Uploaded by scri2014007\nDerecho Penal, Derecho penitenciario, Chile, tratamiento\nsaveSave El Tratamiento Penitenciario en Chile For Later\nDELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA.docx\nEl tratamiento penitenciario en Chile.\nEspecial atencin a problemas de constitucionalidad\nRal Carnevali R. - Francisco Maldonado F.\nESPECIAL ATENCIN A PROBLEMAS DE\nRal Carnevali R.**\nFrancisco Maldonado F.***\nValorar el tratamiento penitenciario dispuesto en una determinada sociedad\nen la ejecucin de condenas privativas de libertad no es una tarea sencilla. Por\nde pronto, conlleva la necesidad de analizar el papel que cumple dicha labor\nen el conjunto de funciones confiadas a la pena, en sus objetivos y modalidades\nespecficas; es decir, la concreta orientacin preventivo especial de la que da\ncuenta. Asimismo, hace necesario revisar la forma como se encuentra recogido\nsu desarrollo a travs de las diversas fuentes normativas y, finalmente, la vigencia\nreal de dicho modelo en trminos prcticos.\nEn lo sucesivo procuraremos abordar todas estas cuestiones en forma sinttica, con el objeto de dar cuenta del estado actual que presentan estos problemas en el ordenamiento jurdico chileno, caracterizacin que nos permitir,\nfinalmente, esbozar algunas consideraciones crticas desde la perspectiva del\nDerecho Constitucional, que, en nuestro caso, dificultan concluir la vigencia\nreal de un verdadero estatuto jurdico del preso.\nLa nocin de tratamiento penitenciario se vincula directamente a las funciones que la pena puede servir en torno a objetivos de prevencin especial positiva. Es decir, simboliza la idea de que la ejecucin de la pena debe considerar\ninstancias cuyo objetivo concreto apunte a incorporar en el condenado diversas\nclases de contenidos principios, valores, hbitos, costumbres, habilidades,\nColaboracin recibida el 05 de agosto de 2013 y aprobada el 23 de agosto de 2013.\nDoctor en Derecho, Profesor Titular de Derecho Penal y Director del Centro de Estudios de Derecho\nPenal de la Universidad de Talca. Correo electrnico: rcarnevali@utalca.cl.\nDoctor en Derecho, Profesor Asistente de Derecho Penal y Subdirector del Centro de Estudios de\nDerecho Penal de la Universidad de Talca. Correo electrnico: frmaldonado@utalca.cl.\n2013, pp. 385 - 418\ncompetencias, conocimientos, etc., cuya asuncin contribuye a disminuir el\nriesgo de reiteracin delictiva1. Comnmente dichos contenidos aparecen asociados a la neutralizacin de condicionantes personales que son consideradas\ncomo un factor de riesgo respecto de la comisin futura de delitos, identificndose, a la vez, por oposicin, con condiciones o factores de sociabilidad. Se\ntrata, en sntesis, de la consideracin de tareas y acciones que buscan lograr\nun aprendizaje orientado a convivir en sociedad, en particular, respecto a los\nlmites que ello impone para el actuar individual.\nAhora bien, la consideracin del tratamiento y la propia orientacin preventivo especial del sistema penitenciario de una determinada sociedad pueden\nasumir caracteres variables, conforme al papel que sea definido para dichas\nfinalidades en el entramado de objetivos confiados al sistema penal. A este\nrespecto, suele primar en la actualidad la idea de que las funciones preventivo\nespeciales deben caracterizar la intervencin penal en la fase de ejecucin de\nla pena, siendo preferidas respecto de los fines preventivo generales en dicha\ninstancia y operando siempre bajo el lmite de la culpabilidad. Dicho esquema\nlleva a que se sostenga en forma distendida que la ejecucin de la pena se\norienta o, ms bien, debe orientarse a la reintegracin social del condenado,\nes decir, a la prevencin especial positiva2. De esta forma, se trata de un objetivo que no cumple papel alguno a efectos de fundamentar la pena, pues no\ndetermina el s ni el quantum de la misma en forma principal, sino que influye\nen ella en la medida en que constituye un objetivo deseable en cuanto su\nsatisfaccin ofrece una mejor probabilidad de cumplimiento de los fines generales que persigue el sistema.\nLa conceptualizacin de la ejecucin penitenciaria, bajo dicho paradigma,\nlleva naturalmente a la nocin de progresin, definindose la administracin\ndel encierro como un camino que debe dirigirse, paulatinamente, a la recuperacin de la libertad a partir de la asuncin de determinados niveles, donde\nse mezclan en forma ascendente razones de mrito con la disminucin de la\nnecesidad preventiva de que el condenado permanezca al margen de la sociedad. El encierro total se sustituye, entonces, en forma escalonada por el acceso\na un sistema de beneficios que se encuentran asociados a la recuperacin\nde espacios de libertad y que son alcanzados por el condenado a partir de\nla satisfaccin de objetivos que evidencian el aprovechamiento (material) de\nSilva Snchez, Jess M., Aproximacin al Derecho Penal Contemporneo, Editorial J.M. Bosch,\nBarcelona, 1992, pp.28-29.\nPor todos, Roxin, Claus, Derecho Penal: Parte General, Fundamentos. La estructura de la teora\ndel delito, (trad. Luzn/Daz/de Vicente), Editorial Civitas, Madrid, 1997, pp.95 y ss.; Roxin, Claus,\nSentido y lmites de la pena estatal, en Problemas Bsicos de Derecho Penal (trad. Luzn), Editorial\nREUS, Madrid, 1976, pp.20 y ss.\nlas instancias de tratamiento, ofreciendo con ello una menor probabilidad de\nrecada en el delito.\nConviene destacar que en la gnesis de dicha conceptualizacin han sido\ndeterminantes dos ideas que a estas alturas parecieran ampliamente asentadas.\nPor un lado, el reconocimiento de que la ejecucin penal produce efectos\ncontraproducentes para la socializacin del condenado y, en segundo lugar, la\ncomprensin del tratamiento obligatorio como un gravamen adicional a los\ncontenidos del castigo que, a su vez, atenta contra la autonoma del individuo3.\nLa toma de conciencia acerca de que la pena desocializa ha obligado a que\nlos sistemas penales consideren instancias destinadas a minimizar los efectos\nsociales dainos del castigo, lo que influye decisivamente en la configuracin\ndel sistema de condenas, en las instancias propias de la determinacin de las\npenas. Es as, que en su administracin y con ello en las particularidades del\ntratamiento y en la denominada fase post-penitenciaria, conforman aplicaciones que adems de estar orientadas a la mejor satisfaccin de los fines del\nmodelo, se fundan en una especie de deber moral que pesa sobre la propia\nadministracin, en cuanto han sido sus propias decisiones las que, en definitiva,\nmotivan un incremento en las probabilidades de recada del condenado.\nConforme con ello, los objetivos preventivo especiales positivos pasan a\noperar en trminos limitativos, tomando la forma de una restriccin del castigo. Pero tambin, se transforma la obligatoriedad de sus contenidos en una\nverdadera oferta de participacin obligatoria para el Estado que apela, por\nsus mritos de forma directa o, finalmente, a travs de incentivos, a la asuncin\nde parte del condenado de la conveniencia en su utilizacin, de cara a la obtencin de mejores posibilidades de reinsercin y, por ende, de recuperacin\nde la libertad4.\nA dichos efectos, los sistemas penales en la actualidad suelen incorporar\nmecanismos orientados a evitar la aplicacin de condenas de corta duracin\nmediante el recurso a dinmicas de suspensin y condicionalidad de la ejecucin de las condenas; sistemas lo ms amplios posibles de sustitucin de\ncondenas privativas de libertad por aplicacin de penas llamadas alternativas al\nencierro y mecanismos que permitan trabajar con los efectos beneficiosos de la\nCon carcter general, Hassemer, Winfried; Muoz Conde, Francisco, Introduccin a la Criminologa\ny al Derecho Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp.153 y ss.; en particular, Muoz Conde, Francisco, La resocializacin del delincuente. Anlisis y crtica de un mito, en Estudios penales.\nLibro Homenaje al prof. Jos Anton Oneca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982,\npp.390 y ss. En Chile, por todos, Garrido Montt, Mario, Derecho Penal: Parte General, Tomo I, Editorial\nJurdica de Chile, Santiago, 1997, p.76.\nAl respecto, Bustos Ramrez, Juan; Hormazbal M., Hernn, Lecciones de Derecho Penal, Editorial\nTrotta, Madrid, 2006, pp.68-69.\nreparacin, como son las instancias conciliatorias o de mediacin5. Por otro\nlado, motiva la consideracin de instancias de acompaamiento del egreso de\nlos condenados orientadas directamente a su (re)insercin en el medio libre, destacando el asesoramiento profesional psicolgico para el proceso de adaptacin\ny restablecimiento de vnculos sociales, personales y familiares; de insercin o\napresto laboral, de formacin o educacin y, por ltimo, para la recuperacin de\nla plena ciudadana y posibilidades de participacin a travs de la eliminacin\nde antecedentes prontuariales6. El tratamiento ofrece indicativos determinantes\npara resolver la progresin en el rgimen de ejecucin de la pena, toda vez que\nla participacin del condenado en las instancias formativas es valorada como\nun antecedente favorable para el pronstico de sociabilidad.\n3. Marco normativo que regula la ejecucin de la pena privativa de\nChile y, en particular, del (as llamado) tratamiento penitenciario\n3.1. Conceptualizacin del tratamiento\npenitenciario en la reglamentacin vigente en Chile\nUn primer aspecto, muy relevante de destacar, se vincula con el hecho de\nque las definiciones legales vigentes en Chile no reconocen papel alguno al\ntratamiento penitenciario en la ejecucin de la pena privativa de libertad. La\nnica referencia que, de alguna manera, se podra entender vinculada al mismo\napunta en exclusiva a la obligacin que pesa sobre ciertos condenados de\nrealizar actividades laborales como parte del contenido de la respectiva pena.\nEllo se refleja en la distincin que realiza el legislador de la codificacin\nchilena, y que se encuentra expresado en el texto positivo del Cdigo Penal,\nentre las penas de reclusin y las de presidio, constituyendo esta ltima una\nAmbas modalidades se regulan en Chile en la actualidad a travs de un sistema de aplicacin de\nmedidas alternativas a la aplicacin o ejecucin de penas privativas de libertad contenidas, principalmente, en la Ley N18.216 que Establece Medidas como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas\nde Libertad, cuyas particularidades se detallan en el Reglamento respectivo (contenido en el Decreto\nSupremo N1.120, de 1984, del Ministerio de Justicia). Asimismo, el Cdigo Procesal Penal dispone\nde mecanismos de solucin de conflictos que impiden arribar a un juicio y una eventual condena. As\nsucede con la suspensin condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio.\nEn Chile el rgimen general de administracin de los antecedentes pertenecientes al prontuario\npenal de los individuos condenados se regula en el Decreto Ley N645 de 1932 que crea el Registro de\nCondenas. Las condiciones y modalidades asociadas a la eliminacin y omisin de dichos antecedentes\nen las certificaciones correspondientes se regulan en el Decreto Ley N409 de 1932, que dispone de\nun procedimiento para la eliminacin de antecedentes penales, y en el Decreto Supremo N64, de\n1960, del Ministerio de Justicia, denominado Reglamento sobre la Eliminacin de Prontuarios Penales, de Anotaciones y Otorga Certificados de Antecedentes. Asimismo, el Patronato Nacional de Reos\nDecreto Supremo N542 de 1943 del Ministerio de Justicia, tambin se encarga de prestar la necesaria\nproteccin moral y material de los condenados que gozan de libertad condicional, proporcionando\nmedios de trabajo y atencin social y educacional, entre otros.\nmodalidad ms grave de castigo precisamente en atencin a que conlleva el\ndeber del condenado de realizar actividades laborales obligatorias7. Los fundamentos tenidos en cuenta para regular su consideracin no se orientan, en\nmodo alguno, a la incidencia que puede tener el trabajo en las perspectivas de\nreinsercin del condenado, constituyendo ms bien una carga negativa de carcter meramente sancionatorio8. Se trata, nada ms que de una modalidad que\nagrava las condiciones del castigo y que, por lo mismo, se encuentra totalmente\ndesvinculada de cualquier orientacin de naturaleza preventivo especial.\nHay que tener en cuenta, adems, que por diversos motivos la distincin\nplanteada ha perdido hoy en da total vigencia y relevancia prctica9. Primero,\nporque la caracterizacin de las disposiciones correspondientes parecieran llevar a la conclusin de que todos los condenados deben trabajar10; y, segundo,\nporque no existen condiciones materiales en los recintos penales que permitan\nhacerlo en forma masiva. De ello se desprende, en la prctica, que la obligacin\nde ejercer actividades laborales, prevista como parte de la pena de presidio, e\nimplcita en la reclusin y prisin, haya cado en un total desuso, confirmndose\nas, la total neutralidad del texto legal respecto de los contenidos y caractersticas\nprincipales de la ejecucin de la privacin de libertad.\nDe lo recin expuesto, debemos concluir que la totalidad del rgimen penitenciario se encuentra regulado en un nivel normativo inferior, consagrado\na partir del ejercicio de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo. Dicho\nEn concreto, el art. 32 del Cdigo penal dispone que la pena de presidio sujeta al reo a los trabajos\nprescritos por los Reglamentos del respectivo establecimiento penal. Las de reclusin y prisin no\nle imponen trabajo alguno. Por su parte, el art. 88 del mismo Cdigo dispone que el producto del\ntrabajo de los condenados a presidio ser destinado: 1 A indemnizar al establecimiento de los gastos\nque ocasionen; 2 A proporcionarles alguna ventaja o alivio durante su detencin, si lo merecieren; 3\nA hacer efectiva la responsabilidad civil de aqullos proveniente del delito; 4 A formarles un fondo\nde reserva que se les entregar a su salida del establecimiento penal. Finalmente, la mayor gravedad\ndel presidio se puede corroborar en el hecho de que dichas sanciones ocupan un sitial ms elevado\nen las respectivas escalas penales, conforme dispone el artculo 21 del Cdigo Penal.\nPor todos, Cillero Bruol, Miguel, en Hernndez, Hctor; Couso, Jaime (Dir.), Cdigo Penal comentado: Parte General. Doctrina y Jurisprudencia, Editorial LegalPublishing, Santiago, 2011, p.486.\nPor todos, Cury Urza , Enrique, Derecho Penal: Parte General, Editorial Jurdica de Chile, Santiago,\nA este respecto, hay que tener en cuenta que el artculo 89 del Cdigo Penal dispone que los\ncondenados a reclusin y prisin son libres de ocuparse, en beneficio propio, en trabajos de su\neleccin, siempre que sean compatibles con la disciplina reglamentaria del establecimiento penal,\ndejando la impresin de que en dichos regmenes la ocupacin laboral es totalmente voluntaria. No\nobstante, la misma disposicin agrega que en caso que carecieren de medios necesarios para llenar\nlos compromisos asociados al pago de las consecuencias civiles del delito y de su manutencin en el\nestablecimiento penal o no tuvieren oficio o modo de vivir conocido y honesto quedarn sujetos\nforzosamente a los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas con su producto aquellas responsabilidades y procurarse la subsistencia.\nrgimen se contiene en un conjunto de instrumentos entre los que destaca el\nReglamento de Establecimientos Penitenciarios, cuyo texto vigente reformulado\npor ltima vez a fines del ao 2011 se contiene en el Decreto Supremo N518,\ndel ao 1998, del Ministerio de Justicia y que opera como cuerpo orgnico\nbasal o central de la temtica, equivalente a una ley general penitenciaria11.\nMs adelante nos haremos cargo de los serios cuestionamientos constitucionales\nque se manifiestan en este cuerpo normativo.\nConforme a dicho texto el fin de la actividad penitenciaria es dual, encontrndose orientada tanto a la satisfaccin de aspectos asociados al control del\nencierro custodia, asistencia y atencin de los internos como al desarrollo\nde la accin educativa necesaria para la reinsercin social de los sentenciados\na penas privativas de libertad12. Este ltimo objetivo evidencia desde ya la\nplena acogida que tiene la idea del tratamiento en las concepciones bsicas\ndel rgimen de ejecucin penitenciaria en Chile.\nConviene, en todo caso, aclarar que la expresin accin educativa no es\nutilizada en forma estricta, es decir, como sinnimo de actividades asociadas\na instruccin o formacin de carcter escolar. Se utiliza especficamente en\nreferencia al denominado proceso de reinsercin social, ofreciendo una conceptualizacin que implcitamente se enmarca en una perspectiva tradicional\ndel tratamiento, donde el condenado es comprendido como un individuo que\npadece dficits de formacin personal y que, por ello, requiere que la actuacin\npenitenciaria enfoque los esfuerzos vinculados a socializacin en acciones que\nson asumidas como parte de su educacin como persona. No obstante, pareciera que dicha conceptualizacin no supera el plano de lo formal, toda vez\nque el contenido concreto de la normativa que regula, en forma especfica, el\ndesarrollo del tratamiento penitenciario apuntara en otra direccin. En efecto, su\ncontenido parece ms bien concentrarse en el trabajo sobre perfiles de riesgo\nvinculando los objetivos de la reinsercin al tratamiento de las condicionantes\npersonales que son asumidas como factores crimingenos. Con ello se asigna\nal tratamiento un campo ms amplio de objetivos y una conceptualizacin que\nen trminos valorativos se muestra ms neutral.\nDecreto Supremo N518, Sobre Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, 1998. En: http://\nwww.leychile.cl/Navegar?idNorma=123280 [visitado el 27/06/2013]. Se trata de un cuerpo en el que\nse regulan prcticamente la totalidad de los contenidos generales. Este se desarrolla en siete ttulos\nsustanciales, uno preliminar que establece principios generales de la actividad penitenciaria, un ttulo\nprimero sobre los establecimientos penitenciarios, un ttulo segundo sobre el rgimen penitenciario,\nun ttulo tercero sobre los derechos y obligaciones de los internos, un ttulo cuarto referido al rgimen\ndisciplinario, un ttulo quinto sobre las actividades y acciones para la reinsercin social, y un ttulo\nsexto sobre la Administracin de los Establecimientos Penitenciarios.\nEn trminos similares se describen los objetivos especficos del rgimen penitenciario en el art. 24\ndel Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nEn este sentido, la normativa establece que el principio regulativo que debe\nguiar la organizacin de los establecimientos penitenciarios en esa materia\ncomprende actividades y acciones tendientes a la reinsercin social asociadas,\nasimismo, a la disminucin del compromiso delictivo de los condenados13,\nobjetivos que concurren para definir los caracteres del tratamiento en forma\ncopulativa. En efecto, el centro de la actividad asociada a la reinsercin social\nse enfoca a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la\nconducta delictiva () ejecutadas con el objeto de prepararlas para que, por\npropia voluntad, participen de la convivencia social respetando las normas que\nla regulan14, siendo concebida, por ello, como una actividad personalizada,\nprogresiva15 y voluntaria16.\n3.2. Modelo de desarrollo del tratamiento penitenciario\nLa conceptualizacin del tratamiento antes descrita lleva a la necesidad\nde que el modelo disponga de un conjunto de actividades cuya ejecucin es\nofrecida al condenado por la administracin, en donde la participacin en\nellas debiese ir orientada por una gua elaborada a partir de la evaluacin de\nlas necesidades concretas que cada interno presenta conforme a su perfil (de\nriesgo) concreto. Dicha oferta debe, asimismo, encontrarse dispuesta a partir\nde una modalidad o mtodo pre-definido, que d cuenta de una orientacin\ny objetivos precisos, cuyo resultado decante en una determinada frmula de\nsistematizacin u organizacin. Debe tambin, por idnticas razones, desarrollarse a travs de todas las etapas que comprende el rgimen penitenciario,\ndecantando, progresivamente, en aquellas que permitan la reincorporacin\npaulatina y controlada del condenado al medio libre.\nSin embargo, nada de esto pareciera estar recogido en nuestro modelo nacional por sobre el contenido que ofrecen las declaraciones formales de carcter\ngeneral. En efecto, no se explicitan definiciones respecto de las clases o tipos\nde actividades que formarn parte de la oferta, pues las existentes dispuestas,\nen general, en forma inorgnica no se encuentran asociadas al abordaje de\nmbitos especficos de desarrollo del individuo, ni se materializan a travs de\ndispositivos que acompaen la totalidad del rgimen de encierro. El carcter\nde dichas actividades, el tipo de oferta a la que obedecen, su pertenencia a un\nArt. 10 letra b) del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArt. 92 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArts. 93 y 107 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nConforme dispone el artculo 94 del Reglamento de establecimientos penitenciarios se propender\na que la persona privada de libertad participe en la programacin de estas actividades (), pudiendo\nsin embargo, rehusarse a esto ltimo sin que ello le reporte consecuencias disciplinarias.\nprograma o modelo especfico de intervencin, o los mbitos que abarcan sus\ncontenidos son cuestiones consideradas poco relevantes en la medida en que\nno son concebidas como parte de un modelo de intervencin predefinido, con\nobjetivos claros17. A este respecto, la normativa suele limitarse a consagrar\nreferencias genricas, casi de carcter nominal, cuya consideracin aparece\nestrictamente vinculada a la progresin concreta que puede experimentar la\nrecuperacin de la libertad en las instancias finales de la ejecucin de la condena.\nEs as que el grueso de la actividad de reinsercin y tratamiento aparece\nasociada en exclusiva a la regulacin de los permisos de salida del recinto,\ncuyo tratamiento da forma a un conjunto de alternativas que, progresivamente,\namplan las esferas en las que el condenado puede gozar de la libertad. Concebido en estos trminos, pasan, con razn, a constituirse como un beneficio\nque forma parte de forma nuclear de las actividades de reinsercin social18.\nDe esta manera, no son asumidos como una consecuencia del proceso de\ntratamiento, sino ms bien como instancias de prueba donde el desarrollo autnomo que presente el individuo, en relacin a su perfil de riesgo, determinar\nla caracterizacin concreta y el derrotero de su puesta en libertad. Con ello, el\ncontenido del tratamiento parece confiado prcticamente en exclusiva a los\nincentivos que ofrece el trmino del encierro, que opera en base a condiciones\npre-existentes y no a consecuencia de la actividad de la administracin.\nEsta vinculacin se confirma an ms si tenemos en cuenta que la regulacin\ntambin utiliza esta condicionante en la consagracin de un sistema de reduccin\nde condena basado en el comportamiento general demostrado por el condenado,\nA lo sumo, en determinadas instancias se valora la constatacin genrica de la disposicin a participar, ms que el contenido de aquello que ofrecen dichas actividades para el desarrollo personal\nArt. 96 del Reglamento de establecimientos penitenciarios: Los permisos de salida son beneficios\nque forman parte de las actividades de reinsercin social y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad. Dichos permisos de salida son los siguientes:\na) la salida espordica;\nLos permisos mencionados, ordenados segn la extensin de la salida, se inspiran en el carcter\nprogresivo del proceso de reinsercin social y se concedern de modo que slo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que impone el uso provechoso del que se conceda, permitir postular al\nsiguiente. El cumplimiento de los requisitos formales slo da derecho al interno a solicitar el permiso de\nsalida correspondiente, en tanto que su concesin depender, fundamentalmente, de las necesidades\nde reinsercin social del interno y de la evaluacin que se efecte respecto de su participacin en\nlas actividades para la reinsercin social que, con su colaboracin, se hayan determinado segn los\nrequerimientos especficos de atencin, de modo que pueda presumirse que respetar las normas que\nregulan el beneficio y no continuar su actividad delictiva.\nen el que el acercamiento al goce de la libertad opera como resorte exclusivo de\nla evaluacin de su desempeo cotidiano19. Se trata de un sistema que, en lo\nformal, apunta a premiar a los condenados que presenten un desarrollo sobresaliente con una reduccin de dos meses en la extensin de su condena, beneficio\nque se incrementa en un mes adicional una vez superado el cumplimiento de la\nmitad de la condena20. Opera a partir de una evaluacin anual21 realizada por\nuna Comisin ad-hoc de carcter interinstitucional incluye miembros del Poder\njudicial y de la administracin22, que debe obrar en base a criterios, ms bien\ngenricos, asociados al cumplimiento y participacin en actividades educativas,\nlaborales, de rehabilitacin y en aspectos asociados a su conducta.\nLa integralidad de dichos criterios pareciera ofrecer una dinmica acertada,\nen la que se comprenden componentes del desempeo cotidiano del interno con\nel desarrollo progresivo del rgimen23. No obstante, se trata de una estructura\nms bien terica, que da forma y presentacin a objetivos menos ambiciosos,\ncentrados en la perspectiva del control.\nAl respecto, hay que considerar, en primer lugar, que el acceso a dicho\nrgimen se encuentra limitado a una evaluacin previa donde se consideran\nslo aspectos asociados a la conducta institucional del interno24. En segundo\nLa Ley N19.856 crea este sistema, bajo el siguiente rtulo Sistema de Reinsercin Social de los\nCondenados sobre la Base de la Observacin de Buena Conducta. Dicha normativa se complementa\ncon el respectivo Reglamento contenido en el Decreto Supremo N685, de 2003, del Ministerio de\nArts. 2 y 3 de la Ley N19.856.\nArt. 12 de la Ley N19.856.\nArt. 10 de la Ley N19.856.\nEl texto del artculo 7 de la Ley N19.856 es de hecho bastante pretensioso a dichos efectos. Seala que Para calificar la disposicin a que se refiere el inciso precedente, se atender a los siguientes\nfactores: a) Estudio: la asistencia peridica del condenado a escuela, liceo o cursos existentes en la\nunidad penal, siempre que ello redundare en una objetiva superacin de su nivel educacional, va\nalfabetizacin o conclusin satisfactoria de los cursos correspondientes a enseanza bsica, media o\nsuperior, segn fuere el caso; b) Trabajo: la asistencia peridica del condenado a talleres o programas\nde capacitacin ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un\noficio o labor provechosa. Asimismo, tratndose de condenados que dominaren un oficio, el ejercicio\nregular de ste al interior del recinto penal, sea con fines lucrativos o benficos; c) Rehabilitacin: la\nvoluntad exhibida por el condenado, mediante el sometimiento a terapias clnicas, en orden a superar\ndependencias a drogas, alcohol u otros, en su caso; d) Conducta: espritu participativo, sentido de\nresponsabilidad en el comportamiento personal, tanto en la unidad penal como durante los traslados,\ny, en general, cualquier otro comportamiento que revelare la disposicin a que se refiere el inciso\nprimero. Agrega Asimismo, para los efectos de la calificacin de que trata esta ley, podr atenderse\nal nivel de integracin y apoyo familiar del condenado, si lo tuviere, y al nivel de adaptacin social\ndemostrado en uso de beneficios intrapenitenciarios.\nEn efecto, se reconoce el derecho de solicitar dicho beneficio slo a los condenados que en el rgimen ordinario hubiesen sido calificados con un comportamiento bueno o muy bueno (art. 12 de la\nLey N19.856.) y que no estuviere excluido por razones objetivas asociadas a la gravedad del delito\nlugar, la evaluacin de las actividades asociadas a tratamiento (adems de los\nproblemas ya apuntados, referidos a su falta de sistematicidad e intencionalidad predefinida acorde a un modelo de intervencin) se encuentran sujetas a\ndisponibilidad concreta que en trminos prcticos es escasa lo que motiva\nque ese mismo componente condicione en buena medida las opciones de cada\ninterno de participar en ellas. En sntesis, se vern beneficiados aquellos cuyo\nperfil de base lo permita, siendo escasos los efectos esperables de aquellos que\nrequieren efectivamente de un trabajo de cara a su reinsercin, respeto a los\ncuales el sistema pareciera renunciar de antemano. En tercer lugar, es altamente\nrelevante considerar que se incorpora una condicionante perversa en el modelo,\nque evidencia la ideologa implcita que lo motiva, asociada al hecho de que\nel beneficio reseado slo puede reclamarse una vez terminada la condena25,\npermaneciendo el beneficio (descuento) condicionado a la mantencin del\ncomportamiento sobresaliente durante la vigencia del rgimen26. De esta forma, lo realmente relevante para el legislador es que el interno mantenga un\ncomportamiento bsico adecuado en su desempeo cotidiano, objeto que es\nvalorado centralmente en este rgimen con total independencia de la utilidad\nque ello reporte para el desempeo futuro del individuo en sociedad.\nCon ello, el grueso de las definiciones correspondientes al papel que juega el\ntratamiento penitenciario durante la ejecucin efectiva del rgimen de encierro\nno parecen relevantes, en una modalidad que lleva al extremo el papel que cabe\na la voluntariedad en el desarrollo de las dinmicas asociadas a la reinsercin\ny que, por lo mismo, relaja en demasa las obligaciones que a este respecto\npesan sobre la propia administracin27. En este orden de ideas, pareciera que\nla baja disponibilidad de la oferta existente motiva un escaso reconocimiento\nde dichos contenidos en forma de una carga estatal, mostrndose ms bien\ncomo un objetivo programtico que debe mover los esfuerzos y la creatividad\nde quienes cumplen tareas directivas en la administracin de los centros.\nSobre estas bases generales procederemos a revisar las particularidades que\npresentan los mbitos asociados a esta conceptualizacin del tratamiento penitenciario en el modelo chileno, debiendo desde ya destacar el mayor nfasis\ncometido, de la pena impuesta o por presentar antecedentes negativos calificados (quebrantamiento de\ncondena, delinquimiento durante la condena, etc.), segn dispone el art. 17 de la Ley N19.856.\nArt. 4 de la Ley N19.856.\nArt. 8 de la Ley N19.856.\nA este respecto debemos destacar que la participacin en dichas actividades no se incluyen dentro\nde las obligaciones que pesan sobre los internos (art. 26 del Reglamento) salvo en lo que se refiere a la\nnecesidad de cumplir con las reglas de orden, disciplina y de relacin con los dems. Lo mismo aplica\na las necesidades vinculadas a los objetivos de seguridad. Lo dicho, en todo caso, se afecta indirectamente por el hecho de que el nivel de participacin es valorado de cara al acceso a los denominados\nbeneficios intrapenitenciarios (art. 110 letra c) del Reglamento de establecimientos penitenciarios).\nque la normativa concede formalmente y a nivel material a las actividades\nasociadas a la formacin y desarrollo laboral.\n3.3. Contenidos asociados al tratamiento penitenciario\na) Rgimen cotidiano\nLa vinculacin entre el rgimen de vida y el tratamiento o reinsercin se\nencuentra limitada al reconocimiento que le ofrece el sistema de rebaja de\npenas por buena conducta. Por sobre ello, carece de un desarrollo comn de\ncarcter sistemtico, evidenciando de este modo que las reglas de conducta son\nsolo concebidas a partir de las necesidades de aseguramiento y control propias\ndel rgimen institucionalizado. De hecho, la caracterizacin concreta de las\nreglas de orden o disciplina se establece slo en un nivel formal, delegndose\nsus contenidos materiales en el desarrollo que ofrezca cada establecimiento en\nparticular. Por excepcin, se mencionan algunos lmites genricos y mnimos,\ncomo el hecho de que el rgimen diario debe ser armonizado con el desarrollo de las actividades de tratamiento o reinsercin28 y que el horario que se\nfije debe considerar espacios destinados a actividades espirituales y fsicas, de\ntratamiento, formativas y culturales29. En relacin a los contenidos de dichas\nactividades, la reglamentacin se limita a establecer una declaracin vaga y\npoco vinculante para la administracin, por la que se declara la necesidad de\nque se desarrollen actividades recreativas, deportivas y culturales30.\nb) Formacin educacional\nPoco ms alentador se muestra el mbito relativo a la formacin educacional del interno, caracterizado a partir del reconocimiento en exclusiva del\ncarcter de derecho-deber que se atribuye a la educacin en la formacin de las\npersonas en el rgimen constitucional. En este sentido, se dispone la necesidad\nde que deba existir oferta de educacin bsica para quienes la requieran, siendo\nobligatorio para la administracin penitenciaria ofrecerla. La educacin media,\npor su parte, se dispone en trminos ms bien genricos y no como un derecho\ndel condenado, regulndose como parte de los mbitos que la administracin se\nlimita a slo incentivar. En iguales trminos, se regulan las dems actividades\nde formacin, en particular, la tcnica y tcnico-profesional31.\nArt. 29 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArt. 27 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArt. 95 del Reglamento de establecimientos penitenciarios: La Administracin Penitenciaria fomentar\nel desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales por parte de los internos.\nArt. 59 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nc) Formacin laboral y trabajo penitenciario\nMencin especial merece la sistematizacin ofrecida para el tratamiento de\nlas actividades laborales y remuneradas en general al interior de los recintos\npenitenciarios, lo que tambin se extiende a las actividades de formacin y\napresto asociadas al trabajo de los internos. Dichos mbitos han recibido mayor atencin y prioridad de parte de las autoridades, en atencin a que se les\natribuye una mayor potencialidad en la contribucin que produce en materia\nde reinsercin efectiva en particular respecto de su permanencia, como\ntambin por el hecho de que minimiza los efectos econmicos negativos que\nproduce el encierro para el infractor y su familia32. Esta priorizacin se expresa,\npor ejemplo, en la mayor atencin y detalle que alcanza su sistematizacin\nnormativa, que decanta en la dictacin de una reglamentacin especfica y\nespecial en un cuerpo normativo integrado dedicada a su tratamiento33, en\nla existencia de recintos especiales asociados a la ejecucin de actividades laborales Centros de Educacin y Trabajo, CET34, y en la consideracin formal\nde beneficios especiales para la poblacin que realice actividades laborales o\nafines a ellas. En efecto, y a pesar de que son mltiples las instancias posibles\nde valorar, reforzar e incentivar de cara a la reinsercin o como evidencia\no disposicin de nimo asociada a la misma es slo en relacin al trabajo\npenitenciario que prev la posibilidad de otorgar beneficios adicionales\nque pueden consistir en visitas adicionales de su familia en das y horarios\nespeciales, permisos de salida adicionales, extensin horaria de desencierro\npara desarrollar actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, y\npriorizacin en la obtencin de becas o acceso a actividades de capacitacin,\nformacin y/o educacionales35.\nEn efecto, el inciso segundo del art. 1 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010 dispone\nque las actividades reguladas en dicho cuerpo se orientan centralmente al objetivo de entregar herramientas que fomenten la integracin social del sujeto, de modo que el ejercicio de aqullas propenda\na su desarrollo econmico y al de su familia. Por su parte, el art. 9 dispone que la administracin\ndebe procurar generar las condiciones para que el desarrollo del trabajo penitenciario se dirija a que los\ninternos adquieran, conserven y perfeccionen sus destrezas, aptitudes y hbitos laborales, preparndolas as para el trabajo postpena, obtener un provecho econmico y fortalecer sus responsabilidades\nSe trata del nico cuerpo que de manera integral complementa la reglamentacin genrica que\ncontiene el Reglamento de establecimientos penitenciarios, estableciendo tal como lo indica su denominacin un verdadero estatuto laboral y de formacin para el trabajo penitenciario, contenido\nen el Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010, publicado el 14 de mayo de 2011.\nEl tratamiento de estos recintos lo desarrollaremos ms adelante, en la medida en que, a nivel\nmaterial, constituyen una puerta de entrada al sistema de beneficios, incluyendo contenidos que, en\ns mismos, anticipan la puesta en libertad.\nArt. 14 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nEl principio rector que gua el tratamiento del trabajo penitenciario emana\nde su concepcin como derecho del condenado, lo que se plasma especficamente en el reconocimiento de que el trabajador en la crcel detenta una\ncondicin jurdica anloga a la que se dispone en el medio libre, limitada, en\nexclusiva, por los efectos inevitables que genera el encierro36. De ah que se\nafirme, de forma ntida y reiterada, que las relaciones laborales que vinculan\na los internos con terceros, que operen como empleadores, se rigen por el derecho laboral comn, con excepciones mnimas asociadas fundamentalmente\na la incompatibilidad que presenta el ejercicio de derechos colectivos con la\nadministracin del rgimen penitenciario37. La organizacin del trabajo penitenciario se caracteriza por ello conforme a los mtodos, modalidades, jornadas\nde labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad que atendern\na las exigencias tcnicas y a las normas establecidas en la legislacin que rige\nel trabajo libre38.\nAdems de ello, completa dicha caracterizacin el reconocimiento formal\nde su carcter voluntario, proscribindose drsticamente cualquier tipo de\nactividad laboral asociada a castigo o sancin39. Se reconoce, as tambin, el\nque se trata de una actividad esencialmente remunerada40, como tambin el\nderecho de todo interno a participar en ello en igualdad de condiciones41.\nSi bien todas estas caractersticas aparecen configuradas bajo la perspectiva\nde los derechos, reciben limitaciones que llegan incluso a alterar radicalmente dicha calificacin. Al respecto, debemos destacar que la voluntariedad no\nparece limitada a nivel formal, afectndose slo indirectamente el contenido\nArt. 2 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010. Se reconoce, incluso, la plena vigencia\nde la normativa asociada a seguridad y proteccin de los trabajadores (art. 15) como tambin de la\nnormativa provisional (art. 17).\nArt. 4 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArt. 21 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010. En dicha disposicin se establece\nadems que: En especial, la Administracin organizar y planificar el trabajo de carcter productivo\nen las siguientes condiciones: a) La jornada de trabajo no podr exceder de la mxima legal. En el\ncaso de los internos condenados se cuidar que los horarios laborales permitan disponer de tiempo\nsuficiente para la ejecucin de las otras actividades contempladas en los planes de intervencin individual. b) Deber garantizar el descanso semanal a cada uno de los trabajadores. c) Velar porque\nla retribucin sea conforme al rendimiento, categora laboral y clase de actividad desempeada. d)\nCuidar que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de\nsus restantes obligaciones, disponiendo el interno del remanente de acuerdo a lo dispuesto en este\nArt. 8 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArt. 13 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArt. 1 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010. La comprensin del trabajo penitenciario como un derecho del interno se refuerza por el hecho de que se reconoce su titularidad incluso\na quienes se encuentran privados de libertad por aplicacin de la prisin preventiva (arts. 18 y 19).\nremuneratorio mediante restricciones del todo razonables, a nuestro juicio a\nlas facultades de disposicin del producto del trabajo. El principio general a\neste respecto apunta a la necesidad de solventar las necesidades y obligaciones bsicas del interno, asociadas a las cargas de familia y las que derivan de\nla comisin del delito, incentivndose, por sobre ello, una poltica de ahorro,\norientada, igualmente, a facilitar un mejor proceso de reinsercin presente\ncomo competencia o habilidad til y futura42.\nPeor suerte tiene, sin embargo, el reconocimiento de la igualdad de acceso\nal trabajo penitenciario, lo que puede resultar determinante por las incidencias\nque ste tiene en la progresin del rgimen. Si bien se formaliza el reconocimiento de dicha facultad, lo que resulta valorable, extensivo incluso a la clase\no tipo de trabajo y a su coherencia respecto del plan de tratamiento individual\ndel interno, tambin se formalizan una serie de limitaciones asociadas a condiciones que, fundamentalmente, apuntan a la disponibilidad o existencia de\noferta presente en cada recinto43 definidos como factores tcnicos, econmicos o de infraestructura44 afectndose el acceso por razones meramente\ncontingentes. En este contexto, el deber de la administracin de disponer de una\noferta de trabajo apta para satisfacer el derecho de cada interno de participar\nse transforma en una obligacin meramente promocional, asociada preferentemente al incentivo de iniciativas que permitan ampliar las plazas de trabajo\ndisponibles. Con ello, el reconocimiento del acceso al trabajo no pasa de ser\nms que una declaracin meramente formal.\nEstas limitaciones tambin se reconocen en el sistema previsto para regular\nla seleccin de postulantes para el trabajo penitenciario. Se trata de un mecanismo que formalmente se basa en el propio inters manifestado por los internos,\nregido por criterios asociados a la salud, antecedentes sociales, psicolgicos\ny que considera, evidentemente, el perfil requerido para el trabajo de que se\ntrate45. No obstante, en dichos criterios tambin se considera la evaluacin\nAl respecto, el art. 16 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010 dispone: El Jefe de\ncada establecimiento penitenciario y en especial, el Asistente Social, procurarn estimular al interno\npara que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, adems de sus propias necesidades en la\nprisin, las de su familia y sufragar los gastos que se generen una vez puesto en libertad. El Jefe o el\nAsistente Social de los establecimientos penitenciarios deber informar y asesorar a los trabajadores\nque realicen actividades independientes, cerca del sistema previsional, seguros, ahorros y otros, a los\nque puedan acogerse en forma voluntaria.\nArt. 8 inciso segundo del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArt. 9 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010. Paradojalmente, el art. 10 del mismo\ncuerpo normativo dispone que en cada establecimiento deben existir condiciones o espacios fsicos\npara el desarrollo del trabajo o de actividades de capacitacin o formacin laboral.\nEste procedimiento es diverso al que se desarrolla por parte de las empresas oferentes de trabajo de\ncara a la contratacin concreta, basado en un listado proporcionado por el rea tcnica respectiva.\nde la conducta y antecedentes criminolgicos del interno, referencias que\npermiten conceptualizar el acceso al trabajo, en la prctica, como una especie\nEn cuanto a las modalidades de desarrollo de las actividades asociadas al\ntrabajo el reglamento reconoce el ejercicio de labores independientes47, incluyendo la prestacin de servicios a personas externas al establecimiento48,\nla empleabilidad formal en obras y faenas administradas por privados al interior\nde los recintos, tareas asociadas al ornato y cocina49 y la actividad empresarial50. Las nicas limitaciones consagradas aparecen asociadas a la necesidad\nde que dichas actividades se coordinen con los programas de tratamiento y\nla poltica penitenciaria en general () con especial nfasis en los contenidos\ntcnicos (que ofrece) la capacitacin51.\nPor otro lado, es destacable que la regulacin de las actividades formativas\nasociadas al trabajo se ven favorecidas por el mismo nivel de desarrollo, inters\ny prioridad asignada al trabajo penitenciario en s mismo, en la medida en que\nse trata de una actividad que da cuenta de idnticos objetivos52. A este respecto, resalta tambin el que los convenios que vinculen al sector privado con\nel desarrollo de actividades laborales al interior de los recintos penitenciarios\nobligan a considerar una etapa inicial de formacin del interno, que lo prepare\npara el desarrollo de las tareas para las que es contratado53. El punto bajo, al\nigual que en el caso anterior, apunta al carcter que asumen los deberes de la\nadministracin a este respecto, en la medida en que slo aparecen vinculados\ny limitados a tareas de fomento o promocin, presentando por ello dficits\nimportantes en materia de exigibilidad54.\nComo aspecto positivo a este respecto se establece la prohibicin de considerar a dichos efectos la\nduracin de la condena o la naturaleza del delito cometido. Art. 18 inciso final del Decreto Supremo\nN943 de diciembre de 2010.\nArt. 63 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArts. 55 y ss. del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArts. 61 y ss. del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nSe prev, adems, de forma excepcional, la posibilidad de participar en actividades formales\nde empleo en el medio libre, administradas bajo modalidades asociadas a la concesin y goce de\npermisos o beneficios penitenciarios. A su tratamiento nos dedicaremos, por ello, en el apartado\nArt. 3 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nConforme al Art. 57 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010, La formacin para el\ntrabajo se encuentra destinada: a crear o preservar hbitos laborales y/o sociales en el trabajador,\nreforzando su identidad personal y prosocial.\nArts. 35 y ss. del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nArts. 57 inciso segundo y 59 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nd) Beneficios Intrapenitenciarios\nSegn hemos ya detallado, el acceso al rgimen de permisos o beneficios,\nen los trminos del Reglamento constituye el referente principal que orienta\nel tratamiento penitenciario en nuestro sistema55. De ah que hubiese sido\nesperable que decantaran en l las diversas instancias presentes en la ejecucin\npenitenciaria asociadas a la idea del tratamiento, que inciden en factores crimingenos. Sin embargo, nuestra administracin se inclina por una consideracin\nbastante atenuada del impacto de dichas actividades en el desarrollo progresivo\ndel rgimen. Si bien a nivel formal se declara que dicha escisin busca evitar\nla instrumentalizacin de los beneficios para alcanzar la libertad56, parece\nevidente el que tambin se ve influida por la escasa oferta y atencin existente\na dicho respecto, conforme a las particularidades que hemos detallado, confindose, en definitiva, la progresin a la caracterizacin que adopta el perfil\nindividual de cada interno, cualquiera sea la causa que lleve a configurarlo en\ntrminos positivos o negativos.\nEn este sentido, se determina que la progresin depende en forma especfica\nde una evaluacin positiva acerca de que el individuo no continuar ejecutando\nactividades delictivas y cumplir con las normas que regulan el beneficio de que\nse trate, la que se deber basar, tanto en la apreciacin de la participacin del\ninterno en las actividades previamente determinadas57, como en otros tpicos\nadicionales cuya consideracin es valorada en igual o mayor medida.\nDe esta forma, adems del comportamiento desplegado por el interno en\nsu desempeo cotidiano que tambin expresa aspectos de mrito58 y del\nLas denominadas salidas espordicas constituyen una excepcin, en cuanto sus presupuestos y\nobjetivos aparecen ms bien vinculados a hechos puntuales que justifican una breve excepcin al\nrgimen de privacin de libertad, regulados en los arts. 100 y ss. del Reglamento de establecimientos\npenitenciarios. Se trata por ello de un beneficio o permiso ajeno a las perspectivas del tratamiento y\nde la progresin del rgimen.\nLo confirma el hecho de que uno de los objetivos declarados de este proceso apunte a evitar. Ver\nart. 97 inciso segundo del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArts. 96 y 110 letra c) del Reglamento de establecimientos penitenciarios. Esta evaluacin es, en\ntodo caso, casi marginal en la medida en que el propio texto del Reglamento les da forma de manera\ngenrica. En concreto, en el artculo 110 letras b) y c) del Reglamento se dispone que el interno debe\ntener certificacin educacional superior a la oferta que presenta el recinto o, en su caso, demostrar con\ndocumentos o certificaciones haber asistido y con provecho a dichas instancias. Requiere, adems,\nhaber participado en las actividades que ofrece el centro, definicin que deja abierto el mbito al cual\nellas se encuentra referidas mencionando por va ejemplar, la capacitacin, el trabajo, la recreacin\ny las actividades culturales.\nConforme dispone el art. 110 letra a) del Reglamento de establecimientos penitenciarios el acceso a\ncualquier beneficio se encuentra limitado a quienes hayan presentado muy buena conducta en los tres\nbimestres anteriores a la postulacin y no tengan en los periodos anteriores infracciones consideradas\ngraves (art. 78 del Reglamento de establecimientos penitenciarios).\nacatamiento de un conjunto de requisitos objetivos formales de carcter bsico,\nfundamentalmente plazos de cumplimiento objetivo del encierro o de otros beneficios, se debe considerar una evaluacin acerca de las concretas necesidades\ny posibilidades de reinsercin que presente el interno, analizadas acorde a las\ncaractersticas personales y sociales que ofrezca en trminos reales, con total\nindependencia de las acciones que pudiese haber desplegado o de sus mritos.\nEn efecto, los fines de dicha evaluacin apuntan a determinar el grado de adhesin que muestra el condenado en materia de autorresponsabilidad y conciencia\nde delito; su disposicin futura respetuosa de las normas de convivencia y a las\nposibilidades que tiene de contar en el medio libre con herramientas o recursos\nfamiliares, pblicos o de la red social que le brinden apoyo o asistencia59-60,\nconfindose su evaluacin en una instancia tcnica de carcter psicosocial.\nA todo ello debemos agregar el que la concesin de los beneficios y su propia progresin depende de una decisin que ha sido definida como discrecional, constituyendo un acto potestativo que puede perfectamente desvincularse de\nla orientacin tcnica respectiva61. Las referencias que rigen la discrecionalidad\nde la decisin apuntan a considerar criterios genricos, como los indicados en\nel art. 109 del Reglamento: los delitos que se le imputaren y el carcter de los\nmismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto\na alguna medida cautelar personal y la existencia de condenas anteriores cuyo\ncumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos\nde que trataren. Lo anterior se complementa en forma amplia y abierta con\ncualquier referencia relativa a la confiabilidad del beneficiario que permitan\npresumir que no quebrantar su condena, como indica el mismo art. 109.\nTodo ello afecta, sensiblemente, la transparencia del proceso y la objetividad\nde la decisin, lo que, adems, refuerza la falta de objetividad que pareciera\nregir a aqul62.\nAhora bien, las condicionantes asociadas al cumplimiento satisfactorio de\nlos permisos previos concedidos pasan tambin a ocupar un papel central en\nArts. 97 y 110 letra d) del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nAl respecto, conviene tener presente que si bien los dos primeros objetivos mencionados aparecen\nasociados especficamente a los objetivos u orientaciones determinantes de los planes y programas\nde reinsercin (art. 97 inciso segundo del Reglamento de establecimientos penitenciarios) resulta\nindiferente que la valoracin positiva o negativa provenga del aprovechamiento de dicha oferta o de\nuna condicionante alternativa, aprecindose los parmetros de referencia como un resultado objetivo,\ntotalmente desvinculado de las razones que han influido en su configuracin.\nEsta opera en exclusiva como un requisito habilitante de la decisin administrativa que, en definitiva,\nes la que resuelve la progresin. Art. 98 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nSe refuerza an ms si tenemos en cuenta que la propia evaluacin tcnica se adopta en un contexto\nque la normativa regula en trminos reservados (art. 98 inciso final del Reglamento de establecimientos\nel desarrollo de la progresin, constituyendo a su vez un indicativo respecto\nde los ndices de sociabilidad del condenado de cara a la concesin de niveles\nsuperiores de beneficios63. De esta forma, su evaluacin no slo determina la\npermanencia de su concesin y disfrute que tambin depende de la mantencin de las condiciones y evaluaciones que incluyeron en su otorgamiento64,\nsino que influye igualmente en el acceso a aquellos que acercan al individuo\na la plena libertad65. A este respecto, y al igual que en el caso anterior, no se\ndetalla en la reglamentacin el contenido ni mbitos que deben ser abarcados\npor las actividades de cumplimiento de los respectivos beneficios, en confirmacin del carcter subjetivo y discrecional que los caracteriza en el texto del\nEn lo concreto, la progresin del rgimen se inicia con el acceso al rgimen\nde salida dominical, extensivo a un mximo de 15 horas de dicho da, para cada\nsemana. El acceso a dicho beneficio puede tener lugar en el ltimo ao previo\na que el interno cumpla con las exigencias de tiempo de privacin de libertad\nefectiva, es decir, 12 meses antes de que pueda solicitar el rgimen de libertad\ncondicional. El condenado debe satisfacer dicho rgimen en forma efectiva por\nun periodo no inferior a los tres meses para estar en condiciones de solicitar\nel permiso de salida de fin de semana, cuya vigencia mxima se fija entre las\n18 horas del da viernes hasta las 22 horas del da domingo de cada semana.\nDicho rgimen se puede complementar, desde los 6 meses anteriores a la fecha\nen que el condenado puede acceder al rgimen de libertad condicional, con un\npermiso de salida del recinto para los efectos de concurrir a establecimientos\nlaborales (de trabajo), de capacitacin laboral o educacional, a instituciones\nde rehabilitacin social o de orientacin personal. El permiso se extender\nsolo a lo necesario para participar en dichas actividades con un mximo de\n15 horas las que debern estar orientadas, en particular, a la insercin laboral\ndel condenado67, y deben dar cuenta documentada del aprovechamiento de\ntales actividades en funcin a dicho objetivo68.\nArt. 96 inciso segundo y 99 del Reglamento de establecimientos penitenciarios. Considerar, asimismo,\nque conforme dispone el art. 81 letra h) del Reglamento de establecimientos penitenciarios las faltas\nde los internos pueden ser sancionadas con la revocacin de permisos de salida.\nArt. 99 inciso segundo del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArt. 99 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nAl respecto, el art. 99 inciso tercero del Reglamento de establecimientos penitenciarios se limita a\nsealar que los internos deben ser informados individual o colectivamente, de las obligaciones que\ndeben cumplir tales como las limitaciones horarias, presentacin personal al regreso u otras que el\nArt. 105 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nArt. 106 del Reglamento de establecimientos penitenciarios.\nAdems de ello, la reglamentacin establece con carcter especial un\npermiso excepcional para fines de desempeo laboral69. Se trata de favorecer\ncon la posibilidad de salir durante el da a aquellas personas que no cumplen\ncon los requisitos para optar al permiso de salida controlada al medio libre\ny tengan derecho a postular a los dems beneficios intrapenitenciarios a los\nefectos de permitirles desarrollar trabajos en otros establecimientos penitenciarios, en recintos anexos a ellos o fuera de los mismos70.\nPues bien, el indicativo que ofrece la participacin en dichas instancias\npresenta una incidencia directa de cara a la resolucin de la concesin de la\nlibertad condicional, fase que cierra el desarrollo progresivo del rgimen71.\nDicha instancia se reconoce como derecho72 respecto de todo condenado\na penas privativas de libertad superiores a un ao que hubiere cumplido en\nforma efectiva ms de la mitad de su condena73, en la medida en que acredite\nconducta intachable, provecho escolar y competencia laboral74, valoracin\nque debe realizar una Comisin ad-hoc que funciona dos veces al ao integrada por jueces de diverso nivel con competencia penal75. La concesin\ndel beneficio conlleva obligaciones de carcter bsico para el condenado,\nArt. 11 del Decreto Supremo N943 de diciembre de 2010.\nDicha institucin se encuentra regulada en Chile en el Decreto Ley N321, de 1925, y en su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N2.442, de 1926, del Ministerio de Justicia. Un examen\ncrtico se puede encontrar en Seplveda Crerar, Eduardo; Seplveda Bazaes, Paulina, A 83 aos del establecimiento de la libertad condicional en Chile: un beneficio desaprovechado?, Revista de Estudios\nCriminolgicos y Penitenciarios, N13, 2008, p.85 y ss.\nArt. 1 del Decreto Ley N321 de 1925.\nDebemos mencionar que respecto de un conjunto de delitos los ms importantes y los que se\nconsideran de mayor connotacin social se consagra una exigencia de cumplimiento efectivo diversa.\nEn efecto, conforme dispone el art. 3 del Decreto Ley N321 de 1925: A los condenados por los\ndelitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violacin con homicidio, violacin de\npersona menor de catorce aos, infanticidio, el previsto en el artculo 411 quter del Cdigo Penal y\nelaboracin o trfico de estupefacientes, se les podr conceder el beneficio de la libertad condicional\ncuando hubieren cumplido dos tercios de la pena. A la inversa, en atencin a una presuncin de menor\ncompromiso o relevancia social se consagran tambin plazos ms breves respecto de los condenados\npor hurto o estafa a ms de seis aos quienes podrn obtener el mismo beneficio una vez cumplidos\ntres aos. Tratndose de condenas superiores a 20 aos y perpetuas se establece la posibilidad de\nacceder a dicho rgimen una vez cumplidos 20 aos de privacin efectiva de libertad. Por su parte, el\ndenominado presidio perpetuo calificado reservado para las hiptesis delictivas ms graves previstas en\nla legislacin permite el acceso recin despus de cumplidos 40 aos de encierro efectivo. Finalmente,\npueden postular en forma anticipada un semestre antes quienes hubieren mostrado comportamiento\nsobresaliente conforme dispone el rgimen previsto en la Ley N19.856.\nArt. 2 del Decreto Ley N321 de 1925.\nArts. 4 y 5 del Decreto Ley N321 de 1925. Tratndose de condenados a presidio perpetuo calificado\nla resolucin debe adoptarla la mayora de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, conforme\ndispone el art. 32 bis del Cdigo Penal.\nreferidas a residencia, cumplimiento de actividades de escolaridad o laborales\ny certificacin peridica ante instancias policiales, cuyo cumplimiento busca\nminimizar las opciones de recada, incrementando la imagen del control76.\nSe trata de una modalidad que no considera acciones de acompaamiento,\napresto o insercin, aspectos, todos ellos, confiados a la propia red social y\npersonal con que cuenta el condenado. El cumplimiento satisfactorio de la\nmitad de dicho rgimen, en trminos que permitan calificar el desempeo del\ncondenado como muy positivo, detona el fin anticipado de la condena, en una\nmodalidad que refuerza la definicin adoptada por el legislador: el resultado\ndepende casi exclusivamente de factores asociados a la autorresponsabilidad\nCabe sealar, en todo caso, que determinadas funciones de apoyo al condenado en su proceso de reinsercin en el medio libre deben ser realizadas por el\nPatronato Nacional de Reos y en los Patronatos de Reos de la Repblica, regulados\nen el Decreto Supremo N542 de 1943. En todo establecimiento penitenciario\ndebe existir un Patronato de Reos dependiente del Patronato Nacional.\nDichas instituciones tienen por objeto, entre otras funciones, prestar proteccin material y moral a los condenados privados de libertad o en libertad\ncondicional, proporcionndoles medios de trabajo, atencin mdica, educacional y cultural. Asimismo, deben buscar trabajo a los condenados que van a\nsalir en libertad.\nComo se advierte, se trata de instituciones cuya misin fundamental es atender al condenado en el medio libre, como asimismo a su familia, considerando\nque se trata de un grupo especialmente vulnerable. Para llevar a cabo sus tareas\nel Patronato trabaja con otros organismos del Estado, a saber, municipalidades,\ngobernaciones y organismos ministeriales relativos a educacin y trabajo. Sin\nembargo, sus funciones se ven fuertemente limitadas y, por ende, con escasa\nproyeccin, pues estas ltimas entidades no disponen de programas postpenitenciarios, y slo destinan ciertas partidas de recursos a demandas especficas77.\nSiendo as, la efectividad del trabajo realizado en esta esfera queda esencialmente entregada a la propia responsabilidad del condenado.\ne) Centros de Educacin y Trabajo\nEspecial mencin amerita el rgimen establecido para los denominados\nCentros de Educacin y Trabajo (CET), regulados en el Decreto N943 de 2010,\nen los arts. 64 y ss. Se trata de establecimientos penitenciarios esencialmente\nArt. 6 del Decreto Ley N321 de 1925.\nCon detalle, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. En: http://\nwww.cesc.uchile.cl/publicaciones/mc_03_volveraconfiar.pdf [visitado el 27/06/2013].\ndestinados a contribuir en el proceso de reinsercin social de las personas\ncondenadas, brindando o facilitando: a) un trabajo regular y remunerado, y b)\ncapacitacin o formacin laboral, psicosocial y educacional. Tambin se dispone que, an en la consecucin de dichos propsitos, se puedan conformar\nunidades productivas y comerciales de bienes y servicios.\nExisten diversos tipos de CET: a) cerrados, que se caracterizan por mantener un rgimen de reclusin con sistemas de control y seguridad acordes con\nla actividad laboral y productiva que desarrollan los internos. Para tal efecto,\nstos se encuentran separados del resto de la poblacin penal; b) semiabiertos, en donde los internos se hallan en un establecimiento penitenciario, pero\ncumplen su condena en un rgimen fundado en la autodisciplina y relaciones\nde confianza; y, por ltimo, c) abiertos, que son secciones de tratamiento que\ndependen de un Centro de Reinsercin Social (CRS), cuyo objetivo principal es,\nprecisamente, la reinsercin social de los condenados a una medida alternativa\na la reclusin o que se encuentran afectos a beneficios de salidas controladas\nal medio libre, a travs de actividades de capacitacin y formacin78.\nCabe destacar que para la postulacin a los CET se deben cumplir una\nserie de requisitos, enfatizndose en las necesidades de reinsercin social,\nmanifestando el interno su disposicin al trabajo. En este sentido, como se\ntrata de medidas dispuestas para preparar al interno hacia un futuro beneficio\nen libertad, es que slo pueden ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos\naquellos condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo\nmnimo para optar a algn beneficio intrapenitenciario79. A tal efecto, en el\nproceso de seleccin se tomar tambin en consideracin la conducta de los\npostulantes y expresamente se seala, que se podr condicionar al tipo de delito\ncometido por el condenado.\nEs importante tambin resaltar que los condenados de los CET cerrados y\nsemiabiertos pueden postular a los permisos de salida que se establecen en el\nReglamento de Establecimientos Penitenciarios80. Asimismo, tratndose de los\ninternos de los CET semiabiertos pueden postular a otros permisos, tales como:\na) salida espordica especial, sin custodia y con el objeto de que puedan realizar trmites personales e indelegables; b) salida trimestral, sin custodia, con\nel propsito de visitar, compartir con su familia e incluso pernoctar. Todo ello\ndirigido a su futuro reintegro al medio libre, y c) permiso de estudio y capacitacin, sin custodia, a fin de que el condenado pueda concurrir a establecimientos\neducacionales o de capacitacin tcnica.\nArt. 67 del Decreto N943.\nArt. 80 del Decreto N943.\nArt. 83 del Decreto N943.\nEl mismo decreto en comento se hace cargo de la relacin que puede existir\nentre empresarios y el trabajo de los internos, debiendo Gendarmera fiscalizar\nel cumplimiento del contrato, tanto por parte del privado como del recluso.\n4. Valoracin crtica\nEspecial atencin a sus problemas de constitucionalidad\nComo se indic en la introduccin, nos parece particularmente importante\nexponer nuestro juicio crtico a lo que se ha dado en llamar la Ley General\nPenitenciaria, a saber, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, toda\nvez que se presentan una serie de cuestionamientos de orden constitucional y,\npor ende, de proteccin de los derechos fundamentales de los internos que no\nes posible pasar por alto.\nEn efecto, no deja de llamar la atencin que el tratamiento penitenciario\nse encuentre en gran parte regulado en un Reglamento (Decreto N518 del\nMinisterio de Justicia de 1998). Que se encuentre regulado en una instancia\nnormativa inferior a la ley pone en evidencia que ha habido una escasa preocupacin, sobre todo de las autoridades polticas por abordar un rea tan\nsensible como son los derechos que le corresponden a quienes se encuentran\nAl respecto, debe tenerse presente que si bien nuestro Reglamento habla de\nlos establecimientos penitenciarios, all se contiene algo ms que la organizacin y funcionamiento de stos, ya que tambin se regula todo lo relativo al\nDerecho de ejecucin de penas. Es por ello que resulta preocupante que todo\neste mbito quede entregado a una norma de rango inferior a la ley, como es el\nreglamento, ms an si en l se contienen importantes poderes disciplinarios\nrespecto de los internos y que son entregados a los propios administradores de\nlos establecimientos. Y es que Chile, como veremos infra, no dispone de jueces\nde vigilancia penitenciaria o jueces de ejecucin de penas, de manera que la\netapa de ejecucin de las penas no est, en rigor, jurisdiccionalizada81.\nNo deja de ser, pues, paradjico que el mismo texto se encargue de reconocer\nuna serie de garantas y derechos de los internos, para luego violentarlos con el\notorgamiento de facultades disciplinarias, que tienen, por lo dems, un carcter\nbastante discrecional. En efecto, el propio Reglamento en el art. 87 seala que\nslo interviene el juez en caso de repeticin de la medida disciplinaria, lo que\npone de manifiesto la escasa relevancia que se da a la labor jurisdiccional en\nTodo lo anterior permite afirmar que estamos en un rea oscura y que difcilmente permite afirmar que se satisfacen las mnimas exigencias garantsticas.\nKnsemller, Carlos, La judicializacin de la ejecucin penal, Revista de Derecho de la Pontificia\nUniversidad Catlica de Valparaso, XXVI, Semestre I, 2005, pp.113 y ss.\nLo anterior no nos dignifica como sociedad, pues no debe olvidarse que en\nla etapa de ejecucin de la pena es donde se puede apreciar toda la fuerza y\ncapacidad coactiva del Estado.\nEs esencial, pues, que exista una verdadera Ley General Penitenciaria que autorice una estricta sujecin de los actos administrativos penitenciarios al control\njurisdiccional, pues permitira conformar de manera ms slida el rgimen de\nderechos y garantas de los internos. La actividad penitenciaria debe ejercitarse\nrespetando el principio de legalidad, de manera de someter al poder pblico a\nun determinado rgimen jurdico. En este sentido, debe trazarse un verdadero\nEstatuto jurdico del preso, de manera que efectivamente se materialice que el\ninterno es un sujeto de derecho y no un objeto de control, que sigue perteneciendo a la sociedad y que no ha sido excluido.\nParece ser que todava consideramos al preso como ciudadano de segunda\nclase, al que no slo se le debe privar de su libertad de movilizacin sino de todos\nsus derechos82. Son numerosos los informes que exponen cmo la situacin de\nlos internos es extremadamente vulnerable, no slo desde la perspectiva material\n(donde el hacinamiento en que viven es francamente denigrante) sino que tambin\npor los muchos abusos de que son objeto, escasamente conocidos y juzgados por\nlas autoridades83. Por otro lado, no son frecuentes las investigaciones judiciales\nsobre la comisin de delitos al interior de las crceles. En todo caso, que ello\nocurra podra deberse a que son los propios internos los que no denuncian estos\nhechos porque estiman que tienen pocas posibilidades de ser atendidos, amn\nde posibles represalias si est involucrado personal de Gendarmera.\n3.1. Cuestionamientos desde la perspectiva\nconstitucional al Reglamento Penitenciario84\nSin perjuicio de lo afirmado precedentemente, en el Reglamento Penitenciario de 1998 se ha manifestado una especial preocupacin en materia de\nPrueba de ello, es la relativamente escasa atencin que hasta la fecha se ha prestado al sistema\npenitenciario, Valenzuela , Jonatan, El estado actual de la reforma al sistema penitenciario en Chile,\nRevista de Estudios de la Justicia, N6, 2005, pp.191 y ss.; por lo dems se trata de un problema\nhistrico como se aprecia en Varas V., Eduardo, Nuestro problema carcelario, Revista de Ciencias\nPenales, T. IX, N2-3, 1946, pp.135-138.\nAl respecto, Instituto Nacional de Derecho Humanos, Informe Sobre Situacin de los Derechos\nHumanos en Chile, 2011. En: http://www.indh.cl/informe-anual-2011-de-derechos-humanos-en-chile\n[visitado el 27/06/2013], en donde se seala que el nivel de hacinamiento es alto y pocas veces visto\nen la regin; Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Sobre Informe Anual sobre\nDerechos Humanos en Chile, 2011. En: http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-sobrederechos-humanos-en-chile-2011/ [visitado el 27/06/2013].\nAlgunas de las ideas expuestas en este acpite fueron desarrolladas en un trabajo indito preparado\npor Claudia Castelletti y Ral Carnevali para la Defensora Penal pblica en 2003.\nproteccin de los derechos del condenado. En efecto, ya su art. 2 establece\nque Ser principio rector de dicha actividad la actividad penitenciaria el\nantecedente que el interno se encuentra en una relacin de derecho pblico\ncon el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su\ndetencin, prisin preventiva o condena, su condicin jurdica es idntica a la\nde los ciudadanos libres. Empero, y pesar de esta declaracin de principios,\nno deja de llamar la atencin que en dicho Reglamento se infringen diversos\nderechos constitucionales a los condenados, tanto a la luz de la legislacin\ninterna como de la internacional.\nA modo de premisa, diremos que corresponde al Estado la responsabilidad\ny el deber de garantizar al detenido o preso su dignidad e integridad personal,\npues como lo ha sealado la Corte Interamericana en diversos casos: toda\npersona privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad y que el\nEstado tiene la responsabilidad y el deber de garantizarle la integridad personal\nmientras se encuentra en reclusin. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detencin, es el garante de estos derechos de\nAtendido lo anterior, una de las primeras infracciones que sobresalen es de\nrango formal. En este sentido, debe recordarse que los derechos y libertades\ngarantizados en la Constitucin slo pueden ser regulados por ley y, an ms,\ndicha ley no puede establecer limitaciones que afecten la esencia del derecho,\nni imponer condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio, tal como\nlo estatuye el N26 del art. 19 de la Constitucin Poltica. Entonces, cualquier\nregulacin que se realice a la forma, requisitos y condiciones en que se practica\nla privacin de libertad debe establecerse por ley y bajo ninguna circunstancia el\nhecho de que una persona est privada de libertad le impide ejercer sus dems\nFrente a estas preliminares observaciones, ya nos encontramos con que\nnuestro Reglamento Penitenciario no cumple con el aspecto formal establecido\nen la Constitucin, toda vez que esta norma tiene un rango inferior a la ley.\nAsimismo, tambin deben hacerse notar algunas violaciones de carcter\nmaterial que aparecen de manifiesto en el Reglamento y que merecen tenerse a\nla vista, tanto por razones de Derecho interno como de Derecho Internacional\nde los Derechos Humanos; en primer lugar, y como se adelant supra, en lo\nrelativo a la potestad sancionatoria de la Administracin Penitenciaria. En efecto,\nel art. 82 del Reglamento establece que las sanciones sern aplicadas por el\nEntre otros, Casos Hilaire, Constantine y Benjamn y otros contra Trinidad y Tobago, de 21 de junio\nde 2002, 165; Neira Alegra y otros contra Per, de 19 de enero de 1995, 60; y Cantoral Benavides\ncontra Per, de 18 de agosto de 2000, 87; Bulacio contra Argentina, de 18 de septiembre de 2003,\njefe del Establecimiento. Nuestra primera observacin dice relacin, entonces,\ncon la garanta establecida en el art. 19 N3 inciso 4 de la Constitucin que\ngarantiza a todas las personas el derecho al juez natural, esto es, a no ser juzgado\npor comisiones especiales. Aquello supone, entre otros requisitos, que deben\nser creados por ley, presupuesto que emana del principio de legalidad. Siendo\nas, no podra imponerse una sancin, entendida como cualquier medida que\nrestrinja o limite un derecho, sin que aqulla haya sido declarada por un tribunal\ncreado por ley86. Como se puede apreciar, no es lo que acontece en el sistema\npenitenciario chileno, puesto que estamos frente a un rgano administrativo,\ncreado mediante norma de rango infralegal. Incluso, lo que torna el panorama\nan ms oscuro, el citado rgano se encuentra facultado para castigar a los\ninternos con sanciones gravsimas, las que se hallan enumeradas en el art. 81.\nSin entrar en detalle, basta consignar que se lo faculta para aislarlo hasta cuatro\nfines de semana en celda solitaria, o internarlo en celda solitaria por perodos\nque no podrn exceder de 10 das. Puede, asimismo, limitar las visitas y privarlo\nde la correspondencia con el exterior hasta por un mes.\nEn consecuencia, no cabe sino calificar estas actuaciones del jefe del Establecimiento como provenientes de una comisin ilegal, por cuanto sus potestades para conocer y sancionar faltas cometidas en el interior de los recintos\npenitenciarios provienen de una autorizacin meramente reglamentaria.\nTal como se adelant, nos parece que slo un juez sealado por ley puede\nimponer medidas sancionatorias a reclusos, incluso debiera existir un juez\nespecial juez de vigilancia penitenciaria o juez de ejecucin de la penas, tal\ncomo sucede en el Derecho comparado dedicado a los asuntos que ocurran\nen el marco del cumplimiento de una pena. Es ms, puede estimarse necesario\nno slo en lo relativo a las infracciones que pueda cometer dentro de un recinto\ncarcelario, sino tambin respecto de la proteccin de sus derechos al interior de\nEn este sentido, Evans de la Cuadra , Enrique, Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Editorial\nJurdica de Chile, Santiago, 1999, pp.142-148, donde expone en p.143: Encontramos aqu varios\nrequisitos constitucionales para la validez de la sentencia de cualquier rgano que ejerza jurisdiccin.\nAclaremos, primero, que se trata de un texto aplicable a cualquier autoridad, expresin sinnima\nde rgano en la Constitucin, que ejerza jurisdiccin, o sea, que deba cumplir funciones o ejercer\natribuciones que afecten derechos de las personas. Adems, dejamos establecido que la expresin\nsentencia no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial, sino a cualquier resolucin, ya vimos\nque de cualquier autoridad, que ejerciendo sus atribuciones afecte derechos constitucionales o legales. (cursiva en el original); en el mismo sentido, Silva Bascun, Alejandro, Tratado de Derecho\nConstitucional, Tomo VIII, Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 2008, pp.64-73. El autor seala en\np.64: El requisito de la legalidad como base de la jurisdiccin se cumple cabalmente siempre que\nde modo explcito la letra de un precepto de rango y jerarqua legal seale, en trminos expresos y\ndirectos, cul es el rgano llamado a desempear la funcin de carcter judicial que le encomiende.\nAgrega en la misma pgina: Por lo dicho, la nica autoridad que puede crear tribunales con carcter\npermanente es la ley. Ningn tipo de normas de derecho de jerarqua inferior (reglamentos, decretos,\netc.) puede dar origen a tribunales.\nestos recintos. En este sentido, debe tenerse en consideracin lo dispuesto en\nel art. 7 del Cdigo Procesal Penal al establecer que el derecho de defensa se\nextiende hasta la total ejecucin de la sentencia. Por lo dems, esa haba sido\nla tradicin castellano-indiana vigente en Chile hasta la emancipacin.\nEn efecto, en Chile se cre un juzgado de reos rematados en el siglo XVIII\ncuyo juez era un miembro togado de la Real Audiencia, que en palabras actuales equivale a un ministro de Corte de Apelaciones, cuya competencia se\nextenda a conocer privativamente de todos los asuntos tocantes a los rematados\na presidio o destinados a obras pblicas, competencia que le era concedida por\nla audiencia en todos los asuntos civiles, criminales, polticos y econmicos, y\npor ello contaba con las ms amplias facultades para proveer, por s mismo o\ncon consulta del Acuerdo, todo lo que pareciere conveniente a evitar que los\nrematados a presidios o destinados a obras pblicas experimentaren perjuicio\nSin perjuicio de lo expuesto, dentro de las infracciones contenidas en el\nReglamento al art. 19 N3 de la Constitucin, tambin cabe hacer mencin a\nque en el procedimiento sancionatorio administrativo se vulneran elementos\npropios del derecho al debido proceso. As, la citada disposicin constitucional\nestablece que para que una resolucin de autoridad se conforme a la disposicin constitucional, es menester que toda sentencia de un rgano que ejerce\njurisdiccin se funde en un proceso previo legalmente tramitado. Conforme a\nlo anterior, cualquier sentencia en que no se haya odo las defensas y las pruebas del afectado, deba ser declarada nula88; adems, es preciso que se haya\nestablecido por ley un procedimiento y una investigacin racionales y justos,\nde manera que si la ley no ha establecido dicho procedimiento y con esas\ncaractersticas, la sentencia de la autoridad es nula89. Pues bien, de todo ello\ncarece el procedimiento sancionatorio dispuesto en el Reglamento.\nAdems de las falencias formales descritas, tambin se vulneran aspectos sustantivos de la disposicin constitucional, como sucede, por ejemplo,\ncon el deber de fundamentacin de las resoluciones. En efecto, de la norma\nconstitucional citada se desprende tal exigencia, en cuanto a que la sentencia\ndebe motivarse en un procedimiento legalmente tramitado. Cabe sealar que\nUn estudio completo de este tribunal Barrientos Grandon, Javier, El juzgado de reos rematados\ndel reino de Chile (1781-1805), Revista de Estudios Histrico-Jurdicos de Valparaso, N22, 2000,\nEvans, Los derechos, cit. nota n. 86, p.143.\nAccatino Scagliotti , Daniela, La fundamentacin de la declaracin de hechos probados en el nuevo\nproceso penal. Un diagnstico, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol. XIX, N2,\n2006, pp.9 y ss.; Carnevali , Ral; Castillo, Ignacio, El estndar de conviccin de la duda razonable\nen el proceso penal chileno, en particular la relevancia del voto disidente, Ius et Praxis, ao 17, N2,\n2011, pp.77 y ss.\ndesde antiguo nuestra legislacin positiva ha contemplado el deber de que las\nsentencias que emanan de rganos que ejercen jurisdiccin necesariamente\nhan de ser fundadas, tanto en los hechos como en el derecho aplicable90. De\nlo expuesto, garantas como el derecho a la accin y a su conocimiento, la\nbilateralidad de la audiencia o el derecho a probar las aseveraciones que se\nhan hecho, seran ilusorias si los rganos encargados de decidir no estuvieran\nobligados a fundamentar sus decisiones; garantas, todas ellas, contenidas en\nel justo y racional procedimiento91.\nEn consecuencia, si el art. 82 establece que el jefe del Establecimiento, al\nimponer un castigo, slo debe dejar constancia sucinta en la resolucin de los\nantecedentes tenidos a la vista, como de los medios probatorios y de los argumentos que aduce para imponer una sancin tan grave como el aislamiento en\ncelda solitaria, creemos que no se satisface la garanta constitucional citada.\nLa resolucin en cuestin carecera de la necesaria fundamentacin que permitiera conocer el razonamiento usado por el juzgador, como, asimismo, la\nvaloracin que le atribuira a las diversas pruebas y argumentaciones usadas\npor los afectados.\nTambin se vulnera en la disposicin citada supra otra de las principales\ngarantas que conforman el derecho al debido proceso, a saber, el principio de\ncontradiccin o bilateralidad de la audiencia. En efecto, el inciso penltimo\ndel art. 82 del Reglamento establece que slo en casos de infracciones graves\ny cuando se va a imponer una sancin es obligatorio escuchar personalmente al infractor. Resulta, entonces, que cabe imponer una sancin al recluso\nsin haber odo sus alegaciones, vulnerando con ello un derecho mnimo del\nAmn de todo lo expuesto, nos permitiremos acotar algo ms: dado que el\njefe del Establecimiento es, al aplicar una sancin, juez y parte en el procedimiento, tambin se vulnera el derecho al juez imparcial, pues en caso de no ser\nescuchado impondr una sancin con el slo mrito del parte y de lo expuesto\npor otro u otros funcionarios de Gendarmera, quienes por lo dems, son dependientes del jefe del Establecimiento. Huelga sealar que todas las disposiciones\nSobre los orgenes de la necesidad de motivacin de las sentencias, Bravo Lira , Bernardino, Bello\ny la judicatura. La codificacin procesal, en Andrs Bello y el Derecho, Santiago, 1982, pp.119-160;\nBravo Lira , Bernardino, Los comienzos de la codificacin en Chile: la codificacin procesal, Revista\nChilena de Historia del Derecho, N9, 1983, pp.191-210; Hanisch Espndola , Hugo, Contribucin al\nestudio del principio y de la prctica de la fundamentacin de las sentencias en Chile durante el siglo\nXIX, Revista de Estudios Histrico-Jurdicos, NVII, 1982, pp.131-173; Merello Arecco, talo, La ley\nmariana de fundamentacin de sentencias frente a la clemencia judicial en materia penal, Revista de\nEstudios Histrico-Jurdicos, NVIII, 1983, pp.71-98.\nCarocca Prez, Alex, Garanta constitucional de la defensa procesal, Editorial Bosch, Barcelona,\n1998, p.341, nota 1106; Bandres Snchez-Cruzat, Jos, El derecho fundamental al proceso debido y\nel Tribunal Constitucional, Pamplona, 1992, pp.560-562.\ncitadas del Reglamento parecen del todo incompatibles con las garantas constitucionales reseadas, en especial con la relativa al debido proceso.\nEn otra sede, tambin encontramos en el Reglamento otro tipo de infracciones en el orden penal y procesal penal, como acontece con la vulneracin al\nprincipio non bis in dem. En este sentido, cabe afirmar que el Estado est imposibilitado de realizar una doble persecucin judicial e imponer, eventualmente,\ndos sanciones por el mismo hecho. En efecto, si se examina la enumeracin\nde las faltas disciplinarias graves y menos graves que contienen los artculos\n78 y 79 se aprecia que muchas de ellas ya son constitutivas de un delito, por\nejemplo, matar; causar lesiones; la sustraccin de materiales o efectos del establecimiento y de las pertenencias de otras persona, internos o funcionarios,\no la tenencia, consumo o elaboracin de sustancias o drogas, estupefacientes\nPues bien, el artculo 91 del Reglamento establece que La comisin de\nfalta disciplinaria que pudiere constituir delito, ser puesta en conocimiento\nde la autoridad competente, segn la ley procesal vigente, sin perjuicio de la\naplicacin de las sanciones previstas en este Reglamento. En consecuencia,\nde acuerdo con la normativa citada, el interno, si comete alguna de las faltas\nmencionadas en los artculos 78 y 79 puede ser sancionado tanto por el jefe del\nestablecimiento penitenciario como por el juez con competencia en lo criminal\ncorrespondiente por los mismos hechos.\nSegn nuestro parecer, concurren en la especie todos los elementos que\nconfiguran una infraccin al principio del non bis in dem, a saber: identidad\nde persona (eadem persona); identidad de objeto (eadem res), es decir, que la\ndoble persecucin se base en el mismo hecho, no importando la calificacin\njurdica que le haya dado el juzgador (infraccin reglamentaria o delito); e\nidentidad de causa de persecucin (eadem cauta petendi), o sea, la atribucin\nde un hecho determinado que se subsume en una norma sustantiva por parte\ndel rgano persecutor a una persona determinada92.\nEsta situacin puede verse agravada por el hecho de que las sanciones que\npuede imponer el jefe del Establecimiento son graves. Incluso, y como tendremos ocasin de comentar, pueden ser ms intensas y, por ende, vulneratorias\nde derechos fundamentales que la posible pena que podra arribarse en el\nA mayor abundamiento, sobre esta materia cabe recordar lo resuelto por la\nCorte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido constante en establecer que durante una detencin o privacin de libertad los Estados slo pueden\nusar la fuerza siempre que sea estrictamente necesario por el propio comporta92\nVase por todos, Garca Alber, Ramn, Non bis in idem: Material y Concurso de leyes Penales,\nEditorial Cedecs, Barcelona, 1995.\nmiento de la persona93, y que pesa sobre el Estado la obligacin de realizar sus\nacciones dentro de los lmites y conforme a los procedimientos que permitan\npreservar tanto la seguridad pblica como los derechos fundamentales de la\npersona humana94. Pues bien, si durante la privacin de libertad de una persona\nel Estado se ve obligado a tratarla con dignidad95, a respetar sus derechos y a\nusar la fuerza persecutoria siempre que no exista otra manera de dar solucin al\nconflicto social o a mantener el orden pblico, nos parece que imponer sanciones administrativas conjuntamente a la sancin penal supone una vulneracin\nde principios bsicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es\nms, al respecto puede apreciarse incoherencia entre el establecimiento de un\nsistema sancionatorio tan estricto con el objetivo que se persigue en todo sistema\ncarcelario: lograr la reforma y la readaptacin social del preso. En efecto, este\nprincipio se encuentra garantizado, tanto en el art. 10.3 del Pacto Internacional\nde Derechos Civiles y Polticos96 y el art. 5.2 del Pacto de San Jos de Costa\nRica97, como en la Observacin General 21 de Naciones Unidas, sobre trato\nhumano de las personas privadas de libertad98. Asimismo, el propio Reglamento\nCarcelario chileno, en sus art. 1 y 92, as lo determina99.\nSentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos casos Cantoral Benavides, de 18 de\nagosto de 2000, 96; y Loayza Tamayo, de 17 de septiembre de 1997, 57.\nSentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Bmaca Velsquez, de 25 de\nnoviembre de 2000, 143 y 174; Durand Ugarte, de 16 de agosto de 2000, 69; Castillo Petruzzi y\notros, de 30 de mayo de 1999, 89 y 204; Godnez Cruz, de 20 de enero de 1989, 162, y Velsquez\nRodrguez, de 229 de julio de 1988, 154.\nArt. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos: Toda persona privada de libertad\nser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Tambin\ndebe tenerse en consideracin las Reglas mnimas para el tratamiento de los reclusos (adoptadas por\nel Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevencin y tratamiento del delincuente de 1955);\nPrincipios bsicos para el tratamiento de los reclusos (Resolucin N45/111 de la Asamblea General\nde las Naciones Unidas de 1990); Conjunto de principios para la proteccin de todas las personas\nsometidas a cualquier forma de detencin o prisin reclusos (Resolucin N43/173 de la Asamblea\nGeneral de las Naciones Unidas de 1988).\nArt. 10.3: El rgimen penitenciario consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial ser la\nreforma y la readaptacin social de los penados.\nArt. 5.2 del Pacto: Toda persona privada de libertad ser tratada con el respeto debido a la dignidad\nObservacin General 21. Sustituye a la observacin general 9, trato humano de las personas privadas\nde su libertad (art. 10): 10/04/92, que en su prrafo 10 estatuye: Ningn sistema penitenciario debe\nestar orientado solamente al castigo: esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptacin\nsocial del preso.\nEl art. 1 seala: La actividad penitenciaria se regir por las normas establecidas en el presente\nReglamento y tendr como fin primordial la atencin, custodia y asistencia de los detenidos, sujetos\na prisin preventiva y condenados, como la accin educativa necesaria para la reinsercin social de\nlos sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.\nFinalmente, examinemos algunas de las sanciones que puede imponer el jefe\ndel Establecimiento carcelario art. 81100. Como se ha reiterado en numerosos\npasajes de este trabajo, creemos que en esta sede es donde se cometen graves\ny flagrantes contravenciones a los derechos de los reclusos.\nEn primer lugar, nos haremos cargo de la incomunicacin, que si bien no se\nexpresa como sancin en el Reglamento, s hay otras que, de manera encubierta,\nconstituyen efectivamente una incomunicacin. As puede entenderse el aislamiento de hasta cuatro fines de semana en celda solitaria, desde el desencierro\ndel sbado hasta el encierro del domingo, y la internacin en celda solitaria por\nperodos que no podrn exceder de 10 das. Tambin se dispone la no recepcin\nde correspondencia con el exterior, como sucede con la prohibicin de recibir\npaquetes o encomiendas por un lapso de hasta 15 das.\nAl respecto, debe tenerse presente la norma constitucional del art. 19 N5,\nque prescribe que cualquier comunicacin slo puede interceptarse, abrirse o\nregistrarse en los casos y formas que prescriba la ley, cosa que en el supuesto\nen comento no ocurre, pues se encuentra regulado en un Reglamento.\nPor lo dems, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha sealado: la\nincomunicacin durante la detencin, las restricciones al rgimen de visitas,\nconstituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del\nartculo 5.2. de la Convencin Americana101. La misma Corte ha agregado: el\naislamiento prolongado y la incomunicacin coactiva a los que se ve sometida\nla vctima representan, por s mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano,\nlesivas de la integridad psquica y moral de la persona y del derecho de todo\ndetenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano102. Esta inEs necesario, tambin, tener presente que sobre la reinsercin social existe un Ttulo especial en el Reglamento: Ttulo Quinto: De las actividades y acciones para la reinsercin social, cuyo art. 92 establece:\nLa Administracin penitenciaria desarrollar actividades y acciones orientadas a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva y estarn dirigidas a las personas privadas\nde libertad o que se encuentren en el medio libre, cuando corresponda, a fin de prepararlas para que,\npor propia voluntad, participen de la convivencia social respetando las normas que la regulan. Vase\nal respecto, Medina Jara , Rodrigo, Las normas internacionales generales sobre derechos humanos y el\ndesarrollo de los derechos en el mbito penitenciario, Gaceta Jurdica, N290, 2004, pp.7 y ss.; Vargas\nVivanco, Juan Enrique, Criterios orientadores de una moderna poltica penitenciaria, Cuadernos de\nAnlisis Jurdico de la Universidad Diego Portales, N21, 1992, pp.111 y ss.; Pinochet Elorza , Csar,\nSistema penitenciario chileno, derechos humanos y artculo 5 de la Constitucin poltica de Chile,\nCuadernos de Anlisis Jurdico de la Universidad Diego Portales, N20, 1992, pp.113 y ss.\nTngase presente lo que dispone el art. 80 del Cdigo penal, en cuanto seala que slo podrn\nimponer los reglamentos como castigos disciplinarios el encierro en celda solitaria e incomunicacin\ncon personas extraas al establecimiento penal.\nCaso Loayza Tamayo, de 17 de septiembre de 1997, 58.\nCaso Fairn Garbi y Sols Corrales, de 15 de marzo de 1989 149; Caso Godnez Cruz, de 20 de\nenero de 1989 164 y 197; Caso Velsquez Rodrguez, de 25 de noviembre de 2000 156 y 187;\nCaso BmacaVelsquez, de 25 de noviembre de 2000 150.\ncomunicacin produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones\npsquicas, lo coloca en una situacin de particular vulnerabilidad y acrecienta\nel riesgo de agresin y arbitrariedad en los centros de detencin103. Por todo\nello, la Corte ha afirmado que, en el Derecho Internacional de los Derechos\nHumanos... la incomunicacin debe ser excepcional y... su uso durante la detencin puede constituir un acto contrario a la dignidad humana104.\nLa sancin que nos parece ms grave y que se halla contenida en el Reglamento es la internacin en celda solitaria por perodos que no podrn exceder\nde 10 das. Sin perjuicio de que en el Reglamento se contienen una serie de\nresguardos para el sancionado art. 86, la sancin en s es una flagrante manera\nde violar los derechos humanos del interno, pues constituye, a nuestro modo de\nver, una forma de tortura. En efecto, el art. 85 del Reglamento establece que en\ncaso de que se haya aplicado esta sancin, los sancionados sern conducidos\nal exterior por una hora, a lo menos, para que realicen ejercicio fsico.\nSobre este punto, la jurisprudencia internacional de derechos humanos ha\nsido tajante en establecer qu condiciones de privacin de libertad en tales circunstancias constituyen tratos inhumanos o degradantes: una de las razones\npor las cuales la incomunicacin es concebida como un instrumento excepcional\nes por los graves efectos que tiene sobre el detenido. En efecto, el aislamiento\ndel mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psquicas, la coloca en una situacin de particular vulnerabilidad y\nacrecienta el riesgo de agresin y arbitrariedad en las crceles En cuanto a las\ncondiciones de reclusin, la Corte ha dado por probado que el seor Cantoral\nBenavides fue mantenido durante un ao bajo aislamiento riguroso, hacinado\ncon otros presos en una celda pequea, sin ventilacin ni luz natural, y que las\nvisitas que poda recibir estaban sumamente restringidas Merece destacarse\nque segn las normas internacionales de proteccin, la tortura no solamente\npuede ser perpetrada mediante el ejercicio de la violencia fsica, sino tambin\na travs de actos que produzcan en la vctima un sufrimiento fsico, psquico\no moral agudo Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso y al\ncontexto en que se produjeron los hechos, estima este Tribunal, sin lugar a duda\nrazonable, que cuando menos parte de los actos de agresin examinados en\nesta causa pueden ser calificados como torturas, fsicas y psquicas105.\nCaso Castillo Petruzzi y otros, de 30 de mayo de 1999 190; Caso Bmaca Velsquez, de 25 de\nnoviembre de 2000 150.\nCaso Cantoral Benavides, de 18 de agosto de 2000 8; Caso Bmaca Velsquez, de 25 de noviembre de 2000 150.\nPor todos, Sentencia de la Corte Interamericana en Caso Cantoral Benavides, de 18 de agosto de\n2000, 96 y ss.\n3.2. Derecho a defensa del interno. Regulacin normativa\nA pesar de lo descrito anteriormente, y las serias deficiencias que se manifiestan a nivel de garantas fundamentales, el recluso puede formalmente\ncontar con medios para asegurar sus derechos. En efecto, en lo que respecta a\nsu derecho a defensa en esta etapa, puede decirse que est plenamente vigente\ny su ejercicio no est sujeto a limitacin alguna; es decir, no existen a nivel\nnormativo disposiciones que puedan restringir el resguardo de los derechos de\nAl respecto, y tomando en consideracin lo que dispone el art. 7 del Cdigo\nProcesal Penal sin perjuicio de lo regulado en el art. 102 del mismo Cdigo,\nen cuanto seala que las garantas del imputado debe hacerse valer hasta la\ncompleta ejecucin de la sentencia, se supone que las funciones que le ha de\ncorresponder a un Defensor se extienden a la etapa posterior al procedimiento\nen sentido estricto; esto es, una vez que el sujeto debe cumplir con la pena.\nAtendido lo anterior, todo preso tiene el derecho de contradecir las decisiones\nadoptadas por la Administracin Penitenciaria, si stas suponen una afectacin\na sus derechos. Para ello puede contar con una defensa letrada, sindole posible\nrequerir de la autoridad penitenciaria las razones, tanto fcticas como jurdicas,\nque se tuvieron en consideracin para imponer la medida.\nComo se ha expuesto, existen obligaciones que el Estado debe asumir en el\ntrato de los internos, y sus eventuales incumplimientos deben ser denunciados,\nms an si el propio art. 4 del Reglamento Penitenciario precisa cmo ha de\ndesarrollarse la actividad penitenciaria. En efecto, all se afirma que para tal\npropsito se debern respetar las garantas dentro de los lmites establecidos\nen la Constitucin, las leyes, los reglamentos, las sentencias judiciales y los\ntratados internacionales vigentes ratificados por el Estado.\nConforme a lo anterior, las medidas adoptadas por Gendarmera de Chile\ndeben ser valoradas de conformidad a la disposicin citada precedentemente. Y\nes que de acuerdo al art. 1 del D.L. N2.859 que fija la Ley Orgnica de dicha\ninstitucin, es Gendarmera de Chile, como servicio pblico dependiente del\nMinisterio de Justicia, quien debe atender, vigilar y contribuir a la reinsercin\nsocial a las personas que se encuentren privadas de libertad. En este sentido,\neventuales incumplimientos de sus obligaciones por parte de funcionarios de\nGendarmera de Chile pueden dar lugar a responsabilidades penales, particularmente en lo relativo a los delitos de prevaricacin administrativa art. 228\ndel Cdigo penal y denegacin de auxilio art. 256 del mismo Cdigo106.\nAs lo afirma Salinero Rates, Mara Alicia, Los permisos de salida en la legislacin chilena, en\nInformes en Derecho. Doctrina procesal penal 2007, Centro de Documentacin Defensora Penal\nPblica, N4, 2008, pp.95-97.\nEn este orden de ideas, la Defensora Penal Pblica en adelante DPP,\ncomo servicio pblico art. 1 de la Ley N19.718 cuya misin es proporcionar defensa hasta la completa ejecucin de la sentencia, debe asumir la misin\nde velar por la proteccin de los derechos de los reclusos; misin que, por lo\ndems, se ve respaldada normativamente como se explicar a continuacin.\nPara tal efecto, la DPP ha implementado un modelo de Defensora Penitenciaria, dirigido a la defensa de personas condenadas se excluyen los menores\nde 18 aos que se encuentren recluidas en algn establecimiento penal que\nsea administrado por Gendarmera de Chile. Este servicio de defensa abarca un\nconjunto de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante el\ncumplimiento de la condena privativa de libertad hasta su completa ejecucin.\nEn todo caso, no comprende todo el pas, pues se trata de una experiencia piloto\nde reciente implementacin107.\nPues bien, la etapa de ejecucin de la pena se comprende dentro del procedimiento penal, desde el momento en que el art. 466 del Cdigo Procesal\nPenal autoriza al Ministerio Pblico, al imputado y su defensor a intervenir ante\nel competente juez de garanta art. 14 f) del Cdigo Orgnico de Tribunales\na fin de hacer valer todos los derechos y facultades que la normativa penal y\npenitenciaria le otorga al condenado108.\nDe lo expuesto se colige que el defensor puede impetrar todos los recursos\njurisdiccionales y administrativos que permitan velar por los intereses del condenado o, en su caso, de quien est sujeto a una Medida de Seguridad refrendado por los arts. 2 y 9 del Reglamento Penitenciario. Refuerza lo anterior,\nque el art. 7 del Cdigo Procesal Penal calidad de imputado determina la\nobligacin de la defensa de hacer valer todos los derechos y garantas que la\nConstitucin, el Cdigo Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado\ndesde la primera actuacin del procedimiento que se dirige en su contra hasta\nla completa ejecucin de la sentencia109.\nPor tanto, considerando, por una parte, que la afectacin de los derechos\nde los condenados privados de libertad es slo parcial y limitado a lo que sea\nestrictamente necesario para el desarrollo de la actividad penitenciaria conforme a los arts. 2 y 4 del Reglamento Penitenciario y, por otra parte, el deber\nPara mayor informacin, sugerimos visitar: http://www.dpp.cl/resources/upload/3b59cfaa198fdd\nRoxin, Claus, Derecho procesal penal, traducido por Crdoba , Gabriela; Pastor, Daniel, 1 ed.,\nBuenos Aires, 2003, p.502.\nSalinero, Los permisos, cit. nota n. 106, p.91, seala que, tanto el art. 14 f) del Cdigo Orgnico\nde Tribunales como el art. 9 del Reglamento Penitenciario consagran el principio de tutela judicial de\nlos derechos frente a la Administracin del Estado. Si bien no se sealan los medios de impugnacin\nni el procedimiento para hacer efectiva dicha tutela, segn la autora debe aplicarse lo dispuesto en el\nTtulo II del Libro I del Cdigo Procesal Penal Actividad Procesal.\nque le cabe a la DPP de velar por el respeto de los derechos y garantas de los\ninternos, es que este ltimo servicio pblico debe emplear todos los recursos\nnecesarios para que tales derechos y garantas no sean conculcados. Es ms, la\nDPP, en caso de incumplimiento, podra determinar la responsabilidad del Estado\nchileno, al infringir su deber de garante de los derechos de los detenidos conforme a las sentencia citadas supra110. Nos parece que dicho deber de garante\nno slo comprendera la actividad penitenciaria propiamente tal, sino tambin\nla debida asistencia jurdica para quien est intramuros. No debe olvidarse que\nel interno se halla en una especial situacin de vulnerabilidad, en que existe un\nincremento de riesgo de que sus derechos puedan ser conculcados. De manera\nque si el defensor penal pblico toma conocimiento de que la limitacin de\nderechos del interno excede la esfera de lo que es exigible para el cumplimiento\nde la actividad penitenciaria (y que es la propia de una sociedad democrtica)\ny nada hace o es deficiente en su ejercicio, podra hacer incurrir al Estado de\nChile en un incumplimiento de una obligacin internacional.\nEs indudable que la tarea que debe asumir el defensor en esta rea es particularmente delicada, sobre todo si se tiene en consideracin que sus reclamos\ny la eventual interposicin de recursos tendrn principalmente como propsito\nimpugnar decisiones adoptadas por otro servicio pblico, como es Gendarmera\nde Chile. Empero, nos parece que si el iter a seguir es la construccin de sistema\ngarantstico slido, propio de un Estado Democrtico de Derecho, la misin del\ndefensor es ineludible, debiendo reclamar por las serias falencias que en esta\nesfera se presentan, incluso ante instancias internacionales.\nDocuments Similar To El Tratamiento Penitenciario en Chile\nMore From scri2014007\nHistoria del artículo 266 del Código Penal chileno