Venta Online de Alargadores y prolongadores - elmaterialelectrico.com\n3x1.5 mm (13)\n> Pequeño material>Clavijas, bases y multiplicadores>Alargadores y prolongadores\nAlargador extensible de 25 mtrs. de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y protector disyuntor\nAlargador extensible de 25 metros de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y protector disyuntor. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nAlargador extensible de 25 mtrs. de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y...\nAlargador extensible de 50 mtrs. de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y protector disyuntor\nAlargador extensible de 50 metros de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y protector disyuntor. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nAlargador extensible de 50 mtrs. de 3x1,5 mm con 4 tomas con TTL y...\nTe ahorras: 87,75 €\nProlongador schuko de 2 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 2 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nTe ahorras: 7,05 €\nProlongador schuko de 3 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 3 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nProlongador schuko de 4 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 4 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nProlongador schuko de 5 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 5 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nTe ahorras: 11,65 €\nProlongador schuko de 10 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 10 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nTe ahorras: 23,85 €\nProlongador schuko de 15 mtrs. y sección 3x1,5 mm con base y clavija\nProlongador schuko de 15 metros y sección 3x1,5 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas como profesionales.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nTe ahorras: 35,25 €\nProlongador de 3 mtrs. y sección 2x0,75 mm con base y clavija\nProlongador de 3 metros y sección 2x0,75 mm con base y clavija. Un producto apto tanto para instalaciones domésticas.Marcas: Famatel, WERDEN o Solera según disponibilidad\nTe ahorras: 5,54 €\nProlongador de 5 metros de Jack 6p4c a 6p4c\nProlongador de 5 metros de Jack 6p4c a 6p4c.Marcas: CODELL o similar según disponibilidad


18/09/15 por Eugenia\nPrepara tus panes con semillas de sésamo, hojas de lechuga, rodajas de tomate y también el pepinillo y la tocineta frita, y ponte manos a la obra para hacer estas recetas de hamburguesas diferentes para toda tu familia o tus amigos.\nHamburguesas de ave: Pica carne molida de 3 pechugas de pollo, agrega un huevo, 1 cucharada de queso parmesano rallado, una cucharada de perejil fresco picado, una pizca de jengibre seco molido, y sal y pimienta al gusto. Amasa bien, crea discos, aplánalos y cocina a fuego moderado de ambos lados, hasta que las notes doradas.\n"Cuando prepares hamburguesas, higieniza la cocina desinfectándola, incluyendo el horno, sartenes, planchas, cuchillos, mesada y todo lo que utilices."\nGracias por leer Recetas de Hamburguesas Caseras, si te gustó esta nota, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y compartilo.\n¿Cansado de las recetas de hamburguesas caseras de carne picada, cebolla y especias? Pues anímate a los sabores diferentes con estas opciones simples


Sony pone en marcha el Nación Play para ganar un viaje al E3 • Hablemos en Bits\nSony pone en marcha el Nación Play para ganar un viaje al E3\nSony ha lanzado la comunidad online llamada “Nación Play”, para la participación de los gamers de latinoamérica con la posibilidad de ganar premios de Playstation.\nLas tareas que tendrán que hacer los participantes incluyen el incluir un momento “Épico” de su vida gamer y compartirlo en diversas redes sociales, entre otras formas de acumular puntos para cumplir desafíos mensuales. Estas tareas acumularán puntos en el perfil de los usuarios además de desbloquear medallas.\nY ¿para qué hacer todo esto?, bueno, el premio del ganador del concurso podrá llevarse un PS4, con un Dualshock 4, dos juegos, una subscripción de un año a PSN Plus, un viaje a California para dos personas y acceso a la Conferencia de Prensa de América Latina de Playstation, entre otros.\nLa Nación Play será válida para los residentes legales de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú y culminará oficialmente el jueves 8 de mayo de 2014 a las 11:59 de la noche.\nSi están interesados en participar con furia gamer o quieren ver más detalles, les recomiendo leer los términos de participación.\nEs bueno ver a las empresas del gaming dar oportunidades a la región de latinoamérica. Esperamos ver iniciativas como esta de otros grandes del gaming.


El salón es la estancia de convivencia por excelencia en una vivienda. Además, suele ser el espacio de mayores dimensiones y el que determina cómo van a ser el resto de habitaciones en los apartados de decoración, mobiliario e inclusión de accesorios. Cuidar el estilo en esta estancia es clave y hay que saber integrar numerosos elementos básicos. Hoy os hablamos de los aparadores de salón, cuál es su uso y por qué son tan importantes.\nAdemás, te mostraremos algunos modelos a la venta en nuestra tienda. Con un buen aparador de salón vas a conseguir ganar espacio de almacenamiento y reforzar el clima de bienestar y habitabilidad en la estancia.\nVentajas de contar con los aparadores de salón\nLos aparadores para salón presentan como principal punto fuerte la posibilidad de disponer de más espacio de almacenamiento en casa. Esto los convierte en elementos indispensables en viviendas pequeñas.\nSu uso puede servir para guardar la vajilla, la cubertería, los manteles y otros componentes del servicio de mesa, sobre todo en estancias que actúen como salón-comedor. Además, contar con un mueble aparador de salón genera mayor sensación de amplitud. Por lo general, estos elementos tienen un diseño de baja estatura que hace crear un efecto de mayor cantidad de espacio, y todo ello sin renunciar a la funcionalidad.\nDistintos usos para reforzar su versatilidad\nOtro aspecto interesante de este tipo de mobiliario es su versatilidad. Un mueble aparador puede servir como lugar de almacenamiento cerca de la zona del comedor, para guardar la cubertería, la vajilla y la mantelería; pero también como mueble sobre el que colocar la televisión, y guardar en sus cajones dispositivos de entretenimiento: videoconsolas, cables, accesorios tecnológicos, mandos a distancia, auriculares…\nPor otra parte, los aparadores son enseres que sirven como elemento de separación para generar distintos ambientes. Si tu salón alberga también el comedor, este mueble puede marcar la frontera visual entre los dos espacios. Algo similar ocurre con las cocinas abiertas al salón.\nSu tamaño, que suele ser bajito, no reduce la amplitud visual del espacio. Esto es algo que se valora en estancias que aportan esa visión de continuidad entre distintas zonas de uso: cocina y salón. Finalmente, son muebles muy funcionales, asequibles y muy duraderos.\nCómo elegir el aparador para tu salón\nEl mueble aparador de salón es un aparato práctico y a mano, que encaja prácticamente con cualquier estilo decorativo y que prioriza la funcionalidad, pero sin renunciar al aspecto estético. Para elegir correctamente el modelo hay que tener en cuenta las necesidades de almacenamiento y las preferencias a nivel decorativo.\n¿Aparador alto o bajo?\nLos aparadores bajos se denominan así porque su altura es muy reducida, en torno a los 75 centímetros como máximo. Esta elección es la preferida en muchos usuarios por esa capacidad de no romper con la continuidad visual. Suelen disponer de varias alturas para almacenar objetos, con cajones, puertas y vitrinas, aunque también se ayudan de la zona superior para posar objetos decorativos.\nLos aparadores altos sí son más voluminosos por norma general. Su altura puede oscilar entre los 120 y los 160 centímetros. El aspecto más reseñable de estos muebles es su amplia capacidad de almacenamiento.\nSi estás entre una opción y la otra, los tradicionales aparadores de cocina no eran ni tan grandes como los altos, pero un poco mayores en cuanto a dimensiones que los aparadores altos. Esta idea de la cocina se ha trasladado también al salón, con modelos muy elegantes que se caracterizan por su aspecto robusto y sus ingeniosos espacios de almacenamiento.\nEn Merkamueble tenemos varios ejemplos de este tipo. El aparador cera-gris antracita con puerta corredera sorprende por este sistema de apertura, mientras que si buscas un modelo más clásico, el azahar cemento con tres puertas destaca por su combinación de colores y su precio competitivo.\n¿Mueble abierto o cerrado?\nEstos muebles no son estanterías. La función básica es almacenar objetos de valor. De este modo, si se antepone la practicidad para evitar golpes en los elementos a conservar, la entrada de polvo y las impurezas propias del aire, lo mejor será un aparador cerrado.\nSi hay niños o mascotas en casa, optar por esta decisión es más que razonable. No obstante, los modelos abiertos consiguen que el mueble no resulte tan homogéneo y la estancia gane en estilo. En nuestro catálogo de muebles de salón y aparadores puedes encontrar alguno con cuatro puertas y hueco central que potencia ese espíritu estético de los muebles.\nEl elemento discordante final para escoger entre las distintas opciones de aparadores de salón es el factor presupuestario. Sea como fuere, si algo debe quedar claro es que instalar un mueble de este tipo va a reforzar la estética de la estancia y te va a permitir utilizar también el salón como lugar de almacenamiento.\nAPARADORES DE SALÓN :\nAparador 3 puertas y patas color naturale-grafito\nAparador 2 puertas y 3 cajones color cera-negro\nAparador alto 4 puertas con hueco y patas color blanco nordic-grafito\nmerkamuebleonline 24 de diciembre de 2021


Sentencia de Tutela nº 400/17 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 689151413\nRECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE EMANADA DE ACCIDENTE DE TRANSITO. NORMATIVIDAD. Se atribuye a la asegurada accionada la vulneración de derechos fundamentales de la actora, debido a que se rehúsa a asumir los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que le practique el examen de pérdida de capacidad laboral y así poder solicitar la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT. Se analizan los siguientes temas: 1º. La existencia de otros mecanismos de defensa judicial 2º. La procedencia de la acción de tutela contra particulares. 3º. La seguridad social como derecho fundamental. 4º. La actividad aseguradora en el marco del interés público. 5º. La normativa sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de un accidente de tránsito. 6º. Las funciones de la Junta de Calificación de Invalidez frente a la figura de la incapacidad permanente y, 7º. Los honorarios de los miembros de dichas juntas. Se CONCEDE el amparo del derecho fundamental a la seguridad social y se ordena a la accionada realizar el examen de pérdida de capacidad laboral a la peticionaria. Se indica que en caso de que este dictamen sea impugnado, debe asumir los honorarios del referido examen, tanto si se realiza ante la Junta Regional como ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.\nReferencia: Expediente T-5.989.793\nAcción de tutela formulada por A.I.D.C. contra QBE Seguros S.A.\nLa S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada D.F.R., y los Magistrados C.B.P. y A.R.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:\nDentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Civil Municipal de B. y por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., en primera y segunda instancia respectivamente, en el trámite de la acción de tutela instaurada por A.I.D.C. contra QBE Seguros S.A.\nEl proceso de la referencia fue escogido por la S. de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto proferido el 28 de febrero de 2017, en aplicación del criterio de selección objetivo: “posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional”. Correspondiendo por sorteo al Despacho del Magistrado A.R.R..\nLa señora A.I.D.C. instauró acción de tutela contra QBE Seguros S.A., debido a que la entidad demandada se rehúsa a asumir los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander. Por tal motivo, la accionante no ha podido solicitar la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, situación que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social.\n1.1 La señora A.I.D.C. sufrió un accidente de tránsito el 31 de enero de 2016, el cual le produjo fractura de radio distal izquierdo y debido a ello pretende ser beneficiaria de la indemnización por incapacidad permanente, cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-.\n1.2 El 26 de julio de 2016 presentó derecho de petición ante la compañía aseguradora QBE Seguros S.A., para que ésta asumiera el valor de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, dado que no contaba con los recursos económicos para poder cancelar dicho examen.\n1.3 En respuesta de la solicitud, la entidad requerida, en oficio del 17 de agosto de 2016, negó la solicitud presentada por la señora D.C., arguyendo que el pago de los honorarios está a cargo de quien solicita el examen de pérdida de capacidad laboral y agregó que el dictamen no era necesario para solicitar la indemnización por incapacidad permanente cubierto por el SOAT, ya que podría allegar una valoración médica diferente a la emitida por la Junta de calificación de Invalidez.\n1.4 Con fundamento en los hechos expuestos, la señora A.I.D.C. interpuso acción de tutela e invocó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, para que la entidad demandada cancele los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y practique el examen de pérdida de capacidad laboral para reclamar la indemnización por incapacidad permanente cubierta por el SOAT.\nCon fundamento en los hechos expuestos, la señora A.I.D.C. invocó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, para que la entidad accionada asuma el costo del examen de pérdida de capacidad laboral y así, de esta manera, poder solicitar la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.\nEl Juzgado Tercero Civil Municipal de B., admitió la acción de tutela interpuesta por la ciudadana A.I.D.C. contra QBE Seguros S.A., y en consecuencia, ordenó vincular al proceso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y a la E.P.S.-S Asmet Salud. Así mismo, dispuso correr traslado a la compañía aseguradora accionada y a las entidades vinculadas para que se pronunciaran sobre “los hechos que aduce el accionante en la demanda de tutela”.\nMediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2016 en el Juzgado Tercero Civil Municipal de B., la señora P.A.R.G., obrando en calidad de Representante Legal Judicial de QBE Seguros S.A., solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, puesto que este mecanismo no es el idóneo para reclamar prestaciones económicas, debido a que la única pretensión de la accionante va encaminada a la obtención del pago de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez para poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el SOAT, sin que se demuestre el perjuicio irremediable que se pretende evitar.\nRepresentante Legal de QBE Seguros S.A., afirmó que el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, “establece con toda claridad cuáles son las entidades que deben calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y desatar las controversias ante las Juntas de Calificación de Invalidez, lo que incluye el pago de honorarios de estas últimas, sin que las aseguradoras del SOAT se encuentren dentro de dichas entidades calificadoras.”.\nAgregó la señora R.G., que de conformidad con la regulación del SOAT, el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es indispensable para acceder a la indemnización que pretende la actora, pues puede aportar otros medios de prueba que demuestren su grado de invalidez. Es así, como esta entidad, en contestación del derecho de petición, ofreció expresamente a la accionante realizarse un examen de valoración de pérdida de capacidad laboral, a través de un médico externo sin ningún costo adicional.\nPor último, solicitó que QBE Seguros S.A. fuese desvinculado de la acción de tutela que adelantó en su contra la señora A.I.D.C., de acuerdo con lo expuesto anteriormente.\n3.2. Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander\nMediante escrito de contestación de fecha 7 de septiembre de 2016, la señora E.S.S., en su calidad de Directora Administrativa y Financiera de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, solicitó desvincular a esta entidad, habida cuenta de que las peticiones incoadas por la accionante van dirigidas a otras entidades. Lo anterior con fundamento en que, “NO se ha presentado solicitud para realizar dictamen médico y de esta manera determinar la pérdida de la capacidad laboral de la señora A.I.D.C.; razón por la cual esta Junta no tiene conocimiento del asunto que se avoca en el presente proceso.”.\n3.3. Asmet Salud E.P.S.-S\nPor medio de escrito radicado el 6 de septiembre de 2016 en el Juzgado Tercero Civil Municipal de B., la señora A.X.V.P., en su condición de Técnico Jurídico de la E.P.S. Asmet Salud, solicitó que la entidad promotora de salud fuese desvinculada dentro de la acción de tutela de la referencia. Estimó que “la entidad se encuentra presta a garantizar la atención en salud que requiera la afiliada y que prescriban los médicos tratantes, pero la calificación de invalidez reclamada por la usuaria, corresponde a la entidad competente y a la accionada principal”.\nEl Juzgado Tercero Civil Municipal de B. mediante fallo del 9 de septiembre de 2016, amparó el derecho fundamental a la igualdad y a la seguridad social requerido por la ciudadana A.I.D.C.. Por esta razón, ordenó a la compañía QBE Seguros S.A., solicitar la valoración y cubrir los gastos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, para que procediera a evaluar y emitir el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral a la accionante. Justificó su decisión en cuanto, considero que, si para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es necesario certificar el grado de invalidez, se infiere que la víctima tiene derecho a que le sea calificada su pérdida de capacidad laboral. Debido a lo anterior, la aseguradora con la que se haya suscrito la respectiva póliza debe cumplir su obligación a la hora de otorgar la respectiva prestación económica.\nAgregó que, “extender la carga de cancelar los honorarios de la junta de Calificación de Invalidez al aspirante beneficiario para que se le evalúe su grado de capacidad laboral, desconoce la protección especial que debe ofrecer el Estado a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.\nPor último, ordenó desvincular a la E.P.S. Asmet Salud y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, como quiera que no se desprende vulneración de derechos fundamentales.\nEl Juzgado Quinto Civil del Circuito de B. mediante sentencia del 10 de octubre de 2016 revocó la decisión adoptada por el a quo, argumentando que a pesar que la accionante esgrime no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de los miembros de la Junta Regional de calificación de invalidez, no se acreditó de ninguna manera la veracidad de su afirmación. Debido a ello, no se aviene que el Estado deba brindar protección constitucional, dado que las condiciones económicas, físicas y mentales no advierten que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta.\n5.1 Poder otorgado por la ciudadana A.I.D.C. a la señora J.G.L. para que actúe como su apoderada dentro de la acción de tutela de la referencia.\n5.2 Copia de la valoración médica llevada a cabo a la señora A.I.D.C. por Serviclinicos Dromedica S.A. el 31 de enero de 2016.\n5.3 Copia del certificado del puntaje de calificación obtenido del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– del 22 de julio de 2016, tomado de la página web www.sisben.gov.co.\n5.4 Copia del derecho de petición presentado por la señora J.G.L., apoderada judicial de la accionante, ante la compañía QBE Seguros S.A., solicitando el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.\n5.5 Copia de la respuesta dada por la aseguradora QBE Seguros S.A. al derecho de petición presentado por la apoderada de la señora D.C., por medio del cual se solicitó el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.\n6.1 El 21 de marzo de 2017 se ordenó oficiar a la ciudadana A.I.D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 28.239.017, y se le solicitó informar si le fue practicado el examen de pérdida de capacidad laboral por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander.\n6.2 El 8 de Mayo de 2017, la señora J.G.L. apoderada de la ciudadana A.I.D.C., contestó la pregunta realizada por este despacho de la siguiente manera:\n“Me permito informar que la compañía QBE NO HA sufragado Honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez de Santander a fin de que realice la valoración por pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la señora A.I.D.C..”\n6.3 El 21 de marzo de 2017 se ordenó vincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y a la E.P.S. Asmet Salud, y se les solicitó pronunciarse sobre los hechos descritos en la acción de tutela de la referencia.\n6.4 El 8 de mayo de 2017, la señora E.S.S., en su calidad de Directora Administrativa y financiera de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela de la siguiente manera:\n“No le consta a la Junta lo relatado en los hechos descritos por el tutelante. Se hace necesario aclarar que los trámites, procedimientos y demás actuaciones adelantadas por la Junta de Calificación se hacen siguiendo estrictamente lo dispuesto en el Decreto 1352 de 2013 “Por medio del cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones” y en donde se señala los casos en los cuales la Junta es competente para calificar la Pérdida de la Capacidad Laboral de una persona. De igual forma se tiene, que revisada nuestra base de datos se evidenció que a la fecha no se ha presentado solicitud para realizar dictamen médico y de esta manera determinar la pérdida de la capacidad laboral de la señora A.I.D.C. razón por la cual esta Junta no tiene conocimiento del asunto que se avoca en el presente proceso”\n6.5 La E.P.S. Asmet Salud, guardó silencio sobre los hechos descritos en la acción de tutela de la referencia.\nEs competente esta S. de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.\nA.I.D.C. presentó acción de tutela contra la compañía QBE Seguros S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social. Alega la accionante que la entidad demandada se niega a asumir el costo de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander. Motivo por el cual, no se le ha realizado el examen de pérdida de capacidad laboral y así, poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT–.\nCorresponde a la S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:\n¿La compañía QBE Seguros S.A. ha vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social de la señora A.I.D.C. al no asumir el costo de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, bajo el argumento que de acuerdo con la normatividad vigente no le corresponde costear dicho emolumento, además que el dictamen proferido por esta entidad no es indispensable para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, aun cuando la accionada tiene conocimiento de que la demandante no cuenta con recursos económicos?\nPara resolver el problema jurídico planteado, esta S. expondrá: (i) La existencia de otros mecanismos de defensa judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra particulares; (iii) seguridad social como derecho fundamental; (iv) actividad aseguradora en el marco del interés público; (v) normativa sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente de tránsito; (vi) funciones de la Junta de Calificación de Invalidez frente a la figura de la incapacidad permanente; (vii) honorarios de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez. Finalmente (viii) estudiará el caso concreto.\nEl artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela procede en los eventos que haya vulneración o posible amenaza de derechos fundamentales. Agrega dicha disposición, que solo se podrá hacer uso de éste cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o si existiendo, es utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.\nLa acción de tutela tiene un carácter residual y excepcional, y, por tanto, reconoce la validez de los recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos idóneos para la protección efectiva de derechos, “[s]in embargo, la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela”.\n“…la acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. (...)”. (S. fuera del texto)\n“La aptitud del medio judicial alternativo, podrá acreditarse o desvirtuarse en estos casos, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: i) el objeto de la opción judicial alternativa y ii) el resultado previsible de acudir a ese otro medio de defensa judicial. El juez constitucional deberá observar, en consecuencia, si las otras acciones legales traen como resultado el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos fundamentales vulnerados en la situación puesta en su conocimiento, evento en el que, de resultar afirmativa la apreciación, la tutela resultará en principio improcedente. A contrario sensu, si el juez determina que el mecanismo de defensa judicial aparentemente preeminente no es idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados, la tutela puede llegar a ser procedente.”.\n“(…) es pertinente acotar que en materia de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte ha manifestado que, no obstante la rigurosidad con que el juez debe evaluar los requisitos exigidos para dar curso al mecanismo de amparo, existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales.”.\nDe acuerdo con lo anterior, la S. Octava de Revisión procede a determinar si la acción de tutela es procedente para la salvaguarda de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a la accionante. En este sentido, se debe resaltar que la ciudadana A.I.D.C. tiene 63 años de edad, lo cual la hace un sujeto de especial protección constitucional por pertenecer a la tercera edad. Por ese motivo, el examen de procedibilidad será menos riguroso. De la misma manera, la actora indicó que no cuenta con recursos económicos, afirmación que se pudo inferir como verdadera en sede de revisión, a través de la información suministrada en la página web del Registro Único de Afiliaciones y el puntaje otorgado por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN–.\nLa S. Octava de Revisión observa que el caso bajo estudio reviste importancia constitucional, al encontrarse en discusión la protección del derecho fundamental a la seguridad social, contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política.\nDe esta manera, aunque la jurisdicción ordinaria es el mecanismo idóneo, se evidencia que no es eficaz para debatir la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social de la accionante, toda vez que se tuvo en cuenta la edad de la señora A.I.D.C. y que presenta una pérdida de capacidad laboral que no le permite trabajar y proveer su sustento básico, siendo afectado así, su derecho fundamental al mínimo vital. Superado el examen de subsidiariedad, es indispensable tomar medidas tendientes a impedir que persista el daño.\nComo corolario de lo anterior, la S. Octava de Revisión determina que en el caso sub judice, la acción de tutela es el mecanismo de defensa judicial idóneo para dirimir la controversia entre la ciudadana A.I.D.C. y la compañía QBE Seguros S.A.\n4.1 Procedencia de la acción de tutela contra particulares, como es el caso de las entidades financieras y aseguradoras. Reiteración de jurisprudencia\nCuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.”\nEn el caso particular de las entidades financieras y aseguradoras, “su actividad se desarrolla en el marco del sistema financiero pues su ejercicio radica en la captación, manejo e inversión pública de grandes cantidades de dinero, por ello se encuentra calificada como un servicio de interés público según los términos del artículo 335 de la Constitución Política”. Es por ello, que contra estas procede la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.\n“(…) es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”\n4.2 Seguridad social como derecho fundamental\nEl Estado colombiano, al ser un Estado Social de Derecho, cuenta con la obligación de asegurar la eficacia de los principios y derechos que se encuentran inmersos en la Carta Política. Este deber no solo se dirige a evitar la vulneración de derechos, sino también a “tomar todas las medidas pertinentes que permitan la efectiva materialización y ejercicio” de los mismos.\nEl derecho a la seguridad social “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”.\nDe la lectura del artículo 48 de la Constitución Política, se logra inferir, que el derecho a la seguridad social denota una doble acepción. En primer lugar, como un “servicio público de carácter obligatorio” el cual su dirección, coordinación y control, estará a cargo del Estado, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y en segundo lugar, como un derecho irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado.\n“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilidad física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”\nLa Corte Constitucional ha señalado que la seguridad social hace referencia a los medios de protección que brinda el Estado para salvaguardar a las personas y sus familias de las contingencias que afectan la capacidad que estos tienen para generar ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas y confrontar circunstancias como la enfermedad, la invalidez o la vejez. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 19 destacó:\n“Los objetivos de la seguridad social que deben comprender a todo el conglomerado social, guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales, promover las condiciones para una igualdad real y efectiva, adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político, donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación.”\nLa importancia de este derecho se basa en el “principio de la dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos”, puesto que las personas podrán asumir las situaciones difíciles que obstaculizan el desarrollo de actividades laborales y la recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.\n4.3 Actividad aseguradora y la protección de derechos fundamentales en relación con ésta\nLa Carta Política del Estado colombiano permite la libertad contractual y la autonomía privada en materia de contratación, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites del bien común, atendiendo a “los principios del respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general sobre el privado, los cuales deben regir en Colombia como Estado Social de Derecho (Art.1º)”.\n“[L]as actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.” (S. y negrillas fuera del texto original).\nEsta Corporación ha sostenido que la Constitución Política no estableció que las actividades aseguradoras presten un servicio público, pero sí que estas traen inmersas un interés público que propende por el bienestar de la comunidad. Por esta razón, las conductas desplegadas por estos establecimientos pueden verse limitada en su ejercicio “cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de interés general”.\nDe allí se debe partir: del interés público que reviste la actividad aseguradora, cimentado en los fines que como operación económica persigue y en la protección de la parte más débil (asegurado y beneficiario) de la relación contractual.”\nEn la misma Sentencia esta Corte estableció que los usuarios de las entidades financieras se encuentran en un estado de indefensión frente a ellas, dado que, están en una situación de debilidad manifiesta, pues “no puede defenderse ante la agresión de sus derechos”. Además, agregó que esta libertad contractual que les fue otorgada no puede ejercerse de manera arbitraria.\nComo corolario de lo expuesto, se concluye que, las actividades financieras y aseguradoras, gozan de autonomía de la voluntad y de libertad contractual en el desempeño de sus relaciones privadas. No obstante ello, debido al interés público del servicio que prestan, se encuentran limitadas por los valores y principios emanados en la Constitución Política.\n4.4 Normativa sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente emana de accidentes de tránsito\nEl Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios de salud, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es por ello, que debido a la incidencia que tienen los accidentes de tránsito en la salud de las personas, se previó un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, para los vehículos automotores “cuya finalidad es amparar la muerte o los daños corporales que se causen a las personas implicadas en tales eventos, ya sean peatones, pasajeros o conductores, incluso en los casos en los que los vehículos no están asegurados”.\nEn lo concerniente a las normas que le son aplicables al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, estas se encuentran contempladas en el capítulo IV, de la parte VI del Decreto Ley 663 de 1993, el cual regula el tema de seguros de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito. Es importante aclarar que, aquello que no se encuentre dentro del Decreto Ley, deberá suplirse con lo previsto en el contrato de seguro terrestre del Código de Comercio.\nEl numeral 2 del artículo 192 del Decreto Ley 663 de 1993 contempla los objetivos del seguro obligatorio de daños corporales que se causen con ocasión a los accidentes de tránsito y establece que:\n“a. Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud;\nLa profundización y difusión del seguro mediante la operación del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades aseguradoras que atiendan de manera responsable y oportuna sus obligaciones.” (S. y negrillas fuera del texto original)\n“La calificación de pérdida de capacidad será realizada por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y se ceñirá al Manual Único para la pérdida de capacidad laboral y ocupacional vigente a la fecha de la calificación.”\nEn este sentido, el inciso segundo del artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, estableció que las autoridades competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral son los siguientes:\n“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. (N. y subrayas fuera del texto original)\nPoder en original mediante el cual la víctima autoriza a una persona natural para que presente la solicitud de pago de la indemnización por incapacidad.” (N. y subrayado fuera del texto original)\nSe concluye que, para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es indispensable allegar el dictamen médico proferido por la autoridad competente. Además, es importante aclarar que la decisión proferida en una primera oportunidad por las autoridades establecidas en el inciso segundo del Artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, podrá ser impugnado ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la calificación emitida por esta, a su vez, podrá ser objetada ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.\n4.5 Funciones de la Junta de Calificación de Invalidez frente a la figura de la incapacidad permanente\nDe conformidad con el artículo 2.2.5.1.4 del Decreto 1072 de 2015, las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Una de sus funciones principales es emitir los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, previo estudio del expediente y valoración del paciente. Estas actuaciones deberán regirse por los principios constitucionales como lo son la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad.\n“Las juntas de calificación de invalidez, tanto las regionales como la junta nacional, son organismos de creación legal, integrados por expertos en diferentes disciplinas, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –hoy, Ministerio de la Protección Social- para calificar la invalidez en aquellos eventos en que la misma sea necesaria para el reconocimiento de una prestación. De conformidad con los artículos acusados, los miembros de las juntas de calificación de invalidez no son servidores públicos y reciben los honorarios por sus servicios de las entidades de previsión o seguridad social ante quienes actúan, o por la administradora a la que esté afiliado quien solicite sus servicios. Del contenido de la normativa legal se tiene que el fin de las juntas de calificación de invalidez es la evaluación técnica científica del grado de pérdida de la capacidad laboral de los individuos que se sirven del sistema general de seguridad social. El dictamen de las juntas de calificación es la pieza necesaria para la expedición del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión, propiamente dicho.”.\nLa misma normatividad establece que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez tienen como función primordial emitir en primera instancia la decisión respecto del origen y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. Agrega que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez decidirá en segunda instancia el recurso de las apelaciones contra los dictámenes de las Juntas Regionales.\n4.6 Honorarios de los Miembros de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez\n“Artículo 17. Honorarios Juntas Nacional y Regionales. Los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común; en caso de que la calificación de origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por la Administradora de R.L., conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Trabajo.\nLa Corte Constitucional en Sentencia C-164 de 2000 determinó que era deber del Estado salvaguardar a los sujetos que por su condición física, económica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Por esta razón, debe evitar un trato favorable respecto de aquellos que cuenten con los recursos económicos para que su salud física o mental sea evaluada, habida cuenta que “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.\nEn atención a lo enunciado anteriormente, la prestación de un servicio esencial en materia de seguridad social, como lo es el examen de pérdida de capacidad laboral, no puede condicionarse a un pago. Puesto que, se “elude la obligatoriedad y la responsabilidad del servicio público, y promueve la ineficiencia y la falta de solidaridad de las entidades de seguridad social, a la vez que convierte en ilusorio el principio de la universalidad”\n“las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; sin embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido.” (S. y negrillas fuera del texto original)\nEl artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, adiciona que el aspirante a beneficiario también puede sufragar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez. No obstante, podrá pedir su reembolso siempre y cuando se establezca un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Al respecto es importante mencionar, que para aquellos que no cuentan con los recursos económicos para pagar el costo de la valoración, se podría dificultar la realización del procedimiento, y por ende, su acceso a la seguridad social, el cual es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable. Además, se debe resaltar que este derecho se funda sobre el principio de solidaridad, estipulado en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993“Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.”. Esto quiere decir, según la Sentencia C-529 de 2010, que las contingencias que afecten el mínimo vital y que no puedan ser cubiertas por la persona que la padeció, se deben cubrir a través del esfuerzo de todos los miembros de la sociedad, pues de no ser así, el sistema de seguridad social sería inoperante.\n“En estos caso se mengua la obligatoriedad y la responsabilidad del servicio público, como también se aprecia la falta de solidaridad de las entidades de seguridad social propias de un Estado Social de Derecho respecto de la actividad aseguradora, que reviste interés público, principalmente, cuando se le niega el acceso al beneficiario a conocer su estado de salud y su consiguiente derecho a ser evaluado y diagnosticado.”\nSe concluye que las Juntas de Calificación de Invalidez son las encargadas de proferir el dictamen de pérdida de capacidad laboral, cuando esta sea necesaria para acceder al reconocimiento y pago de cualquier clase de prestación social que pretenda garantizar el mínimo vital y la vida en condiciones dignas de las personas. El artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, establece que quiénes deben asumir el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez son las entidades Administradoras de Fondos de Pensión o las Administradoras de R.L., “ya que al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social”. Sin embargo, como se expuso, la jurisprudencia de esta Corporación dispone, bajo el mismo criterio, que las aseguradoras también podrán asumir el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez.\nLa señora A.I.D.C. sufrió un accidente de tránsito el 31 de enero de 2016, el cual le produjo fractura de radio distal izquierdo y debido a ello pretende ser beneficiaria de la indemnización por incapacidad permanente, cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-.\nEn respuesta de la petición, la entidad requerida, en oficio del 17 de agosto de 2016, negó la solicitud presentada por la señora D.C., arguyendo que el pago de los honorarios está a cargo de quien requiere el examen de pérdida de capacidad laboral. Agregó que para acceder a la indemnización por incapacidad permanente no era necesario que el dictamen de pérdida de capacidad laboral fuera expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pues esta podía ser emitida por cualquier galeno.\nComo consecuencia de lo anterior, la señora A.I.D.C. interpuso acción de tutela e invocó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, para que la entidad accionada cancele los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y se le practique el examen de pérdida de capacidad laboral para poder reclamar la indemnización por incapacidad permanente cubierta por el SOAT.\nMediante fallo del 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de B., juez que conoció en primera instancia de la tutela, amparó los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social requeridos por la demandante. Por esta razón, ordenó a la compañía QBE Seguros S.A., solicitar la valoración y cubrir los gastos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, para que procediera a evaluar y emitir el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral a la accionante. Justificó su decisión en cuanto, considero que, si para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es necesario certificar el grado de invalidez, se infiere que la víctima tiene derecho a que le sea calificada su pérdida de capacidad laboral.\nAgregó que, “extender la carga de cancelar los honorarios de la junta de Calificación de Invalidez al aspirante beneficiario para que se le evalúe su grado de capacidad laboral, desconoce la protección especial que debe ofrecer el Estado a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. Por lo tanto, la aseguradora con la que se haya suscrito la respectiva póliza debe cumplir su obligación con la víctima a la hora de otorgar la respectiva prestación económica.\nLa decisión fue impugnada por la entidad demandada y le correspondió decidir en segunda instancia, al Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., quien mediante sentencia del 10 de octubre de 2016 revocó la decisión adoptada por el a quo, argumentando que a pesar que la señora D.C. esgrime no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de los miembros de la Junta Regional de Calificación de invalidez, no se acreditó de ninguna manera la veracidad de su afirmación.\nDe acuerdo con las normas aplicables a la reclamación de la indemnización por incapacidad permanente generada en accidentes de tránsito, la S. entrará a determinar si la negativa de QBE Seguros S.A. a cancelar los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, vulnera el derecho fundamental a la seguridad social que se encuentra en cabeza de la señora A.I.D.C., víctima del siniestro.\nEl artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, estableció que el pago de los honorarios de las juntas de calificación de invalidez está a cargo de las entidades Administradoras de los Fondos de Pensiones o de las Administradoras de R.L.. No obstante, el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, establece que el aspirante a ser beneficiario también puede asumir el valor de los honorarios, con la salvedad que estos podrían ser reembolsados si la Junta de Calificación de Invalidez dictamina la pérdida de capacidad laboral.\nPara la S., imputar tal pago al aspirante beneficiario (aunque se pueda solicitar su reembolso), en algunas oportunidades resulta desproporcional, pues si bien agiliza el procedimiento ante las Juntas de Calificación para quienes cuentan con recursos económicos, restringe el acceso a la seguridad social de las personas que carecen de los mismos, como la ciudadana A.I.D.C., quien no puede solventar los honorarios requeridos para la valoración.\nEs importante advertir que además de lo anterior, al poner en cabeza del solicitante el costo del servicio, no se atiende al principio de solidaridad del derecho a la seguridad social, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, que dispone que “Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.”. Esto quiere decir, que aquel que se encuentre en una mejor condición que otro, debe desplegar las conductas necesarias encaminadas a garantizar el acceso al sistema de las personas cuyos recursos son insuficientes.\nEn virtud de lo anterior, esta S. reiterará la Sentencia T-045 de 2013, la cual estableció que exigir los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez a los usuarios vulnera su derecho a la seguridad social, pues son las entidades del sistema, como las aseguradoras, las que deben asumir el costo que genere ese trámite, ya que de lo contrario se denegaría el acceso a la seguridad social de aquellas personas que no cuentan con recursos económicos.\nPara la S. de Revisión resulta contraria a los derechos fundamentales de la ciudadana A.I.D.C., la decisión adoptada en segunda instancia por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., toda vez que le correspondía a la compañía aseguradora demandada desvirtuar la afirmación realizada por la actora, sobre la falta de medios económicos para cancelar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez, y no de esta última como lo indicó el juez. Dicha decisión, que revocó la providencia del a quo, vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, debido a que niega el acceso a la seguridad social de la accionante.\nEn el presente caso se debe tener en cuenta que la señora A.I.D.C. tiene 63 años y por lo tanto, pertenece a la tercera edad. Además, de conformidad con la página web del Registro Único de Afiliaciones y el puntaje otorgado por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– , se puede inferir que la accionante no cuenta con los recursos económicos para correr con los gastos derivados de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez.\nPara la S. Octava de Revisión resulta evidente que existe una clara vulneración al derecho fundamental a la seguridad social de la accionante, puesto que la compañía QBE Seguros S.A. a la fecha no ha realizado el examen de pérdida de capacidad laboral, tal como lo impone el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100 de 1993.\nEn consecuencia, la S. revocará el fallo proferido el 10 de octubre de 2016, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., que negó el amparo impetrado y, en su lugar, confirmara parcialmente la sentencia emitida el 9 de septiembre de 2016 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de B. en cuanto a la protección del derecho fundamental a la seguridad social.\nAdemás, con el fin de no hacer nugatorios los eventuales efectos del fallo y en aras de garantizar en la mayor medida posible los derechos de la actora, atendiendo a su situación de pobreza y debilidad manifiesta, se ordenará a la demandada QBE Seguros S.A. realizar el examen de pérdida de capacidad laboral a la señora A.I.D.C. y dado el caso que dicha decisión sea impugnada, la aseguradora deberá pagar los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y si hubiere lugar a apelación, los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.\nEn esta oportunidad, la S. Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional estudia el caso donde la compañía aseguradora QBE Seguros S.A. no ha realizado el examen de pérdida de capacidad laboral y se rehúsa a pagar los eventuales honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez requeridos para que se lleve a cabo el examen de pérdida de capacidad laboral a la señora A.I.D.C., el cual es un requisito indispensable para que la accionante pueda acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.\nMediante fallo del 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de B., amparó el derecho fundamental a la igualdad y a la seguridad social requerido por la demandante. Por esta razón, se ordenó a la compañía QBE Seguros S.A., solicitar la valoración y cubrir los gastos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, para que procediera a evaluar y emitir el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral a la accionante.\nLa decisión fue impugnada por la entidad demandada y por lo tanto, conoció en segunda instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., quien mediante sentencia del 10 de octubre de 2016 revocó la decisión adoptada por el a quo, argumentando que a pesar que la señora D.C. aseguró no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de los miembros de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, no acreditó de ninguna manera la veracidad de su afirmación, por lo cual no se puede considerar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad manifiesta.\nConforme a la situación fáctica y las pruebas allegadas al trámite de revisión, encuentra la S. Octava de Revisión de esta Corporación que en el caso bajo estudio, se ha vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante, toda vez que, se le ha negado el examen para valorar el impacto que produjo el accidente de tránsito sobre su salud y por ende, el diagnóstico sobre su pérdida de capacidad laboral.\nTeniendo en cuenta lo anterior, la S. resolvió el siguiente problema jurídico ¿la falta de pago de los honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez por parte de la aseguradora, cuando el usuario alega no tener los recursos económicos para asumir el costo, vulnera el derecho fundamental a la seguridad social?\nPara solucionar la controversia planteada la S. ha tenido en cuenta los siguientes ejes temáticos: (i) La existencia de otros mecanismos de defensa judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra particulares; (iii) seguridad social como derecho fundamental; (iv) actividad aseguradora en el marco del interés público; (v) normativa sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente emana de accidentes de tránsito; (vi) funciones de la Junta de Calificación de Invalidez frente a la figura de la incapacidad permanente, y (vii) honorarios de los miembros de las juntas regionales de calificación de invalidez.\nSuperado lo anterior, considera la S. que la compañía QBE Seguros S.A. desconoció los derechos fundamentales de la ciudadana A.I.D.C. al no haber realizado el examen de pérdida de capacidad laboral, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, y rehusarse a asumir eventualmente los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez, toda vez que, este dictamen es indispensable para solicitar la indemnización por incapacidad permanente que ampara el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.\nEn este sentido, estima la S. que el juez de segunda instancia no debió negar la acción de tutela, habida cuenta que la accionante se encuentra en estado de debilidad manifiesta por no contar con los medios económicos para asumir los honorarios de la junta de Calificación de Invalidez, desconociendo de esta manera que el derecho a la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio.\nDado lo anterior, la S. Octava de Revisión de esta Corporación, revocará el fallo proferido el 10 de octubre de 2016 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B. que revocó la sentencia de primera instancia y negó el amparo solicitado por la señora A.I.D.C.. En su lugar, confirmará parcialmente la sentencia del 9 de septiembre de 2016 emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de B..\nNo obstante, se ordenará a la Compañía QBE Seguros S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación de la presente providencia, deberá realizar el examen de pérdida de capacidad laboral a la señora A.I.D.C..\nAdemás, se ordenará que en el caso donde la ciudadana A.I.D.C. no se encuentre de acuerdo con el dictamen proferido por la aseguradora, QBE Seguros S.A. deberá asumir los honorarios del examen de pérdida de capacidad laboral, llevado a cabo por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y si esta decisión a su vez es apelada, también deberá asumir los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.\nPrimero. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B. el 10 de octubre de 2016, el cual negó la tutela formulada por la señora A.I.D.C. contra QBE Seguros S.A. y en su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de B., el 9 de septiembre de 2016, en cuanto al amparo del derecho fundamental a la seguridad social de la accionante.\nSegundo. ORDENAR a la Compañía QBE Seguros S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación de la presente providencia, deberá realizar el examen de pérdida de capacidad laboral a la señora A.I.D.C..\nTercero. ORDENAR a QBE Seguros S.A. que en caso de ser impugnado el dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por este, deberá asumir los honorarios del examen de pérdida de capacidad laboral, que se adelantará ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y si esta decisión a su vez es apelada, también deberá asumir los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.\nTercero. LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados\nDIANA FAJARDO RIVERA Magistrada\nROCIO LOAIZA MILIÁN Secretaria General (e)\n Integrada por la Magistrada María Victoria Calle y el Magistrado L.G.G..\n F. 40, cuaderno de primera instancia.\n F. 41, cuaderno de primera instancia.\n F. 52, cuaderno de primera instancia.\n F. 37, cuaderno de primera instancia.\n F. 61, cuaderno de primera instancia.\n F. 4 y 5, cuaderno de primera instancia.\n F. 16, cuaderno de primera instancia.\n F. 11 al 15, cuaderno de primera instancia.\n F. 21, cuaderno Corte Constitucional.\n F. 23, cuaderno Corte Constitucional.\n Sentencia T-367 de 2008.\n La sentencia T-569 de 1992. M.P.J.S.G., refiriéndose a la procedencia de la tutela frente a otras acciones, estableció: “De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”\n Tomado de la página web www.tramitesyconsultas.info/ruaf-sispro-consultas/, el día 5 de abril de 2017.\n Tomado de la página web www.sisben.gov.co, el 22 de julio de 2016.\n Sentencia T-370 de 2015.\n Sentencia T- 690 de 2014\n Inciso primero, artículo 48 de la Constitución Política.\n Sentencia C-674 de 2001.\n Artículo 333 de la Constitución Política.\n Sentencia T- 117 de 2016.\n Sentencias T-517 de 2006 y T-919 de 2014.\n Sentencia T-1008 de 1999.\n Sentencia T-240 de 1993.\n En la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, modificada por las Leyes 903 de 2004 y 1005 de 2006, el artículo 42 dispone: “SEGUROS Y RESPONSABILIDAD. Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la (sic) modifiquen o sustituyan”. En el mismo sentido se puede consultar el Decreto 663 de 1993, que actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 192 inciso 1º.\n Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.5.1.3.\n Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.5.1.10.\n Sentencia T-349 de 2015.\nSentencia nº 25000-23-25-000-2002-12109-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Segunda, de 27 de Agosto de 2012\nSentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 1100102040002017-00686-01 de 29 de Junio de 2017


El recién ascendido Mavi sorprende al Rocasa | Noticias | LaLigaSports\nHomeNoticiasEl recién ascendido Mavi sorprende al Rocasa\nMavi - Rocasa Rocasa Gran Canaria\nEl recién ascendido Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón ha protagonizado la gran sorpresa de la cuarta jornada de la Liga Loterías de Balonmano Femenino al imponerse al vigente subcampeón y uno de los candidatos al título, el Rocasa Gran Canaria ACE. La derrota canaria ha llegado en una tarde de sábado que también ha dejado la derrota de Prosetecnisa Zuazo en Málaga, reduciendo a solo tres el número de equipos que acumulan cuatro victorias: Guardés, Bera Bera y Porriño.\nEn Gijón, las locales saltaron a la pista como un ciclón y establecieron una sorprendente ventaja de cinco tantos cuando todavía no se había alcanzado el ecuador del primer acto (8:3 Min. 13). Pese a la reacción canaria, la efectividad de Paula Fernández al filo del descanso permitió a las asturianas alcanzar el intermedio con una notable ventaja (14:10).\nTras el paso por vestuarios, la buena dirección de Marizza Faria y la extraordinaria aportación de Agus López en la primera línea sirvió para mantener al Mavi arriba antes de un tramo final de auténtico infarto en el que Luján se unió a Trojaola, principal sustento canario en el día de hoy, para reducir a uno la desventaja a falta de minuto y medio. Era el momento clave y ahí apareció Asun Batista para lograr el gol decisivo que daba dos de renta a las suyas y servía para sellar el triunfo y la sorpresa pese al último tanto de Melania Falcón (28:27).\nPor su parte, el Prosetecnisa Zuazo se dejó los dos puntos en su visita al Rincón Fertilidad de Málaga. Las malagueñas, que todavía no habían estrenado su casillero de puntos, cortocircuitaron a las baracaldesas en todas las líneas durante la primera mitad (15:9 al descanso). Tras el descanso, Zuazo logró un parcial de 0:4 que igualaba las cosas, pero lejos de venirse abajo como había ocurrido en anteriores compromisos, las locales mantuvieron la calma y volvieron a recuperar la ventaja con Estefanía Méndez y Nuria Benzal muy acertadas hasta el 26:23 final.\nLíder seguirá el Mecalia Atl. Guardés después de saldar con matrícula de honor la que sobre el papel se presentaba como una salida muy complicada. Las de José Ignacio Prades no dieron opción alguna al Helvetia Alcobendas y con una gran lección defensiva lograron una goleada que les permite seguir al frente de la tabla marcando el ritmo (17:31).\nSí aguantan el ritmo que marca Mecalia Atl. Guardés el Super Amara Bera Bera, capaz de sobreponerse a una gris primera mitad para imponerse con autoridad al KH-7 BM. Granollers (20:28), y el Godoy Maceira Porriño, que logró un sólido triunfo en la pista del Base Villaverde con Cecilia Cacheda como jugadora más destacada (28:33).\nLa jornada se completó con la victoria, segunda consecutiva, del Elche Mustang sobre el Esencia 27 CLEBA León (33:23), con una soberbia actuación de Ivet Musons y Laura Hernández, que anotaron 26 de los 33 goles de su equipo; y con el triunfo de Aula Valladolid en su visita al Canyamelar Valencia, tras un duelo de igualdad en sus primeros 45 minutos, roto en el último tramo con Silvia Arderius decisiva (24:30). Las valencianas cierran la tabla junto al KH-7 BM. Granollers, únicos equipos que todavía no han sumado.


Descuentos alquiler furgonetas Valencia verano 2018\nEste verano, aprovecha descuentos en Alquiler de furgonetas y turismos\nYa tienes disponibles los nuevos descuentos para Verano 2018, desde finales de Junio aprovecha descuentos del 50% en alquiler de furgonetas en Valencia y turismos, visita Valencia al mejor precio.\nYa hemos lanzado nuestras ofertas de Verano 2018 y ahora puedes aprovechar los mejores precios en alquiler de furgonetas y turismos en Valencia, con descuentos de hasta el 50% podrás disponer de una furgoneta para tu mudanza, viajes en grupo o turismos para Visitas durante tus vacaciones en Valencia.\nTodas nuestras ofertas las tienes disponibles en nuestro catálogo de alquiler de vehículos, accediendo al tipo de vehículo que necesites alquilar: alquiler furgonetas valencia y alquiler coches Valencia.\nEntre las ofertas y descuentos destacables en turismos te presentamos un coche perfecto para 2/4 personas, el turismo Peugeot 208, por un precio de tan solo 23 euros al dia+iva con 100km incluidos, y sólo 0.07 euros el km adicional.\nSi necesitas más espacio y una gama más alta, dispones del alquiler de Citroen C-Elysee, con 100CV y un precio diario de 38 euros+iva y sólo 0.13 euros el km adicional.\nConsulta el resto de modelos (Ibiza y Nissan), encontrarás la mejor oferta en alquiler de turismos en Valencia.\nEn el caso de las furgonetas en alquiler, destacar el alquiler de furgoneta de carga Nissan Kubistar por sólo 35 euros+iva al dia con 100km incluidos y la nueva furgoneta para 9 pasajeros ideal para 2 familias Citroen Space Tourer.\nEntrar a ver más furgonetas de 9 plazas\n¿Estas de vacaciones en Valencia y necesitas un vehículo para ver la ciudad?\nAprovecha ahora que hemos actualizado precios y tenemos increíbles ofertas y descuentos para que consigas el mejor precio en el servicio de alquiler de vehículos en Valencia. Visita la ciudad con un turismo en perfectas condiciones, con seguro incluido y asistencia en carretera.\nTambién tenemos descuentos en alquiler de furgonetas de carga, por si necesitas realizar una mudanza o lo necesitas por motivos de trabajo.


Muere Antonio Morán, fundador de la sala de fiestas Hermo, de Muimenta\nLugo: Muere Antonio Morán, fundador de la sala de fiestas Hermo, de Muimenta\nEl negocio fue continuado por su hija, y ahora inicia una nueva etapa con otro encargado\nVILALBA / LA VOZ 01/11/2019 15:35 h\nAntonio Morán murió este viernes en Muimenta, su localidad natal, a los 87 años. Su actividad económica más conocida fue la de haber fundado la sala de fiestas Hermo, que abrió sus puertas en 1975. El local pronto tuvo fama, actuaciones destacadas y clientes llegados de diversas comarcas. Las Grecas o Manolo Escobar fueron algunos de los nombres famosos que actuaron en la sala de fiestas en los primeros años.\nEl negocio pasó a tener como encargada, años después, a su hija, Pilar. La sala de fiestas fue orientándose también a discoteca, conservando su poder de convocatoria sobre el norte de Galicia e incluso el occidente asturiano y siendo la causa principal de que Muimenta tuviese gran ambiente nocturno. El negocio, curiosamente, inicia esta noche una nueva etapa, teniendo como gerente a Daniel Veiga, responsable de un conocido bar de Meira, el Tibor.\nLos restos de Antonio Morán se velan en el tanatorio de Muimenta. A las nueve de la noche del viernes se oficia una misa, y el entierro se celebra el sábado, a las cinco de la tarde.\nMuimenta Cospeito Comarca da Terra Chá Obituarios


Cómo sacar el número de CUIL por Internet — Comoo.com.ar – Guías paso a paso para hacer tu vida más fácil\nPublicado el 28 diciembre,2013 en Categoria Internet,Tramites En Argentina, el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) es el número que se otorga a todo trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia.\n• Primero, ingresas a la pagina del Anses haciendo click aquí :\n• Luego completas los datos que te pide el formulario.\n• Finalmente presionas “Continuar” y obtienes la constancia de CUIL para imprimir.\nEso es todo, ya tienes tu constancia de CUIL para imprimir.\nCualquier duda que tengas, puedes consultar posteando aquí mismo.\nLo más buscado:Como Pedir el Cuil.\nArticulos relacionadosComo averiguar si tenés multas de tránsito en la Provincia de Buenos AiresCómo averiguar la dirección de alguien sabiendo su número de teléfonoCómo saber si tenés infracciones o multas de tránsito impagas por InternetComo hacer una denuncia por ruidos molestos por telefono o InternetComo sacar un chicle de la ropa


Un estudio muestra que ser más estricto en el diagnóstico de la diabetes gestacional ahorraría más de 30 millones al año\nUn estudio llevado a cabo por un grupo de endocrinólogos del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), publicado en 'Diabetes Care', ha mostrado que ser más estricto en el diagnóstico de la diabetes gestacional ahorraría más de 30 millones al año.\n"La utilización de los nuevos criterios de la IADPSG si bien incrementa la prevalencia de diabetes gestacional del 10,6 por ciento al 35,5 por ciento, casi tres veces y media más, se obtiene una mejoría sustancial en todas las variables estudiadas, reduciendo la hipertensión inducida por la gestación en la madre, la prematuridad, las tasas de cesáreas y partos instrumentales, la necesidad de ingreso en cuidados intensivos neonatológicos, la macrosomía fetal y recién nacidos de bajo peso, siendo los recién nacidos con mayor vitalidad", ha explicado el autor principal del trabajo, Alfonso L. Calle-Pascual.\n"Se reduce el coste en unos 15.000 euros por cada 100 mujeres cribadas, lo que significa más de 300.000 euros de ahorro en un año en nuestra área. De esta forma, extrapolando los resultados a la Comunidad de Madrid, se conseguiría un ahorro aproximado de más de tres millones de euros anuales y si se aplicara en toda España supondría un ahorro de más de 30 millones de euros", ha apostillado.\n"Por ejemplo, la enfermera educadora, las sesiones grupales con 8-10 pacientes de forma simultánea para instruirlas en las modificaciones dietéticas necesarias, determinación de la glucemia capilar y los objetivos del control, la vista telemática y otras formas de consulta como alternativa a la clásica presencial cara a cara, puede significar una oportunidad en este proceso", han apostillado.\nPor otra parte, junto al aumento de la prevalencia de la diabetes gestacional, el uso de los nuevos criterios de diagnóstico de la diabetes gestacional supone, según el estudio realizado, la disminución de un 24 por ciento de la tasa de cesáreas y la reducción de hipertensión arterial un 14 por ciento más en comparación con los criterios clásicos de diagnóstico.\n"Esto es algo fundamental, teniendo en cuenta que la hipertensión en el embarazo conduce a preeclapsia y eclampsia que es una situación grave con importante aumento de peso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones, y que supone un motivo importante de emergencia obstétrica severa", ha analizado Durán.\nRespecto al recién nacido, prosigue, hay una reducción de la prematuridad del recién nacido en un 11 por ciento, una reducción del 20 por ciento de la tasa de neonatos macrosómicos o grandes para la edad gestacional y una disminución del 24,5 por ciento de los ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, sin que ello suponga un aumento de recién nacidos de bajo peso, ya que éstos también disminuyeron un 6,5 por ciento.\n"Estos resultados son de vital importancia, dado que a mayor prematuridad hay una mayor morbimortalidad por inmaduración pulmonar y que la patología respiratoria es la primera causa de morbimortalidad en recién nacidos, aunque también presentan patología cardiovascular, neurológica, inmunológica con mayor riesgo de infecciones, etcétera", ha apostillado.\n"Además, a largo plazo la disminución tanto de recién nacidos macrosómicos como de bajo peso puede significar en el futuro una reducción de aparición de diabetes tipo II y obesidad en edad adulta y de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo II postnatal en la madre", ha recalcado Durán.\nFinalmente, el 80 por ciento de mujeres embarazadas estudiadas de ambos grupos alcanzó los objetivos de control mediante modificaciones dietéticas y en el estilo de vida, si bien en el 20 por ciento de las que necesitaron tratamiento existió diferencias en el tipo de insulina.\n"Mientras que las pacientes diagnosticadas con los criterios clásicos necesitaron insulina en bolos, las mujeres diagnosticadas por los nuevos criterios requirieron mayor tratamiento con insulina basal y con basal/bolus para alcanzar objetivos", ha zanjado Calle-Pascual.


Ofertas de Hoteles cerca de Alter St Matthaus-Kirchhof Cemetery en Berlín\nBuscar hoteles cerca de Alter St Matthaus-Kirchhof Cemetery\nMostrar los 6 más populares Opciones populares en Berlín El más vendido Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz Otto-Braun-Strasse 90 Última Reserva de Oferta Especial Deluxe hace 24 minutos, 18 segundos The Circus Hostel Weinbergsweg 1a Última Reserva de Doble hace 46 minutos, 15 segundos Hotel Sylter Hof Berlin Kurfuerstenstreet 114-116 Última Reserva de Estándar Individual hace 1 hora, 23 minutos, 52 segundos Kempinski Hotel Bristol Kurfürstendamm 27 Última Reserva de Superior - Súper Oferta hace 1 hora, 45 minutos, 26 segundos Maritim Berlin Hotel Stauffenbergstrasse 26 Última Reserva de Superior hace 2 horas, 36 minutos, 20 segundos Buenas razones para reservar con Agoda.com Más de 750.000 hoteles en todo el mundo\nBerlín es famoso por interesantes lugares como Alter St Matthaus-Kirchhof Cemetery. 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Un ambiente informal y su proximidad a Palacio de Justicia Kammergericht, Cine Xenon, Embajada de la República de Croacia dan a este hotel un encanto especial. En el Hotel Lindemann's, el excelente servicio y las fantásticas instalaciones hacen la estancia inolvidable. El hotel ofrece acceso a una amplia gama de servicios, entre los cuales se encuentran: Wi-Fi gratis en todas las habitaciones, servicio de recepción 24h, servicio de habitaciones 24h, acceso para discapacitados, consigna de equipajes. Además, todas las habitaciones cuentan con una amplia variedad de comodidades. Muchas de ellas incluso poseen internet wifi (gratuito), habitaciones para no fumadores, aire acondicionado, calefacción, servicio de despertador para satisfacer hasta al huésped más exigente. Además el anfitrión del hotel le asegura que tendrá mucho que hacer durante su estanciade gracias a las posibilidades recreativas del establecimiento. Sea cual sea el propósito de su visita el Hotel Lindemann's es una excelente elección para su estancia en Berlín.\nEl Apollo Apartments se encuentra en el animado barrio de Schöneberg, y ofrece un alojamiento luminoso con excelentes conexiones de transporte a los lugares de interés de Berlín. Dispone de cocina, balcón y conexión Wi-Fi gratuita.\nEste apartamento luminoso incluye 2 camas, suelo de madera, zona de estar con TV y baño privado con ducha.\nLos huéspedes tienen a su disposición horno, fogones y cafetera. Además, hay una varios restaurantes a solo 2 minutos a pie.\nLa zona de Akazienstraße, ubicada a solo 600 metros, es famosa por sus cafeterías, bares y restaurantes excelentes. La estación de metro Kleistpark se halla a 250 metros ofrece acceso directo a la ciudad.\nHay aparcamiento público gratuito fuera del establecimiento. Varias paradas de autobús se encuentran en las inmediaciones, mientras que el aeropuerto de Tegel está a solo 10 km.\nSituado en la bonita zona de Distrito Schöneberg, Hotel Schöneberg goza de una posición privilegiada en el centro vida nocturna, restaurantes, ir de compras de Berlín. El hotel se encuentra a 3 km del centro de la ciudad y ofrece acceso a los lugares más importantes. Para aquellos que quieran aventurarse, Cine Xenon, Mercadillo de Schoneberg, Estación Rathaus Schoneberg son solo algunas de las opciones de ocio que ofrece este lugar. Hotel Schöneberg también ofrece muchas facilidades para que disfrute su estancia en Berlín. El hotel ofrece acceso a una amplia gama de servicios, entre los cuales se encuentran: Wi-Fi gratis en todas las habitaciones, consigna de equipajes, Wi-Fi en zonas comunes, parking, servicio de habitaciones. Los huéspedes pueden elegir entre 31 habitaciones, todas ellas tienen una atmósfera de total paz y armonía. Además el anfitrión del hotel le asegura que tendrá mucho que hacer durante su estanciade gracias a las posibilidades recreativas del establecimiento. Sea cual sea su motivo para visitar Berlín, el hotel Hotel Schöneberg es el lugar perfecto para una escapada emocionante y excitante.\nHoteles más populares cerca de Alter St Matthaus-Kirchhof Cemetery


La utilización del Diseño Generativo y la Fabricación Aditiva son cada vez más comunes en el ámbito de la medicina debido a la versatilidad creativa, de materialidad y de producción que ofrecen. En consecuencia, empresas como PrintLab y Autodesk han organizado el concurso The Make:able challenge, un reto que busca incentivar la creatividad de niños y jóvenes para aportar soluciones innovadoras a diversos problemas de salud.–\nEjemplos de soluciones con Diseño Generativo e Impresión 3D – Cortesía PrinLab y Autodesk\nLas posibilidades de aplicar Diseño Generativo en la medicina\nEl Diseño Generativo y la Fabricación Aditiva ofrecen amplias posibilidades para la fabricación de prótesis y de dispositivos wearables en el área de la salud, lo que las convierte en un nicho para la experimentación y la innovación muy requerido.\nDiseño automatizado: el software de Diseño Generativo es capaz de crear en base a parámetros establecidos por el diseñador, múltiples soluciones automatizadas que llevan al extremo las prestaciones de los materiales como la maleabilidad y la resistencia, ideales para la creación de implantes como los producidos por Meotec GmBh.\nDiversidad de materiales: con la impresión 3D es posible utilizar materiales resistentes y compatibles con el cuerpo humano, pudiendo ser reabsorbidos paulatinamente por el organismo y finalmente ser sustituidos por tejido endógeno, si se requiere. Desde aleaciones de magnesio hasta polímeros termoplásticos, las posibilidades son infinitas, como por ejemplo el caso de los implantes craneales de Granta.\nRápida respuesta y disminución de los costos: tanto el diseño con Inteligencia Artificial como la fabricación aditiva son ideales para dar una respuesta rápida a las necesidades de los pacientes. Empleando modelos digitales con los que se pueden crear prótesis adaptadas a partes del cuerpo que se imprimen y se implantan en un tiempo más reducido que los métodos tradicionales.\nEsquema del proceso a seguir por los concursantes – Cortesía PrintLab y Autodesk\nUn desafío de diseño de tecnología sanitaria para estudiantes\nEl concurso está dirigido a estudiantes (hasta 18 años) que podrán estar acompañados por un tutor (profesor u otro representante). Ha sido organizado para ser un proceso que los guiará paso a paso proporcionando información especializada, pero con un lenguaje académico: tutoriales sobre Diseño 3D, videos explicativos y casos de éxitos son algunos de los materiales que estarán a disposición de los participantes.\nSe preparará la imaginación para emplear el Design Thinking y dar solución a problemas reales de la salud con creatividad y criterio técnico, pero desde la empatía para ayudar a los demás.\nAlgunos datos importantes para participar en el concurso son:\nLa inscripción y la información es totalmente gratuita.\nLos participantes se dividen en dos categorías: Menores de 13 años y entre 13 y 18 años.\nSe plantearán retos reales que tendrán una aplicación real para un caso de la comunidad del participante.\nSe utilizará softwares especializados para el Diseño Generativo, como Tinkercad o Fusion 360.\nEl producto final será un modelo 3d que puede ser impreso tridimensionalmente, modelado manualmente o una mezcla de técnicas.\nLos ganadores de The Make:able challenge serán premiados con diversos reconocimientos que pueden ser impresoras 3D de última tecnología hasta equipos tecnológicos para las escuelas participantes.\nEl aprendizaje obtenido abrirá la curiosidad de los niños y jóvenes por una profesión que está ampliamente demandada con aplicaciones muy variadas. La medicina y el apoyo a la comunidad es uno de los nichos donde mejorar la calidad de vida de los otros estimula el trabajo desinteresado, la satisfacción personal y el aprendizaje.


Teresa y Agustín: incesto y racismo - (CASI) LITERAL(CASI) LITERAL\nTeresa y Agustín: incesto y racismo\nPublicado: 25 julio, 202017:22 Updated: 17:28\nDetrás de una relación incestuosa entre hermana y hermano se titula el libro Teresa y Agustín, de Leo De Soulas. En él se encuentran, en el fondo, los discursos que se heredan de generación en generación sobre la construcción que se ha hecho del indígena y que se perpetúan sin inflexiones, reflexiones ni críticas, como una ideología supersticiosa que ve al demonio cristiano en todo lo que no logra comprender, que es mucho.\nEn 1986 Carlos Guzmán Böckler explicaba: «Uno de los esfuerzos de la ideología ladina consiste en presentar a la sociedad guatemalteca tensada por dos polos: ladinos e indios, con una clara sobrevaloración de los primeros».\nEl ladino que De Soulas perfila es el terrateniente esclavista pero buen cristiano de principios del siglo XX que encuentra en la humillación y la violencia su poder ignorante. La trama da saltos en el tiempo no lineales, de la década de 1920 pasa a la de 1940, dando un guiño a la Revolución de Octubre y llegando hasta principios de 1970. La costa sur de Guatemala es el escenario donde varias voces van contando los hechos en relatos congelados. Allí son testigos de esta espiral de destrucción más que de tragedia, como afirma su editor Gerardo Guinea Diez.\nRespecto a la sobrevaloración de los ladinos, Böckler continúa: «Ello supone [el mito, agrego yo] que, desde la conquista [que ya sabemos que fue una clara invasión y despojo] hasta el presente, los indios son sujetos pasivos de la colonización y los colonizadores de ayer, al igual que los ladinos de hoy, han tenido el rol activo y además progresista», lo cual ahora podemos decir que ha sido más que cuestionable.\nPareciera que la novela de De Soulas bosqueja con tintes naturalistas el destino de los personajes, que tiene como fundamento los dañinos esencialismos y determinismos biológicos y religiosos. De los varios crímenes de violación que se cometen en la novela en las generaciones que registra, las mujeres serán quienes repitan sí o sí el “mal” que se ensañó en sus cuerpos para ejercer daño y vengarse en quienes sí se dejan: las madrastras hacia las hijastras, las ladinas hacia las criadas indígenas; la misma Teresa, joven ladina de finca, hacia el peón indio que termina linchado.\nEn la novela existe adrede —quiero pensar— una promiscuidad sincrética entre el rezo, la brujería, el chamanismo, el tarot y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Hoy ya no se puede asegurar que el choque entre culturas genere esta mezcolanza amorfa, sino más bien opino que surge de una ignorancia cómoda que solo reconoce en el diablo su propio malestar por su origen. En la novela, como en otros ámbitos, se establece el «deber ser inamovible» de una sociedad construida sobre ignorancia, desigualdades y racismo.\nLa atracción sexual entre los hermanos me recuerda que es vox pópuli la endogamia en ciertas élites que rigen/corrompen los destinos del país, pero a mi criterio, los dos personajes más complejos en la novela son Pedro Ixcoy y María Candelaria (la tía Maruja), quienes se acompañan mientras se construyen desde el dolor, los vacíos y las carencias, sobre todo entre hija y padre.\nIxcoy será quien guíe en su reconfiguración a esa ladina mestiza que se vuelca en alguna cosmovisión seudoindígena mágico-religiosa que nunca llega a comprender a cabalidad, como lo expresa la novela: «Puede que, por su primera formación cristiana, ella nunca haya podido comprender la cultura de esos indios que su familia miraba con desprecio. Sin embargo, estaba segura de que respetaba sus creencias ancestrales y apreciaba el hecho de que estas creencias la hubieran salvado de su familia y de sí misma».\nAunque no lo quiera, el mestizaje flota sobre la novela. Y lo que ya se tiene claro es que el mestizaje y la colonización fueron procesos sobre todo violentos; y aunque tampoco lo quiera, el libro de De Soulas pone sobre la mesa la violencia sexual contra las mujeres, que bien podría encajar como el «miedo ancestral» que se menciona a lo largo de sus páginas. Romantizar o folclorizar estos temas, como se hace hasta hoy, es y seguirá siendo un retroceso en la literatura, el arte y la cultura; es decir, en la vida cotidiana.\nAlgo que me hace demasiado ruido en la historia de De Soulas es el ahínco en repetir que el indígena quiere venganza por «marcas del resentimiento de gente maltratada/ desde la oscuridad de los tiempos/ marcas de esta tierra/ de predadores y presas», en una parte que juega a ser un coro-conciencia dramático, como lo mencionó la doctora Violeta De León Benítez durante la presentación del libro.\nLa primera lectura de este libro no me dejó indiferente. Teresa y Agustín me enojó mucho en varias partes y en el perfilamiento de seres generalizados y presentados como «pasivos» o, como dijo Böckler, «naturaleza muerta que la literatura colonial congeló y esteriotipó».\nQuienes escuchamos por primera vez las voces de los pueblos y de las mujeres —específicamente las que lucharon por la memoria y la justicia en ese momento histórico en que se juzgó y sentenció a un genocida— no lo hicimos precisamente por la búsqueda de venganza en los tribunales, sino por la no repetición de esa violencia. Claro, Teresa y Agustín transcurre cronológicamente antes del conflicto armado, pero las razones que lo desencadenaron están relacionadas intrínsecamente con el racismo estructural que posconflicto continúa casi inmutable.\nTeresa y Agustín me hizo pensar que el ladino mestizo guatemalteco no ve como prioridad acercarse a su propio mestizaje, que se cometió, por lo regular, en contubernio de omvres (sin h y con v) y que se vincula política y económicamente con la explotación agrícola en el país y los daños directos y colaterales, como en la producción del azúcar (la zafra) y el consumo de alcohol, vicio que no entiende de clasismo ni racismo, pero sí de identidad nacional en Guatemala.\nEl alcohol, en la novela, es el pretexto perfecto para que los dos hermanos se envalentonen en el placer, aunque más parece una escena de mal sexo (tener sexo con un tipo borracho que no puede ni desvestirse ha de ser flamante…) para luego pasar a la consiguiente culpa religiosa del hecho, que ni siquiera fue amor.\nPor si les interesa el tema, Jeffrey Eugenides trabaja magistralmente el incesto en su novela Middlesex. En Guatemala el incesto no es un tema rural, sino un tema de silencios y estructuras de poder.\n5 / 5. 9\nTeresa y Agustín\nAnterior Post anterior: Vamos por partes, diría Jack el destripador…\nSiguiente Próximo post: Concierto de verano (III): Los Cafres\nEduardo Halfon, o soplar humo sobre los orígenes\nPublicado: 7 octubre, 20189:30 Updated: 9:54\nTu libertad de expresión me da asco\nPublicado: 11 abril, 20188:46 Updated: 8:47


Michel ya es entrenador del Sevilla FC ~ EL BLOG DEL SEVILLISTA 2.0\nMichel ya es entrenador del Sevilla FC\n0:45 Anónimo ¡Sé el primero en comentar!\nEsta misma media noche el entrenador a firmado con el club de Nervion para lo que queda de temporada con un contrato prolongable siempre y cuando el Sevilla FC quede en los 4 primeros puestos, objetivo mas que suficiente por conseguir con un equipo europeo como es el Sevilla FC. El objetivo de la champions es el único trabajo que se le pone ya, al nuevo entrenador del Sevilla FC.\nDurante toda la tarde del Lunes hemos seguido muy de cerca la opinión de la aficionado y no muchos sevillistas están muy deacuerdo con la llegada del técnico. Pero el tiempo dirá si el entrenador vale o no vale de aquí a Junio.\nEn el verano de 2005, Míchel cambió los micrófonos por el banquillo al fichar como entrenador del Rayo Vallecano, en ese momento en Segunda B, con el que no consiguió el objetivo del ascenso a Segunda División. Posteriormente, con la llegada de Ramón Calderón a la presidencia del Real Madrid en 2006, aceptó el puesto de entrenador del Real Madrid Castilla, equipo filial del Real Madrid en Segunda División, que acabó descendiendo esa temporada a Segunda B. Tras un año en el cargo se le ofreció la posibilidad de ser director de la cantera madridista, puesto que ocupó hasta el 3 de diciembre de 2008, cuando decidió dimitir de su cargo. El 27 de abril del 2009 ficha por el Getafe Club de Fútbol como entrenador en sustitución de Víctor Muñoz, el Getafe se encontraba en esos momentos en puestos de descenso a falta de cinco jornadas pero el equipo finalmente mantuvo la categoría tras un emocionante último partido y Míchel continuó como entrenador las dos siguientes temporadas.\nEl nuevo entrenador del Sevilla FC ejercerá como ello esta misma tarde a las 17:30 h tras la destitución del entrenador Marcelino Garcia Toral.