universitario de investigación como para el mundo profesional y de las empresas.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben promover acciones dirigidas a reforzar la calidad y la especialización de los estudios de doctorado, fomentando la cooperación interuniversitaria y la internacionalización. También deben promover acciones orientadas a potenciar el acceso a los estudios de doctorado de los estudiantes mejor preparados, cualquiera que sea su nacionalidad o su procedencia.\nLa docencia de doctorado, que se puede impartir en los departamentos, los centros y los institutos universitarios, corresponde a los doctores. Los programas de doctorado aprobados por cada universidad o conjunto de universidades tienen un director o directora, que debe ser un profesor o profesora, doctor de la universidad coordinadora del programa.\nLas universidades, mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, deben impulsar y coordinar las medidas pertinentes para la progresiva y plena harmonización de los ciclos de estudios y las denominaciones de los títulos propios de las universidades en el sistema europeo de titulaciones.\nLas universidades también pueden expedir un título propio a los estudiantes que hayan superado el primer ciclo de los estudios universitarios oficiales de primer y segundo ciclo.\nLa Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña puede acreditar y certificar los títulos propios de las universidades.\nEducación superior a lo largo de la vida\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades, mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, deben velar para que las universidades ofrezcan programas de educación superior adecuados, que permitan la formación universitaria y la actualización de conocimientos y habilidades a lo largo de toda la vida, como elemento del espacio europeo de enseñanza superior.\nSección segunda Artículos 15 a 17\nEl espacio europeo de titulaciones\nA efectos de fomentar el espacio europeo de titulaciones, los diplomas y los títulos que expidan las universidades deben ser acompañados por el suplemento europeo del título. Éste debe contener los elementos de información que garanticen la transparencia en relación con el nivel y el contenido de las enseñanzas cursadas, de acuerdo con la normativa vigente.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades, mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, pueden adaptar, de acuerdo con la normativa vigente, el diseño del suplemento europeo del título a las especificidades del sistema universitario de Cataluña.\nMedidas de adaptabilidad\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades que participan en la Programación universitaria de Cataluña deben impulsar, de acuerdo con la normativa vigente, las adaptaciones curriculares necesarias para la implantación en Cataluña de titulaciones estructuradas en los ciclos establecidos en el marco del sistema europeo de enseñanza superior.\nA efectos de facilitar la movilidad en el espacio europeo de enseñanza superior de los estudiantes y de las personas tituladas, las universidades deben adoptar, en relación con sus títulos y de acuerdo con la normativa vigente, medidas que tiendan a:\nSección tercera Artículos 18 y 19\nFormación docente y calidad\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben facilitar que el profesorado, a lo largo de su vida académica y, especialmente, en su primera etapa de actuación docente, goce de las posibilidades de formación adecuadas para ofrecer una docencia de calidad y para actualizar sus conocimientos y sus habilidades.\nLa docencia universitaria debe ser objeto de evaluación. A estos efectos, las universidades, conjuntamente con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, deben desarrollar metodologías y programas de evaluación de la docencia en sus diversas modalidades.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben desarrollar programas de formación continua, de incentivos y de reconocimiento de la calidad docente, dirigidos tanto a los profesores y profesoras como a los equipos docentes.\nDisposiciones generales Artículos 20 a 63\nEl Gobierno de la Generalidad y las universidades, como parte esencial del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña, deben impulsar el espacio europeo de investigación y la presencia activa de las universidades en este espacio.\nEl Gobierno de la Generalidad debe estimular la investigación universitaria, en el marco de planes de investigación y desarrollo plurienales y mediante los programas y las actuaciones que le sean aplicables.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben impulsar, estimular y ayudar al profesorado y demás personal investigador a participar en las acciones de financiación competitiva, pública y privada, de la investigación.\nSección segunda Artículos 22 a 28\nEstructuras de investigación y apoyo a la investigación universitaria\nLa investigación y la innovación tecnológica en las universidades públicas se llevan a cabo principalmente en los grupos de investigación, en los departamentos y en los centros de investigación.\nLos centros de investigación pueden ser:\nLos centros de investigación pueden adoptar cualquier forma jurídica de las admitidas en derecho que sean adecuadas a sus finalidades.\nCorresponde a la universidad la promoción, creación y vinculación de los centros o la participación en los mismos, mediante la colaboración que corresponda.\nLos institutos universitarios de investigación, regulados por el artículo 10 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, son centros de investigación que, además de sus actividades propias, pueden organizar o desarrollar programas de doctorado. Pueden ser propios de una universidad, de carácter interuniversitario o adscritos a una universidad pública o más mediante convenio.\nLa creación, supresión, modificación, adscripción y desadscripción de los institutos universitarios de investigación los efectúa el departamento competente en materia de universidades, a propuesta del consejo social o a iniciativa propia con el acuerdo del consejo social y, en todo caso, previo informe del consejo de gobierno de la universidad.\nLos parques científico-tecnológicos\nLas universidades pueden crear parques científico-tecnológicos de carácter universitario o interuniversitario, que reúnan centros de investigación de la misma universidad o las mismas universidades, de empresas y de otras instituciones.\nLos parques científico-tecnológicos tienen los siguientes objetivos principales:\nLas universidades deben impulsar los servicios científico-técnicos de apoyo a la investigación que sean necesarios.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben fomentar la coordinación de los servicios científico-técnicos, en especial de las bibliotecas, las infraestructuras para el cálculo de altas prestaciones y las infraestructuras de la información y la comunicación, con el objetivo de obtener el máximo aprovechamiento de los equipamientos de las universidades. También deben promover el desarrollo de nuevos equipamientos científico-técnicos de utilización común para todo el sistema universitario.\nTransferencia de tecnología y de conocimientos\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben adoptar las medidas pertinentes para impulsar la transferencia de tecnología y la transmisión de conocimientos a la sociedad. Con esta finalidad, las universidades pueden crear y promover entidades, centros y estructuras.\nEl Gobierno de la Generalidad, en el marco de su política de investigación e innovación, debe llevar a cabo acciones de apoyo que incentiven la colaboración entre las universidades y entre éstas y las empresas y la sociedad en general.\nLas universidades, en el marco de sus propios objetivos y normativas, pueden establecer programas de cooperación al desarrollo, orientados a la transferencia de tecnología y transmisión de conocimientos hacia países y pueblos que los necesiten, con el objetivo de contribuir a su progreso y mejora.\nContratos para estudios\nEl Gobierno de la Generalidad y las universidades deben favorecer la capacidad emprendedora de su personal de investigación y de los estudiantes, para impulsar la creación de empresas o iniciativas innovadoras en sus ámbitos de actuación.\nEn el proceso de creación de empresas, deben preservarse los intereses y los derechos económicos de la universidad.\nTítulo II Artículos 29 a 63\nCapítulo I Disposiciones generales Artículos 29 a 31\nLa comunidad universitaria de Cataluña está formada por los estudiantes, el personal docente e investigador, los investigadores de las universidades y el personal de administración y servicios.\nEl personal docente e investigador está constituido por el profesorado de los cuerpos docentes universitarios, por el profesorado contratado y por los ayudantes.\nA efectos de lo que establece el artículo 48 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, el cómputo del personal docente e investigador se efectúa en equivalencias a tiempo completo.\nEl síndico de agravios de la comunidad universitaria\nCada universidad pública debe establecer en su estructura la figura del síndico de agravios de la comunidad universitaria para velar por los derechos de sus miembros.\nEl síndico de agravios de la comunidad universitaria actúa con independencia y autonomía respecto a las demás instancias universitarias.\nCapítulo II Artículos 32 a 41\nSección primera Artículos 32 a 35\nEl acceso al sistema universitario público de Cataluña debe respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Corresponde a la universidad, de acuerdo con la normativa vigente, la admisión de los estudiantes.\nEl departamento competente en materia de universidades debe adoptar las medidas oportunas para que las universidades puedan actuar coordinadamente en materia de acceso a la universidad, a fin de garantizar que los estudiantes concurran a los procesos de acceso en igualdad de oportunidades. Con esta finalidad, el Consejo Interuniversitario de Cataluña debe ofrecer procesos de acceso para las universidades que se acojan a los mismos, que deben ser respetuosos con la autonomía universitaria.\nLos procesos de acceso, que deben tener en cuenta la oferta de plazas disponibles, tienen que ser transparentes y objetivos. Como norma general, los procesos selectivos se articulan mediante pruebas que garanticen la corrección anónima.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben llevar a cabo las acciones siguientes:\nEl Departamento competente en materia de universidades debe preparar planes de acogida para facilitar y fomentar la integración de los estudiantes de fuera de Cataluña en la realidad catalana.\nSección segunda Artículos 36 a 41\nRegulación de los derechos y los deberes\nAdemás de los derechos reconocidos por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, se deben garantizar a los estudiantes, como mínimo, los derechos siguientes:\nLos estudiantes deben ejercer sus derechos con pleno reconocimiento de la dignidad de las personas, los principios democráticos y los derechos del resto de miembros de la comunidad universitaria, y con respeto por los bienes de uso colectivo.\nAsociacionismo y actividad voluntaria\nLas universidades deben promover entre los estudiantes el civismo, la solidaridad y la participación.\nPara contribuir a la consolidación y el crecimiento del tejido social implicado en la vida de la universidad y de la comunidad, el departamento competente en materia de universidades y las universidades deben facilitar, estimular y apoyar el asociacionismo de los estudiantes. Las asociaciones deben gozar de un marco dinámico de participación dentro de la universidad.\nIgualmente, para reforzar la acción solidaria y las actitudes cívicas, el departamento competente en materia de universidades y las universidades deben fomentar la actividad voluntaria y de cooperación de los estudiantes.\nEl departamento competente en materia de universidades debe articular, en el marco del sistema general de fomento al estudio superior establecido por el artículo 45 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, una política de créditos y becas que garantice que nadie que cumpla las condiciones para cursar estudios universitarios con aprovechamiento quede excluido por razones económicas, y que permita también adaptar el sistema general a las necesidades socioeconómicas y territoriales de Cataluña.\nEl departamento competente en materia de universidades debe articular una política específica de becas y ayudas para la formación investigadora predoctoral.\nEl departamento competente en materia de universidades debe articular, mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, creada por la Ley 7/2001, de 31 de marzo, y en coordinación con las universidades, un sistema de gestión eficaz y eficiente de los créditos, las becas y las ayudas al estudio y la investigación universitarios.\nCapítulo III Artículos 42 a 63\nTipología de personal académico\nSección primera Artículos 43 a 58\nEl profesorado universitario está formado por el profesorado de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado contratado laboral, con carácter permanente o temporal, en función de las categorías que establece la presente Ley.\nEn el ejercicio de sus competencias, las universidades deben garantizar la identidad de los derechos del profesorado contratado permanente con los del profesorado de los cuerpos docentes universitarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación básica del Estado.\nEl profesorado contratado\nSon profesores contratados permanentes los catedráticos, los profesores agregados y, en su caso, los profesores colaboradores permanentes.\nSon profesorado contratado temporal los profesores lectores, los profesores colaboradores, los profesores asociados, los profesores visitantes y los profesores eméritos.\nSelección del profesorado contratado\nLa selección del profesorado contratado de las universidades públicas se hace por concurso público entre personas de cualquier nacionalidad que cumplan los requisitos legales de capacidad establecidos por la presente Ley y el resto de la normativa vigente, y los que pueda determinar la convocatoria específica.\nLa decisión selectiva debe basarse en criterios académicos y los órganos de selección, que pueden estar integrados por miembros de cualquier nacionalidad, deben ajustarse estrictamente a los principios de especialidad, valoración de méritos y objetividad.\nLos órganos competentes de las universidades deben aprobar las convocatorias de profesorado y darles la publicidad necesaria, por vías telemáticas y otras. En particular, las convocatorias de profesorado permanente y sus bases deben publicarse en el DOGC. Las convocatorias deben ser comunicadas al Consejo Interuniversitario de Cataluña y, de acuerdo con la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, al Consejo de Coordinación Universitaria.\nPara ser admitido en los procesos selectivos que las universidades convoquen para acceder como catedrático o catedrática o como profesor o profesora agregado, la persona candidata debe cumplir los requisitos siguientes:\nLas acreditaciones a las cuales se refiere la letra d del apartado 1 son emitidas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, a efectos de la evaluación positiva establecida por el artículo 52 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nEn su caso, las personas candidatas deben contar con un informe de su actividad docente, de acuerdo con los procedimientos y criterios que establezca la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, a efectos de la evaluación positiva establecida por el artículo 52 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nEn los procesos selectivos que pidan una acreditación de investigación, las convocatorias deben ser programadas con la antelación suficiente para permitir su anuncio a las personas interesadas y la tramitación de las acreditaciones correspondientes.\nEl profesorado colaborador\nLas universidades pueden contratar con carácter temporal y, en su caso, con carácter permanente, profesorado colaborador, con el objeto de desarrollar labores docentes, a efectos de cubrir las necesidades de docencia calificada en ámbitos específicos de conocimiento, de acuerdo con lo que establece el artículo 51 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades\nPara ser admitido en los procesos selectivos que la universidad convoque para acceder como profesor o profesora colaborador, las personas candidatas deben disponer de un informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. Este informe tiene validez indefinida.\nEl profesorado lector\nEl profesorado lector es el profesorado ayudante doctor y es contratado por la universidad con el objeto de desarrollar labores docentes y de investigación en la fase inicial de su carrera académica.\nEl profesorado lector es contratado con dedicación a tiempo completo. En ningún caso el profesorado lector puede ser contratado por más de cuatro años, que pueden ser consecutivos o no.\nPara ser admitido en los procesos selectivos que la universidad convoque para acceder como profesor o profesora lector, las personas candidatas deben cumplir los requisitos siguientes:\nEl informe emitido por la Agencia debe hacer constar, en todo caso, que la persona candidata está en posesión del título de doctor y que, por lo menos durante dos años, no ha tenido relación contractual, estatutaria o becaria con la universidad convocante, o bien que los estudios de doctorado han sido cursados íntegramente en otra universidad, que asimismo ha expedido el título de doctor.\nEl profesorado asociado\nEl profesorado visitante\nEl profesor emérito es contratado, con carácter temporal y en régimen laboral entre profesores jubilados funcionarios de la misma universidad o de otra que hayan prestado servicios destacados a la universidad.\nEl profesorado emérito puede colaborar en actividades específicas de docencia o de investigación en la universidad.\nActividad académica honoraria\nCapacidad docente e investigadora\nEl profesorado contratado se adscribe a un departamento universitario o a un centro de investigación y desarrolla sus actividades docentes o de investigación en cualquier materia dentro de su ámbito general de competencia, de acuerdo con las obligaciones que fije la universidad.\nEn la relación de puestos de trabajo debe establecerse la adscripción de cada puesto de trabajo al departamento o al centro de investigación correspondiente.\nLicencias y excedencias para el fomento de la investigación y la colaboración interuniversitaria\nLos profesores contratados permanentes, los profesores colaboradores temporales con título de doctor y los profesores lectores pueden solicitar una licencia o una excedencia para las actividades siguientes:\nLa licencia, que comporta la reserva del puesto de trabajo, puede otorgarse por un período máximo de dos años. Corresponde a la universidad determinar las retribuciones que, en su caso, puede percibir el profesor o profesora mientras goce de la situación de licencia.\nLa excedencia se otorga por un período no superior a cuatro años. Se concede sin acreditación de retribuciones de la universidad de origen e implica la suspensión automática del contrato.\nEl reingreso en la universidad se produce de forma automática y definitiva, a solicitud de la persona interesada, en un puesto de trabajo de la misma categoría y en el mismo departamento o centro de investigación de origen.\nEl otorgamiento de las licencias y las excedencias corresponde al rector o rectora y debe ajustarse al procedimiento y las condiciones que determine la universidad en su normativa interna.\nLos profesores contratados permanentes pueden gozar, de acuerdo con la normativa interna de la universidad, como máximo, de un año sabático por cada seis años de actividad académica, siempre que este período de tiempo se dedique a actividades de formación o colaboración en una universidad o un centro de investigación de fuera de Cataluña.\nSin perjuicio de las licencias y las excedencias que se reconozcan en la normativa laboral y, en su caso, en el convenio colectivo aplicable, los profesores contratados permanentes, los profesores colaboradores temporales con título de doctor y los profesores lectores que tengan un año de antigüedad, como mínimo, pueden gozar por una sola vez de una excedencia especial por un período máximo de cuatro años.\nEl otorgamiento de la excedencia debe ajustarse al procedimiento y las condiciones que determine la universidad en su normativa interna.\nEl profesorado contratado de las universidades privadas\nLes universidades privadas, para satisfacer los requisitos de evaluación externa de su profesorado establecidos por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, deben formalizar convenios para el desarrollo de la metodología de esta evaluación con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.\nSección segunda Artículos 59 a 63\nEl personal académico de investigación\nLas universidades públicas pueden contratar investigadores entre personas con título de doctor, de acuerdo con la normativa vigente.\nLas universidades públicas pueden contratar investigadores posdoctorales, por un período máximo de cinco años, entre personas con título de doctor que lo sean con menos de dos años de antigüedad, procedentes de una universidad distinta de la contratante.\nInvestigadores con vinculación a la universidad\nLos investigadores que ejercen labores de investigación en la universidad para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y para la transferencia de conocimiento y tecnología, mediante un acuerdo u otras formas de colaboración con universidades, centros de investigación u otras entidades públicas o privadas, son considerados investigadores vinculados a la universidad.\nLas facultades de dirección y control de la actividad laboral, las responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral de la universidad receptora hacia los investigadores vinculados, así como su equiparación, en lo que proceda, a los miembros de la comunidad universitaria serán reguladas por los convenios de colaboración que puedan establecerse. Los investigadores vinculados mantienen el contrato de trabajo con la entidad de origen y les es aplicable el régimen jurídico que esté vigente para su categoría profesional. La vinculación con la universidad receptora debe contar con la conformidad expresa del investigador para cada proyecto concreto.\nLos convenios de colaboración pueden establecer expresamente que la universidad receptora suscriba un contrato de duración determinada para el desarrollo de un proyecto de investigación científica o técnica con el investigador vinculado y, en línea de continuidad, que la entidad de origen declare la excedencia correspondiente que garantice, al término del proyecto, su reingreso automático en un puesto de trabajo de la misma categoría.\nDisposiciones generales Artículos 64 a 76\nObligaciones docentes y de investigación\nEl personal académico tiene las obligaciones docentes o de investigación que le asigne la universidad, de acuerdo con la normativa vigente. Esta asignación debe adaptarse a las necesidades de docencia, investigación y transferencia de tecnología y conocimientos de la universidad, tanto por lo que respecta a la distribución entre docencia e investigación como por lo que respecta a la distribución de la docencia a lo largo de un curso académico o más, o a la distribución entre las materias y tipos de titulaciones.\nLa docencia de doctorado, cuando se ejerce, es considerada una parte del cumplimiento de las obligaciones docentes.\nEl personal académico contratado, excepto el profesorado asociado, ejerce sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo.\nLa dedicación a tiempo completo puede ser compatible con la realización de los trabajos científicos, técnicos o artísticos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nLa duración de la jornada de trabajo del personal académico contratado con dedicación a tiempo completo es la que se fije con carácter general para el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios, y se reparte en actividades docentes, de investigación y de gestión. El régimen de dedicación a tiempo parcial debe ser igual o inferior a la mitad de la duración de la jornada de trabajo que se fije con carácter general para la dedicación a tiempo completo.\nLa universidad determina, mediante su programación académica, la distribución horaria de las labores del personal académico.\nCondiciones de trabajo y movilidad\nSin perjuicio de lo que establecen los artículos 56 y 57, el período de vacaciones, el régimen de permisos y las licencias que corresponden al personal académico contratado son equivalentes a los que se establecen para el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios, con las adaptaciones necesarias para adecuarlos a la programación de la actividad de la universidad.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben establecer, de forma coordinada mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, programas para facilitar la movilidad del personal académico propio de la universidad.\nCapítulo IV Artículos 68 a 70\nLos estudiantes de doctorado que gozan de una beca de formación de investigadores en los departamentos y los centros de investigación de la universidad son considerados becarios de investigación.\nLos becarios de investigación tienen los derechos y las obligaciones que la universidad establezca en su normativa interna. En todo caso, deben gozar del derecho de acceso y de uso de las instalaciones de la universidad.\nExcepcionalmente, las universidades pueden contratar ayudantes a tiempo completo y por una duración determinada entre los estudiantes de doctorado que hayan superado todas las materias de estudio propias del título de doctor. El contrato debe formalizarse dentro de los cuatro años siguientes a la superación de dichas materias y, de acuerdo con la normativa interna de la universidad, los ayudantes pueden colaborar en labores docentes.\nLa duración del contrato no puede ser inferior a un año ni superior a cuatro. Cuando el contrato se haya concertado por un período inferior a cuatro años, se puede prorrogar sucesivamente por períodos mínimos de un año hasta el máximo de cuatro, en las condiciones que determine la universidad. En ningún caso se puede estar contratado como ayudante más de cuatro años, consecutivos o no.\nCapítulo V Artículos 71 y 72\nRégimen retributivo del personal docente e investigador contratado\nEl régimen retributivo del personal docente e investigador contratado es determinado por el Gobierno de la Generalidad. Este régimen tiene carácter uniforme en todas las universidades públicas.\nEl personal docente e investigador contratado a tiempo completo es retribuido por los conceptos siguientes:\nEl personal docente e investigador contratado puede recibir, con carácter excepcional, las gratificaciones y las indemnizaciones que correspondan por razón del servicio.\nCapítulo VI Artículos 73 a 76\nEl personal funcionario de administración y servicios de las universidades públicas se rige por la presente Ley, sin perjuicio de las bases estatales establecidas por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, por la normativa dictada en su desarrollo y por los estatutos u otra normativa interna de las universidades. El personal laboral de administración y servicios se rige, además, por la legislación laboral y por los convenios colectivos que le sean aplicables.\nAl personal funcionario de administración y servicios de las universidades públicas de Cataluña le es aplicable la normativa de la función pública de la Administración de la Generalidad, aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, y, en especial, los preceptos relativos a la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario, las condiciones y los procedimientos de acceso, la provisión y la promoción, las situaciones administrativas, los derechos, los deberes y las responsabilidades y el régimen retributivo, con las adaptaciones necesarias a las peculiaridades de organización y funcionamiento de la universidad.\nLas universidades públicas deben establecer el régimen retributivo del personal funcionario de administración y servicios, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. El personal funcionario de administración y servicios es retribuido por los conceptos establecidos por el artículo 101 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre.\nEl importe total de los créditos destinados a retribuir al personal funcionario de administración y servicios por los conceptos de complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios debe ser el que resulte de restar a las retribuciones íntegras de dicho personal la suma de las cantidades que le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, complemento de destinación y, si procede, complementos personales transitorios.\nEl personal funcionario de administración y servicios de las universidades públicas de Cataluña debe percibir las indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, que no pueden superar los importes aplicables al personal funcionario al servicio de la Administración de la Generalidad.\nLas universidades públicas deben fomentar la formación del personal de administración y servicios mediante la oferta de programas específicos, especialmente en el conocimiento de terceras lenguas y en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.\nLas universidades públicas deben facilitar la movilidad del personal de administración y servicios entre diferentes universidades. A tal efecto, la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña debe tomar los acuerdos correspondientes.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas, mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña, deben fomentar programas interuniversitarios de formación y movilidad.\nDisposiciones generales Artículos 77 a 148\nCapítulo II Artículos 79 y 80\nEl rector o rectora es la máxima autoridad académica de la universidad y ejerce la representación de la misma.\nEl rector o rectora tiene encomendadas las responsabilidades y las funciones de dirección, gobierno y gestión de la universidad que le atribuyen la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la presente Ley, los estatutos u otra normativa interna de las universidades y el resto de la normativa vigente.\nEl rector o rectora, como responsable máximo del impulso de la universidad y responsable último de su gobierno y del cumplimiento de sus objetivos, debe ser asistido en el ejercicio de sus funciones por todos los órganos de gobierno y representación de la universidad.\nEl rector o rectora es elegido por la universidad, de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 20 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nCorresponde al Gobierno el nombramiento de los rectores de las universidades públicas de Cataluña.\nEl gerente o la gerente\nEl gerente o la gerente es propuesto por el rector o rectora y nombrado por éste, de acuerdo con el consejo social.\nCorresponde al gerente o la gerente, de acuerdo con el rector o rectora, la dirección y la gestión de los recursos de la universidad, en los términos establecidos por la normativa interna de la universidad.\nEl gerente o la gerente no puede desarrollar labores docentes en la universidad.\nCapítulo III Artículos 81 a 98\nSección primera Artículos 81 a 87\nDefinición, composición y nombramiento\nCada una de las universidades públicas con sede en Cataluña tiene un consejo social, compuesto por los quince miembros siguientes:\nMiembros representativos de la sociedad catalana\nLos nueve miembros del consejo social representativos de la sociedad catalana son los siguientes:\nLos miembros nombrados por el Parlamento y por el Gobierno de la Generalidad deben ser personas representativas, a título individual, o personas representantes de entidades, de la vida cívica, cultural, profesional, económica, laboral, social y territorial, del entorno de la universidad.\nEl nombramiento de los miembros correspondientes a la letra b del apartado 1 se efectúa previa consulta al presidente del consejo social, siempre que el cargo no esté vacante.\nEl miembro correspondiente a la letra f del apartado 1 es nombrado por el presidente o presidenta del consejo social, oído el rector o rectora y, si lo hay, a propuesta del consejo de antiguo alumnado y de personas amigas de la universidad.\nEl nombramiento de los miembros a los que hace mención el presente artículo se publica por acuerdo del departamento competente en materia de universidades en el DOGC.\nMiembros representantes del consejo de gobierno de la universidad\nLos miembros del consejo social que pertenecen al consejo de gobierno de la universidad son un representante de los estudiantes, un representante del personal docente e investigador y un representante del personal de administración y servicios elegidos por el propio consejo de gobierno de entre sus miembros por un período máximo de cuatro años, de acuerdo con los estatutos de cada universidad. Son miembros natos del mismo el rector o rectora, el secretario o secretaria general y el gerente o la gerente de la universidad.\nEl nombramiento de los miembros del consejo social a que se refiere el presente artículo se publica por acuerdo de las universidades en el DOGC.\nNombramiento del presidente o presidenta\nRenovación y vacantes\nLos miembros del consejo social nombrados entre personas representativas de la sociedad catalana lo son por un período de cuatro años. Son renovados o reelegidos por mitades cada dos años, dos meses antes de expirar el período de mandato.\nEn caso de que se produjera una vacante en el consejo social, ésta debe ser cubierta de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 82. El nuevo miembro es nombrado por el período restante de mandato del miembro que ha sustituido, excepto el presidente, el cual es nombrado por el período establecido por el artículo 84.\nLos miembros que sean nombrados por razón del cargo que ocupan deben cesar en la representación cuando cesan en el cargo.\nLa condición de miembro del consejo social es incompatible con el ejercicio de cargos directivos en empresas o en sociedades contratadas por la universidad, directamente o mediante persona interpuesta, así como con una participación en dichas empresas superior al 10% del capital social. Esta incompatibilidad no afecta los contratos suscritos de acuerdo con el artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nEl personal académico que se halle en situación de servicio activo a tiempo completo en la misma universidad o en otra, no puede ser nombrado miembro de un consejo social como una de las nueve personas representativas de la sociedad catalana.\nSección segunda Artículos 88 a 91\nOtras funciones e información\nSección tercera Artículos 92 a 98\nLa secretaría es la estructura administrativa básica de apoyo al consejo social. El secretario o secretaria es nombrado y separado por el presidente o presidenta y ejerce las funciones propias de la secretaría de un órgano colegiado y, en concreto, las que le sean encomendadas por la presente Ley y por el reglamento de organización y de funcionamiento del consejo social.\nLos órganos de la universidad deben facilitar a la secretaría del consejo social la información y el acceso a la documentación necesaria para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones.\nEl consejo social puede funcionar en pleno o en las comisiones específicas que el pleno acuerde, con la composición y funciones que específicamente determine el reglamento de organización y funcionamiento del consejo social o en un acuerdo expreso de delegación.\nDentro del consejo social debe constituirse una comisión económica, con la composición y las funciones que determine el reglamento de organización y funcionamiento del consejo social.\nLas comisiones, de carácter temporal o permanente, pueden ser mixtas, es decir, integradas por miembros del consejo social y por otros miembros de órganos de gobierno, representación, consulta, coordinación o académicos de la universidad, a efectos de garantizar la información, la participación y la coordinación necesarias en los asuntos que hayan de someterse al consejo social, en el ejercicio de sus funciones.\nLas comisiones deben rendir cuentas al pleno del consejo social de los acuerdos adoptados y del grado de cumplimiento de las labores que tienen encomendadas.\nNo pueden ser objeto de delegación en las comisiones las funciones establecidas por las letras a, b, y c del artículo 88; c y f del artículo 89 y a del artículo 90.\nAsistencia de terceros\nCada consejo social debe elaborar su reglamento de organización y de funcionamiento, que puede establecer el cese de sus miembros por falta de asistencia reiterada a las reuniones.\nEn todo lo que no sea específicamente regulado por la presente Ley y por los reglamentos de organización y de funcionamiento respectivos, es aplicable la normativa reguladora de órganos colegiados establecida por la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.\nEl consejo social debe velar para que, con carácter previo a la aprobación del balance y la liquidación del presupuesto de la universidad, haya sido hecha la auditoría correspondiente, que puede ser solicitada a la Intervención General de la Generalidad o bien a servicios externos. Las auditorías externas actúan bajo las directrices de la Intervención General de la Generalidad.\nLos resultados de las auditorías deben ser supervisados por el consejo social y remitidos al departamento competente en materia de universidades para que los entregue a la Sindicatura de Cuentas.\nCapítulo IV Artículos 99 y 100\nSon miembros del consejo de antiguo alumnado y de personas amigas de la universidad las personas que pertenecen a las asociaciones de antiguos alumnos y de amigos reconocidas como tales por la universidad y las personas que se vinculen directamente a la misma, en la forma que determine la universidad.\nEl consejo de antiguo alumnado y de personas amigas de la universidad tiene las funciones que le atribuya la normativa interna de la universidad.\nTítulo IV Artículos 101 a 114\nCapítulo I Artículos 101 a 103\nLas universidades del sistema universitario de Cataluña serán creadas o reconocidas por ley del Parlamento de Cataluña, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, previo informe de la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Gozan de personalidad jurídica plena, capacidad de obrar y patrimonio propio.\nPara la creación o el reconocimiento de las universidades a que se refiere el artículo 4.1.b de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, el acuerdo del Gobierno de la Generalidad debe contar con la ratificación del Parlamento.\nEl reconocimiento de universidades privadas por el Parlamento requiere una garantía suficiente de su calidad académica y su viabilidad económica. A tales efectos, y sin perjuicio de los requisitos básicos que sean exigibles, el Gobierno de la Generalidad puede establecer los requisitos y las garantías de suficiencia que sean pertinentes.\nLas universidades públicas y privadas de Cataluña se rigen por la presente Ley y por las normas que la desarrollen, sin perjuicio de la normativa básica estatal regulada por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y por las normas que la desarrollan; por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica; por su ley de creación o de reconocimiento y, en el caso de las universidades privadas, por la normativa aplicable a la figura jurídica que hayan adoptado.\nEn virtud de su autonomía, las universidades se rigen por sus estatutos, en el caso de las públicas, o por sus normas de organización y funcionamiento, en el caso de las privadas, y por el resto de la normativa interna.\nEn defecto de norma expresa y en el marco de la legislación básica del Estado, es de aplicación supletoria a las universidades públicas de Cataluña la legislación de la Generalidad sobre el procedimiento administrativo, el régimen de los funcionarios de la Administración de la Generalidad, salvo el régimen estatutario aplicable a los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, el régimen patrimonial y financiero y la contratación administrativa.\nLas universidades públicas ejercen las prerrogativas establecidas por la normativa vigente para las administraciones públicas, excepto las propias y exclusivas de los entes territoriales.\nCorresponde a las universidades elaborar los propios estatutos, en el caso de las públicas, o las propias normas de organización y funcionamiento, en el caso de las privadas.\nCorresponde al Gobierno de la Generalidad aprobar, previo control de su legalidad, los estatutos de las universidades públicas y las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas.\nCapítulo II Artículos 104 a 114\nCreación, reconocimiento e implantación\nInforme de los planes de estudios\nCorresponde al departamento competente en materia de universidades emitir un informe de los planes de estudios, a petición del rector o rectora y con carácter previo a la homologación del título, de acuerdo con la normativa vigente.\nEl informe a que se refiere el apartado 1 debe verificar la viabilidad económica del plan de estudios y su adecuación a los requisitos básicos y a lo que establecen la presente Ley y el resto de la normativa vigente.\nVariaciones en las condiciones de la autorización\nEl departamento competente en materia de universidades autoriza el cambio de denominación, de emplazamiento y de destinación de los centros docentes propios de las universidades públicas.\nEl departamento competente en materia de universidades debe dar su conformidad:\nLos campus universitarios e interuniversitarios\nLas universidades públicas catalanas pueden estructurarse en campus universitarios, concebidos como espacios presenciales o virtuales de integración y convivencia de los miembros de la comunidad universitaria.\nLas universidades pueden constituir campus interuniversitarios, con carácter presencial o virtual, con el objetivo de compartir personal, centros, estructuras, enseñanzas, investigación y servicios. Las universidades deben facilitar la movilidad de su personal docente e investigador y de los estudiantes en los campus interuniversitarios.\nCentros docentes que expiden títulos extranjeros\nCorresponde al departamento competente en materia de universidades autorizar los centros docentes que quieran establecerse en Cataluña para impartir, bajo cualquier modalidad, enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de educación superior universitaria no homologados a los títulos universitarios oficiales, así como revocar su autorización.\nLa autorización a que se refiere el apartado 1 requiere el informe previo favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, de acuerdo con los estándares de calidad que la Agencia haya elaborado para estos tipos de centros.\nFunciones inspectoras y comprobación de los requisitos\nTítulo V Artículos 115 a 120\nLa programación universitaria de Cataluña\nLa Programación universitaria de Cataluña es un instrumento de planificación, coordinación y reordenación de las enseñanzas que ofrecen las universidades públicas de Cataluña, que incluye, como mínimo, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales.\nLa Programación universitaria de Cataluña también tiene en cuenta las enseñanzas de las universidades privadas que soliciten ser incluidas en la misma.\nLa Programación universitaria de Cataluña es elaborada por el departamento competente en materia de universidades, por períodos plurienales. Debe tener en cuenta las demandas de las universidades y debe basarse en los criterios propuestos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, que deben considerar, como mínimo:\nLa financiación universitaria\nEl régimen económico de las universidades públicas de Cataluña es el regulado por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, por la presente Ley y por la normativa de finanzas y presupuestaria de la Generalidad.\nLas universidades públicas gozan de autonomía económica y financiera, de acuerdo con la normativa vigente, y disponen de los recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones.\nCorresponde al Gobierno de la Generalidad aprobar los precios públicos de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales y el resto de derechos legalmente establecidos.\nEl servicio público de la enseñanza superior sostenido económicamente por la Generalidad no se presta con carácter empresarial.\nLas universidades públicas y el departamento competente en materia de universidades deben fomentar la promoción y el patrocinio de sus servicios, especialmente para los sectores de la sociedad que resulten directamente beneficiados.\nLos compromisos económicos de carácter plurienal con cargo a los presupuestos de la Generalidad que se deriven de la aplicación de la presente Ley se aprueban de acuerdo con la normativa de finanzas públicas de la Generalidad.\nEstructura de la financiación universitaria\nLa financiación de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, con cargo a los presupuestos de la Generalidad y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, debe basarse en tres tipos de aportaciones:\nCorresponde al departamento competente en materia de universidades establecer la estructura del modelo de financiación universitaria. Este modelo debe ser transparente y asegurar a las universidades públicas la estabilidad de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y el estímulo de la eficiencia, la eficacia y la mejora de la calidad."\nLos contratos-programa son un instrumento de financiación de la aportación complementaria establecida por la letra b del artículo 118, así como el instrumento de observación, diagnóstico, planificación y adopción de decisiones conjuntas entre el departamento competente en materia de universidades y las universidades.\nLos contratos-programa deben establecer los indicadores susceptibles de valorar los resultados de las actuaciones orientadas a conseguir los objetivos fijados, así como los objetivos de mejora de la calidad de la universidad. También pueden considerar los resultados de las evaluaciones de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.\nEl plan de inversiones universitarias\nEl Plan de inversiones universitarias es el instrumento específico para financiar las infraestructuras y los equipamientos de las universidades públicas que se requieren para la ejecución de la Programación universitaria de Cataluña.\nEl Plan de inversiones universitarias, que tiene carácter plurienal, es aprobado por el Gobierno de la Generalidad.\nTítulo VI Artículos 121 a 136\nCapítulo I Artículos 121 a 123\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña se estructura en los órganos siguientes:\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña puede organizarse también en comisiones de carácter permanente, con el objeto de informar y asesorar en cuanto a cuestiones relativas a la actividad académica; y en comisiones de carácter no permanente, con el objeto de informar y asesorar en cuanto a aspectos concretos de interés general del sistema universitario.\nCorresponde al presidente o presidenta, a propuesta del vicepresidente o vicepresidenta o de cualquiera de los órganos colegiados del Consejo, constituir las comisiones a que se refiere el apartado 1 y determinar su composición y funciones.\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña, mediante la creación de comisiones específicas de carácter asesor, debe promover la participación de las personas o de las entidades representativas de las necesidades y los intereses sociales, profesionales, académicos o económicos que, por sus competencias, actividades, conocimientos o experiencia, puedan ayudar al Consejo a cumplir mejor las funciones que tiene encomendadas.\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña se rige por la presente Ley, por sus normas de organización y funcionamiento y, en lo que no sea expresamente regulado por éstas, por la normativa específica de los órganos colegiados aplicable a la Administración de la Generalidad.\nLa Conferencia General debe celebrar dos reuniones ordinarias, como mínimo, durante el curso académico. Para convocar una reunión extraordinaria es preciso la decisión del presidente o presidenta o, por lo menos, el acuerdo de una tercera parte de sus miembros.\nCapítulo II Artículos 124 a 126\nLa presidencia de la Conferencia General y la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña recae en la persona titular del departamento competente en materia de universidades, el cual también preside las reuniones de las comisiones, cuando asiste a ellas.\nEl presidente o presidenta tiene atribuidas las funciones propias de la presidencia de un órgano colegiado y puede delegarlas expresamente en el vicepresidente o vicepresidenta.\nEl secretario o secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña tiene atribuidas las funciones de apoyo a los órganos del Consejo y de dirección de las oficinas, las estructuras y los servicios adscritos al Consejo, y las propias de las secretarías de los órganos colegiados.\nEl secretario o secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que es también secretario o secretaria de la Conferencia General y de la Junta, es nombrado y destituido por el Gobierno de la Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de universidades.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas pueden adscribir personal a la Secretaría General del Consejo, en la situación que corresponda administrativamente, de acuerdo con la normativa vigente.\nEl secretario o secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña debe elaborar una memoria anual que recoja las actividades de la Junta y de las comisiones y también las conclusiones de la Conferencia General. Esta memoria debe ser presentada al departamento competente en materia de universidades y a las universidades catalanas, y debe ser remitida al Parlamento de Cataluña.\nCapítulo III Artículos 127 a 133\nLa Conferencia General del Consejo Interuniversitario de Cataluña es el órgano de participación y coordinación de la comunidad universitaria para conocer y evaluar los objetivos principales del sistema universitario de Cataluña.\nIntegran la Conferencia General del Consejo Interuniversitario de Cataluña:\nLos miembros de la Conferencia General que no lo son por razón del cargo que ocupan son nombrados por un período de cuatro años y pueden ser renovados por el mismo período. En el supuesto de que se produzca una vacante, el nuevo miembro es nombrado por el período restante de mandato del miembro que ha cesado.\nFunciones de la conferencia\ni) El resto de funciones que le atribuyan la presente Ley y demás normativa vigente.\nj) Proponer los criterios de la política de becas que garanticen una igualdad de oportunidades efectiva.\nLa Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña es el órgano de gestión del Consejo para ejercer las funciones que le encomienda la presente Ley. La Junta actúa en pleno o como junta permanente.\nIntegran el pleno de la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña:\nc) Los rectores de las universidades públicas y el rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.\nLa Junta Permanente está integrada por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, los rectores de las universidades públicas, el rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas, los tres representantes del departamento competente en materia de universidades y el secretario o secretaria general del Consejo. Le corresponden las funciones establecidas por el artículo 131 cuando afecten exclusivamente a las universidades públicas.\nLos miembros de la Junta del Consejo son nombrados y separados de acuerdo con lo que establece el artículo 127.3.\nCorresponde a la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña:\nSin perjuicio de lo que establece el artículo 116.2, el Consejo Interuniversitario de Cataluña debe ser informado de la programación de las universidades privadas, a efectos de la emisión del informe a que se refiere la letra b del apartado 1. Las universidades privadas deben poner en conocimiento del departamento competente en materia de universidades su programación.\nDelegación y validación\nLa Junta del Consejo puede delegar expresamente en las comisiones permanentes que se constituyan las funciones que le son atribuidas por el artículo 131.\nLa Junta debe validar los informes y las propuestas de las comisiones del Consejo Interuniversitario de Cataluña y puede expresar la posición institucional del Consejo en los asuntos que le sean expresamente sometidos por la Presidencia del Consejo.\nLos informes del Consejo Interuniversitario de Cataluña son preceptivos, pero sólo son vinculantes si una disposición normativa expresa lo establece.\nCapítulo IV Artículos 134 a 136\nLas universidades públicas y el departamento competente en materia de universidades pueden encargar al Consejo Interuniversitario de Cataluña la gestión de actividades de carácter técnico o de servicios de su competencia para la coordinación interuniversitaria, de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades deben dotar el Consejo Interuniversitario de Cataluña de los medios necesarios para ejercer las funciones que le sean encomendadas.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades pueden acordar fórmulas de colaboración para garantizar la coordinación necesaria para el pleno desarrollo del sistema universitario de Cataluña.\nEl Consejo Interuniversitario de Cataluña y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña deben colaborar en todo cuanto facilite el ejercicio de sus competencias.\nEn el marco del apoyo y la colaboración entre instituciones, las universidades deben proporcionar al Consejo Interuniversitario de Cataluña la información y, en particular, los datos estadísticos que éste les solicite, respectando la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.\nTítulo VII Artículos 137 a 148\nCapítulo I Artículo 137\nLa promoción y la garantía de la calidad de las universidades catalanas corresponde a las propias universidades y al departamento competente en materia de universidades.\nEl principal instrumento para la promoción y la evaluación de la calidad es la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.\nCapítulo II Artículos 138 a 148\nLa configuración jurídica del Consorcio Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña, creada por el Decreto 355/1996, de 29 de octubre, se modifica y adopta la forma jurídica de entidad de derecho público de la Generalidad de Cataluña que ajusta su actividad al derecho privado, vinculada al departamento competente en materia de universidades, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de sus funciones.\nLa Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña, pasa a denominarse Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.\nLa Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña tiene como objetivo la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades y de los centros de enseñanza superior de Cataluña.\nCorresponden a la Agencia las funciones siguientes:\nh) La evaluación de la actividad desarrollada por los investigadores, y la valoración de los méritos individuales del personal docente, funcionario y contratado, para la asignación de complementos retributivos, de acuerdo con los artículos 55 y 69 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nA efectos de lo que establece la letra i del apartado 2, las universidades privadas deben formalizar el correspondiente convenio con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.\nEl Consejo de Dirección es el órgano superior de gobierno de la Agencia, y sus funciones son las que establezcan sus estatutos.\nEl Consejo de Dirección está constituido por los miembros siguientes:\nb) Los rectores de las universidades públicas y el rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.\nLos miembros del Consejo de Dirección son nombrados por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos por dos mandatos más de la misma duración. Se renuevan por mitades cada dos años, salvo los que lo sean por razón del cargo, que cesan en la representación cuando cesan en éste.\nEl presidente o presidenta de la Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador y el presidente o presidenta de la Comisión de Evaluación de la Investigación son nombrados por un período de cuatro años renovable.\nEl Consejo de Dirección debe reunirse, de forma ordinaria, dos veces al año, como mínimo. Para que pueda reunirse en sesión extraordinaria es preciso la decisión del presidente o presidenta o, por lo menos, el acuerdo de una tercera parte de sus miembros.\nEl director o directora asume la dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la representación plena del Consejo de Dirección en relación con la ejecución de los acuerdos que adopte este órgano.\nEl director o directora es designado por la persona titular del departamento competente en materia de universidades, oído el Consejo de Dirección, por un período de cuatro años, prorrogable por dos veces.\nSe crea la Comisión de Evaluación de la Calidad, con carácter permanente, que ejerce las funciones establecidas por el artículo 140.2, excepto las fijadas por las letras f, g, h e i.\nLa composición de la Comisión de Evaluación de la Calidad debe ser adecuada a lo que establezcan las normas, los criterios y las recomendaciones internacionales para el otorgamiento de las certificaciones y las acreditaciones correspondientes. Sus miembros son designados por el director o directora de la Agencia, oído el Consejo de Dirección, y, en todo caso, debe integrar miembros externos al sistema universitario de Cataluña.\nComisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador\nSe crea la Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador, con carácter permanente, que ejerce la función establecida por la letra f del artículo 140.2 y las que le sean expresamente atribuidas por la demás normativa vigente o encomendadas por el departamento competente en materia de universidades.\nLa Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador está constituida por los miembros siguientes:\nComisión de Evaluación de la Investigación\nSe crea la Comisión de Evaluación de la Investigación, con carácter permanente, que ejerce las funciones establecidas por las letras g, h e i del artículo 140.2 y las que le sean expresamente atribuidas por la demás normativa vigente o encomendadas por el departamento competente en materia de universidades.\nLa Comisión de Evaluación de la Investigación está constituida por los miembros siguientes:\nLos miembros designados de acuerdo con las letras b y c del apartado 2 lo son de entre el colectivo de catedráticos funcionarios o contratados en Cataluña en situación de activos, que cumplan alguna de las condiciones siguientes:\nEn la designación de los miembros de la Comisión de Evaluación de la Investigación debe procurarse el equilibrio entre los diferentes ámbitos del conocimiento.\nLa Comisión de Evaluación de la Investigación desarrolla su actividad mediante comisiones, que pueden tener carácter permanente, con funciones de información, propuesta y recomendación.\nLos miembros de las comisiones son designados de acuerdo con los requisitos y el procedimiento que establezca la Comisión de Evaluación de la Investigación. Deben integrarse en ellas, en todo caso, miembros externos al sistema universitario y de investigación catalán.\nEn todo caso, debe constituirse una comisión o más de les modalidades siguientes:\nIndependencia técnica y consideración de otras evaluaciones\nLas comisiones evaluadoras, que actúan con independencia, aprueban las evaluaciones que haga la Agencia en sus ámbitos respectivos, y son sus responsables finales.\nLas evaluaciones y las acreditaciones hechas por otras agencias u órganos de evaluación en materia de la competencia de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña pueden ser consideradas por la mencionada Agencia, a efectos de lo que establece la presente Ley.\nDisposiciones generales Artículos 149 a 165\nLa Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña se rige por la presente Ley; por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana; por sus estatutos y por la demás normativa vigente que le sea aplicable.\nLa Agencia somete su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de derecho civil, mercantil y laboral que le sean aplicables, excepto los actos de evaluación, acreditación o certificación y los que impliquen el ejercicio de potestades públicas, los cuales quedan sometidos al derecho público.\nEn las relaciones internas de la Agencia con la Administración de la Generalidad, con las universidades públicas y con las demás administraciones públicas, se aplica el derecho público.\nEl régimen de adopción de acuerdos y funcionamiento de sus órganos colegiados se sujeta a la normativa de la Generalidad aplicable a dichos órganos.\nLos estatutos de la Agencia son aprobados por decreto del Gobierno de la Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de universidades y a iniciativa del Consejo de Dirección.\nLos estatutos deben determinar, como mínimo, las funciones de los órganos de gobierno, estructura orgánica, normas de funcionamiento y régimen de impugnación de los actos.\nConstituyen el patrimonio de la Agencia los bienes y los derechos que le son adscritos y los bienes y los derechos propios de cualquier naturaleza que adquiera o reciba por cualquier título, los cuales deben ser registrados en el inventario correspondiente.\nEl patrimonio de la Agencia afecto al ejercicio de sus funciones tiene la consideración de dominio público y se adecua al régimen jurídico propio de este tipo de bienes.\nSe entiende implícita la utilidad pública en relación con la expropiación de inmuebles por lo que respecta a las obras y los servicios de la Agencia.\nLa gestión del patrimonio debe ajustarse a lo que dispone la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, y a la legislación de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.\nDisolución y modificación\nLa disolución de la Agencia se produce por ley, que debe establecer el procedimiento de liquidación y la forma mediante la cual los órganos de la Agencia siguen ejerciendo provisionalmente las funciones hasta que la liquidación sea total.\nLa modificación de la naturaleza jurídica de la Agencia requiere una ley del Parlamento de Cataluña.\nTítulo VIII Artículos 155 a 165\nLos bienes y los derechos de cada una de las universidades públicas de Cataluña afectos al servicio público tienen la consideración de bienes de dominio público. La universidad asume la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 80 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.\nEn el ejercicio de sus facultades patrimoniales de desafectación de los bienes inmuebles de dominio público, los consejos sociales de las universidades públicas de Cataluña requieren la ratificación posterior del Gobierno de la Generalidad.\nLos bienes y derechos que adquieran las universidades públicas, cuando no estén afectos al servicio público, tienen la consideración de bienes patrimoniales.\nLa alienación de títulos de sociedades que desarrollen o gestionen servicios públicos u otros, o que impliquen directa o indirectamente la extinción de la participación de la universidad o la pérdida de su condición mayoritaria, debe ser acordada por el consejo social.\nSe reconoce a las universidades establecidas en Cataluña la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que hagan las administraciones públicas con capacidad expropiatoria para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos propios de la finalidad de las universidades.\nSe declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras para la instalación, la ampliación y la mejora de las estructuras destinadas a servicios y de los equipamientos de los campus universitarios y los parques científico-tecnológicos, a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y los derechos necesarios para su establecimiento.\nLa aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública o interés social de la expropiación, que se tramita por el procedimiento de urgencia establecido por el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.\nCapítulo II Artículos 161 a 165\nAutorización de costos de personal\nAl estado de gastos corrientes del presupuesto debe adjuntarse la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los gastos e indicando si se trata de personal docente e investigador o de personal de administración y servicios, y, en ambos casos, si es personal funcionario o contratado.\nCon una antelación mínima de dos meses al inicio del año fiscal, las universidades deben comunicar al departamento competente en materia de universidades una previsión agregada de las plazas de los cuerpos docentes e investigadores y de los contratos docentes e investigadores que deben ser convocados u ofrecidos durante el año fiscal.\nLos costos del personal docente e investigador, los del personal de administración y servicios y la previsión agregada de plazas y contratos deben ser autorizados por el Gobierno de la Generalidad.\nCada universidad debe remitir al departamento competente en materia de universidades, en el plazo que este departamento determine, la liquidación auditada del presupuesto anterior y la demás documentación que constituyen las cuentas anuales de las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente la universidad tiene participación mayoritaria, a efectos de su remisión a la Intervención General de la Generalidad y a la Sindicatura de Cuentas.\nEl consejo social debe supervisar las actuaciones propias de las funciones de auditoría de la universidad.\nTodos los establecimientos de cada universidad pública de competencia de la Generalidad constituyen un único centro de trabajo.\nNo obstante lo que establece el apartado 1, a efectos representativos, para cada universidad pública, las relaciones laborales del personal académico contratado y los ayudantes y las relaciones laborales del personal de administración y servicios contratado en régimen laboral constituyen, cada una por si misma, un centro de trabajo diferenciado.\nEl departamento competente en materia de universidades y las universidades públicas deben promover la constitución de una estructura técnica con la finalidad de asumir la representación de la parte pública en la negociación de convenios, acuerdos y pactos colectivos y asistir a les universidades públicas para aplicarlos y administrarlos.\nOficina sobre el espacio europeo de enseñanza superior\nEn el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña, debe crearse una oficina con el objetivo de potenciar la plena integración de las universidades en el espacio europeo de enseñanza superior.\nCorresponden a la oficina a que se refiere el apartado 1 las funciones siguientes:\nEl plazo máximo para notificar la resolución expresa en los procedimientos de creación y reconocimiento de universidades es de un año, y en los procedimientos de ordenación de la actividad universitaria establecidos por los artículos 104, 105, 106, 110 y 113 del capítulo II del título IV es de seis meses. Pasado dicho plazo sin que se haya dictado resolución se entienden desestimados, en los términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.\nLos estatutos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña regulada por la presente Ley deben fijar el plazo para la resolución de los procedimientos de su competencia. En todo caso, los informes relativos al profesorado lector y el profesorado colaborador deben emitirse en el plazo máximo de tres meses, pasados los cuales se entienden valorados positivamente. Las acreditaciones de investigación deben expedirse en el plazo máximo de seis meses, pasados los cuales sin resolución expresa se entienden otorgadas.\nEn atención a la Ley 3/1995, de 6 de abril, de reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya y a su condición de universidad impulsada por la Generalidad, y sin perjuicio de lo que establece la presente Ley, las normas de organización y funcionamiento de la Universitat Oberta de Catalunya, que deben ser aprobadas por el Gobierno de la Generalidad, deben establecer su estructura docente, de investigación y de gestión; los sistemas de participación; las condiciones docentes de su profesorado propio, el régimen específico del personal docente colaborador y el régimen de los convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, para el impulso de la red de centros y puntos de apoyo.\nLa financiación, los procedimientos y las normativas dictadas por el departamento competente en materia de universidades pueden ser objeto de previsiones particulares para adaptarlos a les características especiales que, por su Ley de reconocimiento, tiene la Universitat Oberta de Catalunya.\nEn el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Universitat Oberta de Catalunya debe adaptar sus normas de organización y funcionamiento conforme a lo que en ella se dispone y remitirlas al Gobierno de la Generalidad para que las apruebe.\nRelación entre universidades e instituciones sanitarias\nFomento de la investigación, el desarrollo y la innovación empresariales\nDe la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA)\nLas universidades pueden acordar con la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) la vinculación de investigadores a programas o proyectos de investigación, en los términos establecidos por el artículo 62.\nLas universidades pueden contratar a los investigadores vinculados de la Institución o de otras entidades para desarrollar labores docentes como profesores colaboradores, asociados o visitantes, de acuerdo con la normativa aplicable.\nPaternidad o maternidad del profesorado lector\nAdaptación de los consejos sociales\nEn el plazo máximo de seis meses, a contar del día siguiente al de la publicación de los estatutos de la universidad correspondiente en el DOGC, los consejos sociales deben adaptar su composición a lo que establece el capítulo III del título III, y deben ser designados y nombrados todos sus miembros. Mientras tanto, queda prorrogado el mandato de los miembros que, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, integraban los consejos sociales.\nLa primera renovación de los consejos sociales debe producirse en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente de haber sido constituidos.\nAdaptación del Consejo Interuniversitario de Cataluña\nMientras no hayan entrado en vigor los estatutos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, las funciones establecidas por el artículo 140 son ejercidas, con carácter transitorio, por el Consorcio Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña, constituido por el Decreto 355/1996, de 29 de octubre.\nLos bienes y los medios materiales adscritos al Consorcio, que son de titularidad de la Generalidad, deben integrarse en la entidad de nueva creación, de acuerdo con su naturaleza jurídica originaria. La entidad de derecho público también se subroga en la posición jurídica del mencionado Consorcio por lo que respecta a los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas.\nEl personal laboral que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, preste servicios en el Consorcio debe integrarse en la entidad de nueva creación, la cual se subroga de forma expresa respecto a las relaciones contractuales laborales de dicho personal.\nEl Consejo de Dirección del Consorcio debe adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo que establece la presente Ley.\nLa primera renovación de los miembros del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña debe producirse en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente al de haber sido constituido.\nAdaptación de los estatutos y las normas de organización y funcionamiento\nAdaptación curricular sobre el espacio europeo de enseñanza superior\nDe la desvinculación académica\nDesarrollo normativo y ejecución\nAportaciones a las universidades públicas\nLa Generalidad, con el objetivo de hacer eficaz la presente Ley y en el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña, debe hacer un seguimiento de las magnitudes y los indicadores del sistema universitario de Cataluña en comparación con el conjunto del espacio europeo de enseñanza superior, e impulsar el objetivo de la plena convergencia con Europa en el horizonte de 2010 mediante las medidas de toda índole -jurídicas, económicas, financieras y de política científica- que sean precisas.\nEn cualquier caso, los presupuestos de la Generalidad deben aumentar la dotación asignada a la financiación de las universidades públicas, dentro del período 2003-2010 y de forma gradual, hasta llegar a un incremento real mínimo del 30% de la dotación presupuestada para 2002.\nPara promover las nuevas figuras contractuales permanentes de profesorado, la Generalidad debe elaborar y dotar presupuestariamente un plan que establezca en doce años la creación de 400 contratos de catedrático contratado y 800 de profesorado agregado, a razón aproximada de 100 contratos de catedrático o profesor agregado por año, contratos que debe cofinanciar en el 50%. Estas aportaciones, adicionales al incremento indicado por el apartado 2, deben ser incluidas cada año en los presupuestos de la Generalidad, a partir de los presupuestos de 2003.\nA efectos de lo que prescriben los apartados 1, 2, y 3, se autoriza al Gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas de carácter reglamentario necesarias para materializar dichos compromisos.\nLa presente Ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el DOGC, salvo el título VII, que entra en vigor al día siguiente al de la publicación de la Ley.\nPalacio de la Generalidad, 19 de febrero de 2003\nDECRETO 142/1981, de 30 de Diciembre, sobre incorporación de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1981, en materia de Policía Autónoma.


Irán promete darle a Israel una "respuesta fundamental" y asegura que las medidas tomadas harán "entrar en razón" a Tel Aviv - Portal Diverso\nEl jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri. (Foto tomada de RT).\nEl jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, arremetió este domingo 25 de abril contra Israel, prometiendo darle una «respuesta fundamental» y asegurando que las medidas tomadas por los movimientos de resistencia harán que Tel Aviv «entre en razón», recoge el canal Press TV citado por la cadena RT.\nLas declaraciones del alto cargo militar se producen luego que la televisión iraní Al-Alam confirmara que un petrolero atacado este sábado cerca de Baniás (Siria) era uno de los tres barcos iraníes que llegaron hace un tiempo a una terminal petrolera.\nPreviamente, la agencia siria SANA reportó que en uno de los depósitos del petrolero se registró un incendio como consecuencia de lo que se cree fue un ataque con un dron desde aguas territoriales libanesas.\n«No vamos a anunciar nada sobre los autores de los incidentes y no sabemos quiénes son, pero el Frente de Resistencia dará una respuesta fundamental a los sionistas», dijo el alto cargo. «No está claro cuál será la respuesta de Irán, pero el régimen sionista no estará tranquilo», agregó.\n«[Los israelíes] piensan que pueden atacar permanentemente el territorio sirio y hacer travesuras en diferentes lugares y en los mares y no recibir una respuesta. […] Las medidas tomadas en los últimos días y las acciones futuras que pongan en peligro sus intereses ciertamente los harán entrar en razón», aseveró Bagheri.\nSé el primero en comentar en «Irán promete darle a Israel una «respuesta fundamental» y asegura que las medidas tomadas harán «entrar en razón» a Tel Aviv»