BOE.es - BOE-A-2005-17951 Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.\n«BOE» núm. 261, de 1 de noviembre de 2005, páginas 35729 a 35755 (27 págs.)\nMadrid, 28 de octubre de 2005.-El Secretario de Estado, Luis López Guerra.\nANEXO Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial\nLa Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado redactó por acuerdo unánime de todos sus integrantes dicha Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002 como Proposición no de Ley. Señaló el preámbulo de la Carta que en los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Se trata, según allí se exponía y se mantiene ahora, de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos a la par que responsable ante ellos, dejando claro que los ciudadanos podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Justicia y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar. Se concebía y defiende para ello una Justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada y, por fin, protectora de los más débiles -víctimas del delito, menores, discapacitados, extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El título I de la Carta de Derechos proclamaba que el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales, y a tal fin declara que se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el territorio nacional. El apartado 2 de la Carta de Derechos señaló el que tienen los ciudadanos a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España, añadiendo que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial, canalizarían esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia. Se enumeraban además, dentro de tal objetivo de transparencia y de modo concreto, el derecho de los ciudadanos a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible; el derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales; el acceso por los interesados a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado; y la necesaria motivación por las autoridades y funcionarios de la denegación de acceso a una información de carácter procesal. Al objetivo de conseguir una Justicia transparente se sumaba además la necesidad de obtener una Justicia comprensible para los ciudadanos, exponiéndose de modo concreto el catálogo de derechos relativos a los términos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, al lenguaje a utilizar en las vistas y comparecencias, a la sintaxis e inteligibilidad de las sentencias y demás resoluciones judiciales y a la disposición gratuita de los formularios necesarios para el ejercicio de los derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, vino a consagrar el objetivo general de transparencia proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, articulándolo a través de un instrumento técnico destacadamente novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y obediente al firme propósito de desterrar definitivamente la opacidad informativa que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Tal instrumento no era otro que el Plan de Transparencia Judicial, a través del cual las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y los propios ciudadanos deberían tener a su disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada acerca de la actividad y la carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales del Estado, lo que a su vez permitiría el tratamiento estadístico y su aplicación en todo tipo de procesos de planificación y modernización de la Administración de Justicia, enlazando así con uno de los grandes ejes programáticos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. De modo concreto establecía el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 15/2003 que el Plan de Transparencia Judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para las siguientes finalidades:\nb) La planificación presupuestaria en materia de retribuciones de los miembros de la carrera judicial, así como sobre los recursos humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia. c) La actualización y modificación de la organización judicial. d) El funcionamiento de los servicios de inspección sobre los juzgados y tribunales.\nA su vez, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial había establecido en su reunión de 19 de junio de 2002 las líneas de actuación para el desarrollo del Proyecto de Estadística Judicial relacionado con el Plan de Transparencia ya aludido por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, todo lo que dio lugar después a la aprobación por el Consejo del Reglamento 1/2003, de 9 de julio, de la Estadística Judicial. Así las cosas, se aprueba la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en cuyo artículo 461 se define a la Estadística Judicial como un instrumento básico al servicio de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para atender las finalidades atinentes al ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia, a la modernización de la organización judicial, a la planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia y al ejercicio de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales. Finalidades todas ellas que ya habían sido enumeradas en el artículo 14 de la Ley 15/2003, como antes se ha visto. Se evidencia ahora, pues, la articulación de un nuevo sistema que sitúa en pie de igualdad a las distintas Administraciones públicas y al Consejo General del Poder Judicial en esta materia, atribuyendo al Gobierno la potestad para la elaboración de un Real Decreto por el que se establezca la estructura, composición y funciones de la ahora llamada Comisión Nacional de Estadística Judicial, previo informe del propio Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Tal Comisión Nacional de Estadística Judicial, que estará integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, deberá aprobar los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español, sin perjuicio de que las Administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia puedan llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que las consideren necesarias o útiles para su gestión. Sin perjuicio de todo ello, la propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que la Estadística Judicial asegure, en el marco de un Plan de Transparencia, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, de una información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España y también sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos al conocimiento de la Justicia. El presente Acuerdo contiene, así, el Plan de Transparencia Judicial, que ha de servir efectivamente de marco a la nueva Estadística Judicial uniforme, pertinente, fiable, eficaz y transparente, objetivo imprescindible no sólo para que el Consejo General del Poder Judicial pueda llevar a cabo las funciones que le son propias, sino también, y esencialmente, para el ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia, para el correcto desempeño de sus competencias por las Administraciones Públicas intervinientes y para respetar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y comprensible sobre todo ello. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, el Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2005,\nSe aprueba el Plan de Transparencia Judicial, que se incluye a continuación del presente Acuerdo.\nLa estadística judicial deberá asegurar, por tanto, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, de información actualizada, dotada de rigor y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales del Estado, así como sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento, garantizando, en cualquier caso, que los ciudadanos tengan acceso a la misma, lo que se constituye en requisito imprescindible para conformar una opinión pública informada, que esté en condiciones de influir eficazmente en el proceso de reformas que precisa la Administración de Justicia. Se promueve, así, un objetivo ambicioso, que beneficiará a todas las Administraciones afectadas, así como al conjunto de la ciudadanía y que exige el abandono de actuaciones unilaterales de cada una de las Administraciones en materia estadística, que se han revelado poco eficientes -aún cuando determinadas iniciativas deban valorarse positivamente-, dando paso a una estadística judicial realizada por todos en pie de igualdad, en la que todas las Administraciones puedan reconocerse porque beneficiará a todas por igual, asegurando, de esta manera, que el servicio público de la Administración de Justicia juegue en todo el territorio del Estado el papel esencial que le corresponde en una democracia social avanzada. Lograr los objetivos propuestos, asegurando una estadística judicial capaz de proporcionar a poderes públicos y ciudadanos una información de las características ya descritas, facilitando, para ello, la obtención, tratamiento y transmisión de los datos estadísticos a través de tecnologías de la información avanzadas, exigirá aprobar planes estadísticos generales y especiales de la Administración de Justicia y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español. 1.2 Constitución de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.-La misión a la que se refiere el apartado anterior de este Plan ha sido encomendada a la Comisión Nacional de Estadística Judicial por el artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que previene que dicha Comisión se integre por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, encomendándose reglamentariamente el establecimiento de su estructura, composición y funciones al Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, lo que evidencia la exigibilidad de que dicha norma sea consecuencia del máximo consenso de todos los interesados. Se impone, por consiguiente, que las Administraciones implicadas convengan las líneas maestras de la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, ya que el consenso en la gestación de dicha institución constituye el presupuesto del éxito de su misión, siendo necesario, por tanto, que todas las Administraciones hagan el mayor esfuerzo de responsabilidad y generosidad, porque serán beneficiarias principales de una estadística judicial que les garantizará la información continua, rigurosa y contrastada en materia de Justicia y posibilitará la planificación eficiente de sus políticas sobre la Administración de Justicia, asegurando, de esta manera, que los ciudadanos acentúen su confianza y reconocimiento en dicho servicio público. 1.3 Obtención de los datos estadísticos desde las propias aplicaciones de gestión procesal y otras fuentes complementarias de información.-Es palmaria la necesidad de que la información estadística de los asuntos sometidos a conocimiento de los Juzgados y Tribunales se obtenga al mismo tiempo y como un subproducto natural de la herramienta de gestión procesal adoptada, haciendo que el proceso estadístico esté integrado en el de gestión y no suponga para el funcionario del órgano correspondiente una tarea o esfuerzo adicionales. Tal facilidad acabaría con el desinterés generalizado de todos los operadores de la Oficina judicial por la búsqueda del dato real, que para unos es sólo una pesada tarea sin utilidad alguna, para otros una forma desagradable de control de su trabajo y para el resto una función que no les afecta y como tal la completan sin el más mínimo rigor. Se trata, pues, de incentivar la recogida correcta del dato ya desde la propia utilización de la aplicación de gestión procesal, lo que ayudaría además a que el personal de las Oficinas judiciales comprobara que es útil para su propio trabajo, que facilita las tareas a llevar a cabo, sirve para la autoevaluación del desempeño, facilita la información demandada por los ciudadanos y sirve también para valorar su productividad. Desde el punto de vista técnico, la herramienta de gestión procesal ha de ser, en la medida de lo posible, la única fuente de registro y almacenamiento de la información cruda en lo que se refiere a los datos que deban obtenerse del propio proceso judicial. De esta manera se minimiza el coste, medido en horas hombre, necesario para alimentar los distintos registros o bases de datos ajenas a la aplicación procesal, y se minimiza el número potencial de errores ocasionados por los distintos sistemas de entrada de datos, lo que contribuye a garantizar la homogeneidad y fiabilidad de la información. El Plan de Transparencia Judicial no puede desdeñar, sin embargo, otras fuentes complementarias de información no estrictamente intraprocesal, pero que puedan suministrar datos cuya medición contribuya a los objetivos deseados, tales como las fiscalías -en sus actividades extraprocesales-, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal, las Unidades Administrativas, los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, las Oficinas de Atención a los Ciudadanos y los barómetros de opinión internos y externos. 1.4 Adecuado tratamiento, transmisión y explotación de los datos estadísticos.-La información estadística, una vez elaborada, se constituye en el único referente de apoyo a la toma de decisiones, el cual se fundamenta en tres pilares: la necesidad de construir un repositorio único de información -Datawarehouse-; la necesidad de construir y asegurar los procesos de extracción, transporte y almacenamiento; y la explotación estadística de la información. El repositorio único constituye un Directorio Nacional de Asuntos -DNA- que permitirá mapear en el mismo los datos de la aplicación o aplicaciones procesales utilizadas tanto por el Ministerio de Justicia como por las Comunidades Autónomas, y de esta manera poder llevar una constancia de dichos datos. Para asegurar los procesos de extracción y transporte, es necesario previamente asegurar los canales de comunicación de datos entre los órganos generadores de la información y los servidores que actúan como repositorio del DNA, es decir la red o redes físicas deben asegurar su visibilidad entre las mismas, los anchos de banda suficientes y la dedicación de caudal de transmisión asegurado para dicha tarea. La explotación de dicha información habrá de generarse de manera gradual, para que los distintos colectivos de usuarios de la información agregada se incorporen al sistema no globalmente, sino en distintas fases con el fin de conseguir funcionalidades dependientes de cada grupo de usuarios. Así, en un primer momento de desarrollo de la explotación de la nueva estadística judicial puede explotarse la información necesaria para las siguientes instancias: Administraciones públicas gestoras del servicio, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Secretarías de Gobierno, los propios órganos judiciales y fiscalías y las Oficinas de Atención al Ciudadano. Para pasar en una segunda fase a atender necesidades de colectivos profesionales, e incluso a la consulta individual a través de Internet por parte del ciudadano. En definitiva, el DNA debería recoger de manera sistemática todos aquellos datos que permitan responder a preguntas referentes a la misión del propio Plan de Transparencia Judicial -servicio público, ejecución de gasto, costes de la justicia, eficacia de la misma, calidad y costes de la no calidad-, y al menos los siguientes:\nActualmente, incide en la escasa fiabilidad de los resultados estadísticos la existencia de necesidades particulares y diferentes en la gestión dentro de cada uno de los ámbitos de decisión. Sin embargo, sólo existe una fuente principal de información correcta para el análisis: la información de los procesos judiciales. Toda la información de gestión necesaria se obtiene de los expedientes procesales, que tienen como soporte operacional un único sistema en todas las Comunidades Autónomas que todavía corresponden al ámbito de competencia del Ministerio de Justicia -Libra/Minerva-, y sistemas de información similares en su objeto, pero muy distintos en su concepción, en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de justicia. A su vez, en el ámbito de las Fiscalías, por parte del Ministerio se está implantando un nuevo sistema, pero que utiliza un modelo de datos homogéneo y prácticamente idéntico al de Libra/Minerva. A la hora de plantearse un sistema de apoyo estadístico para la toma de decisiones, es claro ya que el entorno de la Administración de Justicia plantea al menos los siguientes inconvenientes: mucha dispersión geográfica; entornos tecnológicos heterogéneos; y una utilización no homogénea e incompleta de los sistemas por parte de los usuarios, que habitualmente priman la rapidez en el trabajo frente a la solidez de la información que se registra, lo que dificulta la obtención de información de calidad y fiable desde el punto de vista de la gestión del servicio. Es necesario, pues, poder garantizar la convergencia entre los modelos de datos coexistentes, los rangos en los dominios de valores -asuntos, procedimientos, fases, estados-, la convergencia tecnológica y aún en mayor medida es preciso asegurar la gestión del cambio necesaria para invertir la tendencia actual de primar la rapidez en el trabajo frente a la solidez de la información. 2.2 Páginas de información de las distintas Administraciones concurrentes en el ámbito de la Justicia.-Instrumentos adecuados para la consecución del objetivo de transparencia judicial que avala este Plan son también los portales de Justicia del Ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, de las Comunidades Autónomas y de la Fiscalía General del Estado. Baste recordar, a este fin, que al apartado 2 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece el derecho de los ciudadanos a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible, lo que evidencia la necesidad de mantener permanentemente actualizadas estas páginas de información, que posibilitarán también el acceso a las aplicaciones de información que se deseen, para cuyo acceso se utilizará la autentificación mediante certificados, mecanismos de usuario y clave o aquellos otros sistemas que se estimen convenientes en cada caso. La realización de una aplicación de este tipo exigirá la coordinación con las Comunidades Autónomas de manera que se pudiera acceder de modo distribuido a todos los sistemas de gestión procesal activos y se realizaran las normalizaciones adecuadas y el modelo de acceso a los datos, que podría ser descentralizado, en cuyo caso cada Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia ofrecerían información a los interesados únicamente de los asuntos que se tramitasen en las Oficinas judiciales del ámbito de sus competencias, o centralizado, para cuya hipótesis tanto el portal Justicia.es del Ministerio de Justicia como los de las Comunidades Autónomas informarían de todos los asuntos que afectaran al interesado en todo el territorio del Estado, lo que exigiría de las distintas Administraciones la elasticidad necesaria para compartir informaciones y contenidos. En todo caso deberá contarse con un documento de seguridad que asegure al ciudadano y a la Administración que los procedimientos telemáticos reúnen las características necesarias para cumplir la normativa vigente en cada momento en lo relativo a la protección de datos de carácter personal. Se establecerá igualmente el acceso de los interesados a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, buscando la implementación de sistemas que generen la documentación sin sobrecargar las comunicaciones y con formatos normalizados que se puedan presentar de modo coherente a través de Internet. Del mismo modo, deberá proporcionarse a los ciudadanos información general y actualizada sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. El acceso a la estadística judicial que pueda publicarse en el portal del Ministerio de Justicia y, en su caso, en los portales de las Comunidades Autónomas, será pleno para los ciudadanos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 461.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para la presentación de estos datos se estudiará el empleo de un Sistema de Información Geográfico -GIS- que sea alimentado automáticamente desde las propias aplicaciones de gestión procesal. Por fin, y habida cuenta que la Fiscalía General del Estado cuenta ya con presencia propia en Internet, que se prevé completar en los próximos meses con una Intranet, convendrá incluir en el portal de la Fiscalía General del Estado los datos relativos al posible acceso de los ciudadanos a las Fiscalías y el servicio directo que en ellas les puede ser prestado en los supuestos en que el Fiscal tiene legitimación para solicitar una actuación judicial y relativos, entre otros, a protección de menores desamparados; legitimación activa para evitar la intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores; incapacidades e internamientos; acción de cesación en materia de defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios; recepción de denuncias y cualquier otra función que les encomiende el ordenamiento jurídico. 2.3 Sistemas de interconexión e intercambio de documentos en el proceso.-Como otro instrumento decisivo para la consecución de los objetivos establecidos, se propone en este Plan de Transparencia la implantación generalizada de sistemas de interconexión e intercambio de documentos. Se trataría de sistemas de correo «securizado», que permitirían el intercambio de documentos entre los operadores jurídicos y los órganos judiciales, de modo que la presentación de escritos y el traslado de copias desde los Procuradores y Abogados hacia las Oficinas judiciales y las notificaciones desde éstas hacia los operadores jurídicos se realice de forma automática, a través de certificados de firma digital reconocida. Como consecuencia, los sistemas se verían revestidos de los principios de autenticación -el remitente es quien dice ser-, confidencialidad -sólo el remitente y el destinatario pueden conocer el contenido de los documentos-, integridad -el documento no puede ser alterado por nadie- y no repudio -el remitente no puede negar el hecho del envío ni el destinatario el hecho de su recepción-. Estos sistemas garantizarían además el sellado de tiempo, de tanta importancia en el flujo de documentos entre operadores jurídicos para la consecución de los plazos vigentes en materia procesal. Dentro del Plan de Transparencia Judicial, tales sistemas de interconexión e intercambio de documentos aportarían grandes ventajas. Así, permitirían disponer de información estadística relativa al número de documentos que se intercambian entre los diferentes operadores jurídicos; permitirían disponer de información estadística relativa al tipo de procedimiento y orden jurisdiccional, así como el ámbito que genera mayor volumen de documentación. Así mismo, y una vez que tales sistemas acogiesen a colectivos como Abogados del Estado, Notarios, Graduados Sociales y Letrados de la Seguridad Social, sería posible aportar información relativa al volumen de gestión de la Administración de Justicia en relación con estos colectivos: tipo de procedimiento, frecuencia, grado de agilidad de la gestión, entre otros datos. 2.4 Sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales.-Instrumento decisivo también de cualquier propósito de transparencia judicial es la existencia de un sistema central de comunicaciones, seguro y restringido entre las distintas redes judiciales territoriales. En estos momentos el Punto Neutro Judicial, servicio de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial, constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las distintas aplicaciones centralizadas -acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes, por ejemplo-. En un horizonte de transferencias en materia de justicia totalmente finalizado, el Punto Neutro Judicial constituirá, por tanto, el nexo de comunicaciones que permitirá a las Comunidades Autónomas acceder a dichas aplicaciones, pero es de prever que también a la información estadística derivada del Plan de Transparencia Judicial y de los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia. Será por ello necesario optimizar las prestaciones del Punto Neutro Judicial, aumentando su margen de tolerancia a fallos así como su capacidad para dar respuesta al volumen de información que generará el Plan de Transparencia y los planes estadísticos de la Administración de Justicia. Y así mismo deberá convenirse con las Comunidades Autónomas las conexiones que sea preciso establecer para dar acceso a todos los datos estadísticos del sistema judicial español. La oferta de servicios que se viene prestando a través del Punto Neutro Judicial es variada y se extiende a la comunicación de los órganos jurisdiccionales en relación con la tramitación de los procedimientos judiciales, y ello en relación con la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina o la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. De gran importancia e interés para los denominados juicios rápidos es la consulta al Registro Central de Penados y Rebeldes que los órganos judiciales pueden efectuar de manera inmediata, así como las denominadas agendas de señalamiento coordinado e inteligente, que hacen posible que los señalamientos de estos juicios se realicen de manera coordinada y rápida, y también para la remisión de sentencias al Centro de Documentación Judicial, así como para la realización de consultas a las denominadas bibliotecas judiciales.\nPero al lado de ello habrán de establecerse también criterios uniformes, claros, precisos y de obligado cumplimiento para todos a la hora de registrar los asuntos que entran a trámite en los Juzgados y Tribunales españoles, pues fácilmente se entiende que el correcto registro de los asuntos es el punto de arranque ineludible para la posterior obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación adecuada de los datos estadísticos del sistema judicial español. Y el correcto registro del asunto tiene aún una mayor trascendencia, en ocasiones, cuando puede llegar a afectar a los derechos fundamentales de los litigantes. Así, es fundamental el buen funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto para evitar, entre otras prácticas indebidas, la apertura de las diligencias indeterminadas que se incoan todavía por los Juzgados de Instrucción en tantas ocasiones. Tales diligencias carecen de reconocimiento y regulación algunos en las leyes de procedimiento y se incoan cuando entra en el Juzgado algún asunto que no tiene un encaje concreto en diligencias previas, sumario ordinario o juicio de faltas. Al incoarse tales diligencias no amparadas por la Ley, en la inmensa mayoría de los casos la resolución que pone fin a la diligencia no es notificada al Fiscal ni a otras partes interesadas, lo que contradice el carácter público del procedimiento penal, convirtiendo en inadmisible, por arbitraria, la decisión que adopte el Juez, ya que se impide que el Fiscal pueda recurrir contra la decisión. Las diligencias indeterminadas en ningún caso pueden ser utilizadas como cauce de actuaciones judiciales para el esclarecimiento y persecución de delitos y faltas, que sólo puede llevarse a cabo a través de los procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado se han manifestado en contra de tales diligencias, y ello ha contribuido a que su número vaya descendiendo progresivamente, no es menos cierto que siguen incoándose diligencias indeterminadas incluso para acordar intervenciones telefónicas o registros domiciliarios solicitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el servicio de guardia, cuando el asunto no va a corresponder al Juzgado según las normas de reparto. Todo ello da lugar no sólo a una situación de oscurantismo u opacidad, sino a que las cifras de diligencias previas de los distintos Juzgados de Instrucción de un mismo partido judicial sean diversas teniendo el mismo volumen de entrada de asuntos y dependiendo de la mayor o menor utilización que se haga de las citadas diligencias. Que esta práctica no ha sido erradicada lo pone de manifiesto el hecho de que en los últimos datos recibidos en el Registro Central de Violencia Doméstica se comprueba que algunas órdenes de protección han sido acordadas en el seno de unas diligencias indeterminadas, lo que parece absolutamente contrario a un proceso con todas las garantías. No puede concebirse esta forma de actuación, toda vez que para admitir a trámite y convocar a la comparecencia prevista para resolver sobre la adopción de la Orden es preciso que haya existido una situación de riesgo que se concreta en la comisión de un ilícito penal, lo que implica necesariamente la incoación de uno de los procedimientos previstos en las leyes procesales: juicio de faltas, diligencias previas, diligencias urgentes de juicio rápido, o Ley del Jurado, y, en el seno de tal procedimiento, la citación de denunciante y denunciado, de sus Letrados, en su caso, y del Ministerio Fiscal. La Comisión Nacional de Estadística Judicial deberá proceder, pues, al establecimiento de criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos en cuanto al registro de los asuntos que tiendan a evitar prácticas como la descrita y también otras relativas a la tramitación separada, en distintos procedimientos, de asuntos que deberían tramitarse en uno solo, como sucede con la apertura de distintas diligencias previas en caso de lesiones imprudentes causadas por accidente de circulación cuando son varios los lesionados; con la apertura de distintos procedimientos en los Juzgados de lo Social cuando se presenta una única demanda de despido o de reclamación de cantidades por un grupo de trabajadores; cuando se incoa la tramitación de varias órdenes de protección respecto de cada uno de los integrantes de la unidad familiar víctimas de actos violentos cometidos por un mismo agresor y en una misma ocasión; o en los supuestos en que un mismo y único asunto penal multiplica artificialmente su registro en varias clases de diligencias o procesos. 3.2 Reforma de las normas procesales.-El Gobierno está impulsando también la necesaria reforma de las leyes procesales que coadyuve a evitar la comisión de malas prácticas como las descritas y otras tendentes a la opacidad o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial español, imponiendo cuantos mecanismos procesales sean pertinentes para ello y además los que sean precisos para la correcta regulación del derecho de los litigantes a conocer en todo momento el estado de tramitación de los pleitos en los que son parte y a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes en ellos.\nPor ello es importante que los principios originales que motivaron su creación y sus fundamentales características se continúen manteniendo, como necesario referente para poder determinar la forma en que deben ser gestionados. Su origen es claro y no debe quedar difuminado por otras necesidades: atender eficazmente las necesidades de información de los órganos jurisdiccionales penales en relación con los antecedentes de las personas incursas en un determinado procedimiento. En consecuencia, no se trata de un sistema de Registros de carácter público, de lo que se derivan importantes limitaciones en el uso de la información cuando ésta se dirige a fines distintos de los que originariamente justificaron su recogida. Ello no puede impedir, sin embargo, en el marco de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, que la información contenida en los mismos pueda ser considerada útil para atender otros posibles fines que guarden conexión con la propia funcionalidad de los Registros. El conjunto del sistema de Registros tiene, por tanto, que asegurar, por un lado, que las necesidades de los órganos judiciales estén atendidas sin más limites que los que las leyes establezcan, y, por otro, garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso individual a los datos contenidos en el Registro, solicitando su rectificación o cancelación, y expidiendo, en su caso, el correspondiente certificado, cuando así sea exigido por una norma para el ejercicio de un derecho. Por último, los Registros se constituyen en un eficaz instrumento de gestión, de forma que las diferentes Administraciones Públicas, en el marco del Plan de Transparencia, puedan obtener información estadística de singular interés para la adopción de decisiones y la definición de prioridades en la agenda pública. La entrada en vigor de nuestra Carta Magna consagró el principio de legalidad en la actuación administrativa y el carácter instrumental de su actuación, al servicio de los intereses generales y con respeto a los derechos individuales, singularmente a los que hacen referencia al honor y a la intimidad personal y familiar. Estos aspectos son de singular sensibilidad en la actuación de los Registros Judiciales y deben presidir su actuación. La promulgación de leyes generales de tanta trascendencia pública y privada como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, constituyen elementos determinantes en este proceso. La globalización de la sociedad ha venido a dar una nueva perspectiva al Registro Central de Penados y Rebeldes. La necesidad de que los delitos sean enjuiciados y sancionados con independencia del lugar en el que se perpetren, el carácter cada vez más transnacional de la conculcación de las leyes y normas de convivencia, con especial énfasis en el terrorismo y en el tráfico de drogas, la mayor y más especial cooperación internacional en la persecución de los delincuentes y su detención, constituyen nuevos retos que sólo pueden ser abordados con la perspectiva de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Los acuerdos o convenios suscritos con Estados en ámbitos de cooperación bilateral o multilateral obligan al Registro a una continua evaluación de sus procedimientos, innovándolos cuando sea necesario, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, en un marco legal flexible, pero con respeto a los principios a que responde su creación. Aunque todos los datos que se pueden obtener del Registro Central de Penados y Rebeldes para su tratamiento estadístico están condicionados por el principio de que únicamente se refieren a situaciones en las que haya recaído sentencia firme y condenatoria, pues es a partir de ésta cuándo comienzan a grabarse los asientos, dicha limitación puede convertirse en una ventaja respecto a similares datos estadísticos, dadas las características que de aquéllas se derivan. Así, es posible conocer con toda exactitud el tiempo que transcurre desde que un delincuente comete el delito hasta el momento en el que sobre él recae sentencia condenatoria firme y, entroncando con el factor tiempo, se desarrollan el resto de posibilidades estadísticas: por tipo de delito; por localización geográfica; por duración de las penas; por edad, naturaleza y sexo del delincuente, etc. Esta información es de singular interés social. El conocimiento del número de sentencias condenatorias que dicta cada órgano judicial puede determinar igualmente una información social y jurídica de singular interés e incluso permitir desarrollar indicadores sobre criterios interpretativos de las normas penales y su aplicabilidad. Debe significarse, no obstante, que, salvo en los supuestos de violencia doméstica, no es posible establecer una relación entre sentencias absolutorias y condenatorias, ya que con carácter general los Registros sólo anotan sentencias condenatorias firmes. Esta relación sólo podría establecerse en base a informaciones obtenidas por otros medios. La estructura de la información en materia de Violencia Doméstica es en buena medida similar a la que del Registro de Penados y Rebeldes se deriva. Deben destacarse, sin embargo, algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, el Registro Central de Violencia Doméstica no sólo recoge las sentencias, sino también las órdenes de protección, que se dictan con carácter previo a la sentencia que en su caso pueda producirse posteriormente, lo cual aporta un elemento nuevo ya que permite deducir un primer criterio sobre la importancia de la violencia doméstica en la sociedad. Otra característica especial de este Registro es que se inscriben medidas cautelares, civiles y penales, datos significativos para determinar los bienes y derechos que con más frecuencia deben ser protegidos, índice éste de singular interés para determinar la vulnerabilidad de la sociedad en esta materia. Elementos como la nacionalidad o el sexo de la víctima o la relación de parentesco son igualmente importantes. La conclusión que de ello puede derivarse es que este Registro, más allá de la información que con carácter general aporta el sistema de Registros Judiciales sobre delitos y penas, constituye un elemento esencial para conocer primero y combatir después la lacra social que la violencia doméstica significa, a cuyo fin resultará de indudable interés el conocimiento fiel de sus datos. El Registro Central de Sentencias de Menores se encuentra regulado por Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y el Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, y constituye, sin duda, el de acceso más restringido en el conjunto de Registros. Sus datos sólo pueden ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal. En el se inscriben las sentencias que, con carácter firme, dictan los Juzgados y Tribunales en aplicación de Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Con el fin de asegurar el adecuado servicio a los Juzgados de Menores y a las Fiscalías, se cuenta con un nuevo sistema de comunicaciones que garantiza, con la colaboración de todos, una actualización permanente de la información, para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y, al igual que los restantes Registros, constituye una fuente preciosa de información en relación con los ilícitos cometidos por menores, sus especificidades y características principales. Dado que las comunicaciones se realizan telemáticamente, es posible además asegurar una rapidez y calidad de la información que de otro modo sería imposible El artículo 157 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ordenó que en el Ministerio de Justicia existiera un Registro Central de Rebeldes Civiles, mandato que fue desarrollado por el Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, que regula la organización, contenido y funcionamiento del Registro, y según su exposición de motivos «se constituye en un instrumento clave para solucionar una de las causas de retraso en el desarrollo normal del proceso, contribuyendo, a partir de la certeza, a la rapidez y eficacia de las actuaciones judiciales respecto del demandante, al tiempo que proporciona garantía de los derechos de aquellos ciudadanos demandados que no pueden ser notificados por desconocerse su domicilio». Desde los órganos judiciales se harán:\nEn el primero de ellos, y en relación al desarrollo del Plan de Modernización Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, se deberá establecer un marco uniforme de actuación del Ministerio Fiscal a través de medios informáticos y telemáticos para el más eficaz cumplimiento de sus funciones. Así, se configurará un Sistema de Información del Ministerio Fiscal que canalice el intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado y las distintas Fiscalías. Dicho Sistema lo constituirá en esencia una base de datos centralizada que se alimentará de los datos existentes en los diferentes sistemas de gestión procesal puestos a disposición de las Fiscalías por las Administraciones competentes en la materia. A estos efectos, las distintas aplicaciones de gestión procesal implantadas en las Fiscalías deberán adecuarse a unos mismos estándares de codificación de valores -delitos, materias, tipos de procedimiento, tipos de intervención, órganos judiciales- y a unos mismos esquemas de tramitación aprobados por la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal en el marco de los criterios uniformes que llegue a establecer la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Los sistemas de gestión procesal puestos por las Administraciones Públicas a disposición de las Fiscalías deberán integrarse con el Sistema de Información del Ministerio Fiscal a través de una Red de Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal. A través de esta Red, los miembros del Ministerio Fiscal podrán acceder a los Registros Públicos y aplicaciones de ámbito nacional gestionados por el Ministerio de Justicia y se asegurará eficazmente la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución, no solamente en los ámbitos penales, sino también en los procedimientos de carácter civil, contencioso-administrativo, social o de menores en los que interviene el Fiscal. El segundo ámbito relacionado con el Ministerio Público en el que habrá de actuarse para lograr avances significativos en materia de estadística judicial no es otro que el del inmediato y continuado intercambio de información con los órganos judiciales. Normalmente en una Fiscalía sólo se tiene conocimiento de una causa a través del parte de incoación, pero todos los datos no llegan a saberse sino cuando la causa entra físicamente en la Fiscalía, ya muy avanzado el procedimiento, por lo general cuando se da traslado para formular escrito de acusación. Es entonces cuando el funcionario de la Fiscalía ha de insertar en su aplicación informática los datos relativos al procedimiento y a los intervinientes, produciéndose una situación de acceso duplicado, costoso, no uniforme y normalmente tardío de los datos en la Fiscalía, lo que lleva aparejado que, por conocer el Fiscal con tardanza la calificación, clave o código que se asigna al procedimiento, no pueda alertar al Juzgado acerca del modo en que ha sido registrado, por lo que durante toda la tramitación, y a efectos estadísticos, será computado como un asunto de una naturaleza, y no de otra. De la importancia de evitar estas situaciones da buena cuenta la comprobación, a modo de ejemplo, de tantas ocasiones en que el Juzgado ha registrado el asunto como hurto y, estudiado el caso por el Fiscal, termina siendo calificado como robo; o, en un segundo ejemplo, cuando en el Juzgado el procedimiento se ha registrado como delito de lesiones ocasionadas a título de imprudencia y en la Fiscalía es calificado como lesiones a título de imprudencia en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores. No parece que haya posibilidad de lograr una uniformidad en la información estadística si no se propician las herramientas necesarias de comunicación entre las Fiscalías y los órganos judiciales, que permitan llegar a conocer fiablemente no sólo el número de asuntos tramitados sino su verdadera clasificación y naturaleza. A estos efectos, se está tramitando un proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema de Información del Ministerio Fiscal, que tiene por objeto, de conformidad con la nueva disposición adicional segunda de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, configurar un sistema de información del Ministerio Público, crear una red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal que garantice un sistema de identificación y codificación único de los procedimientos y actuaciones en que éste intervenga, una base de datos centralizada de dichos procedimientos, el acceso telemático de las Fiscalías a los Registros, bases de datos, sistemas de información y aplicaciones informáticas de carácter nacional gestionados por el Ministerio de Justicia, y la conexión telemática permanente de la Fiscalía General del Estado y de los restantes órganos centrales del Ministerio Fiscal con todas las Fiscalías y de éstas entre sí. Asimismo, habrá que definir los requerimientos que han de cumplir los sistemas de gestión procesal utilizados por el Ministerio Fiscal y determinar los elementos básicos de compatibilidad de los diferentes sistemas informáticos desarrollados para las Fiscalías por las Administraciones competentes. Por último, esta disposición reglamentaria deberá determinar la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal. 6.2 Nueva estructura del Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Instrumento eficaz para la consecución de los objetivos de este Plan de Transparencia habrán de ser también las circulares e instrucciones de servicio que dicten los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán hacerse cumplir por los secretarios judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales o por aquellos otros que tengan su puesto de trabajo en las Unidades Procesales de Apoyo Directo a los órganos jurisdiccionales y habrán de tender, al menos, a la consecución de las siguientes finalidades:\nOrganizar instrumentos para dar a conocer en cada hito del procedimiento dónde se encuentra éste físicamente, a cuyo fin habrán de realizarse las correspondientes anotaciones en los registros informáticos que controlen el tránsito de expedientes entre las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales o las Fiscalías, en su caso. Cumplir estrictamente, en las diferentes formas de citación a partes e intervinientes en los procedimientos, con los requisitos expresamente regulados en las leyes procesales y en particular en lo relativo a derechos, obligaciones y apercibimientos, buscando la expresión de todo ello de modo inteligible para su destinatario. Mejorar el contenido de las citaciones para los juicios de faltas, de conformidad con lo establecido en los artículos 962.2, 964.3 y 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que al citar al denunciado se le informe sucintamente de los hechos en que consiste la denuncia, lo que debería llevar al establecimiento de la obligación de entregar, junto con la notificación, copia de la denuncia, cuando, a mayor abundamiento, el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los interesados pueden obtener copias de los escritos y documentos que consten en los autos y no hayan sido declarados secretos ni reservados. Cumplir con la necesaria información a las víctimas de los trámites procesales de su interés, aún cuando no se hayan personado en los autos, y al menos en relación con las previsiones legales de notificación del lugar y fecha de celebración del juicio, notificación de la sentencia y notificación igualmente de la sentencia dictada en grado de apelación. Deberá incluirse asimismo la notificación a las víctimas de delitos violentos de la concesión de permisos al condenado o de la fecha de excarcelación definitiva, identificándose estadísticamente el cumplimiento de esta obligación, para cuya instauración trabaja el Gobierno en la consiguiente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Integrar en las cédulas de citación a testigos y, en su caso, en los modelos de telegramas que se les envíen, la necesaria información sobre su derecho a reclamar la correspondiente indemnización, poniendo a su disposición en la Oficina judicial documentación informativa sobre qué gastos pueden ser reclamados y cómo han de justificarse e incluso impresos para su solicitud. Establecer normas prácticas de actuación en los supuestos de conformidad de los artículos 694 y 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que si, una vez abierto el juicio oral, se alcanza la conformidad entre las acusaciones y el acusado y su defensa, los testigos que permanecen fuera de la Sala esperando a ser llamados, y entre los que se puede encontrar la víctima, sean adecuadamente informados de lo sucedido y de las razones por las que su presencia ya no va a ser necesaria, y se les indique, igualmente, que la sentencia será notificada a los perjudicados aún cuando no estuviesen personados en la causa. Disponer normas de actuación para la debida e inmediata información a los ciudadanos, sean litigantes, testigos, peritos o cualquier otro interviniente, cuando la vista sea suspendida por cualquier causa y establecida nuevamente para otra fecha. Ordenar mecanismos de localización permanente y personal de las partes, testigos, peritos y demás intervinientes en los pleitos, a fin de darles noticia inmediata, sin perjuicio de la información que puedan suministrarles los abogados y procuradores, de cualquier incidencia que pueda afectar a su comparecencia en las Oficinas judiciales. Protocolizar actuaciones tendentes a evitar la opacidad en cuanto a los criterios para el orden de señalamiento de los juicios, habida cuenta que, salvo la prioridad que se respeta en el orden jurisdiccional penal cuando se trata de causas con preso y la preferencia que por la vía de hecho se está dando a los supuestos de violencia doméstica, y a salvo de lo especialmente establecido para la celebración de los denominados juicios rápidos, no se proporciona explicación alguna acerca de la causa por la que los señalamientos se establecen en unas fechas y no en otras. Deberán articularse los mecanismos necesarios para el establecimiento de criterios en los que tengan prioridad, desde luego, las causas con preso, pero también aquéllas en que sea previsible que el bien jurídico protegido sigue en peligro o puede verse de nuevo lesionado, y asimismo se respete el orden legalmente establecido para el despacho de los asuntos judiciales, en todos los órdenes jurisdiccionales. Organizar la entrega de formularios gratuitos para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, a través de las Oficinas judiciales, las Unidades Administrativas y las Fiscalías. Proporcionar claridad e información total acerca de las designaciones judiciales de peritos y también sobre los nombramientos de abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles como miembros de los órganos de la administración concursal en los Juzgados de lo Mercantil. A partir de la obligación que establece el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que la primera designación de cada lista de peritos se efectúe por sorteo realizado en presencia del secretario judicial, para que a partir de ella se realicen las siguientes designaciones por orden correlativo, se propone la publicación trimestral en los tablones de anuncios de los distintos órganos judiciales y, en su caso, de los Servicios Comunes Procesales, de las distintas listas de peritos con el resultado de la primera designación y los posteriores nombramientos habidos durante el trimestre. La misma publicación deberá realizarse con respecto a las listas a que se refiere el artículo 27 de la Ley Concursal y las designaciones realizadas durante el trimestre por los Juzgados de lo Mercantil.\nPor otro lado, la progresiva eliminación de fronteras en el seno de la Unión Europea, la creación de un Espacio Judicial Europeo y la consolidación de una delincuencia organizada de carácter transnacional convierten al auxilio entre autoridades en herramienta indispensable para la lucha contra la delincuencia y para la protección de los derechos de los más necesitados, como sucede en los casos de reclamación internacional de alimentos o en los supuestos de secuestro de menores. Todo ello implica un crecimiento importante de las demandas recibidas de las autoridades judiciales europeas. Para la correcta ejecución de estas solicitudes de auxilio judicial, y para poder informar correctamente al país solicitante del estado de ejecución de tal solicitud es preciso que los datos que suministren las aplicaciones de gestión procesal de las oficinas judiciales españolas respondan a la realidad. Una correcta gestión de los datos suministrados por la Estadística Judicial permitirá a España contribuir de forma más eficaz cuando deba tomar parte en reuniones internacionales de coordinación en materias jurídicas específicas.\n1.2 Población ocupada. 1.3 Variación de población. 1.4 Porcentaje de paro sobre población. 1.5 Nivel económico. 1.6 Cuota de mercado. 1.7 Actividades industriales. 1.8 Actividades comerciales mayoristas. 1.9 Actividades comerciales minoristas. 1.10 Índice industrial. 1.11 Índice comercial. 1.12 Índice turístico. 1.13 Índice de actividad económica. 1.14 Renta disponible. 1.15 Producto Interior Bruto. 1.16 Estadísticas oficiales publicadas por el Banco de España.\n2.2 Número de empleados y evolución en el Ministerio de Justicia. 2.3 Número de empleados y evolución en la Administración de Justicia. 2.4 Presupuestos Generales del Estado. Datos por Ministerios y Centros Gestores. 2.5 Presupuestos del Ministerio de Justicia.\n2.7 Presupuestos de las Comunidades Autónomas. 2.8 Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. 2.9 Presupuestos destinados a la función Justicia en España. 2.10 Cifra y fecha de los traspasos realizados a las Comunidades Autónomas en materia de Justicia. 2.11 Datos económicos de otros países del entorno Unión Europea. 2.12 Consultas dinámicas de gastos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas asociados al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales:\n2.14 Salarios de tramitación. 2.15 Expedientes de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. 2.16 Gasto público en cada orden jurisdiccional.\n3.2 Tasas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 3.3 Tasas recaudadas territorializadamente. 3.4 Otras tasas asociadas al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia. 3.5 Comparación evolución de la recaudación por tasas judiciales de otras tasas recaudadas por el Estado y/o las Comunidades Autónomas.\nParece fundamental proporcionar información sobre los importes que se manejan en dichas cuentas, los expedientes abiertos, el estado de dichos expedientes y la duración media de los mismos. Cualquier medida legislativa nueva es posible que tenga un reflejo fiel en las cuentas asociadas. Así pasó, por ejemplo, a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Se permitirá ver qué órdenes jurisdiccionales tienen más expedientes económicos abiertos, dónde existen más atascos o dónde se resuelve con más celeridad. Finalmente, y de acuerdo a la normativa actualmente en vigor, la gestión de estas cuentas se realiza a través de una entidad bancaria mediante contrato licitado públicamente y renovable cada cierto período de tiempo. Los intereses que a estos saldos aporta la entidad bancaria son susceptibles en una parte de generar crédito en el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia -de modo directo-, mientras que otra parte se ingresa directamente en el Tesoro Público, datos que actualizadamente habrán de reflejarse por disposición del Plan de Transparencia que nos ocupa. 5. Retribuciones. Clases o componentes. Legislación aplicable.\n5.2 Fiscales. 5.3 Secretarios judiciales. 5.4 Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 5.5 Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 5.6 Cuerpo de Auxilio Judicial. 5.7 Médicos forenses. 5.8 Facultativos Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses. 5.9 Resto del personal del INTCF e Institutos de Medicina Legal. 5.10 Jueces de Paz. 5.11 Secretarios de Paz. 5.12 Personal laboral. 5.13 Otro personal contratado.\nLos datos señalarán las retribuciones fijas -básicas o complementarias-, las retribuciones variables y las retribuciones especiales de cada una de las categorías antes enumeradas. Así, se podrá conocer que se trata de una Administración con sistemas de retribución que incluyen planes concretos de actuación o retribuciones variables, y se podrán comparar las retribuciones que se abonan en la Administración de Justicia con las de otras administraciones públicas o entidades privadas. Dentro del personal laboral o contratado ofrecerán particular interés social los datos relativos al personal de los Equipos Técnicos de Menores y de las Unidades de Atención Psicosocial -psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. 6. Gasto privado.\nLos indicadores 6.5 y 6.6 permitirán conocer cuál es el orden jurisdiccional más costoso para el litigante y los costes de cada uno de los tipos de procedimiento dentro de cada orden jurisdiccional. 7. Oficinas de información a los ciudadanos en materia de Justicia.\n7.2 Oficinas de Ayuntamientos. 7.3 Oficinas del Consejo General del Poder Judicial. 7.4 Oficinas de Colegios profesionales. 7.5 Servicios de Orientación Jurídica. 7.6 Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 7.7 Oficinas de Organizaciones no Gubernamentales.\n8.2 Procuradores. 8.3 Graduados Sociales o Diplomados en Relaciones Laborales. 8.4 Notarios. 8.5 Registradores de la Propiedad. 8.6 Número de cada uno de estos profesionales por número de habitantes.\n9.1 Dotaciones presupuestarias. Administración central.\nCriminología. Ciencias Políticas y Sociales. Ciencias Políticas. Ciencias Políticas y de la Administración. Ciencias del Trabajo. Ciencias Empresariales. Ciencias Económicas y Empresariales. Derecho Hispano Francés. Maestros. Otras Ciencias Sociales y Jurídicas.\nDelegaciones de las Clínicas Médico Forenses existentes en cada Instituto de Medicina Legal. Número de intervenciones realizadas.\nDe acceso a la carrera fiscal. De acceso a la categoría de Fiscal. Promedio general de edad. Promedio de edad en los distintos niveles de la carrera.\n14.4 Dotación presupuestaria. 14.5 Casos de los que se ha conocido. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas. 14.6 Casos resueltos. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas. 14.7 Casos de los que han conocido y que han resuelto las Unidades especiales de los distintos Cuerpos.\n18.8 Miembros de Equipos Técnicos. 18.9 Otros. 18.10 Medios materiales.\nProcedimientos pendientes de prescripción. Procedimientos suspendidos por prejudicialidad. Procedimientos pendientes de dictar resolución final. Recursos devolutivos en tramitación.\nSentencias de conformidad en el Juzgado de lo Penal. Sentencias total o parcialmente conformes con la petición del Ministerio Fiscal. Penas suspendidas en relación con las sentencias condenatorias por Juzgado. Suspensiones de condena con imposición de obligaciones a que se refiere el artículo 83 del Código Penal. Ejecución efectiva de penas distintas a la privación de libertad y a la multa. Número de asuntos en que se satisface la responsabilidad civil declarada en la sentencia.\nDuración de cada una de sus fases o hitos. Situación con respecto a la media de duración. Desviación. Mediana.\n20.11 Cumplimiento del horario de audiencia pública y del establecido para cada uno de los Cuerpos. 20.12 Atención a los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia.\nPrestada por el Fiscal. Prestada por el Secretario judicial. Prestada por los funcionarios. Quejas, reclamaciones y sugerencias planteadas frente al órgano judicial. Resultados de la queja, reclamación o sugerencia.\nDE CONFORMIDAD con el art. 14 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10524).


X_X 26 Julio, 2020 07:51 #2\nTienes que dar la información, peso, edad, altura % de grasa, que pct piensas hacer o no vas hacer nada\nziklod 26 Julio, 2020 08:12 #3\nCuando dices que no vas a meter nada mas te referies a esteroides o protectores, pct etc?\nbrunocarlos2 26 Julio, 2020 23:54 #4\nYo hice 250mg de testo y al final le agregue estano como primer ciclo. Te recomiendo que tengas algun AI para regular tu estrogeno en caso de que seas propenso a aromatizar mucho. Después no se si vas a seguir con un cruise o te vas a mandar a PCT, en caso del segundo asegurate de tener ya comprado los farmacos siempre por las dudas.\nShayko 2 Agosto, 2020 01:08 #5\nPues tengo 29 años peso 220 lb yebo entrenando 11 años solo con pura proteína aumente pero siento q mis niveles de testosterona han bajado x eso m pensaba inyectar solo testosterona nada más\nFB_IMG_15963304965645291458×764 140 KB


El tdah hace referencia a dos problemas: el déficit de atención que está siempre presente en estos niños, y la hiperactividad, que puede o no estar presente dependiendo del caso.\nEn realidad estamos hablando de dos síntomas del problema real de fondo. Dos síntomas que padecen también niños con trastornos muy diferentes al tdah, dos síntomas que indican que el sistema nervioso no está haciendo bien su trabajo. Que no es capaz de realizar dos de las funciones más sofisticadas y que requieren de una maduración previa: controlar el cuerpo y el movimiento de éste y mantener un adecuado estado de alerta desatendiendo los estímulos irrelevantes para la tarea que nos hayamos propuesto realizar.\nLas causas de que un niño no sea capaz de realizar estas dos funciones son muy variadas y, aunque parece existir una predisposición genética y hereditaria, el desarrollo del niño desde su concepción y muy especialmente durante la gestación, el parto y el primer año de vida, determinará el grado de maduración que alcance.\nExiste desde hace ya tiempo una corriente de profesionales expertos en desarrollo infantil que trabajan buscando esta solución por medio de la estimulación y maduración del sistema nervioso del niño.\nEstos profesionales se centran en conocer bien todas las manifestaciones del problema concreto de cada caso para saber cómo atajarlo en la medida en que sea posible. Frente a la opción muy respetable de trabajar los síntomas visibles, hay otros tratamientos que buscan una organización neurológica, pretenden estimular, activar y hacer madurar las zonas cerebrales implicadas en el déficit de atención y la hiperactividad. Buscan que estas zonas cerebrales funcionen adecuadamente para que así desaparezcan los síntomas y también el trastorno en sí mismo. Los beneficios no son transitorios, sino definitivos.\nQuienes trabajamos con el desarrollo infantil nos preocupamos por cada aspecto y cada una de las etapas del mismo. Y esto es lo que también contemplan estos métodos que persiguen organizar el sistema nervioso. Siguen el programa establecido por la naturaleza para el desarrollo y maduración cerebrales y lo aplican, cada método con una técnica concreta, pero todos ellos imitando lo que resulta natural y ha de beneficiar ese desarrollo y maduración.\nResultan métodos tan “naturales” que muchas veces sorprenden a los padres que han de aplicarlos en sus hijos con sencillos ejercicios basados en el movimiento o en el tacto profundo.\nSin embargo, por medio de este trabajo diario y constante, no sólo resulta posible tratar los problemas que acarrea el tdah, sino que cada avance en este sentido será permanente, no transitorio. Y no se contemplan efectos negativos adversos.\nVigilando y apoyando el desarrollo del niño, junto al cuidado en la alimentación y los hábitos y rutinas diarias, podemos recobrar la esperanza dentro de la preocupante situación dada por el abrumador aumento del tdah. Existen varias opciones y cada día más profesionales con los que podemos contar para llevarlas a cabo.\nEstas terapias no tienen por qué excluir el trabajo cognitivo-conductual. Entre los mejores métodos podemos destacar la Reeducación caligráfica racional, la integración sensorial o el Método Feldenkrais.\nNuestro Método representa una verdadera revolución en el tratamiento de los problemas de falta de atención o del tdah (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).\n1. El control de las distorsiones perceptivas\n2. La didáctica multisensorial\n3. La Reeducación Caligráfica Racional\n4. Familia y entornos (sólo en los casos que sea necesario)\nAfortunadamente, estas técnicas consiguen que los alumnos diagnosticados de déficit de atención y también de hiperactividad, prescindan de la medicación.\nPara entender el potencial de estas técnicas, debe entrar en la ventana Método AS e informarse. Además nuestra intención es que padres, profesores, psicólogos, pedagogos o logopedas puedan formarse en él y por ello nuestras consultas y talleres los alumnos pueden venir acompañados de los adultos interesados.\nNuestro método también conlleva Terapia Familiar en los casos que sea necesario, como cuando los problemas familiares o del entorno están influenciando en los hijos y éstos presentan problemas de conducta o trastornos emocionales.\nAl final del tratamiento, el tdah termina convirtiéndose en un conjunto de ventajas para la persona que lo padeció. y ello se explica porque nuestro Método consigue equilibrar toda la energía hiperactiva, la impulsividad o la dispersión atencional, al tiempo que potencia funciones cognitivas, emocionales y órgano-físicas tan importantes como:\nEl razonamiento, la memoria, concentración, tenacidad, motivación, creatividad, comunicación, defensa y seguridad, autoestima, flexibilidad, sociabilidad o liberación emocional.\nPara más información sobre falta de atención y sobre tdah, puedes acceder a los artículos que hemos publicado sobre el tema, muchos de ellos explicando las soluciones que el método aporta .\nPara aquellos que quieran contactarnos, estamos en el teléfono 655 068 620 y en las consultas de Madrid, Gijón y Laredo. También trabajamos online para todos los casos interesados.\ndeficit de atenciónhiperactividadtratamiento


Naturaleza de altura, el Sabinar de Calatañazor - Restaurante El Palomar\nA pocos minutos de nuestro bello pueblo, casi llegando a Muriel de la Fuente, encontramos un espacio natural y único, digno de ver. El Sabinar de Calatañazor es una Reserva Natural con uno de los bosques de sabinas mejor conservados del planeta. Su terreno llano de carácter calcáreo y su latitud a 1.000 metros de altitud, hacen que este lugar sea perfecto para albergar ejemplares de sabina de hasta 24 metros de altura.\nCamino al Sabinar de Calatañazor\nEl Sabinar de Calatañazor se encuentra en las llanuras de Calatañazor, un lugar de misterio que crece en silencio. Es en este lugar, bajo la villa de Calatañazor donde el sabinar que baja de la sierra de Cabrejas encuentra su densidad más impresionante. Considerado como uno de los bosques naturales en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, este espectacular lugar acoge una de las escasas masas de sabinas albares (Juniperus thurifera), una especie de gran tamaño y altura. Forma parte, además, del sabinar de páramo más extenso y mejor conservado de la península.\nEsta reliquia que encontramos en el Sabinar de Calatañazor, nacen en suelos pobres a más de mil metros sobre el nivel del mar, y son capaces de situarse en espacios imposibles, construyendo a su paso un ¨paisaje de cuento¨. A su gran valor ecológico, se suma que el sabinar posee bayas, que alimentan en los meses de invierno a la fauna local (cuervos, urracas, zorzales, entre otras especies)\nDe esta forma, además de ser la muestra de sabinar más espeso del mundo (en cuanto a proporción se refiere) se conoce como un bosque invernal muy interesante para los aficionados a la ornitología.


8 Cosas "asquerosas" que hacemos con nuestra pareja y que demuestran que es el amor de nuestra vida\n8 Cosas «asquerosas» que hacemos con nuestra pareja y que demuestran que es el amor de nuestra vida\nCuando te vas a vivir con tu pareja todo cambia, y los ratos románticos de antes se convierten en situaciones menos emocionantes y más cotidianas. Nadie es capaz de actuar las 24 horas al día, así que sacamos lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Pero no te equivoques, esas situaciones también demuestran vuestro amor.\nLas cosas asquerosas que solo haces con el amor de tu vida\nCompartir objetos de higiene personal\nAl principio, no nos atrevemos a tocar sus cosas, y ni siquiera le cogemos champú cuando nos duchamos en su casa. Sin embargo, llega un momento en el que deja de ser incómodo y nos damos cuenta de que si compartís vuestra vida, un producto no tiene mayor importancia. Hay quienes consideran demasiado usar el mismo cepillo de dientes, pero eso depende de cada persona.\nUsar el baño con la puerta abierta\nCon el paso del tiempo, la privacidad adquiere otro significado, y hay quienes no dudan en hacer sus necesidades mientras el otro se lava los dientes o está dentro de la ducha.\nEructar o soltar gases sin vergüenza\nCuando empezamos una relación, tratamos de ser lo más correctos posible, y tratamos de evitar a toda costa soltar un eructo o una flatulencia. Sin embargo, cuando la confianza aumenta, cada vez se hace más común y es más fácil aceptarlo porque es normal.\nComer «a lo bruto»\nAunque en la primera cita probablemente os pidáis algo y ni si quiera os lo terminéis, con el tiempo ese miedo a ser juzgados desaparece. Y entonces, comeréis como lobos sin importaros nada.\nLimpiarle legañas al otro\nDesde quitarle una legaña del ojo hasta un moco con una servilleta, es una forma de decir que le prestas atención y que, sin importar lo asqueroso que sea, harás lo que sea para que se vea bien.\nBesarse con aliento mañanero\nUna de las cosas que más se disfrutan en pareja es dormir y amanecer juntos. Y aunque es algo muy romántico, hay pequeños «obstáculos» como el aliento mañanero. Sin embargo, con la confianza eso pasará a un segundo plano y dejará de ser importante.\nCuando tenemos una relación estable con alguien, queremos compartir todo nuestro cuerpo con esa persona, desde los labios hasta los pies.\nSi mientras os acariciáis veis un barrillo o una espinilla y no dudáis en quitárosla sin ningún tipo de remordimiento, vuestra relación ha pasado al siguiente nivel.\nEstas situaciones pueden hacernos sentir extraños al principio, pero demuestran que nos sentimos en confianza y que estamos seguros junto a nuestra pareja.\nImagen de portada: Monkey Business Images / ShutterstockFuente: corazon / mundoqurioso\nArtículo anteriorLas 8 Famosas islas mundialmente conocidas por su inmensa plaga de animales que abarrotan sus calles\nArtículo siguiente8 Típicas pesadillas nocturnas y qué es lo que significan cuando aparecen


Caricaturistas escogen la ciudad por la bondad de su gente - El Heraldo\n2019-03-02 2019-03-02 El Heraldo Última hora\nLos caricaturistas y retratistas llegan de Guayaquil y Perú por la FFF. (Foto El Heraldo)\nHan convertido en tradición llegar cada año por la FFF. Los caricaturistas y retratistas llegan de Guayaquil y otros de Perú para plasmar los rostros o del ser más preciado de los turistas y ambateños. Son alrededor de 15 que se ubican en la Casa del Portal.\nAunque tienen inconvenientes con los municipales, aseguran que les gusta la ciudad por la acogida que les brindan los ambateños. Henry Sellán es de Guayaquil y labora en el Malecón de esa ciudad costera. Tanto las caricaturas como los retratos son bastante solicitados y los precios no pasan de 10 dólares.\nFrank Chávez, es peruano y tiene tres años visitando la ciudad y aseguró que estarán desde las 08:00 a 22:00 horas hasta el martes cinco que culminan los programas de mayor concentración de personas. (I)


Productos de cosmética Mercadona ¿Qué ha pasado? - Mujeres - Blog de belleza y moda para mujeres\nProductos de cosmética Mercadona ¿Qué ha pasado?\nLa verdad es que la noticia ha estado en casi todos los periódicos y revistas especializadas, y es que no todos los días se ve como una denuncia a un gran supermercado como es Mercadona conlleva la retirada del mercado de varios de sus productos. Y con el revuelo armado tanto en la calle como en internet, de seguro que más de una de ustedes se habrá preguntado qué es lo que ha pasado. Y desde nuestro blog les vamos a explicar qué ha ocurrido con los productos de cosmética retirados por Mercadona y si suponen o no un riesgo para la salud.\nEn realidad, el problema viene por mezclar dos productos que en combinación pueden producir una sustancia que se ha detectado en algunos cánceres. Y aunque es cierto que precisamente esos productos tenían en su composición ambas, en ningún caso podían provocarlo, es decir que no eran dañinos para la salud, por la sencilla razón de que no tenían las cantidades necesarias para provocar daños.\npara ser exactos, el problema estaba en los compuestos Trietalonamina, que actúa sobre el PH de la piel; y Bronopol, un conservante; que unidos generan nitrosamina, relacionada con el cáncer. Pero en concentraciones tan pequeñas, la nitrosamina no se produce con lo que se descarta cualquier daño. En todo caso, por precaución Mercadona los ha eliminado del mercado y ha sustituido sus componentes para evitar quejas.


Llega un inspector… y es de energía (II) - CNMC Blog\nFoto cortesía de Som Energia Cooperativa (flickr)\nEn una entrada anterior referíamos que las inspecciones de energía suponen la aplicación práctica de aquellas funciones del regulador que requieren la verificación de la información que se recibe del sector energético en general (supervisión) y que se concretan en comprobaciones in situ a empresas, instalaciones y clientes o consumidores del sector eléctrico, gas o petróleo.\nEn esta oportunidad vamos a intentar explicar cuál es la finalidad de cada tipo de inspección (siempre según la clasificación que hicimos en la entrada anterior) y las consecuencias que de ellas se puedan derivar.\nUna aclaración importante: la CNMC no tiene competencias sancionadoras en este tipo de inspecciones (las de energía). Puede instruir expedientes pero la resolución de los mismos y la determinación de la sanción es competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.\nOtra aclaración importante: las inspecciones de energía sólo se realizan a las empresas con actividades reguladas (transporte de energía, distribución de energía, y generación de energía con derecho a retribución específica).\n1.- Inspecciones de carácter eminentemente económico\nSu finalidad es comprobar que las declaraciones efectuadas por las empresas en el sistema de liquidaciones, cuotas o tasas es correcta.\nUn ejemplo: acabamos de decir que la distribución y el transporte de energía son actividades reguladas. Esto significa que las empresas autorizadas para ejercer estas actividades reciben una cantidad fijada por el Gobierno para retribuir este trabajo. Los fondos con los que se remuneran estas actividades proceden de los peajes. Estos peajes (pago por el uso de las redes de transporte y distribución ) los pagamos todos los consumidores de energía eléctrica a través de la factura eléctrica.\n¿Cuál es el papel de los inspectores en este caso? Inspeccionar y verificar que los datos que proporcionan estas empresas son correctos y se les están abonando las cantidades adecuadas. Es decir, validar las declaraciones y en el caso de que éstas no sean correctas practicar una liquidación paralela proponiendo las refacturaciones que sean precisas. Implican, pues, una obligación de pago o un derecho de devolución. Todo lo anterior es válido para el gas aunque en esta ocasión hayamos utilizado un ejemplo de energía eléctrica\n2.- Inspecciones de carácter eminentemente técnico\nEn este tipo de inspecciones los inspectores de la CNMC comprobarán que las instalaciones cumplen con los requisitos administrativos y técnicos que estén relacionados con su retribución. En realidad, y aunque lo que se inspecciona son instalaciones, su propósito es económico pues el fin no es otro que verificar el punto anterior con el objeto de asegurarse de que la retribución que las empresas reciben es la correcta.\nUn ejemplo: imaginemos una planta de generación fotovoltaica. Este tipo de plantas tienen dos vías de ingresos: los que obtienen por su propio negocio de venta de energía en el mercado y los que obtienen del Estado (que pagamos entre todos los consumidores por medio de los peajes) por ser una fórmula de generación de energía con derecho a retribución específica (RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos). Estos últimos son los que nos interesan para explicar el trabajo de los inspectores de la CNMC. La planta fotovoltaica de nuestro ejemplo ha sido autorizada para tener 100 kw de potencia, y por tal potencia va a ser retribuida. En este caso la labor de los inspectores será acudir a la instalación y comprobar in situ que dicha planta tiene la potencia autorizada. Si no es así, los inspectores abrirán un expediente sancionador que, como ya hemos dicho, resolverá el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.\n3.- Inspecciones de carácter económico-técnico\nEstas inspecciones participan de ambos aspectos (económico y técnico) y por tanto su finalidad y consecuencias son la suma de lo expuesto en los párrafos anteriores\nEn resumen, si la inspección de la CNMC en materia de energía:\nEn el próximo “episodio” hablaremos de a quién se inspecciona (qué criterios intervienen para iniciar una inspección), de cómo se inspecciona (qué pasos se siguen) y, por supuesto, de la figura del inspector.\nCarmenGoizueta2020-03-25T08:06:44+00:0013 de julio de 2016|CNMC, Energía|2 Comentarios\nProcedimientos de inspecciones cada vez más depurados. Taller de la ICN | CNMC blog 5 octubre, 2016 en 4:29 pm - Responder\n[…] un inspector… y es de energía (I) Llega un inspector… y es de energía (II) Llega un inspector… y es de energía […]\nLa Audiencia Nacional avala el procedimiento de las inspecciones en el caso de los fabricantes de turrón - CNMC blogCNMC blog 14 febrero, 2018 en 4:04 pm - Responder


Países andinos comparten experiencias en lucha contra chikungunya y dengue\nMinisterio de Salud y Protección Social > Países andinos comparten experiencias en lucha contra chikungunya y dengue\nBoletín de Prensa No 199 de 2015\n- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela asisten a taller en Bogotá.\nBogotá, D.C., 5 de agosto de 2015. Especialistas en epidemiologia y manejo clínico y autoridades responsables de la lucha contra la fiebre del chikungunya y el dengue de los Ministerios de Salud de los países andinos, se reúnen desde hoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, para conocer la experiencia desarrollada por ese país e intercambiar conocimientos en el manejo de dichas enfermedades.\nLa cita es convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue, ORAS - CONHU, organización que desde el momento en que se confirmó la transmisión de casos de chikungunya en la región, ha procurado respuestas comunes orientadas a evitar su propagación.\n“El propósito es intercambiar experiencias en las actividades de alerta y respuesta, con el fin de continuar el desarrollo de capacidades regionales para garantizar la detección, diagnóstico y atención clínica oportuna y de calidad y, de esa manera, mitigar el impacto en la población ante la transmisión activa”, expresó la secretaria ejecutiva del ORAS - CONHU, Caroline Chang.\nEn la reunión de Bogotá se analizará la situación del chikungunya en los países andinos y en toda América. Los representantes de cada uno de los países presentarán informes sobre el estado en que se encuentra en cada uno de ellos y expondrán los planes nacionales de respuesta que se han elaborado. Colombia presentará además su Plan Nacional de Respuesta, y las estrategias de comunicación y movilización social, todo en el marco de Dengue Chikunguña.\nSe discutirá también una estrategia de gestión integrada frente al dengue y la chikungunya, así como protocolos, tipos de vigilancia y experiencias adquiridas en la respuesta frente a ambas enfermedades.\nLa fiebre de chikungunya se ha convertido en un problema de salud pública emergente para 47 de los 50 países de América Latina y el Caribe, en los cuales se evidencia un incremento en la propagación de transmisión de esa enfermedad de forma concomitante con la del dengue, ambas provocadas por la presencia del Aedes aegypti y/o Aedes albopictus, razón por la cual se deben intensificar las medidas de control.\nAl final de la reunión se coordinarán las acciones que en forma conjunta realizarán los países andinos para establecer mecanismos de respuesta integrales que permita enfrentar estos eventos en salud pública.


descargar 46.32 Kb.\ntamaño 46.32 Kb.\nElectivo de Biología Básico\nContenido: Evolución de los seres vivos\nFuentes: recolección de apuntes de textos educativos.\nProfesora: Joselyn Ramírez Tobar\nContenido: “La célula: Unidad Funcional de los seres vivos”\nC onociendo la evolución de los seres vivos\n¿Sabes cómo surgen las Ideas relacionadas con la evolución?\nHistóricamente, la explicación más común del origen de las especies ha sido la Creación divina de cada especie en su forma más actual y se creía que las especies no habían cambiado significativamente desde su creación. Los indicios aportados por la diversidad de las cosas animadas, por fósiles y por la geología pusieron en tela de juicio esta opinión, aunque no se propuso un mecanismo convincente de la evolución de las especies actuales a partir de otras más antiguas. A partir de mediados del XIX, los científicos llegaron a la conclusión de que las especies tienen su origen en el cumplimiento de leyes naturales, como resultado de cambios en la constitución genética de las poblaciones de organismos. Este proceso recibe el nombre de evolución.\nA continuación se nombran ciertas condiciones claves que permitieron dar una explicación al fenómeno de la evolución:\nLa exploración de nuevos territorios puso al descubierto una asombrosa diversidad de la vida\nLa geología aportó pruebas de que la Tierra tiene una antigüedad muy grande\nDentro de los científicos que se destacan por el aporte al evolucionismo es Darwin y Wallace (científico que acuño antecedentes a favor de la selección natural al mismo tiempo que Darwin, pero Darwin acuño el termino). Ambos estaban familiarizados con el registro fósil, que mostraba tendencia hacia una mayor complejidad al paso del tiempo, ambos habían viajado por los trópicos y habían estudiado una asombrosa variedad de plantas y animales que habitan en esos lugares, ambos encontraron que algunas especies diferían sólo en unos pocos aspectos relativamente sutiles, y ambos buscaban un mecanismo capaz de dirigir el cambio evolutivo a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo fue Darwin, en el año 1859 que público el “Origen de las Especies”, en el cual propuso el mecanismo de la selección natural como explicación y fue el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.\nSon muchas las líneas de prueba que indican la existencia del fenómeno de evolución; algunas de ellas son las siguientes:\nLos fósiles de especies antiguas tienden a ser más simples en cuanto a forma que las especies modernas. Se han descubierto series de fósiles que muestran una sucesión escalonada de cambios de forma. Estos dos hechos serían de esperar si las especies modernas evolucionaron a partir más antiguas.\nLas especies que se consideran emparentadas por evolución a partir de un antepasado común muestran muchas estructuras anatómicas similares. Ejemplo de ello son las extremidades de anfibios, reptiles, aves y mamíferos.\nLas etapas del desarrollo embrionario muestran una gran similitud entre tipos de diferentes de vertebrados.\nLas diferencias en cuanto a estructura cromosómica, secuencias de aminoácidos en las proteínas y composición del DNA apoyan la noción de que las especies emparentadas descienden por evolución de antepasados comunes.\n¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones evolucionan por selección natural?\nMuchas líneas de prueba indican que la selección natural es el principal mecanismo que origina los cambios de características de las especies al paso del tiempo; dos de esas líneas son las siguientes:\nSe han producido cambios rápidos y hereditarios en plantas y animales domésticos reproduciendo selectivamente los organismos que poseen las características deseadas (selección artificial). Las inmensas variaciones que se han producido en las especies en unos pocos miles de años de selección artificial por los seres humanos hacen pensar que cambios de magnitud mucho mayor pudieron producirse por el efecto de cientos de millones de años de selección natural.\nExiste selección natural cuando se preservan las variaciones individualmente favorables y la destrucción de aquellas que son nocivas, solo si estas variaciones se preservan a través del tiempo por medio de la reproducción de esa especie. Pues, la selección natural se puede observar en los distintos contextos naturales de nuestra biosfera. Así, el término Selección Natural, en la que se fundamenta la teoría evolutiva se basa en observaciones científicas que se resumen a continuación:\nObservación 1: Una población natural, que consiste en todos los individuos de una especie que ocupan una región específica, tiene el potencial de creer rápidamente, porque los organismos producen muchos más descendientes que los necesarios para sólo reemplazar a los progenitores.\nObservación 2: Con todo, el número de individuos de una población natural tiende a permanecer relativamente constante a lo largo del tiempo.\nConclusión 1: Por consiguiente, lo que seguramente ocurre es que mayor el número de organismos que nacen que el que el de los que sobreviven y se reproducen. Si algunos individuos no sobreviven, también debe ser cierto que los organismos compiten para sobrevivir y reproducirse. En cada generación muchos individuos mueren jóvenes, no se reproducen, tienen pocas crías, o bien tienen crías menos aptas que no sobreviven ni se reproducen a su vez.\nObservación 3: Los miembros individuales de una población difieren unos de otros en cuanto a su capacidad para obtener recursos, soportar ambientes extremos, escapar de los depredadores, etc.\nConclusión 2: Estas diferencias entre los individuos contribuyen a determinar qué individuos habrán de sobrevivir y reproducirse con más éxito, dejando, por tanto, el mayor número de crías. Este proceso, por el que los individuos cuyas características les permiten adaptarse mejor a su ambiente dejan un número mayor de descendientes, se conoce como selección natural.\nObservación 4: Al menos en parte, la variación entre individuos en cuanto a características que influyen en la supervivencia o la reproducción se debe a diferencias genéticas trasmisibles de los progenitores.\nConclusión 3: Puesto que los individuos mejor adaptados dejan más descendientes, las características (y los genes que les dan origen) de los individuos mejor adaptados se transmiten a una proporción mayor de los individuos de las generaciones subsiguientes. A lo largo de muchas generaciones, esta reproducción diferencial, esto es, desigual, entre individuos con diferente constitución genética, modifica la composición genética general de la población. Este proceso es la evolución por selección natural.\nDiagrama de flujo del razonamiento evolucionista\nPotencial de reproducción rápida\nRecursos y tamaño de población relativamente constantes al paso del tiempo\nVariabilidad de estructuras y comportamientos\nCompetencia para sobrevivir y reproducirse\nEn promedio, los organismos más aptos que dejan descendientes\nAlgunas variaciones se heredan\nEvolución: La constitución genética de la población cambia al paso del tiempo debido a la selección natural\nonclusión basada en la observación\nque al traspasarse a través de\na evolución por selección natural también predice que, ante demandas ambientales similares, especies no emparentadas pueden evolucionar independientemente hacia estructuras superficialmente semejantes, proceso que se conoce como evolución convergente. Estas partes corporales similares en lo externo se llaman estructuras análogas. Las alas de las moscas y las de las aves son estructuras análogas que han surgido por evolución convergente; las formas aerodinámicas y térmicamente aisladas mediante grasa de las focas (mamíferos) y los pingüinos (aves) son un ejemplo más. Las estructuras análogas pueden ser muy diferentes en cuanto a su anatomía interna, porque las partes no provienen de estructuras de antepasados.\nque se observa en\nI nvestigue y luego defina los siguientes conceptos:\n- Estructuras análogas\n- Estructuras homólogas\n- Evolución convergente\n- Evolución divergente\n- Población Herencia de características adquiridas\n¿Cuál es la relación entre las poblaciones, los genes y la evolución?\nLa pool genético de una población es el total de todos los alelos de todos los genes que tienen los integrantes de esa población. Las fuentes de variabilidad genética en una población son la mutación, que produce nuevos genes y alelos, y la recombinación durante la reproducción sexual. En su sentido más amplio, la evolución es un cambio en las frecuencias de alelos de la poza génica de una población, debido a que los individuos que poseen ciertos alelos se reproducen más. Las frecuencias de alelos de una población permanecerán constantes al paso de las generaciones sólo cuando se satisfacen con las condiciones siguientes: (1) no hay mutaciones; (2) no hay flujo de genes, es decir, no hay una migración neta de genes al interior o hacia afuera de la población; (3) la población es muy grande; (4) todo apareamiento es aleatorio; (5) todos los genotipos se reproducen por igual (es decir, no hay selección natural). Estas condiciones rara vez o nunca se satisfacen en la Naturaleza. Entender por qué no sse satisfacen permite comprender los mecanismos de la evolución.\nCondiciones para la evolución\n1. Las mutaciones son cambios aleatorios, no dirigidos, de composición del DNA. Aunque la mayoría de las mutaciones son neutras o perjudiciales para el organismo, algunas de ellas resultan ventajosas en ciertos ambientes. Las mutaciones son poco frecuentes y modifican en escasa medida las frecuencias de alelos, pero aportan materia prima para la evolución.\n2. En el flujo de genes entre poblaciones, si los alelos de una emigrante son diferentes de los que existen en la población de la que el emigrante proviene o al que migra, las frecuencias de alelos cambian.\n3. En toda la población ocurren sucesos fortuitos que matan a algunos individuos o impiden su reproducción. Si la población es pequeña, los sucesos fortuitos podrían eliminar un número desproporcionado de individuos poseedores de un alelo determinado, con la cual se produciría un cambio considerable en la frecuencia de alelos de la población. Este cambio recibe el nombre de deriva genética.\n4. Muchos organismos no se aparean al azar. Si sólo ciertos miembros de una población se aparean , entonces la siguiente generación de organismos de la población descenderá en su totalidad de este grupo selecto, cuyas frecuencias de alelos quizá difieran de las de la población en conjunto. El cuello de botella poblacional y el efecto fundador, dos tipos de deriva genética ilustran las consecuencias que un tamaño de población reducido tiene en la frecuencia de alelos.\n5. En la supervivencia y reproducción de los organismos influye su fenotipo. Debido a que el fenotipo depende al menos en parte del genotipo, la selección natural tiende a favorecer la reproducción de ciertos alelos a expensas de otros.\nLa selección natural es un asunto de reproducción diferencial, esto es, desigual. Al paso del tiempo, la selección natural influye en una población de tres modos:\n1. Selección direccional. Los individuos con características que difieren del promedio en un sentido (por ejemplo: tamaño menor) resultan favorecidos en comparación con los individuos promedio y los individuos que difieran del promedio en el sentido opuesto.\n2. Selección estabilizante. Los individuos que presentan el “valor” promedio de una característica resultan favorecidos en comparación con los individuos con valores extremos.\n3. Selección disociadora. Los individuos que presentan valores de una característica resultan favorecidos en comparación con los individuos con valores promedio.\nLa selección natural es resultado de las interacciones de los organismos con las partes bióticas (animadas) como abióticas (inanimadas) de su ambiente. Dentro de una especie, la selección sexual y el altruismo son dos tipos de selección natural. Cuando dos o más especies interactúan extensamente, al grado de ejercer presiones ambientales mutuas unas sobre otras durante períodos prolongados, ambas evolucionan en respuesta a esta circunstancia. Este tipo de relación entre los organismos, como, por ejemplo, competencia, conductas predatorias y simbiosis.\nInvestigue los siguientes conceptos y luego defínalos:\nSelección natural Coevolución\nEvaluando nuestro aprendizaje\nLea comprensivamente y conteste correctamente\n1-La selección actúa sobre los individuos, pero sólo las poblaciones evolucionan. Explique por qué es así.\n2-Explique la diferencia entre catastrofismo y uniformitarismo ¿Qué aportaron estas hipótesis al desarrollo de la teoría de la evolución?\n3-Describa la teoría de Lamarck de la herencia de características adquiridas ¿Por qué no es válida?\n4-¿Qué es la selección natural? Describa cómo la selección natural pudo haber originado una reproducción diferencial entre los antepasados de un pez depredador de nado veloz, como la barracuda, por ejemplo.\n5-Describa cómo se lleva a cabo la evolución, en virtud de las interacciones entre el potencial reproductor de una especie y el tamaño normalmente constante de las poblaciones naturales, la variación entre los individuos de una especie, la selección natural y la herencia.\n6¿Qué es la evolución convergente? Cite un ejemplo\n7-¿Qué pruebas de que ha habido evolución aportan bioquímica y la genética molecular?\n8- ¿Qué es la selección sexual? ¿En qué se asemeja la selección sexual a otras formas de selección natural, y en que difiere?\n9-Defina selección direccional, de un ejemplo.\n10- ¿Cuál es la diferencia que existen entre las estructuras análogas y homologas?\n11- ¿Cuál crees que podría ser la diferencia entre los términos adaptación y la selección natural?\nLea atentamente y marque la alternativa correcta según corresponda:\n1-La evolución según Lamarck, es decir, la herencia de características adquiridas, podría ocurrir\nA. Si cada gen tuviera un solo alelo\nB. Si los individuos tuvieran fenotipos diferentes\nC. Si los mismos cambios ambientales que alteran el fenotipo alteraran también el genotipo\nD. Si el ambiente alterara el fenotipo\nE. En ninguna de estas condiciones\n2-De que posibilidades siguientes, la mejor forma de estimar la eficacia biológica evolutiva de un organismo consiste en medir el\nA. Tamaño de sus descendientes\nB. Número de huevos que produce\nC. Número de huevos que produce a lo largo de su vida\nD. Número de descendientes que tiene a los largo de su vida\nE. Número de descendientes que tiene a lo largo de su vida y que sobreviven\n3-En nuestro tracto gastrointestinal prosperan ciertas bacterias. Esto es un ejemplo\nA. Eficacia biológica inclusiva\nB. Polimorfismo equilibrado\nD. Selección de linaje\n4-Un brazo humano es homólogo respecto de:\nA. Una aleta foca\nB. Un tentáculo de pulpo\nC. Un ala de ave\nD. Un brazo de estrella de mar\nE. a y c son correctos\n5-¿Cuál o cuáles de los hechos hipotéticos siguientes impedirían que se llevase a cabo la evolución por selección natural?\nA. Los seres humanos se extinguen a causa de una epidemia de enfermedades\nB. Una guerra nuclear elimina la mayor parte de los organismos vivos y modifica drásticamente el ambiente\nC. El agotamiento del ozono provoca que la superficie del planeta reciba más radiación ultavioleta, la cual da origen a muchas mutaciones nuevas\nD. Todos los individuos de una población son genéticamente idénticos, y no hay recombinación genética, ni reproducción sexual ni mutación