PE 589.234v02-00 A8-00001/2017\nsobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión\n– Vistos el informe de la Comisión, de 15 de junio de 2016, sobre la política de competencia 2015 (COM(2016)0393) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, publicado en la misma fecha,\n– Visto el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado(7),\n– Vistas las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas del Parlamento E-000344/2016, E-002666/2016 y E-002112/2016,\n– Visto el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo(10),\nO. Considerando que la modalidad, la intensidad y el momento de los riesgos económicos son difíciles de predecir y que es necesario que una PAC orientada al mercado proporcione apoyo a los agricultores y más excepciones temporales a las normas de competencia en caso de desequilibrios acusados del mercado; que durante la crisis del sector lechero, la Comisión decidió aplicar el artículo 222 del Reglamento único para las OCM como último recurso para eximir de la aplicación de la legislación sobre competencia la planificación colectiva de la producción de leche por agrupaciones de agricultores;\n3. Resalta que una política de competencia eficaz debe tener en cuenta las especiales condiciones de mercado que se aplican a las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y las empresas emergentes, y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y una fiscalidad justa;\n11. Hace hincapié en la necesidad de fortalecer aún más el mercado único eliminando las barreras y obstáculos que subsisten; opina que un marco sólido de disciplina presupuestaria y fiscal reforzaría la cohesión económica y la competitividad de la Unión y mejoraría su capacidad para hacer frente a la competencia mundial;\n42. Solicita a la Comisión que adopte una postura constructiva en la cuestión de las ayudas estatales, teniendo en cuenta que los distintos Estados miembros deben responder a diferentes imperativos políticos sobre la base de su situación, tamaño, características físicas y de otro tipo, así como de su estado de desarrollo socioeconómico;\n43. Subraya que, al utilizar ayudas estatales para promover servicios de interés general, lo crucial es el beneficio para los consumidores y los ciudadanos, y no el de las empresas o entidades públicas;\n44. Insta a la Comisión a que controle estrechamente la renacionalización de servicios públicos en los Estados miembros de la Unión e impida que se concedan ayudas estatales ilegales en forma de compensación por servicio público;\n45. Insta a la Comisión a que presione a las organizaciones internacionales de competencia, como la Red Internacional de Competencia, para establecer una definición armonizada de ayuda estatal;\n46. Con el fin de garantizar una Unión de la Energía que funcione correctamente, así como de evitar que se infrinjan las normas relativas a las ayudas estatales e impedir un uso inapropiado de los fondos de la Unión, destaca que deben controlarse de manera estricta e investigar en profundidad todos los casos de ayudas estatales e irregularidades en la contratación pública relacionados con las inversiones energéticas y medioambientales, como el controvertido proyecto de ampliación de la central nuclear de Paks en Hungría;\n47. Subraya, como señala la Comisión por sexta vez consecutiva en su informe anual sobre competencia, que las ayudas estatales temporales en el sector financiero se consideraban necesarias para estabilizar el sistema financiero mundial, pero que hay que reducirlas rápidamente o eliminarlas y controlarlas totalmente, una vez que se haya completado la unión bancaria; pide a la Comisión y a la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV) que garanticen la aplicación coherente de toda la legislación relativa a la protección de los consumidores (como la MiFID o la Directiva sobre la distribución de seguros) en el mercado único, y pide a la Comisión y a la AEMV que velen por evitar un arbitraje regulatorio al aplicar estos actos legislativos; pide a la Comisión que considere la posibilidad de que las ayudas públicas a las entidades bancarias se vinculen a la condicionalidad de la concesión de créditos a las pymes;\n48. Reitera su posición respecto a la investigación en marcha de la Comisión sobre activos por impuestos diferidos y créditos fiscales diferidos en beneficio del sector bancario en varios Estados miembros; opina que los activos por impuestos diferidos y los créditos fiscales diferidos deberían ser autorizados con carácter retroactivo con arreglo a las disposiciones sobre ayudas estatales si se vinculan a condiciones explícitas en relación con la financiación de objetivos para la economía real;\n49. Considera lamentable que la Comisión no haya tomado medidas para hacer frente a los abusos cometidos en la reestructuración de bancos privados, incluidos los que han afectado a los pequeños ahorradores y pequeños tenedores de instrumentos financieros, como acciones preferentes, que en muchos casos se comercializaron sin cumplir plenamente la legislación de la Unión; pide a la Comisión que haga frente a los efectos generalizados de la venta indebida de productos financieros descubierta durante la reestructuración de los bancos afectados por la crisis económica;\n50. Recuerda su petición a la Comisión de estudiar si el sector bancario se ha beneficiado desde el comienzo de la crisis de subvenciones implícitas y de ayudas estatales por medio de la prestación de aportes de liquidez no convencionales;\n51. Observa que el Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado errores relativos a las ayudas estatales en aproximadamente una quinta parte de los proyectos que auditó y que fueron cofinanciados por programas de cohesión y considerados pertinentes a efectos de ayudas estatales en el período de 2010-2014(12); apunta que se ha evaluado que un tercio de esos errores tienen impacto financiero y se considera que han contribuido al nivel de error en la política de cohesión; considera, por tanto, que puede mejorarse la manera de afrontar la falta de conformidad con las normas relativas a las ayudas estatales en la política de cohesión; considera que es necesario mejorar, en concreto, el conocimiento de las normas relativas a las ayudas estatales en los países receptores para evitar errores cometidos de buena fe, así como mejorar el registro de las anomalías con el fin de tener una mejor visión general de la cuestión;\n52. Opina que se requiere una mejor comprensión a nivel local y nacional respecto a la clasificación de ayudas estatales ilegales; acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión que clarifican las acciones de fomento público que pueden realizar los Estados miembros sin necesidad de someterlas a una evaluación por parte de la Comisión; considera que estas decisiones orientaciones son útiles para proyectos locales y municipales, lo que reduce la carga administrativa y, a la vez, eleva la seguridad jurídica;\n53. Insta a la Comisión a que revise la interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de competencia respecto a la Directiva sobre la garantía de los depósitos, para que los instrumentos previstos por la legislación europea para la estabilización temprana puedan aplicarse de forma realmente efectiva;\n54. Resalta la importancia de las investigaciones realizadas por la Comisión en materia de ayudas estatales de naturaleza fiscal, como soporte necesario de la agenda fiscal europea e internacional, en particular para la lucha contra la optimización fiscal agresiva;\n55. Solicita a la Comisión que asigne más recursos para investigar las resoluciones fiscales que suscitan preocupación en relación con las ayudas estatales, y que aborde dichas investigaciones de manera sistemática; toma nota de que la Comisión considera como ayudas de estado ilegales las resoluciones tributarias opacas (tax rulings) concedidas por algunos Estados miembros a determinadas multinacionales, por suponer un falseamiento de la competencia en el seno del mercado interior; celebra que exista una mayor conciencia de las interrelaciones entre las políticas fiscales y las prácticas administrativas en el ámbito fiscal, por un lado, y en el de la política de competencia, por otro; solicita a la Comisión que publique un resumen de las principales resoluciones fiscales aprobadas el año anterior, sobre la base de la información contenida en un directorio central seguro, que incluya al menos una descripción de las cuestiones tratadas en la resolución fiscal, y una descripción de los criterios seguidos para determinar un acuerdo previo sobre precios de transferencia, y se identifiquen los Estados miembros que pueden resultar afectados con más probabilidad;\n56. Solicita a la Comisión que considere la posibilidad de introducción de sanciones en casos de concesión de ayudas estatales ilegales, además del reembolso de la ayuda estatal original; considera que dichas sanciones deben aplicarse contra el estado o la empresa implicada, o contra ambos, para evitar una situación en la que el castigo al Estado miembro declarado culpable de infracción de las ayudas estatales consista simplemente en recuperar su pago original;\n57. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por elaborar orientaciones acerca de sus procedimientos, así como su evaluación continua del marco jurídico de la Unión;\n58. Subraya la importancia de detener los cárteles por el bien de los ciudadanos y de las empresas europeas, en particular las pymes; anima a la Comisión a reestructurar los procedimientos administrativos en este aspecto para acelerar los procesos judiciales;\n59. Opina que las concentraciones propuestas entre las mayores empresas agroquímicas y de semillas del mundo llevarían aparejado el riesgo de aumento de los precios de las semillas y la reducción de la selección de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas; subraya que, si se producen dichas concentraciones, el 61 % del mercado mundial de semillas y el 65 % del mercado mundial de plaguicidas estaría controlado por solo tres empresas;\n60. Solicita a la Comisión que refuerce su acción a nivel mundial para garantizar que las normas de competencia de terceros países no entren en conflicto con las disposiciones de la Unión en detrimento de las empresas europeas;\n61. Pide a la Comisión que mantenga su sólido registro de aplicación de la legislación en materia de prácticas colusorias en todos los casos en los que existan pruebas suficientes de infracción; recuerda que la política de competencia permite a los competidores cooperar en materia de innovación, sin que dicha cooperación se utilice de forma abusiva con fines contrarios a la competencia; toma nota de las cinco decisiones del año pasado relativas a un total de aproximadamente 365 millones de euros en multas, como se registra en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a su informe sobre la política de competencia 2015;\n62. Opina que las disposiciones vigentes en materia de multas en caso de infracción pueden completarse con sanciones más severas contra los responsables; insta a la Comisión a que considere la posibilidad de complementar las multas por prácticas de concertación con la imposición de sanciones personales a los responsables de la toma de decisiones empresariales, así como de sanciones individuales a los empleados responsables de que su empresa vulnere en la práctica la normativa de competencia; de tal forma que la Comisión quedara facultada para imponer, cuando fuera necesario, medidas como la inhabilitación de los directores o sanciones pecuniarias personales;\n63. Expresa su convicción de que el recurso a la imposición de multas cada vez más cuantiosas como único instrumento de defensa de la competencia podría resultar una medida demasiado contundente; destaca que esa política de multas elevadas no debe servir de mecanismo alternativo de financiación presupuestaria; aboga por un enfoque de «premio y castigo», con sanciones que sirvan de medida disuasoria eficaz, en particular en caso de reincidencia, al tiempo que fomenta el cumplimiento;\n64. Observa que el número de concentraciones de empresas notificadas aumentó significativamente en 2015; pide, por lo tanto, que los servicios pertinentes reciban los recursos necesarios (mediante la redistribución interna del personal) que les permitan continuar gestionando esta situación de manera eficaz;\n65. Acoge con satisfacción la consulta llevada adelante recientemente por la Comisión sobre determinados aspectos procesales y jurídicos del control de fusiones en la Unión; insta a la Comisión a que estudie exhaustivamente, en el marco de la reforma prevista del Reglamento de control de fusiones, si la práctica actual de evaluación contempla lo suficiente las circunstancias dominantes en los mercados digitales y la internacionalización de los mercados; opina que deben adaptarse los criterios de aplicación para la evaluación de fusiones, sobre todo en la industria digital;\n66. Comparte la preocupación por las negociaciones en curso relativas a la fusión de Bayer AG y Monsanto Company Inc.; llama la atención sobre el hecho de que la fusión prevista crearía un oligopolio europeo y mundial potencial, si se permite que tenga lugar; hace hincapié en que dicha fusión podría dar lugar a una situación de monopolio en los mercados de las semillas y los plaguicidas, que son importantes para el sector agrícola; pide, por tanto, a la Comisión, que presente una evaluación ex ante del impacto de esta fusión en ese sector y pide una visión clara de la planificación temporal de la Comisión;\n67. Opina que es necesario incluir el precio de compra como criterio de aplicación en el control europeo de fusiones, puesto que las fusiones en los mercados digitales han puesto de manifiesto que los umbrales de aplicación en función de las ventas no son suficientes;\n68. Alienta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que establezca un marco europeo de coordinación de las autoridades nacionales en materia de competencia para el control de las concentraciones;\n69. Insta nuevamente a la Comisión a que controle exhaustivamente la transposición por parte de los Estados miembros de la Directiva 2014/104/UE sobre daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia; señala que esta Directiva deberá haberse transpuesto debidamente antes del 27 de diciembre de 2016; deplora que la transposición solo haya avanzado hasta el momento a paso lento y que muchos Estados miembros no hayan presentado hasta la fecha ningún proyecto de ley; insta a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, a que recuerde a los Estados miembros su obligación;\n70. Acoge con satisfacción la Estrategia Marco de la Comisión para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva, y está de acuerdo con sus cinco dimensiones políticas interrelacionadas; destaca que las decisiones sobre el combinado energético es competencia de los Estados miembros;\n71. Celebra las diferentes investigaciones de defensa de la competencia, en especial las que conciernen a Gazprom y Bulgargaz, destinadas a garantizar la integración del mercado en la Unión de la Energía; lamenta, sin embargo, la práctica de algunos Estados miembros de adquirir gas a través de empresas extraterritoriales, lo que constituye un ejemplo típico de evasión fiscal y va en contra del correcto funcionamiento de la Unión de la Energía; destaca, asimismo, la importancia de impedir la creación de estructuras de mercado que podrían obstaculizar la competencia efectiva en el sector de la energía;\n72. Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por fomentar la integración del mercado de las fuentes de energía renovables a fin de evitar las distorsiones de la competencia; destaca, no obstante, los compromisos jurídicamente vinculantes asumidos por los Estados miembros en la conferencia sobre el clima COP21, que no pueden cumplirse sin unas medidas (estatales) concretas para fomentar y financiar la producción y la utilización de energías renovables;\n73. Resalta que la política europea de competencia tiene un gran potencial para fomentar mejoras en el medio ambiente y la sociedad; observa con preocupación que el Gobierno húngaro distorsiona la competencia en el sector de las energías renovables imponiendo impuestos elevados e impidiendo el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética y energías renovables; pide a la Comisión que continúe apoyando la utilización de energías renovables en Europa con el fin de alcanzar los objetivos de medio ambiente establecidos en la estrategia de crecimiento de la Unión Europea con perspectiva de diez años, Europa 2020; solicita a la Comisión que siga apoyando la integración de los requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de contratación pública;\n74. Pide a la Comisión que revise íntegramente el Reglamento (UE) n.º 267/2010 de la Comisión de exención de ciertos acuerdos en el sector de seguros, ya que el intercambio de información necesaria para el cálculo de los riesgos y la cobertura en común de estos mejora la seguridad jurídica y la competitividad del sector, facilitando la entrada de nuevas empresas en el mercado, incrementando la elección para los consumidores y mejorando las condiciones económicas;\n75. Señala la necesidad de distinguir, desde el punto de vista conceptual y político, entre las normas de competencia y la política social de los respectivos Estados miembros; reconoce que todo Gobierno tiene la obligación de intervenir para evitar la pobreza energética de sus ciudadanos;\n76. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan las cargas fiscales de los productos energéticos y que luchen de manera eficaz contra la pobreza energética;\n77. Recuerda que el sistema energético es una infraestructura en red que requiere un tratamiento especial, que permita y favorezca además el autoconsumo;\n78. Observa que los monopolios gubernamentales existentes, como los monopolios de juegos, pueden llevar a prácticas desleales y contrarias a la competencia; llama la atención sobre el riesgo de que, al proporcionar licencias sin licitaciones de concesión o a través de licitaciones de concesión no transparentes y cuestionables, los gobiernos de los Estados miembros pueden favorecer a unas empresas más que a otras y crear así un entorno muy contrario a la competencia; solicita a la Comisión que supervise de forma estricta los monopolios gubernamentales existentes y la legalidad de las licitaciones de concesión a fin de evitar cualquier distorsión excesiva de la competencia;\n79. Solicita a la Comisión que proponga cambios en el Reglamento (CE) n.° 261/2004 para garantizar la misma protección para los pasajeros aéreos que vuelen desde terceros países, independientemente de si el transportista aéreo es de la Unión o no;\n80. Recuerda que el artículo 42 del TFUE otorga un estatuto particular al sector agrícola en materia de aplicación del Derecho de la competencia, confirmado en la última reforma de la política agrícola común (PAC) mediante la introducción de una serie de excepciones y exenciones con respecto a lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE; estima que la actual crisis en el sector agrícola está empeorando la situación de los agricultores, cuya posición ya era débil, en la cadena agroalimentaria;\n81. Considera que las actividades colectivas de las organizaciones de productores y sus asociaciones, como la planificación de la producción y la negociación de la venta y, en su caso, las negociaciones de términos contractuales, son necesarias para lograr los objetivos de la PAC definidos en el artículo 39 del TFUE, por lo que, en principio, deben beneficiarse de una presunción de compatibilidad con el artículo 101 del TFUE; toma nota de que no se aprovechan al máximo las excepciones actuales y de que su falta de claridad, las dificultades a la hora de ponerlas en práctica, y la falta de uniformidad en su aplicación por parte de las autoridades nacionales de competencia priva a los agricultores y a sus organizaciones de una seguridad jurídica suficiente, impidiéndoles organizarse por sí mismos, y socavando el buen funcionamiento del mercado interior; pide, por tanto, a la Comisión que mejore los instrumentos disponibles velando por que la política de competencia tenga más en cuenta las especificidades del sector agrícola y clarificando debidamente el alcance de la excepción general agrícola, las normas específicas para los sectores de la leche, del aceite de oliva, de la carne de vacuno y de los grandes cultivos, así como las excepciones específicas contempladas en el artículo 101, apartado 3, del TFUE;\n82. pide a la Comisión que luche, y que adopte medidas reglamentarias vinculantes a escala de la Unión, contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que perjudican a los agricultores y a los consumidores; pide a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia que den respuesta a la inquietud generada por el efecto conjunto de la rápida concentración de la distribución a escala nacional y la formación de alianzas entre los principales distribuidores a escala europea e internacional, tanto en los eslabones iniciales de la cadena agroalimentaria como en distribuidores y consumidores; toma nota de que esta evolución estructural podría dar lugar a la volatilidad de los precios y la reducción de los ingresos de los agricultores, y es motivo de preocupación por la posibilidad de alineaciones estratégicas, reducción de la competencia y reducción de los márgenes de inversión en innovación en la cadena agroalimentaria;\n83. Destaca que la política de competencia defiende los intereses de los consumidores pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas; destaca que la política de competencia debe conceder a la defensa de los intereses de los productores agrícolas la misma importancia que otorga a la defensa de los intereses de los consumidores, garantizando unas condiciones equitativas de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión, el empleo y la innovación, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales en la Unión;\n84. Insiste en que el concepto de «precio justo» no debe considerarse solamente como como el precio más bajo posible para el consumidor, sino que debe ser razonable y permitir una remuneración justa para todas las partes de la cadena agroalimentaria;\n85. Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes por agricultores de distintos Estados miembros en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101, apartado 3, del TFUE; pide a la Comisión que aclare en particular si los acuerdos de sostenibilidad establecidos en la cadena agroalimentaria para atender a demandas societales y cuyas medidas rebasan las obligaciones legales pueden quedar exentos de la legislación sobre competencia en caso de que contribuyan a mejorar la producción y promover la innovación, beneficiando al mismo tiempo a los consumidores;\n86. Pide a la Comisión que adopte un enfoque más amplio para definir «posición dominante» y el abuso de una posición dominante por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización;\n87. Considera que, en el marco de un mercado agrícola único, el concepto de «mercado de referencia» debe evolucionar y entenderse ante todo desde la perspectiva del conjunto de la Unión antes de tener en cuenta niveles inferiores, a fin de no contrarrestar los esfuerzos de concentración de la oferta agrícola compartimentando de manera restrictiva las actividades que pueden emprender las explotaciones;\n88. Considera que debe garantizarse a los agricultores de todos los sectores de producción el derecho de negociación colectiva, incluido el derecho de acordar precios mínimos;\n89. Considera que los agricultores deben participar plenamente en organizaciones de productores y aprovechar su potencial, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de productores y sus asociaciones y los organismos intersectoriales; pide a la Comisión que propicie que estos instrumentos colectivos de autoayuda acrecienten sus competencias y su eficiencia aclarando y simplificando las normas que les son aplicables a fin de reforzar su capacidad de negociación y su competitividad, dentro del respeto de los principios establecidos en el artículo 39 del TFUE;\n90. Pide a la Comisión que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento único para las OCM en periodos de desequilibrios graves en los mercados y asimismo que analice la eficiencia de esta medida en su aplicación al mercado de productos lácteos con miras a proponer más adaptaciones transitorias de la legislación en materia de competencia y procedimientos para dichos periodos;\n91. Acoge con satisfacción, a este respecto, la reciente publicación de directrices sobre aplicación de estas normas específicas; considera, no obstante, que su alcance jurídico es excesivamente limitado y los criterios que deben cumplirse son demasiado estrictos y diferentes de un sector a otro, por lo que no aportan la necesaria claridad y seguridad jurídica a los agricultores que deseen acogerse a estas excepciones;\n92. Considera que la categoría de mercado de referencia no se adapta por completo a la situación actual del sector del aceite de oliva, por lo que debe considerarse como un mercado único para los consumidores con miras a mejorar la aplicación de las disposiciones del artículo 169 del Reglamento único para las OCM;\n93. Considera que, habida cuenta de las variaciones en la producción de aceite de oliva, debidas principalmente a las condiciones meteorológicas, y al objeto de garantizar los objetivos de los miembros de las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores, deben tomarse en consideración los casos en los que las organizaciones de productores se ven forzadas a adquirir aceite de oliva de productores que no son sus miembros, garantizando al mismo tiempo la naturaleza auxiliar de esta actividad respecto de la comercialización de los productos de sus propios miembros;\n94. Propone ampliar el ámbito de aplicación de las normas del artículo 170 relativas a la producción de carne de vacuno al sector del engorde a fin de garantizar una mejor aplicación;\n95. Se congratula, en el contexto del fin de las cuotas en el sector del azúcar, del mantenimiento de un marco contractual(13) entre los productores de remolacha, sus organizaciones y las empresas azucareras, que les permite, en particular, negociar en términos de reparto del valor en función de la evolución del mercado del azúcar u otras materias primas; pide a los Estados miembros que garanticen que esta posibilidad se ofrezca a todos los operadores del sector a fin de alcanzar los objetivos del Reglamento único para las OCM y con ello un equilibrio justo de derechos y obligaciones entre las empresas azucareras y los productores de remolacha azucarera;\n96. Insta a la Comisión Europea a evaluar la influencia que los distribuidores ejercen sobre las empresas que fabrican sus productos de marca propia;\n97. Reitera la posición del Parlamento(14) en favor de la adopción de legislación marco a nivel de la Unión para hacer frente a prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria; destaca que esta legislación debe garantizar que los agricultores y los consumidores de la Unión tengan la oportunidad de disfrutar de unas condiciones equitativas de venta y compra;\n98. Estima que la implementación plena y satisfactoria del «Paquete lácteo»(15) es esencial para fortalecer el sector lácteo, y pide a la Comisión que proponga que el «Paquete lácteo» siga aplicándose más allá de mediados de 2020 y evalúe si se podrían ampliar sus normas a otros sectores de la agricultura;\n99. Toma nota de las conclusiones del estudio titulado «Impacto económico de la venta moderna al por menor sobre las posibilidades de elección y la innovación en el sector alimentario en la Unión Europea», de la Dirección General de la Competencia, incluida la posible relación negativa que puede existir entre innovación y penetración de productos con etiquetas privadas en el mercado alimentario; pide a la Comisión que presente al Parlamento el conjunto de conversaciones en curso para determinar si esa relación negativa realmente reduce la innovación y la variedad de los productos disponibles para los consumidores, así como cuáles serían sus consecuencias a largo plazo para la cadena alimentaria y la situación de los agricultores;\n100. Reitera la necesidad de desarrollar progresivamente el marco de competencia de la UE con objeto de incluir en el seguimiento de la cadena de suministro alimentario en Europa los indicadores de la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluidos los indicadores correspondientes a las rúbricas «Precios justos y contratos transparentes» (S2.1.1.) y «Derechos de los proveedores» (S2.2.1);\n101. Hace hincapié en que una imposición excesiva a cualquier industria podría destruir fácilmente la competencia y sería contraria a los intereses de los consumidores;\n102. Solicita que se siga desarrollando el instrumento de supervisión a nivel europeo de los precios de los alimentos para mejorar la detección de crisis en el sector agroalimentario a través de datos mejores y más desglosados; destaca, en este aspecto, la necesidad de la participación de las organizaciones de agricultores en la definición y la recogida de datos;\n103. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los efectos de posibles distorsiones del mercado derivadas de acuerdos comerciales con terceros países que afectarían a los productores agrícolas en Europa, dada su delicada situación financiera y el papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad; estima que la Comisión debe prestar especial atención a los acuerdos con países que disponen de muchos menos reglamentos agrícolas y sanitarios que la Unión;\n104. Pide a la Comisión que investigue la naturaleza y sustancia de las distorsiones en el mercado minorista, y que incluya los posibles efectos de las restricciones territoriales de suministro en los distribuidores, dado que las distorsiones provocan la fragmentación del mercado, así como la posibilidad de que los grandes supermercados adquieran una posición dominante en el mercado y provoquen distorsiones de la competencia en las cadenas de distribución; hace hincapié en la importancia de que todas las partes interesadas proporcionen la información pertinente; insta a la Comisión a empezar a investigar de nuevo las cuestiones de fijación de precios al consumo;\n105. Opina que la Comisión debería reforzar aún más los vínculos entre la política de competencia y la política de transportes; toma nota de que en el Informe Especial n.º 21/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo se afirma que, aparte de los casos específicos de aeropuertos en zonas remotas, la conectividad en Europa debería estar basada en la sostenibilidad económica; deplora el hecho de que las inversiones en los aeropuertos no siempre hayan arrojado los resultados previstos; pide, por consiguiente, a la Comisión que identifique los proyectos de desarrollo aeroportuario concluidos con éxito y fallidos; solicita a la Comisión que revise el Reglamento (CE) n.º 868/2004 a fin de reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la Unión, impedir con mayor efectividad la competencia desleal, garantizar la reciprocidad y eliminar las prácticas desleales, entre ellas las subvenciones y las ayudas estatales que se han concedido a compañías aéreas de determinados terceros países; Pide a la Comisión que investigue si determinadas prácticas —basadas en los acuerdos bilaterales existentes de servicios aéreos firmados por los Estados miembros con países no pertenecientes a la Unión Europea—van en detrimento de la competencia leal entre las compañías y los aeropuertos, y en contra de los intereses de los consumidores europeos; pide asimismo a la Comisión que aborde de forma efectiva las prácticas contrarias a la competencia que pueden mermar la capacidad de los consumidores europeos para usar una variedad de canales en línea, incluidos los servicios de comparación a través de metabuscadores y las agencias de viajes en línea;\n106. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que muestren una mayor voluntad política de continuar con la profundización y el refuerzo del mercado único para los transportes y la instauración de unas condiciones iguales para todos, con el fin de garantizar una competencia abierta y leal entre los operadores públicos y privados en los sectores del transporte, postal y del turismo sin dejar de respetar otras políticas, objetivos y principios de la Unión, por ejemplo la dimensión social, condición importante para el buen funcionamiento del mercado interior del transporte;\n107. Destaca la importancia de la conectividad y de las infraestructuras de transporte para la supervivencia, el desarrollo económico y la prestación de servicios públicos y privados en regiones periféricas y remotas;\n108. Espera, por tanto, que se complete la red global RTE-T;\n109. Subraya que la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores en el sector del transporte frente a los abusos no debe constituir un pretexto para restringir la libre competencia entre operadores de distintos Estados miembros; aboga por que la Comisión respete los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el diseño de leyes que influyan significativamente en el funcionamiento del mercado único de los servicios de transporte;\n110. Toma nota de los retos que afrontan los operadores postales en relación con la creación del mercado único digital; subraya que el éxito de este ambicioso proyecto, en particular en el ámbito del comercio electrónico, depende en gran medida de cómo se organice el mercado de servicios postales de paquetería; subraya la necesidad de garantizar unas condiciones justas y equitativas de competencia transfronteriza para las entidades privadas y los operadores públicos que presten servicios comerciales;\n111. Resalta que toda política de competencia debe respetar los derechos sociales de todos los operadores de los sectores afectados;\n112. Pone de relieve que, con frecuencia, los Estados miembros aplican la legislación de transporte de la Unión de modo deficiente y no respetan los principios de los Tratados, en especial allí donde la administración central se encarga de su gestión de manera monopolista; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen y hagan cumplir correctamente la legislación de la Unión vigente, que es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior y aportará nuevos beneficios a las empresas y al sector, a los consumidores, a las condiciones sociales de los trabajadores y al medio ambiente;\n113. Destaca la importancia de suprimir los obstáculos físicos, técnicos y normativos entre Estados miembros para evitar la fragmentación dentro del mercado único y facilitar la movilidad transfronteriza y la cooperación territorial y, de este modo, estimular la competencia;\n114. Llama la atención de la Comisión sobre los obstáculos indirectos para la competencia que surgen de la disparidad de normas sobre tributación, seguridad, diferencias entre los períodos de conducción y de descanso, derechos de homologación y de los pasajeros;\n115. Reconoce los progresos en los sectores del transporte y el turismo de las tecnologías digitales, que promueven la competencia, crean empleo, facilitan el acceso de las pymes a mercados más extensos y aportan beneficios tangibles a los consumidores; señala que la digitalización y un desarrollo positivo de la economía colaborativa traerán cambios significativos al entorno operativo de estos sectores, y que es necesario un marco jurídico claro y adecuado para aprovechar los beneficios del proceso de digitalización;\n116. Subraya que quienes operan sobre la base de nuevos modelos de negocio influyen positivamente en el mercado de los servicios de transporte y turísticos de la Unión, en particular mediante la mejora del acceso y la calidad de estos servicios;\n117. Celebra la voluntad de la Comisión de negociar acuerdos exteriores en materia de aviación con varios países y regiones importantes del mundo; considera que estos acuerdos no solo mejorarán el acceso al mercado, sino que también crearán nuevas oportunidades de negocio para el sector europeo de la aviación, sin parangón en el mundo, crearán empleo de calidad, mantendrán unos estrictos niveles de seguridad, tomarán en consideración los derechos de los trabajadores del sector y beneficiarán a los consumidores; destaca que el Parlamento desempeña un papel importante en estas negociaciones;\n118. Pide a la Comisión que, en el marco de la negociación de acuerdos exteriores en materia de aviación, incluya una cláusula de competencia leal a fin de garantizar la igualdad de condiciones;\n119. Considera que en el ámbito de los servicios portuarios es necesario crear un marco normativo cada vez más abierto, competitivo y transparente para los puertos públicos europeos, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades de empleo;\n120. Cree que el aumento de la competencia provocado por la apertura gradual del mercado europeo del transporte de mercancías por carretera puede ser beneficioso para los consumidores, pero condena firmemente el hecho de que determinadas medidas aplicadas por algunos Estados miembros estén dañando la integridad del mercado único en este ámbito; apoya la posición de la Comisión, que se opone a estas medidas;\n121. Espera que esta apertura del mercado de transporte de mercancías no provoque más dumping social, y deplora asimismo el fenómeno de las compañías ficticias;\n122. Lamenta, además, que la política de la Unión no tenga debidamente en cuenta las furgonetas más pequeñas, a pesar de que cada vez se utilizan más para eludir la correcta aplicación de la legislación sobre empleo, seguridad y protección medioambiental;\n123. Invita a la Comisión a supervisar estrechamente las tendencias oligopolistas de dumping de los precios, en particular en la aviación, así como en los sectores de largo recorrido/autobuses de línea, e insiste en la correcta aplicación de la legislación europea y la igualdad de condiciones de competencia intermodal;\n124. Pide que concluyan rápidamente las negociaciones sobre el cuarto paquete ferroviario, y opina que con ello seguirá abriéndose el transporte ferroviario de pasajeros a la competencia y mejorará la eficiencia del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la calidad y la continuidad de las obligaciones de servicio público;\n125. Acoge favorablemente la adopción del pilar técnico del cuarto paquete ferroviario, y cree que este reforzará la seguridad ferroviaria, eliminando al mismo tiempo las barreras técnicas a la competencia mediante la interoperabilidad;\n126. Subraya la importancia del turismo como motor esencial del crecimiento económico y la creación de empleo, y pide a la Comisión un enfoque proactivo que promueva la competitividad del sector turístico europeo y cree un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo;\n127. Destaca que los servicios postales, y sobre todo la paquetería transfronteriza, revisten una importancia fundamental para el desarrollo del sector del comercio electrónico en la Unión; celebra la investigación antimonopolio de la Comisión en el sector del comercio electrónico y anima a la Comisión a que continúe supervisando el desarrollo de los mercados de correos y paquetes;\n128. Destaca la necesidad de financiar los proyectos de transporte sostenible, accesible y seguro que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de todo el sistema de transporte europeo;\n129. Pide que se utilicen los fondos europeos, como el Mecanismo «Conectar Europa», los Fondos de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Horizonte 2020, para desarrollar las infraestructuras europeas de transporte y mejorar la cantidad y la calidad de los servicios;\n130. Pide a los Estados miembros que presten la atención suficiente a la conclusión de proyectos de infraestructura transfronterizos y que coordinen sus planes de transporte principales con los Estados miembros vecinos;\n131. Considera importante que se utilicen plenamente los instrumentos financieros innovadores, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que pueden financiar proyectos en el sector de los transportes en apoyo del crecimiento y la competitividad; destaca, no obstante, que los recursos destinados al FEIE no deben obtenerse en detrimento del MCE y Horizonte 2020, instrumentos fundamentales para el desarrollo de un mercado común en el sector de los transportes;\n132. Subraya que una total apertura del mercado del transporte ferroviario puede generar numerosos beneficios a los operadores y los pasajeros en todos los Estados miembros; señala, sin embargo, la necesidad de tomar en consideración en este proceso los distintos niveles de desarrollo de la infraestructura ferroviaria en los Estados miembros; subraya la necesidad de mantener en el próximo marco financiero plurianual el nivel actual de inversión, a fin de reducir las diferencias en la infraestructura ferroviaria.\n133. Subraya que la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores en el sector del transporte frente a los abusos no debe constituir un pretexto para restringir la libre competencia entre operadores de distintos Estados miembros; aboga por que la Comisión respete los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el diseño de leyes que influyan significativamente en el funcionamiento del mercado único de los servicios de transporte;\n134. Alienta a la Comisión a que facilite métodos analíticos para la definición de nuevos mercados pertinentes a la vista de la digitalización de la economía, y en particular del fenómeno de convergencia de las tecnologías, y la utilización comercial de los datos personales a gran escala;\n135. Pide a los Estados miembros que, para garantizar una competencia real entre las empresas europeas de transporte por carretera, eliminen cualquier concesión de carreteras que circunden zonas urbanas cuando tales concesiones conlleven el pago de peajes;\n136. Pide a la Comisión que investigue los presuntos casos de fraude en materia de IVA en el sector de la carne de cerdo; lamenta que la Comisión no haya iniciado aún una investigación de este asunto a pesar de las quejas que ha recibido por parte de las asociaciones de agricultores;\n137. Considera que las cuentas corrientes y de ahorro no deben traer aparejado el pago de comisiones para el usuario salvo que estén ligadas a servicios específicos;\n138. Reitera su preocupación (expresada en su Resolución de 11 de junio de 2013 sobre la vivienda social en la Unión Europea) acerca de la definición restrictiva de vivienda social que utiliza la Comisión en el ámbito de la política de competencia; pide a la Comisión que clarifique esa definición sobre la base de un intercambio de mejores prácticas y experiencia entre los Estados miembros, teniendo en cuenta el hecho de que la vivienda social está diseñada y gestionada de diferentes maneras en los distintos Estados miembros, regiones y comunidades locales;\n139. Lamenta la falta de una reacción rápida y decisiva de la Comisión Europea ante el intento de algunos Estados miembros de limitar la libre competencia en el sector del transporte; pide que se ponga fin a este tipo de prácticas y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar un acceso igualitario al mercado único en igualdad de condiciones a los agentes de todos los Estados miembros que operan en este sector;\n140. Entiende que es importante asegurar la competencia en el mercado intraeuropeo de los servicios financieros, incluyendo los seguros, lo que requiere asegurar la capacidad para la adquisición transfronteriza de los mismos;\n141. Reitera su llamamiento a la Comisión para que publique los resultados de las investigaciones en curso sobre prácticas competitivas en los ámbitos del suministro de alimentos, la energía, el transporte y los medios de comunicación;\n142. Manifiesta su preocupación ante los efectos que pueden tener para el sector del transporte por carretera los cambios en la Directiva 96/71/CE propuestos por la Comisión Europea; subraya que el intento de armonizar las disposiciones relativas al salario mínimo es incompatible con el principio de subsidiariedad, supone una discriminación de los operadores de algunos Estados miembros en el mercado común y puede vulnerar gravemente el principio de libre prestación de servicios en la Unión;\n143. Rechaza la exigencia de que los usuarios estén domiciliados en el Estado miembro donde esté domiciliada la entidad financiera o aseguradora en cuestión a efectos de prestación de servicios, dado que esto resulta incompatible con el objetivo de un mercado interior de servicios financieros al por menor;\n144. Solicita que se investiguen inmediatamente los problemas de competencia que surgen de la industria del deporte de fórmula 1;\n145. Pide a la Comisión que, al desarrollar y aplicar la política de competencia, tenga en cuenta el hecho de que las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas constituyen la gran mayoría de empresas de la Unión; subraya, en este contexto, la necesidad de unas normas de competencia simplificadas para los negocios más pequeños que deseen operar en línea y a escala transfronteriza en el mercado único;\n146. Recuerda, asimismo, a la Comisión, que las entidades financieras persisten en la práctica de cancelar el uso de tarjetas de pago cuando el titular se traslada a otro Estado miembro, y pide que se tomen medidas en este terreno, también alertando a las autoridades nacionales;\n147. Subraya la necesidad de asegurar el acceso a los medicamentos combatiendo los abusos de la industria farmacéutica; observa la necesidad de fomentar la utilización de medicamentos genéricos, cuando estén disponibles, en los sistemas sanitarios de los Estados miembros;\n148. Destaca que el acceso a efectivo a través de cajeros automáticos es un servicio esencial que debe ser facilitado, debe estar libre de prácticas discriminatorias, anticompetitivas y abusivas, y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a unos costes excesivos;\n149. Subraya la necesidad de luchar contra los boicots colectivos desleales, definidos como una situación en la que un grupo de competidores acuerdan excluir a un competidor real o potencial, en tanto que restricciones de la competencia por el objeto;\n150. Expresa su preocupación por los escándalos de «puertas giratorias» que afectan a las autoridades de competencia de la Unión, y, en particular, el caso de la antigua comisaria de competencia Neelie Kroes, que no solo hará presión en relación con Uber sino que también se ha visto afectada por las revelaciones de las filtraciones de Bahamas;\n151. Acoge con satisfacción la aplicación descentralizada en Europa de las normas en materia de competencia de la Unión, pero considera que la eficacia de la protección de los ciudadanos y las empresas frente a prácticas contrarias a la competencia no debe depender únicamente del Estado miembro en el que residen; opina que el Reglamento n.° 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, ha sido una contribución fundamental a la creación de condiciones de partida equitativas para las empresas de todo el mercado único europeo; destaca, no obstante, que siguen existiendo diferencias entre los sistemas nacionales y las autoridades nacionales de defensa de la competencia, sobre todo en lo que respecta a la independencia, la fijación de multas administrativas y los programas de clemencia; considera que unas disposiciones procesales igualitarias y efectivas son esenciales para aplicar el Derecho en materia de prácticas colusorias en la Unión con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica a consumidores y empresas; insta a las autoridades de defensa de la competencia de los Estados miembros a que hagan un amplio uso de las posibilidades de la cooperación europea en el marco de la Red Europea de Competencia (REC);\n152. Considera, por tanto, vital que las autoridades nacionales de competencia de la Unión dispongan de los medios e instrumentos necesarios para aplicar de manera eficaz la normativa en materia de competencia de la Unión, incluidos los instrumentos para detectar, combatir y sancionar las infracciones y los programas de clemencia que resultarán indispensables para que las empresas faciliten información sobre cárteles en toda Europa;\n153. Reitera que la independencia de las autoridades nacionales de competencia reviste una importancia fundamental, y que ello incluye garantizar que disponen de los recursos que necesitan para desempeñar sus funciones;\n154. Acoge con satisfacción, en este sentido, el procedimiento de consulta iniciado por la Comisión, que probablemente conducirá a una propuesta legislativa para fortalecer los instrumentos de aplicación y de sanción de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, la denominada REC+; reitera que la aplicación por parte de múltiples autoridades en el mismo caso o en casos relacionados presenta el riesgo de actuar de forma superpuesta e incoherente, lo que reduce la seguridad jurídica y genera unos costes innecesarios para las empresas; pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta de acción proactiva de la Unión con objeto de garantizar que las autoridades nacionales de competencia sean más eficaces en la aplicación de las normas de forma coherente y convergente, de manera que pueda desarrollarse todo el potencial del sistema descentralizado de aplicación de la normativa en materia de competencia de la Unión; pide que se asocie plenamente al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de codecisión;\n155. Destaca que, en un mundo globalizado, la cooperación internacional entre las autoridades de defensa de la competencia es indispensable; apoya, por tanto, la participación activa de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia en la Red Internacional de Competencia; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de celebrar con otros terceros países acuerdos en materia de competencia que permitan el intercambio de información entre las autoridades de competencia que lleven a cabo una investigación; subraya, en este sentido, que los actuales acuerdos en materia de competencia celebrados con Suiza y con Canadá pueden servir de modelo para futuros acuerdos de este tipo; considera asimismo que los acuerdos comerciales y de inversión internacionales deben constar de una sección sólida sobre competencia;\n156. Invita a la Comisión a evaluar, sin comprometer la independencia de las autoridades nacionales de competencia, los diferentes niveles de sanciones nacionales que existen para las infracciones en los Estados miembros, y a valorar la posibilidad y la conveniencia de racionalizar estas diferencias;\n157. Considera fundamental que la Comisión siga promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades nacionales de competencia de la Unión;\n158. Celebra el enfoque más económico de la Comisión con respecto a la normativa de competencia, también en el ámbito de los servicios de interés económico general; comparte la visión de la Comisión de que la disfunción del mercado es una condición inherente para la existencia de un servicio de interés económico general; observa, sin embargo, el debate actual que se da en los círculos académicos sobre qué tipo de disfunción del mercado puede justificar la calificación de servicio de interés económico general;\n159. Subraya que la independencia de la DG Competencia reviste una importancia capital a la hora de lograr sus objetivos de manera satisfactoria; aboga de nuevo por una rigurosa separación entre los servicios que elaboran directrices y aquellos que tienen la responsabilidad de aplicarlas; pide a la Comisión que asigne a la DG Competencia suficientes recursos financieros y humanos; solicita que la Comisión esté suficientemente equipada con ingenieros que dispongan de las habilidades técnicas necesarias para investigar a las empresas de alta tecnología; insta a la Comisión a que armonice las normas éticas del equipo del economista jefe de la DG Competencia con las de otros funcionarios de la Comisión;\n160. Celebra los esfuerzos de la Sra. Vestager, actual comisaria responsable de la competencia, por establecer un diálogo estructurado periódico con el Parlamento, en especial con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el grupo de trabajo sobre la política de competencia; solicita a la Comisión que proporcione una respuesta más completa a las peticiones específicas realizadas en el informe anual sobre competencia del Parlamento; estima que un diálogo estructurado específico podría contribuir a un proceso de seguimiento más exhaustivo de los respectivos informes anuales sobre competencia;\n161. Celebra las iniciativas de consulta al público emprendidas por la Comisión en el marco de la aplicación del control de las concentraciones y pide que se debatan los resultados con el Parlamento;\n162. Pide que se amplíe el diálogo entre las instituciones europeas y las autoridades nacionales de competencia, en particular a intercambios de puntos de vista con las comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo;\n163. Reitera la petición a la Comisión de integrar las directrices sobre multas administrativas en una legislación vinculante;\n164. Celebra el hecho de que la Comisión esté comprometida a un diálogo abierto y constructivo sobre temas de competencia a nivel mundial; acoge con satisfacción los avances logrados en las disposiciones relativas a la competencia de algunos acuerdos de libre comercio, pero insta también a la Comisión a que continúe trabajando para incluir unas disposiciones relativas a la competencia y las ayudas estatales en las negociaciones de todos los acuerdos de libre comercio;\n165. Destaca que la competencia leal en el ámbito del comercio, los servicios y las inversiones tiene un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la Unión y sus socios comerciales; pide a la Comisión y al Consejo que terminen con celeridad su trabajo de modernización de los instrumentos de defensa comercial necesarios para garantizar la competencia leal en el mercado de la Unión, y opina que los acuerdos comerciales deben abordar sistemáticamente el reto que plantean las prácticas comerciales desleales en terceros países;\n166. Pide a la Comisión que colabore con sus socios comerciales para garantizar una mayor apertura de sus mercados a las empresas de la Unión, en especial en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la contratación pública y los servicios, incluidos los servicios prestados en el ejercicio de profesiones reguladas;\n167. Pide a la Comisión que incluya disposiciones ambiciosas en materia de competencia en todos los acuerdos comerciales y que lleve a cabo un seguimiento eficaz que permita comprobar si las partes aplican adecuadamente dichas disposiciones respetando todas las normas, incluidas las disposiciones relativas a las ayudas estatales, y respetando a todos los agentes económicos, incluidas las empresas estatales;\n168. Hace hincapié en la importancia de apoyar la labor de los países en desarrollo en la promoción y aplicación prácticas de las normas en materia de competencia;\n169. Pide a la Comisión que apoye la labor de creación de una base datos completa y de fácil uso que contenga disposiciones en materia de competencia recopiladas a partir de acuerdos de libre comercio, y de cuya gestión podría encargarse la Secretaría de la OMC;\n170. Celebra los progresos registrados en la Conferencia Ministerial de la OMC de Nairobi en materia de reducción de las subvenciones a las exportaciones con objeto de garantizar una competencia no falseada en los mercados internacionales de los productos agrícolas; destaca, en este contexto, la sensibilidad del sector agrícola y la necesidad de tomar medidas claras y efectivas, también en el marco de los acuerdos de la OMC, que permitan a los productores europeos seguir siendo competitivos en los mercados internacionales;\n171. Reitera que la igualdad de acceso a los recursos naturales, incluidas las fuentes de energía, es un factor esencial para garantizar una competencia leal y equitativa en el mercado mundial, y pide a la Comisión que en los acuerdos comerciales incluya disposiciones que mejoren el acceso a estos recursos, entre ellas disposiciones sobre las prácticas contrarias a las normas de competencia que adoptan las empresas estatales, así como en materia de no discriminación y tránsito.\n172. Destaca que la política de competencia es parte importante del mercado interior, como establecen los Tratados; reitera que es necesario un mercado único competitivo y que funcione plenamente para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la innovación en la Unión, y que los esfuerzos por preservar la libre competencia en el conjunto de la Unión redundan en interés de los consumidores, las empresas emergentes y las pymes; considera que la aplicación de la legislación europea no debe verse debilitada por la utilización de EU Pilot en lugar de unos procedimientos formales de infracción, y que es necesaria para intentar preservar la competencia;\n173. Anima a la Comisión a no dirigir todos sus esfuerzos por garantizar una competencia leal a los casos de gran repercusión mediática contra grandes empresas muy conocidas; recuerda a la Comisión que la aplicación de la competencia justa también es importante para las pymes;\n174. Pide que se refuerce la libertad de elección de los consumidores; considera que el derecho de la portabilidad de datos incluido en el Reglamento general de protección de datos constituye un buen enfoque para reforzar tanto los derechos de los consumidores como la competencia; destaca la necesidad de examinar cómo puede garantizarse la interoperabilidad entre las redes digitales mediante estándares e interfaces abiertos;\n175. Pide a la Comisión que examine y corrija la situación de los minoristas independientes, a quienes la legislación en materia de competencia permite trabajar juntos en sus establecimientos físicos pero que son acusados de competencia desleal si ofrecen sus productos de manera conjunta en el comercio electrónico;\n176. Pide a la Comisión que garantice que las normas de contratación pública de la Unión se aplican de manera oportuna, en particular en cuanto a la implantación de la contratación pública electrónica y las nuevas disposiciones por las que se favorece la subdivisión de los contratos en lotes, lo cual es fundamental para fomentar la innovación y la competencia y apoyar a las pymes en los mercados de contratación pública;\n177. Pide a la Comisión que evite crear monopolios o cadenas de valor cerrado mediante la estandarización; considera que debe introducirse un proceso de apelación para revisar los estándares allá donde puedan suponer un riesgo para la competitividad;\n178. Manifiesta su preocupación por el nivel de concentración en algunos sectores, como el químico, a la luz de las recientes fusiones; pide a la Comisión que explique de qué manera autoriza la posibilidad de entrada en el mercado, en especial para las empresas emergentes; pide a la Comisión que examine si el poder de mercado de una empresa resultante de la información y los datos, el manejo de dicha información y dichos datos por parte de la empresa, y el número de usuarios deben tenerse en cuenta como un criterio de las pruebas para el control de fusiones; pide que se considere si la fusión de datos e información, en especial sobre clientes, puede provocar una distorsión de la competencia;\n179. Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial para impulsar la innovación y la inversión en redes, así como para la elección de servicios para los consumidores; considera la rápida expansión de la banda ancha como clave para completar el mercado único digital; acoge con satisfacción, en este contexto, que la Comisión valore los objetivos de conectividad estratégica, establecidos en el paquete de telecomunicaciones, al aplicar las guías de ayuda estatales a la banda ancha;\n180. Se remite al último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, relativo al incumplimiento de las normas en materia de ayuda estatal en la política de cohesión, en el que se observa un significativo nivel de incumplimiento y se pide la aplicación de ciertas recomendaciones; expresa su preocupación ante estas constataciones, pues perjudican al buen funcionamiento del mercado interior, y, por lo tanto, pide a la Comisión que tome en consideración las recomendaciones formuladas por el Tribunal y redoble sus esfuerzos para evitar otros defectos;\n181. Apoya las acciones de la Comisión relativas a la aplicación de la legislación de lucha contra las prácticas colusorias, como las acciones recientes en sectores de los alimentos al por menor y de unidades de discos ópticos, a fin de garantizar unos precios justos para los consumidores;\n182. Señala que, en el mercado único, se están vendiendo a los consumidores productos que contienen ingredientes distintos de una remesa a otra a pesar de que se comercializan con la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que determine si esta práctica tiene repercusiones negativas para los productores locales, especialmente las pymes, y si tiene como consecuencia la discriminación de los consumidores, al colocar productos de inferior calidad;\n183. Recuerda que, en su Resolución sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE 2014, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que vigilara de cerca las alianzas de los grandes distribuidores en Europa, y celebra la voluntad de la Comisión de debatir el impacto de estas alianzas en los productores y consumidores en el marco de la Red Europea de Competencia;\n184. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las autoridades nacionales y, en su caso, regionales de competencia.\nTextos Aprobados, P8_TA(2015)0051.\nDO L 123 de 19.5.2015, p. 1.\nTextos Aprobados, P8_TA(2015)0394.\nDO L 335 de 18.12.2010, p. 43.\nInforme Especial n.º 24/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Son necesarios más esfuerzos para dar a conocer mejor y hacer cumplir la normativa sobre ayudas estatales en la política de cohesión» http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_ES.pdf\nReglamento delegado (UE) 2016/1166 de la Comisión de 17 de mayo de 2016 que modifica el anexo X del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de compra de remolacha en el sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 2017.\nResolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (P8_TA(2016)0250).\nReglamento (UE) n.° 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos.\nLa política de competencia ha sido siempre una de las políticas de la Unión clave para el correcto funcionamiento del mercado único. Hoy más que nunca, la Unión necesita una política de competencia fuerte y que se aplique estrictamente.\nUn cumplimiento riguroso de las normas en materia de competencia proporciona innumerables beneficios a los ciudadanos europeos. Ofrece a los consumidores europeos acceso a una amplia gama de productos y servicios de calidad. Crea una mayor igualdad de condiciones para las empresas que operan en toda la Unión e impide una concentración excesiva de poder económico y financiero en las manos de unos pocos. Impulsa el empleo de calidad, la innovación y la inversión. Garantiza que todas las empresas asumen sus responsabilidades y pagan sus impuestos, y que ninguna empresa recibe un trato preferente. Sin embargo, el proceso funciona también a la inversa: cuantas más empresas y más Estados miembros infrinjan deliberadamente esta normativa, más perjudicarán a los consumidores, las empresas y al mercado único en su conjunto. Todo beneficio fiscal ilegítimo o cualquier otra forma de ayuda estatal, cualquier práctica contra la competencia y cada decisión gubernamental proteccionista y contraria a la innovación tienen graves efectos en la vida de los ciudadanos europeos.\nHoy especialmente, cuando la mayor amenaza para la integración europea procede de la propia Unión bajo la forma de populismo euroescéptico, las continuas prácticas fiscales injustas que favorecen a las grandes corporaciones pueden conducir a una mayor desconfianza hacia la Unión.\nLa política de competencia no puede resolver todos los retos a que se enfrenta la Unión, y tampoco se espera que lo haga, pero dispone de un gran potencial para lograr grandes mejoras en muchos ámbitos. Por suerte, muchas de estas mejoras ya están sucediendo. Las investigaciones en profundidad de la Comisión sobre prácticas contrarias a la competencia, tales como las ventajas fiscales preferenciales, muestran la dedicación y la eficacia de la Unión.\nRecientemente la Comisión ha detectado varios casos en los que sociedades multinacionales escamotearon miles de millones de euros de impuestos a los presupuestos nacionales, a menudo con la colaboración de los Estados miembros. Estos incidentes resultan ciertamente alarmantes y exigen que se examinen con mayor detalle los casos de presuntas ayudas estatales, y que se ponga fin a las soluciones fiscales a medida, tales como los créditos fiscales para el crecimiento o los regímenes fiscales de beneficios extraordinarios. Además, para fortalecer el mercado único y aplicar una mayor disciplina presupuestaria, será necesario adoptar una unión fiscal.\nEs importante mencionar la labor de las comisiones especiales TAXE y TAXE II, pues sus esfuerzos para desentrañar las prácticas de resolución fiscal de los Estados miembros y examinar maneras para combatir la competencia fiscal desleal y la evasión fiscal en la Unión están en plena consonancia con el trabajo de la Comisión. Las comisiones TAXE han combatido activamente el fraude y la evasión fiscal y han efectuado algunas revelaciones de amplio alcance y han formulado recomendaciones para restablecer la justicia fiscal. La Comisión fue un socio fundamental del Parlamento en esta labor y, a fin de obtener más resultados positivos, es necesaria la cooperación activa entre la Comisión y el Parlamento en cuestiones fiscales y de competencia.\nLa política de competencia contribuye también en gran manera a las actuales prioridades políticas clave de la Unión, y fortalece el mercado único con especial atención al mercado único digital y a la Unión de la Energía.\nDado que el mercado único digital podría crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo y aportar 415 000 millones de euros anuales a nuestra economía, se espera que los Estados miembros superen obstáculos tales como los problemas de accesibilidad a la banda ancha o las infraestructuras. Los Estados miembros deben asegurarse de que no existen barreras en línea para los ciudadanos y las empresas europeos, en especial las pymes y las empresas emergentes, que les impidan disfrutar plenamente de los beneficios de los servicios en línea y de las tecnologías digitales.\nDel mismo modo, los organismos reguladores nacionales deben encontrar soluciones para no debilitar las plataformas en línea y las empresas innovadoras de la economía colaborativa y que presentan un potencial para proporcionar cientos de miles de empleos y servicios asequibles a los clientes. En lugar de una prohibición parcial o total de las plataformas en línea (como sucedió con la empresa americana de redes de transporte en línea Uber en Bélgica, Alemania, Hungría y Países Bajos), los Estados miembros deberían seguir los ejemplos positivos y considerar opciones de regulación.\nAsimismo, la Comisión debe seguir investigando las prácticas contrarias a la competencia dentro del sector digital y en línea, además de agilizar todos los procedimientos en curso relativos a cuestiones de defensa de la competencia y de fiscalidad con objeto de garantizar a las pymes y las empresas emergentes digitales una competencia más equilibrada y justa en un mercado que a menudo configuran los gigantes tecnológicos multinacionales.\nEl ponente pide a la Comisión que proteja la competencia en el sector de las telecomunicaciones, prestando especial atención a la asignación del espectro, y con miras a promover precios accesibles y capacidad de elección en los servicios para el consumidor. Regular las costosas llamadas dentro de la Unión queda dentro de este concepto, pues es el siguiente paso necesario tras suprimir las tarifas de itinerancia dentro de la Unión.\nLa Unión de la Energía, otro proyecto prioritario de la Unión, también depende de la capacidad de la Comisión para garantizar una competencia leal a fin de garantizar la asequibilidad y la sostenibilidad, así como para lograr los objetivos de la Unión para 2020 en cuanto a energía y medio ambiente. Por lo tanto, deben supervisarse e investigarse en detalle los casos de ayudas estatales y las irregularidades en la contratación pública vinculados con las inversiones en energía y medio ambiente (por ejemplo, el controvertido proyecto de ampliación de la central nuclear húngara de Paks).\nEn general, todo esfuerzo de la Comisión por prevenir y corregir comportamientos contrarios a la competencia es bienvenido. Las normas sobre ayudas estatales, recientemente remodeladas, son resultado de estos esfuerzos. Sin embargo, los Estados miembros deben recordar que el objetivo es que las medidas de ayuda estén mejor orientadas hacia el crecimiento económico, la creación de empleos de calidad y la cohesión social. Es preciso señalar también que, si bien las ayudas estatales temporales en el sector financiero fueron necesarias en un momento concreto, ahora deben reducirse rápidamente, o eliminarlas por completo, a fin de completar la unión bancaria. Por lo tanto, se requiere una aclaración de la Comisión en cuanto a las normas y los procedimientos que se aplican a las ayudas estatales en el sector financiero.\nFinalmente, las investigaciones de perfil elevado en curso y las multas impuestas demuestran la eficiencia de la labor de la Comisión. Sin embargo, a fin de evitar comportamientos contrarios a la competencia y la vulneración del Derecho de la competencia, las autoridades nacionales de competencia deben desempeñar un papel más relevante. Para ello es esencial que las autoridades nacionales de competencia, con una mayor independencia, dispongan de los medios e instrumentos necesarios para aplicar las normas de la Unión en materia de competencia de una manera eficaz.\nLamentablemente, a pesar de los resultados concretos, los consumidores y contribuyentes europeos siguen padeciendo las prácticas contrarias a la competencia tanto en el sector público como en el privado. Estas prácticas tienen efectos adversos directos en el nivel de innovación, y socavan la confianza en la Unión y en el mercado único. Después de que el Reino Unido haya votado abandonar la Unión, nuestra tarea es reforzar la confianza de los ciudadanos, las empresas y los inversores europeos en el mercado único, y respetar los principios de competencia leal es una de las vías clave para conseguirlo; pero, para que eso ocurra, la estrecha cooperación de la Comisión, las autoridades nacionales independientes en materia de competencia y el Parlamento debe mantenerse y fortalecerse.\n1. Destaca que la competencia leal en el ámbito del comercio, los servicios y las inversiones tiene un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la Unión y sus socios comerciales; pide a la Comisión y al Consejo que terminen con celeridad su trabajo de modernización de los instrumentos de defensa comercial necesarios para garantizar la competencia leal en el mercado de la Unión, y opina que los acuerdos comerciales deben abordar sistemáticamente el reto que plantean las prácticas comerciales desleales en terceros países;\n2. Pide a la Comisión que colabore con sus socios comerciales para garantizar una mayor apertura de sus mercados a las empresas de la Unión, en especial en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la contratación pública y los servicios, incluidos los servicios prestados en el ejercicio de profesiones reguladas;\n3. Pide a la Comisión que incluya disposiciones ambiciosas en materia de competencia en todos los acuerdos comerciales y que lleve a cabo un seguimiento eficaz que permita comprobar si las partes aplican adecuadamente dichas disposiciones respetando todas las normas, incluidas las disposiciones relativas a las ayudas estatales, y respetando a todos los agentes económicos, incluidas las empresas estatales;\n4. Destaca que, para garantizar una aplicación eficaz de la política de competencia de la Unión, es necesario colaborar con las autoridades responsables de la competencia de terceros países, en particular de las economías emergentes;\n5. Hace hincapié en la importancia de apoyar la labor de los países en desarrollo en la promoción y aplicación prácticas de las normas en materia de competencia;\n6. Se congratula de la participación activa de la Comisión en las organizaciones multilaterales existentes en el ámbito de la competencia, como la Red Internacional de Competencia, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio; hace hincapié en que la cooperación global en la aplicación de las normas de la competencia contribuye a resolver incoherencias y a aumentar los resultados en materia de cumplimiento, y ayuda a reducir los costes que su cumplimiento supone para las empresas;\n7. Pide a la Comisión que apoye la labor de creación de una base datos completa y de fácil uso que contenga disposiciones en materia de competencia recopiladas a partir de acuerdos de libre comercio, y de cuya gestión podría encargarse la Secretaría de la OMC;\n8. Celebra los progresos registrados en la Conferencia Ministerial de la OMC de Nairobi en materia de reducción de las subvenciones a las exportaciones que aspira a garantizar una competencia no falseada en los mercados internacionales de los productos agrícolas; destaca, en este contexto, la sensibilidad del sector agrícola y la necesidad de tomar medidas claras y efectivas, también en el marco de los acuerdos de la OMC, que permitan a los productores europeos seguir siendo competitivos en los mercados internacionales;\n9. Señala que la igualdad de acceso a los recursos naturales, incluidas las fuentes de energía, es un factor esencial para garantizar una competencia leal y equitativa en el mercado mundial, y pide a la Comisión que en los acuerdos comerciales incluya disposiciones que mejoren el acceso a estos recursos, entre ellas disposiciones sobre las prácticas contrarias a las normas de competencia que adoptan las empresas estatales, así como en materia de no discriminación y tránsito.\nOPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (29.11.2016)\n1. Destaca que la política de competencia es parte importante del mercado interior, como establecen los Tratados; reitera que es necesario un mercado único competitivo y que funcione plenamente para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la innovación en la Unión, y que los esfuerzos por preservar la libre competencia en el conjunto de la Unión redundan en interés de los consumidores, las empresas emergentes y las pymes; considera que la aplicación de la legislación europea no debe quedar debilitada mediante la utilización de EU Pilot en lugar de procedimientos formales de infracción, y que es necesaria para intentar preservar la competencia;\n2. Considera que debe respetarse totalmente la independencia de la Comisión a la hora de decidir sobre la competencia en el mercado único y la separación de poderes entre las instituciones de la Unión; subraya que las decisiones deben basarse en los hechos de un caso y deben estar determinadas por los objetivos de la política de competencia de la Unión;\n3. Anima a la Comisión a no dirigir todos sus esfuerzos para garantizar una competencia leal a los casos de gran repercusión mediática contra grandes empresas muy conocidas; recuerda a la Comisión que la aplicación de la competencia justa también es importante para las pymes;\n4. Hace hincapié en que la legislación y las autoridades de la Unión en materia de competencia deben garantizar la igualdad de condiciones para las empresas y de elección para los consumidores en el mercado único digital; acoge con satisfacción que la Comisión investigue determinadas prácticas contrarias a la competencia de varias empresas; pide a la Comisión que emprenda una reflexión sobre la adaptación de los razonamientos tradicionales del Derecho de la competencia a las características específicas de la economía digital y a sus nuevos retos, y pide que aplique una política de garantía activa, eficaz y acelerada del cumplimiento de las normas de competencia, con el fin de combatir el abuso de posición dominante y, con ello, fomentar la innovación y los modelos empresariales innovadores, además de capacitar a los consumidores de la Unión para aprovechar todas las oportunidades que puede ofrecer un mercado digital genuino; anima a la Comisión a concluir cuanto antes estos dilatados procedimientos clave;\n5. Pide que se refuerce la libertad de elección de los consumidores; considera que el derecho de la portabilidad de datos incluido en el Reglamento general de protección de datos constituye un buen enfoque para reforzar tanto los derechos de los consumidores como la competencia; destaca la necesidad de examinar cómo puede garantizarse la interoperabilidad entre las redes digitales mediante estándares e interfaces abiertos;\n6. Pide un seguimiento activo de todos los problemas potenciales de competencia relacionados con el bloqueo geográfico injustificado y otras restricciones practicadas en la venta en línea; lamenta que la mayor parte del comercio electrónico tenga lugar a escala nacional y que en este sector no exista un verdadero mercado interno sin barreras nacionales; acoge con satisfacción la investigación en curso sobre el sector del comercio electrónico, que debe llevarse a cabo con todo detalle y concluir con rapidez, y que puede aportar una contribución útil para otras medidas en el marco de la estrategia del mercado único digital y del comercio transfronterizo; anima a la Comisión a que cree un entorno empresarial que garantice el desarrollo de ideas innovadoras;\n7. Pide a la Comisión que examine y corrija la situación de los minoristas independientes, a quienes la legislación en materia de competencia permite trabajar juntos en sus establecimientos físicos pero que son acusados de competencia desleal si ofrecen sus productos de manera conjunta en el comercio electrónico;\n8. Señala que las plataformas digitales permiten a millones de empresas, muchas de ellas pymes europeas, explotar las ventajas del comercio electrónico; estima que, para crear unas condiciones de competencia equitativas, es necesario garantizar unas normas análogas para servicios digitales comparables; opina que los nuevos modelos comerciales representados por las plataformas y los intermediarios de la economía colaborativa plantean algunos temas urgentes, entre otros en lo referente a la aplicación de la legislación nacional y de la Unión, a las relaciones B2B, la garantía del pago de los impuestos pertinentes y el reconocimiento de los derechos laborales; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que aborden estas preocupaciones;\n9. Considera que la Comisión debe investigar las prácticas contrarias a la competencia de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales frente a los intermediarios de la economía colaborativa; subraya que debe prestarse especial atención al exceso de cargas reguladoras, a la aplicación desproporcionada de las normas existentes a los modelos de negocio no comparables y a la legalidad de las prohibiciones totales;\n10. Reitera la necesidad de una aplicación oportuna y adecuada de la Directiva 2014/104/UE sobre las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros; lamenta profundamente que la aplicación en el Derecho nacional esté realizándose con lentitud, y que muchos Estados miembros no hayan adoptado ni siquiera una propuesta para implementar la legislación; anima, por tanto, a la Comisión, en los términos más enérgicos, a supervisar estrechamente la aplicación de dicha directiva, a abordar la cuestión con los Estados miembros, y a presentar informes anuales relativos a las medidas concretas adoptadas en el marco de dicha directiva; subraya que el acceso a la justicia, que puede incluir la disponibilidad del instrumento de recurso colectivo, es fundamental para el logro de los objetivos de la política de competencia de la Unión;\n11. Acoge con satisfacción las reflexiones de la Comisión sobre la necesidad de más instrumentos para reforzar los esfuerzos en pos de la libre competencia; espera con impaciencia la propuesta de la Comisión sobre la REC+ y pide la plena participación del Parlamento, en el marco del procedimiento legislativo ordinario; considera que para el buen funcionamiento del mercado único tiene una importancia decisiva disponer de instrumentos adecuados para atajar las distorsiones de la competencia, y que es imperativo garantizar que consumidores y empresas puedan confiar en una aplicación coherente de las normas de competencia de la Unión en todo su territorio; subraya que la legislación de la Unión debe aplicarse por igual en todos los Estados miembros; considera que las normas mínimas en toda la Unión son particularmente necesarias en cuanto a los programas de clemencia, las sanciones y la independencia de las autoridades de competencia nacionales; hace alusión a la posibilidad de crear instrumentos de investigación para la Comisión, con los que podría, independientemente de la información de los Estados miembros, investigar las sospechas de ayudas estatales ilegales;\n12. Hace hincapié en que la coordinación fiscal es un elemento fundamental de la competitividad en el mercado único, y reitera que todos los agentes del mercado deben abonar la parte de impuestos que les corresponde; celebra la iniciativa de la Comisión de investigar a fondo prácticas contrarias a la competencia como las ventajas fiscales selectivas o los sistemas de resolución de beneficios extraordinarios en determinados Estados miembros, potencialmente ilegales según las normas de la Unión en materia de ayudas estatales, y acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión en este ámbito; señala, no obstante, que dichas decisiones no iban contra las empresas como tales sino contra las condiciones ofrecidas por los Estados miembros, que presuntamente incumplían la normativa sobre ayudas estatales de la Unión; pide a la Comisión que lo tome en consideración y siga en la misma dirección en casos similares;\n13. Pide a la Comisión que garantice que las normas de contratación pública de la Unión se aplican de manera oportuna, en particular en cuanto a la implantación de la contratación pública electrónica y las nuevas disposiciones por las que se favorece la subdivisión de los contratos en lotes, lo cual es fundamental para fomentar la innovación y la competencia y apoyar a las pymes en los mercados de contratación pública;\n14. Pide a la Comisión que evite crear monopolios o cadenas de valor cerrado mediante la estandarización; considera que debe introducirse un proceso de apelación para revisar los estándares allá donde puedan suponer un riesgo para la competitividad;\n15. Manifiesta su preocupación por el nivel de concentración en algunos sectores, como el químico, a la luz de las recientes fusiones; pide a la Comisión que explique de qué manera autoriza la posibilidad de entrada en el mercado, en especial para las empresas emergentes; pide a la Comisión que examine si el poder de mercado de una empresa resultante de la información y los datos, el manejo de dicha información y dichos datos por parte de la empresa, y el número de usuarios deben tenerse en cuenta como un criterio de las pruebas para el control de fusiones; pide que se considere si la fusión de datos e información, en especial sobre clientes, puede provocar una distorsión de la competencia;\n16. Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial para impulsar la innovación y la inversión en redes, así como para la elección de servicios para los consumidores; considera la rápida expansión de la banda ancha como clave para completar el mercado único digital; acoge con satisfacción, en este contexto, que la Comisión valore los objetivos de conectividad estratégica, establecidos en el paquete de telecomunicaciones, al aplicar las guías de ayuda estatales a la banda ancha;\n17. Se remite al último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, relativo al incumplimiento de las normas en materia de ayuda estatal en la política de cohesión, en el que se observa un significativo nivel de incumplimiento y se pide la aplicación de ciertas recomendaciones; expresa su preocupación ante estas constataciones, pues perjudican al buen funcionamiento del mercado interior, y, por lo tanto, pide a la Comisión que tome en consideración las recomendaciones formuladas por el Tribunal y redoble sus esfuerzos para evitar otros defectos;\n18. Insta a la Comisión, en este contexto, a que garantice una aplicación correcta del Reglamento (UE) n.º 651/2014, el Reglamento general de exención por categorías, que entró en vigor en julio de 2014; acoge con satisfacción la revisión actual de dicho Reglamento; recuerda que existe una incertidumbre jurídica sobre la cuestión de si la concesión de financiación pública a organizaciones turísticas en su forma actual es acorde con las normas de ayuda estatal de la Unión; pide a la Comisión que proporcione directrices sobre la aplicación de ayuda estatal para los Estados miembros a fin de apoyar el turismo como un importante factor económico en el mercado interno; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar una nueva exención del Reglamento general de exención por categorías;\n19. Apoya las acciones de la Comisión relativas a la aplicación de la legislación de lucha contra las prácticas colusorias, como las acciones recientes en sectores de los alimentos al por menor y de unidades de discos ópticos, a fin de garantizar unos precios justos para los consumidores;\n20. Señala que, en el mercado único, se están vendiendo a los consumidores productos que contienen ingredientes distintos de una remesa a otra a pesar de que se comercializan con la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que determine si esta práctica tiene repercusiones negativas para los productores locales, especialmente las pymes, y si tiene como consecuencia la discriminación de los consumidores, al colocar productos de inferior calidad;\n21. Recuerda que, en su Resolución sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE 2014, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que vigilara de cerca las alianzas de los grandes distribuidores en Europa, y celebra la voluntad de la Comisión de debatir el impacto de estas alianzas en los productores y consumidores en el marco de la Red Europea de Competencia;\n22. Acoge con satisfacción los pasos dados hasta la fecha por la Comisión y el Parlamento para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos; reconoce que los servicios de la Comisión están realizando un análisis con vistas a determinar si las marcas blancas pueden crear ventajas contrarias a la competencia en el mercado, y pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados; opina que el camino que debe seguirse es la posibilidad de una legislación de la Unión que determine principios generales y tenga en cuenta las mejores prácticas y regímenes voluntarios, por ejemplo la iniciativa de la cadena de suministro;\n23. Invita a la Comisión a que en sus políticas en materia de competencia permita ciertas formas de cooperación entre proveedores de alimentos independientes, a fin de evitar y combatir las prácticas comerciales desleales de los supermercados.\nOPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo (14.11.2016)\nPonente: Jacqueline Foster\nLa Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:\n1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que muestren una mayor voluntad política de continuar con la profundización y el refuerzo del mercado único para los transportes y la instauración de unas condiciones iguales para todos, con el fin de garantizar una competencia abierta y leal entre los operadores públicos y privados en los sectores del transporte, postal y del turismo sin dejar de respetar otras políticas, objetivos y principios de la Unión, por ejemplo la dimensión social, condición importante para el buen funcionamiento del mercado interior del transporte;\n2. Destaca la importancia de la conectividad y de las infraestructuras de transporte para la supervivencia, el desarrollo económico y la prestación de servicios públicos y privados en regiones periféricas y remotas;\n3. Espera, por tanto, que se complete la red global RTE-T;\n4. Subraya que la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores en el sector del transporte frente a los abusos no debe constituir un pretexto para restringir la libre competencia entre operadores de distintos Estados miembros; aboga por que la Comisión respete los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el diseño de leyes que influyan significativamente en el funcionamiento del mercado único de los servicios de transporte;\n5. Toma nota de los retos que afrontan los operadores postales en relación con la creación del mercado único digital; subraya que el éxito de este ambicioso proyecto, en particular en el ámbito del comercio electrónico, depende en gran medida de cómo se organice el mercado de servicios postales de paquetería; subraya la necesidad de garantizar unas condiciones justas y equitativas de competencia transfronteriza para las entidades privadas y los operadores públicos que presten servicios comerciales;\n6. Resalta que toda política de competencia debe respetar los derechos sociales de todos los operadores de los sectores afectados;\n7. Pone de relieve que, con frecuencia, los Estados miembros aplican la legislación de transporte de la Unión de modo deficiente y no respetan los principios de los Tratados, en especial allí donde la administración central se encarga de su gestión de manera monopolista; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen y hagan cumplir correctamente la legislación de la Unión vigente, que es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior y aportará nuevos beneficios a las empresas y al sector, a los consumidores, a las condiciones sociales de los trabajadores y al medio ambiente;\n8. Destaca la importancia de suprimir los obstáculos físicos, técnicos y normativos entre Estados miembros para evitar la fragmentación dentro del mercado único y facilitar la movilidad transfronteriza y la cooperación territorial y, de este modo, estimular la competencia;\n9. Llama la atención a la Comisión sobre los obstáculos indirectos para la competencia que surgen de la disparidad de normas sobre tributación, seguridad, diferencias entre los períodos de conducción y de descanso, derechos de homologación y de los pasajeros;\n10. Reconoce los progresos en los sectores del transporte y el turismo de las tecnologías digitales, que promueven la competencia, crean empleo, facilitan el acceso de las pymes a mercados más extensos y aportan beneficios tangibles a los consumidores; señala que la digitalización y un desarrollo positivo de la economía colaborativa traerán cambios significativos al entorno operativo de estos sectores, y que es necesario un marco jurídico claro y adecuado para aprovechar los beneficios del proceso de digitalización;\n11. Subraya que quienes operan sobre la base de nuevos modelos de negocio influyen positivamente en el mercado de los servicios de transporte y turísticos de la Unión, en particular mediante la mejora del acceso y la calidad de estos servicios;\n12. Celebra la voluntad de la Comisión de negociar acuerdos exteriores en materia de aviación con varios países y regiones importantes del mundo; considera que estos acuerdos no solo mejorarán el acceso al mercado, sino que también crearán nuevas oportunidades de negocio para el sector europeo de la aviación, sin parangón en el mundo, crearán empleo de calidad, mantendrán unos estrictos niveles de seguridad, tendrán en consideración los derechos de los trabajadores del sector y beneficiarán a los consumidores; destaca que el Parlamento desempeña un papel importante en estas negociaciones;\n13. Pide a la Comisión que, en el marco de la negociación de acuerdos exteriores en materia de aviación, incluya una cláusula de competencia leal a fin de garantizar una competencia justa;\n14. Anima a la Comisión a fomentar la coherencia, incluidas las subvenciones de la Unión, entre los aeropuertos situados geográficamente próximos los unos de los otros pero en lados diferentes de las fronteras nacionales;\n15. Considera que en el ámbito de los servicios portuarios es necesario crear un marco normativo más abierto, competitivo y transparente para los puertos públicos europeos;\n16. Cree que el aumento de la competencia provocado por la apertura gradual del mercado europeo del transporte de mercancías por carretera puede ser beneficioso para los consumidores, pero condena firmemente el hecho de que algunas medidas aplicadas por algunos Estados miembros estén dañando la integridad del mercado único en este ámbito; apoya la posición de la Comisión que se opone a estas medidas;\n17. Espera que esta apertura del mercado de transporte de mercancías no provoque más dumping social, y deplora asimismo el fenómeno de las compañías ficticias;\n18. Lamenta, además, que la política europea no tenga debidamente en cuenta las furgonetas más pequeñas, a pesar de que cada vez se utilizan más para eludir la correcta aplicación de la legislación sobre empleo, seguridad y protección medioambiental;\n19. Invita a la Comisión a supervisar estrechamente las tendencias oligopolistas de dumping de los precios, en particular en la aviación, así como en los sectores de largo recorrido/autobuses de línea, e insiste en la correcta aplicación de la legislación europea y la igualdad de condiciones de competencia intermodal;\n20. Celebra la conclusión de las negociaciones sobre el cuarto paquete ferroviario, y considera que este seguirá abriendo el transporte de pasajeros a la competencia y mejorará la eficiencia del sector ferroviario, garantizando a un tiempo la calidad y la continuidad de las obligaciones de servicio público;\n21. Considera positiva la adopción del pilar técnico del cuarto paquete ferroviario, y cree que este reforzará la seguridad ferroviaria, eliminando al mismo tiempo las barreras técnicas a la competencia mediante la interoperabilidad;\n22. Subraya la importancia del turismo como motor esencial del crecimiento económico y la creación de empleo, y pide a la Comisión un enfoque proactivo que promueva la competitividad del sector turístico europeo y cree un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo;\n23. Destaca que los servicios postales, y sobre todo la paquetería transfronteriza, revisten una importancia fundamental para el desarrollo del sector del comercio electrónico en la Unión; celebra la investigación antimonopolio de la Comisión en el sector del comercio electrónico y anima a la Comisión a que continúe supervisando el desarrollo de los mercados de correos y paquetes;\n24. Destaca la necesidad de financiar los proyectos de transporte sostenible, accesible y seguro que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de todo el sistema de transporte europeo;\n25. Pide que se utilicen los fondos europeos, como el Mecanismo «Conectar Europa», los Fondos de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Horizonte 2020, para desarrollar las infraestructuras europeas de transporte y mejorar la cantidad y la calidad de los servicios;\n26. Pide a los Estados miembros que presten la atención suficiente a la conclusión de proyectos de infraestructura transfronterizos y que coordinen sus planes de transporte principales con los Estados miembros vecinos;\n27. Considera importante que se utilicen plenamente los instrumentos financieros innovadores, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que pueden financiar proyectos en el sector de los transportes en apoyo del crecimiento y la competitividad; destaca, no obstante, que los recursos destinados al FEIE no deben obtenerse en detrimento del MCE y Horizonte 2020, instrumentos fundamentales para el desarrollo de un mercado común en el sector de los transportes;\n28. Subraya que una total apertura del mercado del transporte ferroviario puede generar numerosos beneficios a los operadores y los pasajeros en todos los Estados miembros; señala, sin embargo, la necesidad de tomar en consideración en este proceso los distintos niveles de desarrollo de la infraestructura ferroviaria en los Estados miembros; subraya la necesidad de mantener en el próximo marco financiero plurianual el nivel actual de inversión, a fin de reducir las diferencias en la infraestructura ferroviaria.\nOPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (29.11.2016)\n– Vistos los artículos 39 y 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)(1),\n– Visto el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007(2),(3),\n– Visto el Reglamento (UE) n.º 1218/2010 de la Comisión de 14 de diciembre de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización(4),(5),\nA. Considerando que el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) concede un estatuto especial al sector agrícola en lo relativo a la aplicación del Derecho de la competencia;\nB. Considerando que el artículo 39, apartado 1, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política agraria común (PAC) tiene como objetivo garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura;\nC. Considerando que el sector agrícola de la Unión se compone principalmente de pequeñas explotaciones familiares, poco resilientes ante trastornos y cambios del mercado; que el sector agrícola se caracteriza por la falta de flexibilidad de su gestión de la oferta, debida a la larga duración de los ciclos de producción, lo que da lugar a una posición estructural de debilidad de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos;\nD. Considerando que los mercados agrícolas se caracterizan por una acrecentada volatilidad de los precios agrícolas y están pasando por una crisis sin precedentes, en especial en el sector lácteo, acentuada por la debilidad de la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria;\nE. Considerando que las rentas de los agricultores están cada vez más determinadas por su posición en la cadena agroalimentaria, y que los países en los que el sector agrícola está mejor organizado son los menos afectados por la crisis agrícola;\nF. Considerando que la cooperación entre agricultores tiene por objeto reforzar su poder de negociación, les permite obtener una mayor proporción del valor añadido de sus productos, contribuye a reforzar su competitividad, su visibilidad y su protección, y les ayuda a atender unas demandas societales en aumento;\nG. Considerando que la última reforma de la PAC pretendía reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria disponiendo una serie de excepciones y exenciones del artículo 101 del TFUE; que el Parlamento presentó propuestas innovadoras y ambiciosas durante la última reforma de la PAC para adaptar mejor la legislación en materia de competencia a los mercados agrícolas;\nH. Considerando que un entorno regulador claro, coherente y práctico en términos de adaptación de la política de competencia a las particularidades agrícolas puede contribuir a reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria remediando los desequilibrios de poder entre operadores, aumentando la eficiencia de los mercados y garantizando seguridad jurídica e igualdad de condiciones en el mercado único;\nI. Considerando que la modalidad, la intensidad y el momento de los riesgos económicos son difíciles de predecir y que es necesario que una PAC orientada al mercado proporcione apoyo a los agricultores y más excepciones temporales a las normas de competencia en caso de desequilibrios acusados del mercado; que durante la crisis del sector lechero, la Comisión decidió aplicar el artículo 222 del Reglamento único para las OCM como último recurso para eximir de la aplicación de la legislación sobre competencia la planificación colectiva de la producción de leche por agrupaciones de agricultores;\nJ. Considerando que la política de competencia por sí sola es inadecuada para resolver problemas de prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria;\nK. Considerando que el Grupo operativo sobre mercados agrícolas se estableció a fin de mejorar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria explorando las posibilidades de reforzarla, en particular las posibilidades jurídicas de establecer relaciones contractuales y organizar acciones colectivas por parte de los agricultores; que las conclusiones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas deben tenerse en cuenta, en su caso, con miras a debates futuros y las medidas que deban adoptarse;\n1. Destaca que la política de competencia defiende los intereses de los consumidores pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas; destaca que la política de competencia debe conceder a la defensa de los intereses de los productores agrícolas la misma importancia que otorga a la defensa de los intereses de los consumidores, garantizando unas condiciones equitativas de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión, el empleo y la innovación, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales en la Unión;\n3. Estima que la actual situación de crisis agrícola exige nuevas iniciativas para mejorar los instrumentos disponibles y velar por que la política de competencia tome mejor en consideración la naturaleza específica de la agricultura y la diversidad de los sectores agrícolas conforme al artículo 39 del TFUE;\n4. Considera lamentable que no se utilicen en toda su extensión las excepciones actuales y considera que siguen siendo poco claras, ambiguas y difíciles de poner en práctica, y que las autoridades nacionales de competencia las aplican de manera divergente, impidiendo que los agricultores se organicen por sí mismo y socavando el buen funcionamiento del mercado interior;\n5. Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes por agricultores de distintos Estados miembros en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101, apartado 3, del TFUE; pide a la Comisión que aclare en particular si los acuerdos de sostenibilidad establecidos en la cadena agroalimentaria para atender demandas societales y cuyas medidas rebasan las obligaciones legales pueden quedar exentos de la legislación sobre competencia en caso de que contribuyan a mejorar la producción y promover la innovación, beneficiando al mismo tiempo a los consumidores;\n6. Pide a la Comisión que adopte un enfoque más amplio para definir «posición dominante» y el abuso de una posición dominante por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización;\n7. Considera que, en el marco de un mercado agrícola único, el concepto de «mercado de referencia» debe evolucionar y entenderse ante todo desde la perspectiva del conjunto de la Unión antes de tener en cuenta niveles inferiores, a fin de no contrarrestar los esfuerzos de concentración de la oferta agrícola compartimentando de manera restrictiva las actividades que pueden emprender las explotaciones;\n8. Considera que las actividades colectivas de las organizaciones de productores y sus asociaciones, como la planificación de la producción y la negociación de la venta y, en su caso, las negociaciones de términos contractuales, son positivas para el sector agrícola cuando se orientan a la consecución de los objetivos de la PAC definidos en el artículo 39 del TFUE, por lo que, en principio, deben presumirse compatibles con el artículo 101 del TFUE;\n9. Considera que debe garantizarse a los agricultores de todos los sectores de producción el derecho de negociación colectiva, incluido el derecho de acordar precios mínimos;\n10. Considera que los agricultores deben participar en organizaciones de productores y aprovechar su potencial, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de productores y sus asociaciones y los organismos intersectoriales; pide a la Comisión que propicie que estos instrumentos colectivos de autoayuda acrecienten sus competencias y su eficiencia aclarando y simplificando las normas que les son aplicables a fin de reforzar su capacidad de negociación y su competitividad, dentro del respeto a los principios establecidos en el artículo 39 del TFUE;\n11. Pide a la Comisión que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento único para las OCM en periodos de desequilibrios graves en los mercados y asimismo que analice la eficiencia de esta medida en su aplicación al mercado de productos lácteos con miras a proponer más adaptaciones transitorias de la legislación en materia de competencia y procedimientos para dichos periodos;\n12. Destaca las oportunidades que se derivan de los artículos 169, 170 y 171 del Reglamento único para las OCM por lo que se refiere a las negociaciones contractuales en los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los cultivos herbáceos;\n13. Acoge con satisfacción, a este respecto, la reciente publicación de directrices sobre aplicación de estas normas específicas; considera, no obstante, que su alcance jurídico es excesivamente limitado y los criterios que deben cumplirse son demasiado estrictos y diferentes de un sector a otro, por lo que no aportan la necesaria claridad y seguridad jurídica a los agricultores que deseen acogerse a estas excepciones;\n14. Considera que la categoría de mercado de referencia no se adapta por completo a la situación actual del sector del aceite de oliva, por lo que debe considerarse como un mercado único para los consumidores con miras a mejorar la aplicación de las disposiciones del artículo 169 del Reglamento único para las OCM;\n15. Considera que, habida cuenta de las variaciones en la producción de aceite de oliva, debidas principalmente a las condiciones meteorológicas, y al objeto de garantizar los objetivos de los miembros de las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores, deben tomarse en consideración los casos en los que las organizaciones de productores se ven forzadas a adquirir aceite de oliva de productores que no son sus miembros, garantizando al mismo tiempo la naturaleza auxiliar de esta actividad respecto de la comercialización de los productos de sus propios miembros;\n16. Propone ampliar el ámbito de aplicación de las normas del artículo 170 relativas a la producción de carne de vacuno al sector del engorde a fin de garantizar una mejor aplicación;\n17. Expresa su particular inquietud ante la situación del sector lácteo y considera que debe ayudarse a este sector en su transición derivada del fin del sistema de cuotas, así como estimularlo para que reaccione con más eficiencia ante movimientos del mercado y fluctuaciones de precios; considera, por consiguiente, que aplicar cabal y satisfactoriamente el «paquete lácteo»(6) reviste una importancia fundamental para el refuerzo del sector de la leche, en particular para garantizar la negociación colectiva de los términos contractuales; pide a la Comisión Europea que proponga que el «paquete lácteo» siga aplicándose después de mediados de 2020 y la ampliación de sus disposiciones a otros sectores agrícolas;\n18. Se congratula, en el contexto del fin de las cuotas en el sector del azúcar, del mantenimiento de un marco contractual(7) entre los productores de remolacha, sus organizaciones y las empresas azucareras que les permite, en particular, negociar en términos de reparto del valor en función de la evolución del mercado del azúcar u otras materias primas; pide a los Estados miembros que garanticen que esta posibilidad se ofrezca a todos los operadores del sector a fin de alcanzar los objetivos del Reglamento único para las OCM y con ello un equilibrio justo de derechos y obligaciones entre las empresas azucareras y los productores de remolacha azucarera;\nRelaciones con la cadena agroalimentaria\n19. Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia que presten atención a las inquietudes suscitadas tanto en los eslabones iniciales de la cadena agroalimentaria como en distribuidores y consumidores por el efecto conjunto de, por una parte, la rápida concentración del sector de la distribución a escala nacional y, por otra, la formación de alianzas entre grandes distribuidores a escala europea; considera que esta evolución estructural es motivo de preocupación por la posibilidad de alineaciones estratégicas, reducción de la competencia y reducción de los márgenes de inversión en innovación en la cadena agroalimentaria;\n20. Toma nota de las conclusiones del estudio de la Dirección General de la Competencia «Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» (Impacto económico del sector minorista moderno en la elección e innovación en el sector agroalimentario de la Unión), en particular de la relativa a la posible relación negativa que puede existir entre innovación, oferta a los consumidores y penetración de productos con marcas blancas en el mercado;\n21. Pide a la Comisión que presente al Parlamento sus reflexiones sobre el curso que cabe dar a las conclusiones del estudio y, en particular, sobre las consecuencias a largo plazo de esta tendencia para toda la cadena agroalimentaria y para la situación de los agricultores en ella;\n22. Insta a la Comisión Europea a evaluar la influencia que los distribuidores ejercen sobre las empresas que fabrican sus productos de marca propia;\n23. Reitera la posición del Parlamento(8) en favor de la adopción de legislación marco a nivel de la Unión para hacer frente a prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria; destaca que esta legislación debe garantizar que los agricultores y los consumidores de la Unión tengan la oportunidad de disfrutar de unas condiciones equitativas de venta y compra.\nEn caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como visto en la propuesta de Resolución.\nReglamento delegado (UE) 2016/1166 de la Comisión de 17 de mayo de 2016 que modifica el anexo X del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de compra de remolacha en el sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 2017.\nResolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (2015/2016(INI)).