El despido en España - Gestoria Barcelona\nMe acaban de despedir. ¿Que tengo que hacer, que derechos tengo?\n¿Si estoy embarazada no me pueden despedir?\nEstoy de baja y me han despedido , ¿que puedo hacer?\nMe han despedido y como motivo me han puesto bajo rendimiento ¿Es normal?\n¿La indemnización de despido que he cobrado la tengo que poner en mi Renta?\n¿Con cuánto tiempo de antelación debo comunicar el despido a un trabajador?\n¿Qué opciones tengo si sufro pérdidas en mi empresa?\n¿Me tienen que readmitir obligatoriamente si declaran improcedente el despido?\nCuando te enfrentas al fin de una relación laboral, ya seas empresario o trabajador, suelen surgir muchas dudas sobre la legalidad relacionada con todo este proceso.\nEn este artículo vamos a tratar de responder a tus preguntas, explicando de forma clara y sencilla los derechos y obligaciones de las partes implicadas, aclarando las novedades introducidas en los últimos años mediante las reformas laborales acometidas en España y analizando algunos de los casos más comunes relacionados con el despido en España.\nCasos prácticos de despido\n1. Definición del despido\nEn España, el concepto de despido hace referencia a la finalización de un contrato laboral por voluntad unilateral del empleador o empresario y, como consecuencia del mismo, las obligaciones contractuales de las partes se extinguen. Es decir, es el empresario o la empresa el que decide poner fin al contrato, sin que sea necesario el consentimiento o acuerdo del trabajador afectado.\nLa principal norma española que regula el despido es el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). No obstante, la nueva Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el decreto-ley precedente, así como la reciente Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, entre otras, han introducido sustanciales modificaciones relacionadas con el despido que merecen un análisis a lo largo de los siguientes apartados.\nAntes de continuar con los tipos de despido, debemos aclarar que, si bien el Estatuto de los Trabajadores sólo emplea estrictamente este término para el despido colectivo y el disciplinario, también es necesario incluir dentro de esta figura laboral lo que la norma denomina extinción del contrato por causas objetivas.\n2. Tipos de despido\nPor tanto, la legislación española reconoce, como decíamos, tres clases de despido: el despido colectivo, que afecta a un grupo de trabajadores o puestos de trabajo, y los despidos disciplinario y objetivo, en los que está involucrado un solo empleado.\nPero, ¿cuándo procede cada uno? Te lo explicamos.\nPara que haya despido disciplinario, la finalización de la relación contractual por parte del empresario debe estar basada en el “incumplimiento grave y culpable del trabajador”. De hecho, los supuestos legales para que se dé este tipo de despido están detallados en el artículo 54 el Estatuto de los Trabajadores y no han sufrido cambios con las nuevas normas aprobadas por el Gobierno. Las causas admitidas son:\nEn cuanto al procedimiento para llevar a cabo el despido disciplinario, una vez que el empleador considera que se ha dado alguna o varias de estas causas y quiere poner fin a su relación laboral con el empleado, debe notificar el despido al trabajador, informando expresamente de cuáles son los hechos que lo motivan y a partir de qué fecha se hará efectivo el mismo.\nEste procedimiento varía ligeramente en el caso de los trabajadores vinculados al ejercicio sindical. Por un lado, para los empleados que sean delegados sindicales o representantes legales de los trabajadores, además de la notificación de la que hablábamos antes, el empleador debe abrir expediente contradictorio, en el que se escuchará tanto al trabajador interesado como al resto de representantes de la empresa. Por otro lado, en el caso de que el trabajador esté afiliado a un sindicato y así le conste al empresario, también deberá facilitarse la audiencia de los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente.\nAhora bien, en el caso de que el empresario no cumpla con alguna o varias de las exigencias de este proceso, la norma ofrece al empleador una segunda oportunidad para llevar a cabo el despido disciplinario con dos condiciones: el plazo para subsanar los defectos del procedimiento será de 20 días a partir de la fecha del primer despido y el trabajador tendrá derecho a los salarios devengados y cotizaciones en la Seguridad Social de los días intermedios.\n2.2. Despido Objetivo\nIgual que ocurre con el despido disciplinario, el despido objetivo supone la finalización del contrato por parte del empresario cuando se produzcan algunas de las causas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 52. La diferencia entre ambos radica, principalmente, en que en el despido objetivo no es necesario que se dé una conducta dolosa por parte del trabajador, sino que se sustenta en causas no intencionadas o ajenas a la voluntad del mismo.\nLos supuestos para alegar despido objetivo por el empresario son:\nPor ineptitud del trabajador tras su integración efectiva en la empresa. La clave para que sea despido objetivo, y no despido disciplinario por reducción del rendimiento de trabajo, se encuentra en que en el disciplinario la negligencia del trabajador debe ser intencionada, mientras que en el objetivo, no necesita esa mala fe.\nPor falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas realizadas en su puesto de trabajo. Por ejemplo, que la empresa introduzca un nuevo sistema informático y el trabajador sea incapaz de usarlo correctamente. Sin embargo, para poder alegar esta causa, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral exige que el empresario haya ofrecido previamente la formación necesaria para facilitar esa adaptación del personal y deberá haber pasado un plazo mínimo de dos meses desde que se introduzco la modificación técnica o terminó el curso formativo.\nPor causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La norma aclara en qué consisten estas causas. Así, se entiende que concurren causas económicas cuando los resultados de la empresa sean negativos, con pérdidas actuales o previstas, o la disminuyan de forma persistente los ingresos ordinarios o ventas. Y es aquí donde se produce una de las principales modificaciones de la reforma laboral de 2012, ya que antes del decreto-ley de febrero no se concretaba en qué consistía esta disminución persistente de ingresos y ventas, dejándolo al arbitrio del juez, mientras que con la modificación se estipula que habrá disminución persistente “si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”. Además, antes de la reforma, la empresa debía justificar que los despidos iban dirigidos a preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado de la misma, un requisito que ya no es necesario. En cuanto al resto de causas, la norma entiende que concurren causas técnicas cuando se producen cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se produzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.\nPor faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. La intencionalidad del trabajador, de nuevo, vuelve a ser el punto diferenciador con el despido disciplinario. No obstante, no podrán computarse en el cálculo anterior las faltas debidas a una huelga legal, al ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, al tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género.\nComo novedad, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introduce un quinto supuesto para el despido objetivo, dirigido a los contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas, cuando no sea suficiente la consignación para mantener el contrato.\nEn el caso del despido objetivo, la empresa también debe comunicar por escrito al trabajador su decisión con 15 días de antelación (antes de la última reforma eran 30), indicando la causa de la misma, al mismo tiempo que hace entrega al empleado la indemnización correspondiente. Debemos puntualizar que el despido disciplinario no genera indemnización ni exige un preaviso si es procedente; de ahí que antes no hayamos mencionado estos requerimientos al hablar de él.\n2.3. Despido colectivo\nLa concepción de los despidos colectivos surge como mecanismo para eliminar, no tanto trabajadores concretos como puestos de trabajo. Este tipo de despido es aquel que obedece a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que veíamos antes en el despido objetivo y que afecta a un número concreto de empleados, según el tamaño de la empresa.\nDe este modo, será despido colectivo si afecta al menos a 10 trabajadores de una empresa de menos de 100 empleados: al 10% de la plantilla para compañías de entre 100 y 300 empleados; a 30 trabajadores en empresas con más de 300 empleados: o a toda la plantilla de la empresa, si tiene al menos 6 trabajadores, como consecuencia del cese de la actividad por los motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción que comentábamos.\nMenos de 100 trabajadores ≥10 o más trabajadores\nEntre 100 y 300 trabajadores ≥10% de la plantilla\nMás de 300 trabajadores ≥30 trabajadores\nCese de la actividad en empresas de ≥ 6 trabajadores Toda la plantilla\nAntes de la reforma laboral de 2012, los despidos colectivos necesitaban la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo, en el que la autoridad laboral nacional o autonómica debía autorizarlo. De esta manera, empresa y representantes sindicales trataban de llegar a un acuerdo, para que fuera ratificado por el organismo oportuno sin arriesgarse al dictamen del mismo. Sin embargo, desde febrero de 2012, este trámite desaparece y el empleador puede, según su voluntad, aplicar el despido colectivo y las condiciones que considere, siempre que cumpla con las indemnizaciones mínimas y celebre el período de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento. Esto supone que, tras dialogar con los trabajadores y sus representantes, el el empresario y sólo él el que tiene la potestad para llevar a cabo el despido.\nIgual que en el despido objetivo, la empresa debe notificar los despidos a los trabajadores afectados, junto con la información de la indemnización pertinente, aunque el plazo de preaviso es de 30 días mínimo desde la comunicación de la apertura del periodo de consultas y la fecha de efecto del despido.\n3. Calificación del despido\nUna vez que hemos visto los tres tipos de despidos reconocidos en España, debemos hablar de las calificaciones de los mismos. Es habitual confundir un concepto con otro y hablar, por ejemplo, de despido improcedente como una clase, y no como una calificación. Por ello, es conveniente dejar claro que una cosa son las clases de despido (objetivo, colectivo y disciplinario) y otra, el grado de legalidad o justificación de cada uno de ellos, que varía desde procedente, hasta improcedente o nulo. Veámoslos uno a uno.\nUn despido, ya sea objetivo, disciplinario o colectivo, se considera procedente cuando se ajusta a alguna de las causas o motivos legales del mismo que antes enumerábamos, y quedan acreditadas en el escrito de comunicación del empresario. Es decir, la ley reconoce al empresario el derecho a despedir a un trabajador por uno o varios supuestos concretos que, en el caso que nos ocupa, coinciden con la situación real.\nComo consecuencia, el despido pone fin a la relación contractual entre empresa y trabajador en la fecha establecida por el empleador y el empleado tendrá derecho a una indemnización, salvo en el caso del despido disciplinario.\nPor el contrario, despido improcedente es aquel que no se ajusta a los supuestos legales establecidos, es decir, el empresario no tiene justificación o motivo para despedir a uno o varios empleados.\nLos efectos del despido improcedente, una vez declarado por el juez, se traducen en que el empleador deberá elegir en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia si readmite al trabajador o trabajadores afectados, abonando además los salarios de tramitación, o si, por el contrario, les abona la indemnización pertinente.\nPor último, el despido nulo es la figura que mayor protección otorga a los trabajadores y vela por la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas y algunos colectivos más vulnerables. De hecho, la calificación de despido nulo conlleva la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios y cotizaciones que no se hayan producido durante el periodo desde que fuera despedido.\nSiempre y cuando no se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con las siguientes causas, la calificación de despido nulo se otorga a los aquellos que:\nSupongan alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley.\nConlleven violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.\nAfecten a trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad o que sea notificado cuando el plazo de preaviso finalice dentro de dicho período.\nRepercutan en trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el anterior apartado.\nRecaigan sobre trabajadores que hayan solicitado permiso por el derecho de lactancia o reducción de la jornada laboral por cuidado de un hijo menor de 6 años o disminuido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, o hayan pedido una excedencia para el cuidado de un hijo.\nImpliquen a trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral.\nEstén dirigidos a los trabajadores, después de haberse reintegrado al trabajo, al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.\nDependiendo del tipo de despido que se aplique, así como la calificación que reciba el mismo, la indemnización de la empresa al trabajador puede variar notablemente. Estudiemos los distintos escenarios posibles.\nSi el empresario consigue acreditar las causas legales del despido y es declarado procedente, debemos diferenciar entre los resultados para:\nDespido disciplinario, en el que el trabajador no percibe ni indemnización ni salarios de tramitación, puesto que la normativa entiende que la causa del mismo ha sido provocada íntegramente por el empleado.\nDespido colectivo y por causas objetivas, donde el afectado percibe una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año (igual que la prevista antes de la reforma).\nEn el caso de despido improcedente, el empresario se ve obligado a optar entre:\nReadmitir al afectado, abonarle los salarios de tramitación y satisfacer las cotizaciones del mismo desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o hasta que hubiera encontrado un nuevo empleo (si es anterior). En el caso de los despidos por causas objetivas, el trabajador deberá en este caso devolver la indemnización percibida.\nPagarle una indemnización al trabajador de 33 días por año de servicio en la empresa hasta un máximo de 24 mensualidades, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. Asimismo, si el empleado recibió indemnización al ser despedido, esta cantidad será deducida del importe total de la nueva cuantía. Aquí sí que tenemos que destacar el importante cambio normativo, puesto que antes de la reforma laboral de 2012 esta indemnización ascendía a 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.\nPara tomar esta decisión entre readmisión o indemnización, la ley otorga al empleador un plazo de 5 días. Si en este periodo no se emite una decisión, será la readmisión la que prevalezca. Como excepción en el despido improcedente, en el caso de que el afectado sea un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la elección sobre readmisión o indemnización recae sobre el empleado, no sobre el empresario.\nPara calcular el importe de la indemnización en despidos improcedentes en aquellos contratos firmados antes de la reforma laboral se introduce un doble cómputo: el periodo anterior al 11 de febrero de 2012 se realizará en base a 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios y a razón de 33 días de salario por año de servicio posterior a la entrada en vigor de la norma, con un máximo de 42 mensualidades. En cualquier caso, el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor del decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo.\nLa tercera posibilidad es que el juez declare nulo el despido. En este caso, el empresario sólo tiene una opción: readmitir al trabajador y abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde el despido, junto con el pago de las cuotas de la Seguridad Social generadas durante este periodo. El trabajador vuelve a la empresa ingresando el mismo dinero y cotizando igual que en el caso de no haber sido despedido.\nPROCEDENTE IMPROCEDENTE NULO\nDESPIDO OBJETIVO 20 DÍAS/AÑO TRABAJADO (MÁXIMO DE 12 MENSUALIDADES\nEL EMPRESARIO DEBE ELEGIR ENTRE:\n-READMISIÓN+SALARIOS DE TRAMITACIÓN Y COTIZACIONES\n-INDEMNIZACIÓN DE 33 DÍAS/AÑO TRABAJADO (MÁXIMO DE 24 MENSUALIDADES) READMISIÓN + SALARIOS DE TRAMITACIÓN + COTIZACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO\nDESPIDO COLECTIVO 20 DÍAS/AÑO TRABAJADO (MÁXIMA DE 12 MENSUALIDADES\nDESPIDO DISCIPLINARIO SIN INDEMNIZACIÓN NI SALARIOS DE TRAMITACIÓN\n5. Marco legal del despido\nYa hemos hecho mención de algunas de las normas más importantes que regulan el despido en España, pero completamos esta información con las siguientes leyes y decretos legislativos que afectan a esta figura laboral, con los enlaces respectivos al Boletín Oficial del Estado en el que fueron publicados. Eso sí, cuando los consultes, no olvides tener en cuenta las modificaciones.\nReal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE número 75, de 29 de marzo de 1995)\nLey 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE número 52, de 01 de marzo de 2014)\nReal Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE número 36, de 11 de febrero de 2012)\nLey 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE número 162, de 7 julio de 2012)\nReal Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE número 168, de 14 julio de 2012)\nReal Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE número 147, de 17 de junio de 2010)\nLey 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE número 227, de 18 septiembre de 2010).\nL.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE número 71, de 23 marzo de 2007)\nLey 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (BOE número 298 de 13 diciembre de 2002)\n6. Casos prácticos del despido\n6.1. Me han despedido estando embarazada. ¿Es legal?\nDebes partir de la base de que una empresa puede despedir a cualquiera de sus trabajadores, incluidas las embarazas, empleadas con permiso de lactancia, reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos… Será en el proceso judicial cuando deberás convencer al juez de que las causas de despido están vinculadas al embarazo y todo dependerá del dictamen judicial. Eso sí, Como punto a favor de la embarazada, la empresa no puede alegar en su defensa que desconocía el estado de la trabajadora, puesto que la mujer no tiene la obligación de comunicarlo.\nLo que ocurre para que persista esta idea de que las embarazadas son “intocables” a nivel laboral es que, si el juzgado determina que el despido no ha sido procedente, no tiene causa legal, automáticamente es declarado nulo, mientras que si la afectada no estuviera embarazada sería improcedente. La diferencia pasa de una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades a la readmisión de la trabajadora, más el abono de los salarios de tramitación y cotizaciones a la Seguridad Social.\nSi estás embarazada y tienes un contrato temporal o de obra, la finalización del mismo supone la extinción de la relación laboral y el hecho de estar embarazada no implica que tengas que continuar en ese puesto de trabajo si la empresa no lo decide.\n6.2. ¿Me pueden despedir si estoy en situación de lactancia y/o custodia por hijo?\nIgual que ocurre en el caso de las embarazadas, los trabajadores con bebés en situación de lactancia o que tengan la custodia de hijos están especialmente protegidos ante los despidos y, en caso de que se demuestre que las razones esgrimidas por la empresa están relacionadas con esta situación, se declarará nulo, por lo que, si es tu caso, deberás ser readmitido en la empresa, percibirás los salarios que has dejado de cobrar desde que te echaron y habrás cotizado durante todo este periodo. No obstante, como explicábamos en el caso de las embarazadas, el despido debe tener como móvil la lactancia o la custodia para que sea invalidado por el juez.\nLa ley también pone algunos límites a los derechos de los trabajadores. Así, el permiso de lactancia consiste en una hora de ausencia del trabajo, que puedes dividir en dos fracciones, y perdura hasta que el menor cumple nueve meses. Si tienes más de un hijo en esta situación, la duración se incrementará proporcionalmente y también tienes la opción de sustituir este permiso por una reducción de jornada de media hora o acumular el total de horas en jornadas completas. En cuanto a la custodia de hijos, puedes disfrutar de una reducción de jornada de entre un octavo y la mitad de la habitual (con la proporcional disminución del salario) si tienes el cuidado directo de algún menor de doce años o persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.\nEs importante que sepas que estos permisos de lactancia y custodia pueden ser disfrutados tanto por un hombre como por una mujer, aunque en ningún caso pueden gozar de este derecho los dos progenitores al mismo tiempo, y afectan tanto a hijos naturales como adoptados. Además, debes preavisar a la empresa de la fecha de inicio y fin de estos permisos o reducciones de jornada con 15 días de antelación y comprueba si hay más trabajadores en tu situación, porque el empresario puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.\n6.3. Estoy en situación de baja médica y me han despedido. ¿Puedo demandar a la empresa?\nUna de las modificaciones de la reforma laboral de 2012 afecta a este tema. Antes de la nueva normativa, la falta de asistencia del trabajador era motivo de despido objetivo siempre que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo superara el 5 por 100 durante esos periodos de baja. En la actualidad, da igual el nivel de absentismo que haya en tu empresa, porque puedes ser despedido cuando faltes un 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos (por ejemplo, si trabajas 24 días al mes y faltas 10 o más días durante dos meses seguidos) o un 25% de los días de trabajo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año (continuando el ejemplo, si faltas 24 días en la suma de cuatro meses de un año).\nPara proteger a los trabajadores, no se tendrán en cuenta para este cómputo las bajas por accidente de trabajo o por enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos. Por tanto, si estás de baja por accidente laboral no podrá efectuarse despido, que será improcedente (¡ojo!, no nulo). Pero, ¿qué ocurre si estás de baja por un accidente no laboral durante 15 días? En este caso, al no ser una baja de más de 20 días quedas excluido de las excepciones que explicábamos para el cómputo de las faltas de asistencia y al superar el límite de 20% de las jornadas hábiles durante dos meses puedes ser objeto de despido objetivo procedente.\nEn este caso, aunque la reforma laboral de 1994 eliminó el despido por baja médica como una de las situaciones para declarar el despido nulo (como embarazadas, víctimas de violencia de género, etc.), aún es posible alegar violación de tus derechos fundamentales y libertades públicas o supone una discriminación prohibida por la Constitución Española y esperar un veredicto a tu favor del juez. También puede darse el caso de que sea despido nulo, si consigues demostrar que la enfermedad en sí ha sido la causa del discriminación (por ejemplo, si te despiden por tener una enfermedad grave infecciosa).\nEso sí, el despido no puede ser disciplinario, ya que en este caso se requieren faltas de asistencia o puntualidad injustificadas, lo que no se da al tener la baja médica.\n6.4. ¿Me pueden despedir si tengo un contrato temporal?\n¿Te han despedido antes de la fecha de fin de contrato o en ese momento?\nEs muy importante que tengas en cuenta este punto, porque si el contrato temporal llega a su fin, es decir, termina el trabajo para el que has sido contratado, no se considera despido, sino extinción del contrato y el empresario está en todo su derecho de poner fin a esta relación sin obligación de renovarla.\nPor ejemplo, si estás contratado del 1 de enero al 31 de marzo, este último día nos serás despedido, sino simplemente termina tu contrato. Sin embargo, si es antes de la fecha de finalización del contrato sí es despido.\nAhora te tocaría ver el motivo que alega la empresa (objetivo o disciplinario) y, si consideras que no es cierto, presentar la oportuna demanda en el juzgado para conseguir la calificación de improcedente y su oportuna indemnización.\nTambién te recomendamos que revises la temporalidad real del contrato, ya que puede que seas víctima de un fraude de ley si la empresa realiza un contrato temporal para cubrir necesidades permanentes del servicio. En este caso, si el juez te da la razón, pasarás a ser indefinido.\n6.5. ¿Es legal que me despidan por llegar tarde a trabajar 4 días consecutivos?\nLa falta de puntualidad (tanto llegar tarde como salir antes de hora) es una de las causas de despido disciplinario, pero éstas tienen que ser repetidas e injustificadas.\nLa normativa laboral no especifica qué se entiende por faltas de puntualidad repetidas, por lo que son los convenios colectivos los que deben concretar este concepto. No obstante, si tampoco lo recogiera tu convenio colectivo, es el juez el que deberá determinar si se da o no la causa. La jurisprudencia habla de entre 10 y 15 faltas de puntualidad en períodos de un mes, de tres meses o un año, aunque indica que cada caso debe analizarse individualmente, ya que no es lo mismo llegar 5 minutos tarde que dos horas. Ten en cuenta que si ese tiempo perdido lo recuperas al final de la jornada ya no se considera falta de puntualidad. Con estas valoraciones, parece que no está muy justificado tu despido por llegar tarde 4 días, salvo que tengas un convenio colectivo muy estricto.\n6.6. Me han despedido y me pone en la carta de despido que es por bajo rendimiento y no es verdad. ¿Es eso normal?\nComo ya hemos comentado en otros casos, el empresario siempre tiene la potestad de despedir a un trabajador, del mismo modo que el afectado cuenta con el derecho a demandar a la empresa porque lo considera injustificado o ilegal.\nPor tanto, ¿es normal que te despidan por bajo rendimiento? Sí.\n¿Es normal? Decirte que cuando se plantea un despido , el motivo de éste no puede ser cualquiera sino que debes estar tipificado en el Estatuto de los trabajadores, por tanto y como verás este el motivo más «light» que se puede argumentar sobretodo si estamos ante un despido «pactado» . Despido «pactado» que todos sabemos que no se puede hacer porque es un fraude de Ley pero también sabemos que se hace.\n¿Es legal? Eso es lo que deberá determinar el juez, si realmente se ha producido una reducción del trabajo por tu parte de forma intencionada.\nPara ello serán fundamentales los registros y herramientas de evaluación del trabajo y también se suele valorar que el empleador te haya alertado sobre este asunto antes de despedirte.\nEstamos ante un caso de despido disciplinario, por lo que si, efectivamente, no es verdad lo que alega el empresario, deberá readmitirte o pagarte una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. En cambio, si el juez se pronuncia a favor del empleador y considera el despido procedente no recibirás nada.\n6.7. Me han despedido pero no me han dado ninguna carta ni aviso. ¿Es eso legal? Que tengo que hacer?\nLa situación que nos planteas tiene distinta respuesta según el tipo de despido.\nSi el despido es disciplinario, el empresario no tiene obligación de avisarte con antelación, pero sí debe hacerte entrega de un escrito donde consten los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos para garantizar que puedes tener una justa defensa.\nNo obstante, hay de nuevo cambio normativo en la materia, ya que la legislación incluye una segunda oportunidad para el empresario en caso de no cumplir los requisitos formales del despido. De este modo, el empresario puede realizar un nuevo despido subsanando los defectos en el plazo de 20 días desde el primero, aunque tú tendrás a percibir los salarios devengados en los días intermedios, manteniendo también el alta en la Seguridad Social.\nEn el caso de que, pasados estos dos intentos, sigas sin tu carta de despido correctamente cumplimentada, el despido será declarado improcedente por motivos de forma, por lo que recibirás una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.\nSi el despido, por el contrario, es objetivo, sí que debes ser preavisado con 15 días de antelación, entregándote una carta de despido, en la que se indique la causa del despido, y la notificación escrita de la indemnización que te corresponde (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades).\nEn caso de que tu empresa no haya respetado este procedimiento, el despido será igualmente declarado improcedente por motivos de forma, por lo que la indemnización pasará a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades.\nComo excepción, en caso de no tener preaviso o si hay un error excusable de cálculo de la indemnización no se entenderá la improcedencia del despido, aunque el empresario debe abonarte los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta.\n6.8. Me acaban de despedir sin motivo aparente. ¿Cuáles son las opciones que tengo?\nUna vez que te notifican el despido, tienes un plazo de 20 días hábiles para emprender las acciones legales oportunas.\nNo olvides firmar la carta de despido como “No conforme”!!\nEn primer lugar, debes acudir a un acto de conciliación con la empresa. Para ello, tienes que presentar una demanda de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de tu comunidad autonómica, exponiendo el nombre de la empresa, la antigüedad en la misma, la causa del despido y el sueldo que percibías y solicitando que el despido sea declarado nulo o improcedente. Es muy importante lo que alegues aquí, porque será la base de una futura demanda en la vía judicial.En esta fase, no es indispensable acudir con abogado o procurador, aunque siempre es mejor que alguien te asesore.\nSi tras este acto de conciliación, no llegas a un acuerdo con la empresa puedes acudir al Juzgado de los Social correspondiente (normalmente será el del lugar de la empresa o del domicilio del demandado, a elección tuya) dentro de los 20 días hábiles desde la comunicación del despido. No obstante, si antes has acudido al SMAC, el plazo se interrumpe durante el proceso de mediación.\nFinalmente, el Juzgado de lo Social decidirá si el despido es procedente, improcedente o nulo y determinará las consecuencias para cada caso.\n6.9. ¿La indemnización por el despido la tengo que poner en mi declaración de renta?\nEstá exenta la indemnización marcada como obligatoria por el Estatuto de los Trabajadores para cada despido.Ojo si te reincorporas a la misma empresa antes de 3 años.\nPero si llegas a un acuerdo particular con la empresa para aumentar el importe de la indemnización deberás tributar por lo que exceda de la primera cantidad.\nImportante saber que para que la indemnización por despido improcedente pueda ser considerada como exenta tiene que pasar por el acto de conciliación previo o por el Juzgado de lo Social. En el caso de los despidos objetivos no hace falta.\nPor su parte, el finiquito (parte proporcional de vacaciones y pagas extras), al considerarse rendimientos de trabajo, debe declararse en el IRPF en todos los casos.\n6.10. Me han despedido pero no me pagan el finiquito. ¿Qué puedo hacer?\nA diferencia de los 20 días de plazo para demandar a la empresa por el despido, si estás de acuerdo con la decisión pero la empresa no te abona el finiquito o la indemnización pactada, tienes un año para interponer una reclamación de cantidad mediante un proceso monitorio, indicando la cantidad adeudada más los intereses de mora pertinentes.\n6.11. Me han despedido sin darme los 15 días de preaviso. ¿Es normal?\nLa obligación de avisar al trabajador despedido con al menos 15 días de antelación sólo está prevista para los despidos por causas objetivas y colectivos. Por tanto, si tu despido ha sido por motivos disciplinarios, es legal que no haya preaviso, el empresario no tiene por qué informarte con anticipación. Si no es este tipo de despido, por el contrario, tendrás derecho a que te abonen los salarios correspondientes a ese periodo, pero en ningún caso este incumplimiento del procedimiento va a convertir el despido procedente en improcedente.\n6.12. Me han despedido pero no tenía contrato. ¿Cuáles son mis derechos?\nLo ideal sería que desde el momento en que te incorporas a una empresa solicites un contrato de trabajo por escrito.\nNo obstante, si estás trabajando sin contrato tienes los mismos derechos que si lo tuvieras, siempre y cuando demuestres que existe o ha existido esa relación laboral, ya que la legislación considera que aunque no haya un documento escrito sí existe un pacto verbal igual de válido entre empresa y empleado. Por tanto, puedes tratar de negociar con el empresario tu salida o recurrir a la vía judicial igual que el resto de tus compañeros, para demostrar tu relación laboral, primero, y la improcedencia o nulidad del despido, en segundo lugar.\nLa parte positiva es que en el caso de que el Juzgado reconozca tu situación, el despido automáticamente será improcedente por defecto de forma, ya que no has recibido la oportuna carta de despido, por lo que tu jefe deberá elegir entre readmitirte y pagar los salarios y cuotas de la Seguridad Social o abonarte la indemnización de 33 días por año trabajado hasta 24 mensualidades.\nSi demostrases, además, que el despido fue nulo, la consecuencia será tu readmisión, con salarios y cotizaciones dejadas de percibir. Es vital que durante el periodo en el que estás en la empresa, puedas recopilar pruebas que demuestren tu trabajo en la misma (testigos, correos, partes de trabajo…).\n6.13. Me han despedido. ¿Tengo derecho al paro?\nSí, todos los trabajadores que han visto extinguido con su contrato de trabajo por causas ajenas a su voluntad pueden solicitar la prestación por desempleo en un plazo de 15 días a partir de la fecha de efecto del despido, independientemente de que firmen como “No conforme” la carta de despido o acudan a la vía judicial.\nEsta misma pauta se aplica en los despidos disciplinarios desde 2002. Antes de esta fecha, no podías pedir directamente la prestación por desempleo en este tipo de despido y era obligatorio para conseguirla demandar a la empresa. Aunque ya sí se obtiene el derecho al paro desde el mismo momento del despido, en 2013 la ley prevé la posibilidad de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realice mayores controles a los despedidos disciplinariamente, para controlar si son verdaderos despidos o si son fraudes, “arreglados” entre el trabajador y el empresario, para acceder a una prestación que en caso de renuncia voluntaria no tendría.\nPara solicitar la prestación, tienes que pedir cita previa en tu Servicio Estatal Público de Empleo y aportar el certificado de empresa que deberá entregarte la empresa.\n6.14. ¿Puedo buscar trabajo mientras se hace efectivo el despido?\nPrimero debes averiguar qué tipo de despido te han aplicado. Si has sido despedido por motivos disciplinarios, a partir de la comunicación del despido vayas o no a reclamar el citado despido puedes buscar e incluso trabajar donde quieras.\nSi el despido ha sido por causas objetivas, durante los 15 días de preaviso desde que te lo notifican hasta que se hace efectivo, puedes dedicar seis horas semanales de tu jornada para buscar nuevo puesto de trabajo sin que ello te suponga una menor retribución.Y a partir del día siguiente de la fecha de despido trabajar en otro lugar.\n6.15. ¿Es lo mismo el finiquito que la indemnización?\nNo son lo mismo. El finiquito es la liquidación de lo adeudado al empleado por su trabajo e incluye el salario de los días trabajados en el mes de la fecha de despido, más la parte proporcional de las pagas extra y de las vacaciones no disfrutadas. En cualquier tipo de despido o extinción de la relación laboral (renuncia, término del contrato, etc.) debe haber finiquito aunque sea a cero porque ya has hecho todas las vacaciones y tienes las pagas extras prorrateadas.\nSin embargo, la indemnización es la cuantía a la que tiene derecho el trabajador por el hecho de haber sido despedido y sólo procede en los despidos objetivos y colectivos que sean procedentes y en los despidos declarados improcedentes.\n6.16. Mi despido ha sido declarado improcedente y mi jefe ha optado por readmitirme. ¿Tengo que devolver el paro y la indemnización percibidas tras el despido?\nEfectivamente, si el despido ha sido declarado improcedente y el empresario ha optado por readmitirte, tú tendrás que devolver al Servicio Estatal Público de Empleo las prestaciones por desempleo que hayas percibido desde el despido hasta la readmisión.\nCon la readmisión, la empresa debe abonarte los salarios que hayas dejados de percibir durante ese periodo y tendrá que pagar también las cotizaciones respectivas, por lo que es como si no hubieras dejado de trabajar y, por tanto, no tiene sentido que también cobraras el paro.\nEn el caso de la indemnización ocurre lo mismo. Como la readmisión invalida el despido, tendrás que devolver la cantidad que percibiste a la empresa.\nNo obstante, intenta negociar con la empresa una devolución pactada en pequeños plazos o deducirla del salario.\n6.17. ¿Qué pasa si firmo “No conforme” en la carta de despido? ¿No cobraría la indemnización y/ o el finiquito?\nEl hecho de que firmes “No conforme” en la carta de despido simplemente te permite que en un futuro puedas emprender acciones legales contra la empresa, reclamando el despido o la cantidad, pero por ello no dejarás de percibir el finiquito y la indemnización que se haya fijado inicialmente (independientemente de que consigas una cantidad mayor a lo largo del proceso de reclamación).\nEn este sentido, es muy importante que revises todos los datos del finiquito, la carta de despido y la indemnización y compruebas que son ciertos, desde fechas hasta las cantidades acordadas.\nTen en cuenta que un cero de menos o una fecha equivocada puede dejarte con menor indemnización o fuera de plazo para presentar la demanda.\nSi no estás de acuerdo con la causa del despido, la indemnización o cualquier otro punto, es recomendable que incluyas un “No conforme”.\nNo supone que tengas que reclamar obligatoriamente, pero está bien plasmar tu disconformidad (salvo que sea un despido amistoso).\n6.18. ¿Pasa algo si firmo la carta de despido conforme la he recibido?\nEl hecho de firmar conforme te han notificado el despido no significa que estés de acuerdo y ni muchisimo menos que no tengas derecho a partir de este momento de reclamar el despido ya sea judicialmente o amistosamente.


El Espejo Gótico: El hombre que amó a Jane Austen\nEl hombre que amó a Jane Austen (The Man Who Loved Jane Austen) es una novela de la escritora Sally Smith O'Rourke, publicada en 2009.\nLa novela se propone revelar la verdadera historia de amor entre Jane Austen y un misterioso hombre que luego serviría de inspiración para el icónico Fitzwilliam Darcy, personaje principal de Orgullo y Prejuicio (Pride and Prejudice).\nAl colocarlo en su habitación descubre un compartimiento oculto detrás del espejo donde hay dos cartas.\nLa primera está sellada, pero la segunda, fechada en mayo de 1810, está dirigida a una tal "Jane" y firmada por un sujeto llamado "F. Darcy".\nEl Capitán me ha descubierto. Me he visto obligado a esconderme inmediatamente. Pero si puedo, de todas maneras te estaré esperando en el mismo lugar esta noche. Después sabrás todo lo que deseas saber.\nFitzwilliam Darcy, el héroe de la novela clásica de Jane Austen, Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice), hasta el momento solo había existido para la Elizabeth Bennet de la historia, sin embargo, todo parece indicar que fue un sujeto real, desde luego, con otro nombre, quien vivió una tormentosa y apasionada relación con Jane Austen.\nLa segunda carta encontrada detrás del espejo, recordemos, sellada, coincide con la inconfundible caligrafía de Jane Austen.\nA partir de aquí, El hombre que amó a Jane Austen investiga el paradero de este misterioso caballero y su relación con la autora de Orgullo y Prejuicio.\nLa novela tiene una secuela, donde se revela la naturaleza de aquella otra carta sellada, titulada: Tuya, afectuosamente: Jane Austen (Yours Affectionately, Jane Austen).\nThe Man Who Loved Jane Austen.\nCopia y pega el link en tu navegador para acceder a El hombre que amó a Jane Austen de Sally Smith O'Rourke.\nEl lado oscuro del amor. I Novelas de Jane Austen.\nPelículas basadas en Orgullo y prejuicio de Jane Austen.\nConvicción: secuela de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen (Conviction: A Sequel to Jane Austen’s Pride and Prejudice)\nCecilia: la novela que inspiró Orgullo y prejuicio.\nLas hijas del señor Darcy (Mr. Darcy's Daughters, Elizabeth Aston)\nOrgullo y prejuicio y zombies: el amanecer de los zombies (Pride and Prejudice and Zombies: Dawn of the Dreadfuls)\nEl resumen de las novelas: El hombre que amó a Jane Austen (The Man Who Loved Jane Austen) y Tuya, afectuosamente: Jane Austen (Yours Affectionately, Jane Austen) fue realizado por El Espejo Gótico. Para su reproducción escríbenos a elespejogotico@gmail.com\nBalbuceado por Sebastian Beringheli Etiquetas: feminología, jane austen, libros, novelas, relatos de amor, relatos de mujeres


Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 213/1996\nSENTENCIA 213/1996, de 19 de diciembre\nEl Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruíz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado\nEn la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.625/90, planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada en relación con la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, por supuesta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 y 2 C.E. Han intervenido en el proceso el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.\n1. Con fecha 29 de junio de 1990 tuvo entrada en el registro de este Tribunal testimonio del rollo de apelación penal núm. 77/90, pendiente ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en el que se incluye un Auto de fecha 30 de mayo anterior por el que se eleva cuestión de inconstitucionalidad a fin de que se resuelva si la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, vulnera o no los arts. 9.3 y 24.1 y 2 C.E.\nA) El 18 de septiembre de 1982, don Jesús Félix Serrano Barrera, que conducía un vehículo propiedad de su madre, debidamente asegurado, perdió el control del mismo yendo a colisionar con una serie de automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública, produciéndoles daños que judicialmente se tasaron en un total de 252.202 ptas., además de los padecidos en el propio vehículo por un total de 162.845 ptas.\nB) Tras el correspondiente atestado de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, fueron instruidas diligencias preparatorias 64/84, seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Granada; formulada acusación por el Ministerio Fiscal y varios de los damnificados, se celebró el correspondiente juicio oral, recayendo finalmente Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada núm. 39/90, de 20 de febrero, en la que, tras desechar la declaración de responsabilidad penal alguna del acusado -de acuerdo con las acusaciones y por haber sido entretanto despenalizadas las conductas imprudentes que produjeran daños de cuantía inferior a la del seguro obligatorio, entonces de 2.200.000 ptas., en virtud de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio-, se condenó al conductor del vehículo a indemnizar a los perjudicados por un total de 406.547 ptas. -incluyendo la cantidad destinada a indemnizar a la madre del acusado-, declarándose igualmente la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros "Mudespa" y la subsidiaria de la madre del acusado, como propietaria del vehículo con el que se produjeron los daños.\nC) Interpuesto recurso de apelación por la representación del condenado y de la aseguradora, en él se interesa de la Sala, como ya se alegara sin éxito ante el Juzgado de lo Penal, el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, en cuanto dispone que en los procedimientos penales en trámite a la fecha de su entrada en vigor, por hechos que resultaren despenalizados por dicha Ley, o sometidos al régimen de denuncia previa, "si continuare la tramitación, el Juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".\nPor providencia de 4 de mayo de 1990, la Sección Segunda de la Audiencia acordó oir al Ministerio Fiscal y demás partes personadas por plazo común de diez días, para que formularan las alegaciones que tuviesen por pertinentes en cuanto al posible planteamiento de la cuestión. Evacuado dicho trámite únicamente por el propio apelante, que reiteró sus argumentos en pro del planteamiento, y por el Ministerio Fiscal, que asimismo lo entendía pertinente, por Auto de 30 de mayo de 1990 se acordó promover la presente cuestión de inconstitucionalidad.\n3. Razona la Sección, en primer lugar, que la citada Disposición transitoria -con rango de Ley ordinaria, a tenor de la Disposición final de la propia Ley Orgánica 3/1989- pudiera vulnerar el art. 9.3 C.E., por cuanto la competencia atribuible al orden jurisdiccional penal viene taxativamente reglada en los arts. 9.3 y 89 bis 2 Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, L.O.P.J.), en términos incompatibles con la referida Disposición transitoria, de rango formal inferior, y que por ello mismo no puede atribuir a dicho orden jurisdiccional temas reservados a órganos de otro distinto.\nAsimismo entiende la Sección que el precepto cuestionado podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), con base en el siguiente razonamiento (fundamento jurídico 2º del Auto):\n"La Disposición transitoria cuestionada autoriza que en los asuntos despenalizados por el articulado de la Ley orgánica 3/1989, un tribunal del orden jurisdiccional penal pueda dictar Sentencia referente sólo a responsabilidades civiles y costas, sin que el enunciado de la economía procesal, sea suficiente para vulnerar principios constitucionales. Piénsese en los arts. 1.902 y 1.903 C.C. cauce adecuado para determinadas reclamaciones civiles. Piénsese asimismo en las distintas coordenadas que diferencian el área civil y penal".\n4. Por providencia de la Sección Cuarta del Tribunal de 11 de julio de 1990, se acordó admitir a trámite la presente cuestión, y dar traslado de las actuaciones recibidas, como determina el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno de la Nación y Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo improrrogable de quince días pudieran personarse en el proceso y formular cuantas alegaciones estimasen pertinentes; asimismo acordó la Sección publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado", para general conocimiento.\n5. Con fecha 19 de julio de 1990 tuvo entrada en el Registro del Tribunal escrito del Fiscal General del Estado en el que se solicita, además de tenerle por personado en el proceso, la suspensión del plazo conferido a fin de que se subsanen las deficiencias observadas en los testimonios judiciales remitidos, por deber ser éstos completos, y no sólo parciales. Adherido el Abogado del Estado a tales peticiones, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 20 de julio siguiente, la providencia de la Sección Cuarta de esta última fecha acordó tener por personados a los solicitantes y acceder a su común petición, recabándose de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada la remisión de testimonio de la totalidad de las actuaciones comprensivas del referenciado rollo de apelación penal, con suspensión entretanto del plazo para personación y alegaciones.\n6. Por medio de escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 25 de julio de 1990, el Presidente del Senado solicitó se tuviera a la Cámara por personada en el presente proceso, y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.\nEn escrito presentado ante este Tribunal el 10 de septiembre de 1990, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado no personarse ni formular alegaciones en el presente proceso, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar.\n7. Por providencia de la Sección Cuarta de 17 de septiembre de 1990, se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas y dar traslado de las mismas al Fiscal General del Estado y al Abogado del Estado, para que en plazo común de quince días formularan cuantas alegaciones estimasen pertinentes de conformidad con el art. 37.2 LOTC.\n8. Las alegaciones del Abogado del Estado, en las que se sostiene la desestimación de la cuestión planteada, tuvieron entrada en el Registro del Tribunal el 4 de octubre de 1990.\nEn ellas, tras llamar la atención sobre la muy parca fundamentación del Auto de planteamiento, que a su juicio obliga a tener en consideración las alegaciones formuladas por las partes en el proceso a quo para que la cuestión resulte admisible, se analizan separadamente las dudas relativas a las supuestas vulneraciones de los arts. 9.3 y 24. C.E.\nA) En lo que respecta a la primera de ellas, entiende el Abogado del Estado como invocado el principio de jerarquía normativa, único de los contenidos del mencionado precepto reconducible, al menos, a las alegaciones de las partes en el proceso de origen. Pero, según se aduce, el precepto cuestionado no vulnera en ningún extremo dicho principio:\n1º) Porque de existir tal infracción, jamás se determinaría con ello la inconstitucionalidad de la Disposición cuestionada, sino, todo lo más, la de la referencia hecha en la Disposición final de la Ley Orgánica 3/1989 a "las transitorias", pues tal referencia tendría que haberse ceñido a la Disposición transitoria primera, y no a la segunda: la Ley Orgánica 3/1989 fue aprobada como tal Ley Orgánica por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados; por ello, metafóricamente al menos, el carácter de Ley Ordinaria atribuido a la Disposición transitoria segunda es una decisión del "legislador orgánico" plasmada en la Disposición final; sería por tanto esta última, y no la Disposición transitoria segunda, la que en su caso podría estar viciada de inconstitucionalidad.\n2º) No cabe entender que una modificación o derogación de preceptos de carácter orgánico por una Ley ordinaria, suponga infracción del principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 9.3 C.E. Todo lo más, el infringido sería el art. 81 C.E. (o quizás el art. 122.1), pero la doctrina jurídica se muestra claramente dividida en cuanto al carácter de la relación existente entre las leyes orgánicas y las ordinarias, sin que este Tribunal se haya decantado hasta el momento claramente por alguna de las distintas conclusiones doctrinales, y sin ser, a juicio del Abogado del Estado, perentoria la necesidad o conveniencia de optar por alguna de ellas.\nEn todo caso, la eventual infracción del art. 81 LOTC dependería de que la Disposición transitoria segunda cuestionada verdaderamente supusiera una modificación o derogación de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan la competencia del orden jurisdiccional penal, lo que a juicio del Abogado del Estado, no se corresponde con la realidad. En efecto, el art. 9.3 L.O.P.J. delimita el orden jurisdiccional penal atribuyéndole "el conocimiento de las causas y juicios criminales", lo que no implica necesariamente que tal orden deba conocer sóla y exclusivamente de causas y juicios criminales. La propia L.O.P.J. atribuye a los órganos judiciales de tal orden asuntos tan dudosamente encuadrables en dicha categoría como el procedimiento de habeas corpus, la autorización para entrar en domicilios, etc.. Asimismo, la improrrogabiliad de la jurisdicción penal -también alegada- opera según resulte del reparto de materias entre los órganos jurisdiccionales que se derive de toda la L.O.P.J., y no sólo de las reglas generales contenidas en los diversos apartados de su art. 9, siendo de destacar que el propio art. 9.1 defiere a los órganos judiciales su jurisdicción en los casos en que venga atribuida "por esta u otra Ley". Asimismo, el art. 89 bis 2 L.O.P.J. prescribe que los Juzgados de lo Penal "enjuiciarán las causas por delito que la Ley determine", de modo que existe una indiscutible delegación al legislador ordinario para la determinación de su esfera de competencia.\nDe otra parte, conviene resaltar que la Disposición cuestionada no se refiere tan sólo a hechos despenalizados, sino también a los "sometidos al régimen de denuncia previa", inciso éste que indiscutiblemente no puede reputarse contrario a las normas órganicas alegadas.\n3º) Alega además el Abogado del Estado que los destinatarios de la Disposición transitoria segunda no son sólo órganos jurisdiccionales del orden penal, sino también civil, sin que ello haya llevado a la Sección proponente a sostener que tal disposición modifique o derogue los arts. 82, 84 a 87 ó 100 L.O.P.J.: la ausencia de un razonamiento de inconstitucionalidad coextenso con el ámbito de la norma cuestionada debería servir de base, por sí sóla, para desestimar la cuestión.\n4º) Finalmente, con cita del ATC de 17 de julio de 1992 (asunto 1.408/90), el contenido preceptivo de la Disposición transitoria segunda no puede entenderse reservado a Ley Orgánica por versar exclusivamente sobre una cuestión de derecho transitorio, que se pretende resolver de la manera procesalmente más económica, rápida y eficaz.\nB) En lo que se refiere a la supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, el Abogado del Estado centra su argumentación en los siguientes extremos:\n1º) La existencia de pronunciamientos limitados a la responsabilidad civil y costas por parte de órganos judiciales penales no es ninguna novedad en nuestro Derecho, como demuestra el último párrafo del art. 20 del Código Penal (C.P.) entonces vigente. Tampoco, se añade, es aceptable la contraposición entre los arts. 1.092 y 1.093 del Código Civil (C.C.), y menos elevarla a canon de constitucionalidad. En realidad, la responsabilidad civil derivada de hechos tipificados como delito no deja de ser una especie del género responsabilidad civil extracontractual, singularizada, sí, por su régimen procesal y sustantivo, pero no distinta en esencia o cualidad. En todo caso, la posible imperfección técnica de una norma no supone su inconstitucionalidad: las categorías dogmáticas "no representan límites infranqueables al legislador, sino explicaciones y sistematizaciones de una realidad forzosamente cambiante" (STC 132/1989, fundamento jurídico 10).\n2º) La segunda línea de razonamiento seguida en el Auto de planteamiento denuncia una restricción de las oportunidades de defensa de la parte pasiva en el proceso penal, por comparación con el proceso civil.\nNaturalmente, esta línea de razonamiento sólo puede ser aceptada en términos relativos, pues de ser llevada a sus últimas consecuencias vendría a afirmar la inconstitucionalidad, por infracción del art. 24.2 C.E., de todo proceso penal. Debe pues reconducirse esta alegación a la posible existencia de una merma de las garantías de defensa en el proceso penal por comparación con el proceso civil. Pero esta posible diferencia relativa, nos dice el Abogado del Estado, no entrañaría de por sí vulneración alguna del art. 24: sólo si el término inferior de la comparación -aquí el proceso penal- en sí mismo considerado dejara de satisfacer las exigencias impuestas por el art. 24, cabría predicarle su posible inconstitucionalidad: pero el art. 24 C.E. no da derecho a exigir que una pretensión se encauce siempre y necesariamente por la vía procesal más garantista para la parte pasiva del proceso.\nDe otro lado, conviene tener en consideración que el derecho a no quedar en indefensión del eventual responsable civil tiene su paralelo en un idéntico derecho de la víctima, de modo que cuanto más se pretenda favorecer una determinada posición procesal más se lesiona, de modo reflejo, la de su contraparte. En definitiva, el principio de igualdad de armas procesales no impone un marco procesal único, siendo posibles múltiples soluciones legislativas compatibles con la garantía contenida en tal derecho fundamental. Desde este punto de vista, la posibilidad de que pronunciamientos exclusivamente civiles se adopten en el marco de un proceso formalmente penal, en nada vulnera ese standard mínimo que la Constitución garantiza.\n9. Con fecha 2 de octubre de 1990 tuvieron entrada en el Registro del Tribunal las alegaciones del Fiscal General del Estado, en las que se postula la desestimación de la cuestión.\nA) Tras exponer los antecedentes del caso y analizar los requisitos de admisibilidad de la cuestión, que entiende concurrentes a pesar de la llamativa parquedad de la argumentación del Auto de planteamiento, comienza el Fiscal General sus alegaciones sobre el fondo examinando la posible vulneración del principio de jerarquía normativa, contenido en el art. 9.3 C.E. Entiende el Fiscal que este planteamiento presume la existencia de una relación de jerarquía entre las leyes de carácter orgánico y las simplemente ordinarias, relación que, a su juicio, no está constitucionalmente establecida. Todas las leyes, se nos dice, como expresión de la voluntad popular tienen una misma categoría; otra cosa es que existan materias que sólo podrán ser reguladas por medio de Ley Orgánica, tal y como se establece en el art. 81 C.E., pero, en este caso, la eventual inconstitucionalidad no será reconducible al principio de jerarquía normativa, ni a ningún otro contenido del art. 9.3 C.E., sino al propio art. 81.\nEn este entendimiento, el Fiscal comienza por afirmar que una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Por ello, la cuestión deberá centrarse en verificar si la Disposición transitoria cuestionada modifica realmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, alterando la distribución de competencias que ésta determina. Tras analizar la naturaleza del art. 9 L.O.P.J., el Fiscal General recuerda que la competencia del Juez penal para conocer de extremos civiles es un fenómeno normal en nuestro Derecho, y que no precisa especial demostración. Lo único específico de la Disposición transitoria cuestionada es que, con carácter transitorio y para hacer frente a problemas suscitados por la despenalización de determinadas conductas, y por razones de economía y funcionalidad procesal, se ordena que el Juez que estaba conociendo de un determinado procedimiento continúe su tramitación hasta su normal terminación. Con ello, bien mirado, no se lleva a cabo ninguna modificación competencial, sino que tan sólo se ha resuelto un problema de derecho transitorio.\nAlega además el Fiscal que, al igual que el concepto de ley orgánica tiene carácter excepcional y ha de ser objeto de interpretación restrictiva (STC 76/1983, fundamento jurídico 2º), el de su posible modificación (art. 81.2 C.E.) ha de interpretarse de modo igualmente limitativo, siendo sólo aplicable en supuestos de auténtica reforma de su contenido. No es este el caso: la Disposición transitoria cuestionada no corrige ni enmienda el contenido de la L.O.P.J.; si la ley hubiera ordenado que el Juez penal conociera en lo sucesivo de la responsabilidad civil derivada de hechos imprudentes no penalizados, sí estaríamos en presencia de una auténtica modificación de la L.O.P.J. Pero referida tan sólo a la continuación del conocimiento por el Juez penal de asuntos que ya estaban en tramitación y sometidos a su competencia, la Disposición transitoria cuestionada no puede considerarse como modificativa de las reglas de competencia orgánicamente estatuidas.\nB) La segunda de las tachas de inconstitucionalidad -muy parcamente explicada, a juicio del Fiscal, en el Auto de plantemiento- merece igualmente una respuesta desestimatoria.\nComienzan sus alegaciones sobre este extremo con la afirmación tajante de que la misma magnitud de tutela judicial prestan todos los órganos judiciales, de modo que resulta simplemente implanteable sostener que un Juez que decida de un asunto tras afirmar su competencia por la regla cuestionada no vaya a prestar la debida tutela judicial; y si no lo hiciera no sería desde luego porque se aplicara la Disposición transitoria cuestionada.\nIdéntica conclusión sostiene el Fiscal en cuanto al derecho a un proceso con todas las garantías. Si lo que afirma -de conformidad con las alegaciones de la parte que propuso el planteamiento de la cuestión- es que el proceso penal carece de garantías en comparación con el proceso civil, tal afirmación habrá de ser negada con toda contundencia. La mera comparación de las garantías establecidas en uno u otro proceso resultaría improcedente: el único parámetro de constitucionalidad es el de si se respeta el standard constitucionalmente garantizado, pero no las reglas que resulten particularmente aplicables a un determinado proceso. En segundo término, y por añadidura, entiende el Fiscal que la conclusión de que las garantías para el demandado en el proceso civil son mayores a las del acusado en el penal, resulta notoriamente incierta, aunque sólo fuera por el sólido escudo de la presunción de inocencia, que juega en este último. Sostener, en suma, que los pronunciamientos civiles a que se refiere la Disposición transitoria se adoptan sin las debidas garantías, es tanto como afirmar la inconstitucionalidad de todos los pronunciamientos de dicho tipo hechos en un proceso penal.\nTermina el Fiscal su escrito de alegaciones advirtiendo que no se ignoran las posibles críticas que merezca la Disposición transitoria cuestionada. Ahora bien, la buena o mala técnica seguida por el legislador no es susceptible de enjuiciamiento constitucional; como tampoco cabe considerar más que aquellos preceptos constitucionales acotados por la Sección promovente. Y desde luego, concluye, la Disposición transitoria cuestionada ni origina una falta de tutela judicial en el proceso que prevé, ni el mismo, que es el propio de todo proceso penal hasta su normal terminación, puede afirmarse con seriedad que carezca de todas las garantías.\n10. Por providencia de 17 de diciembre de 1996, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.\n1. El Auto de planteamiento de la presente cuestión, con parquedad argumentativa que tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General han resaltado, considera que la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, puede ser contraria a la Constitución con base en un doble planteamiento. En primer lugar, por la posible vulneración del art. 9.3 C.E. dado que el precepto cuestionado, norma que tiene rango de Ley ordinaria según la Disposición final, ha atribuido a los órganos jurisdiccionales del orden penal el conocimiento de asuntos reservados a los de un orden distinto, lo que entiende que es contradictorio tanto con el carácter improrrogable de la noción misma de jurisdicción (ex art. 9.6 L.O.P.J.) como con la atribución de asuntos al orden jurisdiccional penal que operan los arts. 9.3 y 89 bis 2 L.O.P.J.; preceptos que tienen el carácter de Ley Orgánica y son, a juicio de la Audiencia que promueve la cuestión, de rango superior al precepto cuestionado.\nEn segundo término, por la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), ya que la mencionada Disposición transitoria, al disponer que la tramitación de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley continuará hasta su terminación, autoriza que, en relación con los asuntos despenalizados por la reforma del Código Penal que ha llevado a cabo la Ley Orgánica 3/1989, un Tribunal del orden jurisdiccional penal pueda dictar Sentencia referente sólo a responsabilidad civil y costas. Limitándose el Auto que plantea la cuestión a motivar la contradicción con los preceptos constitucionales antes mencionados por referencia a los arts. 1902 y 1903 del Código Civil y a las "distintas coordenadas que diferencian el área civil y penal".\n2. El enjuiciamiento de la primera de las dudas planteadas exige una precisión inicial respecto al precepto constitucional en el que se apoya, el art. 9.3 C.E., dado que posee un contenido multívoco en cuanto a los principios allí enunciados. Habiendo señalado al respecto tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General que es el principio de jerarquía normativa el que sirve de fundamento a la tacha de inconstitucionalidad, por entender el órgano judicial que promueve la cuestión que la citada Disposición transitoria segunda -de rango legal ordinario- viene a modificar las previsiones de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Y ello, en efecto, se desprende con claridad del Auto de planteamiento de la cuestión, al afirmarse que una disposición de rango inferior no puede establecer algo distinto a lo previsto en la L.O.P.J. respecto a los asuntos atribuidos al orden jurisdiccional penal.\nAhora bien, hecha esta precisión es igualmente claro que la duda de constitucionalidad se apoya en un precepto, el art. 9.3 C.E., y en un principio, el de jerarquía normativa, que no son adecuados para determinar la relación existente entre las leyes orgánicas y las ordinarias. Este Tribunal dejó ya establecido en fecha temprana [STC 5/1981, fundamento jurídico 21 a)] y ha reiterado con posterioridad (SSTC 224/1993, 127/1994, 254/1994 y 185/1995, entre las más recientes) que la relación entre unas y otras viene dada por las materias que se reservan a las leyes orgánicas en virtud del art. 81.1 C.E., afirmando explícitamente que "las Leyes orgánicas y ordinarias no se sitúan, propiamente, en distintos planos jerárquicos" (STC 137/1986, fundamento jurídico 3º). De suerte que, como han alegado el Abogado del Estado y el Fiscal General, es claro que el principio de jerarquía normativa no es fundamento adecuado para enjuiciar la posible inconstitucionalidad de una Ley ordinaria por supuesta invasión del ámbito reservado a la Ley Orgánica.\n3. Ha de estarse, pues, a la materia que la Constitución ha reservado a las leyes orgánicas y, más concretamente, por incidir la Ley ordinaria en lo dispuesto en la L.O.P.J. respecto a los asuntos atribuidos al orden jurisdiccional penal, al alcance de la reserva establecida en el art. 122.1 C.E. Pues este precepto constitucional se remite no a cualquier Ley Orgánica sino precisamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial (STC 60/1986) para establecer el "diseño básico" de la organización judicial o la "configuración definitiva" de los Tribunales de Justicia (SSTC 38/1983 y 254/1994).\nDe este modo, en cuanto a la "constitución... de los Juzgados y Tribunales" (art. 122.1 C.E.), que es lo que aquí importa, únicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial puede determinar la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso, de capital importancia para el diseño de la organización judicial (SSTC 224/1993 y 254/1994). Esto es, dicho en otros términos la delimitación de los distintos órdenes jurisdiccionales y la atribución genérica de competencia objetiva a los Juzgados y Tribunales de cada uno de ellos. Y tal es justamente la función que cumple el art. 9.3 L.O.P.J., precepto que, junto al más específico art. 89 bis 2 y la regla general de improrrogabilidad de la jurisdicción (art. 9.6), entiende "modificado" la Audiencia que suscita la cuestión de inconstitucionalidad por la Disposición que aquí enjuiciamos. Pues en el primero de ellos se define, en general, el ámbito propio de la jurisdicción penal como el relativo a "las causas y juicios criminales" y en el segundo se atribuye competencia objetiva a los Juzgados de lo Penal mediante la expresión "causas por delito que la Ley determine".\nPor tanto, la respuesta a la duda de inconstitucionalidad que suscita el órgano judicial radica en determinar si la previsión contenida en la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, ha invadido o no el ámbito reservado a la L.O.P.J. en relación con el diseño del orden jurisdiccional penal que resulta de los preceptos que se acaban de mencionar.\n4. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, la respuesta al primer extremo de la duda de inconstitucionalidad ha de ser negativa. En efecto, no cabe entender que la Disposición transitoria aquí enjuiciada haya modificado el diseño del orden jurisdiccional penal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, consiguientemente, invadido el ámbito que el art. 122.1 C.E. reserva a esta última, pues basta reparar, de un lado, en que antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1989 tanto los ilícitos penales como la responsabilidad civil derivada de los mismos (art. 19 del Código Penal entonces vigente) estaban atribuidos al conocimiento y decisión de los órganos del orden jurisdiccional penal a los que se refiere dicha Disposición transitoria. De otro lado, que tras la despenalización de ciertos hechos verificada por la Ley Orgánica 3/1989 su Disposición transitoria segunda sólo establece que la tramitación de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley por tales hechos continuará hasta su normal terminación, si bien el contenido del fallo se limitará al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas. De lo que se desprende con claridad que la previsión para el ámbito procesal de la Ley Orgánica 3/1989 guarda entera correspondencia con la reforma que también ha llevado a cabo en el ámbito penal y, más concretamente, que su Disposición transitoria segunda, aquí cuestionada, ni ha "atribuido" a los órganos jurisdiccionales penales el conocimiento de asuntos que no les correspondieran anteriormente según lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni tampoco, en atención a esta misma circunstancia, ha prorrogado indebidamente el ámbito reservado a dicho orden jurisdiccional.\nHa de tenerse presente, además, el carácter propio de la regla impugnada. Como han subrayado el Abogado del Estado y el Fiscal General, sólo se trata de una regla transitoria y que viene, más que a innovar o modificar, a expresar el principio de la perpetuatio juridisctionis, efecto positivo primordial de la litispendencia, conforme al cual una vez establecida la jurisdicción y competencia de un determinado Juez o Tribunal para el conocimiento de un concreto asunto, perdurarán hasta la conclusión del proceso para el que se poseen dichas jurisdicción y competencia. Y en atención a su contenido y finalidad cabe observar, en primer lugar, que tal principio, basado en innegables razones no sólo de economía procesal sino de seguridad jurídica, permite lograr que en una situación transitoria como la presente se respete al máximo la garantía para el justiciable que se deriva del derecho al Juez ordinario legalmente predeterminado (art. 24.2 C.E.), puesto que continúa conociendo del asunto, hasta su terminación, el mismo órgano judicial al que previamente la Ley invistió de jurisdicción y competencia (SSTC 199/1987 y 65/1994, entre otras). Lo que corrobora, desde esta perspectiva, la conclusión negativa que antes se ha alcanzado.\nPor consiguiente, el legislador ha podido legítimamente establecer la Disposición transitoria segunda y regular así el régimen de la acción civil acumulada a un proceso penal ya iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, por hechos que resultan despenalizados por la misma.\n5. Despejada la duda de constitucionalidad de la norma aquí examinada en cuanto al primer grupo de cuestiones, no son precisos grandes esfuerzos argumentativos para desechar la posibilidad de que lo en ella previsto pueda resultar contrario a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías, como se ha sostenido en segundo lugar.\nEs en efecto obvia la afirmación -común al Abogado del Estado y al Fiscal General- de que idéntica tutela judicial imparten los órganos jurisdiccionales del orden civil, del penal, o de cualquier otro aquí no cuestionado -social o contencioso-administrativo-; tanto como la de que el proceso penal en el que se ejercite además la acción civil de resarcimiento es un "proceso público con todas las garantías" del mismo nivel de protección de tal derecho, cuando menos, que el proceso civil en el que se deduzca exclusivamente esta última pretensión. Pensar otra cosa significaría no menos que cuestionar la constitucionalidad de la acumulación de la acción civil al proceso penal, e incluso -si se ha de seguir el razonamiento propuesto por el apelante y recogido en los antecedentes del Auto que promueve la cuestión- la de cualquier proceso que no fuera el procedimiento civil declarativo. Lo que ciertamente no se compadece con el significado y alcance de los apartados 1 y 2 del art. 24 C.E. al reconocer a todos la "tutela efectiva de los jueces y tribunales" y, sin distinciones, el derecho a un "proceso público con todas las garantías", mediante el acceso al proceso y, una vez iniciado éste, el correcto juego de los instrumentos procesales (STC 46/1982, fundamento jurídico 2º).\nLa acusada parquedad argumentativa sobre este segundo grupo de cuestiones en el Auto de planteamiento, excusan a este Tribunal de mayores precisiones para desechar, sin más, la duda planteada y poner fin, con ello, a la presente resolución.\nDesestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.625/90, promovida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.\nTipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 1625-1990\nEn relación con la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 2 de junio, de actualización del Código Penal.\nEste Tribunal dejó ya establecido en fecha temprana (STC 5/1981) y ha reiterado con posterioridad (SSTC 224/1993, 127/1994, 254/1994 y 185/1995, entre las más recientes) que la relación entre Leyes orgánicas y ordinarias viene dada por las materias que se reservan a las leyes orgánicas en virtud del art. 81.1 C.E., afirmando explícitamente que «las Leyes orgánicas y ordinarias no se sitúan, propiamente, en distintos planos jerárquicos» (STC 137/1986). De suerte que es claro que el principio de jerarquía normativa no es fundamento adecuado para enjuiciar la posible inconstitucionalidad de una Ley ordinaria por supuesta invasión del ámbito reservado a la Ley Orgánica. [F.J. 2]\nEn cuanto a la «constitución... de los Juzgados y Tribunales» (art. 122.1 C.E.), que es lo que aquí importa, únicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial puede determinar la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso, de capital importancia para el diseño de la organización judicial (SSTC 224/1993 y 254/1994). Esto es, dicho en otros términos, la delimitación de los distintos órdenes jurisdiccionales y la atribución genérica de competencia objetiva a los Juzgados y Tribunales de cada uno de ellos. Y tal es justamente la función que cumple el art. 9.3 L.O.P.J., precepto que, junto al más específico art. 89 bis 2 y la regla general de improrrogabilidad de la jurisdicción (art. 9.6), entiende «modificado» la Audiencia que suscita la cuestión de inconstitucionalidad por la Disposición que aquí enjuiciamos. Pues en el primero de ellos se define, en general, el ámbito propio de la jurisdicción penal como el relativo a «las causas y juicios criminales» y en el segundo se atribuye competencia objetiva a los Juzgados de lo Penal mediante la expresión «causas por delito que la Ley determine». [F.J. 3]\nNo cabe entender que la Disposición transitoria aquí enjuiciada haya modificado el diseño del orden jurisdiccional penal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, consiguientemente, invadido el ámbito que el art. 122.1 C.E. reserva a esta última, pues basta reparar, de un lado, en que antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1989 tanto los ilícitos penales como la responsabilidad civil derivada de los mismos (art. 19 del Código Penal entonces vigente) estaban atribuidos al conocimiento y decisión de los órganos del orden jurisdiccional penal a los que se refiere dicha Disposición transitoria. De otro lado, que tras la despenalización de ciertos hechos verificada por la Ley Orgánica 3/1989 su Disposición transitoria segunda sólo establece que la tramitación de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley por tales hechos continuará hasta su normal terminación, si bien el contenido del fallo se limitará al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas. De lo que se desprende con claridad que la previsión para el ámbito procesal de la Ley Orgánica 3/1989 guarda entera correspondencia con la reforma que también ha llevado a cabo en el ámbito penal y, más concretamente, que su Disposición transitoria segunda, aquí cuestionada, ni ha «atribuido» a los órganos jurisdiccionales penales el conocimiento de asuntos que no les correspondieran anteriormente según lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni tampoco, en atención a esta misma circunstancia, ha prorrogado indebidamente el ámbito reservado a dicho orden jurisdiccional. [F.J. 4]\nArtículo 1902, f. 1\nArtículo 1903, f. 1\nArtículo 89 bis 2, ff. 1, 3\nDisposición transitoria segunda, ff. 1 a 4\nConstitución de los órganos judicialesConstitución de los órganos judiciales, f. 3\nRelación entre leyes orgánicas y leyes ordinariasRelación entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, f. 2\nDiseño del orden jurisdiccional penalDiseño del orden jurisdiccional penal, f. 4


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SupernaturalFan: Tu mejor fuente en español: Jeffrey Dean Morgan\nMorgan nació en Seattle (Washington). Estudió en el Lake Washington High School, en Kirkland, de Seattle y en el Rose Hill Junior High, graduándose en 1984 en el Ben Franklin Elementary School .\n*En la serie de CW, Sobrenatural, como John Winchester, el misterioso padre de Sam (Jared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles).\n* En la serie de ABC, Anatomía de Grey, con un personaje recurrente como el paciente en espera de un trasplante de corazón, Denny Duquette, que inicia una relación con la interna Izzie Stevens (Katherine Heigl) y muere al final de la segunda temporada.\n* En la serie de Showtime, Weeds, como Judah Botwin.\nMorgan interpreta, asimismo, al vigilante llamado el Comediante, en la película Watchmen, basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Curiosamente, comparte con sus papeles anteriores la muerte del personaje que representa, en este caso nada más al comenzar la historia.\nEstuvo saliendo por un tiempo con su antigua coprotagonista de Weeds, Mary-Louise Parker.\nlarubiacris 13 de abril de 2010, 13:59\nMe encanta como padre no me gusta nada pero gracias a ser tan duro los chicos han logrado segir a delante con su tarea.Era un personaje estupendo y no han podido elejir un mejor actor para encarnar el pa papel se parece a los dos hermanos.\nmuy buen actor:)


A pesar de que en el país ya se han realizado ventas, la automotriz confirmó que no tiene importador ni distribuidor oficial en América del Sur\n13 de julio de 2020 a las 09:07\nA raíz de la venta que se concretó en Uruguay -a través de Mercado Libre- de un auto Tesla, la empresa informó a El Cronista que no trabaja con distribuidores ni importadores en ningún país del mundo, por lo que tampoco lo hace en Uruguay. Todas las ventas son directas de la firma y en Sudamérica no hay ninguna representación oficial. Además de venderse en Europa y la región Asia Pacífico, en América la marca solo se encuentra en Estados Unidos, Canadá y México.\nPara la empresa de Elon Musk, las ventas de sus autos en países donde no tiene representación es un riesgo por todo lo que implica el servicio de posventa. "Si exporta su vehículo fuera del mercado para el que se ha fabricado, Tesla no podrá realizar labores de servicio hasta que regrese al mercado original", explicó la empresa al mismo medio.\nEl pasado 2 de julio, El Observador informó que la concesionaria Hilton Motors concretó la venta de un Tesla a través de Mercado Libre. El encargado de Marketing de la empresa, Sebastián Álvarez, dijo que si bien no hay service oficial de la marca en Uruguay, lograron llegar a un acuerdo con la representación de Tesla en México para poder reparar los autos al momento de ser necesario.


"The Predator": más grande, más fuerte y más divertido\nHace 31 años flipábamos en colores con el estreno de ‘Depredador‘ (Predator, 1987), una original mezcla de cine de acción/bélico con alienígena, protagonizado ni más ni menos que por la gran estrella del cine de acción del momento, Arnold Scwarzenegger.\nDice la leyenda que tras el estreno de Rocky IV circulaba una broma respecto a Sylvester Stallone, la otra gran estrella de las “action movies” de los 80 después de ventilarse al gigante ruso Iván Drago, que decía algo así como que ya no quedaba oponente para Rocky en la tierra y que en la quinta parte tendría que enfrentarse a un extraterrestre.\nLos guionistas Jim y John Thomas se tomaron en serio este chiste y se pusieron manos a la obra con un guion inicialmente titulado “Hunter”, que derivó en Predator, y que dirigió finalmente un maestro del cine de acción de la época, John McTiernan y se convirtió en uno de los títulos míticos del cine fantástico de las últimas décadas.\nEl éxito propició rápidamente una saga que derivó en una entretenidísima y reivindicable segunda parte protagonizada por Danny Glover y dirigida por Stephen Hopkins. Es cierto: no son Schwarzenegger ni McTiernan, pero la película tiene un look noventero bastante seductor y la trama es más que interesante (puede que más que la primera). Y tan sólo piensa por un momento que no hubiera existido la primera, habrías flipado con esta.\n‘Predator’ 1987 de John McTiernan\nLa saga ‘Predator’ derivó en uno de los experimentos más antiguos del cine fantástico: la fórmula empleada por Universal durante la década de los cuarenta de unir a todos sus monstruos (Drácula, la momia, el hombre invisible…) en una sola película. El resultado fue enfrentar a Alien, el otro monstruo mimado de la productora, y a Predator. Los dos igual de feos y con el mismo dentista. Los resultados de la saga Alien vs Predator fueron de la divertida mediocridad de la primera al desaguisado de la segunda. Falta Predators (2010) de Robert Rodriguez, pero mejor olvidarla…\nDe la misma manera que el depredador no pierde el instinto para la caza, nosotros no hemos perdido la esperanza, y de la mano de Shane Black y Fred Dekker llega The Predator (2018). Black y Dekker son dos veteranos guionistas y directores curtidos en mil batallas, amantes del género fantástico de corte clásico cuyos trabajos se han movido en el género del thriller.\nLa saga Arma letal (1987), El último Boy Scout (1991) o The Last Action Hero (1993) en el caso de Black; y el terror/fantástico con El terror llama a su puerta (1986); House II, aún más alucinante (1987); Robocop 3 bajo la firma de Dekker. Eso sí, siempre con mucho sentido del humor. Curiosamente, los dos son los responsables del guion de Una pandilla alucinante (1987), la revisión ochentera del cóctel de monstruos de Universal descrita. Así que estos tipos saben lo que se hacen.\nLa nueva The Predator es un festival en toda regla, una acumulación de secuencias brillantemente filmadas con un espíritu de género fantástico auténticamente teen y a la vez salpicado de violencia y gore en ocasiones. Un gore y unos efectos demasiado digitales en algunos momentos, pero los tiempos y la mirada adiestrada de los cinéfilos milenials sabrán disfrutarlos.\nDe hecho, el nuevo Predator se encamina en ese doble sentido. Por una parte, intenta satisfacer a los fans nostálgicos de la primera entrega mediante una especia de remake encubierto repleto de guiños y chistes que remiten tanto a la película original como a la propia obra de Black (como cuando Bruce Willis le dice “Sí me tocas, te mato” al malote de turno en El último Boy Scout) y gracias a un guion complejo, que abre diferentes vías y que va más allá de la típica estructura de “caza y acecho” de la saga. Lamentablemente, la complejidad del guion pesa en la parte final por culpa de la acumulación de peripecias, personajes e ideas.\n«The Predator» (2018) de Shane Black\nPor otra parte, el esfuerzo de reinventar el producto y adaptarlo a las nuevas espectadores y formatos es notable. La trama se estructura de la misma manera que algunas series de televisión actual como Stranger Things o Juego de Tronos y especialmente al universo de las sagas de superhéroes. Recordemos que Shane Black es el director de Iron Man 3 (2013). El objetivo está claro: hacer de este Predator, sus enemigos, es decir los humanos y nuestro planeta, el campo de batalla de una nueva saga de aventuras que compita contra Marvel y DC en la medida de lo posible, como queda bien claro en el final.\nEsta es una previsión de futuro sin duda. Si te gustó la primera con Arnie, The Predator te va a encantar. Tiene un buen puñado de buenos momentos, mala hostia de sobra y gran cantidad de gags que te harán soltar la carcajada y los predators cada vez son más grandes.\n¿Qué más se puede pedir? Que hagan la siguiente, ya.\nNota de prensa: Capitán América 2


SEGOVIA CIUDAD REBELDE: abril 2010\nMontes para el Siglo XXI\nCuando los labradores de Pinillos de Polendos lograron la propiedad de la tierra que trabajaban, a finales de los años 20 del pasado siglo, adquirieron, además de casas y tierras de cultivo para cada uno de ellos, otras fincas, como un un monte que no se dividió entre los nuevos propietarios, dejándose pro indiviso. Este régimen provocó, con el paso de los años, múltiples problemas entre el vecindario, además de una enorme dificultad para gestionar dicho monte.\nLejos de ser único, el caso de Pinillos de Polendos es frecuente. De hecho, se estima que solo en la provincia de Soria hay cerca de 90.000 hectáreas en esta situación.\nHabitualmente, estos montes de propiedad compartida fueron adquiridos por particulares a raíz de las desamortizaciones del siglo XIX, cuando el Estado sacó a la venta gran cantidad de bienes. Con el paso de las generaciones, el número de copropietarios se ha multiplicado de forma exponencial, lo que ha complicado sobremanera una intervención en los montes, derivando así en una depreciación de su valor.\nAnte esta realidad, la Ley 43/2003, de Montes, autorizó la figura de “junta gestora” de montes pro indiviso, que permite la gestión de la totalidad de un monte pro indiviso. En Soria, esta nueva normativa, articulada por la Junta de Castilla y León en la Ley 3/2009, ha respondido a las expectativas creadas, habiéndose solicitado al menos siete juntas gestoras.\nSegovia no ha permanecido al margen, siendo la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda la primera entidad que, atendiendo la demanda de los vecinos de Castroserna de Abajo, ha impulsado la creación de dos juntas gestoras en ese término municipal.\nEl proceso está siendo complejo. Alberto Cerezal, técnico de Medio Ambiente de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, invirtió cerca de un año en reuniones con los copropietarios y en la recogida de documentación que acreditara la propiedad.\nFinalmente, en 2009 se presentaron las dos solicitudes, que afectan a un monte de 130 hectáreas y a otro de 41. “Ahora es la Junta quien debe mover ficha”, explica Cerezal, quien asegura que los copropietarios (35) “están deseando” que la Administración Regional los convoque para iniciar así el procedimiento que concluya con la creación de las correspondientes juntas gestoras.\nCerezal está “convencido” de que estas dos iniciativas sentarán precedente en la provincia de Segovia. De hecho, una vez que han trascendido los procesos iniciados en Castroserna de Abajo, a la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda han ido a informarse propietarios de otros pueblos, como Urueñas y Losana de Pirón.\n“A medio plazo se espera —pronostica Cerezal— que en Segovia se pongan en valor montes pro indiviso que en la actualidad, por problemas de esclarecimiento de propiedad, apenas son gestionados”.\nEn ese sentido, este técnico de Medio Ambiente insiste en que las juntas gestoras ofrecen la oportunidad de aprovechar legalmente unos montes que fueron adquiridos por generaciones precedentes y que en la actualidad cuentan con numerosos recursos naturales que podrían ser aprovechados de manera sostenible como fuente de empleo y riqueza para los pueblos.\nPublicado por MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO en 4:38 No hay comentarios:\nPublicado por MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO en 10:46 No hay comentarios:\n¡Lee y lucha!\nPublicado por MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO en 15:30 No hay comentarios:


¡Las lágrimas de San Lorenzo sobrevuelan Los Clásicos de Cuenca! – Los Clásicos de Cuenca\nHomeTodas las entradasInteres Turístico¡Las lágrimas de San Lorenzo sobrevuelan Los...\n13 agosto, 2020 by Ruben\nDurante estos días, podemos disfrutar de la lluvia de estrellas conocida como las Lágrimas de San Lorenzo, las perseidas, etcétera. Y nuestro complejo de turismo rural Los Clásicos de Cuenca han sido uno de los escenarios desde donde se ha podido disfrutar de este espectáculo astronómico.\nNuestra privilegiada situación dentro del parque astronómico de la Serranía de Cuenca y la escasa contaminación lumínica de la zona del campichuelo, ha hecho que tanto nuestros alojados como curiosos de otros puntos de la provincia se hayan acercado hasta nuestros jardines para contemplar esta lluvia de meteoros, que aún se podrá seguir observando durante los próximos días.\n¿Que quieres seguir disfrutando de las lágrimas de San Lorenzo desde nuestro complejo de turismo rural? Ponte en contacto con nosotros y consulta disponibilidad.\nAquí les dejamos una pequeña galería de fotos de las perseidas sobrevolando Los Clásicos de Cuenca.\nTags: cuenca, los clasicos de cuenca, parque astronomico serrania de cuenca, perseidas, serrania, serrania de cuenca


EFE / VÍDEO: AGENCIA ATLAS 04.05.2017 - 19:06h\nEl presidente del Gobierno cree que España "puede competir en talento porque es un gran país".\nTambién ha destacado sus infraestructuras, el hecho de que esté a la cabeza del trasplante de órganos "pese a la propaganda en contra".\nMariano Rajoy ha pedido también a los jóvenes que sean conscientes de la trascendencia de su formación y de la importancia de que tengan personalidad para "saber decir que sí, saber decir que no, mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo y tener fortaleza en las circunstancias difíciles".\nTambién ha destacado sus infraestructuras, el hecho de que esté a la cabeza del trasplante de órganos y que sea de los que más dedica a I+D+I "pese a la propaganda en contra".\nEl presidente del Gobierno ha subrayado las ganas y el talento de los españoles\nEl presidente del Gobierno, quien ha estado acompañado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha considerado todos esos datos "muy buenos" y "realmente alentadores" y ha asegurado que, si se hacen las cosas bien, se mantendrán en los próximos meses y años.\nHa sido entonces cuando ha reconocido que "ahora es más difícil" llevarlas a cabo porque es necesario "pactar constantemente" debido a la ausencia de una clara mayoría.\n"Hay grupos que ven las cosas de manera diferente, pero hay que seguir intentándolo", ha reiterado Rajoy, quien ha alertado asimismo del "disparate" de, "por prejuicios ideológicos", eliminar reformas que han dado frutos.\n"La responsabilidad de lo que sea un país no es de un gobierno ni de las administraciones púbicas. Es una parte. La otra -ha resaltado- es del conjunto de ciudadanos".