La nueva regulación de los acuerdos de refinanciación - El Derecho - Sector Jurídico\nEl diagnóstico sobre el nivel de endeudamiento de la economía española es bien conocido. También lo son las circunstancias que rodearon el origen de la crisis económica y las que influyeron, especialmente en los países del Sur de Europa, en la agravación de sus consecuencias. En cuanto a las soluciones posibles, lamentablemente, no existe el mismo grado de consenso.\nFacilitar el desarrollo de actividades empresariales, -no sólo de la creación de empresas, como había venido ocurriendo hasta el momento-, resulta esencial para el crecimiento y la recuperación de la economía y, al mismo tiempo, constituye una exigencia impuesta por supervisores internacionales. Con este objetivo se han acometido en los últimos años diversas reformas, dentro de un conjunto de medidas dirigidas a paliar y a superar los efectos de la crisis económica.\nEs lugar común afirmar que promover la financiación de las empresas resulta vital para la recuperación económica, junto con otras medidas de más ambicioso calado que se dirigen a cambiar el modelo de financiación empresarial, excesivamente dependiente de las entidades bancarias.\nEl elevado grado de endeudamiento del sector privado se ha traducido en un fuerte apalancamiento de las empresas españolas y una clara dependencia de los recursos de financiación procedentes del exterior. La crisis financiera internacional afectó de forma muy intensa a las entidades nacionales y ello se transmitió de forma directa a la estructura del capital especialmente de las pymes, que pronto se vieron ante unas necesidades angustiosas de financiar el circulante. El excesivo nivel de morosidad alejó los gastos y los pagos, y la crisis de financiación del sector público incentivó la tragedia.\nLa propia evolución de la economía en el contexto de la crisis económica ha producido también cambios muy profundos en las entidades financiadoras, -entidades que han desaparecido, otras que han precisado de capital público y han sido sometidas a procesos de reestructuración, entidades fuertemente apalancadas que precisan ellas mismas liquidez, imposible de obtener durante la crisis de la deuda-, al tiempo que han irrumpido en la escena nuevos agentes (distressed y hedge funds), entidades de capital riesgo, y nuevas formas de financiar proyectos empresariales.\nEste nuevo contexto dificulta al extremo obtener nuevos acuerdos de refinanciación, cuando al otro lado de la mesa de negociación ya no están quienes intervinieron en las operaciones de origen.\nLa Ley concursal -EDL 2003/29207-, promulgada en 2003 en un contexto bien diferente al que venimos viviendo desde finales de 2007, no reguló ningún instrumento dirigido a la refinanciación del deudor como mecanismo preconcursal preventivo de la insolvencia, ni tampoco, claro está, ninguna medida tendente a incentivar la refinanciación.\nLa situación cambió radicalmente con el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/25042-, que introdujo, entre otras medidas, en la Disposición Adicional cuarta la configuración del escudo protector de las refinanciaciones frente al ejercicio de acciones rescisorias.\nDesde esta forma de entender las cosas, la macro-reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- reguló, continuando el camino marcado por el Real Decreto-ley 3/2009 -EDL 2009/25042-, los efectos de las refinanciaciones en el concurso, introduciendo como principal novedad los acuerdos de refinanciación homologados en un nuevo contenido de la Disposición Adicional Cuarta y un moderado privilegio para el dinero nuevo, en un intento de dar satisfacción a las exigencias de los agentes económicos, transitando un camino bien conocido en otros ordenamientos del entorno.\nPero la práctica demostró que esta regulación todavía resultaba ineficiente para conseguir el objetivo de la supervivencia de la actividad empresarial de la empresa viable en un contexto de crisis económica, lo que a su vez habría de potenciar la necesaria fluidez en la concesión de crédito. Las empresas, -nos referimos a las que verdaderamente acometen proyectos empresariales viables-, a partir de 2011 acometieron ingentes esfuerzos para desapalancar sus balances, reduciendo también gastos operativos, lo que inevitablemente ha incrementado las insoportables cifras de desempleo.\nPero para que el crédito fluya, -especialmente para las pymes que son las que en la práctica encuentran más dificultades de financiación-, resulta preciso un marco legislativo que, en primer término, dote de seguridad jurídica a los acuerdos del deudor con sus acreedores para refinanciar la deuda (sólo así podrá incentivarse la inversión extranjera y otras formas de inversión diversas a la financiación bancaria) y, en segundo lugar, establezca medidas de protección adecuadas frente a un posible escenario de concurso.\nEstas medidas deben establecer, en primer lugar, una protección adecuada para los acuerdos de refinanciación frente al ejercicio de las acciones rescisorias concursales, ante la amplitud de su regulación en la normativa concursal (de efectos devastadores en la forma en que el art. 71 -EDL 2003/29207- y sus presunciones ha sido objeto de interpretación judicial desde los primeros tiempos de su vigencia), y deben establecer unas garantías suficientes de recuperación de la inversión, permitiendo al refinanciador que no forme masa con el resto de acreedores.\nEn la misma línea de potenciar la refinanciación de la deuda como medio para evitar la insolvencia, la Ley de apoyo a los emprendedores 14/2013 -2013/178110-, rebajó el requisito de la mayoría para la aprobación del acuerdo homologable (del 75% al 60%), estableció un mecanismo ajeno al concurso para que el empresario pudiera afrontar la insolvencia, y llenó la laguna existente respecto del nombramiento por el registrador mercantil del experto independiente que debía emitir informe para que operasen los mecanismos de protección, con la introducción en la ley de un nuevo art. 71 bis, que a la postre habría de quedar inédito.\nEn este contexto irrumpe el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750-, que incide de manera frontal en los cuatro aspectos que ya reformó la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- (reforma del art. 5.3; configuración del escudo protector que pasa a integrar el contenido del art. 71 bis; reforma de las refinanciaciones homologadas de la Disposición Adicional 4ª; regulación del fresh money con un nuevo régimen transitorio), pero lo hace con notables novedades objetivas y subjetivas, al tiempo que introduce mecanismos adicionales, -reforma de los efectos del concurso sobre las garantías reales, reformas en materia de subordinación crediticia y en relación con la calificación del concurso, en esencia-, para dotar de efectividad a los acuerdos de refinanciación.\nLa reforma se marca como objetivo “aliviar la carga financiera” de las empresas y permitir la continuidad de la actividad para empresas viables económicamente: “Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable.”\nLa experiencia desde la publicación de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- había demostrado, por un conjunto de factores a los que no son ajenos los problemas estructurales de la justicia española, el fracaso del concurso como medio para lograr, a través de la solución convenida, la continuidad de la actividad empresarial. El campo de actuación ha debido cambiar necesariamente: la partida, con el objetivo de promover la continuidad de la actuación empresarial, debería jugarse en el tablero de la preconcursalidad. El objetivo debe ser evitar el concurso.\nJunto a ello podemos aventurar un objetivo menos explícito: evitar el fórum shopping que de manera evidente se ha venido produciendo en relevantes operaciones de refinanciación de deuda en los últimos tiempos hacia modelos más flexibles (especialmente hacia el modelo anglosajón de los schemes of arrangement).\nLa recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 (“sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial”) subraya cuanto se ha afirmado hasta este lugar.\n1.1.- Algunas consideraciones generales sobre los acuerdos de refinanciación.\nEs obviedad decir que los acuerdos de refinanciación son negocios jurídicos en su más amplio sentido o, si se prefiere, actos complejos basados en la autonomía de la voluntad negocial.\nEl tiempo es un factor determinante en todas las relaciones jurídicas, pero sus efectos sobre la adopción y ejecución de estos acuerdos, obliga a adoptar previsiones singulares. Aunque los acuerdos de refinanciación se documenten, -si es el caso-, en un instrumento otorgado en un concreto momento temporal, tanto su negociación como, sobre todo, su ejecución, suelen prolongarse en el tiempo.\nLa LC -EDL 2003/29207- no define que sea un acuerdo de refinanciación, limitándose a establecer determinadas exigencias adicionales, bien para proteger los acuerdos del riesgo de rescisión, bien para determinar las circunstancias de una posible homologación judicial. Sin embargo, del texto literal de la ley podemos conocer que, desde el punto de vista objetivo, se trata de acuerdos por los cuales el deudor obtiene una ampliación significativa de crédito disponible o bien la modificación de las obligaciones ya contraídas, bien mediante una prórroga en el vencimiento, bien mediante el establecimiento de nuevas garantías, bien a través de su novación extintiva, contrayendo nuevas obligaciones en sustitución de las ya existentes.\nPor tanto, se está en presencia de una realidad polimórfica, en la que pueden intervenir una pluralidad de sujetos, -el deudor y uno o varios acreedores, así como otras personas interesadas-, que se basa en un acuerdo de voluntades, (art. 1255 del Código Civil -EDL 1889/1-), y que incide sobre las condiciones de financiación del deudor, pero que puede instrumentarse de las formas más complejas, con obligaciones positivas y negativas de la más variada índole (por ejemplo con obligaciones específicas de desinversión), no siendo infrecuente que en su marco se pacten modificaciones societarias estructurales.\nEsta complejidad de concepto trasciende en bloque a su régimen jurídico y, en la materia que nos ocupa, plantea problemas específicos de no fácil solución. Sin embargo, nos ocuparemos en las líneas que siguen de la sistematización de las novedades del nuevo texto legal y de su ubicación en el contexto legislativo.\n2.- La nueva regulación de la comunicación previa del inicio de negociaciones con los acreedores\nEl RD-ley 3/2009 -EDL 2009/25042- introdujo en un apartado 3 en el art. 5 la posibilidad de la interrupción del plazo durante el cuál era exigible al deudor el deber de solicitar el concurso, si éste comunicaba al juzgado que había entablado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio; desde ese momento se habría un plazo de tres meses para que fructificara el acuerdo con los acreedores y, si éste no se alcanzaba, el deudor debía solicitar el concurso dentro del mes siguiente. Igualmente la comunicación protegía durante ese tiempo al deudor frente a posibles solicitudes de concurso necesario. Este singular trámite fue erróneamente denominado en la práctica del foro como el “preconcurso”.\nEl alcance de la comunicación previa fue ampliado por efecto de la reforma de 2011 -EDL 2011/222123-. Con la introducción de un nuevo art. 5 bis -EDL 2003/29207- se extendió el efecto a la comunicación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, -en principio, de cualquier clase-, y se precisó (frente a un cierto desconcierto judicial) que se trataba de una simple dación de cuenta, encomendando tal función al secretario del juzgado.\nLa reforma operada por la Ley del Emprendedor -EDL 2013/178110- extendió el efecto de la comunicación previa a los supuestos de solicitud de un acuerdo extrajudicial de pagos, en cuyo caso la comunicación al juzgado debía hacerla no el deudor sino el registrador mercantil o el notario; sin embargo no se modificaron sus efectos, que seguían limitados a la suspensión del plazo del deber de solicitar el concurso, cuando si para algo debía servir esta comunicación era para proteger frente a la actuación aislada de posibles ejecutantes.\nLa nueva regulación introducida por el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750- modifica sustancialmente las cosas.\nPor de pronto se precisa que el objeto de la comunicación ha de ser el inicio de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a la propuesta anticipada de convenio o para concluir un acuerdo de refinanciación de masa, homologable o no.\nSe mantiene el régimen de “mera comunicación”, bien por el deudor o bien por el notario o registrador mercantil en el caso del acuerdo extrajudicial de pagos, dejando constancia el secretario. Pero se introduce una relevante novedad respecto del régimen de publicidad, ante la evidencia de que el llamado “preconcurso” constituía el pistoletazo de salida para que los acreedores iniciaran procesos de ejecución individual ante un deudor que iba a dejar de pagarles. La novedad consiste en que, en principio, el secretario judicial deberá ordenar la publicación de la comunicación en el Registro Público Concursal, pero el deudor podrá solicitar su carácter reservado, que se mantendrá mientras no exprese lo contrario. Con todo, la única posibilidad de control por el juez sigue siendo objetiva: no se admitirá si ya se ha solicitado otra durante el año anterior.\nPero lo más relevante de la reforma es la extensión de los efectos del acuerdo, que pasan a ser:\na) como antes, la inexigibilidad del deber de solicitar el concurso voluntario durante los tres meses siguientes; transcurridos los cuales deberá solicitarse en el mes siguiente. Se mantiene pues el plazo para que las negociaciones puedan desarrollarse en un clima de tranquilidad;\nb) pero la reforma añade un efecto fundamental que dota de nuevo significado al art. 5 bis -EDL 2003/29207-, al establecer que con la comunicación el deudor protege durante las negociaciones el patrimonio empresarial frente a los procedimientos de ejecución individual (en principio sólo judiciales, aunque la limitación no tiene sentido), que no podrán iniciarse o deberán suspenderse, pues paralizar la posibilidad de solicitudes de concurso necesario era inoperante si el acreedor podía iniciar o continuar la ejecución singular.\nPero el efecto legal se somete a las siguientes condiciones:\na´) la paralización de ejecuciones sólo se produce si los bienes sobre los que pretenda actuarse fueren necesarios para la continuidad de la actividad; la norma plantea el problema de quién y cómo tiene que valorar el carácter del bien;\nb´) no afecta a posibles ejecuciones por créditos públicos;\nc´) si el ejecutante es acreedor de pasivos financieros (no sólo entidad bancaria, por tanto) el deudor, para que la protección surta efectos, deberá demostrarse que el inicio de las negociaciones ha sido apoyado al menos de forma expresa por el 51% de aquéllos y que al mismo tiempo han asumido el compromiso, -a través de un pacto de stand still-, de no iniciar o continuar las ejecuciones;\nd´) si se trata de un acreedor con garantía real podrá iniciar la ejecución sobre el bien de que se trate, pero el procedimiento de ejecución quedará paralizado hasta que se formalice en el correspondiente instrumento el acuerdo de refinanciación o hasta que se declare el concurso. La norma resulta discutible en sus efectos prácticos, habiéndose advertido que puede actuar como incentivo para los acreedores con garantía real, a fin de preparar su posición en un futuro concurso.\ne´) esta protección sólo se concede cuando lo que se negocia es un acuerdo de refinanciación de masa, por la expresa mención que el art. 5 bis hace a los acuerdos del apartado 1 del art. 71 bis -EDL 2003/29207-.\n3.- La configuración del escudo protector de los acuerdos de refinanciación típicos\nEn línea con precedentes marcados por el Derecho comparado, especialmente el ordenamiento italiano, la reforma de 2009 subsanó la notoria omisión que la práctica había puesto de manifiesto en la versión originaria de la LC -EDL 2003/29207-, introduciendo fuera del cuerpo de la norma, en su Disposición Adicional cuarta, el paraguas o “escudo protector” de determinadas refinanciaciones logradas con específicos requisitos, pues había quedado claro que las exenciones a la rescisión del apartado 5 del art. 71, en especial el tratarse de actos ordinarios de la actividad empresarial o empresarial, contaban con un ámbito muy limitado de aplicación. La fuerza expansiva de la interpretación judicial del art. 71 y de sus presunciones constituía más que una amenaza a la refinanciación de la deuda de un deudor en dificultades.\nLa Ley 8/2011 -EDL 2011/118864- llevó, con algunas modificaciones sistemáticas, su contenido al apartado 6 del art. 71.\nLa Ley del Emprendedor -EDL 2013/178110- introdujo un art. 71 bis -EDL 2003/29207-, que finalmente no ha tenido aplicación práctica, en el que se establecía el procedimiento para el nombramiento por el registrador mercantil del experto independiente.\nEn este estado de cosas irrumpe la reforma de 2014, que mejorando la sistemática legal con un nuevo art. 71 bis -EDL 2003/29207-, mantiene las características y exigencias de los acuerdos de refinanciación rescindibles (con la notoria novedad de suprimir la intervención preceptiva del experto independiente, que sustituye por un control más leve por el auditor de cuentas) pero que introduce una nueva categoría de acuerdos o de “actos” de refinanciación individuales a los que provee de exigencias adicionales para lograr la protección rescisoria. A partir de ahora, pues, habrá que diferenciar entre “acuerdos de masa”, “ordinarios” o “de mayoría cualificada”, frente a los “acuerdos individuales” o “especiales”.\nPero además, se precisa el alcance del escudo protector con la muy relevante reforma del art. 72 -EDL 2003/29207-: como antes, sólo el administrador concursal puede ejercitar la rescisoria, sin posibles legitimaciones subsidiarias, pero sólo podrá fundamentar la acción acreditando el incumplimiento por el acuerdo o por el acto impugnado de las condiciones previstas en el art. 71 bis.\nEl control puede seguir siendo de fondo, pues el acto atacado puede afectar por ejemplo a la exigencia de que el plan de viabilidad no aseguraba ab initio la continuidad de la actividad empresarial, o que la refinanciación aumente de forma significativa el crédito disponible ex ante, pero nos parece que la norma excluye el juego de las presunciones del art. 71 -EDL 2003/29207- (también la relativa a la constitución de garantías, que con el fundamento de la presunción de perjuicio para la masa serán inatacables; también en el caso de los grupos), pues la carga de la prueba claramente se impone al administrador concursal demandante.\nA) Los acuerdos de masa\nLa principal novedad que la reforma introduce en esta materia consiste en la supresión del carácter preceptivo del informe del experto independiente, que pasa a tener un carácter facultativo a instancia de los acreedores o del deudor. El requisito objetivo del acuerdo no se modifica.\nEl informe se sustituye por una simple certificación del auditor de cuentas de la sociedad (si no lo hubiere lo nombrará el registrador mercantil, y si es grupo de sociedades emitirá el certificado el auditor de la dominante) sobre el requisito de la suscripción por acreedores representativos de los 3/5 del pasivo (de todo el pasivo, salvo en el caso de grupos, donde se excluyen las operaciones vinculadas) en la fecha de adopción del acuerdo. Por tanto, el resto de contenidos adicionales que caracterizaban el informe del experto independiente dejan de resultar exigibles, pero deberán integrar el informe si éste finalmente se emite.\nEl informe será muy conveniente en los casos en los que en la refinanciación se incluyan pactos de conversión de deuda en capital, pues sólo con el informe será efectiva la amenaza de sanción a los socios que se nieguen a la capitalización de las deudas sin causa razonable con la presunción de culpabilidad concursal. La causa razonable deberá acreditarse con un informe de experto independiente designado antes de la negativa del deudor.\nTambién será conveniente cuando se pretenda eximir de la obligación de oferta pública de adquisición, pues no será necesaria la dispensa expresa por parte de la CNMV cuando el acuerdo de refinanciación homologado judicialmente tenga informe favorable de experto independiente.\nPlantea algunas dudas la supresión pura y simple del procedimiento de nombramiento del experto: ¿podrá nombrarse también durante la negociación?, ¿deberá el registrador solicitar varios presupuestos?; preguntas que tenían respuesta bajo el régimen derogado.\nEl resto de requisitos permanecen inalterados: además de la exigencia del plan de viabilidad que asegure la continuidad de la actividad a corto y medio plazo, y de la mayoría de pasivo mencionada (con idéntica regla de cálculo para los grupos), la exigencia de su documentación en instrumento público.\nB) Los acuerdos individuales\nPero la gran novedad de la reforma ha sido la inclusión bajo el escudo protector frente a las acciones rescisorias de determinados acuerdos que no cumplan con los requisitos del apartado primero del art. 71 bis -EDL 2003/29207-, pero que reúnan las condiciones que la ley señala.\nLa EM de la norma reformadora los justifica del siguiente modo:\n“En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia un «puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberación de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciación.”\nSe trata de acuerdos plurilaterales que incumplan alguna o algunas de las exigencias que acaban de exponerse para la protección de los acuerdos de masa, y de acuerdos o pactos o actos bilaterales, celebrados entre el deudor y un acreedor financiero.\nLas condiciones para que tales actos queden protegidos son muy rigurosas, pero pueden obtenerse considerando sólo el acto alcanzado o el marco de un acuerdo de refinanciación más amplio. Esto es, en definitiva se trata de que el acuerdo de refinanciación cumpla estas exigencias para que cualquier acto celebrado en ejecución del mismo pueda quedar protegido.\nLos requisitos, que han de concurrir conjuntamente antes de la declaración del concurso, son los siguientes:\na) que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa\nb) que el activo corriente resultante sea igual o superior al pasivo corriente\nc) que el valor de las garantías resultantes en favor de los acreedores intervinientes no exceda de los 9/10 del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni tampoco exceda de la proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo.\nd) que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante no exceda en más de 1/3 al aplicable a la deuda previa\ne) formalización del acuerdo en instrumento público, en el que se deje constancia de las razones que justifican desde el punto de vista económico los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención a la atención de los requisitos anteriores.\nPor tanto, si se cumplen todas estas condiciones, -lo que no será fácil-, el acuerdo queda protegido en los términos del art. 72 -EDL 2003/29207-: la acción rescisoria, a ejercitar sólo por la administración concursal, sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las exigencias legales y será la parte demandante la que deberá probarlo. No se entrará a analizar si es perjudicial para la masa, si media interés de grupo, si juegan las presunciones legales o si se prestó una garantía para cubrir deuda propia o ajena.\n4.- El régimen transitorio para el privilegio del fresh money\nLa reforma de 2011 -EDL 2011/222123- introdujo como relevante novedad el privilegio de la prededucción de los nuevos ingresos de tesorería que acompañaran la refinanciación del deudor en dificultades. El privilegio se limitó a la inyección de fondos que habrán contribuido a la ampliación del crédito disponible, paliando las tensiones de tesorería que están en el origen de la mayoría de las situaciones de preinsolvencia. Se tratará de operaciones de inyección de efectivo por cualquier medio en el marco de un acuerdo de refinanciación protegible frente a la rescisión, por ejemplo mediante la concesión de líneas de crédito o de descuento. De esta forma se paliaban los efectos del fórum shopping y se permitía la entrada de nuevos ingresos en las refinanciaciones, hasta el momento prácticamente inexistentes.\nSin embargo las críticas doctrinales a la configuración del privilegio fueron prácticamente unánimes y la práctica demostró la ineficacia de su regulación, por las siguientes razones:\na) la escasa cuantía del privilegio de la prededucibilidad frente a la opción seguida por otras legislaciones comparadas, pues sólo afectaba a la mitad de su importe; junto a ello, se criticaba la irrelevancia del privilegio general otorgado a la otra mitad, cuando lo normal es que los acreedores que refinancian gocen ya de garantías reales.\nb) la inseguridad jurídica que deriva del criterio corrector del pago de los créditos contra la masa en situaciones de masa suficiente, al permitirse en el art. 84 -EDL 2003/29207- que la regla del vencimiento se altere, postergando el pago, cuando lo demanda el interés del concurso, a criterio del AC.\nc) la postergación del pago en los casos, nada infrecuentes en la práctica, de masa insuficiente (art. 176 bis, 2 -EDL 2003/29207-).\nd) la limitación objetiva del privilegio a los ingresos de tesorería, con exclusión de todo incentivo a otras formas de refinanciación.\ne) las exigencias de provisión impuestas a las entidades financieras (Reales Decretos 2/2012 -EDL 2012/4220- y 18/2012).\ny f) la exclusión del privilegio para la refinanciación interna (cuando son precisamente los socios los más incentivados para financiar la empresa que consideran viable en un clima de práctica imposibilidad de acceso a recursos financieros externos), al disponerse que “Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad” (art. 84.2.11º -EDL 2003/29207-; adviértase: “ingresos”, no “aportaciones”). Ingresos que en un eventual concurso iban a quedar subordinados irremediablemente por el juego del art. 92.5º.\nSin embargo el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750- no ha dado respuesta a las críticas y se ha limitado a una solución transitoria: concede, como se solicitaba, el 100% del privilegio de deducibilidad, pero lo hace sólo por un período de dos años desde su entrada en vigor, a los nuevos ingresos de tesorería realizados en el marco de los acuerdos de refinanciación del art. 71 bis -EDL 2003/29207- y de la Disposición adicional 4ª, incluyendo en el privilegio al deudor o a las personas especialmente relacionadas, (pero excluyendo del ámbito objetivo los ingresos que supongan aumento de capital), y siempre que el concurso se declare en el plazo de dos años desde que se realizó el ingreso. Ni que decir tiene que los intereses de los nuevos ingresos seguirán subordinándose.\n5.- La nueva regulación de los acuerdos de refinanciación homologados. La reforma de la Disposición Adicional Cuarta\nLa reforma operada por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- incluyó ex novo en la Disposición Adicional Cuarta la homologación de los acuerdos de refinanciación, mecanismo del que se ha hecho frecuente y desigual uso en la práctica. Se trataba de los acuerdos de refinanciación que reunieran las condiciones del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207- (celebración por acreedores titulares de al menos el 60% del pasivo, informe favorable de experto independiente y formalización en instrumento público) y, además hubieran sido suscritos por acreedores que representasen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras.\nTales acuerdos, además de resultar blindados frente a las rescisorias, se beneficiaban de los efectos de la homologación judicial, consistentes, básicamente, en la extensión, sin límite de tiempo, de los efectos de la espera pactada a las entidades financieras no participantes o disidentes cuyos créditos no estuviesen dotados de garantía real.\nTales acuerdos, para acceder a ese doble régimen, requerían la doble mayoría establecida en las normas indicadas (60% del pasivo del deudor para el blindaje ex artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207- y 75% del pasivo financiero para la homologación judicial ex disposición adicional cuarta LC).\nTras la reforma introducida por la Ley de Emprendedores -EDL 2013/178110- en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, los requisitos para la homologación judicial fueron diferentes. En primer el requisito del 75% del pasivo financiero, se rebajó, bastando la aprobación de acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras. Igualmente se clarificó que bastaba con que el acuerdo “reúna en el momento de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley relativas a la designación de experto independiente y elevación a instrumento público”, con omisión por tanto de toda referencia a la exigencia de que el acuerdo haya sido formalizado por acreedores titulares de al menos el 60% del pasivo total del deudor.\nLa reforma 4/2014 -EDL 2014/20750- introduce relevantes modificaciones en la materia, cambiando por completo la situación de los acuerdos de refinanciación homologados, que pasan a tener un contenido y, sobre todo, una finalidad absolutamente diferentes. No es fácil sistematizar un precepto redactado con una técnica legislativa descuidada. Este es el objetivo de las líneas que siguen:\nA) En primer lugar, se reduce una vez más el requisito de la mayoría, bastando a partir de ahora que el acuerdo de refinanciación haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51% del pasivo financiero. Con todo, como se verá, si tan sólo obtienen ese porcentaje de pasivo sus efectos se sitúan en el umbral mínimo (blindaje frente a las rescisorias, no frente a otras acciones de impugnación, según su apartado 13) y en consecuencia se verán comparativamente notablemente limitados.\nB) En segundo término, la ley dicta normas específicas en cuanto a las reglas de cómputo de los porcentajes de pasivos financieros. Así, no se tendrán en cuenta en el cómputo los pasivos titularidad de acreedores que tengan la consideración de personas especialmente relacionadas con el deudor según el art. 93.2 -EDL 2003/29207-, pese a que éstos acreedores especialmente vinculados sí podrán quedar afectados por la homologación. El problema estará en determinar qué acreedores sean éstos, cuando todavía no se han clasificado los créditos porque no hay concurso. En relación con los préstamos sindicados, la ley considera que los prestamistas aceptan el acuerdo y computan a efectos de mayorías si votan a favor del acuerdo el 75% del pasivo representado por el préstamo (salvo que las normas que regulan la sindicación hayan convenido una mayoría inferior).\nC) Se aclara que acreedores de pasivos financieros son los titulares de cualquier endeudamiento financiero, por lo que no se limita a las “entidades financieras”. Se excluyen pues a los comerciales y a todos los acreedores de derecho público.\nD) Son también muy relevantes las modificaciones introducidas en el procedimiento de homologación judicial:\na´) por de pronto se sustituye, en línea con lo establecido para la protección rescisoria, la exigencia de informe de experto independiente. Bastará con que el deudor presente al juez que, en su caso, fuera competente para el concurso, la certificación del auditor expresiva de la concurrencia de las mayorías exigidas en cada caso (en función del nivel de protección pretendido, con el mínimo del 51%).\nb´) el juez, -no el secretario, como antes ocurría-, examinará la solicitud y si la admite a trámite dictará providencia declarando la paralización de las ejecuciones singulares durante el procedimiento de homologación.\nc´) el ámbito del control del juez se modifica sustancialmente en una línea que merece la crítica positiva. En la redacción anterior, el juez, además de examinar los requisitos formales, debía analizar de oficio que el acuerdo no supusiera un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron. Ahora este análisis sólo se efectúa si existe oposición y atendiendo a las razones ofrecidas por las partes. Se establece además un plazo expreso de quince días para dictar la resolución de homologación.\nd´) publicado el auto de homologación, se abre un plazo de 15 días para que los acreedores de pasivos financieros disidentes puedan impugnarlo. Los motivos de impugnación sólo pueden ser, bien el incumplimiento de los requisitos formales, bien el carácter desproporcionado del sacrificio exigido. El procedimiento de impugnación no se modifica: seguirá siendo el incidente concursal con intervención del deudor y del resto de acreedores parte en el acuerdo, y se dictará sentencia, como antes, no apelable. Se prevé también expresamente que, en relación con los efectos del acuerdo homologado, -que se producen desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el BOE-, que el juez podrá decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos singulares de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación.\nE) Pero quizás la más trascendente reforma se refiere a los efectos de la homologación judicial, que ya no se van a limitar a extender, con superación del principio de la relatividad de los contratos, los efectos de la espera pactada. El efecto general es el de la protección frente a las rescisorias, pero la extensión de efectos a los acreedores disidentes dependerá del porcentaje de aprobación. Así:\na´) se supera el blindaje de los acreedores con garantía real. La literalidad de la norma previgente, pese a los esfuerzos interpretativos de autores y de jueces, obligaba a entender que los acreedores disidentes o no participantes afectados por la espera habían de ser exclusivamente las entidades financieras no garantizadas con garantía real, lo que, en definitiva, reducía la efectividad de la homologación, pues la existencia de esta clase de garantías resulta por completo sólita. Esta superación se hace desde una perspectiva novedosa. Ya no se atiende a la cualidad subjetiva del acreedor (acreedor con garantía real frente al ordinario) sino a los requisitos objetivos de la garantía y de la deuda garantizada (los efectos se referirán a la parte de los créditos que excedan del valor de la garantía real). En tales casos, por tanto, la extensión de los efectos a los acreedores con garantía real disidentes dependerá del grado de consenso dentro de la categoría de acreedores garantizados.\nAsí, por la parte de los créditos con garantía real que no exceda del valor de la garantía, también resultará posible que se extiendan los efectos del acuerdo homologado a los acreedores garantizados, siempre que se hubieran obtenido las siguientes mayorías:\nSi se trata de espera o conversión de deuda en préstamo participativo por un máximo de 5 años, bastará el 65%.\nSi se trata del resto de medidas que se verán, será necesaria una mayoría del 80%.\nb´) los efectos del acuerdo se gradúan en función de las mayorías obtenidas en su aprobación y en atención a la cobertura efectiva o no del crédito por la garantía real.\nEn el caso de créditos que “no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real” el régimen de extensión de los efectos se establece con carácter general en función del porcentaje de aprobación. Para realizar este cómputo resulta preciso determinar el valor de la garantía real, lo que se aborda en el nuevo apartado 2 de la Disposición Adicional: el valor de la garantía real de que goce cada acreedor es el resultante de deducir de los 9/10 del “valor razonable” del bien sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien (valor de la garantía real=9/10 del valor razonable del bien-deudas preferentes sobre el mismo bien).\nLa ley dicta normas a su vez sobre lo que se entiende como “valor razonable del bien”, sobre el supuesto en el que la garantía en favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes y sobre la garantía constituida en proindiviso en favor de dos o más acreedores.\nLos niveles de protección son los siguientes, extendiéndose los efectos del acuerdo, como se ha dicho, a los que no lo hayan suscrito o hayan mostrado su disconformidad y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía:\n1.- acuerdo suscrito por 51% de acreedores de pasivos financieros: protección rescisoria, pero no extensión de efectos a disidentes.\n2.- acuerdo suscrito por un 60% de acreedores de pasivos financieros hasta el 75%\nSe les extienden las esperas (ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada), y la conversión de la deuda en préstamos participativos, en ambos casos por un plazo máximo de 5 años.\n3.- acuerdo suscrito por un 75% de acreedores de pasivos financieros o más.\nSe les extienden las esperas y la conversión en créditos participativos con un máximo de 10 años; las quitas; la conversión de deuda en acciones o en obligaciones convertibles o préstamos subordinados o préstamos con intereses capitalizables; la conversión en cualquier otro instrumento de rango, características o vencimiento distintas; la cesión de bienes en pago total o parcial; y la conversión de deuda en capital social (pero el acreedor disidente tiene la posibilidad de evitar la conversión aceptando una quita equivalente).\nF) Los acreedores de pasivos financieros que no hubieren suscrito el acuerdo pero que resulten afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación. Respecto de los acreedores financieros que lo hayan suscrito, el mantenimiento de sus efectos para fiadores o avalistas dependerá de lo acordado en la respectiva relación jurídica.\nG) Cualquier acreedor, adherido o no al acuerdo, podrá solicitar la declaración de incumplimiento ante el juez que lo hubiere homologado, por el cauce del incidente y sin recurso frente a la sentencia. Declarado el incumplimiento, podrán instar los acreedores el concurso o iniciar ejecuciones individuales.\nSi se ejecutan garantías reales de créditos afectados por el acuerdo, el acreedor podrá hacer suyas las cantidades obtenidas que, excediendo el importe actual de su crédito, no alcancen al importe que tendría de no haberse aplicado el acuerdo de refinanciación.\n6.- Medidas incentivadoras de la conversión de deuda en capital social. Incentivos y amenazas\nLa capitalización de deuda se ha revelado como uno de los mecanismos más efectivos para lograr la refinanciación, al que se ha acudido frecuentemente en la práctica, sobre todo en supuestos en los que las probabilidades de recobro del crédito para el acreedor eran muy limitadas. El efecto inmediato es una mejora en la estructura financiera de la sociedad deudora, que ve un correlativo aumento de sus fondos propios mediante la ampliación del capital social y la reducción correlativa de su pasivo financiero. La nueva ley incentiva de forma muy intensa este mecanismo con medidas comunes para todos los acuerdos de refinanciación; junto a ellas habrán de tenerse en cuenta las medidas específicas que en relación con la capitalización se establecen para los acuerdos homologados, como se ha visto.\na) exclusión de la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor al acreedor que haya capitalizado deuda en el marco de un acuerdo de refinanciación (art. 92.5º -EDL 2003/29207-)\nb) exclusión de la consideración de administradores de hecho, a los efectos de subordinación como persona especialmente relacionada, por las obligaciones asumidas por el deudor en relación con el plan de viabilidad\nc) presunción iuris tantum de culpabilidad concursal a quienes se hubiesen negado sin causa razonable y hubieran frustrado el acuerdo de refinanciación de masa (71 bis, 1 -EDL 2003/29207-) u homologable; se presume que la capitalización obedecía a causa razonable si así lo declara el informe del experto independiente; en determinadas condiciones\nd) se rebajan las mayorías previstas en la LSC -EDL 2010/112805- para la suscripción de acuerdos de ampliación de capital necesarios para la capitalización, bastando mayoría ordinaria\ne) posibilidad de extender la responsabilidad concursal del art. 172 bis a los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos, pues su acuerdo resulta preciso para ampliar capital; la responsabilidad se matizará en función de su contribución a que el acuerdo haya sido rechazado y en la medida [en] que la imposibilidad de alcanzar el acuerdo haya generado o agravado la insolvencia. El precepto está llamado a crear la confusión más absoluta en un tema ya de por sí oscuro: la naturaleza de la responsabilidad concursal.\nf) nueva configuración de las provisiones exigidas por el BE (comunicación de 18.3.2014, sobre tratamiento contable para las entidades de crédito de las operaciones reestructuradas); para algunos se trata de uno de los objetivos esenciales de la ley: sanear balances y aligerar las exigencias de provisión para las entidades financieras.\ng) incentivos fiscales en el ámbito del impuesto de sociedades, considerándose que en virtud de la capitalización el deudor no obtiene un ingreso real, diferenciándose el efecto fiscal en el deudor que amplía capital y en las sociedades que suscriben el aumento de capital, junto con otras medidas.\nh) finalmente, para los acuerdos homologados e informados por experto independiente, la exención de la obligación de OPA es automática, sin necesidad de dispensa por la CNMV; en los demás acuerdos sí será necesaria, pero deberá otorgarla la CNMV si concurren los requisitos de la exención (viabilidad financiera de la sociedad cotizada en peligro grave e inminente, finalidad de recuperación financiera a largo plazo).\nEste artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho Mercantil", el 1 de mayo de 2014.


Top 5 Islas del Caribe para este 2021 - Global Tax Insurance\nabril 1, 2021 por admGlobaltax\nEl Caribe es el destino perfecto para dejar atrás todo el estrés. Descubre el top 5 islas del Caribe para este 2021 aquí.\nCon más de 7.000 islas en el mar Caribe, la elección de dónde pasar las vacaciones no es una tarea fácil. Puedes contactar con tu Agencia de Viajes Chicago para más información. Aquí podrás conocer algunas de nuestras recomendaciones:\nCon más de 2.400 cayos y 700 islas en las Bahamas. El archipiélago es un paraíso para marineros, amantes del sol y conservacionistas. El rico patrimonio cultural de las Bahamas queda patente en los festivales y eventos que se celebran a lo largo del año. Así como en la cocina, los bailes y la destilación de ron.\nDominica, Islas de Barlovento\nDominica no solo es una de las islas más bellas del Caribe, sino una de las naciones más bellas del mundo. Si buscas nuevos lugares para viajar, esta es una excelente opción. Situada en el Mar Caribe Oriental, Dominica es conocida como la “Isla de la Naturaleza” del Caribe. Es definitivamente más salvaje y menos domesticada que muchas de sus vecinas de la cadena de Islas de Barlovento.\nBarbados, Islas de Barlovento\nAunque nunca hay un mal año para visitar Barbados, este próximo invierno se distingue por ser la vuelta al hogar nacional de la isla. Aunque Barbados se celebra por muchas razones. Las principales son su rica tradición de ron, su legendario pescado frito y su patrimonio cultural. También su ambiente tropical es perfecto. La actitud de la isla es claramente cálida y acogedora.\nGranada, Islas de Barlovento\nEscondida al este de Barbados, en las Islas de Barlovento, está Granada. Este es uno de los secretos mejor guardados del Caribe. Con sus exuberantes bosques tropicales y su costa virgen impresiona. La “isla de las especias” de Granada comparte la maravillosa belleza natural de su vecina del norte, Dominica.\nAunque forma parte de las famosas y ostentosas Islas Turcas y Caicos, Caicos del Sur está infravalorada. Las multitudes de turistas que toman el sol y hacen que el resto de las islas del Caribe estén algo más concurridas durante las vacaciones. Esta es la mejor opción si quieres pasar tiempo disfrutando la increíble vista en completa tranquilidad.\n¿Una de las islas en el top 5 islas del Caribe para este 2021 te llama la atención? Contacta nuestra Agencia de Viaje en Chicago.\nCategorías agencia de viajes Etiquetas el top 5 islas del Caribe, islas del Caribe Navegación de entradas


NATACIÓN: Final Circuito Provincial (Temporada de Invierno) en la localidad de Mairena del Aljarafe - Lora Información\nNATACIÓN: Final Circuito Provincial (Temporada de Invierno) en la localidad de Mairena del Aljarafe\nEscrito por: Pedro Toro 19/05/2022, 23:31\nEl Club Natación “Los Delfines” tendrá como representación tanto de manera individual como en relevos.\nEl próximo sábado día 21 de mayo va a tener lugar en la localidad de Mairena del Aljarafe la final del Circuito Provincial de Natación (temporada de invierno) donde nuestro club va a tener representación tanto de manera individual como en relevos. La jornada se realizará en la piscina de verano debido a las altas temperaturas.\nDe manera individual nuestros representantes son los siguientes:\n• Juan Miguel Clavijo Roldán que nadará en la categoría Cadete-masculino los 50 metros braza (clasificado como 6º mejor tiempo de la serie), y 50 metros espalda (clasificado como 3º mejor tiempo de la serie).\n• Ainhoa Peña Bravo que nadará en la categoría de Juvenil-femenino, los 50 metros braza (clasificada como 4º mejor tiempo de la serie) y los 50 metros espalda (clasificada como 3º mejor tiempo de la serie).\nDe manera colectiva participarán los siguientes relevos:\n4X25 libres de la categoría Prebenjamín masculino siendo nuestro relevo: Jairo Pino González, Adrián Pastor Oviedo, Miguel Ángel Pérez Pérez y Pablo Muñoz González.\n4X50 libres y 4X50 estilos categoría Juvenil-masculino siendo nuestro relevo: Juan Miguel Clavijo Roldán, Ainhoa Peña Bravo, Manuel Jesús Navarro Romero y José Antonio Pérez García.\nPor parte de la directiva del club quieren mostrar públicamente la admiración enhorabuena a todos y cada uno de los nadadores-as que han venido participando en los entrenamientos y jornadas y que no han conseguido clasificarse. Está siendo duro volver a levantar el club después de la pandemia sufrida y la falta de instalaciones para poder entrenar en invierno, aunque este problema ha sido endémico durante muchísimos años, pero pese a todo se ha seguido compitiendo, a pesar de las desventajas, solo hay que ver como este año muchos pueblos sin piscina cubierta no han competido este año.


Watson saca los pies del tiesto\nviernes, 14 diciembre 2012, 19:52\nEl mundo del golf se alegró hace un par de días con la elección del legendario Tom Watson como nuevo capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup para la edición de 2014 que se disputará en Escocia. Su objetivo sería recuperar la Copa que han perdido en las dos últimas ediciones. Pero Watson, 63 años, se ha descolgado con unas declaraciones contra la inclusión del golf en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. ¿Tendrá miedo el viejo capitán de que jugar al golf sin cobrar se convierta en una costumbre?\nTriple corona para Ciganda\ndomingo, 9 diciembre 2012, 01:26\nSencilla, tímida hasta la exageración, un swing espigado que se retuerce como un muelle y una bola que sale disparada hasta el infinito y más allá. Es el perfil de Carlota Ciganda, la golfista navarra que hoy ha hecho historia en el mundo del golf femenino al coronarse número 1 de la Lista de Ganancias del Tour Femenino Europeo, la Mejor 'Rookie' (Novata) del Año y la Mejor Jugadora del LET esta temporada. ¡Y sólo con 22 años! Un logro que sólo había conseguido hasta ahora en Europa la legendaria Laura Davies en 1985.


PP y PSOE se unen al pedir al Gobierno más medidas para combatir la violencia contra la infancia\nEl PP y el PSOE se han unido en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso al respaldar una proposición no de ley que insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para combatir la violencia contra la familia, en cualquiera de sus manifestaciones.\nPrecisamente, el PP sometió ayer a votación una iniciativa para que la Cámara Baja instase al Gobierno a aprobar un "plan de acción de inclusión social" con medidas contra la pobreza en general y entre los niños, en particular, en el plazo de seis meses, y que sólo salió adelante con apoyo de los 'populares'.\nTodos los grupos de la oposición criticaron entonces al PP por llevar al Congreso una proposición no de ley sobre pobreza infantil por entender que era una hipocresía cursar esta petición tras año y medio en el Gobierno pudiendo adoptar las medidas legislativas necesarias para atajar el problema.\nEn la iniciativa que ha sido aprobada este miércoles, se reclama también al Gobierno que impulse la articulación de los mecanismos necesarios para la adecuada aplicación de los fondos previstos en el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-2016, con el objetivo de desarrollar y fortalecer los derechos de la infancia y la adolescencia, en colaboración con las administraciones autonómicas, locales, así como los agentes sociales implicados.\nPor otro lado se exige al Ejecutivo en esta iniciativa que actualice la legislación sobre protección a la infancia con medidas como la potenciación del acogimiento familiar frente a los centros tutelares, o la simplificación de los mecanismos de acogida y adopción y la concreción del concepto de 'interés superior del menor'.\nEs más, quiere que adopte, a la mayor brevedad posible, dentro del marco del Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2013-2016, medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia.\nFinalmente, insiste al Gobierno en que siga implementando medidas que garanticen el acceso a todos los niños a la sanidad, la educación y los servicios sociales, en plenas condiciones de igualdad, con independencia de las circunstancias económicas o sociales de sus familias.


ArtículosEntregadas 193 viviendas en Ciudad LossadaPublicado el Viernes, 09 Mayo 2014 14:52 | Escrito por Periodistas | Visitas: 136\nLa Empresa Socialista Metro Maracaibo junto al Gobierno Nacional a través de Misión Vivienda entregó 193 casa del Desarrollo Habitacional Ciudad Lossada del sector Hermanitos González, ubicado en la parroquia Idelfonso Vázquez del municipio Maracaibo.\nLos habitantes, en su mayoría, de la etnia wayuu recibieron con gratitud el tener ahora un techo seguro donde vivir. La construcción incluyó 171 apartamentos en 19 edificios tipo L y 22 sustituciones de rancho por casa, para la transformación urbanística de la zona.\nA la fecha, la ejecución del complejo logro en el 2006 entregar 378 viviendas, mientras que en los años 2011 y 2012 se constituyeron 257 apartamentos, para arrojar un saldo de 68 nuevas casa en el año pasado.\nTransmisión televisivaDesde Caracas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a Ricardo Molina, ministro para la Vivienda y Hábitat, hicieron el pase con Francisco Arias Cárdenas, acompañado de Nelson Rodríguez, viceministro de Vivienda y Rafael Colmenares, presidente del Metro Maracaibo, quienes otorgaban las nuevas casa a 193 familias zulianas.\nSe estima que en el Zulia se entregaron recientemente 659 viviendas en 17 municipios, así lo expresó el Gobernador de la entidad, “es una razón de júbilo que venimos consolidando con esfuerzo y dedicación, donde se realizó un censo que dio como resultado la necesidad de beneficiar a 6 mil familias de escasos recursos”.\nOleida González, miembro de la comunidad indígena, levantó su voz en wayuunaiki, agradeció profundamente y al mismo tiempo recordó la visita del expresidente Chávez “a estas tierras dando vida al proyecto habitacional que hoy es realidad, estructuras que jamás soñamos tener y que la Revolución nos regaló”.\nEl viceministro de Vivienda señaló que 65 mil 271 viviendas han sido construidas en Zulia, lo que representa un record al que se le suman 22 mil 922 en construcción lo que lo eleva a un total de 88 mil193 soluciones habitacionales en la región.\nPor su parte, Rafael Colmenares señaló que “seguimos trabajando con los consejos comunales para culminar este desarrollo, que transforma el hábitat de nuestros hermanos wayuu”, quién recibió una placa de reconocimiento del Consejo Comunal Jujayain.


Las juderías de Aragón – SLOW TRAVEL ARAGON – Getting ready for you from Spring 2021\nARAGÓN CONSERVA UN IMPORTANTE PATRIMONIO DEL PASO DE LA CULTURA JUDÍA POR SU TERRITORIO. LA PRESENCIA HEBREA EN ARAGÓN SE INTENSIFICA EN EL SIGLO XI CON LOS JUDÍOS QUE VIENE HUYENDO DE LA PERSECUCIÓN EN FRANCIA Y OTROS LUGARES DE EUROPA. EXISTEN CASI UN CENTENAR DE JUDERÍAS EN NUESTRA COMUNIDAD\nLas poblaciones aragonesas más dinámicas tuvieron sus juderías, siendo la más importante la zaragozana que contó con casi 1.500 habitantes divididos en dos barrios, el de la judería vieja, dentro de la muralla romana, situado entre la calle Mayor, la de San Gil y el Coso; y el de la judería Nueva o de los Callizos, extramuros en torno a San Miguel.\nZaragoza al atardecer, foto de Turismo de Aragón\nLa segunda judería en importancia aragonesa por su número de habitantes (cerca de mil) fue la de Calatayud. Se situaba en torno al castillo de ‘la judería’ desde la Cuesta de Santa Ana. Su sinagoga mayor está en la actual ermita de la Consolación.\nJudería de Calatayud, foto de Turismo de Aragón\nLa judería de Huesca se extendía al suroeste de la ciudad, desde la puerta de Ramián hasta las “fuentes de la judería”. Tuvo tres sinagogas a las que acudían unos quinientos habitantes. Tras las persecuciones y saqueos del siglo XIV se hizo necesaria la intervención del rey para impedir su disolución.\nEn Jaca, el asentamiento hebreo estuvo en el barrio del Castellar y contó con dos sinagogas para unos 350 habitantes.\nJaca, foto de Turismo de Aragón\nEn Tarazona se desarrolló una de las comunidades más activas asentadas en dos juderías: la Judería Vieja, a los pies de la antigua zuda musulmana (actual palacio episcopal) y la Nueva, que surge a partir del siglo XV.\nJudería de Tarazona, foto de Turismo de Aragón\nUna de las estampas típicas de Tarazona, las casas colgadas, forma parte del legado hebreo. Además, tuvo dos sinagogas a las que acudían más de las doscientas personas que formaban parte de esta aljama.\nEn la provincia de Zaragoza, también existieron importantes juderías en localidades como La Almunia de Doña Godina, Épila o Almonacid de la Sierra, en donde se conserva su arco de entrada a la judería.\nDaroca, cuya comunidad compuesta por unas cuarenta familias se extinguió en 1415 por la bula de Benedicto XIII, pero volvió a recuperarse a mitad de siglo en torno al llamado Barrio Nuevo. La iglesia de Santiago de Aguarón se sabe que fue la antigua sinagoga de la población.\nDaroca, foto de Turismo de Aragón\nEn las Cinco Villas, en ocasiones llegaron a alcanzar el 25% de la población total, destacando las poblaciones de Ejea, Biel, Uncastillo, Sos del Rey Católico, Luesia, El Frago o Tauste.\nEjea de los Caballeros fue considerada la quinta aljama (o comunidad) de Aragón, con una población que llegó a los 300 habitantes con un núcleo originario en el barrio de la Corona. Le seguía en importancia Biel, cuya judería es de las mejores conservadas y se encuentra de manera principal en el Barrio Verde.\nJudería de Biel, foto de Turismo de Aragón\nEn Tauste, se encuentra la judería en el entorno de las calles de San Bartolomé, Pedro IV de Aragón y López Arbizu. Aquí vivieron los judíos hasta su expulsión definitiva en 1492.\nEn Sos del Rey Católico se conservan intactas unas treinta casas del que fuera el barrio judío en torno a la plaza de la Sartén, y las calles Coliseo, Mentidero y La Luna. La judería llegó a albergar 125 judíos en 1492, y discurría a espaldas del Palacio de Sada y se accedía a ella a través de un portal añejo a la capilla de San Martín.\nSos del Rey Católico, foto de Turismo de Aragón\nLa judería de Uncastillo se asentó en un principio en la peña Ayllón y con el tiempo fue expandiéndose a través de la actual calle Barrionuevo, en cuyo número 24 aparecieron columnas de la antigua sinagoga. La Fundación Uncastillo recuperó recientemente parte de la sinagoga, construida en la segunda mitad del siglo XIII. Además de cumplir su finalidad religiosa, incluía el horno de la comunidad, un huerto y un columbario o palomar.\nUncastillo, foto de Turismo de Aragón\nEsta judería quedaba delimitada mediante portales que se cerraban por la noche o en caso de peligro. El cementerio se encontraba extramuros.\nEn el Bajo Aragón destaca la judería de Caspe ubicada en la calle Barrio Verde, la de Alcañiz en el Barrio Santiago, que tuvo un periodo de esplendor porque fue en el siglo XIV un importante centro de estudios rabínicos, pero tras la conversión de Jerónimo de Santa Fe vio cómo quedaron apenas quince casas.\nAlcañiz, foto de Turismo de Aragón\nLa judería de Híjar se articula en torno a la gran plaza triangular de San Antón y las calles contiguas de la Fuente, Jesús y Azaguán, todos ellos presididos por la iglesia de San Antonio Abad, que da nombre a la plaza. Este templo se edificó sobre la antigua sinagoga de Híjar, un excepcional monumento que ha sobrevivido al paso de los siglos y que está entre las cinco sinagogas mejor conservadas de España.\nEn la capital turolense, donde se conserva el topónimo de la Subida de la Judería, destaca esta comunidad por su número de población (400 personas).\nPodéis encontrar más información en detalle en la web de Sefarad en Aragón, http://sefaradaragon.org/


Este martes CNE regional proclama a Francisco Ameliach Noticias24 Edición Venezuela Principal\nEste martes CNE regional proclama a Francisco Ameliach\tCarabobo\n17/12/2012 3:10 pm L. Reverón 1.042 lecturas Herramientas Sociales\n(Valencia, 17 de diciembre. Noticias24 Carabobo) Acto que se desarrollará en las instalaciones del parlamento regional, una vez sean juramentados los diputados que integrarán la nueva estructura legislativa del estado Carabobo el próximo cinco de enero.\nSe espera que de igual forma el cinco de enero del año 2013 Francisco Ameliach sea juramentado como gobernador del estado Carabobo, como parte del primer punto del día de esa sesión ordinaria, sin embargo todo dependerá de la programación parlamentaria y de la agenda del nuevo primer mandatario regional. En cuanto a la proclamación ante el arbitro electoral, se pudo conocer que será este martes 18 de diciembre cuando el CNE en Carabobo proclame oficialmente al gobernador electo este 16 de diciembre luego de la totalización de los votos; según lo informó el representante del Poder Electoral de la región carabobeña, Paul Morris.\n“La participación se ubicó en 49% para una abstención del 51% en todo el estado Carabobo”, explicó Morris.\nEn cuanto la posición de los partidos quedó como primera fuerza política el PSUV, de segundo Proyecto Venezuela seguido de Primero Justicia y Cuentas Claras.\nRedactado por Wilmer Escalona\n“Rosita” es ahora la directora de derechos humanos de Podemos en Aragua (fotos+video) 53.658 lecturasEl doble de Chávez acudió a la avenida Enrique Tejera (+fotos) 46.904 lecturasDetenida “Rosita” por la Policía de Carabobo en casa de un familiar en Flor Amarillo (ampliada) 34.875 lecturas¡Asombroso! Trombas marinas azotan la Península de Paraguaná (+fotos) 31.496 lecturasLa sorpresiva presencia de “Rosita” en el Hospital de Maracay acaparó la atención 27.181 lecturas Comenta esta noticia via Facebook


Salvador Jorge Blanco / República Dominicana / América Central y Caribe / Biografías Líderes Políticos / Documentació / CIDOB home page Selector de idioma: ·\n16 de Agost de 1982 - 16 de Agost de 1986\n, 05 de Julio de 1926\tDefunción:\n, 26 de Diciembre de 2010\nLa presidencia entre 1982 y 1986 en la República Dominicana de Salvador Jorge Blanco (1926-2010), del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano (PRD), estuvo caracterizada por los aprietos económicos y financieros, y por la gestión errática del estadista, que osciló entre el acatamiento de los dictados del FMI, la represión de las protestas populares por el deterioro de las condiciones de vida y la concesión de medidas favorables a las fuerzas sociales. Tras terminar su mandato, este profesional de la abogacía hizo frente a un largo proceso penal por actos de corrupción que, según el tribunal que le juzgó y condenó, había tolerado y cometido.\n1. Abogado y senador del PRD\n2. Presidente constitucional entre 1982 y 1986\n3. Cuentas con la justicia tras la salida del poder\nEn los doce años que siguieron a la inauguración del régimen derechista de Joaquín Balaguer Ricardo, antiguo servidor de Trujillo, cabeza del Partido Reformista (más tarde Partido Reformista Social Cristiano, PRSC) y vencedor en las elecciones consecutivas de 1966, 1970 y 1974 (en las dos últimas ediciones, mediante groseros fraude e intimidación), el jurista fue escalando posiciones en el PRD, que, víctima de una sañuda represión del gobierno pseudodemocrático, pasó años muy duros. Así, tomó asiento en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Por otro lado, cuando en diciembre de 1973 Bosch, resuelto a defender la causa del marxismo, se escindió para fundar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jorge Blanco permaneció fiel a la facción mayoritaria que encabezaba José Francisco Peña Gómez, secretario general del partido y en adelante presidente del PRD, que fue perfilando una doctrina socialdemócrata. Al margen de la política, entre 1970 y 1976 impartió docencia como catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Asimismo, en 1973 y 1975 presidió la Asociación de Abogados de Santiago.\nEl senador se tomó el desquite en la elección primaria de octubre de 1981, cuando ganó la partida al favorito de Guzmán, el vicepresidente de la República Jacobo Majluta Azar, exponente de una corriente centrista del PRD. Inmune al escándalo por el supuesto espionaje telefónico realizado a Guzmán, Balaguer y Bosch por Avanzada Electoral, un grupo de apoyo a su candidatura presidencial, y, ante el electorado, convincente en sus denuncias de que los tres líderes citados estaban participando en inconfesables conciliábulos, Jorge Blanco acabó la campaña electoral como el favorito. El 16 de mayo de 1982 los pronósticos no erraron y el perredeísta se proclamó presidente para los próximos cuatro años con el 46,7% de los votos, frente al 39,2% obtenido por Balaguer y el 9,8% de Bosch. En las legislativas, el PRD se aseguró la mayoría absoluta en ambas cámaras con 17 senadores de 27 y 62 diputados de 120. La campaña fue menos enconada y violenta que otras del pasado reciente; aunque mucho menos activo, el pistolerismo de signo político provocó siete muertos.\nNo obstante haber enarbolado durante la campaña la bandera de la socialdemocracia, en el mismo discurso de la toma de posesión de su cargo el 16 de agosto, Jorge Blanco anunció un período de austeridad para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que se abatía sobre el país. El diagnóstico del presidente no podía ser más crudo: la República Dominicana estaba en virtual “bancarrota”. Las debilidades estructurales de la nación caribeña, que arrastraba serios déficits en todas las franjas del desarrollo, quedaron en evidencia por la convergencia de una serie de factores externos más o menos coyunturales, fundamentalmente tres: el incremento del precio del petróleo, las dificultades para mantener los niveles de venta en los mercados mineros de bauxita, ferro-níquel, oro y plata, y, sobre todo, la crisis del sector del azúcar de caña y sus derivados, producción que todavía aportaba la mitad de los ingresos del comercio exterior de bienes, debido a la caída de los precios internacionales.\nAcuciado por el deplorable estado de las cuentas del Estado y por el próximo vencimiento de pagos de deuda externa, cuyo monto total ascendía a los 2.400 millones de dólares, el presidente dispuso un abanico de medidas intervencionistas, como la congelación de los salarios y los precios, y la prohibición de importar un amplio número de productos de consumo, con el objeto de ahorrar divisas y poder cumplir con las obligaciones deudoras. Para dar ejemplo, el mandatario empezó por rebajar su propio sueldo mensual, desde los 5.000 a los 3.000 dólares, y los de todos los altos cargos del Ejecutivo que superaran los 375 dólares mediante la anulación de los aumentos salariales introducidos en la Administración pública y organismos oficiales el mismo día de las elecciones. Toda vez que el mero recorte de los gastos resultaba insuficiente para cubrir el coste de la deuda y que la banca privada internacional se negaba a otorgar nuevos préstamos y a reescalonar el pago de los intereses de los ya concedidos, Jorge Blanco tomó un paso delicado por su tremendo impacto social y por su coste en términos de popularidad personal: solicitar la asistencia crediticia del FMI, con todas las servidumbres que ello conllevaba. Las negociaciones, favorecidas por las buenas relaciones con Estados Unidos heredadas de la administración anterior, culminaron en enero de 1983 en un Acuerdo de Servicio Ampliado por valor de 460 millones de dólares. A cambio de la asistencia del Fondo bajo un sistema de giros escalonados durante tres años, el Estado dominicano se comprometía a suprimir las subvenciones al consumo, restringir el crédito interno, suspender toda emisión monetaria sin el debido respaldo y prolongar la austeridad presupuestaria.\nUn rosario de motines, paros laborales, saqueos de tiendas de alimentos y choques con la Policía en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macoris y otras ciudades del país conformaron una verdadera revuelta del hambre que dejó varias decenas de muertos, 54 según el Gobierno y un centenar largo según las organizaciones sociales. Jorge Blanco acusó a la extrema izquierda y a la derecha balaguerista de hacer causa común con un sector reaccionario del Ejército para instigar la peor ola de violencia desde la guerra civil de 1965, a la vez que pidió a la ciudadanía que mantuviera la confianza en el Gobierno y afirmara con su conducta el carácter “pacífico de la democracia”. Comenzado mayo, el presidente endureció su discurso y valoró la convocatoria de huelga general lanzada por cinco centrales obreras como un movimiento encaminado a atentar contra el régimen constitucional; en consecuencia, como medidas “preventivas”, ordenó la militarización de la capital y el arresto de cabecillas en los medios izquierdistas y sindicales. Los dramáticos sucesos de abril de 1984 aceleraron la tendencia zigzagueante del presidente, decepcionando a los sectores progresistas que habían creído que su victoria electoral de dos años atrás había de suponer un vigoroso impulso a la llamada “segunda transición”, la etapa de fortalecimiento del pluralismo, respeto de los derechos y libertades fundamentales, y desmilitarización del Estado comenzada durante la presidencia de Guzmán, considerado el enterrador del postrujillismo. Lo cierto era que el margen de maniobra e iniciativa con que contaba el actual titular del poder ejecutivo, agobiado por los problemas económicos, presionado por el FMI y arrinconado por sus detractores domésticos, era bastante limitado.\nEl 25 de mayo, el Gobierno anunció la ruptura de las negociaciones con el FMI. Se trató de una finta que buscaba, y consiguió, apaciguar las protestas. Un mes más tarde, el presidente daba otro bandazo y comunicaba la reanudación del diálogo crediticio. A finales de agosto, reveló a la estupefacta opinión pública la aplicación de un nuevo paquete de medidas de austeridad, entre ellas un alza del 50% en el precio de la gasolina, y sin dejar de recalcar que esas eran las condiciones del FMI. Los sindicatos volvieron a convocar una huelga general de 24 horas, para el 3 de septiembre, y el Gobierno trató de abortarla mandando detener a los líderes obreros. Otro anuncio de subida del precio del combustible desató una nueva ola contestataria, huelga general y víctimas mortales por disparos de las tropas incluidos, a caballo entre enero y febrero de 1985, obligando al presidente a hacer una retractación parcial. En abril, el FMI accedió a liberar un crédito stand-by condicionado a la puesta del peso en flotación y a la creación de una tasa de cambio unificada y devaluada. En julio, la amenaza por los sindicatos de realizar la enésima huelga general bastó para que Jorge Blanco, muy debilitado tras un año largo de confrontación en la calle y de proliferación de denuncias de corrupción, se apresurara a conceder unos aumentos salariales. Al mismo tiempo, la reducción de las cuotas de importación de azúcar dominicano por Estados Unidos, cuyas autoridades aplicaron medidas proteccionistas en beneficio de los productores locales, agudizó la crisis del sector y tuvo un impacto nefasto en la economía nacional, que registró tasas de crecimiento negativo. Pero, por otro lado, las medidas de ajuste y estabilización surtieron efecto, como se vio en la tendencia declinante del déficit público y, desde 1984, de la inflación. Los recursos del FMI y los ingresos procedentes del turismo, las zonas francas y las remesas de los emigrantes contribuyeron a aumentar las reservas en moneda extranjera y a una ligera apreciación del peso con respecto al dólar.\nJorge Blanco, con más pena que gloria, cesó en la Presidencia el 16 de agosto de 1986. Lo primero que hizo Balaguer tras recobrar la jefatura del Estado fue lanzar una campaña anticorrupción no exenta de demagogia –y de hipocresía, toda vez que él había desviado dinero público para financiar campañas proselitistas con insuperable desparpajo-, la cual tuvo en el anterior jefe del Estado su diana más preclara. No sin razón, el PRD consideró un sarcasmo que se quisiera hacer pagar a Jorge Blanco por la comisión de delitos económicos mientras que las abundantes violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Balaguer y sus servidores durante los ominosos doce años (1966-1978) permanecían impunes. Ahora bien, la cascada de denuncias y revelaciones sacó a la luz, y no cabía dudar de ello, un escenario de corrupción a gran escala del que había sido principal usufructuario el oficialismo ahora en la oposición. De hecho, los gobernantes perredeístas, contrariamente a sus declaraciones de integridad, habían practicado lo que la prensa calificó de un auténtico pillaje de los recursos del Estado.\nEl 30 de abril de 1987, de resultas de la emisión por la juez de instrucción de una orden de prisión preventiva nada más terminar el interrogatorio a que fue sometido, el ex presidente tomó refugio junto con su esposa e hijos en la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, donde solicitó el asilo político, confiado en la respuesta positiva del Gobierno del socialdemócrata Jaime Lusinchi. A la legación diplomática llegó con una disfunción del corazón que el 8 de mayo requirió su internamiento en una clínica capitalina. Los facultativos que le atendieron confirmaron la gravedad de la dolencia cardíaca y aconsejaron su hospitalización en un centro especializado de Atlanta, Estados Unidos. El diagnóstico fue confirmado por una junta médica designada por el Gobierno y compuesta por miembros de la Asociación Médica Dominicana, tras lo cual, el 14 de mayo, el procurador general, con la anuencia del presidente Balaguer, revocó la orden de prisión y autorizó la partida inmediata de Jorge Blanco al University Emory Hospital de Atlanta, a donde llegó ese mismo día por la noche. Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas comunicaron su rechazo a la demanda de asilo.\nEl ex presidente llegó a ingresar en prisión, pero sólo estuvo en ella dos meses. Tras un larguísimo proceso de apelación, en mayo de 2001 la Corte de Apelación de Santo Domingo dictó la nulidad de la sentencia recurrida “por contener violaciones a normas sustanciales contenidas en la Constitución de la República relativas al derecho de defensa y al libre proceso", y la reapertura del proceso. La odisea judicial de Jorge Blanco tocó a su fin en septiembre del mismo año, cuando el entonces presidente perredeísta de la República, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, decidió retirar la demanda del Gobierno que pesaba contra él, lo que equivalía a un indulto.\n(Cobertura informativa hasta 14/6/2006)