Rusia sancionada por doping y está fuera de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos (0:37)\nLa Agencia Mundial Antidopaje expulsó al deporte ruso de toda competencia internacional por la manipulación de la base de datos del laboratorio en Moscú. La selección de fútbol podrá disputar la Euro 2020. (0:37)\nLa Agencia Mundial Antidopaje (AMA) excluyó este lunes a Rusia de las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, durante un plazo de cuatro años debido a la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú, cinco años después de que saltara el escándalo por dopaje en el deporte ruso.\nMinistro del deporte en Rusia, Pavel Kolobkov. Getty Images\nFechas claves del proceso por dopaje que empezó a finales de 2014:\n2 diciembre: Se emite el documental "Secreto oficial dopaje. Cómo Rusia crea a sus ganadores", de la televisión alemana ZDF/ARD, en el que pone al descubierto la trama sistemática de dopaje.\n15 diciembre: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pone en marcha una Comisión Independiente para investigar las denuncias sobre dopaje en Rusia.\n23 enero: Dimite el entrenador jefe del equipo nacional de atletismo ruso, Valentín Maslákov.\n17 febrero: Dimite el presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Valentín Balájnichev.\n3 noviembre: La justicia francesa registra la sede de la IAAF, en Mónaco, e imputa por corrupción al presidente de la organización entre 1999 y 2015, el senegalés Lamine Diack.\n9 noviembre: La Comisión Independiente de la AMA recomienda en un informe excluir a los atletas rusos de los Juegos de Río de Janeiro 2016.\n13 noviembre: El consejo directivo de la IAAF suspende a la Federación Rusa por el escándalo de dopaje, sobornos para ocultar positivos y destrucción de muestras en el laboratorio de Moscú.\n23 noviembre: El ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, suspende las actividades de la Agencia Antidopaje Rusa, Rusada, tras las acusaciones de no actuar contra las prácticas de dopaje.\n14 enero: Se presenta la segunda parte del informe de la Comisión Independiente de la AMA en el que se apunta la corrupción sistemática en la IAAF, en la etapa del presidente senegalés Lamine Diack, para ocultar casos de dopaje en Rusia.\n17 mayo: El COI anuncia que un nuevo análisis de 454 muestras conservadas desde los Juegos de Pekín 2008, revelan 31 nuevos positivos por dopaje de deportistas de 12 países -entre ellos Rusia-\n27 mayo: El COI anuncia el positivo de 23 deportistas de seis países en el reanálisis de las muestras de Londres 2012. Rusia admite que 8 positivos son de su país.\n17 junio: La IAAF decide mantener la suspensión a la Federación de Atletismo de Rusia (FAR) y sus atletas no podrán competir en Río.\n18 julio: Rusia promovió un sistema de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014), por el que cambiaban un positivo por dopaje en negativo, bajo supervisión del Ministerio de Deportes y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), según el informe de Richard McLaren encargado por la AMA.\n22 julio: el COI anuncia 45 nuevos casos de dopaje en el reanálisis de las muestras recogidas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, lo que eleva a 98 los nuevos casos de positivos.\n7 agosto: el Comité Paralímpico Internacional (CPI) excluye al equipo ruso de los Juegos de Río, por las denuncias de dopaje de Estado recogidas en el informe McLaren.\n9 diciembre: se difunde la segunda parte del informe McLaren, en el que denuncia la "conspiración institucional" del dopaje en Rusia y revela que más de 1.000 deportistas olímpicos rusos se vieron implicados o beneficiados para ocultar positivos (2011 y 2015).\nAgencia anti dopaje de Rusia. Getty Images\n1 marzo: Vladímir Putin admite fallos en los sistemas de control antidopaje en Rusia.\n8 noviembre: El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov, asegura que la investigación oficial realizada por el Comité de Instrucción rechaza las acusaciones de dopaje de Estado vertidas por el informe McLaren.\n5 diciembre: la Ejecutiva del COI suspende con efecto inmediato al Comité Olímpico ruso por el dopaje de Sochi al no funcionar el sistema antidopaje ruso.\n6 febrero.- La asamblea del COI respalda la decisión que tomó en diciembre la Ejecutiva del organismo de autorizar la participación en PyeongChang 2018 de solo un grupo de deportistas rusos bajo bandera olímpica.\n22 mayo: la FIFA cierra la investigación a tenor del informe Mclaren y no encuentra pruebas suficientes para afirmar que los jugadores para el Mundial de Rusia violaron las normas antidopaje.\n27 julio: el Consejo de la IAAF mantiene la suspensión a la Federación rusa.\n20 septiembre: la AMA rehabilita a la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), tres años después de suspenderle la licencia, pero le impone estrictas condiciones.\n23 septiembre: la AMA da tres semanas a la Rusada para que atienda a nuevas reclamaciones, por cambios en las bases de datos en el Laboratorio de Moscú, que hacen dudar la autenticidad de los datos recabados y se sospecha posible manipulación de las pruebas.


EE. UU. reglamenta aplicación de sanciones a los orteguistas - Confidencial\nEE. UU. reglamenta aplicación de sanciones a los orteguistas\nNormativa de la OFAC del Departamento del Tesoro impide una amplia gama de transacciones para los nueve sancionados\nEl Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este martes una normativa exhaustiva y detallada para aplicar las sanciones a los nueve funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo, a quienes Washington señala de violar derechos humanos, estar involucrados en casos de corrupción y lavado de activos. La normativa también es aplicable para otros funcionarios y allegados del régimen que podrían ser sancionados en las próximos meses.\n“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está emitiendo un reglamento para implementar la Orden Ejecutiva 13851 del 27 de noviembre de 2018 (Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua)”, explica el Departamento del Tesoro. “Estas regulaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Registro Federal el 4 de septiembre de 2019”.\nCasi un año después de que Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, Francisco ‘Chico’ López Centeno, el comisionado Francisco Díaz, Fidel Moreno, Néstor Moncada Lau, el general en retiro Oscar Mojica, Laureano Ortega Murillo, Gustavo Porras, Orlando Castillo, Sonia Castro, Bancorp y a la misma vicepresidenta Rosario Murillo, el Departamento del Tesoro emite una regulación para aplicar las sanciones.\nEl documento publicado este martes impone normativas que impiden una amplia gama de transacciones para los sancionados, empezando por bloqueo de sus bienes y propiedades en Estados Unidos, cuentas asociadas al sistema financiero norteamericano; mantenimiento de fondos en cuentas remuneradas, sean inversión y reinversión. El Departamento del Tesoro también impone nuevas normativas a personas e instituciones financieras estadounidenses para transar con los sancionados. Es decir que las restricciones abarcan hasta niveles comerciales.\nLa normativa impide a los sancionados orteguistas realizar cualquier tipo de transacción para salvaguardar los bienes afectados. El radio de acción de la nueva regulación bastante amplio:\n“Incluirá la realización, ejecución, o la entrega de cualquier cesión, poder, transmisión, control, declaración, escritura, escritura de fideicomiso, poder notarial, poder de nombramiento, escritura de compraventa, hipoteca, recibo, acuerdo, contrato, certificado, regalo, venta, declaración jurada o estado de cuenta; la realización de cualquier pago; la la compensación de cualquier obligación o crédito; el nombramiento de cualquier agente, fideicomisario o fiduciario; la creación o transferencia de cualquier gravamen; la emisión, registro, presentación o gravamen de o bajo cualquier sentencia, decreto, embargo, mandamiento judicial, ejecución u otro procedimiento judicial o administrativo el proceso u orden, o el servicio de cualquier embargo”.\nEl Departamento del Tesoro también impone una serie de limitaciones a personas e instituciones financieras estadounidenses para transar con los sancionados. Incluso, amenaza con multas y sanciones a cualquier entidad norteamericana que se relaciones con los sancionados.\n“El término institución financiera estadounidense significa cualquier entidad estadounidense (incluidas sus sucursales en el extranjero) que se dedique a aceptar depósitos, realizar, otorgar, transferir, retener o negociar préstamos u otras extensiones de crédito, o comprar o vender divisas, valores, futuros u opciones de productos básicos, o adquirir compradores y vendedores de los mismos, como principal o agente”, explica el extenso documento.\nLas instituciones financieras también incluye “bancos, cajas de ahorros, compañías fiduciarias, corredores y corredores de valores, corredores y corredores de futuros y opciones, comerciantes de contratos a plazo y de divisas, bolsas de valores y de productos básicos, corporaciones de compensación, compañías de inversión, planes de beneficios para empleados y compañías tenedoras estadounidenses, afiliadas estadounidenses o subsidiarias estadounidenses de cualquiera de los anteriores”.\nDe acuerdo al Departamento del Tesoro, todo pago de fondos o transferencia de crédito a las cuentas que estén en Estados Unidos de de los sancionados orteguista “debe ser bloqueada en una cuenta en los libros de esa institución financiera”.\nLa OFAC establece también que cualquier honorario profesional que un sancionado reciba fuera de los Estados Unidos debe ser bloqueado siempre y cuando el dinero proceda de: “Una fuente dentro de los Estados Unidos, o cualquier fuente, dondequiera que se encuentre, que esté en posesión o bajo el control de los Estados Unidos”.\nPara concluir, el Departamento el Tesoro cita una orden ejecutiva de Donald Trump en la que impide a los sancionados ingresar a Estados Unidos, cancelándoles las visa.


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Inicio > Documentación > Boletín > Boletín marzo 2011\nReunión de la Junta Directiva. En esta reunión, celebrada el 15 de febrero, se tomaron entre otros, los siguientes acuerdos: felicitar a Germán Sánchez Ruiperez con ocasión de su investidura Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca; aprobar la liquidación del ejercicio económico 2010 para su presentación a la Asamblea; renovar el contrato suscrito con Disueño Comunicación; aprobar el plan de formación para el primer semestre 2011, consistente en dos sesiones de comunicación y marketing on-line del libro; y aprobar el ingreso en la Asociación de Creaciones Vicent Gabrielle (Azucena Merino Acebes); Cuento de Luz, S.L.; Reino de Cordelia, S.L. e Instituto RTVE.\nAdemás, se informó de las visitas institucionales al Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y a la Directora General de Archivos Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid; de la reunión del Consejo Rector de la Cámara del Libro de Madrid; de los preparativos de la participación en LIBER y del viaje colectivo a la Feria de Londres; y de las actividades de las distintas Comisiones.\nReunión de la Comisión de Editores del Libro Religioso. La reunión, celebrada el pasado 17 de febrero, estuvo dedicada a la puesta en marcha del plan de actividades de la Comisión para 2011 (participación conjunta en la feria LéaLA de Los Ángeles y en la Conferencia Nacional de Educadores Católicos de Nueva Orleans, catálogo, web, etc.) y al intercambio de opiniones y experiencias sobre la impresión bajo demanda en América Latina. El Coordinador informó de los principales temas de interés tratados en la Junta Directiva.\nReunión de la Comisión de Editores Científicos, Técnicos y Académicos. En esta reunión, celebrada el 21 de febrero, la Comisión fue informada en detalle sobre los principales temas y acuerdos adoptados por la Junta Directiva en sus últimas sesiones, así como de las actividades y preocupaciones de CEDRO. La preparación de una sesión informativa con empresas de distribución digital, la puesta en marcha de los catálogos multieditoriales 2011 y de una página web de la Comisión, completaron el orden del día de la reunión.\nLa "Ley Sinde" se inserta en una corriente mundial auspiciada desde los organismos internacionales económicos de lucha contra la piratería. Ni es la primera, ni la única, aunque sí constatamos que en todos los estudios internacionales España saca el mayor índice de piratería a escala europea y es de los primeros en el mundo desarrollado con graves incumplimientos de nuestras obligaciones internacionales.\nEn síntesis, la "Ley Sinde" crea una nueva sección a un órgano administrativo ya existente, la Comisión de Propiedad Intelectual, que tras denuncia de parte, realiza una rápida instigación contra las eventuales vulneraciones contra la normativa de la Propiedad Intelectual.\nPero para que no sufra ningún otro Derecho involucrado, dicha Comisión debe solicitar una doble autorización judicial. Una primera para que los operadores de comunicación identifiquen al supuesto vulnerador a los solos efectos de incorporarlo al procedimiento administrativo para que alegue lo que estime conveniente (decisión que debe tomarse en el plazo improrrogable de 24 horas, por el Juzgado Central de lo contencioso administrativo) y solo si hay vulneración y no retira el infractor de manera voluntaria los contenidos, la Comisión propondrá sanciones, incluidas el cierre, para que el citado órgano judicial pueda en plazos perentorios autorizar las sanciones. Doble instancia judicial, que es una muestra de ese espíritu garantista, pero inusual en nuestro Derecho que trata de realizarse en plazos breves, para que la justicia no se transforme por los retrasos en injusticia.\nEl que la norma no guste a todo el mundo o deje insatisfecho a todas las partes, es una muestra de su equilibrio.\nGermán Sánchez Ruipérez, editor y presidente de la Fundación que lleva su nombre, recibió el pasado 10 de febrero la máxima distinción que concede la Universidad de Salamanca, el doctor honoris causa. Con motivo de este gran acontecimiento, Don Germán nos dedica estas palabras a modo de breve resumen de toda una vida dedicada al libro.\n"El libro y la lectura son inseparables de mi vida.\nAmbos están en mi propio origen, en una familia en la que el amor a los libros era, a su vez, fiel reflejo de la profesión de mis padres, librero e impresor, él, y maestra, ella.\nAl paso de los años, mi padre adquirió en Salamanca la librería Cervantes. Y, con apenas quince años, yo me apresté a ayudarle, iniciando así más de tres lustros de intensa actividad en los que pude descubrir las claves de un mundo que siempre me resultó apasionante, además de permitirme intimar con muchos de los más ilustres catedráticos de la Universidad de Salamanca que, junto a multitud de alumnos, diariamente nos visitaban.\nEn 1958 emprendí la creación de Ediciones Anaya que, ya desde sus comienzos, manifestó su firme vocación educativa. Pronto inicié un imparable proceso de diversificación, tanto empresarial como temática. Y así nacieron Ediciones Pirámide y Editorial Cátedra, junto con Ediciones Anaya, embriones fundacionales de lo que, décadas más tarde, constituiría Grupo Anaya. Conformado por más de treinta y cinco empresas, con presencia y liderazgo nacional e internacional, y en sus catálogos se contenían - quizás como el rasgo que, de forma más específica, singularizaba a nuestro Grupo - la totalidad de las tipologías editoriales.\nEn 1981 creé la Fundación que lleva mi nombre, con la intención de que se constituyese en una entidad profesional, independiente y objetiva al servicio de la lectura y los lectores. Una Fundación con deseo de permanencia, capaz de trabajar a medio y largo plazo - único horizonte en el que es posible obtener cambios culturales relevantes - que se hiciera realidad a través del trabajo de cada uno de sus diversos centros técnicos: el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca (1985); el Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte (1989), mi lugar natal; el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas para el Medio Rural (2006), también en Peñaranda. Y el Centro de Estudios, Análisis y Debate de Madrid (1981), origen de uno de nuestros proyectos más ambiciosos y deseados: el Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura/ Casa del Lector, cuya actividad deseamos iniciar en 2011.\nDe todas mis obras, la Fundación es la más íntimamente querida. También la que mejor me contiene y proyecta. Aquella que quisiera permaneciera siempre como huella de mi paso por este mundo. Y como generosa contribución a la sociedad española, de la que tanto he recibido, y cuyo aprecio he sentido, de forma especialmente emocionada e intensa, en mi reciente nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. Sin duda, un título que colma todas mis aspiraciones. Que me llena de gratitud. Y que refuerza mi voluntad de persistir en el fortalecimiento y expansión de una Fundación que, al día de hoy, ha atendido a más de 22 millones de personas. Y que quisiera ser siempre el emblema luminoso de ese mundo del libro y la lectura que tan íntimamente habita en lo más profundo de mi corazón".\nVisitas institucionales. El Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaria General de la AEM visitaron a la Directora General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de febrero, y al Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid el 4 de febrero.\nEncuentro "Futuros de la impresión". El 16 de febrero se celebró este encuentro organizado por la Comisión de Pequeñas Editoriales, cuyo objetivo era prestar atención a la evolución y el futuro de los procesos de impresión para desarrollar nuevas estrategias y explorar posibilidades de edición. Contó con la asistencia de más de 30 personas y estuvo abierto a la participación de todos los agremiados.\nLa Asociación de Editores de Madrid está presente en Facebook y Ediciona. Invitamos a todos los asociados a seguir las noticias de la AEM a través de estas redes sociales.\nLa Asamblea General Ordinaria de la AEM tendrá lugar el próximo 5 de abril.\nLIBER 2011. Ya está abierto el plazo para la solicitud de participación con stand individual en esta feria, que se celebrará en Madrid del 5 al 7 de octubre. Puede hacerse en la página web: www.ifema.es/web/ferias/liber/default.html.\nComo es habitual, la AEM participará con un stand colectivo, que servirá como punto de encuentro de los editores agremiados y escaparate de la relevancia de la edición madrileña.\nFeria del Libro de Londres. Como cada año, la AEM organiza un viaje colectivo a la feria, que se celebrará del 11 al 13 de abril.\nFeria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tendrá lugar del 19 de abril al 9 de mayo. 18 editoriales madrileñas participarán agrupadas en el stand de la FGEE, con apoyo de la Cámara de Comercio y PromoMadrid.\nBOOK EXPO AMERICA (BEA). Se celebrará en New York, del 24 al 26 de mayo, y en ella participarán 15 empresas de la AEM con módulo individual dentro del Pabellón Oficial, con apoyo de PromoMadrid y la Cámara de Comercio de Madrid.\nFeria del Libro de Madrid. La LXX edición de la Feria se celebrará del 27 de mayo al 12 de junio de 2011 en el Parque del Retiro de Madrid. Más información en: www.ferialibromadrid.com


El RICOMS convoca la tercera edición de su Premio para Jóvenes Investigadores, con un primer premio y accésit dotados con 10.000 euros y 3.000 euros, respectivamente.\nEn 2018 convocamos la tercera edición de Premio para Jóvenes Investigadores del RICOMS, una iniciativa necesaria en estos tiempos en los que la labor investigadora -incluido el campo de la salud/Medicina- en nuestro país aún sigue sufriendo una flagrante falta de apoyo. La necesidad de este galardón puesto en marcha por nuestro Colegio viene dada por dos razones de peso: el reconocimiento al trabajo realizado por nuestros colegiados y colegiadas más jóvenes, así como la motivación entre los estudiantes y nuevos profesionales cuya vocación investigadora, en un gran número de casos, se puede ver frenada por la actual coyuntura de recortes en materia de I+D.\nPorque "vocación" es un concepto tan ligado a la Medicina como lo es a la propia investigación, y, por eso mismo, debemos ayudar al desarrollo de estas vocaciones que, sin duda, redundan en el avance de la ciencia médica y, por ende, de nuestra sociedad. En este sentido, la vocación de nuestro Colegio es, precisamente, esa: ayudar a nuestros colegiados en su labor profesional e investigador a través de este tipo de iniciativas, entre otras.\nCon esta intención clara, en esta tercera edición hemos decidido ampliar los premios que otorga el Colegio a los trabajos más destacados: así, al primer premio, dotado con 10.000 euros, se le suma un accésit de 3.000 euros para el segundo trabajo mejor valorado por el jurado del certamen. Estas importantes -y muy merecidas- dotaciones económicas que otorga nuestra institución no vienen sino a valorar ese enorme esfuerzo y trabajo, no exentos de dificultades exógenas, que han realizado nuestros colegiados investigadores más jóvenes. Si bien, en esta línea, el Colegio ha de apostar por seguir ampliando en el futuro próximo el número de premios, así como sus categorías.\nY es que, como nos comentaba la Dra. Belén Gutiérrez Gutiérrez, ganadora del II Premio para Jóvenes Investigadores RICOMS, "la investigación es como una carrera de fondo que requiere trabajo constante y los resultados no son a corto plazo, por lo que premios como éste son claves para mantener la ilusión tan importante en la carrera profesional de los investigadores". Desde el Colegio lo entendemos así, y queremos aportar nuestro granito de arena para que dicha ilusión se mantenga entre nuestros jóvenes y brillantes investigadores. Porque nuestra profesión lo exige y nuestra sociedad lo necesita... y viceversa.


Descargar 156,71 Kb.\nTamaño 156,71 Kb.\nDe la Corte que declara “el sentido exacto de la ley” a la Corte que instituye precedentes\nProfesor Titular de la Universidad Federal del Paraná, Brasil. Post-Doctor por la Università degli Studi di Milano. Visiting Scholar en Columbia University\nSumario: 1. Cortes Supremas y Función de la Unidad del Derecho en Iberoamerica. 2. La transformación de la Función de las Cortes Supremas: 2.1. De la tutela de la ley a la atribución del sentido al Derecho; 2.2. La función de colaboración con el Legislativo; 2.3. La imprescindibilidad de superar la relación “corregir la decisión-definir el sentido del derecho”; 2.4. La necesidad de instituir un filtro recursal para el desempeño de las funciones de la Corte. 3. Autoridad de los precedentes: 3.1. Los precedentes en el orden jurídico vinculante; 3.2. La decisión interpretativa de la Corte Suprema como “reconstrucción” que regula la vida social y guia la resolución de los casos conflictivos: la eficacia obligatoria del precedente como consecuencia; 3.3. La posición de vértice. 4. Fundamentos de los Precedentes Obligatorios: 4.1. La realización de la igualdad; 4.2. La imparcialidad; 4.3. La coherencia del derecho; 4.4. La seguridad jurídica.\nCortes Supremas y Función de la Unidad del Derecho en Iberoamerica.\nLa revolución francesa dio origen a una Corte de Casación destinada a la realización de un deseo utópico, el de preservar la intangibilidad de la letra de la ley al momento de su interpretación judicial. En los lugares en los que el pensamiento de Montesquieu tuvo mayor repercusión, se llegó a pensar en prohibir al juez que este interpretara la ley. Es conocido que esa pretensión fue posteriormente descartada, en la medida en que el Código Napoleón dejó de lado el référé facultativo, atribuyendo al juez un deber de interpretar la ley para resolver los litigios.\nLa célebre obra de Calamandrei, de inicio de la segunda década del siglo pasado, demostró que la evolución de la Corte de Casación culminó en la necesidad de atribuírseles las funciones de declarar el sentido exacto de la ley y garantizar su interpretación uniforme1. Básicamente, declarar el exacto sentido de la ley es el resultado de la aplicación de los criterios del formalismo interpretativo, mediante el cual se investiga la letra de la ley para declararse la norma en ella contenida. Esa manera de pensar es totalmente compatible con las funciones atribuidas a la jurisdicción por Chiovenda y los chiovendianos, como Calamandrei.\nLa previa declaración del exacto sentido de la ley se destinaba a tutelar la unidad del derecho objetivo, y no como se podría suponer, a garantizar una única interpretación judicial. Sucede que la declaración del exacto sentido de la ley sería una mera consecuencia lógica del producto del legislador, sin guardar algún sentido propio o autonomía. Vale decir, tutelar la uniformidad de la interpretación que revela el sentido exacto de la ley no es más que preservar la intangibilidad de la norma instituida por el Parlamento.\nEs incuestionable, no obstante, que el formalismo interpretativo, actualmente, es despreciado en sede teórica y que la teoría de la interpretación tuvo una gran evolución desde la época en que Calamandrei escribió Cassazione Civile, llegándose a la disociación entre la ley y la norma y en un sólido desarrollo de la teoría de la argumentación. Recuérdese que el constitucionalismo tuvo gran impacto sobre el desarrollo de la teoría de la norma jurídica, ya que la necesidad de preservación del texto y de la declaración de la inconstitucionalidad de interpretaciones de él extraíbles se presentó como una situación bastante favorable para que los teóricos demostraran sus argumentos, evidenciando no sólo la autonomía de la interpretación-resultado en relación a la ley, sino, también, que las normas rodean el texto en la medida de las valoraciones y opciones de los intérpretes.\nNo obstante, si la evolución de la teoría jurídica tornó obviamente equivocado el slogan de la “exacta interpretación de la ley”, este todavía es utilizado por algunos que encuentran en tal slogan una especie de inmunidad contra el aspecto creativo que la tarea del Poder Judicial natural e inevitablemente asumió o, simplemente, ignoran lo que realmente hace la Jurisdicción de nuestros días. Eso se refleja en la suposición de que las Cortes Supremas todavía pueden tener la función de corregir la interpretación de la ley, instituyendo, para tanto, la interpretación oficial – como quería Calamandrei.\nDelante del impacto del constitucionalismo, de la evolución de la teoría de la interpretación y del desarrollo de la argumentación jurídica, no hay cómo dejar de ver que las Cortes Supremas dejaron de tener la función de declarar el exacto sentido de la ley para garantizar una ilusoria uniformidad interpretativa y pasaron a tener la misión de atribuir sentido al Derecho mediante la presentación de “razones racionalmente convicentes”. Subráyese que en esa dimensión el Derecho es proclamado – y no simplemente revelado – por la Corte Suprema. De ello es por qué la igualdad, que un día fue relacionada exclusivamente a la ley, ahora se relaciona con el Derecho instituido por la Corte Suprema y, por consecuencia, sus precedentes naturalmente incorporan la naturaleza obligatoria o vinculante.\nEn Iberoamérica, como quedó claro a partir de los numerosos informes nacionales que me fueran enviados, existen países que tienen una Corte Constitucional y Corte de Casación o Revisión y otros que tienen Cortes de Vértice que desempeñan funciones ligadas a la aplicación de la ley y de la Constitución2.\nTodas las Cortes de Casación o Revisión tienen la función de corrección de las decisiones de los tribunales ordinarios3 y sus decisiones no tienen eficacia obligatoria sobre los jueces y tribunales inferiores4. Es como si la actividad de interpretación de la ley no permitiese a los Tribunales Infraconstitucionales el ejercicio de la función de atribuir sentido al Derecho5. Es necesario desvendar el motivo por el cual las decisiones de los Tribunales Constitucionales que preservan el texto legal realizando la “interpretación conforme” tienen eficacia obligatoria, mientras que las decisiones que definen la interpretación de la ley federal, sin necesitar recurrir a la técnica de la “interpretación conforme” no tienen esta misma eficacia6.\nEn Iberoamérica, dejado de lado los casos excepcionales como el del Supremo Tribunal Federal brasilero, de la Corte Suprema de Justicia argentina y del Tribunal Supremo español7 – en el que se establece como filtro recursal la ‘repercusión general’, la ‘trascendencia de la cuestión’ y el ‘interés casacional’, respectivamente, se niega a las Cortes Supremas la posibilidad de seleccionar recursos para la definición de la interpretación de cuestiones que significan mucho para el desarrollo de la vida social y del país8. Existen, comúnmente, técnicas destinadas a impedir la interposición de recursos en causas de cuantía menor, las cuales, obviamente, no están preocupadas con el desarrollo del Derecho por parte de la Corte, sino, apenas, en reducir su servicio a partir de un criterio dotado de dudosa legitimidad9.\nLos filtros recursales son instrumentos ‘propios a las Cortes de Interpretación, cuyas decisiones orientan la vida en sociedad y constituyen criterios para que los demás jueces puedan definir los casos concretos. Lo que significa que la existencia de filtros recursales es incompatible con una Corte que no respeta sus propias decisiones y no decide para establecer criterios para que los tribunales inferiores puedan solucionar los casos. Filtros recursales, en una Corte de corrección o de tutela de la ley, constituyen máscaras que esconden una verdadera voluntad de reducir la carga de trabajo, lo que acaba por no tener racionalidad de cara al ius litigatoris.\nConsciente de a realidad de Iberoamérica, el presente escrito pretende demostrar que no hay más cómo pensar las Supremas Cortes como Cortes de corrección, destinadas a la tutela de la legalidad y dirigidas a garantizar la unidad del derecho objetivo a partir de la declaración del sentido exacto de la ley. Es necesario percibir que el Poder Judicial se colocó al lado del Legislativo para que el Estado pudiese hacer fructificar el Derecho que la sociedad necesita y que las Cortes Supremas, en este contexto, tienen la función de atribuir sentido al Derecho y desarrollarlo de acuerdo con la evolución social. Por eso, las Cortes Supremas no pueden estar más preocupadas con una mítica unidad del derecho objetivo, sino, con la unidad del Derecho del cual esta Corte tiene el deber de instituir, indispensable para que la igualdad, ante el Derecho, deje de ser una ilusión y esta se torne en una entidad factible. La igualdad, la imparcialidad, la coherencia del Derecho y la seguridad jurídica son justificativas de la necesidad de los precedentes obligatorios10.\nLa Transformación de la Función de las Cortes Supremas.\nDe la tutela de la ley a la atribución del sentido al Derecho.\nEs verdad que Calamandrei al tratar de la historia de la Casación advirtió sobre la necsidad de la definición de la interpretación que debe prevalecer, destacando que es función de la Corte garantizar su uniformidad11. No obstante, en el mismo discurso, Calamandrei repelió con vehemencia la idea de que las decisiones de la Corte pudiesen obligar a los tribunales inferiores o, precisamente, que estas pudieran constituir precedentes obligatorios. Al maestro florentino, delante de las condiciones políticas y jurídicas de su época, no le fue posible otorgar autoridad a las decisiones de la Corte. Calamandrei tuvo en cuenta el derecho inglés de su época, en el que la House of Lords no tenía poder para revocar sus propios precedentes. Sin embargo, lo que más interfirió sobre su razonamiento ciertamente fue su concepción dogmática de jurisdicción, como función en la que el juez soamente individualiza la norma abstracta para el caso concreto. Así, aunque haya prestado atención a la necesidad de que la Corte deba definir la interpretación que debe prevalecer, razonó como si la Corte debiese fijar, a partir de los criterios interpretativos del formalismo, la interpretación que revela el sentido exacto de la ley. La unificación de la interpretación del derecho tenía el único propósito de tutela el derecho objetivo, revelando su debida y única identidad12.\nLa definición de la interpretación que debe prevalecer, en tal contexto, equivale a la fijación de la interpretación que efectivamente corresponde al texto de la ley. La tarea de la Casación, aunque esté destinada a la uniformización de la interpretación, consiste en descubrir y declarar el sentido de la ley. La uniformización, por ende, acontece para tutelar al legislador y garantizar la unidad del derecho objetivo. En esa dimensión, la pretensión de uniformización de la interpretación de la ley no pacta con la disociación entre ley y norma y ni es abierta a la lógica argumentativa, pero, por el contrario, busca responder a la concepción clásica de jurisdicción – propia a Calamandrei – en la que el juez simplemente aplica la ley al caso concreto, encargando a la Casación, por consecuencia, solamente para declarar oficialmente la ‘verdadera’ interpretación de la ley en nombre de la unidad del derecho objetivo”. Nótese bien: en nombre del derecho objetivo y no de la igualdad de todos ante el derecho o delante de las decisiones judiciales. Si la jurisdicción se limita a declarar la voluntad concreta de la ley no hay motivo para hablar de igualdad ante las decisiones; basta la unificación de la interpretación para garantizar la unidad del derecho objetivo y, consecuentemente, la igualdad de todos ante la ley. O mejor: no hay necesidad de tener precedentes obligatorios, sino, apenas un sistema que permita la corrección de las decisiones desentonantes con la ley.\nPara la tutela de la ley basta un sistema que viabilice la corrección de las decisiones, con miras al pasado. La uniformidad de la jurisprudencia, al revelar el “sentido exacto de la ley”, constituye un parámetro para la corrección de las decisiones. El recurso, así, es visto como un derecho de la parte. Está a la disposición del litigante, aunque constituya un “medio” para que la Corte pueda tutelar el derecho objetivo. La decisión, dado que nada adiciona al orden jurídico, solamente toca respecto a los litigantes. No presenta alguna cosa útil a los demás consumidores de justicia: simplemente revela o reitera lo que ya está en el orden jurídico, limitándose a resolver el caso conflictivo. Obviamente no tiene por qué incidir sobre los justiciables o menos tiene motivo para obligar a los tribunales ordinarios. Subráyese: lo que incide sobre los justiciables y obliga a los jueces es la ley.\nLa decisión, por tan sólo aplicar la ley al caso concreto, es revelada en su parte dispositiva y esa es la que produce efectos sobre las partes. Como la decisión no adiciona nada al orden jurídico, no cabe razonar en términos de efectos prospectivos. En otras palabras: i) como la decisión se limita a aplicar la ley, sus efectos no tienen por qué proyectarse más allá de las partes; ii) como la decisión no adiciona algo al orden jurídico, no hay motivo para considerar sus fundamentos y; iii) como la decisión simplemente reafirma el orden jurídico, no hay por qué temer una “sorpresa injusta” o efectos retroactivos.\nMientras tanto, cuando se toma en consideración los textos de carácter abierto, la necesidad de conformación de la ley a las normas constitucionales y la disociación entre texto y norma judicial13, se percibe que la tarea jurisdiccional no está limitada a revelar la ley o simplemente declarar algo que siempre estuvo a la percepción de todos. No sólo se admite que el texto es potencialmente equívoco, como también se dice que el juez considera sus elementos en base a valores y realiza opciones racionalmente justificadas. De ahí establece la norma judicial.\nEn ese contexto, la Corte Suprema no se presta para establecer el exacto sentido de la ley, sino, para definir el adecuado sentido extraíble del texto legal, argumentando mediante las “mejores razones” o mediante las razones que evidencien las opciones del intérprete como racionalmente aceptables14. En ese sentido, aunque se pueda decir que la decisión no escapa del orden jurídico en un sentido global, ella presenta una solución que constituye una norma que se coloca fuera o al lado del orden legislativo. Es exactamente donde se encuentra el presupuesto teórico de la Corte cuya función es extraer un sentido del orden legislado, tornándolo parte del orden jurídico vinculante.\nLa Corte fija o define la norma extraíble de la legislación, o sea, incrementa algo al orden jurídico. Aquí, al contrario de lo que hace la Corte preocupada en tutelar la ley, se define el sentido atribuíble al texto legal. Se otorga contenido al orden jurídico, agregándose substancia al texto legislativo. La Corte parte de la premisa de que la ley es insuficiente para materializar el orden jurídico y de que la sociedad necesita de un Derecho que depende de la conjugación de las actividades del Legislativo y del Poder Judicial.\nEl Poder Judicial, en el contexto de la disociación entre texto y norma y de elaboración de la norma a partir del caso concreto y de la Constitución, tiene en la Corte Suprema al órgano con función de definir el sentido que debe ser extraido del texto legislativo. Definir el sentido extraíble del texto está lejos de significar expresar el sentido exacto de la ley. La Corte Suprema es el órgano que, dentro del Poder Judicial, se coloca al lado del Poder Legislativo para permitir fructificar el derecho estatal infraconstitucional ajustado a las necesidades sociales. Vale decir: la Corte Suprema tiene la misión de otorgar sentido al Derecho, propiciando su desarrollo. Es una Corte de atribución de sentido o de interpretación, comprendiéndose, esta función, como algo que está más allá de aquella que fuera concebida para la Corte de Casación en su modelo tradicional.\nRealmente, se incide en el núcleo de la cuestión cuando se percibe que la Corte Suprema no sirve más para tutelar al legislador contra la jurisdicción ordinaria, pero, por el contrario, sirve para auxiliar al legislador. Hoy, la Corte Suprema y el Poder Legislativo realizan una tarea armónica y coordinada para que el Estado pueda dejar de importarse de su deber de dar a la sociedad un derecho en constante evolución y adecuación a las necesidades sociales. Se tiene, así: i) que la real función de la Corte Suprema no es controlar la legalidad de las decisiones, sino, definir el sentido atribuíble al texto de la ley a partir de un método interpretativo abierto a valoraciones y decisiones racionalmente justificables; ii) que la alteración de la función de la Corte Suprema preocupada con el derecho estatal infraconstitucional es consecuencia del impacto del constitucionalismo y de la evolución de la teoría de la interpretación; iii) que esa nueva función coloca a la Corte Suprema al lado del Poder Legislativo, retirándola del lugar de mera tutela al legislador, en el que fue puesta por el derecho inspirado en los valores de la Revolución Francesa y; iv) que la Corte Suprema, delante de su función contemporánea, agrega substancia al orden jurídico – que entonces pasa también a ser compuesto por los precedentes judiciales.\nLas decisiones de la Corte Suprema, por revelar el contenido indispensable para la regulación de la vida social, integran el orden jurídico e interesan a toda la comunidad. De modo que, contrariamente a las decisiones que tutelando al litigante se limitan a corregir las interpretaciones de los tribunales ordinarios, las decisiones de una Corte Suprema que ejerce función de desarrollo del derecho se proyectan ante toda la sociedad, obligando a los tribunales ordinarios por la simple circunstancia de significar o atribuir sentido al derecho.\nEs claro que en esa dimensión poco vale la parte dispositiva de la decisión. Importan las razones por las cuales, delante de los hechos relevantes del caso, se llegó a la conclusión. Son esas razones, llamadas de ratio decidendi o de razones deterinantes, que tocan respecto a los justiciables, debiendo ser concebidas por estos para que puedan pautarse y comportarse de acuerdo con el Derecho. Las razones determinantes también obligan a los tribunales ordinarios, dándoles la oportunidad de analizar si los casos bajo juzgamiento se amoldan a ellas. Es a partir de las razones determinantes que se puede trabajar con la técnica del distinguishing, limitándose o extendiéndose a la aplicación del precedente15.\nLa transformación de la función de la Corte otorga un nuevo significado a la idea de “uniformidad”. El problema no está más en declarar el sentio exacto de la ley para propiciar la “uniformidad de las decisiones” de los tribunales ordinarios; se busca, ahora, mediante la voz de la Corte Suprema, el “sentido y la unidad del derecho” para la orientación de la sociedad y para la promoción de la igualdad. No importa más controlar las decisiones pero sí definir el derecho que debe orientarlas. La decisión de la Corte, al definir la interpretación, no elabora un parámetro para el control de la legalidad de las decisiones, pero erige un criterio decisional, verdadero modo de ser del derecho o el propio derecho en determinado contexto histórico. La decisión deja de ser una mera jurisprudencia unificada o pacífica para servir de medio de control y pasa a ser un verdadero precedente, que define el derecho que debe regular la vida social y, sólo por eso, tiene autoridad ante los demás tribunales. La decisión de la Corte Suprema, por tal razón, no tiene más algún carácter puramente retroactivo, derivado de la declaración de la ley, pero está preocupada con el futuro, en orientar a los jurisdiccionados y servir de criterio para las venideras decisiones judiciales. De ello es por qué la “uniformidad”, en el nuevo contexto de la Corte Suprema, no se destina a tutelar la ley, pero sí se destina a garantizar la igualdad ante el derecho revelado en los precedentes. A propósito, no es por otro motivo que ahí es preferible hablar de unidad del derecho (fin de la Corte de Interpretación y de Precedentes) que hablar de uniformidad de la jurisprudencia (medio que la antigua Corte empleaba para el control de las decisiones).\nEs interesante percibir que, mientras declara el sentido exacto de la ley, la decisión ni siquiera tiene razón para tener autoridad ante los tribunales; al final, la ley se impone a los jueces. Las decisiones sólo tienen razón para asumir alguna autoridad cuando agregan algo al orden jurídico, cuando se desprenden de la ley para colaborar con el desarrollo del derecho en una tarea coordinada entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cuando eso acontece las decisiones de una Corte Suprema tienen autoridad para proyectarse ante todos los jueces.\nLa función de colaboración con el Poder Legislativo.\nLa distinción entre enunciado legislativo y norma permite ver con claridad que la decisión interpretativa es autónoma en relación a la ley. No es mera consecuencia lógica de ella, toda vez que el sentido del texto legal depende de las valoraciones que permean la elección y, sobretodo, la utilización de las directivas interpretativas. El Poder Judicial, más que dar sentido al producto del legislativo, tiene el poder de delinar el derecho frente a determinadas particularidades concretas, otorgándole especificidad. No se está hablando del poder de resolver los casos mediante la aplicación de la ley, sino, de su función de hacer surgir, mediante la interpretación, el derecho adecuado a las particularidades de una situación concreta.\nTeniendo en vista que el enunciado legal es potencialmente equívoco, la simple función de atribuir sentido al texto ya constituye función de colaboración con el Poder Legislativo para la fructificación de un orden jurídico capaz de orientar la vida social. Va más allá, no obstante, la tarea cumplida por el Poder Judicial al dar sentido al texto delante de una situación concreta siquiera pensada por el legislador. En ese caso, la interpretación presta atención a directivas funcionales que se desvinculan de la “voluntad del legislador histórico”, da al intérprete la oportunidad de considerar el texto valorando aspectos morales, culturales, económicos y políticos de su momento histórico. Esa última es una interpretación que revela una ideología de la interpretación no estática y da atención a las necesidades sociales y a la adecuación del derecho16.\nMediante esa interpretación, pautada en directivas ligadas a la ideología de la interpretación preocupada con la transformación del derecho en consonancia con la evolución de la sociedad, se torna clara la posibilidad de que el Poder Judicial colabore con el desarrollo del derecho, adecuándolo a los “nuevos tiempos”. En ese caso, el texto es interpretado de acuerdo con las proposiciones sociales de la época del intérprete y según sus valoraciones – obviamente carentes de una debida justificación. Lo mismo ocurre cuando el Poder Judicial ya formuló una norma a partir del texto y esa norma o interpretación se encuentra desgastada por las nuevas proposiciones sociales, lo que exige una nueva interpretación mediante la revocación del precedente17.\nLas normas abiertas, compuestas por conceptos jurídicos indeterminados o por expresa admisión de concretización conforme las circunstancias del caso concreto, son textos legales que invitan al juez a colaborar a partir del caso concreto, emitiendo la norma que el propio texto siquiera osó proyectar en algún sentido. Esa norma no tiene como premisa el texto legal, sino, su propia imprecisión o vaguedad, lo cual reclama la consideración del caso concreto para la elaboración de la norma. El texto reclama la participación del Poder Judicial, dada la previa constatación de la necesidad de elaborar el derecho en el caso concreto.\nEl impacto del constitucionalismo, al imponer al juez la necesidad de conformar el texto legal a los dictámenes de la Constitución, claramente retira del legislador el poder de hacer derecho. El derecho ahora no sólo está sometido a las normas constitucionales, no teniendo validez si con ellas entra en conflicto, dado que todavía es dependiente de la interpretación judicial.\nRecuérdese, a propósito, que la elaboración teórica de la Escuela de Génova, debida a Tarello18, Guastini19 y Chiassoni20, guarda relación con el problema de que la Corte Constitucional italiana enfrentó en los primeros años de su historia, ocasión en la que decidió qué objeto de sus decisiones no son los textos de la ley, sino, normas por esta Corte expresadas. Con eso la Corte introdujo una separación estructural entre el texto y norma, lo que generó provechos prácticos en una doble perspectiva. Se permitió la declaración de inconstitucionalidad de una norma extraíble del texto sin la necesaria declaratoria de inconstitucionalidad del texto, aplicándose el principio de conservación. Además de ello, al admitirse que del texto pueden advenir varias normas, surgió la posibilidad de elaborarse una norma o interpretación conforme a la Constitución21. Nótese que mantener el texto y elaborar una interpretación conforme a la Constitución no es nada más que salvar el trabajo del legislador, adecuándolo a las normas constitucionales. Se trata, en otras palabras, de transformar el concepto de derecho, retirándolo de la esfera exclusiva del Poder Legislativo, sometiéndolo a la Constitución y, especialmente, tornándolo dependiente de la interpretación judicial.\nEsclarézcase que la función de colaboración con el desarrollo del derecho es, principalmente, de las Cortes Supremas. A ellas cabe el monopolio de la definición del sentido del derecho, así como de su adecuación a las nuevas necesidades sociales. Es de ellas la función de otorgar unidad al derecho. Los tribunales ordinarios no tienen la función de definir el sentido del derecho y, por tal motivo, deben pautarse en las normas establecidas en los precedentes de las Cortes Supremas. Tales tribunales colaboran con la definición del sentido del derecho, como también pueden concentrarse en la necesidad de que los precedentes sean revisados, inclusive, mediante la elaboración de los votos que contengan “posiciones disidentes” que, aunque no constituyan decisiones en sentido contrario, revelan “opiniones” destinadas a influenciar a las Cortes de Precedentes.\nLa Corte Suprema, ligada al derecho estatal infraconstitucional, obviamente no está más al servicio del legislador, buscando la tutela de la ley o la revelación de su sentido exacto para corregir las decisiones de los tribunales ordinarios. Por ser una Corte de interpretación – que no se pauta en el formalismo interpretativo –, trabaja de modo coordinado con el Poder Legislativo para la fructificación del derecho en la sociedad. La Corte deja de ser un tribunal de tutela de la ley para ser un tribunal de atribución de sentido a la ley no apenas en virtud de la percepción de que el Poder Legislativo no tiene capacidad de producir por sí mismo el derecho, pero, sobretodo, en razón de que se constata que la tarea interpretativa es valorativa y que, por lo tanto, la decisión no es una mera consecuencia lógica de lo que es producido por el legislador, sino, una verdadera reconstrucción del sentido que se adhiere al orden legislativo, revelando el derecho que debe orientar a la sociedad y pautar las decisiones de los tribunales ordinarios.\nLa imprescindibilidad de superar la relación “corregir la decisión-definir el sentido del derecho”.\nSi la Corte Suprema debe dar sentido al derecho, así como adecuarlo a los nuevos hechos y valores sociales, no hay necesidad de que ella esté abierta a la corrección de las decisiones judiciales. Una Corte preocupada de dar sentido al derecho estatal no puede tener su función amarrada a un derecho subjetivo de impugnar la interpretación dada por los tribunales ordinarios. Tal función no depende de la admisibilidad de la impugnación recursal de las decisiones de los tribunales de apelación, necesitando, por el contrario, de una estrategia que permita la selección de las causas aptas a la elaboración de las decisiones capaces de otorgar sentido al derecho.\nSe verifica, de tal forma, que la relación entre corrección de las decisiones y definición de la interpretación del derecho, siempre afirmada en la doctrina, inclusive por la pluma de Calamandrei, obstaculiza la visualización de la real función de las Cortes Supremas contemporáneas. En verdad, tal relación sólo tiene cabida cuando se piensa en la función de tutela de una ley, toda vez que el sistema de la corrección se muestra adecuado sólo cuando la función de la Corte se limita a declarar el sentido intrínseco del texto legal. Ahora, una Corte de interpretación o de atribución de sentido al derecho no tiene por función corregir las decisines pero sí la de colaborar – inclusive con el Poder Legislativo – para el desarrollo del derecho. La elaboración de la decisión justa, en lo que atañe a la solución de los litigios, cabe a los jueces y a los tribunales ordinarios. Así, la Corte encargada de desarrollar el derecho estatal no tiene que juzgar toda y cualquier falta de acuerdo o disidencia contra una interpretación considerada equivocada del tribunal de apelación. Debe, por el contrario, tener a su disposición una técnica o filtro que le permita individualizar los recursos aptos al ejercicio de su función.\nLa necesidad de instituir un filtro recursal para el desempeño de las funciones de la Corte.\nLos filtros recursales eliminan, de forma legítima, la posibilidad de discutir determinadas decisiones de tribunales ordinarios. No existe un derecho subjetivo a la revisión de las decisiones emanadas en segundo grado de jurisdicción. Tanto es así que nadie tiene derecho a interponer un recurso especial para revisar la materia probatoria o para solicitar la “justicia de la decisión”. Por lo tanto, no hay cómo pensar que los filtros recursales, como el de la repercusión general y el writ of certiorari, destinados a dar a las a las Cortes una efectiva posibilidad de ejercer sus funciones, reflejen una violación al derecho fundamental del acceso a la justicia22.\nLa Corte Suprema estadounidense constituye un genuino ejemplo de una Corte Suprema que funciona con el filtro recursal destinado a otorgar una adecuada oportunidad para la institución o revocación de un precedente. El writ of certiorari confiere a la Corte Suprema amplia discrecionalidad para seleccionar los recursos (Rule 10, Rules of the Supreme Court). El certiorari que nació para reducir el número de recursos a nivel de Corte Suprema, se tornó en un instrumento indispensable para que la Corte pudiese desarrollar su función. El instituto no sólo permitió a la Corte racionalizar su tiempo, dedicándolo a los casos más importantes, pero, sobretodo, le dio condiciones de fijar soluciones para situaciones de notable importancia para el desarrollo de la sociedad estadounidense23.\nEl Bundesgerichtshof alemán y el Tribunal Superior español también se valen de un filtro recursal para poder concentrarse en casos relevantes y, de tal suerte, ejercer una función claramente preocupada con el desarrollo del derecho. En el 2002 – en vista de la reforma procesal alemana del 2001- fueron instituidos como criterios para la admisión del recurso al Bundesgerichtshof la grundsätzliche Bedeutung de la cuestión de derecho, así como la relevancia e la decisión para la Rechtsfortbildung o para la unificación del derecho (num. 534, 2, 2, segunda parte, ZPO alemán). O sea, la autorización para el juzgamiento del recurso, que puede ser dada por el Tribunal Regional Superior o, en la falta de esta, por el propio Bundesgerichtshof depende de la “importancia fundamental” de la cuestión de derecho o de la relevancia de la decisión para el “perfeccionamiento” del derecho o para la uniformización de la aplicación del derecho.\nNo hay dudas que el requisito de mayor significado, cuando se piensa en la función de las Cortes Supremas contemporáneas es el de la “importancia fundamental de la cuestión de derecho”. La cuestión de derecho no puede ser cualquier una exactamente porque la decisión de la Corte debe tener impacto sobre la evolución del derecho y no sólo efectos sobre los litigantes. La Corte, al decidir la cuestión de derecho de “importancia fundamental”, le confiere contornos y los proyecta al futuro mediante la fuerza de los precedentes, los que orientarán la solución de los casos conflictivos que todavía están por eclosionar.\nAlgo bastante similar está presente en la actual conformación del recurso de casación al Tribunal Supremo español. El artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil afirma que “el recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso” (Art. 477, 1)24. El n. 2 del art. 477, con una nueva redacción en vigor desde el 30 de octubre del 2011, ennumera hipótesis en las que las decisiones de segundo grado pueden ser objeto del recurso de casación. Así, “cuando se dictaran para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución” (art. 477, 2, 1°). El artículo 24 de la Constitución española se refiere a los derechos fundamentales procesales, que pueden ser tutelados mediante el “recurso extraordinario” a uno de los Tribunales Superiores de Justicia que se colocan en una zona intermedia entre los Tribunales de Apelación y el Tribunal Supremo25. Los parágrafos 2 y 3 del n. 2 del art. 477, en continuación, afirman que las decisiones de segundo grado también pueden ser objeto de recurso de casación “siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros” (2°) y “cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional”. (3°)\nEl n. 3 del artículo 477 se preocupa en esclarecer cuándo es el que el recurso es procedente con base en el “interés casacional”. Dice la norma que “se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido”. Dice la norma, todavía, que “cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Trinubal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente”.\nExiste “interés casacional” i) cuando la decisión recurrida es contraria a la “doctrina jurisprudencial” del Tribunal Supremo, o sea, a su jurisprudencia consolidada; ii) cuando hay divergencia entre los tribunales de segundo grado; y iii) cuando la decisión recurrida aplica normas que entraron en vigor hace menos de cinco años, siempre que no exista jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo al respecto de normas anteriores de contenido igual o similar. El “interés casacional”, como se ve, se destina a permitir que el Tribunal Supremo otorgue unidad al derecho, impidiendo la sobrevivencia de decisiones que le son contrarias y disipando las divergencias entre los tribunales de segundo grado. En el caso de leyes que entraron en vigor hace menos de cinco años y no tienen contenido igual o semejante a leyes anteriores sobre las cuales el Tribunal Supremo ya fijó jurisprudencia consolidada, el recurso de casación es admitido justamente porque no existen las hipótesis de decisión contraria y de divergencia entre los tribunales.\nTaruffo, cuando analiza la racionalización del uso del recurso de casación y, especialmente, el interés casacional como presupuesto para su procedencia, afirma que el Tribunal Superior español se tornó – o tiene parámetros jurídicos para tornarse – “una verdadera y propia corte de precedentes”26. Eso quiere decir, obviamente, que el Superior Tribunal de Justicia brasilero o cualquier Corte Suprema da Iberoamérica tiene plenas condiciones para ejercer una función de una Corte de Precedentes.\nAdemás, los ejemplos de la Corte Suprema estadounidense, del Bundesgerichtshof y del Tribunal Superior español son muestras de que los filtros recursales no pueden ser vistos como técnicas exclusivas de las Cortes Constitucionales, sino, en verdad, constituyen instrumentos relevantes para que una Corte de vértice pueda dar unidad al derecho en una perspectiva prospectiva – o establecer el sentido del derecho que debe orientar la solución de casos futuros27.\nEs importante enfatizar que, en el derecho español, el recurso de casación es procedente en los términos del primer parágrafo del n. 3 del art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo”. Al contrario de lo que ocurre con el recurso especial, procedente en caso de contrariedad a la ley federal (artículo 105, III, a, CF) el recurso de casación es viable en caso de contrariedad a la “doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo”.\nSe trata, sin duda, de una distinción importante, puesto que la idea de contrariedad al precedente no permite el uso vulgar e irracional del “recurso especial” – que, en el Brasil, es interpuesto con base en contravención a la ley. El recurso especial, cuando está basado en una contravención a la ley federal, no tutela la unidad del derecho, sólo posibilita a la parte vencida a interponer el recurso para argumentar a favor de la interpretación que le beneficia. En verdad, eso es así porque no se da a la Corte Suprema condiciones para emitir precedentes.\nEn el Brasil, afirmándose la adecuada comprensión del inciso III del artículo 105 de la Constitución Federal, se torna evidente que el “recurso especial” ha de ser admitido apenas en los casos en los que la decisión recurrida i) diverge del entendimiento de la Corte Suprema; aplica un precedentes ii) desgastado, iii) superado por una nueva concepción general acerca del derecho o, excepcionalmente, iv) equivocado y; aún cuando la decisión v) diverge de la interpretación que le dio otro tribunal o vi) se funda en una ley federal cuya interpretación todavía no fue definida por la Suprema Corte o no generó divergencia entre los tribunales de apelación.\nInteresa recordar que esas condiciones de procedencia del recurso especial son muy semejantes a los presupuestos que hacen ver el “interés casacional” en el derecho español. Recuérdese que el “interés casacional” está presente cuando la decisión recurrida diverge del entendimiento del Tribunal Supremo, cuando hay divergencia entre los tribunales ordinarios y, en el caso en que se aplica una ley en vigor hace menos de cinco años, cuando no existe jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo al respecto de la norma anterior del contenido igual o similar. Ahora, el “interés casacional” que legitima el juzgamiento del recurso de casación, según la mejor doctrina española, es un “interés general deterinado por la necesidad de establecer doctrina jurídica interpretativa de las fuentes del Derecho dotada de especial autoridad”28.\nExisten cuestiones de derecho que, aunque no son expresamente resueltas por la Corte Suprema, pueden ser fácilmente comprendidas a partir de sus precedentes, así como ocurre cuando se consideran precedentes relativos a leyes revocadas de contenido similar o igual al de las leyes nuevas. Existe, todavía, casos cuya solución no tiene relevancia para la sociedad o para el desarrollo del derecho, pero apenas importancia momentánea para determinado sujeto. Casos de este tipo no requieren de la intervención de una Corte con función de desarrollo del derecho, destinado al futuro.\nPor cuenta de esto, y apenas para los “casos nuevos” o que todavía no suscitaron divergencia entre los tribunales, se hace importante un filtro recursal guiado por la relevancia de la cuestión federal, semejante al requisito para la procedencia del recurso al Bundesgerichtshof alemán. Un filtro recursal de esta especie, como fue visto, no constituye privilegio de las Cortes Constitucionales, pero también puede ser utilizado por las Cortes encargadas de definir el sentido del derecho federal infraconstitucional.\nEl criterio de la relevancia de la cuestión federal confiere a la Corte la oportunidad para concentrarse sobre cuestiones federales que deben ser resueltas para orientar la vida social. La relevancia de la cuestión federal, en otras palabras, se concretiza en la medida en que se percibe que su resolución es indispensable para iluminar la sociedad y guiar la solución de los casos que todavía están por venir, evitándose la negación de la igualdad, de la coherencia del derecho y de la seguridad jurídica.\nNótese que no son sólo las cuestiones federales que se ligan a las violaciones en masa, generando múltiples acciones, lo que reclamaría una definición del sentido por parte de la Corte Suprema. Las cuestiones puntuales, además de ser relevantes para la orientación de los ciudadanos y para la estabilización de las relaciones jurídicas, necesitan ser definidas. La circunstancia de que la cuestión federal no esté relacionada a los actos o conductas que pueden generar múltiples violaciones o daños está lejos de significar que ella no pueda insertarse en el cotidiano de las personas y, por ende, constituya una cuestión federal relevante y trascendente.\nEs ciertamente equivocado suponer que una Corte Suprema debe actuar sólo para resolver cuestiones de derecho que pueden repetirse o multiplicarse, como si su tarea fuese simplemente reducir la masa de los casos presentados al Poder Judicial. La definición judicial de las cuestiones federales tiene importancia mayor. Las decisiones de la Corte Suprema no impactan sólo en los casos judiciales, pero, antes de todo, en la propia vida en sociedad, constituyéndose la base para que los hombres y empresas puedan comportarse en un Estado de Derecho. Además, cuando están relacionadas con lo que sucede en el Poder Judicial, los precedentes tienen la función de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica y no los objetivos – que, en realidad, son meras consecuencias – de reducir la carga de recursos o acelerar la prestación jurisdiccional.\nLa autoridad de los precedentes.\nLos precedentes en el orden jurídico vinculante.\nEl impacto del constitucionalismo y la disociación entre texto y norma dieron a la decisión judicial un significado bien distinto de aquel imaginado por quien suponía que la misión del juez era apenas declarar la norma contenida en la ley. La decisión judicial, no sólo por el hecho de que resulta de una actividad interpretativa que contiene valoraciones y decisiones de contenidos externos al texto de la ley, pero también delante de las reglas legales que invitan al juez a su concretización según las circunstancias del caso y de la imprescindibilidad de la ley a ser conformada a los dictados de la Constitución, ciertamente agrega sentido o sustancia al orden legislativo. Esa, en otras palabras, no es suficiente para orientar a la sociedad o, bien vistas las cosas para, por sí sola, reflejar el derecho que conduce la vida social. El derecho necesita de algo más: necesita de la colaboración del Poder Judicial.\nSin embargo, si todos los jueces tienen el poder para proclamar ese “algo más” o el derecho que no se limita al sentido exacto de la ley, sólo una Corte de Vértice puede tener la función de definirlo y desarrollarlo. Los jueces y tribunales inferiores tienen la función de resolver los casos y, sólo antes de que la Corte Suprema se pronuncie, expresarse respecto del sentido de una cuestión de derecho federal o sobre la interpretación de un texto legal. La función de dar unidad a los contenidos adicionados al texto de la ley es sólo de la Corte Suprema.\nTales “contenidos”, por revelar el sentido o comprensiones jurídicas dotadas de novedad, son imprescindibles para orientar a la sociedad y, consecuentemente, no pueden ser ignorados por los demás órganos judiciales, bajo pena de violación de la igualdad ante el derecho. Percíbase que tales “contenidos”, que se revelan mediante lo que se llama de precedentes, también constituyen derecho, pues perfeccionan el producto del legislativo, dándoles plena capacidad de operar con imperatividad y eficiencia social. Esos “contenidos”, a partir de las valoraciones racionales mediante la debida argumentación, especifican el significado de la ley delante de las circunstancias concretas del caso. Sólo eso es suficiente para ver que los precedentes son, en reazón de su substancia, dotados de fuerza obligatoria. Al final, en esas condiciones los precedentes llegan a integrar el orden jurídico, naturalmente vinculante29.\nLa decisión interpretativa de la Corte Suprema como “reconstrucción” que regula la vida social y guía la resolución de los casos conflictivo: la eficacia obligatoria del precedente como consecuencia.\nAhora bien, no basta “hablar” que las decisiones de las Cortes Supremas innovan en el orden jurídco. Es mejor e imprescindible demostrar en qué sentido esto ocurre, explorando un campo altamente complejo y polémico. Es necesario saber de qué forma y en qué decisión interpretativa innova en relación a la ley. Básicamente, es necesario responder si en la decisión interpretativa existe, en alguna medida, una “creación” o si, simplemente, hay un pronunciamiento de una consecuencia lógica de la regla interpretada y, todavía, si esta creación tiene efectos sobre la sociedad y los jueces.\nLa interpretación capaz de atribuir sentido al derecho no es una operación meramente lógica. Las directivas interpretativas no constituyen reglas lógicas, sino, criterios que son elegidos y completados mediante valoraciones y opciones del intérprete, que conducen a un resultado-interpretación que expresa su voluntad. La decisión interpretativa no es determinada por la fórmula legislativa, pero es fruto de valoraciones y de la voluntad del intérprete. Por ende, no puede ser vista como una consecuencia puramente lógica de la regla legislada, no obstante la lógica sea importante para la valoración de la corrección de la justificación interna de la decisión.\nLa decisión judicial, al atribuir sentido al derecho a partir de valoraciones debidamente razonadas por la Corte Suprema, revela una “creación” no sólo por hacer surgir algo que no pre-existe a la interpretación o que deriva lógicamente de la ley, pero también por ser una expresión de la voluntad del Poder Judicial30. Exactamente, en ese sentido, dice Wróblewski que la discutida definición de creatividad puede suponer que una decisión interpretativa es creativa si su formulación no está determinada por el derecho, sino, si es que esta exige opciones valorativas del intérprete31.\nLa decisión judicial, en tal sentido, constituye propiamente creación de algo a partir de la ley en lugar de creación del derecho. Por eso, constituye, en realidad, una reconstrucción de lo que una pura construcción. Creación judicial, en ese último sentido, dependería de permitirle al juez crear una norma general en la falta de ley o al suponer la ley como “muy injusta” o inválida.\nAunque Kelsen entienda que la norma individual (la sentencia) solamente puede ser justificada por una norma general, él no llega a admitir, de forma clara y explícita, que el juez puede crearla cuando la norma general es “muy injusta”; tanto es así que habla, en ese contexto, de “aplicación de norma general no positiva”. En el razonamiento de Kelsen, esa forma general sería aplicada en lugar de creada, a razón de que el juez no puede crear una norma general y sería no positiva por no haber sido creada por el legislador32.\nBulygin afirma que eso es una falta de consecuencia de Kelsen, pues si la positividad del derecho resulta del hecho de que las normas son creadas por actos humanos – como reconoce el propio Kelsen – no hay razón para hablar de “aplicación de una norma general no positiva”33. Ahora, si la positividad deriva de la norma haber sido creada por un acto humano, nada podría impedir la conclusión de que el juez, en tal caso, crea una norma general y que essa, por ende, es dotada de positividad.\nDe cualquier forma, aquí no importa el significado de la decisión que elabora una norma elante de la falta de ley o de la ley inválida, sino, el significado de la decisión que interpreta la ley. Es posible decir, siguiendo a Wróblewski34 y Shapiro35, que la creatividad propia de la interpretación judicial que se ampara en la ley muda el derecho sólo de forma “incrementada” (incrementally). En verdad, la decisión que interpreta la ley agrega algo de nuevo al orden jurídico legislado, pero no lo invalida o integra. Eso porque da contenido a un orden jurídico de mayor amplitud, completada por la legislación y por las decisiones judiciales de las Cortes Supremas36.\nLa observación de que la decisión interpretativa pasa a completar un orden jurídico de mayor amplitud requiere esclarecimiento. Tal observación supone, como no podría dejar de ser, que la decisión no se limita a los litigantes involucrados en el caso, sino que se extiende a toda la colectividad con el carácter de derecho. Según la Constitución Federal brasilera, cabe al Superior Tribunal de Justicia definir la interpretación de la ley federal, o sea, atribuirle sentido y unidad, evitando decisiones desentonantes de parte de los tribunales ordinarios. Eso quiere decir que la decisión del Superior Tribunal de Justicia no revela, apenas, la interpretación de la ley, sino que fija la interpretación que debe orientar la vida social y pautar las decisiones judiciales. Como es obvio, la creación de la que se habla aquí no pretende tener la misma estatura del producto elaborado por el legislador37; en realidad, pretende indicar, apenas, que la interpretación de la Corte Suprema, mediante valoración, define el sentido del derecho con eficacia general delante de la sociedad y es obligatoria ante los tribunales inferiores.\nSe llega ahí al punto: la decisión interpretativa, por ser elaborada a partir de valoraciones y de la voluntad del intérprete, es algo más frente a la regla emitida por el legislador, teniendo, así, un carácter de creatividad a partir de la ley. Ese algo de nuevo se coloca al lado de la ley, integrando un orden jurídico más amplio, justamente porque la decisión de la Suprema Corte, al definir el sentido del derecho, le confiere unidad, revelando el “derecho judicial” que debe regular la vida en sociedad y guiar la solución de casos iguales o similares38. De modo que la eficacia obligatoria del precedente, circunscrita a su ratio decidendi, es mera consecuencia de la función de la Corte de atribuir sentido y unidad al derecho federal, vale decir, de crear algo nuevo en el orden jurídico vinculante.\nLa posición de vértice.\nLa autoridad de los precedentes también guarda relación con el hecho de que una Corte Suprema pueda tener una posición diferenciada en el sistema jurídico39, destinada a la revelación del sentido del derecho. En el sistema brasilero la posición del Superior Tribunal de Justicia en el sistema le confiere la última palabra en lo pertinente a la atribución judicial del sentido al derecho federal.\nSin embargo, solamente hay lógica en dar la “última palabra” cuando esa es la “última” para todos los casos similares que están por aparecer. Lo contrario sería suponer que una Corte tiene posición de vértice y da la última palabra por razones de azar. O, todavía, que cabe a la Corte Suprema dar la última palabra sólo en el caso concreto, cuando su tarea, entonces, será la de un mero tribunal de revisión, algo incompatible con la función de colaboración para el desarrollo del derecho, propia a las Cortes Supremas de la actualidad. Percíbase: no es el caso de simplemente decir que los tribunales inferiores están sometidos a la Corte Suprema, sino de percibir que los tribunales inferiores deben respeto al derecho delineado por la Corte que, en el sistema judicial, ejerce función de vértice.\nFundamentos de los Precedentes Obligatorios40.\nLa realización de la igualdad.\nEl principal fundamento de un sistema de precedentes obligatorios está en la igualdad de todos ante el derecho. El Estado Constitucional no sólo proclama e incentiva la igualdad en las relaciones sociales, sino, tutela la igualdad. De lado a la cuestión del deber de emitir normas que aseguren el tratamiento igualitario, inclusive en la proporción de las desigualdades, es cierto que el Estado, para tutelar la igualdad, no puede admitir un trato desigual en el proceso en el que ejercer su poder ni menos procedimiento y técnicas que privilegien determinadas posiciones sociales, como también, no puede producir Derecho (así sea mediante los jueces) que exprese un trato desigual a situaciones idénticas.\nEl principio treat like cases alike es la base secular del stare decisis y, por ende, de los precedentes obligatorios en el common law. El common law, en virtud de la plena consciencia de que el juez participa en la producción del Derecho, desde sus orígenes, cuida para que el producto de la actividad judicial no signifique violación de la igualdad41. El civil law, al suponer que el juez puede limitarse a describir la norma contenida en el texto legislativo, nunca se preocupó con la igualdad de los ciudadanos delante de las decisiones, habiendo proclamado siempre sólo la igualdad ante la ley.\nSucede que, actualmente, el Poder Judicial colabora con el Poder Legislativo en la tarea de construcción de un Derecho que responda a las necesidades sociales. Eso no sólo porque el texto legislativo depende del significado que le es atribuido por el juez y en razón de que el legislador sabe que necesita de la actividad judicial para la concretización de determinadas normas, sino, también, por existir consciencia de que el derecho debe estar en constante actualización y adaptación a los nuevos hechos sociales. Para todo ello la actuación de la Corte Suprema es imprescindible.\nSi el derecho está hoy en las manos del Poder Judicial42, es grave dejar de indagar si los ciudadanos reciben de este un tratamiento igualitario. Los procesalistas se preocupan con la igualdad en el proceso y con la igualdad en las técnicas procesales a disposición de los justiciables, pero dejan pasar por alto la igualdad delante del producto de la actividad jurisdiccional, o sea, la igualdad ante las decisiones judiciales. Los civilistas, aunque se encuentren emocionados con la técnica legislativa de las cláusulas abiertas, y los teóricos del derecho, asi estén conscientes que la interpretación, en cuanto producto, está lejos de significar la declaración de una norma contenida en la ley, también se mantienen callados respecto de algo que debería ser una consecuencia lógica de sus “descubrimientos”. Los juristas, aliados a los operadores del derecho que, mal o bien, tienen interés en mantener el status quo, se alínean como si fuese absolutamente natural ofrecer decisiones desiguales a personas que están en una misma situación jurídica.\nEs imprescindible, en un Estado Constitucional, cuidar por la igualdad de trato frente a las decisiones judiciales. Nada niega tanto la igualdad cuanto dar, a quien ya tuvo su derecho violado o sufre inminente amenaza de violación, una decisión no conforme con el patrón de racionalidad ya definido por el Poder Judicial en casos iguales o similares. Luego de la emisión de la decisión dotada de “razones apropiadas” por la Corte Suprema, no hay cómo admitir, por parte de cualquier juez o tribunal, una decisión que presente razones divergentes. Es inconcebible no percibir que una decisión de ese porte hace poco caso no sólo al Estado de Derecho y del Poder Judicial, sino, también, de la igualdad, representando lamentable arbitrariedad o ingenuidad inexcusable.\nNo hay derecho coherente en un Estado en el que los jueces piensan en tener libertad para formular normas jurídicas desiguales para casos iguales o similares. De ello la importancia de los doctrinadores y de los jueces, de los fiscales y abogados tomar todos consciencia de que no es posible convivir con múltiples decisiones para casos que exigen la misma respuesta, sobretodo cuando esa respuesta ya fue elaborada por la Corte Suprema encargada por la Constitución Federal para tanto.\nSubráyese que hay un parámetro claro para el control de la igualdad ante los casos similares y ese está en las decisiones de las Cortes Supremas. Cuando los casos son desiguales le basta al tribunal inferior adoptar el distinguishing poniendo en evidencia que el caso bajo juzgamiento no puede ser solucionado mediante la aplicación del precedente.\nLa realización de la igualdad requiere la universalización del precedente. El fundamento esencial o determinante del precedente debe ser delineado de modo a abarcar el mayor número posible de situaciones jurídicas similares, propiciándoles trato igualitario y tornando innecesaria, en la medida de lo posible, la ampliación de la esfera para la cual el precedente fue primitivamente elaborado y, de ese modo, el uso del distinguishing.\nAdmitiéndose que la interpretación no puede definir el sentido exacto de la ley, pero debe realizar valoraciones para definir el sentido atribuíble al texto legal, es claro que la ley no es suficiente para garantizar la igualdad ante el Poder Judicial. La Corte Suprema no puede ser más vista como un órgano que se destina a garantizar una mítica racionalidad del ordenamiento, fruto de una razón iluminista que tanto sedujo43. Es necesario que el sentido del derecho delineado por la Corte Suprema, por intermedio del precedente, paute la solución de los casos iguales o similares, vinculando u obligando a los jueces y tribunales inferiores. La igualdad ante las decisiones judiciales es fruto del deber de que el Estado deba dar a todos los que están en una misma situación jurídica la solución que la Corte Suprema razonadamente delineó, ofreciendo las mejores razones posibles. Al final, todos los hombres, en condiciones iguales, merecen (y sólo pueden exigir) la mejor solución que el Estado puede obtener para garantizarles una vida justa.\nEn suma: el valor constitucional tutelado por el sistema de precedentes no es la unidad del derecho, antiguo mito tras el cual se escondieron instancias autoritarias de los más variados géneros, sino, la igualdad, realizada empíricamente mediante la vinculación de los tribunales y jueces al “derecho” delineado por la Corte Suprema, dependiente de la evolución de la vida social, abierta al dinamismo de un sistema destinado a la actuación de principios fundamentales con una carga axiológica inagotable y atento a la debida percepción de las diferencias44.\nLa fuerza obligatoria de los precedentes también es fundamental para la realización del valor y la imparcialidad. Esa función, aunque siempre esté ligada al juez, es atributo del Estado. El Estado tiene el deber de tratar de los asuntos que dicen respecto al pueblo con imparcialidad, sin preferir una posición social delante de otra – a no ser que una de ellas, debido a circunstancias particularizadas, exija un tratamiento diferenciado para que el propio deber estatal de tutela a los derechos fundamentales no sea descuidado.\nDescendiéndose a nivel del Poder Judicial, se comprende la imparcialidad como el deber de que el juez no deba preferir una de las partes en detrimento de otra. Sin embargo, sorprendentemente, no se percibe que el juez no puede emitir decisiones distintas para los casos iguales o similares o emitir decisiones divergentes después de que la Corte Suprema ya haya elaborado la solución que el derecho impone al caso, justamente para que el Estado no ejerza la función jurisdiccional de modo a privilegiar, sin razón alguna, una parte delante de la otra.\nLa imparcialidad puede ser vista en dos dimensiones. Una primera, que puede ser denominada positiva y relativa al deber de el Estado ejercer sus funciones únicamente en nombre del interés público y de la concretización de los derechos fundamentales, sin poder privilegiar a alguien. La otra, que entonces puede ser denominada de negativa, dice respecto a la prohibición de conductas que puedan otorgar privilegios o respectivas sanciones.\nEn lo que atañe a la imparcialidad del juez, se habla tan sólo de prohibirlo de actuar de modo que favorezca a una de las partes. Sin embargo, es necesario comprender la imparcialidad en un sentido prospectivo, viéndola como estímulo y promoción de una función estatal despojada de arbitrariedades y privilegios, que se centre únicamente en la búsqueda de la realización de los derechos fundamentales y de una organización social justa.\nEl estímulo al desarrollo de un derecho coherente, en cuyo sistema la Corte Suprema pueda desempeñar su función de dar sentido a la ley y garantizar la unidad del derecho, depende de la fuerza de sus decisiones. La imparcialidad se proyecta sobre el orden jurídico, haciéndolo coherente e impone a los jueces el imprescindible respeto a la autoridad de los precedentes de la Corte Suprema.\nAdemás de eso, cuando la fuerza de los precedentes se impone, los jueces y órganos colegiados que deciden casos iguales o similares de modo divergente son vistos como parciales y tienen dificultad de escapar de la crítica de sus colegas, de otros órganos colegiados o tribunales e, inclusive, de los mismos abogados y de la doctrina. El juez sujeto a un precedente, por estar sometido a una norma judicial universalizante, no puede tomar en cuenta factores personales o intentar favorecer a deterinada parte a partir de aspectos secundarios. Como escribe Neil Duxbury, “el juez que intenta ‘distinguir’ casos con base en hechos materialmente irrelevantes está propenso a ser fácilmente descubierto. Abogados y otros jueces que tienen razones para controlar su actividad, probablemente no tendrán dificultad en advertir su actitud como la de alguien descuidado y deshonesto y, entonces, su reputación se verá desgastada y su decisión será cuestionada”45.\nAdemás, la propia justificativa del precedente, por tener que tomar en cuenta aspectos objetivos en relación a los cuales la solución judicial siempre tenga validez, inhibe al juez a decidir a partir de criterios parciales o personales, esto es, que deriven de una visión subjetiva y particular del caso concreto o digan respecto de las partes involucradas en el litigio.\nLa coherencia del derecho.\nLa idea de la coherencia del derecho debe ser relacionada con el desarrollo de la función jurisdiccional. Como el Poder Judicial no se limita más a decir el derecho escrito por el Poder Legislativo, puesto que hoy es visto como su colaborador para que el Estado pueda dejar de encargarse de su deber de otorgar a la sociedad un derecho capaz de atender a las necesidades sociales carentes de tutela, no basta más apenas mirar a la compatibilidad de la ley de cara al orden jurídico.\nRecuérdese que el dispositivo, como texto legal, no puede ser más que eso y, así, tiene una relación de compatibilidad con el resto del orden jurídico, al paso que el mismo dispositivo, como interpretación judicial, puede ser variado, aunque apenas la interpretación de la Corte Suprema deba ser observada para garantizarse la coherencia del derecho producido por el Poder Judicial y, de tal suerte, la coherencia del orden jurídico o del derecho en su aspecto integral. Como las decisiones pueden dar significados diversos a un mismo texto legal, el problema del Poder Judicial es el de la coherencia y no el de la compatibilidad.\nComo no hay duda que el significado del derecho depende del Poder Judicial, es evidentemente imposible admitir una pluralidad de sentidos a un texto legal o una variedad de formas para concretar un mismo texto de carácter abierto. Si el derecho es “producido” por el Poder Judicial, es inadmisible e ilógico suponer que cada juez o tribunal pueda producir su propio derecho sin algun compromiso con la coherencia del orden jurídico. Esa coherencia es fructificada en las decisiones del Poder Judicial, de modo que una multiplicidad de decisiones para casos o cuestiones similares no tiene cómo no generar desorden.\nLa falta de preocupación con la coherencia del derecho de los tribunales es consecuencia de la suposición de que los tribunales, inclusive los de vértice, están limitados a buscar una interpretación que revela el sentido de la ley. Si las decisiones discuten sólo la exacta interpretación de la ley, no puede existir incoherencia entre el derecho producido por el Poder Judicial, sino, apenas un equívoco en la aplicación de la ley. Ahora, si la norma jurídica está implícita en la ley y es pre-existente a la interpretación, no hay incoherencia entre las decisiones de los tribunales, sino, inadecuada aplicación de la norma del legislador. De ello por qué no se dispensa la atencion a la incoherencia de las decisiones judiciales. Existe preocupación, solamente, con la corrección de las decisiones que equivocadamente aplican la ley.\nAlguien podría decir que las decisiones variadas para un mismo caso no significa desorden, pero sí el reflejo de una natural diversidad de opiniones. Es cierto que esa pésima praxis se solidificó por mucho tiempo en nuestro derecho, pero no hay cómo dejar de ver - si se pretende analizar la situación del Poder Judicial de modo crítico – que eso atenta contra la igualdad, la imparcialidad y la seguridad jurídica. No hay cómo admitir decisiones diferentes para casos iguales, a menos que se imagine que los jueces y tribunales no hacen parte de un único sistema y Poder. No obstante, comprendiéndose que los jueces y tribunales son organismos que sirven a un Poder y al sistema de distribución de justicia, poco importan sus “opiniones”; ellos están subordinados al sistema y al Poder al que sirven y, por ende, no pueden afrontar las decisiones de las Cortes Supremas. Se trata de enfatizar el aspecto institucional de las decisiones judiciales, dejándose de lado el equívoco de que ellas representan la libertad de que el juez pueda juzgar y que estaría sometido apenas a la ley. A propósito, exactamente porque la ley es equívoca es que el juez está sometido a la norma jurídica que de ella la Corte Suprema extrae al interpretar.\nLa coherencia entre las decisiones judiciales no sólo es fundamental a la afirmación, a la autoridad y a la credibilidad del Poder Judicial, como también es imprescindible al Estado de Derecho. En los Estados contemporáneos, en el que la adecuada distribución de justicia exige muchos jueces y diversos tribunales, es necesario que los casos, luego de la manifestación de las Cortes Supremas, sean solucionados mediante la misma regla o interpretación, bajo pena de no vivirse en un Estado de Derecho y sí en un Estado de múltiples e incoherentes opiniones de quien se irroga el poder de afirmar el derecho46.\nLa Constitución Federal brasilera se refiere a la seguridad jurídica en el caput del art. 5°, al lado de los derechos a la vida, la libertad, igualdad y propiedad. Ese artículo posee varios dispositivos que la tutelan, como los incisos II (principio de legalidad), XXXVI (inviolabilidad del derecho adquirido, de la cosa juzgada y del acto jurídico perfecto), XXXIX (principio de legalidad y anterioridad en materia penal) y XL (irretroactividad de la ley penal desfavorable)47. La seguridad jurídica es vista como sub-principio concretizador del principio fundamental y estructurante del Estado de Derecho. Se expresa en términos de estabilidad y continuidad del orden jurídico48 y de la previsibilidad acerca de las consecuencias jurídicas de las conductas practicadas en la convivencia social49.\nLa estabilidad no se separa del derecho producido por el Poder Judicial. La variación frívola de lo que el Poder Judicial dice acerca de un texto legal contradice la seguridad jurídica. A propósito, cuando se piensa en esa dimensión no hay cómo dejar de considerar la cuestión de los efectos en el tiempo de la decisión que revoca un precedente o jurisprudencia consolidada, punto que inevitablemente tendrá que ser enfrentado por la Corte Suprema.\nEl ciudadano, para poder desarrollarse, tiene que conocer las consecuencias jurídicas de sus acciones y de los comportamientos de aquellos con quien convive. Esa previsibilidad presupone univocidad de calificación de las situaciones jurídicas50. Si esa calificación depende de las decisiones judiciales51 – que, en principio pueden ser variadas – su univocidad estará en las manos de las Cortes Supremas, cuya función es atribuir sentido al Derecho, garantizándole la debida estabilidad. En ese sentido se puede hablar en “ética del legalismo”, en los términos de MacCormick52, toda vez que la previsibilidad de las decisiones, vista como legalismo, constituye un valor moral imprescindible para que el hombre, de forma libre y autónoma pueda desarrollarse en un Estado de Derecho53.\nNo obstante, si la previsibilidad presupone univocidad, ella igualmente depende de la efectividad del sistema jurídico como capacidad de garantizarla54. Se trata de constatar que un ordenamiento jurídico incapaz de permitir previsiones y calificaciones jurídicas unívocas y de generar, así, un sentido de seguridad en los ciudadanos, no merece, si quiera, ser calificado como jurídico55.\n Traducción de Christian Delgado Suárez. Master en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal del Paraná - Brasil.\n1 Calamandrei, Piero. La Cassazione Civile. v. 1. Roma: Fratelli Bocca, 1920.\n2 En Brasil existe una Corte destinada, fundamentalmente, a la apreciación de cuestiones constitucionales – Supremo Tribunal Federal – y otra ligada a la interpretación del derecho infraconstitucional – Superior Tribunal de Justicia. En el 2004, una reforma constitucional introdujo el requisito de la “repercusión general” de la cuestión constitucional como criterio para la procedencia del recurso extraordinario. No obstante, todavía no hay unanimidad entre los Ministros del Supremo Tribunal Federal sobre la eficacia obligatoria o vinculante de la ratio decidendi de las decisiones emitidas en sede de recurso extraordinario.\n3 En Cuba, en atención al informe presentado por los Dres. Juan Mendoza Díaz y Ariel Mantecón Ramos, “la casación ha perdido también su función nomofiláctica. En un primer plano, meramente conceptual o teórico, si el recurso tenía en sus orígenes franceses el cometido de evitar, con la preservación del mandato de la ley, la superposición de poderes, hoy en día esta función carece totalmente de sentido, en principio porque nuestro modelo asume el criterio filosófico de unidad política y abandona la concepción montesquieuana de la tripartición de poderes. En un segundo orden, la casación adopta hoy un enfoque hacia el control de la decisión de mérito, no hacia la protección de la ley. En otras palabras: de aquel principio ancestral según el cual al máximo tribunal no le interesa la justicia o injusticia del caso, sino la tutela de la ley, como ente general y como función del poder legislativo, se ha pasado a un concepto más práctico, por virtud del cual el instituto de la casación es válido en tanto sea útil para resolver con justicia un caso dado. Esto funciona de esta manera tanto para la casación civil como para la penal”.\n4 Relatan los informes de los Dres. Boris Arias López y Primitivo Gutiérrez Sánchez, ambos sobre Bolivia: “en materia constitucional las resoluciones constitucionales son vinculante en su ratio decidendi. Así el art. 203 de nuestra Constitución establece que: ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’. En materia civil no existe normativa que establezca su vinculatoriedad de forma que la misma no es vertical sino implica una advertencia a los tribunales inferiores de que si se apartar del precedente su decisión podría modificarse en última instancia” (Informe del Dr. Boris Arias López). “En tanto que para aquellas personas, terceros, o personas ajenas al proceso, los fallos o decisiones del Tribunal Supremo de Justicia únicamente constituyen un antecedente o precedente, que en nuestro país se denomina uniforme jurisprudencia