Convención de la ONU – Fundación padrinos de la vejez\n1.\tConvención de la ONU\nLa Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es un tratado, un pacto sobre derechos humanos que han elaborado representantes de la comunidad internacional: personas con discapacidad, funcionariado gubernamental, representantes de organizaciones no gubernamentales y personas relacionadas con el tema. El objetivo es lograr cambiar la visión y el trato hacia las personas con discapacidad en sus sociedades.\nEste documento es el primer instrumento internacional de carácter jurídico que garantiza que cada uno de los Estados miembros del pacto, que lo han ratificado, se comprometen a fomentar y proteger los derechos y libertades y garantizar el acceso libre e igualitario de las personas con discapacidad a los derechos y a las oportunidades que tiene el resto de la población.\nEsta base permite y obliga a cada Estado que lo ratifica a aprobar, dentro de sus propias legislaciones nacionales, normativas sobre derechos civiles destinados a mejorar la vida de esas personas. España lo ratificó en 2008, pero aún falta mucho camino legislativo que recorrer.\nSegún la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen en el mundo alrededor de 1.000 millones de personas con diversas discapacidades. La discapacidad engloba un amplio rango de condiciones individuales, que suponen una limitación a corto, medio o largo plazo -física, mental, intelectual o sensorial- para el desarrollo de las actividades de la vida, un impedimento en la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.\nLa discapacidad puede afectar a todas las personas, de todas las edades -niñas y niños, jóvenes y adultos, y especialmente afecta a las personas mayores-, siendo grupo mayoritario el de las personas mayores.\nLa discapacidad afecta a todas las clases sociales, sufriéndolo más a las empobrecidas que además lo sufren con mayor intensidad porque los recursos para hacerle frente son mucho más escasos.\nEn el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011, último publicado, resaltaba que la Discapacidad sería un problema cada vez más presente en la sociedad, ya que existe una mayor prevalencia debido al incremento de la esperanza media de vida de la población mundial. Al sumar más años se incrementa el riesgo de sufrir un mayor número de merma de capacidades por la pérdida paulatina de las mismas, dentro del proceso natural de envejecimiento.\nEsta situación afecta en mayor medida a las mujeres, por su mayor esperanza de vida, siendo bien distintas las situaciones de pérdidas de oportunidades si ésta discapacidad se produce en etapas iniciales de la vida o en las etapas finales.\nAdemás las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, también en la vejez. Por ello se incorpora la perspectiva de género en lo relacionado con la discapacidad que afecta a las mujeres en múltiples vertientes y en todas las edades.\nMás de mil millones de personas, o sea en torno al 15% de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad.\nEl número de personas con discapacidad aumenta vertiginosamente, lo que se explica, entre otras causas, por las tendencias demográficas y la creciente prevalencia de dolencias crónicas.\nEs probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad –temporal o permanente– en algún momento de su vida.\n2.\tArticulado destacado de la Convención de la ONU\nPropósito de la Convención\nEl objetivo principal de la Convención es promover, proteger y asegurar el disfrute y la igualdad de condiciones en todos los derechos humanos y libertades de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.\nPalabras Comunes de Diversidad\nSon palabras transversales de la Convención para comprenderse y comunicarse:\n“Comunicación” incluye los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizados y otros modos y formatos.\n“Lenguaje”, incluye tanto el lenguaje oral como la lengua de signos y otras formas de comunicación no verbal.\nPrincipios generales en Discapacidad\nRespeto a la dignidad, autonomía, la libertad de decisión y la independencia.\nRespeto al desarrollo gradual de los niños y niñas con discapacidad.\nPromocionar el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, obligando a los Estados Parte a modificar cualquier ley, norma, costumbre, reglamento, práctica, etc., si supone una discriminación hacia las personas con discapacidad.\nLos gobiernos tendrán que aplicar lo recogido en la Convención en el menor tiempo posible para así garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.\nPara modificar sus leyes o políticas, los Estados Parte tendrán que consultar a las personas con discapacidad, niñas y niños, a través de las organizaciones que las representan.\nLos Estados parte reconocerán que todas las personas son iguales ante la ley, y por tanto modificarán todo lo necesario para evitar cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad.\nLas mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a muchas formas de discriminación como bien es sabido. Por tanto, los Estados Parte se comprometen a modificar todo lo necesario para asegurar sus derechos y libertades fundamentales.\nGarantizar que no se vulneren los derechos y libertades de niños y niñas con discapacidad, y la igualdad de condiciones con sus iguales en los distintos ámbitos de la vida.\nSe insta aquí a que los gobiernos tendrán que educar a toda la población en el respeto, la aceptación y la normalización de las distintas capacidades, habilidades y méritos de las personas con discapacidad.\nSe pretenden erradicar todo tipo de prejuicios y estereotipos hacia este colectivo, potenciando una imagen más positiva, desde la sociedad, desde los gobiernos y desde los medios de comunicación.\nLos gobiernos se comprometen a asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las demás personas, al transporte, el entorno, la información y las comunicaciones. Además se insta a los Estados Parte a modificar y supervisar las instalaciones de uso público para que sean totalmente accesibles, a nivel físico y a nivel comunicativo.\nEste artículo reafirma el derecho a la vida de todas las personas, haciendo a los gobiernos responsables de aplicar todas las medidas pertinentes para garantizar este derecho.\nLos Estados Partes tendrán el deber de garantizar la seguridad y protección de todas las personas con discapacidad en situación de riesgo, incluyendo conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.\nSe reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, e insta a los gobiernos a proporcionar los apoyos necesarios a estas personas para ejercer plenamente su capacidad de jurídica, garantizando el derecho a tener propiedad, heredar, controlar asuntos económicos propios, etc.\nLas personas con discapacidad tendrán acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Además los gobiernos deberán hacer las modificaciones necesarias para adaptar los procedimientos y el acceso a la justicia, para así asegurar el pleno acceso y un trato justo, formando y capacitando incluso a quienes trabajan en la administración de justicia.\nLos gobiernos deberán asegurar que la ley protege la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad igual que la de las demás personas.\nLos gobiernos deberán asegurar protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, evitando que las personas con discapacidad sean sometidas a este tipo de situaciones.\nLas personas con discapacidad tendrán protección por parte de los gobiernos contra la explotación, la violencia y el abuso. Tendrán que existir servicios que prestarán los Estados a esta personas en caso de haber sufrido alguna de aquellas situaciones, para asegurar así la recuperación, la rehabilitación y la reintegración social.\nProtección de la integridad social\nDerecho de las personas con discapacidad a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.\nLas personas con discapacidad tendrán el mismo derecho que las demás personas a moverse por el territorio, a tener una nacionalidad y poder salir y entrar de su país; y a tener y utilizar documentación de identificación. Además los niños y niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de nacer, teniendo derecho a un nombre, una nacionalidad y, dentro de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.\nTendrán derecho a la libre elección de la vivienda, el lugar y la compañía de las personas con discapacidad intelectual. Será necesario adaptar y hacer lo más accesibles posible las instalaciones y servicios comunitarios, para que estas personas tengan libertad de uso en igualdad de condiciones que las demás personas.\nApoyo a la movilidad de calidad e independiente, dentro de lo posible, de las personas con discapacidad intelectual, facilitando el acceso a formas de asistencia humana o animal, o a apoyo tecnológico.\nDerecho a la libertad de expresión y opinión de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Se insta a adaptar la información y servicios que la sociedad ofrece a las necesidades de las personas con discapacidad, normalizando cualquier formato de comunicación, atendiendo a lo indicado en el artículo 2 de esta Convención.\nLos Estados Partes deberán asegurar la protección de la intimidad y privacidad de las personas con discapacidad.\nLos Estados Partes deberían proteger la libertad de elección en lo referente al matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, para acabar con la discriminación hacia las personas con discapacidad en lo referente a estos ámbitos.\nObligación de los gobiernos a prestar atención a las situaciones que puedan ser hirientes para niños y niñas dentro del seno familiar. En estas situaciones deberán intervenir de forma que éstos sufran lo menos posible.\nLas personas con discapacidad tienen pleno derecho a una educación sin discriminación, en igualdad de condiciones y adaptada a sus necesidades, para desarrollar su persona al máximo, igual que las demás personas. Los Estados Partes tendrán que supervisar que no se discrimina a nadie por motivo de discapacidad.\nTambién tendrán que adaptar las formas de comunicación, atendiendo a las diferentes necesidades y capacidades.\nLos Estados Partes tendrán que ofrecer a las personas con discapacidad servicios y programas de atención sanitaria del más alto nivel, gratuito o a unos precios asequibles. Además deberán ser servicios de proximidad, incluso en las zonas rurales.\nLas personas con discapacidad no podrán ser discriminadas por motivo de su discapacidad y tendrán que ser atendidas en igualdad de condiciones que las demás, teniendo acceso a los mismos servicios y programas.\nLos Estados Partes tendrán que generar recursos, establecer medidas y apoyar la participación e inclusión social de las personas con discapacidad, para que puedan lograr y mantener la máxima independencia en todos los aspectos de la vida. Y los gobiernos tendrán que prestar servicios para cubrir y apoyar en aquellos ámbitos que las personas con discapacidad precisen.\nLas personas con discapacidad tienen el mismo derecho que las demás a ganarse la vida con un trabajo elegido libremente, en igualdad de condiciones que las demás personas, teniendo en cuenta las necesidades individuales que puedan tener pero sin suponer esto una discriminación\nLas personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, sin discriminación por motivos de discapacidad. Serán los gobiernos los encargados de proteger el derecho de estas personas a la protección social y de asegurar el acceso en igualdad a los servicios más básicos. Deberá además prestar asistencia a las personas con discapacidad que vivan en situación de pobreza.\nLos gobiernos deberán asegurar la posibilidad de participar en la vida pública y política a las personas con discapacidad, adaptando todo lo necesario.\nLos Estados Partes tendrán que asegurar el derecho de las personas con discapacidad al acceso y disfrute del ocio y tiempo libre en igualdad de condiciones que las demás personas, adaptando espacios y formatos de comunicación a las distintas necesidades. Facilitarán también el desarrollo de sus capacidades creativas, para su propio beneficio y el de la sociedad, teniendo la ley de protección de los derechos de la propiedad como marco legal y sin que suponga en ningún momento una discriminación por motivo de discapacidad.\nLos Estados Partes tendrán que recoger información para poder formular y aplicar políticas conforme a esta Convención, respetando las leyes establecidas y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales.\nLos gobiernos deberán prestarse ayuda para aplicar todo lo recogido en esta Convención, facilitando además una cooperación internacional inclusiva y accesible.\nNormas de aplicación, ejecución y vigilancia de la Convención.\nEste conjunto de artículos definen la forma en que los gobiernos y las personas adultas, sobre todo las que tienen discapacidad y las organizaciones que las representan, deberían colaborar para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad.\n3. Situación de discapacidad en España\nSegún la última encuesta publicada del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre población con discapacidad en 2008, en España 3.8 millones de personas afirman tener alguna discapacidad o limitación. De esta cifra, el 59,8% son mujeres, viéndose una clara diferencia con la afectación en la población masculina.\nLa discapacidad más habitual es la movilidad, es decir, las limitaciones para moverse o trasladar objetos: un 67,2% de las personas con discapacidad presentan esta dificultad. Le siguen las problemáticas surgidas con las tareas domésticas con un 55,3% y las tareas de cuidado e higiene personal con un 48,4% de la población con discapacidad.\nCabe destacar que el progresivo envejecimiento de la población trae consigo importantes cambios en la pirámide poblacional en España, siendo uno de los efectos el aumento de las personas con discapacidad. Siendo la edad es un factor determinante en la aparición de este fenómeno, los porcentajes de población con discapacidad aumentan claramente conforme ésta avanza: las personas de 74 a 84 años las que más la sufre, 2 millones de personas.\n3.1. DERECHOS de las personas con discapacidad en España\nA partir de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por nuestro país en 2008, la discapacidad es una condición social y no una situación simplemente individual, porque para recorrer el camino de la inclusión hay que cambiar la mirada: el sistema tiene que adaptarse a las personas, no al revés.\nLas leyes que acreditan los cambios en España, tras la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad\nLa legislación más destacada desde la ratificación de la Convención y que traslada al ordenamiento jurídico la visión del sistema de apoyos frente a la incapacitación, es la siguiente normativa.\nLey 8/2021, de 2 de junio, reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.\nEsta Ley entró en vigor el día 3 de septiembre de 2021, conlleva una serie de consecuencias que cambian de forma absoluta y radical muchos de los conceptos previos establecidos desde hace 132 años en nuestro Código Civil, dejando sin efecto, por ejemplo, el antiguo artículo 200 que indica: “Están sujetos a tutela: 2º Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir”.\nEsta redacción se mantuvo hasta el año 1983, cuando se cambió por “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. Así, solo se cambiaban las palabras, pero se mantenía el concepto, cosa que no ha sucedido con la última modificación de 2021, donde el articulado anterior relativo a la incapacidad ha sido completamente eliminado.\nEl cambio que se ha producido afecta a los conceptos y la visión de la discapacidad, dejando atrás siglo y medio de incapacitaciones innecesarias en la mayoría de las situaciones. La idea central de esta regulación es la creación del nuevo sistema de apoyo a la persona que lo precise. Apoyo es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones como pueden ser:\nLa toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.\nLa representación en la toma de decisiones en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo.\n3.2. Personas BENEFICIARIAS\nLa nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria –domicilio, salud, comunicaciones, etc.–.\nLas personas con valoración que acredite el Grado II o el Grado III de Dependencia según la Ley 39/2006, o\nLas que presenten una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por ciento que indica la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, o\nLa reforma normativa impulsada por esta Ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas.\nPara concretar los apoyos la nueva regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona con discapacidad. Dentro de las medidas voluntarias adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela.\nFuera de ellas conviene destacar el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad. La realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho –generalmente un familiar, pues la familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más vulnerables–, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con discapacidad tampoco desea.\nPara los casos en que se requiera que el guarda de hecho realice una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo examen de las circunstancias.\nLa nueva regulación, cuando el menor con discapacidad llegue a la mayoría de edad se le prestarán los apoyos que necesite del mismo modo y por el mismo medio que a cualquier adulto que los requiera.\nLa tutela, con su tradicional connotación representativa, queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial\n3.3. Lo que ELIMINA la Ley 8/2021 de 2 de junio\nLa nueva regulación no permite la modificación de capacidades que son inherentes a la condición de persona humana, ni por tanto su incapacitación.\nEn este sentido, conviene recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo; a lo que se añade que cuando los progenitores se hacen mayores, a veces esa patria potestad prorrogada o rehabilitada puede convertirse en una carga demasiado gravosa.\n3.4. CAMBIOS Legales derivados de la Ley 8/2021\nEsta reforma tan profunda ha obligado a un notable número de modificaciones legislativas tanto en el Código Civil como en otras leyes de indudable importancia como son:\n1.- El Código Civil regulado por el Real Decreto de 24 de Julio de 1889 se ha reformado de forma extensa y de calado, pues sienta las bases del nuevo sistema de apoyos basado en el respeto a la voluntad y a las preferencias de las personas con discapacidad, el cual informa toda la norma y se extrapola a través de las demás modificaciones legales al resto de la legislación civil y la procesal.\nLa idea central de esta regulación es la creación del nuevo sistema de apoyo para la persona que lo precise. Apoyo es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones como pueden ser:\nSe reorganiza y se producen cambios en el Código Civil en su libro primero De las Personas en los siguientes títulos:\nTitulo IX De la tutela y la guarda de menores. Artículos de 199 a 238.\nTitulo X De la mayoría de edad y la emancipación. Artículos 239 a 248.\nTitulo XI De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Artículos 249 a 299 bis.\nTítulo XII Disposiciones comunes. Artículo 300.\nSon muchas las normas jurídicas que en toda la extensión del Código Civil requieren de la oportuna adaptación a la nueva regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.\nAsí, las normas afectadas por esta reforma van desde algunas relativas al Derecho internacional privado, la nacionalidad, ciertas reglas sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad que precisen apoyo, lo cual puede tener repercusiones, por ejemplo, en la atribución de la vivienda familiar, o las reglas sobre el establecimiento de la filiación cuando hay implicados progenitores o hijos con discapacidad; también experimentan modificaciones puntuales algunos preceptos relativos a la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges precisare de medidas de apoyo.\nAsimismo, la comprensión de las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces, en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus derechos, ha de repercutir también de modo ineluctable en la idea de responsabilidad, lo que ha de conllevar el correlativo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio y en una nueva y más restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno.\nPara mantener la coherencia del sistema, la reforma hace también necesaria la modificación de dos preceptos del Código penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha responsabilidad recae sobre persona distinta del autor del hecho delictivo, y la disposición adicional primera para adaptarla a la nueva regulación.\nAdicionalmente, se reforman los artículos 4, 5 y 234 del Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación del Código Civil.\nEn todos ellos se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad con medidas de apoyo por considerarla innecesaria, dado que esta cuestión se regirá por las normas generales previstas en el Código Civil\n2.- La Ley del Notariado de 28 mayo de 1862\nDentro de los cambios introducidos, los más relevantes son los siguientes:\nEn lo relativo al protocolo y copias del mismo que constituyen instrumento público, se añade un nuevo párrafo al final del artículo 25 con la siguiente redacción:\nEn la Sección 1ª. De la declaración de herederos abintestato se modifica el artículo 56.1, que queda redactado de la siguiente forma:\n“Cuando cualquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante legal, o fuera persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor judicial”.\nEn la Sección 2ª. De la presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados, el artículo 57.3 de la ley queda modificado de la siguiente manera:\n“Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante legal o persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor judicial”.\nEn la Sección 3ª. De la presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos ológrafos, el artículo 62.3 expresa:\n3.- La Ley Hipotecaria. Decreto 8 de febrero de 1946 aprueba la redacción de la Ley Hipotecaria.\nSe suprime el “Libro de incapacitados” para adecuar la terminología y contenidos normativos a la Convención de Nueva York de la que trae causa esta reforma y se adapta el lenguaje a la nueva terminología en el ámbito del Registro de la Propiedad.\nPor otra parte, se elimina el artículo 28 de la Ley Hipotecaria dado que los supuestos que eventualmente este artículo está llamado a proteger son muy residuales en comparación con el perjuicio que ocasiona en la sucesión de colaterales y extraños y la perturbación del tráfico, generando situaciones antieconómicas\n4.- La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.\nEn el ámbito procesal civil se sustituyen los procesos de modificación de la capacidad existentes hasta hoy por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad. Esta circunstancia, que responde a la idea ya vista de que la capacidad es inherente a la condición de ser humano, pero puede necesitar de apoyos para ejercitarla, lo que permite introducir algunas modificaciones en la regulación de los procesos en que se ejercita una pretensión de esas características, dirigidas a solucionar algunos problemas que se han detectado en la práctica forense y que dan lugar a interpretaciones diferentes entre los tribunales.\nEsta Ley se ha sometido a una revisión de conjunto en la que, más allá de las necesarias revisiones terminológicas, se han introducido los ajustes requeridos por la adaptación a la Convención en el ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.\nEs también importante el apartado 1 del artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que en los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil, sea pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición en el previo expediente de jurisdicción voluntaria o cuando el expediente no haya podido resolverse, los procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regirán por lo dispuesto en dicho Capítulo.\nEn caso de inexistencia de oposición, la provisión judicial de apoyos se regirá por lo dispuesto en la legislación de jurisdicción voluntaria.\nSe trata, por tanto, de una reforma ambiciosa que opta por el cauce de la jurisdicción voluntaria de manera preferente, considerando de manera esencial la participación de la propia persona, facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo activamente y, donde la autoridad judicial interese la información precisa, ajustándose siempre a los principios de necesidad y proporcionalidad. Todo ello sin perjuicio de que el procedimiento se transforme en uno contradictorio.\nSe da solución al problema derivado del cambio de residencia habitual de la persona con discapacidad cuando se encuentra pendiente el proceso de provisión de apoyos. Siguiendo el criterio sentado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en esos casos las actuaciones deberían remitirse al juez de la nueva residencia, siempre que no se haya celebrado aún la vista. Así se facilita el desarrollo del proceso y se acerca este al lugar donde efectivamente se encuentra la persona con discapacidad.\nOtros cambios introducidos dan respuesta a situaciones que estaban originando prácticas diversas en los tribunales como:\nSe permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en la demanda aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, lo que posibilita contar con más datos acerca de su disponibilidad e idoneidad para asumir tal encomienda.\nSe admite la intervención a su costa en el proceso de cualquiera de los legitimados que no sea promotor del procedimiento o de cualquier sujeto con interés legítimo, evitando así que se generen situaciones de desigualdad entre los familiares de la persona con discapacidad, como sucedía con anterioridad, donde unos podían actuar con plenitud en el proceso dada su condición de parte y otros, en cambio, solo podían ser oídos en fase de prueba.\nEn el momento de admisión de la demanda y a la personación del demandado. Se establece que, una vez admitida la demanda, se debe obtener de los Registros públicos la información existente sobre las medidas de apoyo adoptadas, para respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Y, en segundo lugar, se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la persona interesada, esto es, la persona con discapacidad, no comparezca, en el plazo concedido para contestar a la demanda, con su propia defensa y representación.\nCon ello se consigue que siempre exista alguien que defienda en el proceso los intereses de la persona con discapacidad.\nLa regulación de las pruebas que preceptivamente deben practicarse en este tipo de procesos se reordena en el nuevo texto y, además, se introduce la posibilidad de que puedan no llevarse a cabo las audiencias preceptivas cuando la demanda la presente la propia persona interesada y aquellas puedan invadir su privacidad, al dar a conocer a su familia datos íntimos que ella prefiera mantener reservados.\nEl proceso debe orientarse hacia un sistema de colaboración interprofesional o «de mesa redonda», con profesionales especializados de los ámbitos social, sanitario y otros que puedan aconsejar las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.\nEl contenido de la sentencia que ha de dictar el juez se remite a las normas de Derecho Civil que resulten de aplicación, al considerarse una cuestión más de Derecho sustantivo que procesal.\n5.- La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil\nEl Registro Civil se convierte en una pieza central de la nueva regulación de la discapacidad, pues hará efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.\nNo obstante, el necesario respeto a los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, incluida su intimidad y la protección de sus datos personales, han llevado a considerar que las medidas de apoyo accedan al Registro como datos sometidos al régimen de publicidad restringida.\n6.- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.\nSe regulan las adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, con independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta y que se llevarán a cabo en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Adicionalmente, se menciona expresamente que se permitirá que la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste.\nCon la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se introduce el nuevo expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, recogiendo todas las ideas que incorpora la nueva legislación.\nEl nuevo capítulo III bis relativo al expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.\nPodrá promover el Ministerio Fiscal el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, de carácter estable y sin oposición, la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, ascendientes, o hermanos.\nEn relación con el expediente para el nombramiento de tutor -para el menor- o curador para la persona con discapacidad, se modifica el procedimiento para la rendición de cuentas del tutor o curador, para solucionar algunas disfunciones detectadas durante estos casi tres años de vigencia de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.\nPor un lado, la comparecencia ante el juez no siempre debe tener lugar, sino solo cuando algún interesado lo solicite, con lo que se evita la actual proliferación de vistas que en la mayoría de las ocasiones carecen de sentido ante la ausencia de complejidad y oposición a las cuentas presentadas.\nPor otro lado, se permite que el tribunal ordene de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o asistido, una prueba pericial contable o de auditoría aun cuando nadie haya solicitado la comparecencia, si en el informe se describieran operaciones complejas o que requieran una justificación técnica.\nEsto responde a una necesidad que los tribunales han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, en la línea de alcanzar una mayor protección de los intereses del menor o de la persona con discapacidad.\nTambién se modifica un aspecto del expediente de autorización o aprobación judicial de actos de enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a menores o personas con discapacidad. De acuerdo con la nueva regulación del artículo 62.3 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la intervención de abogado y procurador ya no será preceptiva en todos los casos en que la cuantía de la operación supere los 6.000 €, sino solo cuando así resulte necesario por razones de complejidad de la operación o por la existencia de intereses contrapuestos.\nDe esta manera se pretende ahorrar costes al menor y a la persona con discapacidad en relación con actos que carecen de dificultad técnica o jurídica, habida cuenta de que en este tipo de actuaciones siempre va a existir un control judicial en el momento de decidir sobre la aprobación de lo solicitado.\n7.- El Código de Comercio publicado a través del Real Decreto de 22 de agosto de 1985, siendo su origen de 1886.\nSe reforman los artículos 4, 5 y 234 del Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación del Código Civil. En ellos se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad con medidas de apoyo por considerarla innecesaria, dado que esta cuestión se regirá por las normas generales previstas en el Código Civil.\n8.- Modificaciones en el Código Penal,\nPara mantener la coherencia del sistema, la reforma hace también necesaria la modificación de dos preceptos del Código penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha responsabilidad recae sobre persona distinta del autor del hecho delictivo, y la disposición adicional primera para adaptarla a la nueva regulación. Se modifica el Código Penal en sus artículos 118.1 y 120.1, así como en su Disposición Adicional Primera, lo que implica cambios en la redacción del supuesto de responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha responsabilidad recae sobre persona distinta del autor del hecho delictivo, estableciéndose además que:\n“Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20, el Ministerio Fiscal evaluará, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia de promover un proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona con discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran sido ya anteriormente acordadas, para su revisión”.\nPor último, cabe destacar la reforma de la Ley del Notariado y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, con el objeto de acompasar su regulación al cambio de paradigma que introduce esta reforma\nEsta nueva visión de las personas con discapacidad, pasando de ser meros sujetos de tratamiento y protección social a sujetos plenamente titulares de derechos se inició su regulación a través Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.\n3.5. CAMBIOS LEGISLATIVOS más relevantes desde 2011 a 2021\nSe modifica la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.\nEsta Ley recoge algunos de los cambios acordados que afectan a otras normativas vigentes hasta la fecha de publicación, adaptándolas a lo establecido en la Convención de la ONU de los Derechos de las personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos, incluyendo un nuevo apartado que da facilidades en la accesibilidad, comprensión y apoyo si se trata de personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 14/1986 General de Sanidad, incluyendo en varios artículos la no discriminación por motivos de discapacidad y la adaptación de la información para que sea accesible y comprensible.\nSe modifica la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, teniendo en cuenta las necesidades de apoyo de la persona y respetando su dignidad.\nSe modifica la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, incluyendo la adaptación y facilitación de la información para personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la adaptación de la información a las personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, incluyendo un porcentaje de empleo público a cubrir exclusivamente por personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, incluyendo la no discriminación por razón de discapacidad y la adaptación de la información a las necesidades de las personas con discapacidad.\nSe modifica la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, incluyendo una nueva disposición para la discriminación por razón de discapacidad.\nSe modifica la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, incluyendo una nueva disposición para la accesibilidad de las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada en los medios electrónicos.\nMás adelante, ya en 2013, se publica el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que recoge lo esencial y relevante de las tres leyes anteriores en materia de discapacidad, -hoy derogadas- siguiendo el artículo 4 de la Convención, que obliga a tomar las medidas legislativas frente a la discriminación para las personas con discapacidad.\nLISMI: Ley 13/1982 de integración social de las personas con discapacidad.\nLIONDAU: Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.\nLey de Infracciones y Sanciones: Ley 49/2007 por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.\nSe ha modificado la Ley que respeta el derecho al sufragio a todas las personas con edad requerida a través de la Ley Orgánica 2/2018 se modificó la Ley del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, siguiendo el artículo 12 de la Convención.\nLey Orgánica 2/2020, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.\nLey Orgánica 5/2018 pacto de estado en materia de violencia de género.\nLey 1/2021 en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.\nLey 19/2021 por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital.\nLey 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.\nLey 10/2021 de trabajo a distancia o teletrabajo.


Vecinos inauguran Primera Muestra Cultural de Antilhue\nURL Corta: http://rbb.cl/28an\nLos vecinos de Antilhue agrupados en la Unidad Vecinal, dieron el punta pie inicial a la Primera Muestra Cultural, en donde los pobladores de la localidad muestran la gastronomía local y artesanía a los visitantes, además de tener recorridos de ecoturismo que contemplan viajes en kayak por el corso del río y pesca deportiva.\nLa Primera Muestra Cultural de Antilhue, es una iniciativa presentada durante tres años a sucesivos fondos concursables, en donde este año obtuvo aportes monetarios del gobierno regional, además de empresas privadas.\nEl Presidente de la Unidad Vecinal de Antilhue, Carlos Alosilla, señaló a La Radio todo el trabajo que han realizado los vecinos de está localidad para poder levantar iniciativas como la Primera Muestra Cultural.\nAdemás, el dirigente vecinal, agregó que de la mano de este primer proyecto, están en proceso de realizar iniciativas de ecoturismo para poder ampliar el rango de alternativas para los turistas durante todo el año.\nPor su parte, la encargada de la Unidad de Cultura del Gobierno regional, Helga Hardessen, precisó que la localidad de Antilhue posee un capital humano lo suficientemente bueno como para poder potenciar la comuna y sacarla del letargo en el que se encuentra.\nPara los turistas que quieran asistir a este evento cultural se podrá hacer uso del Tren “El Valdiviano” que contempla sus salidas normales hacia la localidad, los fines de semana.\nEstá Primera Muestra Cultural de Antilhue terminara este domingo con el show de Schwenke y Nilo y el humor de Felo.


Los pagos al turno de oficio desatan la guerra entre Justicia y Abogacía | Actualidad y Tendencias\nLos pagos al turno de oficio desatan la guerra entre Justicia y Abogacía\n19 DIC. 2019 - 00:09\nLa Abogacía asegura que Justicia se extralimitó al pedir el reintegro de los honorarios del 'caso Gürtel'\nEl ministerio dirigido por Dolores Delgado se enfrenta al CGAE y a varios colegios de abogados por su decisión de sólo abonar el pago correspondiente a los expedientes reconocidos dentro del servicio de asistencia gratuita.\nEl caso Gürtel y el coste de las defensas que tuvo que asumir Justicia con el pago de los abogados de oficio a personas que no tenían derecho a la asistencia letrada gratuita como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Esto es lo que ha provocado que el ministerio dirigido por Dolores Delgado haya revisado la manera en la que su gabinete cubre o no la defensa de quien acredita recursos insuficientes.\nLa decisión venía anticipando un conflicto que acabó por estallar el pasado miércoles, cuando el Ministerio de Justicia anunció al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que, de cara al mes de octubre, sólo se iba a hacer cargo del pago del turno de oficio a los letrados que gestionan expedientes de justicia gratuita que cumplieran como tal esta condición.\nTurno de oficio y justicia gratuita: dos conceptos diferentes\nLa Ley de Asistencia Jurídica Gratuita tiene como fin satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución. Esto implica que, en España, cualquier persona puede enfrentarse a un proceso judicial con todas las garantías de igualdad e independencia, sin importar la situación económica del afectado. Las condiciones para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de justicia gratuita son varias, pero la más importante es que su unidad familiar no supere los 1.100 euros de ingresos mensuales brutos.\nEl turno de oficio nace y fundamenta su existencia, entre otras cosas, para asistir a las personas beneficiarias de la justicia gratuita. Estos letrados son designados directamente por los colegios de abogados.\nEn muchas ocasiones, el turno de oficio está ligado a la asistencia jurídica gratuita, pero no siempre es así. Todo beneficiario de este sistema tiene un abogado del turno de oficio, pero no todos los letrados son gratuitos para sus solicitantes.\nUn ejemplo para diferenciar la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio es la representación en los juicios rápidos (procedimientos en los que se juzgan delitos, que por la facilidad en su instrucción, se pueden resolver a los pocos días, premiando su conformidad con reducción en la condena). En estos casos, si el encausado no dispone de abogado para el juicio, le asiste uno del turno de oficio para evitar indefensión. Es después del juicio cuando el encausado puede decidir abonar la minuta al abogado o solicitar la justicia gratuita para ese procedimiento. En el caso de que se le conceda, será la Administración la que pague al letrado y, por lo tanto, será beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. En caso contrario, tendrá que abonar el encausado la minuta al letrado, aun siendo un profesional del turno de oficio.\nEl cambio de parecer de la actual ministra respecto a su predecesor ha puesto en pie de guerra a la Abogacía, que ha anunciado que demandará al ministerio y ha exigido la dimisión de su titular, Dolores Delgado.\nDesde el gabinete en funciones señalan a EXPANSIÓN que han tomado esta decisión tras consultar a la Abogacía del Estado y a la Intervención, "que han remitido informes en los que señalan que sólo pueden sufragarse con fondos públicos las actuaciones de abogados de oficio cuyos clientes tengan concedida la asistencia jurídica gratuita". De lo contrario, según aseguran las mismas fuentes, Justicia podría cometer los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.\nHasta ahora, el Ministerio se hacía cargo del pago de todas las minutas del turno de oficio prestado por designación judicial. Incluso de los que no estaban amparados por la carencia de recursos económicos y de los correspondientes a la defensa de sociedades mercantiles, una tarea que tanto el CGAE Español como el ICAM (entre otros colegios) piden que siga haciendo, ya que se trata "de un derecho reconocido en la Constitución".\nLos representantes de la Abogacía señalan que todos los ejecutivos "han tirado" del turno de oficio para evitar la paralización de las macrocausas, "por lo que es su responsabilidad que los abogados cobren". En el caso Gürtel, 19 letrados en esta condición y siguiendo el mandato de los jueces se hicieron cargo de las defensas de varios imputados.\nPero, ¿qué dicen los principales protagonistas de este asuntos?\nMinisterio de Justicia. Tras recibir sendos informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada, el Ministerio de Justicia señala que los abogados que prestan el servicio del turno de oficio van a cobrar todos aquellos expedientes a los que se les haya concedido la asistencia jurídica gratuita. Los realizados por el turno de oficio prestados por designación judicial pero que no estén amparados por la carencia de recursos económicos no se abonarán, porque no tienen derecho como tal.\nConsejo General de la Abogacía Española. El Consejo General de la Abogacía Española ha anunciado que demandará al Ministerio de Justicia y pide la dimisión de Dolores Delgado. Además, le reclama que asuma el pago al completo del turno de oficio por designación judicial. Abogacía también señala que, con esta resolución, el Gobierno ignora que la designación de abogado "es un mandato del juez instructor y que responde a un derecho constitucional".\nIlustre Colegio de Abogados de Madrid. En un comunicado, la junta de gobierno del ICAM muestra su rechazo a la decisión tomada por el Ministerio de Justicia. El colegio de abogados de Madrid señala que "no va a permitir que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas". Además, advierte de que iniciará las acciones legales correspondientes.\nAsociación de Letrados por el Turno de Oficio. Los representantes de la Asociación de Letrados por el Turno de Oficio (Altodo) denuncian que la medida tomada por Justicia supone la "exclavización" de los abogados del turno de oficio, "por cuanto que se les obliga a prestar un servicio público sin percibir compensación económica alguna". Además, piden una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar el cobro de estos profesionales en todo caso.\nVolver a la noticia Los pagos al turno de oficio desatan la guerra entre Justicia y Abogacía