by Estephania Merino...\n3 marco juridico de la ssa\nArtículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases que rigen\nla organización y el funcionamiento de la Administración Pública; los principios y\nlineamientos de la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional\ny de la administración descentralizada funcionalmente; así como regular los\ncompromisos de gestión; crear mecanismos para promover la participación y el control\nsobre las políticas y resultados públicos; y establecer las normas básicas sobre los\narchivos y registros públicos.\nArtículo 2. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a la Administración\nPública Nacional. Los principios y normas que se refieran en general a la\nAdministración Pública, o expresamente a los estados, distritos metropolitanos y\nmunicipios serán de obligatoria observancia por éstos, quienes deberán desarrollarlos\ndentro del ámbito de sus respectivas competencias.\nLas disposiciones de la presente Ley podrán aplicarse supletoriamente a los demás\norganización y funcionamiento dar eficacia a los principios, valores y normas\nconsagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en\nespecial, garantizar a todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin\ndiscriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente\nArtículo 4. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el\nprincipio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus\ncompetencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a\nlas leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y\npreviamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que\nconsagra el régimen democrático a los particulares.\nArtículo 5. La Administración Pública está al servicio de los particulares y en su\nLa Administración Pública debe asegurar a los particulares la efectividad de sus\nderechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua\nmejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las\npolíticas fijadas y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al\nrespecto las prestaciones que proporcionan los servicios de la Administración Pública,\nsus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.\nArtículo 6. La Administración Pública desarrollará su actividad y se organizará de\nmanera que los particulares:\n1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos\nadministrativos, y recibir información de interés general por medios telefónicos,\n2. Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el\nfuncionamiento de la Administración Pública.\n3. Puedan acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema de\norganización de los órganos y entes de la Administración Pública, así como a guías\ninformativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que\nArtículo 7. Los particulares en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los\n1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos\nen los que tengan interés, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.\n2. Identificar a las autoridades y a los funcionarios o funcionarias al servicio de la\n3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los\noriginales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar\n4. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en\nlos términos o lapsos previstos legalmente.\n5. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de\n6. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que\n7. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos\nprevistos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.\n8. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funcionarios y\nfuncionarias, los cuales están obligados a facilitar a los particulares el ejercicio de sus\nderechos y el cumplimiento de sus obligaciones.\n9. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía\nadministrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la\ndefensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la\nAdministración Pública, de conformidad con la ley.\n10. Los demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de\nArtículo 8. Todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública están en\nla obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de\nLos funcionarios y funcionarias de la Administración Pública incurren en\nresponsabilidad civil, penal o administrativa, según el caso, por los actos de Poder\nPúblico que ordenen o ejecuten y que violen o menoscaben los derechos garantizados\npor la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva\nArtículo 9. Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública tienen la\nobligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o\nsolicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea\nvía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y\nadecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los\nparticulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de\nEn caso de que un funcionario público o funcionaria pública se abstenga de recibir las\nrepresentaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y oportuna\nrespuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.\nResponsabilidad de los funcionarios públicos y funcionarias públicas por\nArtículo 10. Sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la\nConstitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, los particulares cuyos\nderechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un\nfuncionario público o funcionaria pública, podrán, directamente o a través de su\nrepresentante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que\nhubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal,\nadministrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dicho funcionario o funcionaria.\nIgualmente, podrán acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al\nMinisterio Público a ejercer dichas acciones y, además, para que la Defensoría del\nPueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que\nhubiere lugar con respecto a tales funcionarios o funcionarias, de conformidad con la\nArtículo 11. Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la Administración Pública\ndeberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones\nLa simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos\nciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su\nservicios que presta, documentos de interés para las personas, así como un\nArtículo 13. Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter\ngeneral dictados por la Administración Pública deberán ser publicados sin excepción en\nla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, según el caso, en el\nmedio de publicación oficial del estado, distrito metropolitano o municipio\nArtículo 14. La Administración Pública será responsable ante los particulares por la\ngestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República\nBolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a\nlos funcionarios o funcionarias por su actuación.\nLa Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran los\nparticulares, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento.\nArtículo 15. Los órganos y entes de la Administración Pública se crean, modifican y\nsuprimen por los titulares de la potestad organizativa, conforme a lo establecido en la\nTendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada\nfuncionalmente con personalidad jurídica propia distinta de la República, de los\nestados, de los distritos metropolitanos y de los municipios.\nSon órganos las unidades administrativas de la República, los estados, los distritos\nmetropolitanos y entes públicos a las que se les atribuyan funciones que tengan\nefectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.\nArtículo 16. La creación de órganos y entes administrativos se sujetará a los\n2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la\nAdministración Pública y su adscripción funcional y administrativa.\n3. Previsión de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su\nfuncionamiento. En las correspondientes leyes de presupuesto se establecerán partidas\ndestinadas al financiamiento de las reformas organizativas que se programen en los\nLa supresión o modificación de órganos y entes administrativos se adoptará mediante\nactos que gocen de rango normativo igual o superior al de aquellos que determinaron\nsu creación o última modificación.\nNo podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si\nal mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.\nArtículo 17. No podrán crearse nuevos órganos o entes en la Administración Pública\nque impliquen un aumento en el gasto recurrente de la República, los estados, los\ndistritos metropolitanos o de los municipios, sin que se creen o prevean nuevas\nfuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor ma gnitud a la necesaria para permitir\nPrincipio de funcionamiento planificado y control de la gestión y de los\nArtículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se\nsujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los\nrespectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá\nel seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño\ninstitucional y de los resultados alcanzados.\nArtículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública\nperseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas,\nplanes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias\nestablecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el gobernador o\ngobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso.\nLa actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la\nAdministración Pública se corresponderá y ceñirá a su misión, y la actividad\ndesarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará\na la de aquellas.\nArtículo 20. La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración\nPública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el\nlogro de sus metas y objetivos. El funcionamiento de la Administración Pública\npropenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y\nEn los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración\nPública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren\nmás económicas y eficientes mediante la gestión del sector privado o de las\ncomunidades, dichas actividades serán transferidas a éstos, de conformidad con la ley,\nreservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y control del\ndesempeño y de los resultados de la gestión transferida.\nLa Administración Pública procurará que sus unidades de apoyo administrativo no\nconsuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente mayor\nque el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa\nde los órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con\nbase en los índices que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente,\ndeterminarán los porcentajes mínimos de gasto permitido en unidades de apoyo\nPrincipio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines\nArtículo 21. El tamaño y la estructura organizativa de los órganos y entes de la\nAdministración Pública serán proporcionales y consistentes con los fines y propósitos\nque les han sido asignados. Las formas organizativas que adopte la Administración\nPública serán suficientes para el cumplimiento de sus metas y objetivos y propenderán\na la utilización racional de los recursos del Estado.\nSin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, los órganos de la Administración\nPública podrán incluir oficinas técnicas de carácter estratégico, integradas por un\ncuerpo multidisciplinario de asesores cuya remuneración se podrá establecer por vía\ncontractual con base en honorarios profesionales u otras modalidades fijadas de\nconformidad con la ley, al margen de la escala de los sueldos y salarios de la\nAdministración Pública, con el objeto de obtener una asesoría técnica de máxima\nPrincipio de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a los\nArtículo 22. La organización de la Administración Pública perseguirá la simplicidad\ninstitucional y la transparencia en su estructura organizativa, asignación de\ncompetencias, adscripciones administrativas y relaciones interorgánicas.\nLa estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y participación de\nlos particulares de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y\nrecibir la información que requieran por cualquier medio.\nArtículo 23. Las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración\nPública estarán orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, para lo cual\ncoordinarán su actuación bajo el principio de unidad orgánica.\nLa organización de la Administración Pública comprenderá la asignación de\ncompetencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación necesarios para\nmantener su orientación institucional de conformidad con la Constitución de la\nArtículo 24. La Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los distritos\nmetropolitanos y la de los municipios colaborarán entre sí y con las otras ramas de los\npoderes públicos en la realización de los fines del Estado.\nArtículo 25. La Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los distritos\nmetropolitanos y la de los municipios actúan y se relacionan de acuerdo con el\nprincipio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:\n1. Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de las otras\n2. Ponderar, en el e jercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses\npúblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las\n3. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad\nque desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.\n4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras\nadministraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias.\nArtículo 26. Toda competencia otorgada a los órganos y entes de la Administración\nPública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y\nprocedimientos establecidos legalmente; será irrenunciable, indelegable, improrrogable\ny no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos\nen las leyes y demás actos normativos.\nToda actividad realizada por un órgano manifiestamente incompetente o usurpada por\nquien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes.\nArtículo 27. En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una\ncompetencia a la Administración Pública, sin especificar el órgano o ente que debe\nejercerla, se entenderá que corresponde al órgano de la Administración Central con\ncompetencia en razón de la materia. De existir un ente competente en razón de la\nmateria, le corresponderá a éste el ejercicio de dicha competencia.\nEn el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a un\nórgano o ente de la Administración Pública sin determinar la unidad administrativa\ncompetente, se entenderá que su ejercicio corresponde a la unidad administrativa con\ncompetencia por razón de la materia y el territorio, del segundo nivel jerárquico del\nArtículo 28. Los órganos de la Administración Pública estarán jerárquicamente\nordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en\nniveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la\ndirección, supervisión y control de los órganos superiores de la Administración Pública\ncon competencia en la materia respectiva.\nEl incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su\nsuperior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la\nresponsabilidad de los funcionarios o funcionarias a quienes sea imputable dicho\nincumplimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.\nArtículo 29. Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes\ndescentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado\nasí lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la\nRepública Bolivariana de Venezuela y en la presente Ley. Los entes descentralizados\nfuncionalmente serán de dos tipos:\n1. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado: estarán\nconformados por las personas jurídicas constituidas y regidas de acuerdo a las normas\ndel derecho privado en los términos de la presente Ley, y serán de dos tipos:\na. Entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales: serán aque llos entes\ndescentralizados funcionalmente que no realicen actividades de producción de bienes o\nservicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan\nfundamentalmente del presupuesto de la República, los estados, los distritos\nmetropolitanos, o los municipios.\nb. Entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales: serán aquellos cuya\nactividad principal sea la producción de bienes o servicios destinados a la venta y\ncuyos ingresos o recursos provengan fundamentalmente de esta ac tividad.\n2. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público: estarán\nconformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho\npúblico y podrán perseguir fines empresariales o no empresariales, al igual que podrán\ntener atribuido el ejercicio de potestades públicas.\nLa descentralización funcional podrá revertirse por medio de la modificación del acto\nArtículo 30. Con el propósito de profundizar la democracia y de incrementar la\neficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, se podrán descentralizar\ncompetencias y servicios públicos de la República a los estados y municipios, y de los\nestados a los municipios, de conformidad con la Constitución de la República\nArtículo 31. Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Administración\nPública se podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad\nfuncional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos\nsuperiores a sus órganos inferiores, mediante acto normativo de conformidad con la\nLa desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los entes públicos podrá\nrevertirse mediante la modificación o derogación del instrumento jurídico que le dio\nConsecuencia de la descentralización y desconcentración funcional y\nArtículo 32. La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la\ncompetencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca\npor el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente,\nen la persona jurídica y en los funcionarios y funcionarias del ente descentralizado.\nLa desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. La\npersona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable\npatrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio\npúblico correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los\nfuncionarios y funcionarias que integren el órgano desconcentrado y se encuentren\nencargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio público\nArtículo 33. La Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los distritos\nmetropolitanos y la de los municipios podrán delegar las competencias que les estén\notorgadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de\nconformidad con las formalidades que determine la presente Ley y su reglamento.\nArtículo 34. El Presidente o Presidenta de la República, el Vic epresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva, los ministros o ministras, los viceministros o viceministras,\nlos gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas y los superiores jerárquicos\nde los órganos y entes de la Administración Pública podrán delegar las atribuciones\nque les estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios inmediatamente inferiores\nbajo su dependencia, de conformidad con las formalidades que determinen la presente\nArtículo 35. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República\nBolivariana de Venezuela o en leyes especiales, la delegación intersubjetiva o\ninterorgánica no procederá en los siguientes casos:\n2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que\nhayan dictado los actos objeto de recurso.\n3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegac ión.\nLas delegaciones intersubjetivas y su revocación deberán publicarse en la Gaceta\nOficial de la Administración Pública correspondiente.\nLas resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán\nexpresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.\nLa delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya\nArtículo 36. La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos por esta Ley,\ntransfiere la responsabilidad por su ejercicio al ente delegado. Los funcionarios o\nfuncionarias del ente delegado encargados del ejercicio de la competencia delegada\nserán responsables personalmente por su ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad\npersonal del funcionario o funcionaria o de los funcionarios o funcionarias que integren\nlos órganos encargados de su ejecución en dicho ente.\nArtículo 37. Los funcionarios o funcionarias del órgano al cual se haya delegado una\natribución serán responsables por su ejecución.\nLos actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los\nefectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la autoridad\nen los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.\nArtículo 40. Cuando la encomienda se establezca entre órganos de las\nadministraciones de distintos niveles territoriales o entre entes públicos, se adoptará\nmediante convenio cuya eficacia quedará supeditada a su publicación en la Gaceta\nOficial de la República Bolivariana de Venezuela, o en el medio de publicación\nequivalente estadal o municipal.\nArtículo 41. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o\nde los órganos y entes de la Administración Pública podrán avocarse al conocimiento y\nresolución de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación\na sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando razones de índole técnica,\neconómica, social, jurídica o de interés público lo hagan pertinente.\nLa avocación comprende las actividades materiales y las decisiones que correspondan\nal ejercicio de las atribuciones aplicables al caso, de conformidad con las formalidades\nque determinen la presente Ley y el reglamento respectivo.\nEn todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser\nnotificado a los interesados en el procedimiento, si fuere el caso, con anterioridad al\nacto administrativo definitivo que se dicte.\nContra el acuerdo de avocación no operará recurso, aunque podrá impugnarse en el\nrecurso que, en su caso, se interponga contra el acto administrativo definitivo que se\nArtículo 42. El acto contentivo de la delegación intersubjetiva o interorgánica, de la\nencomienda y de la delegación de gestión será motivado, identificará los órganos o\nentes entre los que se transfiera el ejercicio de la competencia o la gestión\nadministrativa y determinará la fecha de inicio de su vigencia.\nEn los casos de la delegación intersubjetiva, de la delegación interorgánica, de la\nencomienda y de la delegación de gestión, en que no se determine la fecha de inicio de\nsu vigencia, se entenderá que ésta comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial\nde la República Bolivariana de Venezuela o el medio de divulgación oficial del estado,\ndel distrito metropolitano o del municipio correspondiente.\nLos actos administrativos que se firmen por delegación de gestión indicarán esta\ncircunstancia y señalarán la identificación del órgano delegante.\nArtículo 43. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos\njerárquicamente subordinados mediante instrucciones y órdenes.\nCuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón\nde los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes\nde servicio se publicarán en la Gaceta Oficial que corresponda.\nArtículo 44. Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se considere\nincompetente deberá remitir las actuaciones al órgano que estime con competencia en\nla materia. Si este último órgano se considera a su vez incompetente, el asunto será\nresuelto por el órgano superior jerárquico común a ambos.\nLos interesados podrán solicitar a los órganos que estén instruyendo el procedimiento\nque declinen el conocimiento del asunto en favor del órgano competente. Del mismo\nmodo, podrán solicitar a este último que requiera la declinatoria del órgano que esté\nconociendo del asunto.\nLos conflictos a que se refiere el presente artículo sólo podrán suscitarse entre\nunidades administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con respecto a\nasuntos sobre los cuales no haya recaído decisión administrativa definitiva o finalizado\nDe los órganos superiores de la Administración Pública Central del Poder\nArtículo 45. Son órganos superiores de dirección de la Administración Pública Central,\nel Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la\nVicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los ministros o ministras y los\nviceministros o viceministras.\nSon órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, la\nProcuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de\nla Nación, los gabinetes sectoriales y los gabinetes ministeriales.\nArtículo 46. Corresponde a los órganos superiores de dirección de la Administración\nPública Central dirigir la política interior y exterior de la República, ejercer la función\nejecutiva y la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitución de la\nRepública Bolivariana de Venezuela y las leyes.\nAsimismo, tendrán a su cargo la conducción estratégica del Estado y, en especial, la\nformulación, aprobación y evaluación de las políticas públicas, el seguimiento de su\nejecución y la evaluación del desempeño institucional y de sus resultados.\nLos órganos superiores de dirección de la Administración Pública Central ejercerán el\ncontrol de la actividad y de las políticas desarrolladas por los órganos inferiores, a los\ncuales evaluarán en su funcionamiento, desempeño y resultados.\nArtículo 47. El Presidente o Presidenta de la República, en su carácter de Jefe o Jefa\ndel Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y de la Administración\nPública Central del Poder Nacional con la colaboración inmediata del Vicepresidente\nEjecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, conforme a lo establecido en la Constitución de la\nRepública Bolivariana de Venezuela y en las leyes.\nArtículo 48. La Vicepresidencia de la República estará a cargo del Vicepresidente\nEjecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, órgano directo y colaborador inmediato del\nLa Vicepresidencia de la República contará con la estructura orgánica y los funcionarios\ny funcionarias que requiera para el logro de su misión, de conformidad con el\nreglamento orgánico que apruebe el Presidente o Presidenta de la República en\n1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción\n2. Coordinar la Administración Pública Nacional, central y descentralizada\nfuncionalmente, de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la\n3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción\nde los ministros o ministras.\n4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo\n5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional y efectuar\nel seguimiento a la discusión parlamentaria de los proyectos de ley.\n6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno y coordinar las relaciones del Ejecutivo\nNacional con los estados, los distritos metropolitanos y los municipios.\n7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias\nnacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.\n8. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente o Presidenta de la República,\nde conformidad con la Constitución de la Re pública Bolivariana de Venezuela.\n10. Dirigir y coordinar el proceso de evaluación de los resultados de las políticas\npúblicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional e informar de ello al Presidente o\n11. Efectuar el seguimiento a las decisiones del Consejo de Ministros e informar\nperiódicamente al Presidente o Presidenta de la República sobre el estado general de\nsu ejecución y resultados.\n12. Efectuar el seguimiento a las instrucciones impartidas por el Presidente o\nPresidenta de la República a los ministros o ministras e informarle sobre su ejecución y\n13. Coordinar y ejecutar los trámites correspondientes a la iniciativa legislativa del\nPoder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.\n14. Coordinar el proceso de promulgación de las leyes y, de ser el caso, el proceso de\nreparo presidencial a que se refiere el artículo 214 de la Constitución de la República\nArtículo 50. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva y los ministros o ministras reunidos integran el Consejo de\nMinistros, el cual será presidido por el Presidente o Presidenta de la República o por el\nVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. En este último caso, las decisiones\nadoptadas deberán ser ratificadas por el Presidente o Presidenta de la República.\nEl Procurador o Procuradora General de la República asistirá al Consejo de Ministros\ncon derecho a voz. El Presidente o Presidenta de la República podrá invitar a otros\nfuncionarios o funcionarias y personas a las reuniones del Consejo de Ministros,\ncuando a su juicio la naturaleza de la materia o su importancia así lo requieran.\nArtículo 51. La finalidad fundamental del Consejo de Ministros es la consideración y\naprobación de las políticas públicas generales y sectoriales que son competencias del\nArtículo 52. El Presidente o Presidenta de la República mediante decreto fijará la\norganización y funcionamiento del Consejo de Ministros, con el objeto de garantizar el\nejercicio eficaz de sus competencias y su adaptabilidad a los requerimientos que\nimponen las políticas públicas cuya consideración y aprobación le corresponde. El\nreferido decreto establecerá las unidades de apoyo técnico y logístico necesarias para\nel eficaz cumplimiento de sus fines.\nArtículo 53. El quórum de funcionamiento del Consejo de Ministros no podrá ser\nmenor de las dos terceras partes de sus miembros. En caso de que el Presidente o\nPresidenta de la República estime urgente la consideración de uno o determinados\nasuntos, el Consejo de Ministros podrá sesionar con la mayoría absoluta de sus\nArtículo 54. El Presidente o Presidenta de la República fijará la periodicidad de las\nreuniones del Consejo de Ministros y lo convocará extraordinariamente cuando lo\nArtículo 55. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará un acta por el\nSecretario o Secretaria, quien la asentará en un libro especial y la certificará con su\nfirma una vez aprobada. Dicha acta contendrá las circunstancias relativas al tiempo y\nlugar de su celebración, la relación de los asistentes, las decisiones adoptadas sobre\ncada uno de los asuntos tratados en la reunión y los informes presentados.\nLas decisiones que se adopten en el Consejo de Ministros no tendrán carácter\nconfidencial ni secreto. No obstante, por razones de interés nacional o de carácter\nestratégico, el Presidente o Presidenta de la República podrá declarar reservada\nalgunas de las decisiones del Consejo de Ministros, en cuyo caso, el punto en el acta\ncorrespondiente tendrá carácter confidencial o secreto durante el tiempo estrictamente\nnecesario, luego del cual el Presidente o Presidenta de la República levantará la\nreserva de la decisión adoptada.\nArtículo 57. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y lo s ministros o\nministras serán solidariamente responsables con el Presidente o Presidenta de la\nRepública de las decisiones adoptadas en las reuniones del Consejo de Ministros a que\nhubieren concurrido, salvo que hayan hecho constar su voto adverso o negativo.\nDe la organización de los ministerios y demás órganos de la Administración\nArtículo 58. El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto, fijará el\nnúmero, denominación, competencias y organización de los ministerios y otros órganos\nde la Administración Pública Nacional, con base en parámetros de adaptabilidad de las\nestructuras administrativas a las políticas públicas que desarrolla el Poder Ejecutivo\nNacional y en los principios de organización y funcionamiento establecidos en la\nEl reglamento respectivo determinará el órgano que velará por la consistencia técnica\nde la organización de los ministerios y otros órganos de la Administración Pública\nArtículo 59. El Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar ministros o\nministras de Estado sin asignarles despacho determinado, los cuales, además de asistir\nal Consejo de Ministros, asesorarán al Presidente o Presidenta de la República y al\nVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en los asuntos que les fueren\nPor vía de excepción y mediante Decreto motivado, el Presidente o Presidenta de la\nRepública podrá designar ministros o ministras de Estado, adscribiéndoles los órganos,\nentes o fondos necesarios para el eficaz cumplimiento de los fines que se le asignen.\nArtículo 60. Los ministerios son los órganos del Ejecutivo Nacional encargados de la\nformulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes\ngenerales, programas y proyectos en las materias de su competencia y sobre las\ncuales ejercen su rectoría.\nArtículo 61. Las competencias específicas y las actividades particulares de cada\nministerio serán las establecidas en el reglamento orgánico respectivo.\nArtículo 62. La suprema dirección del ministerio corresponde al ministro o ministra,\nquien la ejercerá con la inmediata colaboración de los viceministros o viceministras y\nde los órganos de apoyo ministerial.\nArtículo 63. La planificación y coordinación estratégicas del ministerio y la rectoría de\nlas políticas públicas del sector cuya competencia le está atribuida, estarán a cargo del\nministro o ministra y de sus viceministros o viceministras, quienes reunidos\nconformarán el gabinete ministerial, el cual contará con una unidad estratégica de\nseguimiento y evaluación de políticas públicas adscrita al despacho del ministro o\nministra, integrada por un equipo interdisciplinario.\nLos gabinetes ministeriales ejercerán la alta dirección del ministerio y les\ncorresponderá revisar, evaluar y aprobar previamente las resoluciones ministeriales.\nLa unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas públicas analizará y\nevaluará la ejecución y el impacto de las políticas púb licas que están bajo la\nresponsabilidad del ministerio y someterá el resultado de sus estudios a la\nconsideración del gabinete ministerial para que éste adopte la decisiones a que haya\nArtículo 64. Cada ministerio estará integrado por el despacho del ministro o ministra\ny los despachos de los viceministros o viceministras.\nEl reglamento orgánico de cada ministerio determinará el número y competencias de\nlos viceministros o viceministras de acuerdo con los sectores que deba atender, así\ncomo de las demás dependencias del ministerio que sean necesarias para el\ncumplimiento de su cometido.\nArtículo 65. Los viceministros o viceministras serán de libre nombramiento y\nremoción por el Presidente o Presidenta de la República, oída la propuesta del ministro\no ministra correspondiente.\nArtículo 66. El viceministro o viceministra podrá tener asignado más de un sector,\npero no se podrán crear cargos de viceministro o viceministra sin asignación de\nArtículo 67. El Presidente o Presidenta de la República dispondrá la creación de\ngabinetes sectoriales para que lo asesoren y propongan acuerdos o políticas\nsectoriales, así como para estudiar y hacer recomendaciones sobre los asuntos a ser\nconsiderados por el Consejo de Ministros. También podrán ser creados para coordinar\nlas actividades entre varios ministerios, o entre estos y los entes públicos.\nArtículo 68. Los gabinetes sectoriales estarán integrados por los ministros o ministras\ny las autoridades de los órganos rectores de los sistemas de apoyo técnico y logístico\ndel sector correspondiente. Serán coordinados por el ministro o ministra que el\nPresidente o Presidenta designe o por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta\nEjecutiva cuando el Jefe o Jefa del Estado lo considere necesario. Los ministros o\nministras integrantes de los gabinetes sectoriales sólo podrán delegar su asistencia y\nparticipación en los mismos, en viceministros o viceministras de su despacho.\nArticulación de los gabinetes sectoriales a la actividad del Consejo de\nArtículo 69. De los asuntos tratados en los gabinetes sectoriales se informará al\nConsejo de Ministros, en cuyo seno deberán conocerse y discutirse aquellos que, de\nacuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, se\ncorrespondan con competencias que el Presidente o Presidenta de la República deba\nejercer en Consejo de Ministros.\nEl Presidente o Presidenta de la República podrá autorizar a los coordinadores de los\ngabinetes sectoriales para que reciban la cuenta de los ministros o ministras que\nintegran su gabinete sectorial, a fin de que el coordinador correspondiente le presente\nal Presidente o Presidenta de la República o al Vicepresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva, según el caso, la cuenta de los ministros que integran el\nArtículo 70. El Presidente o Presidenta de la República podrá crear consejos\nnacionales con carácter permanente o temporal, integrados por autoridades públicas y\npersonas representativas de la sociedad, para la consulta de las políticas públicas\nsectoriales que determine el decreto de creación.\nEl decreto de creación respectivo determinará la integración de la representación de\nlos sectores organizados, económicos, laborales, sociales y culturales y de cualquier\notra índole, en cada uno de estos consejos nacionales.\nArtículo 71. El Presidente o Presidenta de la República podrá designar comisionados y\ncrear comisiones presidenciales o interministeriales, permanentes o temporales,\nintegradas por funcionarios públicos o funcionarias públicas y personas especializadas,\npara el examen y consideración en la materia que se determine en el decreto de\nLas comisiones presidenciales o interministeriales también podrán tener por objeto la\ncoordinación de criterios y el examen conjunto de materias asignadas a diversos\nministerios. El decreto de creación determinará quién habrá de presidir las comisiones\npresidenciales. Sus conclusiones y recomendaciones serán adoptadas por mayoría\nArtículo 72. El Presidente o Presidenta de la República podrá designar autoridades\núnicas de área o de región para el desarrollo de territorios o programas regionales, con\nlas atrib uciones que determinen las disposiciones legales sobre la materia y los\ndecretos que las crearen.\nArtículo 73. Los sistema s de apoyo técnico y logístico de la Administración Pública\nNacional están conformados por la agrupación de procesos funcionales, procedimientos\nadministrativos y redes de órganos coordinados, cuyo propósito es ofrecer asesoría\nestratégica y suministro de insumos institucionales a los órganos sustantivos,\ngarantizando las condiciones organizacionales necesarias para su adecuado\nfuncionamiento y para el logro de las metas y objetivos esperados por la\nArtículo 74. Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo fiscalizarán y\nsupervisarán las actividades de los órganos que integran los respectivos sistemas de\napoyo institucional de la Administración Pública Nacional, para lo cual estos órganos\npermitirán el acceso a documentos, expedientes, archivos, procedimientos y trámites\nadministrativos, y suministrarán cualquier información que les sea requerida.\nLos órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo institucional evaluarán la\ninformación obtenida y ordenarán a los órganos de apoyo la corrección de las\ndeficiencias detectadas. Los órganos de apoyo deberán efectuar las correcciones\nseñaladas y, en caso de incumplimiento, el respectivo órgano o ente rector formulará\nla queja correspondiente ante el ministro o ministra o máximo órgano jerárquico\ncorrespondiente, con copia al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.\nArtículo 75. El Presidente o Presidenta de la República podrá crear oficinas nacionales\npara que auxilien a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional en la\nformulación y aprobación de las políticas institucionales respectivas, las cuales serán\nrectoras de los sistemas que les estén asignados y que compre nden los\ncorrespondientes órganos de apoyo técnico y logístico institucional de la Administración\nDe las competencias comunes de los ministros o ministras y viceministros o\n1. Dirigir la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales que\nles correspondan, de conformidad con el decreto presidencial que determine el número\ny la competencia de los ministerios y con el reglamento orgánico respectivo.\n2. Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades del ministerio, sin\nperjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la Constitución de la República\nBolivariana de Venezuela y las leyes confieren a los órganos de la función contralora.\n4. Cumplir y hacer cumplir las órdenes que les comunique el Presidente o Presidenta\nde la República o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, a quienes\ndeberán dar cuenta de su actuación, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.\n5. Informar al Presidente o Presidenta de la República y al Vicepresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva sobre el funcionamiento de sus ministerios y garantizar el\nsuministro de información sobre la ejecución y resultados de las políticas públicas a sus\ncargos, a los sistemas de información correspondientes.\n6. Asistir a las reunio nes del Consejo de Ministros, del Consejo Federal de Gobierno y\nde los gabinetes sectoriales que integren.\n8. Refrendar los actos del Presidente o Presidenta de la República o del Vicepresidente\nEjecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva que sean de su competencia y cuidar de su\nejecución, así como de la promulgación y ejecución de los decretos o resoluciones que\n9. Presentar a la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de su ministerio, señalando\nlas políticas, estrategias, objetivos, metas, resultados, impactos y obstáculos a su\n10. Presentar, conforme a la ley, el anteproyecto de presupuesto del ministerio y\nremitirlo, para su estudio y tramitación, al órgano rector del sistema de apoyo\n11. Ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los\nservicios, bienes y ramos de renta del ministerio.\n12. Ejercer la rectoría de las políticas públicas que deben desarrollar los institutos\nautónomos, empresas y fundaciones del Estado adscritos a sus despachos, así como\nlas funciones de coordinación y control que le correspondan conforme a esta Ley, a las\nleyes especiales de creación y a los demás instrumentos jurídicos respectivos.\n13. Ejercer la representación de las acciones pertenecientes a la República en las\nempresas del Estado que se les asigne, así como el correspondiente control accionario.\n14. Comprometer y ordenar los gastos del ministerio e intervenir en la tramitación de\ncréditos adicionales y demás modificaciones de su presupuesto, de conformidad con la\n15. Otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los contratos relacionados\ncon asuntos propios del ministerio.\n16. Comunicar al Procurador o Procuradora General de la República las instrucciones\nconcernientes a los asuntos en que debe intervenir en las materias de la competencia\n17. Cumplir oportunamente las obligaciones legales respecto a la Contraloría General\n19. Resolver los recursos administrativos que les corresponda conocer y decidir de\n20. Llevar a conocimiento y resolución del Presidente o Presidenta de la República o\ndel Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los asuntos o solicitudes que\nrequieran su intervención.\n22. Resolver los conflictos de competencia entre funcionarios o funciona rias del\nministerio y ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones legales o\n23. Contratar para el ministerio los servicios de profesionales y técnicos por tiempo\n24. Someter a la decisión del Presidente o Presidenta de la República o del\nVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva los asuntos de su competencia en\ncuyas resultas tenga interés personal, o lo tenga su cónyuge o algún pariente por\nconsanguinidad en cualquier grado en la línea recta o en la colateral hasta el cuarto\ngrado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado.\n25. Delegar sus atribuciones, gestiones y la firma de documentos de conformidad con\nlas previsiones de la presente Ley y su reglamento respectivo.\nArtículo 77. Las memorias que los ministros o ministras deban presentar a la\nAsamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República\nBolivariana de Venezuela, contendrán la exposición razonada y suficiente de las\npolíticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados, impactos y\nobstáculos en la gestión de cada ministerio en el año inmediatamente anterior, así\ncomo los lineamientos de sus planes para el año siguiente. Si posteriormente se\nevidenciaren actos o hechos desconocidos por el ministro o ministra, que por su\nimportancia merecieran ser del conocimiento de la Asamblea Nacional, estos serán\ndados a conocer a ese Poder Legislativo.\nLos ministros o ministras en la memoria y cuenta de sus despachos informarán\nanualmente a la Asamblea Nacional acerca de las actividades de control que ejerzan,\nen los términos previstos en la presente Ley, sobre los entes que le estén adscritos o\nse encuentren bajo su tutela.\nEn las memorias se insertarán aquellos documentos que el ministro o ministra\nconsidere indispensables, teniendo en cuenta su naturaleza y trascendencia. No\ndeberán incluirse en las memorias simples relaciones de actividades o documentos.\nArtículo 78. La aprobación de las memorias no comprende la de las convenciones y\nactos contenidos en ellas que requieren especial aprobación legislativa.\nArtículo 79. Acompañada de la memoria, cada ministerio presentará una cuenta que\ncontendrá una exposición de motivos, los estados contables mensuales y el resultado\nde las contabilidades ordenadas por la ley. La cuenta se dividirá en dos secciones:\ncuenta de rentas y cuenta de gastos.\nArtículo 80. La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan estratégico\nrespectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición integrada de\nla gestión del ministro o ministra y permita su evaluación conjunta.\nArtículo 81. La cuenta del ministerio a cargo de las finanzas públicas comprenderá,\nademás, la Cuenta General de Rentas y Gastos Públicos, la cual centralizará el\nmovimiento general de todos los ramos de rentas y de gastos y la Cuenta de Bienes\nNacionales adscritos a los diversos ministerios, con especificación del movimiento de\nlos bienes muebles e inmuebles, de conformidad con la Ley Orgánica de Administración\nArtículo 82. Los viceministros o viceministras serán los órganos inmediatos del\nministro o ministra, supervisarán las actividades de sus respectivas dependencias de\nacuerdo con las instrucciones del ministro o ministra, tendrán a su cargo las\natribuciones que les otorguen esta Ley, el reglamento orgánico del ministerio, así como\nel conocimiento y la decisión de los asuntos que les delegue el ministro o ministra.\n1. Seguir y evaluar las políticas a su cargo; dirigir, planificar, coordinar y supervisar las\nactividades de las dependencias de sus respectivos despachos; y resolver los asuntos\nque les sometan sus funcionarios o funcionarias, de lo cual darán cuenta al ministro o\nministra en los gabinetes ministeriales o cuando éste o ésta lo considere oportuno.\n2. Ejercer la administración, dirección, inspección y resguardo de los servicios, bienes\ny ramos de renta de sus respectivos despachos.\n3. Comprometer y ordenar, por delegación del ministro o ministra, los gastos\ncorrespondientes a las dependencias a su cargo.\n5. Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que les comunique el ministro o\nministra, a quien darán cuenta de su actuación.\n6. Coordinar aquellas materias que el ministro o ministra disponga llevar a la cuenta\ndel Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva, al Consejo de Ministros y a los gabinetes sectoriales.\n7. Asistir a los gabinetes ministeriales y presentar los informes, evaluaciones y\nopiniones sobre las políticas de los ministerios.\n8. Ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones legales o\n9. Contratar por delegación del ministro o ministra los servicios de profesionales y\ntécnicos por tiempo determinado o para obra determinada.\n10. Llevar a conocimiento y resolución del ministro o ministra los asuntos o solicitudes\nque requieran su intervención, incluyendo las que por su órgano sean presentadas por\nlas comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales legalmente\n11. Someter a la decisión del ministro o ministra los asuntos de su atribución en cuyas\nresultas tenga interés personal directo, por sí o a través de terceras personas.\n12. Delegar atribuciones, gestiones y la firma de documentos, conforme a lo que\nestablezca esta Ley y su reglamento.\nArtículo 84. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de\nla Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de\ninterés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la\nRepública reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión.\nLa competencia, organización y funcionamiento del Consejo de Estado se regulará por\nDe la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional y su potestad\nArtículo 85. El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la\nConstitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante la elaboración,\naprobación y posterior remisión de los proyectos de ley a la Asamblea Nacional.\nArtículo 86. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley por parte del Poder\nEjecutivo Nacional se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la\nelaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por un informe\njurídico, los estudios o informes técnicos sobre la necesidad y oportunidad del mismo,\nasí como por un informe económico sobre su impacto o incidencia presupuestaria.\nEl titular del ministerio proponente elevará el anteproyecto al Consejo de Ministros a\nfin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las\nconsultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los\ntérminos de su realización.\nUna vez cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, el ministro o\nministra proponente someterá el anteproyecto, nuevamente, al Consejo de Ministros\npara su aprobación como proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Nacional\nacompañándolo de una exposición de motivos, del informe técnico y del informe\neconómico sobre su impacto o incidencia presupuestaria, y demás antecedentes\nnecesarios para pronunciarse sobre él.\nCuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá prescindir\nde los trámites contemplados en este artículo y acordar la aprobación de un proyecto\nde ley y su remisión a la Asamblea Nacional.\nEn todo caso el Ejecutivo Nacional en el diseño y planificación de los proyectos de ley\nque proponga a la Asamblea Nacional, hará las estima ciones económicas y\npresupuestarias necesarias para cubrir los costos que genere cada proyecto de ley,\nexclusivamente con base en ingresos ordinarios.\nArtículo 87. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Presidente o\nPresidenta de la República, en Consejo de Ministros, de conformidad con la\nConstitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.\nLos reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir\nnormas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o\ncolaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones\nadministrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras\ncargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.\nArtículo 88. La elaboración de los reglamentos de leyes se ajustará al siguiente\n1. La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo\npor el ministerio competente según la materia, mediante la elaboración del\ncorrespondiente proyecto al que se acompañará un informe técnico y un informe sobre\nsu impacto o incidencia presupuestaria.\n2. A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes,\nlos dictámenes correspondientes y cuantos estudios y consultas se estimen\nconvenientes para garantizar la eficacia y la legalidad del texto.\n3. Elaborado el texto se someterá a consulta pública para garantizar el derecho de\nparticipación de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de esta\nLey. Durante el proceso de consulta las personas, directamente o a través de las\norganizaciones y asociaciones que los agrupen o representen, podrán presentar\nobservaciones y propuestas sobre el contenido del reglamento las cuales deberán ser\nanalizadas por el ministerio encargado de la elaboración y coordinación del\n4. Aprobado el reglamento por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo\nde Ministros, entrará en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial de la República\nBolivariana de Venezuela, salvo que el reglamento disponga otra cosa.\nArtículo 89. El Ejecutivo Nacional deberá aprobar el o los reglamentos necesarios\npara la eficaz aplicación y desarrollo de las leyes dentro del año inmediatamente\nsiguiente a su promulgación.\nArtículo 90. Mediante el respectivo re glamento orgánico, el Presidente o Presidenta\nde la República, en Consejo de Ministros, podrá convertir unidades administrativas de\nlos ministerios y oficinas nacionales en órganos desconcentrados, con autonomía\npresupuestaria, administrativa, financiera o de gestión, según acuerde el decreto\nEl ministro o ministra, o el jefe o jefa de la oficina nacional ejercerá el control\njerárquico sobre los órganos desconcentrados, en aquellas materias cuyas atribuciones\nde dirección no hayan sido transferidas, y ejercerá el control que especialmente se\ndetermine sobre el ejercicio de las atribuciones transferidas que establezca el decreto\nArtículo 91. Los órganos de la Administración Pública que sean desconcentrados,\nserán controlados de conformidad con sus disposiciones especiales y, en su defecto,\nsegún las previsiones de la presente Ley.\nArtículo 92. Con el propósito de obtener recursos propios producto de su gestión para\nser afectados al financiamiento de un servicio público determinado, el Presidente o\nPresidenta de la República, mediante el reglamento orgánico respectivo, en Consejo de\nMinistros, podrá crear órganos con carácter de servicios autónomos sin personalidad\njurídica, u otorgar tal carácter a órganos ya existentes en los ministerios y en las\nSólo podrá otorgarse el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica en\naquellos casos de prestación de servicios a cargo del Estado que permitan,\nefectivamente, la captación de ingresos propios.\nLos referidos servicios son órganos que dependerán jerárquicamente del ministro o\nministra o del viceministro o viceministra que determine el respectivo reglamento\norgánico, o del jefe de la oficina nacional de ser el caso.\nArtículo 93. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica contarán con un fondo\nseparado, para lo cual estarán dotados de la autonomía que acuerde el reglamento\norgánico que les otorgue tal carácter.\nLos ingresos provenientes de la gestión de los servicios autónomos sin personalidad\njurídica no forman parte del Tesoro y, en tal virtud, podrán ser afectados directamente\nde acuerdo con los fines para los cuales han sido creados. Tales ingresos sólo podrán\nser utilizados para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines.\nRequisitos del reglamento orgánico que cree un servicio autónomo sin\nArtículo 94. En el reglamento orgánico a que se refiere el artículo anterior se\n3. El grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión que\n5. El destino que se dará a los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad y el\ndestino de los excedentes al final del ejercicio fiscal.\n6. La forma de designación del titular que ejercerá la dirección y administración, y el\nrango de su respectivo cargo.\nArtículo 95. Los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho público de\nnaturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal u ordenanza conforme a las\ndisposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio propio e independiente de la\nRepública, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, según\nsea el caso, con las competencias o actividades determinadas en la ley que los cree.\nArtículo 96. La ley nacional, estadal, u ordenanza que cree un instituto autónomo\n2. La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes ordinarias de\n3. Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación de sus unidades\nadministrativas y señalamiento de su jerarquía y atribuciones.\n4. Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el órgano de\nArtículo 97. Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la\nley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los\nSujeción de los institutos autónomos a la Ley Orgánica de Procedimientos\nArtículo 98. La actividad de los institutos autónomos queda sujeta a los principios y\nbases establecidos en esta Ley y a las disposiciones de la Ley Orgánica de\nArtículo 99. Los institutos autónomos sólo podrán ser suprimidos por ley especial, la\ncual establecerá las reglas básicas de la disolución, así como las potestades necesarias\npara que el respectivo ejecutivo nacional, estadal, del distrito metropolitano o\nmunicipal proceda a su liquidación.\nArtículo 100. Son empresas del Estado las sociedades mercantiles en las cuales la\nRepública, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los\nentes descentralizados funcionalmente a los que se refiere esta Ley, solos o\nconjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital\nArtículo 101. La creación de las empresas del Estado será autorizada respectivamente\npor el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, los\ngobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, según corresponda, mediante\ndecreto o resolución de conformidad con la ley. Adquirirán la personalidad jurídica con\nla protocolización de su acta constitutiva en el registro mercantil correspondiente a su\ndomicilio, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos y de la Gaceta\nOficial de la República Bolivariana de Venezuela o del medio de publicación oficial\ncorrespondiente donde aparezca publicado el decreto que autorice su creación.\nArtículo 102. Todos los documentos relacionados con las empresas del Estado que\nconforme al Código de Comercio tienen que ser objeto de publicación, se publicarán en\nla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en el correspondiente\nmedio de divulgación oficial de los estados, de los distritos metropolitanos o de los\nmunicipios. Con el cumplimiento de esta obligación se considerarán satisfechas las\nexigencias previstas en dicho Código, sin perjuicio de que la publicación pueda hacerse\ntambién en otros medios de comunicación si así lo estima conveniente la empresa. En\neste último supuesto, deberá dejarse constancia del número y fecha de la Gaceta\nOficial de la República Bolivariana de Venezuela o del medio de divulgación oficial,\nestadal, del distrito metropolitano o municipal en el cual se hizo la publicación legal.\nArtículo 103. La República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios y\nlos entes a que se refiere esta Ley, podrán tener participación en todo tipo de\nsociedades, suscribir o vender acciones e incorporar nuevos accionistas del sector\npúblico. Podrán constituir sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como\naccionistas únicos. En los casos de procesos de privatización se seguirá el\nprocedimiento establecido en la legislación correspondiente.\nArtículo 104. En los casos de empresas del Estado nacionales, estadales, de los\ndistritos metropolitanos o municipales con un único accionista, los derechos societarios\npodrán ser ejercidos, según sea el caso, por la República, los estados, los distritos\nmetropolitanos, los municipios o los entes a que se refiere esta Ley, que sea titular de\nlas acciones en forma unilateral, sin que ello implique el incumplimiento de las\ndisposiciones pertinentes del Código de Comercio ni las relacionadas con la publicación\nArtículo 105. Cuando operen varias empresas del Estado en un mismo sector, o\nrequieran una vinculación aunque operen en diversos sectores, el Presidente de la\nRepública o Presidenta de la República, el gobernador o gobernadora, el alcalde o\nalcaldesa correspondiente, podrá crear empresas matrices tenedoras de las acciones\nde las empresas del Estado y de las empresas mixtas correspondientes, sin perjuicio\nde que los institutos autónomos puedan desempeñar igual función.\nArtículo 106. Las empresas del Estado se regirán por la legis lación ordinaria, salvo lo\nestablecido en la presente Ley. Las empresas del Estado creadas por ley nacional se\nregirán igualmente por la legislación ordinaria, salvo lo establecido en la ley.\nRegistro de la composición accionaria de las empresas donde el Estado tenga\nArtículo 107. El ministerio o el órgano estadal o municipal competente en materia\npresupuestaria llevará un registro de la composición accionaria de las empresas donde\nel Estado tenga participación en su capital social, y remitirá semestralmente copia del\nmismo a la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, de los consejos\nlegislativos, de los cabildos metropolitanos o de los consejos municipales, dentro de los\nprimeros treinta días del semestre siguiente.\nArtículo 108. Son fundaciones del Estado los patrimonios afectados a un objeto de\nutilidad general, artístico, científico, literario, benéfico, social u otros, en cuyo acto de\nconstitución participe la República, los estados, los distritos metropolitanos, los\nmunicipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere\nesta Ley, siempre que su patrimonio inicial se realice con aportes del Estado en un\nporcentaje mayor al cinc uenta por ciento.\nArtículo 109. La creación de las fundaciones del Estado será autorizada\nrespectivamente por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de\nMinistros, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, según\ncorresponda, mediante decreto o resolución. Adquirirán la personalidad jurídica con la\nprotocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro\ncorrespondiente a su domicilio, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus\nestatutos y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o del medio\nde publicación oficial estadal o municipal correspondiente donde aparezca publicado el\ndecreto o resolución que autorice su creación.\nObligatoriedad de publicación de los documentos de las fundaciones del\nArtículo 110. El acta constitutiva, los estatutos, y cualquier reforma de tales\ndocumentos de las fundaciones del Estado será publicado en la Gaceta Oficial de la\nRepública Bolivariana de Venezuela o en el respectivo medio de publicación oficial,\nestadal o municipal, con indicación de los datos correspondientes al registro.\nObligatoriedad del señalamiento del valor de los bienes que integran el\npatrimonio de una fundación del Estado\nArtículo 111. En el acta constitutiva de las fundaciones del Estado se indicará el valor\nde los bienes que integran su patrimonio, así como la forma en que serán dirigidas y\nArtículo 112. Las fundaciones del Estado se regirán por el Código Civil y las demás\nnormas aplicables, salvo lo establecido en la ley.\nArtículo 113. Serán asociaciones y sociedades civiles del Estado aquellas en las que la\nRepública o su ente descentralizado funcionalmente posea el cincuenta por ciento o\nmás de las cuotas de participación, y aquellas cuyo monto se encuentre conformado en\nla misma porción, por aporte de los mencionados entes, siempre que tales aportes\nhubiesen sido efectuados en calidad de socio o miembro.\nArtículo 114. La creación de las asociaciones y sociedades civiles del Estado deberá\nser autorizada por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto, o a\ntravés de resolución dictada por el máximo jerarca descentralizado funcionalmente,\nque participe en su creación, adquirirán personalidad jurídica con la protocolización de\nsu Acta Constitutiva en la Oficina del Registro Subalterno correspondiente a su\nOficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde aparezca publicado el Decreto\nque autorice la creación. A las asociaciones y sociedades civiles del Estado le será\naplicable lo establecido en los Artículos 110, 111 y 112 de esta Ley.\nDel control sobre los órganos desconcentrados y sobre los entes\nAtribuciones del Presidente o Presidenta de la República sobre los entes\nArtículo 115. El Presidente o Presidenta de la República en Consejos de Ministros\ndecretará la adscripción de los institutos autónomos, empresas, fun daciones,\nasociaciones y sociedades civiles del Estado. Dicho decreto podrá:\n1. Determinar el ministerio de adscripción, en los casos en que ello no se encuentre\nprevisto en la ley o acto jurídico de creación del ente descentralizado funcionalmente.\n2. Variar la adscripción del ente descentralizado funcionalmente que se encuentre\nprevista en su correspondiente ley o acto jurídico de creación, de acuerdo a las\nreformas que tengan lugar en la organización ministerial, y atendiendo, en especial, a\nla creación o supresión de los ministerios o cambios en sus respectivas competencias.\n3. Variar la adscripción de las acciones de uno a otro órgano, o transferir sus acciones\na un instituto autónomo o a otro ente descentralizado funcionalmente.\n4. Fusionar empresas del Estado y transformar en éstas o en servicios autónomos sin\npersonalidad jurídica, las fundaciones del Estado que estime conveniente.\nArtículo 116. Todo instituto autónomo, emp resa o fundación, asociaciones y\nsociedades civiles del Estado se encontrarán adscritos a un determinado ministerio u\nórgano de la Administración Pública correspondiente y, en ningún caso, podrá quedar\nadscrito al despacho del Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente\nEjecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa.\nAtribuciones de los órganos de adscripción respecto de los entes\nArtículo 117. Los ministerios u otros órganos de control, nacionales, estadales, de los\ndistritos metropolitanos o municipales, respecto de los órganos desconcentrados y\nentes descentralizados funcionalmente que le estén adscritos, tienen las siguientes\n1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto formularán las\ndirectivas generales que sean necesarias.\n3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su gestión e informar\noportunamente al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora,\nalcalde o alcaldesa, según corresponda.\n4. Informar trimestralmente al organismo u órgano nacional, estadal, del distrito\nmetropolitano o municipal, encargado de la planificación acerca de la ejecución de los\nplanes por parte de los entes.\n5. Proponer al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, o\nalcalde o alcaldesa, según corresponda, las reformas necesarias a los fines de crear,\nmodificar o eliminar las entidades descentralizadas funcionalmente que\nrespectivamente le estén adscritas.\n6. Las demás que determinen las leyes nacionales, estadales y las ordenanzas y sus\nArtículo 118. En el mes de enero de cada año, los ministerios y órganos de\nadscripción nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos o municipales\npublicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en el medio\noficial que corresponda, la lista de los entes descentralizados adscritos o bajo su tutela,\ncon indicación del monto de la participación, si se tratare de una empresa del Estado, y\nde la conformación de su patrimonio si se tratare de un instituto autónomo o una\nfundación del Estado. Igualmente indicarán los entes que se hallen en proceso de\nprivatización o de liquidación.\nDeterminación de los indicadores de gestión aplicables para la evaluación del\nArtículo 119. El ministerio u órgano de control nacional, estadal, del distrito\nmetropolitano o municipal, a cargo de la coordinación y planificación determinarán los\nindicadores de gestión aplicables para la evaluación del desempeño institucional de los\nórganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente, de conformidad\ncon el reglamento respectivo.\nComo instrumento del control de tutela sobre el desempeño institucional, se\nsuscribirán compromisos de gestión, de conformidad con la presente Ley, entre entes\ndescentralizados funcionalmente y el respectivo ministerio u órgano de adscripción\nnacional, estadal, del distrito metropolitano o municipal, según el caso.\nArtículo 120. El ministro o ministra u órgano de adscripción nacional, estadal, del\ndistrito me tropolitano o municipal respectivo ejercerá, según corresponda, la\nrepresentación de la República, del estado, del distrito metropolitano o del municipio\nrespectivo, en la asamblea de accionistas u órganos correspondientes de las empresas\ny fundaciones del Estado que se encuentren bajo su tutela.\nObligación de información de los entes descentralizados al ministerio de\nadscripción sobre participaciones accionarias\nArtículo 121. Los entes descentralizados funcionalmente deberán informar al\nministerio u órgano de adscripción nacional, estadal, del distrito metropolitano o\nmunicipal acerca de toda participación accionaria que suscriban y de los resultados\neconómicos de la misma.\nLos administradores de los entes descentralizados funcionalmente remitirán\nanualmente a los ministerios u órgano de adscripción nacional, estadal, del distrito\nmetropolitano o municipal correspondientes el informe y cuenta de su gestión.\nArtículo 122. La República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios\npodrán incorporar determinados bienes a un ente descentralizado funcionalmente, sin\nque dicho ente adquiera la propiedad. En tales casos, el ente queda obligado a\nutilizarlos exclusivamente para los fines que determinen los titulares de la propiedad.\nEn los casos de incorporación de bienes a entes descentralizados funcionalmente, éstos\npodrán conservar su calificación jurídica originaria.\nArtículo 123. El Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora,\nalcalde o alcaldesa, según corresponda, podrán decidir la intervención de un instituto\nautónomo, cuando existan razones que lo justifiquen.\nArtículo 124. La intervención a que se refiere el artículo anterior, se decidirá\nmediante decreto o resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República\nBolivariana de Venezuela o en el medio de publicación oficial estadal, del distrito\nmetropolitano o municipal correspondiente. Dicho acto contendrá el lapso de duración\nde la intervención y los nombres de las personas que formarán parte de la junta\nArtículo 125. La junta interventora procederá a redactar y ejecutar uno o varios\npresupuestos sucesivos tendentes a solventar la situación del instituto, cumpliendo al\nefecto lo preceptuado en la legislación presupuestaria. Su actuación se circunscribirá\nestrictamente a realizar los actos de administración necesarios para mantener la\ncontinuidad de las atribuciones o actividades a cargo del instituto intervenido,\nproveyendo al cumplimiento de sus obligaciones y adoptando las medidas conducentes\na evitarle cualquier perjuicio.\nArtículo 126. El ministro o ministra u órgano de adscripción nacional, estadal, del\ndistrito metropolitano o municipal, examinará los antecedentes que hayan motivado la\nintervención del instituto y, de acuerdo con sus resultados, procederá a remitir a los\nórganos competentes los documentos necesarios con el objeto de determinar la\nresponsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los integrantes de los\nArtículo 127. La gestión de la junta interventora cesará tan pronto haya logrado\nrehabilitar la hacienda del instituto intervenido.\nEl decreto o resolución respectivo del Presidente o Presidenta de la República,\ngobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda, que restituya al\ninstituto su régimen normal, dispondrá lo procedente respecto a la integración de los\nArtículo 128. Las empresas y las fundaciones del Estado podrán ser objeto de\nintervención, supresión y liquidación de conformidad con las normas previstas en el\nCódigo de Comercio y en el Código Civil. En todo caso, el Presidente o Presidenta de la\nRepública, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda,\nmediante decreto o resolución correspondiente, dictará las reglas que estime\nnecesarias a los fines de la intervención, supresión o liquidación de las entidades\nmencionadas y designará a las personas encargadas de ejecutarlas.\nLa personalidad jurídica de las entidades descentralizadas funcionalmente subsistirá\npara los fines de la liquidación, hasta el final de ésta.\nArtículo 129. Los compromisos de gestión son convenios celebrados entre órganos\nsuperiores de dirección y órganos o entes de la Administración Pública entre sí, o\ncelebrados entre aquellos y las comunidades organizadas y organizaciones públicas no\nestatales, de ser el caso, mediante los cuales se establecen compromisos para la\nobtención de determinados resultados en los respectivos ámbitos de competencia, así\ncomo las condiciones para su cumplimiento, como contrapartida al monto de los\nrecursos presupuestarios asignados.\nArtículo 130. Los compromisos de gestión servirán de fundamento para la evaluación\ndel desempeño y la aplicación de un sistema de incentivos y sanciones de orden\npresupuestario, en función del desempeño institucional. La evaluación del desempeño\ninstitucional deberá atender a los indicadores de gestión que establezcan previamente\nlos órganos y entes de la Administración Pública Nacional, de común acuerdo con el\nVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecut iva.\nArtículo 131. Los compromisos de gestión determinarán y regularán, en cada caso,\npor lo menos, los siguientes aspectos:\n1. La finalidad del órgano desconcentrado, ente descentralizado funcionalmente,\ncomunidades organizadas u organizaciones públicas no estatales, de ser el caso, con el\ncual se suscribe.\n2. Los objetivos, metas y resultados, con sus respectivos indicadores de desempeño,\nque se prevé alcanzar durante la vigencia del compromiso nacional de gestión.\n5. Los beneficios y obligaciones de los órganos y entes de la Administración Pública y\nde las comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales encargados de\n8. Los deberes de información de los órganos o entes de la Administración Pública, o\nlas comunidades organizadas u organizaciones públicas no estatales encargadas de la\n10. Los incentivos y restricciones financieras institucionales e individuales de acuerdo\nal resultado de la evaluación, de conformidad con las pautas que establezca el\nrespectivo reglamento de la presente Ley.\nLos compromisos de gestión sobre condicionamiento de transferencias\npresupuestarias a entidades descentralizadas funcionalmente\nArtículo 132. La República, por órgano de los ministerios de adscripción, bajo la\ncoordinación de la Vicepresidencia de la República, podrá condicionar las transferencias\npresupuestarias a las entidades descentralizadas funcionalmente, cuya situación\nfinanciera, de conformidad con la correspondiente evaluación por parte de los órganos\nde control interno, no permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objetivo.\nDichas condiciones serán establecidas en un compromiso de gestión, en el cual se\ndeterminarán los objetivos y los programas de acción con el fin de garantizar el\nrestablecimiento de las condiciones organizacionales, funcionales y técnicas para el\nbuen desempeño del ente, de conformidad con los objetivos y funciones señalados en\nla norma de creación y con las políticas de gobierno.\nArtículo 133. Los compromisos de gestión podrán adoptar las siguientes\n1. Compromisos de gestión sectorial, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo o\nVicepresidenta Ejecutiva y los ministros o ministras del ramo respectivo.\n2. Compromisos de gestión territorial, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo o la\nVicepresidenta Ejecutiva y los gobernadores o gobernadoras de estado.\n3. Compromisos de gestión de servicios públicos, celebrados entre el Vicepresidente\nEjecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el ministro o ministra de adscripción y la\nautoridad máxima del órgano o ente adscrito responsable de prestar el servicio.\n4. Compromisos de gestión con comunidades organizadas u organizaciones públicas no\nestatales, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el\nministro o ministra del ramo afín al servicio prestado y la o las autoridades del servicio\npúblico no estatal, definido en los términos que establece la presente Ley.\nEl reglamento respectivo determinará los contenidos específicos de cada una de las\nmodalidades de compromisos de gestión.\nArtículo 134. Los compromisos de gestión se entenderán perfeccionados con la firma\ndel Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y la de los ministros o ministras\nde los despachos con competencia en materia de finanzas públicas y de planificación y\nLos compromisos de gestión serán de conocimiento público y entrarán en vigencia a\npartir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a\nlos fines de permitir el control social sobre la gestión pública.\nArtículo 135. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República\nBolivariana de Venezuela y en leyes especiales, los órganos y entes de la\nAdministración Pública promoverán la participación ciudadana en la gestión pública.\nA tales fines, las personas podrán, directamente o a través de las comunidades\norganizadas o las organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas,\npresentar prop uestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de\nA los efectos de su participación en la consulta sobre políticas y normas para la\nregulación del sector respectivo, cada órgano o ente público llevará un registro de las\ncomunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales cuyo objeto se\nrefiera al sector y que soliciten libremente su inscripción.\nArtículo 136. Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación,\npropongan la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deberán\nremitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las\norganizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado por el artículo\nanterior. En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso\ndurante el cual se recibirán por escrito las observaciones, y el cual no comenzará a\ncorrer antes de los diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto\nParalelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente publicará en la prensa\nnacional la apertura del proceso de consulta indicando su duración. De igual manera lo\ninformará a través de su página en la internet, en la cual se expondrá el o los\ndocumentos sobre los cuales verse la consulta.\nDurante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus\nobservaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de\nestar inscrito en el registro a que se refiere el artículo anterior.\nUna vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público\nfijará una fecha para que sus funcionarios o funcionarias, especialistas en la materia\nque sean convocados y las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no\nestatales intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y\npropongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar un


17:42 16-11 El abogado que la representa hizo apreciaciones sobre lo ocurrido con una computadora mandada a arreglar y sobre la denuncia.\nTomamos conocimiento ayer de una denuncia formulada la pasada semana por una joven vecina, la que se encuentra involucrada en un video de características sexuales que se difundió a través de una página en Internet.\nLa joven con el patrocinio letrado del Dr. David Lettieri formuló la denuncia en la Fiscalía nº 3 Departamental, indicando haber llevado en mayo de 2009 una computadora a arreglar a una casa de computación de nuestra ciudad –cuyo nombre y dirección precisa-, indicando sobre la misma, que antes había borrado “un video privado casero de relaciones sexuales con su pareja”, aunque podría haber sido posible que este hubiera quedado en la papelera de la misma.\nQue unos dos meses después de eso había escuchado un comentario, de que estaba circulando un video en Cd. con las características del que habían filmado con su pareja, y que hace aproximadamente dos meses atrás le habían avisado que dicho video había sido puesto en Facebook, pero que al ser material pornográfico su exposición había durado un máximo de una hora, porque se borran automáticamente.\nPrecisó al respecto, que no sabe quien pudo haberlo subido a Internet, pero que a principios de octubre pasado ese video reapareció en una página, y que desde allí se lo cargó en otras paginas a través de links, lo que había podido comprobar.\nQue cuando le avisaron de una de estas páginas hizo una denuncia para que bajaran el video, lo que había ocurrido en un plazo de 48 horas, pero que ahora la habían llamado por teléfono para avisarle que nuevamente el video estaba cargado en esa misma pagina central, lo cual pudo comprobar, advirtiendo que nuevamente estaba cargado en diferentes links.\nPreguntada si sospechaba de alguien dijo que no, aunque dio posibles referencias, precisando que mucha gente había tenido acceso al video, como que la situación se fue de las manos, ignorando si existe alguna motivación personal contra ella o su pareja, o sin quien lo hace es simplemente por diversión.\nPara conocer algún detalle más, hablamos ayer con el Dr. David Lettieri, letrado que nos confirmaba la denuncia e indicaba que el delito no estaba aún tipificado, pero que podría ser violación de documentación privada, “ya que ninguno de los intervinientes en el video lo dio a difusión. Mandaron a arreglar la computadora y a partir de eso apareció el video en Internet. Alguien hizo una macana, qué tipo penal pondrá la Fiscalía no lo sabemos, por eso hicimos la denuncia penal para que se investigue quién está subiendo el video a Internet”, precisó.\nConsultado el abogado de cómo se había gravado el video, sin con una filmadora o un teléfono, Lettieri aclaró que lo había sido “con la propia camarita de la computadora, de donde alguien la extrajo y difundió”, precisando por ello, que el delito era “haber ingresado al contenido de una computadora privada y haber extraído el video”, pero consignando como algo aún más grave, ya que “supuestamente se hicieron Cds. de ese video y alguien por un interés particular lo subió a una página de Internet, y que podría configurar otro tipo de delito”.\nTambién agregaba el Dr. Lettieri, que sabían que había “una página donde ese video se vende a cien pesos, como elemento pornográfico, ofreciéndolo además en 10 cuotas con tarjeta de crédito”. “Es muy grave, verdaderamente una locura”, sentenciaba el abogado.\nNos contaba por último Lettieri, que el Fiscal Dr. Juan Manuel Dávila investigaría la página donde está el video y la computadora de dónde se lo subió, resaltando que para hacerlo habría insumido una seis horas de conexión, pero manifestando que lo “que primordialmente interesaba, era que la gente sepa que de ahora en más se investigará a quien suba a Internet o comercialice el video”.\nPor Sandra 15:27 26-05-2015\nLlos actos privados deben permanecer en el ámbito de lo privado. No tienen que dar explicaciones por filmarse, en tal caso las explicaciones las debe dar el/la que distribuyó un video privado\nPor pato 11:28 17-11-2014\nComentarios raul tenes razon fue asi, plata, lastima que ensucia a otras personas, que se haga cargo\nPor MOrocha 13:45 10-06-2014\nQué comentarios pacatos los de uds. Es una mujer y un hombre libres y si ese es su juego privado me parece excelente. Manga de pito cortos\nPor CARLOS 08:52 09-08-2013\nLA VERGUENZA ES FILMAR EL VIDEO...ES DE CALENTONES..AHORA QUE NO SE QUEJE\nPor alejandro 15:13 12-03-2013\ndeja de ser privado cuando lo tenes el el tlfono o en una camara de video,a partir de ahy es de la sociedadComentarios\nPágina 1 2 3 4 5 6 Siguiente »


El punto es que nuestra mente no está preparada para afrontar todas las situaciones que hoy nos estresan. La persona que está muy estresada pierde la capacidad de discernir entre el estresor 'real' del 'no real', es decir lo que puede realmente dañarnos y lo que no. Peor aún, pierde la capacidad de darse cuenta de qué es lo que realmente le hace bien. Y muchas veces termina buscando en placebos (como el consumismo, el alcohol, las drogas o el cigarrillo).\nSi bien es cierto que el burn out existió siempre y es algo que vemos cotidianamente, el hecho de que la OMS lo reconozca como una enfermedad laboral permite que se impulsen investigaciones sobre sus efectos y promuevan programas para asistir a quienes lo sufren. En 1976 Cristina Maslach lo describió como "un síndrome tridimensional de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas".\n✔ Aprender a decir que no y no sobrecargar la agenda.\n✔ Disfrutar del ocio recreativo, de no hacer nada.\n✔ Focalizar en una sola cosa para hacer, aprender a priorizar y diferenciar lo urgente de lo importante.\n✔ Potenciar los lazos afectivos. Las personas con una buena red de contención social se enferman y mueren menos.


Cremoso dominación femenina / Gaydudes córneo\nAutor Parsons Rebecca Publicado en Publicado en 02.11.2017 02.11.2017\nDescargar, revista Zero, etiquetas, follador follador anal, utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Alemania, Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, España y el Reino Unido. Una vez que ya son de la gente, me puedo desentender más, aunque sea cierto que hay poemas que son difíciles de leer en público porque me emocionan o me cuestan especialmente, pero la exposición la entiendo como parte del proceso de escritura. Que cada vez que vengas a iPornoGratis. Lozano aclara que ya no es tan caro como para tener solo y sin dinámica el sitio ni tan barato para llenarlo de cualquier tipo de personas. Para eliminar riesgos sus amigos asumieron todas sus deudas. El niño ha estado sometido a muchos cambios. 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