Verfassung Costa Rica constitution Costa Rica\nVerfassung Costa Rica / constitution Costa Rica\nCONSTITUCION POLÍTICA DE COSTA RICA\nNosotros los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en a\nDemocracia, decretamos y sancionamos la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.\nLOS EXTRANJEROS = Ausländer in Costa Rica - Artikel 19\nLa Contraloría General de la República - die Aufsichtsbehörde der Republik - Artikel 183\nCosta Rica es una República democrática, libre e independiente.\nNadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria.\nNinguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre.\nLa infracción a este artículo será sedición.\nEl territorio nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de Nicaragua y Panamá.\nLos límites de la República son los que determina el Tratado Cañas - Jerez de 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con respecto a Nicaragua, y el\nTratado Echandi Montero - Fernández Jaén del 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá.\nEl Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de\nsus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.\nEjerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar\ncon exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.\n(Reformado por Ley N° 5699 de 5 de junio de 1975)\nLos tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen,\nautoridad superior a las leyes.\nLos tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no\nmenor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.\n(Reformado por Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).\nLos estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin\nperjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales.\nEl Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable.\nLo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.\nUn Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los\nactos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.\n(Adicionado por ley No. 5704 de 5 de junio de 1975).\nCorresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los\nactos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los\ndemás que determine la ley.\na) Dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones así como demás entidades u órganos que indique la ley.\n(Reformado por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989)\nLos funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.\nDeben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.\nLa acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.\nLa Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los\nfuncionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones\n(Reformado por Ley No. 8003 de 8 de junio del 2000. LG # 126 de 30 de junio del 2000.\nSe proscribe el Ejército como institución permanente.\nSólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares;\nunas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.\nSon costarricenses por nacimiento:\n2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea\nmenor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años;\n3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta\ncumplir veinticinco años;\nSon costarricenses por naturalización:\n2) Los nacionales de los otros países de Centroamérica, los españoles y los Iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante cinco años y que cumplan con los\ndemás requisitos que fije la ley.\n3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante siete años como\nmínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.\n5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses pierdan su nacionalidad o que luego de haber estado casadas dos años con costarricenses, y de residir por ese mismo período\nen el país, manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense. (*)\n(Reformado por Ley No. 7065 de 21 de mayo de 1987. El inciso 5) del presente artículo ha sido reformado por Ley No. 7879 de 27 de mayo de 1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999)\nQuien solicite naturalización deberá: acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un\nexamen comprensivo de la historia del país y sus valores, prometer que residirá en el territorio nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República.\nPor medio de la ley se establecerán los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de naturalización.\n(Reformado por Ley No. 7065 de 21 de mayo de 1987)\nArtículo 16.- (*)\nLa calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable.\nArtículo reformado mediante Ley No. 7514, de 6 de junio de 1995. LG#. 122, de 27 de junio de 1995.\n(*) La constitucionalidad del presente artículo ha sido cuestionada mediante Acción No. 004847-7-CO. BJ# 202 de 23 de octubre de 2000.\nNota: El siguiente es el texto derogado.\nLa calidad de costarricense se pierde:\n1) Por adopción de otra nacionalidad, salvo los casos comprendidos en convenios internacionales. Estos convenios requerirán para su aprobación el voto favorable de las dos\nterceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa y no podrán autorizar el ejercicio simultáneo de nacionalidades, ni modificar las leyes de la República que regulan las\ncondiciones para la inmigración, el ejercicio de profesiones y oficios, y las formas de adquisición de la nacionalidad. La ejecución de estos convenios no obliga a renunciar la nacionalidad de\n(Reformado por Ley No. 2739 de 12 de mayo de 1961)\nLa adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad conforme a la reglamentación establecida en la ley.\n(Artículo reformado mediante Ley No. 7514, de 6 de junio de 1995. LG#. 122, de 27 de junio de\nNota: Texto anterior.\nLa pérdida de la calidad de costarricense no transciende al cónyuge ni a los hijos. La adquisición de la nacionalidad transciende a los hijos menores, conforme a la reglamentación que establezca\nLos costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.\nNo pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía\ndiplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.\n(El presente artículo ha sido reformado por Ley No. 7880 de 27 de mayo de 1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999.)\nTodo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga.\nNo se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.\nEl domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables.\nNo obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo\nque prescribe la ley.\nSin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los\nTribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.\nIgualmente, la Ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá\nautorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo.\nAsimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma\ndeberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.\nLa ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para\nfines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.\nUna ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en\nrelación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos.\nAsimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.\n(El presente artículo ha sido reformado por ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996. La Gaceta No.\n115 del 18 de junio de 1996.)\nLos habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos.\nNadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.\nReuniones en recintos privados no necesitan autorización previa.\nLas que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.\nSe garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.\nTodos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en\nlos casos y del modo que la ley establezca.\nEl territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas.\nSi por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.\nNingún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.\n(Reformado por Ley No. 4123 de 31 de mayo de 1968 y por Ley No. 7880 de 27 de mayo de\n1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999).\nA ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.\nNadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.\nEn materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de\nNadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo\nprófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez\ncompetente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.\nNinguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.\nA nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al\nindiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.\nNo constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o\nToda declaración obtenida por medio de violencia será nula.\nOcurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta,\ncumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.\nUn mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto.\nNadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.\nToda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.\nPara que la incomunicación de una persona pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por diez días consecutivos y en ningún caso impedirá\nque se ejerza la inspección judicial.\nLa propiedad es inviolable;\na nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción\ninterior, no es indispensable que la indemnización sea previa.\nSin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.\nSon prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.\nEs de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia\nLos consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un\ntrato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos.\nLa ley regulará esas materias.\n115 del 18 de junio de 1996. )\nTodo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.\nToda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos consagrados en\nesta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de\ncompetencia de la Sala indicada en el artículo 10.\nEstablécele la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y\nde toda otra entidad de derecho público.\n(Reformado por Ley No. 3124 de 25 de junio de 1963).\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\nPor ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n(Artículo reformado mediante Ley No. 7412 de 24 de mayo de 1994, publicada en La Gaceta No. 111 de 10 de junio de 1994.)\nLa familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y\nel enfermo desvalido.\nEl matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los\nLos padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.\nSe prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.\nLa protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del\nEl trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa\nde ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El estado garantiza el\nderecho de libre elección de trabajo.\nTodo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en\nidénticas condiciones de eficiencia.\nLa jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana.\nLa jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.\nEl trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones\nno se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.\nTodos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por\nla ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.\nTanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.\nSe reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las\nregulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.\nTendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente\nLos trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.\nEl Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.\nEl Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.\nTodo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo.\nEl Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.\nLos contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros.\nSe establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.\nLas leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo.\nEl Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los\nmismos al trabajo.\nSe establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de\nproteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.\nLos seguros contra riesgos profesionales serán exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.\n(Reformado por Ley No. 2737 de 12 de mayo de 1961).\nLos derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán\naplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.\nLa Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a\nla moral universal ni a las buenas costumbres.\n(Reformado por Ley No. 5703 de 6 de junio de 1975).\nEl español es el idioma oficial de la Nación.\nNo obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.\n(Reformado por Ley No. 5667 de 17 de marzo de 1975 y por Ley No. 7878 de 27 de mayo de 1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999.\nÉstas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación.\nEn la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en\nlos artículos 84 y 85 de esta Constitución.\nEl Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo de Ministerio del ramo, por\nmedio del organismo que determine la ley.\nTransitorio.-Mientras no sea promulgada la ley a que se refiere el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución, el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento que\nel Poder Ejecutivo establezca por decreto.\n(Reformado por Ley No. 5202 de 30 de mayo de 1973).\n(El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7676 de 23 de julio de 1997. LG# 148 de 4 de agosto de 1997. )\nSe garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado.\nLa iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley.\nLa dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.\nEl Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley.\nEl Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.\nLa Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y\ncontraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.\n(Reformado por Ley No. 5697 de 9 de junio de 1975).\nEl Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de\nCosta Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas\npropias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá - con\nlas rentas actuales y con otras que sean necesarias - un fondo especial para el financiamiento de\nla Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada\nmes, lo pondrá, en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que\ndetermine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal.\nLas rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean,\nsimultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.\nEl cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará\nun plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el\nPlan Nacional de Desarrollo vigente.\nEse plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y\ncubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación\ncomo los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las\ninstituciones mencionadas en este artículo.\nEl Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida\ncorrespondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo\nCualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan\nnacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.\n(Reformado por Ley No. 6580 de 18 de mayo de 1981, ver artículo transitorio).\nEl Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la Universidad\nde Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria.\nLa libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria.\nPara la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la\ncompetencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior\nuniversitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír\npreviamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.\nEntre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y\ndesarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el\nprogreso científico y artístico.\nLa ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los\ncostarricenses mayores de dieciocho años.\n(Reformado por Ley No. 4763 de 17 de mayo de 1971).\nLa ciudadanía sólo se suspende:\nLa ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que determine la ley.\nEl sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en\nvotación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.\n(Reformado por Ley No. 2345 de 20 de mayo de 1959).\nEl ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de\nhaber obtenido la carta respectiva.\nLa ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:\n1. Autonomía de la función electoral;\n2. Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de\nproveerlos de cédula de identidad para ejercer el sufragio;\n3. Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades\n4. Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de\n5. Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado\ndispuesto por la ley para tal efecto;\n6. Garantías de representación para las minorías;\n7. Garantías de pluralismo político;\n8. Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los\nprincipios democráticos y sin discriminación por género.\n(Reformado por Ley No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y por Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997.\nLG# 137 de 17 de julio de 1997. )\nArtículo 96.- (*)\nEl Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago\nde las deudas políticas.\nEl Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes\n1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto\ndel año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la\nRepública y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá\nacordarse una reducción de dicho porcentaje.\nEste porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos\npolíticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y\norganización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.\n2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los\nprocesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%)\nde los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que\nobtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.\n3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondiente, los partidos políticos tendrán derecho a\nque se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.\n4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal\nSupremo de Elecciones.\nLas contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y\nse regularán por ley.\nLa ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la\naplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del\ntotal de los miembros de la Asamblea Legislativa.\n(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997. LG#\n137 de 17 de julio de 1997.\nPara la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea\nLegislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se\nnecesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.\nDentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección\npopular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre\ndichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese\nmanifestado en desacuerdo.\nArtículo 98.- (*)\nLos ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política\nnacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden\nLos partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y\nmanifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación\npolítica. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la\nConstitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.\n(Reformado por Ley No. 5698 de 4 de junio de 1975).\nLa organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma\nexclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de\nsu cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.\nEl Tribunal de Elecciones estará integrado, ordinariamente por tres Magistrados propietarios y\nseis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los\ndos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las\nmismas responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte.\nDesde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales\npara Presidente de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de\nElecciones deberá ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un\ntribunal de cinco miembros.\nLos Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de\ntrabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley\nOrgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se fijen para éstos. (*)* Ver artículos transitorios.\n(Reformado por Leyes Nos. 2345 de 20 de mayo de 1959, 2740 de 12 de mayo de 1961 y 3513\nde 24 de junio de 1965).\nLos Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos seis años. Un\npropietario y dos suplentes deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser reelectos.\nLos Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas\nque corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.\nArtículo 102.- (*)\n3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales\nreferentes a la materia electoral;\n4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas\n5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia\nformulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio\nde sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido\nejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de\ndestitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de\ndos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si\nla investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de\nGobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o\nMagistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la\nAsamblea Legislativa del resultado de la investigación;\n6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos\nelectorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté\ndecretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas\npara que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir\nlibremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los\ndelegados que designe;\n7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y\nVicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las\nMunicipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes;\n8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República,\ndentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo que la ley determine,\nla de los otros funcionarios citados en el inciso anterior;\nNo podrá convocarse a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses\nanteriores ni posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán vinculantes para el\nEstado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el\npadrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo,\npara las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa\npor mayoría calificada.\n(*) El inciso 9) presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del\n2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002.\nLas resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por\nBajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas\n2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los\ncasos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía\ny resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de\nconformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal\nSupremo de Elecciones;\nArtículo 105.- (*)\nLa potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por\nmedio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante\nningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los\nEl pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar\nleyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento\n(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la\naprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con\nla mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.\nEl referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria,\nfiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o\nEste instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los\nmiembros de la Asamblea Legislativa.\n(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002. LG#\n118 de 20 de junio del 2002\nLos Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias.\nLa Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo\ngeneral de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las\ndiputaciones, en proporción a la población de cada una de ellas.\n(Así reformado por ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961 ).\nLos Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva.\n2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país\ndespués de haber obtenido la nacionalidad;\n1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de\n4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del\n8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de\nconsanguinidad o afinidad, inclusive.\nEstas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis\nmeses anteriores a la fecha de la elección.\nEl Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones\nno podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo\nDesde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no\npodrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido\nsuspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o\ncuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante\ndelito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.\nNingún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial,\ncargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando\nse trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en\nEsta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones\ninternacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean\ncatedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del\n(Reformado por leyes Nos. 3118 de 16 de mayo de 1963 y 5697 de 9 de junio de 1975).\nLa función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público por\nLos Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato\nalguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni\nintervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el\nEstado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.\nLa violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior,\nproducirá la pérdida de la credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un\nMinisterio de Gobierno, el Diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.\nLa ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los\n(Reformado íntegramente por Ley No. 6960 de 1 de junio de 1984 )\nLa Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro lugar\ncomo para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán dos tercios de votos\ndel total de sus miembros.\nLa Asamblea elegirá su Directorio al iniciar cada legislatura. El Presidente y el Vicepresidente han\nde reunir las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República. El Presidente de\nla Asamblea prestará el juramento ante ésta, y los Diputados ante el Presidente.\nLa Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, aun cuando no haya sido\nconvocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos: del primero\nde mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre.\nUna legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero\nde mayo y el treinta de abril siguiente.\nLa Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de dos tercios del total de sus\nSi en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones, o si abiertas no pudieren continuarse\npor falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que\nestablezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea abrirá o continuará las sesiones\ncuando se reúna el número requerido.\nLas sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se\nacuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados\nEl Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En éstas\nno se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto\nque se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las\nreformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.\nLas resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto\nen los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.\nArtículo 120.- El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa, la fuerza de\npolicía que solicite el Presidente de aquélla.\nAdemás de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente\n1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el\ncapítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;\n2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando\nasí lo acordare;\nLos tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas\ncompetencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos\nregionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no\nmenor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.\nNo requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados\npúblicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos\nautoricen de modo expreso tal derivación.\n5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la\npermanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos;\n6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la\n7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso\nde evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos\n22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de\nalgunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta por treinta días;\ndurante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en\nestablecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares\nhabitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas\ntomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.\n8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos\nPoderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en el caso\nde incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe\nllamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo;\n9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la\nRepública, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos,\ndeclarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a\nformación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte\nSuprema de Justicia para su juzgamiento;\n10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso\nanterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;\nb) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras\nsustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el\nLos bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la\nadministración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial\notorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la\nLos ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos últimos mientras se encuentren en\nservicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en\nforma alguna del dominio y control del Estado.\n15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito\npúblico, celebrados por el Poder Ejecutivo.\nPara efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque convenidos\nen el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto\nsea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea\n16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables presentados a la República, y\ndecretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho\nacreedoras a esas distinciones;\n17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y\nmedidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar\npreviamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;\n18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los\nautores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;\n19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes,\nseñalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la\n21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros,\namnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de\nlos cuales no cabe ninguna gracia;\n22) Darse el reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá\nmodificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;\n23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les\nencomiende, y rindan el informe correspondiente.\nLas Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las\ninvestigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas\ny hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla;\n24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables\nde actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar\nperjuicio evidente a los intereses públicos.\nSe exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se\nrefieran a operaciones militares pendientes.\n(Reformado por Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968. )\nEs prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer\na cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder\nJudicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o\nArtículo 123. (*)\nDurante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno\ny al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.\nLa iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza\nLos proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite\nprevisto en el artículo 195 de esta Constitución.\nUna ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los\nproyectos de ley de iniciativa popular.\nPara convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder\nEjecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece tanto para casos especiales como para los que se resuelvan por iniciativa\npopular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Constitución.\nNo tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22),\n23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, los cuales se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta.(*)\nLa Asamblea Legislativa puede delegar, en Comisiones Permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento,\nel debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de delegación.\nNo procede la delegación si se trata de electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4, 11, 14,\n15, y 17 del artículo 121 de la Constitución Política, a la Convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política proyectos\nde ley relativos a la materia.\nLa Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos\nLa delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea y la evocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes.\nEl Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la delegación y la evocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos.\n(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7347 del 1 de julio de 1993, publicada en La Gaceta No. 137 del 20 de julio de 1993\n(*) El párrafo primero del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002\nSi el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo\ndevolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba\nel Presupuesto Ordinario de la República.\nDentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue\ninconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto.\nReconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la\nAsamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del\ntotal de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República.\nSi se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo,\nquien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos\npara resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.\nSi el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa,\nésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el\ndiferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.\nSe tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se\nenviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el\nproyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene\nArtículo 129.- (*)\nLas leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen;\na falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.\nPor vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución. (*)\n(*) El último párrafo del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002.\nEl Presidente y los Vicepresidentes de a República\nEl Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros\nde Gobierno en calidad de obligados colaboradores.\n1) El presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente\no quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.\n2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses anteriores a la\nelección, y quien en su lugar hubiera ejercido la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese\n3) El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, o hermano de quien\nocupe la Presidencia de la República al efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado\nen cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;\n4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la\n5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y\nsuplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el Director del Registro Civil, los directores o\ngerentes de las instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República.\nEsta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran desempeñado los cargos\nindicados dentro de los doce meses anteriores a al fecha de la elección.\nLa elección de Presidente y Vicepresidentes se hará el primer domingo de febrero del año en que\ndebe efectuarse la renovación de estos funcionarios.\nEl período presidencial será de cuatro años.\nLos actos de los funcionarios públicos y de los particulares que violen el principio de\nalternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, o el de la libre sucesión presidencial, consagrados\npor esta Constitución, implicarán traición a la República. La responsabilidad derivada de tales\nactos será imprescriptible.\nHabrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al\nPresidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá\nllamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya.\nCuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del\nPresidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.\nEl Presidente y los Vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus cargos el día ocho\nde mayo; y terminado el período constitucional cesarán por el mismo hecho en el ejercicio de los\nEl Presidente y los Vicepresidentes prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa; pero si no\npudieren hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.\nEl Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos\nque exceda del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos.\nLos candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su elección en\nuna misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.\nSi ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una segunda elección\npopular el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido\nmás votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios.\nSi en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios\nsuficientes, se tendrá por elegido para Presidente al candidato de mayor edad, y para\nVicepresidentes a los respectivos candidatos de las misma nómina.\nNo pueden renunciar la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencia los ciudadanos\nincluidos en una nómina ya inscrita conforme la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en\nla segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número de\nvotos en la primera.\nArtículo 139.- (*)\nSon deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:\n4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un\nmensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la\nRepública y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la\nbuena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación;\n5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos\n(Así reformado por ley No. 5700 de 6 de junio de 1975).\n(*) El inciso 5) del presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7674 de 17 de junio\nde 1997. Alcance No. 32 a La Gaceta No. 118 de 20 de junio de 1997.\nSon deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo\n1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y\nfuncionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy\ncalificados, la Ley de Servicio Civil; 2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos\nprevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;\n3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto\n4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a\nque se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones\nque allí se establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de\ngarantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá\nreunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida\npor dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las\nSi por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará el día siguiente con cualquier\nnúmero de diputados. En este caso el decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por\nvotación no menor de las dos terceras partes de los presentes;\n5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho del veto;\n6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el\nresguardo de las libertades públicas;\n9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia\nlos Tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos;\n10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez\naprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha\naprobación la exija esta Constitución.\nLos protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no\nrequieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder\n(Así reformado por ley N.4123 de 30 de mayo de 1968 )\n13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos y admitir a los\nCónsules de otras naciones;\n15) Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional en la oportunidad y\ncon los requisitos determinados en esta Constitución;\n18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los\ndemás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes;\n19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de\nesta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando\nestipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios\npúblicos, recursos o riquezas naturales del Estado.\nLa aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su\nrégimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u\notros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por\nsus normas especiales.\n(Agregado según ley N.5702 de 5 de junio de 1975).\n20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución\nPara el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de\nGobierno que determine la ley. Se podrá encargar a un solo Ministro dos a más Carteras.\n2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país,\nLa función del Ministro es incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de\nelección popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son aplicables a\nlos Ministros las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los artículos 110, 111 y 112 de\nesta Constitución, en lo conducente.\nLos Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los\nprimeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos\nLos Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las\nsesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga.\nLos decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las\nfirmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta\nConstitución establece, la aprobación del Consejo de Gobierno.\nEl Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo\nla Presidencia del primero, las siguientes funciones:\n1) Solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la\nautorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz;\n4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al\n5) Resolver los demás negocios que le someta el Presidente de la República quien, si la gravedad\nde algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo,\nparticipen en las deliberaciones del Consejo.\nEl Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que\nsegún esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será\nconjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta\nConstitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno\nalcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo.\nEl Presidente de la República y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que\nen seguida se indican, serán también conjuntamente responsables:\n1) Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad\nterritorial de la República;\n2) Cuando impidan o estorben directa o indirectamente las elecciones populares, o atenten\ncontra los principios de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia o de la libre sucesión\npresidencial, o contra la libertad, orden o pureza del sufragio;\n3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su\nlibertad e independencia;\n5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales\nla libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en\nalguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las\n6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley\nArtículo 150.- (*)\nLa responsabilidad de quien ejerce la Presidencia de la República y de los Ministros de Gobierno\npor hechos que no impliquen delito, sólo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio\nde sus cargos y hasta cuatro años después de haber cesado en sus funciones.\n(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 8004 de 22 de junio del 2000. LG#\n143 de 26 de julio del 2000.\nEl Presidente, los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser\nperseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya\ndeclarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal.\nEl Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que\nCorresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer\nde las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como\nde las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas\nque intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie,\ncon la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.\nEl Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en\nlos asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente\nseñaladas por los preceptos legislativos.\nNingún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Únicamente los\ntribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad effectum videndi.\nLa Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los\ntribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta\nConstitución sobre servicio civil.\nLa Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios para el\nbuen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas\nque indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera que éste llegue a ser,\nsólo podrá acordarse previos todos los trámites dispuestos por las reformas parciales a esta\n(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 1749 de 8 de junio de 1954\nLos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por ocho años y se considerarán\nreelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del\ntotal de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.\n1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de\ndiez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte\nSuprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento;\n5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber\nejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios\njudiciales con práctica judicial no menor de cinco años.\nLos Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la\n(Así reformado por ley No. 2026 de 15 de junio de 1956).\nNo podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o\nafinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.\nEs incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supremos Poderes.\nLa Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, de la nómina de magistrados que la\nintegran. Asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, en la forma y por el tiempo\n(*) El presente artículo ha sido reformado por ley No. 6769, de 2 de junio de 1982\nLa elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará en una de las diez sesiones\nanteriores al vencimiento del período respectivo; la reposición, en cualquiera de las ocho\nposteriores a aquélla en que se comunique haber ocurrido una vacante.\nLa Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos\nentre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las\nfaltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre\nlos Magistrados suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en\nuno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o\nextraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación\ncorrespondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y\nprohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los suplentes.\nLos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria\nde haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo\ncorrespondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la\nCorte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus\nEn cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el\nnúmero y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales\ndeben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad.\nPara la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o\nfuncionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema\nde Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos tercera partes del\ntotal de los miembros de la Asamblea.\nPara los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en provincias; éstas\nen cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales.\nLa Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta\nConstitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera\naprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o\nprovincias que soporten la desmembración.\nLa creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante\nvotación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.\nLa Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del\nGobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de\nelección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.\nLas corporaciones municipales son autónomas.\nLos Regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y desempeñarán sus cargos\nLa ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las\nMunicipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de\ncinco Regidores propietarios e igual número de suplentes.\n( *) El presente artículo ha sido reformado por ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961\nArtículo 172.- (*)\nCada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente\nPara la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados\nlas municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos adscritos a la\nrespectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los\nmismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una\nley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales\nen que pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y financiación.\n(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8105 de 31 de mayo del 2001.\nAlcance No. 46-A a La Gaceta No. 115 de 15 de junio del 2001.\nLos acuerdos Municipales podrán ser:\nEn ambos casos, si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los\nantecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que\nLa ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para\ncontratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o\nLas Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales\nnecesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su\nEl presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los\ngastos autorizados de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el\nmonto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.\nLas Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar\nEl Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al\nLa preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un\nDepartamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la\nRepública, para un período de seis años. Este departamento tendrá autoridad para reducir o\nsuprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los\nMinisterios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de\nElecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República. Los\ngastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no\npodrán ser objetados por el Departamento a que se refiere este artículo.\nEn el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los\ningresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare\nsuperior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestadas por ese\npoder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión\nadicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda.\nPara lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la\ncontribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de\nSeguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y\nfuturas de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo\nasumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la\npartida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad\nde las cuotas del Estado.\nEl Poder Ejecutivo preparará, para el año económico respectivo, los proyectos de presupuestos\nextraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de\ncualquier otra fuente extraordinaria.\n(Así reformado por leyes No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y No. 2738 de 12 de mayo de 1961 )\nEl proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa\npor el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de\nPresupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo\nLa Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es\nseñalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría\nGeneral de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.\nEl presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes\nPúblicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por\nleyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.\nTodo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo\nSin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de\nuna partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades\nurgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales\ncasos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto\nrespectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su\nEl Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los\nextraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al\nvencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su\ndictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de\nlas cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa.\nLos contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las\nMunicipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas\nentidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán\nmediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.\nLa Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa\nen el desempeño de sus labores.\nLa Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período\npresidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.\nEl Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones, y\npueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total\nde sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes\n1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la\nNo se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto\nrespectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no\nhaya sido refrendada por ella;\n2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones\nautónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;\n3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria\ndel movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del\nContralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el\nmejor manejo de los fondos públicos;\n4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios\nLa Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este\norganismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las\ncantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas\nLa Tesorería está a cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero. Ambos funcionarios\ngozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley.\nLos nombramientos se harán en Consejo de Gobierno por períodos de cuatro años, y sólo podrán\nser removidos estos funcionarios por justa causa.\nTodo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de\nla Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial.\nQuedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias\nmuy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo\ninformará confidencial e inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.\nLas instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a\nla ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.\n(Así reformado por ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).\nSon instituciones autónomas:\n3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea\nLegislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.\nPara la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea\nLegislativa oirá previamente la opinión de aquélla.\nUn estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con\nel propósito de garantizar la eficiencia de la administración.\nCon las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los\nservidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser\nremovidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el\ncaso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor\norganización de los mismos.\nEl Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y los funcionarios que manejen fondos\npúblicos, están obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a\nEL JURAMENTO CONSITUCIONAL\nEl juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de\nesta Constitución, es el siguiente:\n"-¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la\nRepública, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?\nArtículo 195.- (*)\nLa Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a\nLegislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por ciento\n(5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. (*)\n4) Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la\nformación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos\ntercios del total de los miembros de la Asamblea;\n8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán\nsometerse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si\nlo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. (*)\n(*) El inciso 3) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6053 de 15 de junio de\n(*) El inciso 1) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo\ndel 2002. LG# 118 de 20 de junio del 2002\n(*) El inciso 8) del presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 8281 de 28 de mayo\nLa reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente\nconvocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no\nmenor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere\nsanción del Poder Ejecutivo.\nEsta Constitución entrará en plena vigencia el ocho de noviembre de 1949, y deroga las\nanteriores. Se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico existente, mientras no sea modificado\no derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o\nimplícitamente por la presente Constitución.\n(Artículo 10- )\nLa Sala que se crea en el artículo 10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes\nque determine la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación no menor de\nlos dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros\nde la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la presente ley; dos de ellos\nlos escogerá de entre los miembros se la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya\nintegración quedará así reducida.\nMientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicción constitucional, la Sala continuará\ntramitando los asuntos de su competencia, aún los pendientes, de conformidad con las\n(Artículo 85.-) Transitorio.-\nPara los períodos fiscales de 1977 a 1980 inclusive, se asignará a la Universidad de Costa Rica,\nal Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la Universidad Nacional dentro del presupuesto general\nde gastos del Estado, las subvenciones que sean necesarias para complementar sus rentas hasta\ngarantizarles, conforme a la disponibilidad de los recursos que establece la Ley No.5909 de fecha\n10 de junio de 1976, los montos globales de operación señalados para esos mismos años de\nconformidad con el documento "Resumen de acuerdos de las Instituciones de Educación Superior\ny propuesta financiera al Gobierno para el desarrollo de la Educación Superior", aprobado por la\nComisión de Enlace el 6 de setiembre de 1976 con base en el Convenio de Coordinación de la\nEducación Superior de Costa Rica.\nEn cuanto a los gastos de inversión, el Poder Ejecutivo gestionará de común acuerdo con el\nConsejo Nacional de Rectores, los préstamos internacionales que sean necesarios, y se hará\ncargo del financiamiento de los fondos de contrapartida y del servicio de la deuda resultantes,\npor todo el plazo correspondiente, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos fiscales.\nLa Asamblea Legislativa, a más tardar dentro de los períodos ordinarios de sesiones de 1979 a\n1980, establecerá las disposiciones constitucionales necesarias para garantizar la efectividad de\nla financiación de la educación superior previstas en el artículo 85, para los años posteriores a\nDurante el quinquenio de 1981-1985, la distribución del fondo especial, a que se refiere este\nartículo, se hará de la siguiente manera: 59% para la Universidad de Costa Rica; 11,5% para el\nInstituto Tecnológico de Costa Rica; 23,5% para la Universidad Nacional y 6% para la\n(Así adicionado por ley No. 6580 de 18 de mayo de 1981).\nLa Asamblea Legislativa que se elija en las elecciones que habrán de verificarse en el mes de\noctubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de acuerdo con la convocatoria que al efecto hará\nel Tribunal Supremo de Elecciones, se instalará el ocho de noviembre de ese año, y cesará en\nsus funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.\nEl Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea Legislativa que\nresulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha señalará\noportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro años y\nmedio, o sea: El Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea\nLegislativa que resulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha\nseñalará oportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro\naños y medio, o sea: el Presidente y los Vicepresidentes desde el ocho de noviembre de ese año\nhasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, y los Diputados desde el primero de\nnoviembre de mil novecientos cincuenta y tres hasta el treinta de abril de mil novecientos\ncincuenta y ocho, con el propósito de que en lo sucesivo el período presidencial se inicie el ocho\nde mayo, la Asamblea Legislativa se instale el primero de ese mes, y las elecciones\npresidenciales y de Diputados se verifiquen en febrero, todo del año correspondiente.\n(Artículo 132, inciso 1).-\nLos actuales ex Presidentes de la República podrán ser reelectos por una sola vez, con arreglo a\nlas disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma.\n(Adicionado por ley No. 4349 de 11 de julio de 1969).\nLos Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse el próximo período presidencial tendrán\nlas funciones determinadas en las leyes existentes sobre Secretarías del Estado, mientras no se\nlegisle sobre la materia.\n(Artículo 171.-) Transitorio\nLos Regidores Municipales que resulten electos en las elecciones de febrero de mil novecientos\nsesenta y dos, ejercerán sus cargos desde el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos\nhasta el treinta de abril de mil novecientos sesenta y seis.\n(Adicionado por Ley No. 2741 de 12 de mayo de 1961 ).\n(Artículo 177.-) Transitorio.-\nEl porcentaje a que se refiere el artículo 177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fijará en\nuna suma no menor del tres y un cuarto por ciento para el año 1958 en una suma no menor del\ncuatro por cientos para el año 1959 y en una suma no menor del uno por ciento más para cada\nuno de los años posteriores, hasta alcanzar el mínimo del seis por ciento indicado.\n(Adicionado por Leyes No. 2122 de 22 de mayo de 1957, No. 2345 de 20 de mayo de 1959 y\nNo. 2738 de 12 de mayo de 1961).\nArtículo 177 (párrafo tercero).- Transitorio.-\nLa Caja Costarricense de Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos\nseguros puestos a su cargo incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y\nmaternidad en un plazo no mayor de diez años contados a partir de la promulgación de esta\n(Así adicionado por ley No. 2738 de 12 de mayo de 1961).\nDado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, Palacio Nacional. San\nJosé, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.\nMarcial Rodríguez C.\nPrimer Vicepresidente Edmundo Montealegre\nFernando Vargas F.\nPrimer Secretario Gonzalo Ortiz M.\nEnrique Montiel G.\nPrimer Prosecretario Vicente Desanti L.\nOttón Acosta Jiménez Nautilio Acosta P.\nJuan Rafael Arias Ramón Arroyo B.\nFabio Baudrit G. Fernando Baudrit S.


NUESTRA CLASE Y OTRAS COSAS: FAMILIAS: EMPEZÓ DICIEMBRE\nFAMILIAS: EMPEZÓ DICIEMBRE\nSí, y con el último mes del año nos iremos vistiendo de Navidad y de vacaciones. Por esto os pido vuestra colaboración para la escuela.\nEste año vamos a poner un belén en el Centro de Interpretación del Parque Nacional que está frente a la escuela. Esta instalación permanecerá abierta durante todas las vacaciones de Navidad así que todos los vecinos y visitantes de Ponga podrán acercarse a verlo.\nRenos: la imagen que veis es un modelo y todos los niños de la escuela deberán aportar uno para el belén. El objetivo es que lo hagáis en familia y que esté señalado de alguna manera (inicial...) para que se lo puedan llevar.\nPalos: es necesario que cada uno aporte un palo de 1,5 o 2 metros de largo (no hace falta que esté derecho).\nCulos de botellas de plástico que sean lo más planas posible.\nTapones de botellas de agua (casi blancos , no de bolsas de leche) para poder pintarlos.\nEn principio haremos el montaje en la última semana de clase, el lunes y martes. Para ello espero contar con vuestra colaboración.\nSerán bienvenidas todas las aportaciones y sugerencias.\nPublicado por Oti en 21:51\nPROGRAMA DEL JUEVES 22 DE DICIEMBRE\n¡OTOÑO, ES OTOÑO!


El trastorno obsesivo-compulsivo, considerado hasta hace bien poco dentro de los trastornos de ansiedad pero que ha pasado a conformar otro conjunto independiente de trastornos, se define por la presencia de obsesiones (que son pensamientos, impulsos o imágenes mentales), compulsiones o rituales (comportamientos o actos mentales repetitivos como respuesta a una obsesión o siguiendo reglas rígidas de aplicación) que tienen por objetivo prevenir o reducir el malestar o para prevenir la ocurrencia de algún suceso temido.\nLas obsesiones se viven como no deseadas y en la mayoría de las personas causan un malestar importante, que suele ser el origen de la puesta en marcha de las compulsiones. Sin embargo, éstas no consiguen aliviar por completo el malestar de la persona, pero le alivian lo suficiente como para que en la siguiente ocasión en la que aparezcan las obsesiones la persona vuelva a repetirlas.\nEn algunas personas no hay rituales manifiestos y la problemática se reduce a la presencia de frecuentes obsesiones, generalmente en forma de dudas tipo "¿Y si...?" que también ocasionan un gran malestar.\nLa presencia de estos síntomas ocupan mucho tiempo o causan un grado intenso de malestar, lo que viene asociado a un deterioro en las áreas social, laboral o familiar de la persona que padece este trastorno. Además, algunos reconocen que sus pensamientos no son razonables pero otros en cambio, con peor pronóstico, refieren que sus creencias son ciertas.\nEl tratamiento psicológico que llevamos a cabo en Psicologia Manzano por su eficacia demostrada es la exposición con prevención de respuesta, que consiste en exponer a la persona a sus obsesiones previniendo que ponga en marcha los rituales. De esta manera, se enfrenta a la ansiedad y el malestar que sus pensamientos le producen que por efecto de la habituación se van reduciendo. Además, esta técnica también da al paciente la oportunidad de comprobar que sus temores no se ven confirmados, lo que va proporcionando un sentido más amplio de seguridad. Esta técnica se utiliza en un contexto seguro, en el que se controlan otros factores que pudieran influir y se hace un seguimiento detallado de su puesta en marcha. Además, esta técnica no se utiliza de forma aislada, sino que inicialmente se dota a la persona de más información y conocimiento sobre su problemática concreta y se le enseñan técnicas de relajación. Estas técnicas complementarias contribuirán a que la persona llegue con más fortalezas al momento de la exposición a sus obsesiones.\n#obsesiones #compulsiones #trastorno #ansiedad