supuesto práctico porteros 2005\nAntonio Magdaleno Alba, Funcionario en Municipal\nTemario completo y actualizado, a septiembre de 2013, para el concurso oposición de porteros/as del Ayuntamiento de Córdoba...Hay una nueva actualización en Slideshare, con fecha de enero de 2014, tras la entrada en vigor de la LRSAL 27/2013, de 27 de diciembre de 2013.\nFuncionario en Municipal\n@jeremias334 lo siento, no he podido realizar nada más que el temario, mis situacion personal me impide tener tiempo para dedicarle a este temario. Gracias por vuestros aportes, suerte.\nSe me olvidaba Antonio, ¿dispones también de los tests y supuestos de Punta Umbría?. Sería magnífico poder tenerlos. Hasta luego.\nBuenas tardes Antonio: ¿Podrías decirme o compartir más supuestos prácticos de ordenanzas, porteros, conserjes, etc...? Es muy dificil hallar algo por Internet, y yo no tengo recursos para ello. Muchas gracias y que pases un buen verano.\nlamento que no hayas sacado la plaza y que os la hayan quitado gente que ni es ni vive en Córdoba, el corte esta en 23,40 aunque tengais dos 10, si no teneis al menos 4 puntos en concurso, no teniais opción, yo tenía 0,5\nSandra Miguel del Río\nTEMA 1 :ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA\nCONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1078. DERECHOS Y DEBERES\nTras el fallecimiento del general Franco el 20 de noviembre de 1975\ny de acuerdo con las previsiones sucesorias, es restaurada la Monarquía en\nEspaña en la figura de Juan Carlos I y constituido el primer Gobierno de la\ntransición, bajo la Presidencia de Arias Navarro.\nProclamado Rey de España JUAN CARLOS I DE BORBÓN, el\nsistema de Leyes Fundamentales que regía el anterior régimen político, se\nmostró inapropiado para la efectiva implantación de un Estado de Derecho y,\nconsiguientemente, de un régimen democrático, en la forma en que éste se\nentiende en los países occidentales y en la teoría constitucional.\nAhora bien, a la par que la transición al nuevo régimen se realiza sin\nningún tipo de traumas, era necesario crear una Ley-puente, esto es, una Ley\nque permitiera la reforma de las Leyes Fundamentales del régimen anterior\npara pasar a una nueva legitimidad respetando, a su vez, la legalidad vigente.\nTal fórmula se llevó a cabo con la aprobación de la Ley de Reforma Política,\nratificada por el pueblo español en referéndum de 15 de diciembre de 1976\n(Ley 1/1977, de 4 de enero), abriendo la vía para la instauración de un sistema\npolítico pluralista, con claro protagonismo de los partidos políticos. Para\nentonces, la Presidencia del Gobierno había pasado a manos de Adolfo\nAprobada la ley, los pasos inmediatos a seguir se centraron\nfundamentalmente en convocar elecciones libres, legalizar los partidos políticos\ny suprimir las instituciones del régimen anterior en cuanto se opusieran a la\nnueva situación. A tales efectos se instauró un nuevo Parlamento bicameral\nformado por el Congreso de los Diputados, de representación proporcional a la\npoblación, y el Senado, de representación territorial.\nEl 15 de Junio de 1977, se celebraron elecciones generales para\nCortes, sin que en momento alguno se planteara, al menos formalmente, su\ncarácter de constituyentes. No obstante, a la vista de la citada inadecuación de\nlas Leyes Fundamentales, las nuevas Cortes elegidas democráticamente y\nrepresentativas del pluripartidismo existente, asumieron como misión\nfundamental la elaboración de una Constitución.\nPara ello, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del\nCongreso de los Diputados, se designó una Ponencia Constitucional encargada\nde redactar el Proyecto de Constitución.\nTras la pertinente tramitación parlamentaria, ambas Cámaras\n(Congreso de los Diputados y Senado), por separado, aprobaron el texto de la\nConstitución el 31 de octubre de 1978.\nPosteriormente, el 6 de diciembre siguiente, se aprobó en\nreferéndum por el pueblo español, sancionándolo y promulgándolo el Rey el 27\ndel mismo mes y año, y publicándose en el Boletín Oficial del Estado el 29 de\ndiciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día, a tenor de lo dispuesto en\nPor tanto podemos definir la Constitución Española como la\nNorma Suprema de nuestro ordenamiento jurídico, elaborada por las Cortes\nGenerales legítima representante del pueblo español.\nLa Constitución Española, ha sufrido dos reformas a lo largo de su\nhistoria, el 27 de agosto de 1992, se reformó el artículo 13, añadiéndole en su\npárrafo 2º “y sufragio pasivo” (o posibilidad de ser elegido) en las elecciones\nmunicipales, llevada a efecto para posibilitar la adhesión al Tratado de\nMaastricht; el 27 de septiembre de 2011, se reforma el art. 135 de la C.E., además,\nexponiendo que los límites de déficit estructural establecidos para el Estado y las\nComunidades Autónomas por la Unión Europea, descrito en el mencionado art. 135,\nentran en vigor a partir de 2020.\nLa Constitución (C.E., en adelante), se caracteriza por:\na) Su codificación en un solo texto, es decir, es una Constitución\nb) Su extensión, fruto de su propio pragmatismo, a diferencia de\notras Constituciones occidentales, de breve contenido y, por lo mismo, más\nflexibles a los cambios y evolución política de los regímenes a que se aplican.\nLa extensión se debe, además, al laborioso consenso entre las\ndistintas fuerzas políticas al elaborarla.\nLa contrapartida a esta extensión y a su carácter consensuado es la\ndificultad en su interpretación y aplicación, resultando fundamental, a estos\nefectos, la intervención del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la\nc) Su rigidez, es decir, la imposibilidad de modificarla a través de\nprocedimientos legislativos ordinarios, regulando su Título X los mecanismos\nde reforma en la forma que después se estudiará.\nd) El establecimiento, como forma política del Estado, de la\ne) La configuración del Estado como unitario regionalizado y no\nf) Es una Constitución no exenta de originalidad, pero con\ninfluencias de otras Constituciones históricas, como la española de 9 de\ndiciembre de 1931 y otras del entorno europeo más recientes.\nLa falta de originalidad de la Constitución española no sólo proviene\nde la influencia de textos constitucionales españoles, sino también de las\npropias constituciones extranjeras. Son de señalar, por tanto, los\nordenamientos que más han influenciado en nuestro texto constitucional:\na) Influencias de Constituciones españolas:\nDebemos destacar la Constitución de 1869 en cuanto al preámbulo\ny sobre todo en lo que respecta a la sucesión regular de la Corona. La\nConstitución de 1931 en lo relativo al tema autonómico, al recurso de amparo y\nal Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica del Estado y otras leyes del\nRégimen anterior respecto a la referencia de las Fuerzas Armadas en su Título\nPreliminar, la figura del Decreto-Ley y la institución del Consejo de Estado.\nb) Influencias de Constituciones extranjeras:\nLa Ley Fundamental de Bonn de 1949, en lo que respecta a la idea\nde estado social y democrático de derecho. La Constitución portuguesa, de\ngran influencia en cuanto a los derechos y libertades públicas. La Constitución\nitaliana, fundamentalmente en lo concerniente a la problemática regional, y la\nfrancesa, con la institución de la moción de censura o la posibilidad de la\nDesde los tiempos de la Constitución Francesa, los textos\nconstitucionales de los países europeos y americanos se han estructurado en\ndos partes diferenciadas: una parte dogmática, en la que se contienen y\nenuncian los grandes principios y las declaraciones de derecho. Y una parte\norgánica, en la que se establece la división de los poderes del Estado, sus\ncompetencias y su organización territorial.\nNuestra Constitución se adecua perfectamente a esa diferenciación:\na) Una parte dogmática, que está integrada por el Preámbulo, que\nsirve de introducción con valor político declarativo, aunque no forma parte del\narticulado, el Título Preliminar, en donde se destacan los valores esenciales\ndel ordenamiento jurídico y los principios fundamentales del Estado, y por\núltimo, el Título Primero, en donde se reconocen los derechos y libertades\nb) Una parte orgánica, que es mucho más amplia, hace referencia\na los poderes básicos del Estado, comenzando por la Corona, como poder\nmoderador e integrador; las Cortes, como poder legislativo; el Gobierno, como\npoder ejecutivo, y el Poder Judicial, como fiscalizador de la actividad del\nEjecutivo y protector de los derechos y libertades públicas.\nTambién contiene una regulación de las garantías de su\nmantenimiento y de los procedimientos para, excepcionalmente, proceder a su\nreforma o revisión, y de un sector dedicado a la estructura socio-económica del\nEstado (que podría llamarse Derecho Constitucional Económico).\nSu estructuración concreta se lleva a cabo a través de:\n1) El Preámbulo.\n2) Ciento sesenta y nueve artículos, repartidos en un Título Preliminar\ny otros diez Títulos más.\n3) Cuatro Disposiciones Adicionales.\n4) Nueve Disposiciones Transitorias.\n5) Una Disposición Derogatoria.\n6) Una Disposición Final.\n- TÍTULO PRELIMINAR. (Arts. 1 al 9)\n- TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. (Art. 10)\nCAPÍTULO I. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS(Arts. 11 al 13)\nCAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES. (Art. 14)\nSECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS. (Arts. 15 al 29)\nSECCIÓN II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS. (Arts.\n30 al 38)\nCAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y\nECONOMICA. (Arts. 39 al 52)\nCAPÍTULO IV. DE LAS GARANTIAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. (Arts. 53 y 54)\n- TÍTULO II. DE LA CORONA. (Arts. 56 al 65)\n- TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES.\nCAPÍTULO I. DE LAS CAMARAS. (Arts. 66 al 80)\nCAPÍTULO II. DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES. (Arts. 81 al 92)\nCAPÍTULO III. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. (Arts. 93 al 96)\n- TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. (Arts. 97 al 107)\n- TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES\nGENERALES. (Arts. 108 al 116)\n- TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL. (Arts. 117 al 127)\n- TÍTULO VII. ECONOMIA Y HACIENDA. (Arts. 128 al 136)\n- TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.\nCAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES. (Arts. 137 al 139)\nCAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Arts. 140 al 142)\nCAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Arts. 143 al 158)\n- TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Arts. 159 al 165)\n- TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. (Arts. 166 al 169)\nExponemos, a continuación, una somera idea del contenido de la\nC.E., a partir del Título I, dejando el preámbulo y el Título Preliminar, para\ndesarrollar como Principios Generales de nuestra Constitución.\nEl Título I de la C.E. trata de los derechos y deberes fundamentales,\ncomenzando por la declaración general del artículo 10, conforme al cual "la\ndignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre\ndesarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás\nson el fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a\nlos derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se\ninterpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos\nHumanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias\nratificados por España".\nJunto a estas normas, hay que tener en cuenta lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Orgánica\n1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que\nse modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado\nen la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, según el cual a tenor de lo dispuesto en el párrafo\nsegundo del artículo 10 de la Constitución española, y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de\nLisboa, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce\nse interpretarán también de conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales\npublicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de 14 de diciembre de 2007.\nLos restantes artículos se agrupan en los siguientes cinco capítulos:\na) El Capítulo Primero, dedicado a los españoles y extranjeros, con\ntres artículos que tratan, respectivamente, de:\n1) La nacionalidad española, que se adquiere, se conserva y se\npierde de acuerdo con lo establecido en la Ley, sin que ningún español de\norigen pueda ser privado de la misma (artículo 11).\n2) La mayoría de edad de los españoles a los dieciocho años\n3) Los derechos y libertades de los extranjeros en España, similares\na los de los españoles en los términos que establezcan los tratados y leyes\n(regulados por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y\nlibertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada, por\nlas Leyes Orgánicas 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de\nnoviembre, y 2/2009, de 11 de diciembre),incorporándose, atendiendo a\ncriterios de reciprocidad y en los términos que establezca un tratado o una ley,\nademás del derecho de sufragio activo, el sufragio pasivo (o posibilidad de ser\nelegido) en las elecciones municipales, como consecuencia de la reforma\nparcial de la Constitución, de 27 de agosto de 1992, llevada a efecto para\nposibilitar la adhesión al Tratado de Maastricht; la extradición, que sólo se\nconcederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de\nreciprocidad y de la que quedan excluidos los delitos políticos, no\nconsiderándose como tales los actos de terrorismo (regulada -la extradición\npasiva- por Ley 4/1985, de 21 de marzo) y el derecho de asilo en España a\nfavor de ciudadanos de otros países y de los apátridas (regulado por la Ley\n12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección\nsubsidiaria) (art. 13).\nb) El Capítulo Segundo, que se dedica a los derechos y libertades,\nde los que, junto a los restantes Capítulos de este Título Primero, trataremos\ndespués. Se divide en dos Secciones:\nSección I: De los artículos 15 a 29 (donde se regulan los derechos\nfundamentales y las libertades públicas).\nSección II: De los artículos 30 a 38 (donde se regulan los derechos y\ndeberes de los ciudadanos).\nEl artículo 14, formaría parte de este capítulo, pero no se incluiría en ninguna\nde sus dos secciones.\nc) El Capítulo Tercero, que trata de los principios rectores de la\npolítica social y económica, consagrando los llamados derechos sociales.\nd) El Capítulo Cuarto, que versa sobre las garantías de las\nlibertades y derechos fundamentales, regulando la figura del Defensor del\ne) El Capítulo Quinto, finalmente, que se dedica a la suspensión de\nlos derechos y libertades en los estados de excepción y sitio, así como en la\nactuación contra bandas armadas o elementos terroristas.\nTrata "de la Corona", regulándose la figura del Rey, la sucesión a la\nCorona, la Regencia, las funciones del Rey, etc.\nTrata "de las Cortes Generales", constando de tres Capítulos\nrelativos a las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), la elaboración\nde las Leyes y los Tratados Internacionales.\nTrata "del Gobierno y de la Administración" y regula la composición y\nfunciones del Gobierno, su nombramiento, cese, responsabilidad, etc.\nTrata "de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales",\nregulando la responsabilidad política del Gobierno, las mociones,\ninterpelaciones y preguntas al mismo, así como los estados de alarma,\nTrata "del Poder Judicial", regulando sus funciones y las de su\nórgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.\nTrata "de la Economía y Hacienda", regulando lo que se ha venido a\nllamar el Derecho Constitucional Socio-económico.\nEste Título ha sido reformado , ya que el artículo 135, dice que:\n“todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de\nestabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán\nincurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por\nla Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit\nestructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación\ncon su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio\npresupuestario. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados\npor ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los\nintereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán\nsiempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de\nprioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación,\nmientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda\npública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto\ninterior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el\nTratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los límites de déficit estructural y de\nvolumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales,\nrecesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control\ndel Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad\neconómica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros\ndel Congreso de los Diputados. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se\nrefiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de\nlos órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en\nmateria de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:\na) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas\nAdministraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos\ny la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran\nb) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit\nc) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de\nincumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.\nLas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de\nlos límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan\npara la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones\nEste artículo queda redactado de esta forma, a raíz de la reforma\nconstitucional de 27 de septiembre de 2011, donde también se expone que los límites\nde déficit estructural establecidos para el Estado y las Comunidades Autónomas por la\nUnión Europea, entran en vigor a partir de 2020.\nTrata "de la Organización Territorial del Estado", con tres Capítulos,\nrelativos a los Principios Generales, la Administración Local y las Comunidades\nTrata "del Tribunal Constitucional", como órgano supremo del\nEstado en materia de garantías constitucionales e interpretación de la\nTrata "de la reforma constitucional",\nconstitucional frente a intentos simples de revisión.\nEntre otras materias, regulan algunos procedimientos especiales de\nacceso a la autonomía, como el caso de Navarra, Ceuta y Melilla, etc.;\nasimismo, tratan de los Derechos Históricos Forales, su posible actualización,\nDeja sin vigor a la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de\n1977, así como, en tanto no estuvieran ya derogadas por ésta, a las anteriores\nContiene, también, una cláusula derogatoria general respecto de\ncuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución.\nEstablece que "esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la\npublicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará,\ntambién, en las demás lenguas de España".\n2. PRINCIPIO GENERALES\nRecogidos en el Preámbulo y en el Título Preliminar.\nEl Preámbulo es breve, pero constituye una declaración solemne y\nde gran fuerza política.\nResume e incorpora ideas que están plasmadas en forma\ndispositiva en numerosos artículos de la Constitución.\nSe trata, en definitiva, de un texto sin fuerza jurídica de obligar,\naunque con un gran valor declaratorio político, constituyendo un factor decisivo\no de la mayor importancia a la hora de interpretar rectamente el contenido\nnormativo de nuestra Ley política fundamental.\nEn el mismo se manifiesta que "la Nación española, deseando\nestablecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la\nintegran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:\nGarantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de\nlas leyes, conforme a un orden económico y social justo.\nConsolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley\ncomo expresión de la voluntad popular.\nProteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio\nde los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.\nColaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de\neficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra".\nTITULO PRELIMINAR (principios generales):\nPodría calificarse como la "antesala" de la Constitución, en la que se\nhan recogido preceptos de importancia capital. Contiene los principios\ngenerales de la Constitución que recogen los nueve primeros artículos del texto\n1) El artículo 1 define el tipo de Estado de Derecho por el que se\nopta (Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores\npluralismo político), enuncia el titular de la soberanía (el pueblo español) y\nconsagra la llamada forma política del Estado (la Monarquía Parlamentaria).\nEl Estado es democrático, por cuanto que todos los poderes del\nEstado emanan del pueblo; es un Estado de derecho, debido a la sujeción,\ntanto de los poderes públicos, como de los ciudadanos, a la Constitución y al\nresto del ordenamiento jurídico; y por último, es un Estado social, en el sentido\nde que, a través de él se propugna la protección social y económica de todos\nEn este contexto, como manifestaciones del Estado de Derecho\nrecogidas en la C.E., deben señalarse:\na) El imperio de la Ley, al que se refiere, además del Preámbulo en\nla forma expuesta, el artículo 9,3º cuando dice que la Constitución garantiza el\nprincipio de legalidad; el artículo 97, al señalar que el Gobierno ejerce sus\nfunciones de acuerdo con la Constitución y las Leyes, y el artículo 103,1º al\nestablecer que la Administración actúa con sometimiento pleno a la Ley y al\nb) La división de poderes, prefigurada por MONTESQUIEU, en\n1748, en su obra "El Espíritu de las Leyes" y recogida por la C.E. en sus\nartículos 66,2º, que dispone que "las Cortes Generales ejercen la potestad\nlegislativa" y "controlan la acción del Gobierno", 97, al prescribir que "el\nGobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la\ndefensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de\nacuerdo con la Constitución y las Leyes", y 117,1º, cuando señala que "la\nMagistrados integrantes del Poder Judicial, inamovibles, responsables y\nsometidos únicamente al imperio de la Ley".\nc) El principio de legalidad en la actuación administrativa, al que se\nd) El reconocimiento formal de los derechos y libertades.\nPor su parte, como manifestaciones del Estado Social de\nDerecho, deben citarse, además del principio de igualdad recogido en los\nartículos 9,2º y 14, los llamados derechos económicos y sociales, y la\ndenominada Constitución económica, plasmada en el Título VII.\nFinalmente, como expresión del Estado Democrático de Derecho,\ndebe hacerse mención al reconocimiento de la soberanía popular, manifestado\nen el artículo 1,2º: "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que\nemanan los poderes del Estado", en el artículo 66,1º: "las Cortes representan al\npueblo español" y en el artículo 117: "la justicia emana del pueblo". Asimismo,\ndebe citarse la aceptación del pluralismo político y social, de la que son claros\nexponentes los artículos 6 y 7 de la C.E., la participación de los ciudadanos en\nlos asuntos públicos, reflejada esencialmente en el artículo 23,1º, así como en\nlos artículos 29 (derecho de petición), 87,3º (iniciativa legislativa popular), 105\n(participación en los procedimientos administrativos), 125 (participación en la\nadministración de la justicia) y 92, 167 y 168 (que recogen la figura del\nEn cuanto a los valores superiores del ordenamiento jurídico,\nlibertad, justicia, igualdad, y pluralismo político, como ha indicado PECESBARBA, constituyen la meta del Estado y del Derecho que pretende el\nConstituyente de 1978, siendo el punto de partida de todo el resto del\nordenamiento jurídico, en el sentido de que suponen el marco, el límite y el\nobjetivo a alcanzar por el ordenamiento, al que tienen que acoplarse todas las\ndemás normas y al que tienen que ajustar su actuación todos los operadores\njurídicos. Estos valores no son abstractos, sino que se concretan a lo largo del\narticulado del texto constitucional.\nEstos valores enunciados en el artículo 1 se han plasmado a lo largo\ndel texto constitucional en la forma que sigue:\na) El valor Libertad, en el Título I, que regula los derechos y\ndeberes fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social\n(artículo 10,1º C.E.). La libertad se plasma reiteradamente entre las libertades\npúblicas y derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del\nb) El valor Justicia se concreta constitucionalmente en los Títulos\nVI, relativo al Poder Judicial, y IX, sobre el Tribunal Constitucional.La justicia se\ncimenta en la independencia de los jueces, en la inamovilidad de los mismos,\nen la responsabilidad y en su sometimiento al imperio de la ley, expresándose\nsu sentido democrático al manifestarse que la justicia emana del pueblo y se\nadministra en nombre del Rey.\nc) El valor Igualdad se positiviza en los artículos 9,2º y 14 C.E. La\nigualdad se patentiza al decir el artículo 14 de la Constitución que todos los\nespañoles son iguales ante la ley, reiterándose dicho principio a lo largo del\nd) El valor Pluralismo político es recogido en los artículos 6 y 7\nC.E. Se manifiesta a través de las diferentes opciones políticas y se\ninstrumentaliza por medio de los partidos políticos.\nEl tercer párrafo del artículo primero define la forma política del\nEstado español como Monarquía parlamentaria, la cual se personifica en la\ninstitución de la Corona, como símbolo de la unidad y permanencia. Por\nMonarquía parlamentaria debemos entender aquella forma política en la que el\nRey reina pero no gobierna, ocupando el poder legislativo un papel\npredominante por cuanto que las Cortes representan al pueblo español.\n2) El artículo 2 establece que "la Constitución se fundamenta en la\nindisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos\nlos españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las\nnacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Se\ndestaca, pues, el Estado de autonomías, compaginando la existencia de un\nEstado unitario y al mismo tiempo plural. Actualmente existen 17 Comunidades\nAutónomas y 2 ciudades autónomas.\nLa concreción de este artículo se efectúa en el Título VIII de la C.E.:\n"De la Organización Territorial del Estado".\n3) El artículo 3, que señala al castellano como lengua española\noficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el\nderecho de usar, así como las restantes lenguas españolas, que serán también\noficiales en las respectivas Comunidades Autónomas.\n4) El artículo 4, estableciendo que la bandera de España está\nformada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de\ndoble anchura que cada una de las rojas. También dispone que los Estatutos\nde las Comunidades Autónomas podrán reconocer las banderas y enseñas\npropias de las mismas y que éstas utilizarán junto a la española en sus edificios\npúblicos y actos oficiales.\n5) El artículo 5, que configura a la villa de Madrid como capital del\n6) El artículo 6, disponiendo que los partidos políticos, que\nexpresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la\nvoluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.\nSu creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la\nConstitución y a la Ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser\ndemocráticos. Su regulación se hace a través de la Ley Orgánica 6/2002, de 27\nde junio, de Partidos Políticos, así como por la Ley 8/2007 de Financiación de\n7) El artículo 7, que se refiere a los Sindicatos de trabajadores y las\nAsociaciones empresariales, que contribuyen a la defensa y promoción de los\nintereses económicos y sociales que les son propios, con igual\npronunciamiento que el de los partidos políticos en cuanto a su creación,\nejercicio, estructura interna y funcionamiento.\n8) El artículo 8, donde se establece que las Fuerzas Armadas\ntienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España,\ndefender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En este\nsentido, debe tenerse en cuenta la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,\nde la Defensa Nacional, dictada en desarrollo de este artículo 8 CE.\n9) El artículo 9, que, tras señalar la sujeción de los ciudadanos y de\nlos poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e\nimpeler a los segundos a velar por la libertad e igualdad del individuo y de los\ngrupos en que se integra, así como a facilitar la participación de todos los\nciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, declara\nsolemnemente los principios de nuestro ordenamiento jurídico,\nestableciendo como tales los de:\nc) Publicidad de las normas.\nd) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables\no restrictivas de derechos individuales.\ne) Seguridad jurídica.\nf) Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes\n3. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES (TÍTULO PRIMERO)\nLa C.E. trata de los derechos y deberes fundamentales de los\nespañoles en su Título I: "De los derechos y deberes fundamentales",y\nconcretamente en los siguientes capítulos de este título:\nCapítulo Segundo: «De los derechos y libertades», que abarca a\nlos arts. 14 a 38, divididos, tras la mención general del art. 14, en dos\nSección 1.ª: «De los derechos fundamentales y de las\nlibertades públicas» (arts. 15 a 29).\nSección 2.ª: «De los derechos y deberes de los\nciudadanos» (arts. 30 a 38).\nCapítulo Tercero: «De los principios rectores de la política social y\neconómica»; Capítulo, éste, donde se recogen los denominados «derechos\nsociales» (arts. 39 a 52).\nCapítulo Cuarto: «De las garantías de las libertades y derechos\nfundamentales» (arts. 53 y 54).\nCapítulo Quinto: «De la suspensión de los derechos y libertades»\nEl artículo 10 C.E. sienta, como declaración general, que "la\ndesarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los\ndemás son fundamento del orden político y de la paz social".\nlibertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la\nDeclaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos\nInternacionales sobre las mismas materias ratificados por España".\nJunto a estas normas, hay que tener en cuenta lo dispuesto por el\nart. 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la\nratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el\nEuropea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, según\nel cual a tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la\nConstitución española, y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa,\nConstitución reconoce se interpretarán también de conformidad con lo\ndispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales publicada en el «Diario\nOficial de la Unión Europea» de 14 de diciembre de 2007.\nPor su parte, el artículo 14 trata del principio de igualdad, al\nestablecer que "los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda\nprevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,\nopinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".Una\nplasmación práctica de este derecho es la Ley 33/ 2006, de 30 de octubre,\nsobre igualdad del hombre y la mujer en el orden sucesorio de los títulos\nEn cuanto a los demás derechos que se reconocen en este Título\nI, son los siguientes:\n- Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en\nningún caso, pueda ser sometido alguien a tortura ni a penas o tratos\ninhumanos o degradantes, quedando abolida la pena de muerte, salvo lo que\ndispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra (artículo 15). En\nesta materia habrá que estar a lo dispuesto en el nuevo Código Penal Militar\nde abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, por lo que ha quedado\nerradicada esta pena en nuestra legislación.\n- Libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16), sin más\nlimitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del\norden público protegido por la Ley, y sin que nadie pueda ser obligado a\ndeclarar sobre su ideología, religión y creencias, consagrándose la\naconfesionalidad del Estado. La libertad religiosa ha sido regulada por la Ley\nOrgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.\n- Derecho a la libertad y a la seguridad personal, (art. 17) por\nlo que nadie podrá ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo\ndispuesto en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la Ley.\nAsimismo, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo\nestrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al\nesclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta\ny dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la\nPor otro lado, toda persona detenida debe ser informada de forma\ninmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las\nrazones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la\nasistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en\nlos términos que la Ley establezca (ésta es la Ley 14/1983, de 12 de\nFinalmente, la Ley regulará un procedimiento de "habeas corpus"\npara producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona\ndetenida ilegalmente (es la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo). Asimismo,\npor Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional\nEn relación con estos derechos, ha de hacerse mención a la ley\nOrgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad\nCiudadana, declarada parcialmente inconstitucional por la Sentencia\n341/1993, de 18 de noviembre, del Tribunal Constitucional).\n- Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la\npropia imagen, reconocido en el artículo 18 y regulado por la Ley Orgánica\n1/1982, de 5 de mayo, derogada parcialmente por la Ley Orgánica 10/1995, de\n23 de noviembre, del Código Penal.\nPor lo demás, este artículo 18 establece que:\na) El domicilio es inviolable, sin que pueda hacerse entrada o\nregistro en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso\nb) Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y, en\nespecial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.\nc) La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el\nhonor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio\nde sus derechos. (al efecto, hay que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica\n15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).\n- Derecho a la libre elección de residencia y a la libre circulación\npor el territorio nacional, recogido en el artículo 19, así como el derecho a\nentrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca;\nderecho que no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.\n- Derecho de expresión, que engloba los siguientes, enunciados\npor el artículo 20:\nEl ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante\nningún tipo de censura previa.\nFinalmente, se establece que sólo podrá acordarse el secuestro\nde publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de\nLa Ley regulará la organización y el control parlamentario de los\nPúblico, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y\npolíticos significativos (Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión\n- Derecho de reunión (art. 21) pacífica y sin armas, sin\nnecesidad de autorización previa, y con comunicación previa a la Autoridad,\nen los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones,\nque sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del\norden público, con peligro para personas o bienes.\n- Derecho de asociación, (art. 22) debiendo inscribirse en un\nRegistro a los solos efectos de publicidad, y sin que las asociaciones que se\ncreen se disuelvan o suspendan en sus actividades sino en virtud de\nresolución judicial motivada. Declara, además, el art. 22, como ilegales, las\nasociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Y\nprohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El derecho de\nasociación se ha regulado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y ha\nsido desarrollada por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el\nque se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus\nrelaciones con los restantes registros de asociaciones.\n- Derecho de participación en los asuntos públicos, (art. 23)\nAsimismo, los ciudadanos tienen derecho a acceder en\ncondiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los\nrequisitos que señalen las Leyes (artículo 23).\n- Derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva\nde los Jueces y Tribunales (art. 24) en el ejercicio de sus derechos e\nintereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.\nAsimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado\npor la Ley, a la defensa y a la asistencia de Letrado, a ser informados de la\nindebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes\npara su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y\nLa Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de\nsecreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos\nPrincipio de legalidad penal, (art. 25) conforme al cual nadie puede\nser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de\nproducirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la\nlegislación vigente en aquel momento.\norientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en\ntrabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la\nmisma gozará de los derechos fundamentales que el resto de los españoles, a\nexcepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del\nfallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso,\ntendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes\nde la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral\nLa Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o\n- Prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la\nAdministración Civil y de las Organizaciones Profesionales (artículo 26).\n- Derecho a la Educación, (art. 27) reconociéndose la libertad de\nenseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la\npersonalidad humana en el respeto a los principios democráticos de\nconvivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Se garantiza,\nademás, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación\nreligiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (Ley\nOrgánica 8/1985, de 3 de julio, sobre el derecho a la educación y Ley\nOrgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que a su\nvez ha sido derogada por la Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo, de\nAsimismo, se establece la obligatoriedad y gratuidad de la\nEnseñanza Básica, reconociéndose a las personas físicas y jurídicas la\nlibertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios\nconstitucionales, así como la intervención en el control y gestión de los centros\nsostenidos por la Administración con fondos públicos respecto a los padres,\nprofesores y, en su caso, los alumnos.\nReconoce, finalmente, este artículo 27 la autonomía de las\nUniversidades en los términos que la Ley establezca. Las Universidades se\nhan regulado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de\n- Derecho de libre sindicación, reconocido en el artículo 28 y\nregulado por la ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical\n(modificada parcialmente, por la Ley Orgánica 14/1994, de 19 de mayo),\npudiéndose limitar o exceptuar, por Ley, a las Fuerzas o Institutos armados o a\nlos demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y debiendo regularse las\npeculiaridades de su ejercicio para los Funcionarios Públicos, lo que se hizo a\ntravés de la Ley 9/1987, de 12 de Junio, de Órganos de Representación,\nDeterminación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al\nServicio de las Administraciones Públicas, reformada por la Ley 7/1990, de 19\nde junio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la Determinación de\nlas Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos. Esta libertad sindical\ncomprende el derecho a fundar Sindicatos y a afiliarse al de su elección, así\ncomo el derecho de los Sindicatos a formar Confederaciones y a fundar\nOrganizaciones Sindicales Internacionales o a afiliarse a las mismas, sin que\npueda ser obligado nadie a afiliarse a un Sindicato.\nReconoce este articulo, también, el derecho de huelga de los\ntrabajadores para la defensa de sus intereses, debiendo garantizarse, en\ntodo caso, por Ley, el mantenimiento de los servicios esenciales de la\ncomunidad durante la huelga.\n- Derecho de petición (art. 29) individual y colectiva, por escrito,\nen la forma y con los efectos que determine la Ley\nEn cuanto a los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o\nde los Cuerpos sometidos a disciplina militar, podrá ejercerse este derecho\nsólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.\n- Derecho-deber de defender a España, recogido en el artículo\n30 y derecho a la objeción de conciencia. Al respecto, ha de hacerse notar\nque la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,\nde Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, establece que, con efectos\ndel 1 de enero de 2002 queda suspendida la prestación del servicio militar.\n- Derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio\ncon plena igualdad jurídica (artículo 32). La Ley –dice el art. 32 CE–\nregulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los\nderechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y\n- Derecho a la propiedad privada y a la herencia, regulado en el\nartículo 33, delimitándose el contenido de estos derechos por la función social\nque han de cumplir. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por\ncausa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la\nLeyes (actualmente, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de\n1954 parcialmente modificada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo –\nposteriormente derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 26 de\njunio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que, no\nobstante, ha mantenido la redacción dada por aquella Ley.)\n- Derecho de Fundación, para fines de interés general (artículo\n34), rigiendo para las Fundaciones lo expuesto respecto de las asociaciones.\nEste derecho se ha desarrollado por Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de\nFundaciones, y por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de\n- Derecho-deber al trabajo, al que se refiere el artículo 35 y junto\nal que se reconocen los siguientes derechos:\na) Derecho a la libre elección de profesión u oficio.\nb) Derecho a la promoción a través del trabajo.\nc) Derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus\nnecesidades y las de la familia, sin que, en ningún caso, pueda hacerse\nEl artículo 36 señala que la Ley regulará las peculiaridades\npropias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de\nlas profesiones tituladas, debiendo ser democrática la estructura interna y el\nfuncionamiento de los Colegios.\n- Derecho a la negociación colectiva, al que se refiere el\nartículo 37, al establecer que "la Ley garantizará el derecho a la negociación\ncolectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios,\nasí como la fuerza vinculante de los convenios".\nAsimismo, se reconoce el derecho de los trabajadores y\nempresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, debiendo\ngarantizarse el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad.\n- Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado,\n(art. 38) garantizando los poderes públicos y protegiendo su ejercicio y la\ndefensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía\ngeneral y, en su caso, de la planificación. Sobre esta materia debe tenerse en\ncuenta la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,\ndesarrollada por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se\naprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.\nJunto a los derechos enunciados, se reconocen una serie de\nderechos denominados sociales, como:\nDerecho de la familia a ser protegida social, económica y\njurídicamente por los poderes públicos, así como el derecho de los hijos,\niguales ante la Ley con independencia de su filiación, y de las madres,\ncualquiera que sea su estado civil, a una protección integral,\nreconociéndose, también, el deber de los padres de prestar asistencia de todo\norden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de\nedad y en los demás casos en que legalmente proceda (artículo 39).\nImportante es la Ley 40/2003, 18 de noviembre, de protección de Familias\nEl artículo 40, por su parte, recoge los siguientes derechos:\na) Derecho a una distribución más equitativa de la renta y a\nuna política orientada al pleno empleo, sobre lo que puede mencionarse la\nLey 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, así como la Ley 43/2006 de 29\nde diciembre, para la mejora del crecimiento y el empleo)\nb) Derecho a la formación y readaptación profesionales.\nAl que se refiere el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que\nse regula el subsistema de formación profesional para el empleo, así como lo\ndispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y\nde la Formación Profesional, desarrollada por el Real Decreto 34/2008, de 18\nde enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.\nc) Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. (Ley\nparcialmente modificada Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas\nFiscales, Administrativas y del Orden Social, por la Ley 54/2003, de 12 de\ndiciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos\nlaborales, así como por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de\nlos trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, y por\nla Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres\ny hombres, y desarrollada por el Real Decreto 1879/1996\nd) Derecho al descanso necesario, mediante la limitación de la\njornada laboral, las vacaciones retribuidas y la promoción de centros\n(art.41) para todos los\nciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes\nante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.\nLa Constitución impele a salvaguardar los derechos\neconómicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y a\norientar su política hacia el retorno (artículo 42).\nSe reconoce el derecho a la protección de la salud, a través de\nmedidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, debiendo\nlos poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el\ndeporte, facilitando, además, la adecuada utilización del ocio (artículo 43). Por\nLey 11/2001, de 5 de julio, se creó la Agencia Española de Seguridad\nDerecho de acceso a la cultura por parte de todos, impeliéndose\na los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y\ntécnica en beneficio del interés general (artículo 44).\nDerecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el\ndesarrollo de la persona, (art. 45) debiendo los poderes públicos velar por la\nutilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y\nmejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,\napoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen\nestas previsiones, en los términos que la Ley fije, se establecen sanciones\npenales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el\ndaño causado. Hay que citar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del\nPatrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el Real Decreto Legislativo 1/2008,\nde 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de\nEvaluación de Impacto Ambiental de proyectos, debiendo hacerse mención,\ntambién, al Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al\nque utilizan energía.\nel enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los\nrégimen jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra\neste patrimonio (artículo 46). (Este artículo ha sido desarrollado por la Ley\n16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).\nDerecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo\n47). Los poderes públicos deben regular la utilización del suelo de acuerdo\ncon el interés general, para impedir la especulación, participando la\ncomunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los Entes\nPúblicos. En relación con esta materia, habrá que estar a la legislación sobre\nRégimen del Suelo y Ordenación Urbana tanto estatal(constituida,\nbásicamente, por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 26 de junio, por el que\nse aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, así como la Ley 29/1994, de\n24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) como autonómica.\nDerecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el\ndesarrollo político, social, económico y cultural (artículo 48).\nLa Constitución impone a los poderes públicos la realización de\natención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el\ndisfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. (Artículo\nDerecho a pensiones adecuadas y periódicamente\nactualizadas y a la utilización de un sistema de servicios sociales para la\nTercera Edad (artículo 50).\nLa Constitución impone a los poderes públicos la obligación de\ngarantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,\nmediante procedimiento eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos\nintereses económicos de los mismos (artículo 51). Su desarrollo se hizo por\nLey 26/1984, de 19 de julio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.\nLa Ley regulará las organizaciones profesionales que\ncontribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean\npropios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser\ndemocráticos (artículo 52).\n3.3.- DEBERES DE LOS ESPAÑOLES.\n1) Deber (que también es un derecho) de defender a España. (El\nservicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, en caso de\nobjeción de conciencia, han sido suspendidos con efectos de 1 de enero de\nAsimismo, este se dispone que podrá establecerse un servicio\ncivil para el cumplimiento de fines de interés general. Y que mediante Ley\npodrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave\nriesgo, catástrofe o calamidad pública.\n2) Deberes tributarios conforme a los cuales "todos contribuirán\nal sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad\neconómica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de\nigualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".\n"Sólo podrán establecerse prestaciones\npatrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley".\n"El gasto público realizará una asignación equitativa de los\nrecursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios\nde eficiencia y economía" (artículo 31).\nFinalmente, en relación con esta materia, debe hacerse mención\na la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.\n3) Deber (que, a la vez, es derecho) de trabajar, sin\ndiscriminación por razón de sexo. (art. 35)\n4) Deber de los padres a prestar asistencia de todo orden a\nsus hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y\nen los demás casos en que legalmente proceda. (art. 39)\n5) Deber de conservación del medio ambiente, pudiendo\nimponer sanciones penales o, en su caso, administrativas, así\ncomo la obligación de reparar el daño causado.(art. 45)\n6) Deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y\nartístico. (art. 46)\n3.4.- GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS\nVienen recogidas en los artículos 53 y 54 C.E. El artículo 53\n1.- Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo\ndel presente título, es decir, los contenidos en los artículos 14 a 38, vinculan a\ntodos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su\ncontenido esencial, podrán regularse el ejercicio de tales derechos y\nlibertades, que se tutelarán a través del recurso de inconstitucionalidad ante el\n2.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y\nsegundo, integrada por los artículos 15 a 29 ante los Tribunales ordinarios por\nun procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad\n(recogido en los artículos 114 a 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,\nReguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y, en su caso, a\ntravés del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último\nrecurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.\n3.- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios\nreconocidos en el capítulo tercero, es decir, los derechos reconocidos en los\nartículos 39 a 52, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la\nactuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la\nJurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los\nEl artículo 54, por su parte, trata del Defensor del Pueblo,\nestableciendo que "una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del\nPueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas\npara la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto\npodrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes\nEsta Ley Orgánica es la 3/1981, de 6 de abril.\nFinalmente, dentro de estos mecanismos de garantías, hemos de\nseñalar que, una vez agotadas las instancias internas, y en virtud de una\nDeclaración de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, de 11 de junio\nde 1981, se pueden plantear demandas ante el Secretario General del\nConsejo de Europa, conociendo de las mismas la Comisión Europea de\nDerechos Humanos, por la violación de los derechos reconocidos en el\nConvenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las\nLibertades Fundamentales, de Roma, de 4 de noviembre de 1950. En la\nactualidad, estas demandas se dirigirán ante el Tribunal Europeo de Derechos\n3.5.- SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.\nViene regulada en el artículo 55 de la Constitución, en base al\ncual se puede hacer la siguiente distinción:\n1.- Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2\ny 3, artículos 19, 20, apartados 1,a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y\nartículo 37, apartado 2, podrán ser supeditados cuando se acuerde la\ndeclaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la\nConstitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del\nart. 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción.\n2.- Una Ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los\nque, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado\ncontrol parlamentario, Los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado\n2 y 18, apartados 2 y 3, como son plazo de setenta y dos horas para ser\npuesto el detenido a disposición de la Autoridad Judicial o en libertad, a la\ninviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones pueden ser\nsuspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones\ncorrespondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.\nLa utilización injustificada o abusiva de las\nfacultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá\nresponsabilidad penal, como violación de los derechos y\nlibertades reconocidos por las leyes (esta suspensión se ha\nregulado por la ley Orgánica 4/1998, de 25 de mayo, que\nreformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de\ndelitos relacionados con la actividad de estas bandas armadas\ny elementos terroristas o rebeldes).\nTEMA 2: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.\nCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE\nANDALUCÍA: ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES.\n1.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.\nLa Constitución española de 27 de diciembre de 1978 mantiene unitaria\nla estructura del Estado, pero al propio tiempo, reconoce el derecho de las\nEntidades territoriales regionales o nacionales a constituirse en Comunidades\nAutónomas con facultades de autogobierno. Entre las distintas opciones de\norganización territorial, se ha elegido el modelo de Estado unitario\nregionalizado, siguiéndose así el precedente introducido por la Constitución de\nEn concreto, el artículo 2 C.E. dispone que "la Constitución se\nfundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e\nindivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la\nautonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de\nDe la organización territorial del Estado se ocupa el Título VIII de la\nConstitución. Este Título se encuentra dividido en 3 capítulos:\nB) De la Administración Local.\nVamos a desarrollar cada uno de estos apartados, siguiendo, en líneas\ngenerales, los preceptos que la Constitución les dedica.\nEl artículo 137, con carácter general, dispone que "el Estado se\norganiza territorialmente en Municipios, Provincias y en las Comunidades\nAutónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía\npara la gestión de sus respectivos intereses".\nEl Estado se organiza, pues, en base a cuatro niveles territoriales: uno,\nque aún no siendo citado por dicho precepto hay que tenerlo presente, que es\nla Administración Central del Estado; dos, ya conocidos, el municipio y la\nprovincia y cuatro, las Comunidades Autónomas, que es la principal aportación\nde la Constitución en este orden de cosas.\nPor tanto, lo primero que hay que subrayar es que se pasa de un\nsistema de tres planos de organización territorial administrativa a uno de\ncuatro. También hay que subrayar que este precepto constitucionaliza las\nprovincias al mismo nivel que los municipios y las Comunidades Autónomas, lo\nque significa una decidida toma de postura en favor del mantenimiento de las\nmismas en evitación de su eventual supresión a instancia de los órganos de\nPor su parte, el artículo 138, reconoce 2 principios básicos:\na) El de solidaridad de las distintas partes del territorio español,\nvelándose por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo\nentre las mismas y atendiéndose en particular a las circunstancias del hecho\nb) El de igualdad económica y social, al establecer que "las diferencias\nentre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán\nimplicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".\nFinalmente, el artículo 139, dispone que "todos los españoles tienen los\nmismo derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y\nque "ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente\nobstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la\nlibre circulación de bienes en todo el territorio español".\nPara concluir este apartado, se pueden citar los siguientes principios\nrelativos a los Entes territoriales del Estado, que subyacen en otros artículos\na) Carácter democrático y representativo de las instituciones de\ngobierno de los mismos.\nb) Progresiva descentralización y traspaso de competencias, que haga\nefectivo el principio de autonomía.\nc) Potenciación de los órganos territoriales intermedios entre el Estado y\nlos Entes Locales (es decir, las Comunidades Autónomas) y coordinación y\n1.2.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.\nSe define como "aquél sector de la Administración Pública integrado por\nEntes públicos menores de carácter territorial".\nSe reseñan los 3 principios que nuestra Constitución establece respecto\nde la misma en los artículos 140, 141 y 142 en concreto:\na) La autonomía de\nb) El citado carácter\nc) La suficiencia de\npropios y de participación\nlas Corporaciones Locales en la gestión de sus\ndemocrático y representativo de sus órganos de\nlas Haciendas Locales, nutriéndose de tributos\nen los del Estado y los de las Comunidades\n1.3.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.\nLa realidad jurídico-administrativa de las Comunidades Autónomas, en\nlo que aquí interesa, encuentra su apoyo, dentro del Título Preliminar, en el\nartículo 2 del texto constitucional, citado anteriormente.\nEn cuanto a su regulación, además de por la Constitución y las\ndisposiciones estatales de carácter general, se regulan por lo dispuesto en sus\nEstatutos de Autonomía, norma institucional básica y parte integran del\nordenamiento jurídico del Estado con rango de Ley Orgánica, y por las normas\njurídicas que emanen de sus fuentes peculiares (leyes, reglamentos, etc.).\n1.3.1.- Notas características del derecho a la autonomía.\nJunto a estas notas, hemos de señalar dos principios básicos:\na) De solidaridad (Art. 138 C.E.), entre las distintas partes del territorio\nb) De autogobierno, integrado por las notas siguientes:\n1) El establecimiento en la Constitución de una serie de funciones que\nlas Comunidades Autónomas podrán asumir como propias a través de sus\n2) La atribución a dichas Comunidades de la potestad legislativa y de\nlas funciones políticas y ejecutivas respecto de las funciones que asuman por\n3) El principio de no interferencia de los poderes legislativo y ejecutivo\ndel Estado en el desempeño de sus funciones propias por las Comunidades\n4) El sometimiento de las Comunidades Autónomas al control del\nTribunal Constitucional, de los Tribunales de Justicia, y del Tribunal de\nDe acuerdo con los artículos 143 y 144 C.E., podemos señalar que las\nComunidades Autónomas podrán formarse por:\na) Las Provincias limítrofes con características históricas, culturales y\nc) Las Provincias con entidad regional histórica o regiones\nd) Los territorios cuyo ámbito territorial no supere el de una Provincia y\ncarezcan de entidad regional histórica (este supuesto se refiere a Ceuta y\nMelilla, cuyos Estatutos de Autonomía se han aprobado por las Leyes\nOrgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, respectivamente).\ne) Los territorios que no estén integrados en la organización provincial\nVías de acceso a la autonomía:\n1) Las vías ordinarias del artículo 143 C.E..\nSe siguen por las Provincias limítrofes con características históricas,\nculturales y económicas comunes, los territorios insulares y las Provincias con\nentidad regional histórica.\na) Territorios sin régimen provisional de autonomía.\nLa iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las\nDiputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos\nterceras partes de los Municipios del respectivo territorio de la pretendida\nComunidad Autónoma, cuya población represente, al menos, la mayoría del\ncenso electoral de cada Provincia o Isla.\nEl plazo establecido para la fase de iniciativa del proceso es el de seis\nmeses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por algunas de las\nCorporaciones Locales interesadas. En caso de que no prospere la iniciativa\nautonómica, deben transcurrir cinco años para reiterarla de nuevo.\nb) Territorios con régimen provisional de autonomía.\nLa iniciativa del proceso en los territorios dotados de un régimen\nprovisional de autonomía podrá realizarse por sus órganos colegiados\nsuperiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus\n2) Las Vías especiales del artículo 151 C.E..\na) La vía agravada del artículo 151: La iniciativa corresponde a las\nDiputaciones o a los órganos interinsulares correspondientes y a las tres\ncuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que\nrepresenten, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas,\ndebiendo ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la\nmayoría absoluta de los electores de cada Provincia. Esta es la vía en un\nprincipio abierta a todos los territorios, sólo fue seguida por Andalucía.\nb) La vía privilegiada del artículo 151 y Disposición Transitoria Segunda\nC.E.: Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente\nproyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la\nConstitución, con regímenes provisionales de autonomía, pueden acceder a la\nautonomía plena cuando así lo acuerden la mayoría absoluta de sus órganos\npreautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. Este es el\ncaso de Cataluña, País Vasco y Galicia\n3) Vías excepcionales.\na) Vía del artículo 144, a), C.E.: Las Cortes Generales, mediante Ley\nOrgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de\nuna Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una\nProvincia, carezca de entidad regional histórica y no sea insular, siguiéndose la\nvía ordinaria del artículo 143. Se utilizó esta vía para la constitución en CA de\nMadrid, por L.O. 6/ 1982.\nb) Vía del artículo 144, b), C.E.: Las Cortes Generales, mediante Ley\nOrgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar o acordar, en su\ncaso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la\norganización provincial (esta vía está prevista para Gibraltar).\nc) Vía del art. 144 c) CE, tanto esta vía como la del art. 144 a) prevé la\nintervención de las Cortes Generales en supuestos específicos, en este caso\nsobre la incorporación de la provincia de Segovia, que había pretendido\nconstituirse en C.A., a la Comunidad de Castilla León, mediante L.O. 5/ 1983\nde 1 de marzo.\nd) Vía del artículo 144 y Disposición Transitoria Quinta: Las\nciudades de Ceuta y melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si\nasí lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por\nla mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales,\nEn la CA de Castilla-León, hubo la necesidad de aplicar el art. 144 c),\nmediante la L.O. 5/1983 de 1 de marzo, sobre incorporación de la provincia de\nSegovia, que había pretendido constituirse en C.A Uniprovincial.\ne) Vía peculiarmente especial de la Disposición Transitoria Cuarta:\nEn el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General\nVasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que\nestablece el artículo 143 C.E., la iniciativa corresponde al órgano foral\ncompetente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo\ncomponen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la\ndecisión del órgano foral sea ratificada por referéndum expresamente\nconvocado al efecto y aprobado por la mayoría de los votos válidamente\nemitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la\nmisma en distinto período de mandato del órgano foral competente, y, en todo\ncaso, cuando hayan transcurrido cinco años desde la primera iniciativa.\nFinalmente, el artículo 145 CE dispone que en ningún caso se admitirá\nla federación de Comunidades Autónomas.\n1.3.3.- LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: SU SIGNIFICADO.\nA los Estatutos de Autonomía se refiere el artículo 147 de la\nConstitución, conforme al cual:\n1) Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos\nserán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado\nlos reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.\n2) Contenido: Los Estatutos de Autonomía deberán contener:\na) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a\nsu identidad histórica.\nc) La denominación, organización y sede de las instituciones\nd) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en\nla Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a\n3) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido\nGenerales, mediante Ley Orgánica (en particular, a tenor del artículo 152,2 CE,\nrespecto a las Comunidades Autónomas que han seguido la vía agravada del\nartículo 151, dispone que, una vez sancionados y promulgados los respectivos\nEstatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en\nellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos\n1.3.3.1.- FORMA DE ELABORACIÓN.\nEs distinta, según el procedimiento o vía de acceso a la autonomía\nA) En las que siguen la vía común, el Proyecto de Estatuto será\nelaborado por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las\nProvincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será\nelevado a las Cortes Generales para su tramitación por Ley (artículo 146), que\ndeberá ser orgánica (artículo 81.1º).\nB) En las que han seguido la vía especial, el artículo 151,2º\ndetalla el procedimiento para su elaboración y aprobación en la forma\n1) Elaboración del proyecto de Estatuto de autonomía por\nlos Diputados y Senadores, convocados por el Gobierno, elegidos en las\ncircunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al\nautogobierno, que se constituyen en Asamblea.\n2) Aprobación por mayoría absoluta del Proyecto de Estatuto por\nla Asamblea de Parlamentarios que se constituye al efecto,\n3) Examen del mismo por la Comisión Constitucional del\nCongreso de los Diputados, dentro del plazo de 2 meses, para lo cual el\nreferido órgano parlamentario contará con el concurso y asistencia de una\nDelegación de la Asamblea.\n4) Si se alcanzar acuerdo, el texto resultante será sometido a\nreferéndum del cuerpo electoral de las Provincias comprendidas en el ámbito\nterritorial del proyectado Estatuto.\n5) Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada Provincia por\nla mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes\nGenerales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante\nun voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo\npromulgará como Ley.\n6) Si no se llegare a un acuerdo en el seno de la Comisión\nConstitucional, se tramitará el Proyecto de Estatuto como proyecto de Ley ante\nlas Cortes Generales, y el texto resultante se someterá a referéndum en las\nProvincias afectadas. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos\nvalidamente emitidos en cada provincia, se promulgará como Ley.\n7) La no aprobación del Proyecto de Estatuto por una o varias\nProvincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad\n1.3.3.2.- SIGNIFICADO DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.\nComo vimos, el artículo 147,1º C.E. los configura como la "norma\ninstitucional básica de cada Comunidad Autónoma", a la par que señala que "el\njurídico", integración que se efectúa con el rango formal de Ley Orgánica.\nA estos efectos, los Estatutos pueden considerarse como la peculiar\nConstitución de cada Comunidad Autónoma, a la que están subordinadas las\nrestantes normas de la Comunidad (Leyes y Reglamentos autonómicos), y, por\notro lado, son una ley Orgánica integrada con este carácter en el total\nordenamiento jurídico de la Nación española.\n1.3.4.- INSTITUCIONES AUTONÓMICAS.\n1.3.4.1.- Comunidades Autónomas de régimen normal.\nLa Constitución es extraordinariamente parca en esta materia,\nlimitándose a especificar que los Estatutos de Autonomía deberán contener "la\ndenominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias" y\n"las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y\nlas bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas".\nComo puede observarse, existe en cuanto a la organización una libertad\nabsoluta, pudiéndose afirmar que las distintas Comunidades Autónomas que\nhan accedido por esta vía normal han establecido un esquema organizativo\nsimilar al de las Comunidades Autónomas de régimen especial.\n1.3.4.2.- Comunidades Autónomas de régimen especial.\nEn el artículo 152,1º C.E. se establece un modelo muy concreto de\norganización institucional, que viene sustancialmente a reproducir en el\nescalón regional el sistema de división tripartita de Poderes característicos del\npropio Estado, a saber:\na) Una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con\narreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la\nrepresentación de las diversas zonas del territorio.\nb) Un Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y\nadministrativas, cuyo Presidente será elegido por la Asamblea y nombrado por\nel Rey, al que corresponde tanto la dirección del Consejo de Gobierno, como la\nsuprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria (como\nEstado-ordenamiento y no como Estado-organización) del Estado en aquélla.\nEl Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente\nresponsables ante la Asamblea.\nc) Un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la\norganización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin\nperjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo del Estado.\n1.3.4.3.- Comunidades Autónomas de régimen excepcional.\nAnte el silencio de la Constitución sobre su organización, habrá de estar\na lo antes expuesto para las Comunidades Autónomas de régimen normal.\nDecir al respecto que el Gobierno y Administración de las Comunidades\nAutónomas sigue miméticamente la estructura de la Administración General\ndel Estado, encontrándonos con:\nLas Consejerías o Departamentos, equivalentes a los Ministerios.\nLos restantes órganos superiores centrales: Viceconsejerías\n(equivalentes a las Subsecretarías de los Ministerios), Secretarías\nGenerales, Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas.\nEn las Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Delegaciones\nProvinciales de las Consejerías y otros órganos periféricos.\n1.3.5.- COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.\nEl artículo 148 C.E. señala las competencias que podrán asumir las\nComunidades Autónomas estas son:\n2) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su\nterritorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del\nEstado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la\n4) Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su\n5) Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle\níntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos\ntérminos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.\n6) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en\n7) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de\n10) Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos\nhidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las\n11) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza\n13) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma\ndentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.\n15) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la\n17) El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la\n22) La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La\ncoordinación y demás facultades en relación las policías locales en los\ntérminos que establezca una Ley Orgánica.\nPor otra parte, conforme al artículo 148,2º C.E., transcurridos cinco\naños, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas\npodrán ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo\n149, que se refiere a las competencias exclusivas del Estado.\nAsimismo, el artículo 149.3º prescribe que las materias no atribuidas\nexpresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las\nComunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos, estas\nmaterias son (las exclusivas del Estado):\n1) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad\nde todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de\nlos deberes constitucionales.\n6) Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin\nperjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las\nparticularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas..\n7) Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de\n8) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y\ndesarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o\nespeciales, allí donde existan..\n11) Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de\n13) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad\n15) Fomento y coordinación general de la investigación científica y\n16) Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.\n17) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.\n18) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y\ndel régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a\nlos administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento\nadministrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la\norganización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre\nexpropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones\nadministrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones\n19) Pesca marítima.\n20) Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de\ncostas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés\ngeneral; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.\n21) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio\nde más de una Comunidad Autónoma...\n22) La legislación, ordenación y concesión de recursos y\naprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una\n23) Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin\nperjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer\nnormas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes,\n24) Obras públicas de interés general.\n26) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y\n27) Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en\ngeneral, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las\nfacultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades\n28) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español\ncontra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de\ntitularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades\n29) Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de\npolicías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los\nrespectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.\n30) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y\nhomologación de títulos académicos y profesionales...\n32) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de\nLa competencia sobre las materias que no se hayan asumido por\nlos Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas\nprevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas\nen todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El\nDerecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las\nFinalmente, el artículo 150 C.E. prevé la atribución de competencias\nestatales a las Comunidades Autónomas, al disponer que:\n1) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán\ndictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases\ny directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los\nTribunales, en cada Ley marco se establecerá la modalidad del control de las\nCortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades\n2) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas,\nmediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad\nestatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o\ndelegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de\nmedios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.\n3) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios\nnecesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades\nAutónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas,\ncuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por\n1.3.7.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LAS\nA él se refiere el artículo 153 C.E., señalando que se ejercerá:\na) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de\nsus disposiciones normativas con fuerza de Ley.\nejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo\nc) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración\nautónoma y sus normas reglamentarias.\nPor su parte el artículo 155 C.E. establece que:\nSi una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la\naprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas\nnecesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas\nobligaciones o para la protección del mencionado interés general.\nPara la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el\nGobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades\n1.3.8.- FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.\nPara concluir este epígrafe, se ha de hacer referencia a la financiación\nde las Comunidades Autónomas, requisito indispensable para que puedan\nasumir y desarrollar la actividad que le es propia.\nAl respecto, el artículo 156,1º de la Constitución dispone que las\nComunidades Autónomas, gozarán de autonomía financiera para el desarrollo\ny ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación\ncon la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".\nPor su parte, el artículo 157 C.E. determina los recursos de las\nComunidades Autónomas, que estarán constituidos por:\nimpuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.\nf) Transferencias de la Unión Europea o de otras Administraciones\ng) Multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.\nLa Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas\n8/1980, de 22 de Septiembre de 1980 (modificada por las leyes Orgánicas\n7/2001, de 27 de diciembre y 3/2009 de 18 de diciembre), ha venido a regular\npor extenso esta materia. Para conseguir el principio de solidaridad enunciado,\nse ha creado el Fondo de Compensación Interterritorial, regulado por el\nartículo 158 de la Constitución, desarrollado por la Ley 22/2001 de 27 de\ndiciembre. Asimismo, para conseguir el principio de coordinación a que se\nrefiere el artículo 156 C.E. se ha creado el Consejo de Política Fiscal y\nFinanciera de las Comunidades Autónomas.\nEn los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una\nservicios y actividades estatales que hayan asumido, y de la garantía de un\nnivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo\n2. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA.\n(LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de MARZO, de Reforma del Estatuto\nde Autonomía para Andalucía. Se aprueba por las Cortes Generales el 20\nde diciembre de 2006, siendo refrendado por el pueblo andaluz en\nreferéndum el 18 de febrero de 2007. Se publica en BOJA n.º 56 y en BOE\nn.º 68, ambos de 20 de marzo de 2007, entrando en vigor ese mismo día.)\nEl Estatuto se estructura en la forma que sigue:\n- Título Preliminar (1 a 11)\n- Título I: Derechos sociales, deberes y políticas públicas, (12 a 41) con 4\nCapitulo I: Disposiciones Generales (12 a 14)\nCapítulo II: Derechos y Deberes (15 a 36)\nCapítulo III: Principios Rectores de las Políticas Públicas (37)\nCapítulo IV: Garantías (38 a 41)\n- Título II: Competencias de la Comunidad Autónoma (arts. 42 a 88), con 2\nCapítulo I: Clasificación y Principios (42 a 45)\nCapítulo II: Competencias (46 a 88)\n- Título III: Organización Territorial de la Comunidad Autónoma (89 a 98)\n- Título IV: Organización institucional de la Comunidad Autónoma (99 a 139)\nque comienza con el art. 99 “La Junta de Andalucía”, y a continuación se divide en\nCapítulo I: El Parlamento de Andalucía (100 a 107)\nCapítulo II: Elaboración de las normas (108 a 116)\nCapítulo III: El Presidente de la Junta (117 y 118)\nCapítulo IV: El Consejo de Gobierno (119 a 123)\nCapítulo V: De las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno\n(124 a 127)\nCapítulo VI: Otras instituciones de autogobierno (128 a 132)\nCapítulo VII: La Administración de la Junta de Andalucía (133 a 139)\n- Título V: El Poder Judicial (140 a 155), que se divide en 3 capítulos:\nCapítulo I: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (140 a 143)\nCapítulo II: El Consejo de Justicia de Andalucía (144)\nCapítulo III: Competencias de la Junta de Andalucía en materia de\nAdministración de Justicia (145 a 155)\n- Título VI: Economía, Empleo y Hacienda (156 a 194), dividido en 3\nCapítulo I: Economía (156 a 165)\nCapítulo II: Empleo y relaciones laborales (166 a 174)\nCapítulo III: Hacienda de la Comunidad Autónoma (175 a 194)\n- Título VII: Medio ambiente (195 a 206)\n- Título VIII: Medios de comunicación social (207 a 217)\n- Título IX: Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma (218 a\n247), dividido en 5 capítulos:\nCapítulo I: Relaciones con el Estado (218 a 225)\nCapítulo II: Relaciones con otras C. Autónomas y Ciudades Autónomas\n(226 a 229)\nCapítulo III: Relaciones con las instituciones de la Unión Europea (230 a\nCapítulo IV: Acción Exterior (240 a 244)\nCapítulo V: Cooperación al Desarrollo (245 a 247)\n- Título X: Reforma del Estatuto (248 a 250)\n- 5 Disposiciones Adicionales.\n- 2 Disposiciones Transitorias.\n- 1 Disposición Derogatoria.\n- 3 Disposiciones Finales.\nSe contienen en el Título Preliminar (arts. 1 a 11)\nEl art. 1 se refiere genéricamente a Andalucía, disponiendo que:\n1. Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho\nde autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad\nAutónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al\n2. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la\nlibertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces,\nen un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades\n3. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la\nConstitución y del pueblo andaluz, en los términos del presente Estatuto de\nAutonomía, que es su norma institucional básica.\n4. La Unión Europea es ámbito de referencia de la Comunidad\nAutónoma, que asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos\ny por el respeto de los derechos de los ciudadanos europeos.\nTerritorio (art. 2) El territorio de Andalucía comprende el de los\nmunicipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,\nJaén, Málaga y Sevilla.\nSímbolos (art. 3) 1. La bandera de Andalucía es la tradicional formada\npor tres franjas horizontales –verde, blanca y verde-de igual anchura, tal como\nfue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918.\n2. Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento (la\nLey del Parlamento de Andalucía 3/1982, de 21 de diciembre), en el que figura\nla leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en\ncuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 1918.\n3. Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de su Parlamento (la\ncitada Ley 3/1982, de 21 de diciembre), de acuerdo con lo publicado por la\nJunta Liberalista de Andalucía en 1933.\n5. La protección que corresponde a los símbolos de Andalucía será la\nmisma que corresponda a los demás símbolos del Estado.\nCapitalidad y sedes (art. 4) La capital de Andalucía es la ciudad de\nSevilla, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de\nGobierno, sin perjuicio de que estas instituciones puedan celebrar sesiones en\notros lugares de Andalucía de acuerdo con lo que establezcan,\nrespectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley.\nLa sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin\nperjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la\nFinalmente, por ley del Parlamento andaluz se podrán establecer sedes\nde organismos o instituciones de la Comunidad Autónoma en distintas\nciudades de Andalucía, salvo aquellas sedes establecidas en este Estatuto.\nCondición de andaluz o andaluza (Art. 5) 1. A los efectos del presente\nEstatuto, gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los\nciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado,\ntengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía.\n2. Como andaluces y andaluzas, gozan de los derechos políticos\ndefinidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el\nextranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y\nacrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán\ntambién de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así\n3. Dentro del marco constitucional, se establecerán los mecanismos\nadecuados para promover la participación de los ciudadanos extranjeros\nresidentes en Andalucía.\nAndaluces y andaluzas en el exterior. (Art. 6) 1. Los andaluces y\nandaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de\nAndalucía, como tales, tendrán derecho a participar en la vida del pueblo\nandaluz y a compartirla, en los términos que, en cada caso, establezcan las\nleyes. Asimismo, las citadas comunidades podrán solicitar el reconocimiento\nde la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las leyes.\n2. A efectos de fomentar y fortalecer los vínculos con los andaluces y\nandaluzas, así como con las comunidades andaluzas en el exterior, prestarles\nla asistencia y garantizarles el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses,\nla Comunidad Autónoma podrá, según corresponda, formalizar acuerdos con\nlas instituciones públicas y privadas de los territorios y países donde se\nencuentren, o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales\nEficacia territorial de las normas autonómicas (art. 7) Las leyes y\nnormas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán\neficacia en su territorio. Podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se\ndeduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional.\nDerecho propio de Andalucía (art. 8) El Derecho propio de Andalucía\nestá constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las\nque la Comunidad Autónoma ostenta competencias.\nAclys: Oposiciones subalternos de la generalitat oposiciones en aclys\nCurso subalterno Ayuntamiento de Gijón\nPlantilla para test


Cienfuegos: no me defiendas compadre – Es! Diario Popular\nAMLO ESCUPE Y CONTAMINA\nAhora sí, como decía el popular PACO STANLEY, “una tras otra”. Ya con el “Jefe Supremo” no se puede; cada vez que abre la boca, escupe, contamina y ofende. Su contingencia a la verborrea locuaz lo lleva a sumar torpezas y errores, que cuando no le cuestan al Estado Mexicano millones de pesos, es costo político y diplomático como el caso del General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA.\nEscupir y salpicar no es muy recomendable y menos saludable para quienes están cerca de los ajustes de justicia o encargados de aplicarla. Así, desde el púlpito de las mañaneras de Palacio Nacional, el “Prejimiente” se desbocó en epítetos y descalificaciones a la DEA y el sistema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que afectan directamente al indiciado.\nPorque el “Jefe Supremo” asegura que “no se deben fabricar delitos” y que si se dio a conocer el expediente que mandó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “es porque estaba de por medio el prestigio de México” (¿?). Bueno, pues en ese círculo de acusaciones y defensas al General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, se armó el escándalo del conflicto diplomático con el país vecino, que no había necesidad de provocarlo, a no ser por la fanfarronería y diatribas de un “Mesías” que ya raya en la locura y la distorsión de la realidad.


Wide » Arquitectura | Interiorismo | Diseño | Arte » Plataforma de Arquitectura, Interiorismo, Diseño y Arte » LSR113 / Ayutt and Associates\nLSR113 / Ayutt and Associates\nUna casa realizada con materiales completamente tropicales y modernos.\nNombre del proyecto: LSR113 (Lake Side Residence No.113)\nUbicación: Lakeside Residence, Bangna – Trat Road, Bangkok, Tailandia\nÁrea de construcción: 1,500 m2\nArquitecto: diseño de Ayutt and Associates (AAd)\nEquipo de diseño: Ayutt Mahasom (Director de diseño) Sasiwimol Utaisup\nDiseñador de interiores: diseño de Ayutt and Associates (AAd)\nPaisajista: diseño de Ayutt and Associates (AAd)\nDiseñador de iluminación: diseño de Ayutt and Associates (AAd)\nCliente: Johnny Kamolvisit\nSitio web: www.aad-design.com\nCorreo electrónico: ayutt@aad-design.com\nTel: +66 84 377 5777\n“No estamos diciendo que esta casa sea 100% tailandesa, pero al menos es un intento”\nLSR113 se encuentra en Bangna – ruta de Trat, Bangkok, Tailandia, en la parcela a orillas del lago de la comunidad privada conocida como “Lakeside Residence”. La casa está fabricada como una casa unifamiliar lo que le dio una capacidad de adaptación para aventurarse en lo multifamiliar y para lo que está por venir. Los informes que el diseño de Ayutt and Associates (AAd) recibió del cliente era para espacios funcionales y útiles como cualquier casa común.\nSin embargo, lo que el cliente amaba era la forma del estilo cuadrado y moderno, aunque le pidieron que no se calentara por dentro y que se adapte al clima tailandés. A pesar de que el espacio utilizable de la tierra está restringido, sin embargo, el cliente todavía necesita una gran zona verde para apreciar, y además una casa avanzada con sombrillas y protección contra la lluvia. Esta fue la parte más difícil para AAd, que necesitó diseñar el dialecto de vanguardia de la planificación arquitectónica de una manera que se adapte a la atmósfera cálida y húmeda de Tailandia junto con el lenguaje de la arquitectura moderna.\nEl diseño y el dialecto arquitectónico de LSR113 está animado por el formato y el espacio convencionales de la casa tailandesa. La planta baja está orquestada como un plan de la casa tradicional tailandesa con un patio focal que funciona como elemento antesala y mayoritario antes de llegar a la sala de estar principal u otros espacios. Por cierto, a AAd no le gustaba la idea de tomar después la mayor parte del camino trillado del diseño tradicional de la casa tailandesa. AAd tiene una forma completamente diferente a la fórmula antes mencionada y demuestra que un problema no tiene necesariamente la respuesta correcta siguiendo la forma tradicional o convencional.\nEl principal desafío es el sitio generalmente pequeño encaja como un violín cerca de un rectángulo, con sus lados delgados que confrontan el oeste y el este. Difundir los espacios prácticos requeridos para una sola historia coronaría todo el sitio, lo que significa que no habría espacios verdes abiertos y mala ventilación, AAd de esta manera hizo una casa de dos pisos y medio, con la masa del edificio situada a lo largo de la frontera norte del sitio, para abrir todo el espacio que razonablemente se podría esperar en el lado sur para un espacio abierto, jardín, piscina y vista al lago.\nEl calor y el aguacero enmarcan el problema esencial al que se enfrentan las estructuras en esta región y, por lo tanto, son cruciales para el diseño. Si bien esta casa no tiene techos largos convencionales o grandes aleros que se encuentran generalmente en las regiones tropicales, en cualquier caso, el volumen superior sobresale del inferior, en realidad como lluvia torrencial y sol para el piso inferior, además de afectar un juego de sombras y agregar profundidad a las fachadas.\nEl segundo desafío está detrás del disfraz del modernismo, radica en la intención de AAd de crear espacios tailandeses a partir del vocabulario arquitectónico moderno, para acomodar los pedidos de la atmósfera con los del estilo de vida tailandés contemporáneo. En general, esta casa es el resultado de intentar responder a preguntas antiguas con las nuevas ecuaciones del arquitecto.\nEl interés radica en la forma en que AAd desafía la rutina establecida y experimenta con otras respuestas, independientemente de la posibilidad de que el resultado no sea absolutamente perfecto, sino que en cualquier caso la casa LSR113 tiene su propia respuesta, concebida a partir de su propia búsqueda, sin recurrir a esas normas bien establecidas.\nLos materiales utilizados como parte de esta casa son completamente tropicales modernos: hormigón irregular, madera local, piedra, vidrio y aluminio. Los componentes básicos están hechos de una estructura de concreto reforzado mientras que el techo se produce utilizando láminas de metal cargadas de calor y protección acústica. Para la planta baja, el techo de hormigón plano tiene una capa de grava para evitar que el calor ingrese a la casa.\nLas paredes de yeso están marcadas por áreas de acristalamiento con fachadas exteriores en su mayoría en blanco para reflejar el calor. Para incorporar una característica moderna al diseño de la casa, AAd instala la tira de extrusión de aluminio metálico-negra personalizada verticalmente en la masa del dormitorio principal. La caja de tiras hace que la casa se asemeje a una caja de componentes que flota en la hoja sólida fuera de la estructura. Esta fachada de tiras de aluminio también está diseñada para aislar el amortiguador de aire para enfriar el espacio primario durante el día.\ntagged in Ayutt and Associates, Bangkok, Tailandia\nPK79 / Ayutt and Associates Design\nThe Bright Dormitory at Kamphaeng Saen / Silp Architects