Chedraui - Reglas de Facturación\nLa clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tribute. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.\nEl número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.\nCuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. (A partir del 1 de noviembre de 2017 es obligatorio para todos los contribuyentes, del 1º de julio del presente es opcional).\nCuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. (A partir del 1 de noviembre de 2017 es obligatorio para todos los contribuyentes, del 1º de julio del presente es opcional).\nSeñalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. (A partir del 1 de noviembre de 2017 es obligatorio para todos los contribuyentes, del 1º de julio del presente es opcional).\nEmitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a:\nValidar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción III.\nEs importante la recepción y contabilización de las notas de crédito mismas que deberán hacer referencia al CFDI original.


Telas por tipo de tejido, tienda de telas online. - www.tejidoselkilo.com\nTELAS POR TEJIDOS Hay 215 productos.\nTelas clasificadas por su tejido. Encontrarás telas de viyela, telas de popelín, telas de batista, telas de cuadros, telas de tartan, telas de lana, telas de sarga, telas de terciopelo, telas de polipiel, telas acolchadas, telas de piqué, telas de vichy, telas de plumeti, telas de muselina, telas de viscosa, telas de lino, telas de Liberty,...\nTelas clasificadas por su tejido. Encontrarás telas de viyela, telas de popelín, telas de batista, telas de cuadros, telas de tartan, telas de lana, telas de sarga, telas de terciopelo, telas de polipiel, telas acolchadas, telas de piqué, telas de vichy, telas de plumeti, telas de muselina, telas de viscosa, telas de lino, telas de Liberty, telas de espiga, telas de crepe, telas de viyela, telas de pana, telas de franela, telas minky.\nTelas acolchadas, guateadas y plastificadas. Comprar tela. Tiendas de tela.\nTela de arpillera o saco. Es un tejido natural y sin ningún tipo de tratamiento\nLa arpillera es un tejido hecho con yute y también es conocido como tela de saco. Este tejido está disponible en color natural. Muy apropiado para hacer manualidades y decorar escaparates, además de utilizarse para hacer sacos y otro tipo de envoltorio para regalos además de todas las manualidades que te imagines. Envíos 24-48 horas\nTelas de crepe y gasa. Comprar telas de gasa y de crepe. Tiendas de tela.\nTelas realizadas a partir de algodón, lana, seda u otros materiales sintéticos. Sus principales características son la ligereza y la delicadeza. Otra característica propia de la gasa es la transpiración; por lo tanto es una tela ideal para prendas veraniegas como faldas, túnicas y vestidos.\nDOBLE GASA O MUSELINA...\nTela de algodón 100% con doble capa de gasa, dos capas muy finitas, textura arrugadita como la bambula. Para todo tipo de prendas para el bebe. Tela de algodón orgánico certificado. Posee certificado Oeko-Tex®, el cual garantiza que su elaboracion esta libre de químicos y materiales dañinos para la piel o el medio ambiente.\nTela de lino, liso y estampado. Comprar Telas de Lino online al mejor precio\nEl lino es una tela fuerte, con buena absorción de agua y de secado más rápido que el algodón.\nDebido a estas características, el lino es cómodo de usar en climas cálidos y es muy adecuado para confeccionar ropa.\nTambién tiene otras características distintivas, especialmente su tendencia a arrugarse aunque últimamente se están consiguiendo tipos de lino con menos tendencia a la arruga\nSe pueden confeccionar otros productos, incluidos los artículos para el hogar, como cortinas, cojines, caminos de mesa, etc., también suelen estar hechos de tela de lino. as telas de lino parecen ser los tejidos más antiguos del mundo. Su historia se remonta a miles de años.\nEl lino se fabrica en ocasiones, asociado a otras fibras textiles como puede ser, algodón o poliester\nTela de mikado. El Mikado es un tejido satinado de textura ligeramente granulada, algo rígido.\nComprar telas. Tienda de telas online\nTela de pelo, coralina y minky. Son telas, generalmente, 100% poliéster, muy usada en la confección infantil. Tiendas tela. Comprar tela.\nTela de polipiel por metros. Ideal para tapizar y para bolsos. Comprar telas. Telas online\nTela waffle o pique , 100% algodón con certificado Oekop-Tex 100. Ideal para la confección de albornoces, toallas, ropita infantil, y todo para el bebé.\nPuedes usar también la tela de waffle para hacer cortinas, tapizar, manualidades, fundas, bolsos. Muy utilizada en toallas, capas, albornoces, pijamas, batas, pantuflas\nLas telas de viyela son telas de algodón, o de algodón y poliester. Se usan principalmente para prendas de invierno o entretiempo, tales como camisitas, vestiditos, bombachos, etc. Comprar tela. Tienda de telas online.\nTELA DE ALGODÓN CENEFA MONUMENTOS


¿Qué es Finanzas Estructuradas? - Respuestas a tus preguntas\nInicio » Finanzas » ¿Qué es Finanzas Estructuradas?\n8 febrero, 2019 Finanzas , CDO, el riesgo de transferencia, la transferencia del riesgo, las finanzas, sector financiero\nCuando los métodos más convencionales de la obtención de un préstamo de negocios o son no deseados o no es posible, siempre existe la opción de la financiación estructurada. Estructura de la financiación es esencialmente el proceso de hacer un préstamo basado en un sólido rendimiento en el flujo de caja en el pasado. En lugar de otros activos utilizados como colateral para el préstamo, los fondos se adelantan sobre la base de la historia, que indican un flujo constante de efectivo en el negocio del prestatario que permita la devolución oportuna y ordenada de la cantidad del préstamo. Éstos son algunos ejemplos de cómo las finanzas estructuradas podría ser la opción adecuada en una situación dada.\nLa utilización de la financiación estructurada puede ser atractivo para un negocio que no tiene mucho en el camino de los bienes materiales, pero no tienen una base de clientes fuerte y una historia documentada de la facturación mensual junto con un historial consistente de pago de los clientes. Los inversores a menudo están dispuestos a prestar dinero a las empresas de esta naturaleza, aunque puede ser más bien pequeñas, y hacerlo en una menor tasa de interés de un préstamo bancario normal. Para el negocio que está buscando ampliar la base de clientes, y necesita algo de dinero rápido para hacerlo, la financiación estructurada puede representar la forma más rentable de gestionar la recaudación de fondos. Junto con la baja cantidad de papeleo que con financiamiento estructurado, esta opción también se puede mover muy rápidamente, a menudo mucho más rápido que la obtención de un préstamo de negocios estándar.\nLa financiación estructurada es una manera excelente para una compañía que está saliendo de un período difícil para obtener el capital operativo que necesita para volver a ponerse de pie y empiezan a crecer de nuevo. Por ejemplo, una empresa que entra en una fusión que resulta ser malo gasta una gran cantidad de recursos para revertir la situación legal. Mientras que el flujo de efectivo de las órdenes de los clientes se mantuvo estable durante todo el proceso, la empresa ahora es de hombros con una gran cantidad de deuda a tasas de interés altas. Uso de la financiación estructurada para eliminar el pasivo de interés más altas, de manera efectiva en canje de interés más bajas y reembolsos más manejable, puede ser la respuesta. Si bien el sector financiero tradicional, puede ser reacios a los fondos de préstamos a empresas emergentes de este tipo de situación, un plan de financiación estructurada que tener en cuenta la estable y consistente flujo de efectivo de las órdenes del cliente y examinar la corporación un buen riesgo.\nLa financiación estructurada puede ser considerada un modo de CDO, o la obligación de deuda garantizadas. CDO es básicamente un tipo de producto de crédito estructurado que es la idea de cuando hay riesgo de transferencia con una empresa, pero también existe potencial de crecimiento. La financiación estructurada es ideal cuando el elemento de transferencia de riesgo hace un llamamiento a las fuentes de financiación convencionales improductivo, poco atractivo, o simplemente imposible. Con el uso de las finanzas estructuradas, muchas empresas tienen la oportunidad de una nueva vida que no hubiera sido posible de otra manera.\n<< ¿Qué es una Orden de los contingentes? ¿Qué es un comercio de productos básicos? >>\n¿Qué es la Informática Borrado?


Vainsa - aktuální leták\nSi quiere ahorrar dinero, ¡nada es más fácil! Hojee cualquier de los catálogos y folletos y consulte los precios en su tienda favorita Cassinelli. Si todavía no está decidido, puede filtrar los folletos y ofertas para una tienda determinada. No olvide de que en Promotheus encuentra los descuentos de una amplia gama de productos y mucho más. Écheles un vistazo a las increíbles promociones y empiece a ahorrar ya en sus compras. Ofrecemos todas las ofertas y catálogos de las principales tiendas de Perú para que encuentre todas sus tiendas favoritas en un solo lugar. ¡Encuentre todos los catálogos, descuentos y ofertas de sus tiendas favoritas en Promotheus!\nEncuentre las ofertas y promociones actuales de sus productos favoritos como Dexeryl, dulce árabe, Dulcesol, Daewoo, Dunhill. Aquí, en Promotheus, le ofrecemos todo en un único lugar. Gracias a nosotros siempre estará al día de ofertas increíbles. Vuelva a visitarnos con frecuencia, ya que trabajamos constantemente añadiendo nuevas ofertas, catálogos y promociones y mejorando nuestro servicio para conseguir los mejores precios para Usted.


Planta tu huella inició la siembra de árboles en Bogotá\nLa Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su filial la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico realizó hoy la siembra de 10 de los 200 árboles patrimoniales que plantarán en toda la ciudad en el marco del programa Planta tu Huella.\nBogotá.- Esta iniciativa de responsabilidad social, busca promover la siembra de 1.000.000 de árboles en la ciudad, en el marco del Bicentenario, dando cumplimiento al Decreto expedido en 1825 por el libertador, Simón Bolívar.\nMás de 192.000 niños de 240 colegios públicos y privados, vinculados al programa, harán posible alcanzar esa meta con la elaboración de semillas llamadas “Nendo Dango”, técnica de reforestación japonesa. Mañana, en el marco de la jornada de siembra de Fontibón estarán presentes cerca de 220 niños de colegios aprendiendo a elaborar los Nendo Dango.\nLa primera jornada de siembra se realizó en la plaza principal de la localidad de Fontibón, donde se plantaron 8 Guayacanes de Manizales (árbol nativo de la región andina, apreciado por su resistencia y follaje vistoso); 1 Pino Romerón (única especie de pino nativo en vía de extinción) y 1 Palma de Cera (considerado árbol nacional y la palma más alta del mundo).\nCon este programa se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, contribuyendo a la recuperación del agua, de la flora y la fauna y al mejoramiento de la calidad del aire.\nA esta iniciativa se han sumado importantes entidades como la Policía Nacional, TCC, Coca Cola, Coca Cola FEMSA, Fundación Challenger, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Fundación Bicentenario.\nLa presidenta de la CCB, Consuelo Caldas, hace un llamado a los empresarios de la ciudad para que se vinculen a esta importante iniciativa que aporta a la calidad de vida de la ciudad.\nCronograma de eventos por localidades\n· 8 de octubre: Bosa y Ciudad Bolívar\n· 22 de octubre: Usaquén\n· 5 de noviembre. Chapinero\n· 19 de noviembre: Kennedy\n· 3 de diciembre: Suba


Ley Orgánica de Precios Justos - Pandectas Digital Visitas:\nHome Consumidor GO 40787 Precios Precios Justos Protección al Consumidor Ley Orgánica de Precios Justos\nConsumidor, GO 40787, Precios, Precios Justos, Protección al Consumidor,\nDecreto N° 2.092 de fecha 8 de noviembre de 2015, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 6.202 Extraordinario de fecha 8 de noviembre de 2015, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.787 de fecha 12 de noviembre de 2015.\nQuien suscribe, en uso de sus atribuciones y en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, ordena la reimpresión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del Decreto N° 2.092 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 6.202 Extraordinario, de fecha 8 de noviembre de 2015, por haber incurrido en el siguiente error material:\n“Infracciones por incumplimiento de formalidades\nArtículo 46. Serán sancionados con cierre de almacenes, depósitos o establecimientos por un plazo de cuarenta y ocho (48) horas o multa entre quinientas (500) y diez mil (10.000) Unidades Tributarias, quienes incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:\n1. Incumplir con la obligación del marcaje de precios de forma impresa, rotulada o inscrita; visible e indeleble en el envase, empaque o envoltorio del bien o producto.\n2. Remarcar el bien o producto con incremento de su precio.\n3. Incumplir la obligación de inscribirse o actualizarse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.\n4. Omitir la colocación de avisos o carteles que se exijan en materia de administración cambiaria.\n5. Falta de exhibición en lugares visibles al público de los bienes y accesibilidad de los servicios que ofrezcan a la venta, según sus propias publicaciones, promociones u ofertas.\n6. Falta de exhibición del listado de precios de venta al público de los bienes o servicios.\n7. Proceder a efectuar promociones, concursos, sorteos o rifas, sin la autorización por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n8. No presentar las declaraciones exigidas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, o presentarlas con retraso, o en forma incompleta.\n9. Impedir u obstruir, por sí mismo o por interpuestas personas, el ejercicio de las facultades otorgadas a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n10. No facilitar los equipos técnicos necesarios, las aplicaciones o sistemas informáticos requeridos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para la obtención de información.\n11. La destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras colocados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, o la realización de cualquier operación destinada a desvirtuar la aplicación de una medida dictada por ésta sin media suspensión, revocación u orden administrativa o judicial.\n12. No comparecer injustificadamente en la oportunidad fijada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nQuien reincida en las infracciones previstas en este artículo, será sancionado con multa de quince mil (15.000) Unidades Tributarias, sin perjuicio de la sanción de cierre de almacenes, depósitos o establecimientos, hasta por treinta (30) días, atendiendo a la gravedad del incumplimiento, de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nVerificada la existencia de infracciones por incumplimiento de formalidades se procederá a la imposición de la sanción correspondiente en el mismo acto, emitiendo la correspondiente planilla de liquidación cuando la sanción consista en multa, a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los tres días (03) continuos, contados a partir de la fecha de la imposición de la misma. En caso de incumplir con el pago, se seguirán los trámites del procedimiento administrativo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.”\n1. Incumplir con las formalidades relativas a marcaje de precios establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sus reglamentos, o por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n3. Vender u ofertar bienes o servicios a precios superiores al precio que correspondiere marcar o publicar, según la modalidad de precio que correspondiere, de las establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n4. Incumplir la obligación de inscribirse o actualizarse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.\n5. Omitir la colocación de avisos o carteles que se exijan en materia de administración cambiaria.\n6. Falta de exhibición en lugares visibles al público de los bienes y accesibilidad de los servicios que ofrezcan a la venta, según sus propias publicaciones, promociones u ofertas.\n7. Falta de exhibición del listado de precios de venta al público de los bienes o servicios.\n8. No presentar al funcionario actuante en la inspección o fiscalización la factura, guía de movilización, o documento equivalente, que ampare la legalidad de las mercancías que tiene almacenadas, a la venta o sean movilizadas.\n9. No exhibir en sus anaqueles, estanterías o demás mecanismos de acceso al público, determinados productos disponibles en sus depósitos o almacenes, impidiendo a los usuarios el acceso oportuno a dichos productos.\n10. Proceder a efectuar promociones, concursos, sorteos o rifas, sin la autorización por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n11. No presentar las declaraciones exigidas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, o presentarlas con retraso, o en forma incompleta.\n12. Impedir u obstruir, por sí mismo o por interpuestas personas, el ejercicio de las facultades otorgadas a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n13. No facilitar los equipos técnicos necesarios, las aplicaciones o sistemas informáticos requeridos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para la obtención de información.\n14. La destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras colocados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, o la realización de cualquier operación destinada a desvirtuar la aplicación de una medida dictada por ésta sin que medie suspensión, revocación u orden administrativa o judicial.\n15. No comparecer injustificadamente en la oportunidad fijada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nVerificada la existencia de infracciones por incumplimiento de formalidades se procederá a la imposición de la sanción correspondiente en el mismo acto, emitiendo la correspondiente planilla de liquidación cuando la sanción consista en multa, a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los tres (03) días continuos, contados a partir de la fecha de la imposición de la misma. En caso de incumplir con el pago, se seguirán los trámites del procedimiento administrativo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.”\nSe procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el citado error y cualquier otro error de forma a que hubiere lugar, manteniéndose los números, fecha y firmas del referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nDado en Caracas, a los 12 días del mes de noviembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.\nExposición de Motivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos\nAhora bien, se ha dicho que así funcionó durante décadas la simbiosis entre los gobiernos irresponsables y los “empresarios” apátridas, que en medio de la cultura especulativa, fueron incapaces de abrir espacios a la producción nacional, al trabajo productivo, diversificar la economía y generar confianza en el pueblo consumidor. Sin embargo, la política de precios justos adoptada y puesta en marcho por nuestro Comandante Hugo Chávez ha funcionado, haciendo frente a las actitudes de estos agentes de la dinámica económica.\nDecreto N° 2.092 8 de noviembre de 2015\nCon el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, y en el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas, y en condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, para reforzar la soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República, en Consejo de Ministros.\nArtículo 1°. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene por objeto establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos, que conlleven a la satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad, con el fin de proteger los ingresos de las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente, el salario de las trabajadoras y los trabajadores.\nArtículo 2°. Son sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, así como de las normas y regulaciones de rango sublegal que se dictaren con base en él, las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos.\nArtículo 3°. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene como finalidad:\nArtículo 4°. Las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son de orden público y en consecuencia, irrenunciables.\nArtículo 5°. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, coadyuvará con el ente competente en materia de administración de divisas en la estricta supervisión y control del correcto uso de las divisas otorgadas por alguno de los mecanismos de administración de divisas implementados por el estado, en relación con la venta, disposición y fijación de precios de los bienes y servicios que involucren moneda extranjera.\nLos hechos y circunstancias de los cuales la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, así como los documentos a los cuales tuviere acceso en virtud de ser incorporados a los expedientes que dicha Superintendencia conozca, podrán ser aprovechados por la administración cambiaria, los órganos encargados de la determinación y castigo de ¡lícitos del régimen cambiario, así como otras autoridades u organismos en el ejercicio de funciones de investigación, inspección o fiscalización, aún cuando la materia del proceso correspondiente no estuviere referida a las competencias otorgadas a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nArtículo 6°. A fin de que el Ejecutivo Nacional y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos puedan ejercer sus competencias de forma adecuada y eficiente en la determinación y el control de precios y los márgenes de ganancia, los órganos y entes de la Administración Pública con competencia en las materias relacionadas, deberán dirigir sus acciones en forma coordinada en función de la garantía a las personas del acceso a bienes y servicios y del cumplimiento de los fines de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 7°. Son derechos de las personas en relación con los bienes y servicios, declarados o no de la cesta básica o regulados, además de los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, los siguientes:\n4. A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo;\nNormas sobre Garantía\nArtículo 8°. Los vehículos, maquinarias, equipos o artefactos y demás bienes de naturaleza durable que posean sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos, susceptibles de presentar fallas o desperfectos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas “garantizado”, “garantía” o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el sujeto de protección pueda hacerla efectiva.\nDE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS\nArtículo 9°. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), es un órgano desconcentrado, con capacidad de gestión, presupuestaria, administrativa y financiera. Su adscripción será determinada por el Presidente de la República, mediante Decreto.\nArtículo 10. Corresponde a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, las siguientes atribuciones:\n2. Diseñar, implementar y evaluar, las políticas y los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos y determinación de márgenes de ganancias razonables para fijar precios justos, así como la supervisión, control y aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n3. Fijar los precios justos de la cadena de producción o importación, distribución, comercialización y prestadores de servicios, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios.\n4. Fijar los criterios y normas para establecer el Precio Máximo de Venta al Público, del productor o importador, y a nivel de distribuidor y de comercio al detal.\n5. Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y las recomendaciones necesarias, para el diseño e implementación de políticas dirigidas a la regulación de precios.\n6. Solicitar a los sujetos de aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, a los órganos y entes de la Administración Pública que corresponda, la información que estime pertinente para el ejercicio de sus competencias.\n7. Dictar la normativa necesaria para la implementación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en cuanto a los mecanismos, metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para el análisis de los costos, y a la determinación de los márgenes razonables de ganancias para la fijación de precios justos, así como sus mecanismos de seguimiento y control.\n8. Ejecutar los procedimientos de supervisión, control, verificación, inspección y fiscalización para determinar el cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n9. Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos de su competencia, y aplicar las medidas preventivas y correctivas, además de las sanciones administrativas que correspondan en cada caso.\n10. Actuar como órgano auxiliar en las investigaciones penales que adelante el Ministerio Público, sobre los hechos tipificados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme al ordenamiento jurídico vigente.\n11. Emitir los certificados de precios justos.\n12. Proponer al Ejecutivo Nacional las reglamentaciones que sean necesarias para la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y cuyo desarrollo no le correspondiere de conformidad con el mismo.\n13. Dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento.\n14. Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia.\n15. Elaborar, mantener, administrar y actualizar el Registro Único de personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas y comerciales en el Territorio Nacional, pudiendo establecer subcategorías del mismo.\n16. Establecer los mecanismos para que las personas puedan ejercer los derechos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n17. Emitir criterio de carácter vinculante en relación con la comercialización referida a nuevas variedades o presentaciones de un determinado bien.\n18. Fijar las condiciones generales de la oferta, promociones y publicidad de bienes y servicios.\n19. Proveer las herramientas para la captación de información y formulación de criterios técnicos, que permitan hacer efectivas reclamaciones de las personas ante las conductas especulativas y, otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a los bienes y servicios.\n20. Designar inspectores especiales cuando las circunstancias lo ameriten, en aras de preservar la estabilidad económica y los derechos individuales, colectivos y difusos.\n21. Las demás establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y en el ordenamiento jurídico vigente.\nArtículo 11. En el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá:\n1. Verificar la información recibida de los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tanto en sus oficinas principales, operativas o administrativas, como en cualquier otra instalación, sede o establecimiento en que dichos sujetos desarrollen sus actividades.\n2. Practicar inspecciones de oficio o por denuncias, a los inmuebles destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio, recintos aduanales o depósito de bienes, así como en los destinados a la prestación de servicios.\n3. Comprobar el cumplimiento o la infracción respecto de las formalidades establecidas a cargo de los sujetos de aplicación en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o en los actos de rango sublegal desarrollados con ocasión de este Decreto Ley, e imponer las sanciones a que haya lugar.\n4. Requerir de recintos aduanales, de terceros, de entes u órganos, la información que estime necesaria a los efectos de constatar los datos aportados por los sujetos de aplicación, o suplir la información no aportada por éstos, si fuere necesario. Dicha información podrá ser asegurada, de lo cual se dejará constancia mediante acta.\n5. Requerir la comparecencia de los representantes de los sujetos de aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n6. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de las situaciones de hecho detectadas, o de documentación verificada o solicitada a los sujetos de aplicación.\n7. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos de inspección y cumplimiento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n8. Asumir temporalmente las actividades de dirección, supervisión o control de los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes o prestación de servicios, según lo contemplado en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n9. Solicitar a los tribunales competentes las medidas cautelares necesarias para el aseguramiento de las resultas del procedimiento.\n10. Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n11. Las demás que se sean requeridas para la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 12. El patrimonio de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, estará conformado por los recursos asignados en la Ley de Presupuesto Anual, a través del órgano del cual forma parte, y cualquier otro, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.\nArtículo 13. A fin de optimizar su funcionamiento orgánico, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, establecerá como mínimo en su estructura una Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, una Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y una Intendencia Nacional para la Protección del Salario del Obrero y la Obrera. Las funciones inherentes a cada intendencia será establecida mediante Reglamento Interno.\nArtículo 14. Conforme a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, órganos y entes, deberán colaborar y cooperar articuladamente, para el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nDEL SUPERINTENDENTE O SUPERINTENDENTA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS\nSuperintendente o Superintendenta Nacional\nArtículo 15. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos estará a cargo de un Superintendente o Superintendenta, quien será la máxima autoridad, cuyo nombramiento y remoción compete al Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.\nArtículo 16. Para desempeñar el cargo de Superintendente o Superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:\nAtribuciones del Superintendente o la Superintendenta\nArtículo 17. Son atribuciones del Superintendente o Superintendenta:\n1. Dirigir y coordinar la administración, organización y funcionamiento de la Superintendencia.\n2. Presentar a la máxima autoridad del órgano del cual dependen, el Plan de Acción Semestral de la Superintendencia.\n3. Ordenar los compromisos y pagos con cargo al Presupuesto de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n4. Adquirir, pagar, custodiar y registrar los bienes asignados a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en cumplimiento de las formalidades de ley.\n5. Dirigir las actividades relativas a los servicios de mantenimiento y transporte.\n6. La suscripción de actos y correspondencia del Despacho a su cargo.\n7. Programar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades financieras, fiscales, contables y de administración, que le deleguen.\n8. Suscribir actos y contratos que se sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, incluyendo el de administrar y disponer de los recursos y equipos que se le asignen u obtengan de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes.\n9. Dictar el Reglamento Interno de la Superintendencia, previa aprobación de la máxima autoridad del órgano del cual forma parte.\n10. Dictar las regulaciones y normativas previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o desarrolladas con ocasión del mismo.\n11. Dictar y coordinar las políticas de regulación y control que correspondan a la Superintendencia, por instrucciones del Ejecutivo Nacional.\n12. Imponer las sanciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sin perjuicio de que pueda delegar esta atribución en otro funcionario o funcionaria.\n13. Dictar las Providencias Administrativas vinculadas con el cabal cumplimento y fines de la Superintendencia.\n14. Crear distritos de atención especial, sin límites derivados de la conformación geopolítica nacional cuando así las características de la actividad económica lo requiera, pudiendo designarse fiscales con competencia nacional a tales fines.\n15. Nombrar y remover a los funcionarios y las funcionarias de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n16. Presentar al órgano del cual dependen, informe anual del desempeño de la Superintendencia o cuando le sea solicitado.\n17. Las demás que le sean atribuidas para el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 18. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, tendrá un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), de carácter público y accesible a los particulares, pudiéndose establecer subcategorías dentro de dicho Registro.\nLos registros que manejen información de esta naturaleza y funcionen en los Órganos y Entes del Estado, estarán coordinados por el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, bajo la rectoría de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nArtículo 19. Los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.\nLa inscripción es requisito indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y comerciales en el país.\nArtículo 20. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos dictará las normas mediante las cuales se establezca el régimen del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, relativas a su organización, funcionamiento, requisitos, deberes, mecanismos y uso de la información, entre otras que le sean pertinentes.\nDEL SISTEMA DE ADECUACIÓN CONTINUA DE PRECIOS\nSistema de Adecuación Continua de Precios\nArtículo 21. Los precios de los bienes producidos, importados o comercializados y de los servicios prestados por los sujetos de aplicación, serán calculados de acuerdo con el Sistema de Adecuación Continua de Precios, el cual contará con los elementos técnicos, científicos y humanos que se requieran, cuya rectoría la ejercerá la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nArtículo 22. El Sistema de Adecuación Continua de Precios, comprenderá la fijación de precios en la cadena de producción, distribución, importación, transporte y comercialización de bienes y servicios por parte de los sujetos de aplicación.\nArtículo 23. La determinación, modificación y control de precios es competencia del Ejecutivo Nacional y será ejercida a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en los términos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 24. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá implementar la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, de actividades o sectores, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no, en función del carácter estratégico de los mismos, y en beneficio y protección de las personas que acceden a éstos.\nPara los sujetos de las categorías a quienes se refiere este artículo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá disponer de distintos regímenes de regulación, requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función de las características propias de los bienes o servicios, del sector que los produce o comercializa, de la actividad que desempeñan, del ámbito de influencia, u otras características o circunstancias que particularizan u otorgan especificidad a dichos bienes, servicios, sectores, actividades o a los grupos que accedan a ellos.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá regular y controlar los precios de los servicios, a través de su categorización, en atención a los elementos estructurales, los equipos requeridos, así como el talento humano que integran su producción, independientemente del sector que los presta, para propiciar su acceso a la población, en función de la continuidad y calidad, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran llevarse a cabo entre los productores y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nLineamientos para el Cálculo\nArtículo 25. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia utilizados para fijar precios. Dichos lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos.\nLos lineamientos establecidos conforme a lo señalado en este artículo, serán de obligatoria observancia respecto de los bienes, servicios, sectores, actividades, sujetos de aplicación o grupos de usuarios a quienes se refieran, así como para la desagregación de los respectivos costos o componentes del precio de bienes y servicios.\nDeterminación o Modificación de Precios\nArtículo 26. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos de aplicación, o la que obtuviere de sus bases de datos o a través de terceras partes vinculadas entre sí por operaciones, y de conformidad con lo dispuesto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, proceder a determinar cualquiera de las modalidades de precio de un bien o servicio, o efectuar su modificación, de oficio o a solicitud del interesado, con carácter general o particular.\nLos precios determinados y fijados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de conformidad con lo dispuesto en el encabezado de este artículo, independientemente de la modalidad o categoría de precios de que se trate, serán de obligatorio cumplimiento y se reputarán válidos salvo que el acto que los hubiere determinado o fijado fuere impugnado y tal impugnación fuere declarada con lugar.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá establecer la obligación o los criterios, para que los sujetos de regulación definidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, coloquen en sus listas de precios o en el marcaje de los productos una leyenda indicando que los precios han sido registrados, determinados o modificados de conformidad con las disposiciones contenida en esta norma.\nModalidades de precios\nArtículo 27. La política de Precios Justos, está dirigida a los bienes y servicios que se comercialicen en el mercado nacional. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), atendiendo a los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional, establecerá los precios de los bienes y servicios que considere necesarios, en aras de garantizar su disponibilidad y accesibilidad a la población.\nLa política nacional de precios justos comprenderá, al menos, las categorías de precio justo y precio máximo de venta. El precio justo sólo podrá ser determinado y fijado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). El precio máximo de venta al público podrá ser determinado y fijado por el productor o importador del bien, o por el prestador de servicio, pudiendo ser determinado o fijado también de oficio por la Superintendencia. Ambas modalidades de precios constituirán categorías del precio más alto que pueda asignarse a los bienes y servicios respecto de los cuales se determinaren y fijaren.\nEstablecimiento y Marcaje de Precios\nArtículo 28. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá establecer, con carácter general o particular, o diferenciada por categorías, la obligación del marcaje de precios de acuerdo con su modalidad, conforme a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. La regulación sobre dicho particular será dictada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos mediante Providencia administrativa, pudiendo además desarrollar la normativa técnica al respecto.\nFuentes de Información para el Sistema de Adecuación continua de Precios\nArtículo 29. Para la determinación de cualquiera de las modalidades o categorías de precios de bienes y servicios, así como la determinación de los márgenes de ganancia, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá fundamentarse en:\n1. Información suministrada por los administrados y las administradas, bien a requerimiento del órgano actuante o recabada y resguardada en los archivos de otros órganos de la Administración Pública. Dicha información debe reflejar las estructuras de costos y márgenes de ganancia, durante el período que corresponda.\n2. Elementos que por su vinculación con el caso sometido a consideración, para la determinación del precio de los bienes o servicios objeto de regulación, hagan mérito para presumirse válidos, según los criterios comúnmente aplicados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, para la fijación de precios justos y el costo que lo compone.\n3. Información recabada y resguardada en los archivos de organismos internacionales o administraciones de otros países, conforme a los convenios de cooperación existentes o el carácter público de la misma.\n4. Información suministrada por los denunciantes, terceros o cualquier otra persona que tuviere conocimiento del incumplimiento de las previsiones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n6. Información obtenida a través de cualquier otro medio que a consideración de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, pueda constituir una fuente técnica y científicamente válida.\nLos criterios para la determinación de precios tendrán siempre en cuenta el marco social y económico de la República, debiendo atender al principio de justicia social, equilibrando el estímulo a la actividad productiva con la protección efectiva del salario.\nArtículo 30. Cuando alguno de los sujetos regulados por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a aquéllos que hubiere informado previamente a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos; deberá seguir el procedimiento que a tales fines establecerá ésta para la determinación del precio justo del bien o servicio, previo a su distribución y comercialización en el territorio nacional.\nLos órganos o entes competentes en materia de reglamentaciones técnicas y calidad, consultarán a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, antes de emitir cualquier tipo de autorización en la materia de su competencia.\nArtículo 31. El margen máximo de ganancia que puede corresponder a los sujetos de aplicación respecto de los precios de determinados bienes o servicios, podrá ser establecido periódicamente, atendiendo a criterios económicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los ministerios del poder popular con competencia en las materias de comercio, industria y finanzas. Ningún margen de ganancia superará el treinta por ciento (30%) de la estructura de costos del bien producido o servicio prestado en el territorio nacional.\nEn el establecimiento del margen de ganancia este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de precios justos dará especial prevalencia al valor agregado y a la producción nacional.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos determinará progresivamente márgenes de ganancias sobre el valor agregado de cada eslabón de la cadena.\nA fin de favorecer actividades que se inician, o fortalecer determinadas actividades existentes el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá instruir a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para revisar o modificar el margen máximo de ganancia regulado en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nLa falta de fijación expresa del margen máximo de ganancia por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, no implicará el incumplimiento, omisión o flexibilización de los precios previamente establecidos, a los productos fabricados, obtenidos o comercializados por los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nRemisión al Régimen cambiario\nArtículo 32. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, cuando presuma que los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, han incurrido en cualquiera de los ilícitos contemplados en la ley que regula el régimen cambiario, informará al ente competente, a fin de que aplique la sanción que haya lugar.\nRÉGIMEN DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA\nTipos de incumplimientos y su sanción\nArtículo 33. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se consideran infracciones el incumplimiento de formalidades establecidas por este Decreto Ley, o por las normas de rango sublegal que lo desarrollaren, así como las acciones u omisiones que violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los derechos. La determinación de infracciones, y su sanción, corresponde a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).\nLos delitos descritos en el Capítulo III del presente Título serán determinados por la jurisdicción penal, a quien corresponderá además la imposición de la respectiva sanción.\nPrincipios para la imposición de las sanciones\nArtículo 34. La imposición de las sanciones, atenderá a criterios de objetividad, para lo cual se tomará en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad; considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud, la reincidencia y el valor o volumen de las operaciones del sujeto de aplicación.\nResponsabilidad civil, penal o administrativa\nArtículo 35. Las sanciones aquí previstas no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa.\nSerán responsables solidariamente los directivos, socios, administradores y cualquier otro que se vincule con la actividad comercial que representan, en la comisión de los ilícitos por parte de los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 36. En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social por el tiempo en que se mantenga la medida.\nSi persiste el cierre en virtud de la contumacia del sujeto de aplicación, impidiendo la continuidad de la actividad económica en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del proceso social del trabajo, aplicará los procedimientos administrativos establecidos en la legislación laboral, para impedir que se violen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.\nArtículo 37. La imposición de alguna de las sanciones, previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, no impide ni menoscaba el derecho de las afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el infractor las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.\nArtículo 38. Son sanciones administrativas, aplicables en los casos de determinación de infracciones, conforme a lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos:\n2. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n3. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n4. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días, prorrogables por una sola vez.\n6. Comiso de los bienes objeto de la infracción o de los medios con los cuales se cometió de conformidad con lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n7. Revocatoria de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones emitidas por órganos o entes del Poder Público Nacional.\nLas sanciones administrativas contenidas en este artículo serán impuestas como sanción accesoria de los delitos en los casos, condiciones y circunstancias establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nDuración de la suspensión del Registro\nArtículo 39. La suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, se realizará por un período de tres (03) meses a diez (10) años, según la gravedad del caso. Esta sanción implicará también la suspensión de las demás licencias, permisos, concesiones, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones emitidas por otros órganos y entes del Poder Público Nacional, por el mismo período.\nGradación de Multas\nArtículo 40. A los efectos de la gradación de las multas a imponer a los sujetos de aplicación, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, tomará en cuenta las siguientes circunstancias.\nSe considerarán atenuantes de la multa a imponer, las siguientes:\n3. La colaboración en el suministro de información relevante que facilite el desarrollo de los procedimientos.\n4. Los bajos niveles de ingreso neto de los infractores, a través de la metodología que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, implemente para su verificación.\nSe considerarán agravantes de la multa a imponer, las siguientes:\n2. El impacto que en materia social, económica, alimentaria, de salud entre otras se genere.\n5. Los altos niveles de ingreso netos del infractor, a través de la metodología que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, implemente para su verificación.\n6. El volumen de bienes involucrados en la infracción.\nAcumulación de las Sanciones de Multas\nArtículo 41. Cuando el mismo sujeto de la cadena de producción, distribución o comercialización, estuviere incurso en dos o más supuestos de infracción, se le impondrá acumulativamente el monto de las multas que corresponda a cada infracción.\nLiquidación de las Multas\nArtículo 42. Las multas impuestas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, así como los montos generados por concepto de la venta de bienes comisados o confiscados, deberán ser depositados ante cualquier oficina de la banca pública, en los lapsos establecidos por ésta, en la cuenta del Tesoro Nacional que se indique a tales efectos.\nCircunstancias agravantes y atenuantes de delitos\nArtículo 43. Sin perjuicio de lo contemplado en el Código Penal, se consideran circunstancias agravantes de las penas a ser impuestas por la comisión de alguno de los delitos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, aumentando la pena de un tercio a la mitad, las siguientes:\n1. Cuando el delito sea cometido por servidor público en el curso o con motivo de su actividad.\n2. Cuando sea cometido abusando de la posición de dominio en un determinado mercado.\n3. Cuando sea cometido en circunstancias de escasez, desastre, alarma pública o calamidad.\n4. Cuando ocasione grave daño a la colectividad.\n5. Cuando creen zozobra o pánico en la colectividad.\n6. Cuando afecte a múltiples víctimas.\n7. Cuando sea cometido al amparo de una empresa o corporación, o grupos de empresas o corporaciones.\n8. Cuando sea cometido con mecanismos para ocultar o evadir su responsabilidad ante los hechos, que obliguen a las autoridades utilizar medios especiales para levantar el velo corporativo.\n9. Cuando sea cometido utilizando operaciones fraudulentas o ficticias.\n10. Cuando sea cometidos en aprovechamiento de los precios regulados determinados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n11. Sean cometidos en detrimento del patrimonio público.\nSin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, se consideran circunstancias atenuantes de las penas a ser impuestas por la comisión de alguno de los delitos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, reduciendo la pena de un tercio a la mitad, las siguientes:\n1. La admisión del delito.\n2. Haber colaborado en la investigación del hecho punible aportando pruebas, en cualquier momento del proceso.\n3. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento a reparar o disminuir el daño causado por el delito, con anterioridad al acto conclusivo correspondiente.\n4. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.\nArtículo 44. Los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así como medios de comunicación social, página web y otros medios publicitarios serán personalmente y solidariamente responsables por ante la justicia venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan, sin perjuicios de las demás sanciones a que hubieren lugar de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano vigente.\nArtículo 45. Sin perjuicio de que puedan crearse jurisdicciones especiales en la materia, el conocimiento de los delitos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Lo no previsto en este Capítulo, se regirá por lo establecido en el ordenamiento jurídico penal vigente.\nInfracciones por incumplimiento de formalidades\nVerificada la existencia de infracciones por incumplimiento de formalidades se procederá a la imposición de la sanción correspondiente en el mismo acto, emitiendo la correspondiente planilla de liquidación cuando la sanción consista en multa, a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los tres (03) días continuos, contados a partir de la fecha de la imposición de la misma. En caso de incumplir con el pago, se seguirán los trámites del procedimiento administrativo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nInfracciones por vulneración de derechos individuales\nArtículo 47. Serán sancionados con multa de quinientas (500) hasta treinta mil (30.000) Unidades Tributarias quienes violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de alguno de los siguientes derechos:\n1. Acceder a la adquisición de los bienes y servicios.\n2. Recibir información suficiente, oportuna y veraz sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos de interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contraindicaciones, que sean necesarias.\n3. Prestación de servicio de forma eficiente, equitativa y segura, en protección de sus derechos económicos y sociales, a través de medios tecnológicos adecuados.\n4. La reposición o devolución del bien o resarcimiento del daño sufrido en los términos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n5. A la garantía por parte del proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento del bien o producto.\n6. La protección contra la publicidad o propaganda falsa, engañosa, subliminal o métodos coercitivos, que induzca al consumismo o contraríen los derechos de las personas en los términos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n7. A no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de los bienes y servicios.\n8. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses.\n9. A la protección en las operaciones a crédito.\n10. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos.\n11. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.\nEn cuanto a los contribuyentes especiales determinados por la legislación tributaria, las infracciones previstas en este artículo serán calculadas con base al doce por ciento (12%) y hasta el veinte por ciento (20%), del valor de los ingresos netos anuales del infractor, dependiendo si concurren circunstancias agravantes en la conducta del agente económico infractor. De reincidir, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%). El cálculo de los ingresos netos anuales a los que se refiere este artículo, será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la imposición de la multa.\nLa determinación de las infracciones contenidas en el presente artículo, y la imposición de las sanciones que correspondieren, se efectuará mediante el procedimiento establecido en la sección II del Capítulo IV, Título III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 48. Quien comercialice productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado, será sancionado con multa de quinientas (500) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias, sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar. Si se tratare de alimentos o medicinas vencidas que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas, será sancionado con prisión de siete (07) a nueve (09) años.\nEn el caso de los contribuyentes especiales, la infracción prevista en este artículo será sancionada con multa de hasta el veinte por ciento (20%), calculada sobre el valor de los ingresos neto anuales del infractor, en caso que concurran circunstancias agravantes.\nEn caso de reincidencia, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%), sobre el valor de los ingresos neto anuales del infractor. El cálculo de los ingresos netos anuales a los que se refiere este artículo, será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la imposición de la multa.\nAdicionalmente, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su Reglamento.\nArtículo 49. Quien compre o enajene bienes, productos o presten servicios, con fines de lucro a precios o márgenes de ganancia o de intermediación superiores a los establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos por regulación directa conforme a los lineamientos del Ejecutivo Nacional o aquéllos marcados por el productor, importador, serán sancionados con prisión de ocho (08) a diez (10) años.\nSe consideran indicios de especulación:\n1. Enajenar o vender bienes o prestar un servicio a un precio superior al estipulado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, con el objetivo de obtener lucro.\n2. Comercializar bienes o prestar un servicio a un precio superior al fijado como precio máximo de venta al público conforme a la normativa dictada al efecto.\n3. Comprar bienes a un bajo precio y haberlos mantenido a la espera para que su precio aumente para así venderlos a un precio superior y con ello obtener ganancia.\n4. Aprovecharse de la venta de bienes que por ser demandados por la población, se ofrezcan a un precio superior al establecido por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, incumpliendo los márgenes de ganancia.\n5. Además de la sanción establecida en este artículo, podrán ser objeto de medida de ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días, prorrogables más multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias.\nLa misma sanción será aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los que hubieren informado a la autoridad competente. La reincidencia en la infracción establecida en este artículo será sancionada con la clausura del almacén, depósito o establecimiento del sujeto infractor, así como la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.\nSi el delito se cometiera sobre bienes o productos provenientes del sistema de abastecimiento del Estado u obtenidos con divisas asignadas por el Estado, y con ello pretenda obtener ganancia, la pena de prisión será aplicada a su límite máximo. De igual forma, las multas serán aplicadas al doble de lo establecido y los bienes del infractor serán objeto de confiscación, cuando medie decisión judicial y sean cometidos en detrimento del patrimonio público.\nImportación de Bienes Nocivos para la Salud\nArtículo 50. Quien importe o comercialice bienes declarados nocivos para la salud y de prohibido consumo, será sancionado con prisión de seis (06) a ocho (08) años.\nCon igual pena, aumentada de un tercio a la mitad, será sancionado el funcionario o la funcionaria que autorice tal importación o comercialización.\nAdicionalmente, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y su Reglamento.\nArtículo 51. Quienes alteren la calidad de los bienes, o desmejoren la calidad de los servicios regulados, o destruya los bienes o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, en detrimento de la población, con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, serán sancionados con prisión de cinco (05) a diez (10) años.\nIgualmente, serán sancionados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con ocupación temporal del inmueble hasta por ciento ochenta (180) días, más multa de quinientas (500) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias.\nAdicionalmente, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su Reglamento.\nArtículo 52. Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados con prisión de ocho (08) a diez (10) años.\nAsí mismo, serán sancionados con la ocupación temporal del establecimiento hasta por ciento ochenta (180) días prorrogables por una sola vez.\nIgualmente, la reincidencia en la infracción establecida en este artículo será sancionada con clausura del almacén, depósito o establecimiento del sujeto infractor y la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su Reglamento.\nSi el delito se cometiera sobre bienes o productos provenientes del sistema de abastecimiento del Estado u obtenidos con divisas asignadas por el Estado, la pena de prisión será aplicada a su límite máximo. De igual forma las multas serán aplicadas al doble de lo establecido y los bienes del infractor serán objeto de confiscación, cuando medie decisión judicial y recaiga directa o indirectamente en detrimento del patrimonio público.\nArtículo 53. Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de doce (12) a quince (15) años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.\nLa reincidencia en la infracción establecida en este artículo será sancionada, con clausura del almacén, depósito o establecimiento del sujeto infractor y la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su reglamento.\nArtículo 54. Cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, pretendan la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación, las penas contempladas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se aplicarán en su límite máximo.\nIgualmente, se procederá a la confiscación de los bienes, cuando medie decisión judicial y recaiga directa o indirectamente en detrimento del patrimonio público.\nArtículo 56. Quienes condicionen la venta de bienes o la prestación de servicios regulados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, serán sancionados por con prisión de tres (03) a seis (06) años.\nIgualmente, serán sancionados con multa de quinientas (500) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias.\nLa reincidencia será sancionada con la ocupación temporal del inmueble correspondiente hasta por noventa (90) días.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su reglamento.\nArtículo 57. Incurre en delito de contrabando de extracción, y será castigado con pena de prisión de catorce (14) a dieciocho (18) años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes, productos o mercancías del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin cumplir con la normativa y documentación en materia de exportación correspondiente.\nCuando los bienes objeto de contrabando de extracción hubieren sido adquiridos mediante el uso de divisas otorgadas a través de la administración cambiaria, provengan del sistema de abastecimiento del Estado, o su extracción afecte directamente el patrimonio público, los mismos serán objeto de confiscación, cuando medie decisión judicial y recaiga directa o indirectamente en detrimento del patrimonio público.\nArtículo 58. Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de cinco (05) a ocho (8) años.\nA los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, así como otras erogaciones no autorizadas, que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada en este artículo, así como la reducción del canon de arrendamiento y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su reglamento.\nUsura en operaciones de financiamiento\nArtículo 59. Quien en las operaciones de venta a crédito de bienes, o servicios de financiamiento para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de cinco (05) a ocho (08) años.\nAlteración en Bienes y Servicios\nArtículo 60. La proveedora o el proveedor que modifique o altere la calidad, cantidad, peso o medida de los bienes o calidad de los servicios, en perjuicio de las personas, será sancionado con prisión de dos (02) a cuatro (04) años.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su reglamento.\nDifusión Fraudulenta de Precios\nArtículo 61. Quien difunda por cualquier medio, noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios, o el valor real de los elementos que componen su fijación, será sancionado con prisión de dos (02) a cuatro (04) años.\nArtículo 62. Quien de manera directa o indirecta, con engaño y fines de lucro, aplicare o informare, por cualquier medio, un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo Nacional para la estimación de precios de bienes o servicios, en el territorio nacional, será sancionado con prisión de ocho (08) a diez (10) años.\nArtículo 63. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de cuatro (04) a seis (06) años.\nCon la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja.\nAdicionalmente, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su Reglamento.\nDE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA\nDe la Inspección y Fiscalización en Materia de Precios y Márgenes de Ganancia\nInstrucción. Inicio del procedimiento\nArtículo 64. Los procedimientos para la determinación del cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley darán inicio con la inspección y fiscalización establecidas en esta sección. El procedimiento de inspección y fiscalización podrá llevarse a cabo en la sede del sujeto de aplicación, o en las oficinas de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), según la naturaleza de las actuaciones materiales que han de llevarse a cabo o las verificaciones necesarias para determinar el cumplimiento de formalidades.\nEl funcionario o la funcionaria competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia, iniciará mediante el procedimiento correspondiente, la inspección y fiscalización para el cumplimiento de las regulaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nArtículo 65. La notificación se efectuará en alguno de los responsables o representantes de los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nEn todo caso, la ausencia de la Interesada o interesado o sus representantes, o la imposibilidad de efectuar la notificación, no impedirá la ejecución de la inspección ordenada, dejándose constancia por escrito de tal circunstancia, entregando copia del acta y la notificación al que se encuentre en dicho lugar.\nArtículo 66. En la inspección la funcionaria o el funcionario actuante ejecutará las actividades materiales o técnicas necesarias, por todos los medios a su alcance, para determinar la verdad de los hechos o circunstancias, que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de los deberes impuestos por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser procedente, el daño causado.\nLevantamiento del Acta\nArtículo 67. De toda inspección procederá a levantarse un Acta, la cual deberá ser suscrita por la funcionaria o el funcionario actuante, la persona presente en la inspección a cargo de las actividades o bienes objeto de inspección, y los testigos, si los hubiere.\n1. Lugar, fecha y hora en que se verifica la inspección y fiscalización, con la descripción de los bienes o documentos sobre los cuales recae. Cuando la determinación del lugar no sea posible precisarla técnicamente, se indicará con la dirección en que se encuentre el bien mueble o inmueble a fiscalizar.\n3. Identificación del sujeto de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\n5. Narración de los hechos y circunstancias verificadas, con especial mención de aquellos elementos que presupongan la existencia de infracciones a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, si los hubiere.\n7. Dejar constancia de la imposición de la sanción.\n8. Cualquier otra situación o circunstancia que pudiera ser relevante o determinante en ese procedimiento.\nArtículo 68. Si de los hechos y circunstancias objeto de inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario actuante constatare que no existen incumplimientos por parte del sujeto fiscalizado conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o que la denuncia que se hubiere interpuesto carece de fundamentos fácticos o jurídicos, indicara tal circunstancia en el Acta de Inspección o Fiscalización, a los efectos de dar por concluido el procedimiento.\nImposición de sanciones por incumplimiento de formalidades\nArtículo 69. Si de los hechos y circunstancias objeto de inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario actuante verifica la existencia de una o más de las infracciones por el incumplimiento de formalidades a que se refiere el artículo 46 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, procederá a imponer las sanciones correspondientes y notificarlas en el mismo acto. Si la sanción consistiere en multa, la notificación se perfeccionará una vez entregada al infractor la respectiva planilla de liquidación emitida por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).\nArtículo 70. Si durante la inspección o fiscalización, o en cualquier etapa, fase o grado del procedimiento, la funcionaria o el funcionario actuante detectara indicios de incumplimiento de las obligaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y existieren elementos que pudieran presumir que se puedan causar lesiones graves o de difícil reparación a la colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto, medidas preventivas destinadas a impedir que se continúen quebrantando las normas que regulan la materia. Dichas medidas podrán consistir en:\n1. Comiso preventivo de mercancías.\n2. Ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad.\n4. Suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones emitidas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n5. Ajuste inmediato de los precios de los bienes a comercializar o servicios a prestar, conforme a los fijados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.\n6. Todas aquellas que sean necesarias para proteger los derechos de las ciudadanas y ciudadanos protegidos por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nCuando se dicte la ocupación temporal, tal medida se materializará mediante la posesión inmediata, la cual se hará hasta por ciento ochenta (180) días prorrogables. Esta medida asegurará la puesta en operatividad y el aprovechamiento del establecimiento, local, vehículo, nave o aeronave, por parte del órgano o ente competente; y el uso inmediato de los bienes necesarios para la continuidad de la producción o comercialización de bienes, o la prestación de los servicios, garantizando el abastecimiento y la disponibilidad de estos durante el curso del procedimiento.\nEn el caso de ordenarse el comiso preventivo de mercancías, se dispondrá su enajenación inmediata con fines sociales, lo cual deberá asentarse en Acta que se levante al efecto. El producto de la enajenación de las mercancías se mantendrá en garantía en una cuenta bancaria abierta a tal efecto. En la providencia que ponga fin al procedimiento indicará el destino que deberá dársele al producto de la enajenación de las mercancías.\nArtículo 71. La sustanciación de las medidas preventivas se efectuará en cuaderno separado, debiendo incorporarse al expediente principal, los autos mediante los cuales se decreten o se disponga su modificación o revocatoria.\nArtículo 72. La ejecución de las medidas indicadas en este Capítulo, se harán constar en el acta a suscribirse entre la funcionaria o el funcionario actuante y los sujetos sometidos a la medida.\nLa negativa a suscribir el acta por los sujetos afectados por la medida, no impedirá su ejecución, pero tal circunstancia deberá dejarse expresamente indicada en dicha acta.\nLa funcionaria o el funcionario actuante procederá a realizar inventario físico del activo, y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio y la conservación o correcta disposición de los bienes.\nDurante la vigencia de la medida preventiva, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo el pago de salarios y demás derechos inherentes a la relación laboral y la seguridad social.\nArtículo 73. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que ha sido dictada la medida, o de su ejecución, los interesados podrán solicitar razonadamente su revocatoria, suspensión o modificación por ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, quien decidirá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud.\nArtículo 74. En el caso de retención de bienes u otros efectos, con ocasión de la aplicación de alguna de las medidas preventivas indicadas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, la funcionaria o el funcionario actuante expedirá a la presunta infractora o el presunto infractor, la correspondiente acta de retención en la cual se especificarán las cantidades, calidad y demás menciones de lo retenido.\nDicha acta se elaborará y deberá firmarla la funcionaria o el funcionario que practicó la retención y la presunta infractora o el presunto infractor, a quien se le entregará el duplicado de la misma, el original se anexará al expediente, y el triplicado le será entregado a la persona natural o jurídica que quedará en resguardo o custodia de los bienes, según lo determine el órgano o ente competente.\nLos gastos ocasionados por la retención de bienes serán pagados por el infractor o infractora, salvo que los bienes pasen a disposición de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, declarada la sanción, o proceda su devolución en los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nRemisión al procedimiento administrativo sancionatorio\nArtículo 75. Cuando de las actuaciones efectuadas conforme al procedimiento establecido en esta sección resultaren indicios de la comisión de una o más de las infracciones a que refiere el artículo 47 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el funcionario o funcionaria actuante remitirá la respectiva acta al funcionario competente para la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio desarrollado en la sección II del presente Capítulo.\nInstrucción de delitos Iniciada por autoridades policiales o militares\nArtículo 76. Cuando se trate de la determinación de los delitos a que se refiere el Capítulo III del Título III, de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y el respectivo procedimiento diere inicio mediante la actuación de los órganos policiales, militares o auxiliares de justicia, dichas actuaciones serán remitidas al Ministerio Público a los fines de su trámite ante el Poder Judicial, debiendo proceder la autoridad actuante a notificar en la misma oportunidad a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de tal circunstancia. En estas circunstancias no será necesaria la instrucción del procedimiento conforme a lo dispuesto en esta Sección.\nArtículo 77. Efectuada la apertura del procedimiento, la funcionaria o el funcionario competente ordenará la notificación a aquellas personas a que hubiera lugar, para dar inicio al procedimiento sancionatorio.\nArtículo 78. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación referida en el artículo anterior, se fijará mediante auto expreso el día y hora para que tenga lugar la audiencia de descargos, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes.\nEn la audiencia de descargos, la presunta infractora o el presunto infractor podrá, bajo fe de juramento, presentar sus defensas, negar o admitir los hechos que se le atribuyen de manera escrita u oral, y promover y exhibir las pruebas que estime pertinentes.\nArtículo 79. Si durante la audiencia de descargos la funcionaria o el funcionario competente para conocer del asunto, sobre la base de los argumentos expuestos por la presunta infractora o el presunto Infractor, o de las pruebas exhibidas por éste, estimase que los hechos o circunstancias no revisten carácter ilícito o no le fueren imputables, se levantará Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse en presencia del interesado o su representante, o enviarse por correo público o privado con acuse de recibo.\nArtículo 80. Si en la audiencia de descargos la presunta infractora o el presunto infractor aceptare los hechos que le son imputados, se tendrá como atenuante, y la funcionaria o el funcionario competente para conocer del asunto procederá a dejar constancia de ello, y se emitirá el acto conclusivo en el cual se impondrán las sanciones a que hubiere lugar, conforme a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.\nEl acto conclusivo dictado en un lapso de diez (10) siguientes a la admisión de los hechos conforme lo establecido en este artículo pondrá fin al procedimiento.\nArtículo 81. Cuando de la audiencia de descargos resulte la admisión parcial de los hechos o, la funcionaria o funcionario competente declare la conformidad parcial sobre algunos de ellos, procederá a emitir un acta de descargo parcial, en la cual diferenciará con claridad los hechos reconocidos por la presunta infractora o el presunto infractor, así como aquellos respecto a los cuales declara su inconformidad.\nEn el acta de descargo parcial se declarará la terminación del procedimiento respecto de los hechos reconocidos y de aquellos sobre los cuales se hubiere declarado la conformidad.\nLos hechos no reconocidos continuarán el procedimiento conforme el artículo siguiente.\nArtículo 82. Cuando no haya concluido el procedimiento en la audiencia, se iniciará al día siguiente, un lapso de cinco (5) días hábiles para la evacuación de las pruebas que hayan sido promovidas en la misma, o cualquier otra que considere pertinente la persona a quien se le sigue el procedimiento.\nLa funcionaria o el funcionario competente podrá acordar una única prórroga de hasta diez (10) días hábiles más el término de la distancia, en aquellos casos de especial complejidad, a fin de que puedan practicarse otras pruebas o ensayos que juzgue conveniente.\nVencido el plazo a que refiere el encabezado de este artículo, o el de su prórroga, de ser el caso, el funcionario o funcionaria actuante podrá ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba, que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos.\nEn los asuntos de mero derecho se prescindirá del lapso probatorio dispuesto en este artículo, de oficio o a petición de parte.\nArtículo 83. En el procedimiento establecido en este Capítulo, podrán invocarse todos los medios de prueba, observando en particular las siguientes reglas:\n1. Sólo podrán solicitarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que exijan conocimientos técnicos o científicos especializados. A tal efecto, deberá indicarse con toda precisión los hechos y elementos objeto de experticia.\n2. Para la designación de expertos, se preferirá la designación de un experto único por consenso entre el órgano actuante y la interesada o el interesado, pero de no ser ello posible, cada parte designará un experto y convendrán la designación de un tercer experto de una terna propuesta por el órgano competente.\n3. Los costos de la experticia incluyendo los honorarios del experto o los expertos, según sea el caso, correrán por cuenta de la parte que la solicite.\n4. No se valorarán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegales, las cuales deberán rechazarse al decidirse el acto o recurso que corresponda.\n5. Cuando se trate de pruebas de laboratorio, el órgano competente notificará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las acciones necesarias para la realización de las pruebas de laboratorio que hubieren sido admitidas.\n6. En la notificación se indicará, lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado pueda nombrar técnicos que le asistan. En este supuesto, la funcionaria o el funcionario podrá extender los plazos dependiendo de la complejidad de la prueba.\n7. Cuando se requiera la realización de ensayos, pruebas, inspecciones de productos o servicios, según sea el caso, para la comprobación de las infracciones, las inspecciones o tomas de muestras podrán practicarse en los centros de producción, en los establecimientos dedicados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicio y en los recintos aduanales y almacenes privados de acopio o de bienes.\nA tal efecto, los responsables de dichos lugares deberán prestar la colaboración necesaria a los fines de la realización de éstas.\nAseguramiento de la decisión\nArtículo 84. En cualquier grado y estado del procedimiento, la funcionaria o el funcionario que conozca del respectivo asunto podrá decretar las medidas preventivas establecidas en el Capítulo anterior cuando, a su juicio, exista un riesgo fundado de que la decisión que resuelva dicho asunto no pueda realizarse.\nIgualmente, podrá decretar medidas preventivas de secuestro, embargo, prohibición de enajenar y grabar y cualquier otra medida innominada que sea conducente.\nArtículo 85. Vencido el plazo establecido para el lapso probatorio, la funcionaria o el funcionario competente dispondrá de un plazo de diez (10) días continuos para emitir la decisión, prorrogable por diez (10) días más, cuando la complejidad del asunto lo requiera.\nArtículo 86. Terminado el procedimiento el funcionario competente dictará la decisión mediante un acto redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente, y en el cual deberá indicarse:\n9. Identificación y firma autógrafa del funcionario competente que emite el acto, con indicación del carácter con que actúa.\nArtículo 87. Los actos administrativos sancionatorios dictados por la funcionaria o el funcionario competente, que recaigan sobre los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, deberán cumplirse de manera voluntaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.\nArtículo 88. En los casos de multa, se acompañará la notificación con la correspondiente planilla de liquidación, a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los tres días (03) continuos, contados a partir de la fecha de notificación. Transcurrido dicho lapso sin que la multa fuere pagada, la planilla de liquidación tendrá fuerza ejecutiva.\nA partir del día siguiente del vencimiento del lapso para que el infractor o infractora dé cumplimiento a la sanción impuesta, comenzarán a causarse intereses de mora, calculados sobre la base de la tasa máxima para las operaciones activas que determine el Banco Central de Venezuela.\nArtículo 89. Cuando la ejecución voluntaria no se realizare, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos procederá a su ejecución forzosa.\nLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ejecutará el cumplimiento forzoso de las multas impuestas adoptando las medidas que fueren conducentes, incluyendo el secuestro o embargo de bienes, la prohibición de enajenar y gravar y cualquier otra medida que sea conducente para el cumplimiento de su decisión. Así mismo, podrá optar por el cobro judicial de las multas no pagadas por los sujetos de aplicación, a través del procedimiento breve previsto en la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa.\nCuando la decisión declare la sanción de comiso y éste haya sido ejecutado previamente como medida preventiva, se considerará que ha operado la ejecución del acto, sin que sea necesario ordenar nuevamente la misma.\nExcepción a los beneficios procesales\nArtículo 90. Los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los procesos judiciales, ni en el cumplimiento de la pena.\nÚNICA. Los procedimientos que se encuentren en curso para la fecha de entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tendrán continuidad bajo los procedimientos con los cuales hubieren dado inicio de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, hasta su culminación.\nÚNICA. Queda derogado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014. Quedan derogadas todas las disposiciones y normativas que colidan con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.\nÚNICA. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.\nDado en Caracas, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.\nEl Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas y Segundo Vicepresidente Sectorial para Economía y Finanzas, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES\nEl Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, JOSÉ LUIS BERNARDO HURTADO\nTags # Consumidor # GO 40787 # Precios # Precios Justos # Protección al Consumidor\nMaterias Relacionadas... Consumidor, GO 40787, Precios, Precios Justos, Protección al Consumidor