Resumen - Lenguaje y Revolución (2008)\nDescription: Resumen del Libro completo, de todas formas cada artículo está cargado individualmente\nResumen del Libro completo, de todas formas cada artículo está cargado individualmente\nNoemí Goldman (editora) (2008) LENGUAJE Y REVOLUCIÓN.\nCONCEPTOS POLÍTICOS CLAVES EN EL RÍO DE LA PLATA, 17801850 Noemí Goldman INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE SOBERANÍA\nEn los últimos años la historiografía argentina e hispanoamericana promovió una reinterpretación global del proceso de independencia, prestando especial atención al uso de los conceptos políticos que singularizaron esa experiencia y que muchas veces fueron considerados en forma anacrónica. El análisis de los conceptos políticos fundamentales que constituía ciertamente una de las vías posibles de ingreso a una mejor comprensión de ese complejo proceso, tuvo la virtud de condensar algunas de las cuestiones más significativas, y de vincular la historia política con la historia sociocultural. En efecto, al reexaminarse los empleos de vocablos básicos como ciudadano, nación, opinión pública, pueblo o soberanía, pudo establecerse que los significados de esos términos no eran unívocos, ni se ubicaban necesariamente en una línea de continuidad con los significados que hoy se le atribuyen. No hubo un pasaje directo de la soberanía del rey a la soberanía de la nación, sino que surgieron otros sujetos políticos que reclamaron el ejercicio de la soberanía: ciudades, pueblos, provincias. Asimismo, una nueva reflexión sobre la cultura política pone hoy el acento sobre las fallas o aporías constitutivas de los propios modelos constitucionales modernos y sus usos selectivos por parte de los actores iberoamericanos, que sobre la falta de originalidad o inadecuación social de sus empleos en Hispanoamérica. Si bien la polisemia es constitutiva del lenguaje político, la creciente inestabilidad semántica en la producción conceptual del período constituye en sí misma una novedad que merece ser explicada. Se vincula, por un lado, con los cambios generales acaecidos a ambos lados del Atlántico con la crisis de la monarquía española de 1808, la acefalia real y el inicio de los procesos revolucionarios, que en el Río de la Plata se vieron precedidos por las invasiones inglesas y, luego de 1810, por una disputa entre diferentes concepciones de la soberanía que derivó en la indefinición de una organización política para el conjunto de las provincias del ex virreinato. Esta circunstancia coadyuvó, entre otros factores, a promover una singular coexistencia de términos de naturaleza diversa, aunque con una impronta de los lenguajes del derecho natural y de gentes. Por otro lado, la polisemia se relacionó con la circulación y los procesos de apropiación/selección/traducción de nuevos modelos de organización política en función de las alternativas que a cada paso planteaba la acción política. No se tratará, pues, de buscar la definición adecuada de cada concepto sino de elucidar en cada momento la relación entre el concepto y su contexto, teniendo en cuenta que los ritmos de uno y de otro no siempre fueron coincidentes. En el punto de intersección del concepto con su contexto también se verá como asomaron reflexiones de los propios actores sobre los cambios conceptuales en curso y disputas por definir las palabras, que constituyen en sí mismos valiosos indicativos de la incipiente conciencia político-lingüística de la experiencia del cambio histórico. La investigación se inscribe dentro de las perspectivas y problemáticas inauguradas por el análisis de los lenguajes políticos, una de cuyas líneas más productivas se vincula con el estudio de los conceptos políticos y sociales en su devenir histórico. Desde hace algunos años, los estudiosos de la discursividad histórica han confluido en un foro de debate común y vienen desarrollando encuentros internacionales de diálogo e intercambio metodológico, así como estimulando la inclusión de perspectivas cada vez más comparativas y transversales en el análisis de los conceptos políticos y sociales.\nPara el estudio de cada uno de los conceptos se han incorporado fuentes de diversa naturaleza, y desarrollado un abordaje cronológico con el propósito de desplegar los usos de los términos y sus evoluciones en diferentes contextos y espacios, integrando al mismo tiempo sus nuevas funciones sociales. El ordenamiento cronológico seleccionado para el análisis de los conceptos se funda en la consideración de dos cuestiones sustanciales para comprender las conexiones entre los cambios socio-políticos y los conceptuales de la época: de un lado, la politización producida por la Revolución de Mayo y las guerras de independencia, del otro, las disputas y problemas suscitados por la vacancia del poder real y la retroversión de la soberanía a los pueblos. Pero para hacer más claras las mutaciones conceptuales, así como para evaluar su impacto en el nuevo proceso histórico inaugurado por la Revolución, el análisis se inicia en el período tardocolonial y concluye con la proclamación de la Constitución de 1853 que cierra un ciclo histórico, aunque en muchos aspectos aún de manera provisional.\nEl concepto de soberanía merece una consideración aparte al resto de los términos por constituir un verdadero concepto bisagra del período, que aparece frecuentemente asociado o en tensión con el resto de los vocablos, y, por lo tanto, integrado al análisis de cada uno de ellos. Antes que los conceptos de pueblo/pueblos y nación se asocien con el de soberanía en las disputas referidas a la posibilidad de crear nuevas entidades político-territoriales autónomas y/o independientes luego de 1810, los Borbones habían dado amplia difusión a la teoría según la cual el rey recibía la soberanía en forma directa de Dios. Cabe recordar, también, que buena parte de los asistentes al decisivo Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 invocó el concepto de reasunción del poder por parte de los pueblos, noción que remite a la antigua doctrina del “pacto de sujeción” por la cual, suspendida la autoridad del monarca, el poder\nvuelve a sus depositarios originarios. Si bien la figura de la “retroversión de la soberanía” fue explícitamente invocada para preservar los derechos del rey cautivo de manera que la soberanía quedaba transitoriamente en “depósito” en la Junta hasta tanto se reuniese la asamblea o congreso de los pueblos que decidiese sobre la suerte del conjunto, el hecho es que éstos fundaron desde el principio en la “retroversión” sus pretensiones soberanas ante la Junta de Buenos Aires. El problema de la soberanía, a saber si es indivisible o escindida, se presenta desde el comienzo del proceso independentista como una cuestión en disputa. Mariano Moreno había preferido frente al “pacto de sujeción” el concepto de “soberanía popular” que permitía fundamentar el derecho a la emancipación de América. Pero si bien Moreno introduce claramente el pacto de sujeción basándose en el Contrato Social de J. J. Rousseau, mantiene el plural de pueblos para defender los recuperados derechos de los mismos frente al Monarca. En consecuencia, desde 1810 el concepto de soberanía es a la vez indicador de la demanda y del ejercicio de hecho de nuevos poderes por parte de los pueblos, así como el factor decisivo en la aparición de las dos tendencias que predominaron durante la primera mitad del siglo XIX: la que sostuvo al existencia de una única soberanía como base para la creación de un Estado unitario opuesta a la que defendía la creación de tantas soberanías como pueblos había en el Virreinato. El concepto de revolución adquiere durante la década de 1810 dos connotaciones, una positiva, como mito de orígenes irrecusables, y la otra negativa como desencadenante de conflictos no deseados. En esta segunda acepción se vincula con la cuestión irresuelta de la soberanía y sus concepciones contrapuestas. Patria constituye uno de los conceptos de mayor difusión social y connotación positiva del siglo XIX. Junto a su creciente politización al calor de la Revolución, se mantendrá la acepción de patria como lugar de nacimiento, que se acentuará con la crisis de 1820 y el surgimiento de soberanías provinciales; ambos sentidos convivieron durante toda la época considerada. El concepto de soberanía con relación al de constitución permite explicar porque el debate constitucional de la primera mitad del siglo XIX fue ante todo una disputa relativa a las formas de gobierno por sobre los derechos o la división de poderes que derivaba, a su vez, de la indefinición del sistema político. En la “Soberanía del Pueblo” se fundó el otorgamiento de los primeros derechos de ciudadanía por medio del Estatuto Provisional de 1815. Pero curiosamente la asociación entre vecindad y ciudadanía no dio paso en el Río de la Plata a una ciudadanía nacional; por el contrario, la creación de los Estados autónomos a partir de 1820, una vez fracasado el primer intento de organización nacional de 1816-1819, convirtió a los pobladores vecinos-ciudadanos de cada provincia en sujetos de soberanías locales con derechos propios. Otro caso ilustrativo es el de república, que adquiere un nuevo sentido cuando empieza a ser invocada por los pueblos en el contexto de la retroversión de la soberanía luego de la Revolución. La sinónima entre república y pueblo soberano surge con claridad de una representación del Cabildo de Jujuy al gobierno revolucionario, donde se le solicita su separación de la intendencia de Salta. El concepto de opinión pública tampoco es ajeno al de soberanía. La difusión de la voz en el Río de la Plata se vincula con la crisis de soberanía abierta por los acontecimientos peninsulares de 1808, y en particular con la necesidad de dotar de nueva legitimidad al naciente gobierno criollo. Por último, la discusión de los términos liberal/liberalismo se vinculó con el concepto de soberanía cuando la mayor difusión de los sintagmas “sistema liberal”, “principios liberales” o “instituciones liberales” coincidió con la creación de las soberanías provinciales y el inicio de la implementación de regímenes representativos.\nOrestes Carlos Cansanello CIUDADANO/VECINO\nLos habitantes del Río de la Plata virreinal desenvolvían sus vidas en un mundo que se resistía a dejar de lado el orden estamental. En ese marco la voz ciudadano tuvo un uso extendido en el siglo XVIII. Era el vecino que podía elegir a los funcionarios y que, a la vez, podía ser elegido: españoles o hijos de españoles con limpieza de sangre, raigambre y prestigio. En el orden social virreinal, de cuerpos y fueros, eran los “más o mejores vecinos”. Durante ese siglo XVIII el ciudadano era por tanto a la vez el sujeto pergeñado por la Ilustración y el hombre libre con estado de ciudad. En la construcción que acompañó a las reformas borbónicas, la noción de ciudadano no era incompatible con la de súbdito de la Corona, con obediencia a la voluntad del monarca y pertenencia a los cuerpos. En la base de la ciudadanía estaba la figura reconocible del vecino, que ligado al Cabildo era el sustento cívico de la Monarquía. Vecino era el habitante varón que vivía en la ciudad con capacidades civiles plenas, el que se asentaba en el campo a poblar en calidad de hacendado, de comerciante o de labrador. Tanto los vecinos rurales como los urbanos estuvieron sujetos a los cabildos, a los alcaldes rurales, a los comandantes de frontera y a los jefes de milicias. Los domiciliados tenían una condición civil superior a la de los transeúntes. En la antigua ciudad indiana la calidad de vecino se obtenía por pedido del interesado que hacía constar ante el Cabildo que tenía “casa habitada” y que había servido en las milicias. En la práctica cotidiana rioplatense la ciudadanía se sostenía en la vecindad, aunque nunca fue la misma cosa, porque mientras la ciudadanía remitía a la representación en todas sus formas, la vecindad se vinculaba al “común” en su doble acepción hispana: los bienes comunes y todo el Pueblo. El ciudadano, integrante de tribunales, funcionario real, comerciante o hacendado, era un “vecino con estado de ciudad”, un sujeto corporativo, elector de autoridades y habilitado para postularse a cargos electivos; por eso no existía ciudadanía en el mundo rural donde no había elecciones ni autoridades tangibles. Si bien todo el Virreinato se rigió por un único marco normativo castellano-indiano, hubo diferencias pronunciadas de aplicación práctica en sus tres grandes regiones: el Alto Perú poblado por aymaras, quechuas y mestizos que comprendió a Jujuy, Salta y Tucumán; la región de Cuyo y el litoral que corría hacia el Atlántico. La Revolución de Mayo de 1810 introdujo una cuña entre los conceptos de vecino y ciudadano, porque denominó ciudadanos a todos los hombres libres que alistó en los ejércitos. El desplazamiento de los españoles del lugar privilegiado que tenían en la sociedad rioplatense les quitó el portador a las categorías vecinos y ciudadano, porque desapareció la posición superior de natural de España, que a los vecinos virreinales les daba cierto carácter nobiliario. Pero tras la inicial separación que impuso la Revolución entre ciudadanía y vecindad, cuando los frentes se estabilizaron y se declaró la Independencia en 1816, las autoridades buscaron cerrar la brecha entre ambas expresiones para poder\nenraizar a los pueblos que se formaban empujando las fronteras. La vecindad se mantuvo en transición durante la primera década revolucionaria, una figura que mantenía el estatuto indiano atado el domicilio y a la inclusión en el padrón de milicias, al estado de familia y al cumplimiento de las obligaciones comunales. Por otra parte, al tiempo que la vecindad retenía los rasgos estamentales y corporativos, era también empleada para establecer la autoridad central sobre los pobladores que empujaban las fronteras. La categoría jurídica vecino conservó una férrea sujeción al domicilio durante todo el siglo XIX, que se supone demostrada por la obligación de transitar con “pase” en todas las provincias de la República hasta principios del siglo XX El domicilio vinculaba la categoría de vecino a la de ciudadano, porque orientaba la confección de los padrones de milicia, los de impuestos y las listas electorales. Por eso, el tiempo de la ruptura con el orden monárquico, en el que se produjo la separación entre ambas categorías, fue también el de la construcción de una nueva relación vinculante. En el Estatuto Provisional de 1815, y en mayor medida con su puesta en práctica, se entrecruzaron las concepciones corporativas y territoriales con las nuevas formas de representación individual. La legitimidad sustentada en la práctica del sufragio no pudo tener otra consecuencia que la de un decisivo impulso a la ciudadanía política. La ampliación de la ciudadanía electoral que se hacía suprimía la categoría castellana de vecino y declaraba ciudadanos a todos los hombres libres mayores de 25 años, nacidos en el territorio, aunque mantenía exclusiones heredadas del régimen civil castellano. El siguiente punto de inflexión, un verdadero salto en calidad, se vivió a partir de la crisis de 1820, año en que los “pueblos” dejaron de integrar las Provincias Unidas para convertirse en provincias autónomas. Las antiguas ciudadescabildo, se dedicaron a sostener sus soberanías, formar sus gobiernos y administraciones locales, extender y fijar jurisdicciones. En consecuencia, la ciudadanía se hizo también local y tuvo que ser construida sobre la vecindad provincial, que no puede ser comprendida si se estudia fuera del servicio miliciano de cada provincia. El de las autonomías fue un fenómeno determinante, en el que la incorporación de las campañas y de las poblaciones rurales a cada sistema político provincial y la adopción de una vía de legitimidad mediante elecciones fue decisiva para definir una figura vecinal con nuevos perfiles. Los nuevos contextos de la política, durante la etapa revolucionaria habían hecho del sufragio un instrumento efectivo en los procesos de legitimación de las autoridades. La novedad política resultante fue la nueva representación, que emergió útil e ineludible. Representación con rasgos tutelares de antiguo orden, un vínculo de derecho privado que se ponía en uso para fines públicos, que conservaba la voluntad preexistente del mandante al tiempo que transfería creciente protagonismo a los sufragantes. Con las autonomías provinciales, fue una práctica necesaria la ampliación del sufragio y de la representación, de la que eran portadores las poblaciones. La aplicación regular del recurso al sufragio condujo definitivamente hacia formas de representación no monárquicas. Las elecciones fueron la parte central de un ritual que se practicaba como acto de respeto a las autoridades, de sujeción a la Ley y de apego a la religión. El procedimiento era conocido y aceptado: asentamiento espontáneo o inducido, incorporación de los pobladores a las milicias y elecciones, en un aceptado mecanismo de subordinación que legitimaba a las autoridades provinciales y que volvía en forma de legalidad. A comienzos de 1831, Rosas era Gobernador de Buenos Aires y ésta formaba parte de la Liga del Litoral. Las provincias integrantes de la Liga firmaron el Pacto federal en 1831, al que adhirieron más tarde las restantes provincias. El resultado fue la formación de una Confederación que perduró hasta 1852, año en que tras la batalla de Caseros se disolvió. Un matiz particular tuvo la interpelación política “a los ciudadanos” en la Confederación: estaba dirigida a exaltar el orden y las obligaciones republicanas. De esa etapa, en el contexto de la guerra facciosa entre unitarios y federales, se imponía una imagen de la libertad individual atada a la justicia de los actos del mandante; justicia que se derramaba sobre la pertenencia a un orden cívico y político trascendente, que era el orden federal. Por otra parte, la nueva vecindad adquirió su centralidad en cada provincia, porque fue portadora de legitimidad institucional, de los poderes públicos tanto como de obligaciones y habilitaciones individuales. Por ello la ciudadanía tuvo que ser sostenida por la vecindad. La vecindad y la ciudadanía presentaban diferentes planos de producción, el de la práctica cotidiana local y el de construcción de la ciudadanía en la Confederación que fue una empresa imposible; porque el desarrollo de formas estatales en las provincias restringió la libertad de tránsito de los habitantes y subrayó la obligación de viajar con “pase” o pasaporte. A diferencia de lo que ocurría en el resto de las provincias, proclives a reconocer los derechos de la ciudadanía en los habitantes no nativos, los bonaerenses no consideraron necesario modificar el manejo jurídico de la categoría vecino y todavía en 1850 se definía al vecino según la legislación indiana. Aunque en apariencia contradictorio, desde la revolución se desplegaron con sentido contrario: un resistente derecho civil indiano que reforzaba sujeciones interpersonales y un sistema liberal de elecciones que impulsaba derechos políticos. Claramente, el avance de los derechos políticos fue más acelerado y transitó por caminos separados del que tomaron los derechos civiles.\nNoemí Goldman CONSTITUCIÓN\nEl concepto de constitución en el Río de la Plata descubre las diversas alternativas de recomposición del cuerpo político hispano y devela algunas de las claves sustanciales para comprender las razones que hicieron fracasar los proyectos de organización nacional hasta 1850, así como la importancia de la resemantización del concepto en la elaboración de una nueva argumentación sobre el diseño constitucional que acompañó la creación del Estado-nación argentino. El carácter incierto de la noción de constitución se vincula con la indefinición del sistema político y con las disputas por la determinación del sujeto de imputación del poder constituyente, que alcanzan su punto más álgido en el Congreso General Constituyente de 1824-1827. Uno de los primeros intentos de reformar el orden político de la Monarquía se plasma en el escrito elaborado por Victorián de Villaba en 1797, Apuntes para una reforma de España, sin trastorno del Gobierno Monárquico ni la Religión. Pero esta iniciativa apenas logró turbar el uso frecuente del término constitución con referencia al orden de la monarquía española. Sentido que se acentúa cuando la crisis peninsular de 1808 incrementa las actitudes defensivas de las autoridades españolas frente a los reclamos de libertad comercial de\nlos españoles americanos. Por otra parte, el uso antiguo de constitución: “ordenanza, establecimiento, estatuto, reglas que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de alguna República o comunidad” reglaba, al igual que en el resto de Hispanoamérica, la vida de las instituciones religiosas y civiles del Virreinato. Las primeras consideraciones sobre la cuestión constitucional en ruptura con el orden monárquico surgieron en el contexto de la crisis española y la creación de la primera Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata en Buenos Aires. En los discursos de Mariano Moreno de la Gazeta de Buenos Ayres de noviembre y diciembre de 1810, se postula el principio de una soberanía “indivisible e inalienable” como fundamento de la voluntad general, y se brega por la pronta reunión de un congreso de los pueblos que no debía limitarse a elegir nuevos gobernantes, ni a emancipar a las provincias del Río de la Plata de la Corona española, sino a “fijarles la constitución y forma de gobierno”. La constitución, entendida como el compendio de las leyes sabias, debía garantizar la seguridad de las personas, sus derechos, así como sus obligaciones y los límites de la obediencia. Cabe observar que en la misma Gazeta, junto a los discursos de Moreno, se publicaron dos artículos que trataban de la constitución basándose en una concepción diferente de la soberanía y de las obligaciones sociales. Estas concepciones opuestas de la soberanía, una indivisible y la otra plural –la segunda basada en el principio de consentimiento del derecho natural y de gentes- como fundamento de la nueva constitución, sustentaron dos tendencias hacia la organización del Estado, una centralista, luego unitaria; la otra confederativa, también llamada “federal”. Dentro de esta última se destacó el proyecto confederal de Artigas en la Banda Oriental. En efecto, en las Instrucciones a la Asamblea de 1813 los diputados orientales presentaron una propuesta clara de carácter confederal. Constitución es en estas instrucciones reconocimiento de la soberanía, libertad e independencia de la Provincia Oriental, que tendrá derecho a tener su propia “Constitución territorial” dentro de la general de las Provincias Unidas. Pero no hubo lugar a la consideración de esta propuesta por parte de la Asamblea, quien rechazó los poderes de los diputados orientales por supuestos vicios de elección. En la primera década revolucionaria la indefinición del sistema político se convirtió asimismo en objeto de debate público acerca del carácter “permanente” o “provisorio” de la constitución. Cuando en 1816 se reúne en San Miguel de Tucumán el nuevo Congreso Constituyente, se plantea nuevamente la cuestión; a saber, si es conveniente redactar un código constitucional cuando algunas de las provincias permanecen aún bajo dominio español. Este impedimento tiene su correlato en la vigencia del mandato imperativo, en virtud del cual los representantes electos al Congreso son apoderados de sus pueblos y deben ajustar su actuación a instrucciones previas, circunstancia que dejaba en manos de los pueblos el derecho de aceptar o rechazar el texto constitucional. En estos discursos de asamblea –así como en la prensa- la voz constitución queda subsumida en la de formas de gobierno, en la medida en que por una parte se debate en términos de adaptación de modelos, y, por la otra, se dispone que en los pueblos reside el poder de su aceptación o rechazo. Con la declaración de Independencia en 1816 la voz constitución dará cuenta de las diversas maneras de imaginar la conformación de la conformación de una nación. En la declaración se prefiere mencionar a las Provincias Unidas de Sud América y abandonar la referencia al Río de la Plata. El cambio de nombre indicaba que se estaba pensando en un nuevo cuerpo político integrado por los territorios que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, del Perú y de la Capitanía de Chile. En el marco de esta recomposición “americana” del espacio la constitución monárquica debía incluir la división de poderes y la preservación de los derechos de los individuos. Si bien la convocatoria a un nuevo congreso en 1816 marcaba un cambio en la política de la elite de Buenos Aires con relación a los pueblos del interior, al buscar acercarse a sus intereses y consolidar nuevas alianzas con figuras locales influyentes, el texto constitucional de carácter centralista votado por el cuerpo representativo fue finalmente rechazado por los pueblos y el Congreso disuelto. En 1820 un grupo de oficiales se sublevó en la Posta de Arequito contra el Directorio, iniciando así el proceso de derrumbe del poder central. En ese año se inicia el proceso de formación de soberanías autónomas con instituciones propias, que se correspondían con el ámbito de la ciudad y su jurisdicción. Varias de las provincias se dan sus propias autonomías y permanecen en virtual autonomía hasta 1824 en que Buenos Aires convoca a un nuevo Congreso General Constituyente (1824-1827) con el propósito de reorganizar el ex virreinato bajo una constitución común. En el marco de este Congreso se dicta la Ley Fundamental que reconoce una situación de hecho: el estado de independencia en el cual se hallan las provincias. Hasta tanto se establezca una nueva constitución, que debía ser sometida a los pueblos, se delegaba el Ejecutivo Nacional provisorio en Buenos Aires. El reconocimiento de esta situación ubicó la discusión constitucional en otro escenario, que planteó un nuevo interrogante: ¿cómo preparar a los pueblos para que aceptasen organizarse en Estado-nación? Fracasado el proyecto constitucional de 1819, ya no se trataba de buscar la traducción perfecta de una combinación de formas en un código constitucional, sino de organizar previamente el Estado por medio de leyes particulares. Desde el inicio del nuevo Congreso se debate más en términos de soberanía que propiamente de constitución. Los diputados se preguntan una y otra vez si hay nación o no en el momento de su instalación, o sea, donde reside el poder constituyente: si en las provincias “en uso completo de su soberanía”, o en la “nación”, cuya “voluntad general” se expresa por los diputados reunidos en congreso. Como se ve, la “constitución” se ubica dentro de un horizonte de expectativa de realización futura, pero aún incierta con respecto a sus fundamentos: el sujeto de imputación de la soberanía, la forma de gobierno, los poderes de los diputados y los límites de su territorio. La prudencia de una primera etapa, en la que primó la idea de consolidar las instituciones de cada espacio soberano antes del dictado de una carta constitucional que los uniera bajo una ley común, se confunde rápidamente con una segunda etapa, en la que prevalece la idea de promulgar cuanto antes una constitución. En el cambio de posiciones peso la guerra con el Imperio brasilero, como consecuencia de la incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas (abril de 1825), y la firma del tratado comercial y de amistad con Inglaterra. Tal como había establecido la Ley Fundamental, se dispone que la nueva constitución, sancionada por el Congreso el 24 de diciembre de 1826, sea sometida al “examen y libre aceptación de la capital y provincias”; circunstancia que llevó al inmediato rechazo del texto por parte de las provincias de Mendoza, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero, y a la posterior disolución del Congreso. El período que sigue al fracaso del último intento de organización nacional de la primera mitad del siglo XIX es rico en la producción de textos constitucionales provinciales y leyes complementarias para reglar la vida institucional provincial. Sin embargo, los debates en el seno de las legislaturas provinciales\nmuestran la coexistencia de viejas y nuevas significaciones de constitución., que derivan de la superposición de antiguas prerrogativas jurisdiccionales con nuevos derechos “constitucionales.” De allí que mientras por una parte se crean textos constitucionales para afirmar la soberanía de las provincias, aunque sin abandonar en varios de ellos la aspiración a una futura unión en un Estado-nación; por otra parta el concepto de constitución sigue siendo tributario de una cierta concepción del ordenamiento institucional como amalgama histórica de hecho, aunque perfectible por sucesivas reformas. Una nueva concepción de la constitución, superadora del enfrentamiento entre federales (en verdad confederales) y unitarios, empieza a elaborarse con la llegada de la generación del ’37, y se plasma en las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi. Publicado en 1852, previo a la reunión del Congreso, el texto proporciona los fundamentos doctrinarios de la Constitución republicana, representativa y federal argentina que se proclamara en 1853. En base a una crítica de las ideas constitucionales de la generación anterior, el ensayo propone una nueva fórmula, un “gobierno mixto” que combine la soberanía de las provincias con las de la nación. Para Alberdi ya no hay lugar a debate sobre la forma de gobierno: el gobierno republicano ha sido proclamado por la “revolución americana”. Es un hecho también que la soberanía reside “originariamente” en la nación, y la democracia es la esencia de gobierno. La “federación” o la “unidad”, es decir, “la mayor o menor centralidad del gobierno” constituyen sólo un “incidente”. Dirimida la cuestión sobre las formas de gobierno y ya sancionada la Constitución Nacional de 1853, comenzará otra historia que enfrentará ahora a Alberdi con Sarmiento en un nuevo debate constitucional por la definición del sistema de poderes y su articulación con la economía, la sociedad y la educación en las provincias argentinas.\nOrestes Carlos Cansanello (2008) DERECHOS/DERECHO\nEl orden jurídico virreinal estaba dominado por la diversidad. En el mapa de los derechos, las diferencias entre los individuos se presentaban como estado, privilegio y oficio. El estado era una condición del individuo, un lugar social con derechos y privilegios que se entendían comunes a todos los incluidos en el mismo universo o estatuto. Las leyes de Indias aplicaron el derecho castellano con ajustes a la problemática americana. Los estados comenzaban por el derecho natural: nacido o por nacer, hombre o mujer, mayor o menor. Luego por el lugar social. En la cima de la sociedad virreinal se encontraban los funcionarios reales, los militares y los vecinos, todos con sus correspondientes derechos. Los naturales de Indias fueron considerados menores, aunque eran libres y tuvieron todos los derechos que a ese estado correspondían. Varios estados diferentes concurrían en una única persona, operábase de esta forma una personificación de los derechos. Los fueros eran privilegios que se otorgaban por los servicios de armas, tanto a los oficiales y sargentos como a los soldados y a los milicianos en servicio. Cada hombre usaba de múltiples derechos o de personificaciones según la correspondiente situación; de manera correspondiente, las normas eran dispuestas sobre esa base. Los derechos son, en el presente, una creación escrita y codificada de los legisladores y cuesta evitar que esa imagen se proyecte hacia el pasado virreinal tras la búsqueda de regímenes separados de derechos, políticos, civiles y sociales aunque no había entonces tal separación. En años recientes se ha criticado la actitud de adjudicar a la Corona un poder excluyente en la creación de leyes que no tuvieron y en tomar a las recopilaciones como únicas fuentes de legislación. Durante el Virreinato, pueblos y ciudades, así como distintos cuerpos (cabildos, hermandades, gremios) pudieron compartir derechos, de manera especial los de representación. “Derecho: se suele tomar asimismo por representación”. Variadas habilitaciones eran concedidas por la corona a personas ideales o fictas, a los entes recaudadores, iglesias, conventos, gremios o a sociedades comerciales para cobrar cánones, gabelas, tasas, a las que genéricamente llamaban derechos. La tradición ibérica que respetó antiguos fueros de ciudades, reconocía en la representación un derecho no natural sino propio del derecho de gentes y fue valido también para las ciudades americanas que tuvieron sus privilegios y fueros. Hicieron uso de la representación las cabeceras virreinales, las ciudades importantes y también las villas. La razón de las representaciones reapareció con gran fuerza durante la Revolución de Mayo cuando los pueblos reasumieron la soberanía. La retroversión de la soberanía en los pueblos asociada a la representación, permitió que se ejerciera el derecho de enviar representantes a la Junta Gubernativa. Si los derechos de los pueblos no parecían estar en discusión y no lo estuvieron una década después de la Revolución de Mayo, otra cosa era lo que sucedía en torno de los derechos individuales (a la personalidad). Aquellos que hoy llamamos en general derechos y garantías constitucionales eran portados por los habitantes (por derecho natural) y se inscribían en la constitución histórica peninsular. El proceso revolucionario iniciado en 1810 hizo que los derechos tuvieran como fuentes a las leyes sancionadas por la Asamblea de 1813, los Congresos Constituyentes de 1816-1819 y 1824-1827, y las Juntas de Representantes provinciales. El proceso de individuación recibió un fuerte impulso durante la primera década revolucionaria y durante la formación de los Estados autónomos luego de 1820, que inició la separación entre los derechos de la ciudadanía política que fueron favorecidos, y el orden civil heredado renuente a todo cambio profundo. De allí que la condición de doméstico, peón, dependiente, estante, agregado o liberto, implicaba una relación de sujeción personal que condicionaba el acceso a los derechos. Afectaba capacidades civiles porque condicionaba el libre tránsito y el disfrute del dominio pleno de la tierra y la presentación individual “por si” a la justicia. Los derechos a la personalidad circularon desde entonces por una senda compleja, no exenta de contradicciones, atadas al orden virreinal que impedía la igualdad civil y, al mismo tiempo, impulsadas por la fuerza que imponía la ciudadanía revolucionaria. El Segundo Triunvirato hizo lugar a que se constituyera la Asamblea General en 1813, en el contexto de la guerra de la Independencia y confrontó con Artigas. La Asamblea se integró en enero de ese año, suprimió los instrumentos de tortura, sancionó derechos de seguridad individual, la libertad de vientres y un régimen para los libertos, entre otras disposiciones. Aunque se convocó constituyente no pudo dictar una Constitución ni arribó a una organización política de las provincias Unidas. Hubo otros instrumentos preconstitucionales provisorios donde los derechos empezaron a cobrar una nueva acepción, como el Estatuto Provisional de 1815.\nEl Estatuto avanzaba en la definición de la ciudadanía, delimitaba el universo de quienes eran alcanzados por los derechos de sufragio y las condiciones por las que se perdía la calidad de ciudadano, que se vinculaba a los estados civiles que tenían los dependientes, naturales y castas. El proceso de individuación fue desde entonces progresivo aunque de ningún modo lineal ni tampoco homogéneo. El Congreso que declaró la Independencia en 1816, sancionó también el “Reglamento Provisorio para la dirección y administración del estado” del año 1817, en el que se aseguraba “los derechos de los habitantes del Estado son: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad” (art. 1, cap. 1, secc. 1). En otros que le seguían establecía garantías a la seguridad individual e introducía innovaciones en los procedimientos penales. Por otra parte, la permanencia del orden civil castellano indiano se expresaba en todo momento, en especial con el problema que acarreaban las peticiones de emancipación de los hijos de familia. El régimen de garantías individuales superó el escollo que representaron las autonomías surgidas a partir de 1820 luego de la caída del poder central, y se extendió a todas las provincias, conservando las características descritas, sin régimen inquisitorial castellanoindiano, con debido proceso y otras garantías. En Buenos Aires destaca la Ley de Sufragio de 1821 que consagró el voto activo, amplio e inclusivo para los hombres libres mayores de edad; no así el pasivo, reservado para los vecinos de nota. El sufragio, percibido como expresión de la voluntad del ciudadano, inauguró la nueva soberanía que rápidamente fue republicana pero tuvo que sostenerse en los vecinos de la provincia. Pero cabe evitar el riesgo de imaginar un escenario igual en todas partes, porque si bien el fenómeno de la nueva vecindad adquirió centralidad en cada provincia, las formas de conceptualizar esos nuevos derechos fueron locales, al igual que el grado de organización que alcanzó cada espacio provincial. Destacan, por otra parte, por su importancia, las garantías en los procesos judiciales, que fueron incluidas en las leyes constitucionales de los nuevos Estados provinciales. También hubo una nueva legislación penal, aunque al mismo tiempo se hicieron más fuertes las protecciones a los domiciliados milicianos, a los vecinos de raigambre y prestigio, por encima de todo otro habitante. De todas formas, las protecciones y garantías ciudadanas que consagraran las leyes no estuvieron firmes, ni siquiera con las constituciones provinciales, dado que quedaban a merced del otorgamiento de facultades extraordinarias a los gobernadores y del arbitrio de los jueces. En 1835 comenzó una etapa de consolidación de la Confederación con fuerte predominio de Juan Manuel de Rosas. Con vigencia plena del Pacto federal de 1831 y con las condiciones legales que se han descrito. Por todo ello, es que, en perjuicio de todas las garantías consagradas por las constituciones provinciales y por las leyes y estatutos revolucionarios, la guerra civil que enfrentó a unitarios y federales arrasó con los derechos fundamentales de los enemigos derrotados. Aunque parezca una contradicción, desde la Revolución hasta la Unidad Nacional, se mantuvo un resistente derecho civil indiano que reforzaba sujeciones interpersonales cuando, al mismo tiempo, se desplegaba un sistema de elecciones y una extensión del sufragio que empujaba hacia la igualación de derechos individuales. Alberdi explicaba las características de la igualdad civil consagrada por la Constitución de 1853: “ya no se diferencian las personas en cuanto al goce de los derechos civiles, como antes sucedía, en libres, ingenuos y libertinos (…) el Art. 15 suprime la esclavitud; el Art. 16 iguala a todo el mundo ante la ley, y el 20 concede al extranjero todos los derechos civiles del ciudadano.” Alberdi era testigo de cambios que él también había impulsado, la sanción de la igualdad civil. Esa era la estación de llegada; de las varias fuentes de derechos al monopolio estatal de crearlos, el final de un proceso que dio comienzo a la etapa del derecho codificado.\nFabio Wasserman LIBERAL/LIBERALISMO\nLa familia conceptual cifrada en los términos liberal/liberalismo tuvo una importancia limitada en el discurso posrevolucionario rioplatense. Su análisis en clave conceptual resulta sin embargo de interés pues permite dar cuenta de dos procesos significativos: la acelerada politización e ideologización de la sociedad rioplatense desde comienzos del ochocientos y el desarrollo de algunos aspectos singulares de su vida pública en relación a la del resto de Iberoamérica. En cuanto a la primera cuestión, el término liberal era mayormente empleado para calificar a un sujeto como pródigo, generoso o dadivoso aunque mesurado. Sin perder esa connotación, la revolución dio lugar a un proceso de remantización caracterizado por la incorporación de motivos políticos e ideológicos que la dotaron de mayor densidad conceptual. Fue recién a mediados del siglo XIX cuando el liberalismo comenzó a considerarse como una corriente o movimiento distinguible por propiciar o reivindicar ideas, valores, principios, instituciones, prácticas y tradiciones propias y, por tanto, pasible de ser opuesto como tal a otros de raigambre socialista, conservadora o católica. En cuanto a la singularización de la vida pública rioplatense en relación a otros espacios iberoamericanos, cabe advertir tres cuestiones. 1- Si bien ciertos sectores políticos y sociales sostuvieron ideas o principios liberales, sólo en forma circunstancial se organizaron fuerzas que se reconocieron como tales. 2- Lo liberal o el liberalismo entendidos como ideología, doctrina, discurso, sistema de valores, no solían ser recusados, aunque algunos principios pertenecientes a ese universo si podían ser impugnados. 3- El discurso posrevolucionario se constituyó en abierta y total oposición al pasado colonial. De ese modo quienes sostenían ideas y principios liberales, se asumían como tales o fueron así reconocidos posteriormente por la historiografía, más que buscar fundar sus raíces en la historia lo hicieron en la revolución de independencia que se concibió como una negación del pasado hispánico. Estas cuestiones pueden precisarse mejor indagando la deriva del término liberal. Como punto de partida se debe tener presente por un lado que se trata de una voz cuyo uso era infrecuente durante el período colonial y, por el otro, que entre sus diversas acepciones predominaba aquella dirigida a calificar algún sujeto como pródigo o generoso. Este empleo comenzó a cobrar un renovado sentido en el marco de las reformas borbónicas al caracterizar a quienes promovían la felicidad pública. La prensa ilustrada iniciada a principios del siglo XIX favoreció su difusión. Uno de los hilos que articulan la historia de la red conceptual liberal/liberalismo en la sociedad posrevolucionaria es la tensión provocada por al distancia entre la enunciación de determinados principios, ideas o valores y su efectiva puesta en práctica. ¿En qué\nconsistían estos “principios liberales” y quienes los invocaban? Algunas de las más significativas innovaciones discursivas producidas alrededor de 1810 tuvieron como protagonista a Mariano Moreno, quien orientó y dotó de consistencia a la política revolucionaria. Sin embargo, la calificación de liberal, que rápidamente comenzó a extenderse hacia instituciones, ideas o acciones políticas, no era patrimonio exclusivo de quienes militaban o simpatizaban con el ala radical de los revolucionarios. Es posible que la vaguedad del término, sumada a las valencias positivas del mismo, provenientes de su uso en clave moral, haya facilitado su circulación. La progresiva difusión del término también posibilitó que surgieran algunos nuevos usos, sobre todo al incorporarse a otros discursos como el forense. En efecto, la calificación de las garantías procesales como liberales comenzó a hacerse frecuente en las presentaciones judiciales realizadas pocos años más tarde en Buenos Aires. En el discurso de Moreno y sus seguidores, prima la asociación del término con ideas y valores expresados en conceptos como igualdad y libertad. Con el correr de los años ese sesgo igualitario se fue desdibujando, por lo que el sentido del concepto se orientó en otras direcciones. Éstas pueden resumirse en tres líneas: la defensa de libertades o garantías individuales; la institucionalización del poder en un régimen republicano y representativo: y, a caballo entre ambas, la necesidad de limitar el poder para garantir esas libertades. En el marco de ese proceso, liberal fue afianzando su asociación con conceptos y nociones como libertad de opinión, seguridad, división de poderes, instituciones, constitución y leyes. Estos cambios fueron alentados y cobraron forma bajo el influjo de corrientes como la escuela escocesa, el liberalismo gaditano, el utilitarismo, la ideología y el pensamiento doctrinario francés. Claro que su recepción estuvo mediada por las condiciones particulares de la vida pública y el orden social local. Si liberal asumió un nuevo sentido se debió sobre todo al cambio de orientación de la vida política local cuyos principales protagonistas fueron dejando atrás el ímpetu igualitario para plantear la necesidad de institucionalizar el poder poniendo fin a los trastornos provocados por la revolución. Este propósito sólo pudo darse en el marco de las soberanías provinciales ante el reiterado fracaso que tuvieron los intentos de organización nacional. Este sesgo institucionalizador se expresó en sintagmas como “sistema liberal”, “principios liberales” e “instituciones liberales”, que si bien fueron forjados en la década de 1810, cobraron mayor presencia en el marco de las reformas republicanas e ilustradas implementadas en varias provincias en la década de 1820. La contraposición entre liberal/republicano y opresor/despótico que en principio había sido utilizada para oponer la experiencia republicana a la colonial, con el correr de los años también comenzó a invocarse para explicar las dificultades existentes a la hora de construir un nuevo orden. De ahí que también, pudieran calificarse como iliberales a adversarios o a políticas del momento juzgadas como opresoras o mezquinas. En relación a la prensa resulta llamativa la ausencia hasta la década de 1850 de medios que incluyeran en su título la voz liberal, mientras que era habitual el recurso a términos como república, patria, nacional, ilustración, pueblo, país, etc., etc. Esto puede entenderse cuando se considera que los medios de prensa eran en general órganos políticos y que sólo en forma circunstancial se constituyeron partidos que asumieron esa identidad. La identificación como liberal y la invocación a principios liberales puede atribuirse a una genuina ideologización de la disputa política y, además, al hecho que esos mismos principios estaban cobrando mayor precisión y nitidez en Europa. Pero también podía tratarse de un recurso táctico para diferenciarse de los adversarios, como ocurrió al dividirse el partido federal de Buenos Aires entre los seguidores de Rosas y quienes se negaron a prorrogarle las facultades extraordinarias en un nuevo mandato. Los miembros de esta facción federal se agruparon en lo que se dio en llamar el partido liberal. Si bien los rosistas se identificaban como “apostólicos” y tildaban a sus opositores como “cismáticos”, en ocasiones se permitían calificar a éstos como liberales. El desinterés o la dificultad para impugnar al liberalismo como doctrina puede advertirse en la polémica sostenida en esos años entre políticos y publicistas de Buenos Aires que defendían el librecambio y los de Corrientes que alentaban la adopción de medidas proteccionistas para defender la producción de su provincia. El correntino Pedro Ferré, en vez de condenar al liberalismo como una doctrina perniciosa, increpó a sus adversarios por sostener un “liberalismo mal entendido” que no hizo más que transmitir el antiguo monopolio español a uno más injusto. No fue el rusismo el sector que se apropió del liberalismo como lenguaje, discurso, doctrina o bandera, sino sus opositores. Esta estrategia de diferenciación se acentuó después de 1835 cuando Rosas accede por segunda vez al gobierno provincial obteniendo las facultades extraordinarias y la Suma del Poder Público que, sumados al cercenamiento de los derechos individuales y su progresivo avance sobre las otras provincias, hizo que sus enemigos invocaran principios liberales para diferenciarse de un gobierno que consideraban despótico, tirano, arbitrario y mezquino. En ese marco, no resultaba extraño que pudiera calificarse de liberal toda aquella acción, idea o persona que se mostrara contrario a las políticas rosistas. En los años de hegemonía rosista la vida política y cultural fue renovada por un grupo de jóvenes escritores románticos que se reconocían miembros de una Nueva Generación. En sus inicios colocaban en el centro de sus reflexiones a un sujeto colectivo: la nación. Sin embargo, y dado que también se mostraron férreos defensores de los derechos individuales, procuraron congeniar lo individual y lo colectivo como intentó hacerlo con dispar suerte Esteban Echeverría en el Dogma Socialista. Con el correr de los años fueron modificando la orientación de sus propuestas al incorporar nuevos enfoques e ideas. Pero estos cambios obedecieron sobre todo a la necesidad de encontrar alternativas para desplazar a Rosas, al impacto provocado por las revoluciones de 1848 y a los incipientes efectos de un nuevo ciclo de expansión capitalista que demandaban la elaboración de nuevas propuestas de organización capitalista. Tras la derrota del régimen rosista varios de ellos lograron ocupar un lugar central en la vida pública. En ese marco elaboraron una producción discursiva que combina y hace énfasis en diversos motivos del liberalismo y el republicanismo. Quien en forma más consecuente asumió un programa liberal fue Juan B. Alberdi, que promovía una apertura irrestricta a los capitales y a la inmigración. Dicho programa cobró forma en las Bases (1852) fuente inspiradora de la Constitución Nacional que, sancionada al año siguiente, puede considerarse piedra de toque del liberalismo argentino, corriente que de ahí en más comenzaría a dominar el pensamiento político y económico argentino hasta avanzado el siglo XX.\nNora Souto – Fabio Wasserman\nEn Hispanoamérica, la asociación entre nación y nacionalidad generó una serie de presupuestos que motivaron, desde finales del siglo XIX, interpretaciones erróneas de los procesos de independencia, al afirmar, por una parte, la preexistencia de nacionalidades que se habrían ido conformando durante el dominio español y por otra, el papel protagónico de las nuevas naciones en aquellos movimientos. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII la voz nación tenía diversos usos y significados. Por un lado hacia referencia al lugar de nacimiento, por otro lado era empleada para distinguir a una población caracterizada por una serie de rasgos étnicos o culturales, como lengua, religión o costumbres. Finalmente era utilizada para designar a poblaciones que compartían unas mismas leyes o debían obediencia a un mismo poder, acepción política que había comenzado a difundirse desde principios del setecientos. Si bien tras la Revolución iniciada en mayo de 1810 siguieron persistiendo ambos sentidos de nación, el étnico y el político, este último logra adquirir mayor densidad y relevancia. El concepto de nación devino en un concepto clave en la vida pública del período tanto por su capacidad para condensar experiencias como por la de anunciar formas posibles de organización. Las abdicaciones de Bayona en 1808 y la caída de la Junta Central de Sevilla en 1810 dieron pie a la asunción de la soberanía por los pueblos, es decir por las ciudades, en virtud de la teoría de la retroversión. Es por ello que la nación no aparecía como el único sujeto de imputación soberana: también los pueblos y provincias eran concebidos como sujetos de derechos con capacidad para actuar legítimamente. En los primeros años de la Revolución, el sentido predominante de nación es el de una entidad producto del agregado de los pueblos que han recuperado su soberanía. En consecuencia, para muchos, el poder de la nación emanaba de la suma de esas soberanías. Pero a su vez, esta idea de nación entra en colisión con otra que, proveniente de la Revolución Francesa, concibe una soberanía única e indivisible de índole ideal y abstracta que se sitúa por encima de sus partes. A grandes rasgos, estas dos vertientes que informaron el concepto de nación dieron lugar a tendencias antagónicas de organización estatal tal como se puede apreciar en los conflictos políticos y en las asambleas constituyentes: la noción plural de nación se correspondió con la propuesta confederal y la singular con la centralista o unitaria. Esta tensión entre la nación y los pueblos o provincias, constituyó un tema recurrente en las disputas relativas a la formación del nuevo estado. Otra cuestión que afectó no tanto a la definición del concepto de nación como a sus usos, fue el de la relativa indefinición de su referente territorial, problema estrechamente ligado a las dificultades que encontraron los gobiernos centrales para establecer una jurisdicción donde su autoridad fuera indiscutida. Con la caída del gobierno central en 1820 aflora el protagonismo de novedosas entidades provinciales que proclaman su autonomía y soberanía. No obstante, su voluntad de unión sumada a la necesidad de resolver cuestiones prácticas promovió la reunión de un Congreso Constituyente entre 1824 y 1827, done volvieron a ponerse en discusión distintas concepciones de nación. Una de las cuestiones que no despierta posiciones encontradas es el del origen pactado de la nación, noción que se halla muy extendida en la época a través de la difusión del derecho natural y de gentes. La controversia se plantea en torno a la vigencia de ese pacto y, por tanto, a la existencia misma de la nación. Las políticas centralistas del Ejecutivo Nacional y la Constitución unitaria sancionada en 1826 fueron recibidas con gran hostilidad provocando fuertes enfrentamientos que llevaron ala disolución de las instituciones nacionales al año siguiente. Este desenlace afianzó aún más a las soberanías provinciales sin que esto implicara su aislamiento. El posterior orden institucional tuvo como base el Pacto Federal firmado por los gobiernos litorales en 1831, logrando en los años siguientes la adhesión de las otras provincias. Esta Confederación fue progresivamente hegemonizada por Buenos Aires y por la facción federal rosista hasta 1852.Y si bien en esos años no desapareció del horizonte la posibilidad de erigir una soberanía nacional, se hizo evidente que sólo podía surgir de acuerdos entre las provincias, por lo que siguió prevaleciendo la idea de que la nación debía constituirse mediante pactos. Pese a todo, en las décadas de 1830 y 1840 el concepto de nación sufrió algunas inflexiones que lo tensaron y dotaron de mayor densidad al dar cuenta del estado de cosas y de horizontes de expectativas más amplios. En primer lugar, se extendió su asociación con valores, instituciones y modos de vida locales condensados en la voz nacionalidad. En segundo lugar, porque la propia nación siguió siendo objeto de arduas disputas que procuraban dotarla de contenidos sociales, culturales, políticos, institucionales y territoriales. El centro de estas disputas fue el régimen rosista, cuyos publicistas articularon una idea de nación que aunaba motivos nativistas junto a otros referidos a la necesidad de defender la unidad política y la defensa territorial de la Confederación. Más aún, procuraron identificar a la nación con el propio régimen y, sobre todo, con su primera figura, utilizando para ello sintagmas como la “Causa Nacional de la Federación”, mientras que calificaban a sus opositores como antinacionales. Pero la causa nacional también era invocada cada vez que se buscaba legitimar una intervención en los asuntos de otras provincias. Éste es uno de loas aspectos más complejos del orden rosista, pues a la vez que se reconocía el carácter soberano de las provincias, implementaba políticas que afectaban a su autonomía. Esta tensión afectó también al concepto de nación, pues a través de éste se daba cuenta de ese ambiguo y provisional orden político, pero también de los programas para transformarlo. Este breve recorrido permite advertir el predominio del marco conceptual pactista a la hora de concebir la nación y, a la vez, la progresiva incorporación de nuevos contenidos y matices de carácter sociocultural que, sin embargo, no afectaban del todo esa matriz. Pero en todos los casos se trata de enunciados cuya comprensión requiere tener presente su finalidad política inmediata. La voz nacionalidad, que imprimía un halo de trascendencia al concepto de nación, logró una importante difusión en la década de 1840. Sin embargo, no es del todo claro cuales rasgos la hacían acreedora de ese nombre y qué pueblos la conformaban o debían conformarla. La difusión de esta voz se debió también a innovaciones conceptuales promovidas por los jóvenes románticos autoproclamados como una Nueva Generación, quines fueron los primeros en plantear sistemáticamente un programa de organización nacional que tenía por presupuesto la erección de una cultura y una identidad nacionales. El mayor problema que encontraban en tanto románticos era el vacío de tradiciones locales sobre las cuales poder erigir un nuevo orden. De ese modo entendían que la misma recibía su orientación del futuro y no de un pasado que quería ser dejado atrás en forma definitiva. Esta concepción sufrió algunos cambios en la década de 1840 cuando los jóvenes románticos se debieron exiliar por su oposición al\nrusismo. Estos hechos promovieron que en su discurso se extendiera y cobrar mayor precisión la identidad nacional argentina que hasta entonces había coexistido con las provinciales y la americana. La derrota de Rosas en 1852 sentó nuevas condiciones para la organización política de los pueblos del Plata. En esas circunstancias resultó decisivo el concepto de nación por su capacidad para actuar como vector u orientador de las acciones públicas, centrándose las discusiones en la forma en la que ésta debía constituirse en el marco de una serie de conflictos que se prolongaron hasta la consolidación del Estado nacional hacia 1880. Sin que surgieran nuevos sentidos, algunos se fueron afianzando como los referidos a una homogeneidad étnica y otros opacando paulatinamente como los de raíz pactista.\nNoemí Goldman – Alejandra Pasino OPINIÓN PÚBLICA\nEn el Orden de la Primera Junta Gubernativa que dio vida a la Gazeta de Buenos-Ayres en junio de 1810 la noción de opinión pública empieza a usarse para dotar de legitimidad al naciente gobierno. En el citado documento se fundamenta la creación del nuevo periódico en la necesidad de una “continua comunicación pública” de los actos de gobierno y de sus principios políticos. A la función legitimadora de la opinión pública, Moreno agrega la de esclarecimiento en los principios que debían fundamentar la acción política. Esta nueva tarea será no sólo obra del gobierno sino de los “sabios” u “hombres ilustrados” convocados para desplegar sus discursos en el periódico, dirigir el patriotismo y expresar fidelidad a las nuevas autoridades, al mismo tiempo que obraría como antídoto para evitar el “choque de opiniones”. Estas primeras apariciones del concepto se distinguen claramente de su uso previo. En el Río de la Plata, el término “público” en el período tardo-colonial, formaba parte de la celebre trilogía “Dios, el Rey, el Público” como principio constitutivo de la Monarquía y del “buen gobierno”. Pero a principios del siglo XIX, el nuevo clima de ideas abierto por la monarquía ilustrada de los Borbones introdujo cambios en la vida cultural rioplatense que se vincularon con la aparición de los primeros periódicos Telégrafo Mercantil, Rural Político e Histórico del Río de la Plata (1801-1802), etc., etc. En estos textos surge una nueva acepción de “público”: el término empieza a referirse a aquellos hombres que capaces de aportar sus “luces” a la comunidad. Estas “luces”, también denominadas por la naciente prensa “opiniones”, debían surgir de la labor de los editores y de la reproducción de artículos y catas de colaboradores. Este reconocimiento de una variedad de “opiniones” fundadas constituye el punto de partida de un debate en cuyo desarrollo se genera el “ajuste de opiniones”. Pero esta acepción positiva convive con otra negativa del término que se relaciona con el vulgo y la falta de fundamento de las “opiniones”, que era necesario desterrar por medio de la educación pública. La aparición del concepto de opinión pública fue el resultado de la crisis de legitimidad abierta por los acontecimientos peninsulares de 1808, que se acompaña de la difusión del conceptote soberanía del pueblo. En esta coyuntura el concepto de opinión pública cobra dos acepciones: como controlador y guía de la acción de los nuevos gobiernos provisionales, y como nuevo espacio libre de comunicación y discusión sobre asuntos de interés común. En el Río de la Plata, el concepto parece oscilar entre dos significados que entran en disputa: como resultado de razonamientos que se trasmiten a la sociedad luego de un debate de ideas en el seno de la elite, o como realidad empírica. Así la “opinión pública” se encuentra jaqueada por la expresión de “opiniones” que no consigue integrar conceptualmente. La libertad de imprenta se estableció en el Río de la Plata en 1811. Este impulso por alentar la difusión de las ideas coexiste con una orientación direccional en la formación de la opinión pública, que al mismo tiempo se relaciona con la necesidad de legitimar los actos de los gobiernos centrales provisionales. Para entender este rasgo direccional asignado a la opinión pública es necesario vincularlo con el concepto complementario de constitución. La opinión pública aparece menos como el fundamento real de la constitución, que como resultado de la tarea formativa de la ley. Se trataría entonces de encontrar un “principio” que demarque el “imperio de la opinión”, ligando a los pueblos y sus diversas “opiniones” sobre las formas de organización política. En la primera década revolucionaria este “principio” se buscó afanosamente en una carta constitucional escrita. (Véase Constitución) En 1820, a pesar de los esfuerzos constitucionales, se produjo la caída del poder central y Buenos Aires se constituyó en Estado autónomo, e inició un conjunto de reformas tendientes a reformar las instituciones vigentes. En este contexto, el grupo dirigente, bajo el impulso reformador de Bernardino Rivadavia, concibió a la opinión pública como el motor de la nueva vida pública; opinión que debía irradiarse desde Buenos Aires hacia el interior para garantizar el desarrollo de la “ilustración” de los pueblos y restituir los lazos que darían en un futuro nuevo fundamento para la creación de un Estado-nación. La opinión pública se distinguía así de la opinión oficial, y gracias a la difusión de la prensa, debía servir de sostén al nuevo régimen representativo y de contralor a los excesos del poder. Sin embargo, el proyecto de crear un nuevo espacio público separado del Estado resultó limitado: las mismas personas que ocupaban los cargos públicos solían ejercer la crítica ilustrada a través de la prensa y en los nuevos ámbitos de sociabilidad. Bajo al expresión “uniformizar la opinión” reaparece en esos años la función direccional asignada a la opinión pública desde 1810, pero al mismo tiempo, y en asociación a las nuevas prácticas deliberativas, es una pieza clave del nuevo régimen representativo. Si bajo la denominación de “opositores, “imparciales” y “ministeriales”, los editores de periódicos se disputaban por aquellos años a la opinión pública porteña, la discusión se tornó en guerra de prensa cuando la legislatura empezó a tratar los artículos de la reforma eclesiástica. La acalorada discusión llevó al despliegue de inéditas definiciones conceptuales del término. La noción de “opinión popular” en oposición a “opinión pública” emerge en ese contexto de debate en vinculación con el concepto de representación. La opinión pública se presenta como par complementario de la nueva representación de la provincia, que se identifica a la vez con la “opinión legal”, y en oposición de una “oposición popular” calificada negativamente. En este sentido, los representantes no debían, a su entender, subordinarse a la opinión popular sino ilustrarla y dirigirla. En ocasión de la reunión del Congreso General Constituyente (18245-1827), convocado con el objetivo de intentar organizar constitucionalmente a los Estados provinciales, el concepto de opinión pública se disloca entre las opiniones expresadas dentro del recinto y la de los pueblos. Esto se relaciona con el gran problema de la indefinición del sujeto de poder constituyente que recorrió los\ndebates de las asambleas constituyentes reunidas con anterioridad. Durante más de un año y a través de numerosas sesiones se generó un intenso debate en torno a los significados y valores de “opinión pública”, “opiniones” y “opinión general de los pueblos”. A pesar de que los pueblos al igual que los hombres tienen “derechos”, afirman ciertos diputados, sólo pueden ejercerlos a través de sus representantes. La “opinión pública” debía ser la expresión de la “voluntad general” depositada en el Congreso. Pero ese enunciado se confrontaba con otra expresión que dislocaba el sentido unitario que quería dársele a la opinión, y ponía a los diputados ante la necesidad de aceptar la consulta previa a las provincias. En este contexto, la opinión pública pierde su carácter original de autoridad ilustrada para identificarse con un instrumento al servicio de una de las partes en pugna. Fracasado el último intento de constituir el país en el período pos-revolucionario, llegaban también a su fin las reformas de cuño liberal emprendidas al inicio de los años 20. El fusilamiento de Dorrego marcó el inicio de la búsqueda de un nuevo tipo de orden político que se fue construyendo a lo largo de las gobernaciones de Rosas. Su visión de que la inestabilidad se originaba en las divisiones y debates entre los sectores de la elite, condujo a una política cuyo principal objetivo fue la eliminación de la deliberación política y su reemplazo por prácticas tendientes a consolidar una única opinión. En 1832 se suscitó una fuerte discusión en el seno de la Sala de Representantes de Buenos Aires acerca de la renovación de las Facultades Extraordinarias otorgadas a Rosas en 1829. Los federales adeptos al gobernador defendían la continuación de las facultades, mientras los federales doctrinarios consideraban que dichos poderes atentaban contra el “sistema representativo republicano” y la “soberanía del pueblo”. En este contexto la opinión pública pasa a ocupar el centro de la escena como fuerte principio legitimador de la vida política. Pero la lucha entre los federales adictos y opositores al régimen rosista que se desarrolló entre 1832 y 1835 dio inicio a la consolidación de la institucionalización del poder en torno a la “uniformidad de opinión”. Cuando la Legislatura nombró a Rosas como gobernador en 1835, depositando en sus manos la suma del poder público, él mismo decidió someter la delegación de estos poderes al veredicto popular por intermedio de un plebiscito. Así la deliberación en el seno de la Legislatura de Buenos Aires fue reemplazada por una autorización plebiscitaria que consolidó la institucionalización del poder en trono a la unanimidad de la opinión pública. Paralelamente aparece en el Río de la Plata una nueva generación de intelectuales bajo el influjo del romanticismo, la denominada Generación del 37. Ésta se auto postula como guía para la nueva tarea que debe desarrollar el Estado en la transformación moral de la sociedad. Durante los primeros años del segundo gobierno de Rosas buscaran, sin éxito, convertirse en el agente de esa transformación encarnada en una nueva figura: la del intelectual en reemplazo del letrado colonial. En el exilio Juan Bautista Alberdi redacta las celebres Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que se constituye en el texto fundacional de la ansiada organización constitucional. Su perspectiva de la opinión pública, planteada desde la necesidad de conciliar las libertades de las provincias y las prerrogativas de toda la nación en un proyecto de transformación institucional y cultural liberal, retoma al mismo tiempo la diferencia expresada por Esteban Echeverria entre razón pública y opiniones. Así, si bien la formula alberdiana busca la combinación armónica de la individualidad con la generalidad, del localismo con la nación, y de la libertad con la asociación, sólo restituye a la opinión pública su fuerza integradora en el seno de la elite (razón pública), excluyendo a los sectores populares cuyas opiniones carecen aún de la racionalidad necesaria para ser integradas.\nGabriel Di Meglio PATRIA\nDe todos los conceptos políticos centrales en la primera mitad del siglo XIX, patria fue el de uso más masivo; era un término utilizado ampliamente por todos los miembros de la sociedad. A lo largo de todo el período, patria tuvo siempre .más allá de su polisemia- un contenido positivo en los enunciados de los que fue parte. Su primer significado, el más antiguo, refería al lugar de origen. Sin embargo, el término tuvo a la vez una acepción más general. Es el territorio en el que se habita sin un referente de límites, un principio con un cierto grado de abstracción. Esa noción de patria se ubicaba como parte de una tríada de elementos fundamentales de la organización de la monarquía española junto al rey y la religión. El respeto por la religión, la fidelidad al rey y el patriotismo constituían las bases del orden social. La tríada no establecía bien cuál era la patria –podía implicar al espacio virreinal, a la América española o a la monarquía toda- pero su uso no permite especificarlo porque se trataba de un principio, de un elemento casi sagrado. Esa noción de patria con un contenido especial menos definido y uno social más amplio, así como con una directa referencia sentimental, iba a continuar siendo fundamental después de la revolución que inició el proceso de disolución del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, la politización del concepto constituye la mutación más fuerte que experimentó durante el siglo XIX. Pero junto a ese sentido invocativo se mantendría el principio de patria como referencia concreta al lugar de nacimiento, y ambas convivirían durante toda la época considerada. También en relación al territorio de origen se empleaba compatriota. Otro término que originalmente remitía al origen era patricio. De a poco, sin embargo, el término patricio parece haberse ido ampliando para incluir a todo americano enfrentado a los europeos. Ese sentido más amplio de patricio, y por lo tanto de patria, remite a la otra noción del concepto, la que integraba la tríada base del orden social: la religión, el rey, la patria. La politización de ese significado llevó a que el término representara tanto un espacio territorial, comunitario, como una causa colectiva. La patria a la que se consagraban bienes y servicios; la patria que pedía, llamaba; la patria a la que había que defender, servir, salvar y liberar se transformó en el principal principio identitario colectivo después de la revolución. La patria quedó como el principio aglutinador, con fuertes contenidos emotivos y afectivos en su invocación. Si bien la referencia al vínculo territorial se mantuvo presente, lo más significativo de este nuevo uso fue su componente político enlazado con lo sagrado. El amor a la patria propuesto por los líderes de la Revolución no era un sentimiento pasivo sino que implicaba abnegación y virtud. El patriotismo significaba participar activamente de la causa colectiva, privilegiar el bienestar común al propio: se transformó en el eje\nmoral del sistema. Este sentido político de patria se difundió rápidamente. El término se convirtió en un aglutinante social –al menos en Buenos Aires- que igualaba simbólicamente a todos aquellos que apoyaban la causa contra los mandones, los europeos. “Patria” se erigió en la década de 1810 en un componente crucial del lenguaje político rioplatense. Fue mucho más utilizado en el habla cotidiana que otros términos de referencia territorial como nación, estado, provincia, país. Esa entidad evocada, por momentos abstracta, fue adquiriendo un límite territorial cuando comenzó a ser identificada, al compás de la guerra, con el conjunto de los territorios que compartían la causa. Una vez terminada la guerra de Independencia, patria mantendría simultáneamente tres sentidos principales. En primer lugar siguió siendo el principio que legitimaba las acciones en tanto entidad a la que se le habían brindado servicios. En segundo lugar persistió la noción de patria como lugar de nacimiento. La tercera noción de patria que pervivió, consideraba a ésta como una entidad surgida de la Revolución -las mal delimitadas Provincias Unidas- y fue muchas veces utilizada por los mismos que empleaban el sentido localista. Esta noción de patria la colocaba como un producto de la Revolución. En esa patria los individuos podían estar contenidos en su carácter de ciudadanos y eso impulsaba su desarrollo como sujetos sociales. De acuerdo a Juan Bautista Alberdi, “la patria no es el suelo. Suelo tenemos hace tres siglos; pero no tenemos patria sino desde 1810. La patria, es la libertad, el orden, la riqueza, la civilización en el suelo nativo, organizados bajo la esencia y en nombre del mismo suelo.” Entonces, la pérdida de la libertad podía ser también la pérdida de la patria, puesto que una implicaba a la otra, como expresaron los desencantados Domingo F. Sarmiento y Félix Frías en su exilio. Para la generación del ’37 la patria podía ser tanto el territorio del Río de la Plata como una provincia en particular o incluso Sudamérica. A la vez, la noción refería a la entidad más abstracta que se asociaba a un conjunto de valores y de hechos como la Revolución de Mayo. Mediante el uso de patria se aludía al marco dentro del cual los habitantes de las repúblicas modernas podían desarrollarse como ciudadanos en forma integra. De allí que patria apareciera en juego en las disputas de los rosistas y sus enemigos. Progresivamente, la identificación de patria con el territorio de la Confederación fue afianzándose. El uso de patria sE mantuvo ligado al terreno de la evocación, de la apelación sentimental, tanto en el discurso estatal como en el de la sociedad. Expresiones como “salvar a la patria”, “fatal para la patria” o “pobre patria” eran muy frecuentes y su utilización no disminuyó. En la segunda mitad del siglo patria se iba a mantener en el uso colectivo como un término evocativo de una entidad superior, una deidad laica, que cada vez se identificaba más claramente con la Argentina. El concepto comenzaría a ser totalmente ocupado en esos años por el principio de nacionalidad.\nNoemí Goldman – Gabriel Di Meglio PUEBLO/PUEBLOS\nPueblo fue uno de los términos que más sentidos simultáneos albergó. En la etapa colonial tardía contemplaba diversas realidades. En primer lugar designaba a una ciudad o una villa, y a la vez a la totalidad de sus habitantes. Junto a estas acepciones coexistía la que privilegia el plural “los pueblos” propia de la tradición hispánica. Comunidades locales naturales cuyas obligaciones consistían en el “amor del Soberano”, el respeto a las leyes y la conservación del orden público. Los pueblos a su vez se distinguían étnica y culturalmente según fuesen españoles o indígenas. Los pueblos se convirtieron en una pieza clave con el inicio de los movimientos juntistas de Chuquisaca y La Paz en 1809, y la formación de la Primera Junta Gubernativa del Río de la Plata en Buenos Aires (1810). En esta última las ciudades en tanto depositarias de la soberanía fueron convocadas a participar por medio de sus cabildos en la Primera Junta. La mayoría de los concurrentes al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 invocó el concepto de reasunción del poder por parte de los pueblos, noción que remite a la antigua doctrina del “pacto de sujeción” por la cual, suspendida la autoridad del monarca, el poder vuelve a sus depositarios originarios. Parte de los líderes de la Primera Junta vio en la constitución de la nueva autoridad, no sólo un simple cambio de gobierno, sino la posibilidad de construir un nuevo orden. Mariano Moreno prefirió frente al “pacto de sujeción” el concepto de “soberanía popular”, que permitía fundamentar el derecho a la emancipación. Moreno privilegia el pacto de sociedad por sobre el de sujeción, pero mantiene el plural del término para defender los recuperados derechos de los pueblos frente al monarca. En consecuencia, desde 1810 el acto concreto del ejercicio de la soberanía va a suscitar un conflicto mayor en el Río de la Plata: la afirmación de la existencia de una única soberanía, que derivaba de la formulación del pacto de sociedad y que sustentó la tendencia a crear un Estado unitario, en oposición a los que defendían la existencia de tantas soberanías como pueblos había en el Virreinato. En el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, el concepto de pueblo va a transitar por caminos paralelos: el primero se vincula con la soberanía e su dimensión territorial; el segundo de carácter propiamente político, ligado a las movilizaciones generadas por la Revolución de Mayo de 1810 y la cuestión de la nueva representación política. Un tercero remite al sentido social del término. La noción de “soberanía popular” o “soberanía del pueblo” conlleva el principio de la representación para legitimar el poder de las nuevas autoridades provisionales constituidas en Buenos Aires, hasta tanto se convoque a un congreso constituyente que decida sobre la suerte del conjunto de los pueblos que integraban el Virreinato del Río de la Plata. Asimismo, la dinámica propia de la Revolución y las guerras de independencia movilizaron y dieron participación política a amplios sectores. En Buenos Aires la movilización se remite a la victoria sobre el ejército inglés que en 1806 capturó y conservó durante un breve lapso la ciudad. A partir de este episodio el Pueblo de Buenos Aires pasa a ser un sujeto activo en la vida pública de la ciudad. Cuando se produjo la Revolución, las acciones políticas de la década entonces iniciada se justificaron en nombre del pueblo. En Buenos Aires, la primera de ellas después de 1810 fueron las jornadas del 5 y 6 de abril de 1811, en las cuales una buena parte de las tropas de la ciudad junto a “hombres de poncho y chiripá” procedentes de los barrios de las orillas y los suburbios se presentaron en la plaza principal para exigir cambios en el gobierno. Se redactó un petitorio que planteaba los reclamos en nombre del pueblo, y se lo presentó al Cabildo, reconocido como su legítimo interlocutor. El petitorio y su aceptación mostraban que los plebeyos podían también ser\npueblo. Dirigiéndose al Cabildo, hicieron uso de un derecho tradicional aunque nunca antes utilizado colectivamente por la plebe: se estaba ante una novedad. A partir de entonces se produjeron en la ciudad diversos movimientos cuyos protagonistas se proclamaron “el pueblo” y presionaron al Cabildo para obtener modificaciones en el gobierno. De modo que desde 1810 el concepto de pueblo fue integrando paulatinamente a sujetos antes excluidos del manejo de los asuntos de gobierno, aunque al mismo tiempo se intentó por vía formal limitar la participación directa de esos sectores en la cosa pública. Disuelto el poder central en 1820, las ciudades se organizaron en Estados autónomos provinciales, que sin perder la denominación de “provincias” se afirmaron en base a nuevas normas fiscales, legislativas y políticas propias. Uno de los instrumentos centrales de esta afirmación de autonomía fueron las constituciones provinciales donde se sostiene el principio de la soberanía del pueblo o del gobierno “popular-representativo”. Aunque en la definición de la ciudadanía provincial se excluyó por lo general del pueblo con derechos políticos a las personas en relación de dependencia, a los llamados “vagos”, o a los que no sabían escribir ni leer. Durante El proceso revolucionario se activa, asimismo, la figura del Pueblo elegido en los sermones patrióticos; piezas clave de la nueva retórica revolucionaria, donde se señala a las “tribus rioplatenses” como destinatarios de una acción liberadora al igual que el Pueblo hebreo en ocasión del éxodo. Por otra parte, en los años ’20 se fue afirmando la acepción de pueblo que lo identifica sólo con los sectores sociales bajos, con los trabajadores (al menos en Buenos Aires). Sin embargo, siguieron existiendo las distinciones que las elites utilizaban para dividir a es pueblo, clasificando a su parte inferior como plebe, vulgo, chusma o clase baja del pueblo. En este contexto surge la noción de “opinión popular” en oposición a “opinión pública” que se identifica con el concepto de representación. En 1824 se reunió un nuevo Congreso Constituyente para intentar restablecer el disuelto pacto de unión entre las provincias del Río de la Plata, en dicha ocasión volvió a discutirse el concepto de pueblo con relación a la definición del régimen electoral que formaría parte del nuevo proyecto de constitución. Los mismos representantes de Buenos Aires que antes habían establecido el voto directo y amplio de 1821, ahora redefinieron el régimen representativo “nacional” con la exclusión de criados, peones, jornaleros, soldados de línea y vagos. Pero los diputados de tendencia federal se opusieron a la exclusión de los domésticos asalariados u de los jornaleros del derecho al voto activo. Por otra parte, la dimensión territorial de pueblo en el profuso uso de “pueblos”, predominó en el Congreso de 1824-1827Por la Ley Fundamental dictada en 1823 ellos conservaban la prerrogativa de aceptar o rechazar la carta constitucional. Esto se comprueba, en otro sentido, cuando pueblo acompañaba al gentilicio “argentino”, que aún no era considerado como un singular colectivo por varios de los diputados de las provincias del interior. El fracaso y disolución del congreso llevaron a las Provincias Unidas a una guerra civil entre unitarios y federales, que concluyó con la victoria de estos últimos. En Buenos Aires asumió el poder Juan Manuel de Rosas. El pueblo tuvo en su discurso un lugar centra como fuente de su poder y legitimador de sus acciones, aunque se trataba de un pueblo pasivo, disciplinado en un unanimismo político dentro del cual “pueblo” se convirtió en sinónimo de federal. Los publicistas del gobierno de Rosas defendieron la legitimidad del régimen por la adhesión popular que concitó. En los años en que el Pacto Federal reguló la relación entre los pueblos, fue apareciendo el concepto, vagamente presente en el Congreso de 1824-1827, de un pueblo único para el conjunto del territorio de la “República Argentina”. Para Esteban Echeverría, el primer líder del grupo romántico, el pueblo había sido hasta entonces “un pretexto, un nombre vano invocado por todos los partidos para cohonestar y solapar ambiciones personales”, pero que en realidad debía ser “lo que quiso que fuese la revolución de Mayo: el principio y fin de todo. Y por pueblo entendemos hoy como entonces, socialmente hablando, la universalidad de los habitantes del país; políticamente hablando, la universalidad de los ciudadanos; porque no todo habitante es ciudadano”. El texto de Echeverría es uno de los antecedentes de un desplazamiento semántico sustancial que la noción de pueblo tuvo tras la caída de Rosas en 1852: el pasaje de un concepto plural a uno unívoco. Así, cuando los representantes de las diversas provincias se reunieron para convocar a un Congreso Constituyente consensuaron que era necesario “(…) que los Diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende: que estén persuadidos que el bien de los Pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional regular y justo: que estimen la calidad de ciudadanos argentinos antes que la de provincianos”. El acuerdo permitió la sanción de una nueva y definitiva fórmula constitucional que decidió el pasaje de un sistema confederal a un Estado federal. Así, la noción que se mantiene es la de ciudadanos que forman un solo pueblo, el de la Nación Argentina.\nGabriel Di Meglio REPÚBLICA\nEn los territorios que desde 1776 integraron el nuevo Virreinato del Río de la Plata, república se empleaba para referirse sin mayores precisiones a un Estado y también para hablar de Estados que no tenían reyes. En la etapa colonial, sin embargo, el uso más frecuente fue el de significar una ciudad y su jurisdicción. Luego de la revolución de mayo de 1810, a la noción de república como ciudad (y su campaña circundante) se le añadió un nuevo sentido. En 1811, el cabildo de Jujuy pidió al gobierno revolucionario ser separado de la intendencia de Salta. El argumento fue que “si los pueblos que constituyen la Nación española; por carecer de su amado Rey Don Fernando, se hallan autorizados por la misma Naturaleza, para recobrar los derechos que depositaron en él”, Jujuy podría autonomizarse y “ser reputada como una pequeña república que se gobierna a si misma.” Así, república era en esta ocasión un sinónimo de pueblo soberano. A la vez, la destitución del virrey introdujo la posibilidad de la república como forma de gobierno alternativa a la monárquica. Cuando en 1813 se convocó a los diversos pueblos del ex virreinato a una asamblea constituyente, los diputados orientales presentaron un mandato para sancionar la independencia absoluta, establecer una confederación y sostener que “la Constitución garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana”, sobre la cual no se explayaba. En el proyecto artiguista la república no refería exclusivamente una forma de gobierno sino que tenía también una dimensión moral: era un medio para remediar el hecho de que “los hombres nunca fueron virtuosos”. Así quedaba planteada\nuna dualidad de sentido que se prolongaría durante toda la primera mitad del siglo XIX: la república sería por un lado un sistema de gobierno y por otro una figura ideal de virtud cívica, aunque ambas nociones no serían contradictorias entre sí sino complementarias. Tras la crisis política que sufrió el sistema revolucionario en 1815, la posibilidad de la república como forma de gobierno pasó a ser debatida ampliamente. Tanto el Estatuto de 1815 como el Reglamento Provisorio de 1816 e incluso la Constitución de 1819 evitaron referirse a la materia. Las provincias disidentes dirigidas por Artigas continuaron abogando por una solución republicana. Sin embargo, buena parte de las elites rioplatenses se inclinaba por la instalación de una monarquía constitucional, preferentemente mediante la entronización del algún príncipe europeo. Un elemento crucial en el triunfo de la forma republicana de gobierno fue la dinámica de la guerra iniciada en 1810. El conflicto había ido volviéndose cada vez más claramente contra la figura del rey, el ahora “tirano” Fernando VII; y aquellos peninsulares que nunca se plegaron al nuevo orden seguían apelando a ese monarca, con lo cual apareció una clara oposición entre éste y la “sagrada causa” de la Patria. Si la lucha era entre la Patria y el Rey y aquella se gobernaba de hecho de forma republicana, una y otra se fueron identificando paulatinamente para quienes combatieron en su nombre. La influencia del artiguismo y su igualitarismo parece haber sido importante en este aspecto. La disolución en 1820 del gobierno central marcó también el final de los proyectos monárquicos y el afianzamiento de las provincias autónomas, algunas de las cuales utilizaron el término república para denominarse. También existieron proyectos de construcciones políticas que abarcaron más de una provincia y apelaron al término en su acepción de Estado: fue el caso de las efímeras “república de Tucumán” (que incluía a esa provincia, Catamarca y Santiago de Estero) y “república de Entre Ríos” (que involucraba a la provincia homónima y a Corrientes). Luego de su caída en 1821 se mantuvieron trece provincias autónomas, todas las cuales adoptaron el sistema representativo republicano de gobierno. El uso de república aunó sus sentidos político y moral. Esa identificación de república con sistema representativo, opuesto a la democracia, fue lo que permitió que quienes antes de 1820 se inclinaban por la creación de una monarquía constitucional adoptaran velozmente la solución republicana después de ese año. El éxito del sistema de gobierno representativo convirtió a la forma de gobierno republicana, en la mirada de las elites, en un reaseguro de su posición social frente a las veleidades igualitarias populares durante la guerra de independencia. Las posturas republicanas arraigaron rápido en distintos sectores políticos y sociales. El adjetivo republicano se convirtió en un elemento discursivo altamente valorativo. La república era percibida a la vez como un ejemplo virtuoso y un reaseguro de la libertad, una oposición activa al sistema monárquico y una afirmación de la identidad americana ante la europea. El Congreso Constituyente que se reunió en simultáneo con el desarrollo de la guerra con el Brasil marcó la consolidación del concepto. Por un lado, la acepción del término en tanto espacio territorial se resignificó sin anular sentidos previos: el congreso sancionó en 1826 la “Constitución de la República Argentina”, empleándola como sinónimo de Provincias Unidas del Río de la Plata. Al mismo tiempo, la constitución proclamó que “la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana”. La aceptación de ese sistema no evitó las discusiones sobre sus características como ocurrió en 1832 en Buenos Aires. Finalmente, la moción a favor de la continuidad de la excepcionalidad en Buenos Aires fue en ese momento derrotada, pero en 1835, ante una nueva amenaza de guerra civil, Rosas fue electo otra vez gobernador con facultades extraordinarias y la suma del poder público. En los años sucesivos los publicistas rosistas defendieron esa solución frente a las críticas opositoras, apelando a los errores del pasado. Para los rosistas, en la lucha del gobernador contra la anarquía y a favor de asegurar la independencia de la Confederación Argentina “está empeñada también la causa de sus leyes, de sus fueros, y de su libertad civil ¿Qué importa que hayan suspendido las formas si preservan la esencia? Junto a esta concepción del gobierno, los publicistas del rusismo volvieron a enfatizar la noción moral. Defendieron un ideal de república agraria como base de una comunidad virtuosa e identificaron a Rosas con la imagen del “Gran Ciudadano”, modelo de virtud. Para los adversarios de Rosas, en su mayoría emigrados de las Provincias Unidas, su gobierno en Buenos Aires y el sojuzgamiento del resto de las provincias que llevó a cabo implicaron una anulación de las libertades republicanas, convirtiendo al mandatario en “un tirano (…) apoyado en el servilismo y el terror”. La noción de república que no generó conflictos y se extendió sin problemas en esas décadas fue la que hacia referencia al espacio de las Provincias Unidas y luego al de la Confederación. Cuando Rosas fue derrotado en 1852, las dudas sobre el sistema republicano que a él había encumbrado se hicieron presentes. La propuesta de Alberdi fue emprender el camino de “elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad; en darles la aptitud para ser republicanos (…)”. Los medios serían la educación traída por la inmigración europea y la promulgación de una legislación civil y comercial, cuyo éxito requeriría “las garantías públicas que la monarquía ofrece al orden y a la paz, sin faltar a la naturaleza del gobierno republicano”. Ello se lograría vigorizando el poder del presidente de la República. Ésta era la única forma que podía adoptar una república cuando venía inmediatamente después de una monarquía. Sólo transitando por la “república posible” se llegaría a la “república verdadera”. La Constitución de la Nación Argentina de 1853, que “adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”, recogió ese precepto: la construcción de una república moderna estaría marcada por un fuerte presidencialismo. Si bien república mantendría cierta dimensión moral, en lo sucesivo su asociación con forma de gobierno iría ganando preeminencia en el lenguaje de los argentinos.\nFabio Wasserman REVOLUCIÓN\nDurante el siglo XVIII la voz revolución podía utilizarse en castellano para expresar cambios políticos o las acciones que procuran dicho fin. A pesar de esta disponibilidad, el término fue de uso infrecuente en al área rioplatense hasta principios del siglo XIX cuando logró una rápida difusión como efecto de la Revolución Francesa, la crisis de la monarquía española y, sobre todo, la Revolución de\nMayo que, además, lo puso al alcance de vastas capas sociales. En ese marco, revolución cobró mayor densidad conceptual al utilizarse para explicar y no sólo para describir o indicar cambios políticos o sociales, a los que también se les sumaron los de índole moral, científica o intelectual. Este proceso implicó además la incorporación de nuevos usos y significados ligados a la idea de cambio histórico. Entre otros, como un sustantivo en el que se objetivan sucesos o procesos; como un adjetivo que califica hechos, actores o una época; y, en ocasiones, como un sujeto que interviene en el curso histórico. Una de las primeras innovaciones en el uso del término fue obra de los ilustrados españoles que caracterizaban a las reformas políticas, sociales y culturales de la Monarquía como una “feliz revolución”. De ese modo promovieron una valoración positiva de revolución a la vez que ampliaron su campo de referencia hacia esferas como la educación, la técnica o la economía. La prensa ilustrada rioplatense también se hizo eco de este uso. Este empleo coexistía con otro más extendido que apuntaba a dar cuenta de convulsiones sociales y políticas. No resulta extraño entonces que tras el desplazamiento de las autoridades virreinales en mayo de 1810, quienes siguieron manteniendo su autoridad al antiguo orden consideraran la creación de una Junta Provisoria de Gobierno en Buenos Aires como una revolución protagonizada por insurrectos y subversivos. Quienes adhirieron al nuevo orden de cosas también consideraban que lo que estaba en marcha era una revolución. Mientras que sus opositores no necesitaban calificarla para dejar en claro su rechazo, quienes la apoyaban solían agregarle algún adjetivo destacando su carácter positivo, quizás porque asumían que una revolución también podía tener otra naturaleza. La adhesión al nuevo rumbo político se expresó de diversas formas, entre ellas a través de sintagmas como el de “feliz revolución” o “gloriosa revolución”. Éstas y otras expresiones similares siguieron siendo muy utilizadas en los años siguientes. Pero no sólo para distinguirlas de las producidas en otras latitudes sino también para no confundir “nuestra revolución” con otro tipo de movimientos. Es que para sus protagonistas y herederos se trataba de algo mucho más trascendente que un cambio institucional o del reemplazo de peninsulares por criollos en el gobierno: la revolución debía transformar a la sociedad en todos sus planos para que pudiera reinar la libertad. Esta transformación debía comenzar por ilustrar en sus derechos a un pueblo que se consideraba sumido en las tinieblas. El concepto de revolución asumió por tanto un cariz positivo al expresar la posibilidad de profundos cambios de orden político, social, moral y cultural, asociándoselo además con otros como patria, libertad, etc., etc. Pero este cariz se debió también al hecho de haber permitido tornar inteligible un proceso político que si se distinguía por algo era por su carácter confuso e impredecible. Frente a este incierto estado de cosas, el concepto de revolución contribuyó a articular un nuevo marco de inteligibilidad en los que esos sucesos atenuaban su carácter contingente y cobraban mayor sentido al formar parte de un proceso de cambio histórico. Una parte sustancial de ese sentido estaba dado por el hecho de considerar a la revolución como un nuevo origen en el que debía quedar borrado todo vestigio del pasado colonial, convirtiéndose además en una inédita y eficaz fuente de legitimidad política que perduraría durante décadas. La revolución se asociaba con una “regeneración” o una “redención”, y éstas se debían al accionar de los hombres que luchaban por lograr la libertad, a lo que pronto se sumó como objetivo alcanzar la independencia. A este proceso se le atribuían además algunos rasgos que tiñeron los usos del concepto revolución. Uno de los aspectos en los que existía consenso, y que constituía a la vez motivo de orgullo, es el carácter pacífico y moderado que tuvieron los hechos del 25 de mayo. Esto se relaciona con una idea recurrente en esos años y que estaba asociada con las nociones de redención y regeneración: concebir a la revolución como un proceso providencial. La caracterización de la revolución como un proceso irreversible, ya sea providencial o regido por leyes históricas, puede apreciarse en su constante descripción mediante imágenes o metáforas referidas a fenómenos naturales, incontrolables e irrevocables que no pueden ser previstos ni afectados por acciones humanas: meteoritos, torrentes, mareas, terremotos, erupciones. Al concebirse a la revolución como parte de un proceso cuyo curso excede las decisiones y hasta la propia conciencia de sus protagonistas se ponía en cuestión un componente esencial del mito revolucionario: la creencia de que se trataba de un proceso de redención debido al esfuerzo de los propios hombres. Esta contradicción procuraba atenuarse situando el accionar de los revolucionarios como respuestas que se fueron dando a la evolución de la crisis monárquica. En otras ocasiones se señalaba la existencia en el curso de toda revolución de dos momentos que deben ser valorados de diverso modo: el impulso revolucionario y la dirección posterior que se le da al movimiento. Así, mientras que en el primer momento habrían primado los aspectos estructurales o providenciales, en el segundo la acción humana había tenido mayor incidencia a través de la guerra y la acción política. Había otra cuestión mucho más dramática que afectó decisivamente su valoración y al propio concepto pues implicaba poner en un primer plano sus connotaciones negativas. Se trata de los que podrían considerarse como los efectos indeseados de la revolución, vale decir, los conflictos facciosos, ideológicos, sociales y regionales que éste desencadenó. Revolución tenía por tanto dos sentidos bien diversos: cuando se utilizaba para hacer referencia a la experiencia histórica local: como mito de orígenes irrecusable y como una suerte de caja de Pandora cuya apertura había desencadenado conflictos que no lograban ser resueltos. Estos conflictos se traducían a veces en movimientos de fuerza para desplazar a los gobiernos y, por tanto, también solían calificarse como revoluciones. Estos usos restituían al concepto la violencia inherente a todo proceso revolucionario que tendía a quedar ocluida en virtud de la descripción de los sucesos de mayo como hechos pacíficos. Esto planteaba la necesidad de distinguir qué revolución tenía un carácter legítimo. Esta cuestión que ya se había suscitado durante la revolución francesa, había llevado a Condorcet a considerar que “revolucionario no se aplica más que a las revoluciones que tienen por objeto la libertad”, mientras que forja el término “contrarrevolución” para referirse a las que contradicen ese propósito. Esta última calificación también empieza a emplearse en el Plata, como lo hizo Beruti para referirse a los sucesos del 5 y 6 de abril de 1811en los que se movilizaron sectores de la plebe urbana en apoyo de Saavedra. Pero la distinción entre revolución y contrarrevolución no constituye una evidencia espontánea pues depende del punto de vista de quien examina los sucesos. Ya sea entonces por los conflictos facciosos o por el temor a una revuelta social, el concepto de revolución cobró un carácter ambiguo al considerarse por un lado emblema de la libertad y mito de origen de la patria y, por el otro, causa de los enfrentamientos que la desgarran. La esperanza de que un orden institucional pudiera poner fin a la revolución se vio frustrada al fracasar la Constitución de 1819 y al derrumbarse el poder central en 1820. Y si bien en los años siguientes se fue construyendo un orden institucional centrado en las soberanías provinciales, y por un momento pareció incluso que podía crearse un cuerpo político nacional, los conflictos y la violencia continuaron signando la vida pública rioplatense. En ese marco se asentó la calificación de revolucionario a todo aquel que atentara\ncontra el orden o procurara cambios fuera de la ley. A pesar de los constantes llamados a erigir un orden institucional que pudiera poner fin a la revolución, ésta siguió siendo considerada como mito de orígenes, como proceso que había alumbrado una nueva patria y, por tanto, como fuente de legitimidad. De ahí que incluso quienes veían con horror a las revoluciones y las asociaban con la anarquía, no podían dejar de señalar su adhesión a mayo de 1810. Es por eso también que siguió siendo frecuente un uso disociado del concepto a fin de poder distinguir el proceso revolucionario de las revoluciones entendidas como motines o sublevaciones. Es por eso, también, que en las décadas de 1830 y 1840 se entabló una disputa en torno a su interpretación y su posible apropiación en el marco de los enfrentamientos entre el régimen rosista y sus opositores. En efecto, el rosismo también cifraba el origen de la patria y de la libertad de los pueblos en la Revolución de Mayo alegando que la Federación era su más legítima heredera, mientras que calificaba a sus opositores como traidores a la misma. Sin embargo, en el discurso del régimen el concepto de revolución no suele tener valencias positivas pues tendía a contraponerse aún más al de orden y a asociárselo con males como el desconocimiento de las jerarquías, las luchas facciosas y la anarquía. Es por ello quizás que sus publicistas mostraban especial cuidado en definir a los suceso de 1810 como una revolución. Esto no hacía más que reafirmarle a sus enemigos su convicción de que el rusismo procuraba restaurar el antiguo régimen. Se trataba para sus opositores de una verdadera contrarrevolución. De ahí que al combatirlo, muchos creyeran estar reeditando la lucha iniciada en 1810. La convicción de la Generación de 1837 de que la espada debía ser reemplazada por la razón, sumada a la toma de distancia frente a sus mayores y a la incorporación de nuevos insumos intelectuales los llevo a plantear algunas innovaciones discursivas ente las cuales se cuenta el propio concepto de revolución que ocupa un lugar central en sus escritos asociado estrechamente a otros como progreso e Historia. Los románticos entendían que la Revolución de Mayo, aún inacabada, estaba inscrita en un vasto proceso de transformación mundial. En su discurso el concepto de revolución retoma y ahonda motivos desarrollados por el pensamiento ilustrado al expresar la condensación y aceleración de los cambios históricos producidos por la ley de desarrollo continuo. Pero al igual que con el concepto de Historia, cobra un carácter más abstracto al constituirse en un singular colectivo que resume en si todas las revoluciones posibles pues consideran que todos los progresos de la humanidad se encuentran interrelacionados como parte de un único proceso civilizatorio. En la batalla de Caseros se puso fin al régimen rosista, pero se abrió un nuevo ciclo de conflictos y guerras civiles, ahora con epicentro en el enfrentamiento entre Buenos Aires y el Estado federal que agrupó a las otras trece provincias bajo el liderazgo de Urquiza. En ese marco siguió considerándose que era necesario poner fin a la revolución, a la vez que se mantuvo la disputa para establecer quienes eran sus legítimos herederos. Disputa que se prolongó hasta avanzado el siglo XIX, así como se extiende hasta el presente la consideración de la Revolución de Mayo como mito de orígenes para la nación argentina.\nNora Souto UNIDAD/FEDERACIÓN\nLa raíz de la dicotomía entre los conceptos de unidad y federación abreva en la contrapuesta concepción de la soberanía que entraña una y otra forma de organizar una comunidad política. Mientras que la forma de unidad sostiene que la soberanía es una e indivisible, la de federación admite su segmentación. Hasta entonces la voz federalismo había estado prácticamente ausente del vocabulario político, lo que puede explicarse en razón del carácter irrecusable que revestía la unidad de la soberanía encarnada en el monarca. Por el contrario, el término confederación había sido frecuente en el sentido de alianza, liga o unión entre príncipes, repúblicas y aún pueblos o personas particulares. Es a partir del quiebre del pacto colonial que significó la Revolución de Mayo, y de la discusión sobre la futura organización política rioplatense, cuando federalismo, federación y confederación irrumpen en la prensa periódica, en los debates y en tratados e instrucciones asociados a los conceptos de pueblo, nación, constitución y soberanía. Invocado para legitimar el establecimiento de la Primera Junta, el principio de retroversión de la soberanía del rey a los pueblos fue aceptado por todos los revolucionarios pero pronto abrió paso a dos alternativas de ordenamiento político: la forma de unidad, que reconocía la preponderancia de Buenos Aires sobre el resto de los pueblos rioplatenses en razón de haber sido la “antigua capital del reino” y cabeza de la Revolución, y la confederal, que colocaba en pie de igualdad a todas las ciudades en tanto sujetos de unos mismos derechos soberanos. La idea de unidad estaba asimismo asociada a la de centro y traducía la necesidad de que los pueblos y provincias obedecieran a los gobiernos instalados en la capital. La residencia de los gobiernos provisorios en Buenos Aires condujo a que la relación de obediencia a sus disposiciones fuera percibida como una relación de sometimiento de las provincias a la capital, lo que despertó en ellas celos y temores muchas veces justificados. Otra de las ideas vinculadas al concepto de unidad es la de concentración del poder, que podía implicar la progresiva reducción de los integrantes del poder ejecutivo, así como la aceptación de un gobierno libre de trabas en el ejercicio de su autoridad. Las razones que se alegaban en uno y otro caso remitían a la guerra contra los españoles y los riesgos que representaba para el futuro de la revolución. Amén del uso indistinto de confederación/federación, se sostuvo la equivalencia entre éstas y la voz unión, vocablo impreciso que, a diferencia de unidad, fue capaz de expresar distintos grados de ligazón ente las partes. Así distintas voces se emplearon para calificar experiencias que a pesar de partir de una misma base, la reivindicación de la soberanía de los pueblos, acarrearon consecuencias políticas diversas. A pesar del empeño del gobierno central por neutralizarlas, la influencia de Artigas y su alternativa confederal se extendieron por las provincias del litoral. La reunión de un congreso constituyente en Tucumán durante 1816 colocó de nuevo en el centro del debate a la forma de gobierno. En forma paralela se discutió sobre el ejercicio y la titularidad de la soberanía ya que, por una parte, se trataba de dilucidar cuál era el régimen de gobierno más adecuado, si el republicano o el monárquico, y por otra, cuál la forma a adoptar, si la federal o la de unidad. Posteriormente, en algunos sectores la valoración negativa de lo federal alcanzó su máxima expresión cuando los caudillos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos vencieron en febrero de 1820 a las fuerzas del gobierno central y provocaron su disolución. Asociar federación a anarquía significaba negar la posibilidad de que pudiera implementarse como un sistema legal.\nAdemás, estos federales conformaban una facción que era asimilada a la figura de un monstruo: “Horrendo por la ferocidad de sus crueldades; informe, porque se encarniza contra las leyes, y reglas sociales; y ciego, porque no sufre la luz de la razón.” Durante el congreso constituyente que reunió a los representantes de las provincias autónomas entre 1824 y 1827 y sancionó por mayoría una constitución republicana y unitaria afines de 1826, se erigió un grupo que impulsó la forma federal. En su defensa los federales hicieron hincapié en las mayores garantías que la federación ofrecía para el goce de la libertad de los pueblos y, por lo tanto, en su mayor resistencia a la arbitrariedad y al despotismo. Pero lo más importante es, por un lado, la reivindicación de antecedentes de la federación en la historia de la revolución americana; y por el otro, la distancia que toman los diputados federales en relación a Artigas y la negativa a asimilar la situación de las provincias en el período transcurrido desde la caída del gobierno central a un estado de federación. Por su parte, los promotores de la unidad insistieron en asociarla a algunos de los rasgos ya mencionados para los años revolucionarios. La muestra más evidente de fusión entre unidad/centro/Buenos Aires fue la Ley de Capitalización de marzo de 1826 promovida por Rivadavia. Ahora se asignaba a la ciudad porteña y al nuevo gobierno nacional un rol más activo y transformador, cuyo signo debía ser indudablemente positivo. En los años siguientes a la descomposición del congreso provocada por el repudio de algunas provincias a la constitución de 1826, los grupos que respectivamente habían abogado por la unidad y la federación disputan denodadamente por el poder en el marco de cada una de las provincias. Las guerras civiles, la postergación indefinida de la organización constitucional y el triunfo federal relegan a un segundo plano el debate sobre las formas de gobierno; en consecuencia, los adjetivos federal y el recientemente aparecido unitario (1826) remiten cada vez más tangencialmente a los respectivos modelos constitucionales y a las maneras de concebir el sujeto de imputación de la soberanía para verse más marcados por las contingencias de la vida política que los dotan de nuevos significados. Al mismo tiempo, poco a poco se hace más difícil escapar a la clasificación de unitario o federal. El 1º de diciembre de 1828 se produce un motín liderado por Lavalle que, aconsejado por miembros conspicuos del círculo unitario, ordenó fusilar al gobernador bonaerense y líder federal Manuel Dorrego. Tras la salida negociada de Lavalle y el nombramiento de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires, el fusilamiento de Dorrego adquiere su real magnitud y deja a los unitarios porteños fuera de la ley: los términos se invierten y ahora los criminales son los unitarios y los defensores del orden, los federales. La creación en 1830 de la “unitaria” Liga Militar del Interior motivó la firma del Pacto Federal que vinculó a las provincias litorales en una liga ofensiva-defensiva en contra de la primera. Vencida la Liga Militar, el Pacto Federal proporcionó la base de una laxa confederación en la medida en que las provincias coaligadas reconocían “recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos”. La unanimidad federal, fruto de un inicial consenso gradualmente reemplazado por la imposición desde el gobierno, se manifestó en lo discursivo a través de la identificación de la federación como una causa “nacional” o de los pueblos, lo que refleja un evidente cambio de signo en su valoración. El gobierno, por su parte, contribuyó a fortalecer la unanimidad federal al disponer el uso obligatorio de una cinta color punzó con la palabra FEDERACIÓN para los empleados civiles y con la leyenda FEDERACIÓN O MUERTE para los militares de la provincia, y por el otro, al imponer desde 1835 el encabezamiento de los documentos oficiales con el lema “¡Vivan los federales!”. En 1842 Rosas dispuso que se añadiera la frase “¡Mueran los salvajes unitarios!” Sin embargo, esa unanimidad no estuvo exenta de grietas como la que escindió a los federales a fines del primer gobierno de Rosas (1829-1832) con motivo del debate en la legislatura sobre la concesión al poder ejecutivo provincial de las facultades extraordinarias, atribución que envolvía la suspensión de las garantías individuales. En adelante unitarios serán todos los que se opongan a los designios de Rosas: a los antiguos partidarios de la unidad y a los federales cismáticos se suman los integrantes de la Joven Generación que, a fines de los años 30, también debieron emigrar hacia los estados vecinos. Harto frecuente era que el apelativo de unitario, devenido sinónimo de enemigo de Rosas, fuera acompañado de adjetivos denigratorios. Es por ello que los emigrados procuran contrarrestar los efectos de la propaganda rosista mediante la publicación de periódicos en sus lugares de residencia. Quien logra enunciar una fórmula superadora del confederacionismo vigente y resolver el conflicto en torno al sujeto de imputación de la soberanía es Alberdi: “desde que se habla de constitución y de gobierno generales, tenemos ya que la federación no será una simple alianza entre Provincias independientes (…) la República Argentina será y no podrá ser menos de ser un Estado federativo, una Republica nacional, compuesta de varias provincia s, a la vez independientes y subordinadas al gobierno general creado por ellas.” Del mismo modo, los constituyentes de 1853 dieron cuenta de esa mutación del concepto de federación, amén de aclarar que se el modelo a seguir era el de la federación norteamericana. No obstante, tanto el proyecto de constitución de Alberdi (1852) como la constitución federal sancionada en 1853 conservaron el nombre de “Confederación Argentina” utilizado durante el gobierno rosista. Hacia 1857, Bartolome Mitre insiste en la distinción entre la “acepción histórica” y la “absoluta” de las palabras, en particular cuando se trata de aquellas pertenecientes al vocabulario político. Los hechos, dice Mitre, demuestran el error en el que incurren los publicistas contemporáneos que entienden por federación el modelo norteamericano, porque en la República Argentina aquella no ha significado otra cosa que “el caudillaje, el robo, el degüello, la guerra civil, la esclavitud y la tiranía”; mientras que las verdaderas instituciones federativas han sido obra del partido unitario y de su principal mentor, Rivadavia. De ese modo niega la relación entre el sistema federal y el caudillismo en tanto referentes locales de la federación y rescata a los unitarios y a la forma de unidad del oprobio sufrido durante las últimas décadas. A una primera etapa donde la oposición remite a posturas encontradas en torno al sujeto de imputación de la soberanía le sigue otra en la que prima un feroz enfrentamiento faccioso. La constitución de 1853, al fundar un estado federal y resolver, al menos en teoría, la cuestión de la soberanía, permite allanar el antagonismo que había caracterizado a la relación entre unidad y federación.\nDocuments Similar To 35196675 Resumen Lenguaje y Revolucion 2008\nResumen - Jorge Myers (1999) ROSAS (1793-1877) "El "nuevo hombre americano"\nResumen - Pilar Gonzalez Bernaldo (1987) El levantamiento de 1829\nEl Concepto de Soberania en El Quran