1 Font,Blanco,Gomá,Jarque Mecanismos de Part.ciudadana | Democracia | Toma de decisiones\nMecanismos de participación ciudadana a nivel local\nenregistrerEnregistrer 1 Font,Blanco,Gomá,Jarque Mecanismos de Part.ciuda... pour plus tard\nXIV Concurso de Ensayos del CLAD Administracin Pblica y Ciudadana.\nMECANISMOS DE PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES LOCALES: UNA VISIN PANORMICA\nJoan Font, Ismael Blanco, Ricard Gom, Marina Jarque _____________________________ Tercer Premio\nI. Introduccin A pesar de las muchas limitaciones que siguen existiendo, las ltimas dcadas han contemplado una creciente presencia de mecanismos que permiten la participacin ciudadana en la administracin pblica local. En algunos casos a partir de una estrategia tendente a mejorar la eficacia de la gestin, a incrementar la legitimidad de las instituciones o los gobiernos electos, o bien tratando de responder a una demanda social en este sentido, se han puesto en marcha muy diversos tipos de experiencias, con funcionamientos y resultados muy dispares, que tienen en comn el pretender escuchar a los ciudadanos a la hora de definir las polticas pblicas de mbito local. El objetivo de este trabajo es tratar de hacer un balance de qu han aportado y cul es el significado y los resultados de este conjunto de mecanismos. Por ello, no podremos dedicarnos a explicar el funcionamiento de cada uno de estos procesos, para lo que remitiremos al lector a otras fuentes, pero si trataremos de examinar en conjunto qu han implicado a partir de 3 criterios: el grado de representatividad de los participantes, su capacidad de legitimar a las instituciones y a las polticas definidas mediante procesos participativos y sus resultados reales (decisiones, costes,). El trabajo se basa en multitud de informes realizados a veces por las propias administraciones locales o por consultoras o fundaciones externas, que describen y a veces evalan estos procesos participativos, as como en trabajos de ndole ms acadmica pero con un objetivo similar. Las experiencias tratadas son principalmente europeas (jurados ciudadanos, consejos consultivos municipales, Internet), aunque tambin se incluyen algunas latinoamericanas (presupuestos participativos) y de otros pases. El anlisis se estructura en dos grandes partes. En la primera, se realiza una primera lectura de las dos caras del proceso: se discuten algunos de los motivos por los que la participacin ciudadana en la administracin pblica es hoy mucho ms necesaria que hace unas dcadas y se realiza una primera mirada panormica al enriquecimiento del panorama participativo local, apuntando tambin algunos de sus desencadenantes. Obviamente no pretendemos reproducir aqu todo el debate sobre los problemas y las bondades de la participacin ciudadana en la administracin pblica, sino nicamente aportar algunas reflexiones adicionales para subrayar por qu es hoy mucho ms necesaria que hace unas dcadas. En la segunda parte abordamos ya el anlisis de los instrumentos participativos a partir de los 3 criterios citados, ilustrando los avances y los lmites constatables a partir de las experiencias analizadas. II. El objeto de estudio: mecanismos de participacin en las polticas locales Junio de 1997. En Bristol (Gran Bretaa) una gran diversidad de grupos ciudadanos, algunos previamente existentes y otros creados para la ocasin, estaban debatiendo sobre el futuro de su ciudad, siguiendo un guin de discusin previamente elaborado. Todas las propuestas fueron agrupadas en 6 grandes temas, que despus fueron debatidos en asambleas en las que participaron ms de 100 personas. Los resultados de estas reuniones aparecieron en una publicacin, cuya presentacin se aprovech para organizar a los participantes en grupos operativos encargados de tratar de poner en prctica las propuestas. En las mismas fechas, en Porto Alegre (Brasil), los ciudadanos estaban discutiendo las prioridades para su presupuesto municipal, tal como llevaban haciendo haca ya varios aos. En\nXIV Concurso de Ensayos del CLAD Administracin Pblica y Ciudadana. Caracas, 2000\njunio concretamente se estaban celebrando 21 asambleas plenarias, 16 de base territorial y 5 sectorial, abiertas a todo el mundo y encargadas de fijar las prioridades presupuestarias que luego seran trasladadas al gobierno municipal y negociadas entre los representantes de las distintas asambleas. Los habitantes del distrito Centro, con mayor presencia de clases medias, decidieron priorizar para aquel ao las polticas de vivienda y las culturales, mientras el popular distrito de Lomba Pinheiro asign la mxima prioridad a polticas sanitarias y de saneamiento bsico. Tambin en ese mismo mes de junio, en Rub, una ciudad de unos 50.000 habitantes del rea metropolitana de Barcelona (Espaa), se estaba desarrollando una experiencia participativa novedosa. Los Consejos ciudadanos iban a reunir a 3 grupos de 25 personas mayores de 16 aos seleccionadas al azar, para discutir la utilizacin que deba darse a un inmenso terreno que quedaba liberado en pleno centro de la ciudad, gracias al traslado del campo de ftbol del equipo local a las afueras. Los 75 participantes escucharon a tcnicos muy diversos, a las asociaciones que quisieron intervenir y a los partidos polticos locales y, al final, emitieron sus recomendaciones sobre qu usos concretos dar a este espacio pblico. La existencia de experiencias tan diversas en lugares tan alejados cultural y polticamente como los citados es la razn que ha provocado este trabajo. Aunque pueda tratarse todava de experiencias aisladas, que constituyen ms la excepcin que la regla, su importancia y su difusin crecen. Tanto en el mbito poltico, como en el ciudadano o en el acadmico, la participacin vende y adquiere un protagonismo del que careci durante mucho tiempo. La centralidad de la participacin y de la voluntad de escuchar a la ciudadana en el programa de gobierno del Nuevo Laborismo y la influencia de ste ms all de las fronteras britnicas han terminado de dar alas en el mundo poltico a la cuestin participativa, muy especialmente en el mbito local. En Espaa habra que retroceder a 1979 para encontrar unos programas de gobierno municipal, en los que la participacin tuviera la importancia que ha adquirido en las elecciones municipales de 1999. En el debate pblico, los mecanismos de consulta ciudadana alcanzan una visibilidad y una cotidianidad que quizs nunca antes tuvieron. Referendums vinculantes (Unin Europea) se alternan con los que pretenden lograr una regeneracin del sistema poltico (Colombia, Portugal, Italia) y con una mirada de consultas similares a nivel local a ambos lados del Atlntico. Todo ello en paralelo a la creciente extensin en el uso de las elecciones primarias (Espaa, Mxico, Argentina, debate en el SPD alemn). La recuperacin del tema en las ciencias sociales no es menos clara. Tras el xito de conceptos como sociedad civil, empowerment, tercer sector o calidad de la democracia, la participacin ciudadana adquiere un protagonismo absoluto de la mano de la idea de capital social, que desarrolla la obra de Putnam (1993). Como indica el ttulo de su obra, la participacin ya no es un discurso cargado de retrica y utopa, sino ante todo la mejor garanta para hacer funcionar la democracia. Por si el reinado del capital social no fuera lo bastante rotundo, otro concepto con el que mantiene mltiples conexiones, la confianza, ha sido popularizado ms recientemente por la obra de Fukuyama (1995). Sin duda, es preciso no exagerar. Estamos hablando ms de un fenmeno emergente, que de realidades consolidadas que generen unanimidades. Entre los polticos siguen predominando las reticencias hacia la apertura de nuevos espacios participativos, entre la ciudadana la apata y la falta de implicacin y en el debate acadmico sigue presente la desconfianza hacia un excesivo protagonismo ciudadano. Pero en todos los mbitos son indudables los movimientos y las corrientes en el sentido descrito. Esta realidad de espacios participativos emergentes es especialmente clara en el mundo local. El principal argumento tradicional a favor de la inevitabilidad de la democracia representativa es el de la imposibilidad de la democracia directa a gran escala. Segn este razonamiento, la Grecia clsica ofrece un modelo ideal de democracia participativa, que hoy sera irrealizable debido a la existencia de comunidades polticas de mucho mayor tamao (Dahl y Tufte, 1973). A pesar de los cambios que las nuevas tecnologas puedan introducir en este planteamiento, no hay duda que a corto y medio plazo al menos, una escala de gobierno menor facilita el desarrollo de instrumentos\nparticipativos, en tanto que abre la puerta al dilogo y la interaccin cara a cara. Adems, la proximidad de los temas a los ciudadanos provoca una mayor disposicin por su parte a implicarse y participar (Parry y otros, 1992). Por ello, el gobierno local se ha considerado siempre como el escenario privilegiado desde el cual pueden desarrollarse experiencias de participacin ciudadana y se ha convertido realmente en el nivel de gobierno donde ms se ha avanzado en esta lnea. A pesar de que tambin a nivel estatal, regional o europeo puedan identificarse instrumentos de dilogo con los ciudadanos o con los interlocutores sociales, la revisin de mecanismos existentes que haremos en esta obra se basar sobre todo en el nivel local y dejar de lado realidades ms conocidas y a la vez ms alejadas del ciudadano comn, como son todo el conjunto de instrumentos corporativos que existen desde el nivel regional hasta el europeo. Aunque la participacin local es el marco temtico en que se mueve este trabajo, vamos a centrarnos en un aspecto ms concreto: los mecanismos de participacin ciudadana en la administracin para la elaboracin de polticas pblicas. Sin duda, la mejora de los canales por los que se transmite la informacin a la ciudadana se ha convertido en un logro importante, en tanto que la informacin se convierte en prerequisito previo para que la participacin sea posible. Sin embargo, los boletines municipales, pginas web y restantes instrumentos de informacin municipal no sern considerados en las siguientes pginas, que se limitarn a aquellos que permitan escuchar la voz de los ciudadanos vinculada a un proceso de toma de decisiones. La demanda: por qu hay mayor necesidad de participacin? El indudable triunfo de la democracia representativa como conjunto de mecanismos institucionales para la toma de decisiones colectivas se ha producido ms por falta de alternativas que por conviccin. La paradoja es que la mayor extensin real y la mayor unanimidad en cuanto a la adopcin de las formas de gobierno democrticas dentro y fuera de Occidente coincide con un perodo en que estas instituciones no gozan precisamente de su mejor estado de salud en aquellos pases donde ms tiempo llevan instaladas: Abstencin electoral, crisis de confianza en las instituciones y los partidos, cinismo poltico, incapacidad de procesar nuevas demandas y conflictos emergentes seran algunos de los sntomas de estos problemas de salud de las instituciones representativas. En muy buena medida ello se debe a que dichos mecanismos institucionales fueron pensados y concebidos para realidades muy distintas a la actual. La hiptesis que vamos a desarrollar en este apartado es que tanto la sociedad como la poltica actual poco se asemejan a la de aquellas sociedades en las que y para las que fueron inventados los actuales mecanismos de representacin poltica. Mientras la sociedad y los contenidos de la vida poltica no paraban de cambiar aceleradamente a lo largo de estos ltimos 150 aos, las formas y las instituciones polticas han modificado mucho menos su funcionamiento. Y si ello prueba en buena medida la solidez de las mismas, al mismo tiempo ha ido creando un conjunto de desajustes y de insatisfacciones. Por tanto, empezaremos por examinar los cambios que han dado lugar a este desfase entre la realidad sociopoltica y los mecanismos representativos, para pasar luego a revisar cmo se manifiestan dichos desajustes. Cerremos los ojos y pensemos en la primera imagen que nos venga a la cabeza de cualquier sociedad europea de mitad del siglo XIX: probablemente veremos multitudes de personas con poco nivel educativo que hacen largusimas jornadas de trabajo y mujeres que, adems, pasan muchsimas horas lavando y cocinando. A no ser que hayan emigrado para encontrar trabajo, es posible que estas personas no hayan salido nunca de su localidad y todo lo que sepan de lo que ocurre fuera de ella provenga de rumores o de algn lejano conocido cuya militancia poltica o vida asociativa le lleva a la lectura. Si saltamos 150 aos en el tiempo es mucho ms probable imaginar a jvenes que salen de un centro educativo de una ciudad ms estructurada, a jubilados que pasean por sus calles, a personas a las que menores jornadas de trabajo y la extensin de la radio y la televisin han dado conocimientos (por precarios que sean) sobre lo que ocurre en el otro extremo del mundo.\nEl mismo salto se produce si pensamos en la poltica. En el primer caso imaginaramos un Parlamento, formado exclusivamente por hombres adinerados y educados, que debaten sobre orden pblico, busca de nuevos mercados para sus productos, de aranceles o quizs de la necesidad de una emergente legislacin social. Al trasladarnos a la actualidad (fijndonos, por ejemplo, en el peridico de ayer) nos encontramos dos realidades divergentes. En el mbito temtico el salto ha sido total: el artculo de opinin habla sobre la situacin de las mujeres, en un debate de investidura autonmico se discuti sobre la jornada de 35 horas, se habla del nombramiento de un director general de comunicacin y de otro de promocin turstica de la Comisin Europea, de la obligatoriedad de registrar las huellas dactilares de los bebs o de la regulacin de los operadores de cable. Probablemente cualquiera de nuestros parlamentarios del siglo XIX no podra creer que este conjunto de temas constituyeran parte de la agenda poltica de hoy, de los temas de debate pblico y de actuacin de las administraciones. Sin embargo, si nos trasladamos en el mismo peridico a cmo se han tomado estas decisiones encontramos unas instituciones que el parlamentario del siglo XIX no reconocera en los detalles (una fotografa de un parlamentario en el estrado en camiseta, otra fotografa de un parlamento regional en la que se ven 4 mujeres y 4 hombres), pero cuyo funcionamiento se asemeja mucho al que l conoca. Sirven esas mismas instituciones para una realidad y una vida poltica tan diferentes? El universo de quienes tienen derecho al voto ha ido amplindose sin cesar a lo largo de estos aos, pero estos cambios no se han visto traducidos en los mecanismos de toma de decisiones y, en concreto, en los espacios reservados a los ciudadanos que no son profesionales de la poltica. El cambio poltico no ha sido menor. En primer lugar, el mbito temtico de la poltica ha crecido de forma notable y no deja de hacerlo. Temas que no hace tanto se hubieran considerado fuera del terreno de la intervencin pblica pasan a formar parte de ste (delitos ambientales, promocin de la igualdad de oportunidades entre gneros, fijacin del catlogo de eventos deportivos de inters general), a la vez que aparecen nuevos temas provocados por cambios sociales o tecnolgicos (familias monoparentales, regulacin de Internet o del uso de las biotecnologas). La poltica ampla su campo de actuacin dando lugar a dos efectos fundamentales: mayor dificultad de canalizar todas las demandas sobre temas tan diversos a travs de los instrumentos tradicionales, as como mayor oportunidad y motivacin para participar en un mbito de toma de decisiones colectivas de importancia y relevancia creciente. De unos estados que controlaban una muy pequea parte de la riqueza nacional, a la situacin actual donde llegan a administrar ms de la mitad del Producto Interior Bruto en algunos pases. Ello supone que los incentivos para la participacin ciudadana en los asuntos pblicos sern mucho mayores, en tanto que a travs de esos mecanismos de decisin colectiva se est decidiendo sobre la mitad del producto del trabajo de cada uno. Pero al mismo tiempo que la influencia de la poltica se expande, tambin se hace ms compleja. La propia ampliacin temtica puede provocar la dificultad (ms bien la imposibilidad) de ser capaz de seguir y de estar medianamente informado de todos y cada uno de los debates polticos, as como provocar la sensacin de desconcierto, de una vida poltica que ya no resulta reducible a esquemas ideolgicos simples, repleta de temas que crean contradicciones a los clsicos patrones de pensamiento de derecha e izquierda. Es de derechas la regulacin de Internet en nombre de la defensa de los valores morales tradicionales o es ms de derechas defender la falta de regulacin en nombre de la libertad y el rechazo al intervencionismo estatal?; Es de izquierdas el derecho de injerencia humanitaria en nombre de la solidaridad con los dbiles y los derechos humanos o es ms de izquierdas su rechazo en nombre del pacifismo y el antiimperialismo?. El debate sobre la integracin europea ha ilustrado a la perfeccin estos nuevos problemas que han dividido a partidos de izquierda y derecha, dejando en algunos casos heridas muy traumticas en la vida interna de los partidos o en su relacin con los ciudadanos. La complejidad no slo crece por la falta de patrones ideolgicos omnicomprensivos, sino por la dificultad de localizar a los responsables de la toma de decisiones. La aparicin de nuevos niveles en la administracin y el fenmeno en general del gobierno multinivel, dan lugar a una realidad poltica donde las responsabilidades polticas no son fcilmente atribuibles a un nico nivel\nde gobierno. A quin recurrir ante un problema ambiental si hay competencias a nivel europeo, estatal, regional y local? Quin va a rendirle cuentas al ciudadano y a quin tiene ste que dirigirse en busca de informacin o si pretende tratar de influir en la poltica? La dificultad de localizar a los responsables de las decisiones se complica an ms cuando se trata de decisiones cuyos responsables carecen de responsabilidad poltica. Cmo buscar responsabilidades a una crisis financiera en Brasil provocada desde una oficina privada de Hong Kong? Cmo criticar polticas monetarias decididas por un Banco Central Europeo polticamente independiente? Como un fenmeno distinto, que tiene tambin otras races pero que comparte la voluntad de despojarse de lastres polticos y de evitar debates pblicos sobre su actividad, se blinda polticamente a aquellas instituciones que deben tomar decisiones difciles y presuntamente poco polticas (Bancos Centrales, Consejo de Seguridad Nuclear), tratando de hacerles ganar independencia respecto al debate poltico. En definitiva, la poltica nos afecta ms y ms, abarca cada uno de los mbitos de nuestra vida, pero al mismo tiempo se hace ms y ms compleja (ms actores, ms niveles de gobierno, menos esquemas estables) y por tanto difcil de comprender y de seguir. Qu consecuencias tienen todo este conjunto de cambios en la sociedad y en la poltica? En los aos 60 y 70 se extiende la percepcin de que las instituciones representativas son incapaces de responder a las demandas crecientes, generando con ello una crisis de confianza en la ciudadana. Sin embargo, el estudio ms exhaustivo sobre el tema encontr muy pocas evidencias sistemticas de descontento creciente de los ciudadanos europeos respecto a sus instituciones (Kaase y Newton, 1995). Pero la expansin mundial de los sistemas representativos coincide en los aos 90 con una percepcin creciente de aburrimiento, escepticismo y cinismo, especialmente marcado en pases como Suecia, Japn, Italia o EEUU (Putnam, 1995). La ltima investigacin al respecto apuesta por distinguir entre distintos mbitos: mientras el apoyo a la democracia como sistema se mantiene en niveles muy elevados, el grado de satisfaccin con su funcionamiento y con los polticos es muy variable segn el pas; y, finalmente, se aprecia una crisis de confianza en las instituciones representativas (parlamentos, partidos), tanto en las viejas como en las nuevas democracias (Norris, 1999). Haya o no crisis de confianza en algunas instituciones, s existira en cualquier caso un potencial participativo mucho mayor, el proceso que se ha bautizado como de movilizacin cognitiva, consistente en amplios sectores de ciudadanos mucho ms informados de lo que lo estuvieron nunca y predispuestos a participar (Inglehart, 1991). Estos ciudadanos crticos no aceptan dogmas ni consignas y, a pesar de ser individualistas y carecer de identidades colectivas fuertes, son conscientes y activos. En palabras de Inglehart (1999), la postmodernidad erosiona el respeto por la autoridad, pero incrementa el apoyo a la democracia. Aunque entre estos autores no hay respuestas explcitas y convincentes de cmo encajar en este escenario una realidad en la que no encontramos la esperada explosin participativa, sus explicaciones apuntaran a dos lneas complementarias: para unos, estos nuevos ciudadanos ya no estaran dispuestos a participar a travs de instrumentos tan jerrquicos, disciplinados y globalizadores como los partidos polticos, pero s constituyen el capital humano que est dando lugar a otro tipo de organizaciones de funcionamiento ms horizontal y con una voluntad de actuacin ms parcial (movimientos sociales, ONGs, Tercer Sector); para otros, estos ciudadanos estn ansiando encontrar sus espacios participativos y el actual desajuste entre realidades y expectativas les hace optar a menudo por la protesta como mecanismo para vehicular dicho descontento (Budge, 1996). Pero incluso si la demanda de mayor participacin existe, hay lmites a la participacin, que no puede ser extendida de forma indefinida. A continuacin abordaremos brevemente las causas de algunas de estas limitaciones, con el fin de completar la comprensin del escenario que es preciso considerar cuando hablemos de instrumentos participativos. Al hablar previamente de los cambios sociales que habran generado una mayor demanda y predisposicin a la participacin hemos subrayado la importancia de crecientes niveles educativos y accesibilidad a la informacin. De forma ms implcita, hemos apuntado tambin el efecto positivo provocado por unas jornadas\nlaborales ms cortas, que liberan tiempo y energas para dedicar a los asuntos pblicos. El problema es que el trabajo no es la nica competencia que la poltica debe enfrentar: sta compite por el tiempo libre de los ciudadanos con actividades de ocio que presentan cada da una oferta ms diversificada y atractiva, pero tambin con la dedicacin a la familia, los amigos, los estudios, la religin, las aficiones, etc. Si el ciudadano del siglo XXI cuenta con algunas horas libres ms conseguidas gracias a los sindicatos y a los electrodomsticos, la televisin, los viajes, Internet o una necesidad de formacin constante constituyen tambin nuevas alternativas que compiten por ocupar el tiempo y las energas liberadas. Por tanto, incluso en el escenario ms idlico, con ciudadanos muy preparados para participar, polticos muy predispuestos a que lo hicieran y una vida poltica intensa y estimulante, los recursos que el ciudadano medio podra dedicar a la vida poltica seran finitos debido al rol crucial que juega un recurso tan limitado como es el tiempo. Todo ello tiene dos grandes consecuencias a retener a la hora de pensar en la viabilidad de cualquier experiencia participativa. En primer lugar, deberemos partir siempre de esta constatacin de un tiempo disponible finito y sometido a mltiples presiones, por lo que el necesario consumo del mismo para participar deber distribuirse como corresponde a un recurso preciado, valioso y a respetar. Adems, el hecho de que ste sea limitado provoca que los ciudadanos lo valoren especialmente, por lo que ser preciso que los participantes obtengan satisfacciones expresivas o instrumentales de su participacin y no se queden con la sensacin de haber estado derrochando su tiempo para nada1. Podemos esperar que los ciudadanos participen, pero no que vivan para participar. Y, sin embargo, en la realidad vamos a encontrarnos todas las situaciones: desde muchas personas que no participan nunca, hasta otras que parece que s viven para participar. Esto se deber a la distribucin radicalmente desigual de todos los factores discutidos hasta aqu. Empezando por el final, est muy desigualmente distribuido el tiempo libre disponible, como tambin lo est la capacidad econmica para comprar tiempo libre (liberando tiempo a dedicar al hogar, los hijos, los enfermos). Pero an peor distribuidos estn los recursos educativos o la capacidad de acceder y de comprender las informaciones polticas. Y probablemente an peor repartidos estn el inters, el sentimiento de que uno debe o es capaz de participar, el placer que se obtiene participando y otros sentimientos fundamentales que nos llevan a implicarnos en los asuntos colectivos. Por supuesto, todos estos recursos mal repartidos no tienen porque coincidir en las mismas personas y grupos. Podemos encontrar parados con mucho tiempo libre, pero que carecen de una gran capacidad de procesar informacin, de sentimiento de competencia poltica o de la estabilidad emocional necesaria para implicarse en los asuntos colectivos, del mismo modo que podemos encontrar personas con una fuerte motivacin y sentimiento de eficacia poltica adquiridos en una larga vida asociativa, a pesar de carecer de una amplia educacin formal. Pero muy a menudo, muchos de los recursos citados sirven para adquirir otros (el dinero compra tiempo, la educacin sirve para adquirir competencia poltica), por lo que el conjunto de recursos que favorece la participacin aparecen estrechamente relacionados y, como resultado, como un conjunto con una muy desigual distribucin social. De esta desigual distribucin se deriva uno de los problemas ms frecuentemente citados, tanto por tericos como por practicantes de la participacin: la intensidad de la participacin va a ser tambin muy desigual, con grupos de personas muy activas, frente a la absoluta pasividad de otros sectores. Las desigualdades sociales y la experiencia se traducen en desigualdades polticas, con lo que se produce una participacin concentrada en sectores muy reducidos, de modo que nos encontraremos con la realidad descrita por tantos cargos polticos locales: los que participan son poco representativos, son siempre los mismos. Debemos escuchar pues a los participantes cuando sabemos que son socialmente poco representativos? No corremos con ello el riesgo de estar\nLa importancia de tener en cuenta los costes y beneficios de la participacin y, por ello, de los beneficios materiales y sociales de la misma proviene de la obra de Olson (1991). Para una crtica que seala que muchos participantes son activos por el placer o la necesidad psicolgica de participar, ver por ejemplo Schlozman y otros (1998).\nactuando contra la voluntad de la mayora silenciosa y pasiva de la sociedad?2 En definitiva, cuando en los prximos apartados analicemos distintas experiencias participativas deberemos tener en cuenta que las energas participativas de los ciudadanos son limitadas y que hay que ser respetuoso con ellas, que cuanto ms exijamos de estas energas mayor riesgo podr existir de una participacin poco representativa y que, cualquier esfuerzo deber tener en consideracin los lmites de la informacin habitualmente disponible. La oferta: Hay realmente ms espacios participativos? La existencia de una mayor demanda o de mayor necesidad de determinado producto no siempre garantiza su existencia. Las resistencias al desarrollo de nuevos instrumentos participativos podran ser tan grandes que, por muy necesarios que resultaran, su aparicin fuera extremadamente residual. A pesar del carcter relativamente excepcional de muchos de los mecanismos aqu tratados y de la falta de incentivos a su generalizacin, el catlogo de instrumentos participativos no deja de crecer y su extensin, aunque desigual y limitada, tambin sigue una clara pauta ascendente. A discutir y desarrollar esta afirmacin y algunas de sus causas dedicamos este apartado: En qu medida el hecho de que los ayuntamientos sean instituciones electas frena o estimula la aparicin de espacios participativos? Se han desarrollado ms debido a una fuerte demanda social en su favor o debido a preferencias partidistas y liderazgos polticos que los han impulsado?. En este trabajo se citan aparecen experiencias en que la participacin gira en torno a la planificacin urbana, al medio ambiente, a la sanidad o a la fijacin global de prioridades presupuestarias. Adems, el objeto de la consulta ha oscilado entre la fijacin generalista de prioridades en grandes mbitos temticos, hasta decisiones extremadamente concretas respecto al uso de determinado presupuesto o a las caractersticas de la construccin de un equipamiento pblico, o hasta la mejora de los procedimientos utilizados para la eleccin de representantes. Finalmente, y en cuanto a mecanismos, los encontramos de muy diverso signo, dirigidos a ciudadanos independientes, a grupos organizados o a ambos, y con formatos que suponen la participacin de no ms de 12 personas en algunos casos (crculos de estudio) y de bastantes miles en otros (presupuestos participativos). Por tanto, aunque aqu no trabajemos ni con una recopilacin extensiva ni con una muestra significativa de casos, podemos afirmar con rotundidad que hace unas dcadas no exista todo el conjunto de experiencias aqu descritas. Se trata de fenmenos an muy desiguales, pero claramente recientes, innovadores y en expansin. Aunque algunos de los mecanismos aqu descritos tengan sus primeras aplicaciones muchos aos atrs, en la mayor parte de los casos su extensin se ha producido muy recientemente. Todos los jurados ciudadanos britnicos y los consejos ciudadanos espaoles se han hecho en los aos 90, del mismo modo que los presupuestos participativos o las experiencias de participacin por medio de Internet, por no hablar de las Agendas 21 locales (A21L), que se inician ya muy a finales de dicha dcada. Los consejos consultivos municipales tienen mucha mayor tradicin en algunos pases europeos, y bastantes ayuntamientos espaoles los ponen en marcha en los aos 80, pero su nmero se ha ampliado muy significativamente en los 90 y su composicin est sufriendo tambin modificaciones significativas. El grado de implantacin de los distintos instrumentos es muy desigual. Los consejos consultivos son, a gran distancia de los dems, el ms utilizado, con presencia en casi cualquier ayuntamiento grande o mediano. nicamente una realidad apenas tratada aqu, la gestin por medio de asociaciones ciudadanas de servicios pblicos, alcanzara un grado de difusin similar. Otros mecanismos de consulta ciudadana, que tampoco tratamos presentan tambin un considerable grado de extensin en ciudades espaolas o europeas, como el uso de encuestas de opinin, de\nLas preferencias polticas tienen siempre una doble dimensin: extensin e intensidad. Mientras la democracia representativa se organiza en base a la extensin de las preferencias, la introduccin de muchos otros mecanismos participativos trata de recoger la intensidad de las preferencias (a menudo slo estn dispuestos a participar los que tienen preferencias ms intensas), aunque con ello se puede correr el riesgo de adoptar las decisiones que cuentan con menor respaldo social (extensin).\nmecanismos de quejas y sugerencias de los ciudadanos o de los usuarios de determinados servicios, o reuniones abiertas al estilo de la audiencia pblica. Por mucho que hablemos de xito de los jurados ciudadanos en Gran Bretaa (90 experiencias en 60 municipios, en pocos aos), o de exportacin del modelo brasileo de presupuestos participativos, incluso en los pases donde estos mecanismos estn ms arraigados siguen constituyendo realidades minoritarias, con la posible excepcin de las A21L, cuya extensin est alcanzando niveles excepcionales en algunos pases y de algunos usos de Internet como mecanismo para aproximar la administracin a la ciudadana. Pero quizs lo interesante es que ms all de las etiquetas participativas ms conocidas, lo que tiene un protagonismo creciente son las experiencias singulares, generalmente inspiradas en algn formato concreto, pero posteriormente adaptado libremente para satisfacer las necesidades y las posibilidades de cada circunstancia concreta. Desde el mismo caso de Choices for Bristol, hasta el intento de adaptar la metodologa de los presupuestos participativos a Sabadell y a otras ciudades espaolas, o la creciente presencia de consejos consultivos parte de cuyos miembros han sido elegidos de forma aleatoria (Sant Feliu), constituyen ejemplos de esta constante adaptacin y experimentacin. Por ello, los distintos intentos de ordenar los mecanismos participativos encuentran tantas dificultades para clasificar una realidad en constante evolucin, una de cuyas principales caractersticas es precisamente la voluntad de transgredir corss metodolgicos concretos. Tambin a nivel temtico existen importantes desigualdades, que aparecen no slo porque algunos mbitos temticos tengan instrumentos participativos de uso exclusivo (medio ambiente), sino por la propia necesidad y/o facilidad de organizar la participacin utilizando cualquier tipo de metodologa. As, cuando nos fijamos en los consejos consultivos, predominan los temas donde se puede personalizar la demanda y focalizar al grupo poblacional de afectados (Navaro, 1999). Es decir, habr ms mecanismos participativos cuando sea fcil identificar a los consultables y estos se encuentren previamente organizados. Finalmente, la desigual implantacin existe tambin para la funcin asignada a la participacin. Si utilizamos la clasificacin tradicional entre informacin, consulta, codecisin y cogestin, la mayor parte de los instrumentos mayoritarios (consejos consultivos y A21L) combinan con diferentes dosis los dos primeros componentes, aunque en los casos de mejor funcionamiento pudiera hablarse de algunos espacios emergentes de codecisin. Los jurados ciudadanos (y su versin espaola, los consejos ciudadanos) y los presupuestos participativos permiten ilustrar las contradicciones que a menudo existen entre teora y prctica. As, los jurados ciudadanos son, en principio, claramente instrumentos de consulta, mientras que los presupuestos participativos pretenden constituir un mecanismo de codecisin. Aunque en la prctica esto sea tambin lo que ocurre en muchos casos, veremos como el compromiso asumido en muchos ayuntamientos espaoles con los consejos ciudadanos termina convirtiendo sus decisiones en definitivas, asumiendo una funcin que va ms all de lo previsto (Font, 1999). Por el contrario, en Porto Alegre, existen instrumentos moderadores que provocan que mientras algunas decisiones del proceso participativo de elaboracin de presupuestos sean la ltima palabra, otras pueden verse finalmente alteradas por decisin del consejo municipal (Abers, 1997). El cuadro 1 trata de ordenar algunos de los instrumentos participativos a los que haremos referencia en este trabajo en funcin de varios criterios. En primer lugar, siguiendo una distincin muy tradicional en el anlisis de las polticas pblicas, distinguimos entre aquellos mecanismos ms pensados para el diagnstico de problemas y la formacin de la agenda poltica local, de aquellos que pretenden tener un carcter ms decisional y de los que suponen la implicacin en el proceso de gestin. Por otro lado, distinguimos los mecanismos participativos en funcin del pblico principal al que van dirigidos, sean ciudadanos a ttulo individual, organizaciones cvicas o ambos. Finalmente, y como criterios complementarios, entre los instrumentos que prevn una participacin con carcter eminentemente asociativo, separamos las que siguen una lgica territorial y las que adoptan criterios sectoriales, mientras que en los mecanismos de base personal la principal distincin se establece entre aquellos pensados para implicar a grupos pequeos que se implican de\nforma muy intensa, respecto a los que priorizan una participacin ms puntual pero lo ms extensa posible. Cuadro 1 Frmulas de participacin: una tipologa\nParticipacin de base ASOCIATIVA De carcter SECTORIAL De carcter TERRITORIAL Participacin MIXTA Participacin de base PERSONAL De tipo INTENSIVO De tipo EXTENSIVO\nParticipacin en Diagnstico y Formacin de la Agenda\n- Frums y Mesas Sectoriales de Entidades\n- Consejos Consultivos de Entidades a escala de barrio o distrito\n- Planes Estratgicos - Procesos participativos temticos: AL-21, PEC\n- Frums Temticos - Crculos de Estudio - Conferencia de Consenso\n- Asambleas - Audiencias - Teledemocracia local\nParticipacin en la Formulacin de Polticas y en la Adopcin de Decisiones\n- Consejos, Comisiones y Ponencias Sectoriales De Entidades\n- Consejos Municipales de Barrio o Distrito con Presencia Asociativa - Planes Integrales\n- Consejos Territoriales Mixtos - Jurados Ciudadanos Mixtos\n- Presupuesto participativo - Jurados Ciudadanos - Paneles Ciudadanos - Encuestas Deliberativas\n- Referendum - Consultas Populares - Teledemocracia local\n- Gestin asociativa de servicios municipales\n- Gestin asociativa de Centros Cvicos y de Barrio\n- Gestin compartida de servicios: entidades y voluntariado\n- Gestin por voluntariado de servicios y programas municipales\nCoproduccin personalizada de servicios\nFuente: Font y Gom, 1999\nPero si estos son los grandes rasgos de la distribucin de mecanismos participativos, en funcin de metodologas o resultados esperados, cules son algunos de los factores que los explican? qu lleva a algunos ayuntamientos a adoptar instrumentos participativos y a otros a resguardarse tenazmente contra ellos? Queremos discutir a continuacin el rol que juegan cuatro factores: en primer lugar, la necesidad de combinar los procesos participativos con los electorales; en segundo lugar, la importancia que pueda tener la presin ciudadana a favor de mayor participacin; en tercer lugar, las preferencias ideolgicas del partido gobernante; y, por ltimo, la extensin por puro mimetismo respecto a otras localidades. Navarro (1999) plantea con absoluta claridad el dilema al que se enfrentan los polticos locales: si la ley pone en sus manos toda la capacidad decisoria, qu incentivos tienen para redistribuir parte de ese poder? Adems, en caso de que deseen hacerlo, esta voluntad se ver mitigada por otra consideracin: esta cesin de protagonismo no debe plantear contradicciones sino resultar funcional al objetivo prioritario de los gobernantes municipales, ganar las siguientes elecciones para mantenerse en el poder. Para hacer este razonamiento no hace falta asumir ninguna versin ortodoxa de la teora de Downs (1973), segn la cual cualquier cargo pblico quiere ante\ntodo mantenerse en el poder: aunque se pretenda ante todo transformar la sociedad, las mayores posibilidades de incidir estn asociadas a formar parte del gobierno y, por tanto, la voluntad de ganar elecciones puede ser sencillamente un medio para lograr fines altruistas. Por ello, segn Navarro, los gobernantes slo cedern espacios a instrumentos participativos que crean poder controlar y de los que, por tanto, pueda esperarse colaboracin activa o pasiva en la tarea de mantener el apoyo electoral de los ciudadanos. Sin duda, las reticencias de los cargos electos a ceder poder existen y muchas de ellas tienen que ver con este argumento. Incluso pudiendo controlar el tema y el momento de la consulta participativa, son pocos los Ayuntamientos que se atreven a abrir procesos participativos que no les ofrecen garantas de control sobre los resultados. Por otro lado, tambin podra ser que precisamente por la necesidad de ganar elecciones, los cargos electos locales estuvieran dispuestos a sacrificar el contenido de una decisin sustantiva concreta y adoptar una decisin poltica que no comparten emanada de un proceso participativo, si ello contribuye a darles visibilidad meditica y a mejorar su imagen pblica en tanto que polticos que fomentan la participacin y escuchan sus resultados. Por tanto, podra ser que la participacin se vea frenada por la necesidad imperiosa de ganar elecciones, pero tambin que sea fomentada por esa misma necesidad. Aunque muy probablemente ni varios pronunciamientos adversos de un consejo municipal sectorial tendrn un gran impacto electoral negativo, ni la apertura de un proceso participativo transparente ser garanta de obtener victorias electorales. Otra motivacin para poner en marcha dinmicas participativas podra ser la existencia de una fuerte demanda ciudadana y, sin duda, muchos de los procesos que se inician tras las primeras elecciones municipales de 1979 han de enmarcarse en esta lnea. Pero la sorpresa es que, para entender la puesta en marcha de muchos de los instrumentos aqu descritos, se cita en algunos casos cierta demanda difusa y poco visible de nuevos espacios participativos e incluso el potencial movilizador que podra ponerse en marcha si los canales de participacin no existieran, pero en pocas ocasiones se asigna una gran importancia explicativa a una demanda ciudadana explcita. Quizs la aparente falta de demanda puede relacionarse con el tema anterior: el propio monopolio de los recursos institucionales provoca que, incluso cuando esta presin participativa existe, terminen siendo las elites polticas quienes lideran el proceso de conversin de las mismas en un mecanismo organizado: aunque existiera una demanda social previa, son los laboristas en Gran Bretaa (Delap, 2000) y el PT en Brasil quienes dan el gran impulso poltico a los procesos participativos. Como sealan Font y Subirats (2000) para las A21L, en muchos casos se encuentran una demanda social latente, con un liderazgo formal del proceso por parte de las instituciones, con lo que en general estaremos hablando de procesos participativos con una apariencia de formato Top-Down. Aunque quizs en muchos casos lo ms correcto sera utilizar la terminologa que propone Navarro (1999) y hablar de coaliciones participativas, que se producen entre distintos actores polticos, por mucho que la iniciativa est en manos de quienes disponen de recursos institucionales. Internet es un caso claro de la diversidad de iniciativas: institucionales en el caso del voto electrnico, sociales para el desarrollo de redes movilizadoras y mixtas entre instituciones y entidades civiles para los mecanismos de control del trabajo parlamentario (Snchez, 2000). En cualquier caso, esta importancia de las preferencias partidistas nos abre la puerta a la pregunta sobre si existe correlacin entre color poltico y mayor extensin o intensidad de las experiencias participativas. Aunque se trate ms de una hiptesis a comprobar que de conclusiones definitivas, podramos apuntar que hay ms y ms arriesgadas experiencias participativas con gobiernos izquierdistas, pero muy especialmente con gobiernos deseosos de mostrar un perfil singular que les permita adoptar claramente una nueva identidad poltica. Esta afirmacin puede valer tanto para la construccin de una nueva identidad progresista pero alejada de los valores del laborismo tradicional en Gran Bretaa, para la adopcin de un nuevo perfil ecosocialista en el caso de IC-V en Catalua y su protagonismo en el impulso de consejos ciudadanos, para alguna de las familias polticas del PT que impulsa los presupuestos participativos o para la nueva coalicin centrista de gobierno en Sabadell, que desea mostrar que no es menos progresista que el gobierno\nanterior y utiliza para ello la adopcin de los presupuestos participativos. Finalmente, si el miedo y la inexperiencia actan en muchos casos como frenos al impulso de ms experiencias participativas, la informacin y la difusin contribuyen a su extensin. Muchos de los mecanismos participativos se han extendido bsicamente por difusin, por informacin trasmitida a travs de las redes asociativas o municipales existentes, a travs de medios de comunicacin, publicaciones o congresos, que han dado lugar a que en otros lugares se conozca una experiencia, se valore, se pierdan los miedos y se decida ensayar algo similar. Sucedi claramente en Espaa con los consejos municipales locales, que se fueron extendiendo de algunos de los ayuntamientos ms grandes o ms innovadores hacia casi todos los dems (Font y Gom, 1999), igual que sucedi entre los ayuntamientos italianos del PCI (Navarro, 1999), con algunas de las experiencias de uso de internet o entre algunos de los ayuntamientos brasileos del PT y posteriormente en otros municipios (latinoamericanos y ms recientemente europeos) con el presupuesto participativo. Por otro lado, tambin es cierto, que al ir cruzando fronteras y adaptndose a entornos muy distintos, muchos de estos mecanismos han sido capaces de mostrar su flexibilidad y de ir adaptndose a circunstancias muy diversas, sin dejar nunca de renovarse: as los crculos de estudio escandinavos cruzaron el Atlntico para convertirse en los foros temticos norteamericanos y estos a su vez volvieron a cruzarlo para inspirar experiencias como Choices for Bristol3, del mismo modo que la adaptacin de los presupuestos participativos brasileos a la realidad municipal espaola est exigiendo grandes dosis de flexibilidad e imaginacin. A realizar tambin esta labor de contagio, de adaptacin y de innovacin pretende contribuir tambin este trabajo. III. Algunas preguntas abiertas: representatividad, legitimidad y resultados Se ha dicho en muchas ocasiones que el instrumento participativo central en las democracias representativas, los procesos electorales, tienen tres funciones principales: renovar la legitimidad democrtica que sustenta el funcionamiento de la vida poltica, dar lugar a una representacin de los intereses de los distintos ciudadanos y grupos sociales y permitir la formacin de un gobierno. En este trabajo se apuntan muy diversas funciones de los instrumentos de participacin ciudadana, que podramos tratar de ordenar utilizando criterios similares. En primer lugar, no hay duda que una caracterstica de muchos de ellos es su capacidad de legitimar, como mnimo a las polticas concretas que se estn adoptando y quizs en algunos casos tambin a aquellas instituciones que las generan. En segundo lugar, la representatividad ha sido uno de los temas de debate central cuando se habla de instrumentos participativos: tanto en los debates acadmicos sobre el tema, como en el centro de las reticencias de muchos polticos a buena parte de los mecanismos participativos existentes se sita el problema de la representatividad de los participantes. En la tercera funcin hay mayores divergencias, ya que de la participacin ciudadana en la toma de decisiones no debe salir ningn nuevo gobierno. Sin embargo, junto a legitimidad y representatividad, si deben conseguirse unos resultados, unos rendimientos sustantivos del proceso, una decisin o un conjunto de recomendaciones, ideas o propuestas a las autoridades. Los problemas de falta de representatividad de los participantes constituyen un tema clsico de los estudios sobre participacin, hasta el punto que los autores preocupados por el tema hayan llegado a proponer la participacin obligatoria (Lijphart, 1996) o el gobierno a base de encuestas (Verba, 1995), como nicas alternativas ante una objecin recurrente frente a casi cualquier mecanismo participativo. Dficits de representatividad por desigualdad de recursos y de incentivos o estructuralmente inducidos por el propio diseo de los instrumentos participativos? Es preciso hacer esfuerzos para lograr unos participantes que sean un fiel reflejo del conjunto de la sociedad o es ms razonable centrarse en lograr estructuras y procesos abiertos a todos los interesados? Qu ocurre si algunos actores no estn representados pero casi nadie parece echarles de menos? Existen\nHacemos referencia reiteradamente a esta experiencia como ejemplo de las mltiples experiencias britnicas que, cada una con un formato singular, tratan de implicar a sus comunidades en la planificacin municipal a medio plazo.\nnuevas vas y se est tratando realmente de hacer algunos esfuerzos para solucionar este problema?. Profesionalismo excluyente o legitimidad participativa. Con trminos casi tan contundentes plantean Brugu y Gallego (1999) el dilema entre un proceso de toma de decisiones que permanezca cerrado a las voces pblicas y atienda nicamente a las propuestas tcnicas, frente a la posibilidad de una administracin pblica democrtica, que quiera hacerse respetar precisamente por ser capaz de escuchar. Los efectos legitimadores de los procesos participativos aparecen en casi todos los estudios de experiencias concretas. Aunque se trata bsicamente de una legitimidad procedimental, fruto ms del proceso en si mismo que de ninguna de sus caractersticas especficas, existen una serie de preguntas abiertas que pueden contribuir a subrayar o a poner en entredicho dicha capacidad legitimadora. En primer lugar, afrontar una de las crticas tradicionales a todos los procesos participativos: son los ciudadanos de a pie realmente capaces de informarse, tomar en consideracin puntos de vista globales y distintos a los suyos y tomar parte en un proceso decisional racional? Los efectos legitimadores de los procesos participativos sern tambin mayores si estos consiguen lo que fue uno de los grandes argumentos tradicionales de muchos de los defensores clsicos de la participacin: la participacin como escuela de democracia, que contribuye a crear mejores ciudadanos. Adems, estos efectos educativos pueden limitarse a los participantes directos ms comprometidos en el proceso o bien, si ste tiene suficiente visibilidad y proyeccin exterior, extenderse entre sectores ms amplios de la ciudadana que perciban la existencia de una clara voluntad de escucharlos e implicarlos en la toma de decisiones. Aunque la participacin tenga inters e importancia en s misma, aqu nos interesa especialmente hablar de ella en relacin con la administracin y por tanto con la toma de decisiones colectivas. Por ello tiene sentido pensar que un tercer gran tema desde el que valorar los instrumentos participativos son sus resultados: Sirven de verdad para tomar decisiones que se lleven a la prctica o son poco ms que espacios rituales donde escenificar un dilogo entre administradores y ciudadanos?. Llegados a este punto es preciso abordar, al menos, dos grandes temas. En primer lugar, cul es la importancia del diseo del propio proceso participativo. Tampoco aqu las respuestas son coincidentes y oscilan entre quienes apuestan ante todo por la voluntad poltica y consideran las caractersticas del modelo participativo como algo secundario y quienes piensan que stas van a ser en buena medida responsables del xito o del fracaso. Sin embargo, s hay un amplio acuerdo en que no existe una frmula mgica de aplicacin universal: cada tema exige la busca del mecanismo concreto ms adecuado para encauzar su debate y resolucin. En segundo lugar, debemos enfrentar la difcil relacin que se les supona a eficacia y participacin: si la demanda de participacin puede haber crecido, no por ello se ha relajado en absoluto la necesidad de obtener las mejores decisiones posibles, sin costes inasumibles de tiempo y dinero. En este aspecto existe una amplia coincidencia en apuntar tanto los costes de las soluciones impuestas sin dilogo, como la potencial complementariedad entre eficacia y participacin en la mayor parte de circunstancias, tanto a corto como a largo plazo. 1. Representacin: quin toma la decisin? Una de las funciones principales de los procesos electorales en el marco de las democracias representativas es garantizar la representacin de los intereses de los distintos ciudadanos y grupos sociales en los procesos de gobierno. La introduccin de frmulas de participacin ciudadana ms all de las elecciones debera no slo preservar sino potenciar la capacidad de representacin de ese conjunto de intereses en las decisiones pblicas. No obstante, del anlisis de muchas experiencias participativas se puede deducir que, una vez abrimos nuevos espacios a la participacin, la cuestin de la representacin no queda resuelta automticamente. Por una parte, los mecanismos de participacin pueden verse afectados por sesgos participativos intensos derivados, entre otras razones, de la exigencia de unos recursos a los participantes (tiempo, informacin, inters) que estn desigualmente distribuidos entre la poblacin. En este sentido, uno de los riesgos principales de las frmulas de participacin no electoral ser premiar las opiniones y los intereses de los ciudadanos o los grupos con ms recursos para participar, o dicho de otra forma, que la participacin no sea\nrepresentativa del conjunto de intereses y demandas presentes en la poblacin. Por otra parte, no est claro qu tipo de ciudadanos nos interesa integrar en los procesos participativos, es decir, cul es la voz o las voces que deben ser escuchadas en los procesos de participacin ciudadana. En los diversos instrumentos participativos hay implcitos modelos de participacin muy distintos, que divergen en cuanto a los puntos de vista e intereses a los que dan cabida. Tal como han propuesto Brugu y Gallego (1999), una posibilidad es favorecer la participacin de una red abierta de actores interesados y dispuestos a participar en los temas a tratar, ya sea por su implicacin directa en ellos, ya sea por tener un inters genrico. Desde esta perspectiva, la voz ciudadana que debe ser escuchada es la de los ciudadanos o los grupos que manifiestan un inters en expresarla, y no debe preocuparnos que no todos los ciudadanos estn representados en el proceso participativo. As pues, si queremos generar mecanismos que permitan el dilogo entre los participantes, deberemos asumir que la deliberacin slo puede producirse entre un nmero limitado de personas, que dispongan de un mnimo de informacin e inters para hacerlo. Sin embargo, en la mayora de los casos, la poblacin afectada por una determinada poltica va mucho ms all de los colectivos que tienen intereses inmediatos en juego. Adems, no est claro si aquellos que se abstienen de participar lo harn simplemente porque no les interesa, o porque no disponen de los recursos necesarios para hacerlo. En este ltimo caso, podramos estar marginando a los ciudadanos con menos capacidad para hacer sentir su voz, y no slo prescindiendo de la opinin de aquellos que no estn interesados en manifestarla. El modelo de participacin predominante ha potenciado la participacin de los grupos organizados, en detrimento de la capacidad de los ciudadanos no organizados de incidir en los procesos de gobierno. Las razones son diversas. Por una parte, los gobiernos locales han concebido las asociaciones como interlocutores vlidos de los intereses, las necesidades y las demandas presentes en la ciudadana. Por otra parte, les resulta ms fcil dialogar con grupos organizados que con ciudadanos que slo pueden representarse a si mismos, y que en la mayor parte de los casos estn muy desinformados. Pero adems, los gobiernos han entendido que el potencial disruptivo ms fuerte proviene de los colectivos organizados, con intereses y expectativas fuertes sobre la accin de gobierno, y con capacidad para influir y movilizar la opinin pblica, por lo que estos son los primeros en ser escuchados. Desde finales de los aos 80, el modelo de participacin de base asociativa ha mostrado limitaciones importantes, buena parte de las cuales se refieren al presupuesto de la representatividad. En primer lugar, el desarrollo prctico de este modelo de participacin permite dudar en muchos casos de la representatividad de los grupos participantes en relacin con el conjunto del tejido asociativo. En segundo lugar, los asistentes a los rganos de participacin no siempre se pueden presentar como representativos de las propias entidades de las que forman parte. Finalmente, y quizs lo ms importante, las entidades tienen verdaderos problemas para garantizar su capacidad de representacin de los intereses presentes en la poblacin en un contexto de escasa participacin asociativa. En general, no todas las entidades que forman parte del tejido asociativo de un territorio o de un rea temtica logran estar representadas en los rganos y los procesos participativos. Un tipo determinado de asociaciones tiende a verse ms favorecido que otro en estos espacios participativos, la composicin de los cuales se ve condicionada por los mismos intereses polticos de los gobernantes. As, a lo largo de los aos 80 los gobiernos municipales han tendido a favorecer la participacin de los grupos ms prximos ideolgicamente, y con mayor capacidad de movilizacin social, mientras que la tendencia en estos ltimos aos es premiar a aquellas entidades con ms capacidad de gestin y que muestren acuerdo con el gobierno en la forma de gestionar los servicios (Navarro, 1999). La cambiante composicin de los plenos de distrito en Mlaga muestra como sta refleja los cambios en el equipo de gobierno y las afinidades respectivas entre asociaciones y partidos polticos. As, mientras en la primera legislatura existe un pacto de gobierno entre PSOE y PCE, se da un protagonismo muy claro en los distritos a las asociaciones de vecinos (AAVV),\nconsideradas entonces muy prximas al PCE. Por el contrario, en cuanto en PSOE obtiene mayora absoluta y pasa a gobernar en solitario, impone tambin un reequilibrio en la composicin de los distritos, tratando de quitar protagonismos a los grupos que ahora considera como aliados de la oposicin y para ello otorga ms presencia a las asociaciones de padres (APAS), ms afines al PSOE, as como al resto de movimientos asociativos de la ciudad (Navarro, 1999). Cuadro 2 Composicin plenos de distrito en Mlaga segn reglamentos de participacin (1981-1995)\nMiembros de Clase poltica Asociaciones de vecinos A. de padres de alumnos Otras asociaciones REGLAMENTOS 1984 y 1988 1995 Presidente: concejal nombrado por alcalde Vocales: cada partido en proporcin al Pleno Municipal 1 miembro por cada AA.VV. 1 miembro de la Federacin de AA.VV. 1 miembro para todas 2 miembros para todas 2 miembros para todas 1 miembro Fed. APAS 1 miembro Fed. APAS 3 miembros entre 1 miembro por cada uno de los 1 miembro Fed. Peas el resto de asociaciones otros tipos de asociaciones 2 miembros por cada uno de los otros tipos 1981 y 1983\nEl caso de Barcelona ejemplifica la existencia del nuevo sesgo prestacional, tanto en los consejos sectoriales como en los rganos de participacin por distritos. Como sealan Brugu y otros (1997), en estos rganos se han visto favorecidas las asociaciones mejor adaptadas a la colaboracin con las administraciones en la prestacin de servicios pblicos. Por otra parte, la adopcin de un modelo participativo que ha enfatizado el rol de las entidades como coprestadoras de servicios y colaboradoras de la administracin, ha alimentado la burocratizacin de las asociaciones, su dependencia de los recursos de la misma administracin y su relativa independencia respecto a la base social que pretenden representar. La capacidad de los participantes en los rganos de participacin para representar a sus propias entidades es tambin, en muchos casos, dudosa. El caso de Barcelona es de nuevo un buen ejemplo del problema del envejecimiento y la falta de renovacin de los participantes (Sarasa y otros, 1998). En parte, este problema de representatividad puede deberse a una falta de inters de las entidades en las actividades de estos rganos, pero sobre todo, es consecuencia de la insuficiente democracia interna en las mismas asociaciones. As pues, es habitual encontrarnos con asociaciones que no prevn ningn tipo de espacio de comunicacin e interaccin entre los supuestos representantes y los miembros de la organizacin, con lo cual los participantes adquieren plena autonoma respecto al grupo social al que pretenden representar. Finalmente, otro problema relevante de este modelo de participacin es la debilidad del mismo tejido asociativo, un problema que afecta con desigual intensidad a la mayora de las democracias occidentales. En un contexto de escasa participacin asociativa, se puede dudar de la capacidad de los grupos que forman parte de este tejido asociativo para representar la voz del conjunto de los ciudadanos, un problema que toma especial relieve en el marco de un modelo de participacin que ha dejado de lado a los no organizados4. A pesar de todos estos problemas, debemos tener en cuenta la posibilidad que la misma prctica participativa contribuya a la generacin de vida asociativa. El Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona (CMBS) sera un caso de xito en este sentido, ya que ha servido como un espacio de aprendizaje democrtico y participativo que con su desarrollo ha potenciado el capital social barcelons (Sarasa y otros, 1998). Si adems pensamos que muchas de estas\nBsicamente estamos recuperando el argumento con el que Olson empieza su obra: la mayor parte de los intereses colectivos no llega a expresarse en ningn tipo de organizacin, debido a los problemas de la accin colectiva que el trata de explicar en su trabajo.\nlimitaciones del mundo asociativo han sido favorecidas por un modelo participativo que genera frustracin y burocratizacin quizs deberamos concluir que los problemas de representatividad podran ser superados con la recuperacin de un modelo de participacin que enfatice el rol crtico y de control democrtico de las asociaciones, a la vez que con una profunda renovacin de las mismas, que debe ser impulsada desde dentro de las entidades, y que puede ser apoyado y estimulado por las administraciones. Ligado a los dficits de la participacin de base asociativa, en los ltimos aos se ha abierto una tendencia a buscar nuevas frmulas de participacin que confieran protagonismo a los ciudadanos no organizados, ya sea a travs de un modelo de participacin mixta o bien de base exclusivamente personal (Kahn, 1999; Dienel y Harms, 2000; Velasquez, 1998; Tonucci, 1998; Font, 1998). El caso de la planificacin estratgica sera un ejemplo ilustrativo de esta tendencia. Mientras que en sus primeras versiones se cont con la participacin de las empresas ligadas al desarrollo socioeconmico del territorio, ms tarde se empez a favorecer la participacin del conjunto de entidades del tejido asociativo y en los ltimos aos, en la mayora de procesos de planificacin estratgica, se abre la participacin a los ciudadanos no organizados (De Forn, 1995). Con respecto a los mecanismos de base personal, algunos autores han distinguido entre aquellos que buscan la representatividad de los participantes y aquellos que no la pretenden. Entre los primeros ubicamos los jurados ciudadanos, las encuestas deliberativas, los paneles ciudadanos (Stewart, 1998). Todos estos mecanismos comparten un proceso de seleccin de los participantes dirigido, basado en criterios estadsticos para la confeccin de una muestra (aleatoriedad o cuotas) que garantice la representatividad de los participantes en relacin con el conjunto de la poblacin. Sin embargo, lo reducido de los grupos y el carcter voluntario de la participacin son dos obstculos importantes para lograr una muestra de participantes estadsticamente representativa. La principal virtud de este tipo de mecanismos reside en que permiten construir un microcosmos de la poblacin, con gente de perfiles muy diversos, con opiniones y con sensibilidades diferentes, a pesar de que esa diversidad no mantenga exactamente las mismas proporciones que en el conjunto de la poblacin. Por ese motivo, son mecanismos que permiten escuchar la voz de un tipo de ciudadanos que tradicionalmente se margina de los procesos de participacin basados en la autoseleccin de los participantes (Blanco, 2000; EAP, 1998). Por otra parte, entre los mecanismos que no tienen en la representatividad un objetivo prioritario, podramos ubicar los procesos de elaboracin de Agendas 21 (Font y Subirats, 2000) y los Presupuestos Participativos, as como los instrumentos de democracia electrnica. Todos estos mecanismos se basan en la autoseleccin de los participantes, previa campaa de publicitacin de la experiencia. En este caso, los participantes no se pueden concebir como representantes de la ciudadana sino slo como interesados o implicados en el tema a debatir. Se corresponden, en este sentido, con un modelo de participacin orientado a los actores interesados y dispuestos a participar. Los instrumentos de participacin de este tipo nos ensean que los procesos de autoseleccin de los participantes derivan en una serie de sesgos participativos a tener en cuenta. Una muestra de ello es que, a pesar de favorecer la participacin de base personal, en la prctica, acaban participando mayoritariamente ciudadanos organizados. En Porto Alegre, por ejemplo, la participacin de ciudadanos no organizados en los Presupuestos Participativos ha oscilado entre el 15% y el 35% del total de los participantes (Genro y De Souza, 1999), mientras que las experiencias de A21L en Espaa han contado tambin con una presencia predominante de grupos organizados. Es de esperar, adems, que el perfil de los ciudadanos no organizados que participen presente algunos sesgos marcados en relacin con el conjunto de la poblacin, en trminos de formacin, ocupacin y otras variables asociadas a recursos econmicos o culturales. En definitiva, no son instrumentos que permitan encontrarnos con una muestra representativa de la poblacin, sino con un conjunto ms o menos plural de ciudadanos caracterizados por su inters, su disposicin y su capacidad parar participar en la discusin de determinada poltica pblica. Buena parte de la explicacin a los sesgos en los que incurren se debe a la elevada exigencia que ponen estos instrumentos sobre los participantes, en cuanto a recursos tales como disponibilidad\nde tiempo, informacin o habilidades comunicativas. En este sentido, es de esperar que la mayor parte de la poblacin no se sienta capaz para formar parte de estos procesos de participacin. El caso de la democracia electrnica resulta un caso extremo de este tipo de sesgos, lo cual nos lleva a pensar que Internet slo podr ser concebido como un instrumento de innovacin democrtica en la medida que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la red y tenga las habilidades necesarias para manejar cmodamente un ordenador (Tsagarousianou y otros, 1998). Una estrategia posible para compensar este tipo de sesgo sera la que se ha seguido en los procesos de planificacin estratgica de Matar y de elaboracin de la A21L de Manresa (EAP, 2000), en los cuales se han desarrollado espacios complementarios para escuchar a los ciudadanos que no participan directamente, a travs, por ejemplo, de encuestas de opinin5. Pero quiz, lo que resulta ms importante en este sentido es la generacin de un sistema adecuado de incentivos para la participacin. Como ejemplo de ello, podemos destacar la experiencia de los Presupuestos Participativos de Porto Alegre, en los cuales se condiciona el nmero de representantes de cada asamblea en el Foro de Delegados al nmero de asistentes a estas asambleas. Precisamente, los Presupuestos Participativos han conseguido una participacin mayoritaria de la poblacin pobre, alterando estratgicamente el balance de los costes y beneficios de la participacin a favor de estos grupos (cuadro 3). Cuadro 3 Evolucin participativa en Porto Alegre y Belo Horizonte\n1990 Primer gobierno 1991 local del PT 1992 1993 Segundo 1994 gobierno local del 1995 PT 1996 1997 Tercer gobierno 1998 local del PT 1999 2000 Fuente: Avritzer, 1999 Porto Alegre 976 3.694 7.610 10.735 9.638 11.821 10.148 11.908 13.687 15.400 -------1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Belo Horizonte ---------------------------------15.216 26.823 36.508 31.795 19.418 21.175 22.900 ---------\nPrimer gobierno local del PT\nPrimer gobierno local del PSB\nEn el cuadro 4 tratamos de sintetizar los niveles de representatividad de algunos de los instrumentos de participacin que se han analizado. Por una parte, mecanismos como las encuestas deliberativas o los jurados ciudadanos permiten encontrarnos con un grupo de participantes altamente representativo de la poblacin. A pesar de las dificultades, estos mecanismos han conseguido en mucha mayor medida que los otros una participacin cuyo perfil se asemeja a la heterogeneidad caracterstica de la ciudadana. Como hemos visto ms arriba, ste es uno de los principales objetivos de este tipo de mecanismos, y la consecucin de mayores o menores niveles de representatividad depender, en buena medida, de los esfuerzos organizativos del proceso de seleccin y de contacto con los participantes. Por otra parte, hemos ubicado procesos participativos como la planificacin estratgica, la elaboracin de A21L, y los Presupuestos Participativos en el grupo de los mecanismos que consiguen una representatividad media o desigual. Todos ellos tienen en comn un mtodo de autoseleccin de los participantes, que acuden a estos espacios de participacin por su inters o su implicacin en los temas que se tratan. Son mecanismos que, por lo general, slo son aptos para ciudadanos o grupos organizados con niveles elevados de tiempo, informacin y otras habilidades necesarias para la participacin. En cambio, permiten y estimulan la\nEl uso de las encuestas de opinin como instrumento de participacin ciudadana ha sido defendido por Verba (1995) precisamente por esta capacidad de garantizar cierta representatividad de las opiniones. Este es tambin uno de los argumentos de Fishkin (1995) para defender las encuestas deliberativas.\nparticipacin de ciudadanos no organizados, con lo cual escapan de algunos de los dficits de representatividad que afectan a los mecanismos de base asociativa. Precisamente, hemos ubicado a este ltimo tipo de instrumentos participativos, como los consejos consultivos o los primeros planes estratgicos, en el grupo de mecanismos de baja representatividad, por las razones que se han expuesto ms arriba. Entre los mecanismos de baja representatividad, tambin hemos ubicado algn instrumento de base personal o mixta, como los Frums Temticos e Internet. Estos comparten la caracterstica de exigir unos recursos a los participantes bsicamente, habilidades de tipo cognitivo que son minoritarios en la poblacin y cuya distribucin es extremadamente desigual. Cuadro 4 Rendimientos representativos de los instrumentos de participacin ciudadana\nRepresentatividad alta Jurados ciudadanos Paneles ciudadanos Encuestas deliberativas Asamblea Ciudadana (Stewart) Elaboracin propia. Representatividad media o desigual A21L Planificacin Estratgica Presupuestos Participativos Representatividad baja Consejos consultivos Democracia electrnica Frums temticos Primeros planes estratgicos\nEn conclusin, la cuestin de la representatividad de los participantes no tiene una solucin fcil, porque existen distintas concepciones sobre los sectores de la ciudadana que deben estar representados, y porque los mecanismos para conseguir esa representatividad exigen esfuerzos organizativos, estratgicos y econmicos considerables. Los rendimientos de estos mecanismos en trminos de representatividad son muy desiguales, siendo los de base asociativa los que peores resultados consiguen. La tendencia a abrir nuevos espacios a la participacin de ciudadanos no organizados no est exenta de algunos riesgos en este sentido, sobre todo cuando la participacin es muy exigente con los ciudadanos o no presenta incentivos suficientes, pero ha permitido avances importantes en cuanto a la representatividad de los participantes. Buena parte de la legitimidad de los instrumentos participativos depender de que exista una percepcin generalizada de que los intereses relevantes en una determinada poltica pblica estn representados en el proceso de participacin. Corresponder a los decisores pblicos determinar cul es la voz legtima a ser escuchada en cada caso, y cabe pensar que sta no debe ser siempre y nicamente la voz del conjunto de la ciudadana. A la cuestin de la legitimidad nos referimos ms extensamente en el punto siguiente. 2. Legitimidad Continuando con el esquema propuesto, en este punto pretendemos analizar hasta qu punto los instrumentos de participacin ciudadana contribuyen a legitimar las polticas pblicas y las mismas instituciones que las generan. Diversos autores han subrayado los dficits estructurales de legitimidad que afectan a las democracias representativas. Los procesos electorales permiten a los ciudadanos escoger entre grandes agregados de temas e ideologas, pero no se dispone de espacios suficientes a partir de los cuales los ciudadanos puedan incidir en la elaboracin de las polticas pblicas. Desde esta perspectiva, existe un problema de transferencia de legitimidad desde la eleccin de los representantes polticos hacia la elaboracin de polticas concretas. Desde este punto de vista, los mecanismos participativos no aportarn ninguna solucin fcil, pero son un elemento necesario para renovar y robustecer la democracia. Brugu y Gallego (1999) llegan a sostener que los ciudadanos no estamos preparados para la abstraccin que requiere la eleccin entre representantes polticos, y proponen un modelo de participacin ciudadana que permita pasar de la poltica a las polticas. Segn estos autores, a ello debe contribuir la democratizacin de la Administracin, un espacio en el cual los conflictos se hacen comprensibles y abordables para sectores ciudadanos interesados o implicados. Sin embargo, los efectos legitimadores de los instrumentos de participacin ciudadana estn condicionados a una serie de cuestiones que no son de fcil solucin. Tal como se ha explicado en\nel punto anterior, la legitimidad de los mecanismos de participacin depender, primero, de su capacidad de representacin del conjunto de intereses y sensibilidades relevantes en el conjunto de la poblacin. Pero si antes hemos hablado de la representatividad de los participantes, no lo hemos hecho, en cambio, de la cantidad de los mismos. El volumen de participantes es otro criterio que puede condicionar el poder legitimador de un instrumento participativo. En tercer lugar, los mecanismos de participacin debern afrontar una crtica recurrente, que pone en duda la capacidad de los ciudadanos de informarse, adoptar un punto de vista global y atender a criterios racionales para formar sus puntos de vista. En cuarto lugar, la legitimidad de la participacin depender de que sta no sea percibida como un instrumento en manos de determinados intereses parciales de los gobernantes. Finalmente, los efectos legitimadores de los procesos participativos sern mayores si se constata una capacidad educadora de los ciudadanos en los valores y las prcticas democrticas. Representatividad y extensin son elementos que pueden estar interrelacionados, pero no necesariamente. Mecanismos como los jurados ciudadanos logran altos niveles de representatividad a pesar del reducido nmero de participantes. Pero, se lograr que un grupo tan reducido pueda ser visto como legtimo por el resto de los ciudadanos? Sin duda, la cuestin de la representatividad es importante en trminos de legitimidad democrtica, pero cuanto mayor sea el nmero de participantes, ms posibilidades tiene un instrumento participativo de ser percibido como un espacio de representacin de la voz del conjunto de ciudadanos. Mayor extensin no quiere decir, automticamente, mayor representatividad, pero una decisin apoyada por un 60% de la poblacin, por ejemplo a travs de un referndum, puede llegar a ser vista como mucho ms legtima que el dictamen de 75 ciudadanos que forman parte de un jurado, a pesar de que los sesgos sociales o ideolgicos entre aquellos puedan ser ms intensos. Un mecanismo participativo tendr tambin ms posibilidades de ser visto como legtimo si se considera que los participantes han dispuesto de suficiente informacin para emitir sus opiniones. La perspectiva de Brugu y Gallego, segn la cual los ciudadanos tienen menos capacidad para elegir entre representantes que participar en la elaboracin de polticas concretas, se contradice abiertamente con una visin generalizada que defiende que los procesos de decisin pblica contienen un componente de complejidad cientfico-tcnica que los hace no aptos para los ciudadanos de a pie. La percepcin que el ciudadano no posee los conocimientos necesarios para participar en las decisiones pblicas est muy extendida y representa una crtica de peso que afecta a la legitimidad que se pueda derivar de los procesos participativos. Sin embargo, la solucin implcita en esta crtica, la solucin tcnica o independiente (Subirats, 1997) agudizara an ms los dficits de legitimidad democrtica. El reto, por lo tanto, est en abrir espacios de participacin ciudadana que ofrezcan las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan construir opiniones suficientemente informadas y reflexionadas. Esta es precisamente la tendencia que siguen algunos de los nuevos instrumentos de participacin. Una buena parte de los mecanismos de participacin desarrollados en los ltimos aos prevn ofrecer a los participantes la informacin necesaria para la formacin de opiniones suficientemente razonadas. Stewart (1997) ha distinguido en este sentido entre los mecanismos que pretenden la representatividad de los participantes, en los cuales se pone especial nfasis en dar informacin, y los mecanismos en donde el perfil de los participantes se caracterizar por su nivel de inters y de implicacin en el tema y por lo tanto, no ser necesario ofrecer tanta informacin. Las experiencias de jurados ciudadanos, que corresponderan al primer grupo, demuestran que si se realiza el esfuerzo organizativo necesario, se puede conseguir que el ciudadano de a pie pueda emitir opiniones bien informadas y razonadas (Coote y Lenaghan, 1997). Otro ejemplo interesante en este sentido lo constituyen los Presupuestos Participativos de Porto Alegre, en donde los representantes ciudadanos en la fase final de la elaboracin de los presupuestos reciben un curso formativo sobre tcnicas de presupuestacin municipal (Genro y De Souza, 1999). En definitiva, entendiendo que el ciudadano medio no posee, por lo general, la informacin y las habilidades necesarias para tomar parte de las decisiones pblicas, este nuevo tipo de instrumentos participativos pretenden formar e informar a los participantes para que puedan emitir opiniones consistentes.\nPor otra parte, no slo se puede lograr que los ciudadanos lleguen a formarse una opinin suficientemente informada y reflexionada sobre los temas si se crean las condiciones necesarias, sino que los mismos ciudadanos pueden constituir en ellos mismos una fuente bsica de informacin para la toma de decisiones. Los procesos de elaboracin de A21L, en donde la participacin ciudadana es un componente esencial para realizar el diagnstico de la situacin ambiental a partir de su propia experiencia del entorno, el consejo ciudadano de Astigarraga en el que los ciudadanos eligieron un emplazamiento distinto a todos los propuestos por los tcnicos municipales y que fue alabado por todo el mundo o los planes estratgicos ms recientes ejemplifican la importancia de los ciudadanos (organizados o no) para aportar una serie de informaciones de gran importancia que no podran obtenerse sino fuera a travs de un proceso participativo. La legitimidad de los mecanismos participativos depender, adems, del hecho que stos sean percibidos como neutrales, y no como instrumentos a disposicin de los intereses de los polticos. En algunos casos no existen dudas de que los procesos participativos no han sido controlados por las elites locales, puesto que los resultados de la participacin llegan a contradecir en algunos casos la posicin que defiende la institucin impulsora del proceso, que sin embargo asume la propuesta realizada por los ciudadanos (EAP, 1998). Sin embargo, no debemos subestimar el riesgo que los procesos de participacin se sometan a la agenda y a los intereses de los representantes polticos. En definitiva, la decisin sobre cundo participar, sobre qu temas, cmo y quin debe participar sigue dependiendo en buena medida de los mismos gobiernos. Stewart (1997) seala el riesgo de la manipulacin de la agenda y la informacin en el desarrollo de los procesos participativos y Navarro (1999) la dependencia de la oferta de oportunidades polticas de participacin a los intereses de los gobernantes. Por su parte, Font (1999) reconoce el riesgo que los jurados ciudadanos sean manipulados tanto desde el punto de vista de los temas a tratar, como del momento elegido para desarrollarlos o de la informacin que se proporciona a los participantes. Este mismo autor apunta soluciones a este problema, como pueden ser someter el desarrollo de los jurados a la iniciativa popular o la organizacin de comisiones supervisoras que puedan garantizar la neutralidad de todo el proceso. En este sentido, los jurados ciudadanos demuestran el inters de que el proceso sea dirigido por un actor externo, cuya neutralidad est garantizada. Finalmente, los efectos legitimadores de la participacin ciudadana estn relacionados tambin con la capacidad que demuestren los procesos participativos de generar mejores ciudadanos, desde el punto de vista de su inters y de su implicacin con los temas colectivos. Este potencial educativo aparece de forma ms o menos explcita en muchos de los informes y artculos que analizan las experiencias de participacin de base asociativa. Para el caso del CMBS barcelons, por ejemplo, una de sus principales virtudes es la capacidad que ha tenido de generar dinmicas de dilogo y de consenso entre los participantes, y de contribuir a generar una cultura del bienestar (Sarasa y otros, 1998). Sin embargo, los efectos educativos de este tipo de instrumentos slo llegan a una pequea parte de la poblacin, que precisamente por formar parte del tejido asociativo se puede considerar que ya est fuertemente politizada. El reto, en este sentido, estar en los mecanismos de participacin de base personal, y especialmente en aquellos que pretenden llegar no slo a los ciudadanos interesados o implicados con los temas sino tambin, o sobre todo, a los ciudadanos con menos informacin. Experiencias como las de los jurados ciudadanos demuestran que gente que no est dispuesta a participar de forma continuada acepta hacerlo en mecanismos puntuales (Coote y Lenaghan, 1997). La prctica participativa en este tipo de espacios les incrementa su respeto por las autoridades y les ayuda a comprender la complejidad de la vida colectiva, y puede contribuir a la educacin de los participantes en los valores y las prcticas democrticas (Stewart, 1997; Font, 1999). No obstante, muchas de las experiencias analizadas demuestran tambin los lmites de los instrumentos de participacin en sus efectos educativos. Bsicamente, la mayora de estos instrumentos slo llegan a una grupo reducido de ciudadanos, con lo cual los efectos educativos tienen dificultad para extenderse al conjunto de la poblacin. Los Presupuestos Participativos son\nuno de los mecanismos que han logrado un mayor porcentaje de participacin, llegando slo a un 1% de la poblacin. De algn modo, parece existir una contradiccin inherente entre esta voluntad de lograr efectos educativos de la participacin y el objetivo previamente citado de hacerla lo ms amplia y extensiva posible. Por una parte, como a ms gente logremos involucrar, mayor extensin social podr tener cualquier potencial de educacin democrtica, pero al mismo tiempo, parece como si extensin y superficialidad de la participacin fueran en la mayor parte de los casos las dos caras de la misma moneda. Como ms gente participe, menos intensamente podrn hacerlo y menor ser pues la vivencia y el aprendizaje por parte de los participantes. Pero como ms queramos potenciar estos elementos ms obligados nos veremos a limitar el nmero de ciudadanos involucrados. Dos condiciones sern importantes para superar parcialmente este handicap. Primero, potenciar la visibilidad de los mecanismos participativos, difundiendo su realizacin ms all de los colectivos participantes a travs de los medios de comunicacin. Por ejemplo, los Presupuestos Participativos son conocidos por un 50% de la poblacin, mientras que los resultados de los jurados ciudadanos o los consejos consultivos en este sentido son muy irregulares. Segundo, dar continuidad a los procesos participativos, de forma que estos efectos educadores puedan tener un carcter acumulativo a travs de diversas experiencias (Gimnez y otros, 2000). En el cuadro 5 hemos tratado de resumir los efectos legitimadores de algunos instrumentos participativos que se han analizado en los diversos trabajos, en funcin de su capacidad para educar a los participantes, de las probabilidades que las opiniones que emitan los ciudadanos al final del proceso participativo se basen en unos niveles adecuados de informacin y de la cantidad de participantes que normalmente logran integrar. Hemos dejado aparte otros dos elementos importantes, la cuestin de la representatividad, tratada a fondo en el apartado anterior, y la cuestin de la neutralidad, una caracterstica que no es inherente a ninguna metodologa participativa, sino que depende de la voluntad poltica de los impulsores y de la organizacin de cada proceso. Se observar que algunos instrumentos participativos logran rendimientos elevados en algunas de estas variables y que sus resultados en otras son inferiores. Los jurados ciudadanos, por ejemplo, son un tipo de instrumento que logra formar una opinin de los ciudadanos bien informada pero cuyo nmero de participantes es muy limitada. Los referndum seran el caso opuesto, logrando una cantidad de participantes por lo general mucho ms elevada que la mayor parte de los nuevos instrumentos de participacin, pero con escasa capacidad para informar a los participantes y con un valor educativo limitado. Cuadro 5 Efectos legitimadores de algunos instrumentos participativos\nEducacin Planes Estratgicos A21L Jurados Ciudadanos Presupuestos Participativos Media-baja Referndum Encuestas Consejos Consultivos Fuente: Elaboracin propia. Media-alta Informacin Consejos Consultivos Webs parlamentarios Jurados Planes Estratgicos Referndum Encuestas Asambleas Extensin Referndum Encuestas Presupuestos Participativos Webs parlamentarios Jurados Consejos Consultivos\nEn resumen, los efectos legitimadores de los procesos participativos dependern de factores diversos, como pueden ser su neutralidad, su representatividad, el nmero de participantes, la rigurosidad de las opiniones que emitan los ciudadanos y los efectos educadores que puedan tener, a medio y a largo plazo, sobre los ciudadanos. La principal aportacin que pueden hacer los instrumentos de participacin ciudadana a las democracias representativas est en aadir un plus de legitimidad a las decisiones pblicas, pero los efectos legitimadores de las frmulas participativas sern muy limitados, o incluso negativos, si son percibidos como instrumentos a disposicin de los\nintereses de los polticos, con escaso poder de representatividad social, y/o protagonizados por ciudadanos desinformados y sin capacidad para pensar en el bien pblico. 3. Resultados En este trabajo pretendemos hablar de mecanismos que sirven para involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones colectivas. Por ello, en tanto que no se trata nicamente del inters que puede tener la participacin en s misma, sino tambin de alcanzar algunos acuerdos que puedan llegar a tener su reflejo en forma de polticas pblicas, los resultados son otro gran criterio para juzgar el funcionamiento de estos instrumentos. Empezaremos discutiendo por donde pasan las estrategias para lograr un rendimiento adecuado de estos mecanismos: dependen bsicamente de la voluntad poltica de los impulsores de convertirlos en un espacio real de dilogo y negociacin o resulta decisivo el diseo operativo de dichos mecanismos? A continuacin revisaremos las evidencias aparecidas respecto a la visin tradicional que contrapone eficiencia a participacin, puede darse alguna respuesta a este dilema a partir de los casos analizados aqu?. Finalmente, aunque las experiencias aqu citadas tengan distintas aspiraciones respecto a su impacto final en la formulacin y diseo de polticas pblicas, todo lo dicho anteriormente tendra quizs poco sentido si se tratara slo de procesos rituales con muy escaso impacto real en las polticas. Hasta qu punto influyen estos mecanismos en las polticas adoptadas? Voluntad poltica o ingeniera institucional? Preferiblemente, ambos. La primera es imprescindible para que cualquier proceso participativo se desarrolle, mientras que la segunda es tambin necesaria para incrementar las posibilidades de xito en muchos casos. Anunciada de forma muy sinttica esta sera una posible conclusin global en torno al dilema de si lo realmente decisivo es el liderazgo y la voluntad poltica o una correcta organizacin del proceso participativo. El rol del liderazgo poltico en el impulso y el correcto funcionamiento de las experiencias es tratado de forma explcita en algunos de los trabajos revisados. Sin el impulso decidido del gobierno britnico, de los gobiernos locales del PT, de los tcnicos y polticos locales que han puesto en marcha los procesos de A21L, de los alcaldes o concejales de participacin ciudadana que han apostado por poner en marcha Consejos ciudadanos o de la concejal responsable del CMBS barcelons, estas experiencias no habran existido o habran tenido un impacto mucho menor. Aunque en buena medida los muchos mecanismos participativos fracasados estn menos representados en forma de publicaciones, el trabajo de Brugu y otros (1997) apunta a la existencia de consejos formados por la necesidad de seguir un determinado modelo existente en otras reas o distritos, que no han funcionado sencillamente porque sus responsables nunca han credo en l. La voluntad poltica es, pues, una condicin sine qua non para la viabilidad de estos mecanismos. Pero aunque las evidencias que aparecen en Brugu y otros (1997) parezcan apuntar a que un mayor grado de formalizacin en el funcionamiento de los consejos municipales no es ninguna garanta para conseguir una mejor dinmica o una mayor participacin, en el mismo trabajo se reconoce que algunos de los consejos sectoriales funcionan mejor que otros debido a caractersticas organizativas (ser ms abiertos, contar con comisiones de trabajo, con planteamientos ms estratgicos o con mayores esfuerzos por resultar visibles). Tambin muchos otros informes sobre experiencias participativas tienden a asignar una importancia decisiva a los criterios de funcionamiento. Sin abandonar un mecanismo tan sencillo como los consejos municipales, la existencia en el caso del CMBS y de otros consejos sectoriales de distintos espacios de trabajo, ha permitido separar una labor esencial de discusin en profundidad y de alcanzar acuerdos operativos para las comisiones de trabajo, mientras el plenario asuma el rol ms simblico donde todas las voces deban estar presentes y ser escuchadas (Sarasa y otros, 1998). En el caso de los dems instrumentos esto es an ms claro. Una operacin tan terriblemente compleja como los presupuestos participativos brasileos no hubiera podido funcionar sin complejas reglas del juego, que intentan a la vez escuchar todas las posturas, incentivar al mximo la participacin y encontrar espacios de dilogo restringido donde pueda hablarse de partidas presupuestarias muy concretas a\npartir de criterios tcnicos y polticos. Por poner un nico ejemplo, el cuadro 6 sintetiza el complejo proceso de elaboracin de los presupuestos participativos en Belo Horizonte, con todas las instituciones que se crean para su elaboracin y cuya distribucin de roles resulta decisiva para el buen funcionamiento de la experiencia. A menor escala, el proceso de los jurados, o de algunas experiencias de democracia electrnica suponen tambin pruebas de la necesidad de acertar a la hora de fijar unas reglas del juego razonables. Cuadro 6 Esquema del proceso de Presupuestos Participativos en Belo Horizonte\nPresupuestos Participativos de Distritos (OP Regional)\nComisin Municipal de Prioridades Presupuestarias (COMPOR)\nConsejo de Fiscalizacin del Presupuesto Participativo (COMFORA)\nPresupuesto Participativo de Ciudad (OP Cidade)\nFuente: Gom y Rebollo, 2000.\nEsto no significa en absoluto que existan unos pocos esquemas fijos que sea preciso seguir en cualquier proceso participativo. Ms bien, las experiencias recogidas aqu parecen sugerir todo lo contrario: es necesario enfatizar la adaptacin de los instrumentos a las circunstancias de cada caso. La combinacin de metodologas participativas diversas en las A21L (Font y Subirats, 2000), los jurados vespertinos o de fin de semana (EAP, 1998), las distintas operativas utilizadas para los presupuestos participativos en cada una de las ciudades, la constante transformacin de los planes estratgicos (De Forn, 1995) o la adecuacin presupuestaria que hubo que hacer en Bristol (Stewart, 1998) son ejemplos claros de que no existen frmulas mgicas y rgidas, sino que lo importante es contar con algunas ideas y principios claros y adaptarlos a las posibilidades y circunstancias de cada caso con flexibilidad e imaginacin. Si esta flexibilidad es necesaria por razones culturales y operativas (calendarios, presupuestos, equipos humanos), debe existir tambin porque en muchos casos la mejor manera de abordar un proceso participativo es poder negociar desde un principio sus propias reglas del juego. Tal como ocurriera con los reglamentos municipales de participacin, que funcionaron mejor cuando haban sido fruto del pacto y no de la imposicin (Villasante y Alberich, 1993), ha habido\nmuchas otras experiencias cuyo desarrollo fue alterado para adaptarse a las demandas de algunos de los principales actores participantes. Desde el caso de la asamblea de Stirling (Stirling, 1995), hasta algunas experiencias de jurados diseadas en cooperacin con los principales actores implicados (Coote y Lenaghan, 1997), hasta la metodologa concreta de los presupuestos participativos que est en constante redefinicin (Abers, 1998), nos encontramos con experiencias donde la propia organizacin de la participacin ha sido abierta y participada, garantizando as una mayor legitimidad de los mecanismos propuestos. Para terminar el debate organizativo es preciso aludir al rol desempeado por los organizadores del proceso. En muchos casos estos trabajaban directamente para la administracin (consejos municipales, presupuestos participativos, bastantes A21L y algunos jurados y pginas web parlamentarias), mientras que en otros se trataba de una entidad externa a la que se haca responsable del desarrollo de todo el proceso (la mayor parte de jurados, crculos de estudio, visiones de la comunidad y algunas A21L o experiencias de debate virtual como democracia.web). Aunque en principio esta segunda frmula aporta mayores garantas de neutralidad, ni es siempre viable, ni existen indicios suficientes para afirmar que suponga necesariamente mejores resultados. El hecho de que haya una gran diversidad de grupos organizadores contribuye a difundir los mecanismos participativos y a popularizar su uso, pero puede comportar que no todas las experiencias se desarrollen con la misma habilidad profesional, tal como sucede con los jurados britnicos (Delap, 2000) o las A21L (Font y Subirats, 2000). Si el organizador es interno deber hacer mayores esfuerzos para demostrar su neutralidad y quizs no siempre se disponga de los equipos necesarios, pero la existencia de un organizador externo no debe ser considerado sin ms una garanta absoluta y es conveniente plantearse quin supervisa su trabajo. Por otro lado, la realizacin de la experiencia con personal interno puede cumplir la funcin complementaria de tener efectos educativos en los trabajadores de la administracin municipal en torno a la necesidad de escuchar a la ciudadana. A partir de los casos revisados, que constituyen una muestra diversa de instrumentos participativos pero no una representacin perfecta del conjunto de los mismos, no podemos afirmar que eficiencia y participacin vayan a ir siempre de la mano, pero esa parece ser muy claramente la tnica en la inmensa mayora de experiencias. El estudio de Putnam (1993) supuso la primera seal importante de que el buen gobierno (o el rendimiento institucional en palabras del autor) estaba claramente asociado a comunidades con una amplia vida asociativa. Subirats (1997) expone tambin el cmo y el por qu del progresivo encuentro entre ambos conceptos, subrayando la necesidad de la participacin como terreno que permita realizar una definicin compartida de los problemas. Este resultado positivo es absolutamente claro en el caso de los presupuestos de Porto Alegre, donde se ha logrado una administracin ms eficaz, una sociedad ms activa, unos efectos redistribuidores significativos e incluso la complicidad aadida de algunas clases medias por el desarrollo de una poltica activa de obras pblicas y por la reduccin de la corrupcin (Abers, 1997; Navarro, 1998). Para completar la visin de este tema es preciso recordar que, tal como a menudo recuerdan sus crticos, la participacin tiene siempre unos costes econmicos, organizativos y de tiempo que es preciso incorporar al anlisis. Este tema se explicita ms claramente para los jurados ciudadanos y otros mecanismos de organizacin externa, en tanto que en estos casos se hace necesario la aprobacin de un presupuesto claro y finalista para el proceso, que muy a menudo genera resistencias no slo entre los responsables municipales, sino incluso entre el movimiento asociativo local (Font, 1999). Pero probablemente si contabilizramos el valor del tiempo que trabajadores y polticos de la administracin local dedican a los consejos municipales, por no hablar de las subvenciones que permiten pagar los sueldos de los profesionales de las asociaciones que asisten a las reuniones, entonces el problema de los costes se generalizara y seguramente llegara a lmites insospechados en el caso de algunos presupuestos participativos. Por tanto, podemos optar por seguir escondiendo que la participacin tiene un coste y a corto plazo sera lo ms cmodo, pero\nseguramente a largo plazo resulta mejor afrontar el reto de lograr convencer a la sociedad de que ese coste debe ser incorporado de forma automtica a cualquier proceso decisional, que del mismo modo que prev un estudio de impacto urbanstico y ambiental, incorpore tambin como parte de la necesaria normalidad el coste de escuchar la voluntad de los ciudadanos frente a esa actuacin concreta6. El coste del proceso puede convertirse en s mismo en una barrera que limite la participacin en entornos con pocos recursos, pero no es el nico problema. Aparece incluso el interrogante de hasta que punto es importante contar con ciertos excedentes redistribuibles, para que un proceso participativo tenga verdadera capacidad de motivar a la poblacin. Los anlisis sobre los presupuestos participativos muestran claramente como su viabilidad estuvo estrechamente ligada a una reforma fiscal y un saneamiento econmico que permitieran disponer de recursos para afrontar las demandas que el proceso vehiculaba (Genro y de Souza, 1999). Aunque como en la experiencia de Choices for Bristol, puede haber demandas ciudadanas gratuitas, la falta de recursos no slo puede restar credibilidad presente a las experiencias participativas, sino generar futuras frustraciones si se generan unas expectativas que luego no pueden satisfacerse. Significa esto que la participacin es un lujo para comunidades excedentarias que no deben siquiera plantearse las poblaciones con problemas econmicos? No, aunque esta limitacin no debe olvidarse, la experiencia de Porto Alegre muestra que un proceso participativo suficientemente ambicioso y bien organizado puede llegar a generar los propios recursos que aseguren su futura viabilidad y capacidad redistribuidora. Precisamente, algunas de las experiencias britnicas de los ltimos aos nos muestran que la participacin puede resultar el mejor instrumento para asumir reestructuraciones de partidas econmicas y de servicios pblicos, sin que estos pierdan su respaldo ciudadano y su capacidad de cumplir una funcin social. Los participantes se comportan como nios que escriben la carta a los Reyes Magos cuando se enfrentan a mecanismos participativos que facilitan el enquistamiento en roles estrictamente reivindicativos, pero son capaces de comportarse como exquisitas amas de casa acostumbradas a hacer filigranas para llegar a fin de mes en el contexto de un jurado ciudadano o de un presupuesto participativo bien planificado y que fomente la corresponsabilidad. Pero escuchar a los ciudadanos, para qu?. Va a tratarse de una formalidad que algn da incorporemos a los procesos porque lo imponga una directiva europea o para dotarles de una legitimidad que les blinde contra las protestas, pero que suponga en un 98% de los casos la validacin de lo que ya estaba previamente decidido?. En definitiva, adems de escuchar la opinin de los ciudadanos, se tiene sta en cuenta?. Las conclusiones a este respecto son absolutamente diversas. En un extremo podramos situar la experiencia de los presupuestos participativos, donde a pesar de la existencia de los espacios de negociacin con las autoridades que a menudo dan lugar a un resultado menos espontaneo de lo que habitualmente se reconoce, el producto final del proceso es un resultado doblemente importante: por su carcter vinculante en la prctica y por afectar a un elemento tan central de la accin de gobierno como son los presupuestos. Los jurados ciudadanos se sitan en algn lugar intermedio, con interesantes diferencias entre el caso britnico y el espaol. En el caso britnico, la aceptacin muy clara y explcita de que se trata nicamente de un instrumento consultivo, que las autoridades tomarn en cuenta pero con el que no tienen mayor compromiso que pronunciarse pblicamente sobre sus resultados, constituye la otra cara del xito en la extensin de los jurados: pierden carcter decisivo, a cambio de generalizarse su utilizacin. En el caso espaol parece haber ocurrido lo contrario. Los dictmenes han sido considerados como mensajes con mucha fuerza, que resulta difcil desacatar, aunque quizs precisamente esta caracterstica del resultado haya contribuido a desanimar a ms de un poltico de su utilizacin. De todos modos, tal como muestra el cuadro 7, en conjunto no puede afirmarse en absoluto que los jurados ciudadanos hayan dado lugar a resultados\nUna idea similar ha sido propuesta por la Federacin de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, cuando ha planteado que cualquier decisin municipal lleve incorporada de forma obligatoria una memoria participativa, que refleje los resultados de la consulta previa realizada a los ciudadanos.\nirrelevantes desde el punto de vista de la elaboracin de polticas. En algunos de los casos los ayuntamientos han seguido fielmente las recomendaciones ciudadanas (Astigarraga, Montorns-I), en otros afirman que van a hacerlo o que lo han hecho en buena medida (Guipuzcoa, Corbera) y los casos en que el dictamen va a caer en saco roto coinciden con aquellos municipios en que se ha producido un cambio en el equipo de gobierno (Calafell, Sant Quize). Cuadro 7 Los resultados en forma de poltica pblicas de los Consejos Ciudadanos\nLugar Tiempo transcurrido desde la presentacin del informe hasta 2/2000 7 aos y 5 meses 7 aos y 2 meses Situacin de la decisin que se adopt en los Consejos ciudadanos\n5 aos y 10 meses\n3 aos y 11 meses 3 aos y 3 meses\nEl frontn y el polideportivo se han construido siguiendo las recomendaciones de los Consejos. Se ha construido el campo de ftbol en una ubicacin diferente a la decidida en los Consejos. Despus de realizar los estudios tcnicos necesarios, el Ayuntamiento crey que era mejor construir el campo del ftbol en el lugar que apareci como la segunda alternativa ms votada en los Consejos. El ayuntamiento inform y explic las razones del cambio a los participantes de los Consejos, que aceptaron el cambio propuesto. Se ha respetado cerca del 80% de las propuestas que hicieron los participantes de los Consejos, especialmente aquellas que hacan referencia a la necesidad de que el trazado de la autova tuviese el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Tambin se ha tenido en cuenta la sugerencia de instalar peajes blandos, y la recomendacin de construir algunos enlaces suplementarios para facilitar el acceso a la autova desde algunas poblaciones de la zona. Esto ha provocado el encarecimiento y con ello el retraso en la ejecucin. Actualmente ya se han construido unos ocho kilmetros de autova y se prev que durante el 2000 se construirn otros ocho ms. Est previsto que las obras de la Casa de Cultura comiencen en el 2000. De acuerdo con las recomendaciones de los Consejos se han realizado estudios para medir el impacto que sobre el medio ambiente puedan producir las obras de acondicionamiento de la cueva y su aprovechamiento turstico. Ya han comenzado algunas obras en la cueva y se prev que acaben en el 2000/01. Finalmente no se ha implementado ninguno de los acuerdos que se alcanzaron en los Consejos debido a que el Ayuntamiento de Sant Quirze ha optado por definir los criterios de planificacin urbanstica a travs de un Plan Estratgico. En uno de los plenos municipales, ERC ya hizo constar su protesta porque no se haba respetado la decisin de los Consejos. Los acuerdos que se alcanzaron en los Consejos estn incluidos en el plan de actuacin del municipio para el 2000/03. En relacin con el cementerio ya se han expropiado los terrenos necesarios para su ampliacin, y tambin han comenzado algunas obras que se prev que acaben en el 2001. En cuanto a poltica turstica, todava no se ha realizado ninguna actuacin al respecto. Debido al cambio de equipo de gobierno despus de las elecciones municipales de 1999 todava no se ha implementado ninguna de las decisiones de los Consejos, aunque est prevista en breve la creacin de la figura de un mediador socio-cultural, que era uno de los acuerdos principales que se adoptaron. No se ha implementado ninguno de los acuerdos que se alcanzaron en los Consejos debido a que el nuevo equipo de gobierno surgido de las elecciones municipales de 1999 ha optado por utilizar un Plan Estratgico. Ya han comenzado las obras de la plaza pblica siguiendo las recomendaciones del Consejo. Hace poco que han finalizado los Consejos, pero el Ayuntamiento se ha comprometido a aceptar sus recomendaciones.\n2 aos y 8 meses\n2 aos y 7 meses 2 aos y 5 meses\n1 ao y 1 mes\nMontorns I Montorns II\n1 ao y 1 mes 1 mes\nFinalmente, es en los consejos municipales (y hasta el momento en las experiencias de democracia electrnica) donde ms cuesta encontrar el impacto de sus propuestas en las polticas pblicas adoptadas, aunque en los casos de mejor funcionamiento existe, cuando menos, un efecto en la deteccin compartida de necesidades y el establecimiento de espacios de dilogo. En muchos casos la relativa frustracin que se detecta se debe a la falta de compensacin entre un gran esfuerzo que las asociaciones necesitan hacer para mantenerse activas en los consejos y los escasos resultados reales que estos llegan a producir (Font y Gom, 1999). En el caso de las A21L se ha podido constatar que algunos de sus miembros (los grupos) han influido ms en la decisin final que otros (los ciudadanos no organizados), pero el impacto de esa decisin final en las polticas tardar aos en poder ser juzgada dado el carcter muy reciente de las experiencias (Font y Subirats, 2000). En definitiva, la traduccin de la participacin en polticas va a ser muy desigual dependiendo de dos factores. En primer lugar, el tipo de instrumentos utilizados, pues mientras presupuestos participativos o jurados ciudadanos estn muy orientados a tomar decisiones, los consejos municipales, las redes electrnicas o las A21L, tambin pueden hacerlo pero tienen una formato que prioriza el dilogo y el intercambio por encima de la capacidad decisional. Pero, en segundo lugar, la voluntad poltica de hacer un uso u otro de los mecanismos va a ser decisiva y va a provocar que un consejo municipal (o una experiencia de democracia electrnica) sea un espacio puramente ritual, con cuya creacin algunos crean haber culminado ya las aspiraciones participativas de la poblacin, mientras en otros casos pueden hacer propuestas operativas, que sean escuchadas7 y que obtengan respuesta pblica por parte del gobierno municipal. De la misma manera, los jurados ciudadanos (o las propuestas de presupuestos) pueden tomarse como un mandato quasi-final o como una de las muchas voces que se escuchan en un proceso poltico. Cuadro 8 Mecanismos aconsejables y deficitarios en funcin de varios criterios\nCriterio Representatividad Grado de informacin Capacidad educativa Extensin Coste/dificultad organizativa Impacto en polticas Aconsejable Jurado Encuesta deliberativa Consejo consultivo Jurado Presupuesto participativo Planes estratgicos Referndum Presupuesto participativo Consejo consultivo Forum ambiental Referndum Presupuesto participativo Deficitario Consejo consultivo Internet (hoy) Referndum Encuestas Consejo consultivo Referndum Jurado Consejo consultivo Encuesta deliberativa Presupuesto participativo Encuesta deliberativa Internet\nA modo de sntesis, el cuadro 8 plantea aquellos aspectos en los que algunos de los instrumentos analizados destacan como especialmente interesantes o problemticos. A los aspectos ya vistos en los apartados anteriores hemos aadido las dificultades organizativas y la capacidad de influir habitualmente en la adopcin de polticas. La principal conclusin la hemos apuntado ya varias veces: no existe un mecanismo participativo perfecto, que rena todas las caractersticas ideales. Tener participantes representativos, informados, que sean lo ms numerosos posibles y que salgan de la experiencia ms predispuestos a participar que antes, todo ello por poco dinero y dando lugar a una resolucin que tenga un fuerte impacto en la toma de decisiones final es una cuadratura del crculo quizs excesiva. Incluso mecanismos a los que a lo largo del texto y en el cuadro mismo\nPor ejemplo, las enmiendas propuestas por ciudadanos a travs de democracia.web al Parlamento cataln y que hoy forman parte ya de leyes vigentes en esta comunidad autnoma (Snchez, 2000).\nhemos encontrado ms ventajas que inconvenientes, como los presupuestos participativos o los jurados ciudadanos, tienen problemas indudables. Sin embargo, ser conscientes de la amplia gama de posibilidades existentes, de que a partir de estas ideas casi todo puede ser inventado y de cules son los dficits que deberemos afrontar segn cual haya sido nuestra eleccin supone ya un gran paso adelante.\nBibliografa ABERS (1997): Inventing local democracy. Neigborhood organizing and participatory policymaking in Porto Alegre, Brazil. Tesis Doctoral. Los ngeles: University of California BLANCO, i (2000): La representativitat dels Consells ciutadans, en VVAA: Consells ciutadans, Barcelona: Editorial Mediterrnia. BRUGU, Q. et al. (1997): Participaci a lAjuntament de Barcelona: diagnstic i propostes. Manuscrito no publicado. BRUGU, Q; GALLEGO, R (1999): Una administracin pblica democrtica?, Manuscrito. BUDGE, I. (1996): The New Challenge of Direct Democracy. Londres: Polity Press. COOTE, A.; LENAGHAN, J. (1997): Citizens Juries: theory into practice. London: IPPR. DAHL, R.; TUFTE, R. (1973): Size and Democracy. Stanford: Stanford University Press. DE FORN, M. (1995): La planificacin estratgica territorial. Diputacin de Barcelona. DELAP, C (2000): Jurados ciudadanos en el Reino Unido, en FONT, J (ed): Ciudadanos y decisiones pblicas, Barcelona: Ariel. DIENEL, P; HARMS, H (2000): Repensar la democrcia. Barcelona: Ediciones del Serbal. DOWNS, A.(1973): Teora Econmica de la Democracia. Madrid: Aguilar. Equip dAnlisi Poltica (1998): Consells ciutadans a Montornes: la plaa Pau Picasso, Informe no publicado. Equip dAnlisi Poltica (2000): Un mapa dexperincies participatives locals. Informe para lEscola dAdministraci Pblica de Catalunya. FISHKIN (1995): Democracia y deliberacin. Barcelona: Ariel. FONT, J. (1999): Citizen juries in Spain, Comunicacin presentada al Congreso Citizen Participation and innovations in community governance, Luton. FONT J.; Gom, R (1999): La participacin ciudadana en la poltica local, en Informe Espaa 2000. Madrid: Fundacin Encuentro. FONT, N. (1998): Democrcia i participaci ciutadana. Barcelona: Fundaci Jaume Bofill. FONT, N.; SUBIRATS, J (2000): Local y sostenible, Barcelona: Icaria. FUKUYAMA (1995): Trust. Nueva York: The Free Press. GENRO, T.; De Souza, U. (1999): Pressupost participatiu: lexperincia de Porto Alegre. Barcelona: Ediciones del Serbal. GIMENEZ et al. (2000): Una flor no fa estiu., en VVAA: Consells ciutadans. Barcelona: Editorial Mediternia. GOMA, R; REBOLLO, O (2000): Democracia local y ciudadana activa: reflexiones en torno a los presupuestos participativos, en FONT (ed): Ciudadanos y decisiones pblicas, Barcelona: Ariel. INGLEHART, R. (1991): El cambio cultural. Madrid: CIS. INGLEHART, R (1999): Postmaterialism erodes support for authority but increases support for democracy, en Norris (ed): Critical Citizens, Oxford University Press. KAASE, M; NEWTON, K (1995): (1995): Beliefs in Government, Oxford University Press. KAHN, U. (ed) (1999): Beyond the ballot box. Londres: Routledge. LIJPHART (1996): Unequal participation: democracys unresolved dilemma, en American Political Science Review, 91 (1). NAVARRO, C.J. (1999): El Sesgo Participativo. Madrid: CSIC. NAVARRO, Z (1998): Democracia y control social de fondos pblicos. El caso del presupuesto\nparticipativo de Porto Alegre (Brasil), en Bresser; Cunill (eds): Lo pblico no estatal en la reforma del estado. Buenos Aires: CLAD-Paids. NORRIS, P (1999): Critical citizens, Oxford University Press. OLSON (1991): La lgica de la accin colectiva, en VVAA: Diez textos bsicos de ciencia poltica. Ariel. PARRY, G.; MOYSER, G.; DAY, N. (1992): Political Participation and Democracy in Britain. Cambridge: Cambridge University Press. PUTNAM, R. et al. (1993): Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press. PUTNAM, R (1995): Bowling alone: the decline:Americas declining social capital, Journal of Democracy, 6/1. RODRGUEZ VILLASANTE, T.; ALBERICH (1993): Experiencias de participacin ciudadana en municipios: anlisis y propuestas, en Alfoz, 104-105. SANCHEZ, J (2000): Internet como instrumento de participacin, en FONT (ed): Ciudadanos y decisiones pblicas, Barcelona: Ariel. SARASA; Guiu; Rico; WALLISER; Cuadros (1998): Presentaci de lavaluaci dels 10 anys del cmbs, en Jornades Tcniques de celebraci del 10 aniversari del Consell Municipal de Benestar Social. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. SCHLOZMAN et al. (1998): Participations not a paradox, British Journal of Political Science, 25 STEWART, J. (1997): More Innovation in Democratic Practice. The School of Public Policy. University of Birmingham. Stirling Unitary Authority (1998): Community & Local Democracy. SUBIRATS, J. (1997): Democrcia: Participaci i Eficincia, en Revista CIFA, n 6. TONUCCI (1998): La ciutat dels nens. Barcelona. TSAGAROUSIANOU, R.; TAMBINI, D.; BRYAN, C. (eds.) (1998): Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks. Londres: Routledge. VELASQUEZ, F (1998): La veedura ciudadana en Colombia, en Bresser; Cunill (eds): Lo pblico no estatal en la reforma del estado. CLAD-Paids. VERBA (1996): The citizen as respondent, en American Political Science Review, n 90 (1)\nDocuments similaires à 1 Font,Blanco,Gomá,Jarque Mecanismos de Part.ciudadana\nDemocracia Deliberativa y Ética Del Discurso\nPlus de Lourdes Jimenez Brito\nJose Carlos Mariategui Tomo 17\ndefinitivo PRACTICA 4 SPE\nBeth De Vega Alavedra