Martes, 19 Noviembre 2019 06:40\nPiñera admite abuso policiaco ante protestas\nSantiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.\n"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.\nEn el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.\nLa víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.\nLa violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.\nPero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).\nLa semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.\nEl presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".\nPrometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".\nTambién reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.\nPara mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.\nLas manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.\nSectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.\nPero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.\nEn la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.\nFuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista\nEl gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder\nDomingo, 17 Noviembre 2019 06:16\nLicencia para matar y salir impune en Bolivia\nTras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.\nEl decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.\nFueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.\nSon así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.\nLa escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.\nEl decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.\nEl conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.\n“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.\nLa presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.\nA partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.\nEsta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.\nEn ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.\nLa cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.\nUna de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.\nEl tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.\nAún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.\nEl plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.\nLa situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.\nSábado, 19 Octubre 2019 06:45\n“Vinimos a decir que los militares colombianos no están diciendo la verdad”\n15 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales comparecieron en el Tribunal de Paz y exigieron investigar a funcionarios del Gobierno\n“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.\nCada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.\nTras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.\n“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.\n“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.\nCada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.\nUn fenómeno nacional\n“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.\nFueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.\nLas madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.\nTambién recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.\nLa audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.\nEl proceso que sigue se avizora largo. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó 6 regiones de Colombia y aún falta más investigación sobre otros batallones del Ejército. En el caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los magistrados tendrán que contrastar las versiones de los militares; recabar más información y llamar a otros comparecientes. Algunos civiles han solicitado acogerse al Tribunal.\n“Nuestra tarea es enorme pero no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la contrastación lo que han dicho, con los reclamos que ustedes tienen, cruzar la información que venga de la justicia ordinaria. Pero aunque nos duela como sociedad, es mejor reconocer lo que pasó para que no se repita”, agregó la magistrada, Catalina Díaz.\nSobre la petición de llamar a Uribe y Santos a declarar, el magistrado Oscar Parra aclaró que la Jep no tiene jurisdicción para juzgar a expresidentes. “Ahora bien- dijo- todo tipo de solicitudes en un proceso judicial tienen que ser analizadas y contestadas. Estas serán valoradas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el momento pertinente”.\nBogotá 18 OCT 2019 - 11:52 COT\nSábado, 05 Octubre 2019 07:30\nDe nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.\nHoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.\nNo hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?\nDesde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.\nNo hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados.\nLos hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:\n·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.\n·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino, como a 20 minutos de distancia, encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.\n·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.\n·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.\n·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.\n·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”\nEl acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.\nLas palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.\nPero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?\nPero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?\nCuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?\nCuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?\nCon nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.\nOctubre 4 de 2019\nViernes, 04 Octubre 2019 06:00\nAnálisis del fallo de la Corte Suprema en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.\nEl 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se ratificó la condena al general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata de una sentencia muy importante que todos las y los ciudadanos deberíamos leer y conocer.\nDesaparición forzada | Palacio de Justicia | Abusos del Ejército | Bogotá D. C. |\nLas y los desaparecidos\nLa desaparición forzada se estructura, según la Corte, cuando “un agente del Estado priva a una persona de su libertad, cualquiera sea la forma en que lo hace, seguida de su ocultamiento y negativa a reconocer dicho acto dicho acto o de dar información sobre su paradero”.\nPara los jueces de la Corte Suprema, sin lugar a duda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis y Luz Mary Portela León, al igual que la guerrillera Irma Franco Pineda, salieron vivos del Palacio de Justicia bajo la custodia del Ejército Nacional y fueron entregados al B-2 de inteligencia de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco, la Corte reitera que sí fue detenida viva, que se dipuso que hombres la custodiaran y que ella se identificó por su nombre y pidió poder comunicarse con su familia, antes de ser llevada al segundo piso de la Casa del Florero, en donde se interrogaba a los sospechosos, según el testimonio del soldado bachiller Edgar Alfonso Moreno Figueroa.\nHasta ahora no sabemos el paradero del administrador de cafetería Carlos Rodríguez e Irma Franco. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueron vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas,” dice la Corte.\nEl Ejército pensó que con el incendio de la edificación la noche del 6 de noviembre no quedarían sobrevivientes, pero ¡ah sorpresa! los seis guerrilleros y los sesenta rehenes que permanecían en el baño del costado norte estaban vivos y se convirtieron en un problema para los militares. Se siguió la directriz dada el día anterior por el general Arias Cabrales “todos a la Casa del Florero”. Las personas pasaron a disposición de la sección de inteligencia del Comando de la Brigada XIII, la cual se encargaba de los sobrevivientes, sospechosos o especiales “para interrogarlos; para investigar si participaron directamente en la operación criminal, o si apoyaron en su condición de empleados de Palacio la ejecución de la acción terrorista”.\nEl acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo evidencia la secuencia con las grabaciones de dos radioaficionados, estaba prevista desde el comienzo de la operación. La desaparición forzada, consecuencia del operativo de “rescate” no fue un acto individual, sino un conjunto de acciones. El control de los militares era absoluto, hasta con los heridos ya que el general Arias Cabrales le dijo al coronel Edilberto Sánchez Rubiano que debía verificar a todas las personas que habían sido evacuadas heridas a centros asistenciales.\nQue se mantuvo el control militar sobre todos los escenarios, todo el tiempo, es un punto clave en la sentencia pues se llegó a la “irracionalidad” de decir, ante la posible identificación de un guerrillero, que “si aparece la manga no aparezca el chaleco”. Anotó la decisión que “Desde este punto de vista es evidente que Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparecimiento de la guerrillera Irma Franco Pineda” y agregó que:\n“Desde ese día, cuando ella fue entregada a miembros de la Brigada, nadie más supo de su destino. Desapareció; fue desaparecida. Con que fuera ella sola, únicamente, el grave delito se estructura objetivamente. No importa que fuera una persona por fuera o al margen de la ley (…). No importó su individualidad, como tampoco las de los otros desaparecidos. Bastó etiquetarlos como guerrilleros o sospechosos para perderla. En estos casos pesan más las categorías que los derechos, que la dimensión ética del ser humano”.\nY más exactamente sobre la naturaleza de la actuación del general Arias Cabrales, agrega la Corte que sus órdenes:\n“realizaban a la perfección la directriz del general Rafael Samudio Molina, su superior Comandante de las Fuerzas Militares cuando señaló en relación con el tratamiento de los detenidos: ´El individuo capturado en el campo de combate debía ser rápidamente interrogado y evacuado a los organismos superiores´ Una clara manifestación, en palabras de la Corte, “de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregadas al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.\nEl contexto histórico y político\nLa Corte juzgó al general Arias Cabrales, debido al comportamiento en los hechos de retoma del Palacio y los posteriores que califica como “los más aterradores y dolorosos del conflicto armado” los cuales no pueden “sustraerse del entorno histórico y político en que ocurrió”.\nEl 6 y 7 de noviembre de 1985 el país se encontraba en estado de sitio (decreto 1038 de 1984) que le dio facultades extraordinarias al presidente Belisario Betancur Cuartas. Entre ellas estaban mantener la competencia de la jurisdicción militar para investigar a civiles y crear el Tribunal Especial para coordinar la actividad de los Juzgados de Instrucción Criminal asignados para investigar lo ocurrido, que culminó en un informe publicado el 17 de junio de 1986.\nDesde 1983 estaba vigente el “Plan Tricolor” diseñado para enfrentar una guerra exterior o una insurrección general, parcial o total en el territorio nacional. El objetivo principal del plan consistió en destruir al comando del M-19 que realizó la acción del Palacio y proteger a las tropas que participaron en el operativo de retoma del fuego amigo.\nEl rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para los militares, como lo confirmó el general Rafael Samudio Molina al afirmar que ello sólo sería posible “hasta donde las circunstancias lo permitieran”. Para cumplir el objetivo no se podían conceder treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones, las cuales debían caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza, a fin de conseguir resultados decisivos, como ocurrió durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los guerrilleros del M-19.\nEl “Plan Tricolor” fue activado inmediatamente por los altos mandos militares, lo cual explica la rapidez de la llegada de las tropas y los vehículos blindados al Palacio. Estaba orientado el plan por la filosofía del “enemigo interno” incrustado en la Doctrina de Seguridad Nacional en boga en países del Cono Sur. En esa doctrina “se mantuvo la tensión histórica entre la razón de Estado y los derechos humanos, que en ese entonces se resolvía en favor de aquel”. Una serie de derechos incompletos consagrados en el papel sin poder exigir su cumplimiento. O sea, en palabras de la Corte “un sistema en el que políticamente la razón de Estado primaba sobre los principios de la democracia y los derechos humanos”.\nLa orden presidencial\nEl expresidente Belisario Betancur Cuartas y los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, insistieron durante el transcurso de las investigaciones judiciales -contra toda evidencia probatoria- que se trató de una operación de rescate de rehenes, en la que, según el expresidente de la República, “la regla de oro” era garantizar en todo momento la vida de los funcionarios judiciales, empleados y visitantes, inermes ante la acción del grupo asaltante. Pero esto no fue cierto.\nPor el contrario, como se refleja en la decisión judicial, “está plenamente establecido que las armas del Estado se emplearon en contra los ciudadanos, empleados, visitantes, magistrados y guerrilleros, con el desabrido pretexto de “defender la democracia” (palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega) sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes y con el uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948. “ P. 185 CSJ.\nTanto el Ejército como la Policía Nacional, bajo el mando unificado del general Jesús Armando Arias Cabrales, tenían la clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance. Para ello, contó con “la temerosa actitud del presidente de la República de no intervenir”, según las propias palabras de la Corte y añadió que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.\nEl fallo ratificó que el director supremo de la operación retoma fue el general Arias Cabrales. Él sabía del procedimiento a seguir en el caso de los capturados. Dispuso que las personas que salieran con vida debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas como él afirmó, sino para identificarlas, interrogarlas y establecer la identidad de los integrantes del grupo enemigo. Como lo dijo la Corte, fue el artífice de la “solución final” que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su acción, su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron.\nDice la sentencia que la gravedad de la conducta del general Arias Cabrales y de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron del criminal operativo de retoma “es propia de un grave atentado a los Derechos Humanos, imponen en este caso que el derecho a la verdad y a la no impunidad, que es en lo que consiste la justicia material desde este ámbito, primen sobre la formalidad de la orden judicial previa, mas aún si se asume que con esa actuación no se creó un estado de indefensión para el procesado Arias Cabrales, en cuanto pudo objetar su contenido en el proceso, sin hacerlo”.\nLa Casa del Florero\nCon la sentencia de la Corte en el caso del General Arias Cabrales, se comprobó que no eran ciertas sus afirmaciones de que en la Casa del Florero no se instaló el puesto de mando adelantado, o que fue utilizada para prestar primeros auxilios a los rescatados e identificarlos, luego de lo cual se les facilitaba el rápido retorno a sus hogares. Tampoco que muchas personas salieron por la puerta vehicular de la carrera 8ª y que otras fueron llevadas a centros asistenciales sin pasar por la Casa del Florero. También riñe con la verdad procesal lo afirmado por Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la Brigada XIII a cargo de la Casa del Florero, que solo brindó asistencia a las personas rescatadas y que allí reinó un caos y que no tenía mando sobre la Policía y el DAS.\nPor el contrario, no hubo tal salida masiva porque la conducta de las personas al interior del Palacio era la de esconderse y salir sólo cuando fueron evacuado por el Ejército a la Casa del Florero. Los centros asistenciales estaban controlados por el ejército y algunos heridos pasaron por la Casa del Florero, que no era un lugar de primeros auxilios, sino que sirvió para identificar a los sospechosos o especiales e interrogarlos. Tampoco reinó el caos porque estuvo bajo el control absoluto del coronel Sánchez y tanto la Policía como el DAS estaban subordinados a él por el principio de la unidad de mando.\nEsperamos con esta decisión de la Corte que no solo se abra el camino de verdad judicial, sino que el pacto del silencio e impunidad que ha caracterizado el caso de los desaparecidos del holocausto y demás víctimas, empiece a resquebrajarse. Veremos si los militares que se han sometido y quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le van a contar la verdad histórica de lo sucedido y también si acudirán a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y a la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos para evitar un pacto del olvido que no seremos.\nMartes, 01 Octubre 2019 06:23\nEl escrache en tiempos de impunidad y neofascismo\nLa práctica del escrache, como se conoce al acto de denunciar abiertamente a un agresor a través de una publicación en redes sociales, es una acción que, si no se piensa estratégicamente, contribuye a generar un feminismo del enemigo, más facho que crítico y tristemente, alentador del “victimismo”.\nEl escrache surgió como una respuesta ante la impotencia y la desesperanza. En el contexto pos-dictaduras del cono sur, los y las activistas se vieron obligadas a realizar acciones como plantarse al frente de la casa de genocidas, para pintarlas y así denunciarlos públicamente ante la inmovilidad de los aparatos de justicia y la impunidad.\nDesde entonces, el “escracheo” ha tomado distintas modalidades y definiciones que en algunos contextos feministas han derivado en el escarnio público de agresores en redes sociales; sin embargo, como indica Florencia Angilletta*, esta acción no nació con el feminismo. No es que no se puedan visibilizar públicamente las violencias sino que, difundir masivamente una denuncia, no puede convertirse, antes de cualquier otra estrategia, en la única forma, mecanismo o acción con que respondamos ante la violencia patriarcal.\n¿Cuál es la solidaridad que se activa cuando se viraliza una denuncia? ¿La de “he pasado por lo mismo”, o la de “estoy contigo porque estoy contra ellos”? Hay una diferencia sutil en la pregunta, porque a lo que nos ha llevado el escrache es a crear una moralidad de ejército, no de compañeras.\nEn un ejército no se cuestiona, contradice o contesta\nLastimosamente, quien no comparte el escrache recibe la primera piedra. Si un día un amigo o familiar se comporta como un soquete machista, no quisiera negarme, ni negarle el derecho de escucharlo, sin que eso me haga también objetivo del “escracheo”. Creo que se deben encontrar mecanismos para tramitar conflictos y daños, que son distintos de los delitos, sin caer en el punitivismo o la pura necesidad del castigo.\nEsto de tramitar los conflictos lo ubico en el marco de relaciones donde se han generado daños entre compañeros, tan común en los espacios organizativos de izquierda y las agrupaciones sociales, donde las feministas hemos tenido que tejer a pulso un dialogo en el que los varones nos consideren sus iguales. Son muy pocas las experiencias de justicia desde y para las mujeres, que no apelen únicamente al “escracheo”, pero que no piensan nada más allá o después de eso, y en últimas son las víctimas quienes se quedan solas.\nQuiero generar una alerta dentro del feminismo, y generar la conversación crítica, para que cuando hablemos de violencias contra las mujeres, seamos más precisas, en nuestras apuestas, nuestras formas y posicionamientos políticos. La particularidad de los casos, y esa lupa que no podemos perder en cada uno, nos ayuda a obtener ideas, por si un día podemos configurar un sistema de justicia alternativa para las mujeres. A continuación, algunos ejemplos.\nMujeres víctimas del conflicto armado y la falsa dicotomía entre la paz y la justicia\nDebo decir que, las víctimas de distintos actores del conflicto armado, mujeres populares de diversos territorios con quienes llevé procesos, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pusieron nunca como solución a la impunidad en sus casos la venganza. Algunas de ellas ni siquiera piensan en la cárcel, la cadena perpetua, y jamás, jamás, la pena de muerte como castigo para sus perpetradores.\nLa reparación transformadora ha sido siempre el horizonte, y cuando tuvimos la oportunidad de pensarnos un sistema de justicia transicional, como resultado de una negociación política entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc, nos mantuvimos como feministas abolicionistas, defensoras de la pluralidad jurídica. La paz fue el horizonte, y la justicia no se nos quedaba en el camino. Propusimos fortalecer la justicia ordinaria para las mujeres como parte de ese proceso de tránsito a una paz perfectible con el tiempo, porque las violencias contra las mujeres se cometen bien en tiempos de paz, bien en tiempos de guerra. Les pareció osado y fuera de contexto. Meses después de haber avanzado en los procesos de reincorporación en los Etcr’s, algunas mujeres de las Farc, que comenzaron a sufrir victimizaciones por parte de sus parejas, preguntaron a dónde acudir en la vida civil, y nosotras no teníamos más oferta que una triste y abyecta comisaría de familia.\nAprendizaje: el devenir del movimiento feminista colombiano ha estado inexorablemente ligado a una agenda de construcción de la paz. Nos encontramos en un escenario de continuación del conflicto y “transicionalidad”. Desde ese orden, más que la venganza, queremos la transformación real y la erradicación de aquello que posibilita las violencias contra las mujeres, lo cual supone más trabajo que impartir castigos e ir más allá de las instituciones familistas.\n¿Con las violencias “menores” procedimientos más “fáciles”?\nCualquier violencia genera daños en distintos niveles y es importante pensar en sanciones proporcionales y trámites de los conflictos distintos al castigo, que no por ello son más fáciles.\nEn alguna ocasión, una mujer llegó a consultarme después de haber vivido un hecho de violencia sexual, con un tipo, en una fiesta. Me dijo que su expectativa era que ese sujeto reconociera que lo que había hecho era reprochable, que se gastara el mismo tiempo que ella, pensando y reflexionando sobre esa noche, y que jurara no hacerlo nuevamente. No le interesaba la cárcel, no le interesaba que todo el mundo lo supiera. Esto era radicalmente más difícil que un proceso penal, porque necesitaba de un interlocutor dispuesto a reconocer sus actos, y esto por supuesto no pasó. Me soñé el momento en que este hombre pidiera perdón y reconociera ante ella y otras personas que tenían en común, que había generado un daño, comenzaría un proceso de deconstrucción de su masculinidad tóxica y llevaría a cabo un proceso de reparación. El sujeto no lo aceptó nunca, así que activamos el proceso penal esperando una condena.\nAlcancé a figurar algo tan impensado como la mujer irlandesa que escribió un libro con su violador y que todavía me concierne, pero no me asusta ni me desespera. Y es importante decir que ninguna experiencia se puede universalizar, y que lo que funciona para algunas mujeres, no es asimilado de la misma manera por otras, que lo importante es la satisfacción de las víctimas, pero esa satisfacción tiene límites si en el centro está infligir daño en el otro, al mejor estilo del “ojo por ojo, diente por diente”.\nAprendizaje: en algunas violencias cotidianas que se dan en relaciones de pareja o de trabajo, por ejemplo, esperaríamos varones dispuestos, en principio, a reconocerlo, y tramitarlo sin la necesidad de generarnos más daño. Muchas veces el escrache desata una suerte de reacciones peores, de varones que se defienden vulgarmente, así que antes de abrir esa puerta a la avalancha que sigue en las redes sociales, deberíamos tener una estrategia de amortiguamiento.\nLos agresores con reconocimiento público, el buen nombre y el debido proceso\nAlgunos varones activan sus defensas y retaliaciones contra las mujeres en formas inusitadas, y aquellos que tienen reconocimiento público, logran movilizar una cantidad de recursos, y poner en su favor todos los estereotipos y mandatos del orden patriarcal, así como nuestros errores estratégicos.\nAsesoré a una de las, tal vez, cinco o más mujeres que han sido víctimas de un reconocido cantante. Ella no ha tenido, hasta ahora, intenciones de sacar nada en prensa, ni quiere su foto y su relato en el manoseo de los medios, se ha preparado jurídicamente para las demandas y lo ha hecho respetando sus propios ritmos y necesidades.\nA muy pocos días de un concierto de gran asistencia, comenzaron a circular imágenes contra el cantante, denunciándolo por las violencias, sin ser muy claro quien las promovió o de dónde venían, pero ya capturadas por algunos colectivos feministas. Lo que hizo este sujeto fue comenzar a escribirle una por una a cada una de sus víctimas, a amenazarlas porque legalmente no tiene ninguna denuncia. Y “limpió” su imagen en videos de Youtube, logrando que las redes se inundaran de mensajes contra las denunciantes.\nAprendizaje: no es que el “escracheo” en sí mismo estuviera mal, cuando hablamos de personajes públicos la cosa cambia, porque tienen una responsabilidad ética y política mayor. La cuestión es que la visibilización de los casos nos tiene que poner a pensar, desde antes, en todos los escenarios y sus consecuencias, pues incluyen contrademandas y aprovechamiento de los medios. ¿Cómo lo contenemos? Porque todos esos escenarios buscarán siempre culpar a las mujeres y menguar su capacidad de respuesta, ponerlas en un lugar de NO poder y humillación constante, y es allí donde se debe activar la solidaridad con la víctima.\nCuando las condenadas somos nosotras\nQue las cárceles colombianas estén llenas de mujeres empobrecidas, campesinas, negras, jóvenes, madres y muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y que el aborto todavía sea delito si no se está dentro de las causales, es ya una muestra de por qué el punitivismo y la cárcel son la evidencia de sociedades que reaccionan patológicamente a los problemas sociales.\nEn el mismo hilo del ejemplo anterior, conocí muchos casos en los que, siendo las mujeres las víctimas de violencias por parte de sus parejas o exparejas, estos, sintiéndose retados por la denuncia ante una comisaría de familia o una fiscalía, se cualificaron en las “contrademandas” o demandas (normalmente de custodia para ejercer poder sobre las mujeres a través de la amenaza de quitarles a sus hijos e hijas), y como es de suponerse, encontraron en los funcionaros públicos la respuesta más diligente y concreta. Así mismo, este patriarcado actúa contra las mujeres; “la justicia” se activa rápidamente en nuestra contra y nos coge sin recursos y muy poco preparadas.\nAprendizaje: el “escracheo” no puede ser la única estrategia que activemos en un caso de violencia, si bien “no derribamos la casa del opresor con las armas del opresor”, como diría Audre Lorde, no podemos descuidar ningún flanco. Las argentinas ya tenían procesos en la justicia ordinaria contra los genocidas que “escrachearon”, y así mismo las mujeres debemos informarnos, reposar el pensamiento, actuar estratégicamente y protegernos.\nLa venganza y el uso amañado del discurso y del derecho\nA la organización en la que trabajaba llegaban mujeres, la mayoría de veces con cierto nivel de reconocimiento público, a buscar nuestra asesoría y acompañamiento en sus procesos de divorcio o de inasistencia alimentaria, y teníamos que activar nuestros mejores entendimientos, para detectar cuándo quisieron usarnos, o cuándo quisieron usar el potencial de las mujeres en colectivo, para salir bien libradas de situaciones donde el “victimismo” y la ley patriarcal, que tutela a las mujeres como si fueran incapaces sin agencia, les era muy favorable.\nEntonces una vez, una mujer que estaba haciendo su separación de bienes y había firmado unas capitulaciones antes de las nupcias, llegó a nosotras para que coadyuváramos su demanda, en la búsqueda de un precedente judicial en el que la Corte Suprema de Justicia, reconociera que esas capitulaciones habían sido una forma de violencia psicológica en su contra.\nEvidentemente nos negamos a semejante retroceso. En su momento, las mujeres lucharon por obtener la capacidad de administrar sus propios bienes, como agentes autónomas y libres, contrayendo matrimonio, sin que su futuro esposo pasara a ser el señor y dueño de sus recursos. Hoy, las que tenemos una sociedad patrimonial sabemos lo valioso que es contar con esa capacidad de agencia de nuestros recursos, como para que, por una mujer que decidió que no se quería separar sin vengarse del exmarido, amañara el discurso de esa manera, y pretendiera hacernos creer a todos y todas que fue víctima de una violencia psicológica al firmar sus respectivas capitulaciones.\nY sí, las mujeres también, cuando queremos, nos vengamos y cuando queremos nos hacemos las víctimas, y si tenemos que llorar, lloramos. A lo “Romina”, la protagonista de uno de los Relatos Salvajes (la película argentina), en el que esta mujer-demonia le dice a su recién esposo que la engañaba: “iré a donde el juez con el ojo morado, y cuando me pregunte que cómo la he pasado, le diré que la estoy luchando”. Todo esto para decirle, además: “estamos casados hasta que TÚ muerte nos separe”.\nPor supuesto, esta escena me encanta y me da risa, en lo ficcional. Pero no le deseo a ninguna hermana, a ninguna amiga, encarnar Rominas vengativas y victimizadas. La apuesta del feminismo es por la potencia subjetiva de las mujeres, por la agencia de nuestros poderes, y por significar el contexto de nuestras decisiones, haciéndonos cargo, incluidas las que tomamos en relaciones erótico-afectivas-económicas con los varones.\nAprendizaje: siempre partir de la buena fe y la confianza legítima, y del creerle a las mujeres, pero que el feminismo no nos obnubile el instinto crítico, para entender que no somos depositarias diáfanas de la ética y que también nos aprovechamos. No perdamos esa capacidad de sospecha que nos caracteriza, porque el movimiento social feminista no es un rebaño, y menos un ejército.\nLunes, 30 Septiembre 2019 05:42\nBeate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”\nJunto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.\nBeate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.\nEn el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.\nLos Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987.\nEn 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.\n-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?\n-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.\n-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.\n-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.\n-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?\n-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.\n-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?\n-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.\n-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?\n-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.\n-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?\n-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.\n-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?\n-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.\n-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?\n-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.\n-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.\n-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.\nBeate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.\n“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.\nSobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.\n¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.\nSábado, 28 Septiembre 2019 05:08\n"Peligra la democracia" alerta Vizcarra en Perú\nEl presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le permitiría cerrarlo y llamar a elecciones legislativas.\n“Está en peligro la democracia”, señaló el presidente Martín Vizcarra en un breve mensaje al país dado ayer, refiriéndose así a las últimas decisiones del Congreso controlado por el fujimorismo. Ha sido una acusación directa a la mayoría parlamentaria formada por el fujimorismo y sus aliados, a los que acusó de utilizar el Parlamento para actuar en contra de la democracia “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Después de lanzar esa grave acusación, el presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le abriría las puertas para cerrarlo constitucionalmente y llamar a nuevas elecciones legislativas. Pero congresistas de la mayoría pretenden negarle esa facultad. Conversaciones por chat entre legisladores fujimoristas filtradas a la prensa, revelan sus intrigar para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.\nLa reacción de Vizcarra contra el Congreso se dio un día después que la mayoría parlamentaria archivara en comisiones, sin siquiera debatir en el pleno, el proyecto presidencial para adelantar -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y de la decisión del Congreso de elegir este lunes, en un procedimiento express marcado por serios cuestionamientos, a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC), una maniobra del fujimorismo denunciada como un intento de copar el TC, cuestionamiento al que se sumó Vizcarra. Pero en su mensaje, esperado desde el jueves cuando el Congreso rechazó su propuesta de adelantar las elecciones generales, el presidente no dijo una palabra de este tema, que todos suponían sería el asunto central de ese pronunciamiento. Un silencio sorpresivo, y revelador de la falta de respuesta del Ejecutivo frente al duro golpe que le encajó el Congreso en este tema, que el propio presidente había definido como crucial.\nVizcarra anunció que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, como muchos esperaban, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC. Con esto pretende bloquear la cuestionada elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes. Legisladores de la mayoría parlamentaria, con el apoyo de algunos constitucionalistas amigos, reaccionaron rápidamente desconociendo las facultades presidenciales para pedir un voto de confianza relacionado a este tema. Congresistas que no forman parte de esa mayoría y otros expertos han opinado en sentido contrario y han pedido que el Congreso suspenda el proceso de elección del Tribunal Constitucional. La mayoría asegura que no cederá en su intención de elegir un nuevo TC. Se abre un nuevo escenario de enfrentamiento y grave crisis política.\nEl TC está llamado a ser el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.\nPero este tribunal, última instancia jurídica, también es clave en la lucha contra la corrupción. En el TC está pendiente de resolverse un pedido de Keiko Fujimori -procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht- para que se anule su prisión preventiva. Una actual magistrada del TC ha denunciado que le ofrecieron continuar en el Tribunal si votaba a favor de la libertad de la jefa del fujimorismo. Los fujimoristas presionan, pero no tienen la seguridad de ganar la libertad de Keiko en el actual TC. Si no lo consigue, podrían presentar una nueva solicitud en ese sentido para que resuelva el nuevo tribunal conformado a su medida. Y también se vendrían para ese nuevo TC pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso una solicitud para liberar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.\nEn medio de esta guerra de poderes, al presidente Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones. Para el fujimorismo y sus aliados era clave bloquear el adelanto de elecciones porque eso habría significado perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria, desde la cual actúa para blindar a sus dirigentes acusados por corrupción. Eso ya lo consiguieron. Ahora van por más.\nComo trasfondo de esta lucha de poderes está una ciudadanía indignada contra una clase política envuelta por los escándalos de corrupción. Una ciudadanía que exige “que se vayan todos” y que dirige su bronca principalmente contra el Congreso. Horas después de conocido el cajoneo del proyecto de adelanto de elecciones, manifestantes se movilizaron en rechazo a esa decisión del Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, mientras el Congreso que archivó esa posibilidad tiene una aceptación de apenas el ocho por ciento. Se anuncian nuevas marchas de protesta para el lunes, día clave en el que el fujimorismo pretende elegir un Tribunal Constitucional a su medida, un objetivo central para sus intereses de ganar poder e impunidad, y arrinconar al presidente Vizcarra.\nJueves, 26 Septiembre 2019 16:59\nLos pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.\nLa Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.\nA la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.\nLuego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.\nLas líneas de investigación\nEl caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:\n“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;\n“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;\n“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,\n“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.\nEl Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.\nDado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.\nLa fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.\nAdemás de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.\nLa Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.\nHasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.\nLa búsqueda de los cuerpos\nLos hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.\nNo se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.\nEl proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.\nPor los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.\nLa relación de la Fiscalía y la JEP\nLa Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.\nPor ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.\nEl Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.\nLa JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.\nEl paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.\nEl holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.\nHasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).\nHasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.\nAnte este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.\nEl Pacto del Silencio, 2018\nJueves, 26 Septiembre 2019 16:39\n02-03-2021 Hits:23 Edición Nº276 Equipo desdeabajo\n02-03-2021 Hits:28 Edición Nº276 Equipo desdeabajo\n01-03-2021 Hits:66 Edición Nº276 Philip Potdevin*\n01-03-2021 Hits:38 Edición Nº276 Carlos Iván Pacheco Sánchez\n01-03-2021 Hits:32 Edición Nº276 Pedro Miguel Tapia\n01-03-2021 Hits:32 Edición Nº276 César Alejandro Osorio Moreno\n28-02-2021 Hits:51 Edición Nº276 Mauricio Torres-Tovar\n26-02-2021 Hits:91 Edición Nº276 Edwin Cruz Rodríguez\n26-02-2021 Hits:97 Edición Nº276 Aníbal Vázquez


Estados Unidos vuelve a incluir a Perú en su lista de vigilancia sobre propiedad intelectual | Hiperderecho\nEl mes pasado se publicó una nueva edición del Reporte Especial 301 elaborado por la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos. El documento contiene una lista de países cuyas políticas en materia de propiedad intelectual son consideradas problemáticas por Estados Unidos. Al igual que otros años, esta lista ha vuelto a incluir a Perú dentro del grupo de países bajo observación junto a otros estados como Colombia, Brazil, Canadá y México.\nEn particular, sobre la situación en Perú el reporte señala:\nPerú permanece en la lista de vigilancia en el 2014. Estados Unidos sigue preocupado por la amplia disponibilidad de productos falsificados y pirateados en Perú. Estados Unidos urge a Perú a destinar recursos adicionales para el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, mejorar la coordinación entre las agencias estatales llamados a hacerlos cumplir, mejorar sus controles fronterizos, y fortalecer su sistema judicial. Estados Unidos alienta a Perú para coordinar la ejecución y llevar a cabo acciones judiciales en virtud de la ley que criminaliza la venta de medicamentos falsificados.\nAdicionalmente, Estados Unidos señala en su reporte que resulta necesario que Perú adopte las medidas necesarias “para cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos y Perú Promoción del Comercio con respecto a la prevención del consumo de gobierno de software sin licencia“ y también las relacionadas con “la protección contra la piratería a través de Internet, que sigue siendo un problema creciente”. Finalmente, señala:\nLos Estados Unidos espera con interés continuar trabajando con Perú para abordar estas y otras cuestiones, entre ellas a través de las negociaciones del TPP .\nEs decir, el Reporte 301 menciona específicamente al de Asociación Transpacífico (TPP) como uno de los mecanismos que pretende usar Estados Unidos para promover la adecuada y efectiva protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de sus nacionales. Ello significa un reconocimiento de parte de Estados Unidos por cambiar partes de la política de propiedad intelectual nacional a través de las negociaciones secretas del TPP.\nPerú ha aparecido sistemáticamente como un país bajo observación desde 1990. El reporte lleva la firma del embajador Michael Froman, quien en febrero de 2014 visitó nuestro país para reunirse con el presidente Humala y la ministra Silva a propósito del quinto aniversario de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos.\nEl Reporte Especial 301 ha sido duramente criticado en los últimos años por ser un mecanismo extra oficial de presión de Estados Unidos hacia los demás países por fuera de los canales oficiales de la Organización Mundial del Comercio. Importantes organizaciones de la sociedad civil como Public Citizen, han criticado el Reporte Especial 301 porque consideran que sus comentarios desconocen la soberanía nacional para definir materias sensibles a su población como el acceso a la salud y los medicamentos.\nDescarga: Special Report 301 (PDF, 63 páginas)\nConversatorio sobre Libertad de Expresión en Internet\nPingback: Estados Unidos vuelve a incluir a Perú en su lista de vigilancia sobre propiedad intelectual


Cocina Gallega: La comida es sagrada - Manuel Corral Vide - Opiniones Crónicas de la Emigración\n13:36 h. Domingo, 17 de enero de 2021\nCocina Gallega: La comida es sagrada\nManuel Corral Vide | 05 de agosto de 2019\nLa comida es sagrada, decían nuestras abuelas, en sentido literal. Sucede que en nuestra Galicia rural pocas ocasiones había para salir de la dieta habitual si no era en fechas con ‘olor de santidad’. Fiestas patronales, Semana Santa, Navidad, bautismos, casamientos o funerales. Casi siempre lo festivo relacionado con la religión, el cura párroco presente en los banquetes, y destinatario de los mejores manjares. Hemos de suponer, decía Álvaro Cunqueiro, que las grandes abadías, Oseira o Sobrado, Samos o Celanova, tenían en sus cocinas recetas de otras, de su misma orden o no, españolas o francesas. Pero, ¿sabremos algún día cómo comía los capones de sus foros el obispo don Lourenzo de Orense en el año 1230? ¿Sabremos cómo le aderezaban al rey Alfonso X el salmón que quería comer por Pascua Florida? Sin duda sabemos poco, todavía, sobre lo que se comía en la Galicia antigua y medieval.\nPero, ya imaginando, podríamos decir que, tal vez, los precursores de la moderna industria de la hotelería y la restauración hayan sido los monasterios que recibían, alojaban, curaban y alimentaban a los peregrinos que recorrían los peligrosos caminos europeos buscando el perdón de sus pecados, o allanar el viaje al purgatorio.\nDesde que Gregorio IX proclamó en 1240 indulgencia plena para quienes llegaran hasta Roma, y rezaran en las basílicas de San Pedro y San Pablo, mecas del cristianismo junto con el Santo Sepulcro en Jerusalén. Con la caída de San Juan de Acre en 1291, los pasos de los penitentes se dirigen definitivamente a Santiago de Compostela, provocando ese incesante trajinar de miles de personas por aquellos ‘caminos de Dios’ cambios profundos en los hábitos alimenticios, y popularizando las cocinas de monasterios y conventos donde monjes, monjas y seglares hacían maravillas en los fogones e incorporaban nuevas recetas que viajaban en la memoria de los viajeros.\nSe atribuye a Santa Teresa de Jesús, la frase “la cocina española, la de hoy y la de ayer, siempre tiene a Dios entre las ollas”. Y me consta que las cruces e invocaciones religiosas estaban siempre presentes a la hora de amasar, elaborar la zorza, montar la nata, hornear el pan o sentarse a la mesa, donde dejar caer el pan también era pecado. Hasta los tiempos de cocción se medían pensando en “lo que tarda un ave maría o un padrenuestro”.\nDionisio Pérez dejó constancia en su ‘Guía del buen comer español’, de los tratados gastronómicos que escribían los monjes cocineros, por ejemplo, ‘El libro de cocinación’ que usaban los cocineros de la orden de capuchinos, una de cuyas copias manuscritas, de 1740, fue encontrada por el archivero Rafael Picardo en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz. En el ‘Libro de las grandezas y cosas memorables de España’, Pedro de Medina describe la gastronomía conventual, al servicio de las gentes que se acercaban a monasterios, abadías y conventos para alimentarse: “da el monasterio cada día mil quinientas raciones. Gástanse cada año diez o doce mil fanegas de trigo; de vino, casi veinte mil arrobas; siete mil cabezas de todo ganado, a saber: vacas, carneros y puercos, y además terneras, cabrillos, gallinas y otras aves en enorme cantidad”.\nHasta en la industria láctea de nuestra tierra están presentes los gruesos muros sagrados. Plinio comenta, ya en el siglo I de nuestra era, que en la Gallaecia elaboraban unos sabrosos quesos que llama ‘mamulas lactem’, mamillas de leche. Sin embargo, buscando el origen de nuestro emblemático queso de tetilla, la mayoría asegura que comenzó su elaboración en el siglo XI, en un convento de monjas; no faltan los que imaginan un molde del pecho de la madre superiora como modelo para otorgarle su forma característica. En fin, que las religiosas de Jerez de la Frontera crearon su ‘tocinillo del cielo’ utilizando las yemas que desechaban los bodegueros, y nadie hizo referencia a alguna parte de su anatomía. Pero esa es otra historia.\nSe me ocurre ahora, que tal vez la mayoría de los emigrantes, tan consustanciados con la idea de hospitalidad como deber de “buen cristiano”, hayan llegado a los distintos países de acogida predispuestos a iniciarse en el rubro gastronómico sin tener antecedentes en el rubro. Se trataba, en definitiva, en seguir el ejemplo de los ‘buenos siervos’ que tanto apreciaba el conde de Andrade, los demás nobles, clérigos, grandes señores y caciques de variada calaña; pero en libertad y para provecho propio, pensando en forjarse un mejor futuro para ellos, sus hijos y sus nietos ‘in secula seculorum’, desde la cocina, el mostrador o el salón de bares o restaurantes.\nAbadejo guisado con garbanzos.\nIngredientes: 1 kilo de abadejo fresco, 500 gramos de garbanzos cocidos, ½ pimiento rojo, 300 gramos de repollo cocido, 1 litro de caldo de pescado, 1 cebolla, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo, 1 puerro, 3 tomates, 2 huevos cocidos, pimentón, sal, pimienta, aceite de oliva y perejil picado.\nPreparación: Lavar en agua corriente los garbanzos, y reservar. Cortar el pescado en trozos de 5 centímetros. Rehogar en un poco de aceite de oliva la cebolla, los ajos, las zanahorias, el ajo puerro y el pimiento, todo bien picadito. Añadir el repollo en trozos pequeños, los tomates en cubos, damos unas vueltas, e incorporamos el caldo caliente. Sazonamos. Cocer 20 minutos con olla tapada. Echamos el pescado, los garbanzos, y cocinamos a fuego medio otros 20 minutos. Dejamos reposar 5 minutos y disponemos en los platos adornando con huevo rallado y perejil picado.


SORPRENDENTE: LOS EFECTOS DE LAS EMOCIONES Y PENSAMIENTOS NEGATIVOS EN NUESTRO CUERPO | Me curo en Salud\nLas palpitaciones, problemas para dormir y sentirse mareado, también pueden ser el resultado que situaciones que alteran tus emociones y provocan pensamientos negativos por períodos prolongados.\nHay quienes consideran que ciertas partes del cuerpo se relacionan con sentimientos específicos. Por ejemplo, el dolor de cuello puede asociarse a la terquedad que asumimos ante ciertos problemas, mientras que el dolor en los codos depende de resistirnos a nuevas experiencias y el dolor en la cadera es culpa del miedo a seguir un camino distinto en la vida. Sin embargo, es importante señalar que en la mayoría de los casos es necesario consultar a un médico, más allá de que el dolor tenga que ver con las emociones negativas.\nSi te sientes deprimido o frustrado es difícil hacer un seguimiento a los dolores que sentimos, pero es necesario hacerlo. Trata de determinar si aparecen en los momentos de mayor estrés o si se mantienen por períodos prolongados. Existen condiciones más serías como la presión arterial alta y dolores de pecho que deben ser tratados por un médico ya que podrían derivar en problemas que pueden atentar contra nuestra vida como ataques al corazón.\n¿Cómo podemos lidiar con los pensamientos negativos?\nExisten algunas formas con las que puedes lidiar tú mismo con estos problemas. En primer lugar debes admitir que estas experimentando emociones negativas y que estas teniendo pensamientos negativos. Esto debes hablarlo con alguien que esté dispuesto a escucharte y ayudarte a dirigirte hacia un camino más positivo.\nLuego debes poner en práctica métodos de relajación como la meditación, yoga o realizar algunos ejercicios diarios que te permitan lidiar con los sentimientos negativos. En los momentos más estresantes del día debes ser capaz de aplicar algún método para relajarte, colocar los asuntos en su real perspectiva y superar con mayor facilidad el desencadenante del estrés.\nFinalmente debes cuidar de ti mismo. Ejecuta una rutina que garantice buenos hábitos de higiene. Esto aumenta tu confianza ya que te sientes limpio y energizado. Come saludablemente y evita sustancias que no benefician a tu organismo como drogas y alcohol.\nLos pensamientos y emociones negativas tienen un impacto sorprendente en la salud física. Debido a que generan situaciones más peligrosas que depresión o frustración, es fundamental lidiar con estos pensamientos y sentimientos de una manera positiva, para mantener tu salud en un nivel óptimo.