Sentencia de Tutela nº 091/20 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 841048544\nSentencia de Tutela nº 091/20 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2020\nPonente: Carlos Libardo Bernal Pulido SVLuis Guillermo Guerrero Pérez AVDiana Constanza Fajardo Rivera\nEl accionante, en su condición de periodista, interpuso dos acciones de tutela: una, contra Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y, la otra, contra la Arquidiócesis de esa misma ciudad. En ambos procesos consideró que sus derechos fundamentales de petición e información fueron vulnerados al negársele, de manera ilegítima, el acceso a cierta información que solicitó acerca de varios sacerdotes pertenecientes a dichas organizaciones religiosas. Los datos pedidos eran para corroborar indicios sobre la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en la capital de Antioquia, al igual que para asegurar que la información que llegare a publicar fuese objetiva y transparente. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las condiciones generales para el acceso a la información personal. 2º. La razonabilidad y proporcionalidad en garantizar dicho acceso. 3º. La afectación del derecho a la intimidad. 4º. La relevancia cualificada del derecho a la información cuando su acceso se pretende por un periodista para el adecuado ejercicio de su profesión y, 5º. La relevancia social de la investigación periodística adelantada por el accionante. Al ponderar los derechos en tensión la Corte concluyó que resultaba procedente garantizar el acceso a los datos solicitados por el periodista, dada la leve afectación que se presentaba al derecho a la intimidad de los titulares de la información, como consecuencia de su carácter semiprivado, frente a la grave afectación de derecho de acceso a la información, en las específicas circunstancias de los casos acumulados. Se CONCEDE el amparo invocadoRecibo Relatoria:\nReferencia: Expedientes T-7.418.878 y T-7.486.371.\nAcciones de tutela interpuestas por J.P.B.H. en contra de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín\nLa S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada D.F.R. y los magistrados L.G.G.P. y C.B.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha dictado la siguiente\nEn el trámite de revisión de i) la sentencia del 3 de mayo de 2019 del Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, que confirmó la decisión del Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que amparó el derecho de petición de J.P.B.H., en el proceso de tutela que promovió en contra de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín (expediente T-7.418.878) y ii) la sentencia del 5 de marzo de 2019 del Juzgado 22 Laboral del Circuito de Medellín, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por J.P.H.B. en contra de la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371).\nLos expedientes fueron escogidos para revisión mediante autos del 28 de junio de 2019 y 20 de agosto de 2019, proferidos por las salas de selección Seis y Ocho , respectivamente. Esta última acumuló el expediente T-7.486.371 al expediente T-7.418.878, para que fueran fallados en una sola sentencia, por presentar unidad de materia .\nJ.P.B.H. relató lo siguiente: i) que adelanta una investigación periodística para W Radio titulada “Dejad que los niños vengan a mí”. ii) En el marco de esta investigación, obtuvo indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín. iii) A fin de corroborar dichos indicios y garantizar que la información periodística fuera “objetiva y transparente”, presentó derechos de petición ante la “Inspectoría de los Salesianos” y la Arquidiócesis de Medellín. iv) En estos derechos de petición solicitó información acerca de 43 sacerdotes que pertenecían a estas organizaciones religiosas. v) Las instituciones accionadas obstaculizaron su labor periodística orientada a “obtener información esencial para el desarrollo de la investigación, del derecho a informar y opinar, así como el de la libertad de expresión, todos propios de [su] actividad profesional” .\nHechos probados en los expedientes de tutela acumulados\n1.1.\tExpediente T-7.418.878\nEl 4 de febrero de 2019, J.P.B.H. solicitó a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín la siguiente información acerca de 7 sacerdotes:\n¿Es sacerdote activo de los Salesianos D.B., con plenas facultades ministeriales?\nSu cargo actual y fecha de nombramiento.\nSu trayectoria con los Salesianos D.B., desde su ordenación diaconal hasta hoy, incluyendo fechas de nombramientos y fechas de salida. Si ya no es sacerdote, desde cuándo y por qué. Si no es de la comunidad S.D.B., ¿ha trabajado con ustedes? ¿De qué comunidad viene?\n¿Han recibido los Salesianos D.B. denuncias por abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?\n¿Ha sido suspendido, dimitido del estado clerical, o su nombre ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe por denuncias de abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?\nSi la anterior pregunta es afirmativa, ¿saben los Salesianos D.B. si la justicia penal colombiana está investigándolo?\n¿Han recibido los Salesianos D.B. denuncias por corrupción, malos manejos económicos o enriquecimiento ilícito?\nAdemás de las anteriores preguntas, por favor responder estas preguntas en este mismo Derecho de Petición:\n¿Han estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio contra […, 5 sacerdotes]?\nSi así es, ¿qué correctivos se han tomado? ¿qué ha pasado con estos sacerdotes desde las denuncias publicadas el pasado mes de septiembre?\nMediante oficio de marzo 6 de 2019 , Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín informó que: i) los 7 sacerdotes son miembros activos de la Comunidad Salesiana; ii) iniciaron investigaciones preliminares canónicas en contra de los sacerdotes que fueron nombrados en el programa periodístico de W Radio; iii) al término de dichas investigaciones se evaluaría cada caso “para tomar las respectivas medidas disciplinarias y/o penales, teniendo en cuenta también la pertinencia o no, en caso que el salesiano sea declarado inocente”; iv) con la autorización de los salesianos nombrados en el programa de W Radio, elevaron derechos de petición ante las autoridades correspondientes, a fin de determinar si estaban siendo requeridos por la justicia colombiana y encontraron que “ninguno de ellos tiene cuentas pendientes con la justicia”. Por último, describió la hoja de ruta que seguía la comunidad para prevenir cualquier tipo de abuso en contra de niños, niñas y adolescentes.\n1.2.\tExpediente T-7.418.371\nEl 2 de octubre de 2018, J.P.B.H. solicitó al A. de Medellín, R.A.T.R., la siguiente información acerca de 36 sacerdotes:\n¿Es sacerdote activo de la Arquidiócesis de Medellín, con plenas facultades ministeriales?\nSu trayectoria en la Arquidiócesis de Medellín, desde su ordenación diaconal hasta hoy, incluyendo fechas de nombramientos y fechas de salida.\n¿Ha recibido la Arquidiócesis de Medellín denuncias por abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?\nSi la anterior pregunta es afirmativa, ¿sabe la Arquidiócesis de Medellín si la justicia penal colombiana está investigándolo?\n¿Ha recibido la Arquidiócesis de Medellín denuncias por corrupción, malos manejos económicos o enriquecimiento ilícito? […]\nAdemás de las anteriores 7 preguntas, por favor responder estas dos preguntas en este mismo Derecho de Petición [sic]:\n¿Ha investigado la Arquidiócesis de Medellín las 3 denuncias por supuesto abuso de menores contra el padre […]? ¿Ha sido suspendido este sacerdote, ad cautelam, como lo ha hecho el arzobispo con otros sacerdotes y como lo exigen las normas para la protección del menor?\n¿Por qué dijo el arzobispo de Medellín, monseñor R.T.R., que no sabía del paradero del padre […], cuando él mismo lo había recomendado y autorizado para trabajar en la Diócesis de Brooklyn tras suspenderlo?\nMediante oficio del 16 de octubre de 2018 , la Arquidiócesis de Medellín señaló que la información acerca de los sacerdotes vinculados a su comunidad, “hecha ya pública”, podía ser “consultada por cualquier persona” en su página Web. Respecto al interrogante contenido en la letra i), afirmó que “tanto para la fecha [sic] en que se dio su entrevista con el señor A., como en la actualidad, este desconocía y desconoce el paradero del Señor […]”. Acerca de los interrogantes que corresponden a las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) señaló:\nLa información que se solicita en los literales aludidos desafortunadamente no puede ser suministrada, en primer lugar, por virtud de la normatividad [sic] existente en materia de Habeas Data (Leyes 1266 de 2008 y 1561 [sic] de 2012). Para que la misma pueda serle entregada, ha de existir consentimiento expreso por parte de los titulares de los datos solicitados o requerimiento de autoridad competente. Así mismo, en segundo lugar, los detalles sobre denuncias, averiguaciones e investigaciones llevadas a efecto al interior de la Arquidiócesis no pueden serle suministrados, pues, por mandato constitucional y legal, es preciso ser respetuosos del derecho a la intimidad de las personas a las que las mismas aluden, incluyéndose, [sic] por supuesto, a los posibles afectados, cuya protección constituye el interés primordial para la iglesia. Lo anterior, además, en procura de no afectar la reserva a que hubiese lugar en las posibles investigaciones que se adelantaren por las autoridades civiles sobre casos puntuales.\nLas demandas de tutela y las respuestas de las organizaciones accionadas\nEl accionante consideró que Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín vulneraron su derecho fundamental de petición porque se negaron a entregar información que no estaba sometida a reserva y cuyo acceso era necesario para: i) “proteger diversos derechos fundamentales” , incluidos los derechos de niños y niñas ; ii) “garantizar los principios de publicidad y transparencia” y iii) “descubrir un entramado de corrupción y de abusos por parte de una entidad religiosa” . Además, señaló que tal proceder omisivo desconoció sus derechos fundamentales a la información y a la libertad de expresión , “propios de [su] actividad profesional” .\n2.1.\tExpediente T-7.418.878\nAnte el Tribunal Administrativo de Antioquia, J.P.B.H. promovió recurso de insistencia en contra del “Vicario Inspectorial Salesianos de Medellín”, a fin de que se le entregara la información que había solicitado el 4 de febrero de 2019 .\nMediante providencia del 13 de marzo de 2019, la S. Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que a esta solicitud se le diera el trámite propio de una acción de tutela . Consideró que el recurso de insistencia regulado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 solo procedía en contra de las autoridades públicas y que, cuando se pretendiera acceder a información de particulares, el medio judicial principal era la acción de tutela.\nAl contestar la acción de tutela , Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín informó que había dado una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud, además de que se había ajustado a los lineamientos de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, relativas a la protección de datos personales. Igualmente, resaltó que, en los términos dispuestos por el Título III y la sección a) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, la entrega de información que hiciere referencia a datos sensibles debía contar con la autorización del titular. Por último, destacó varios apartes de la sentencia T-439 de 2009 relacionados con i) las limitaciones del derecho a la libertad de prensa; ii) la responsabilidad en la actividad informativa; iii) el deber del juez constitucional de impedir la violación de los derechos al buen nombre y a la honra de las personas por parte de los medios de comunicación; iv) el conflicto que podía surgir entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información y v) la necesidad de evitar que se emitiera información falsa, incompleta, parcializada, superficial o con escasa investigación .\n2.2.\tExpediente T-7.486.371\nMediante acción de tutela del 17 de enero de 2019, el accionante pidió la protección de su derecho fundamental de petición, al considerar que era procedente la entrega de la información requerida, dado que no gozaba de reserva legal . Destacó que, según la propia accionada, la información era pública y se encontraba en su página Web, aunque desactualizada . En consecuencia, solicitó que se le entregara la información relativa a los 36 sacerdotes a que hizo referencia en su petición, que se le diera información respecto de 9 sacerdotes adicionales y que se abriera el “Archivo Secreto” de la Arquidiócesis de Medellín.\nEn respuesta a la acción de tutela , la Arquidiócesis de Medellín manifestó que no era procedente la entrega de la información solicitada porque: i) se trataba de información amparada por reserva legal al hacer referencia a “datos privados o, en todo caso, semiprivados” . ii) En consecuencia, se encontraba sujeta a los principios de circulación restringida y confidencialidad, contemplados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. iii) A dicha información solo podía acceder su titular, o un tercero que contara con expresa autorización de aquel . iv) De haberla entregado habría vulnerado los derechos a la intimidad y al habeas data de los sacerdotes e, incluso, habría podido incurrir en el delito de violación de datos personales, previsto en el artículo 269F de la Ley 599 de 2000.\n3.1.\tExpediente T-7.418.878\nMediante providencia del 28 de marzo de 2019, el Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín concedió el amparo. Resaltó que la accionada no dio una respuesta de fondo a las preguntas a), b), c), d), e) y g), ni indicó el motivo por el que no era viable proporcionar dicha información. Por tanto, ordenó que, en el término de 48 horas, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín diera una respuesta clara, precisa y de fondo a cada uno de tales interrogantes .\nEl 29 de marzo de 2019, la accionada impugnó la providencia .\nEl 5 de abril de 2019, a fin de acatar lo ordenado en el fallo de primera instancia, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín complementó la respuesta al derecho de petición del 4 de febrero de 2019, así :\nEl literal a): Sí son miembros religiosos Salesianos de D.B.\nEl literal b): Su cargo actual: son Sacerdotes salesianos vinculados a las obras que la Comunidad tiene en el territorio de su jurisdicción.\nEl literal c): Como se dejó dicho en la respuesta al literal a), todos son miembros actuales de la Comunidad Salesiana de D.B., se ordenaron en esta institución.\nEl literal d): No tenemos denuncias penales.\nEl literal e): Este literal queda contestado en los términos del literal i), que a letra dice: “Cuando hay alguna noticia frente [sic] a estos temas de abuso, la Iglesia pide activar la hoja de ruta que tiene prevista para estos casos (…) Y de resultar alguno, inmerso en estos delitos gravísimos, será un juez de la República, el encargado de definir tanto la condena del sacerdote implicado como la reparación integral de la víctima”.\nEl literal f): No, en los términos de la respuesta al literal i), inciso tercero que a la letra dice: “También hemos tenido presente el derecho civil y penal de Colombia……Y de resultar alguno, inmerso en estos delitos gravísimos, será un juez de la República, el encargado de definir tanto la condena del sacerdote implicado como la reparación de la víctima”.\nEl literal g): No\nEl literal h): Si.\nEl 22 de abril de 2019, el oficial mayor del Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín hizo constar que se comunicó con el accionante “a fin de verificar si la respuesta al derecho de petición formulado el […] 4 de enero de 2019 ya le había sido suministrada por parte de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín, [y este le] manifestó que no le ha sido entregada, pues únicamente le remitieron una carta informándole que la respuesta estaba en el Juzgado” .\nEn providencia del 3 de mayo de 2019 , el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín confirmó la sentencia de primera instancia. Indicó que, aunque el 5 de abril de 2019 la accionada allegó una complementación a la contestación inicial, las respuestas correspondientes a los interrogantes a), b), c), d) y e) fueron evasivas, carecieron de datos cronológicos y no tenían una sustentación clara. Resaltó que la accionada no especificó el cargo ni la fecha de nombramiento de los sacerdotes por quienes se preguntaba, tampoco indicó si había recibido denuncias, ni señaló qué correctivos había tomado o qué había pasado con los sacerdotes denunciados en el mes de septiembre de 2019.\nCon posterioridad, J.P.B.H. promovió incidente de desacato en contra de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín, al considerar que no había dado respuesta a los interrogantes a), b), c), d) y e) de su solicitud .\nEl 20 de mayo de 2019, la accionada informó al juez de primera instancia que sí había dado respuesta de fondo al derecho de petición y que, de buena fe, habían entendido que con dicha respuesta cumplía con los mandatos de las leyes 1775 de 2015, 1581 de 2012, 1266 de 2008 y del decreto 1377 de 2013, en cuanto al deber de proteger la información restringida acopiada en sus bases de datos. A pesar de esto, procedió a complementar algunas respuestas sobre los 6 integrantes de su comunidad así: i) en lo concerniente a la pregunta a), precisó qué sacerdotes tenían restringidas sus facultades ministeriales. ii) Respecto de la pregunta b), indicó las fechas de nombramiento de los sacerdotes. iii) Para responder a la pregunta c), presentó un cuadro en el que se relacionaron las fechas, ciudades, ubicaciones exactas y ocupaciones de cada uno de los sacerdotes; además, indicó cuáles sacerdotes estuvieron en “permiso de Absentia a domo por un año” o “sin cargo” , con fechas precisas. iv) En cuanto a la pregunta e), explicó que ninguno de los sacerdotes había sido suspendido, ni dimitido del estado clerical, ni sus nombres habían sido enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe; no obstante, advirtió que uno de ellos estaba en proceso de investigación.\nEl 29 de mayo de 2019, el Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín se abstuvo de sancionar a la accionada al considerar que antes del incidente de desacato y durante su trámite había llevado a cabo las gestiones pertinentes para cumplir la sentencia de tutela .\n3.2.\tExpediente T-7.486.371\nMediante providencia del 29 de enero de 2019, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín declaró improcedente la acción de tutela. Advirtió que no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque el accionante no agotó el recurso de insistencia de que trata el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. Adicionalmente, señaló que la información solicitada estaba sometida a reserva, al relacionarse con “información personal y derechos fundamentales de los sacerdotes por los que indaga”.\nEl actor impugnó el fallo con base en las siguientes razones: i) consideró que debía aplicarse un test de proporcionalidad porque el derecho a informarse e informar, que en este caso coincidía con el interés superior del menor, prevalecía sobre el derecho a la intimidad. ii) El juez debía definir si la decisión de no entregar determinada información era razonable y proporcionada. iii) La Arquidiócesis reconoció que la información era pública. iv) El recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1775 de 2015 solo procedía cuando quien negara el acceso a la información fuese una autoridad pública y no un particular; respecto de este lo procedente era la acción de tutela. De igual forma, advirtió que la dilación en la entrega de la información posibilitaba su manipulación y que algunos de los sacerdotes investigados “fungen como docentes o rectores de instituciones educativas cuyo alumnado es menor de edad. Todos en definitiva tienen contacto con menores, a pesar de denuncias ignoradas por su jefe directo, el arzobispo de Medellín” .\nFrente a los argumentos de la impugnación, la Arquidiócesis de Medellín manifestó que: i) no es procedente reconocer legitimación por activa al accionante en relación con menores indeterminados. ii) La información solicitada hacía referencia a datos privados y semiprivados, por lo cual debía garantizarse la reserva. iii) El titular de información privada y semiprivada es el único legitimado para decidir acerca de su tratamiento; en consecuencia, de haberse accedido a la entrega de la citada información posiblemente se habría incurrido en un ilícito. iv) El juez de tutela no es competente para decidir qué información es o no reservada, o para ordenar el levantamiento de la reserva, dado que son facultades exclusivas de los jueces ordinarios y de las autoridades administrativas competentes. v) Por último, solicitó que se declararan improcedentes las pretensiones de la acción de tutela relativas a que se brindara información de 9 sacerdotes que no formaban parte de la petición inicial y a que se abriera el “Archivo Secreto de la Arquidiócesis de Medellín”, dado que no fueron propuestas en el derecho de petición .\nEl Juez 22 Laboral del Circuito de Medellín confirmó la providencia de instancia. Aclaró que no era necesario agotar el recurso de insistencia, pero concluyó que la información solicitada por el actor era reservada y que si la Arquidiócesis de Medellín la hubiera entregado, habría podido “incurrir en delito y vulnerar derechos a la intimidad y al buen nombre los [sic] sacerdotes de los cuales se estaba indagando” .\nMediante auto del 29 de julio de 2019 , solo en relación con el expediente T-7.418.878 , el despacho del magistrado sustanciador solicitó información de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y del accionante. A la primera le solicitó lo siguiente:\nRemita con destino a este despacho copia de la respuesta o respuestas que hayan sido emitidas frente [sic] al derecho de petición presentado ante esa entidad por el ciudadano J.P.B.H., el 4 de febrero de 2019. (ii) Informe cuál fue el medio empleado para notificar al peticionario las respuestas a la petición formulada, aportando los respectivos soportes documentales. (iii) En caso que no se haya dado respuesta completa a todos los interrogantes planteados por el peticionario, en relación con todas las personas respecto de las cuales versaba la solicitud, informar a la Corte las razones que justificaron dicha omisión.\nP.S.S.I.S.L.B. de Medellín solo se pronunció acerca de la información solicitada en el ordinal i), para lo cual aportó copia de las siguientes comunicaciones : i) del 6 de marzo de 2019, mediante la cual contestó el derecho de petición presentado por J.P.B.H.; ii) del 5 de abril de 2019, dirigida al Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en la que absolvió las preguntas del peticionario, de conformidad con lo ordenado por dicha autoridad judicial en la decisión de tutela de segunda instancia; iii) del 6 de abril de 2019, remitida a la dirección de notificaciones del actor, por medio de la cual “se le informa y remite copia íntegra de la contestación del derecho de petición formulado por el señor J.P.B., atendiendo al fallo de tutela” y iv) del 20 de mayo de 2019, dirigida al Juez 14 Civil Municipal, en la que se complementaron varias respuestas dentro del trámite de desacato promovido por el actor.\nEn el auto a que se hizo referencia supra, el despacho del magistrado sustanciador requirió la siguiente información del accionante:\ninforme a este despacho si con posterioridad al 6 de marzo de 2019 Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín le notificó alguna respuesta frente [sic] al derecho de petición que elevó el 4 de febrero de 2019; ii) en caso que no se le hayan notificado, informe si pudo tener acceso, por otro medio, a las respuestas proferidas por la entidad accionada; iv) en caso que haya podido conocer la respuesta o respuestas, indique si se absolvieron todos los interrogantes planteados y si la entidad accionada hizo referencia a todas las personas respecto de las cuales versaba su solicitud; v) en caso que haya considerado que la respuesta o respuestas dadas no fueron completas, informe a la Corte si adelantó alguna gestión adicional a fin de lograr que la respuesta fuese complementada; vi) aporte copia de la respuesta o respuestas que le hayan sido notificadas, o de las cuales haya tenido conocimiento con respecto al derecho de petición que elevó el 4 de febrero de 2019.\nJ.P.B.H. informó que: i) el 8 de abril de 2019, la accionada le hizo saber que había dado respuesta a su derecho de petición, pero no le adjuntó documento alguno; ii) después de solicitar que le remitieran la contestación, se la enviaron el 7 de junio siguiente, sin “la página en la que reposaba la información más relevante” y iii) “tras escribirles infructuosamente a los Salesianos”, el juzgado de primera instancia le envió esta respuesta el 8 de agosto de 2019.\nEn relación con la respuesta dada al derecho de petición, informó que la accionada sí contestó las preguntas a), b) y c). Indicó que la organización religiosa no respondió la pregunta d) porque en el derecho de petición se indagaba acerca de si en dicha comunidad se había recibido denuncias y contestaron que no tenían denuncias penales. Precisó que la accionada no respondió “honestamente” la pregunta e) porque “tres sacerdotes que dijeron que no estaban suspendidos sí lo están” y, además, le informaron que habían enviado 1 nombre a la Congregación para la Doctrina de la Fe, “cuando tendrían que haber enviado, al menos 4”. Precisó que al responder la pregunta f), Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín afirmó que los sacerdotes no tienen requerimientos de la justicia civil, pero algunos fueron suspendidos y un nombre fue enviado al Vaticano para investigación. Para finalizar, indicó que no dieron respuesta a las preguntas g), h) e i) .\nCon posterioridad, el 15 de agosto de 2019, J.P.B.H. se pronunció sobre las pruebas allegadas por la accionada . Hizo referencia a múltiples casos de presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes que no habían sido sancionados por parte del Estado porque, a su juicio, al interior de la Iglesia Católica existía una “red que ha permitido que se encubran estos delitos” . Además, destacó que estas conductas han salido a la luz en países como Chile, Estados Unidos, Australia e Irlanda “gracias a que la prensa se concentró por años en develar A. secretos que han existido desde que existe el derecho canónico” . Por último, solicitó a la Corte Constitucional que protegiera a los niños; declarara inexequible la mayoría de los artículos del Concordato y se pronunciara “frente [sic] al Archivo Secreto de cada diócesis, arquidiócesis y comunidad religiosa”, así como que defendiera “el derecho a la libertad que tiene la prensa para escuchar a las víctimas, contrastar a los victimarios y publicar con el más alto criterio periodístico”.\nEse mismo día, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín le solicitó a la Corte Constitucional que confirmara la providencia proferida por el Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, mediante la cual resolvió el incidente de desacato y concluyó que había dado respuesta a todas las peticiones del accionante. Adicionalmente, informó que el 21 de mayo de 2019 le había remitido al actor una copia de la respuesta allegada a dicho juzgado el día anterior.\nDurante el trámite de revisión, el actor solicitó a la Corte Constitucional que emitiera un pronunciamiento acerca de la exequibilidad del Concordato y sobre la apertura de los “A. Secretos” de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. La S. no emitirá un pronunciamiento en relación con estas pretensiones, dado que exceden su competencia, la cual se circunscribe a la revisión de los fallos de tutela.\nEl 13 de diciembre de 2019, la Conferencia Episcopal de Colombia solicitó a la Corte Constitucional que se le reconociera como tercero interesado en este trámite “en defensa de las accionadas”, al considerar que reunía y representaba “a todos los obispos de nuestro país, a varios de los cuales el accionante ha emitido derechos de petición”. La S. no accederá a esta petición por las siguientes razones: en primer lugar, porque la solicitud se allegó de manera extemporánea dado que se radicó con posterioridad al registro del proyecto de la presente sentencia . En segundo lugar, porque los asuntos sub judice se circunscriben a las tutelas que promovió J.P.B.H. en contra de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín (expediente T-7.418.878) y de la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371), personas jurídicas que estuvieron debidamente representadas en el trámite de las acciones de tutela. En efecto, el P.J.G.G.C. actuó como representante legal de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín, calidad que demostró con el certificado emitido por el Director de Asesoría y Control Legal de la Gobernación de Antioquia, visible a folio 52 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878. La Arquidiócesis de Medellín estuvo representada por el abogado H.V.V., quien recibió poder del representante legal suplente de dicha organización, tal como se evidencia a folios 135 y 136 del cuaderno principal del expediente T-7.486.371.\nCompetencia de la S. de Revisión\nEsta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a lo dispuesto en los autos del 28 junio y 20 de agosto de 2019, proferidos por las salas de selección seis y ocho, respectivamente, que decidieron seleccionar los presentes asuntos.\nDelimitación del caso y valoración de los requisitos de procedencia\nEl presente litigio constitucional involucra la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición e información del periodista J.P.B.H. por parte de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín (expediente T-7.418.878) y la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371) que habrían negado, de manera ilegítima, el acceso a cierta información .\nSon requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de i) legitimación en la causa, ii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y iii) un ejercicio subsidiario. A continuación, se estudiará si la acción de tutela sub judice cumple con estos requisitos.\nEn los casos sub examine se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. El actor es la persona a quien, presuntamente, le vulneraron sus derechos de petición, información y libertad de expresión. La S. también encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y de la Arquidiócesis de Medellín, por las siguientes razones:\nDe conformidad con lo prescrito por el artículo 32 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA– , las “organizaciones religiosas” son sujetos pasivos del derecho de petición .\nLas accionadas son las organizaciones religiosas a las que el actor atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al haberle negado, de manera presuntamente ilegítima, el acceso a cierta información solicitada en los derechos de petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018.\nTal como dan cuenta los antecedentes de la presente sentencia, las organizaciones religiosas accionadas tienen conocimiento de la información solicitada por el demandante y son las responsables de su tratamiento.\nPor último, según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela procede contra organizaciones privadas y, en particular, ha señalado que procede contra organizaciones religiosas que pertenecen a la Iglesia Católica .\nEste requisito se cumple en ambos casos. Por un lado, en relación con el expediente T-7.418.878, el actor presentó la acción de tutela seis días después de haber recibido la respuesta a su petición por parte de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín . Por otro lado, en relación con el expediente 7.486.371, el demandante presentó la acción de tutela contra la Arquidiócesis de Medellín tres meses después de la fecha en que le fue notificada la respuesta negativa a su petición, término que se considera razonable.\nSe satisface la exigencia de subsidiariedad si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico no cuenta con un medio judicial principal diferente a la acción de tutela para garantizar el acceso a la información que niega una organización religiosa.\nEn este tipo de asuntos no es posible inferir que el recurso de insistencia, que regulan los artículos 25 y 26 del CPACA, opere ante organizaciones privadas , por las siguientes razones:\nEn primer lugar, al regular el derecho de petición ante organizaciones privadas en el CPACA, el legislador no remitió a este medio de control para su protección, sino a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I del Título II de la citada normativa, relativos al trámite de las peticiones (inciso 2° del artículo 32). Además, al definir las competencias de los tribunales administrativos y jueces administrativos (artículo 26) la circunscribió a aquellos recursos de insistencia que se interpusieran en contra de “autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá” y “autoridades distritales y municipales”. Las organizaciones e instituciones privadas no comparten esta condición .\nEn segundo lugar, en la sentencia C-951 de 2014, al llevar a cabo el control previo de constitucionalidad al proyecto de ley contentivo de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la Corte Constitucional señaló que el recurso de insistencia es un mecanismo idóneo para aquellos eventos en que “los administrados consideren que este no ha sido satisfecho por parte de la administración”, y aclaró que, “fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo” .\nEn consecuencia, fue acertada la decisión de la S. Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia en el expediente T-7.418.878, que ordenó tramitar el recurso de insistencia como una acción de tutela, por cuanto el recurso de insistencia no operaba ante particulares. Contrario sensu, fue desacertada la decisión del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta en contra de la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371), al considerar que el actor debió agotar el recurso de insistencia regulado por el artículo 26 del CPACA.\nEn suma, contrario a lo que consideró el apoderado de la Arquidiócesis de Medellín, el juez de tutela sí es competente para decidir qué información puede ser revelada y cuál puede mantenerse legítimamente en reserva porque los peticionarios carecen de un medio de defensa judicial para insistir en la entrega de la información que se solicita a organizaciones privadas.\nDelimitación del problema jurídico y metodología de decisión\nSegún el actor, la información que solicita no es reservada y debe entregársele a fin de i) garantizar sus derechos fundamentales de petición, información y libertad de expresión ; ii) proteger diversos derechos “propios de [su] actividad profesional” como periodista, tendientes a corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, iii) asegurar que la información que llegare a publicar fuese “objetiva y transparente” , iv) “garantizar los principios de publicidad y transparencia” y v) desarticular un “entramado de corrupción y de abusos por parte de una entidad religiosa” .\nP.S.S.I.S.L.B. de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín consideran que no es procedente otorgar el acceso a la información solicitada, porque: i) de conformidad con la normativa vigente , la información solicitada está amparada por reserva legal al referirse a “datos privados o, en todo caso, semiprivados” de los sacerdotes y, en consecuencia, está sujeta a los principios de circulación restringida y confidencialidad, contemplados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. ii) La información que se solicita de los sacerdotes contiene datos sensibles y, en atención a regulación de la materia , a ella solo pueden acceder sus titulares. Su acceso por terceros está sujeto a la autorización de aquellos, la cual no se acredita en el presente asunto. iii) Dado que la información solicitada es relativa a datos personales de los sacerdotes, no es procedente su entrega por las organizaciones religiosas porque se podría configurar el delito de violación de datos personales, previsto en el artículo 269F de la Ley 599 de 2000 . iv) De acuerdo con lo previsto en la sentencia T-439 de 2009, entre otras, uno de los deberes del juez constitucional en casos de conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información es evitar que se difunda información falsa, incompleta, parcializada, superficial o con escasa investigación.\nAsí las cosas y tras verificar que se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, corresponde a la S. resolver el siguiente problema jurídico: ¿se debe garantizar el acceso a la información solicitada por J.P.B.H. en los derechos de petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, a pesar de que los sacerdotes, acerca de cuyos datos personales se indaga, no han autorizado tal acceso?\nA fin de resolver el problema jurídico del caso, la S. hará referencia al tipo de información solicitada por el accionante (título 5.1 infra), a las condiciones generales para su acceso (título 5.2 infra), a la razonabilidad y proporcionalidad o no de su otorgamiento (título 5.3 infra) y a los remedios del caso (título 5.4 infra).\n5.1.\tEl tipo de información solicitada por el accionante\nPara la S., la información solicitada por el accionante se puede clasificar en tres tipos, según las preguntas específicas formuladas en los derechos de petición de febrero 4 de 2019 y 2 de octubre de 2018:\nTipo de información solicitada\tAsunto sobre el cual versa la información solicitada\tPreguntas específicamente formuladas\nInformación de los sacerdotes relativa a su trayectoria y relación con la organización religiosa\tEl actor solicitó se le informara si los sacerdotes a los que hizo referencia en sus derechos de petición eran miembros de la respectiva comunidad religiosa, si habían trabajado en la misma, de qué comunidad procedían, si tenían plenas facultades ministeriales, sus cargos actuales, fechas de ordenaciones y nombramientos, y, en caso de que no fuesen sacerdotes, desde cuándo no lo eran.\tCorresponden a las preguntas a), b) y c) de los derechos de petición presentados el 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018\nInformación de los sacerdotes relativa a denuncias formuladas en su contra y medidas consecuentes adoptadas por la organización religiosa\tEl accionante preguntó si las organizaciones religiosas accionadas habían recibido denuncias en contra de los sacerdotes específicamente referidos por abuso de menores, pederastia, pornografía infantil, creación de redes con menores, corrupción, malos manejos económicos o enriquecimiento ilícito.\tCorresponden a las preguntas d) y g) de los derechos de petición presentados el 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018\nEl demandante solicitó se le informara si los sacerdotes habían sido suspendidos, dimitidos del estado clerical, o su nombre enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, pidió se le informara si tenían conocimiento de investigaciones penales que se estuvieren adelantando en contra de los sacerdotes.\tCorresponden a las preguntas e) y f) de los derechos de petición presentados el día 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018\nEl actor solicitó se le informara si los sacerdotes habían sido investigados o se habían tomado medidas en su contra ante las denuncias periodísticas publicadas por W Radio y si habían suspendido a uno de ellos ad cautelam.\tCorresponden a la pregunta i) del derecho de petición presentado el día 4 de febrero de 2019 y a la pregunta h) del derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2018\nInformación de las organizaciones religiosas o de sus representantes\tEl accionante solicitó a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín que indicara si había estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio contra cinco sacerdotes de su comunidad. Corresponde a la pregunta h) del derecho de petición presentado el 4 de febrero de 2019\nEl accionante pidió a la Arquidiócesis de Medellín que explicara por qué razón el A. de Medellín había afirmado que desconocía el paradero de uno de sus sacerdotes, pese a que tras su suspensión lo había recomendado para trabajar en la Diócesis de Brooklyn (EUA).\tCorresponde a la pregunta i) del derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2018\nLos dos primeros tipos de información se refieren a datos personales de 43 sacerdotes determinados, que reposan en las bases de datos de las organizaciones religiosas accionadas; el tercero, por el contrario, a información de las citadas organizaciones religiosas accionadas o de sus representantes.\nRespecto del tercer grupo no existe controversia alguna por las siguientes dos razones: en primer lugar, porque con estas no se pretendía obtener información personal de los sacerdotes a los que se referían los derechos de petición. En segundo lugar, porque las organizaciones religiosas ya suministraron los datos solicitados: en relación con la pregunta h) del derecho de petición formulado el día 4 de febrero de 2019, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín informó que “tiene en curso estas investigaciones sobre cada uno de los salesianos que han sido nombrados en el programa” . Por su parte, la Arquidiócesis de Medellín indicó lo siguiente en relación con la pregunta i) del derecho de petición formulado el 2 de octubre de 2018: “En lo concerniente a lo preguntado en el literal i de su escrito, me permito precisarle que, tanto para la fecha en que se dio su entrevista con el Señor A., como en la actualidad, este desconocía y desconoce el paradero del Señor […]” .\nLa controversia que da lugar a los procesos de tutela es relativa a los dos primeros grupos de preguntas. A fin de analizar la posibilidad de otorgar el acceso, debe precisarse a qué tipo de información hacen referencia. Ahora bien, según su cercanía con el ámbito íntimo, la información puede catalogarse como “reservada”, “privada” o “semiprivada”. El acceso a la información “reservada” o “privada” es más restringido, a diferencia de lo que ocurre con la información “semiprivada”, la cual tiene un grado menor de limitación para su acceso.\nComo se precisa en detalle más adelante, al ponderar los derechos en tensión (título 5.3 infra), las preguntas relacionadas con la trayectoria y vínculo de los sacerdotes con la comunidad (grupo 1), así como las denuncias que se hubieren recibido en su contra y las medidas adoptadas por las organizaciones religiosas accionadas (grupo 2) exigen el acceso a información “semiprivada” de los 43 sacerdotes relacionados en los derechos de petición presentados por J.P.B.H..\n5.2.\tCondiciones generales para el acceso a la información personal\nTanto para Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín como para la Arquidiócesis de Medellín no es procedente revelar la información solicitada por el actor, dado que sus titulares no han autorizado tal acceso.\nEn principio, el acceso a cualquiera de los tres tipos de información a que se hizo referencia supra (información personal “reservada”, “privada” o “semiprivada”) está restringida a su titular. Por tanto, su acceso por parte de terceros está condicionado a la autorización de aquel, como forma de garantía de su intimidad. Sin embargo, esta regla no es absoluta, como se precisa más adelante (título 5.3 infra).\nDe acuerdo con el principio de circulación restringida, previsto en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, el responsable del tratamiento de datos debe sujetarse a los límites propios de la naturaleza de la información y a garantizar que los mismos solo estén disponibles para sus titulares y usuarios autorizados . Asimismo, la sección f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, en virtud del principio de “acceso y circulación restringida”, “El Tratamiento [de la información] se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley”. Igualmente, de conformidad con el “principio de confidencialidad”, de que trata la sección h) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 , quienes intervengan en el tratamiento de datos personales deben garantizar su reserva, salvo que se trate de datos públicos .\nEn concordancia con dichos principios, las normas que regulan el tratamiento de datos personales prevén que estos no deben suministrarse a terceros sin la autorización del titular.\nAsí, el artículo 5 de la Ley 1266 de 2008 prescribe que la información personal “podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos: a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos”.\nPor su parte, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, “sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular”.\nDe manera especial, al referirse a la información “semiprivada”, el parágrafo del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Habeas Data prevé que su administración “requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos”, en los siguientes términos:\nParágrafo. La administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos […]. En todo caso, la administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley.\nEn suma, de conformidad con los principios de circulación restringida y confidencialidad, cuando se solicita información semiprivada, los responsables del tratamiento de datos no pueden revelarla sin autorización de su titular. Sin embargo, de esta restricción que se impone a las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales no se sigue que exista una prohibición absoluta para su acceso por terceros, en tanto su valoración en cada caso supone ponderar las circunstancias específicas de que se trate por el juez constitucional, a quien el ordenamiento constitucional le otorga competencia para valorar cuándo es procedente garantizar el acceso a determinada información que detentan organizaciones privadas, en este caso religiosas.\n5.3.\tLa razonabilidad y proporcionalidad en garantizar el acceso a la información solicitada por el periodista J.P.B.H.\nTal como se indicó en el título anterior, en principio, el acceso a la información personal “reservada”, “privada” o “semiprivada” está restringida a su titular. Sin embargo, esta regla no es absoluta. Si la protección de otros derechos fundamentales que se obtiene mediante el acceso a la información justifica las limitaciones correlativas al derecho a la intimidad, tal acceso está constitucionalmente ordenado. Esto sucede cuando el grado de satisfacción de otros derechos fundamentales, como la libertad de información, es mayor que el grado de limitación del derecho a la intimidad que resulta del acceso a la información específica solicitada.\nPor tanto, le corresponde a la S. decidir si es procedente garantizar el acceso del actor a la información solicitada en los derechos de petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, como medio para garantizar sus derechos fundamentales de petición e información y ejercer su labor periodista de manera idónea, en aras de brindar información “objetiva y transparente” acerca de una temática de alta sensibilidad para la sociedad. O si, por el contrario, para garantizar la protección del derecho fundamental a la intimidad de los sacerdotes respecto de los cuales se pide información es procedente negar su acceso, al no haber autorizado que se divulgue información sobre su trayectoria y relación con la organización religiosa, así como de posibles denuncias formuladas en su contra y de las medidas adoptadas por las organizaciones religiosas accionadas (supra título 5.1).\nLa S. ordenará el acceso a la información solicitada, dada la leve afectación que se presenta al derecho a la intimidad de los titulares de la información –como consecuencia de su carácter “semiprivado”–, en comparación con la muy grave afectación al derecho de acceso a la información que se podría presentar al negar su acceso, en las específicas circunstancias de los casos acumulados.\n5.3.1.\tLa afectación del derecho a la intimidad en las circunstancias de los casos acumulados es leve\nEn las especiales circunstancias de los casos acumulados, la afectación del derecho a la intimidad de los sacerdotes respecto de los cuales se solicita la información es leve. Esto es así, i) porque los derechos de petición que elevó el periodista perseguían, fundamentalmente, confirmar información que ya había obtenido en el marco de su investigación periodística y ii) porque los datos relativos a los dos primeros tipos de preguntas de que da cuenta el cuadro del título 5.1 supra no es reservada o privada, sino semiprivada.\nAl respecto, cabe recordar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la información semiprivada se caracteriza por: i) no relacionarse con datos sensibles o intrínsecamente relacionados con la intimidad y ii) no interesarle solo a su titular, sino ser de la incumbencia de terceros o, incluso, de la sociedad en general . Estas son características que comparte la información solicitada por el accionante.\nLa información no se relaciona con datos sensibles o intrínsecamente relacionados con la intimidad. La información acerca de la trayectoria de los sacerdotes y su relación con la organización religiosa (numeral 1 del cuadro contenido en el título 5.1 supra), así como las denuncias formuladas en su contra y las medidas adoptadas por la organización (numeral 2 del cuadro contenido en el título 5.1 supra) es semiprivada en tanto se orienta, primordialmente, a constatar si los sacerdotes relacionados en las peticiones del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018 formaban parte o no de las accionadas, lo cual no corresponde a información privada. Al contrario, por regla general, estos datos son de conocimiento público.\nDe un lado, es usual que los sacerdotes se identifiquen con indumentaria o signos distintivos de su congregación y que su pertenencia se divulgue en los medios oficiales de las organizaciones a las que pertenecen, como sucedió en el caso de la Arquidiócesis de Medellín que, según informó, publicaba en su página web este tipo de datos . Lo mismo podría predicarse de la pregunta relacionada con el cargo que desempeñan, información que también suele ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad.\nDe otro lado, si bien la información acerca de las facultades ministeriales, fechas de nombramientos y ordenaciones y fechas en que los sacerdotes hubiesen dejado su ministerio no son de conocimiento público, su acceso no implica una afectación intensa al derecho a la intimidad. Esto es así, si se tiene en cuenta que se trata de información tendiente a constatar el término en el que aquellos cumplieron sus deberes para con las organizaciones religiosas a las que pertenecen.\nEn tercer lugar, los interrogantes relacionados con las denuncias que las organizaciones religiosas hubieran podido recibir, su conocimiento acerca de procesos penales, así como las medidas que se hubieran tomado en relación con las conductas denunciadas suscitan mayores dudas acerca de una posible afectación mayor al derecho a la intimidad de los involucrados (numeral 2 del cuadro contenido en el título 5.1 supra). No obstante, si se leen con detenimiento, se advierte que implican solo una intromisión leve en el ámbito privado de los sacerdotes.\nEl peticionario no indagó acerca de los detalles de las denuncias recibidas por las organizaciones, sino que, de forma genérica, preguntó si estas se han recibido en contra de quienes aparecen relacionados en cada uno de sus derechos de petición. Igual sucede con la pregunta acerca del conocimiento de las denuncias que estuviera adelantado el Estado, respecto de las cuales el accionante se limitó a indagar si las organizaciones religiosas tenían conocimiento de investigaciones que estuviera adelantando la justicia penal colombiana en contra de estos clérigos. Asimismo, los interrogantes relacionados con las medidas adoptadas por la comunidad, tales como suspensiones, dimisiones, remisión de los casos a la Congregación de la Doctrina para la Fe tampoco se orientaban a auscultar los pormenores de las decisiones adoptadas.\nLa información no solo interesa a sus titulares. La información solicitada no solo es relevante para los titulares de los datos, sino que, en las circunstancias del caso, también lo es para el accionante y la sociedad en general. Esto es así, si se tiene en cuenta que el peticionario, en su condición de periodista, pretendía su acceso para corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, y así garantizar que la investigación que llegare a divulgar fuese “objetiva y transparente” , lo cual también interesa a la sociedad, como se explica enseguida.\n5.3.2.\tLa negativa de acceso afecta gravemente el derecho a la información\nA diferencia de la leve afectación a la intimidad que se presenta con la garantía de acceso, su negativa afecta gravemente el derecho a la información, en atención de las específicas circunstancias de los asuntos sub examine. En particular, si se toma en cuenta que se trataba de información solicitada por un periodista para el ejercicio de su profesión, en el marco de una investigación de relevancia social, para la cual resultaba fundamental confirmar la información que revelaría al público.\n5.3.2.1.\tLa relevancia cualificada del derecho a la información cuando su acceso se pretende por un periodista para el adecuado ejercicio de su profesión\nTratándose de información semiprivada, esta Corte ha señalado que “la resistencia a su divulgación es reducida en tanto corresponde a materias que, a pesar de referirse al individuo, revisten una importancia clara y significativa para el cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras personas” . Por ende, su acceso puede justificarse por “razones constitucionalmente admisibles […] vinculadas al cumplimiento de las tareas o funciones ejercidas por quien tiene interés en conocerla” .\nEn los asuntos sub examine la protección del derecho de acceso a la información cobra especial relevancia porque se trata de un periodista que la exige para el adecuado ejercicio de su profesión. En relación con la relevancia de la garantía de acceso a la información por parte de los periodistas, en la sentencia T-391 de 2007, la Corte resaltó:\nLa libertad de información, como la libertad de expresión en sentido estricto, también impone al Estado obligaciones de respeto, garantía, protección y promoción, en particular cuando su ejercicio se efectúa a través de los medios masivos de comunicación y se apareja, por lo tanto, con la libertad de prensa. Esto significa, por ejemplo, que no le basta al Estado con no atentar contra la libertad de información, puesto que además de respetarla, debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación amplia de información, aun de aquella que revele aspectos negativos del propio Estado o la sociedad.\nAdemás, según dispone el artículo 20 del CPACA , los derechos de petición que promuevan los periodistas deben tramitarse de forma preferencial, disposición aplicable a las peticiones que se presentan ante organizaciones privadas, por expresa remisión del inciso 2° del artículo 32 de la misma normativa. Dicho trato prioritario obedece, según lo explicó la Corte, al “rol preponderante que cumple la prensa como ‘guardiana de lo público’ y de sus funciones medulares en materia de información y opinión, en una democracia participativa y pluralista” . En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que en el funcionamiento de las sociedades democráticas, la libertad de información ocupaba un lugar especial, especialmente, cuando se ejercía a través de los medios masivos de comunicación .\nDe igual manera, en la Observación General 34, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resalta que la existencia de medios de prensa es una de las piedras angulares de la democracia y que uno de los derechos consagrados en el Pacto alude, precisamente, a la posibilidad de que los medios de comunicación reciban información que les sirva de base para cumplir su cometido .\nEs consecuencia de lo dicho que el acceso a la información que solicitan los periodistas para ejercer su profesión debe garantizarse en la mayor medida de lo posible. Ello resulta aplicable, incluso, tratándose de datos semiprivados. En efecto, el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 dispone que la administración de este tipo de información personal está sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales, dentro de los cuales se encuentra el “principio de interpretación integral de derechos constitucionales” , según el cual, la interpretación de los derechos de los titulares como el habeas data y la intimidad debe efectuarse en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información, el cual también debe ampararse adecuadamente .\n5.3.2.2.\tLa relevancia social de la investigación periodística que realiza el accionante\nSegún informó el accionante, la información solicitada tenía por objeto corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, de tal forma que pudiere garantizar que la información que llegare a publicar fuese “objetiva y transparente” . Se trata, por tanto, de un asunto de importancia para la sociedad, que, según lo ha resaltado la doctrina internacional y la Iglesia Católica, ha logrado mantenerse oculto por sus perpetradores y cómplices por medio de diversas estrategias y que solo de manera reciente conoce la luz.\nAl respecto, señaló el Comité de los Derechos del Niño hace un par de años, al referirse a las “decenas de miles de niños en todo el mundo” que han sufrido abusos sexuales por parte de clérigos pertenecientes a la Iglesia Católica:\n[P]reocupa al Comité que: a) Personas que, era bien sabido, abusaron sexualmente de niños hayan sido transferidas de una parroquia a otra, o a otros países, con la intención por la Iglesia de encubrir estos delitos. […] La práctica de la movilidad de los autores del delito ha permitido a muchos sacerdotes permanecer en contacto con niños y seguir cometiendo abusos de estos. […] c) En los casos en que la Santa Sede ha tratado el abuso sexual de niños, lo ha considerado un delito grave contra la moral, objeto de procedimientos confidenciales que dispusieron medidas disciplinarias que han permitido a la gran mayoría de los abusadores y a casi todas las personas que han encubierto el abuso sexual de niños evadir los procedimientos judiciales en los Estados en que se cometieron esos abusos. d) Debido a un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero so pena de excomunión, los casos de abuso sexual de niños prácticamente nunca se han denunciado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los países en que se cometieron los delitos. En cambio, se ha informado al Comité de casos de monjas y sacerdotes condenados al ostracismo, degradados y apartados del sacerdocio por no respetar el código de silencio, así como casos de sacerdotes felicitados por negarse a denunciar a los que habían cometido abusos sexuales contra niños .\nTal como lo destacó el actor, al pronunciarse sobre las pruebas allegadas en sede de revisión, estos delitos han salido a la luz en países como Chile, Estados Unidos, Australia e Irlanda “gracias a que la prensa se concentró por años en develar A. secretos que han existido desde que existe el derecho canónico” .\nDe hecho, al referirse a los casos de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia Católica, el P.F. resaltó el papel fundamental de los medios de comunicación en el empeño de revelar estos sucesos y evitar su repetición:\nEn cambio, me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso ―que ya es una monstruosidad por sí mismo― la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad .\nAdemás, ha sido relevante para la Iglesia Católica no mantener en secreto las noticias o denuncias de abusos sexuales cometidos por sus clérigos. Por esta razón, el S.P. profirió una “Instrucción Sobre la Confidencialidad de las Causas” , en la que definió que:\nen el artículo 1 del M. proprio “Vos estis lux mundi”[ ], del 7 de mayo de 2019;\nen el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis [ ] reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el M. proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san J.P.I., del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.\nJ.I.A., Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó que esta instrucción tenía como propósito “precisar el grado de reserva con el que deben tratarse las noticias o denuncias de abusos sexuales cometidos por clérigos […] contra menores y otros sujetos aquí determinados, así como la eventual conducta de las autoridades eclesiásticas que tendieran a silenciarlos o encubrirlos”. En este sentido, indicó que tales conductas ya no están sujetas a “secreto pontificio”, es decir, dejan de estar amparadas por un juramento que obligaba a los obispos y a los funcionarios de la curia a mantenerlas reservadas . En el mismo sentido, G.D.T., ex Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano señaló:\n“En esencia, las razones que en el pasado habían llevado al legislador eclesiástico a introducir, entre los asuntos sujetos al secreto pontificio, los más graves delitos contra las costumbres reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ceden con respecto a bienes que hoy son percibidos como superiores y dignos de particular protección. En primer lugar, la primacía de la persona humana ofendida en su dignidad, más aún debido a su debilidad por edad o por incapacidad natural. Y luego, la plena visibilidad de los pasajes en los procedimientos canónicos destinados a castigar el acto delictuoso, lo que al mismo tiempo contribuye a la búsqueda de la justicia y a la protección de los involucrados, incluidos los que puedan verse injustamente afectados por acusaciones que resulten ser infundadas” .\nEsto no quiere decir que se hubiere anulado el deber de confidencialidad de la información que apunta a proteger la esfera privada de las personas involucradas. No obstante, con la “Instrucción Sobre la Confidencialidad de las Causas” queda claro que, bajo el derecho canónico, los procesos y las decisiones concernientes a delitos sexuales ya no están sometidos a una reserva estricta, porque el deber de confidencialidad en casos de abuso sexual no es absoluto y debe ceder ante valores o derechos que merezcan mayor protección.\nTodas estas razones, aunadas a los motivos que llevaron al periodista a elevar los derechos de petición a las accionadas, juegan a favor de garantizar el acceso a la información solicitada.\n5.3.2.3.\tFines legítimos por los que se solicitó la información\nDe tiempo atrás, esta Corte ha señalado que el derecho a la información tiene una doble dimensión. Por un lado, involucra el derecho a buscar información, recibirla y divulgarla y, por otro, el derecho de la sociedad a recibir información veraz e imparcial .\nDe forma correlativa, entonces, los medios de comunicación están sujetos a los deberes de veracidad e imparcialidad. El primero exige que los periodistas hagan esfuerzos razonables para constatar la información que adquieren, antes de revelarla al público . El segundo impone sobre los comunicadores la carga de no aceptar, sin más, la información inicialmente obtenida o sus propias impresiones, sino que los obliga a buscar las versiones de distintas fuentes, especialmente las de los involucrados, a fin de alcanzar la mayor exactitud posible de la información que pretende divulgarse .\nEn estos casos, el accionante manifestó que elevó los derechos de petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018 a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y a la Arquidiócesis de Medellín, respectivamente, a fin de corroborar los indicios que tenía sobre una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín y así garantizar que la información periodística fuera “objetiva y transparente” .\nAsí las cosas, las razones que el accionante propuso al presentar los derechos de petición referidos fueron legítimas. Además, se fundamentaron en el deber que tenía de efectuar esfuerzos previos y razonables para verificar la información que había obtenido en el marco de la investigación que desarrollaba para W Radio denominada “Dejad que los niños vengan a mí”.\nEs en este específico contexto en el que, como seguidamente se indica, la Corte amparará el derecho a la información del accionante, quien debe observar en todo momento los deberes que le impone el ejercicio de su profesión al tratar los datos que obtenga en el marco de esta investigación periodística, a fin de garantizar que la sociedad reciba información veraz e imparcial.\n5.3.3.\tResultado de la ponderación\nComo se explicó, en atención a que la información semiprivada no se relaciona con datos sensibles o estrictamente íntimos y que no solo es de interés del titular del dato sino de terceros o de la sociedad, esta Corte ha definido que apenas tiene un grado mínimo de limitación para su acceso . Por tanto, dada la leve afectación del derecho a la intimidad de los sacerdotes por los que se indagó en los derechos de petición y la grave afectación del derecho a la información en las circunstancias particulares de los casos, resulta procedente garantizar el acceso a los datos solicitados por el periodista J.P.B.H..\nEspecíficamente, se garantizará el acceso de la información solicitada por el actor en los derechos de petición presentados ante Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín los días 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, respectivamente, a pesar de que no se cuente con la autorización de los clérigos a que hacen referencia aquellos. Como seguidamente se precisa, se ordenará a estas organizaciones religiosas que le suministren al accionante la información pendiente de entregar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia.\nEn atención a esta orden, la entrega de la información por parte de las accionadas no genera una afectación al bien jurídico protegido por el artículo 269F del Código Penal el cual, por demás, solo es aplicable en los casos en que se acredite el ingrediente subjetivo del tipo (“con provecho propio o de un tercero”), ingrediente que no concurre en estos casos.\n5.4.\tLos remedios a ordenar\n5.4.1.\tExpediente T-7.486.371\nEn cuanto a la Arquidiócesis de Medellín, está plenamente acreditado que solo absolvió la pregunta i) del derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2018. Por tal razón, la S. le ordenará a la Arquidiócesis de Medellín que absuelva los demás cuestionamientos planteados en el citado derecho de petición, respuesta que deberá notificarle debidamente al señor J.P.B.H..\nSe advierte que esta S. no puede emitir pronunciamiento u orden alguna respecto de una petición que no presentó ante la accionada. Por tanto, la respuesta de la Arquidiócesis de Medellín deberá versar sobre los 36 sacerdotes que figuraban en el derecho de petición que formuló el accionante el 2 de octubre de 2018. En caso de que el actor desee obtener información sobre los 9 sacerdotes que recientemente incluyó en su investigación, a los que se refirió en la acción de tutela, tendrá que presentar una nueva solicitud, si no lo ha hecho aún.\n5.5.2. Expediente T-7.418.878\nAunque inicialmente Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín negó el acceso a la información solicitada por el accionante en su petición de febrero 4 de 2019, luego entregó la información solicitada, de allí que no sea procedente ordenar el acceso a información adicional alguna.\nEn relación con la información relativa a las preguntas a), b) y c) del derecho de petición en cita, el accionante indicó que la organización religiosa le había garantizado su acceso .\nEn relación con la pregunta e) del derecho de petición, el actor indicó que no se le había dado emitido una respuesta “honesta” por parte de la organización accionada. La S. no emitirá orden alguna respecto de esta dado que las valoraciones que puedan efectuarse en torno a la “honestidad” de la información suministrada escapan al objeto de protección del derecho de acceso.\nEn relación con las preguntas d), g), h), e i), en sede de revisión, el actor indicó que no se ha había emitido respuesta alguna. Sin embargo, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la S. encuentra que Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín garantizó el acceso a la información solicitada, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:\n¿Han recibido los Salesianos D.B. denuncias por abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?\t5 de abril de 2019: No tenemos denuncias penales.\n¿Han recibido los Salesianos D.B. denuncias por corrupción, malos manejos económicos o enriquecimiento ilícito?\t5 de abril de 2019: No.\n¿Han estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio contra [… 5 sacerdotes]?\n6 de marzo de 2019: “La comunidad salesiana tiene en curso estas investigaciones sobre cada uno de los salesianos que han sido nombrados en el programa arriba citado […] Al término de estas investigaciones, se realizará la evaluación de cada caso personal para tomar las respectivas medidas disciplinarias y/o penales […] Ante los diferentes organismos judiciales del Estado Colombiano, con la autorización personal de estos salesianos nombrados en el programa W Radio, hemos realizado derechos de petición para saber a ciencia cierta si estos salesianos son actualmente requeridos por la justicia colombiana”.\nEn cuanto a la pregunta d), el actor señaló que no se había otorgado una respuesta de fondo porque había preguntado acerca de si, en la citada comunidad, se habían recibido denuncias y lo que contestaron es que no habían recibido denuncias penales. Para la S., Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín hizo una interpretación plausible y razonable acerca de la información solicitada; en consecuencia, no es posible inferir que no se hubiese garantizado el acceso a la información solicitada, al haber indicado que en la comunidad no se había recibido información sobre procesos penales de los sacerdotes relacionados en el derecho de petición del 4 de febrero de 2019.\nAsí las cosas, no habrá lugar a emitir una orden de acceso a la información solicitada a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín porque todos los interrogantes formulados a esta accionada fueron absueltos.\nEn segundo lugar, a pesar de lo dicho, la S. confirmará las providencias de instancia al haberse evidenciado que Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín vulneró el derecho de petición del actor, por cuanto no le notificó debidamente al accionante una de las respuestas al derecho de petición formulado el 4 de febrero de 2019 .\nA diferencia de lo que informó la accionada al responder el auto de pruebas, la S. pudo constatar que el 6 de abril no le remitió copia de la respuesta al derecho de petición formulado por el accionante, sino que se limitó a informarle que esta había sido remitida al Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín .\nDe aquella situación también dio cuenta el oficial mayor de ese despacho en una constancia del 22 de abril de 2019, visible a folio 84 del cuaderno principal. Además, el actor informó que, después de solicitar que le remitieran la respuesta, esta le fue enviada el 7 de junio siguiente, sin la página en la que reposaba la información más relevante y que solo pudo tener acceso a la respuesta completa una vez el juzgado de primera instancia se la remitió el 8 de agosto de 2019.\nEn suma, el tutelante conoció la respuesta de la accionada 4 meses después de que había sido emitida, por cuanto aquella omitió notificársela directamente, como era su deber, situación que configuró una violación al derecho fundamental de petición del accionante.\nLa S. valoró si era procedente el acceso a la información que el periodista J.P.B.H. había solicitado de las organizaciones religiosas Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín en relación con datos de 43 sacerdotes de estas congregaciones, relativos a los siguientes tres aspectos: i) su trayectoria y relación con la organización religiosa; ii) denuncias formuladas en su contra y medidas adoptadas y iii) información de las organizaciones religiosas o de sus representantes.\nLa S. ordenó el acceso a la información solicitada, dada la leve afectación que se presentaba al derecho a la intimidad de los titulares de la información –como consecuencia de su carácter “semiprivado”–, en comparación con la grave afectación al derecho de acceso a la información que se podría presentar al negar su acceso, en las específicas circunstancias de los casos acumulados, en particular, al haber sido solicitada por un periodista para el ejercicio de su profesión y para una investigación de muy importante relevancia social, relativa a corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, y así garantizar que la información periodística que llegare a publicar fuese “objetiva y transparente”.\nEn consecuencia, de una parte, ordenó a la Arquidiócesis de Medellín que garantizara el acceso a la información solicitada por el accionante en el derecho de petición formulado. De otra parte, en relación con Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San L.B. de Medellín, la S. constató que había garantizado el acceso a la información solicitada; no obstante, constató que había vulnerado el derecho de petición del accionante al no haberle notificado el contenido de una de las respuestas formuladas.\nPRIMERO. En el expediente T-7.418.878, CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual confirmó la sentencia del Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que amparó el derecho de petición de J.P.B.H., por las razones expuestas en la presente providencia.\nSEGUNDO. En el expediente T-7.486.371, REVOCAR la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2019 del Juzgado 22 Laboral del Circuito de Medellín, que confirmó la sentencia del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por J.P.H.B. en contra de la Arquidiócesis de Medellín. En su lugar, TUTELAR el derecho al acceso a la información del actor.\nTERCERO. ORDENAR a la Arquidiócesis de Medellín que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, garantice el acceso a la información solicitada por J.P.B.H. en la petición presentada el día 2 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.\nCUARTO. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.


¿Está bien tomar vitamina D con antidepresivos? - Madabiliq\n¿Está bien tomar vitamina D con antidepresivos?\n1 ¿Puedes tomar suplementos vitamínicos con antidepresivos?\n2 ¿Qué suplementos puedo tomar con antidepresivos?\n3 ¿Qué medicamentos no puedes tomar con vitamina D?\n4 ¿La vitamina D afecta los niveles de serotonina?\n5 ¿Qué suplementos no se deben tomar con antidepresivos?\n6 ¿Puedo tomar probióticos con antidepresivos?\n7 ¿Qué deficiencia de vitaminas causa ansiedad y depresión?\n8 ¿Qué analgésicos puedo tomar con antidepresivos?\n9 ¿Puedo tomar aceite de pescado con antidepresivos?\n10 ¿Son seguras 2000 UI de vitamina D?\n11 ¿Es mejor tomar vitamina D por la noche o por la mañana?\n12 ¿Hay efectos secundarios al tomar vitamina D?\n13 ¿Qué vitaminas ayudan a los niveles de serotonina?\n14 ¿La vitamina D 3 es buena para la depresión?\n15 ¿Puede la vitamina d3 ayudar con la ansiedad?\n¿Puedes tomar suplementos vitamínicos con antidepresivos?\nEstá perfectamente bien tomar un multivitamínico mientras toma medicamentos recetados para la depresión y la ansiedad. Pero nunca tome más de la cantidad diaria recomendada de cualquier vitamina. Vitaminas B: las vitaminas de esta familia (más comúnmente B-6 y B-12) son esenciales para la salud y la energía del cerebro.\n¿Qué medicamentos no puedes tomar con vitamina D?\nLa verdad sobre la vitamina D: interacciones farmacológicas\nES INTERESANTE: ¿Cuánto tiempo se tarda en sentirse normal después de dejar de tomar Lexapro?\nLos esteroides como la prednisona pueden interferir con el metabolismo de la vitamina D. Si toma esteroides con regularidad, hable con su médico sobre la vitamina D. El medicamento para bajar de peso orlistat (las marcas incluyen Xenical y Alli) puede reducir la absorción de vitamina D.\n¿La vitamina D afecta los niveles de serotonina?\n¿Puedo tomar probióticos con antidepresivos?\nLos probióticos pueden ser útiles, pero no reemplazan la terapia, la medicación ni otros tratamientos para la depresión. Es posible que note una mejora en sus síntomas después de comenzar a tomar probióticos, pero es importante mantenerse al día con cualquier otro tratamiento. Esto es especialmente cierto si toma antidepresivos.\n¿Qué deficiencia de vitaminas causa ansiedad y depresión?\n«La vitamina D también regula los genes que producen la serotonina y la oxitocina, las sustancias químicas del cerebro que nos hacen sentir bien», dijo Kraker. Los síntomas de una deficiencia de vitamina D pueden incluir depresión, ansiedad, irritabilidad y fatiga.\n¿Qué analgésicos puedo tomar con antidepresivos?\n¿Puedo tomar aceite de pescado con antidepresivos?\nPero los investigadores concluyen que el aceite de pescado omega-3 rico en EPA se puede recomendar junto con los antidepresivos en pacientes con depresión clínica.\nES INTERESANTE: Su pregunta: ¿Es seguro tomar 3 5 mg de melatonina?\nMayo Clinic recomienda que los adultos consuman al menos la dosis diaria recomendada de 600 UI. Sin embargo, de 1000 a 2000 UI por día de vitamina D de un suplemento es generalmente seguro, debería ayudar a las personas a alcanzar un nivel adecuado de vitamina D en sangre y puede tener beneficios adicionales para la salud.\n¿Es mejor tomar vitamina D por la noche o por la mañana?\nMuchas personas prefieren tomar suplementos como la vitamina D a primera hora de la mañana. No solo es a menudo más conveniente, sino que también es más fácil recordar sus vitaminas en la mañana que más tarde en el día.\n¿Hay efectos secundarios al tomar vitamina D?\nLa mayoría de las personas no suelen experimentar efectos secundarios con la vitamina D, a menos que se ingiera una cantidad excesiva. Algunos efectos secundarios de tomar demasiada vitamina D incluyen debilidad, fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, pérdida de apetito, boca seca, sabor metálico, náuseas, vómitos y otros.\n¿La vitamina D 3 es buena para la depresión?\nLos estudios han demostrado un vínculo entre la deficiencia de vitamina D y la depresión. Los investigadores detrás de un metanálisis de 2013 notaron que los participantes del estudio con depresión también tenían niveles bajos de vitamina D. El mismo análisis encontró que, estadísticamente, las personas con niveles bajos de vitamina D tenían un riesgo mucho mayor de depresión.\n¿Puede la vitamina d3 ayudar con la ansiedad?\nPor ejemplo: un estudio de revisión de 2015 informa que las personas con síntomas de ansiedad o depresión tenían niveles más bajos de calcidiol, un subproducto de la degradación de la vitamina D, en sus cuerpos. Un estudio de 2017 encontró que tomar suplementos de vitamina D mejoró tanto la depresión como la ansiedad en mujeres con diabetes tipo 2.\nES INTERESANTE: ¿Cuánto tiempo se tarda en dejar la melatonina?


Previous Article Alianza Atlético confirma contratación de José Mesarina Mayorga\nNext Article Juramentó nueva dirigencia de Periodistas Deportivos en Sullana\nFuerza Minera anotó el único tanto del partido a los 73' por medio de Walter Portugal. Con un potente remate de fuera del área, Portugal venció al arquero Matamoros.\nJosé Ramírez Cubas, entrenador de Sport Loreto, ha logrado cinco ascensos a primera división a través de la Copa Perú, todas con clubes de distintos. Es considerado un buen entrenador y este campeonato es una presea más para su dilatada carrera; sin embargo, el fútbol profesional le es esquivo.\nHace 18 años que Pucallpa no tiene un equipo en primera división y para el 2015, Sport Loreto representará a dicha ciudad en el Descentralizado. A este equipo de suma el Deportivo Municipal que ascendió por la segunda división profesional y el Alianza Atlético de Sullana que vía arbitraje regresó al fútbol rentado.\nAún se encuentra por determinar si el campeonato se realizará con 17 equipos o de lo contrario, se decide una forma alterna para completar los 18 equipos que permitirían equiparar las contiendas semanales.


Un asesor de Trump acusó a Evo Morales de fomentar la violencia - Diario Panorama\n“Es inaceptable que Evo Morales use la Argentina para fomentar la violencia", dijo el asesor de Trump para la región.\nMauricio Claver-Carone, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró hoy que "es inaceptable" que Evo Morales utilice la Argentina para "fomentar inestabilidad y violencia" en Bolivia. Además, afirmó que el gobierno de Alberto Fernández "debería enfocarse en el problema económico" que enfrenta el país y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda.\n"Si yo fuera Fernández, no estaría pensando en nada que no fuese el Fondo Monetario y Vaca Muerta", apuntó.\nEn una entrevista que concedió al diario Página Siete, Claver-Carone cuestionó que Morales haya promovido la organización de milicias en Bolivia. Tras la polémica por sus dichos, el expresidente aymara se retractó.\n"El hecho de que esté usando territorio argentino para fomentar la violencia, la insurrección, para poner en peligro la vida de bolivianos y a lo mejor de argentinos, es un dolor de cabeza para la Argentina, que podrían haber prevenido", enfatizó Claver-Carone, asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la región.\n" Ahora la Argentina está viendo el problema que le significa Evo Morales", dijo.\nEl funcionario estadounidense estuvo días atrás en Bolivia, en un gesto de respaldo de los Estados Unidos al gobierno interino que encabeza Jeanine Áñez.\nConsultado sobre si la decisión de exigirle a Evo Morales que modere sus palabras fue a pedido de los Estados Unidos, Claver-Carone respondió: "El gobierno argentino es soberano y toma sus propias decisiones. Creo que se han ido dando cuenta".\n"La Argentina tiene muchos problemas. Yo con el gobierno argentino siempre he sido muy claro. Ellos tienen un problema económico grave. Mi consejo es que deberían enfocarse en eso", expresó.\nAsimismo, el funcionario reconoció que es favorable a la estabilidad boliviana que Evo Morales esté en Argentina. Sin embargo, sugirió que el expresidente boliviano "debería respetar las normas, la soberanía y esos países Argentina y México también deberían fomentar los límites".\n"Lo que estamos viendo actualmente con la Argentina es que hemos ido progresando y ojalá no se pinte peor la situación", señaló.\nRespecto de la gestión de Áñez, quien asumió tras la renuncia de Morales en noviembre pasado, afirmó: "Lo que han hecho en tan poco tiempo es admirable, el desmantelar 14 años de políticas irresponsables", dijo.\nViolentas protestas en Chile durante la apertura del Festival de Viña del Mar\nBrasil: aumentan a 122 los muertos por la huelga policial en el estado de Ceará\nCoronavirus: Italia confirmó la quinta víctima y hay más de 200 infectados


Sopa de cebolla fácil, receta reconfortante para el otoño\nLos días grises del otoño son mucho más llevaderos con una sopa de cebolla fácil como esta, un clásico de la cocina francesa que no tardará en ser parte de tu recetario.\n4 octubre, 2019 12:03\nEsta sopa de cebolla fácil, aparte de ser una receta que cualquiera puede preparar con éxito independientemente de sus habilidades como cocinero, es también una receta al alcance de todos los bolsillos.\nCaldo de pollo, 800 ml aprox.\nQueso parmesano recién rallado, 150 g\n01: Sofreír la cebolla\nEn una cazuela o sartén amplia que pueda ir al horno ponemos la mantequilla, así como un par de cucharadas de aceite de oliva, ya que así la mantequilla no se nos quemará ni cogerá demasiado color durante el cocinado. Una vez derretida la mantequilla a fuego medio-bajo, añadimos el ajo picado y, cuando empiece a desprender su aroma, toda la cebolla en juliana.\nSalamos ligeramente y dejamos que se cocine la cebolla muy poco a poco. Para ello lo mejor es poner el fuego al mínimo y cocinar con la tapa puesta, para que la cebolla al sudar cree vapor que se condense en la tapa y vuelva a caer a la cazuela, ayudando a que se cocine sin agarrarse.\n02: Preparar la sopa de cebolla fácil\nAgregamos la harina a la cebolla. Rehogamos ligeramente a fuego lento para que la harina no sepa a crudo y añadimos el brandy. Reducimos completamente el alcohol hasta que la cebolla vuelva a secarse.\nA continuación añadimos el caldo y rectificamos de sazón.\n03: Preparar el pan y el queso\nCortamos la barra de pan en rebanadas muy finas y alargadas, por lo que dependiendo de qué barra de pan usemos quizás sea buena idea cortar las rebanadas más o menos en diagonal para que sean más grandes.\nHorneamos las rebanadas de pan en el horno a 180ºC unos cinco minutos, para que queden crujientes y adquieran una dureza que facilite su manipulado a la hora de fabricar con ellas esa costra gratinada tan característica de la sopa de cebolla.\nRallamos el queso, a ser posible con un rallador microplane o de corte fino, y lo mezclamos bien con la nata y la yema de huevo. Integramos el queso hasta formar una pasta más o menos homogénea y bastante densa.\n04: Gratinar la sopa de cebolla\nUntamos las rebanadas de pan tostado con esta pasta y las colocamos sobre la sopa cubriendo toda la superficie de la misma. Lo más cómodo es hacerlo en una cazuela grande con toda la sopa, y que luego cada uno se sirva como desee.\nIntroducimos en horno precalentado a 220ºC durante 10 minutos, hasta que se funda la costra y empiece a dorarse. Si fuese necesario, lo dejaremos cinco minutos más solo con el grill superior.\nNada más sacar del horno, espolvoreamos con perejil picado. Si hemos gratinado la sopa en una única cazuela, la sacamos al centro de la mesa para que cada cual se sirva a su gusto. Si hemos gratinado en cazuelas individuales, servimos una cazuela a cada comensal.


Café Mexicano - Café Local - Café de México\nPromotora de Desarrollo Social\nEmpresa social sin fines de lucro\nRecibe CAFÉ LOCAL GRATIS durante un mes y sé parte de la comunidad de consumidores conscientes.\nConsulta la Promoción Completa\nSembramos relaciones de valor entre los productores y los consumidores.\nSalvador Domingo es uno de los dueños\nLos productores agrícolas son la solución a la pobreza.\nSus familias conforman la mayoría poblacional de los países en desarrollo y, al igual que Salvador, son las personas más comprometidas con el trabajo y esfuerzo en el campo día a día.\nEn Café Local la prioridad son los productores y todas nuestras acciones son enfocadas a su beneficio. Escuchando a nuestros jefes, creamos una forma simple y sencilla de compartir sus productos de alta calidad contigo. Juntos incrementamos su productividad, ingresos y oportunidades.\nGracias a ti fomentamos el desarrollo de las comunidades.\nSé parte de esta nueva forma de disfrutar el mejor Café Local.\nCompra directo del Productor\nApoya y disfruta tu café\nCafé Local surge como una iniciativa de jóvenes mexicanos conscientes de la problemática que se vive en el sector cafetalero y la enorme brecha entre los productores y los consumidores. Dicho fenómeno genera escasa o nula rentabilidad en sus cosechas.\nNuestro esfuerzo para transformar esta condición es invertir en el campo, acompañar con capacitaciones y facilitar el acceso a mercado para acercar el café del campo al consumidor final. Al no pasar por una gran red de intermediarios se aseguran mejores condiciones de las cosechas y genera valor a la comunidad.\nLas ganancias son invertidas en financiar proyectos para asegurar el desarrollo comunitario y escalar el impacto.\n100% de la utilidad se invierte en\nSomos una verdadera empresa social; ejercemos todas las cualidades de los mercados a fin de generar rentabilidad financiera para servir al campo y las personas.\nCafé Local garantiza la mejor calidad para el consumidor y las mejores condiciones al productor.\nAlgunos simplemente buscan el mejor café. Nosotros buscamos las mejores personas y trabajamos juntos para cosechar el mejor café.\nComo consumidor te aseguramos la más alta calidad y un impacto real en el campo.\nEscríbenos! Queremos conocerte.\nMuchas gracias! Pronto estaremos en contacto\n©2021 - Café Local Promotora de Desarrollo Social -


El 2do Congreso Juvenil se realizará del 23 al 25 de octubre en Chetumal: Tyara Schleske\nLa fecha límite para el registro de aspirantes es el 6 de octubre\nLos integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, aprobaron modificaciones a la convocatoria para el “2do Congreso Juvenil de Quintana Roo 2017”, en las que se amplía el plazo para el registro de aspirantes y se modifican las fechas para elegir a los congresistas juveniles.\nLa diputada Tyara Schleske de Ariño, presidenta de la Comisión, informó que las modificaciones a la convocatoria, responden a las recientes reformas a la Ley de la Juventud promovidas por el PVEM y aprobadas hace unos días por la XV Legislatura.\nPor acuerdo de los integrantes de la Comisión, se estableció el 6 de octubre como la nueva fecha límite para que los jóvenes de 17 a 29 años se inscriban para ser parte del 2do Congreso Juvenil.\nAdemás, se estableció que la segunda edición del Congreso Juvenil se realice del 23 al 25 de octubre del presente año, con la finalidad de contar con un espacio mayor de temporalidad para la difusión de este certamen.\nSchleske de Ariño invitó a los jóvenes quintanarroenses a inscribirse y participar en el “2do Congreso Juvenil de Quintana Roo 2017”, donde se llevarán a cabo talleres, conferencias, mesas de trabajo, además de que quienes resulten electos podrán participar en una sesión en el Congreso del Estado.\n“El Congreso Juvenil es un espacio maravilloso para que puedan alzar la voz, para que puedan presentar sus propuestas y así participar en el desarrollo de Quintana Roo. Los jóvenes que queden como finalistas van a tener la oportunidad de participar en diferentes actividades del Congreso, así como en las mesas de trabajo donde van a analizar y discutir cada una de sus propuestas”, expresó.\nPara inscribirse, los jóvenes deberán acudir a las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo de su localidad, para presentar una propuesta legislativa a manera de ensayo, además de entregar copia de credencial de elector y el acta de nacimiento, constancia de residencia que pueden obtener en las oficinas municipales.\nA la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, asistieron las diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Santy Montemayor Castillo, Mayuli Martínez Simón y el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio.


SONIACASTEDO.COM: FUTURO PALACIO DE CONGRESOS\nHola,alguien me puede decir cuando piensan empezar el nuevo palacio de congresos de Alicante, y cuantos edificios y de que alturas seran.\nVan a soterrar las vias del tram en la parte del palacio ?\n¿Y cuando dicen que estara listo el Palacio ? No habia terreno suficiente a las afueras de Alicante para ponerlo, un lugar que empeorara increiblemente el trafico...\nEso si, el palacio esta guapo, guapo, guapo!\ncuanto valdran las vivendas de VPO EN EL SANGUETA?????????????\nPara hacer el Palacio de Congresos de Valencia no tardaron tanto. Fue dicho y hecho. Se encarga, se hace, SE PAGA... y ya está ¿Por qué aquí no?\npara que queremos un palacio de congresos? pan para hoy y hambre para mañana.Y aparte mas vividores perdon funcionarios al servicio de la mafia que gobierna la comunidad valenciana