PRINCIPIO ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL\nCONTENIDO:La búsqueda de la imparcialidad en el juzgamiento ha llevado a las reformas del sistema de procedimiento español a una separación entre investigador y acusado donde los contendientes frente a un juez imparcial muestran sus elementos de prueba y de manera adversarial se le dará la razón al que fundamente mejor su caso. Esto con el respeto a las garantías constitucionales del procesado y el derecho a la defensa presente en cada una de las actuaciones.\nAUTOR:Lorenzo M. Bujosa Vadell\nTEMAS GENÉRICOS:Juicio oralSistema acusatorioSistema inquisitivoDirección de la audienciaNegociaciónIniciativa probatoria\nPrincipio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español\nLa búsqueda de la imparcialidad en el juzgamiento ha llevado a las reformas del sistema de procedimiento español a una separación entre investigador y acusado donde los contendientes frente a un juez imparcial muestran sus elementos de prueba y de manera adversarial se le dará la razón al que fundamente mejor su caso. Esto con el respeto a las garantías constitucionales del procesado y el derecho a la defensa presente en cada una de las actuaciones.\nJuicio oral; sistema acusatorio; sistema inquisitivo; dirección de la audiencia; negociación; iniciativa probatoria; órgano acusador; correlación entre sentencia y acusación; procedimiento ordinario.\nLa regulación del proceso penal español está establecida principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, antiguo Código Procesal Penal español, el cual sigue vigente en una gran parte pese a las diversas modificaciones sufridas desde su promulgación en 1882.\nInicialmente esta ley distinguía un procedimiento ordinario por delitos, con una modalidad particular para el caso de delitos flagrantes; unos procedimientos especiales por razón de las personas o de la materia, y el juicio de faltas, el único con doble instancia.\nEn términos generales esta ley acogió el modelo inspirado en el Código de Instrucción francés de 1808 y, en consecuencia, está informada por el principio acusatorio formal o mixto, en el que confluyen rasgos acusatorios y rasgos inquisitivos, que se manifiestan en las distintas fases del proceso, con la excepción del juicio de faltas que permanecía anclado en gran medida, en el modelo inquisitivo.\nPor un lado, la fase de investigación, denominada “instrucción” o “sumario”, se caracterizaba por un predominio del modelo inquisitivo, aunque el legislador decimonónico pretendió limitarlo también en esta fase, posibilitando la intervención del imputado y estableciendo instituciones que favorecieran su derecho a estar informado de la imputación. Esta fase procesal es todavía hoy competencia de los llamados juzgados de instrucción, existentes en cada uno de los partidos judiciales en los que está dividido el territorio nacional y se dirige, como dice el artículo 299, a la preparación del juicio a través de diversas actuaciones practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.\nPor otro lado, en la fase del juicio oral, es por el contrario donde se puede observar con mayor claridad rasgos acusatorios plasmados. Precisamente en este sentido se trataba de un logro histórico en España la separación, no solo procedimental sino también orgánica entre fase de instrucción y fase de decisión, esta última asignada a órganos de nueva creación: los tribunales de lo criminal, denominados desde 1893 “Audiencias provinciales”.\nCon anterioridad el primer conjunto normativo español que codificó las normas procesales penales: la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, promulgada diez años antes de la ley vigente había introducido ya en el ordenamiento español el juicio oral, como fase decisoria distinta, donde se introducían garantías para el acusado y facilidades probatorias, en línea con la introducción del jurado y la instancia única. Se había mantenido no obstante la ausencia de intervención activa del imputado en el sumario y el juez instructor continuaba siendo también el juez sentenciador de la causa, a pesar de todos los prejuicios que probablemente hubieran hecho nacer en él la investigación.\nEl Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez, en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 decía, en unos términos todavía de plena actualidad y que tal vez sean también de utilidad en el contexto mexicano: “El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar imparcialmente y a dar triunfo a aquel de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte”. Se trata de una fase, la de juicio oral, en la que se aplica la contradicción, la igualdad, la oralidad, la inmediación, la publicidad, la concentración..., manifestaciones todas ellas de un proceso penal alejado de los postulados inquisitivos.\nPor lo tanto, ya en el esquema procesal de 1882 el propio legislador se manifiesta “preocupado por desterrar el predominio de los principios inquisitivos y por restablecer la igualdad de condiciones en esta contienda jurídica hasta donde lo consientan los fines especiales de la sociedad humana”, se preocupa de distinguir, no solo como hemos visto entre quien investiga y quien juzga, sino también entre quien acusa y quien decide, atribuyendo la acusación a un órgano público, el Ministerio Fiscal, dependiente del ejecutivo, pero en igualdad de posición que la llamada acusación particular, constituida por la persona ofendida o perjudicada por el delito, y además, por la acusación popular, por la que todavía hoy en día quivis ex populo, cualquier ciudadano español puede ejercitar la pretensión punitiva cuando se trata de delitos perseguibles de oficio.\nSe preocupaba también el legislador de la correlación objetiva y subjetiva entre acusación y fallo, manifestación del principio acusatorio que, como veremos después, ha planteado en España algunos problemas.\nAsí pues, la Ley de Enjuiciamiento Criminal instauró un sistema de enjuiciamiento acusatorio formal o mixto en el que el juicio oral no se puede abrir nunca sin una acusación previa, nunca se abre de oficio y así, en principio, no se confunden los papeles de juez y parte. Se sigue además el principio de necesidad en la persecución de los hechos tipificados como punibles —Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 1º: “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente código o de leyes especiales, y en virtud de sentencia dictada por juez competente”—. Por otra parte, se establecía también el principio de investigación oficial, que se restringe en la fase de enjuiciamiento del modo que más adelante matizaré.\nConviene destacar desde el principio la complejidad del ordenamiento procesal penal español y la falta de modelo procesal claro y compartido en las reformas de los últimos años. El esquema de procedimientos penales comunes en España es el siguiente:\n— Procedimiento ordinario por delitos graves, por medio del que se tramitan los procesos por delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años.\n— Procedimiento abreviado, para el enjuiciamiento de delitos castigados con pena no superior a nueve años de pena privativa de libertad, o bien con cualesquiera otra penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Es competente para el enjuiciamiento la audiencia provincial si se trata de delitos con pena privativa de libertad superior a cinco años, en el resto de los casos en principio correspondería enjuiciar al juez de lo penal. Todo ello al margen de las posibles competencias de la audiencia nacional en determinadas materias —narcotráfico, terrorismo, criminalidad económica a gran escala...—.\n— Tras las leyes orgánicas 5ª de 1995 y 8ª de 1995, en el ordenamiento español, se introdujo un nuevo procedimiento para determinados delitos —homicidio, amenazas, cohecho, tráfico de influencias, etc.—, que tras una fase de investigación totalmente nueva, en la que se ha pretendido acentuar la vigencia del principio acusatorio, se desarrolla una fase decisoria ante el tribunal del jurado.\n— Como antes decía, la reciente reforma de octubre del 2002, en vigor desde el 24 de abril pasado, ha introducido como nuevo procedimiento autónomo el llamado “de enjuiciamiento rápido de determinados delitos”, principalmente los cometidos en circunstancias de flagrancia, aquellos en los que se presuma que la instrucción va a ser sencilla, y delitos de la llamada “violencia doméstica” y hurtos y robos, entre otros.\n— Junto a estos procedimientos por delitos, no hay que olvidar los llamados juicios de faltas, regulados en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, destinados al enjuiciamiento de las infracciones criminales contenidas en el libro III del Código Penal.\n2. La separación entre el órgano investigador y el órgano enjuiciador\nAlgunas de las innovaciones de la Ley de Enjuiciamiento, que a finales del siglo XIX hizo del enjuiciamiento criminal español uno de los más avanzados de su tiempo, fueron desvirtuadas por algunas reformas posteriores. Sobre todo la Ley 3ª del 8 de abril de 1967, con sus precedentes de 1957 y 1959, supusieron un cambio en el esquema de tendencia acusatoria del juicio oral español, pues uno de los procedimientos que esta novella establecía —el de urgencia de doble instancia— supuso la vuelta a la confusión entre el órgano investigador y el decisor, de modo que era el propio juez de instrucción el que decidía en primera instancia —y en compensación se establecía la posibilidad de una apelación ante la audiencia provincial—.\nAdemás de infringirse en este sentido la garantía de un juez imparcial, la práctica desbordó la fase de investigación de este procedimiento, denominada de “diligencias previas”, y la fase probatoria del juicio oral generalmente no pasaba de tener una importancia residual.\nPor si fuera poco, en el año de 1980 también persiguiendo fines aceleradores del procedimiento debido al crecimiento del número de causas penales, se promulgó una nueva ley, la Ley Orgánica 10 del 11 de noviembre de 1980, ley especial, para el enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes, cuyo procedimiento, que se añadía a los ya vigentes, se caracterizaba también por no diferenciar entre el órgano investigador y el decisor.\nEn igual sentido, la Ley Orgánica 2ª de 1986, sobre fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, para ciertos casos de aforamientos, es decir, de competencia objetiva específica ratione personae, no diferenciaba tampoco las funciones de instruir y fallar, pues el artículo 8.1 establecía que una vez “iniciadas unas actuaciones por los jueces de instrucción, cuando estos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, suspenderán sus actuaciones y las remitirán a la audiencia provincial correspondiente, que será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el fallo que corresponda”.\nQuedaba comprometida evidentemente la imparcialidad objetiva del órgano decisor de estos procesos, en contra, no solo de las manifestaciones de la propia exposición de motivos de 1882, sino además de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Delcourt, Piersack, De Cubber, Hauschildt, etc.\nA pesar de la vinculación de España al Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la aceptación expresa de las cláusulas facultativas de este convenio por este país, el legislador se mostró inicialmente pasivo ante toda esta doctrina jurisprudencial que garantizaba el derecho fundamental a un juez imparcial. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que, a partir del planteamiento de diversas cuestiones de inconstitucionalidad, resolvió, indirectamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 113 de 1987, pero ya de manera frontal en la 145 de 1988, de 12 de julio, la inconstitucionalidad del esquema de enjuiciamiento de las leyes de 1967 y de 1980 y, posteriormente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 55 de 1990, se refirió en concreto al mencionado artículo 8.1 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.\nEl legislador, ante la Sentencia del Tribunal Constitucional 145 de 1988, se vio obligado a una rápida reforma procesal penal, para ajustar su regulación al derecho a un proceso con todas las garantías, en el que se entiende incluida la del juez imparcial. Por ello, se promulgó la Ley Orgánica 7ª de 28 de diciembre de 1988, aún sin tener claro un modelo de proceso penal a seguir como demuestra el examen del iter prelegislativo, sobre todo si se compara el anteproyecto y el proyecto de ley. Este nuevo cuerpo legislativo, en definitiva introdujo un procedimiento nuevo: llamado “procedimiento abreviado”, derogando los procedimientos introducidos en 1967 y 1980, al tiempo que creaba unos nuevos órganos, los juzgados de lo penal, que se añadían al esquema orgánico establecido solo 3 años antes en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que todavía no había entrado totalmente en vigor.\nCon la nueva Ley Orgánica 7ª de 1988 se desbordaron realmente las exigencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional 145 de 1988, que se hubieran visto satisfechas con una mera reforma orgánica. Por el contrario, se produjo también una reforma procedimental, con la que se contribuía a una simplificación de las fuentes del sistema procesal penal español.\nPosteriormente la Ley 10 de 30 de abril de 1992, de “medidas urgentes de reforma procesal”, reformó de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo al procedimiento abreviado, introduciendo una modalidad acelerada, con el fin de lograr que, en ciertos casos, ese proceso pueda desarrollarse con especial rapidez y al mismo tiempo introdujo reformas en el juicio de faltas. Todo ello ha sido recientemente modificado de nuevo principalmente por la Ley 38 del 24 de octubre del 2002, que ha configurado la modalidad acelerada como un auténtico proceso especial regulado independientemente.\nPero fue, con la reforma de 1988 donde se recuperó en términos generales en el proceso español una de las manifestaciones más evidentes del principio acusatorio, la relativa a la separación orgánica entre los órganos de investigación y de enjuiciamiento, creándose para la fase de decisión, los juzgados de lo penal y los juzgados centrales de lo penal. Estos últimos para conocer de las materias atribuidas a la audiencia nacional —Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 65—, pero en un principio para delitos cuya pena no fuera superior a la de prisión menor, es decir, 6 años de privación de libertad u otras de distinta naturaleza —el límite actual está en 5 años—.\nSe pretendía además aumentar los rasgos acusatorios dando un mayor protagonismo a las partes, pero se mantenían sombras —Calvo Sánchez— en lo que se refiere a la impugnación de medidas cautelares en procesos en que por corresponder al hecho punible una pena superior a seis años de privación de libertad —ahora 5 años— el enjuiciamiento corresponde al mismo órgano, la audiencia provincial. Este tribunal resuelve los recursos devolutivos contra medidas cautelares adoptadas en la fase de investigación. Se ha criticado también la regulación del sobreseimiento libre, equivalente a una sentencia absolutoria, que en el procedimiento abreviado es el juez de instrucción, el órgano que ha realizado la investigación, el encargado de decidir si sobresee o no, a pesar de que se trata de lo que llamamos un “juez prevenido”, es decir, un juez cuya imparcialidad con respecto al proceso no está garantizada por completo.\nLa polémica doctrinal en este sentido se ha centrado en la posibilidad del juez de instrucción de dictar sentencia en casos de conformidad del acusado en determinados juicios rápidos.\nRespecto a los procedimientos vigentes en el ordenamiento español, puede afirmarse que, salvo en los juicios de faltas y en la sentencia de conformidad dictada por el juez de instrucción de guardia en el procedimiento de enjuiciamiento rápido por determinados delitos, se manifiesta la exigencia del acusatorio referida a la atribución de la investigación y del juicio oral a dos órganos jurisdiccionales distintos, como primera garantía de imparcialidad. En el caso de que por razones de aforamiento corresponda la instrucción y el enjuiciamiento a órganos colegiados —Sala Segunda del Tribunal Supremo o Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia—, uno de los magistrados será designado instructor y no podrá posteriormente formar parte de la Sala para el enjuiciamiento.\nEn cuanto a las faltas, el Tribunal Constitucional por un lado ha insistido en la necesidad de que el principio acusatorio también informe este procedimiento, pero, por otro, ha resuelto el problema de la confusión entre órgano investigador y órgano decisor por la vía de afirmar que no existe en estos procedimientos fase de investigación con lo cual el juicio de faltas, según el Constitucional, consta simplemente de una fase decisoria o de juicio verbal, en la que se formaliza la acusación, se practica la prueba y se resuelve en primera instancia.\nEs muy discutible que en estos procedimientos no se produzca investigación, sobre todo cuando el juez de instrucción ha iniciado un procedimiento por delitos y lo transforma cuando observa que en realidad es una falta, cuyo conocimiento en muchos casos le corresponde a él mismo. Algún autor —Gimeno Sendra— ha aludido, frente a ello a la doctrina del caso Fey contra Austria —sent. del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de feb. 24/93—, en la que se afirma que “el simple hecho, para un juez, de haber adoptado ciertas decisiones con anterioridad al juicio no puede servir para justificar en sí mismo prejuicios acerca de su imparcialidad... Lo que interesa es la extensión y naturaleza de las medidas adoptadas por el juez antes del juicio”.\n3. La separación entre el órgano acusador y el órgano enjuiciador\nLa manifestación más evidente del principio acusatorio es la distribución de las funciones de acusación y decisión en órganos distintos, es decir, no puede haber juicio oral si no hay acusación y esta es formulada por persona distinta al tribunal enjuiciador —Montero Aroca—.\nEl Tribunal Constitucional español, en diversas ocasiones ha manifestado que “el sistema acusatorio impone una contienda procesal entre dos partes netamente contrapuestas —acusador y acusado— resuelta por un órgano que se coloca por encima de ambas, con una clara distinción de las tres funciones procesales fundamentales, la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta del juez, la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador y la decisión por un órgano judicial independiente e imparcial, que no actúa como parte frente al acusado en el proceso contradictorio” (sents. del Tribunal Constitucional 53/87 y 18/89).\nComo dice el aforismo latino Nemo iudex sine actore, con lo que el juicio oral, el “verdadero juicio” como decía Alonso Martínez en la famosa exposición de motivos, debe iniciarse siempre por una parte distinta a la del órgano jurisdiccional: este último en ningún caso puede sostener la acusación. En el ordenamiento español, no sostiene la acusación únicamente el Ministerio Público, llamado en España por razones históricas el Ministerio Fiscal, sino que es también posible que quienes ejerzan la acusación sean los acusadores particulares e incluso los acusadores populares.\nPor tanto, también en el ordenamiento español son necesarios actos de postulación de las partes activas del proceso penal por los cuales se interponga la pretensión punitiva y, eventualmente, la pretensión civil de resarcimiento de forma acumulada.\nPor un lado, en el proceso penal se ejercita el derecho de acción que da inicio al proceso, como derecho subjetivo público de naturaleza constitucional que hace surgir la obligación del Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales y de las normas procesales legalmente establecidas, de admitir o inadmitir la petición que se le dirija y de pronunciarse sobre ella por medio de una resolución motivada que resolverá sobre el fondo cuando se cumplan los presupuestos procesales. En el proceso penal español cabe iniciar el proceso bien por medio de querella, denuncia e incluso, salvo en el procedimiento de la ley del jurado, cabe la iniciación de oficio.\nPero, por otro, se ejercita en momentos posteriores la acusación, es decir, la interposición de la pretensión punitiva, entendida como una petición fundada en derecho positivo encaminada a que se declare la responsabilidad del inculpado y se le imponga una pena. Mientras en la fase de investigación se prepara la fundamentación de esta pretensión, es una vez finalizada esta fase cuando se formaliza la pretensión punitiva con sus elementos esenciales: la persona o personas acusadas y el hecho punible.\nEn el procedimiento ordinario por delitos graves la pretensión se formula en el escrito de calificaciones provisionales del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez que el tribunal sentenciador ha dictado el auto de apertura de juicio oral y tras haber dado posibilidad a las partes de plantear cuestiones previas —los artículos de previo pronunciamiento del art. 666, Ley de Enjuiciamiento Criminal—, las partes activas del proceso pueden interponer su escrito acusatorio, denominado de calificaciones provisionales, y consecutivamente, en aplicación del principio de contradicción, las partes acusadas presentan su escrito de defensa —Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 652—.\nEn el procedimiento abreviado no sucede igual pues la ley regula expresamente una fase de preparación de juicio oral, iniciada una vez que las diligencias de investigación se han practicado. Entonces, el juez de instrucción dictará resolución acordando seguir los trámites del procedimiento abreviado en el que fijará ya la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona o personas a las que se imputan.\nEn esta fase intermedia se instruye a las partes para que soliciten la práctica de nuevas diligencias si alegan imposibilidad de formular la acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos; y así soliciten el sobreseimiento de la causa o la apertura del juicio oral, formulando el escrito de acusación.\nEn este procedimiento, la apertura del juicio oral se decide una vez interpuesta la acusación y es el propio juez de instrucción el que controla la consistencia o solidez de esa acusación, pues puede denegar la apertura de juicio oral cuando el hecho no sea constitutivo de delito o no existan indicios racionales de criminalidad contra el acusado. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 186 de 1990, ha afirmado que se trata de un juicio negativo por el cual el juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación, y que la imparcialidad del órgano decisor queda garantizada. Con la formulación del escrito de defensa o, en su caso, la declaración de rebeldía del acusado, y la puesta de las actuaciones a disposición del órgano competente para el juicio oral concluye esta fase.\nCuando se produzca en el procedimiento abreviado un reconocimiento de hechos por parte del imputado, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos (Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 779.5ª) se produce una transformación del procedimiento. En este caso, si el Ministerio Fiscal o las demás partes personadas formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado se continúa la tramitación por la vía del procedimiento de enjuiciamiento rápido (arts. 800 y 801).\nEn cuanto a la nueva configuración de la justicia rápida —introducida en octubre del 2002— debe mencionarse que ha supuesto una alteración respecto a la estructura del abreviado también por lo que se refiere al ejercicio de la acusación: se observa claramente una mayor concentración de actuaciones, pues la preparación del juicio oral se realiza ante el mismo juez de guardia, ante quien el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncian acerca de la procedencia del juicio oral o del sobreseimiento; en caso de que alguna de las partes pida la apertura del juicio oral el juez lo acordará, salvo que estime que el hecho no sea constitutivo de delito o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado.\nUna vez abierto el juicio oral se puede presentar la acusación: si solo interviene el Ministerio Fiscal, de inmediato e incluso oralmente; y si interviene algún acusador particular por escrito pero en un plazo breve —2 días—.\nHay en este punto una criticada presunción pues si el fiscal no presenta su acusación, el juez requerirá al superior jerárquico para que, en dos días, presente el escrito que proceda, pero si no lo hace —posiblemente por exceso de trabajo— se entiende que considera procedente el sobreseimiento libre, con la drástica consecuencia del efecto de cosa juzgada.\nRespecto al procedimiento instaurado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se ha seguido el modelo del procedimiento abreviado al concentrarse en un solo acto la petición de apertura del juicio oral y la formalización de la pretensión, atribuyéndose también el conocimiento de la fase intermedia al juez de instrucción. En este procedimiento pueden sucederse hasta tres calificaciones provisionales:\nEn primer lugar, en el escrito de solicitud de juicio oral y calificación del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, una vez trasladado este escrito al acusado, este formulará su escrito de defensa. Luego se lleva a cabo una audiencia preliminar, en la que se practican las diligencias propuestas por acusación y defensa y tras informe de las partes, el juez decidirá si se practica alguna diligencia complementaria, se dicta auto de sobreseimiento, se cambia de procedimiento o se abre el juicio oral. Al término de esta audiencia las acusaciones podrán modificar su primera calificación, sin posibilidad de introducir nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada (Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, art. 31.3).\nSi se decide la apertura del juicio oral, el juez de instrucción dictará un auto de apertura, en el cual según el artículo 33 deben fijarse, entre otros aspectos, el hecho o hechos punibles que hayan sido determinados en la acusación y respecto de los cuales se estime procedente el enjuiciamiento y la persona o personas que puedan ser juzgadas como acusados o terceros responsables civiles. En este caso el juez instructor puede realizar un juicio de procedencia negativo. Una vez decretada la apertura del juicio oral se producirá el emplazamiento ante el tribunal competente y la remisión de la información necesaria.\nAbierto el juicio oral, hay una etapa de cuestiones previas, mucho más amplia que la del procedimiento ordinario, pues cabe ampliar o reducir el hecho —tercer momento procesal en que las partes acusadoras se manifiestan respecto a la pretensión punitiva, art. 36—.\nPero la regulación más novedosa en cuanto a la formulación de la acusación en este procedimiento de la Ley de 1995, se refiere al auto de hechos justiciables del artículo 37, que a simple vista parece una derogación, en este punto, del principio acusatorio, pues permite al magistrado-presidente la intervención en la formación del objeto del juicio oral, al tener que delimitar el hecho o hechos justiciables, con determinación de su calificación y de los hechos constitutivos del grado de ejecución y participación del acusado, resolviendo además sobre los medios de prueba propuestos. Esta resolución será contraria al acusatorio y al derecho fundamental a un proceso con todas las garantías si no se atiene estrictamente a los hechos alegados por las acusaciones y por la defensa.\nEn todos estos procedimientos a los que acabo de referirme, como es natural, tras la práctica de la prueba es posible modificar las conclusiones de los escritos de calificación y acusación, a través de las calificaciones definitivas —actos por los que las partes deducen sus pretensiones de forma definitiva con arreglo al resultado de la prueba, sin posibilidad de modificaciones de su contenido esencial—. Estos escritos nunca pueden referirse a hechos que no hayan sido objeto de calificación provisional y si durante la actividad probatoria hubieran surgido hechos nuevos se tendría que haber suspendido el juicio oral para instrucción complementaria y posterior calificación y, del mismo modo, si se produjera un cambio de calificación jurídica que pudiera dar lugar a indefensión.\nEn el procedimiento abreviado hay que estar a lo dispuesto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el cual cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el juez o tribunal podrán conceder un aplazamiento de la sesión para que la defensa pueda preparar adecuadamente sus alegaciones, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes, tras lo cual podrán a su vez, modificar sus conclusiones definitivas.\nEn el procedimiento del jurado tras la práctica de la prueba la ley se remite a lo previsto para el procedimiento abreviado y, además, se puede pedir la disolución del jurado, entre otras razones, por estimar que del juicio no resulta la existencia de cargo que pueda fundar una condena del acusado (Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, art. 49). Otra particularidad se establece en el artículo 51 al regularse la llamada “retirada de la acusación” o desistimiento de la pretensión penal que necesariamente vincula al órgano jurisdiccional y debe dar lugar a una sentencia absolutoria.\nEn cuanto al juicio de faltas, se establecía ya originariamente en la Ley de Enjuiciamiento un procedimiento simple, concentrado, predominantemente oral y público pero con caracteres inquisitivos que hubieron de ser corregidos a través de la interpretación directa del artículo 24.2 de la Constitución, como afirmaba el Tribunal Constitucional. La Ley 10 del 30 de abril de 1992, así como la Ley 38 del 2002 han modificado este procedimiento, pero realmente sin lograr introducir del todo un proceso debidamente acusatorio para las faltas.\nEn realidad la complejidad del sistema procesal español, llega a plantear la existencia de tres modalidades procedimentales por faltas: un enjuiciamiento inmediato por faltas para casos, entre algunos otros, de violencia doméstica y pequeños hurtos flagrantes; una segunda vía para faltas distintas pero que puedan enjuiciarse también rápidamente y, finalmente, el juicio de faltas común. Se hace necesario informar al imputado, previamente al juicio, de sus derechos y, sucintamente, sobre los hechos en que consista la denuncia. En la citación a juicio deberá acompañarse copia de la querella o de la denuncia.\nEl juicio se inicia con la lectura de la denuncia o querella, pero evidentemente estos no son actos de acusación, por lo que la doctrina afirma que el Ministerio Fiscal debe hacer una sucinta exposición oral de la acusación, con determinación del hecho punible, su calificación legal y la de su autor. Lo grave es, sin embargo, que el artículo 969. II concede valor de acusación a la declaración del denunciante en el juicio afirmando los hechos denunciados, en los casos de faltas semipúblicas en que el fiscal decida no acudir al juicio y, además, si en la denuncia no ha habido calificación jurídica del hecho o no se ha señalado la pena con que deba ser castigado se remite al criterio del juez.\nEl denunciante no es parte y, en este caso, tampoco el fiscal, no hay parte acusadora y sin embargo, el proceso sigue adelante sin verdadera acusación: realmente se ha convertido al juez en acusador automáticamente (Calvo Sánchez). A pesar de ello, una muy criticada sentencia del Tribunal Constitucional, la 56 de 1994 declaró, apoyándose principalmente en el principio de economía procesal, que conceder valor de acusación a la denuncia —según establecía la legislación anterior— no era contrario al principio acusatorio.\n4. La facultad de dirección material del órgano enjuiciador: la iniciativa probatoria de oficio\nConviene mencionar otro aspecto importante del principio acusatorio en el juicio oral, que se refiere a las facultades del órgano jurisdiccional para la dirección material del proceso, en concreto, respecto a la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional decisor en el proceso penal español. Acabamos de ver algunas consideraciones acerca de cómo se regula el aporte de hechos al juicio oral, esencial para determinar si verdaderamente se garantiza la imparcialidad jurisdiccional. Ahora debemos examinar cómo se aportan las pruebas de esos hechos y si queda también en este sentido garantizado el acusatorio.\nEn un modelo de proceso adversarial o acusatorio totalmente puro el órgano jurisdiccional no puede actuar como sujeto activo de la prueba, con el objeto de fortalecer la imparcialidad del órgano juzgador. Pero desde nuestra perspectiva se ha afirmado que es importante no confundir el proceso penal como proceso de partes ante un órgano imparcial, con una concepción privada del proceso penal en la que se confunda el principio acusatorio con el principio dispositivo, característico de la mayoría de procesos civiles. En el proceso penal debe tenerse en cuenta también el carácter público de la potestad jurisdiccional y, sobre todo, la consideración de la naturaleza del interés en juego.\nEn el proceso penal español, se mantiene el modelo de juez investigador procedente del Código Napoleónico de 1808, lo cual ciertamente, pese a las previsiones contenidas en la exposición de motivos de 1882 de que el verdadero juicio fuera el juicio oral, favoreció en la práctica la tendencia a sobrevalorar las actuaciones sumariales dándoles valor probatorio, de modo que en muchas ocasiones la prueba en el juicio oral solo confirmaba, corregía o ampliaba las diligencias sumariales.\nSin embargo, a mi entender, el sistema acusatorio formal o mixto no implica necesariamente esta sobrevaloración de los resultados de la investigación. Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación exigen distinguir entre actos sumariales y actos de prueba y conllevan la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de la pruebas anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo con las debidas garantías —principalmente el cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales—.\nEn España, ha sido a través de la labor del Tribunal Constitucional en la resolución de recursos de amparo en defensa de los derechos fundamentales y de alguna condena a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como paulatinamente se han ido poniendo las cosas en su sitio: sin eliminar la dirección del juez de instrucción en la fase de investigación, se ha ido convirtiendo al juicio oral en la verdadera fase del proceso penal, como momento procesal adecuado para la práctica de la mínima actividad probatoria de cargo susceptible de desvirtuar la presunción de inocencia.\nEn cuanto al otro aspecto de interés al que antes aludía —la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional sentenciador—, en el sistema acusatorio mixto no rige de manera absoluta el principio de aportación de parte: es decir la actividad probatoria recae tanto en las partes como en el órgano jurisdiccional. Mientras que, como es sabido, en un sistema acusatorio puro son las partes las únicas que aportan prueba.\nEn el proceso penal español, se aplica, naturalmente, el artículo 24.2 de la Constitución, que proclama el derecho a las partes a utilizar los medios de prueba pertinentes, protegido incluso preconstitucionalmente a través del recurso de casación (Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 850. 1º, 3º y 4º). Pero la vigencia del principio de legalidad hace que el órgano jurisdiccional tenga que intervenir también en la práctica de la prueba, sin que esto suponga necesariamente una lesión de su imparcialidad.\nLa exposición de motivos resalta la adopción del principio acusatorio en el juicio oral y no se encuentra referencia alguna en ella acerca de los poderes de dirección material del órgano jurisdiccional en materia probatoria. En cuanto al texto normativo, nos encontramos con el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que: “no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas”. Evidentemente se trata de la aplicación del principio de aportación de parte en el juicio oral español. Sin embargo, inmediatamente, el artículo siguiente establece las excepciones: “Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:\n1. Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre estos, que el presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes.\n2. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación.\n3. Las diligencias de prueba de cualquier clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el tribunal las considera admisibles”.\nPor tanto, vemos que el órgano sentenciador, siempre respecto a los hechos que le hayan aportado las partes, tendrá iniciativa probatoria y realmente, no solo como una mera excepción al principio de aportación de parte de los medios de prueba, sino como manifestación del principio de búsqueda de la verdad. Todo ello en la línea del parágrafo 244 apartado 2º de la StPO, del artículo 81 del Codede Procédure Pénale o del artículo 340.1 del nuevo portugués. Esta búsqueda de la verdad a la que también se ha referido el Tribunal Constitucional, para evitar caer en una manifestación inquisitiva, debe respetar siempre los derechos del imputado, en especial la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales en la obtención de medios de prueba (Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, art. 11.1).\nEn el procedimiento ordinario por delitos graves, el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es expresivo a este respecto, pues al establecer el modo de proceder en la práctica de las diligencias probatorias, en el último párrafo afirma que el presidente podrá alterar el orden de oficio de las mismas, cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.\nIniciándose el período de práctica de la prueba con un interrogatorio del acusado no regulado específicamente, sigue con un examen de los testigos, en el que se establece un modelo de cross examination de dos fases —interrogatorio por quien presenta al testigo y, seguidamente, por la parte contraria—, bajo la vigilancia del órgano jurisdiccional que “podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren”. Además, el artículo 709 establece que el presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.\nEn los careos (art. 713) se observa de nuevo la posición preeminente del órgano jurisdiccional, pues es una diligencia de carácter excepcional sometida en su admisión a la discrecionalidad del tribunal —“... limitándose la diligencia a dirigirse los careados los cargos y hacerse las observaciones que creyeren convenientes para ponerse de acuerdo y llegar a descubrir la verdad”—. En cambio en cuanto a la prueba pericial no se observa más que la aportación de parte. Por otra parte, el artículo 726 muestra la plena autonomía del órgano jurisdiccional para la práctica de la prueba documental. Es dudosa, finalmente, la regulación a este respecto de la prueba de inspección ocular en el artículo 727 (Díaz Cabiale).\nEn la regulación del procedimiento abreviado no aparecen referencias a la iniciativa del órgano jurisdiccional en materia probatoria. En principio son las partes las que proponen los medios de prueba en los escritos de acusación y defensa, pero al no tener una regulación específica de los medios de prueba en este procedimiento hay que aplicar la regulación del procedimiento ordinario. Tampoco existe en el juicio de faltas: las escasas referencias a la materia probatoria parecen aludir a un mero control del órgano jurisdiccional de la actividad probatoria solicitada, pero el artículo 971 en caso de ausencia del imputado permite al juez pedir la presencia del mismo para que se le tome declaración y, además, en el caso que ya hemos visto de las faltas semipúblicas, no hay acusación y, por supuesto, tampoco hay proposición de prueba, con lo cual el juez practica la prueba que estime oportuna.\nFinalmente en el procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se ha intentado establecer cierta pasividad probatoria del órgano jurisdiccional. Por un lado, hay una remisión a la regulación del procedimiento ordinario, pero por otro se establecen unas especialidades probatorias (Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, art. 46) en que las iniciativas posibles se establecen en favor de los jurados. El magistrado-presidente parece que debe permanecer pasivo en materia probatoria.\n5. La exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia\nLa imparcialidad del órgano jurisdiccional que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige además que se le impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona distinta de la acusada, es decir, es también manifestación importante del acusatorio la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia.\nEs indiferente la persona del acusador, dado el carácter público de la acusación en la mayoría de los casos, la cual al formular la pretensión punitiva no afirma ser titular de ninguna relación jurídico-material —al contrario de lo que ocurre en el proceso civil—, lo que sí es importante tener en cuenta para determinar el objeto del proceso es la identificación del acusado y la del hecho punible. Estos evidentemente deben ser determinados por la acusación, pero eso de nada serviría si la sentencia pudiera apartarse de la acusación y condenar a personas no acusadas o por hechos que no han sido enjuiciados.\nEn la práctica es un tema muy complejo y confuso en el que además existen diversas posiciones doctrinales y, lo que es más grave, ha existido jurisprudencia contradictoria, especialmente entre la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al resolver los recursos de casación, y el Tribunal Constitucional, al resolver los recursos de amparo en defensa de los derechos fundamentales de la Sección Primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución española.\nLa correlación relativa a la persona o personas acusadas no plantea mayores problemas, simplemente impide que se pueda condenar a quien no se acusó, así como previamente se había impedido acusar a quien no hubiera sido previamente imputado formal o judicialmente (sents. del Tribunal Constitucional 129 y 130 de 1993). Plantea mayores problemas la identificación del aspecto objetivo de la pretensión punitiva, aunque el propio Tribunal Constitucional ha señalado claramente que mantener desde la acusación inicial a la sentencia la identidad del hecho punible viene impuesto por la prohibición de indefensión y por el derecho a ser informado de la acusación.\nComo decía el profesor Gómez Orbaneja, el principio acusatorio, debidamente entendido, no exige la vinculación del juzgador a las calificaciones jurídicas ni al petitum de las partes, sino que el hecho objeto del juicio y del fallo sea el mismo. La cuestión está, en consecuencia, en determinar los elementos esenciales y los accidentales del hecho, de modo que pueda decir que este es el mismo, aunque cambien esos últimos. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha admitido que se trata de un factum, y no un crimen, es decir, se trata primeramente de un hecho histórico, de un trozo de la vida real.\nPero no se puede prescindir totalmente de su consideración normativa para establecer su identidad, pues si así fuera un simple cambio de una circunstancia fáctica supondría un cambio de objeto. En consecuencia, de modo indirecto las normas penales materiales también deben ser tenidas en cuenta para identificar el hecho: se tratará del mismo hecho cuando exista identidad, al menos parcial, de los actos de ejecución típicos y, cuando aun sin darse tal identidad, en los casos de cómplices, lo que hay en común es el bien o interés jurídicamente lesionado, es decir, el contenido material del injusto.\nDebemos tener en cuenta además que en el proceso acusatorio mixto rige el principio de necesidad o indisponibilidad: las partes no pueden en el juicio oral disponer del material fáctico, el órgano jurisdiccional está obligado a descubrir la verdad y debe procurar que el enjuiciamiento se lleve a cabo con toda su plenitud fáctica (Verge Grau), siempre con el límite de los derechos del imputado: derecho a ser informado de la acusación, derecho a la defensa, derecho al proceso con todas las garantías o proceso debido. Por ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal, intenta compaginar el principio de necesidad con el de imparcialidad.\nDe este modo, parte de la doctrina considera que la condena tras la llamada retirada de la acusación en el trámite de calificaciones definitivas, tras el período probatorio no constituye infracción del principio acusatorio, pues la acusación se ha formulado ya al inicio del juicio oral y, a partir de los hechos en ella establecidos, el órgano jurisdiccional, salvo en el caso de delitos privados —disponibles—, podrá condenar. Por el contrario, la jurisprudencia ha mantenido el criterio de que la petición de la absolución por parte de todas las acusaciones una vez practicada la prueba vincula al órgano jurisdiccional y así se estableció expresamente en la regulación relativo al juicio ante jurado.\nPor otra parte, el artículo 650.2 exige que en el escrito de acusación se haya de reflejar “la calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan”, con lo que surge la pregunta consistente en determinar en qué medida la calificación penal integra o no el hecho punible y, por tanto, el objeto del proceso penal (Gimeno Sendra).\nEn el proceso penal rige también la máxima iura novit curia, por lo que, en principio, la doctrina manifiesta que el tribunal no queda vinculado por la calificación jurídica que hagan las partes, aplicando a los hechos las normas jurídicas que entienda pertinentes, por tanto, el tribunal podrá modificar la calificación jurídica sustentada por la acusación siempre y cuando la nueva subsunción jurídica del hecho corresponda a normas tuteladoras de bienes jurídicos homogéneos. Así lo ha visto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entendiendo la “homogeneidad” como un concepto subordinado a los derechos de defensa, más que a criterios identificadores del objeto, es decir, se entiende que hay homogeneidad si el acusado ha tenido “ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la sentencia” (Sent. del Tribunal Constitucional 105 de nov. 23/83).\nEn definitiva, ni la calificación jurídica —título de la condena—, salvo por lo que a la homogeneidad se refiere, ni la pena en concreto que se pide —quantum o petitum— deberían influir en la determinación del objeto del proceso, ni en la correlación entre acusación y sentencia.\nSin embargo, el Tribunal Supremo ha reiterado, para el procedimiento ordinario para delitos graves, la vinculación del órgano jurisdiccional al título de la condena afirmado por la acusación. Es decir, cuando el tribunal a partir del resultado probatorio observa que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error y, en consecuencia, quiera imponer una pena superior, debe sugerirlo a las partes acusadoras —“planteamiento de la tesis”— para que le informen sobre esa nueva calificación jurídica, según establece el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por esta vía, pese al tenor literal de ese artículo, la jurisprudencia admite también los casos en que se estime la concurrencia de circunstancias agravantes, o cambios agravatorios en las formas de participación y grados de ejecución.\nLa interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de este artículo ha sido muy rigurosa: si la acusación no acoge la tesis del tribunal, este no podrá asumir la calificación propuesta. Con ello, como dice la mayor parte de la doctrina se confunde el acusatorio con el principio dispositivo civil, pues se concede a la acusación un poder de disposición sobre la calificación jurídica de la pretensión que ha de obligar al tribunal a absoluciones injustificadas, pues lo que no puede hacer es calificar los hechos erróneamente. Por ello, en opinión de la mayoría de la doctrina, la utilización del artículo 733 no debe afectar a la delimitación del objeto procesal ni al acusatorio, sino solamente al derecho de defensa en su manifestación de conocimiento de la acusación.\nPara el procedimiento abreviado, en la reciente reforma del 2002 se mantiene e incluso se refuerza la posibilidad del juzgador de plantear su tesis, pues se permite al órgano jurisdiccional imponer una pena más grave a la solicitada por las acusaciones, pero expresamente solo si alguna de ellas hubiera asumido el planteamiento que el juez o el tribunal hayan podido exponer (Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 789.3). Entiendo que en ningún caso sería aplicable este trámite por lo que se refiere al cambio de delito que conllevara una diversidad de bien jurídico protegido o una mutación sustancial del hecho enjuiciado, pues ello supondría lisa y llanamente una modificación del objeto mismo del proceso.\nEs criticable, sin embargo, la exacerbación del principio acusatorio en este punto, pues en puridad este no exigiría que alguna de las acusaciones tuviera que asumir el planteamiento de la tesis respecto al título de la condena y a la petición concreta de la pena, siempre que se mantuviera la identidad del hecho justiciable y de la persona acusada. El simple planteamiento del debate sobre una o varias cuestiones acerca de puntos determinados debería ser suficiente para entender respetado el principio de contradicción y el derecho de defensa y a partir de ahí el órgano jurisdiccional debería poder extraer todas las consecuencias que legalmente procedan.\nY respecto del quantum —la pena concreta— en el proceso ordinario por delitos graves la correlación cuantitativa entre acusación y sentencia no se produce respecto a la pena concreta solicitada, al quantum concreto de pena, por tanto el tribunal podrá recorrer la pena señalada para el tipo de que se trate en toda la extensión.\nEn el procedimiento abreviado, el artículo 789.3 dispone que “la sentencia no podrá imponer pena que exceda de la más grave de las acusaciones”. El Tribunal Supremo entiende que se trata de la pena concreta, la efectivamente pedida por las acusaciones, con lo cual hay una nueva confusión entre el principio acusatorio y el dispositivo: se confiere a las partes un poder absoluto en la determinación del objeto procesal y de nuevo se traslada al proceso penal una fórmula eminentemente dispositiva (Asencio Mellado).\nNi siquiera en los países en que se aplica un modelo acusatorio puro se produce este tipo de vinculaciones, que en todo caso son contrarias al principio de necesidad característico de nuestro proceso penal y al propio ejercicio pleno de la potestad jurisdiccional (C.E., art. 117.3).\nPor lo que se refiere al proceso instaurado por la Ley Orgánica 5ª de 1995, del Tribunal del Jurado, el artículo 52.1.g) permite al magistrado-presidente modificar las calificaciones jurídicas, aunque solo “pro reo”, siempre que no suponga una alteración sustancial del hecho justiciable y no exige después el artículo 53 que las partes tengan que acogerla para que pueda ser apreciada en la sentencia.\n6. Especial consideración en los casos de conformidad del acusado con la acusación\nLa correlación entre acusación y sentencia plantea cuestiones específicas en los supuestos en que se produzcan conformidades del acusado con la acusación. En estos casos, el órgano jurisdiccional debe mantener su sumisión al principio de legalidad y a la búsqueda de la verdad, por tanto, conforme al procedimiento ordinario, puede imponer la pena que estime procedente, siempre que no exceda de la pena conformada. Es decir, no puede imponer pena mayor a la solicitada por las partes en sus escritos de acusación conforme al artículo 655.II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo este el único límite y, por tanto, puede ser impuesta la pena conformada u otra inferior y así lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También cabe la absolución si el órgano jurisdiccional estima que no concurre materia delictiva.\nEn el procedimiento abreviado surgieron más dudas y debates doctrinales por las deficiencias de la regulación legal, pero la reciente reforma ha clarificado mucho esta cuestión. El límite aparece ahora claramente establecido en los 6 años de prisión y se evidencian mayores garantías al establecer una posición de mayor control y menor vinculación por parte del órgano jurisdiccional. El juez o tribunal competente debe cerciorarse de que la prestación de la conformidad por parte del acusado es completamente libre y consciente de las consecuencias que de ella se derivan oyendo al acusado.\nPara asegurar esta circunstancia el secretario con antelación habrá habido de informar al acusado de tales consecuencias. En todo caso en que se alberguen dudas sobre su libre consentimiento el procedimiento debe continuar por su cauce ordinario. Así como en el caso en que, a pesar de la conformidad del acusado, el defensor considere necesario también la continuación y el juez o tribunal entienda fundada esta consideración.\nEl órgano jurisdiccional no puede, por supuesto, partir de hechos distintos a los aceptados por las partes; pero sí debe ejercitar su potestad jurisdiccional en función del principio de legalidad, de modo que debe examinar si la calificación de tales hechos es correcta y si la consecuencia penal es la que corresponde. Si así lo considera, deberá dictar sentencia de conformidad. Pero si no es así, requerirá a la parte acusadora que presentó el escrito más grave para que manifieste si se ratifica o no en él.\nSi esta acusación insiste en no modificarla la consecuencia, no será —como en la regulación anterior— dictar la sentencia que proceda, sino la continuación del juicio. Solo cuando tal acusación consienta en modificar su escrito en el sentido de ajustarlo a la calificación y a la pena que el juzgador considere correcta y consienta también en ello el acusado, podrá terminar de manera anticipada el proceso a través de una sentencia de conformidad. La duda se plantea en torno a las posibilidades de absolver o rebajar la condena que tenga el órgano jurisdiccional pues, por un lado, en ese caso parece que estaríamos ante un caso de incorrecta calificación, lo cual debería llevarnos a la continuación del juicio. Pero ello, como se ha dicho, podría ser contrario a principio iura novit curia y, en definitiva, al ejercicio con plenitud de la potestad jurisdiccional conforme a la legalidad penal.\nSe añade una norma clarificadora en torno a la recurribilidad de las sentencias de conformidad, pues si no se han respetado los requisitos o los términos de la conformidad no podrá impedirse la impugnación, pero lógicamente la ley no puede permitir la interposición de recurso contra una sentencia por razones de fondo por parte del acusado que ha emitido libremente su consentimiento, pues ello supondría un cambio de opinión vedado por la doctrina de los actos propios.\nEstas son, en fin, algunas muestras de cómo se aplica —y de las limitaciones que encuentra— en el proceso penal español y, más en concreto, en la fase decisoria del mismo, la garantía fundamental del principio acusatorio. No está de más recordar, por último, con Goldschmidt que los principios procesales son los “termómetros de los elementos corporativos o autoritarios de la Constitución” y, en consecuencia, añadiría yo, nos permiten trazar la vía para mejorar el instrumento a través del que se ejercita la jurisdicción que en el fondo no es sino la suprema garante de los derechos fundamentales.\nArmenta Deu, T. Principio acusatorio y derecho penal. Barcelona: 1995.\nAsencio Mellado, J.M. Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: 1991.\nCalvo Sánchez, M.C. El derecho al juez imparcial en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de encomendar la instrucción y el enjuiciamiento a órganos diferentes. En: La Ley, t. 4, 1989, pp. 995 y ss.\nCalvo Sánchez, M.C. Algunas sugerencias en torno a la futura reforma del proceso penal. En: Justicia, Nº I, 1990, pp. 49-76.\nCalvo Sánchez, M.C. El nuevo juicio de faltas regulado por Ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En: La Ley, 23 y 24 de diciembre del 2002.\nCucarella Galiana, L.A. La correlación de la sentencia con la acusación y la defensa. Madrid: 2003.\nDíaz Cabiale, J.A. Principio de aportación de parte y acusatorio: la imparcialidad del juez. Granada: 1996.\nGimeno Sendra, V.; Cortés Domínguez, V.; Moreno Catena, V. Lecciones de derecho procesal penal. Madrid: 2003.\nGoldschmidt, J. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal. Barcelona: 1935.\nGómez Orbaneja, E. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Barcelona: 1947/1951.\nMontero Aroca, J. Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón. Valencia: 1997.\nOrtells Ramos, M. Correlación entre acusación y sentencia: antiguas y nuevas orientaciones jurisprudenciales. En: Justicia, Nº III, 1991, pp. 529-550.\nOrtells Ramos, M. Principio acusatorio, poderes oficiales del juzgador y principio de contradicción. Una crítica del cambio jurisprudencial sobre correlación entre acusación y sentencia. En: Justicia, Nº IV, 1991, pp. 775-798.\nPérez-Cruz Martín, A. (coord.), Las reformas del procedimiento abreviado, juicios rápidos y juicios de faltas. Granada: 2003.\nPicó I Junoy, J. El juez penal y su iniciativa probatoria: reconsideración de una errónea doctrina jurisprudencial. En: La Ley, Nº 4898, 1999.\nVázquez Sotelo, J.L. El principio acusatorio y su reflejo en el proceso penal español. En: Revista Jurídica de Catalunya, 1984.\nVerger Grau, J. La defensa del imputado y el principio acusatorio. Barcelona: 1994.


Chubut 19 de febrero de 2020 Por Redacción\nEl dirigente sindical trelewense se desempeñaba en el Instituto de Asistencia Social (IAS).\nEl intendente de Trelew, Adrián Maderna, siguió de cerca la situación que culminó con la separación del cargo en el Instituto de Asistencia Social (IAS) de José Severiche.\nEl sindicalista fue despedido por indicación del gobernador Arcioni luego de que en la misma jornada le diera cobertura sindical por medio de la CTA a docentes que habían decidido una medida de acción directa.\nEsto, según trascendió, se sumó a una serie de diferencias que venían registrándose desde su llegada a Lotería.\nEl jefe comunal destacó el permanente compromiso de Severiche para con sus afiliados y recalcó que el trabajador ha sido siempre una prioridad para el dirigente gremial. Y le brindó su respaldo absoluto.\nEn este sentido, el mandatario municipal aclaró que si bien “hemos tenido diferencias con Severiche, cuando estaba al frente de ATE Trelew, siempre fue sobrellevado a través del buen diálogo, priorizando el bienestar de todos los trabajadores”.\nEl Banco del Chubut decidió no abrir este viernes y hasta el 31 de marzo\nEmergencia Sanitaria: “Nuestro bloque, Juntos por el Cambio, está dispuesto a sesionar lo antes posible” para avalar el decreto\nSuspenden en Chubut salidas transitorias de detenidos y visitas de familias


Su visión del futuro de la red - Emprendedores.es\n“Hoy en España, entre los usuarios de la Red, que somos ya el 60% de la población, el medio que más consumimos es precisamente Internet, por encima de la televisión”.\n“Los negocios no están reaccionando a la velocidad que marcan los usuarios. Van bastante por detrás y eso es una oportunidad”.\n“Mi visión es que en Internet, lo realmente bueno destaca y tiene verdaderas posibilidades de convertirse en un negocio de verdad”.\n“Para triunfar en Internet con contenidos, éstos, además de buenos, deben tener el lenguaje del medio: ser navegables e interactivos”.\n“En Internet se puede hacer casi todo. Pero también es cierto que Internet es más cruel. Los usuarios ya no perdonan fallos”.\n“Es muy buena noticia que Zara entre fuerte en el comercio electrónico, significa que se va a desarrollar mucho y muy pronto”.\nLA PUBLICIDAD (MÁS) INTELIGENTE\nInternet está revolucionando el mercado de la publicidad. ¿Cómo afecta al negocio de la información y el entretenimiento?\nJ.R.Z. Está pasando en todo el mundo. El Washington Post, por ejemplo, tiene un millón de usuarios off line, 20 millones de usuarios on line y factura cuatro veces más off line que on line. Por usuario, está facturando 80 veces más por cada lector de papel que por cada uno de Internet. No cuadra: pienso que todo se va a tener que rebalancear.\n¿Ese ajuste significa que subirán los precios de la publicidad on line? ¿Los medios de comunicación podrán cobrar más dinero por la publicidad en Internet?\nJ.R.Z. Para los medios de comunicación y para cualquier otro soporte, la capacidad de monetización de la publicidad on line va a mejorar, seguro. A medida que la tecnología avance y se pueda afinar más el target publicitario, la rentabilidad será mucho mayor. Lo que no pasará nunca es que se alcancen los precios de la publicidad que hemos visto hasta hace poco en los soportes físicos. Eso ya es historia.\n¿Cómo se va a monetizar mejor? ¿Qué va a pasar?\nJ.R.Z. La ventaja de la publicidad on line es que el resultado se puede medir y además se puede ajustar mucho la oferta y la demanda, como ha ocurrido con el buscador de Google. Se va a avanzar mucho en eso. Incluso en la publicidad de display en las páginas web. A partir de ahora se va a contextualizar mucho mejor: sabremos que un usuario de la revista Emprendedores ha estado antes en una web de coches y le podremos ofrecer anuncios mucho más ajustados a sus gustos… Si la tecnología nos da muchos más datos de los gustos y hábitos del usuario, la publicidad estará más enfocada y será más eficaz: el cliente comprará más. Poco a poco, ya está pasando.\n¿Entonces, será rentable generar contenidos?\nJ.R.Z. Va a haber poco contenido premium, pero cada vez más valorado que conseguirá buenos ingresos publicitarios por estar muy bien contextualizado y, por otro lado, tendremos una enorme cantidad de información de bajo nivel que se venderá publicitariamente al mejor postor y a través de medios mecanizados. Ese último lo tendrá mucho más difícil para ser rentable.\n¿Y qué les va a pasar a los medios convencionales?\nJ.R.Z. Están en transformación. Ya se están avanzando diferencias: el lenguaje es diferente en Internet y se está buscando que el lector participe y sea activo.\nEL BOOM DE INTERNET EN EL MÓVIL\n¿Qué efecto está teniendo en Internet el creciente acceso a través de movil?\nJ.R. Z. Hoy el móvil e Internet son casi la misma cosa. De hecho, el móvil va a ser el elemento disruptivo. Con la masificación de Internet en el móvil, tendremos que analizar bien qué será distinto y qué igual.\n¿Y cómo va afectar al comercio electrónico?\nJ.R.Z. Lo primero que veo es que a la tecnología la sobreestimamos al principio y la subestimamos luego. Sobrestimamos Internet en el 2000 y el desarrollo real llegó 10 años más tarde. Con el móvil va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora se habla mucho y probablemente tarde algo en explotar, unos cuatro años, pienso. En este momento en el mundo hay 2.000 millones de conexiones a la Red a través del PC y 4.500 millones de móviles; los usuarios cambian de móvil cada año y medio y hoy la mitad de los nuevos teléfonos tiene conexión a Internet. El primer gran síntoma del cambio son los crecimientos inimaginables en el mercado de aplicaciones. En poco tiempo el comercio electrónico se desarrollará mucho más.


Cajamarca: organizaciones realizan paro indefinido contra concesiones mineras » Observatorio Socio Eclesial\nCajamarca: organizaciones realizan paro indefinido contra concesiones mineras\nDesde hace nueve dìas las rondas campesinas de Cajabamba y el Frente de Defensa de los Intereses del Valle de Condebamba realizan un paro indefinido en el distrito de Cachachi y el Valle de Condebamba exigiendo el retiro de la empresa minera Sulliden Shauindo. Estala cual tiene previsto extraer oro y plata durante diez años.\nAdemás, a través de un comunicado, quienes encabezan la protesta piden nulidad para todas las concesiones mineras de Cajabamba, San Marcos, Celendín y otras localidades. Otro pedido es que las autoridades, regionales y nacionales se hagan presentes para resolver los problemas causados por la empresa previamente mencionada.\nEl Presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajabamba, Lázaro Marquino explicó que el paro continuará hasta que no se suspenda la actividad minera de la zona. Mientras tanto, se ha bloqueado el paso de materiales e insumos a la empresa Sulliden Shauindo. “Los puntos en los que estamos realizando nuestra protesta son en el puente de Chuquibamba, Tabacal, La Oroya y Los Pinos. La población está preocupada porque la empresa está abriendo caminos y removiendo tierras. Nosotros queremos el retiro definitivo de la Sulliden Shauindo y de la minería informal, porque ellos son los responsables de la contaminación de nuestras tierras y fuentes de agua”, dijo Marquino.\nPor otro lado, policías han llegado a la zona. Sin embargo, las protestas se realizan de manera pacífica, según lo afirma el presidente de la Federación de Rondas Campesinas del caserío de Liclipampa Bajo.\nLas organizaciones del paro han convocado a los habitantes de la zona que se sumen a las manifestaciones hasta que se solucione este conflicto.


Teclado Gamer - World Computers\nInicioProductos etiquetados “Teclado Gamer”\nTeclados Gamers, Top Gamer\nLleva la experiencia de juego a otro nivel. La nueva tecnología de switches ópticos reduce el tiempo de respuesta y aumenta la vida útil de tu teclado en 100 millones de clics. Además, te divertirás con sus 16.8 millones de colores y efectos RGB configurables.\nTipo Teclado: Mecánico Óptico.\nTipo Switch: Redragon opto-mecánico, respuesta rápida 0.2 ms.\nBloqueo Tecla Windows: Sí.\nTamaño teclado: Tenkeyless (sin pad numérico).\nReposamuñecas: Si, magnético extraíble.\nCable: Mallado extraíble, reforzado. Soporta 12kg y 10000 flexiones. USB Type-C enchapado en oro.\nExtras: Macros, botones multimedia, roll de aluminio para volumen.\nTeclado Logitech Gamer G213\nEl teclado con teclas ajustadas para ofrecerte una respuesta táctil superior o similar a un teclado mecánico. Además, su iluminación RGB te brinda 16,8 millones de colores y cuenta con 5 zonas de iluminación para personalizar a tu gusto.\nTeclas Logitech G Mech-Dome\nTeclas con una altura estándar, ofrecen un recorrido total de 4 mm\nFuerza de actuación de 50\nReposa muñecas integrado\nProductos destacados, Teclado, Teclados Gamers, Top Gamer\nTeclado Mecánico DITI K585\nExactitud a la hora de jugar. Poderoso teclado mecánico con teclas macro dedicadas, RGB y reposa muñecas con diseño ergonómico construido para los verdaderos gamers.\nTeclas con clics silenciosos, rápidos y con una fuerza de actuación profesional.\nRGB configurable en memoria interna\nCable desmontable USB tipo C\nFácil para guardar y transportar


Emiratos introducirá un marco legislativo para la caridad y el...\nEmiratos introducirá un marco legislativo para la caridad y el voluntariado\nEl jeque Mohammed bin Rashid confía en que el Año de Dar consolide a EAU como "la nación más generosa del mundo"\nEl jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, durante su intervención en el Retiro de Dar en Dubai. (WAM)\nRedacción 2 de febrero de 2017, 12:05\nEmiratos Árabes Unidos contará con un marco legislativo que regulará las actividades humanitarias y obras de caridad, según se ha anunciado durante el retiro celebrado en Dubai Arabian Horse Stud, dentro de los actos del Año de Dar.\n"Vamos a introducir un sistema legislativo integrado en un marco claro para la responsabilidad social corporativa y el voluntariado, tanto a nivel institucional como individual. Vamos a proporcionar incentivos a los voluntarios, así como un marco global de información y recompensas a sus iniciativas y esfuerzos... Muchos jóvenes quieren ser voluntarios, pero faltan programas de incentivos y una orientación clara con el fin de estar motivados para iniciar el voluntariado", dijo Mohammad Al Gergawi, Ministro de Asuntos del Gabinete y el Futuro, según informa la agencia estatal WAM.\nAl Gergawi dijo que las iniciativas tienen como objetivo aumentar el número de voluntarios en Emiratos, que alcanza actualmente los 200.000, y establecer una institución reguladora que pueda controlar el número de horas de voluntariado de cada personal en las empresas.\n"Con la generosidad de los ciudadanos, el Año de Dar, puesto en marcha bajo las directrices del Presidente Su Alteza el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, consolidará nuestra posición como nación más generosa a nivel mundial", dijo su Alteza el jeque Mohammad Bin Rashid al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU y gobernante de Dubai, que asistió a los debates.\nEmiratos voluntariado ley generosidad


Max Shorton - Mago e ilusionista de Córdoba en Argentina\nNacido el 19 de Febrero de 1973. Cursado el 4to año de medicina y docente. Profesional de la magia desde 1996, formando parte de la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. Presidente de la comisión directiva del Círculo Mágico de Córdoba. Autor del libro «El Pequeño Gran Libro de Magia Infantil» (Libro de magia para magos profesionales). Especialista en Magia Extrema, realizando el único escape de una camisa de fuerza en aguas abiertas… Uno de los escapes más peligrosos realizados en la actualidad. Fabricante de artículos de magia para magos profesionales. En su largo historial mágico cumplió con exito grandes desafíos de resistencia física que lo hicieron ganarse la reputación de especialista en magia extrema.\nShow pensado en relación a la edad de los niños, 100% interactivo en donde los niños forman parte del efecto mágico y en donde los adultos son parte activa también del mismo. Los niños vivirán un momento que nunca olvidarán.\nShow adaptable y pensado para cada tipo de evento, donde la magia, la ilusión y el humor son protagonistas, mediante el asombro y la participación se podrá crear un ambiente atractivo, único e inolvidable para los espectadores.\nCreado y preparado de manera original y estrategico en relación a lo que cada empresa necesita y requiere para su evento. Empresas de todos los rincones deslumbraron a sus empleados e invitados con un show único y innolvidable.\nSHOW DE CLOSE UP\nLa magia de cerca o de close up es una de las especialidades más increíbles porque la magia sucede a poca distancia del espectador, y muchas veces en sus propias manos. Ideal para recepción de todo tipo de evento.\nShow especializado en apariciones y desapariciones mágicas de gran tamaño y producción, en donde lo increíble e inesperado sucede frente a la vista de los espectadores, en donde ellos. Especial para cumpleaños de XV y presentación de producto.\nALGUNAS EMPRESAS QUE CONFIARON EN MI\n«La magia es el arte de hacer de lo imposible algo posible, pero la verdadera magia está en aquellas cosas que hacen vibrar tu corazón y si por un instante puedo lograrlo, mi tarea está cumplida»\n– Max Shorton –\n(+54) 9 351 5065874\nMax Shorton 2019 - Todos los derechos reservados - Desarrollo web por Groowin.net


Hugo Moyano, más complicado por un ingreso millonario en la mutual de Camioneros - Por Lucía Salinas\nUna inspección arrojó transferencias por más de $71 millones en un año e inmuebles por otros $100 millones.\nComo una caja de pandora, las instituciones que rodean al Gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano, continúan exponiendo irregularidades en el manejo de fondos. Una inspección reciente sobre la Mutual de Trabajadores del sindicato, arrojó un incremento millonario en sus ingresos de más de $ 71 millones en un año, inmuebles en más de $ 100 millones, donaciones de OCA y diversas empresas, junto a cuentas bancarias por más de $ 90 millones. Elisa Carrió firmó un pedido de informe bajo la sospecha de que la mutual se utiliza “como una mesa de dinero para lavar dinero”, como señalaron desde su equipo.\nMientras la justicia investiga giros por más de 300 millones de pesos del sindicato a empresas del grupo familiar Moyano, la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó al Instituto de Capacitación de Camioneros, por adeudar sus balances. No son las únicas falencias que exponen la gran estructura que maneja el Gremio. Su obra social, que también según informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aparece realizando transferencias de fondos, acumula un déficit anual de $ 1.860 millones.\nElisa Carrió firmó hace un mes un pedido de información al INAES sobre la Mutual, "una entidad sin fines de lucro, prestadora de servicios, sostenida con el aporte de sus afiliados", indica el escrito al que accedió Clarín. La referente política quiere saber el estado financiero de la Mutual, si tiene reportes de operaciones sospechosas, su crecimiento patrimonial entre otros puntos.\nLa principal sospecha del equipo de investigación de Carrió, es que "la mutual se utiliza como una mesa de dinero para lavar activos", indicaron a Clarín. Las cifras que maneja la Asociación fueron calificadas de "sospechosas" y hoy las investiga la unidad antilavado del INAES.\nLa Mutual de Camioneros, cuenta con 17 inmuebles declarados en $ 100.901.569, según la documentación contable a la que accedió Clarín. En este conjunto de propiedades se encuentran edificios, predios anexos, la sede central de la mutual, campos recreativos en Varela, el hotel Monte Hermoso, cabañas de camping en Necochea, entre otros.\nAdemás, poseen $ 10.503.947 en terrenos donde se realizaron parte de las edificaciones declaradas.\nPero hay más. La Mutual declaró “poseer cuentas en pesos y en dólares en el Banco Provincia y en el Banco de la Ciudad”. También cuentan con un plazo fijo en dólares y un Fondo Común de Inversión en pesos.\nEn números, tienen en sus balances en el rubro caja y bancos a marzo de 2017, $ 95.886.522, todo volcado en siete cuentas bancarias y en cajas de ahorro en dólares y pesos en el Banco Ciudad.\nEn créditos, bonos del gobierno Nacional. depósitos en plazos fijos, créditos en sociedades de bolsa, participaciones societarias. la Mutual que conduce Pablo Moyano y quien firma todos y cada uno de los números, arroja un total de $ 336.119.108.\nLos incrementos en sus ingresos están bajo observación. Hacia 2016 los ingresos según la memoria balance, eran de $ 163.297.939. Sólo doce meses después, los mismos ascendieron a $ 234.147.715. “No se explica el crecimiento en este rubro cuando la mutual sólo tiene como fin ser una entidad que ayude a sus afiliados no recaudar”, indicaron desde el equipo de investigación de Paula Olivetto y Elisa Carrió.\nDesde la mutual que señalaron que toda la documentación se puso a disposición de la inspección, indicaron que reciben donaciones de forma constantes de un conjunto de empresas, en su balance declararon recibir en dicho rubro $ 12.911.880 en 2016. La sorpresa fue -una vez más- el incremento: doce meses después en donaciones percibieron $ 30 millones.\nUno de las empresas que realiza donaciones, es OCA de Patricio Farcuh. Este aspecto fue denunciado por la UIF que mostró que la empresa donó $ ,6, millones a la Mutual.


Bienvenido sea el descubrimiento, aunque sea a través de la novela de Amín Maalouf. Fue precisamente éste quien tuvo la visión singular de convertirlo en personaje de una narración actual y muchos pudieron pensar que se trataba de un individuo de ficción. La prueba de que existió en la realidad se halla en el libro que acaba de publicar la editorial Hijos de Muley-Rubio. Ha rescatado su libro Descripción de África en traducción del fraile agustino Luciano Rubio, y lo ofrece con toda clase de explicaciones sobre el autor, para situar esta recuperación en unos parámetros más comprensibles.\nEl verdadero nombre de León el Africano es Al-Hasan-Ben Muhammad Al-Wazzan Al Fasi y nació en Granada el año 893 de la hégira (1487-8 según la cronología que manejamos en Occidente). Su familia fue expulsada de Andalucía cuando los Reyes Católicos acabaron con los reinos árabes en la Península y se estableció en la ciudad marroquí de Fez, donde se dedicó concienzudamente al estudio. Estuvo al servicio de la monarquía, a la que sirvió en la guerra santa que decretaron contra los portugueses. Tuvo una vida extremadamente viajera, pues está documentada su presencia en Constantinopla, Egipto, Argelia, Túnez y las regiones que se hallan al sur de Marruecos.\nPor Egipto pasó las dos veces que fue a Constantinopla; en uno de estos viajes remontó el Nilo en una barca, desde El Cairo a Assuan; también atravesó el desierto y se dirigió a la Arabia pasando el mar Rojo. En el Mediterráneo fue apresado por la escuadra cristiana y conducido a Italia. Según parece fue ofrecido al Papa León X «como tesoro inestimable… por la amenidad de su ingenio y su múltiple erudición…. Supo conquistar el afecto del Soberano Pontífice». Otro autor dice de él que el Sumo Pontífice «lo recibió con mucho cariño y le dio una buena subvención para que no huyese. Después, le exhortó e indujo a hacerse cristiano y le impuso (al ser bautizado) sus dos nombres Juan y León. Vivió largo tiempo en Roma donde aprendió a hablar, leer y escribir la lengua italiana.\nTambién se dedicó a enseñar la lengua árabe y a escribir algunos de los libros que nos ha legado. Además de la Descripción de África, es autor de un vocabulario arábigo-hebreo-latino, de unos rudimentos de gramática árabe y de algunos trabajos más. Parece ser que la muerte de León X (1521) le afectó mucho, porque se había convertido en su protector, y desde entonces sólo pensó en regresar a Túnez. Cuando lo logra, parece ser que volvió a la fe del Islam\nLa Descripción de África, que ahora se publica en España, fue escrita probablemente en Roma en 1526 y publicada por primera vez en 1engua italiana en 1550. La primera traducción al español no llega hasta el año 1950 y es obra principalmente del padre Luciano Rubio, que continuó trabajando sobre este texto y sobre esta figura durante el resto de su vida, hasta legar a su muerte una versión española muy trabajada en los nombres, que es lo más problemático, y con notas para aclarar los aspectos que más se pueden prestar a confusión. Es la que ha servido para esta edición concienzuda que presenta Hijos de Muley-Rubio.\nEl padre Rubio era un agustino leonés (Posada de Omaña, 1909-1997), que llegó al grado de general de su orden. Durante muchos años prestó sus servicios intelectuales a la biblioteca de El Escorial que, como es sabido, posee una de las mejores colecciones de manuscritos árabes que existen en el mundo. Allí tuvo ocasión de aprender mucho y sobre todo de divulgar sus conocimientos en las publicaciones especializadas, que le tenían como uno de los máximos especialistas en estas materias. La humildad y el no darse ninguna importancia, que eran algunas de sus virtudes, no pudieron impedir que algunos le consideraran en toda su valía. A él se debe en gran parte esta recuperación de la figura y la obra de León el Africano.\nEste personaje es para Amín Maalouf todo un símbolo. Símbolo de la España de las tres religiones: «Sin ánimo de idealizar el pasado, ni de hacer recaer ahora las culpas sobre los unos o los otros, sí me parece, no obstante, que algo se rompió en 1492 entre cristianos, musulmanes y judíos». También lo considera un arquetipo de la identidad heterogénea «Por la forma serena de vivir sus diferentes vínculos, de navegar sin odio entre los distintos países, religiones y lenguas, así como por su voluntad de servir de lazo de unión entre el norte y el sur del Mediterráneo».\n*Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y crítico literario de la Agencia Colpisa.\nEl Renacimiento Mediterráneo\nExtraordinaria exposición de pintura en un museo donde se pueden admirar de forma permanente obras como la que muestra la imagen, el celebre óleo «Retrato de Ferry Carondelet con sus secretarios» (1510-12), del pintor Sebastiano del Piombo, artista del que CORDEL ya ofreció algunos datos a raíz del descubrimiento de otro de sus cuadros que retrataba a León el Africano, identificación que generó cierta controversia y cuya imagen reprodujo el número anterior de esta revista. El personaje, archidiácono de Besançon, consejero imperial y comisionado en Roma, sostiene el papel que ha servido para identificarle. La pintura fue considerada durante mucho tiempo obra de Rafael, quien junto con Miguel Angel y Giorgione, fueron los maestros e influencias del pintor veneciano.\nEtiquetada como León el Africano, Luciano Rubio\n1 comentario en «León el Africano»\nfebrero 19, 2014 a las 11:37 pm\nLa obra del P. Luciano Rubio merece ser conocida, así como la de otros agustinos que trabajaron en la magnífica biblioteca de El Escorial. La historia de los manuscritos que se conservan en este monasterio tiene una larga documentación. Allí estaba el P. Teodoro Alonso y la revista La Ciudad de Dios es un documento imprescindible para conocer la historia del arabismo español.


▷ Wc portatil lidl | 2021\nInicio ▸ Lidl ▸ Baño ▸ Wc portatil lidl\n¡Hola! ¿Posiblemente busques wc portatil en Lidl? con la desventaja de que... ¿tienes muchísimas tareas que hacer que no tienes tiempo? Debido a que en la página de tupendo nos interesa hacerte la vida más sencilla , hoy es tu día, ya que en unos instantes podrás revisar los mejores artículos de muebles y baño. Ahora te vamos a indicar completamente todos los detalles en cada producto de Lidl del 2020. Por lo que podrás investigar las más valoradas rebajas y ofertas en cada uno de los de productos de tus Hiper y Supermercados más relevantes\nInternet se ha transformado en uno de los formatos más apetecibles y solicitados a la hora de comprar wc portatil Lidl o todo tipo de artículos de Hiper y Supermercados, muebles y baño. Es una realidad que cada vez hay más personas que apuestan por este formato, sin embargo, hablamos de un colectivo exigente y que, entre otras cosas, demanda portales tan sencillos como intuitivos. O sea, que pueda hallar aquello que desea de forma rápida, por esta razón amazon es un ejemplo de simplicidad y sencillez, ofertando al usuario una experiencia intuitiva y cómoda. amazon dispone de diferentes categorías de artículos de Hiper y Supermercados, muebles y baño, de forma que facilitaremos la tarea de busca al cliente del servicio, que podrá hallar aquello que desea en solo unos segundos.\nAmazon asegura la máxima calidad de wc portatil Lidl\nDesde WEB somos conscientes de la enorme competencia que hay en el sector, por ello buscamos activamente la forma en la que nos podemos desmarcar del resto y una de las opciones alternativas más efectivas está en ofrecer únicamente artículos de Hiper y Supermercados de máxima calidad. No se debe olvidar que uno de los inconvenientes de adquirir mediante internet es no poder ver o probar los artículos de Hiper y Supermercados, muebles y baño que compraremos, por lo que el cliente debe confiar en la tienda en línea. En este sentido, amazon se compromete con devolver la confianza al usuario y la mejor forma de hacerlo está en ofrecerles productos de muebles y baño de alta calidad. Solo de este modo va a quedar satisfecho y, probablemente, volverá a confiar en los servicios de amazon.\nA pesar de que los productos de Hiper y Supermercados, muebles y baño de máxima calidad no siempre pueden tener el mejor coste del mercado, hay que remarcar que amazon ajusta al máximo los costes con el propósito de amoldarnos al presupuesto que maneja cualquiera de nuestros compradores. En definitiva, desde WEB estamos persuadidos de la relevancia de ofrecer ofertas solamente productos de muebles y baño de calidad y, a poder ser, a un precio económico.\nConsiderando que estamos ante un formato parcialmente reciente, no es extraño que existan muchas dudas relacionadas con el pago de un artículo que se adquiere mediante internet. ¿Es fiable? ¿Es un método absolutamente seguro? Afortunadamente, estamos frente a un campo que, aunque sea reciente, ha ido evolucionando en los últimos tiempos y, a día de hoy, tenemos la posibilidad de hacer pagos de forma absolutamente segura y fiable.\nEn nuestro caso particular, amazon cuenta con una pasarela de pagos encriptada que garantiza la seguridad máxima al usuario. Así como la calidad de los artículos de muebles y baño, ofrecer un procedimiento de pago seguro es un aspecto fundamental cuando hablamos de tiendas on line. Además, no podemos obviar de las múltiples modalidades de pagos online que existen en la actualidad, por esta razón amazon ofrece todo tipo de alternativas a nuestros clientes en el momento de adquirir cualquiera de wc portatil Lidl. Por último hay que resaltar que desde WEB amazon dispone de un servicio que se dedica a la atención al cliente, siendo el lugar ideal para preguntar cualquier duda relacionada con el pago de artículos de Hiper y Supermercados, muebles y baño o bien con cualquiera de los servicios que tenemos a la disposición del cliente.\nServicio de entrega de wc portatil Lidl a domicilio en tiempo récord\nDesde WEB tenemos como compromiso con el usuario una rápida entrega de wc portatil Lidl u otros artículos de Hiper y Supermercados adquiridos en amazon y es que somos conscientes de la relevancia de este detalle en el momento de lograr tanto la satisfacción como la confianza del usuario. De hecho, una entrega lenta de un artículo es una de las principales causas del descontento de los compradores, por esta razón amazon confía esta tarea en profesionales del ámbito, cuyo objetivo no únicamente es repartir de forma veloz, sino también se aseguran y no escatiman recursos a fin de que el producto llegue en perfectas condiciones.\nQueda claro que son muchos y variados los aspectos que debe cuidar una tienda online; desde la máxima calidad de sus productos de Hiper y Supermercados hasta ofrecer un portal simple e intuitivo, sin olvidarnos tampoco de una entrega rápida y fiable de los productos de muebles y baño. Por todo ello, en WEB cuidamos al límite cada detalle para lograr que el cliente del servicio se sienta satisfecho con los servicios de amazon.


En el país de la economía naranja, la reforma tributaria dificultaría el acceso a internet - Comunidad OLA... ¡Estamos Conectados Contigo!\nVoces del sector de la tecnología creen que la reforma tributaria iría en contravía a políticas que buscan el cierre de la brecha digital y la reactivación.\nLos objetivos de transformación digital en Colombia se podrían ver afectados por la reforma tributaria, fuentes señalan que gravar servicios tecnologicos, productos digitales y el acceso a internet, iría en contravía de objetivos como el cerrar las brechas tecnologicas y llegar a zonas rurales.\nAunque desde el sector se reconoce la necesidad de buscar nuevas formas para estabilizar financieramente el estado, el proyecto de ley preocupa por el encarecimiento de productos relacionados con las TIC.\n“Nuestra principal preocupación desde el sector TIC es en torno a cómo esta reforma terminaría dificultando el acceso a la tecnología de diversas maneras (…), como podréa ser la provisión del hosting de páginas web, los servicios de cómputo en la nube, la adquisición de licencias de software y la creación de contenido digital”, explica Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.\nNuevamente esta reforma tributaria manifiesta una contradicción con las políticas que propuso Iván Duque para colombia durante las elecciones. Además, manifestando las consecuencias de la reforme tributaria, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, expresó: “La conectividad no es un lujo, es una necesidad, y no es negocio que por recaudar algo de IVA se castigue a los colombianos”,\nPor otro lado, Hoyos también citó a la Ocde la cual señala que: “aumentar la penetración de internet 10% sumaría un punto porcentual al crecimiento del PIB. Lo que recojan con IVA será muy poco comparado con los beneficios de bajarle al precio y fomentando el acceso”.\nFuente: 360 radio – Abril 30 de 2021


Primera toma de contacto entre el Equipo de Gobierno y la Plataforma Puerto Real Solidaria | Puerto Real Hoy\nLa tenienta de alcaldesa de Servicios Sociales, Cooperación y Voluntariado, Lourdes Bernal, ha mantenido su primer encuentro con la Plataforma Puerto Real Solidaria de la que forman parte diferentes colectivos unidos por un objetivo común: promover un mundo más justo desde la cooperación y la solidaridad.\nTras la pertinente presentación oficial se analizaron las diferentes actividades realizadas en colaboración con la Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR) dentro del proyecto “Atención Social a Personas Inmigrantes y Prevención del Racismo y la Xenofobia”, que en la localidad atienden personas contratadas a través del programa Joven Emple@-30. Una de las actividades es la denominada “Conoce tu entorno” consistente en informar y ayudar a las personas inmigrantes para facilitar su integración en el nuevo entorno en el que viven.\nEn el encuentro se habló también del curso “Migración y política local: incorporar un enfoque transversal en la acción de los gobiernos locales” que próximamente se llevará a cabo en Puerto Real de manos del FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional). Ya tuvo lugar una primera sesión, de las tres que componen el curso, y en breve se impartirá la segunda parte dirigida a colectivos que se mueven en el campo de solidaridad así como a técnicos municipales que trabajan en este terreno.\nPor último, se presentó un avance de la programación de actividades previstas el próximo trimestre relacionadas con la sensibilización sobre inmigración y personas solicitantes de asilo, de la que se informará convenientemente una vez ultimados todos los detalles.\nLourdes Bernal transmitió a los colectivos que componen la Plataforma Puerto Real Solidaria su enhorabuena por el trabajo que vienen realizando en la localidad animándolos a seguir en esta línea y ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento en todo lo que esté en sus manos.\n2019EncuentroLourdes Bernalplataforma puerto real solidariaPuerto Real\nPrevious Confirmada la inhabilitación de 2 años a Maribel Peinado por no facilitar información\nNext Más de 2.000 personas dan color a una Gran Fiesta en Puerto Real


Alcatel Pop 4, Pop 4 Plus y Pop 4S, tres nuevos gama media | .: Paréntesis :.\nAlcatel Pop 4, Pop 4 Plus y Pop 4S, tres nuevos gama media\nTres nuevos gama media aparecieron en el Mobile World Congress 2016, conoce los teléfonos que tienen lo que un usuario busca por un precio accesible.\nLa familia Idol 4 sin duda es muy impresionante y atractiva, pero luego de platicar con el director regional para México nuestra atención se ha centrado en los nuevos POP 4, tres teléfonos que cuentan con Android 6.0 Marshmallow, flash frontal para mejores selfies y soporte para redes LTE.\nEl cuerpo del los nuevos POP se ha pensado para adaptarse a un ritmo de vida dinámico por lo cual su grosero se ha reducido y los bordes se han hecho menos rudos. De hecho el diseño es un aspecto importante de estos teléfonos ya que el usuario puede elegir entre una carcasa de plástico liso con colores muy vivos o una carcasa con textura cepillada en colores metálicos y más sobrios.\nA continuación te presentamos un video con las diferencias principales de los tres modelos y a reserva de lo que podamos pensar una vez que los probemos en México, estos son dos teléfonos que pueden dar muy buena batalla en la gama media.\nSus precios no están confirmados en pesos mexicanos pero se estima que la versión más básica comenzará en $2,500 pesos y el más grande con pantalla Full HD en $3,000 pesos.\nAlcarel POP 4\nAlcatel POP 4Plus\n¿A quién considerar el mejor gama media de México?\n¿Qué experiencia has tenido con smartphones Alcatel?\n¿Qué tan importante crees que sea la personalización de carcasas en los smartphones?


Microsoft se mantiene en las noticias desde hace un tiempo ya | Registrarse Hotmail\nMicrosoft se mantiene en las noticias desde hace un tiempo ya\nLa tecnología siempre tiene algo nuevo y una idea hecha sistema parece ser lo que siempre nos trae. Microsoft por supuesto se mantiene dentro de esta regla, si así queremos llamarla, y es por ello que ha seguido la idea de sus desarrolladores y quizás la de muchos, la mayoría o todos los desarrolladores inclusive, que no es más que ofrecer diseño y modernidad ajustadas a la comodidad de usuario, que como es de suponer se expresan y conocen en cuanto a las quejas de los mismos y el dinamismo de cambios en este mundo. Pero ¿Cómo lo hizo? Que mejor manera de hacerlo si no es presentándonos el grandioso Windows 10, que para muchos es quizás el más moderno y dinámico de todos, aunque para otros sea un conjunto de opciones renovadas que no van más allá de sus expectativas y un conjunto de otras quizás poco útiles.\nEsto no parece raro, pues convencer a todos o mantener a todos bajo una misma opinión es bastante difícil, incluso me atrevería a decir que imposible y a decir verdad, poco rentable para las empresas. Es gracias a quienes critican, quienes se esfuerzan en encontrar un error pero también en quienes destacan los aspectos positivos, que día a día se puede ir mejorando y ofrecer mejores sistemas y equipos al usuario.\nDe esta manera, por ello es que Microsoft se ha mantenido y se mantiene en las noticias. Este hecho sucede desde el 29 de Julio del presente año cuando estuviese disponible la actualización del Windows 10 para todo el que deseara actualizarla. Y quizás es el poco tiempo que ha transcurrido lo que permite que las noticias, comentarios y críticas se mantengan, pero también es importante decir que aún son muchos los que poco saben acerca de esto.\nTe invitamos entonces a que nos deje tu opinión sobre el Windows 10


Andrea Ardións 04 Abril 2016, 14:13\nGoogle ha diseñado una amplia gama de portátiles ultrafinos y de bajo coste, a los que ha denominado como Chromebook. La compañía de Mountain View trabaja con varios fabricantes, aunque el último éxito parece que llegará de manos de Acer, que ha fabricado un nuevo Chromebook con 14 horas de autonomía por solo 299 euros.\nLos Chromebook son increíbles. Todo el que lo prueba sabe de lo que hablamos, pero están diseñados para un usuario básico que no necesite exprimir al máximo las posibilidades de un ultrabook. Este nuevo ultrafino de Acer, el Acer Chromebook, no derrocha potencia, pero sí es una buena elección gracias a su ligero chasis de aluminio y a una sorprendente autonomía de hasta 14 horas.\nAcer Chromebook con 14" y 14 horas de autonomía\nProcesador: Intel Celeron Quad-core o Dual-Core N3060.\nConectividad: Wi-Fi a/b/g/n.\nPuertos: 2x USB 3.1.\nSistema operativo: ChromeOS.\nEl nuevo Acer Chromebook nos ofrece una interesante pantalla IPS de 14 pulgadas, perfecta para disfrutar de todo el contenido multimedia, navegar por Internet aprovechando los servicios de Google y tareas de oficina. Está orientado al máximo a la productividad, por lo que la marca ha conseguido exprimir su rendimiento al máximo y resistir hasta las 14 horas de batería.\nAdemás incluye una webcam 720p HD, perfecta para hacer reuniones o hablar con la familia. Gracias a utilidades como Hangouts podremos sacarle el máximo partido a este nuevo Acer Chromebook. ChromeOS garantiza una integración absoluta con este servicio y con todo Alphabet.\nEn cuanto a conectividad, tampoco está nada mal. Incluye dos puertos USB 3.1 de primera generación con los que podremos aumentar su capacidad de disco, además de integrar una tarjeta Wi-Fi a/b/g/n, perfecta para conectarnos a cualquier red inalámbrica a máxima velocidad.\nPor último y como regalo, el Acer Chromebook 14 incluye 100 GB de almacenamiento gratuito en Google Drive, perfecto para almacenar todos nuestros documentos y archivos multimedia de forma segura.\nEl Acer Chromebook 14 estará disponible en España en el mes de abril, aunque por desgracia todavía no llegará a nosotros el modelo alto de gama. Sí estará disponible la versión de 16 GB de almacenamiento y 2GB de RAM por un precio de 299 euros.\n¿Qué te parece el nuevo Acer Chomebook 14? ¿Te lo comprarías?