Centro de estudios de derecho de los mercados\nCEDEMERC (Recopilación Blog de Discusión 3)\n2. El dibujo que aparece en la portada refleja una idea dentro del mundo de las ideas. Compilado por: Jennifer Lorena Muñoz Pérez Impreso por: Litoriver Ltda Bogotá 2015\n3. Presentación Resulta de la mayor importancia la diversidad de pensamiento. Es la fuente del desarrollo y del progreso. La forma y el vehículo a través del cual las ideas y las posturas cambian. Algunas culturas rinden tributo a la virtud de los antiguos y en ella basan sus derroteros, como lo pregona Confusio. Algo diferente dice Lao-tze en su Tao The King respecto de la virtud y el seguir las costumbres de lo dicho por otros. He criticado en mis ultimas intervenciones académicas el vicio de copiar lo extranjero. Cómo si estuvieramos sentados en un anden esperando a ver que fallan en sentencias afuera para copiarlo inmediatamente. Qué comodo, poco virtuoso y errado. El nacimiento de la inocencia permanente. Eso pregona el nuevo mundo. En esa línea de pensamiento, me encanta el prólogo del libro “El cuaderno dorado” de la nobel inglesa Doris Leasing, fallecida este año, donde ella cuenta que un estudiante de una afamada Universidad de Estados Unidos le escribe un correo electrónico preguntandole a la nobel donde puede conseguir buenas críticas acerca de sus libros. Ella le responde al estudiante mofándose de él, que si es tan poca la seguridad y criterio que él tiene para que sea él mismo quien puede dar su propia crítica y opinión. Inmediantamente el estudiante le responde que él hubiere estado encantado de hacer sus propias críticas, pero que es la Universidad la que le exige pies de página y datos bibliográficos para sus tesis. Ella al final concluye que esa es la Universidad actual, la que enseña a copiar, a seguir a otros, a perder criterio y seguridad. Más gráfico no puede ser el ejemplo. En materia de competencia pasa algo parecido. Los profesores latinos van a países Anglosajones y estudian cortos ciclos de derecho de la competencia. Llegan con teorías y computadores a repetir los cortos cursos de derecho de la competencia vistos con escenarios territoriales tan grandes como la unión europea o como el mercado de USA. Cómo nos faltó personalidad desde un principio... Latinoamerica debería exigir que los descuentos por las compras por volumen se acaben, que solo favorecen a las grandes empresas mundiales ya posicionadas,\n4. tanto de europa como de norteamerica que compiten con las latinas. Debe venderse a un mismo precio sea por mayor o al detal. Una premisa como la que existe actuamente que validan que una empresa que compre por volumen obtenga descuentos solo lleva a que las grandes empresas compren más barato y las pequeñas más caro. El mundo al reves. El pequeño subsidiendo al grande y destinado a ser pequeño, pues el grande le ganó la competencia por comprar por volumen sus insumos, teniendo menos costos. Qué horror. Pero seguro ese no es un problema de los cursos de competencia de europa y USA. Y con la falta de criterio seguro algunos los validarán pues no encuentran sentencia afuera que hubiere tratado el tema. Que inseguridad. Es un problema latino, que la copia diaria no permite ver ni analizar. Válido investigar. Válido viajar. De hecho los sabaticos en Londres, Madrid, Tokyo, Seul, NY y Beijing ayudan a despejar. Pero no perder el horizonte de la enseñanza educando para pensar y decidir de acuerdo con lo propio. Hasta terminamos vistiendonos sin personalidad, queriendo emular con medias de colores y pañuelos en la solapa. Nuestros países son mas de distribuidores que de fabricantes, y eso hace diferente el derecho de la competencia para nosotros. En este tercer libro del CEDEMERC usted encontrará 6 casos de derecho de los mercados, donde cada participante expuso su punto de vista, libres, seguros, sin fallos extranjeros, entendiendo el bien jurídico de competencia, la antijuridicidad “la libertad de entrada de las empresas y la libertad de escogencia del consumidor”, bajo el amparo de la norma nacional. Espero las respuestas ayuden a entender que no existen respuestas únicas. Pero en un caso el Juez siempre debe decidir con la verdad del expediente. Abrazo, MV Medellín - 2015\n5. INDICE 1 23 39 69 97 PRIMER TEMA: Garantía por falla en el servicio; Diferencia entre el incumplimiento contractual y efectividad de garantía; Responsabilidad de la garantía legal; Acción de garantía por falla en el producto. SEGUNDO TEMA: Competencia desleal por violación de ley; Ventaja competitiva significativa; Responsabilidad de mercados. TERCERO TEMA: Acciones de consumo por publicidad engañosa; Consumidor promedio; Deber de diligencia del consumidor; Acción de la garantía de consumo; Garantía comercial; Consumidor racional; Garantía suplementaria. CUARTO TEMA: Distribución indirecta y distribución mixta; Inducción a la ruptura contractual; Desviación de clientela; Violación de secretos; Prácticas comerciales restrictivas; Mercado relevante; Posición de dominio. QUINTO TEMA: Segmentación de mercado relevante; Elasticidad de la demanda y de la oferta; Cláusulas de exclusividad en producto y territorio; Prácticas restrictivas; Prácticas desleal y abusiva; Libertad de empresa.\n6. PRIMER TEMA: Garantía por falla en el servicio; Diferencia entre el incumplimiento contractual y efectividad de garantía; Responsabilidad de la garantía legal; Acción de garantía por falla en el producto. Paula es una estudiante que tomó la materia de responsabilidad de mercados hace ya más de cinco años, con el paso del tiempo ella contrató al profesor de la materia para que le diera un concepto acerca de derecho del consumo en la prestación de servicios. Lo que consultó Paula fue lo siguiente: Ella contrató a una orquesta para que le prestara un servicio el día de su matrimonio pagando el 50% del servicio con un cheque. La orquesta no llegó y ella quiere saber si es posible alguna acción bajo derecho de consumo para recuperar el dinero. Por favor indicar el sustento de derecho y las pretensiones que se pedirían. El abogado contratado piensa que es un asunto de incumplimiento contractual y no de garantía. ¿Ustedes que opinan? I. NICOLAS BRICEÑORESTREPO En aras de resolver de la forma más ágil en beneficio de la consultante, debe buscarse como primera medida, la claridad de las definiciones pertinentes de la Ley 1480 de 2011 al caso en consulta. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministra. Consumidor o usuario: Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia privada, familiar, doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. casos de derecho de los mercados 1\n7. Garantía: Obligación temporal (puede ser horas, días, semanas, meses o años, dependiendo del producto o servicio), solidaria a cargo del productor y proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. De la misma forma, debemos remitirnos a los siguientes artículos: Artículo 6: Calidad, idoneidad y seguridad de los productos: Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 1. Responsabilidad solidaria del productor o proveedor por garantía ante los consumidores. Artículo 7: Garantía legal. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. Artículo 10: Responsabilidad de la garantía legal. Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos. Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastara con demostrar el defecto del producto… Artículo 11: Aspectos incluidos en la garantía legal. - Como regla general, Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero. - En los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Artículo 16: Exoneración de responsabilidad de la garantía. El productor o proveedor se exonerara de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto (o incumplimiento) proviene de: 1. Fuerza mayor o caso fortuito 2. El hecho de un tercero. De la misma manera, y haciendo ya referencia directa al caso, debemos tener claro como primera medida, que el bien jurídico tutelado es el reconocimiento casos de derecho de los mercados 2\n8. de la calidad de consumidora que tiene la afectada, es decir, la legitimación en la causa para actuar según el derecho al consumidor y la ley 1480 del 2011. Teniendo claro lo anterior, es de suma importancia reconocer que al incumplimiento de lo pactado entre las partes, genera un daño. Entendido el daño en este caso, como daño al momento. La finalidad del contrato entre la consumidora y el proveedor del servicio, era la de suplir una necesidad ubicada dentro de un espacio temporal especifico y que de no ejecutarse en ese instante, no podría repetirse. Como causa de dicho incumplimiento y con base en el derecho al consumo, hablamos de una falla del producto. Donde como se conoce, existe un proveedor (orquesta) y un consumidor (Paula), y la falla se da en la imposibilidad de utilizar el producto (en este caso el servicio) y gozar del mismo. Dicha falla, así mismo como la legitimidad de las partes por sus calidades, dan vida a la garantía, la cual podrá ser exigida por el consumidor afectado, haciendo uso de la acción respectiva del consumidor. Lo anterior no quiere decir que no sea viable solicitar una acción de cumplimiento ante la jurisdicción ordinaria, pero teniendo las herramientas del derecho al consumo, no es aconsejable el desgaste en un juzgado. En la acción a la cual tiene derecho la consumidora afectada, su pretensión se ajustara a los artículos 6, 7, 10 y 11 de la ley 1480. Con la seguridad, que con base en su calidad de consumidora afectada, podrá lograr la recuperación de su dinero. Ahora, respecto del concepto entregado por el abogado a la afectada, con el sustento explicado anteriormente, su apreciación además de incompleta, es errónea por el hecho de no reconocer a su cliente como consumidora y por tal razón argumenta de forma equivoca que el caso es de incumplimiento contractual y no de garantía, como realmente ya vimos que aplica al caso. Para finalizar, vale la pena aclarar, que aunque no se cuentan con los elementos esenciales del caso, es pertinente citar el articulo 16 de la ley 1480, por el simple hecho de darle a conocer a la afectada que el proveedor del servicio que ella contrato como consumidora, tiene unos eximentes de responsabilidad expresos, a los cuales, dependiendo de las circunstancias de su incumplimiento, podrá invocar para no asumir responsabilidad en el caso. II. ANA MILENA MORAFINO Como punto de partida se debe identificar cual es el bien jurídico tutelado que casos de derecho de los mercados 3\n9. para el caso concreto se trata del consumidor, es decir Paula, quien es la parte débil del mercado, y a su vez en éste asunto es compradora del servicio pues se trataba de su matrimonio. Para salvaguardar sus intereses debemos referirnos al Derecho de Consumo, es decir a la ley 1480 de 2011 que tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. El Art. 5 núm. 8 de la ley 1480 define el producto como todo bien o servicio sin embargo existen algunas deferencias importantes que a mi juicio vale la pena relacionar por ejemplo, que el producto “servicio” se produce en el momento de prestarlo, es decir, no se puede crear anticipadamente, por lo tanto es imposible conocer el resultado final de dicho servicio hasta el momento de su prestación; por el contrario el producto “bien”, es un producto tangible, es decir que puede ser apreciado, palpado, y demás, antes de su adquisición. El producto “servicio” no es susceptible de prueba propiamente dicha, pues si bien se pueden obtener referencias anticipadas del servicio a prestarse, éstas no garantizan el resultado pretendido por el comprador, caso contrario, el producto “bien” si está sujeto a prueba debido al acceso que se tiene de dicho producto en el mercado. En importante conocer dichas diferencias para resolver el caso de Paula, ya que si bien es cierto la ley 1480 Art, 3 da derecho al consumidor a ejercer la opción de reclamación por garantía también da la opción de reclamación por incumplimiento contractual, razón por la cual debe Paula exponer sus argumentos de manera clara con el fin de conocer cuál fue el alcance real del daño sufrido por ella en razón de la falla del servicio que para el caso fue la no asistencia de la orquesta contratada anticipadamente a su matrimonio. Si Paula desea únicamente la devolución de su dinero, podrá hacer uso de la reclamación de garantía requiriendo por una sola vez al contratista para que explique las razones de su incumplimiento y haga uso de su derecho de defensa, sin embargo en todo caso, deberá el contratista realizar la devolución del dinero ya que no será posible reparar ni reponer el servicio que fuera solicitado para una fecha y hora especifica. De no aceptar el contratista devolver el dinero debe Paula iniciar acción civil para reclamar la devolución de lo pagado. Debe tenerse en cuenta que según el Art. 5 Núm. 5 de la ley 1480 la garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto, por lo cual solo se recibirá del contratista lo pagado inicialmente. En otro caso, si Paula desea no solo lo pagado sino además los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la orquesta el día de su boda, como por ejemplo perjuicios morales o erogaciones adicionales porque tuvo que casos de derecho de los mercados 4\n10. contratar a un mayor costo etc, podrá dar inicio a la acción civil de resolución de contrato sin acceder a la acción de garantía que no es acción de daño porque busca es que el consumidor pueda hacer uso y goce del bien adquirido en condiciones iniciales, cosa que para el caso es imposible de lograr, pues a menos de que Paula se vuelva a casar, ésta no tendrá la oportunidad de gozar nuevamente de su fiesta tal y como la soñó siendo por lo tanto inoperante la garantía, en las condiciones dadas de los Art. 7 al 16 de la ley 1780 de 2011. III. HERNAN FRANCO DIAZ El presente asunto, deberá enmarcarse dentro del concepto de garantía legal y no de incumplimiento contractual, toda vez que el numeral 3º del artículo 11 de la ley 1480 de 2011, dispone expresamente que corresponde a la garantía legal, todos aquellos casos de prestación de servicios en los cuales haya un incumplimiento por parte de su prestador. En efecto, dispone la citada norma, “3. En los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado oaladevolucióndelpreciopagado”. Esta garantía legal se entiende incluida en todos los contratos de prestación de servicios (art. 4º ley 1480 de 2011). Ahora, como quiera que lo pretendido por PAULA es la devolución del dinero pagado a la ORQUESTA (50% del precio) a través de un cheque, PAULA deberá efectuar reclamación a la ORQUESTA, para hacer efectiva la garantía de que trata el numeral 3º del artículo 11 de la ley 1480 de 2011, en el sentido de solicitar la devolución del cheque entregado si no ha presentado el mismo para su pago o la devolución del dinero si ello ya ha ocurrido. Si la ORQUESTA no otorga la garantía legal mediante las dos acciones mencionadas, PAULA tendrá dos acciones: una administrativa y otra civil. La acción administrativa tendrá como fin sancionar a la ORQUESTA (núm. 2º art. 6 ley 1480 de 2011) y los presupuestos para ello son básicamente la existencia de un interés jurídicamente tutelado, un hecho generador y un nexo causal. En el presente asunto, la afectación de un interés jurídicamente tutelado consistente en el deber de los oferentes de servicios de otorgar garantías cuando haya incumplimiento; el hecho generador consiste en que ante la inasistencia de la ORQUESTA a prestar servicios musicales el día del matrimonio de PAULA, no devolvió el dinero que le fue pagado y la relación de causalidad, consistiría en que la conducta de la ORQUESTA vulneró el interés mencionado. La acción civil tendrá como fin, materializar la obligación de garantía a cargo de casos de derecho de los mercados 5\n11. esta, pues a través de la sentencia favorable que se dicte, el juez o la SIC según sea el caso, ordenará a la ORQUESTA, que devuelva el dinero pagado por PAULA o el cheque si aún no hubiere sido presentado para su pago (núm. 1º art. 6º ley 1480 de 2011). Para ello se requieren como presupuestos la configuración de un daño, un hecho generador y la relación de causalidad. El daño estará representado en no haber contado con los servicios musicales el día de la boda de PAULA y haber pagado una suma de dinero por un servicio que no le fue prestado; el hecho generador sería el no haber otorgado la garantía por parte de la ORQUESTA y la relación de causalidad consistirá en que PAULA no satisfizo tuvo ni el servicio ni el dinero pagado porque la ORQUESTA no cumplió con su deber de garantía. Así mismo, se tendría una acción indemnizatoria por los posibles perjuicios morales causados a PAULA al no haber asistido la ORQUESTA el día de su matrimonio ya que existía un contrato celebrado para la prestación de servicios musicales. Ahora, en lo referente a la opinión del abogado contratado por PAULA, considero que la misma no resulta conveniente ya que si demanda a la ORQUESTA directamente por incumplimiento contractual, podría suceder que esta se defienda o presente excepciones argumentando que no le fue presentada ninguna solicitud de cumplimiento de garantía legal, razón por la cual no ha incumplido dicha obligación. IV. ANDREA SIERRA AMADO Lo primero que debemos analizar es si efectivamente Paula tiene la calidad de consumidora para que le puedan ser aplicables las normas correspondientes. Según la ley 1480 de 2011 define al consumidor así: “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto,cualquieraqueseasunaturalezadeunanecesidadpropia,privada,familiaro doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica.Seentenderáincluidoenelconceptodeconsumidoroeldeusuario.” En el caso que nos ocupa Paula contrato a la orquesta con la finalidad que le prestara un servicio el día de su boda. Paula encuadra dentro del concepto anteriormente citado, como quiera que es ella la destinataria final de servicio que fue contratado para una necesidad propia, la cual no se encuentra ligada a su actividad económica. casos de derecho de los mercados 6\n12. En virtud de lo anterior, le son aplicables las normas que regulan la protección del consumidor. La ley en mención estipulo en su artículo 56 las acciones jurisdiccionales del protección al consumidor, que son: 1. Las populares y de grupo 2. La de responsabilidad por daños por producto defectuoso 3. La acción de protección al consumidor, dentro de la cual se encuentran “ los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios, y los orientados a lograr que se haga efectiva la garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o por información o publicidad engañosa, independientemente de sector de la economíaenquesehayanvulneradolosderechosdelconsumidor”. Con base en lo anterior y tal como se encuentra narrados los hechos, no encontraríamos aplicabilidad aun de ninguna de las acciones en mención. Para ser más precisos, encontramos que dentro del numeral tercero del acápite subrayado se hace referencia a acciones orientadas a lograr que se haga efectiva la garantía. La cual podría tener aplicabilidad en el caso, siempre y cuando Paula requiera a la orquesta con la finalidad que le preste el servicio en las condiciones en que fue contratado o para que haga le devolución del precio ya pagado por Paula; y, solo en el evento en que la orquesta se niegue a prestar el servicio o a devolver el dinero, podrá Paula interponer la acción correspondiente a la efectividad de la garantía. Importante aclarar que la pregunta de Paula está enfocada a conocer si esta cuenta con una acción para recuperar el dinero pagado, a lo que le respondo que si, con base en la acción de efectividad de la garantía legal, en el evento que el contratista se niegue a hacerla efectiva estando en el deber de hacerlo, Paula deberá requerir a la orquesta con la finalidad que le devuelvan el dinero, si esta no lo hace, Paula podrá interpone la acción de efectividad de la garantía ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Solo tendrá derecho a la devolución del dinero, y la Superintendencia podrá sancionar al contratista por incumplimiento de sus deberes como prestador de un servicio. No obstante la explicación esbozada, considero que esta solución estaría más enfocada en la falta de cumplimiento por parte de prestador generada por la no casos de derecho de los mercados 7\n13. efectividad de la garantía, y en el caso que nos ocupa el objeto contractual era la prestación de un servicio que nunca fue entregado por el obligado, lo cual genera un obvio incumplimiento contractual. Yo recomendaría intentar ambas vías, considerando mejor recurrir a la jurisdicción ordinaria. El artículo 1546 del Código Civil brinda dos posibilidad: una solicitar la resolución o el cumplimiento del contrato, en ambas se podrá pedir indemnización de perjuicios (diferente a la efectividad de la garantía que solo permite solicitar la devolución de dinero o la prestación del servicio contratado) con la finalidad que se declare la resolución del contrato, y se le indemnice por daños materiales e inmateriales: - daño emergente por los gastos en que haya incurrido paula por el incumplimiento por parte de la orquesta. - perjuicio moral por la tristeza, angustia y preocupación de Paula, como quiera uno de los días más importantes de su vida se había dañado por el hecho de no contar con la orquesta para el entretenimiento suyo y de sus invitados. V. ÁNGELA DANIELA SÁNCHEZ MONTAÑA Con el fin de resolver la consulta presentada por Paula bajo los preceptos establecidos en el derecho de consumo, procedo de la siguiente manera: Inicialmente, es necesario identificar el bien jurídico tutelado, pues, de allí partimos para establecer las acciones pertinentes y las normas aplicables al caso. De manera general, el artículo 4 (numeral n) de la Ley 472 de 1998, establece como intereses colectivos protegidos, entre otros, los derechos de los consumidores y los usuarios. De manera más específica, el artículo 3 del numeral 1 de la Ley 1480 de 2011, permite identificar el bien jurídico tutelado vulnerado, es decir, el derecho a recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. Lo anterior, quiere decir, que se le impidió recibir y gozar del producto de conformidad con lo establecido en el contrato. Una vez individualizado el bien jurídico tutelado, se debe identificar acción procedente que debe utilizar Paula con el fin de obtener la devolución de dinero. Sin embargo, en esta instancia es necesario determinar a las partes intervinientes, es decir, a Paula como el CONSUMIDOR, quien como destinatario final, es el que adquiere, disfrute o utilice un determinado casos de derecho de los mercados 8\n14. producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica (Art. 5 No. 3 Ley 1480 de 2011). Igualmente, entre Paula y la Orquesta, pactaron la prestación de un servicio que consistía en una serenata debía ser presentada en el matrimonio (esto significa el producto: que es el bien o servicio prestado). Analizando el incumplimiento del servicio que debió prestar la Orquesta, nos encontramos frente a un servicio o producto que no fue idóneo y que fue completamente ineficaz, ya que, se solicitó para una fecha y lugar especial (matrimonio), lo que quiere decir que ya no es apto para otro momento o lugar, en otras palabras, ya no es apto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales había sido producido. Por tanto, el incumplimiento de dichas obligaciones da lugar la responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control, así mismo, da lugar a la responsabilidad por daños por producto defectuoso, todo esto de conformidad con el procedimiento que a continuación se indicará. (Artículo 6. Ley 1480 de 2011) En virtud de todo lo anterior, Paula debe iniciar la acción de garantía por falla del producto, ya que, no se le permitió el goce del bien que por su naturaleza pudo permitirse el uso en otro producto diferente, es decir, con otra orquesta. Toda vez que, la Orquesta debe responder por la calidad, idoneidad y funcionamiento de los productos. Paula como consumidora tiene la potestad de iniciar una acción administrativa en contra de la Orquesta, con el fin, no de solicitar una indemnización, sino de usar de manera eficiente el bien. Sin embargo, como ya se mencionó, Paula ya no tiene interés de usar el bien, pues este estaba destinado a un lugar, fecha y hora específica, es decir, ya no sería útil reclamar la reposición del bien, por lo tanto, la pretensión principal es la devolución del dinero que Paula entregó, es decir, el 50% del valor del contrato que fue entregado mediante cheque al productor. Inicialmente, Paula deberá presentar la demanda acompañada con la reclamación previa que le hizo a la Orquesta, dicha reclamación es obligatorita y puede realizarse por escrito, telefónica o verbalmente. La pretensión principal es que se devuelva el dinero pagado, allí se debe identificar el producto, indicar la fecha de adquisición o prestación del servicio y las pruebas que tenga en su poder. (Artículo 58 Ley 1480 de 2011). Esta acción puede ir dirigida ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de ejercer la garantía, también se puede ejercer ante el juez competente, quien puede conocer de ambas acciones, es decir, de la acción de garantía y de la casos de derecho de los mercados 9\n15. acción judicial de responsabilidad por los daños causados. Para el caso, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer las sanciones correspondientes y al mismo tiempo ordenar la devolución de los dineros entregados. (Es de aclarar que la Superintendencia de Industria y Comercio sólo conoce de la acción administrativa y no de la acción civil en la que se solicite la reparación de los daño). De conformidad con el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, Paula también podría acudir ante el Alcalde de la jurisdicción con el fin, únicamente de que este imponga las respectivas sanciones a la Orquesta, que pueden ir hasta los 100 SMMLV. Sin embargo, como Paula pretende la devolución del dinero que entregó a la Orquesta, debe acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que el Alcalde no es competente para proferir dicha orden. Finalmente, considero que le asiste razón al abogado contratado, toda vez que, Paula puede iniciar la acción civil de responsabilidad contractual ante el Juez por el incumplimiento del contrato y allí, solicitar los perjuicios materiales y morales ocasionados por la Orquesta. VI. HENRY MAURICIO REYES GARCÉS Con la finalidad de solucionar el conflicto narrado por Paula es necesario estudiar el rol o los roles que ella asumió al establecer una relación jurídico- sustancial con la orquesta; ello para determinar qué mecanismos jurídicos son procedentes, y a partir de sus pros y contras seleccionar el más favorable a sus intereses. El conflicto se genera cuando no se ejecuta la obligación principal que surgía del contrato de prestación de servicios pactado por paula con la orquesta. En el cual, ésta se comprometía a prestar el servicio musical el día de la boda de aquella; y Paula, a su vez, a pagar un precio en retorno; precio que canceló por anticipado en un 50% con el importe de un cheque. De dicho incumplimiento no solo surgen daños materiales, sino también daños inmateriales. Consecuencia de lo expuesto, la contratante desea recuperar el dinero invertido y quiere saber si bajo el derecho del consumo hay algún tipo de acción particular que cause dicho efecto. De la anterior situación puede observarse que Paula actuó bajo dos roles: En primer lugar, como contratante, al signar un contrato de prestación de servicios con la orquesta. En segundo, como una consumidora. Según la definición de la ley 1480 de 2011, que define consumidor como: “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza de una necesidad propia, casos de derecho de los mercados 10\n16. privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividadeconómica.Seentenderáincluidoenelconceptodeconsumidoroeldeusuario.” Entendiendo por producto, cualquier bien o servicio, según el artículo 5, numeral 8 del mismo cuerpo normativo. Ambos roles tienen sistemas distintos de protección atendiendo los bienes jurídicos que se ponen en juego. De un lado, el ordenamiento jurídico garantiza la obligatoriedad de los pactos signados entre particulares; y de otro, resguarda al consumidor –como el extremo débil de la relación de mercado- al entender que este, por la asimetría de la información y su débil situación frente a profesionales comerciantes, necesita que se le proteja, para equilibrar dicha situación asimétrica, y de contera garantizar una correcta redistribución de la riqueza y un adecuado crecimiento económico. En esa ilación de argumentos, se resuelve la pregunta planteada por Paula; bajo el derecho del consumo existe una acción que, en teoría, le permitiría recuperar el dinero invertido: la acción de efectividad de la garantía legal, precisamente por su rol de consumidora. Acción que se encuentra consagrada, particularmente, en numeral 3 del artículo 56 del estatuto de protección al consumidor, donde se enuncian las acciones jurisdiccionales establecidas para garantizar los derechos y obligaciones preceptuados en dicha normativa: “3. La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se hagaefectivaunagarantía;losencaminadosaobtenerlareparacióndelosdañoscausadosa los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en que se hayanvulneradolosderechosdelconsumidor.” A su vez, dentro de este cuerpo normativo se establece una acción de carácter administrativo, la cual en el evento en el que el comportamiento del productor del servicio hubiese afectado el bien jurídico tutelado –el mercado y la economía- a más de la vulneración de los derecho del consumidor, generarían una sanción administrativa impuesta por la autoridad competente. Empero, si bien en teoría estas acciones le permitirían recuperar el dinero invertido, precisamente por el rol de consumidora, sólo lo harían en el hipotético caso en el cual el proveedor se niegue a hacer efectiva la garantía legal, que en palabras de la propia ley: “Eslaobligación,[…],acargodetodoproductory/oproveedorderesponderporlacalidad, casos de derecho de los mercados 11\n17. idoneidad,seguridadyelbuenestadoyfuncionamientodelosproductos”. Así las cosas, antes de ejercer la acción jurisdiccional deberá reclamar al productor, y hacer efectiva de la garantía legal, lo cual no tendría sentido para el efecto deseado; pues este ofrecería prestar el servicio, y en ese evento, la acción de protección al consumidor no saldría avante. En el evento descrito, sí el servicio no se prestó el día de la boda de paula, inocuo sería que se prestara otro día. Y, en caso de que ella no hiciera esta reclamación no solo tornaría improcedente la acción de efectividad de la garantía legal, sino que también habilitaría hipotéticamente al productor para que en caso de que fuera demandando este excepcionara el incumplimiento del contrato por incumplimiento, esta vez del demandante. De tal suerte, no se debe olvidar que PAULA actuó también bajo el rol de contratante, y teniendo en cuenta que el incumplimiento de la obligación en el momento acordado hace imposible que la prestación se ejecute, pues la boda de la contratante no se volverá a repetir, parece más idóneo pedirle al juez la aplicación de la condición resolutoria táctica. Según el artículo 1546: “CONDICIÓN RESOLUTORIA TACITA. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. “ En este evento de debe pretender la resolución del contrato por incumplimiento, la devolución del dinero pagado, y la indemnización de los perjuicios inmateriales ocasionados por la afectación a un evento de alto significado social y moral, que se presume como irrepetible. VII. CARLOS IVÁN MORENO MACHADO En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que se trata de un incumplimiento contractual – como opina el abogado contratado-; Paula igualmente puede optar por el camino de una acción bajo derecho de consumo, puesto que ostenta la calidad de consumidora. El fundamento normativo de lo anterior lo hallamos en el numeral 3 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), en el cual se define que consumidor es toda persona natural o jurídica que, como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, casos de derecho de los mercados 12\n18. cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Y seguidamente el numeral 8 del mismo artículo dispone que, producto es todo bien o servicio. Con base en lo establecido en el Estatuto del Consumidor, tenemos que siempre y cuando esa persona natural o jurídica que adquiere el producto, no lo adquiera para su actividad económica, se le denominará consumidor. Es por esta razón que en el caso de Paula, al ella contratar una orquesta para que le prestara un servicio el día de su matrimonio, pagando el 50% de dicho servicio, se convierte en consumidora del mismo, dejando claro que ese servicio era para el festejo nupcial de Paula y no para una actividad económica. La acción bajo derecho de consumo que Paula deberá interponer, es la llamada: Garantía por Falla en el Producto. Acción que se encuentra contemplada en el artículo 7 del Estatuto del Consumidor, y se presenta por la imposibilidad de gozar de un bien o servicio. El bien jurídico tutelado o protegido con este artículo es el goce de un bien o servicio por parte del consumidor, goce que, en este caso no se generó. Esta Acción de Garantía por Falla en el Producto, se podrá incoar ante: 1. Superintendencia de Industria y Comercio (si sólo se pretende la devolución del precio pagado), o 2. Juez Civil (si se pretende la devolución del precio más la indemnización de perjuicios morales, por la congoja que causó en Paula no tener una orquesta para festejar en una fecha trascendental y quizás la única, como es su matrimonio). Lo anterior se sustenta con el numeral 1 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor. Una vez indicada en el párrafo anterior, la acción que deberá interponer Paula, enfocándonos ahora en la pretensión, tenemos que ésta debe ser: Devolución del precio pagado. La lógica de esa pretensión, detallada en el numeral 3 del artículo 11 del Estatuto del Consumidor, encuentra asidero en que el festejo del matrimonio ya acaeció, razón por la cual Paula no va estar interesada en la ejecución del servicio contratado, sino, en que se le devuelva el 50% del precio pagado, caso en el cual, acudirá ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero si casos de derecho de los mercados 13\n19. solicita la devolución del porcentaje pagado más la indemnización de perjuicios morales, en ese caso, deberá acudir ante el Juez Civil, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene competencia para establecer condena por daño o perjuicio en favor del consumidor. Así tenemos que la Acción por Falla en el Producto, con su pretensión o pretensiones, se interpondrá de la siguiente manera: 1. Acción de Garantía por Falla en el Producto ante Superintendencia de Industria y Comercio Pretensión única: Devolución del 50% del precio pagado. 2. Acción de Garantía por Falla en el Producto ante Juez Civil Pretensión Primera: Devolución del 50% del precio pagado. Pretensión Segunda: Indemnización de perjuicios morales. A título de colofón, es menester indicar, que antes de impetrar la Acción de Garantía por Falla en el Producto, Paula deberá presentar una reclamación directa (por escrito, telefónica o verbal) ante la orquesta que contrató, por cuanto ésta reclamación se erige como requisito de procedibilidad y debe acompañarse prueba de la misma en la demanda, siguiendo lo ordenado por el numeral 5 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor. VIII. MARÍA ANGÉLICA BOSIGAS LEÓN Para efectos de determinar si Paula tiene alguna acción bajo el derecho del consumo, es necesario determinar en primer lugar si se configuran en ella, las calidades de consumidora. Así, de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 5 del Estatuto del Consumidor, Paula tendrá la calidad de consumidora, toda vez que, como persona natural adquirió un servicio para la satisfacción de una necesidad propia, la cual no estaba ligada con su actividad económica, pues como se encuentra señalado en el caso, el servicio de la orquesta estaba destinado a su matrimonio. Determinada la calidad de consumidora, encontramos que la actuación de la orquesta hace que se configure la falla en el servicio, lo cual permite el surgimiento del derecho a pedir la garantía al proveedor del servicio contratado. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, en los casos de casos de derecho de los mercados 14\n20. incumplimiento en la prestación de servicios, a elección del consumidor se procederá a la prestación del servicio en las condiciones contratadas o a la devolución del precio pagado, siendo esta última opción la conveniente al caso. En ese orden, de conformidad con el artículo 58 de la ley en comento, debe previamente agotarse la etapa de reclamación de la garantía por parte del consumidor y de no ser satisfecha esta garantía por parte del vendedor del servicio, nace el derecho a que la consumidora pueda demandar. La demanda para efectividad de la garantía podrá presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio que cuenta con funciones jurisdiccionales o también se puede hacer frente al juez competente. Pese a que en el caso planteado por el docente lo que busca Paula es recuperar el dinero, la sugerencia es que la demanda se presente ante el Juez competente, ya que frente a este puede pedir como pretensiones la efectividad de la garantía, es decir, la devolución del dinero pagado y también el daño causado como consecuencia de la no efectividad de la garantía, situación que resulta mucho más beneficiosa para Paula con respecto a los poderes de la SIC quien solamente tiene competencia para hacer efectiva la garantía. Finalmente, frente a la posición del abogado contratado quien piensa que es un asunto de incumplimiento contractual y no de garantía, considero que puede existir incumplimiento contractual y el asunto puede manejarse de esta manera, pero, el procedimiento va a resultar más engorroso ya que en este escenario deberá analizarse el contrato, las obligaciones, los riesgos asumidos por las partes y sí se otorgó o no garantía por parte del vendedor de servicios, resultado más favorable para Paula adelantar el proceso bajo el derecho del consumo, ya que quedó demostrada su calidad de consumidora y en este procedimiento existe un régimen objetivo de responsabilidad, que hace que se constituya en un mecanismo más eficaz para recuperar el dinero. IX. JULIANA ALZATE ESPINOSA Para determinar si Paula tiene la opción de ejercer alguna de las acciones propias del Derecho del Consumo debe determinarse, en primera instancia, si ella ostenta la calidad de consumidora, condición sine qua non para ejercer este tipo de acciones cuya finalidad primordial es la de proteger a la parte débil de la relación entre consumidor (sujeto lego) y comerciante (sujeto experto). Para efectos legales, el consumidor es “toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, casos de derecho de los mercados 15\n21. cualquiera sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica.” (Ley 1480 de 2011, art. 5, No. 3) Entonces, el consumidor es quien tiene relación de consumo o desgaste con el bien o el servicio en cuestión. En este punto es importante aclarar que la calidad de consumidor puede o no coincidir con la calidad de comprador de un producto o servicio. Coincidirá si el comprador es quien lo utiliza o disfruta, pero también se reputará consumidor aquella persona que sin haber comprado el bien o servicio, es quien lo utiliza. En el caso objeto de estudio Paula, quien contrató con la Orquesta la prestación de un servicio el día de su matrimonio, es también consumidora pues ella disfrutaría de la música y el espectáculo el día de su boda. Una vez determinada la legitimación en la causa por activa para las acciones propias del Derecho de Consumo, es decir, la calidad de consumidor, es necesario analizar cuál de estas acciones sería pertinente para defender los intereses de Paula. En opinión de quien escribe, Paula podría intentar hacer efectiva la garantía por falla en el servicio (acción contemplada en el numeral tercero del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011) porque la obligación de garantía en cabeza del proveedor del servicio surgió desde el mismo momento de la celebración del contrato. Sin embargo, se debe aclarar que, aunque estamos en presencia de un incumplimiento contractual absoluto por parte del proveedor del servicio, ese incumplimiento NO es, de ninguna manera, la fuente de la acción que podría intentar Paula para hacer efectiva la garantía. La acción de la que aquí hablamos nace luego de que el consumidor ha hecho las reclamaciones del caso ante el proveedor del servicio y éste no se ha pronunciado al respecto o su respuesta no es satisfactoria. Sólo en ese momento el consumidor puede, a través de una acción, hacer efectiva la garantía legal, por lo que la fuente de esa acción es el incumplimiento de la obligación de todo proveedor de servicios de atender las garantías que por ley debe ofrecer, y no la nula o defectuosa prestación del servicio. Entonces, luego de ponerle de presente a Paula que debe reclamarle directamente a la Orquesta por la no presentación al evento para que puede hacer efectiva la garantía ante las autoridades (Art. 58 Ley 1480/11, numerales 5 y 5(f)) le sugeriría que interpusiera una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuya pretensión estaría encaminada a la devolución del dinero pagado (no la indemnización de casos de derecho de los mercados 16\n22. perjuicios porque la SIC no tiene competencia para conocer ese aspecto). Lo anterior, en virtud del numeral tercero del artículo 11 del estatuto del consumidor que, para el caso de prestación de servicios, le otorga al consumidor la posibilidad de escoger entre la solicitud de la prestación del servicio en las condiciones estipuladas en el contrato, o la solicitud de la devolución del precio pagado. Como Paula contrató la Orquesta para que tocara el día de su matrimonio y ese evento ya pasó, no le interesaría solicitar la prestación adecuada del servicio, sino que le devuelvan lo que pagó por eso. Además, le aconsejaría interponer, simultáneamente, otra acción ante un juez ordinario, solicitando la indemnización de todos los perjuicios, patrimoniales y extrapatrimoniales que haya sufrido con ocasión del incumplimiento contractual por parte de la Orquesta. (art. 22, Decreto 735 de 2013). Aunque Paula podría interponer sólo una acción ante el juez ordinario acumulando las pretensiones de hacer efectiva la garantía y la de indemnizar los perjuicios causados, es aconsejable que la acción relacionada con la efectividad de la garantía la interponga ante la SIC pues es un procedimiento más expedito. Se aspiraría entonces a que la Superintendencia de Industria y Comercio ordene la devolución del dinero que Paula pagó por un servicio que nunca recibió antes de que el proceso judicial ordinario de indemnización de perjuicios termine, asegurando, en menor tiempo, una de las peticiones de Paula. Es importante hacer hincapié en que la propuesta anterior se hace partiendo del supuesto de que Paula y la Orquesta, al momento de celebrar el contrato consensual, sujetaron el pago del precio a unos plazos determinados, es decir, el 50% por anticipado, y el 50% restante luego de prestado el servicio. Si ese no es el caso y al momento de celebrar el contrato no se hizo estipulación alguna respecto del pago, esa sería una obligación pura y simple, exigible desde el momento de su nacimiento, hecho que coincidiría con la celebración del contrato mismo. En este escenario, teniendo en cuenta que Paula sólo pagó el 50% del valor del servicio, y que la obligación de la Orquesta de proveerlo sólo era exigible el día del matrimonio de Paula, se debe concluir que la obligación de pago debía ser cumplida y era exigible con anterioridad a la obligación de prestar el servicio, razón por la cual operaría, a favor de la Orquesta, la excepción de contrato no cumplido y no estaría obligado a reparar ningún perjuicio ni habría incumplido su obligación de garantía, o por lo menos ese incumplimiento estaría justificado. Estudiar la hipótesis anterior es fundamental porque, como se ve, el caso daría un giro extraordinario. No sería Paula la legitimada para solicitar la indemnización de perjuicios sino la Orquesta, quien podría hacerlo teniendo en cuenta que Paula incumplió primero el contrato y no ejecutó una obligación necesaria para que se casos de derecho de los mercados 17\n23. prestara el servicio en la fecha y hora acordadas. Así, no cabrían las acciones del Derecho de Consumo porque la orquesta, al no ser consumidor del servicio que ellos mismos proveen no estaría legitimado por activa, pero si podría solicitar la resolución del contrato (devolviéndole a Paula el 50% que sí pagó) y solicitar la indemnización de perjuicios si los hubo (art. 1546 C.C.). X. CAROLINA JARAMILLO VILLEGAS Sea lo primero advertir que el sustento legal para resolver el caso planteado por Paula se encuentra consagrado en los artículos 1546 del C. Civil, 870 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011 y Decreto 735 de 2013. Ahora, frente a la pregunta planteada por Paula respecto a si puede iniciar alguna acción bajo el derecho del consumo para recuperar el dinero dado como anticipo a la orquesta que se presentaría el día de su boda, y la respuesta brindada por el abogado ya consultado; le contestaría que efectivamente se encuentra legitimada por activa para adelantar tanto un proceso por (i) incumplimiento contractual (solución que le dio el primer abogado); como por (ii) protección al consumidor – garantía legal – previo agotamiento del requisito contenido en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Respecto a la primera opción, es bien sabido que cuando nos encontramos frente a un contrato bilateral y uno de los contratantes incumple, el contratante cumplido tiene la posibilidad de solicitar ante el juez competente, la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1546 del Código Civil y 871 del Código de Comercio (condición resolutoria tácita). Así pues, me parece procedente el concepto dado por el abogado inicialmente; no obstante, teniendo en cuenta que los trámites adelantados ante la jurisdiccion ordinaria son mas demorados, implican más gastos y lo pretendido por Paula es la devolución del dinero, estudiaría diferentes opciones, como en este caso, el derecho del consumo, apoyandome en la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 735 de 2013 que tienen por objeto proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Dicha protección tiene origen en la desigualdad existente entre el consumidor y el productor y/o proveedor, siendo el consumidor la parte mas debil. A efectos de determinar si Paula se encuentra legitimada por activa para iniciar una acción jurisdiccional de garantía legal, es necesario en primer lugar, precisar sí ostenta la calidad de consumidora, definida como “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la casos de derecho de los mercados 18\n24. satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica”. Según la definición anterior, es claro que Paula ostenta la calidad de consumidora toda vez que contrató con una orquesta la prestación de un servicio que pretendía disfrutar el día de su boda para el entretenimiento suyo y de sus invitados, y desligado de su actividad económica (art. 5 L. 1480/11). Dentro de las acciones contempladas por el derecho del consumo, Paula podría inicialmente hacer efectiva la garantía legal por falla del producto, representado en el incumplimiento de la orquesta de prestar sus servicios en un momento determinado como era el día de su boda. En este punto se hace necesario precisar dos conceptos básicos como son la garantía y el producto (Art. 5 Ley 1480 de 2011): La garantía, definida como la Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. Producto, entendido como todo bien o servicio. Como atrás se indicó, Paula está facultada para hacer efectiva la garantía legal consagrada en el artículo 7 de la L. 1480 de 2011, en concordancia con el Decreto 735 de 2013 (art. 16 y 22) que establece las reglas para hacer efectiva tal garantía. Así pues, previo a iniciar la acción jurisdiccional de protección al consumidor, Paula deberá elevar formalmente ante el proveedor, la reclamación para que éste voluntariamente cumpla con su obligación de hacer la devolución del dinero, toda vez que no puede prestar el servicio en las condiciones que fue contratado (art. 58 L. 1480 de 2011). Ahora, si dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación de que trata el artículo 58 ibídem, el proveedor da una respuesta negativa o insatisfactoria a la petición de Paula, ésta estará legitimada para iniciar la acción jurisdiccional de protección al consumidor tendiente a que se haga efectiva la garantía legal (numeral 3º, Articulo 56 de la Ley 1480 de 2011), bien sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez competente. En ese orden de ideas le recomendaría a Paula iniciar acción de protección al consumidor (garantía legal) ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuya pretensión estaría encaminada a lograr la devolución del dinero pagado a la orquesta como anticipo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 ibídem, que faculta al consumidor para que en los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento proceda, a elección, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. De esta manera Paula tendría por satisfecha con mayor celeridad la casos de derecho de los mercados 19\n25. pretensión tendiente a la devolución del 50% del valor pagado a la orquesta, por cuanto los tramites surtidos ante dicho ente, muestran mayor celeridad. Cabe advertir a Paula, que en dicho trámite no resulta procedente solicitar la indemnización de perjuicios por cuanto escapa de la órbita de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Véase como el artículo 22 del Decreto 735 de 2013 indica que “El reconocimiento de la garantía por parte de los obligados o por decisión judicial no impide que el consumidor persiga la indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido por los mismos hechos, ante la jurisdicción ordinaria.” Así pues, si lo pretendido por Paula es también lograr la indemnización de los perjuicios sufridos, le recomendaría iniciar un proceso verbal de responsabilidad civil ante la Jurisdicción Ordinaria, cuya pretensión estaría encaminada a que se declarase civilmente responsable a la orquesta, de los perjuicios sufridos por paula, y se les condenará al pago de los perjuicios patrimoniales (daño emergente) y extrapatrimoniales (morales – perdida del momento) que resultasen probados en el tramite del proceso. Ahora, si Paula no deseara adelantar el tramite de dos procesos, (uno ante la SIC y otro ante el Juez Ordinario); podría iniciar uno solo ante el Juez ordinario para lograr tanto la efectividad de la garantía legal como la indemnización de perjuicios. Conclúyase, que si lo pretendido por Paula solo es la devolución del 50% del dinero que pagó a la orquesta deberá hacer efectiva la garantía legal, primero haciendo la reclamación ante el proveedor y en caso de que este se niegue, deberá iniciar la acción jurisdiccional de garantía legal. Trámite que resulta mas expedito. XI. MANUEL FELIPE RODRÍGUEZ DUARTE En primer lugar, resulta necesario advertir que el Derecho del Consumo protege al consumidor, quien, como parte débil del mercado, es aquel que tiene una relación de desgaste con el producto (independientemente sea un bien o un servicio) debido a su uso, goce o prestación, y no necesariamente responde al comprador o a la parte contratante dentro de un negocio jurídico. Ahora bien, en el caso objeto de estudio Paula celebró un contrato para contar con el servicio de una orquesta el día de su matrimonio, sin embargo el grupo musical incumplió lo acordado ya que no asistió al evento, motivo por el cual la contratante no tuvo una relación de desgaste con el servicio contratado casos de derecho de los mercados 20\n26. pues nunca disfrutó o gozó de su prestación. En este orden de ideas, el incumplimiento desplegado por la Orquesta no afecta el bien jurídico tutelado por el Derecho al Consumo, toda vez que, en estricto sentido, Paula no reviste la calidad de consumidor y por tanto las normas de consumo y las acciones que de ellas se derivan no deberían ser invocadas para recuperar el dinero. Con todo, si bien Paula no fungió, en estricto sentido como consumidora del servicio, sino simplemente como su contratante, el régimen civil y comercial le permite ejercer las respectivas acciones para dirimir el incumplimiento contractual en comento y buscar la respectiva indemnización de perjuicios. Lo anterior resulta así, pues si bien es cierto que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 establece que el consumidor es “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto (…)”, constituiría un yerro interpretar dicha norma omitiendo tener en cuenta los principios generales y el objeto del Estatuto del Consumidor, contenidos en los artículos 1° y 2° de dicha Ley, pues la protección que una persona invoque amparada en las normas de consumo debe tener presente que las mismas buscan morigerar las afectaciones en cabeza del consumidor producto de la asimetría en la información que existe en una relación de consumo, como consecuencia de la utilización o disfrute que el destinatario final haga del producto previa su adquisición. Así entonces, lo anterior no puede dar lugar a entender que el consumidor resulta siendo el adquiriente del producto, pues ello llevaría al equívoco de considerar indefectiblemente como consumidor a todo contratante de un servicio o comprador de un bien, por el solo hecho de haber adquirido para sí el producto. En consecuencia, la pretensión, o mejor aún, el móvil de Paula, como contratante incumplida, para acudir a la jurisdicción no responde a la protección y a la intervención que el Estado pretende realizar a través de la Ley 1480 de 2011, pues no se observa, stricto sensu, la afectación del bien jurídico tutelado (el consumidor) por dicha disposición normativa, lo cual en efecto, reviste netamente un asunto que se ubica en la órbita del incumplimiento contractual. VI. MAURICIO VELANDIA Es clara que una figura es la garantía legal por falla en el producto y otra cosa es la figura de incumplimiento contractual. casos de derecho de los mercados 21\n27. Se presenta la garantía legal como una previsibilidad comercial donde un producto vendido puede fallar, y está previsto como un contenido normativamente impuesto que el productor o vendedor debe responder objetivamente frente al consumidor por dicha situación. Ahora, bien, si el productor o vendedor no cumplen con otorgar la garantía, es allí donde en mi criterio es que nace su incumplimiento contractual, después de haber él no observado el remedio previsto frente a la eventualidad de falla. Lo anterior siempre y cuando el comprador tenga la calidad de consumidor. Pues si no existe relación de consumo el contrato privado se rige por la repartición de riesgos sobre la cosa, particularmente poder definir en cabeza de quien está el riesgo de la falla y los consecuenciales . casos de derecho de los mercados 22\n28. SEGUNDO TEMA: Competencia desleal por violación de ley; Ventaja competitiva significativa; Responsabilidad de mercados. Armando es un joven empresario que siguiendo los consejos de su vecino comenzó a importar producto del extranjero para revenderlos en Colombia. Al principio pago todos los gastos de importación. Después dejó de pagarlos. Comenzó a crecer en el mercado, pues ese ahorro le ha permitido tener una buena rentabilidad. Fernando, con envidia, y quien hace lo mismo, excepto que si paga impuestos, le pregunta a usted si es posible hacer algo bajo las normas de responsabilidad de mercados. Acciones, pretensiones, fundamento legal. Buena suerte. I. YANETHALEXANDRAOSORIOQUIÑONEZ Analizado el anterior caso bajo el tema de la competencia desleal, en primera instancia se establece que el comportamiento de Armando lesiona el bien jurídico de “Libertad de entrada y permanencia” –mercados-, el cual debe ser protegido por las entidades administrativas tal cual lo reza el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009. Como primer señalamiento se abordará el tema de la responsabilidad civil que impetraría el señor Fernando; para el caso, estaríamos ante un régimen de responsabilidad subjetivo –conducta dolosa por parte de Armando-, quien de manera injustificada y en busca de un enriquecimiento patrimonial dejó de efectuar los pagos por impuestos de importación que venía cancelando respectos de los productos que importaba para comercializarlos en el país. Mirando los artículos 7 al 19 de la Ley 256 de 1996 –comportamientos considerados desleales-; es pertinente establecer que el comportamiento desleal de Armando estaría encuadrado en los artículos 7° –Prohibición general- y el 18° –Violación de normas- de la Ley señalada. Es claro que para la prosperidad de la acción de responsabilidad civil, Fernando deberá probar que existió un daño causado por algunos de los supuestos facticos que refieren los artículos 7 al 19 de la Ley de competencia desleal. casos de derecho de los mercados 23\n29. Ahora bien frente a esta acción mencionada, habría de remitirse al Art. 20 de la Ley 256 de 1996 –acciones derivadas de la competencia desleal-. Si para el caso en concreto llegare a demostrarse la existencia de un daño cierto y personal –Eje: bajó el precio de sus productos y por tanto bajaron sus ganancias “una reducción en las ventas” o una pérdida de clientela- la acción que habría de encaminarse sería “Declarativa y de condena”, en donde Fernando –presunto afectado por los actos del señor Armando- solicita la declaratoria de ilegalidad de los actos realizados por éste, a fin de que en sentencia se le ordene al señor Armando remover los efectos producidos por los actos, además de indemnizar los perjuicios causados al demandante –Fernando-. Ahora, en el hipotético caso, en que los actos desleales de Armando aún no le hayan producido un daño al señor Fernando, cabe la posibilidad de que éste inicie la acción de “prevención o de prohibición”, para que Armando cese la realización de la conducta desleal. Incluso de no existir un daño por las actuaciones desplegadas por Armando, Fernando podría hacer la respectiva denuncia ante el Organismo Estatal –DIAN- para que sea la Dirección de Impuestos el ente encargado de verificar que la conducta desplegada por Armando se ajusta a los lineamientos de importación de persona natural de que trata el Estatuto Aduanero. II. ADULANTONIOREYESGALVAN Dentro de la hipótesis plantada se deja entrever que Armando omite pagar los acostumbrados impuestos de aduana, situación que viola el Estatuto Aduanero, pues ingresa productos extranjeros al país sin la respectiva tributación. Desde el punto de vista aduanero estaría inmerso en dos sanciones específicamente: la primera corresponde a la típica sanción aduanera y la segunda a obedecería a una sanción cambiaria, que por demás serían aplicadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN. Por otro lado, para entrar al caso hipotético planteado es menester indicar que para contrarrestar los actos competencia desleal se pueden emplear dos tipos de acciones a saber: 1) la acción declarativa y de condena, cuya finalidad es la de cesar los actos desleales, además de procurar la indemnización de los daños causados a consecuencia de la ilegalidad de las acciones desplegados por comerciante accionado; y 2) la acción preventiva o de prohibición, que también busca evitar la continuación de la conducta desleal, pero con la diferencia que en esta última aún no se han presentado perjuicio alguno al comerciante pero que se espera que un futuro se concreten. Ahora, en el caso planteado se dice que Armando está ingresando productos al país evadiendo ilegalmente impuestos aduaneros, pero sin embargo no se plantea casos de derecho de los mercados 24\n30. que éste haya disminuido los precios para obtener ventajas competitivas por diferencia de precios frente a los demás competidores del mercado. Así entonces, como no se plantea una ventaja competitiva fraudulenta no resultaría viable acción alguna para contrarrestar una supuesta competencia desleal. III. JOHNALBERTCONTRERASBERTEL Teniendo en cuenta el supuesto fáctico que narra Fernando, se observa que la conducta de Armando es antípoda a las prácticas comerciales restrictivas. En efecto, el hecho que Armando no pague los gastos de importación (aranceles, fletes, gastos conexos, etc.) se atenta contra las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, lo cual concluye en una clara vulneración de la libertad de entrada y permanencia en el mercado. La conducta de Armando se cataloga como dolosa –régimen subjetivo de responsabilidad- en tanto que encaminó su conocimiento y voluntad a realizar una actividad comercial sin el cumplimiento de los requisitos legales y en procura de incrementar pérfidamente sus arcas, circunstancia esta que menoscaba los bienes jurídicos de mercado tutelados por la ley. En consecuencia, tal comportamiento constituye una competencia desleal que se adecua a la descripción típica prevista en los artículos 7 y 18 de la ley 256 de 1996, en concordancia con el artículo 3º de la ley 1340 de 2009. Ahora bien, si Fernando sufrió algún daño patrimonial sobre su actividad como comerciante, puede incoar la acción declarativa y de condena prevista en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, ante el Juez Civil del Circuito del lugar donde el demandado tenga su establecimiento o domicilio (Artículos 24 y 25 de la ley 256 de 1996, los cuales quedan derogados a partir del 10 de enero de 2014 – Numeral 6º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012), y solicitar al Juez que (i) declare la ilegalidad de los actos desleales, (ii) y como corolario, se le ordene a Armando extinguir o cesar tales actos e indemnizar los daños causados a Fernando. Por otro lado, si no sufrió daño alguno, puede iniciar ante el mismo Juez Civil una acción preventiva o de prohibición con el fin de que éste le prohíba a Armando realizar una conducta desleal que luego derive en perjuicios hacia Fernando (artículo 20 Ley 256 de 1996). Aunado, sin importar la modalidad de acción escogida, se puede solicitar una medida cautelar consistente en la cesación provisional de los actos desleales (artículo 31 de la ley 256 de 1996). Luego de recurrir ante los organismos administrativos de control, de agotar los diferentes medios judiciales ordinarios, y teniendo claro que el Derecho Penal es en esencia la última ratio de una sociedad cuerda, le sugiero a Fernando que casos de derecho de los mercados 25\n31. denuncie a Armando ante la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión del delito de contrabando, el cual está descrito en el artículo 319 de la Ley 599 del año 2000. IV. NATHALIARODRÍGUEZDUARTE Considero que la conducta de Armando está vulnerando una parte del mercado y la economía: la empresa, porque con ocasión del incumplimiento del pago de los costos que las importaciones implica, se está lucrando en mayor proporción que lo hace Fernando, permitiéndole expandirse en el mercado o incrementando su participación en el mercado (fines concurrenciales), lo cual conlleva a que tenga mayor oportunidad de permanencia en él, en comparación con Fernando, quien sí paga todos los costos de las importaciones, afectando la libre y leal competencia porque su competitividad se ve restringida o limitada por los menores ingresos que la venta de los productos importados le representa, conducta constitutiva de competencia desleal en los términos del Art. 18 de la Ley 256 de 1996, cuando señala que: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventajahadesersignificativa”. Desde la óptica de la responsabilidad civil, si Fernando logra acreditar que la conducta de Armando (culposa-dolosa) le está causando (nexo causal) un daño, cierto y personal, puede acudir ante el juez civil en ejercicio de una acción declarativa y de condena (Art. 20 numeral 1 Ley 256/96) para que se declare la ilegalidad de la conducta asumida por Armando, se le ordene remover los efectos que dicha conducta producen a Fernando y se le resarzan los perjuicios causados: pérdida de oportunidad, daño emergente, lucro cesante. Si aún no se ha causado un daño concreto a Fernando, pero puede concretarse en un futuro si Armando continúa con su conducta evasiva, de igual forma puede acudir ante el juez civil y ejercer una acción preventiva o de prohibición para exigirle a Armando que deje de transgredir las normas que regulan la importación de productos, pues ello representa una ventaja que atenta contra las costumbres mercantiles y la buena fe comercial afectando la competitividad de Fernando, teniendo cuidado en ambos casos, de actuar dentro del término de prescripción señalado en el Art. 23 de la Ley 256 de 1996. casos de derecho de los mercados 26\n32. V. JORGEANDRÉSPEÑAMALAVER Retomando los hechos que se ponen en consideración, se plantea el escenario en el cual, en un mercado en el que compiten dos empresas, la de Armando y Fernando, la primera de ellas está obteniendo una ventaja económica frente a la segunda, por el hecho de violar las normas tributarias. Así pues, surge una primera conclusión, consistente en que en el caso que se nos pone de presente, no se plantea que esa ventaja, emerja de una maniobra en la que se manipulen los precios de una manera significativa, ni que ésta afecte la libertad de escogencia de los consumidores, sino que se concentra en una situación que se afinca en un comportamiento constitutivo de competencia desleal (actividad prohibida, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 256 de 1996), bajo el supuesto normativo contemplado en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, toda vez que se hace mención, a que Armando desatiende las normas tributarias, adquiriendo una ventaja competitiva frente a Fernando (quien deberá acreditar que la misma es significativa), pues gran parte de la aludida rentabilidad, deviene del incumplimiento de un deber legal, el cual es, atender las obligaciones tributarias. Tenemos entonces que el bien tutelado es la empresa -Fernando- y por tanto, amparado en el Artículo 20 ibídem, este último podrá interponer una acción judicial, declarativa y de condena, la cual cuenta con las siguientes características: 1. Los sujetos activo y pasivo son los comerciantes Fernando y Armando; 2. El daño patrimonial lo constituye la afectación a la competitividad de Fernando -como empresa-, causado por Armando, con fines concurrenciales en el mercado; 3. La Culpa: Fernando deberá acreditar que la intensión de Armando es sacar provecho de esta situación; 4. Se deberá acreditar el Nexo Causal entre el daño producido y la culpa que se predica de Armando. Las pretensiones de dicha demanda (en los términos del Artículo 20.1 Ibídem), serán las siguientes: 1. Que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados por Armando con ocasión a su actividad comercial; 2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al infractor, remover los efectos producidos por dicha actividad y; 3. Se ordene al infractor, indemnizar los perjuicios causados al afectado. En caso tal, que el daño no se haya materializado, pero aún así el demandante considere que puede resultar afectado por los actos de Armando, éste podrá ejercer la Acción Preventiva o de Prohibición, en la que se solicitará al Juez que evite la realización de la conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 20 ibídem. casos de derecho de los mercados 27\n33. VI. JULIEFERNANDAACEVEDOBLANCO Está claro que el comportamiento desplegado por Armando demuestra claramente un incumplimiento no solo en las buenas costumbres comerciales, prohibición general – artículo 7° de la Ley 256 de 1996 sino también, configura un incumplimiento de tipo legal; por cuanto está omitiendo los pagos y/o gastos de importación a los cuales está obligado a cancelar de acuerdo al producto o productos que se encuentre importando; lo cual abiertamente le genera una mayor utilidad en el producto final que oferta. Armando gozo de plena libertad para decidir y elegir la actividad comercial a la cual se iba a dedicar sin perjudicar por esto a Fernando, hasta ahí todo va bien; pero las actuaciones que dolosamente realiza Armando, comportamiento inadecuado omisivo en el cumplimiento de normas imperativas que le permiten competir en el mercado ofreciendo sus productos a un más bajo costo que los ofrecidos por Fernando – supuesto fáctico – artículo 18 de la Ley 256 de 1996- es a todas luces una competencia desleal que se configura por cuanto tales actos no idóneos, dolosos utilizados por armando para mantener o incrementar un beneficio económico para su empresa genera detrimento en las utilidades no solo a Fernando sino también a quienes importen y revendan los mismos productos. Armando compite en el mercado mediante actos contrarios a las sanas costumbres y al cumplimiento de normas imperativas, actuaciones que le pueden generar a Fernando un daño o perjuicio cierto; el bien o interés jurídico que en este caso vamos a proteger, es el derecho de PERMANENCIA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. Armando genera que los consumidores a ojo cerrado elijan su producto por el bajo costo en que lo oferta, impidiendo que le sea posible a Fernando competir con el precio que Armando oferta sus productos, llegando a generar que Fernando se vea en la obligación de cerrar su empresa o sencillamente de dejar de ofrecer una línea de productos importados en su empresa lo que le genera un detrimento en su patrimonio por lo cual la pretensión ira encaminada a proteger el bien tutelado que como anteriormente dije será la PERMANENCIA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. Fernando se encuentra legitimado por activa para iniciar las acciones contempladas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 cualquiera de ellas, en cuanto Fernando logre probar que los actos desleales o los comportamientos inadecuados de Armando de generar un daño; para lo cual Fernando iniciara la acción declarativa y condenatoria en caso que pruebe el daño o preventiva en caso que el daño no se haya producido aun, como se logra vislumbrar del caso puesto en consideración el daño para fermando aun no es cierto para lo cual le recomendaría que iniciara una acción preventiva o de prohibición para que los actos dolosos desplegados por armando no produzcan el daño a la PERMANENCIA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. casos de derecho de los mercados 28\n34. No solo de lo que anteriormente he anotado de los actos de competencia desleal desplegado perjudican a Fernando sino también esta cadena de actos desleales vulnera los derechos de los consumidores de estos productos ofertados, de lo cual se puede evidenciar que efectivamente se estaría violando el derecho a la libertad de escogencia. Una vez el consumidor halla la necesidad, busca cuál de todos los productos ofrecidos quiere lo que genera el preferir una marca sobre otra; los actos o comportamientos desleales de armando en su competir le genera igualmente al consumidor que prefiera su producto por la misma dinámica económica en la cual se ve obligado a elegir su producto que es más económico, que cumple con las mismas características buscadas de los productos importados por Fernando; Armando está generando al consumidor la obligación de adquirir su producto de manera engañosa, a ojo cerrado, sin que el consumidor si quiera se detenga a pensar en que gastos debió incurrir quien los oferta, el consumidor busca que su economía siempre sea en su beneficio y poco le interesa si una empresa “X” o “Y” cumple con las normas regulatorias, por lo anterior es que considero que el consumidor está obligado a elegir un solo producto y es el ofertado por Armando vulnerando en consecuencia la LIBERTAD DE ESCOGENCIA O DE ELECCION DE LOS CONSUMIDORES. V. LEIDYJOHANASANDOVALRUEDA En el caso en cita, claramente se observa que el señor X se colocó deliberadamente en una posición dominante, restringiendo, eliminando o alterando la libertad de competencia de R y de otros, para actuar o permanecer en el mercado, la cual adquirió de forma ilegal, por la omisión de cumplimiento de normas de tipo aduanero, tributario, comercial – típico acto de competencia desleal. La realización de prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución de actos desleales de comercio, son conductas que producen desequilibrio en el mercado, afectan tanto al consumidor como al vendedor, por tanto son conductas reprimidas por el estado, es así, que nuestra Constitución Política establece como principio garantista la libre competencia y que en ella consagra la libertad de empresa, la libertad económica y la responsabilidad del Estado en la regulación de este común denominador que permita cristalizar medidas que imposibiliten la obstrucción o restricción de su ejercicio, cuenta nuestro sistema jurídico además con normas sobre prohibición a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posición dominante en el mercado, contenidas principalmente en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2.153 de 1992, normas sobre protección al consumidor contenidas principalmente en el Decreto 3.466 de 1982, Normas casos de derecho de los mercados 29\n35. sobre derechos antidumping y compensatorios, contenidas en el Decreto No 150 de 1993 y Normas sobre prohibición de las conductas de competencia desleal contenidas en los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, así mismo, Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor, más exactamente en sus artículos 17 y 61, el Decreto 2685 de 1999, Ley 256 de 1996. Competencia desleal: Las normas sobre competencia desleal tratan de proteger a los competidores frente a conductas de sus colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado. La ley 256 de 1996 en su Artículo 18. Establece que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa, y en su Artículo 2. Contempla dos acciones judiciales que pueden interponerse frente a actos de competencia desleal, *la declarativa y de condena y *la preventiva o de prohibición. • Normas infringidas por R, entre otras: Respecto de las obligaciones que surgen por la introducción de mercancías al territorio nacional, el Concepto unificado de ventas 00001 de 2003, señalo: “En materia de importaciones, el literal d) del artículo 429 del Estatuto Tributario, indica que el IVA se causa al tiempo de la nacionalización del bien”. En este caso, se liquidará y pagará conjuntamente con la liquidación y pago de los derechos de aduana. Por su parte, el Decreto 2685 de 1999 señala en su artículo 87 que la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional. La obligación aduanera comprende, entre otros conceptos, la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar. El artículo 89 del citado Decreto señala que los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación, serénalos vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la respectiva declaración de importación. Para el efecto se debe tener en cuenta que los tributos aduaneros comprenden los derechos de aduana y el impuestos sobre las ventas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1o. del Decreto 2685 de 1999. El Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga casos de derecho de los mercados 30\n36. internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente Decreto. Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Acciones: - Es necesario anotar que el acto de competencia desleal de R, el cual tiene efectos en el mercado, es sancionable por la Superintendencia de Industria y Comercio, también por la Dian al existir responsabilidad fiscal por evadir impuestos, pudiendo además, de haberse Y afectado con ella o encontrarse en amenaza de daño, acudir ante la jurisdicción civil, para obtener la reparación del daño o como medida preventiva, respecto al ámbito penal, diría tal vez, por ejemplo pudo haber ocurrido que R, declaraba menos de lo que efectivamente importaba, entonces nos encontramos ante una falsedad en documento, pudo también importar sin registrar marca o atribuyéndose la marca… Para el caso como es pura y física envidia y al parecer Y no se está viendo afectado, puede intentar con una denuncia anónima ante la Dian, órgano de control aduanero que está facultado para efectuar control directamente en el mismo momento en que se efectué la declaración de importación y que llega la mercancía, claro no es mi consejo legal. VI. LAURAMARCELAGONZÁLEZRUEDA Analizando el caso sobre el cual se requiere emitir concepto jurídico, se tiene claro que el mismo se debe ahondar bajo dos supuestos, el primero de ellos, bajo la premisa de que con la actuación desplegada por Armando al evadir el pago de los impuestos por importar productos, se obtenga por éste una ventaja frente a sus competidores, en la medida en que al disminuir los costos, a la par disminuya el valor del producto, dejando en completa desventaja al resto de participantes del mercado (entre estos Fernando), los cuales deberán comercializar sus productos sobre un valor superior al propuesto por Armando; por otro lado, se debe señalar cuál debe ser el actuar de Fernando en el marco de la segunda premisa en la cual no se avizora la existencia de daño alguno, habida cuenta que la violación de normas legales (en este caso de carácter aduanero) por sí misma no es suficiente para que se constituya un acto de competencia desleal el cual se encuentra regulado dentro de los artículos 7 al 19 de la Ley 256 de 1996, toda vez que dicha competencia debe enmarcarse en un acto idóneo para afectar de alguna forma la participación de su actor en el mercado. Pues bien en este segundo planteamiento, se deja claro que aunque es totalmente reprochable e incluso sancionable, el hecho de que Armando no pague el valor correspondiente a los impuestos de importación de sus productos, con éste hecho casos de derecho de los mercados 31\n37. no le está lesionando el bien jurídico de Libertad de entrada y Permanencia en el mercado de Fernando, regulado expresamente por la Ley 1340 de 2009, más aun cuando se señala que el único factor que lleva a Fernando a realizar la presente consulta son motivos personales, los cuales no constituyen una materialización del daño a un interés tutelado. En ningún aparte del planteamiento del caso se señala si paralelamente al mayor margen de ganancia sobre el producto, Armando ha realizado una disminución del valor del mismo, caso en el cual sí se evidenciaría un acto de competencia desleal, por cuanto no se puede confundir por un lado el aumento de las ganancias percibidas por Armando con una presunta disminución del valor de sus mercancías. Ahora bien, en relación a las acciones y las pretensiones a que hay lugar, en el primero de los postulados Fernando podría invocar la acción Declarativa y de Condena establecida en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, ante el Juez Civil del Circuito del lugar donde el demandado tenga su establecimiento o domicilio, esto en el entendido de que nos encontremos dentro del término de prescripción señalado en el Art. 23 de la misma norma. Dentro de dicha acción solicitaría en primer lugar la declaratoria de la ilegalidad de los actos desleales, y como consecuencia de lo anterior que se le ordene a Armando extinguir o cesar tales actos e indemnizar los daños causados a Fernando. Por otro lado, dentro del segundo de los supuestos señalados anteriormente, la acción idónea para invocar por vía judicial ante un Juez Civil, seria la acción preventiva o de prohibición, regulada igualmente por el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, encaminada a evitar de forma preventiva que Armando realice una conducta desleal que genere un DAÑO en la actividad comercial desplegada por Fernando. Finalmente, lo anterior no obsta para que Fernando acuda a los entes administrativos, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN- con la finalidad de informar la irregularidad suscitada por el actuar de Armando y éstos tomen las medidas del caso. VII. RUBIELAACEVEDODIAZ En relación con el caso planteado, es necesario precisar en primera instancia que es un caso abierto, de tal forma que limitándonos exclusivamente a la información que se nos indica, considero desde mi humilde opinión, que si bien es cierto, el actuar de Armando es reprochable por otras instancias judiciales y administrativas, ello no implica que bajo las normas de responsabilidad de casos de derecho de los mercados 32\n38. mercados sea procedente adelantar acción judicial alguna, por las siguientes razones: 1°: El acto de Armando no es idóneo para afectar de alguna forma la participación de Fernando en el mercado, por tanto no estamos frente a una finalidad concurrencial, que según la Superintendencia de Industria y Comercio, es un elemento que constitutivo del acto de competencia desleal, por tanto no se está dentro del ámbito objetivo que establece el art. 2° de la Ley 256 de 1996. 2. Si bien es cierto, el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 establece que: “se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”; de lo que se deriva la concurrencia de 3 supuestos fácticos a saber: i) La violación de una norma jurídica, ii) Una efectiva ventaja competitiva y iii) Una ventaja significativa. No obstante, en el caso planteado, se carece del segundo elemento, por cuanto a pesar de que la conducta de Armando es antijurídica, de ella no se concluye que de manera automática se materialice una ventaja competitiva frente a Fernando, por cuanto ésta es información que no se señala en el caso planteado, solo se indica que Fernando siente envidia de Armando por cuanto éste comenzó a tener rentabilidad en el mercado por el ahorro obtenido al sustraerse de pagar los impuestos, pero de ello, no se puede concluir que sea porque Armando vende los productos a un menor precio o realice cualquier otro acto que en concreto se pueda catalogar como competencia desleal. 3°: En el caso no se plantea que Fernando haya sufrido algún daño en concreto derivado de la conducta típica de Armando, ni tampoco se evidencia que pueda llegar a darse un eventual daño, se reitera que la consulta de Fernando tiene como fundamento exclusivo la envidia. Sin embargo, es necesario advertir, que en la eventual hipótesis que se llegara a presentar algún daño a Fernando o que existieran elemento que prueben la inminencia del mismo, él podría hacer uso de las acciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1.996, esto es 1° la Acción declarativa y de condena, mediante la cual Fernando podrá solicitar ante el Juez correspondiente, ´que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados por Armando y como consecuencia se le ordene “remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante”; y 2° instaurar Acción preventiva o de prohibición en el evento que aún no se haya materializado el daño, pero que éste sea inminente, mediante la cual Fernando podrá solicitarle al juez que requiera a Armando para que cese los actos que puedan propiciar una conducta desleal. casos de derecho de los mercados 33\n39. En conclusión, del caso planteado se deduce que mientras no se deriven otras elementos diferentes a los planteados por el caso, Fernando solo podrá hacer uso de la normatividad penal, denunciando a Armando por la conducta típica en que está incurriendo o en su defecto informar a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales para que realicen el control pertinente e impongan las sanciones administrativas a que haya lugar. VIII. CARMENZARINCON VALENCIA De acuerdo a la información aportada en la descripción del caso, esto es: Armando, un empresario, importa un producto del cual en la actualidad no cancela los diferentes gastos de importación, situación que le ha permitido un crecimiento en el mercado en el cual participa (arancel, impuestos de importación, entre otros). Del mismo modo el señor Fernando comparte la labor de Armando y compite con éste en el mismo mercado, pues también es importador. Así las cosas, claramente se observa que Armando está ejerciendo su actividad en abierto incumplimiento al ordenamiento jurídico pues está dejando de cancelar los gastos aduaneros que son en estricto sentido obligatorios para todas las personas que ejercen la actividad comercial de importación; acción que, en principio, y en concordancia con el art. 18 de la Ley 256 de 1996 seria causal de competencia desleal pues Armando ha obtenido un crecimiento empresarial, y por ende una ventaja competitiva respecto de Fernando, en razón a la infracción de las normas; pues como se expuso en los hechos, Armando, en razón al ahorro que ha logrado, infringiendo la ley, ha obtenido buena rentabilidad permitiéndole un desarrollo y crecimiento en dicho mercado. En este orden de ideas, el bien jurídico tutelado seria la empresa; la responsabilidad de Armando estaría en marcada en la presencia del supuesto fáctico de la evasión de impuestos que afirma Fernando se está presentando por parte de Armando. Empero, del análisis del contenido de la norma, esta predica que la ventaja que se presente por la infracción legislativa debe tener el calificativo de significativa. En este orden de idea, en el caso en concreto no se establece que la ventaja obtenida por Armando, leída ésta como el crecimiento mercantil que ha ostentado, con la infracción aduanera cometida contenga el calificativo de “significativa” como lo determina el artículo 18 en mención, pues tal característica es un apelativo que debe estar inmerso en la actuación desleal. En opinión personal, la actuación desplegada por Armando es ilegal, pues está evadiendo los impuestos aduaneros o gastos de importación que la norma establece como obligatorios para ejercer la actividad, además generó un crecimiento en el mercado de su empresa, situación que para Fernando es causa de envidia, pero a esta acción, como se ya se determinó le falta el calificativo de casos de derecho de los mercados 34\n40. “ventajasignificativa” frente a la empresa de Fernando. Ahora bien, con respecto al daño, en el caso en mención, no se establece si Fernando ha recibido desmedro alguno en su patrimonio, pues hasta donde se presentó en los hechos narrados sólo su interior se está afectando con las actuaciones desleales de Armando, es decir, sólo está sintiendo envidia del crecimiento y de la rentabilidad que Armando ostenta. Por lo anterior, no se presenta responsabilidad civil alguna. IX. MARIOAGUSTOCONTRERAS A priori, es relevante tener en cuenta, que cuando un competidor viola una ley y tal actitud le confiere una ventaja competitiva significativa frente a los otros participantes en el mercado, la supuesta igualdad de oportunidades y de limitaciones que debe existir en el mercado se rompe, pues no se puede asumir que los demás competidores deban también violar la ley para recobrar el equilibrio, toda vez que tal actitud sería completamente ilegal, inmoral, absurda y ajena al Estado de Derecho. Descendiendo al caso en particular, resulta trascendental manifestar, que para que Fernando este legitimado por activa (artículo 21 de la ley 256 de 1996) necesariamente debe demostrar que con la conducta de Armando, existió un perjuicio o una amenaza, ya que sin estos elementos se estará sin legitimación, lo cual significa en términos legales, que el demandante en el ejemplo práctico no estaría habilitado para presentar una acción por competencia desleal. Ahora bien, si la conducta descrita de Armando en el caso objeto de análisis conllevo a perjuicio o una amenaza en la competencia de Fernando, tal situación podría enmarcarse factiblemente en un acto de competencia desleal que contempla el artículo 18 de la ley 256 de 1996, toda vez que Armando al vulnerar las normas tributarias como infractor, podría adquirir en consecuencia una ventaja competitiva en el mercado, que sobre el particular se requiere que sea de carácter significativa. Concatenado a lo expuesto, como acciones, podría impetrar la acción declarativa y de condena que regula el numeral primero del artículo 20 de la ley 256 de 1996, bajo el supuesto que Armando adquirió una ventaja competitiva y significativa en el mercado, como resultado de la violación normativa del NO pago de los impuestos que le correspondía como importador; bajo ese pensamiento el afectado Fernando -legitimado por activa- por tal conducta indebida de Armando tendrá acción para solicitar al juez que declare judicialmente la ilegalidad de la conducta y que se ordene al infractor remover los efectos producidos por el acto, e indemnizar los perjuicios que le ha causado.Es importante aclarar a mis compañeros que al estudiar la legitimaci n activa, eló casos de derecho de los mercados 35\n41. afectado no s lo es el competidor, o aquella persona que sin ser competidor,ó individualmente considerada ha sufrido un perjuicio, sino que la noci n seó extiende a otras varias personas. Por otro ultimo si no existe un daño con la conducta de infracci n normativa deó Armando (atinente a la evasi n de impuestos) podró á incoar la acción de prohibició ín, contemplada en el numeral segundo del art culo 20 de la ley 256 de 1996, con el fundamento del peligro que envolver a en su competencia los actosí de Armando que habi ndose cometido y que contin an en el tiempo, a n no hané ú ú ocasionado perjuicios Fernando. Por lo tanto, la pretensi n la enfocar n de la amenaza para que noó ía a una cesació produzca un daño a futuro a Fernando. X.PABLO VILLAMIZARMENDOZA Considero que de acuerdo a la normatividad vigente, referente a la econom a delí pa s y del sector empresarial en el desarrollo de los mercados, el comportamientoí del joven empresario Armando, al dejar de pagar los impuestos aduaneros por la importaci n de sus productos, para tener ventajas en la competencia comercial,ó le traer a una serie de consecuencias por responsabilidad Penal, Fiscal, Civil yí Administrativa de grandes proporciones. La constituci tica de nuestro pa s consagra el derecho a competirón polí í libremente en actividades econ micas, dentro de los l mites del bien com n y laó í ú intervenci n estatal; tambi n, establece el C digo de Comercio dentro de lasó é ó obligaciones para los comerciantes de abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Con relaci n a la Responsabilidad de Mercados, el comportamiento del jovenó empresario Armando atenta contra la Libre y Leal Competencia de los Mercados, la Libertad de Escogencia de los consumidores y de Entrada y Permanencia de Proveedores, y este caso de Fernando. Se puede considerar que el bien jurí á vulnerando el jovendico tutelado que est empresario armando seria de empresa, atentando contra la prohibición del art culo 7í º de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas de competencia desleal; como también lo establece el artículo 18 donde está infringiendo normas aduaneras para obtener ventaja frente a su competencia; y de esta manera al tener precios de unidad más bajos que los de su competencia por el no pago de los impuestos aduaneros podrá comercializarlos más fácilmente y ofrecer mayores cantidades y a precios inferiores a los ofertados por las demás empresas, y la de Fernando. casos de derecho de los mercados 36\n42. Acciones: Primero: Iniciar la Acción Declarativa y de Condena, de acuerdo al Numeral 1º del Artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que dice: El afectado por actos de competencia desleal tendrán acción para que declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El Demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el Artículo 33 de la presente Ley. Segundo: Así mismo, la Acción Preventiva o de Prohibición, de acuerdo al Numeral 1º. del Artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que dice: La persona que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno. Pretensiones: Primero: Declarar la conducta del joven empresario Armando, como un acto de competencia desleal de acuerdo al artículo 18 de la Ley 256 de 1996. Segundo: Que se ordene la suspensión del ejercicio de sus actividades mercantiles hasta tanto no pague los impuestos y obligaciones con las autoridades aduaneras y finiquite su conducta desleal. Tercero: Declarar responsable al joven empresario Armando por los daños causados a Fernando, indemnizándolo por perjuicios materiales correspondientes a daño emergente y lucro cesante. Cuarto: Decretar el embargo y secuestro como medida cautelar de los bienes de la empresa del joven empresario Armando. Quinto: Que se declare una sanción administrativa al joven empresario Armando de carácter punitivo ejemplarizante por su comportamiento desleal ante la competencia de los mercados por la Superintendencia de industria y comercio. Fundamento Legal: Artículos 58 y 333 Constitución Política de Colombia; artículos del 1 al 31 ley 256 de 1996; artículos 1,10 y 19 Código de Comercio; articulo 2341 Código Civil, y demás normas pertinentes. casos de derecho de los mercados 37