Acuerdo 2/2020 del expediente 251/628\nSesión JEC: 03/01/2020\nNúm. Acuerdo: 2/2020\nRecursos interpuestos contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 24 de diciembre de 2019, por el que se desestiman las peticiones formuladas por el Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y VOX, de cese como diputado electo del Parlamento de Cataluña de Don Joaquim Torra i Pla, en virtud de causa de inelegibilidad sobrevenida.\nPRIMERO.- En los recursos que debemos resolver se impugna el Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) el día 24 de diciembre de 2019, por el que desestimaban las solicitudes formuladas por las formaciones políticas Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox para que se procediera al cese de Don Joaquim Torra i Pla como diputado electo del Parlamento de Cataluña, por inelegibilidad sobrevenida, ello en aplicación del art. 6.2 b) de la LOREG y en razón de haber sido condenado por sentencia no firme dictada el día 19 de diciembre de 2019 (procedimiento abreviado 1/2019) por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, imponiéndole, además de una pena de multa, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo de un año y seis meses, por considerarle autor de un delito de desobediencia tipificada en el art. 410.1 del CP, precepto incluido en el Título XIX del Código Penal, cuya rúbrica es la de "Delitos contra la Administración Pública".\nSEGUNDO.- El Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña ha presentado un escrito de alegaciones en nombre y representación del Presidente de dicha Cámara por el que solicita que se tengan en cuenta dichas alegaciones y se acuerde inadmitir o, en su caso, desestimar los recursos presentados por el Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona del que se ha hecho referencia. Aun cuando esta Junta considera que dicha institución no está legitimada para interponer un recurso contra un acuerdo adoptado en un procedimiento en el que no ha sido parte, y que además se presenta de forma extemporánea, en la medida en que esta resolución puede tener incidencia en la composición de dicha Cámara, se admite a trámite el escrito de alegaciones, que serán tenidas en cuenta para adoptar este acuerdo.\nTERCERO.- Desde el principio conviene dejar sentado que la causa de inelegibilidad que ahora nos ocupa, la prevista en el artículo 6.2.b) de la LOREG, al igual que ocurriría con la incluida en el artículo 6.2.a), son causas de inelegibilidad por previsión expresa de la LOREG, es decir, tienen eficacia "ex lege" y, por tanto, como consecuencia automática de la pena impuesta por sentencia judicial firme (caso de la pena privativa de libertad del artículo 6.2.a) o no firme (supuesto de las penas de inhabilitación absoluta y especial y de suspensión, por los delitos que se enumeran, del artículo 6.2.b) o, como dice la STC 144/1999, de 22 de julio, "la Sentencia judicial -en aquel caso firme- es constitutiva de la incapacidad electoral", y que, por tanto, no exigen un nuevo acto constitutivo de declaración sino meramente declarativo o de constatación. En este mismo sentido la STC 166/1993 nos dice que "La incapacidad para ser elegible se produce como consecuencia automática de la pena privativa de libertad (el arresto mayor), y sólo de ella, desconectada pues de su accesoria, la suspensión. Así la configura como causa de inelegibilidad el precepto tantas veces traído y llevado (art. 6 2 L.O.R.E.G), que es aplicable en toda clase de elecciones, generales o no.".\nDe ahí que el órgano competente, sea cual fuere, no pueda ya emitir juicio alguno sobre su existencia y debe limitarse a constatar su producción y a dar los pasos necesarios para llevarlo a efecto.\nEn relación con esta incompatibilidad debe tenerse también en cuenta lo que declaró el Tribunal Constitucional (1) en su Sentencia 144/1999, en el sentido de que no se trata de una causa ordinaria de incompatibilidad, que permite al cargo electo optar entre este y el puesto considerado incompatible sino "ante la ausencia, lisa y llana de capacidad jurídica para ser elegible, y en tal medida, destinatario de la voluntad del cuerpo electoral en el ejercicio de su función electiva" (STC 144/1999, de 22 de julio, FJ4); y, (2) la causa sobrevenida opera como supuesto de incompatibilidad, generadora, no de la invalidez de la elección, sino de impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido al escaño (STC 45/1983, de 25 de mayo, FJ 5).\nCUARTO.- Dada la naturaleza de los vicios que se atribuyen al Acuerdo impugnado, analizaremos en primer lugar los recursos interpuestos por la coalición electoral Junts per Catalunya (JUNTSxCAT) y por el Sr. Torra i Pla, procediendo a su desestimación por las siguientes razones:\nPrimera.- Aunque en vía de recurso no se reproduce la alegación realizada ante la JEPB, ninguna indefensión cabe admitir por el plazo que la JEPB concedió a los ahora recurrentes para presentar a las alegaciones. Los escritos presentados son clara prueba de que han ejercitado sus derechos de manera efectiva, realizando alegaciones en su defensa, tanto de tipo formal como sustantivo.\nTambién afirmaban los recurrentes ante la JEPB y reiteran ahora en esta alzada, que concurría una vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 20, 21, 23.2, 24 y 25 de la Constitución Española, ello porque el Presidente de la Generalidad de Cataluña no ha incurrido, en ese momento, en causa de incompatibilidad, olvidando así que la petición referida al Sr. Torra i Pla lo era exclusivamente por su condición de Diputado del Parlamento. En todo caso, debe decirse que (1) una cosa es que el Parlamento de Cataluña deba reflejar la expresión de las elecciones efectuadas por sufragio universal directo y otra muy distinta que esa situación debe permanecer al margen de todo supuesto de inelegibilidad sobrevenida o de incompatibilidad. Si ello fuese así, no tendrían ni tan siquiera sentido las causas de incompatibilidad y cese de Diputados que contienen los artículos 18 y 24 del Reglamento del Parlamento de Cataluña y que se citan para negar la aplicabilidad de la prevista en el artículo 6.2.b) de la LOREG; (2) la causa de inelegibilidad no tiene naturaleza sancionadora.\nAunque la JEPB tampoco hizo referencia a la alegación de invasión de la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, órgano que dictó la sentencia condenatoria, es evidente que la mera reseña que hizo de tratarse de una sentencia judicial no firme impide admitir tal vicio. En todo caso, no era la ejecución propiamente dicha de la sentencia lo que se solicitaba por los partidos políticos actuantes sino la aplicación de la causa legal de inelegibilidad derivada de la existencia de una sentencia no firme que imponía una pena de inhabilitación especial por delito contra la Administración Pública.\nSegunda.- La competencia de la JEPB para analizar y resolver la petición es indudable y no puede ceder con la cita del artículo 160 de la LOREG, como bien razona y motiva el punto 3 del Acuerdo impugnado cuando dice: "Sin embargo, dicho precepto no guarda relación alguna con las causas de incompatibilidad sobrevenidas reguladas en el art. 6.2. b) de la LOREG establecidas en virtud del dictado de una sentencia no firme a quien ostente un cargo público de cualquier naturaleza. Basta leer el art. 18 del Reglament del Parlament de Catalunya para concluir que se refiere a otras causas de incompatibilidad distintas a la aquí examinada. Entendemos que somos competentes para la resolución de la petición, al solicitarse su cese en tanto que Diputado del Parlament de Catalunya por la lista de Junts per Catalunya en la provincia de Barcelona. "\nAunque esa es la única motivación dada en el Acuerdo impugnado ante la alegación de falta de competencia de la JEPB, no es menos cierto que es suficientemente expresiva de la razón de decidir: que las incompatibilidades funcionales son de ámbito parlamentario y de competencia parlamentaria, pero la incompatibilidad por inelegibilidad es propia del ámbito electoral y de competencia de la administración electoral. Y en relación con ello es conveniente y relevante resaltar aquí, porque la causa de lo que se pide es relevante y determinante, que las alegaciones de los escritos de los recurrentes aludían exclusivamente a la falta de concurrencia de un supuesto de incompatibilidad parlamentaria del régimen de incompatibilidades de los Diputados del Parlamento de Cataluña, afirmando que la aplicación de ese concreto régimen de incompatibilidades era competencia exclusiva del Parlamento (alegaciones primera y tercera), sin ni siquiera plantear que ese Parlamento debería ser el competente para aplicar los efectos del artículo 6.2.b) de la LOREG.\nEsta diferenciación entre la incompatibilidad por inelegibilidad y la incompatibilidad parlamentaria se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional (STC) que se citaban en apoyo de esa alegación (STC 7/1992, de 16 de enero; y 155/2014, de 25 de septiembre), que luego analizaremos.\nAdemás, la JEPB hace aquí correcta interpretación y aplicación de la normativa electoral. En el Acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) 6/2016, de 3 de febrero, se dijo: "No corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del ámbito de competencias de las Corporaciones Locales, como sucede respecto del examen de incompatibilidades en que puedan incurrir los miembros de éstas, que es competencia del Pleno de la correspondiente Corporación, máxime cuando carece de información suficiente para resolver dichas cuestiones. La función de la Junta debe limitarse a la interpretación de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o en la normativa de desarrollo de ésta.". La mera lectura de este Acuerdo pone de relieve que se resolvía una incompetencia funcional sobre la compatibilidad de los cargos de Senador y Diputado de Diputación Provincial.\nTercera.- La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 155/2014, de 25 de septiembre, resolvía un recurso de inconstitucionalidad referido a la modificación del régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias aplicable a los Diputados del Parlamento de Andalucía. Esta STC, que es empleada por los recurrentes en defensa de su tesis de falta de competencia de la JEPB, resulta contraria a sus intereses puesto que antes de expresar los particulares que se transcriben en los recursos que ahora analizamos y que viene referidas a lo que la propia sentencia del Tribunal Constitucional denomina "incompatibilidades en sentido estricto", establece claramente la distinción que describe el Acuerdo impugnado cuando diferencia entre causa de incompatibilidad por inelegibilidad (impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido al escaño) y causas de incompatibilidad parlamentaria (desempeño simultáneo con el mandato parlamentario de los cargos, actividades o situaciones, ya sean públicas o privadas, declaradas incompatibles por la norma), situando las primeras en el ámbito del Derecho electoral y las segundas en el Derecho parlamentario pues afectan a la organización interna del órgano parlamentario y, además, declarando que mientras la concreción de los distintos supuestos corresponde al legislador electoral, la articulación del procedimiento y órganos parlamentarios encargados de verificar que los representantes políticos no se encuentren incursos en este tipo de tachas (debe entenderse, incompatibilidades funcionales) y, en caso contrario, declararlos incompatibles, se contiene habitualmente en el correspondiente reglamento parlamentario. Citaba para ello y a continuación, en el caso andaluz, artículos 16 y 17 del Reglamento del Parlamento de Andalucía (en su redacción original, que luego pasó a los artículos 18 y 19), referidos a las incompatibilidades funcionales, aprobado por Resolución del Parlamento de Andalucía de 29 de septiembre de 2005 («BOPA» núm. 198, del 10 de octubre de 2005).\nEn consonancia con ello, la propia STC 155/2014 efectúa la afirmación que transcriben los recursos que resolvemos pero, como vemos, en un contexto y con un alcance muy diferentes. La sentencia dice que "Ha de advertirse, frente a lo alegado por el recurrente, que en la disposición controvertida no está en juego el derecho de sufragio pasivo de los cargos incluidos en la misma. El derecho de sufragio pasivo guarda íntima conexión con la inelegibilidad; es más ésta sí que guarda relación con el derecho electoral y, por ende, con el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pero la incompatibilidad, sustancialmente, no guarda relación con el Derecho electoral, sino más bien con el Derecho parlamentario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario.".\nPor último, la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1992, de 16 de enero, que también se cita por los recurrentes y que tiene cita expresa en la 155/2014, no permite una solución diferente pues también está referida a las "incompatibilidades en sentido estricto".\nCuarta.- Incidiendo en lo anterior, la diferencia entre incompatibilidad por inelegibilidad e incompatibilidad funcional, es preciso indicar que aunque el legislador señale que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad", y como tal deben tratarse las previstas en el apartado 1 del art. 6 de la LOREG, esto es las funcionales, debiendo ser las Cámaras respectivas las que las examinen, no sucede así con las del apartado 2. Estas no pierden su naturaleza de causas de incapacidad electoral pasiva que de manera automática se imponen frente a la voluntad del parlamentario y que le privan del escaño. Por eso en estos casos la Administración electoral tiene competencia, porque se refiere al derecho de sufragio pasivo del cargo electo.\nLa representación del Parlamento de Cataluña así lo reconoce en su escrito de alegaciones cuando señala que la conexión entre el art. 6.2 y el art. 6.4 de la LOREG, "fue, según la mejor doctrina, producto de la precipitación del legislador, pues al fin nos ha deparado una causa de incompatibilidad sobrevenida, de naturaleza no sólo singular, sino también extraña al ordenamiento parlamentario, en tanto que, como ya se ha dicho, el objetivo de las incompatibilidades es el de impedir el ejercicio simultáneo de dos cargos con posterioridad a las elecciones, esto es, se trata de una situación deseada o al menos provocada por uno mismo que obliga a optar por un cargo u otro en la mayoría de los casos y, a veces, a asumir obligatoriamente la nueva situación". Añadiendo "la aplicación sistemática de los artículos 6.2 b) y 6.4 de la LOREG evidencian la falta del elemento relacional característico de las incompatibilidades pues desaparece el derecho de opción por parte del diputado". Concluyendo que "no constituye un verdadero supuesto de incompatibilidad en tanto que no faculta la elección entre ejercer el cargo de diputado en otra actividad al margen de la parlamentaria", sino "una causa de inelegibilidad sobrevenida" o "una forma singular de privación de la capacidad electoral, producto de la mala técnica legislativa" (apartados IV y V del escrito del Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña).\nQuinta.- El hecho de que este supuesto de inelegibilidad no aparezca recogido en el Reglamento del Parlamento de Cataluña, como aduce en su escrito el Letrado Mayor de dicha Institución y como también se viene a indicar en los escritos de los recurrentes, no es un impedimento para que resulte aplicable el artículo 6.2.b) de la LOREG, en la medida en que, conforme a su disposición adicional primera, este precepto resulta aplicable a las elecciones a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; y que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen electoral general (art. 81.1 CE), así como para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE).\nEste planteamiento, que es el que subyace en las alegaciones de los recursos que analizamos, no puede ser admitido pues nos llevaría al absurdo ya que la causa de inelegibilidad prevista en el artículo 6.2.b) de la LOREG nunca resultaría de aplicación a un Diputado del Parlamento de Cataluña.\nLo que se pretende es que los Diputados del Parlamento de Cataluña no puedan ser cesados en sus cargos pese a concurrir claramente el supuesto de inelegibilidad del artículo 6.2.b) de la LOREG y, bajo esa idea se alega la falta de competencia de la JEPB para acordar la pérdida de la condición de Diputado del Sr. Torra i Pla, que es la cuestión concreta, como decimos, de los escritos presentados en la instancia administrativa y en esta alzada por el Sr. Torra i Pla y de Junts per Catalunya.\nSexta.- La condición de elegible o inelegible es la esencia o núcleo central del derecho de sufragio pasivo consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Tal condición es la base de todo proceso electoral y su aplicación forma parte del Derecho Electoral, siendo los órganos de la administración electoral los que están llamados, los competentes, para su aplicación con carácter de generalidad, por razón de especialidad, y sin perjuicio de las previsiones normativas sobre los recursos pertinentes, ya sean electorales o contencioso-electorales. El artículo 19 de la LOREG realiza una enumeración no cerrada de las competencias y no impide una interpretación no expansiva de sus previsiones.\nEl artículo 6.4 de la LOREG sobre electos de partidos políticos ilegalizados es un claro reflejo de esa competencia y su concreción expresa no puede servir de base para negarla en los demás casos sobre candidatos ya proclamados, ello porque si se dice en que estos casos será competente la JEC debe entenderse que lo es a los únicos efectos de indicar (1) el concreto órgano de los que integran la administración electoral que deberá efectuar la anulación de los cargos representativos proclamados y con independencia que Junta Electoral hubiera efectuado la proclamación en el proceso electoral afectado; y, (2) además, para residenciar en la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los recursos frente a las decisiones de la JEC, ello en clara conexión con la previsión del artículo 108.4.bis de la LOREG.\nSéptima.- En todo caso, hemos de precisar que el alcance las consultas resueltas era interpretativo, sin que pueda entenderse que esta JEC haya resuelto expresa y directamente sobre cuál fuera el órgano competente para la aplicación del citado precepto legal orgánico, ni que lo realizado impida un pronunciamiento aclaratorio.\nQUINTO.- Entrando ya en el examen de los recursos interpuestos por las formaciones políticas Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que son los que afectan al pronunciamiento del Acuerdo denegatorio del cese de Don Joaquim Torra i Pla como diputado electo del Parlamento de Cataluña, por inelegibilidad sobrevenida, en aplicación del art. 6.2 b) de la LOREG, nuestra decisión debe ser la de estimarlos, ello por las siguientes consideraciones:\nPrimera.- El artículo 6.2.b) de la LOREG dispone que "Son inelegibles: Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.".\nSegunda.- El apartado 2.b) del citado artículo 6 de la LOREG fue modificado por la Ley Orgánica 3/2011, que le dio su actual redacción, incluyendo en la relación de delitos incluidos en este supuesto de inelegibilidad los cometidos "contra la Administración Pública". Precisamente esta modificación legal dio lugar a diferentes consultas ante la Junta Electoral Central, configurando una doctrina que se sintetiza a continuación.\nEn sus Acuerdos de 3 de marzo de 2011, 13 y 27 de septiembre de 2012, 12 de septiembre de 2013, 20 de marzo de 2014, 3 de febrero de 2016 y 4 de julio de 2018, la Junta Electoral Central declaró que el nuevo supuesto de incompatibilidad introducido por la Ley Orgánica 3/2011 en el artículo 6.2.b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, relativo a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública, debe aplicarse a los delitos tipificados en el Título XIX del Código Penal, esto es, en los artículos 404 a 445. El criterio de la Junta Electoral Central es que la causa de inelegibilidad establecida en el artículo 6.2 b) de la LOREG debe entenderse en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.\nComo fundamento de este criterio la Junta Electoral Central ha considerado que lo constituyen, en primer lugar, la literalidad del precepto, que establece como núcleo de la causa de inelegibilidad la condena por este tipo de delitos sin distinguir los cargos o empleos públicos concretos sobre los que pueda recaer la pena de inhabilitación especial o suspensión. Además, porque esa parece ser la finalidad perseguida por el legislador, al considerar que determinados delitos, por su naturaleza y gravedad, afectan particularmente al ejercicio de los cargos electos, hasta el punto de que no sea necesaria la firmeza de la resolución judicial de condena para que produzca la consecuencia de su inelegibilidad. Finalmente, porque la referencia que hace el inciso final del artículo 6.2.b) de la LOREG "a los términos previstos de la legislación penal" debe entenderse como una remisión general a la legislación penal en cuanto a la previsión de estos tipos penales, pero sin que ello suponga reducir la extensión de la inelegibilidad a los empleos o cargos públicos específicos sobre los que pueda recaer la pena de inhabilitación especial o de suspensión de empleo o cargo público (Ac de 3 de febrero de 2016).\nAsimismo, la Junta ha recordado que el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interpretación que debe darse al precepto de referencia en su Sentencia 615/2017, de 14 de septiembre (Sala de lo Penal, Sección Primera), indicando lo siguiente: "Señala el recurrente que la finalidad del precepto es la de ampliar los efectos de la inelegibilidad a los condenados por sentencia que aún no es firme, pero esa aparente voluntad no resulta del propio precepto que lo que expresa, con claridad, es el alcance y determinación de una pena privativa de derechos, la de inhabilitación para cargo público, consistente en la inelegibilidad cuando la condena sea por los delitos que expresa, entre ellos el de terrorismo". Es, por tanto, la literalidad del precepto la que vincula la consecuencia de inelegibilidad con la pena de inhabilitación. y -cabe deducir, en lo que aquí interesa- con la pena de suspensión de cargo público; así, la consecuencia inmediata es que la inelegibilidad comporta una causa de incompatibilidad sobrevenida en aplicación del artículo 6.4 de la LOREG. De conformidad con cuanto antecede, en opinión de esta Junta, el artículo 6.2.b) en conexión con el artículo 6.4 de la LOREG, tras su reforma por la Ley Orgánica 3/2011, ha ligado una causa de inelegibilidad (y consiguientemente de incompatibilidad) a la condena de suspensión de cargo público, cuando haya sido impuesta por la comisión de alguno de los delitos mencionados (Ac de 4 de julio de 2018).\nTercera.- Esta Junta Electoral Central considera que el artículo 6.2.b) de la LOREG no sujeta o limita su aplicación -ámbito subjetivo de aplicación- a determinados sujetos activos de los delitos que enumera, sino que contiene un enunciado general que permite su aplicación directa, no extensiva ni analógica, a todas aquellas personas que aspiren a obtener un mandato representativo electoral, como puede ser el de Diputado de una Asamblea o Parlamento de una Comunidad Autónoma, o que, habiéndolo obtenido, incurran en causa de inelegibilidad sobrevenida según la doctrina del Tribunal Constitucional.\nCuarta.- La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 438/2019, de 1 de abril, dictada en el recurso de casación nº 5590/2017, resolvió la siguiente cuestión de interés casacional: "Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si, la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la LOREG debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena, o si, por el contrario, solo afecta a los empleos o cargos públicos especificados en la sentencia penal en virtud de la remisión que efectúa el artículo 6.2 b) LOREG cuando se refiere a "en los términos previstos en la legislación penal.".\nLa decisión del Tribunal Supremo se condensa en sus fundamentos de derecho décimo y undécimo, que son del siguiente tenor literal:\n"DÉCIMO.- El juicio de la Sala. Inexistencia violación art. 23.1 CE.\nYa hemos dejado consignado en el fundamento anterior lo vertido por el Tribunal Constitucional en su STC 151/1999, de 14 de septiembre acerca de la ejemplaridad social exigible a quien ejerce función pública, máxime si es representante de los ciudadanos.\nLo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público. Incluso, en algún Estado haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad. En Dinamarca, una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés (www Comisión Europea).\nDebemos, pues, interpretar el art. 6.2 de la LOREG en su reforma 2011 -condenados por delitos contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado que, eso es significativo, amplió la reforma de 2003 -condenados por delitos contra las Instituciones del Estado- no establecida en la redacción originaria de la LOREG.\nConstatamos en esa reforma un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al art. 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público.\nLa sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito.\nUNDÉCIMO.- La doctrina de la Sala.\nAquí, a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, se establece en los precedentes fundamentos la interpretación de aquellas normas sobre las que el auto de admisión consideró necesario el enjuiciamiento del presente recurso de casación por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo y, conforme a ello, declara:\ni) Que no lesiona el art. 23. CE la declaración de incompatibilidad de … para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura.\nii) Que la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el art. 6.2 b) en relación con el art. 6.4 de la LOREG debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.".\nQuinta.- Es totalmente improcedente que una Junta Electoral, como hace la Provincial de Barcelona en el punto 7 del Acuerdo impugnado, pueda llegar a cuestionar el alcance típico del artículo 410.1 del Código Penal -concepto de administración pública- y pronunciarse sobre si en él encaja o no la administración electoral, cuando ya el órgano jurisdiccional penal competente se ha pronunciado sobre ello en la sentencia que ha impuesto la pena de inhabilitación que determina la aplicación del artículo 6.2.b) de la LOREG.\nSexta.- Tampoco consideramos correcta la argumentación desplegada para hacer una aplicación armonizada de la LOREG y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que la JEPB debía decidir, pues hasta allí se extendía su competencia, era simplemente si la condena impuesta al Sr. Torra i Pla integraba o no una supuesto de inelegibilidad sobrevenida y si ello determinaba la pérdida de su condición de Diputado electo del Parlamento de Cataluña. No le correspondía examinar, y menos para modular e incluso condicionar su decisión, si con ello se produciría o no la pérdida de la condición de Presidente de la Generalitat de Cataluña a tenor del artículo 67.2 del Estatuto. Ese será un efecto que deberá ser analizado por los órganos competentes del Parlamento de Cataluña cuando se le comunicase la pérdida de la condición de Diputado electo.\nSéptima.- La resolución impugnada invoca el principio de interpretación más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. Dicho principio, de indudable relevancia, sin embargo no puede conducir a realizar una interpretación "contra legem". Cuando la literalidad del precepto legal es patente y explicita no resulta posible su invocación para inaplicar dicho precepto. Las Junta Electorales son Administraciones Públicas que actúan "con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho". (art.103.1 de la Constitución). Aun cuando puedan considerar discutible la constitucionalidad de un precepto legal, no pueden sustituir al legislador, puesto que en nuestro ordenamiento constitucional únicamente el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango legal. Ni siquiera los órganos judiciales pueden hacerlo, si bien estos pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad prevista en el art. 163 de la norma fundamental.\nOctava.- Se aduce también en la resolución impugnada que no hay precedente alguno de que la Junta Electoral Central en un caso análogo haya aplicado el artículo 6.2 b) de la LOREG. Si bien esta aseveración es cierta respecto de parlamentarios autonómicos o estatales, la Junta Electoral Central ha resuelto diferentes consultas en esta materia. El hecho de que en estos supuestos se tratase de asuntos que afectaban a miembros de las corporaciones locales no resta valor a esta doctrina. Debe tenerse en cuenta que siempre que una ley se aplica por primera vez a un supuesto concreto no hay precedente de esa aplicación y no por eso debe dejar de hacerse. Las leyes no pierden su vigencia por no haber dado lugar a su aplicación, no es posible una suerte de "desuetudo contra legem", pues las leyes solo se derogan por otras posteriores, como establece el art. 2.2 del Código Civil.\nNovena.- Por otra parte, tampoco cabe acoger la referencia que la resolución impugnada hace a la finalidad de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2011. Es cierto que dicha reforma tenía como finalidad evitar que formaciones políticas ilegales o que justificaban o apoyaban la violencia terrorista pudieran utilizar vías fraudulentas para concurrir a los procesos electorales y obtener representación institucional. Sin embargo, la inclusión en el apartado b) del art. 6.2 de la LOREG de las condenas por terrorismo o por delitos contra las Instituciones del Estado se produjo con anterioridad, mediante la Ley Orgánica 1/2003. Lo que introdujo la Ley Orgánica 3/2011 fue los "delitos contra las Administraciones Públicas", de manera general y no necesariamente conectada con los asuntos de terrorismo. Aun cuando no se hiciese mención a ello en la exposición de motivos, en este punto la Ley Orgánica 3/2011 extendió esa inelegibilidad por sentencias no firmes a los delitos contra las Administraciones Públicas ante el fenómeno de corrupción política existente en ese momento. No debe olvidarse, como justificación de esta reforma lo que señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 151/1999, en el sentido de que "pocas dudas pueden albergarse respecto de la necesidad de que los gestores públicos gocen de la confianza y del respeto de la gente. Para ello, si es exigible una cierta ejemplaridad social a quien ejerce cualquier función pública, con más intensidad debe hacerse respecto de aquellos cargos cuya función consiste precisamente, por ser representantes de los ciudadanos, en actuar de manera directa en los asuntos públicos" (FJ3).\nDécima.- Finalmente, tampoco puede acogerse la consideración final que la Junta Electoral Provincial de Barcelona hace sobre la condena al Sr. Torra i Pla como "delito menos grave" a tenor de lo dispuesto en el art. 33.3 del Código Penal. Esa diferenciación carece de todo apoyo legal para inaplicar el art. 6.2 b) de la LOREG. "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemos", puesto que el referido precepto se refiere a delitos contra las Administraciones Públicas, sin distinguir entre graves y menos graves. No cabe minusvalorar la relevancia de cualquier delito contra la Administración Pública en quienes son sus representantes o gestores públicos y la ejemplaridad social que les es exigible. Es esa circunstancia la que ha llevado al legislador orgánico a incluir el supuesto de inelegibilidad establecido en el art. 6.2 b) de la LOREG, y corresponde a la Administración Electoral dar cumplimiento a ello.\nSEXTO.- A fin de concretar el alcance y los efectos de este supuesto de inelegibilidad, debe tenerse en cuenta que el artículo 6.2 b) de la LOREG se remite en su último inciso a los términos previstos en la legislación penal. En ese sentido el artículo 42 del Código Penal dispone que "la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos"; y añade que "produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de condena". De ello se infiere que la pena de inhabilitación especial impuesta al Sr. Torra i Pla supone la privación definitiva de su cargo de Diputado al Parlamento de Cataluña, y en tal sentido, debe ser declarado por la Administración electoral.\nPor los motivos expuestos se acuerda lo siguiente:\nPRIMERO.- Desestimar los recursos planteados por Junts per Catalunya y por el Sr. Torra i Pla.\nEste Acuerdo se notificará a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a los personados en este procedimiento y al Presidente del Parlamento de Cataluña.\nVoto Particular discrepante al acuerdo de la Junta Electoral Central sobre el punto 1 del Orden del día (sesión de 3 de enero de 2020), suscrito por D. Antonio V. Sempere Navarro, Dª María Luz García Paredes, D. José Luis Seoane Spiegelberg, Dª Inés Olaizola Nogales, Dª Consuelo Ramón Chornet y D. Juan Montabes Pereira.\nCon el máximo respeto a la mayoría de esta Junta Electoral Central (JEC) y al Acuerdo adoptado respecto del asunto referido a la situación del Diputado al Parlamento de Cataluña D. Joaquim Torra i Pla, quienes firmamos al término del presente escrito deseamos dejar expresa constancia de que no hemos compartido el criterio mayoritario. Consideramos que la decisión debía haber desembocado en: 1º) Estimar el recurso presentado por el Sr. Torra, en los términos que se explicará. 2º) Anular el acuerdo de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona de 24 de diciembre de 2019. 3º) Declarar que la competencia para aplicar las consecuencias derivadas de la sentencia nº 149/2019, de 19 diciembre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corresponde al Parlamento de dicha Comunidad Autónoma. 4º) Dejar imprejuzgado el debate sobre las numerosas cuestiones suscitadas por quienes han intervenido en el presente procedimiento respecto del tema de fondo. 5º) Desestimar los recursos formulados por Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partido Popular y Vox frente al referido Acuerdo de la JEP.\nPRIMERO.- Antecedentes de hecho relevantes.\n1. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia 149/2019, de 19 de diciembre, con el siguiente Fallo:\n“Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, D. JOAQUIM TORRA I PLA como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de MULTA DE DIEZ (10) MESES con una cuota diaria de CIEN (100) EUROS y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES”.\n2. Dicha sentencia consideró que el acusado había cometido el precitado delito como consecuencia de haber desobedecido un mandato de esta Junta Electoral Central, en el ejercicio legítimo de sus funciones, en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. La mentada resolución judicial no es firme en Derecho.\n3. El recurrente D. Joaquim Torra y Pla es Diputado del Parlamento de Cataluña, por la circunscripción de Barcelona, proclamado electo en las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2017. Fue elegido por el pleno de dicho Parlamento, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2018, como Presidente de la Generalitat.\n4. El presente procedimiento se inició como consecuencia de la presentación por el PARTIDO POPULAR de escrito de 20 de diciembre de 2019, ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, por el que solicitaba se procediera: “al cese como diputado electo del Parlament de Cataluña, por inelegibilidad sobrevenida, a Don Joaquim Torra i Pla, en aplicación del art. 6.2 b) de la LOREG, al haber sido condenado por sentencia no firme dictada por la Sala Civil y Penal del TSJC a la pena de un año y seis meses de inhabilitación en virtud del delito de desobediencia tipificada en el art. 410.1 CP, precepto incluido en el Título XIX del Código Penal, cuya rúbrica es la de “Delitos contra la Administración Pública. Todo ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 6.4 LOREG conforme al cual las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad”.\n5. En fecha posterior, concretamente el 23 de diciembre, se presentaron, ante la Junta Provincial de Barcelona, sendos escritos de los representantes de CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA y del partido político VOX en similar sentido, solicitando el cese como diputado del Sr. Torra.\n6. Por la Junta Electoral de Barcelona se dictó resolución de 24 de diciembre de 2019, en la que, contestando al argumento de su falta de competencia para el conocimiento de la petición formulada, se razonó al respecto:\n“El afectado MHP Joaquim Torra i Pla y el representante de Junts per Catalunya consideran que esta Junta Provincial no es competente para resolver la petición efectuada por el Partido Popular, por razón de que son las Cámaras representativas –en este caso el Parlament de Catalunya- las competentes para resolver las cuestiones de incompatibilidad, de conformidad con el art. 160 LOREG. Sin embargo, dicho precepto no guarda relación alguna con las causas de incompatibilidad sobrevenidas reguladas en el art. 6.2. b) de la LOREG establecidas en virtud del dictado de una sentencia no firme a quien ostente un cargo público de cualquier naturaleza. Basta leer el art. 18 del Reglament del Parlament de Catalunya para concluir que se refiere a otras causas de incompatibilidad distintas a la aquí examinada. Entendemos que somos competentes para la resolución de la petición, al solicitarse su cese en tanto que Diputado del Parlament de Catalunya por la lista de Junts per Catalunya en la provincia de Barcelona”.\nUna vez resuelta tal cuestión, de imprescindible pronunciamiento previo y entrando en el fondo de la petición formulada, la precitada Junta Provincial de Barcelona acordó desestimar las peticiones realizadas por las representaciones de las formaciones políticas PARTIDO POPULAR, CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y VOX.\n7. Contra dicha resolución se interpusieron recursos, ante esta JEC, por dichos partidos políticos, por el Sr. Torra y por la coalición electoral Junts per Catalunya.\n8. En el presente expediente se personó como parte interesada el Parlamento de Cataluña, por considerar que es el “competente para resolver las cuestiones de incompatibilidad de los diputados del Parlamento, tanto las previstas en el art. 18 del Reglament del Parlament de Catalunya, como en las leyes generales, y por tratarse de una cuestión que no afecta al régimen electoral sino al Estatuto de los diputados del Parlament de Catalunya”.\nSEGUNDO.- Fundamentos jurídicos.\n1.- La competencia de la Administración Electoral, como presupuesto resolutorio de la solicitud formulada por los partidos recurrentes.\nPor haber sido cuestionado expresamente ante esta Junta Electoral Central y por constituir presupuesto imprescindible para el conocimiento de la cuestión de fondo suscitada, procede analizar, en primer término, la competencia impugnada de la Junta Electoral Provincial de Barcelona.\nEn definitiva, hemos de pronunciarnos sobre si la cuestión debatida se trata de un asunto que la LOREG reserva a la denominada Administración Electoral, de la que forman parte, tanto la Junta Electoral Provincial de Barcelona, como esta Junta Electoral Central (art. 8 de la LOREG).\nEl Parlamento de Cataluña y el Sr. Torra consideran que la petición formulada compete al ámbito del derecho parlamentario, al afectar directamente al estatuto de un diputado autonómico, en el que coincide además la condición de Presidente de la Generalitat.\nEl Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma, que ha dictado la sentencia condenatoria del Sr. Torra, no ha remitido testimonio de la misma, interesando alguna actuación de esta Junta Electoral Central.\nLa competencia concebida como conjunto de funciones o materias, que son asignadas a la denominada Administración Electoral, con la concreta atribución de potestades públicas para la satisfacción de las mismas, deviene en un presupuesto esencial de nuestra actuación, sobre el que debemos pronunciarnos, incluso de oficio.\nEs incuestionable que nos compete resolver el recurso interpuesto contra la decisión dictada por la JEP de Barcelona, conforme al art. 21 de la LOREG. Ahora bien, cuestión distinta es si dicha Junta Electoral podía conocer de la petición que le fue formulada; es decir, si era competente para acordar el cese de un diputado del Parlamento de Cataluña, que venía desempeñando las funciones propias de dicho cargo, por causa de inelegibilidad sobrevenida, al amparo de lo normado en los arts. 6.2 b) y 6.4 de la LOREG.\n2.- Preceptos de la LOREG sobre los que se basa la pretensión de los partidos recurrentes.\nConforme al artículo 6.2.b) LOREG son inelegibles: “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.\nPor su parte, el art. 6.4 de la LOREG dispone que: “Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral”.\n3.- Doctrina pertinente de esta JEC.\nSobre el modo en que esas previsiones normativas inciden en el mandato representativo ya vigente que ostenta el recurrente Sr. Torra no existe pronunciamiento de esta JEC que pueda invocarse como auténtico precedente. Sin embargo, en varios acuerdos adoptados sobre materias conexas aparece la misma idea que anima nuestra decisión: la de la incompetencia de la Administración Electoral para adoptar decisiones aplicativas ajenas al proceso electoral. Veamos algunos ejemplos:\nAcuerdo JEC 99/2012 de 13 septiembre: “En consecuencia, corresponde a la Corporación Local que tuviera conocimiento de la imposición de una condena de esta índole recabar del órgano jurisdiccional competente la notificación del fallo para proceder a su ejecución”.\nAcuerdo JEC 100/2012 de 13 de septiembre: “no corresponde a esta JEC proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del ámbito de las Corporaciones Locales, como sucede con respecto al examen de incompatibilidad en que puedan incurrir los miembros de las Corporaciones Locales”.\nAcuerdo JEC 4 julio 2018: “De conformidad con cuanto antecede, el artículo 6.2.b LOREG ha ligado una causa de inelegibilidad (y consiguientemente de incompatibilidad) a la condena de suspensión de cargo público, cuando haya sido impuesta por alguno de los delitos mencionados. Por lo tanto al producirse una situación de incompatibilidad sobrevenida. Una vez que esta sea constatada por el Pleno y declarada la correspondiente vacante, procederá tramitar la oportuna credencial del candidato a quien corresponda”.\nPor lo tanto, bien que respecto de supuestos acaecidos en el ámbito de las Corporaciones Locales, nuestra propia doctrina se inclina por remitir al órgano representativo que proceda la aplicación de las consecuencias previstas en el artículo 6.2 LOREG. Asumiendo lo que en otras ocasiones hemos mantenido, consideramos que no corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones de incompatibilidad de los parlamentarios ya que corresponde al ámbito de competencias de las correspondientes Cámaras legislativas.\nEn la medida en que no existe previsión específica que aboque a otra solución, esa debiera ser también la premisa desde la cual abordar una cuestión tan novedosa y compleja como la presente.\n4.- Doctrina constitucional pertinente.\nTampoco el Tribunal Constitucional ha abordado un caso que podamos considerar igual al presente, pero sí alguno emparentado con él.\nLa STC 7/1992, de 16 enero, aborda la remoción de un Diputado de Asamblea autonómica como consecuencia de las penas accesorias impuestas por sentencia condenatoria firme. En ella se expone lo siguiente:\nEn segundo término, aunque la pena de suspensión de cargo público implica siempre la imposibilidad de obtener otro de funciones análogas durante el tiempo de la condena (art. 38 C.P.) y, por ello, constituye una causa de inelegibilidad en nuestro Derecho, en los términos expuestos en nuestras Sentencias 80/87 y 158/91, no puede admitirse la aplicación extensiva del art. 160 LOREG que propugnan las partes recurrida y coadyuvante, imponiendo "la renuncia" del escaño a todo aquél diputado que se vea sometido a una condena penal generadora de inelegibilidad, puesto que, ante el silencio de la ley electoral al respecto, no cabe la posibilidad de interpretar extensivamente la formulación legal de las causas de inelegibilidad (STC 28/1986), sino que es preciso proceder a una integración a partir de otros preceptos aplicables con arreglo al sentido de la institución y de los fines que procura (STC 51/1985). Y en este sentido, es indudable que hay que tener en cuenta, tanto las previsiones del Código Penal, que sólo anudan la pérdida del cargo público a las penas de extrañamiento y confinamiento y a las privativas de libertad por tiempo superior a doce años (arts. 45 y 46 C.P.), pero no respecto de otras penas, a las que sólo asocia la suspensión del cargo (art. 47 C.P.), como las del Reglamento de la Asamblea de Cantabria...\nLa STC 144/1999, de 22 julio, aborda un supuesto en que se dicta sentencia declarando privación de derecho a sufragio a un candidato. En ella se argumenta así:\nLa inscripción censal es meramente declarativa (STC 154/1988), mientras que la Sentencia judicial firme es constitutiva de la incapacidad electoral activa y pasiva del recurrente, y es la que ha de hacerse valer en el proceso electoral, como han hecho las Juntas Electorales. El hecho de que el período de duración de esa pena coincida justamente con las elecciones sólo es reprochable al comportamiento dilatorio seguido por el recurrente en el proceso penal ordinario. Precisamente, es al recurrente, o cuando menos a la candidatura con la que concurría a las elecciones, a quien cabe reprochar una censurable falta de cuidado, pues con arreglo a reiterada doctrina de este Tribunal, era esperable del demandante de amparo, en su condición de actor del proceso electoral, la diligencia que los partícipes activos en las elecciones han de tener en su actuación para hacer posible un ordenado y fluido proceso electoral, poniendo en conocimiento de la Junta Electoral competente la existencia de la causa de inelegibilidad a los efectos oportunos, pues, en modo alguno puede dejarse a la voluntad de los actores de los procesos electorales decidir sobre cuando pueden y deben apreciarse las irregularidades que atenten contra la pureza de los mimos (SSTC 76/1987, 24/1990, 175/1991, 157/1991). Como igualmente le es reprochable al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, en uso de sus poderes en lo relativo a la efectiva ejecución de sus Sentencias, conforme a los art. 117.3 y 118 C.E., arts. 17.2 y 18.2 L.O.P.J. y arts. 983 y sigs. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no haya adoptado una medida tan simple como la de notificar a las Juntas Electorales la pena que debía cumplir el recurrente habida cuenta de su trascendencia para un proceso electoral que ya estaba transcurriendo (como la que prevé el art. 152 L.O.R.E.G.). No se aprecia, por consiguiente, lesión alguna del art. 23 C.E. ni del art. 24 C.E..\nConsideramos que guarda una mayor relación, con el caso que afrontamos, por la línea diferenciadora que establece entre el derecho electoral y el parlamentario, la STC 155/2014, que examinando un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley del Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a la incompatibilidad parlamentaria de determinados cargos de la Administración Local, el máximo intérprete de la Carta Magna, manifiesta lo siguiente:\n“El derecho de sufragio pasivo guarda íntima conexión con la inelegibilidad; es más ésta sí que guarda relación con el derecho electoral y, por ende, con el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pero la incompatibilidad, sustancialmente, no guarda relación con el Derecho electoral, sino más bien con el Derecho parlamentario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario. A mayor abundamiento, como ha quedado reflejado en el fundamento anterior, la incompatibilidad parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino más bien en la adquisición plena de la condición parlamentaria —y conservación, en su caso, de la misma— una vez que el candidato haya resultado electo, incardinándose por lo tanto en el ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, todo ello sin perjuicio de que por imperativo constitucional (o estatutario en este caso) la regulación sustantiva de las incompatibilidades se contenga en la norma electoral”.\nEl TC anuda la competencia de la Administración Electoral al control de la elegibilidad de los candidatos y a su conexión con el derecho de sufragio pasivo. Extrapolar su doctrina a supuestos distintos, como el que nos ocupa, lo consideramos erróneo, en tanto en cuanto dicha sentencia hace expresa referencia también a que la incompatibilidad parlamentaria afecta a la adquisición plena o a la conservación de la condición de diputado, lo que se incardina en el ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, a las que son ajenas las facultades resolutorias de la Administración Electoral.\n5.- Premisas sobre la competencia de la JEC.\nConviene salir al paso de lo que consideramos constituye un malentendido acerca de las competencias de las Juntas Electorales, en especial de esta JEC. Es cierto que la JEC constituye un órgano permanente de la Administración electoral (art. 9.1 LOREG); pero eso no significa que toda cuestión regulada en la legislación electoral pueda ser conocida por ella.\nLa propia LOREG contempla, con naturalidad, la aplicación de sus previsiones normativas por parte de los Tribunales de Justicia cuando se produce un delito electoral (arts. 139 y siguientes de la LOREG) o cuando un acuerdo de las Juntas es impugnado jurisdiccionalmente en los casos establecidos en las leyes (arts. 109 y siguientes de la LOREG), o por parte de los propios órganos legislativos en la resolución de incompatibilidades (ver por ejemplo el art. 160 LOREG), o de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral (arts. 35 y siguientes), o de los medios de comunicación, estableciendo garantías o restricciones, etc.\nEn consecuencia, que ahora se trate de aquilatar el alcance del artículo 6.2.b LOREG en relación con el mandato del Sr. Torra y que para tal menester sea imprescindible adoptar decisiones interpretativas sobre la legislación electoral no puede constituir argumento para atribuir competencia para ello a la Administración Electoral. Ni toda interpretación sobre la LOREG es competencia de la JEC, ni la adopción de un criterio de fondo sobre el asunto debatido tendría que prescindir de tomar en consideración otras posibles normas, pues así lo exige la unidad del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).\n6.- Necesidad de atribución competencial expresa.\nEl artículo 19.1 LOREG plasma de modo inequívoco el principio de tipicidad en la atribución de competencias a esta JEC, cuando prescribe que “además de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, corresponde a la Junta Electoral Central”, la asunción de las específicas funciones que se expresan en los doce apartados siguientes, entre las que no aparece consignada el cese de un Diputado de un parlamento, ya sea éste estatal o autonómico, como consecuencia de la comisión de un delito contra las Administraciones Públicas, una vez haya tomado posesión de su cargo.\nEs más la que sí figura expresamente contemplada, en el apartado f) de tal precepto, es la de “expedir las credenciales a los Diputados, Senadores, Concejales, Diputados Provinciales y Consejeros Insulares en caso de vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona”, supuesto asaz diferente al que constituye el objeto del recurso del que conocemos.\nLos apartados 2 y 3 del referido artículo 19 aplican el mismo esquema a las Juntas Provinciales y de Zona, las cuales poseen “las competencias expresamente mencionadas en esta Ley” y las que aparecen seguidamente listadas, entre las que, insistimos, no se encuentra el cese de un parlamentario por una incompatibilidad sobrevenida.\nSe trata de una cuestión muy relevante a nuestros efectos. La Administración Electoral solo posee competencia cuando la LOREG se la atribuye expresamente. Por lo tanto, a salvo lo que pudiera suceder respecto de las elecciones al Parlamento Europeo (dada la supremacía del Derecho de la UE), solo si a lo largo del articulado de la LOREG apareciera una previsión bajo la cual quepa subsumir el conocimiento del asunto podría la JEP de Barcelona haberlo examinado. En nuestra opinión, ninguno de los títulos competenciales contenidos en la LOREG es hábil para que la Administración Electoral (primero la JEP, luego la JEC) entre en el fondo de las cuestiones planteadas por los citados solicitantes.\nTampoco existe una suerte de competencia residual que atribuya la resolución de las cuestiones no específicamente contempladas en la ley a la Administración Electoral.\n7.- Argumentos hermenéuticos adicionales.\nA) El artículo 8.1 LOREG prescribe que “la Administración electoral tiene por finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad”.\nLas consecuencias que deban derivar de la sentencia condenatoria dictada por el TSJ de Cataluña respecto del mandato del Sr. Torra i Pla, sin duda alguna son relevantes desde muchos puntos de vista. Pero no parece que ninguno de ellos se corresponda con el alcance de lo previsto por el citado precepto. El proceso electoral a la Cámara representativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña finalizó mucho tiempo atrás, habiendo quedado garantizada su “transparencia y objetividad”. Tampoco pensamos que las consecuencias inherentes a la ejecución de esa resolución judicial tengan que ver con el “principio de igualdad”; desde luego nadie lo ha invocado como lesionado.\nB) Uno de los apotegmas o argumentos clásicos, a la hora de resolver las dudas que el tenor literal de las normas jurídicas suscita, viene a expresar que cuando la ley incluye un supuesto pero no otro, está dando a entender que es porque desea excluirlo del régimen otorgado al caso que sí contempla (inclussio unius, exclussio alterius). Recordamos esto, porque las previsiones del art. 6.4 LOREG, en nuestra opinión, impiden que la Junta Electoral pueda intervenir cuando se produce una causa de incompatibilidad:\n“Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral.\nEn todo caso serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, así como los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. La incompatibilidad surtirá efecto en el plazo de quince días naturales, desde que la Administración Electoral permanente comunique al interesado la causa de incompatibilidad, salvo que éste formule, voluntariamente, ante dicha Administración una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad del partido político o del partido integrante de la federación o coalición en cuya candidatura hubiese resultado electo; o, en su caso, del partido al que se hubiera declarado vinculada la agrupación de electores en cuya candidatura hubiere resultado electo”.\nEn el concreto supuesto de incompatibilidad sobrevenida, por declararse ilegal determinada formación política, la LOREG asigna un papel a la Administración Electoral, sin que esa atribución aparezca reiterada en el artículo 19 o en otro precepto, para el caso que nos ocupa. Por lo tanto, parece razonable pensar que sin tal previsión las Juntas Electorales no podrían actuar y que tampoco pueden hacerlo cuando la causa de incompatibilidad en juego es de otra índole, como aquí sucede.\nC) Es más, el criterio que se infiere de una interpretación sistemática de la LOREG, teniendo ahora en cuenta su art. 160, es que corresponde el conocimiento de las incompatibilidades de los parlamentarios al Pleno de las Cámaras Legislativas, como igualmente lo hacen, en congruencia normativa, los distintos reglamentos parlamentarios, como el del Congreso de los Diputados (art. 19) y los autonómicos, en este sentido los arts. 18 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Cataluña. En dichas disposiciones normativas se regulan también la pérdida de la condición de diputado.\nLa circunstancia de que el supuesto que nos ocupa se encuentre expresamente contemplado en una Ley estatal como es la LOREG, de aplicación a todo el territorio nacional (disposición adicional primera, 2 de la misma), y no expresamente contemplada en el Reglamento del Parlamento de Cataluña, no significa que el cese, por incompatibilidad sobrevenida, de uno de sus diputados por condena no firme por un delito contra la administración pública, sea competencia de las juntas electorales. En sus alegaciones el propio Parlamento de Cataluña asumió la función de aplicar la legislación estatal a las incompatibilidades de sus diputados.\nNo olvidemos, por último, que dichos reglamentos son manifestación de la capacidad de autorregulación que compete a los órganos parlamentarios, que "tienen fuerza de ley y ... en algunos supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Constitución y las leyes" (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2 ab initio y 301/2005, de 21 de noviembre, FJ 4). De ahí que puedan ser susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, según dispone el art. 27.2 d) y f) de su Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre y STC 101/2008, de 24 de julio, y posibilitar el planteamiento de recursos de amparo (STC 177/2002, de 14 de octubre)\nD) No consideramos coherente una interpretación extensiva de las competencias de las juntas electorales, de manera tal que la provincial de Barcelona pueda decretar la pérdida de la condición parlamentaria de un diputado electo y posesionado de su cargo, al incidir directamente sobre el derecho fundamental del art. 23 CE.\nEn este sentido, citamos de nuevo la STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3, cuando proclama:\n“Este Tribunal ha indicado desde un principio que el art. 23.2 CE , que reconoce el derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga ( SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3 ; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2 ; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2 ; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3 ; y 161/1988, de 20 de septiembre , FJ 6, entre otras)”.\nE) No nos encontramos en este trance ante la ejecución de una sentencia judicial ordenada por un tribunal de justicia en el curso de un proceso penal (art. 117.3 y 118 CE), sino ante una petición de cese de un diputado formulada ante la Administración Electoral.\nComo hemos anticipado, nuestras conclusiones son las siguientes:\nPrimero.- El Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de Barcelona con fecha 24 de diciembre de 2019 adolece de un vicio que lo convierte en nulo, toda vez que está adoptado por órgano carente de competencia.\nSegundo.- A tal conclusión accedemos a la vista de los acuerdos adoptados por la propia JEC en casos indirectamente emparentados con el presente, de la doctrina constitucional pertinente y, esencialmente, del tenor de la LOREG.\nTercero.- Debiera haberse estimado el recurso interpuesto por el Sr. Torra i Pla, declarándose la nulidad del referido Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona y, por lo tanto, sin entrar a examinar los problemas aplicativos que suscita conexión del artículo 6.2.b LOREG con otros preceptos.\nCuarto.- No consideramos que la estimación debiera haber conducido a retrotraer las actuaciones para que el Parlament de Catalunya pueda presentar alegaciones ante la Junta Provincial de Barcelona. Primero, porque el eventual defecto generado por su ausencia ha quedado subsanado por la presentación de un completo Informe ante esta JEC. Segundo, porque carece de sentido retrotraer las actuaciones para que se siga un procedimiento ante un órgano que consideramos carente de competencia para decidirlo.\nQuinto.- En coherencia con cuanto antecede, los recursos presentados por los partidos políticos Ciudadanos, Partido Popular y Vox debieran desestimarse.\nTal es nuestro parecer, que suscribimos a seis de enero de dos mil veinte.\nJuan Montabes Pereir\n** STS 1485/2021, de 28 de abril, en el recurso nº 18/2020, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, contra el acuerdo 2/2020, de 3 de enero, de la Junta Electoral Central, en relación con la causa de inelegibilidad sobrevenida a que se refiere el artículo 6.2.b) de la LOREG, que deja sin efecto la credencial de diputado electo del Presidente de la Generalidad de Cataluña. [Fallo: DESESTIMADO]\n** STS 3092/2021, de 20 de julio, en el recurso nº 8/2020, interpuesto por un candidato de Junts per Catalunya, contra el acuerdo 2/2020, de 3 de enero, de la Junta Electoral Central, y contra los acuerdos de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 10 y 27 de enero de 2020, en relación con su cese como diputado electo del Parlamento de Cataluña, en virtud de causa de inelegibilidad sobrevenida. [Fallo: DESESTIMADO]


5 La Oficina\nPor Vanesa restrepo | Publicado el 20 de agosto de 2018\nEl hombre más buscado de Medellín —Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, considerado el sucesor de alias “Tom”— llevaba cuatro días disfrutando de una finca en Playas del Francés, municipio de Tolú, Sucre, cuando fue capturado por las autoridades.\nEl general Jorge Nieto, comandante de la Policía Nacional, explicó que el hombre había salido de Medellín huyendo de los operativos policiales, pero fue seguido por 10 hombres de inteligencia que lo ubicaron en el predio privado. “Ayer estuvo tomando licor hasta las 4:00 a.m. y teníamos equipos que nos permitían visibilizar lo que pasaba allí. Al mediodía se dio la orden para la intervención”, dijo.\n“Pichi Belén” estaba acompañado por otros tres hombres que fueron “reducidos” por la Policía. En su poder se encontró una pistola con permiso legal para su porte hasta 2021. “Estamos investigando por qué alguien tan buscado tenía salvoconducto”, dijo Claudia Carrasquilla, directora nacional contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía.\nLa cabeza de “la Oficina”\nSegún las investigaciones policiales, “Pichi Belén” asumió el control de “la Oficina” en diciembre de 2017, luego de que Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como “Tom”, fuera capturado. “Desde entonces se encargó de liderar diferentes alianzas criminales para el tráfico internacional de cocaína y el desarrollo de estrategias de expansión delictiva”, reportó la Policía.\nDe acuerdo con la fiscal Carrasquilla, era el hombre de mayor rango en la estructura que aún gozaba de libertad. Además, “lideraba el ala militar de ‘la Oficina’ y era mano derecha de ‘Tom’”. Ya había estado en prisión en 2013 por concierto para delinquir y se había visto cara a cara con las autoridades, pues estuvo al lado de otros dos integrantes de la estructura criminal cuando fueron capturados: alias “Camellete” (mayo de 2017) y alias “Soto” (marzo de 2018).\nHoy será presentado ante un juez de control de garantías y se pedirá que lo envíen a prisión mientras es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, homicidio y desplazamiento forzado.\nLa Policía lo señala de liderar 6 de las 10 principales Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín) del Valle de Aburrá, con unos 650 hombres a su cargo de manera directa y otros 1.400 de manera indirecta.\nEl presidente Iván Duque celebró la captura y manifestó que “este resultado (en el marco del plan de choque ‘El que la hace la paga’) ayudará a brindar más tranquilidad a la ciudadanía del Valle de Aburrá”.\nEl ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que seguirán las operaciones contra esta y otras estructuras. “Vamos a hacer inversiones en modernizar la Fuerza Pública (...) y estamos reestructurando la Red de Participación Cívica para que todos contribuyamos a crear condiciones excepcionales de seguridad”.\nradiografía lo que sigue con “la oficina”\nEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que se continuará con la búsqueda de 7 integrantes del cuerpo colegiado de “la Oficina” que aún están libres (ver gráfico). “Pero a la par vamos a seguir luchando contra el lavado de activos, pidiendo extinción de dominio y queremos derrotarlos financieramente porque eso es lo que les da su poderío militar”, aclaró. Además anunció que buscará derrotar la cultura de la ilegalidad con educación y oportunidades laborales para los jóvenes.


Arrestan una mujer por el abandono de la bebé de 7 días - El Esquiu\nEl hecho ocurrió en a localidad de Chumbicha\nPor orden lde fiscal efectuan en la Maternidad los estudios médicos para determinar el vínculo.\nLa pequeña en la caja en la cual fue encontrada en el descampado. .\nviernes, 15 de enero de 2021 06:00\nChumbicha hospital Ramón Carro Maternidad Provincial 25 de Mayo Beba abandonada\nEn la mañana de ayer, efectivos de la Policía ingresaron al hospital Ramón Carro de la localidad de Chumbicha una bebé que fue encontrada en un predio que pertenece al municipio de dicha localidad, según declararon los agentes al ingresar al nosocomio.\nLa supuesta madre de la niña, que tendría entre 7 y 10 días de vida, fue trasladada a la Maternidad Provincial en calidad de arrestada para que se efectúen los análisis de rigor y constatar el vínculo.\nAl ingresar al hospital, profesionales de la salud constataron el estado general de salud de la niña, y determinaron que para una atención especializada, la médica de guardia del nosocomio la derivó a la Maternidad Provincial “25 de Mayo”.\nEn tanto que el jefe del área Programática N° 4, Fernando Agüero Saavedra, indicó que la criatura “estaba despierta y en aparente buen estado. La derivamos a la Maternidad para que la vean especialistas y por pedido del Fiscal Hugo Costilla”.\nDesde el ministerio de Salud, informaron sobre el caso que generó la reacción de la población por las condiciones en las que se encontraron a la beba de escasos días, según se pudo saber permanecía dentro de una caja de cartón envuelta con una mantita de color celeste y adentro de una bolsa de residuos color negro, a metros del ingreso del Centro de Integración y Participación Achalay (CIPA).


Fernando Claro nos hace sentir libres - Status of Empire\nPublicado el: 11 septiembre 2020 11 septiembre 2020 por Laura Moro\nTodo está oscuro. Esto no es un desfile, es un fashion film. Veremos con qué nos sorprende Fernando Claro. La música se apaga. No se oye ni se ve nada. La emoción por ver lo que nos tienen preparado aumenta. Comienza el espectáculo.\nEmpezamos a ver un vídeo. Una modelo hablando en inglés empieza a preguntarse qué es lo que le hace sentirse libre. Una sucesión de imágenes donde vemos los diferentes modelos de Fernando Claro. Colores azules, verdes, blancos y negros. La alta costura y la moda de la calle se dan la mano en esta colección.\nImágenes de paisajes, del taller donde se hacen los diseños. Trajes ajustados a la silueta de la modelo, pero también hay modelos fluidos, con transparencias.\nTrajes de chaqueta como nunca antes los habíamos visto. Vestidos que nos dejan sin respiración. Uno de ellos es de flecos. La edición del vídeo es increíble.\nGreen Light comienza a verse en la pasarela. Una colección sencilla, pero completa. 5 son las modelos y los trajes que estamos viendo. Predomina el azul. Un vestido corto de mangas abultadas y una cola de infarto empieza a desfilar. La luz cambia para que se pueda apreciar mejor.\nDos vestidos blancos a cada cual más extravagante y perfecto. El traje de chaqueta que ha salido en el vídeo aparece ahora en escena. Los detalles son increíbles. El segundo traje, también azul aparece. Todas las modelos se dan la vuelta a la vez y se quedan quietas al principio de la pasarela.\nFernando Claro y su hija aparecen para saludar. Se baja la luz. El show ha terminado. Fernando nos ha dado una lección de prendas polifuncionales para cualquier ocasión que se nos presente.\n#Green Light, en imágenes\nAnterior Entrada anterior: Marcos Luengo marcado por el hiperrealismo centro americano\nSiguiente Entrada siguiente: Moisés Nieto invita a reflexionar sobre el «vacío»


Se puede volver a ampliar plazo de la hipoteca - InverForo\nSe puede volver a ampliar plazo de la hipoteca\nEn agosto del año pasado adquiri una hipoteca por 90.000€ a 29 años finalizando en 2036 (asi consta en la escritura del prestamo hipotecario) en diciembre amortize un capital y me quite 3 años terminando asi la hipoteca en 2033. Mi pregunta es si en un futuro, por necesidad, quiero que finalize de nuevo la hipoteca en 2036 tendré problemas y habria que cambiar la escritura o pagar por el cambio.\nProblemas no deberias tener ninguno. Los costes, dependera de tu escritura de hipoteca, peuede que contemple modificaciones en cuanto a duracion sin coste.\nSi no fuera asi, el cambio de condiciones de hipoteca en cuanto a tipo de interes (paso de variable a fijo o viceversa), de duracion, etc es una novacion, los gastos exisyen pero no son muy altos.\nPara otra vez que tengas que amortizar hipoteca:\nJAMÁS se amortiza plazo (años); se amortiza capital...es una "trampilla" que los bancos no explican nunca (es probable que no lo sepan ni los propios directores ya que no son linces de la economía, precisamente).\nTú lo que debes es DINERO no años. Tu has de reducir el capital.\nSi estás pagando 1000€ de hipoteca y amortizas x cantidad, te interesa que tu cuota baje a 850 por ejemplo y no que continue en esos mismos 1000€ pero en menos años. Eso te permitirá mayor capacidad de ahorro, y por tanto más posibilidades de amortización.\nPor qué digo lo de la trampilla del banco? a una entidad les es súper rentable una hipoteca los 5 primeros años (mirad el cuadro de amortización). Posteriormente a esos años cuanto antes se cancele la hipoteca mejor...\nTe refieres con la trampilla del banco que durante los 5 primeros años es mejor amortizar para que baje la cuota y despues de esos 5 años amortizar para acortar el plazo?\nSiempre es aconsejable (por no decir obligatorio) bajar cuota y no plazo. A la trampilla a la que me refiero es que a los directores de banco no les forman para buscar la mejor opción de sus clientes sino para buscar lo mejor para sus bancos (por tanto no van más allá).\nEn los 5 primeros años de hipoteca, estás pagando prácticamente entre el 75 y el 80% de intereses. Pasado ese tiempo, empiezan a disminuir los intereses y a aumentar la amortización de capital.\nY para que veas como son los bancos: cuando un cliente va a amortizar, por defecto en el ordenador del banco (o míralo si puedes hacer una simulación online) sale primero la opción de amoritzar años y no capital...\nNunca olvides: debes dinero y no años...Verdad que estarías muy cómoda con una hipoteca con un saldo pendiente de 15000€ y un plazo de 30 años? (te saldría una cuota de 85€ al mes). Verdad que te aumentaría las posibilidades de ahorrar y por tanto de ir amortizando más a menudo hasta sacarte los 15000€ que te quedasen pendientes?\nSi tienes cualquier duda házmelo saber.\nMuchas gracias asesorpro.\nEl hecho de amortizar capital en diciembre fue una cuestion psicologica ya que en el 2036 tendré 70 años y no me gustaria jubilarme y aun pagar hipoteca por eso mi proposición en principio era quitarme 5 años y despues ir bajando cuota pero por lo que tú me dices no es muy buena idea lo de acortar tiempo, es bueno saberlo ya que habia pensado en volver a amortizar para quitarme otros 2 años mas y asi ya si terminaria de pagar la hipoteca a los 65 años. La pregunta que habia planteado al principio es por el hecho que mi marido está en la empresa privada ( yo soy funcionaria) y nunca se sabe y mas ahora con la crisis si va a tener trabajo seguro y saber si el tiempo que ahora acorta despues podia volver a alargarlo y dejarlo como viene en la escritura sin ningun coste.\nLo siento asesorpro, pero no estoy de acuerdo contigo, siempre que haces una amortización parcial, amortizas capital, y bien ello conlleva reducción de cuota, o reducción de plazo. Si reduces cuota, como tú dices, terminas pagando bastantes más intereses por el mismo capital, que reduciendo plazo. Según lo que expones, siempre será mejor entonces pedir un préstamo al mayor plazo posible (cuota más baja).\nNo te quepa duda de lo que estoy diciendo. Financieramente lo más eficiente es firmar los préstamos al más largo plazo posible. Eso no significa que respetes esos plazos, pero siempre has de ser previsor por si vienen épocas de crisis o dificultades. Luego en tu empresa o en la economía familiar te montas el cuadro de amrotización pertinente para sacarte la hipoteca o el préstamo en X años.\nCrees que quién firma hipotecas a 50 años va a vivir en esa vivienda 50 años o va a mantener esa hipoteca durante todo ese plazo? Hay un dato estadístico de varias entidades que dice que el término medio de la cancelación de una hipoteca está entre los 7 y los 8 años: la gente en ese tiempo vende su casa para comprarse otra, va amortizando hasta cancelarla, recibes una herencia y pagas etc etc.\nPero si voy amortizando porque he de mantener mi cuota. Lo que quiero es que sea lo más reducida posible para aumentar mi margen de maniobra.\nComo en el caso de Lucía: "no sé que va a pasar con el trabajo de mi marido". Pues como menos cargas (importes a pagar) tengas cada mes, mejor que mejor no? Y si las cosas te van bien o con el paso del tiempo ha exisitido una depreciación del dinero (no es lo mismo 1000€ de hoy que dentro de 15 años) amortizarás con más o menos alegría.\nPero eso sí: siempre cuota sin tocar el plazo...\nSi te es posible reducir PLAZO, nunca cuota, te ahorrarás muchisimo dinero.\nSi tienes un buen trabajo seguro o fijo y te puedes permitir el lujo de pagar esa cuota con cierta facilidad, mejor reduce el plazo (AÑOS), calcula, hecha numeros te AHORRARÁS MUCHO DINERO.\nPero vas amortizando menos con las cuotas, y por tanto quedando más a deber al banco, más cargas que tienes. A no ser, que el dinero que ahorres de las cuotas, o que te ahorres del sueldo, consigas rentarlo a más de la inflación + euribor+direrencial, entonces ni amortizar ni leches.\nEste gráfico lo he calculado para mi hipoteca, las curvas cuota y tiempo son haciendo amortizaciones durante los primeros 9 o 10 años, y las curvas cuota2 y tiempo2 haciendo amortizaciones 5 años, y representa los intereses pagados menos las desgravaciones fiscales por vivienda habitual frente a las amortizaciones parciales realizadas cada año. Como se ve, incluso amortizando en tiempo sólo 5 años es mejor que amortizar en cuota durante 10.\nEdito: Mi gráfico es para una hipoteca de 135000€ a 25 años, entre dos personas (límite de desgravación 18030€). Y así lo he previsto, amortizar en tiempo 8100€ anuales para desgravar el tope y reducir el plazo de la hipoteca de 10 a 14 años.\nÚltima edición por Orfeo76 fecha: 12-abr-2008 a las 21:31\nYa si que estoy echa un lio, yo tambien habia pensado que era mejor acortar plazo pero cada uno me dice algo que tiene sentido, a ver si responde mas gente y me lo aclaran, aunque mi pregunta principal de si puedo volver a largar el plazo una vez acortado no me responde nadie.\nEmpezando por el final, claro que se puede ampliar el plazo de la hipoteca.\nOtra cuestion es el coste que conlleve. Salvo que ese tema este contemplado expresamente en tu escritura de hipoteca, el alargamiento de plazos, el cambio de tipo de interes (de variable a fijo y viceversa) u otro tipo de modificaciones en las condiciones de una hipoteca, se puede producir mediante una novacion.\nla novacion tiene costes, no tan elevados como una subrogacion, pero los tiene, cuales?\n- la comision que hubiese establecida en tu escritura concreta, esta entre el 0.1 y el 1%\n- la modificación de la escritura (notaria)\n- la inscripcion de la modificacion en el Reg. de la Propiedad\n- los gastos de gestoria.\nEl total de los gastos dependera de la cuantia del prestamo, pero contando que hay unos minimos tanto en coste de escritura, como en tasas del Reg. de Propiedad, como en los honorarios de gestoria, lo minimo rondara los 450-500 euros.\nEso ahora, dentro de 5, 10 o 20 años...ni idea, pueden cambiar los costes de cualquiera de las partidas, tanto para abajo como para arriba.\nSobre la dinamica de amortizar tiempo o capital, hay opiniones para todos los gustos,solo hay 2 cuestiones objetivamente ciertas:\n- El sistema que utilizan todos los bancos/cajas es el sistema frances, que consiste que al principio del prestamo la carga de intereses es mayor que la parte de capital amortizada.\n- A mayor duracion mayor pago de intereses global, en una hipoteca a 15 años devuelves el capital + 40 % interes, si es a 25 años capital +75 % interes y si es a 35 años capital +110 %.\nY por otra parte, tambien hay otras cuestiones objetivamente inciertas:\n- nadie conoce la evolucion de los tipos hipotecarios\n- nadie conoce la fiscalidad futura, tanto en el tratamiento de la compra de vivienda habitual como en el tratamiento de las plusvalias por la transmision de esta.\nA partir de ahi, puedes especular y realizar numeros a tu gusto, lo mas favorable o desfavorable dependera de cada cual, sus circunstancias, su capacidad de ahorro o inclusive su psicologia concreta.\nLo que si es cierto, es que (tambien objetivamente) lo que cuenta finalmente es tu capacidad para disminuir deudas, lo demas es pura especulacion.\nSobre el tipo de amortización más interesante, es, sin ninguna duda, reducir capital y no aumentar plazo, o lo que es lo mismo, no reducir la cuota, solo reducir el número de cuotas a pagar (meses o años).\nObviamente, cada cual habla de la feria (hipoteca) según le va en ella.\nComo bien dice alex, la decisión final de como amortizar depende de cada cual y de cuales razones tenga.\nLo que también está claro es que la mayoría de simulaciones sobre amortización de hipotecas parecen demostrar que la mejor opción es reducir el plazo del préstamo siempre y cuando no tengamos una cuota mensual que nos ahogue.\nEn los números de la mía, en la última amortización parcial en concreto, salía más a cuenta quitarme un año de hipoteca que dejar de pagar 12€ al mes.\nAmortización: 1.850 €\n1 año de hipoteca: 7.260€ de ahorro\n27 años con 12€/mes menos: 3.888 € de ahorro\nAun cuando pienso que cada caso es un mundo, yo particularmente por mentalidad, soy partidario tambien de reducir tiempo, como expresa Drako con cifras, lo valorable es diminuir los intereses y por tanto disminuir tu endeudamiento global.\nSolamente no realizaria cambios en los ultimos años de la hipoteca, ya que para entonces la mayor parte de intereses estan pagados.\nNo os voy a quitar la razón en lo que comentáis porque la tenéis, pero como alguien ha comentado por ahí todo irá según la situación de cada uno.\nSituémonos: En el caso concreto de la señora que preguntaba, hemos de saber que tipo de deudor es. Uno que gana 100000€ al año no hará esa pregunta porque le dará lo mismo. Hablamos de un perfil de deudor asustado por la situación de la economía y de la (posible) inestabilidad laboral (de su marido). Es decir una economía doméstica de clase media.\nDamos por sentado que nadie en su sano juicio estará 40 años pagando una hipoteca no? Antes novarás, cancelarás por venta o por amortización total a saldo 0 etc.\nPues a ese tipo de deudor lo que más le conviene es pagar lo mínimo cada mes para aumentar su capacidad de ahorro y vivir más desahogadamente. Si cogemos cuadro de amorización y te lo instrumento mediante gráficos es obvio que es mejor reducir plazo. Pero nadie va a tener una hipoteca de 200000€ y la tendrá viva 40 años (a no ser que le interese por temas fiscales o por disponer de crédito hipotecario).\nNo podemos hacer cálculos de por 200000€ a los 40 años habré devuelto 420000€. En este contexto, pensamos en la depreciación del dinero? especulamos con el tipo de interés a futuro?\nSi hoy tengo una letra de 1000€, dentro de 12 años significará mucho o poco sobre mi renta? Por depreciación debería ser poco, pero por situación económica es imprevisible. Pero lo más probable es que dentro de X años pueda pagar 5 recibos de golpe (situación que actualmente sería impensable). Ya nos llegará el momento de amortizar sin apuros y sin agobios.\nEs más, mi consejo real sería que actualmente NO SE AMORTIZARA NADA. Tienes un sobrante de dinero? A plazo fijo por si acaso se me tuerce la situación. Hay un dato estadístico que me pasaron 3 entidades que es que el tiempo medio de vida de una hipoteca es de 7 años...aunque se firmaran a 25.\nSabes a cuántos clientes veo cada día con tarjetas de crédito al 20%, con intereses de demora al 22%, con reclamaciones judiciales que doblan lo solicitado en su día etc? Pues en su mayoría es gente donde la vida les ha dado un revés por casuísticas distintas (despidos, enfermedades, pérdida de clientes, cierres de empresas etc). La mayoría de ellos habían hecho amortizaciones en la vida del préstamo...y cuando llegan los problemas, se multilican exponencialmente. Y si sabes de lo que te hablo, me confirmarás que este tipo de deudor (clase media) antes de verse ahogado recurre a tirar de 25 tarjetas de crédito, todos los préstamos televisivos etc. Y hay veces que eso tiene solución y otras no.\nEs obvio que constantemente hablamos de supuestos, pero que en situaciones de crisis se convierten en realidades para un alto porcentaje de la población..\nCuando salí de la facultad (soy economista) donde compaginé mis estudios con la banca apostaba por amortizar plazo. Hoy, después de haber tratado con miles de clientes en apuros (y escuchar verdaderos dramas) aconsejo que es mejor bajar cuota...\nHay una serie de intangibles que no se pueden meter en un gráfico ni mostrarlos númericamente. Eso si, doy por sentado que estoy debatiendo con gente que no cree que las hipotecas se pagan en 360 cuotas (30 años)\nEs mi modesta opinión y entiendo que haya diferencias con mi criterio.


Un Papa justiciero – El Observatorio del laicismo\nUn Papa justiciero\nEl nuevo Papa de la Iglesia Católica, Francisco, sigue lanzando proclamas que chirrían no sólo con la historia reciente de su organización, sino con su mismo y cotidiano presente. Ayer, en una ordenación de cardenales, el pontífice reclamó a los altos cargos eclesiásticos recién nombrados que “no aceptasen injusticias, ni siquiera las que podrían beneficiarles”.\nHombre, como frase, está muy bien. Ahora falta saber cómo se materializa el eslogan. No tiene que correr Francisco si quiere dar ejemplo. Sin entrar a valorar si la propia existencia del Estado Vaticano ya es en sí misma una “injusticia que les favorece”, su hay mucho terreno que andar y muchas medidas que rectificar en cuanto a lo que de su propia existencia como Estado se deriva. Desde la banca vaticana, tan poco transparente, ni hacia dentro ni hacia fuera, ni en sus balances ni en su colaboración para combatir el blanqueo de dinero y el tráfico de capitales, hasta el reparto de algunos pasaportes diplomáticos, fruto de su estatus como Ciudad Estado soberana que, en el pasado, causaron estupor.\nPero tampoco hace falta desmantelar las esencias mismas del Vaticano, Con que la Iglesia española aplicase el principio enunciado por su jefe de filas, se podría producir una gran revolución. Por ejemplo, el que la Iglesia dejase de utilizar las leyes que modificó José María Aznar para permitir escriturar a su nombre cuanto bien inmueble encuentren a su paso y que no tenga clara su titularidad, ya estaríamos dando un gran paso adelante en combatir las injusticias “especialmente las que favorecen a la Iglesia”.\nQue la Conferencia Episcopal Española pueda acaparar fincas, casas, palacios, mezquitas simplemente porque le da la gana, porque esos edificios históricos, con el devenir de los años e incluso de los siglos han adquirido un carácter comunitario que ahora la Iglesia privatiza y pone a su nombre por qué sí. Con un par de hisopazos bien dados.\nIgualmente, la Conferencia Episcopal podría avanzar mucho en reparar injusticias que les favorecen si renunciasen a la prebenda que les faculta a no pagar el IBI y demás impuestos en los espacios de culto. O, por lo menos, si no extendiese de manera más que laxa dicha exención a cualquier piso, finca, predio o espacio que tengan a bien ocupar en cualquier ciudad, pueblo o serranía española. Además de ayudar al Estado, haría caso a su jefe de filas, y dejaría de beneficiarse de injusticas “especialmente de las que les favorecen”.\nComo decíamos al comienzo, la frase, como slogan, está bien. Ahora sólo nos queda saber si se trata de un mensaje afortunado, en cuyo caso debemos felicitar al publicista que la escribió, ya que acertó en el planteamiento y la formulación, o si se trata de algo más que una iniciativa de marketing, en cuyo caso no deberían tardar en notarse los primeros efectos de la aplicación práctica de esta norma. Estamos esperando.


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Bajo fuertes medidas de seguridad se celebrará esta tarde la Marcha del Orgullo Gay en Jerusalem – Radio JAI\nBajo fuertes medidas de seguridad se celebrará esta tarde la Marcha del Orgullo Gay en Jerusalem\nLas calles Keren Hayesod, Palomar, King George, Hillel y Manshe Ben Yisrael serán cerradas al tráfico por unas horas para permitir la realización de la edición número 16 de este evento en la capital israelí. Se espera que asistan alrededor de 4.000 personas.\nLa Policía de Israel empezó a reforzar la seguridad en Jerusalem para proteger a los asistentes ya que se espera la presencia de opositores a la Marcha. Hace dos años, un judío ultraortodoxo asesinó a la adolescente Shira Banki que allí desfilaba.\n“Se ha destacado a más policías dentro y alrededor de la zona en que tendrá lugar la marcha, para patrullar las calles e impedir incidentes”, explicó el portavoz policial Micky Rosenfeld.\nEn los últimos días, agentes de seguridad han recorrido los edificios en las calles del centro de la ciudad que acogerá la marcha para apuntar los nombres de quienes viven o trabajan allí y permitirles cruzar las barreras que se colocarán entre hoy y mañana para


“Pagamos una pena sin estar en la cárcel” | Región | Vanguardia.com\nViernes 17 de Mayo de 2013 - 05:21 PM\n“Pagamos una pena sin estar en la cárcel”\nMientras los reclusos enfrentan en las cárceles el hacinamiento y muchas veces el lento proceder de la justicia, sus familias viven expuestas al abandono y la falta de oportunidades laborales. En Bucaramanga, mientras el gobierno local trabaja en la creación de programas especiales para esta población, una fundación liderada por esposas de internos y expresidiarios busca cambiar esta realidad.\n¿Qué ocurre al interior de una familia cuando el que lleva las riendas del hogar es condenado y enviado a prisión? ¿Qué pasa cuando una madre cabeza de familia es condenada y sus hijos no cuentan con el apoyo de un padre?\nLuz Mireya y María Teodora dan respuesta a los anteriores interrogantes: “No solo el condenado paga una pena en prisión. Su familia también lo hace. Esta una realidad que pocos conocen”.\nPero ambas aseguran que siempre hay una “luz al final del camino”, una vía para apartarse del sufrimiento, la angustia y el abandono, y lograr recuperarse.\nLuz Mireya, por ejemplo, narra que se cansó de llorar y que de su tristeza nació la idea de abrir una empresa de dulces y una fundación. A su iniciativa se unió María Teodora, que si bien logró pagar su pena de dos años y medio viviendo en una humilde casa junto a sus hijos y vendiendo minutos de celular, ha tenido que reconstruir su vida, con más obstáculos que aciertos.\nPaso a paso, un nuevo sueño\nLuz Mireya Sandoval Carrillo, hoy directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Carcelaria del País ONG, Fundicap, recuerda el día que su esposo fue capturado por transportar cinco toneladas de cocaína en el camión de la familia, cuando viajaba con rumbo a Cúcuta.\nUn juez le impuso una pena de ocho años de prisión, el pago de $800 millones de pesos y la extinción de dominio. Por esto, Luz Mireya y sus cuatro hijos quedaron en la calle. “Luego de ser ama de casa, terminé convertida en una mendiga, pesando 35 kilos. Mis hijos tenían desnutrición y no teníamos nada qué comer”, cuenta.\nLa prisión de su esposo no fue lo único que tuvo que enfrentar. Esta mujer de 33 años fue estigmatizada por familiares y amigos, quienes muchas veces la culparon de lo ocurrido y le dieron la espalda.\nMientras soportaba las largas filas para entrar a la Cárcel Modelo a visitar a su esposo vio que no era la única que lloraba por su situación. “Entendí que las mujeres sentimos mucho y no pensamos en transformar y construir. De ahí me surgió la idea de crear una fundación dedicada a la familia de los presos”, dice mientras sonríe.\nPero antes de pensar en una fundación, Luz Mireya fue hasta la Gobernación de Santander, pidió una hoja en blanco y un lapicero. Desde su escaso conocimiento, diseñó una capacitación para madres cabeza de familia.\nLo único que sabía hacer eran cortados o dulces artesanales. Aún así, se le midió al reto de capacitar a 20 mujeres. Recuerda que tenía apariencia de limosnera, que sus zapatos estaban rotos y que su estómago se retorcía del hambre. Finalmente, su propuesta fue aceptada. La capacitación costó $5 millones, incluyendo su salario. Fue así como empezó mi labor y la nueva mujer que soy hoy día”, cuenta en medio de risas.