Equipo Nizkor - Observaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el estado de excepción.\nObservaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el estado de excepción.\nEn desarrollo de su función de "velar porque todo proyecto de ley en materia de derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos internacionales en la materia", la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para Derechos Humanos cree necesario formular algunas observaciones sobre el Decreto 2002, adoptado por el Gobierno colombiano el 9 de Septiembre de 2002.\nLas disposiciones contenidas en el Decreto 2002 de 2002 se cotejaron con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y con la interpretación autorizada que de los mismos han hecho los órganos internacionales competentes.\nEl examen de la conformidad de las normas internas con las internacionales, es consecuente con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados|1|.En dicho instrumento se afirma la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, así como el deber de cumplir de buena fe lo estipulado en los tratados internacionales |2|. Esta obligación se explica como consecuencia del consentimiento libremente asumido por los Estados al ratificar o adherirse a esos instrumentos. Es en ese marco que Colombia se ha comprometido internacionalmente a respetar sus obligaciones convencionales y a adecuar su legislación interna a esas disposiciones.\nIgualmente, las observaciones contenidas en este documento han tomado en consideración las recomendaciones de órganos internacionales sobre derechos humanos hechas a Colombia, así como otros compromisos surgidos de la aplicación del derecho internacional consuetudinario.\nI. CONSIDERACIONES PRELIMINARES GENERALES EN RELACIÓN CON EL DECRETO\na) Estado de excepción y normas permanentes.\nLos Estados tienen no sólo el derecho sino también la obligación de asegurar su defensa, combatir los actos terroristas y criminales, y promover la seguridad ciudadana en el marco del respeto de la legalidad, de los derechos humanos y del Estado democrático de derecho. No todas las limitaciones a los derechos humanos constituyen, por lo tanto, una violación a los mismos. No obstante, es menester recordar que debe existir un justo equilibrio entre el goce de las libertades individuales y el interés general en torno de la seguridad nacional.\nEn sentencia de 30 de mayo de 1999, en el caso Castillo Petruzzi y otros, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral"|3|.\nLas políticas y medidas que se adopten en ese marco deben ser confrontadas con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar el respeto del principio de legalidad, el Estado de derecho y las reglas democráticas.\nLos artículos 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos humanos establecen que las disposiciones adoptadas por el Estado para afrontar hechos cuya existencia justifica el ejercicio del llamado "derecho de suspensión", deben ceñirse a los principios de estricta necesidad, excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad. En particular, incluso durante un conflicto armado, las disposiciones que se apartan de lo dispuesto en tratados tales como el Pacto sólo están permitidas en situaciones de excepcional gravedad, en la medida en que la situación constituya "una amenaza para la vida de la nación" cuya existencia haya sido proclamada oficialmente |4|.\nLa Corte Interamericana ha señalado su preocupación por los abusos a los que ha dado lugar estas medidas excepcionales en el hemisferio. Por ello considera fundamental que las medidas que se adopten para enfrentar esas situaciones especiales se ajusten "a las exigencias de la situación" y respondan a los criterios expuestos en el artículo 27 de la Convención Americana.\nLa juridicidad y legitimidad de estas medidas dependerá, según la Corte, "del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad, y razonabilidad que guarden" dichas medidas |5|. La Corte indica también que del artículo 27.1 de la Convención Americana se deriva la necesidad genérica de que en todo estado de excepción "subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella"|6|.\nA los efectos del artículo 27.2 de la Convención (que prohíbe la suspensión de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos que non pueden ser suspendidos ni siquiera en el marco de un estado de excepción) la Corte indica que "deben considerarse como indispensables aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud" |7|.\nEl 24 de julio de 2001, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), aprobó la Observación General No 29 al artículo 4 del Pacto. El Comité enfatizó, entre otros puntos, que aun en tiempos de conflicto armado las disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto solo estarán permitidas en la medida en que la situación sea de carácter excepcional, constituya un peligro para la vida de la nación y sea de vigencia temporal|8|.\nEn 1984, en una Conferencia Internacional en la ciudad de Siracusa, se interpretaron los alcances de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptando así un documento titulado "Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" Este documento establece con gran precisión los alcances de las situaciones excepcionales señaladas en el artículo 4 del Pacto. Indican los principios de Siracusa:\n"39.- Un Estado Parte solamente puede adoptar medidas para suspender sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 (en lo sucesivo denominadas "medidas de derogación") cuando se enfrente con una situación excepcional y un peligro real o inminente que amenace la vida de la nación cuando:\na) Afecte a toda la población y a todo el territorio del Estado o a parte de él y\nb) Amenace la integridad física de la población, la independencia política o la integridad territorial del Estado o la existencia o el funcionamiento básico de instituciones indispensables para asegurar y proteger los derechos reconocidos en el Pacto"\n"40.- El conflicto interno y la agitación que no representen una amenaza grave e inminente a la vida de la nación no pueden justificar las derogaciones en virtud del artículo 4"|9|.\nDe su parte, el Comité de Derechos Humanos observa: "... El solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son necesarias en razón de las exigencias de la situación. En la práctica, esto asegurará que ningún artículo del Pacto, por válida que sea su suspensión, sea completamente inaplicable al comportamiento de un Estado Parte. Al examinar los informes de los Estados Partes, el Comité ha expresado su preocupación por el hecho de que no se presta suficiente atención al principio de proporcionalidad"|10|.\nEl Comité señala, además, que durante un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, "son aplicables las normas del derecho internacional humanitario, que contribuyen, junto con las disposiciones del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 5 del Pacto |11|, a impedir el abuso de las facultades excepcionales del Estado"|12|.\nPor otra parte, el Comité señala: "... Ninguna disposición que suspenda obligaciones contraídas en virtud del Pacto puede ser incompatible con las demás obligaciones que impone a los Estados Partes el derecho internacional, especialmente las normas del derecho internacional humanitario. El artículo 4 del Pacto no puede interpretarse como justificación para suspender la aplicación de disposiciones del Pacto si tal suspensión entrañase la infracción de otras obligaciones internacionales del Estado, contraídas ya sea en virtud de un tratado o del derecho internacional general"|13|.\nb) Ley previa.\nTratándose de restricciones a derechos fundamentales, las medidas adoptadas en el marco de un estado de excepción tienen que adecuarse a la exigencia de que éstas solo pueden ser impuestas por una ley previa, conforme al artículo 30 de la Convención Americana. En una opinión consultiva la Corte tuvo oportunidad de referirse in extenso al sentido de la palabra "leyes" en el marco del artículo 30 de la Convención, referido a la legitimidad de las restricciones a los derechos y libertades reconocidos en ella|14|. La Corte Interamericana afirmó que la expresión "leyes" no debe ser utilizada como sinónimo de cualquier norma jurídica, concluyendo que dicha expresión, "no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado" |15|. A tal definición llegó con base en el análisis de los principios de "legalidad" y "legitimidad" propios del régimen democrático, dentro del cual hay que entender el sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, "la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución"|16|.\nLa Corte hace también notar que "en una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención"|17|.\nEn la mencionada opinión consultiva sobre el "Habeas corpus bajo suspensión de garantías", la Corte afirma: "La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el Gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables" |18|.\nEn la concepción moderna de los estados de excepción, la delegación de facultades legislativas al órgano ejecutivo se justifica sólo para la adopción de medidas estrictamente temporáneas y dirigidas a restablecer la normalidad. Como lo ha indicado Leandro Despouy, Relator especial sobre estados de excepción de la Subcomisión para la Promoción y Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las medidas adoptadas en el marco de un estado de excepción, limitadas en el tiempo y cuya aplicación debe ser proporcional a la causa que las genera, tienen como única finalidad "restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos más fundamentales"|19|. Tienen, por tanto, un carácter de defensa y amparo de la dignidad humana, y no un carácter represivo. Su utilización es legítima sólo cuando la restricción de algunas garantías es el único medio posible para defender los derechos fundamentales y el orden democrático. Como lo señala el Relator, "tanto el carácter tuitivo de los derechos humanos más fundamentales como la defensa de las instituciones que los garantizan y dan fundamento a la suspensión transitoria de algunos derechos y libertades, explican que, cada día con mayor precisión y claridad, los distintos órganos de supervisión internacional vinculen el ejercicio de esta facultad excepcional a la defensa de la democracia, entendida esta última no solamente como una determinada organización política contra la cual es ilegítimo atentar sino como un sistema que establece límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona humana" |20|.\nComo lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tercer informe sobre Colombia, "la decisión de la Comisión Legislativa de mantener vigentes las penas y delitos establecidos por decreto de estado de sitio en 1988 y la de conservar en existencia la de jueces separados para terrorismo y narcotráfico antes vigentes, va en contravía de los principios democráticos que inspiran la Carta Política, y en especial del título II que regula los derechos fundamentales. Del análisis racional de la Constitución no es factible deducir que ésta admita la perpetuación del régimen de excepción"|21|.\nLa suspensión no se puede prolongar más allá de la superación de la emergencia que la originó, pues de lo contrario la excepción se convertiría en regla, la legalidad extraordinaria suplantaría a la legalidad ordinaria y desaparecería con ello el Estado de Derecho. De otro lado, resulta claro que la proclamación de un estado de excepción no otorga poderes legislativos absolutos al Ejecutivo, y que el órgano Legislativo mantiene sus plenas competencias y funciones exclusivas para legislar en toda materia por la cual no exista la estricta necesidad de adoptar medidas urgentes y temporáneas que tengan por único fin el inmediato restablecimiento de la normalidad. Estas medidas deben cesar una vez finalizada la emergencia.\nc) Normas precisas, claras e inequívocas.\nAlgunas de las disposiciones del decreto 2002 (en particular los artículos 2, 3, 5, 6, 15, 18 y 21) se caracterizan por una formulación genérica y poco precisa. En materia penal, la ausencia de precisión y claridad de las normas constituye una violación del principio de legalidad y de los principios de derecho internacional de los derechos humanos.\nEn este sentido, es menester recordar el pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre la necesitad de normas claras y unívocas, en la mencionada sentencia sobre el caso Castillo Petruzzi.\nEn particular, "la Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales [ ..]. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana"|22|.\nd) Restricción de derechos fundamentales.\nLa suspensión de algunas de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto en situaciones de excepción es claramente distinta de las restricciones o limitaciones permitidas aun en circunstancias normales conforme a diversas disposiciones del Pacto. Sin embargo, la obligación de limitar cualquier suspensión a la medida de lo estrictamente necesario según las exigencias de la situación, refleja un principio de proporcionalidad común a las facultades de suspensión y de limitación.\nEn varias de sus disposiciones y bajo determinadas circunstancias, el Pacto contempla también la limitación de derechos. Por ejemplo, la libertad de circulación (Art. 12) puede limitarse, así como el derecho a la libertad de expresión y de información (Art. 19). Del mismo modo, el derecho de reunión pacífica (Art. 21) y el derecho de asociación (Art. 22) podrán estar sujetos a restricciones. El derecho de participar en asuntos públicos (Art. 25) no podrá estar sujeto a restricciones indebidas.\nEn repetidas oportunidades, el Comité de Derechos Humanos ha hecho hincapié en que solamente podrán imponerse, respecto de los derechos consagrados en el Pacto, las restricciones que sean necesarias y proporcionales. Las restricciones deben además ser compatibles con el objeto y el fin del Pacto, y no deben ser aplicadas en forma arbitraria. Corresponde al Estado la carga de justificar la legitimidad de las restricciones a los derechos.\nEn virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las medidas legislativas, de política u operacionales para combatir el terrorismo, así como las que surgen en aplicación de los poderes de excepción, deben basarse en los siguientes principios:\na) Las restricciones legítimas a los derechos deberán:\nser permitidas a la luz de las disposiciones respectivas del tratado;\nestar previstas en la ley, la cual debe establecer claramente qué restricciones pueden hacerse, bajo qué condiciones y por medio de qué autoridades;\nser estrictamente necesarias en una sociedad democrática y cumplir con los requisitos señalados en los párrafos anteriores;\nno menoscabar la esencia del derecho, es decir que esas restricciones no comporten la supresión del derecho mismo;\nser interpretadas en favor de los derechos cuestionados, por aplicación del principio pro homine que impone una interpretación amplia de los derechos y una estricta y restrictiva de las limitaciones a éstos;\najustarse al principio de proporcionalidad y razonabilidad de las medidas con las circunstancias y necesidades específicas;\nser compatibles con el objeto y el fin de los tratados de derechos humanos, es decir, con la protección y garantía de los derechos humanos y del Estado de derecho;\nrespetar el principio de no discriminación;\nno ser aplicadas en forma arbitraria;\nser compatibles con los principios de legalidad y del Estado democrático de derecho;\nsometerse al control judicial para determinar la legalidad y legitimidad de las medidas adoptadas.\nb) Al establecer los límites de los derechos y las libertades, las leyes que autorizan las restricciones deberán:\nemplear criterios precisos, que indiquen claramente el marco de la actuación del Estado, los límites de esa actuación y las obligaciones impuestas a los ciudadanos;\nno conferir una discrecionalidad irrestricta a quienes están a cargo de su aplicación;\nprever los controles necesarios para garantizar la legalidad y legitimidad de las medidas que se adopten en aplicación de dichas leyes o decretos.\nII. Algunos comentarios específicos sobre el decreto 2002.\nAl analizar el decreto, además de las anteriormente mencionadas, las principales preocupaciones de la Oficina en torno del mismo son, entre otras:\nJustificación de las medidas (Considerando 3°)\nFuncionamiento coordinado de las autoridades públicas (Artículo 1)\nCaptura y captura sin orden judicial (Artículos 2 y 3)\nInterceptación o registro de comunicaciones e inspección o registro domiciliario y allanamiento (Artículos 5 y 6)\nAllanamientos sin previa orden judicial (Artículo 7)\nDeberes de los extranjeros. Tránsito y permanencia de extranjeros (Artículos 10 y 22)\nReglamentación del derecho de circulación y residencia (Artículo 14)\nInformación sobre desplazamientos en la zona (Artículo 15)\nDesplazamientos no autorizados (Artículo 16)\nDeber de informar (Artículo 18)\nIdentificación (Artículo 20)\nRevisión de carga (Artículo 21)\nUtilización de bienes o servicios de particulares (Artículo 23)\n1. Justificación de las medidas (Considerando 3°).\nEl Decreto da por sentado que uno de los principales soportes de la acción delincuencial de los grupos criminales está constituido por "la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil" y, por otra parte, por "el constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen". Preocupan estas consideraciones que lanzan sobre el conjunto de la población civil la grave acusación de ocultar y encubrir a los autores de masacres, secuestros y demás delitos mencionados en la parte considerativa del acto. Estas consideraciones impiden el ejercicio del principio de distinción, impuesto por las reglas humanitarias y pueden dar un justificativo a los grupos armados ilegales para explicar el no respeto de dicho principio.\n2. Artículo 1: Funcionamiento coordinado de las autoridades públicas.\nEl artículo 1 del decreto 2002 prevé la designación de un Fiscal cuya misión será "la de acompañar, en ejercicio de las funciones propias de su cargo, las operaciones de la Fuerza pública, sin que esto se constituya en requisito para adelantar dichas operaciones". El Decreto atribuye a las autoridades judiciales y del Ministerio Público una ambigua función de acompañamiento, no obligatorio, a la Fuerza Pública. Dicha disposición no define de manera clara las funciones de esas autoridades, razón por la cual su aplicación puede tener un impacto negativo en el desarrollo de sus funciones ordinarias de control, en la independencia judicial y en la eficacia de la administración de justicia y de la potestad disciplinaria.\n3. Artículos 2 y 3: Captura y captura sin autorización judicial.\na) Los poderes de policía judicial.\nTanto el artículo 2 como el artículo 3 otorgan poderes de captura, con o sin mandamiento judicial, a "la Fuerza pública, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y aquellos organismos que cuenten con atribuciones permanentes de policía judicial".\nEs menester recordar que el ordenamiento jurídico colombiano incluye entre los miembros de la Fuerza pública a todos los miembros de las fuerzas militares. Los artículos 2 a 8 del Decreto 2002 atribuyen entonces a todos los miembros de las fuerzas armadas de Colombia poderes específicos de captura, de interceptación o registro de comunicaciones, de inspección o registro domiciliario y de allanamiento, funciones que normalmente asumen los cuerpos de policía judicial.\nDesde el punto de vista de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, no cabe duda de que los actos de captura, allanamiento y inspección o registro domiciliario constituyen atribuciones propias de órganos judiciales. El Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales sobre Colombia de 5 de mayo 1997, mostró su preocupación por el ejercicio de funciones de arresto y detención por parte de miembros de la fuerza militar |23|. En las observaciones finales, el Comité expresó su preocupación por la atribución de funciones de policía judicial a las autoridades militares |24|. Agregó además: "el Comité está preocupado porque integrantes de las fuerzas militares y de seguridad u otras fuerzas supuestamente siguen ejerciendo poderes especiales sobre la población y las autoridades civiles, incluidas las autoridades judiciales, poderes que se les otorgaron mediante el establecimiento de las zonas especiales de orden público por decretos que ya no están en vigor. El Comité está especialmente preocupado por el hecho de que los militares ejerzan las funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio" |25|.\nCabe también recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la atribución de funciones de policía judicial a miembros de la fuerza armada colombiana.\nEn particular, mediante decreto 1793 de noviembre de 1992, el Gobierno del Presidente Gaviria instauró el estado de conmoción interior. Con base en esta declaratoria se expidió el decreto 1810 sobre la "Asignación de funciones de investigación judicial a las fuerzas militares". La Comisión Interamericana observó, en su segundo informe sobre Colombia, que "una de las medidas que la Comisión ve con más preocupación es la referente a permitir a miembros de las fuerzas militares ejercer funciones de policía judicial en investigaciones realizadas por la Fiscalía en relación con civiles. La utilización de militares como agentes de policía judicial por parte de los fiscales puede prestarse a la violación de derechos de los ciudadanos, a la realización de pruebas amañadas o al ocultamiento de pruebas cuando puedan indicar responsabilidades por parte de las Fuerzas Armadas, a las cuales se sindica con frecuencia de presuntas violaciones a los derechos humanos. Es para la Comisión satisfactorio comprobar que esta medida no pudo ser aplicada al ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, dentro del proceso de revisión obligatoria que debe hacer de todos los decretos expedidos en ejercicio de las facultades del estado de sitio" |26|.\n"La Comisión considera que el presente Informe ya ha cumplido, en muchos aspectos, un papel importante logrando que algunas de sus objeciones críticas al sistema normativo colombiano se hayan traducido en cambios significativos, como en el presente caso, en el que los organismos públicos del Estado colombiano dejaron sin efecto la aplicación de la norma que confiaba funciones de investigación judicial a la fuerza armada. Seguidamente se transcriben algunos párrafos de la sentencia Nº C-034, del 8 de febrero de 1993, de la Corte Constitucional, que justifica la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1810 de 1992:\nLas fuerzas militares, en atención a sus objetivos constitucionales (defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad del territorio y del orden constitucional) carecen de competencia en materia de Policía Judicial. En verdad, desnaturalizaría su fisonomía atribuir a las fuerzas militares funciones de Policía Judicial. En este orden de ideas, adscribir a las fuerzas militares una dualidad de funciones (la militar y la de policía judicial) e imponer una correlativa dualidad de jerarquías (el superior en el rango y la Fiscalía General de la Nación), desvertebra su estructura, quebranta la necesaria unidad de mando y en modo alguno asegura que en el caso de conflicto entre las dos funciones (no descartable dentro del clima de confrontación armada que se vive en varios lugares del territorio nacional y que ha obligado a las fuerzas militares a robustecer su presencia y multiplicar sus operativos) prime la de Policía Judicial. La integración de las unidades de Policía Judicial con militares, en el plano constitucional, equivale a una intromisión de la administración en la función jurisdiccional" |27|.\nEs importante señalar que, por su parte, el mismo Gobierno colombiano hacía notar, en sus observaciones a la Comisión, que "de ninguna manera permite el decreto 1810 que las fuerzas militares adelanten investigaciones judiciales sobre civiles o presenten acusaciones contra ellos en el marco de procesos penales, como se ha dicho en algunos documentos de organizaciones no gubernamentales. Esta asignación de funciones de policía judicial a las fuerzas militares está prevista en la Constitución, pero únicamente bajo el control y dirección de la Fiscalía" |28|.\nEstas mismas consideraciones podrían ser repetidas en relación con el decreto 2002, en el cual, como se verá más adelante, tanto el artículo 5 como los artículos 6 y 8 prevén que miembros de la Fuerza pública (incluidos los militares) pueden realizar interceptaciones o registros de comunicaciones, inspecciones o registros domiciliarios, allanamientos y inspecciones o registros a bienes inmuebles no domiciliarios, naves o aeronaves, con "el único fin de buscar pruebas con fines judiciales o de prevenir la comisión de delitos".\nAdemás, es menester señalar que el mismo ordenamiento colombiano excluye las capturas, los allanamientos y las interceptaciones de las funciones de policía judicial, no porque estos actos pueden ser cumplidos por cualquier persona (excepto en caso de captura en flagrancia), sino porque, tratándose de actos que afectan libertades y derechos fundamentales, están estrictamente vinculados a la existencia de una orden judicial y resultan indelegables (art. 316 del Código de Procedimiento Penal).\nEn este sentido, la Comisión Interamericana expresó preocupación, asimismo, con respecto al contenido de las medidas especiales adoptadas por el Presidente Samper durante el estado de excepción, declarado en noviembre de 1995.\nEn particular, en su tercer informe sobre Colombia, la Comisión declaraba que "las medidas especiales adoptadas en las zonas de orden público comprendían el otorgamiento de autorización a las Fuerzas Militares y a la policía para realizar allanamientos sin orden judicial. Se autorizó también a las Fuerzas Militares y la policía a detener sin orden judicial a toda persona que se considerara vinculada con actividades delictivas. En esos casos la persona detenida podía ser mantenida en custodia por las fuerzas de seguridad durante 36 horas antes de ser llevada ante una autoridad judicial" |29|.\n"La Comisión debe señalar, en relación con estas medidas, que ya ha expresado preocupación con respecto a las disposiciones que permiten a los militares realizar investigaciones y arrestos, inclusive en situaciones de emergencia. Lo que corresponde es que esas funciones estén en manos de fuerzas policiales regulares o de la policía judicial especial bajo la supervisión del Poder Judicial. La movilización de las Fuerzas Militares para combatir el delito supone poner tropas entrenadas para el combate a un enemigo armado en situaciones que requieren capacitación especial en seguridad pública e interrelación con civiles. Además, esta situación crea grave confusión con respecto al equilibrio de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Las facultades generalmente otorgadas a los órganos judiciales para ordenar o denegar allanamientos, disponer y realizar arrestos o liberar personas detenidas se transfieren a autoridades que forman parte del Poder Ejecutivo. Esta preocupación suscita otro motivo de inquietud con respecto a la disposición que permite que esas detenciones realizadas por autoridades militares se mantengan sin ningún control judicial durante un período de 36 horas" |30|.\nb) El carácter genérico de las disposiciones.\nLa Oficina debe señalar, además, que son poco precisas las razones señaladas para autorizar las capturas a que se hace referencia en el decreto.\nEl artículo 2 del Decreto 2002 prevé que la aprehensión preventiva puede recaer en "aquellas personas de quienes se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos". En el inciso segundo, el mismo artículo dispone que "si existiere urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro, bastará la comunicación verbal de la autorización judicial previamente escrita". Estas condiciones son en extremo vagas y equívocas. Es obvio que no en todo caso de peligro grave o inminente para un derecho fundamental se justifica privar de la libertad a quien ha puesto ese bien jurídico en situación de riesgo. La privación de libertad para quien sin causa justa pone efectivamente en peligro un derecho dotado de fundamentalidad sólo se justifica cuando su conducta comisiva u omisiva es una de aquellas que el legislador penal ha definido, de manera inequívoca, expresa y clara, como delictiva o contravencional.\nPor lo demás, el artículo 3 del decreto se refiere a la "captura del sospechoso", termino genérico que contrasta con la necesidad de normas claras e inequívocas. Ello resulta tanto más grave por tratarse de una captura sin autorización judicial. Este artículo faculta a las autoridades de la rama ejecutiva a aprehender a cualquier persona que según sus valoraciones subjetivas haya puesto o pueda poner un derecho fundamental en grave o inminente peligro. Tal norma es pues, arbitraria por su incompatibilidad con el respeto fundamental de toda persona a la libertad y con los principios de legalidad y de presunción de inocencia, ya que permite la aprehensión de sujetos no indiciados.\nc) La captura sin orden judicial.\nCabe además señalar que según los artículos 9,1 del Pacto y 7,3 de la Convención Americana, resulta arbitrario aprehender sin orden judicial a quien no fue privado de la libertad en el momento mismo de la realización del hecho punible o en momentos subsiguientes a éste. La facultad de privar de libertad sin mandamiento de fiscal o de juez constituye una excepción al principio constitucional de reserva judicial de la libertad y, por lo tanto, esa facultad no puede ejercerse cuando ya desapareció la actualidad o inmediatez de la conducta delictiva, situación que justificaba su empleo. Para el ordenamiento internacional es arbitraria cualquier privación de la libertad que contradice abiertamente los contenidos sustanciales del Estado de derecho. Los requisitos que para privar de la libertad exigen los artículos ya mencionados son:\nQue no sea arbitraria, sino fundada en indicios necesarios y no en meras sospechas.\nQue tenga una causa precisa e inequívoca establecida en la ley.\nQue se ejecute de conformidad con el procedimiento legal para llevarla a cabo.\nQue a la persona por ella afectada se le informe, en el momento de aplicar la medida, cuáles son las razones de la misma.\nQue a tal persona se le lleve de inmediato y sin demora ante una autoridad judicial.\nQue a dicha persona no se le impida ejercer la acción pública de hábeas corpus.\nEn consecuencia, no se ajustan a la legislación internacional aquellas normas que, como el artículo 3 del Decreto:\nFacultan a las autoridades administrativas para privar de libertad sin fundamento en razones objetivas que señalen claramente la vinculación del aprehendido a una conducta punible.\nPermiten a esas autoridades aprehender por fuera de situaciones de urgencia o de peligro inminente (por la mera necesidad de obrar a prisa o prontamente).\nDesconocen a la persona privada de la libertad sus derechos fundamentales a informarse de inmediato sobre las razones de su detención y a solicitar el control judicial de la legalidad de la misma.\nAsimismo, la Oficina reitera las observaciones que en materia de detención administrativa ha formulado con respecto a Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |31|.\nd) La entrega del capturado o aprehendido a la autoridad judicial.\nEn el artículo 3 del Decreto se ha previsto que la persona objeto de captura será puesta "a disposición de un fiscal".\nLa Oficina advierte que el artículo 9º,3 del Pacto y el artículo 7º,5 de la Convención Americana establecen que la persona detenida debe ser llevada "sin demora" ante el juez, y no simplemente que se le ponga a su disposición mediante aviso verbal o escrito. Los tratados internacionales sobre derechos humanos han establecido que las personas afectadas por una privación de libertad sean llevadas inmediatamente ante el juez. No han dispuesto esos tratados que la entrega física de la persona capturada a la autoridad judicial pueda sustituirse por una mera comunicación en la cual se informe a dicha autoridad que el capturado queda a su disposición. La obligación convencional impuesta por los artículos mencionados no se cumple dando noticia de que una persona fue privada de la libertad, sino conduciéndola, sin tardanzas ni retardos, ante el servidor público facultado para conducir un asunto por la vía procesal adecuada. Ante el derecho internacional de los derechos humanos no son la misma cosa poner a disposición del juez y llevar ante el juez. Esta última medida es esencial para proteger la vida e integridad de una persona privada de libertad, al permitir al juez no sólo examinar la legalidad de la detención sino también sus condiciones físicas y de salud.\n4. Artículos 5 y 6: Interceptación o registro de comunicaciones y Inspección o registro domiciliario y allanamiento.\nEl artículo 5 y el artículo 6 prevén, respectivamente, la interceptación o registro de comunicaciones privadas y la inspección o registro domiciliario y allanamiento, previa autorización judicial, con el objetivo "de buscar pruebas para fines judiciales o de prevenir la comisión de delitos". En ambos casos, cuando "existan circunstancias de urgencia insuperable y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, bastará la comunicación verbal de la autorización judicial previamente escrita". La redacción de estas disposiciones, al señalar el fin de las interceptaciones, no respeta el principio de legalidad, pues utiliza expresiones ambiguas. Así, por ejemplo, las expresiones "con el único fin [...] de prevenir la comisión de delitos" o "cuando [...] sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro", constituyen fórmulas vagas e equívocas que contrastan con la necesidad en materia penal de normas claras y precisas.\nPor lo demás, con arreglo a lo estipulado en el artículo 14,2 del Pacto y el 8º,2 de la Convención Americana, en caso alguno puede presumirse con respecto a una persona la comisión de un delito. Lo que una y otra norma mandan presumir es la inocencia de toda persona acusada o inculpada mientras "no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley" o "mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Según los pactos internacionales jamás puede presumirse que alguien cometió un delito. Para esos instrumentos no existen los "presuntos infractores". Las disposiciones analizadas en este acápite no definen las circunstancia o los elementos que justifican el empleo de la interceptación y del registro para prevenir la comisión de delitos. En cuanto a la necesidad de proteger un derecho fundamental en peligro, la Oficina debe remitirse a lo ya afirmado con relación al artículo 3 del Decreto.\n5. Artículo 7: allanamiento sin previa orden judicial.\nEl allanamiento sin previa orden judicial previsto en el artículo 7 del Decreto viola los artículos 17 del Pacto y 11 de la Convención Americana, al establecerse que el mismo puede cumplirse "siempre que haya urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro". De una y otra norma convencionales se colige que, en el ámbito penal, la penetración de las autoridades en un recinto protegido por la inviolabilidad domiciliaria sólo puede darse sin mandamiento jurisdiccional cuando en aquél hay una situación de flagrancia o es inminente la perpetración de una conducta punible. De no darse cualquiera de estas dos hipótesis el allanamiento constituye una "injerencia arbitraria" prohibida en los Pactos |32|.\nA este respecto es importante anotar que en la legislación colombiana vigente el funcionario judicial sólo puede ordenar un allanamiento cuando hay "serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución..."(art. 294 C.P.P.). En la misma normativa la policía judicial sólo puede ingresar en lugar no abierto al público sin orden escrita de funcionario judicial cuando allí "se esté cometiendo un delito" y con la finalidad de "impedir que se siga ejecutando la conducta" (art. 294 C.P.P.).\nLos artículos 8 y 26 del Decreto 2002, establecen adicionalmente la suspensión del inciso primero del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, norma en la cual se establece cuándo pueden los funcionarios judiciales ordenar, por providencia motivada, el allanamiento y el registro de muebles, naves y aeronaves no amparados por inmunidad diplomática. Como consecuencia de estas disposiciones la Fuerza Pública (incluidos los miembros de las Fuerzas Militares) podrá proceder a allanamientos e inspecciones o registro domiciliarios sin mandamiento judicial, cada vez que discrecionalmente entiendan que existe la necesidad de "prevenir la comisión de delitos".\n6. Artículo 10 y artículo 22: Deberes de los extranjeros. Tránsito y permanencia de extranjeros.\nEstos dos artículos imponen el deber de comparencia de los extranjeros ante las autoridades colombianas, así como limitaciones al tránsito y permanencia de extranjeros en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Estas disposiciones no resultan compatibles con el principio de no-discriminación y son violatorias de la normativa internacional.\nEn su Observación General No. 15, el Comité de Derechos Humanos (sobre la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) señaló que "una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro de un territorio, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir de él pueden limitarse sólo de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 12. Con arreglo a lo previsto en esa disposición, será necesario justificar las diferencias de trato a ese respecto entre extranjeros y nacionales, o entre diferentes categorías de extranjeros. Como tales restricciones, entre otras cosas, deben ajustarse a los demás derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Partes, al limitar la libertad de circulación de un extranjero o al deportar a éste a un tercer país, no podrán impedir arbitrariamente que regrese a su propio país (párrafo 4 del artículo 12)" |33|.\nEl Comité destacó igualmente que los Estados Partes deben velar por que se garanticen los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. En general, los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todas las personas, independientemente de la reciprocidad, de su nacionalidad o de que sean apátridas.\nEl Comité reconoce que el Estado puede regular la entrada y salida de los extranjeros al país, pero aclara que "una vez que se les permite entrar en el territorio de un Estado Parte, los extranjeros tienen todos los derechos establecidos en el Pacto" |34|.\nEl Comité, en su Observación General No. 29 señaló que "según el párrafo 1 del artículo 4, una de las condiciones para la justificación de cualquier suspensión de las disposiciones del Pacto es la de que las medidas adoptadas no entrañen discriminación alguna fundada uacute;nicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Aun cuando el artículo 26 y las demás disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación (artículos 2 y 3, párrafo 1 del artículo 14, párrafo 4 del artículo 23, párrafo 1 del artículo 24 y artículo 25) no figuran entre las disposiciones que según el párrafo 2 del artículo 4 no pueden ser suspendidas, existen elementos o dimensiones del derecho a la no discriminación que no admiten excepción en circunstancia alguna. En particular, se debe dar cumplimiento a esta disposición del párrafo 1 del artículo 4 cuando se hagan cualesquiera distinciones entre las personas al recurrir a medidas que suspenden la aplicación de determinados artículos del Pacto" |35|.\n7. Artículo 14: Reglamentación del derecho de circulación y residencia.\nEste artículo prevé la posibilidad genérica de limitar el derecho de circulación o residencia en las zonas de rehabilitación y consolidación.\nEn su Observación General No. 27 sobre el artículo 12 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene el Comité de Derechos Humanos, al tratar las restricciones a los derechos de circulación y residencia: "La disposición autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con todos los demás derechos reconocidos en el Pacto (...). La propia ley tiene que determinar las condiciones en que puedan limitarse esos derechos |36|."\nComo se ha recordado en las consideraciones preliminares generales, las medidas adoptadas en el marco de un estado de excepción deben ser necesarias, temporales, proporcionales a la gravedad del peligro y no discriminatorias. Por el contrario, en el artículo aquí analizado la medida de suspensión del derecho de libre circulación y residencia no está vinculada con un fin específico y con una situación determinada de peligro, sino que prevé una facultad genérica de limitación de la circulación o de la residencia. Resulta evidente que indicar que "el derecho de circulación o residencia podrá limitarse mediante medidas como el toque de queda, retenes militares, indicativos especiales para la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia restringida o prohibida de personas o vehículos en horas y lugares determinados" sin definir cuándo, cómo y porqué ello puede hacerse, no es compatible con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.\n8. Artículo 15: Información sobre desplazamientos en la zona.\nEste artículo prevé la adopción de medidas para exigir "a personas determinadas" que comuniquen con una antelación de dos días todo desplazamiento fuera de la Zona de rehabilitación cuando se trate de su residencia habitual. La indicación de "personas determinadas" contrasta con la necesidad de normas precisas, claras e inequívocas y puede resultar en una violación del principio de no discriminación. Todas las excepciones al principio de libre circulación deben interpretarse en sentido estricto y su ejercicio y alcance quedarán limitados por los principios generales del derecho, como los de no discriminación, de proporcionalidad y de protección de derechos fundamentales.\nPor otra parte, al igual que en el artículo 14, la falta de indicación de las situaciones en las cuales se podrá exigir la comunicación de todo desplazamiento no permite identificar la estricta necesidad de la medida, con evidente violación de los principios de necesidad y proporcionalidad.\n9. Artículo 16: Desplazamientos no autorizados.\nEl incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 15 (información sobre desplazamientos en la Zona) es sancionado con la retención transitoria inconmutable hasta por 24 horas. Es evidente que el presente artículo introduce un tipo penal, identificando una conducta punible (el incumplimiento de la obligación de informar sobre el desplazamiento) y la sanción a éste aplicable (identificada en la privación de libertad hasta las 24 horas).\nPor el presente artículo se atribuye a la autoridad administrativa el poder de imponer motu proprio una sanción que entraña la privación de la libertad, en ausencia de un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, y en violación de las garantías judiciales y procesales que protegen la libertad personal y el debido proceso.\nCabe recordar que, a juicio del Comité de Derechos Humanos, las garantías relacionadas con la institución de la suspensión se basan en los principios de legalidad y del Estado de derecho inherentes al Pacto en su conjunto. Por esta razón "dichos principios y la disposición sobre recursos efectivos exigen que los principios fundamentales del derecho a un juicio imparcial se respeten durante un estado de excepción. Sólo un tribunal de derecho puede enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y se debe respetar la presunción de inocencia"|37|.\n10. Artículo 18: Deber de informar.\nEl decreto 2002, en su artículo 18, introduce el deber de informar sobre la tenencia, porte o uso de armas, explosivos, accesorios, municiones o equipos de telecomunicaciones. El incumplimiento de este deber, que se configura como una obligación de carácter administrativo, confiere sin embargo a cualquier miembro de la Fuerza pública (incluso, entonces, a los militares) la facultad de proceder a la captura preventiva, con un largo margen temporal (36 horas) para que el capturado sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente. A parte de la eventual suspensión del respectivo salvoconducto, el artículo no da indicación alguna de la sanción que se aplicaría a esta infracción, con la consiguiente violación del principio de legalidad.\nCabe señalar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica de manera clara que, en caso alguno la suspensión de garantías en el marco de estados de excepción puede autorizar, entre otras, la suspensión del artículo 9 de la Convención, relativo al principio de legalidad y de retroactividad, ni de las garantías judiciales para su protección.\nAdemás, la formulación ambigua del artículo (si se considera el carácter vago de términos como "accesorios" o "equipos de telecomunicación") genera dudas sobre el mismo contenido del deber de informar y viola la necesidad de normas claras, precisas e inequívocas.\n11. Artículo 20: Identificación.\nEste artículo establece que la persona que no porte su documento de identificación en la Zona de Rehabilitación y Consolidación, "será retenida mientras se verifica su identidad y se establece que no es requerida por ninguna autoridad judicial o de policía" por un tiempo que no podrá ser superior a las 24 horas.\nDesde el punto de vista del derecho internacional comparado, el derecho a la libertad y, consecuentemente, a no ser privado de ella sino en los casos y en la forma establecida por la ley, no puede entenderse afectado, en principio, por las diligencias policiales de cacheo e identificación.\nEsta momentánea paralización de la actividad cotidiana del ciudadano no entraña una privación de libertad ni atenta contra su derecho de libre circulación, que quedan intactos tras la práctica de dichas medidas policiales, siempre que éstas se realicen por los funcionarios legalmente autorizados y durante el tiempo mínimo imprescindible para cumplir con el fin que persiguen.\nSin embargo, la medida de identificación prevista en el artículo 20 supone una situación que va más allá de una mera inmovilización de la persona, pues da lugar a que la persona sea "retenida". Por lo demás, la norma no indica cuál es la autoridad facultada para proceder a la retención. La medida analizada comporta una nueva modalidad de privación de libertad sin mandamiento judicial y sin la exigencia de justificar una necesidad y un fin legítimos.\nEn este sentido, la medida aquí considerada se manifiesta como arbitraria, al no prever que, antes de retener a un ciudadano a efectos de verificar su identidad, habrá de agotarse todos los medios que puedan servir para identificar a la persona o personas requeridas.\nDe otro lado, cabe señalar que la diligencia de identificación no se podrá prolongar más allá del "tiempo imprescindible", lo que implica que debe realizarse de manera inmediata y sin dilación alguna. El plazo máximo del artículo 20 (24 horas), parece proporcional a la práctica de esta diligencia que nunca podría justificar tan dilatado período de tiempo. El instituto del hábeas corpus debe, además, proteger al afectado frente a una eventual prolongación abusiva de la permanencia en dependencias policiales.\nEl artículo 20 tampoco da indicaciones respeto al derecho del retenido de ser informado, de modo inmediato y comprensible, de las razones de tal requerimiento.\n12. Artículo 21: Revisión de carga\nSe prevé en este artículo la posibilidad de capturar preventivamente a los conductores y a los auxiliares del medio de transporte que ingresen, transiten o salgan de la Zona de Rehabilitación, cuando existan indicios que permitan "inferir que con la carga que transportan se pretende auxiliar a alguna organización delictiva o a sus miembros". Esta última indicación contrasta con la necesidad en materia penal de normas precisas, claras e inequívocas y asocia la existencia de un indicio genérico a la presunción de intención delictiva.\nPor lo demás, como ya se ha mencionado, con arreglo a lo estipulado en los artículos 14,2 del Pacto y 8,2 de la Convención Americana, en caso alguno puede presumirse con respecto a una persona la comisión de un delito. Lo que una y otra norma presumen es la inocencia de toda persona acusada o inculpada mientras "no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley" o "mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".\nAdemás, el término "carga" sin otras indicaciones precisas, junto a la mera necesidad de un indicio genérico de autoría, deja un espacio muy amplio a la subjetividad de la autoridad facultada para la revisión de carga.\n13. Artículo 23: Utilización de bienes o servicios de particulares\nPreocupa en este artículo la posibilidad de imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales a quienes ostentan tal calidad, cuando no existan o sean insuficientes los servicios oficiales para proteger derechos fundamentales o cuando sean urgentes para garantizar la vida y la salud de las personas.\nCabe señalar que el artículo 27 de la Convención Americana prohíbe, en las situaciones de ejercicio de poderes excepcionales, la suspensión de la libertad de conciencia y de religión, protegida por el artículo 12 de la misma Convención.\nComo consecuencia, toda vez que se imponen compulsivamente, con prescindencia de las convicciones y bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones, prestaciones profesionales que no se quieren efectuar por razones de conciencia, se incurre en una violación del derecho a la libertad consagrada en los artículos 12 de la Convención y 18 del Pacto. En ejercicio de esta libertad las personas están facultadas para discernir y elegir la prestación de servicios profesionales de acuerdo con su valoración ética de las acciones.\nOtro elemento de preocupación está representado por la necesidad de respetar el principio de distinción impuesto por el derecho internacional humanitario. La obligación de prestar servicios técnicos o profesionales podría, según las circunstancias, cuestionar el principio de distinción al vincular a personas civiles a actividades que les pudieren hacer perder la protección humanitaria.\nIgualmente, la sola finalidad genérica de "proteger derechos fundamentales", que autoriza a los servidores públicos para exigir bienes y prestaciones particulares, no justifica la imposición de cargas extraordinarias. Es, por lo demás, incompatible con la necesidad de normas claras e inequívocas y con los principios de necesidad y proporcionalidad.\nBogotá, 1 de octubre de 2002.\n1. Adoptada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980. Volver\n2. De conformidad con 27 y 26 respectivamente. Volver\n3. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, párrafo 121. Volver\n4. Artículo 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Volver\n5. Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC - 8/87: "El Habeas corpus bajo suspensión de garantías" (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 30 de enero de 1987, párrafo 22. Volver\n6. Opinión consultiva OC - 8/87 citada, párrafo 21. Volver\n7. Opinión consultiva OC - 8/87 citada, párrafo 30. Volver\n8. Comité de Derechos Humanos. Observación general N° 29: Estados de emergencia (artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), párrafo 3. Véase anexo. Volver\n9. Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1984. Volver\n10. Comité de Derechos Humanos. Observación general N° 29 ya citada, párrafo 4. Volver\n11. El artículo 5.1 del Pacto establece que "ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de losa derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él". Volver\n12. Idem nota 10, párrafo 3. Volver\n13. Idem nota anterior, párrafo 9. Volver\n14. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86: La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 de mayo de 1986, párrafo 26. Volver\n15. Ídem nota anterior, párrafo 27. Volver\n16. Ídem nota anterior, párrafo 22. Volver\n17. Idem nota anterior, párrafo 32. Volver\n18. Opinión consultiva OC - 8/87 citada, párrafo 24. Volver\n19. Despouy, Leandro: La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: cuestión de los derechos humanos y estado de excepción, 23 de junio de 1997, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/19, página 8. Volver\n20. Ídem nota anterior, párrafo 44. Volver\n21. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999. Volver\n22. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, párrafo 121. Volver\n23. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos. Observaciones Finales sobre Colombia, 5 de mayo de 1997. Volver\n24. Idem nota anterior, párrafo 23 Volver\n25. Idem nota anterior, párrafo 19. Volver\n26. Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev., 14 octubre 1993. Volver\n27. Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev., 14 octubre 1993. Volver\n28. Ibidem. Volver\n29. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999. Volver\n30. Ibidem. Volver\n31. Ver informes de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia: 1999, párrafo 41; 2000, párrafo 48; 2001, párrafo 101. Volver\n32. "A juicio del Comité, la expresión "injerencias arbitrarias" puede hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la ley. Con la introducción del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso", Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16 relativa al derecho de toda persona a ser protegida respecto de las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, aprobada en el 32° período de sesiones, 1988. Volver\n33. Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 15: Situación de los extranjeros con arreglo al Pacto; párrafo 8. Volver\n34. Idem nota anterior, párrafo 6. Volver\n35. Observación general N° 29 ya citada, párrafo 8. Volver\n36. Comité de Derechos Humanos, observación general No. 27, párrafo 11. Volver\n37. Véase la "Observación general 29: estados de emergencia", párrafo 16, en annexo. Volver\nVolver al inicio del documento.s\nEste documento ha sido publicado el 7oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights


Artes Marciales, ¿Que nos aportan? - Mugendo Euskadi\nCuando se comienza a practicar una de las muchas artes marciales existentes, la vida de esa persona sufre un gran cambio. Una nueva etapa comienza en su vida, una ligada tanto al esfuerzo físico como a los valores que aprende. La marcialidad ofrece estructura, destreza y disciplina a su vida. No solo eso, sino que también ayudan a controlar diferentes problemas que nos afectan en nuestro día a día como la ira, el miedo o la falta de autoestima. Es por ello que comenzar con la práctica de un arte marcial ayuda tanto a adultos como a niños o adolescentes. A gente de todas las edades y diferentes entornos.\nEn las artes marciales que tienen su origen en el este asiático, como es el caso del Mugendo, se enfatiza mucho en aspectos como la autoconfianza, el respeto y la disciplina. La práctica de algún arte marcial conlleva aprender y ejercer la disciplina, tanto dentro como fuera del entorno dónde se entrena. Ejemplos de ello son el uniforme con el que se debe acudir a clase. Por ejemplo en las artes marciales que se viste el kimono, debe estar pulcro, limpio.\nTambién hay que añadir como factores importantes dentro de la disciplina la puntualidad, el respeto, la compasión o la constancia. Destaca mucho el papel del sistema jerárquico que esta establecido entre las personas que lo practican e instructores (master, sensei…). A medida que los practicantes van perfeccionando su técnica su motivación va incrementando. Se convierten en personas más seguras y con mayor autoestima. Cuanto más evolucionan más comprometidos están con el arte marcial que practican.\nGran parte de de las artes marciales que provienen de oriente contienen una porción de componente espiritual. Esta parte busca el equilibrio, la armonía en uno mismo, con los compañeros u oponentes e incluso con la naturaleza. Se puede meditar y fortalecer mente y espíritu a través de la práctica de este tipo de arte. La Asociación Británica de Artes Marciales resalta que al dominar un arte marcial, esas personas adquieren el conocimiento para utilizar tanto el cuerpo como la mente. Eso es algo que no te aseguran el resto de deportes o ejercicios físicos. Al menos no al mismo nivel.\nUno de los objetivos de toda arte marcial es enseñar a defenderse. Es por ello que se aprenden técnicas de defensa personal. Y es que hay que recordar que el propósito de aprender una disciplina de este tipo nunca debe ser utilizarla para hacer el mal. Más bien lo contrario, solo debe utilizarse para defenderse en situaciones en las que podamos ser atacados. Pero también se aprenden movimientos que permiten disminuir el riesgo de lesiones, que podrían incluso tener lugar tener lugar en otro tipo de deportes. Enseñan el conocimiento de cómo se debe caer a suelo. De cómo evadir el contacto de una forma bastante segura. Las caídas en fútbol o baloncesto, los tirones por falta de flexibilidad en deportes de gimnasia o de raqueta… se pueden llegar a evitar.\n¿Como afectan a nuestro físico?\nEn cuanto a los beneficios físicos, en primer lugar las artes marciales incrementan la resistencia cardiovascular de quién las practica. Además también permiten reducir el peso y tonificar los músculos. Algo que sin duda a los jóvenes les interesará, ya que hoy en día muchos buscan estar en mejor forma. Pero esos no son los únicos beneficios. Entrenando en Mugendo se puede obtener un incremento en la coordinación, la flexibilidad y ganar en fuerza. Todo el cuerpo se ejercita: brazos, piernas, espalda, hombros… sin olvidar que la cabeza, la mente también. Por que al final en un arte marcial como Mugendo todo es cabeza, cuerpo y corazón. Cabeza por que es lo que nos hace pensar. Cuerpo por que debemos cuidarlo y aprender a manejarlo. Y por último corazón para notar, sentir y canalizar nuestra energía.\nTags : Artes MarcialesBeneficiosConocimientoDefensa PersonalDisciplinaeuskadimugendoMugendo Euskadi


Opus-Info - Programa de formación inicial (B-10), Roma, 1985/Apartado III 47\nPrograma de formación inicial (B-10), Roma, 1985/Apartado III 47\nAPARTADO III Charla nº 47\nEl bien, por su propia naturaleza, es difusivo. Cuanto mayor es el bien, más poderosa su fuerza expansiva. Y la gracia soberana de la vocación al Opus Dei es un bien enorme. "Tenéis en vuestras manos el espíritu del Opus Dei: una riqueza divina, que habéis de amar, custodiar y transmitir. Si de verdad sois fieles, seréis proselitistas: el proselitismo es muestra clara de amor a la Obra, la mejor manera de conservar ese tesoro sobrenatural y de hacerlo fructificar en otras almas" (De nuestro Padre). "Si no tuviéramos la preocupación del proselitismo, parecería que no éramos felices. El que tiene la felicidad, el bien, procura darlo a los demás" (De nuestro Padre). Una familia sin hijos, se extingue.\nNo desvivirse por el proselitismo significaría no valorar el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos; no haber asimilado el espíritu de la Obra -"cuyo fin es precisamente difundir en el mundo la santidad" (De nuestro Padre) -, o de haber dejado de vivirlo. "No ocuparse del proselitismo sería un síntoma de flojera, de enfermedad y quizá de muerte". Habría que exclamar quizá el iam foetet! (Ioh 11,39). En cambio: "Ese afán de proselitismo que te come las entrañas es señal cierta de tu entregamiento" (Camino, n. 810).\nPor lo tanto, el proselitismo es vital, esencial en nuestra vida de hijos de Dios en el Opus Dei. No es algo yuxtapuesto: ocupa un lugar intrínseco y permanente. Es como el latir del corazón, como él respirar.\nTenemos en toda circunstancia el derecho a hacer proselitismo: un derecho natural, como el que todo el mundo tiene a hacer partícipes a los demás de los bienes que posee. Y el derecho sobrenatural que nos confiere un mandato imperativo de Cristo; porque es voluntad expresa de Dios que la Obra se extienda por el mundo entero, de polo a polo. "Yo ¿por qué me voy a meter en la vida de los demás? ¡Porque tengo obligación, por cristiano, de meterme en la vida de los demás! ¡Porque Cristo se ha metido en vuestra vida y en la mía!" (De nuestro Padre), sin pedirnos permiso, por Amor. Derecho y deber que no es agresivo ni violento, sino sereno respeto a la libertad de todos.\n"Para que no haya almas que puedan decir que no aspiran a la santidad porque nadie las llamó -guia nemo nos conduxit (Mt 20,7)-, los socios del Opus Dei tienen el derecho y el deber de plantear el problema vocacional -ascende superius! (Lc 14,10)-, y de provocar esta crisis entre toda clase de personas, que den esperanzas de una posible vocación" (De nuestro Padre). De modo que "no tenéis más remedio que ser proselitistas" (De nuestro Padre). "Proselitismo. Repetidlo siempre: que\nel Padre no dispensa a nadie de esa obligación, porque todos -jóvenes y viejos, sanos y enfermos, listos o menos listos- hemos de dar sentido apostólico a nuestra vida. En cuanto tenemos a alguien a nuestro lado, sin hacer cosas raras, buscamos el modo de contagiarle nuestra alegría, la alegría de sentirse hijo de Dios y de vivir como hijo de Dios" (De nuestro Padre). Dispensar del proselitismo sería tanto como dispensar de ser santos, de amar a Dios, a la Obra, a la propia vocación.\n7- Consecuencias prácticas. Por ejemplo:\n"Es necesario que mis hijos busquen la ocasión de hablar, dé comunicar estas maravillas qué el Señor nos ha confiado. No basta la presencia, para trabajar cristianamente. ¡No es verdad! Lo dicen los que se avergüenzan de Cristo. Jesús se hacía presente, y hablaba y daba doctrina. No basta la presencia. No tiene razón quien diga que eso basta. Hay que hablar, con don de lenguas, con simpatía" (Dé nuestro Padre); opportune et importune: si no hay ocasión, se crea.\nHemos de preguntarnos todos los días en el examen: "¿He manifestado con hechos mi espíritu de proselitismo?" (De nuestro Padre).\n"Hay que decir en la Confidencia: he hecho esto, he pensado lo otro, he rezado tanto, me he mortificado, he preparado esa visita. Y si tu hermano no te lo pregunta, debes decírselo lo mismo" (De nuestro Padre).\nDe este modo habrá resultados tangibles, porque "quien hace proselitismo, consigue vocaciones; quien hace poco proselitismo, consigue pocas vocaciones; quien hace mucho proselitismo, consigue muchas vocaciones. Si no hay vocaciones, falta amor de Dios. ¿Está claro?" (De nuestro Padre). Por eso "ninguno de mis hijos, puede estar tranquilo, si no trae cada año cuatro o cinco vocaciones qué sean fieles (...)" (De nuestro Padre). La "intranquilidad", entonces, no habría de ser amarga, sino esperanzada: la paz de la contrición, con firmes propósitos de mayor santidad.\nComo el proselitismo es latir de nuestro corazón, ha de durar hasta el último instante de nuestra vida en la tierra. Y aun más allá -si aquí hemos sido fieles- nos abrasará el afán de almas: haremos proselitismo, como sigue haciéndolo nuestro Padre desde el Cielo.\n8. El proselitismo de nuestro Padre y de nuestros hermanos mayores fue heroico. "Cuando terminó la guerra civil española, formábamos la Obra el Padre y diez o doce hijos suyos. Al cabo de un año recorríamos España en todas direcciones, y había puntos de ignición en muchas ciudades. Viajábamos en aquellos trenes horribles, o por aquellas carreteras machacadas por la guerra. El fin de semana -que entonces no era tan largo como ahora: solamente duraba el domingo- lo aprovechábamos para ir a diferentes sitios, y al poco tiempo surgieron vocaciones en todas partes" (Del Padre).\n9. Hemos de poner una gran vibración humana y sobrenatural en el proselitismo (cfr. Camino, n. 791). Hasta humanamente se ve que no puede haber "negocio" más importante. Pero además, el amor de Cristo nos urge y nos enciende; como la brasa.\n"...Habéis de hacer, pues, y habéis de exigir que se haga el proselitismo como se ha realizado desde el principio, como nos lo ha enseñado nuestro Padre con su ejemplo y con su doctrina diaria: a base de una amistad sincera, que nos impulsa a abrir el propio corazón a nuestros amigos, y que enseña a los otros a buscar el consejo que necesitan. Hay que tratar directamente a las almas, una a una, para hablarles del amor de Dios que alienta nuestra vida entera, y para conseguir llevar a esos amigos, que con el esfuerzo que sea necesario vamos buscando, a los cursos de formación y a la dirección espiritual" (Del Padre).\nHemos de hacer el proselitismo con sobrenatural prudencia, que a veces puede parecer imprudencia a los ojos humanos. "Tenemos lengua para hablar, también con imprudencia. Vamos por el mundo alegres e imprudentes. ¡Cuanto mas imprudentes seáis, mejor!" (De nuestro Padre)."Solo que no hay que forzar a la gente, ni facilitarles demasiado la entrada. Se les fuerza con la oración, con el ejemplo y con la mortificación que por ellos se ofrece. Es Jesucristo quien fuerza los corazones con su gracia" (De nuestro Padre).\nComo el fin es sobrenatural, los medios han de ser proporcionados, es decir, sobre todo, sobrenaturales: oración y sacrificio. "Si hay personas que parecen difíciles, es porque rezamos poco. Es cuestión de fe y de encomendar; entonces desaparecen todas las dificultades, porque para Dios no hay nada imposible: basta que quiera una cosa para que se cumpla. En cambio, el menor dedalito de tierra se convierte en una montaña cuando no acudimos al Señor. -¡Vamos a rezar más!" (Del Padre).\nLa obediencia siempre tiene una eficacia sobrenatural. Cuando los Apóstoles echan la red donde el Señor les indica, "¡llena, llena se manifiesta la mar, y han de venir las otras naves a ayudar, a recoger aquella cantidad de peces! ¿Lo ves? Si tú reconoces tu humildad y tu ineficacia; si tú, en lugar de guiarte por tu propio juicio, te dejas guiar, no sólo te llenarás de maravillosos frutos, que harán fecunda tu labor de apostolado, sino que, además, de la abundancia tuya tendrán también abundancia los otros" (De nuestro Padre). Para plantear la vocación a la Obra, es preciso contar antes con la aprobación expresa del Director local.\n14. Somos para la muchedumbre; nos interesan todas las almas. Pero la vocación a la Obra exige la calidad del fermento que ha de mejorar toda la masa. De ahí que en la labor de proselitismo sea precisa la selección, llena de amor a la Santa Iglesia, a la Obra y a todas las almas. Para dejar que alguien pida la admisión es necesario tener certeza moral de que, con la gracia de Dios, pueda perseverar. Ha de contar con una base de virtudes humanas: "No caben: los egoístas, ni los cobardes, ni los indiscretos, ni los pesimistas, ni los tibios, ni los tontos, ni\nlos vagos, ni los tímidos, ni los frívolos. -Caben: los enfermos, predilectos de Dios, y todos los que tengan el corazón grande, aunque hayan sido mayores sus flaquezas" (De nuestro Padre). Han de ser personas con carácter y con prestigio profesional. Las condiciones, se podrían resumir de algún modo en una sola palabra: generosidad. "En el Opus Dei, hijos, no caben los egoístas; pero los demás, sí" (De nuestro Padre).\n15. Para discernir la vocación, habrá que medir la idoneidad -que reúna las condiciones requeridas-, la rectitud de intención y la generosidad.\nRetrieved from "https://www.opus-info.org/index.php?title=Programa_de_formación_inicial_(B-10),_Roma,_1985/Apartado_III_47&oldid=1248"


Nanisoaps,Jabones,Detalles boda,bautizo,comunión: brochetas con jabones\nMostrando entradas con la etiqueta brochetas con jabones. Mostrar todas las entradas\nNOMBRE en letras de jabón para regalos invitado\nLa combinación elegida para el nombre de Erika fue algo diferente,normalmente suele ser rosa el color preferidos para los nombres de niña,pero en este caso quisieron variar y hacer algo distinto.\nMorado con gris y blanco fue la combinación elegida,tres colores que combinan a la perfección y quedan preciosos.\nDetalles de bautizo realizados en jabón\nComo siempre uno de mis diseños para su etiqueta personalizada daría el toque final a los detalles,por supuesto no puede faltar un bonito lazo con un color que combine y de ese modo todo quede perfecto.\nJabones con nombre para recuerdos de invitado a bautizo\nSi buscas unos detalles hechos a mano cuidando su elaboración y acabado final al 100%,escríbeme a jabonamano@hotmail.com\nGracias por vuestra visita,hasta la próxima.\nEtiquetas: Bautizos, brochetas con jabones, detalles bautizo jabones, detalles de bautizo personalizados, detalles para invitados, jabones con nombre, Nombres en jabón, recuerdos bautizo\nJabones con NOMBRE para detalles\nNombre realizado en jabón con la composición Mateo para obsequiar a los invitados.\nSe realizan en la combinación de colores que más os guste y van aromatizados con la fragancia elegida.\nNombre realizado en letras de jabón\nEn esta ocasión se han elegido 2 tonos de azul combinado con piezas en color blanco en los extremos.\nLleva etiqueta personalizada para la cual se utilizo la fecha de nacimiento,va prendida de un lazo de organza color acorde al detalle.\nRealizado y acabado con máximo cuidado para dar así un resultado perfecto.\nSi tienes un evento especial,deseas obsequiar a tus invitados con el nombre realizado en jabón y te han gustado mis trabajos no dudes en escribir a jabonamano@hotmail.com para solicitar información\nEtiquetas: Bautizos, brochetas con jabones, brochetas con jabones para bautizo, detalles bautizo jabones, jabones con nombre, jabones glicerina, jabones personalizados souvenirs, nombre en jabón\nLibro de firmas-jabones-Primera comunión\nLibro de firmas y jabones para detalles de Primera Comunión\nLa mamá de Marina me transmitió la idea que tenía para los detalles de la primera comunión de su hija Marina,unos detalles realizados con tonos suaves,un acabado dulce...me hizo muchísima ilusión saber que acerté en todo y que el resultado final fue el imaginado.\nSu aroma elegido fue talco,dulce,suave...justo lo que buscaba.\nNombre realizado con letras en jabón\nNo sólo realice los nombres con letras en jabón,también preparé unos recordatorios y libro de firmas para que Marina pudiese plasmar en el todos los bonitos recuerdos de ese gran día.\nRecordatorios para primera comunión\nTodo fue decorado y preparado a juego,respetando las tonalidades escogidas.\nEl resultado final fue un recordatorio con un acabado muy dulce,dentro lleva una foto de Marina.\nSiguiendo la misma línea realice el libro de firmas para primera comunión.Súper contenta con el resultado final y más sabiendo que gusto muchísimo.\nLa elaboración de los libros de firmas al igual que el resto de detalles se realiza a mano,por ello es aconsejable realizar la reserva con tiempo,si deseas información escríbeme.\nEtiquetas: brochetas con jabones, Comuniones, jabones con nombre primera comunion, jabones con tu nombre, Libro de firmas para primera comunión, Nombres en jabón, Recordatorios\nJabones como recuerdos para cumpleaños\nSi celebráis una fiesta de cumpleaños con alguna temática en concreto y queréis obsequiar a vuestros invitados con unos originales detalles ya sabéis que también tenéis dicha opción disponible.\nY si lo deseado es montar vuestra propia mesa dulce ,también es posible la compra de etiquetas extra,banderines,cartelitos,etc....todo acorde a vuestros detalles.\nEtiquetas: brochetas con jabones, detalles bautizo jabones, detalles jabones para comunion, jabones para cumpleaños, Mesa dulce carteles, mesa dulce etiquetas, Nombres en jabón, regalos decorativos\nCajita con jabones para detalles de bautizo


Trágico accidente vía Villeta-Guaduas. – Noticias de Cundinamarca en Dia a Dia\nTrágico accidente vía Villeta-Guaduas.\nEl accidente se presentó sobre las 4 de la tarde del sábado 18 de julio, en la vía Panamericana entre las ciudades de Villeta y Guaduas, dejando como trágico saldo 3 personas fallecidas y 7 heridas.\nEl suceso tuvo lugar en el tramo conocido como Alto Trig,o vereda Chorrillo de Guaduas; según información Oficial, la buseta estaba afiliada a la empresa Coopuertos y cubría la ruta Honda- Bogotá. El conductor perdió el control del automotor, para evitar chocar con otro vehículo que había invadido el carril y lamentablemente rodó 200 metros por un abismo, varias ambulancias de municipios cercanos acudieron a atender la emergencia.\nLos heridos fueron trasladados al Hospital Salazar de Villeta, tres adultos presentan heridas de gravedad y tres menores sufrieron leves lesiones y ya se hallan fuera de peligro.\nEntre las personas fallecidas, se encuentran dos adultos (un hombre y una mujer) y el conductor del vehículo.


GTA Online: triple bonus en modos Sumo clásicos, regalos, descuentos y mucho más - MeriStation\n16 de abril de 2021 - 14:25 CEST\nUna semana más, Rockstar Games presenta las novedades de GTA Online, el popular modo multijugador de GTA V, esta vez, con grandes recompensas en varios modos de juego como en modos Sumo clásicos, negocios de moteros o carreras RC Bandito, bonificaciones en ventas de negocios de moteros, desbloqueos gratis, el premio gordo de la ruleta de la fortuna con el Albany V-STR, descuentos recreativos y vehículos, ventajas Prime Gaming y mucho más.\nTriple de GTA$ y RP en modos Sumo clásicos\nHay muchas formas de jugar a Sumo: aprovecha tu peso y fuerza para embestir a los enemigos, utiliza la velocidad y tu talento para esquivar a tus rivales o prueba a agotarlos. Sal vencedor y gana el triple de GTA$ y RP en el modo clásico Sumo y Sumo (Remix) hasta el 21 de abril.\nDoble de GTA$ y RP en ventas de negocios de moteros\nActualmente, el mercado negro está en plena ebullición y los precios de todo el contrabando ilícito están por las nubes. Los factores que impulsan la demanda no importan; solo que vas a disponerte a satisfacerla. Aprovecha los vientos favorables y completa ventas de negocios de moteros para obtener el doble de recompensas de lo habitual.\nDoble de GTA$ y RP en carreras del RC Bandito\nLas carreras del RC Bandito ofrecen el doble de GTA$ y RP durante los próximos siete días. Y si la velocidad hace que se te dispare la adrenalina, respira hondo: esta semana, todas las contrarrelojes (incluidas las de los pequeños y endiablados RC) ofrecen el doble de recompensas.\nEste martes, visita Ammu-Nation para conseguir la cotizadísima mochila High Flyer. Luego, pásate por Binco, Ponsonbys o Suburban para recoger el traje de terror espacial verde y completa la jornada acercándote a LS Customs para obtener un poco de humo verde, todo ello gratis.\nTambién recibirás la camiseta Vapid falsa, la camiseta con camuflaje R* negra y la camiseta con camuflaje R* blanca solo por jugar. Si te conectaste a principios de la semana para hacerte con la camiseta Vapers Den, el 20 de abril recibirás también una versión especial envejecida.\nPuedes conseguir beneficios adicionales si visitas Cayo Perico, ya que obtendrás el doble por la hierba que te lleves en la bolsa. Estos regalos y beneficios solo estarán disponibles el 20 de abril por iniciar sesión.\nCamiseta Vapers Den y máscara brillante con rayos X oscura gratis\nJuega a GTA Online en cualquier momento de esta semana para obtener la camiseta Vapers Den, así como la máscara brillante con rayos X oscura. Inicia sesión en GTA Online antes del 21 de abril para conseguir los dos obsequios.\nVehículo del podio de esta semana: Albany V-STR\nJuega a la ruleta de la fortuna cada día en The Diamond Casino & Resort para ganar GTA$, RP, ropa, premios misteriosos y más. El podio de esta semana lo ocupa el Albany V-STR, todo un sedán de lujo.\nSi quieres hacerle la competencia a The Diamond Casino & Resort, aprovecha esta semana los descuentos del 40% en salones recreativos y del 30% en el terminal maestro y en todas las máquinas recreativas. Además de todo esto, aprovecha las ofertas y rebajas en diversos vehículos, tanto de tamaño real como a escala RC:\nGrotti Brioso 300: 30% de descuento\nTanque Invade And Persuade: 40% de descuento\nLos jugadores de GTA Online que vinculen sus cuentas del Social Club de Rockstar Games y de Prime Gaming recibirán gratis la estación del sónar del submarino Kosatka, además de GTA$ 200.000 solo por jugar en cualquier momento de esta semana. Además, los miembros de Prime Gaming recibirán ofertas exclusivas, como descuentos del 70% en el Pegassi Zorrusso y del 80% en el deportivo clásico Grotti GT500 y el todoterreno Pfister Comet Safari.


Via Panoramica, 26 - 37018 - Lago De Garda, Italia ver el mapa\nVoto TripAdvisor: 4.5/5 Basado en 472 opiniones\nEl Hotel Capri es ideal para los viajeros que utilizan el coche. El hotel es adecuado para los deportes. El hotel ofrece a sus clientes de Internet de alta velocidad para navegar por la web sin problemas. El hotel cuenta con un bar para tomar una copa y relajarse. El Hotel Capri está adaptado para minusválidos.\nEl Hotel Capri ofrece el uso de una TV en las habitaciones. El edificio tiene una caja de seguridad en todas las habitaciones. El Hotel Capri dispone de TV satélite en las habitaciones. El hotel ofrece un servicio de despertador para los huéspedes. La propiedad ofrece un servicio de radio para sus huéspedes.\nBeach Hotel Du Lac Malcesine4 Estrellas


Chapulín de oro 2021. Legisladores desafían la lógica y brincan de un partido a otro\nEste año cambiaron de partido 24 legisladores, 9 locales y 15 federales. Destacan la tamaulipeca Olga Juliana Elizondo, con el mayor número de militancias, y el hidrocálido Roberto Valenzuela, quien dio la justificación más ingeniosa. Morena, el que más recibió; el PT, el de más fugas.\nLe entran al tobogán. Alfredo Porras Domínguez, Fabiola Vázquez Saut, Olga Juliana Elizondo y Roberto Valenzuela Corral. Fotos: Especial.\nEMEEQUIS.– Se acuestan siendo panistas y al amanecer se descubren morenistas. Un día desayunan con la camiseta del PT y cenan con la del PRD, MC o del PAN. Siempre argumentan que es por convicciones, compromiso, o rectificación en el más audaz de los casos. Pero la verdad es que la mayoría de ellos busca estar con el campeón… hasta que pierde.\nDe los legisladores que fueron electos en este año, 24 –9 locales y 15 federales– tuvieron la revelación de que sus identidades políticas no eran las que venían ostentando. Tras la epifanía, los celosos patricios se apuntaron en la corriente ganadora, ya sea local o federal.\nHay entre ellos quienes han reunido tres o cuatro militancias, como Olga Juliana Elizondo, quien ha pasado por PRI, el PES, PT y Morena. Pero otros destacan por sus ingeniosas justificaciones para el traspaso, como Roberto Valenzuela Corral, quien dio la respuesta más ingeniosa para su traslado, al asegurar que pasó del PAN a Morena porque en el blanquiazul lo “amenazaron de muerte”.\nTE RECOMENDAMOS: APAGUEN EL CARBÓN. ROSARIO ROBLES NO CENARÁ CARNE ASADA EN SU CASA; SE QUEDA EN PRISIÓN\nNo obstante, sólo el respetable público puede definir al “Chapulín de Oro 2021”. Los llaman “chapulines” por su capacidad de dar vistosos saltos que desafían las reglas de los lineamientos ideológicos o programáticos, pues invariablemente caen en pie, por disparatado que luzca el cambio.\nLa práctica es muy popular en la política doméstica. Baste señalar que en la legislatura pasada, sólo en la Cámara de Diputados federal, hubo 99 cambios de bancada, es decir, prácticamente uno de cada cinco legisladores mudó de militancia.\nJudith Fabiola Vázquez Saut (del PAN a Morena)\nHa tenido cargos por el PRI, PAN y Morena. Era suplente de la panista Indira Rosales San Román. Asumió funciones cuando Rosales solicitó licencia el 11 de noviembre para sumarse a la fórmula de Tito Delfín Cano, en la contienda interna por la dirigencia estatal del PAN en el estado de Veracruz; pero prometió volver a su cargo legislativo tras la conclusión del proceso de renovación de dirigencia en aquella entidad.\nFabiola Vázquez es hija del que fuera temido cacique regional Cirilo Vázquez Lagunes, un personaje implicado por versiones periodísticas de varias décadas con grupos criminales y homicidios, al igual que su tío, el exgobernador (1980-86) Agustín Acosta Lagunes.\nCirilo Vázquez Lagunes tuvo varios hijos. Tres le salieron políticos: Regina y Fabiola Vázquez Saut, y su medio hermano, Cirilo Vázquez Parissi.\nRegina Vázquez Saut ha sido diputada por el PAN (2003-06). Fabiola asumió la alcaldía de Acayucan, también por el PAN, de 2005 a 2007. En 2008, su hermana Regina heredó la presidencia municipal, aunque postulada de manera independiente.\nEn 2017, el PRI la hizo diputada a la Legislatura veracruzana, en la que fue integrante de la Mesa Directiva de esa asamblea, y en 2018, Fabiola apareció como candidata suplente al Senado, por el PAN.\nArmando Antonio Gómez Betancourt (del PVEM a Morena)\nHa pasado por PANAL, PVEM y Morena. Es un abogado laboral con clientela en Tamaulipas. En 2018 consiguió la presidencia municipal de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz, por el PANAL, pero antes de que concluyera su periodo (2021) botó la alcaldía para ser candidato del PVEM a diputado federal. Una vez que inició la legislatura, saltó a la corriente triunfadora, Morena.\nAlfredo Porras Domínguez (del PT a Morena)\nPriísta hasta los 90s, dirigió ese partido en Baja California Sur y fue presidente municipal de La Paz (1999-2002). A la siguiente década pasó al PT, en donde ha sido comisionado político nacional. En 2021 se volvió morenista.\nOlga Juliana Elizondo (del PT a Morena)\nEs una ganadera de Ciudad Guerrero, Tamaulipas, que ha conseguido múltiples cargos por el PRI, el PES, PT y Morena. La mayoría de ellos bajo las siglas del tricolor, partido que la hizo presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero entre 2008 y 2010. Después se mantuvo en el ayuntamiento cobrando como titular de diversas áreas. También fue delegada municipal de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).\nEn 2018, Elizondo llegó al Congreso federal como diputada por el PES, cuyo grupo parlamentario llegó a coordinar, pero en septiembre de 2019 la sacaron del cargo y entonces se sumó al PT. En junio de 2021 fue reelecta, y ahora ha saltado a la bancada de Morena.\nClaudia Alejandra Hernández Sáenz (del PT a Morena)\nEs una exfuncionaria del ayuntamiento de Reynosa que llegó a ser regidora en dicho cuerpo edilicio, en 2018. Ese año fue nombrada subdelegada regional de Programas Federales para la zona de Reynosa, y en 2021 fue postulada por el PT a diputada federal. Apenas arrancaba la legislatura cuando se pasó a Morena.\nClaudia Delgadillo González (de Morena al PVEM)\nClaudia Delgadillo, política tapatía, llegó a ser secretaria general del PRI en Guadalajara, luego pasó a Morena y terminó en el PVEM. El tricolor le dio dos diputaciones, y la postuló como candidata a la alcaldía de Guadalajara en 2018. En 2021 fue postulada por Morena a diputada federal, pero por necesidades y enroques de la coalición gobernante, saltó al PVEM.\nClaudia Delgadillo: en 2021 fue postulada por Morena a diputada federal, pero por acuerdos de la coalición gobernante, saltó al PVEM. Foto: Facebook.\nCuauhtémoc Ochoa Fernández (del PVEM a Morena)\nEs un caso semejante al de Delgadillo. Ochoa es un ingeniero constructor que llegó a ocupar posiciones relevantes en gabinetes de los gobiernos priístas de Hidalgo: fue secretario de turismo y de Obras Públicas en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong y subsecretario de Normatividad Ambiental en la gestión de Omar Fayad.\nOchoa Fernández fue diputado federal verde (2003-06) y en 2018 regresó a San Lázaro bajo las mismas siglas, pero por necesidades y enroques de la coalición gobernante, tuvo que pasar a Morena.\nRoberto Valenzuela Corral (del PAN a Morena)\nEs un activista indigenista hidrocálido que no llegó más allá de la enseñanza básica, y que se proclamaba “gobernador indígena de Aguascalientes”. El PAN lo hizo diputado en 2021, por la vía plurinominal.\nEl buen hombre decidió saltar a Morena justo cuando el partido oficialista requería de votos para ratificar el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Santiago Nieto.\nFrancisco Huacus Esquivel (del PT al PRD)\nPero también hay políticos que han pegado el “chapulinazo” para saltar fuera del mundo bonito de la 4T. Es el caso de Francisco Huacus, militante de toda la vida del PT, excandidato de ese partido a la presidencia municipal de Apatzingán, Michoacán, y que en 2021 pasó a las filas del feneciente PRD.\nEn septiembre arrancó la LXVI Legislatura del estado de Veracruz, y para noviembre ya eran siete los legisladores de ese órgano de representación pública los que habían pasado de los partidos que los llevaron a sus cargos de elección, al grupo parlamentario de Morena.\nAsí, el partido oficial pasó de 24 a 31 miembros, en una asamblea que se compone de 50 representantes.\nAna Miriam Ferráez Centeno (pasó del PT a Morena)\nAbogada de profesión, es una periodista con actividades filantrópicas que fue una ruda anti obradorista hasta que el PT la postuló a diputada. Sus adversarios la llamaban “Lady anti AMLO” en las redes sociales.\nPaul Martínez Marié (del PT a Morena)\nFue presidente municipal de Perote, por el PRI. Después colaboró en el gabinete del gobernador panista Miguel Ángel Yunes, como subsecretario de Desarrollo Económico y Portuario. Pasó más tarde al PRD en el mismo municipio donde fue alcalde, donde fue operador financiero. En 2021, el PT lo llevó a la diputación que hoy ostenta, pero saltó a Morena.\nMartínez Marié: el PT lo llevó a la diputación que hoy ostenta, pero saltó a Morena. Foto: Facebook.\nLuis Ronaldo Zárate Díaz (del PT a Morena)\nCon 24 años, es el diputado más jóven de la legislatura, y ya lleva dos partidos. El PT lo hizo diputado por Coatepec, pero saltó a Morena apenas al arranque de la legislatura.\nRafael Gustavo Fararoni Magaña (del PVEM a Morena)\nOtro “chapulincillo” desde chiquillo. Tiene 27 años, y es hijo del exalcalde priísta de San Andrés Tuxtla y empresario cervecero Rafael Fararoni Mortera. Fararoni Magaña se inició en la vida pública como asesor de la senadora Mónica Balboa, y fue postulado a diputado por el PVEM. Ahora ha saltado a Morena.\nLuis Arturo Santiago Martínez (del PVEM a Morena)\nEs otra de las fichas del gobernador Cuitláhuac García. Fue coordinador de Delegados de Política Regional del gobierno del estado. Fue utilitariamente postulado por el PVEM, pero una vez que obtuvo la diputación formalizó su adhesión morenista.\nPerla Eufemia Romero Rodríguez (del PRD a Morena)\nEs una profesora de Papantla, hija del exalcalde de ese municipio, Marcos Romero Sánchez. La familia le debe su participación en la vida pública al PRD, que postuló a Eufemia a la diputación, pero sorpresivamente saltó a Morena.\nLidia Irma Mezhua Campos (del PRD a Morena)\nEs un caso semejante al anterior. Lidia Irma fue alcaldesa del municipio de Zongolica por el PRD de 2011 a 2013. su hermano Juan Carlos también lo es. El PRD le dio a Lidia la postulación a la legislatura local, pero una vez con el triunfo, brincó al PRD.\nSergio González (del PVEM a Morena)\nEl de Sergio Gonzáalez fue otro traslado utilitario, pues saltó dentro de la misma coalición. Lo postuló el PVEM, pero iniciada la legislatura pasó a Morena.\nJuana Nataly Tizcareño Lara (de PANAL a Morena)\nPasó por el PAN, que en 2017 la hizo candidata a la alcaldía de San Blas, aunque perdió. Llegó a la diputación por el Panal, y ahora ha saltado a Morena.\nNadia Bernal Jiménez (del PT a Morena)\nProfesora y abogada, fue regidora en el ayuntamiento de Tepic, por el PT. El mismo partido la postuló a la diputación local este verano, pero iniciada la legislatura mudó hacia Morena.\nLeticia Sánchez Guillermo (de Morena al PAN)\nFue regidora en el ayuntamiento de Matamoros, por Morena, y este partido político la hizo diputada local, pero una vez en la curul, se definió por el partido en el poder en el estado, el PAN, y pasó a formar parte del grupo parlamentario blanquiazul.\nLeticia Sánchez llegó por Morena y tan luego llegó al Congreso de Tamaulipas se mudó al PAN. Foto: Facebook.\nLidia Martínez López (del PT al PAN)\nCaso semejante: Lidia Martínez llegó a la curul local por el PT, en representación del distrito de Mante y González. Pero no dudó en pasarse al partido en el poder en el estado una vez que comenzaron a definirse las posiciones de poder en el Congreso.\nRicardo Janecarlo Lozano Reynoso (del PRD a Morena)\nSin demasiado pasado político, salió de la cantera del sol azteca. Se le menciona como ahijado político de Víctor Hugo Lobo Román. Pero apenas obtuvo la curul, dijo que trabajaría en consonancia con Morena, partido al cual se integró finalmente.\nMaría Guadalupe Guidi Kawas (de Morena a Movimiento Ciudadano)\nNo menos sorprendente fue la adhesión de la diputada morenista Guadalupe Guidi a las filas del gobernador Samuel García. Primero fue cercana al PRI, llegó a la curul por Morena, y acabó en las filas emecistas.\nNancy Macías Pacheco (del PAN a MC)\nEn el caso de la diputada local panista Nancy Macías no sorprendió tanto su paso del PAN a la bancada de Movimiento Ciudadano, como su explicación: Que el gobernador panista, Guillermo Padrés ¡le dio permiso!\npolíticos chapulinescambios de partidoMorenaPTPAN


Erica Bartol - Modelos de Valentía\naño del diagnóstico: Diciembre de 2011\nciudad actual: Meriden, CT\ntipo de cáncer de mama: ER+/PR+, HER2-, BRCA-\nprofesión: Enfermera registrada\nhijos: Una perra, Zoe, alias "Zo-masterflex"\nLuego de mirar un programa de televisión sobre la concientización del cáncer de mama, Erica, enfermera, encontró un bulto, que la derivó a su diagnóstico. Luego de una lumpectomía, quimioterapia y radiación, "salió adelante de inmediato, creando una fundación llamada Promise to Feel 'Em con el objetivo de alentar a las mujeres a realizarse autoexámenes a través de usar y compartir la insignia para solapa de PTFE". Erica expresó "Dicen que todo sucede por alguna razón. Pero a mí me gusta la cita de un chico que tuvo cáncer varias veces: Las cosas suceden y luego tú encuentras una razón'".\nLa paciencia. (¡En especial al esperar resultados de exámenes!)\nAhora mismo es cuando me siento más feliz. Aunque la vida me ha hecho enfrentar un camino inesperado, esto me ha permitido ver lo lejos que puede llegar una sola voz.\nEstaría mintiendo si no admito que mi peor miedo es que el cáncer vuelva a aparecer. Con el pasar del tiempo es cada vez más fácil dejar atrás esa idea, pero el miedo nunca desaparece por completo.\nLas mujeres que han luchado contra el cáncer de mama antes que yo son las verdaderas heroínas. Son las que se han sometido a varios ensayos sobre cáncer de mama, han tomado drogas experimentales y han formado parte de la investigación para que yo pueda tener un plan de tratamiento efectivo y vivir para disfrutar de otro día.\nMi esposo Ben ha sido mi GRAN APOYO. En lugar de planificar una familia como lo habíamos imaginado, estuvo a mi lado en las citas de quimioterapia y radiación.\n¿Conoces el dicho "Cuando haces planes, Dios se ríe"? Pues eso lo resume todo.\nHaber vuelto a estudiar para una segunda licenciatura en enfermería. Fue agotador, pero valió la pena porque hago lo que amo.\nCuando me saqué la peluca frente a 400 personas en el desfile de recaudación de fondos "Looking Forward" de mi hospital (Yale). Fue la representación de mi triunfo. ¡El público se puso de pie para aplaudirme! (¡Ahí tienes, cáncer!)\nApariencias Favoritas de Erica