AI - Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1996 Recomendaciones sobre los países que están en el programa\nComisión de Derechos Humanos de la ONU 1996 Recomendaciones sobre los países que están en el programa\nMarzo de 1996               RESUMEN             Índice AI: IOR 41/03/96/s\nEl 52º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se celebrará durante seis semanas del 18 de marzo al 26 de abril de 1996. El documento adjunto describe las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en países que ya están en el programa de este periodo de sesiones: Afganistán, Bougainville, Burundi, Camboya, Cuba, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Israel y los Territorios Ocupados, Irán, Iraq, Myanmar, Ruanda, Somalia, Sudán, la ex Yugoslavia y Zaire.\nEste informe resume el documento titulado Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1996 - Recomendaciones sobre los países que están en el programa (Índice AI: IOR 41/03/96/s) publicado por Amnistía Internacional en enero de 1996. Las personas que deseen obtener más detalles o emprender acciones sobre esta materia deberán consultar el documento completo.\nde la ONU 1996\nRecomendaciones sobre los países que están en el programa\nÍndice AI: IOR 41/03/96/s\nLISTA DE DOCUMENTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL\nEste documento contiene las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre los países que están en el programa de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se ha elaborado un documento aparte, Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1996 - Llamamiento para la acción (Índice AI IOR 41/02/96/s), que contiene las preocupaciones de Amnistía Internacional a las que la organización prestará atención prioritaria en el 52º periodo de sesiones de la Comisión. Este año, Amnistía Internacional se centrará prioritariamente en cinco países: China, Colombia, Indonesia y Timor Oriental, Nigeria y Turquía, así como en los defensores de los derechos humanos, el proyecto de protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y los derechos humanos de la mujer. Por lo que se refiere a los países que ya están en el programa de la Comisión, la principal preocupación de Amnistía Internacional es asegurarse de que la Comisión realice el seguimiento de las recomendaciones efectuadas el año pasado.\nLa Comisión de Derechos Humanos debe emprender una tarea de revisión crítica de su respuesta a las violaciones graves de derechos humanos. En muchas ocasiones, la Comisión hace caso omiso de las graves violaciones que se cometen en un país, lo que con frecuencia permite que la situación empeore. Incluso en los casos en que examina la situación y aprueba una resolución, a menudo no realiza el seguimiento de la decisión tomada. La Comisión se debe preguntar si los gobiernos siguieron las recomendaciones que hizo en 1995 y cuál será la respuesta adecuada en el caso de que no lo hayan hecho. Esta respuesta no puede ser el silencio.\nEn algunas situaciones en que la Comisión ha decidido que la respuesta adecuada es el nombramiento de un Relator Especial para vigilar la situación de los derechos humanos, el gobierno en cuestión no coopera con el Relator. Cuando un país se ha negado a permitir la visita de su Relator Especial, como ha sucedido en el caso de Sudán e Iraq, otros mecanismos de la Comisión no deben tener en cuenta ninguna invitación antes de que se curse una invitación oficial al Relator Especial.\nNegarse a aceptar visitas de los mecanismos temáticos o de otros mecanismos de la Comisión es una falta de cooperación con toda la Comisión que debe ser motivo de preocupación para ésta y podría justificar la designación de un Relator Especial para el país en cuestión.\nLa Comisión ha decidido en ciertas situaciones, como las de Iraq, Sudán, Burundi, la ex Yugoslavia y Ruanda, que una respuesta adecuada, aparte de designar a un Relator Especial para el país, es desplegar observadores de derechos humanos. Cuando la Comisión ha tomado esta decisión y la Asamblea General de la ONU la ha aprobado, su papel es llevarla adelante y tomar las medidas necesarias para garantizar que estas operaciones sobre el terreno cuentan con un respaldo político y unos compromisos económicos reales. En muchas ocasiones las decisiones de la Comisión no se llevan a cabo por falta de recursos. Es responsabilidad de los Estados Miembros de la Comisión garantizar que se dispone de los recursos adecuados para lo que deciden que es una respuesta apropiada con el fin de solucionar las violaciones de derechos humanos en un país dado.\nAfganistán está en ruinas después de dieciséis años de guerra que han dejado al país fragmentado y sin un gobierno central efectivo. Mientras el país se precipitaba hacia una guerra civil en la que se cometían diariamente abusos contra los derechos humanos, las potencias externas hacían cola para ofrecer apoyo político, económico y militar a las facciones en lucha. Ninguno de los gobiernos que suministraba armas tomó en ningún momento medidas para asegurarse de que éstas no se utilizarían para perpetrar abusos. Ninguno puede librarse de la responsabilidad por las armas que ha suministrado, a ninguno se le puede permitir pasar por alto el importante papel que ha desempeñado al permitir a los grupos muyaidines perpetrar abusos contra los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos puede desempeñar un gran papel en la resolución de la situación de los derechos humanos en Afganistán. El primer y principal paso para mejorar la situación es revelar la verdad sobre los abusos de derechos humanos y asegurarse de que la protección de los derechos humanos forma parte del proceso de paz en curso.\nEl Relator Especial para Afganistán señaló en su informe ante la Asamblea General en 1995 que «se siguen padeciendo grandes sufrimientos, asesinatos, desapariciones e imposición de condiciones que privan a la gente de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a no padecer tortura y el derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes». Su conclusión fue que la violación del derecho humanitario internacional con actos de crueldad perpetrados contra civiles es un grave obstáculo para garantizar el derecho a la vida y a estar a salvo de torturas. Por último, concluyó que la falta de un gobierno central operativo plantea graves dificultades y muchas complicaciones a la hora de dar reparación a las violaciones de derechos humanos tal como exige el derecho internacional.1\nLa Asamblea General adoptó el proyecto de resolución A/C.3/50/L.41, en el que reconocía que la promoción y la protección de los derechos humanos deben ser elementos esenciales para lograr una solución global a la crisis de Afganistán, y por consiguiente invitaba a la Misión Especial y al Relator Especial a intercambiar información pertinente, consultarse y cooperar.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión que prolongue el mandato del Relator Especial y se asegure de que se ponen en práctica las disposiciones de la resolución de la Asamblea General, que subraya la necesidad de que el Relator Especial y la Misión Especial de la ONU en Afganistán intercambien información pertinente, se consulten y cooperen. La Comisión debe solicitar que los informes de la Misión Especial incluyan información sobre violaciones y abusos de derechos humanos, y que esta información se refleje en el informe del Secretario General ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además, Amnistía Internacional solicita a la Comisión que inste a todos los gobiernos a respetar plenamente los derechos de los refugiados afganos y a ofrecerles la protección adecuada, tanto en los puestos fronterizos como en los campos de refugiados. Por último, Amnistía Internacional solicita a la Comisión que inste a todas las partes implicadas en el conflicto afgano a:\npermitir al Relator Especial de la ONU sobre Afganistán, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso sin restricciones a todas las áreas bajo su control, incluidos los centros de detención;\nmanifestar públicamente que se comprometen a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y los principios del derecho humanitario, especialmente los que establece el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra de 1949;\nestablecer un procedimiento independiente e imparcial que permita a las víctimas o a sus familias informar sobre abusos contra los derechos humanos;\nestablecer una estructura que permita la investigación independiente, imparcial e inmediata de los informes de abusos de derechos humanos, incluidas las infracciones del derecho humanitario;\nLa Comisión de Derechos Humanos también debe instar al gobierno de transición a:\niniciar investigaciones independientes e imparciales para identificar a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos y ponerlos a disposición judicial siguiendo procedimientos que se ajusten en todo momento a las normas internacionalmente aceptadas de justicia con exclusión de la pena de muerte.\nEn la resolución 1995/65, la Comisión de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Papúa-Nueva Guinea que invitara a los relatores temáticos y a los grupos de trabajo pertinentes a visitar la isla de Bougainville como observadores del proceso de paz y para informar sobre la situación de los derechos humanos, e instó al gobierno a que cooperara plenamente con dichos mecanismos. Sólo fue invitado a Papúa-Nueva Guinea el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, que inició una visita al país en octubre de 1995, pero no consiguió ir a la isla de Bougainville.\nLos continuos informes de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y de abusos por parte del Ejército Revolucionario de Bougainville (ERB) en Bougainville fueron difíciles de confirmar debido a las constantes restricciones de acceso a la isla impuestas a los observadores de derechos humanos. En octubre, al parecer las Fuerzas de Resistencia dispararon a tres ex miembros del ERB mientras dormían en el sur de Bougainville. En febrero, un jefe de la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea anunció que se abriría una investigación sobre las muertes de Damien Ona, Apiato Bobonung y Robert, y sobre la «desaparición» de Shane Seeto en Bougainville en diciembre de 1994. Sin embargo, a fines de este año la investigación no parecía haber avanzado nada.\nEn mayo de 1995 el gobierno anunció una amnistía para todos los delitos cometidos durante el conflicto de Bougainville, incluidos los cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno, las Fuerzas de Resistencia y el Ejército Revolucionario de Bougainville. Aunque a fines de año aún no estaba claro el alcance de la amnistía, se entendió que podría suponer la impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que inste al gobierno de Papúa-Nueva Guinea a:\npermitir mayor acceso a Bougainville a las organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos;\nfacilitar información sobre las violaciones de derechos humanos que, según el gobierno, han sido investigadas;\ngarantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado se investigarán total e imparcialmente y que sus autores pasarán a disposición judicial.\nMás de 100.000 civiles han muerto en Burundi tras el intento de golpe fallido de octubre de 1993, y el ciclo de violencia continúa. Sólo en 1995 se cometieron miles de homicidios políticos. Continúan sin control las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, dominado por los tutsis, y han aumentado los ataques violentos de grupos armados de tutsis y hutus. Mientras que al inicio del conflicto parecía que muchos de los muertos eran tutsis, hasta ahora �especialmente desde 1994� la mayoría de las víctimas han sido miembros de la etnia hutu, mayoritaria en el país. Muchos de los asesinos eran miembros de las fuerzas de seguridad y la milicia tutsi. Los responsables de estos homicidios nunca han sido identificados mediante una investigación formal ni puestos a disposición judicial. Tampoco se ha condenado a nadie por las matanzas de más de 100.000 civiles desde 19932.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/90, solicitó que se nombrara un Relator Especial para Burundi y expresó su convicción de la necesidad de incrementar sin demora la acción preventiva en Burundi, en particular mediante la presencia de expertos y observadores de derechos humanos en todo el país. De esta llamada se han hecho eco el Consejo de Seguridad de la ONU3, el Secretario General4 y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos5. Aunque la jefatura de la misión de derechos humanos de la ONU en Burundi fue elegida en septiembre de 1995, a fecha de marzo de 1996 aún no se habían desplegado observadores. A pesar de que fuentes de la ONU han dicho que el despliegue se ha retrasado debido a la situación de seguridad, es evidente que la falta de financiación, que habían prometido la ONU y la Unión Europea, sigue siendo un importante obstáculo.\nEl Relator Especial para Burundi, en su informe para el 52º periodo de sesiones de la Comisión, afirmó estar sumamente preocupado por la evolución de la situación de los derechos humanos en el país durante la segunda mitad de 1995 que, a su modo de ver, revela una tendencia genocida de carácter socioétnico cada vez más marcada, y añadió que «pese a los compromisos asumidos por el Estado burundiano y a las garantías recibidas por el Relator Especial de las autoridades gubernamentales durante su visita a Burundi, en el país sigue reinando la impunidad más total. El Relator Especial se ve por tanto obligado a reconocer, muy a pesar suyo, que no se prevé ninguna mejora en la situación; por el contrario, la inseguridad y las violaciones graves de los derechos humanos aumentan en todo el país»6.\nTras los repetidos llamamientos efectuados por las autoridades de Burundi para que se nombrara una comisión internacional de investigación sobre el intento de golpe de 1993 y las matanzas que siguieron a éste, al final la ONU creó la comisión, que inició sus investigaciones en noviembre de 1995. El 20 de diciembre, la comisión presentó su informe preliminar, que se centraba en el carácter y el alcance de su mandato, las dificultades con que se enfrentaba y sus actividades. A la comisión de investigación le preocupaba el tiempo que había transcurrido desde los acontecimientos investigados: los autores, los testigos y las víctimas podían ser ahora refugiados, desplazados o estar muertos, las pruebas podían haberse perdido, eliminado o modificado, y las recogidas previamente podían no ajustarse a las normas jurídicas. A la comisión le había resultado difícil conseguir testimonios verídicos, objetivos y fiables. Una de sus preocupaciones había sido la seguridad para poder llevar a cabo su trabajo, ya que el personal de seguridad de la ONU con el que contaba era inadecuado, y depender de las fuerzas de seguridad de Burundi comprometería su labor. Además, otra preocupación era lo poco adecuado de los recursos: la comisión de investigación necesita más investigadores formados, personal de apoyo y recursos materiales. Amnistía Internacional solicita a las organizaciones intergubernamentales y a los gobiernos que apoyen plenamente a la comisión en sus investigaciones y se aseguren de que tiene los recursos humanos y materiales adecuados para efectuar sus investigaciones y vigilar que se ponen en práctica sus recomendaciones.\nAmnistía Internacional está convencida de que resolver la impunidad de las violaciones de derechos humanos es un elemento de suma importancia en los esfuerzos por invertir la tendencia hacia el deterioro de la situación de los derechos humanos en Burundi. Amnistía Internacional solicita a las autoridades gubernamentales y a otros agentes que condenen firmemente las violaciones que se producen y se aseguren de que no puedan cometerse con impunidad. La organización ha preparado un documento informativo para la Comisión en el que figuran recomendaciones más detalladas.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que se prolongue el mandato del Relator Especial, y también solicita que inste al gobierno a:\nadvertir públicamente al ejército y a las fuerzas de seguridad que todas las ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos y detenciones arbitrarias y otras violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos deben cesar y no serán toleradas;\ninvestigar con carácter de urgencia las violaciones de derechos humanos y poner a sus autores a disposición judicial;\nefectuar cambios institucionales para restablecer la confianza en la imparcialidad y la justicia del sistema judicial, entre otros solicitar y aceptar la ayuda de expertos juristas extranjeros;\nformar una fuerza de policía nacional integrada para que sean agentes eficaces encargados de hacer cumplir las leyes de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho penal.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/55, expresó su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que detalla el Representante Especial en sus informes. Además, animó al gobierno de Camboya a investigar minuciosamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos y a perseguir a los culpables de delitos contra los derechos humanos siguiendo el debido procedimiento legal y las normas internacionales relativas a la administración de justicia. La Asamblea General, en su resolución sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, expresó asimismo «una preocupación especialmente grave por los comentarios hechos por el Representante Especial sobre la poca disposición de los tribunales a acusar de graves delitos a los miembros del ejército y de otras fuerzas de seguridad, y recomendó al gobierno de Camboya que resolviera este problema, que coloca a las personas con autoridad por encima de los principios de igualdad ante la ley».\nEl nivel de respeto por los derechos humanos en Camboya continúa alejándose rápidamente del alcanzado durante el periodo de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC). El gobierno, cada vez menos dispuesto a tolerar la disidencia clara, deteriora cada vez más los derechos a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de asociación. Un nuevo partido político ha sido declarado ilegal, y se ha amenazado con cerrar su sede. Los representantes electos han sido objeto de amenazas e intimidaciones durante todo el año. Se ha aprobado una ley de prensa que limita en extremo la libertad de expresión en el país y que dista mucho de cumplir las normas internacionales de derechos humanos. El gobierno no tuvo en cuenta las intervenciones del Representante Especial y de otros a propósito de esta ley. La impunidad de los violadores de derechos humanos coexiste con las investigaciones oficiales sobre las violaciones, que parecen concebidas para refutar los hallazgos de los observadores independientes más que para buscar la verdad.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos:\nque solicite al Secretario General que prolongue el mandato del Representante Especial y el de la Oficina Exterior del Centro de Derechos Humanos en Camboya;\nAmnistía Internacional solicita también a la Comisión de Derechos Humanos que inste al gobierno de Camboya a:\ndefender los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, como garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Camboya es Estado Parte;\nasegurarse de que los acusados disfrutan del derecho a un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales;\nasegurarse de que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía responsables de las violaciones de derechos humanos pasan a disposición judicial;\ntomar todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la Asamblea Nacional pueden desempeñar sus funciones sin de amenazas e intimidaciones.\nEl gobierno de Cuba continuó negándose a permitir que el Relator Especial visitara el país en 1995. El informe del Relator Especial ante la Asamblea General describe violaciones de los derechos civiles y políticos, malas condiciones en las cárceles y problemas en el área de la administración de justicia, y solicita al gobierno cubano que coopere con él permitiéndole visitar el país. La Asamblea General adoptó su proyecto de resolución A/C.3/50/L.58, en la que pedía una vez más al gobierno de Cuba que cooperase sin reservas con el Relator Especial permitiéndole acceder plena y libremente al país para establecer contacto con el gobierno y los ciudadanos cubanos y poder cumplir su mandato.\nAmnistía Internacional acoge con satisfacción la ratificación por Cuba, en mayo de 1995, de la Convención contra la Tortura, pero lamenta que no se haya producido ninguna mejora real en la situación de los derechos humanos en el país. Se cree que hay más de 600 presos de conciencia encarcelados por sus opiniones. Ha aumentado mucho el hostigamiento y la detención durante breves periodos de activistas políticos y de derechos humanos, entre ellos abogados y periodistas, a los que con frecuencia se les advierte que serán encarcelados si no abandonan sus actividades o se van al extranjero. Se cree que hay varios centenares de personas, entre ellas presos de conciencia, encarceladas en aplicación de la sección del Estado Peligroso y de las Medidas de Seguridad del Código Penal. Los juicios continúan distando mucho de cumplir las normas internacionales.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial. Además, solicita que inste al gobierno a:\nliberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, incluidos los que aún siguen encarcelados por tratar de abandonar el país ilegalmente sin utilizar la violencia;\npermitir el acceso al país al Relator Especial para Cuba;\npermitir el acceso al país a organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos;\npermitir el acceso a las cárceles al Comité Internacional de la Cruz Roja;\npermitir a los miembros de grupos de derechos humanos y otros grupos no oficiales que tratan de ejercer sus derechos a la libertad de asociación y expresión en el campo de la política, la ley, el periodismo, los derechos sindicales y otras libertades civiles desarrollar sus actividades legítimas sin interferencias indebidas por parte de las autoridades;\nabolir toda legislación que limite indebidamente la libertad de expresión y de asociación;\nmodificar o abolir la legislación relativa al «Estado Peligroso y las Medidas de Seguridad»;\nrevisar el Código de Procedimiento Penal y demás legislación pertinente para asegurarse de que se ajusta a las normas internacionales, en particular en lo que se refiere a la independencia del poder judicial y al acceso a asistencia letrada por parte de los acusados;\nllevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre los casos de homicidios cometidos por policías y guardias de seguridad, de forma que, si se descubre que han actuado ilegalmente, puedan ser puestos a disposición judicial;\nllevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre las denuncias de palizas propinadas por guardias penitenciarios para poder tomar las medidas adecuadas contra los responsables;\nllevar a cabo una investigación inmediata, imparcial e independiente sobre los sucesos que rodearon al hundimiento del remolcador «13 de Marzo» en julio de 1994, en el que murieron unas 40 personas;\nratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus protocolos facultativos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.\nAmnistía Internacional continuó recibiendo durante 1995 constantes informes de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y amenazas de muerte. Estas violaciones han sido infligidas sobre muchos sectores de la sociedad: defensores de los derechos humanos, figuras religiosas, niños y estudiantes, líderes y activistas indígenas, miembros de organizaciones populares, personas que trataban de investigar violaciones de derechos humanos o testigos de estas violaciones, sindicalistas, ex refugiados y desplazados internos que volvían a sus tierras. Durante más de 30 años, los autores de las violaciones han sido miembros del ejército, de las fuerzas de seguridad, de los llamados comités voluntarios de autodefensa civil y comisionados militares. Aunque los comisionados militares �al menos 24.000 individuos� fueron licenciados en septiembre de 1995, siguieron armados, y Amnistía Internacional teme que continúen operando como civiles.\nLos responsables de las violaciones de derechos humanos continúan disfrutando de una impunidad casi total. Pocos perpetradores de violaciones han sido entregados a la justicia en los últimos años, y sólo en casos en que determinado elemento, por lo general la nacionalidad extranjera o el alto nivel social de la víctima, ha atraído la atención nacional o internacional sobre el caso. Aún no se ha condenado a los que se cree responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la cumbre de la campaña de contrainsurgencia del ejército a fines de la década de los setenta y comienzos de la de los ochenta, cuando millares de personas murieron o «desaparecieron». A Amnistía Internacional le preocupa que los sucesivos gobiernos no hayan puesto a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos a lo largo de los últimos 30 años. La organización cree que esto puede conducir a la repetición de la misma pauta de abusos, y está convencida de la necesidad de que desde instancias oficiales se den claras señales de que no se tolerarán violaciones bajo ninguna circunstancia.\nEn junio de 1994 el gobierno y la oposición armada llegaron a un acuerdo sobre la formación de una Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca. Esta comisión no puede comenzar su tarea hasta que no se firme la paz. A Amnistía Internacional le preocupa mucho que la comisión no esté facultada para señalar a los responsables de violaciones ni iniciar actuaciones legales contra ellos.\nEl 31 de marzo de 1995 el gobierno y la coalición de la oposición armada firmaron el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que no se hayan respetado acuerdos previos, como el Acuerdo Global de Derechos Humanos de marzo de 1994 y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado, de junio de 1994. Al mismo tiempo, el gobierno ha mostrado poca voluntad política a la hora de poner en práctica las recomendaciones efectuadas por la Experta Independiente y por la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), que ha llegado a la conclusión de que la impunidad sigue siendo el mayor obstáculo para el respeto de los derechos humanos en el país.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que solicite al Secretario General que prolongue el mandato de la Experta Independiente. También recomienda a la Comisión que todo programa de servicios de asesoramiento se supedite a la voluntad política demostrada por el gobierno de mejorar la situación de los derechos humanos. Además, la organización solicita a la Comisión que inste al gobierno a:\nllevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y malos tratos, y a poner a disposición judicial a los responsables de estas violaciones de derechos humanos;\nponer en práctica todas las recomendaciones efectuadas por la Experta Independiente y la MINUGUA;\ntomar medidas inmediatas para aplicar plenamente el Acuerdo Global de Derechos Humanos y las partes de éste reflejadas en otros acuerdos firmados como parte del proceso de paz.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/71 tomó nota del informe del Relator Especial en el que se señalaba que, aunque la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial ha mejorado, continúan produciéndose graves violaciones. En 1995 no ha habido mejoras reales en esta situación. Continuaron los arrestos y las detenciones arbitrarias, especialmente de febrero a abril, relacionadas con el censo electoral, y en septiembre, tras las elecciones municipales. Los informes de tortura han aumentado en 19957 y los malos tratos de los presos comunes en las cárceles continúan, invirtiéndose así la tendencia de los últimos años. En 1995 hubo informes de dos ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha investigado ninguna denuncia de violaciones de derechos humanos, aunque el Relator Especial solicitó que lo hiciera en el caso de Pedro Motu.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial y solicita:\nque cualquier ayuda técnica esté supeditada a una evaluación completa de las necesidades, teniendo en cuenta los informes del Relator Especial y la información de las organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales, así como del gobierno;\nque se lleve a cabo una evaluación completa de toda ayuda técnica proporcionada y el resultado se ponga a disposición del Relator Especial para su inclusión en su próximo informe.\nAdemás, Amnistía Internacional solicita a la Comisión de Derechos Humanos que inste al gobierno a:\ncondenar públicamente la práctica de torturar y maltratar a los detenidos;\nrevisar el sistema judicial con vistas a poner fin a las detenciones y los arrestos arbitrarios, garantizando que todos los juicios se realizan de acuerdo a las normas internacionales para juicios justos y limitando la jurisdicción del ejército a asuntos puramente militares;\nestablecer mecanismos para la investigación inmediata, minuciosa e imparcial de todos los informes de violaciones de derechos humanos y poner a disposición judicial a todos los funcionarios sospechosos de estar implicados en estas violaciones.\nLa Comisión de Derechos Humanos adoptó en su última sesión la resolución 1995/70, por la que se solicita al Secretario General que designe un experto independiente para prestar ayuda al gobierno en el campo de los derechos humanos, examinar la evolución de la situación de los derechos humanos y vigilar el cumplimiento por parte de Haití de sus obligaciones en este campo. La Asamblea General, en su resolución sobre los derechos humanos en Haití, expresó su preocupación por los recientes incidentes de violencia, en concreto el asesinato de un miembro del parlamento haitiano, y manifestó su esperanza de que tales actos y otros incidentes violentos no impidan que continúen los avances en el campo de los derechos humanos y la consolidación de la democracia constitucional.\nAunque la situación de los derechos humanos ha mejorado y se ha avanzado en lo que se refiere a las condiciones penitenciarias y la reestructuración de las fuerzas de seguridad, la situación sigue siendo delicada. En concreto, a Amnistía Internacional le preocupa que la tan necesaria reforma del sistema judicial se haya quedado muy retrasada respecto a otras. El sistema judicial sufre una grave escasez de recursos, hay déficit de jueces, los que existen están mal preparados y la corrupción sigue siendo habitual. La falta de un sistema judicial que funcione adecuadamente significa que quienes han cometido violaciones de derechos humanos continúan impunes en la mayoría de los casos.\nLa comunidad internacional debe continuar apoyando los esfuerzos del gobierno haitiano por establecer sistemas que protejan y fomenten los derechos humanos y, dada la fragilidad que presenta aún la situación de los derechos humanos en Haití, la ONU debe asegurarse de que continúa siendo observada eficazmente por todos los medios adecuados en un futuro próximo. Otros gobiernos deben estudiar la forma de ayudar al gobierno haitiano a poner a disposición judicial a los presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos que residen en sus países.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que solicite al Secretario General renovar el mandato del Experto Independiente tal y como establece el párrafo 10 de la resolución 1995/70 de la Comisión. Además, la organización solicita a la Comisión que inste al gobierno de Haití a:\nasegurarse de que se acomete la reforma del sistema judicial con carácter de urgencia;\ncontinuar con sus esfuerzos, hasta ahora sólo tentativos, por poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo, si es necesario, la solicitud de extradición de los acusados;\nasegurarse de que la policía nacional haitiana y otros cuerpos policiales conocen los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de la ONU, y son formados adecuadamente para poder respetarlos;\nsuspender inmediatamente de sus funciones, mientras se lleva a cabo la investigación, a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad sospechoso de haber actuado ilegalmente, con el fin de establecer qué otras medidas adecuadas deben adoptarse;\nmanifestar que no se tolerarán actos de «déchoukage»8 efectuando declaraciones públicas de clara condena de estos actos y asegurándose de que se toman las medidas adecuadas contra los responsables;\nsuspender inmediatamente de sus funciones, a la espera de que se realice una investigación por un organismo independiente, a todo funcionario de prisiones sospechoso de ordenar o propinar palizas o cualquier otra forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante;\nratificar la Convención de la ONU contra la Tortura;\nasegurar que las brigades de vigilance son sometidas al control estricto de las autoridades, a través de la cadena de mando, y se les exigen responsabilidades por cualquier abuso que puedan cometer.\nAmnistía Internacional está sumamente preocupada por las continuas violaciones derechos humanos en la República Islámica de Irán. Diecisiete años después de la creación de la República Islámica, los que mantienen una actitud de crítica al gobierno siguen sufriendo torturas, ejecuciones y cárcel tras ser juzgados injustamente ante Tribunales Islámicos Revolucionarios. Ni siquiera los disidentes iraníes que han huido al extranjero están seguros: varios han sido asesinados en circunstancias que hacen pensar que pueden haber sido ejecutados extrajudicialmente por agentes del gobierno iraní.\nLas violaciones de derechos huamnos en Irán están rodeadas de secreto. Los procedimientos que rigen el arresto, la detención y el juicio raras veces se hacen públicos. No se da información alguna a los detenidos sobre los motivos de su arresto y no se les notifican los cargos que se les imputan hasta que han pasado meses, a veces incluso años. Con frecuencia se les niega la posibilidad de ponerse en contacto con sus abogados y pueden pasar hasta diez años encarcelados antes de que sus familiares sepan dónde se encuentran. Quienes protestan contra el gobierno o tratan de dar a conocer al público violaciones de derechos humanos pueden ser severamente castigados.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/68 expresó su honda preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos en la República Islámica de Irán, incluidas las destacadas por el Representante Especial en su informe. Además, la Comisión expresó su honda preocupación ante el constante y extendido uso de la pena de muerte en el país, especialmente en los casos en que su uso viola las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dos de los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Intolerancia Religiosa y el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, han llevado a cabo misiones a pesar del hecho de que el Representante Especial no había recibido invitación oficial ni visitado el país. Desde entonces, el Relator Especial ha recibido una invitación oficial para visitar la República Islámica.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Representante Especial y que éste coordine sus actividades con los mecanismos temáticos de la Comisión. Además, Amnistía Internacional solicita a la Comisión que inste al gobierno a:\nliberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia;\nrevisar, mediante un organismo judicial independiente, la detención de todos los presos políticos que están retenidos sin juicio o en relación a los cuales hay denuncias de que fueron juzgados injustamente y ordenar la liberación inmediata de todos aquéllos contra los cuales no hay pruebas de que hayan cometido ningún delito tipificado en el código penal;\nconceder a todos los presos políticos un acceso rápido y regular a los abogados que elijan ellos o sus familiares y a la atención médica que precisen;\nabrir inmediatamente investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de torturas y dar a conocer públicamente su metodología y sus conclusiones, así como poner a disposición judicial a los miembros de las fuerzas de seguridad o de otras fuerzas implicados en violaciones de derechos humanos;\ntomar medidas eficaces para erradicar el uso de la tortura, como ratificar la Convención contra la Tortura de la ONU y cumplir con sus disposiciones;\ndemostrar su respeto por el derecho a la vida terminando inmediatamente con las ejecuciones y conmutando todas las sentencias de muerte pendientes;\nasegurarse de que los juicios, incluidos los que se ocupan de casos de pena de muerte, respetan, como norma mínima, las salvaguardias establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán, incluido el derecho a apelar y el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la condena a muerte;\ncondenar públicamente la práctica de ejecuciones extrajudiciales y dejar claro a todas las autoridades y al público en general, en Irán y en el extranjero, que estas ejecuciones no se tolerarán.\nEn 1995 fueron detenidos centenares de opositores al gobierno y sus familiares, y decenas de miles de personas que habían sido arrestadas en años anteriores continuaron detenidas. Entre todos ellos había presos de conciencia. Continuaron recibiéndose informes de torturas a los detenidos y a los presos condenados, incluida la imposición de penas judiciales introducidas en 1994. El gobierno de Iraq no ha dado explicaciones sobre los millares de personas que han «desaparecido» en años anteriores. Según los informes, en 1995 se llevaron a cabo numerosas ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de opositores al gobierno.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/76, expresó su enérgica condena de las masivas y gravísimas violaciones de derechos humanos de las que es responsable el gobierno de Iraq, cuya consecuencia es un omnipresente orden de represión y opresión sostenido por una amplia discriminación y un terror generalizado. El Relator Especial informó ante la Asamblea General que de nuevo le había sido imposible acceder directamente a algunos lugares de Iraq debido a que hasta la fecha el gobierno se niega a cooperar con la ONU recibiendo una nueva visita del Relator Especial o a aceptar la presencia de observadores de derechos humanos en todo el país de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos.\nEl Relator Especial, desde su informe a la Comisión en 1992, ha solicitado el despliegue en Iraq de observadores de derechos humanos. La Comisión y la Asamblea General han pedido desde entonces al Secretario General que facilite recursos adicionales para financiar el envío de estos observadores. La Asamblea General, de nuevo en su proyecto de resolución A/C.3/50/L.44, solicitó al Secretario General que «se apruebe la asignación de recursos humanos y materiales suficientes para el envío de observadores de derechos humanos a ciertos lugares para mejorar el flujo y la valoración de la información y contribuir a la verificación independiente de los informes sobre la situación de los derechos humanos en Iraq».\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humnos que prolongue el mandato del Relator Especial y solicita al Secretario General que asigne recursos para que se envíen observadores de derechos humanos para facilitar el flujo de información sobre la situación, como ha recomendado en repetidas ocasiones el Relator Especial.\nAmnistía Internacional ha formulado su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades israelíes en Israel y los Territorios Ocupados, como la tortura sistemática de detenidos palestinos, la detención administrativa de palestinos y de ciudadanos extranjeros, los juicios injustos ante tribunales militares y las ejecuciones extrajudiciales de palestinos. Más de 200 personas continúan detenidas fuera de todo marco legal en el centro de detención de Jiam, ubicado en una zona del Líbano que está bajo el control de Israel y el Ejército del Sur del Líbano.\nAmnistía Internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley de «Prohibición de la Tortura» presentado por una comisión creada por el gobierno israelí para incorporar la Convención contra la Tortura de la ONU a la legislación israelí. Sin embargo, hay una disposición clave del proyecto �la Sección 2(A), donde se define la tortura� que es una violación flagrante de la Convención. Los cambios a la redacción propuestos por la presidencia de la comisión en enero de 1996 siguen sin ajustarse a la Convención.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial. Además, recomienda que inste al gobierno a:\nretirar todas las reservas frente a la Convención contra la Tortura y, en concreto, efectuar una declaración según el Artículo 22 en la que reconozca la competencia del Comité contra la Tortura de la ONU para estudiar las denuncias hechas por particulares o en su nombre. La legislación nacional y todas las directrices sobre interrogatorios deben ser totalmente coherentes con la prohibición absoluta de torturas y malos tratos que prescribe el derecho internacional.\nliberar a todas las personas que continúan retenidas fuera de todo marco legal en el centro de detención de Jiam, salvo que se les impute algún delito tipificado en el código penal, en cuyo caso deben tener inmediatamente un juicio justo;\nllevar a cabo sin demora una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias o los indicios de ejecuciones extrajudiciales, y poner a disposición judicial a los responsables.\nLa resolución 1995/72 de la Comisión de Derechos Humanos solicitaba la liberación de Aung San Suu Kyi y de otros líderes de la Liga Nacional por la Democracia (LND). En efecto, ella y cinco de sus compañeros de la Liga fueron liberados en 1995, aunque aún quedan encarcelados 19 miembros de la LND. En total todavía siguen en prisión unos 1.000 presos políticos, entre ellos muchos posibles presos de conciencia.\nAmnistía Internacional considera que la situación de los derechos humanos en Myanmar sigue siendo crítica. En todo el país continúan produciéndose violaciones de derechos humanos, como los malos tratos y las torturas cuando se obliga a miembros de minorías étnicas y a birmanos a realizar trabajos forzados o servir como porteadores.\nAmnistía Internacional expresa su satisfacción por la cooperación del gobierno con el Relator Especial de la ONU para Myanmar y el representante del Secretario General de la ONU, pero la organización está preocupada por el hecho de que en años anteriores el gobierno no permitiera al Relator Especial acceder hasta presos políticos concretos. La organización insta encarecidamente al gobierno a que permita este acceso durante su próxima visita al país.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial para Myanmar, y también que inste al gobierno de Myanmar a:\nliberar a todos los presos de conciencia;\nponer fin a la tortura y a los malos tratos durante la detención y mejorar las condiciones de las cárceles, elevándolas a los niveles requeridos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, todas ellas de la ONU;\npermitir el acceso a las organizaciones no gubernamentales internacionales;\nratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.\nLa situación de los derechos humanos en Ruanda sigue siendo muy grave. La situación en las cárceles se ha ido deteriorando a lo largo de 1995. Hay más de 60.000 personas retenidas en relación con el genocidio, la mayoría sin cargos y todas sin juicio. Continúan produciéndose arrestos arbitrarios. Las condiciones en las atestadas cárceles son una forma de trato cruel, inhumano o degradante, y más de 2.300 presos han muerto debido a ellas. Las comisiones creadas para recomendar la excarcelación de los presos contra los que no hay pruebas suficientes apenas funcionan, y el poder judicial, con su escasez de recursos, es incapaz de garantizar el enjuiciamiento de aquéllos contra los que sí las hay. Si no se llevan a cabo juicios justos sin demora, tanto a nivel nacional como internacional, y se ve que se hace justicia, es de temer que el pueblo ruandés se tome cada vez más la justicia por su mano.\nEl Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó un informe9 ante la Asamblea General que incluía la participación en un presupuesto de programa de aproximadamente 9 millones de dólares estadounidenses para tratar de situar a la ODHR (Operación de Derechos Humanos en Ruanda) en el presupuesto ordinario de la ONU.\nLa resolución sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda, que fue adoptada por consenso por la Asamblea General, «insta a todos los Estados, de acuerdo con la resolución 978 (1995) del Consejo de Seguridad, a que realicen sin demora los máximos esfuerzos, incluido el arresto y la detención, para poner a los responsables a disposición judicial de acuerdo con los principios internacionales de procedimiento debido, y también a que cumplan las obligaciones que al respecto establece el derecho internacional, concretamente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio». La resolución, además, «solicita al Alto Comisionado que informe regularmente sobre todas estas actividades de la operación sobre el terreno.»\nLa resolución 1.029 del Consejo de Seguridad, adoptada el 12 de diciembre de 1995, prolongó el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) hasta el 8 de marzo de 1996. La resolución reconoce «la valiosa contribución que los funcionarios de derechos humanos desplegados en Ruanda por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han hecho para la mejora de la situación general» y «anima al Secretario General y a su Representante Especial a continuar coordinando las actividades de las Naciones Unidas en Ruanda, incluidas las de las organizaciones y organismos activos en el campo humanitario y del desarrollo, y las de los funcionarios de derechos humanos».\nA Amnistía Internacional le preocupa que la comunidad internacional no esté movilizando los recursos y los conocimientos suficientes para poner a disposición juidicial a los autores del genocidio y de otros crímenes contra la humanidad. La organización ha pedido que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda disponga de los recursos y el apoyo necesarios de todos los Estados para poder enjuiciar a los perpetradores de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos humanos.\nAmnistía Internacional lamenta que la declaración final de la cumbre de los dirigentes de cinco países de la región de los Grandes Lagos, Ruanda, Burundi, Zaire, Uganda y Tanzania, celebrada en El Cairo los días 28 y 29 de noviembre de 1995, hiciera referencia a pocas medidas concretas para proteger los derechos humanos. Los cinco países, a pesar de su condena del genocidio, aún no han adoptado legislación alguna para cooperar con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ni tampoco medidas para asegurar que se respetan plenamente los derechos de los refugiados y de quienes regresan a sus hogares. La cumbre debería haber acordado la creación de un organismo independiente con la tarea concreta de recomendar y vigilar la implantación de medidas para proteger los derechos humanos de los que regresan.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial para Ruanda, que se asegure de que dispone de la financiación necesaria y que solicite:\nque la ODHR se financie a partir del presupuesto ordinario de la ONU con el fin de garantizar una estabilidad económica a largo plazo para la operación de derechos humanos;\nque el fundamental apoyo logístico y de otro tipo que la UNAMIR presta a la ODHR continúe de otra forma si el mandato de la UNAMIR no se prorroga más allá del 8 de marzo de 1996;\nque el Alto Comisionado para los Derechos Humanos informe regular y públicamente sobre todas las actividades de la ODHR;\nque la ODHR pueda recibir fondos para ayudar a Ruanda a restablecer un sistema judicial que sea justo y excluya la pena de muerte.\nAdemás, Amnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que inste a todos los Estados a:\nadoptar, como están obligados a hacer según la resolución 978 (1995) del Consejo de Seguridad, la legislación necesaria para cooperar con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, proporcionar apoyo eficaz a largo plazo al Tribunal y realizar los máximos esfuerzos, incluido el arresto y la detención, para poner a los responsables a disposición judicial de acuerdo con los principios internacionales de procedimiento debido;\nproporcionar una ayuda eficaz para reconstruir el sistema judicial ruandés haciendo llegar los recursos y los conocimientos necesarios para garantizar juicios justos sin pena de muerte.\nPor último, Amnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que inste al gobierno ruandés a:\nindicar públicamente a las fuerzas de seguridad que todas las ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos y detenciones arbitrarias y otras violaciones del derecho internacional sobre derechos humanos deben cesar y no serán tolerados;\naprobar leyes que permitan a los expertos jurídicos extranjeros participar en la reconstrucción del sistema legal ruandés a todos los niveles y poner a disposición judicial a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.\nDesde que el Estado de Somalia se desintegró en 1991, no ha habido ningún gobierno reconocido ni estructura legal efectiva. Tras la retirada de la ONU, en marzo de 1995, aún hay frecuentes estallidos de lucha entre facciones de clanes armados en Mogadiscio y en otras regiones, así como en la secesionista «República de Somalilandia», en el noroeste del país.\nHa habido continuos informes de abusos contra los derechos humanos perpetrados por algunos grupos políticos durante 1995, especialmente en zonas de luchas entre clanes: homicidios deliberados y arbitrarios de oponentes del clanes civiles, detenciones arbitrarias de opositores políticos, periodistas y otros críticos no violentos, retención de personal de organismos humanitarios y otros civiles como rehenes, violaciones y otras formas de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes de presos, como la amputación y la flagelación, ejecuciones sumarias y desplazamientos forzosos de comunidades formadas por minorías.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/56, solicitó al Experto Independiente que estudiara la mejor forma de poner en práctica lo antes posible un programa de servicios de asesoría para Somalia, encaminado a restablecer el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho y a fortalecer los sistemas policial, judicial y penitenciario del país, respetando las normas de justicia penal aceptadas internacionalmente10.\nAmnistía Internacional cree que sin un gobierno operativo y eficaz en Somalia es aún prematuro estudiar la posibilidad de un programa de servicios de asesoría. El primer paso esencial para mejorar la situación es conocer en toda su extensión los abusos contra los derechos humanos realizando investigaciones en distintas regiones del país y asegurarse de que la protección de estos derechos es parte integrante del proceso de paz en marcha.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que, en vista de la gravedad de la situación de los derechos humanos, reflejada en anteriores resoluciones de la Comisión y en posteriores informes que hablan de un panorama de graves abusos, se considere a Somalia bajo el punto 10 del programa de la Comisión y se transforme el mandato del Experto Independiente en el de un Relator Especial para vigilar la situación de los derechos humanos e indicar la forma de avanzar en la mejora de la protección y la promoción de los derechos humanos en Somalia.\nAl negar la entrada al Relator Especial de la ONU para Sudán, el gobierno sudanés ha desacreditado su afirmación de que no tiene nada que ocultar y que la verdad sobre los derechos humanos en el país se malinterpreta siempre. La resolución 1995/77 sobre Sudán, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, solicitaba al gobierno la adopción de medidas concretas en relación con los detenidos políticos, los presos políticos, la tortura y los centros de detención.\nLa Comisión también dio el importante paso de solicitar la creación de un equipo de observación, siguiendo la recomendación del Relator Especial. Sin embargo, en 1995 no se desplegaron observadores.\nEl Relator Especial presentó un informe ante la Asamblea General11 en el que volvía a recomendar que «debe establecerse lo antes posible la presencia de observadores en determinados lugares a fin de mejorar la corriente de información y su evaluación y contribuir a la verificación independiente de los informes sobre la situación de los derechos humanos en Sudán». La Asamblea General, en su resolución sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, aprobó la recomendación del Relator Especial.\nLa creación de un equipo imparcial e independiente de observación de los derechos humanos con pleno acceso a todas partes de Sudán sería un potente mecanismo para ayudar a los sudaneses a mejorar la situación de los derechos humanos. Si las autoridades no tienen nada que ocultar, no tendrían nada que temer ante esta medida, y sí mucho que ganar, ya que el equipo de observación podría ayudar a confirmar que son ciertas sus afirmaciones de que están tomando medidas respecto a los derechos humanos12. Este organismo de observación garantizaría que se explicaran adecuadamente a la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos y las medidas que las autoridades están tomando para combatirlas. Observar es algo más que recoger y verificar información. La tarea de la comunidad internacional y de cualquier operación de derechos humanos puesta en marcha por la ONU es ayudar a los sudaneses a encontrar el camino para mejorar el respeto a los derechos humanos. En definitiva, la responsabilidad de instaurar el respeto y la protección de los derechos humanos es de los sudaneses, tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Por consiguiente, el mandato del equipo de observación sería:\nbuscar y verificar la información sobre abusos contra los derechos humanos en todo el país y elaborar regularmente informes públicos;\nobservar las medidas que toman las autoridades respecto a los derechos humanos e informar públicamente sobre ellas;\ntrabajar con la sociedad civil sudanesa para fomentar la protección y el conocimiento de los derechos humanos;\ntrabajar con las autoridades, una vez hayan demostrado un verdadero compromiso político con el establecimiento del respeto por los derechos humanos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Sudán según el derecho humanitario y la legislación de derechos humanos.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial y tome las medidas necesarias para garantizar que su resolución de 1995, en la que solicitaba el despliegue de un organismo civil internacional de observación de los derechos humanos, se pone en práctica y se dota de los recursos necesarios. Además, Amnistía Internacional solicita a la Comisión que inste al gobierno sudanés a:\ndar acceso al Relator Especial a todas partes del país y ampliar a él toda su cooperación;\nllevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre informes concretos de violaciones de derechos humanos y elaborar informes públicos sobre sus resultados, su metodología y las recomendaciones efectuadas;\ndar cuenta públicamente de todas las medidas tomadas por las autoridades para fomentar y proteger los derechos humanos en Sudán.\nAmnistía Internacional expresa su satisfacción por los compromisos de derechos humanos incluidos en el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, rubricado en Dayton, Ohio, Estados Unidos (al que de aquí en adelante llamaremos el Acuerdo) y sus anexos. No obstante, continúan produciéndose abusos contra los derechos humanos en Bosnia-Herzegovina. En el periodo transcurrido desde el alto el fuego de octubre, los soldados del ejército de los serbios de Bosnia han continuado con las expulsiones forzosas de la zona de Banja Luka. También ha habido informes de abusos desde que se firmó el Acuerdo. Una de las consecuencias de estos abusos, por ejemplo, ha sido el continuo éxodo de musulmanes y croatas que huían de las zonas controladas por los serbios de Bosnia por no confiar en cuál sería su futuro en esas zonas. Ha habido informes de destrucción de casas por las fuerzas croatas o serbias de Bosnia en zonas que debían ser entregadas al otro bando, y también de hostigamiento por parte de las fuerzas serbias de Bosnia para hacer que los serbios abandonaran las zonas que debían pasar al control de la Federación. Algunos civiles siguen detenidos a pesar de haberse llegado a acuerdos para su liberación, y en algunas ocasiones los francotiradores de Sarajevo han continuado disparando contra civiles deliberadamente.\nBosnia-Herzegovina arrestó provisionalmente, a petición del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (que a partir de ahora llamaremos Tribunal), a dos oficiales del ejército serbio que habían sido detenidos, y los trasladó al Tribunal. Aunque Croacia �y muy recientemente los serbios de Bosnia� han permitido a los investigadores del Tribunal operar en sus territorios, ni Croacia, ni la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), ni los croatas de Bosnia o los serbios de Bosnia han entregado a ningún acusado por el Tribunal. Se da el caso de que un tribunal bosniocroata liberó a un acusado por el Tribunal, que de lo contrario hubiera sido detenido mientras lo estaban juzgando por delitos comunes.\nEl Acuerdo prevé que la Fuerza de Aplicación (IFOR) no debe permanecer más de un año. Independientemente del tiempo que dure la presencia militar internacional, la necesidad de proteger los derechos humanos y de crear nuevas instituciones requiere un compromiso a largo plazo. Los Estados no pueden abandonar esta tarea en una fecha final arbitraria.\nEl Acuerdo establece una serie de nuevas instituciones relacionadas con los derechos humanos con mandatos limitados concretos: una Oficina del Ombudsman, una Cámara de Derechos Humanos, una Fuerza Internacional de Policía y una Comisión Electoral. Para que estas instituciones tengan algún efecto será preciso que cuenten con suficiente personal y presencia en el país. Deberán tener estabilidad económica a largo plazo y contar con un compromiso financiero adecuado por parte de los Estados. El coste de todo ello será sólo una pequeña fracción del coste total de la reconstrucción civil de Bosnia-Herzegovina, aunque el propio Acuerdo reconoce que «la observancia de los derechos humanos [...] reviste importancia fundamental para el logro de una paz duradera». A comienzos de marzo de 1996, la comunidad internacional no había proporcionado ni la estabilidad económica a largo plazo ni los recursos suficientes. A fecha 1 de marzo de 1996, sólo un reducido porcentaje del personal de estos organismos se encontraba en su puesto.\nLas violaciones de derechos humanos en Bosnia- Herzegovina han continuado después del alto el fuego de octubre que desembocó en las conversaciones de Dayton. De hecho, a lo largo del conflicto una gran proporción de los abusos se han producido lejos de las zonas de lucha. La paz no trae consigo necesariamente la seguridad de las víctimas y de sus familias. La experiencia de otros conflictos nos dice que el tipo de instituciones de derechos humanos establecidas por el Acuerdo aún necesita una operación civil de vigilancia de los derechos humanos que funcione durante meses o años para proporcionar protección inmediata a quienes están en peligro y cuidar de las instituciones en sus primeras etapas. El Acuerdo no hace referencia expresa a una operación así, aunque es plenamente compatible con sus objetivos. Las instituciones relacionadas con los derechos humanos que prevé el Acuerdo no parecen suficientes visto el alcance de los problemas de derechos humanos en Bosnia- Herzegovina.\nEste tipo de operación civil de derechos humanos a largo plazo necesitará de una estrecha coordinación entre la ONU, especialmente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea. Una operación así también necesita acuerdos económicos adecuados y estables para evitar la incertidumbre debilitadora que han sufrido otras operaciones, como la de Ruanda. La operación debe aprovechar la experiencia de los funcionarios del Relator Especial para la ex Yugoslavia que trabajaron sobre el terreno y podría basarse en las oficinas ya existentes en la zona y ampliarlas. Una operación de este tipo debe tener presencia tanto en zonas urbanas como rurales, con pleno acceso a todas las autoridades y total libertad de movimientos, incluido el acceso a lugares de detención, así como la facultad de investigar casos concretos de violaciones de derechos humanos. La misión debe estar facultada para mediar con las autoridades para buscar medidas para la protección de los particulares, y garantizar que las víctimas y sus familias son compensadas. La misión debe elaborar informes públicos con frecuencia.\nTodas las tropas de la Fuerza de Aplicación (IFOR) deben recibir formación práctica en derecho humanitario internacional, legislación de derechos humanos de la ONU y normas para hacer cumplir la leyes, y debe establecerse un mecanismo para resolver las denuncias sobre el comportamiento de las tropas que las violen. La Policía Internacional y las fuerzas militares y policiales de las distintas partes están obligadas a cumplir las normas de mayor rango del derecho internacional. de la ley internacional. El caso de la IFOR no debe ser diferente. Los programas de formación deben aprovechar la experiencia del programa de la ONU para la cooperación técnica en el área de los derechos humanos.\nEl Acuerdo no concede a la IFOR ninguna facultad expresa para buscar o arrestar a personas acusadas de cometer delitos que caen bajo la jurisdicción del Tribunal. Aunque la IFOR ha manifestado que arrestaría a las personas acusadas por el Tribunal si las encontrara, y recientemente se ha facilitado a su personal fotografías de algunos de los acusados, se ha negado a buscarlos. El hecho de negarse a buscar a personas acusadas por el Tribunal de graves violaciones de los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de los conflictos armados, del 12 de agosto de 1949, supone una clara infracción del derecho internacional, y no decirlo claramente podría erosionar no sólo la eficacia del Tribunal, sino también la confianza del público en el propio Acuerdo.\nA Amnistía Internacional le preocupa que el Anexo 7 del Acuerdo no contenga ninguna referencia a la necesidad de que toda repatriación de refugiados sea voluntaria. Según las normas internacionales, toda repatriación debe cumplir tres condiciones: voluntariedad, seguridad y dignidad. También es necesario reconocer que en la práctica la realidad aún no se ajusta a los compromisos contraídos por las partes en el Acuerdo. Es importante no imponer plazos arbitrarios e irreales para el regreso antes de que éste pueda efectuarse con seguridad y sin riesgos de abusos. Por este motivo, Amnistía Internacional está preocupada por el constante énfasis que se hace en el Acuerdo sobre un «pronto» regreso, y particularmente la afirmación, en el Anexo Relativo a las Elecciones, de que el regreso de los refugiados debe estar ya en marcha cuando se celebren las elecciones, previstas para septiembre. Es muy posible que el regreso de los refugiados y de los desplazados sea un proceso largo y arduo que no pueda acelerarse. En esta etapa inicial, el énfasis debe ponerse en medidas que creen confianza y en la protección de las minorías que ya existen, no en la repatriación organizada. Será la mejora de la situación de los derechos humanos lo que hará que regresen los refugiados, no al revés.\nDe esta preocupación surge la necesidad de una protección internacional continuada para los refugiados procedentes de Bosnia-Herzegovina. No es probable que la mayoría de ellos puedan volver a sus hogares en un futuro próximo e incluso los habrá que no puedan volver ni siquiera a largo plazo. También puede darse el caso de que los gobiernos anfitriones precisen aceptar nuevos refugiados desplazados por los intercambios territoriales que prevé el Acuerdo.\nEl Acuerdo exige que los refugiados y desplazados recuperen sus propiedades o sean indemnizados. Pero quienes han sido expulsados no deben sentir que no tienen más opción que aceptar la indemnización en lugar de volver a sus hogares. En muchos casos, éstos han sido destruidos como castigo. La gente no sólo debe poder volver a sus casas, sino también recibir una indemnización justa por su destrucción. De lo contrario el derecho a volver sería ilusorio.\nLa Asamblea General adoptó tres resoluciones sobre la ex Yugoslavia13. En su proyecto de resolución A/C.3/50/L.46, la Asamblea General acogió con satisfacción la firma (inicial) del Acuerdo de Paz y los compromisos contraídos por todos los partidos de respetar plenamente los derechos humanos. Animó a la comunidad internacional, actuando a través de la ONU o bilateralmente, a aumentar el apoyo humanitario, fomentar los derechos humanos, la repatriación de refugiados y la celebración de elecciones libres en Bosnia-Herzegovina. En concreto, la Asamblea General mostró su satisfacción por los esfuerzos de reconstrucción de la Unión Europea. Además, hizo referencia a la recomendación del Relator Especial acerca de que el respeto por los derechos humanos debe tener prioridad durante las negociaciones de paz y después de ellas, ya que «sin una verdadera mejora en la situación de los derechos humanos en la zona, cualquier acuerdo de paz carecerá de una base sólida».\nLos derechos humanos deben ser la piedra angular de cualquier acuerdo de paz. Es evidente que la necesidad de vigilancia de los derechos humanos existe no sólo en Bosnia-Herzegovina, sino en todo el territorio de la ex Yugoslavia. Amnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que renueve el mandato del Relator Especial, y también recomienda que solicite:\nque se establezca una coordinación adecuada entre la ONU, el Alto Representante, la OSCE, el Consejo de Europa y la Unión Europea, y que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos desempeñe un papel de coordinación con respecto a la vigilancia de los derechos humanos;\nque se forme a las tropas de la IFOR y la Fuerza Internacional de Policía en el derecho internacional sobre derechos humanos;\nque la IFOR se atenga al derecho internacional humanitario y sobre derechos humanos cuando sus componentes se encarguen de hacer cumplir las leyes;\nque todo el personal, incluidas las tropas de la IFOR, informe sobre las violaciones de derechos humanos que han presenciado o sobre las que han tenido conocimiento y que transmitan sin demora esta información a la operación de vigilancia de los derechos humanos, el Relator Especial para la ex Yugoslavia y el Tribunal.\nAdemás, Amnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que pida a los gobiernos que:\nrespeten plenamente los derechos de los refugiados, les ofrezcan la protección adecuada y se aseguren de que todas las repatriaciones son voluntarias y sólo cuando el regreso es seguro;\ncontraigan un compromiso económico y político a largo plazo con la observación de los derechos humanos y apoyen la creación de instituciones de derechos humanos.\nLa situación de los derechos humanos en Zaire no ha mejorado a lo largo del pasado año, y prácticamente no se ha puesto en práctica ninguna de las recomendaciones del Relator Especial. Las condiciones en las cárceles son extremadamente duras, lo que provoca decenas de muertes cada año. Ha habido menos informes de casos de torturas, pero sigue habiendo torturas y malos tratos. Es habitual que las fuerzas de seguridad propinen grandes palizas en el momento del arresto y durante la detención. Los largos periodos de encarcelamiento de los presos de conciencia han sido sustituidos por detenciones cortas sin cargos ni juicio y el acoso frecuente de miembros de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas. Hay frecuentes informes de «desapariciones». Aunque durante al menos cinco años no ha habido informes de ejecuciones ordenadas por los tribunales, continúan las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de las fuerzas armadas.\nLa Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1995/69, condenó las continuas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Zaire, en particular la práctica de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y reclusión en régimen de aislamiento, especialmente en los centros de detención administrados por el ejército y los servicios de seguridad, las «desapariciones» forzosas y la negación del derecho a un juicio justo. La Comisión observó con preocupación que el ejército y las fuerzas de seguridad continúan empleando la fuerza contra los civiles y gozando de impunidad. Además, la resolución recordaba el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Zaire y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, encaminado a garantizar el orden y la seguridad en los campos de refugiados ruandeses en Zaire y la repatriación voluntaria de estos refugiados a su país de origen.\nLa resolución invitaba al Alto Comisionado a tomar en consideración la recomendación del Relator Especial de enviar, en consulta con el gobierno de Zaire, dos expertos en derechos humanos que se establecerían en Kinshasa para observar la situación de los derechos humanos y asesorar a las autoridades, así como a las organizaciones no gubernamentales. Cuando esto se escribe, el gobierno sigue sin dar el visto bueno al despliegue de dos expertos en Kinshasa.\nAmnistía Internacional recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que prolongue el mandato del Relator Especial. Además, solicita a la Comisión que inste al gobierno a:\nponer en práctica las recomendaciones efectuadas por el Relator Especial en su informe de 1995 a la Comisión;\ninvitar a dos expertos a establecerse en Kinshasa;\nno efectuar la devolución forzosa de los refugiados burundeses y ruandeses de Zaire.\nLos siguientes documentos se encuentran disponibles en las oficinas de las Secciones de Amnistía Internacional, el Secretariado Internacional o la oficina de Amnistía Internacional para la ONU en Ginebra. La disponibilidad de las traducciones se indica por medio de letras en superíndice (Francés, Español, Arabe)\nAmnesty InternationalReport 1995\nStatements to the 51st session of the Commission on Human Rights\n(IOR 41/04/95, Marzo de 1995)\n(ASA 11/03/95, Abril de 1995)FE\nExecutions, amputations and possible deliberate and arbitrary killings\n(ASA 11/05/95, Marzo de 1995)FE\nAn update on the human rights situation\n(ASA 11/12/95, Octubre de 1995)\nInternational responsibility for the human rights disaster\n(ASA 11/09/95, Noviembre de 1995)F\nBougainville: An agenda for human rights\n(ASA 34/01/95, Febrero de 1995)F\nBougainville: Political killings and "disappearances" continue\n(ASA 34/02/95, Diciembre de 1995)F\nStruggle for survival: immediate action vital to stop killings\n(AFR 16/07/95, Marzo de 1995)S\n(AFR 02/24/95, Abril de 1995)FE\nTargeting students, teachers and clerics in the fight for supremacy\n(AFR 16/14/95, Septiembre de 1995)FE\nHuman rights and the new government\n(ASA 23/02/95, Marzo de 1995)F\nPrison term for newspaper editor\n(ASA 23/04/95, Febrero de 1995)F\nSam Rainsy MP: Concern for the safety of an elected representative\nThe draft press law\n(ASA 23/10/95, Junio de 1995)FE\nConcern for the safety of elected representatives\n(ASA 23/11/95, Junio de 1995)FE\nHuman rights violated: government acts to silence critics\n(ASA 23/12/95, Julio de 1995)F\nDetention of six prisoners of conscience\n(ASA 23/13/95, Agosto de 1995)\nPolitical violence in Phnom Penh\n(ASA 23/16/95, Octubre de 1995)F\nImpunity in Kampot Province: the Death of Chhoern Korn\n(ASA 23/15/95, Octubre de 1995)\nImprisonment of Pentecostal minister: reverend Orson Vila Santoyo\n(AMR 25/06/95, Junio de 1995)FE\nA dismal record of broken pieces\n(AFR 24/09/95, Septiembre de 1995)F\nMaquila workers among trade unionists targeted\n(AMR 34/28/95, Marzo de 1995)FE\nPresidential candidate General Héctor Gramajo held responsible for\ngross human rights violations by United States Federal Court\n(AMR 34/11/95, Abril de 1995)FE\nThe right to know: the case of Efrain Bámaca\nVictims of the 1982 army massacre at Las Dos Erres exhumed\n(MDE 13/02/95, Febrero de 1995)F\nHuman rights abuses in Iraqi Kurdistan since 1991\n(MDE 14/01/95, Agosto de 1995)S\nOral statement to the United Nations on human rights in the Israeli Occupied\nDeath by shaking: the case of 'Abd al-Samad Harizat\n(MDE 15/23/95, Abril de 1995)F\nHuman rights: a year of shattered hopes\n(MDE 15/07/95, Mayo de 1995)FE\nIsrael and the Occupied Territories - Briefing on Proposed Torture Legislation\n(MDE 15/37/95, Octubre de 1995)F\n(AFR 47/05/95, Abril de 1995)FE\nArming the perpetrators of the genocide\n(AFR 02/14/95, Julio de 1995)FE\n(AFR 54/29/95, Marzo de 1995)FE\nWomen's human rights: an action report\n(AFR 54/21/95, Marzo de 1995)FE\nAmnistía Internacional es un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacional trabaja principalmente para:\nobtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color o idioma que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso;\nlograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;\nconseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;\nponer fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las "desapariciones".\nAmnistía Internacional se opone también a los abusos contrarios a las normas mínimas humanitarias que cometen los grupos armados de oposición, como la toma de rehenes, la tortura y el homicidio deliberado y arbitrario tanto de prisioneros como de civiles y no combatientes.\nAmnistía Internacional es imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.\nAmnistía Internacional se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque los derechos por los que trabaja AI se recogen en este último tratado. Todos los derechos humanos son universales e indivisibles y los derechos de especial atención para Amnistía Internacional están vinculados inexplicablemente al resto de los derechos humanos.\n1. Véase también el documento de Amnistía Internacional Afghanistan: International responsibility for the human rights disaster (ASA 11/09/95, noviembre de 1995).\n2. Véase Rwanda and Burundi: A call for action by the international community (AFR 02/24/95, abril de 1995) y Rwanda and Burundi. The return home: rumours and realities (AFR 02/01/96).\n3. Documentos ONU S/PRST/1995/10, del 9 de marzo de 1995 y S/PRST/1995/13, del 29 de marzo de 1995.\n4. Documento ONU S/1994/1152, párrafo 48.\n5. Documento ONU A/50/36.\n6. Documento ONU E/CN.4/1996/16.\n7. A comienzos de diciembre de 1995 una persona murió a consecuencia de las torturas. Véase Guinea Ecuatorial: Violaciones de derechos humanos tras las elecciones (Índice AI: AFR 24/01/96/s).\n8. «déchoukage»: Acto de tomarse la justicia por propia mano.\n9. Documento ONU A/50/743.\n10. Véase el documento de Amnistía Internacional Somalia: La instauración de los derechos humanos en un Estado desintegrado (AFR 52/03/95/s, noviembre de 1995).\n11. Documento ONU A/50/569.\n12. Véase el documento de Amnistía Internacional Sudan: Monitoring human rights (AFR 54/29/95, marzo de 1995).\n13. El proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República de Bosnia-Herzegovina, la República de Croacia y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), el proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Kosovo y el proyecto de resolución sobre violación y abuso sexual de mujeres en áres de conflicto armado en la antigua Yugoslavia.


Gabinete revuelto: interna viva, "faltazos justificados" y ministros sin respuesta para la inflación - DataClave\nmiércoles 4 de mayo de 2022 11:40\nEl jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó una reunión del Gabinete ampliado con un contexto muy delicado para un Frente de Todos sumergido en internas y cada vez más claras diferencias políticas. Según pudo saber Data Clave, se ausentaron algunos ministros y otros llegaron más tarde, aunque con justificativos. Hubo conferencia de prensa al cierre, pero sin el gabinete económico y con ministros de otras carteras que intentaron dar respuesta a la inflación.\nLa reunión de Gabinete se comenzó a las 7.30 y se desarrolló en Casa Rosada. La última se había llevado a cabo el 3 de noviembre del año pasado. De la reunión de Gabinete que encabezó Manzur participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Economía, Martin Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; de Educación, Jaime Perczyk; de Mujeres, Género y Diversidad; Elizabeth Gómez Alcorta; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana; de Trabajo, Claudio Moroni; de Ambiente, Juan Cabandié; de Justicia, Martín Soria: de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus y de Agricultura, Julián Domínguez.\nTambién se dijeron presente los secretarios de la Presidencia, Julio Vitobello; de Medios, Juan Ross: la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.\nSin embargo, en la lista oficial se detectaron alguna ausencias y demoras. Los ministros que no asistieron a la reunión son Tristán Bauer, ministro de Cultura, Matías Lammens, de Turismo y Deportes, Jorge Ferraresi, de Desarrollo Territorial y Hábitat, Eduardo 'Wado' de Pedro, de Interior y Alexis Guerrera, de Transporte.\nVarias de esas ausencias responden a ministros que están ligados al entorno del kirchnerismo y el massismo. Fuentes de Casa Rosada aseguraron a Data Clave que todos tuvieron un justificativo. En el caso de 'Wado', quien ayer se mostró junto en una foto junto a Alberto Fernández para bregar por la unidad, tuvo un problema de salud con su hijo y se terminó sumando a la reunión a las 9 horas.\nEn cuanto a los otros casos, el ministro Bauer se encuentra cursando la enfermedad covid-19, por lo que está aislado y sin posibilidades de mantener reuniones. Guerrera, del riñón de Sergio Massa, está con un problema de salud y con un tratamiento en vigencia. Los que faltaron por "viaje" son Lammens y Ferraresi.\nRueda de prensa "inconclusa"\nTras la reunión de Gabinete, que duró aproximadamente tres horas, el Gobierno brindó una rueda de prensa para los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Curiosamente, no asistió nadie del área económica. La conferencia la encabezó Manzur y lo acompañaron Gabriela Cerrutti, Jorge Taiana y Carla Vizzotti.\n"La reunión nuestra fue muy amena. Cada ministro que compone el Gabinete son hombres y mujeres expertas en su temática. Lo que hablamos es en positivo, proponemos proyectos e ideas para un futuro mejor", declaró Manzur.\nLuego, consultado por la interna del Frente de Todos, respondió: "Tenemos claro el norte, el rumbo y a dónde uno tiene que ir. Lo vuelvo a decir, en nuestro espacio político hay expresiones distintas y las respetamos. Como equipo del Poder Ejecutivo, vamos a seguir con la dinámica impulsando la gestión a diario".\nTambién le preguntaron si el actual Gabinete tiene "odio" contra el kirchnerismo, a lo que sostuvo que "no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio". "Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, respetables y sanas dentro de un espacio. Los funcionarios en el Poder Ejecutivo los define el Presidente de la Nación", agregó.\nSin embargo, la mayoría de las consultas estuvieron vinculadas a la situación económica del país, en especial en materia inflacionaria. De acuerdo a las consultoras privadas y las especulaciones políticas, abril podría tener una inflación similar o apenas menor a los niveles de marzo, que fue de casi el 7%.\nEl problema de las consultas es que no hubo ningún miembro del gabinete económico para dar respuesta, pese a que Guzmán, Kulfas y Moroni sí estuvieron en la reunión ampliada que encabezó Manzur.\nEn un pasaje de la rueda de prensa Jorge Taiana, ministro de Defensa, lanzó un bocado sobre economía y, ante la repregunta de la prensa, se sinceró: "Yo me pasé los últimos dos días en el medio del mar -participó de un acto en conmemoración a los 40 años del hundimiento del ARA General Belgrano en manos de Gran Bretaña-, solo estuve con un teléfono satelital que tenía el barco. Por lo que escuché al ministro Martín Guzmán en la reunión, la inflación va a ser mas baja que el mes pasado".\nAl momento del cierre, Manzur confirmó que evalúa presentarse en el Congreso para fines de mayo para mostrar el balance de gestión del Gobierno ante la oposición. Y por último, evitó hablar de posibles cambios de Gabinete: "Es el Presidente el que decide cuando un funcionario cumple una etapa y se necesita otra persona para relanzar la gestión. Nosotros vamos a redoblar el esfuerzo y vamos a seguir".\nMartín Guzmán Gobierno Juan Manzur Casa Rosada


Jueves 03 de Diciembre de 2020 10:10 hs\nHace 9 años y en la B Nacional, River caía derrotado en Corrientes\nGastón Sessa vestido de superhéroe y el oportunismo de Cristian Núñez fueron el emblema.\nEl 3 de diciembre de 2011 Boca Unidos logró uno de los triunfos más importantes de su historia frente a un River Plate que vivía su peor momento. Fue un partido que en realidad mereció perder por goleada, pero sobre la hora terminó celebrando en una noche inolvidable para sus hinchas.\nCuando el 26 de junio de 2011 se terminó el partido entre River y Belgrano el mundo miraba absorto el impacto que significaba el primer descenso de uno de los clubes más importantes del país. Los hinchas de los equipos que militaban en la Primera B Nacional pronto comenzaron a esperar el día en que el Millonario iba a visitarlos.\nBoca Unidos se enteró con el fixture que se iba a enfrentar por primera vez con River en un partido oficial en la fecha 17. Habían pasado 16 años de la última vez que el equipo de Núñez había jugado en Corrientes.\nPor aquellos días circularon numerosas versiones de que la dirigencia aurirroja planeaba trasladar el partido al estadio de Sarmiento en Resistencia ya que tenía una capacidad mayor. Pero finalmente se terminaría jugando en el Huracán Corrientes que estuvo repleto como en sus mejores épocas.\nLa ciudad se vio revolucionada cuando el equipo porteño llegó. Miles de personas se agolparon al hotel donde estaban alojados los jugadores.\nCuando llegó la hora del partido, la dupla técnica de Claudio Marini y Luis Medero eligió poner en cancha a Gastón Sessa en el arco, a los defensores César González, Alejandro Donatti y Pablo De Muner. También a Alexis Danelón, Diego Sánchez Paredes, Cristian Devallis, Oscar Gómez, Elvio Fredrich en poblado mediocampo y de delanteros a los chaqueños Cristian Núñez y Aldo Visconti.\nPor su parte, Matías Almeyda se inclinó por Leandro Chichizola; Luciano Abecasis, Alexis Ferrero, Jonatan Maidana y Juan Manuel Díaz; Carlos Sánchez, Ezequiel Cirigliano, Martín Aguirre y Lucas Ocampos; Alejandro Domínguez y Fernando Cavenaghi.\nTEXTO EL LITORAL


F1: Fernando Alonso ganó el Gran Premio de China | DEPORTE-TOTAL | EL COMERCIO PERÚ\nF1: Fernando Alonso ganó el Gran Premio de China\nEl piloto español y Ferrari obtuvieron su primera victoria de la temporada. Raikkonen y Hamilton subieron al podio\nLima, 14 de abril de 2013 Actualizado el 14/04/2013 09:40 a.m.\nEl español Fernando Alonso ganó el domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1, con lo que él y su equipo, Ferrari, lograron su primera victoria desde la que obtuvieron en la carrera del año pasado en Alemania.\nEl británico Lewis Hamilton, de Mercedes, terminó tercero, apenas dos décimas de segundo por delante del alemán Sebastian Vettel, de Red Bull. Vettel mantiene el liderato del campeonato, pero ahora sólo con tres puntos de ventaja sobre Raikkonen tras tres de 19 carreras. Alonso se colocó en tercer lugar, por delante de Hamilton.\nCARRERA DE NEUMÁTICOS En una carrera dominada por la estrategia de neumáticos, los tres delanteros usaron un ritmo intenso desde el principio: todos usaron neumáticos más blandos para establecer una ventaja temprana y todos entraron a la zona de pits antes de completar las primeras seis vueltas.\nLA ALEGRÍA DE ALONSO Tan dominadora fue la actuación de Alonso que su escudería le advirtió en los últimos tramos que no se excediera, aunque el español lo negó. Ha sido una carrera fantástica, no hemos tenido problemas con el coche y la degradación la hemos gestionado bien. Uno se siente fantástico después del abandono en Malasia, con más presión, pero de las dos carreras terminadas, ha sido un segundo y un primero (puestos), así que va bien todo, comentó el piloto a la agencia española de noticias Europa Press.\nHabía preocupación por los neumáticos, pero fueron bien. Además, al entrar justo detrás de los perseguidores, si teníamos problemas ellos los habrían tenido antes, así que teníamos un pequeño colchón de margen, dijo Alonso.\nEstoy muy contento por una nueva victoria, el fin de semana fue bien y había que completarlo con una buena carrera, pero el coche se ha comportado perfecto. He hecho una buena salida, adelantamos a Kimi (Raikkonen) y luego pudimos hacerlo con Lewis (Hamilton) antes de la parada y a partir de ahí pudimos controlar, contó el piloto, según EP, en una rueda de prensa tras su victoria.\nDespués de ocho o nueve carreras que no lo conseguíamos, estoy contento por la victoria, pero ya toca pensar en Bahrein, declaró. El segundo lugar de Raikkonen tuvo mayor crédito porque corrió la mayor parte de la prueba con la parte frontal y un ala de su coche dañadas tras chocar con la parte posterior del McLaren del mexicano Sergio Pérez.\nEl mexicano apretó al finlandés y lo obligó a que saliera de la pista y a que pasara atrás del Mclaren. ¿Qué rayos está (Pérez) haciendo?, gritó furioso Raikkonen por su radio.\nLa situación fue una contrariedad pero afortunadamente no afectó demasiado el control, dijo Raikkonen al término de la competición. Si no hubiera tenido los daños, habría sido un poco más rápido, apuntó.


2 DISEÑO WEB | TIENDAS VIRTUALES | ¿UNA TIENDA VIRTUAL? ¿PORQUE?\n¿Una tienda virtual? ¿Porqué?\nInternet es la herramienta de marketing menos costosa y más eficiente del mundo. Ayuda a empresas de todos los tamaños y de todo el mundo a incrementar sus ventas, ahorrar costes, fidelizar y dar soporte a sus clientes, facilitar información y publicitarse las 24 horas del día a escala mundial. Disiarte además irá por delante de su competencia no presente o presente en internet deficientemente.\nA través de una tienda virtual se pueden presentar, las 24 horas del día: productos, servicios, información, facturaciones, pedidos, etc. Y todo será visto desde cualquier rincón del planeta, potenciando su imagen e incrementando su productividad y sus ventas. Generando contactos como futuros clientes.\nRazones para tener una tienda virtual\n- Con una tienda virtual eres totalmente accesible. Los clientes pueden adquirir sus productos o servicios las 24 horas del día y en cualquier lugar, mucho más cómodamente y evitándose desplazamientos.\n- Con una tienda virtual puede ofrecer toda la información que desee sobre sus productos y empresa, facilitando la compra de sus productos frente a los competidores. Facilitar asistencia on-line a sus vendedores y distribuidores que permitan argumentar mejor sus productos.\n- Con una tienda virtual puede establecer relaciones. Fidelizar y agilizar la relación con sus clientes y proveedores.\n- Con una tienda virtual crear imagen de marca y empresa.\n- Con una tienda virtual puede ajustarse rápidamente a las condiciones de mercado. Podrá añadir rápidamente productos y servicios a su oferta y variar los precios y descripciones creando catálogos digitales a través de catálogos digitales actualizables en cualquier momento. Y lo que es más importante, ¿quién se puede permitir no estar en internet?.\n¿Necesita razones para tener una tienda virtual?\n- Con una tienda virtual puede competir y ofrecer sus servicios o productos en igualdad de condiciones que una gran multinacional. En internet no hay percepción de tamaño, salvo lo que las páginas web proyectan.\nTe entregamos tu tienda virtual lista para vender: Elige la plantilla que mejor se adapte a tu negocio, escoge los componentes que quieras activar y las opciones adicionales que quieres que instalemos, elije las formas de pago y transporte ... el resto déjanoslo a nosotros, te entregaremos tu tienda lista para vender.\nTu tienda se verá de forma correcta en cualquier dispositivo, Virtuemark incorpora en su última versión una plantilla que se hace visible cuando un visitante accede a la tienda desde un smartphone, eso permite que la experiencia del usaurio sea mucho más agradable, evitando el abandono prematuro de la visita por la dificultad de navegación.\nSi no estás en internet no existes para un gran número de personas.\n• Desaparecen los límites geográficos para los negocios.\n• Estar disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año.\n• Reducción considerable de inventarios.\n• Agilizar las operaciones del negocio.\n• Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir a clientes.\n• Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de relaciones entre clientes y proveedores.\n• Reducir sensiblemente las necesidades de personal.\n• Menos inversión en los presupuestos publicitarios.\n• Reducción de precios por el bajo coste del uso de Internet en comparación con otros medios de promoción, lo cual implica mayor competitividad.\n• Cercanía a los clientes y mayor interactividad y personalización de la oferta.\n• Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de clientes.\n• Implantar tácticas en la venta de productos para crear fidelidad en los clientes.\n• Bajo riesgo de inversión en comercio electrónico fundamentalmente a causa de que los gastos de puesta en marcha del negocio son relativamente bajos.\n• Rápida actualización en información de productos y servicios de la empresa (promociones, ofertas, etc.).\n• Obtener nuevas oportunidades de negocio, con la sola presencia en el mercado.\n• Reducción del costo real al hacer estudios de mercado.\nTodas estas ventajas se ven reflejadas en la competitividad que la empresa requiere para dirigirse a un mercado globalizado, y en beneficios directos sobre el consumidor, que hoy sin duda dispone de un poder de elección entre los mejores productos y servicios disponibles en la Red. Por su parte los clientes reciben también ventajas que pueden resumirse en las siguientes:\n• Información inmediata sobre cualquier producto y posibilidad de acceder a la información en el momento que así lo requiera.\nDisiarte está especializado en construcción de tiendas virtuales para PYMES y grandes empresas, asegurando y garantizando siempre el correcto funcionamiento de las páginas web realizadas por su equipo selecto de programadores web, especialistas en SEO y posicionamiento web, en colaboración con el estudio de diseño gráfico y fotografía.\n\tModulo Idioma adicional en su Pagina Web (Traducción Web Manual).\n\tModulo Traductor Automático de Google (Google Translate) (Valido para Html, Wordpress y Joomla).\n\tModulo Galería de Fotos Multimedia AutoGestionable (Galería de Fotos Multimedia, varios modelos a elegir) (Valido para Joomla).\n\tModulo Galería de Videos Multimedia AutoGestionable (Galería de Videos Multimedia, varios modelos a elegir) (Valido para Joomla)\n\tModulo Área Privada (Solo se puede acceder con un usuario y contraseña, una vez que se accede se pueden ver fotos, textos, pdf's videos ...) (Valido para Joomla).\n\tModulo Compartir Artículos en Redes Sociales (Los usuarios podrán compartir los artículos e información de su empresa en redes sociales, foros ...) (Valido para Joomla) .\n\tModulo Especial Facebook Online (Modulo Multimedia Facebook Fan Page, donde aparecerán sus publicaciones del muro, fans, me gusta ...) (Valido para Html. Wordpress, Joomla).\n\tModulo Imágenes Laterales SlideShow (Galería de Fotos Multimedia - Slideshow, en un Lateral de la Web) (Valido para Joomla).\n\tModulo Calendario de Eventos (Calendario similar a Google Calendar - varios colores a elegir) (Valido para Joomla).\n\tModulo Meteorologico (Da información del Tiempo de distintas ciudades) (Valido para Joomla) -- http://www.diwema.com/imagenes-modulos/modulo-el-tiempo-1.jpg.\n\tModulo Contador de Visitas Online (Da información del nº de visitantes de la Web) (Valido para Joomla).\n\tModulo Chat Online (Los Visitantes de tu Web pueden consultar Online dudas, reclamaciones ... en un Chat) (Valido para Joomla).\n\tModulo Video Youtube (Se puede Reproducir un Video de Youtube en el Lateral de la Web) (Valido para Joomla).\n\tModulo Newsletter (Los Visitantes se suscriben a un Newsletter dejando su nombre y email y luego se les puede mandar un e-mailig) (Valido para Joomla).\n\tModulo Formulario de Contacto Rapido (Los Visitantes pueden contactar cumplimentando un formulario rapido, sin tener que ir a la seccion de contacto de la web) (Valido para Joomla).\n\tModulo Nube Tags (Palabras muy importantes y destacadas de sus articulos) (Valido para Joomla).\n\tModulo Noticias Lateral (Muestra las ultimas noticias, las más leidas ... del sitio web) (Valido para Joomla).\n\tOtros Módulos Adicionales = Consultar.\n\tTienda Online Virtuemart (AutoGestionable Premium por el propio Cliente).\n\tTienda Online Virtuemart más Diseño Web Joomla (AutoGestionable Premium por el propio Cliente).\n\tTPV Banco o Caja Española (consultar compatibles) (Activar y Configurar el Sistema de Pago por Tarjeta Bancaria).\n\tPayPal = Sistema de Pago PayPal (Activar y Configurar el Sistema de Pago por Paypal - Sistema muy utilizado en Ebay).\n\tFichero Excel Actualizacion Express de Productos, Precios, Descripciones, Fotos, Familias ... 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