PND20062010-3 | Clase y desigualdad | Pobreza\nTercera parte del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010\nСохранитьСохранить «PND20062010-3» для последующего чтения\n200 просмотров142 страницы\nEstado comunitario: desarrollo para todos…………………….…………….…5\nEl Estado Comunitario…………………………………………………………… ……\nConsideraciones generales……………………………………………………………… 10\n¿De dónde venimos? ………………………………………………………………………….12\nCrecimiento sostenido en beneficio de todos…………………………………… 15\nConsideraciones sobre el crecimiento……………………………………………… 17\nConsideraciones sobre el desarrollo…………………………………………… 19\nCrecimiento, pobreza y distribución del ingreso…………………………………21\nCanales de transmisión del crecimiento hacia la pobreza, determinantes y trampas de la pobreza…………………………………………… 22\nDesigualdad y crecimiento ……………………………………………………………….24\nLa arquitectura del Plan…………………………………………………………………….27\nPolítica de defensa y seguridad democrática………………………… ….28\nHacia la consolidación de la Política de Seguridad Democrática………….30\nControl del territorio y defensa de la soberanía nacional………………… 31\nCombate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado…….45\nLa Convivencia y la Seguridad Ciudadana: otro pilar para la consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática………54\nDesplazamiento forzado, Derechos Humanos y reconciliación…………\nSuperación del desplazamiento forzado por la violencia…………………… 58\nDerechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DD.HH y DIH)……………………………………………………………………………….… 83\nPolítica de reconciliación……………………………………………………………………88\nFortalecimiento de condiciones regionales de Desarrollo y Paz ……….100\nConsolidación de la presencia institucional …………………………………… 103\nReducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad……………………………………… ………………………………………….106\nPobreza y población vulnerable…………………………………………………… 108\nNecesidades Básicas Insatisfechas (NBI)……………………………………… 108\nÍndice de Condiciones de Vida (ICV)………………………………………………\nPobreza e indigencia medidas por ingresos……………………………………\nDeterminantes de la pobreza…………………………………………………………\nMetas y acciones propuestas………………………………………………………….\nMercado y relaciones laborales…………………………………………………… 114\nDinámica de la oferta de trabajo…………………………………………………… 115\nMetas y acciones requeridas…………………………………………………………. 117\nInserción de las familias en el Sistema de Protección Social…………… 124\nSeguridad social integral………………………………………………\nSistema de Promoción Social y Sistema Social del Riesgo………………… 144\nPolíticas transversales……………………………………………………………………. 151\nSistema de formación de capital humano……………………………………… 156\nBanca de las Oportunidades………………………………………………………… 175\nDesarrollo urbano: ciudades compactas y sostenibles…………………….\nVivienda: soluciones al alcance de todo………………………………………….\nAgua para la vida…………………………………………………………………………… 197\nTransporte urbano y movilidad…………………………………………………… 206\nLineamientos para articulación de políticas y programas integrales. 214\nInfraestructura para el desarrollo…………………………………………………. 223\nAccesibilidad territorial………………………………………………………………… 224\nAcceso a los servicios de energía eléctrica y gas……………………………. 226\nAlcanzar la inclusión digital………………………………………………………… 232\nEquidad en el campo…………………………………………………………………….\nAvanzar en el ordenamiento social de la propiedad……………………….\nAjuste institucionales para el sector rural…………………………………… 239\nMejorar la capacidad de los pequeños campesinos para generar ingresos…………………………………………………………………… 240\nProgramas de promoción social para la población rural …………………. 241\nPromover esquemas alternativos para la sustitución de cultivos ilícitos……………………………………………………………………………… 242\nCrecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad………………………………….………\nConsideraciones macroeconómicas……………………………………………… 245\nConsistencia macroeconómica……………………………………………………… 248\nLa consolidación de la estabilidad fiscal para los próximos años…… 250\nConsideraciones acerca del crecimiento de largo plazo………………… 254\nAgenda Interna: estrategia de desarrollo productivo…………………… 256\nDesarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico………… 260\nAhorro, inversión y financiamiento……………………………………………… 272\nCapital físico…………………………………………………………………………………. 280\nInstituciones para el desarrollo productivo……………………………………\nProgramas sectoriales de alto impacto: apuestas productivas……… 348\nLa Agenda Interna Regional………………………………………………………… 355\nConsolidar el Crecimiento y Mejorar la Competitividad del sector agropecuario……………………………………………………………………… 356\nLineamientos de política……………………………………………………………… 358\nConsolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del Sector…… 359\nUna Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible………………………. …\nUna Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible……… 374\nSituación actual……………………………………………………………………………… 374\nPrincipios y criterios orientadores de la Gestión Ambiental………………380\nComponentes y Estrategias………………………………………………………………381\nGestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres………….404\nSituación actual y objetivos………………………………………………………………404\nComponentes y Estrategias………………………………………………………………405\nUn mejor Estado al servicio de los ciudadanos………………………… 411\nLos requisitos del Estado Comunitario……………………………………….…….413\nConsolidación del modelo democrático…………………………………………….413\nJusticia eficaz y cercana al ciudadano…………………………………………\nLos retos del Estado Comunitario…………………………………………………… 448\nModelo administrativo para la intervención económica del Estado……448\nPrograma para la consolidación de un Estado eficiente y\nDimensiones especiales del desarrollo………………………………………. 483\nEquidad de género……………………………………………………………………………484\nSituación actual……………………………………………………………………………… 485\nGrupos étnicos y relaciones interculturales……………………………………….492\nReconocimiento y protección de la diversidad étnica…………………………499\nDimensión regional………………………………………………………………………… 516\nLa caracterización para el desarrollo regional………………………………… 519\nEstado descentralizado…………………………………………………………………… 524\nFortalecimiento de las capacidades territoriales para promover el desarrollo…………………………………………………………………………………… 547\nCiencia, tecnología e innovación (CTI)………………………………………….…….556\nIncrementar la generación de conocimiento………………………………………558\nFomentar la innovación y el desarrollo productivo……………………………560\nFomentar la apropiación de la CTI en la sociedad colombiana………… 564\nIncrementar y fortalecer las capacidades humanas para la CTI ………… 566\nConsolidar la institucionalidad del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación………………………………………………….…….567\nConsolidar la infraestructura y los sistemas de información para la CTI…………………………………………………………………………………… …568\nPromover la integración regional………………………………………………… ….569\nConsolidar la proyección internacional de la ciencia, la tecnología y la innovación………………………………………………………… …569\nCultura, deporte, recreación, actividad física y desarrollo……………… 570\nCultura para la convivencia …………………………………………………………\nLa cultura como estructura social del país…………………………………… ….572\nDeporte, recreación, actividad física y tiempo libre…………………\nDemografía y desarrollo………………………………………………………… ……….582\nLa visión macro…………………………………………………………………… ………….582\nLa visión social………………………………………………………………………\nEl sector de la economía solidaria: modelo alternativo de desarrollo socioeconómico……………………………………\nDesarrollo institucional y de control…………………………………………… …\nFomento, fortalecimiento y difusión………………………………………… ………601\nPolítica exterior y migratoria…………………………………………………….………603\nPlan Plurianual de Inversiones……………………… ………….…………………….…613\nAnexo de Meta……………………………………………… ……………………\nLa estrategia de equidad consiste en lograr que los colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales que, en el futuro, permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una vida digna. Se trata de superar el asistencialismo a través de políticas que incluyan dentro de su formulación apoyos condicionados, acompañamiento periódico y esquemas de graduación, y que permitan desarrollar habilidades para generar ingresos en el futuro. Por esta razón, se busca que todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral (promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento) y a mecanismos de promoción social efectivos. Es fundamental contar con un Sistema de Protección Social que contribuya a fortalecer el capital humano y el ingreso de los hogares, a mitigar y superar de manera efectiva situaciones de crisis y a asistir a las familias pobres. De esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social. Bajo estas consideraciones el fortalecimiento del capital humano y social es el elemento central.\nEntonces, el reto principal es la reducción de las brechas sociales y regionales, construyendo sobre lo ya logrado, lo cual requiere de intervenciones focalizadas en los grupos o regiones más rezagadas, sin perjuicio de alcanzar coberturas universales en salud y educación.\nLas acciones propuestas van en línea con el contenido del Conpes Social 91 “Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ‐ 2015” y el documento Visión Colombia 2019 (capítulo “Cerrar las Brechas Sociales y Regionales”), documentos técnicos que definen compromisos del país a largo plazo en materia social y que evidencian la necesidad que los organismos ejecutores establezcan criterios de priorización de las inversiones hacia regiones y grupos específicos. Se da especial preponderancia a la implementación de la Red de Protección Social para la superación de la Extrema Pobreza creada con el Conpes Social 102.\nPara lograr cerrar las brechas, primero deben existir ciertas condiciones mínimas y comunes a todas las políticas sociales: (1) aumentar la eficiencia del gasto social; (2) mejorar los procesos de focalización de los programas; (3) consolidar el Sistema de Protección Social; (4) desarrollar habilidades para que las familias puedan insertarse al mercado laboral (5) mejorar la eficacia y efectividad de los Programas para contribuir a la reducción de la pobreza y desigualdad.\nSe debe partir de que las acciones están integradas en un sistema que abarca integralmente la atención a las familias e individuos (Sistema de Protección Social), y que esas acciones deben procurar un manejo adecuado del riesgo. Los criterios y mecanismos de focalización, de acuerdo a los objetivos de cada programa, deben orientar las intervenciones de acuerdo al nivel de atraso poblacional en el indicador\nque se quiere impactar. El resultado debe ser una mejor calidad de vida de las personas y familias, especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables.\nEn el mismo sentido, se requiere tener claridad sobre las características de (1) las condiciones de vida de la población colombiana; (2) la dinámica y desempeño de las relaciones laborales; y (3) la inserción de las familias en el Sistema de Protección Social. Además, la dinámica demográfica del país se constituye en un elemento crucial de referencia para la orientación de las políticas con propósitos de equidad.\nLas condiciones de vida de la población están ligadas al desempeño de los diferentes sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la salud fortalecen el capital humano necesario para la generación de ingresos, factor que a su vez determina el estado de pobreza de un hogar. La distribución del capital humano en la población determina la composición y salarios en el mercado laboral, lo cual determina en gran medida la distribución del ingreso. Por otra parte, dado que es a través del empleo que las personas generan la mayoría de sus ingresos, la coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales sobre la pobreza, como también sobre la distribución del ingreso. Otros sectores diferentes al social, como infraestructura, vivienda y servicios públicos, producen impactos sobre las condiciones de vida. Por ejemplo, una buena red de carreteras y un sistema de transporte público masivo eficiente facilitan el acceso de la población pobre al mercado laboral y a servicios sociales, mejorando su nivel de vida. Sin embargo, una premisa fundamental de este plan es que el crecimiento económico es pre‐condición para la superación de la pobreza. Los elementos de estabilidad macroeconómica cumplen un papel fundamental dentro de la estrategia. A continuación se destacan algunos desarrollos importantes en cuanto a pobreza y distribución del ingreso:\n3.1.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)\nEl Gráfico 3.1 muestra el porcentaje de personas con al menos una NBI. Este disminuyó a medida que mejoraron las características de vivienda, hacinamiento, cobertura en servicios básicos, escolaridad y tasa de dependencia. Entre 1985 y 2004, la población en situación de pobreza pasó del 45% al 21,1% y en situación de miseria del 22,8% al 5,3%. Aunque este índice no es muy sensible a la coyuntura económica, durante la crisis del final de los años 90 hubo un leve incremento en la pobreza y miseria medidas por NBI.\na. Pobreza por NBI\nb. Miseria por NBI\nFuente: cálculos DNP‐DDS‐GCV con base en: 1985 y 1993, Dane censos; 1996‐2000 Dane‐ENH; 2002‐2004 Dane‐ ECH.\n3.1.2 Índice de Condiciones de Vida (ICV)\nComo se observa en el Gráfico 3.2 el ICV ha tenido una mejora continua, a pesar de la crisis económica de 1999. En 2004 el valor del ICV era de 79 (sobre 100), ubicando a Colombia como un país de desarrollo medio alto. No obstante, las diferencias entre zonas urbanas y rurales son importantes. Sin embargo, hay evidencia de que esta brecha se ha ido cerrando.\nGráfico 3.2 Índice de condiciones de vida\nEl ICV muestra importantes disparidades entre regiones. En 2004, el ICV de Bogotá (el más alto) fue un 32% superior al del Chocó (el más bajo) (Gráfico 3.3).\nGráfico 3.3 Índice de condiciones de vida por departamento\n3.1.3 Pobreza e indigencia medidas por ingresos\nEn 2005 el 49,2% de la población colombiana se ubicó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 14,7% estaba en pobreza extrema. En 1999 y 2000, tanto la pobreza como la indigencia volvieron a cifras semejantes a las de veinte años atrás (58 y 22%). Es decir, Colombia perdió en cinco años (1995‐2000) lo que había ganado en dos décadas. Con la recuperación económica de 2002‐2006, combinada con la aplicación de políticas sociales adecuadas, vino una corrección de los ingresos de los hogares, y en 2005, de nuevo los índices de pobreza e indigencia se encontraron en magnitudes similares a aquellas anteriores a la crisis (gráficos 3.4 y 3.5), sacando de la pobreza a más de dos millones de colombianos. No obstante, cifras de 49% para la pobreza y 15% para la indigencia muestran que todavía hay trabajo por delante. Como se observa en las figuras, existen diferencias en entre áreas urbanas y rurales, que, a pesar de su gran magnitud, se han venido cerrando en los últimos años\nGráfico 3.4 Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza\nGráfico 3.5 Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza extrema\n3.1.4 Determinantes de la pobreza\nEntre los determinantes de la pobreza se encuentran variables demográficas (p.ej. fecundidad), de capital humano (educación y salud), y de mercado laboral. La Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), concluyó que, entre las variables que más impactan la condición de pobreza de un hogar, se encuentran la educación, la condición laboral del jefe, el número de niños y el tamaño del mismo. La probabilidad de que un hogar sea pobre se reduce en 27% con la posesión de activos financieros, en 16% al emplearse una persona y en 6% por cada año de educación adicional del jefe de hogar.\nEl crecimiento económico se destaca como uno de los más importantes determinantes macro de la pobreza, constituyéndose en una condición necesaria para su reducción. Como se observa en el Gráfico 3.6 la recuperación económica de los últimos años ha impulsado de manera fuerte la reducción de la pobreza. No obstante, el crecimiento económico no es suficiente. Debe acompañarse de políticas redistributivas activas que hagan que sus beneficios sean para todos.\nGráfico 3.6 Crecimiento vs. Pobreza\nDesde mediados de los años setenta la distribución del ingreso (para las siete principales ciudades) ha experimentado tres etapas en su comportamiento. En la primera el coeficiente de Gini pasó de 0,52 en 1976 a 0,47 en 1983, presentándose una reducción sistemática de la desigualdad. En la segunda, a partir de 1984 y hasta 1990, la desigualdad se mantuvo relativamente constante. En la tercera etapa, el coeficiente de Gini llegó a ser de 0,57 en 2000, 10 puntos superior al observado a mediados de los 70, lo que refleja un fuerte incremento en la desigualdad. Desde 2002 hasta 2005 se redujo a 0,55.\nEste aumento en la desigualdad del ingreso se puede atribuir a diferentes factores como la recesión 1996‐2000 y su fuerte incidencia sobre la población más pobre, y a\nlos cambios tecnológicos que han sesgado la demanda por trabajo hacia una mayor preferencia por mano de obra calificada, entre los más importantes.\n3.1.5 Metas y acciones propuestas\nLa principal estrategia para combatir la pobreza y desigualdad es procurar que los esfuerzos que adelanten el Estado y la sociedad civil cuenten con mecanismos explícitos dirigidos a dar acceso preferente a la población más pobre y vulnerable. Alcanzar niveles de pobreza y desigualdad menores depende fundamentalmente del cumplimiento de otras metas, en áreas como crecimiento, infraestructura, vivienda, y seguridad y justicia. En lo social se destacan como de mayor importancia el cumplimiento de las metas en la generación de empleo y en el mejoramiento de su calidad, y en la cobertura en educación, ya que estos dos sectores tienen la mayor influencia sobre los ingresos. De igual manera, las metas en demografía, en particular aquellas de fecundidad, tendrán un efecto directo sobre el ingreso de los hogares. En cuanto a la medición de la pobreza, el Dane será el encargado de producir las cifras de pobreza dos veces al año, de acuerdo a la metodología señalada por la MERPD. El proceso de publicación de las cifras de pobreza debe incluir, además de la medición y cálculo, el sometimiento de resultados, metodologías y parámetros de medición a validación por parte de un comité consultivo de expertos y la legitimación de las cifras mediante la socialización de los resultados y la metodología.\nLos grandes retos para reducir los actuales niveles de pobreza y desigualdad son:\n• Articular el Sistema de Protección Social para que sea un sistema integrado, con capacidad institucional, que responda a las necesidades de aseguramiento de la población y apoye a las familias más pobres.\n• Fortalecer la Promoción Social para la reducción de desigualdades socioeconómicas, racionalizando la oferta de servicios, y teniendo a la familia como sujeto de intervención.\n• Mejorar la focalización de subsidios, llevando a cabo una reingeniería de procesos de focalización en los programas sociales. El Conpes Social 100 recomendó a los Ministerios y demás entidades ejecutoras, desarrollar en este cuatrienio lo siguiente: (1) revisar los procesos de identificación, selección y asignación de recursos de los programas sociales existentes; (2) avanzar en la sistematización de los registros administrativos de beneficiarios; (3) avanzar en el diseño e implementación de una estructura articulada entre los diferentes programas sociales, que facilite el monitoreo de los procesos de selección y asignación de subsidios; y (4) evaluar las metodologías de focalización e implementar acciones que garanticen su actualización y su aplicación y administración transparente.\nCuadro 3.1 Metas 2010. Condiciones de vida de la población\nReducir el índice de pobreza 1/ (%) Reducir el índice de indigencia 1/ (%) Reducir el índice de Gini 2/ Familias beneficiarias del programa Familias en Acción 3/ Familias vinculadas a la Red de Protección Social para la superación de la Pobreza Extrema Municipios con el nuevo Sisbén implementado 4/\n1/ Línea de base cálculos MERPD con base en Dane‐ECH, línea de pobreza (indigencia) Dane 2005. 2/ Línea de base cálculos MERPD con base en Dane‐ECH (2005). 3/ Línea de base: Agencia Colombiana para la Acción Social y la Cooperación Internacional (2006). 4/ La línea de base corresponde a los municipios que tienen el Sisbén actual implementado. El proceso de diseño e implementación del nuevo Sisbén comenzará en 2008 y se espera que para 2010 todos los municipios del país tengan la nueva herramienta implementada.\n3.2 Mercado y relaciones laborales\nUno de los grandes retos que tiene el país es la articulación de las instituciones propias del Sistema de Protección Social y las del mercado laboral. Las mismas cuentan con complejos vínculos. Las trayectorias de empleo afectan el acceso de las personas a las prestaciones de la seguridad social, mientras que las condiciones de acceso y reglas de financiamiento de los beneficios influencian las decisiones concernientes al empleo de empleadores y trabajadores. De esta forma, el entendimiento de las interacciones es crucial para el diseño de políticas para el adecuado funcionamiento del empleo y la protección social. Dado que una parte importante de la protección social que reciben los trabajadores y sus familias proviene de esquemas de naturaleza contributiva, el acceso depende de las condiciones de empleo a lo largo del ciclo de vida. Lo anterior sintetiza el gran desafío que se presenta en este tema: superar la “paradoja de la protección social”, en donde los trabajadores mejor posicionados en el mercado laboral son aquellos que reciben más y mejor protección.\nAsí, la consolidación del Sistema de Protección Social pasa por establecer un mercado de trabajo con mayores oportunidades, con normas compatibles con el fortalecimiento de la protección contributiva en un ambiente de relaciones constructivas y recíprocas para crear condiciones de empleo decente, al mismo tiempo que se crean esquemas de protección y cobertura para la población pobre. El desempeño de las instituciones económicas, por su parte, genera un nivel de producción que determina la estructura, magnitud y calidad de la demanda de empleo. De esta forma, los problemas que se observan en el mercado laboral, desde el punto\nde vista de la oferta así como de la demanda de trabajo, son el reflejo de las decisiones políticas, económicas y de los arreglos institucionales.\nLas relaciones laborales en Colombia, junto con la proporción de población ocupada en actividades informales, han configurado un sistema de seguridad social (pensiones, riesgos profesionales y cesantías) con bajas coberturas, a la vez que ha presionado subsidios crecientes para la cobertura de riesgos en salud y para atender otras necesidades.\n3.2.1 Dinámica de la oferta de trabajo\nEn términos de la oferta de trabajo, como consecuencia de los cambios demográficos de las últimas décadas, la fuerza laboral colombiana se ha incrementado de manera acelerada. La caída en las tasas de natalidad y el mayor ingreso de la población al mercado laboral entre 1973 y 2004 condujeron a un crecimiento de la población a una tasa anual de 2,1%, mientras la fuerza laboral crecía a una tasa de 3,1%. El principal factor detrás de este aumento ha sido la creciente participación de la mujer en el mercado laboral: en 2005 la tasa de participación femenina era de 58%, mientras en 1950 sólo llegaba a 19%. Desde mediados de la década de los noventa se presentó un aumento de la tasa de desempleo hasta llegar en 2000 a niveles de 20% en las principales ciudades y de 15,5% en todo el país. Esta tendencia creciente del desempleo fue contrarrestada, posteriormente, por la recuperación del crecimiento económico a partir de 2003, de tal forma que la tasa de desempleo promedio anual a nivel nacional disminuyó a 11,6% en 2005.\nEl nivel de desempleo en el largo plazo está relacionado con la calificación de la mano de obra. De hecho, un factor muy importante en la explicación del desempleo en el país ha sido el desajuste entre los niveles de calificación de los trabajadores y los requerimientos por parte de los empleadores que, ha representado, en promedio, cerca de 70% de la tasa de desempleo de largo plazo, desajuste que creció desde el primer tercio de la década de los noventa y se estabilizó en los últimos años.\nEl desempleo, como variable procíclica, se ha visto fuertemente afectado por la dinámica del crecimiento económico y su composición (Gráfico 3.7). Durante la década de los noventa se produjo una reconversión del PIB hacia las ramas de actividad de minas y energía y servicios financieros, sectores poco demandantes de mano de obra no calificada. A la vez, cayó la participación del sector agropecuario, la construcción y la industria en el PIB, sectores con alta demanda de trabajo. Fue así como a principios de los noventa la agricultura registraba la mayor participación en la generación de empleo a nivel nacional (27%), seguida por el sector servicios (17%), la industria (15%) y el comercio (13%). Para 2005, la agricultura y la industria registraron una participación de 21,6% y 13,6% respectivamente, mientras que los servicios aumentaron su participación a 22%.\nGráfico 3.7 Tasa de ocupación y PIB\nPor sus desventajas en términos de preparación, las personas más pobres tienden a ver reducidas sus posibilidades de emplearse, más aún cuando las exigencias de calificación profesional son mayores. El círculo vicioso que se establece entre hogares pobres‐menos posibilidades de emplearse, ingresos bajos‐menos oportunidades de educar a sus niños y jóvenes, se reproduce con consecuencias perversas que profundizan la inequidad. Se puede afirmar que los grupos más pobres de la población son los que con mayor rigor padecen la informalidad y con mayor probabilidad sus trabajos son desprotegidos de la seguridad social. Una buena parte de la informalidad del empleo está asociada con altos niveles de informalidad empresarial. En paralelo a los problemas de informalidad e incentivos normativos, estuvieron el manejo macroeconómico, los choques internos y externos propios de cualquier economía del período 1996‐2001, que le restaron dinamismo a la demanda de trabajo calificado.\nSin embargo, en los últimos años se han logrado avances importantes en términos de formalización del empleo. Según datos del Ministerio de la Protección Social, entre 2002 y 2005, se presentaron aumentos significativos en la afiliación a la seguridad social: 21.3% en Régimen Contributivo, 86.4% en Régimen Subsidiado, 41.9% en Cajas de Compensación Familiar, 35.4% en ARP y 62.1% en pensiones.\nUno de los problemas que afronta el mercado laboral es la participación de niños y adolescentes. En promedio, por cada 14 personas que participan en el mercado laboral 1 está entre lo 5 y los 17 años. El trabajo infantil limita el ingreso de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo, lo cual genera la perpetuación de la pobreza, el deterioro del capital humano y la agudización de la inequidad.\n3.2.3 Metas y acciones requeridas\nEl principal instrumento del Estado para construir una sociedad con mayor equidad e\ninclusión social es la política de generación de empleo e ingresos. De tal manera, que uno de los principales objetivos de este Gobierno será seguir construyendo un escenario económico, social e institucional que garantice el mayor aprovechamiento\nde su fuerza laboral como principal motor del crecimiento económico y de la equidad.\nEn esa medida se espera que la tasa de desempleo se ubique en 8,8% promedio anual en 2010. El éxito de la política de generación de ingresos requiere tener en cuenta la\nenorme heterogeneidad de la población objetivo. Heterogeneidad que pasa por las diferencias entre el campo y la ciudad, entre zonas geográficas, entre grandes, micros\ny pequeñas empresas, y entre grupos poblacionales. De tal manera que esta\ncomplejidad requiere de la acción conjunta y coordinada de políticas en dos grandes frentes. Primero, en generar las condiciones generales en el plano económico, institucional y sectorial, que potencien la generación de riqueza en el país. Segundo, propiciar las condiciones y desarrollar instrumentos para que los beneficios de un mayor crecimiento económico lleguen a la población más pobre, a través del\nfortalecimiento de sus capacidades para generar ingresos.\nLas condiciones generales pasan por lograr una senda de estabilidad y asegurar reglas\nde juego que permitan alcanzar de manera sostenida tasas de crecimiento económico\nelevadas. El programa macroeconómico planteado en este Plan es consecuente con ese objetivo. Adicionalmente, es necesario crear las condiciones propicias para lograr mayores niveles de competitividad y productividad. En primer lugar, se crearán las condiciones para el desarrollo de la infraestructura productiva, incentivando, entre otras cosas, un sistema de intermodal que permita optimizar el uso de la\ninfraestructura actual, disminuyendo los tiempos y costos de desplazamiento de la población hacia los centros urbanos y de acopio y con los flujos del comercio exterior.\nAl mismo tiempo, se reducirá la brecha tecnológica del país, a través de una mayor\ninteracción entre las empresas y el sector educativo, apoyo a las iniciativas de\ninnovación y desarrollo, tanto públicas como privadas. Además, se promoverá la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos y servicios, a través de una\npolítica muy activa de integración económica con el resto del mundo. Estos aspectos\nse desarrollan a lo largo de este Plan de Desarrollo.\nSin embargo, se requiere de políticas micro, acompañadas de cambios normativos e institucionales, como el diseño y operatividad del Sistema de Protección Social y sus componentes, la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, de\nla Banca de las Oportunidades y de los instrumentos e institucionalidad que permitan\nuna mayor coordinación de la política pública en general, que redunden en un mayor impacto de las políticas sobre la población pobre, de tal manera que los beneficios de\nuna mayor generación de riqueza se irriguen de manera más proporcional sobre ellos. Así, se requiere poner en marcha una política coordinada de generación de empleo e ingresos, resultado de las estrategias económicas y sociales del Plan. Para ello el Gobierno desarrollará un documento de política que detallará los criterios y\nmecanismos de coordinación y las sinergias necesarias entre los actores y las diferentes políticas, así como el paquete de servicios de acuerdo a las diferencias poblacionales y regionales.\nCuadro 3.2 Metas 2010. Disminuir los niveles de desempleo\nReducir la tasa de desempleo (%). Línea de base 2006\nReducir la duración promedio del desempleo 11 meses 7 meses Reducir la tasa de desempleo de los menores\nde 24 años (%)\nPEA: Población Económicamente Activa. Fuente línea de base: Dane, ECH (2005). Cálculos DNP‐DDS.\nDinamizar y formalizar la demanda de empleo\nNo obstante que los detalles de coordinación, la metas y los instrumentos de seguimiento de la estrategia de generación de empleo e ingresos deberán ser precisados en el documento de política, este debe contemplar entre otras cosas el desarrollo de los instrumentos para la promoción de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), generadoras de un buen porcentaje del empleo en el país. Se debe tener en cuenta que la heterogeneidad de ese sector requiere de políticas específicas según el nivel de inserción de las empresas en los circuitos económicos modernos. El éxito de la estrategia de fortalecimiento de las Mipymes requerirá ante todo de la coordinación de las entidades e instrumentos del Estado que intervienen en su promoción.\nAsí, se debe mejorar la coordinación entre los Ministerios de Industria y Comercio, Protección Social, Acción Social, la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, el Sena, las Cajas de Compensación, la banca de las Oportunidades, el Programa para el Desarrollo de Oportunidades de Inversión y Capitalización de los Activos de las Microempresas Rurales, el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, entes territoriales, la sociedad civil, la academia y las fuentes de financiación, con el fin de unificar los criterios, construir sinergias entre los actores y maximizar el impacto de los recursos. En ese sentido, se creará un Sistema Nacional de Emprendimiento (SNE), conformado por estas entidades, que establecerá el paquete de políticas necesario según las características de las unidades productivas y dictará los criterios de coordinación e intervención.\nEste sistema propenderá por el fortalecimiento de la capacidad de los empresarios para el desarrollo de proyectos empresariales autosostenibles, en particular de los segmentos más vulnerables de la población. La iniciativa debe enfocarse en generar\ncapacidades empresariales de los potenciales y actuales empresarios, brindando asesoría integral en el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos, administrativos y contables que minimicen el riesgo de fracaso. Se debe trabajar con un enfoque que desarrolle alianzas productivas entre los empresarios y actores del sistema. Por lo tanto, una parte importante del Sistema Nacional de Emprendimiento será la identificación y promoción de 30 Clusters productivos en el marco de la agenda interna, en donde se identifiquen las cadenas y mini cadenas en las que puedan desarrollar su actividad productiva. Se deben propiciar procesos asociativos que tengan demanda dentro de los Clusters y que no saturen el mercado de una región.\nEl éxito del sistema requiere un proceso de acompañamiento y asesoría a lo largo del todo el proceso, no solo en las primeras fases, sino aún después de consolidado. Uno de los ejes importantes será un mayor y mejor acceso a los servicios financieros y su democratización. En particular, la Entidades involucradas, de manera coordinada, asesorarán y acompañarán a los beneficiarios en la obtención de créditos con el sistema financiero, con gobernaciones y municipios, con ONG y con cajas de compensación, con la Red de la Banca de las Oportunidades y el Fondo Emprender, entre otros. Los 5 millones de créditos que se colocarán en el cuatrienio serán parte integral del SNE.\nEl Sena tiene un papel importante como facilitador y asesor técnico para la implementación de esta estrategia, pues ofrece y tiene una amplia experiencia en un paquete de servicios que comprende asesoría empresarial, asistencia técnica, formación gerencial, formación y asesoría a creadores de empresa e incubación empresarial y de capacitación en empresarismo y emprendimiento. Esta oferta está dirigida hacia población de diversas características socioeconómicas, incluyendo aquella considerada como vulnerable, así como a diferentes tipos de empresas, instituciones y organizaciones. El Sena fortalecerá, entonces, la calidad del proceso de selección y viabilización de los planes de negocios, así como la asesoría técnica de los aspirantes a los recursos del Fondo Emprender y asignará el 100% de los recursos del recaudo de la cuota de monetización. Como se dijo, es necesario fortalecer la capacidad empresarial y gerencial de las empresas ya constituidas. Se debe mejorar y ampliar el programa de Alta Especialización del Recurso Humano del Sena, que actualiza los conocimientos gerenciales y las competencias laborales de directivos, profesionales, técnicos, tecnólogos y trabajadores vinculados a empresas. La meta para el cuatrienio en el programa de Alta Especialización del Recurso Humano es formar 1.260.000 trabajadores es áreas tecnológicas específicas y en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad nacional.\nAdemás de la promoción y fortalecimiento de la capacidad para generar empresas y la autogestión del empleo, es necesario potenciar la generación de ingresos producto de la relación salarial, para lo cual se debe aumentar la empleabilidad de los colombianos y los instrumentos de protección social contra el riesgo del desempleo. En esa medida, la mayor generación de ingresos por la vía del empleo esta muy ligada a la consolidación del Sistema de Protección Social y de sus pilares. Uno de los grandes\nretos que tiene el país es la articulación de las instituciones del sistema de protección social y las del mercado laboral.\nLas mejoras en materia educativa, específicamente la universalización en todos los niveles hasta la media y el aumento de cobertura al 35% en educación superior, sustentado en un modelo flexible con mayor integración con el sector productivo y con más movilidad entre modalidades educativas nos permitirán aumentar las\ncondiciones y las posibilidades de inserción de los colombianos en el mercado laboral.\nA esto, también contribuirá la consolidación de la nueva institucionalidad del Sistema\nNacional de Formación para el Trabajo (SNFT), tal como se desarrolla más adelante. La política de capacitación permitirá disminuir la tasa de desempleo de los jóvenes del\n26% actual a 20% en 2010.\nActualmente el promedio de búsqueda de empleo a nivel nacional es de 11 meses, aunque para el caso de las mujeres es de 12,2 meses. La meta propuesta es reducir este tiempo a 7 meses. Esto implica, además de una mayor educación y capacitación de la fuerza de trabajo, un sistema de información que permita una intermediación laboral eficiente y oportuna. Se requiere entonces fortalecer e implementar nuevos y modernos sistemas de redes, en asocio con los servicios públicos y privados de intermediación, que permitan a los trabajadores, empresas, instituciones, y al público en general, la apropiación de información confiable y completa para mejorar la intermediación laboral y para adecuar la formación del recurso humano a la demanda de trabajo. Lo anterior debe ser impulsado por el MPS y MEN, a través de la integración y coordinación del Servicio de Empleo Público del Sena, Cajas de Compensación, los observatorios laborales y servicios privados de búsqueda de empleo, todo esto en el marco de la estrategia de consolidación del SNFT.\nA pesar de que el Sistema de Protección Social esta concebido para promover de\nmanera integral y generalizada la protección de los colombianos a lo largo del ciclo de vida, es evidente que existe un gran número de compatriotas que se ven con mayor rigor afectados por la creciente movilidad laboral, las fluctuaciones del ciclo económico y por las mayores exigencias en términos de competencias laborales. Es necesario que estas personas obtengan la formación necesaria que los habilite, recapacite y potencie sus posibilidades de acceder a un trabajo digno. El Sena incrementará la cobertura del programa Jóvenes en Acción y Jóvenes Rurales como iniciativa del gobierno para posibilitar la empleabilidad de un mayor número de jóvenes de los estratos 1 y 2 del Sisbén, población sobre la cual recae la mayor incidencia del desempleo. En lo que respecta al Programa Jóvenes en Acción se tiene previsto graduar 71.688 jóvenes entre 2007 y 2010. En la misma vía, se pretende incrementar el número de jóvenes graduados rurales de 157.624 en 2006 a 601.002 en 2010.\nAdicionalmente, es necesaria la consolidación del Sistema de Promoción Social – parte integral del SPS‐ que permitirá una intervención coordinada y efectiva en la promoción social de los grupos de la población que viven en condiciones de privación\ny vulnerabilidad, dentro de un marco de política que tenga como base la expansión de las oportunidades de los pobres y los vulnerables, no solamente solucionar temporalmente su problema de necesidades mínimas, sino promover la expansión de sus oportunidades, representando un quiebre en la política social entre el asistencialismo y la promoción social. La Red para la Superación de la Pobreza Extrema tendrá un papel protagónico en esta consolidación, y deberá ser el esquema que se replique en la provisión de servicios a la población pobre. Para desarrollar el componente de generación de ingresos del Sistema de Promoción Social, se deberá identificar las necesidades de la población pobre de acuerdo a la carencia de competencias que le impiden generar ingresos. Así, se diseñará un paquete de servicios de capacitación y habilitación ocupacional para los que no tienen ninguna competencia laboral, y posteriormente se les dará orientación activa, a través del Servicio Público de Empleo para posibilitar su enganche. A los potenciales emprendedores se les dará la capacitación, y el seguimiento a lo largo de su proyecto, como se explicó.\nPor su parte, es necesario integrar la inversión en infraestructura y en vivienda que hace el estado, a la manera de un programa de empleo dirigido a la población vulnerable. Se crearán los incentivos y reglas que permitan que estas inversiones no solo desarrollen la infraestructura social y de competitividad que tienen como fin, sino que se privilegie la contratación de la población pobre del área de su influencia de manera individual o de cooperativas de trabajadores del Sisbén 1 y 2. Los criterios para hacer viable esta iniciativa deberán ser desarrollados en el documento de política. Para potenciar la capacidad de los colombianos de acceder a un empleo bien remunerado y de calidad no solamente es necesario desarrollar la política expuesta hasta el momento, sino que se necesita una serie de esfuerzos institucionales y de promoción del trabajo decente que se desarrollará en los siguientes apartados.\nCuadro 3.3 Metas 2010. Dinamizar y formalizar la demanda de empleos\nNuevas empresas promovidas a través del Fondo Emprender Nuevos empleos generados en empresas promovidas por el Fondo Emprender\nTrabajo decente, diálogo social y concertación\nEs necesario disminuir los niveles de informalidad y promover el empleo decente, entendido como la garantía de los derechos fundamentales en el trabajo. Para esto el Gobierno emprenderá acciones orientadas a incentivar la concertación laboral y el compromiso con los empresarios, incluyendo metas de generación de empleo, a\ntravés, entre otros, de las subcomisiones de concertación de política laboral y salarial. Es necesario profundizar el diálogo social bipartito y tripartito nacional y descentralizado para mejorar las relaciones laborales y avanzar en el propósito del trabajo en condiciones dignas a nivel de empresas y de sectores productivos. Se construirán políticas públicas para la generación de trabajo en condiciones dignas, en los niveles territoriales, por parte de los diferentes actores sociales del mundo del trabajo, y se establecerá, a través de la promoción y divulgación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la prevención y reducción en un 50% de la conflictividad en el trabajo.\nEn los próximos cuatro años es necesario empoderar y comprometer a las autoridades, sociedad civil, empresarios y trabajadores en el plano local en la necesidad de gestionar su propia agenda en materia de empleo. El MPS, con el apoyo de la OIT, promoverá y consolidará pactos regionales de empleo, la realización de Estudios de Mercados de Trabajo Regional (EMTR) y estudios de mercado de trabajo sectorial, promoción de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y sector solidario en general e impulso a la intermediación laboral, a través del mejoramiento de la gestión y el radio de acción de los entes territoriales y el sector privado. Dentro de este marco, los entes territoriales deberán entre otras acciones, concertar, coordinar y promover aquellas tendientes a la formulación de políticas, planes y programas para la generación de empleo productivo, dentro de la Agenda Interna.\nEl MPS promoverá el desarrollo del Programa de las Iniciativas Locales de Gestión Empresarial (ILE), como una alternativa de promoción de nuevas empresas a través de la cooperación público‐privada en los diferentes municipios del país. De la misma manera, promoverá y fortalecerá los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo en las principales ciudades, con el propósito de construir un sistema regional de información sobre los mercados de trabajo que sirva de soporte técnico a la formulación de programas de generación de empleo de carácter regional y local y que complementarán los sistemas de información existentes sobre el mercado de trabajo a nivel nacional. Se impulsará la creación de fondos de desarrollo local, dirigidos a apoyar el establecimiento de unidades productivas a través de capacitación, crédito para capital semilla y asistencia técnica a los nuevos emprendedores. En esta vía, se implementarán 20 experiencias piloto de modelos alternativos de emprendimientos, iniciativas productivas, asociatividad, empresarismo, con jóvenes vulnerables del país de población urbana y rural entre 2007‐2010. Por otra parte, el MPS desarrollará procesos de capacitación y asistencia técnica permanentes a los entes territoriales (departamentales y municipales) en el diseño de programas de generación de empleo con perspectiva de género para poblaciones principalmente en condiciones de vulnerabilidad, tales como población desplazada, personas con discapacidad y jóvenes, en el marco de la política de protección social y los incentivará a incluir programas de fomento y promoción del empleo decente en los planes de desarrollo departamentales y municipales.\nEn este sentido, es necesario fortalecer la presencia y capacidad de coordinación del MPS, a través de sus direcciones territoriales. El Ministerio, a nivel territorial, está representado a través de 32 direcciones territoriales ubicadas en las capitales de departamento y 2 Oficinas Especiales en Barrancabermeja y Apartadó. El Ministerio debe fortalecer el sistema de prevención, inspección, vigilancia y control de los derechos laborales y derechos fundamentales en el trabajo mediante el desarrollo de acciones formativas, correctivas y sancionatorias, dirigidas al cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo y seguridad social.\nPara esto se requiere realizar una reingeniería de las Direcciones territoriales e inspecciones de trabajo, a través de la Unidad especial de inspección, vigilancia y control de trabajo y así fortalecer estas instituciones en la vía de los nuevos retos que afronta el Ministerio de la Protección Social, en el propósito de consolidar el SPS. Este fortalecimiento de las direcciones territoriales requiere un plan estratégico que logre implementar estos temas y la asignación de recursos financieros por parte del MPS. Es necesario desarrollar una inspección preventiva competitiva en la medida en que se capaciten más los inspectores de trabajo.\nPor otro lado, se necesita que las modalidades de trabajo asociado contribuyan a la generación de ingresos para los trabajadores sin desconocer los principios y derechos fundamentales en el trabajo o instaurar prácticas de elusión y evasión de aportes a la seguridad social. En esta vía, se requiere una normativa que precise la naturaleza, señale las reglas básicas de la organización y funcionamiento, determine el régimen sancionatorio y de inspección, vigilancia y control de las cooperativas de trabajo asociado. En relación a las Empresas de Servicios Temporales, se elaborará un decreto que puntualice el objeto del servicio temporal y descentralice las funciones de inspección, vigilancia y control hacia las Direcciones Territoriales. Para esto, el MPS debe consolidar un sistema de información útil para así identificar y combatir la evasión, al mismo tiempo que se promueve el cumplimiento de la legislación laboral. Así, el MPS promoverá un pacto social con los empresarios y trabajadores con el fin de aumentar la calidad del empleo.\nLos avances en informalidad están directamente relacionados con el cumplimiento de las metas en materia de afiliación a la Seguridad Social Integral, por esto, y porque es necesario avanzar en la medición del fenómeno, se trabajará en conjunto con el Dane en una definición de informalidad que reconozca esta relación.\nReducción del trabajo infantil y juvenil\nEn esta materia es necesario, además de la universalización de la educación básica, avanzar y consolidar una política de Estado para la prevención del trabajo infantil y la protección de los jóvenes trabajadores. Se debe fortalecer la acción coordinada de los diferentes agentes del Estado (Ministerio de la Protección Social, ICBF, Ministerio de Educación, Procuraduría) y los agentes cooperantes (UNICEF, OIT). En esta vía, se incluirá al Ministerio de Educación en la secretaría técnica del Comité de erradicación\ndel trabajo infantil. La política requerirá del diseño y desarrollo de una “Estrategia Nacional para la consolidación de la Política de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”, a nivel nacional y territorial.\nCuadro 3.4 Metas 2010. Intervenciones en segmentos especiales\nDisminuir la proporción de la PEA infantil (5‐17 años) respecto al total de la PEA\nFuente: Dane, ECH (2005). Cálculos DNP ‐ DDS.\nEn este cuatrienio se avanzará en la caracterización del trabajo infantil y juvenil y se establecerán metas e indicadores para el respectivo seguimiento. El MPS, con el apoyo de la secretaría técnica, establecerá un mecanismo para centralizar la información de trabajo infantil y brindar un acompañamiento técnico a los departamentos y municipios. Por otro lado, el MEN debe hacer mapas de riesgo de variables relacionadas con el trabajo infantil. Igualmente, el DNP, MPS y Dane utilizará información del censo para realizar un mapa preliminar de riesgo y avanzar en un sistema de información. El ICBF incluirá dentro se sus programas de prevención y protección los temas de trabajo infantil. Todo recurso de cooperación internacional en relación al tema de trabajo infantil y juvenil debe aplicarse dentro de los parámetros de la Política y la estrategia nacional. Así mismo, es necesario convenir que los subsidios que desarrolle el gobierno, tales como familias en acción, se condicionen al no trabajo por parte de los niños y niñas, para lo cual se requiere el apoyo del Ministerio de Educación.\nEl Gobierno nacional debe lograr que los gobiernos locales y regionales incorporen el tema en sus planes de desarrollo territorial en el marco de sus competencias (artículo 76, Ley 715 de 2001). En esta vía, los programas en torno a la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de los jóvenes trabajadores que se adelanten en los niveles central y territorial deben articularse a la Estrategia Nacional para la consolidación de la Política.\n3.3 Inserción de las familias en el Sistema de Protección Social\nEl Sistema de Protección Social, como se mencionó, debe ser integral en la oferta de servicios y no excluyente. El objetivo fundamental sobre el que se sustenta la oferta de protección social parte del hecho de garantizar unos mínimos aceptables a toda la población. Sin embargo, no toda la población está en capacidad de acceder por sus propios medios a los mecanismos de aseguramiento formal, por lo que deben existir mecanismos redistributivos y de solidaridad, así como tratamientos integrales y de\npromoción social para la población más pobre. En todo caso, la atención integral y prioritaria a los grupos poblacionales con peores condiciones de vida debe tener un carácter temporal. Una de las condiciones necesarias para disminuir los niveles de\npobreza y desigualdad es garantizando el funcionamiento adecuado de los mecanismos de aseguramiento, reduciendo la vulnerabilidad de la población al riesgo\ny creando las herramientas para que los grupos rezagados superen las condiciones adversas a las que se enfrentan.\nPara esto, es necesario que el Estado y la sociedad hagan posible el fomento del\naseguramiento frente a riesgos de la población, como parte del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Profesionales y Protección al Cesante), mediante mecanismos de cotización o subsidios de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas.\nA su vez, es fundamental la existencia de un sistema de promoción social eficiente y\neficaz y la consolidación del sistema de formación para el trabajo, articulado al sistema educativo. Se debe prever un mecanismo de manejo social del riesgo que\ncomplemente estas estrategias en coyunturas particulares y temporales. De esta manera, la Protección Social puede verse como intervenciones públicas para: (1) asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo; y (2) proporcionar apoyo a quienes se encuentran en condición de pobreza.\nEl país ha avanzado en mejorar el acceso de toda la población a los servicios sociales. Sin embargo factores como las condiciones del mercado laboral y el empleo que afectan la capacidad de pago de los individuos; los procesos de focalización que no garantizan acceso preferente a la población más necesitada; y los problemas de articulación dentro de la oferta social estatal, hacen que para el próximo cuatrienio deba existir un compromiso importante en la consolidación del Sistema de Protección Social. Como se observa en el Diagrama 3.1, el SPS abarca un conjunto de subsistemas, donde participan agentes públicos (nivel central y territorial) y privados (Cajas de Compensación Familiar, Organizaciones No Gubernamentales, Sector Cooperativo, entre otros), los cuales deberán complementarse y articularse con otros elementos de la política social que involucran el acceso a la vivienda y al saneamiento básico, así como la posibilidad de insertarse en el mercado de activos, principalmente mediante el acceso al sistema financiero y al crédito, la tierra y los procesos productivos, así como a la seguridad y la justicia.\nDiagrama 3.1 Sistema de protección social\nConsejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes Social)\nOtros Ministerios y\n(Protección CH e\npolíticos – SNAIPD\nRiesgos naturales –\nEl esquema, si bien supone los elementos constitutivos básicos, o por lo menos con los cuales el país ha creado condiciones para la estructuración de la protección social, y que se constituyen en el punto de partida, adolece de mecanismos efectivos de articulación en la oferta de programas o servicios, como también en su capacidad de articulación con la demanda, particularmente de aquella población excluida de sus beneficios (en pobreza o miseria). A su vez resulta deficiente para el manejo de condiciones especiales de crisis de diferente índole (crisis económicas, socio‐políticas y ambientales). De manera particular, y en la medida en que los pilares fundamentales del SPS se desarrollen, consoliden y complementen con otro tipo de intervenciones, se requiere de estrategias y acciones específicas para superar la exclusión de grupos que, por su condición de pobreza y vulnerabilidad, presentan mayores dificultades para acceder a servicios sociales básicos que posibiliten su propio desarrollo y para que sean sujetos prioritarios con derechos a los beneficios del gasto social. La necesidad de que el gasto social beneficie prioritariamente a los pobres exige medidas de intervención que privilegien su acceso a los servicios del SPS. El reto principal que se debe buscar en este cuatrienio frente al Sistema de Protección Social es lograr la efectiva articulación de tres grandes componentes:\n• Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Profesionales, Protección al Cesante)\n• Sistema de Promoción Social‐Sistema Social de Riesgo\n• Sistema de Formación de Capital Humano: Educación y Formación para el Trabajo\n3.3.1 Seguridad social integral\nLa Seguridad Social Integral es el pilar fundamental de la Protección Social y está diseñada para que toda la población del país pueda acceder a ella, siendo necesario que existan mecanismos de compensación o solidaridad que financien el acceso a los más pobres. Sin embargo, hay sectores de la población que requieren de otro tipo de intervenciones. Los retos en materia de Seguridad Social Integral se pueden resumir en tres propósitos:\n• Combatir la evasión y elusión en el aseguramiento, para que aumenten los recursos, se pueda aumentar cobertura garantizandoe la sostenibilidad financiera del Sistema. Se consolidarán los sistemas y registros de información de aportantes (RUA) y afiliados (RUAF) a la seguridad social en salud en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, respectivamente. Estos deberán avanzar hacia la interoperabilidad con el Sisbén.\n• Generar incentivos adecuados para incluir (formalizar) segmentos de población que aún no se encuentran incluidos. La transformación de la promoción social en el Sistema de Promoción Social aboga porque la familia entre en una senda de acumulación de capital humano. La estrategia de superación de la pobreza\nextrema busca la promoción de las familias a través de la continuidad en los procesos de formación de capital humano (nivelación de competencias laborales, formación para el trabajo, ajuste al esquema de incentivos del programa Familias en Acción); la acumulación de otros activos (ahorro y acceso al crédito a través de la Banca de Oportunidades) y la incorporación a procesos de micro‐ emprendimiento, emprendimiento o enganche laboral. De igual manera, la expansión de cobertura en seguridad social en salud para población con alguna capacidad de pago (nivel 3 del Sisbén) podrá considerar subsidios parciales a la cotización.\n• La creación de mecanismos de aseguramiento o protección del ingreso para los grupos más vulnerables, con mecanismos novedosos de financiación. Un ejemplo es el apoyo periódico al ingreso de ancianos pobres.\nSeguridad social en salud y salud pública\nCobertura de aseguramiento. La cobertura del aseguramiento en salud entre 1992 y 2005 presentó una expansión notable, pasando de 9 millones a 32 millones de afiliados (Cuadro 3.5). La ampliación de los beneficios al grupo familiar del cotizante y la implantación del régimen subsidiado fueron los factores determinantes de este incremento.\nCuadro 3.5 Cobertura del aseguramiento en salud\n1998/92 1999/98 2000/99 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04\nPoblación total (%) Régimen subsidiado (%) Régimen contributivo (%)\n1/ Fuente MPS: Para 2001 y 2002, se registra el dato certificado por MPS y utilizado para efectos de distribución del SGP. Para 2003 fuente Sigob. En 2005 se tomó el reporte a octubre de 2005 del MPS. 2/ Fuente: MPS. No incluye “subsidios parciales” que en 2004 alcanzaron 1,8 millones y en 2005, 2,1 millones de personas\nEn términos de equidad, la estrategia ha permitido la priorización de la afiliación de los pobres. Para 2003 el 49,5% de la población de los dos quintiles inferiores de ingreso se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en salud, de estos, el 78% se encontraba afiliado al régimen subsidiado, el restante 22% al contributivo. De otra parte, el quintil con mayores ingresos presenta una afiliación del 83% y de estos el 95% se encuentra afiliada la régimen contributivo. Así mismo, el avance en la implementación del aseguramiento ha estado acompañado de reducción en las brechas entre las zonas urbana y rural.\nAcceso a los servicios. En términos de acceso, se evidencia que el aseguramiento propende por una reducción de las brechas entre los pobres y no pobres. Para la población perteneciente a los dos primeros quintiles de ingresos la probabilidad de ser tratado, dado que se enfermó, pasó del 55% al 64%. Esta brecha también se redujo en cerca de 13 puntos entre áreas rurales y urbanas. Los resultados señalan que la estrategia que más ha contribuido a la reducción de las brechas en términos de acceso ha sido el aseguramiento.\nSalud pública. El país ha logrado reducir la mortalidad materna e infantil. La mortalidad materna pasó de una tasa de 104,9 por mil en el 2000 a 83,3 en el 2003. Sin embargo, la mortalidad materna presenta notorias diferencias ente regiones y grupos de población. Dentro de los grupos más vulnerables se destacan las mujeres con mayor fecundidad, mayor índice de pobreza, bajo nivel educativo, baja prevalencia de uso anticonceptivo, las menores de 15 y mayores de 40 años y las víctimas del desplazamiento forzado. La mortalidad infantil (menores de 1 año) presentó una tasa de 21% en el 2000 y en el 2005 disminuyó al 19%. La mortalidad infantil se concentra en las regiones más pobres y en las mujeres con menor nivel educativo. La mortalidad en la niñez (menores de 5 años) se redujo de 25 a 22 por mil. Para el grupo de 1 a 4 años, en las causas de mortalidad predominan las infecciones respiratorias agudas, las deficiencias nutricionales, el ahogamiento y las enfermedades infecciosas intestinales. Las enfermedades no transmisibles constituyen un problema crítico de salud pública, al ocupar un lugar importante en la morbilidad y mortalidad de los colombianos. Su atención representa un costo creciente para el sistema de salud en la medida en que su incidencia tiende a aumentar como consecuencia del envejecimiento de la población.\nDentro de éstas, las enfermedades del sistema cardiovascular aumentaron significativamente en hombres como en mujeres y continuaron ocupando el primer lugar de magnitud, seguidas de las causas externas, tumores y superando incluso al conjunto de las enfermedades infecciosas transmisibles. Sin embargo, entre estas últimas reviste especial importancia que enfermedades como la malaria y el dengue y otras de transmisión por vectores siguen impactando la morbilidad y la mortalidad. El comportamiento de la morbilidad por malaria en las últimas tres décadas ha mantenido una tendencia ascendente, con la presencia de ciclos epidémicos que ocurren cada 2 a 7 años registrándose en la década de los noventa promedios anuales de 150.000 a 160.000 casos. Las zonas de más alto riesgo de transmisión son la Costa\nPacífica, la región del Urabá‐zona del bajo río Cauca‐Alto Sinú, y los territorios de la Orinoquia y la Amazonía. A su vez, el dengue ha presentado una intensa transmisión con tendencia creciente y comportamiento de ciclos epidémicos cada dos o tres años y mayor incidencia en los departamentos de Arauca, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Norte de Santander, Santander, Sucre y Vichada.\nPor su parte la epidemia del VIH/SIDA en Colombia presenta un aumento permanente en la población de 15 a 49 años. Entre 1988 y 2003 la prevalencia creció del 0,02% al 0,65%, con una transformación del patrón epidémico por disminución de la razón mujer‐hombre, que exige prever un mayor número de casos en la población en edad reproductiva y su consecuente impacto en el aumento de la transmisión materno infantil de la enfermedad 1 .\nEn cuanto a las coberturas de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones, se ha registrado un avance en los últimos años, pasando de un promedio de cobertura de 78,4% en el 2000 a 87,3% en 2005. Se debe precisar que los niveles de cobertura dependen de los denominadores sobre los que se realiza la medición, los cuales han tenido problemas en su determinación. Cabe destacar que los recursos asignados al Programa Ampliado de Inmunizaciones han presentado un comportamiento ascendente, principalmente desde 1998, lo que se ha traducido en la introducción de nuevas vacunas.\nUno de los eventos de salud pública al cual el país debe prestar particular atención es el de la salud mental de la población. El Estudio Nacional de Salud Mental (2003‐ 2004), mostró que alrededor de ocho de cada 20 colombianos presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, tres de cada 20 en los últimos 12 meses y uno de cada 14 en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad, seguidos por los del estado de ánimo y los de uso de sustancias. Por regiones, en la prevalencia de cualquier trastorno “alguna vez en la vida”, Bogotá presenta la cifra más elevada: 46,7% en contraste con el 40,1% del total nacional. El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un problema creciente. La prevalencia de consumo de SPA en jóvenes parece ser mayor que en la población general. Los jóvenes residentes en zonas urbanas son más vulnerables y el consumo en las mujeres tiende a igualarse con el de los hombres.\nOperación del SGSSS. A pesar que los resultados sugieren que el aseguramiento es una estrategia eficaz para reducir las brechas en salud entre pobres y no pobres, todavía permanecen en el SGSSS condiciones de operación estructurales en materia de regulación, inspección, vigilancia y control que no permiten avanzar sustancialmente en el logro de los resultados esperados en salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) no es independiente. El CNSSS está conformado por representantes del gobierno central, de los gobiernos locales, y de los diferentes\n1 La distribución por sexo en 1998 fue 1:3,8 y para el 2005 se calculó en 1:1,9 (Instituto Nacional de Salud. Estudios Centinela).\nagentes que intervienen en el mercado. El organismo regulador del SGSSS ha sido ampliamente criticado en su diseño. Se señala que su conformación se recarga hacia representantes con intereses particulares en el sistema, su ineficacia en la superación de las fallas del mercado de aseguramiento en salud, la insuficiencia de herramientas técnicas para la toma de decisiones, su especialización en la administración del FOSYGA y el descuido de sus funciones de la entidad rectora. La vigilancia y el control\na cargo de la Superintendencia Nacional de Salud se concentra en actividades y\nprocedimientos para un sin número de ámbitos con resultados poco efectivos, descuidando su fin primordial: la protección de los derechos de los usuarios en el sistema. La gran dimensión de instituciones objeto de ser vigiladas, termina en resultados como los observados hoy: los usuarios acuden a instancias judiciales como mecanismo para la defensa y respeto de sus derechos.\nMetas y acciones requeridas. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá como meta la universalización del aseguramiento, en condiciones de sostenibilidad fiscal y\nfinanciera, de equidad y eficiencia. Las estrategias serán universalización del régimen subsidiado para la población Sisbén 1 y 2 y la implementación de subsidios parciales a\nla cotización del régimen subsidiado o contributivo para la población en transición 2 . El\nincremento de la afiliación al régimen contributivo y la actualización del plan de beneficios en relación con los cambios demográficos, perfil epidemiológico e\nintervenciones costo‐efectivas. El aseguramiento subsidiado, total o parcial a la cotización al régimen subsidiado o contributivo, se justifica en la medida en que existan condiciones de baja capacidad para cubrir totalmente el costo de aportes periódicos a través de cotizaciones.\nCuadro 3.6 Metas 2010: cobertura universal en el SGSSS\nIncrementar la afiliación al régimen subsidiado al 100%. Nivel Sisbén 1 y 2\nIncrementar la afiliación al régimen contributivo\nFuente: Ministerio de la Protección Social, DNP.\nPara el efecto el MPS, en coordinación con el DNP y el MHCP, desarrollarán una prueba piloto en 2007 que permita precisar la población objetivo en transición, los mecanismos operativos y de pago, la definición del monto del subsidio parcial a la cotización (ya sea al régimen contributivo o al subsidiado), la definición de los aportes de la familia, los mecanismos de focalización adicionales al Sisbén, los mecanismos de control para evitar la selección adversa, la promoción al régimen contributivo (incentivos) y la adherencia y fidelidad de la población al sistema. Esta estrategia se\n2 Población en transición se define como aquella que cumple con las siguientes condiciones: (1) no es lo suficientemente pobre como para ser beneficiario del régimen subsidiado; y (2) No tiene la suficiente capacidad de pago como para acceder al régimen contributivo.\npodrá financiar con recursos del FOSYGA, del SGP u otras fuentes. En todo caso la afiliación de la población en transición deberá ser al régimen contributivo o al régimen subsidiado pleno, y se tendrá en cuenta la capacidad de pago. Los subsidios parciales del régimen subsidiado al plan de beneficios no se seguirán implementando, por lo que el MPS y el MHCP deberán proponer al CNSSS la transición gradual de las actuales personas que ostentan un plan de beneficios parcial al esquema de subsidios plenos o parciales a la cotización a partir de 2007. Es indispensable revisar, redefinir y ajustar los planes de beneficios y el valor de la Unidad de Pago por Capitación, atendiendo los cambios en la estructura y composición de la población, así como la transición epidemiológica. Para ello el organismo de regulación realizará los estudios técnicos anuales. Éstos deberán valorar los actuales beneficios, sus costos y su pertinencia a la luz de las condiciones de salud presentes y futuras de la población.\nPara lograr la cobertura universal es necesario adelantar acciones que consoliden y garanticen la sostenibilidad de la estructura de financiamiento, el mejoramiento de la focalización de los subsidios, el desarrollo de la política de prestación de servicios y la transformación de la oferta pública bajo esquemas de participación privada. Para el logro de la cobertura universal las principales acciones son:\n• Reducción de la evasión y elusión de aportes al régimen contributivo, a través de la implementación universal de la planilla integrada de aportes y la interoperabilidad del RUA, el RUAF y el Sisbén.\n• Incrementar el aporte de cotizaciones a cargo del empleador al SGSSS, hasta medio punto, a partir de 2007. En todo caso, este incremento se hará de una manera que no afecte al empleo (i.e contra el incremento del punto pensional previsto).\n• Transformar los recursos de subsidio de oferta a demanda a partir de 2007. El nivel de transformación estará en función de la ampliación del régimen subsidiado y será con cargo a los recursos que financian el primer nivel de atención.\n• Es necesario que para los próximos años se rediseñen y ajusten los mecanismos de generación y recaudo de los impuestos a la explotación de juegos de suerte y azar, considerada como una fuente con un mayor potencial para el financiamiento del sistema. El MPS, el MHCP y el DNP propondrán una reforma en este sentido.\n• La implementación de un sistema de monitoreo de los costos de transacción de los servicios de salud y de un sistema de información que de cuenta de los factores de riesgo, costos y frecuencias de uso, a través de los cuales sea posible tener insumos para monitorear el equilibrio de la Unidad de Pago por Capitación y revisar el plan de beneficios. Para el efecto será prioritario\nconsolidar el uso de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS). El organismo de regulación podrá implementar un sistema de información que permita cumplir con los objetivos aquí señalados y podrán definir multas o sanciones según corresponda, con el fin de incentivar el suministro de información.\nEn la medida en que el país alcance la meta de universalizar el acceso a la seguridad social en salud con una cobertura equivalente al menos al plan de beneficios subsidiado y que ésta cobertura se concentre proporcionalmente en subsidios a la población, resulta fundamental estudiar alternativas que permitan mantener lo alcanzado y se ajuste de manera más real a las condiciones del mercado laboral. Un esquema de aseguramiento universal dado mayoritariamente por subsidios financiados de manera importante por aportes de solidaridad de la población vinculada al mercado laboral formal, así como la coexistencia de subsidios de oferta, plantea la necesidad de evaluar cambios en la estructura de financiamiento con dos propósitos: minimizar los costos laborales y evitar duplicidades de gasto que reflejan niveles subóptimos de aseguramiento. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, el DNP y el Ministerio de la Protección Social, realizarán los estudios pertinentes y presentarán alternativas de cambio en la estructura de financiamiento del sistema de seguridad social en salud al final del cuatrienio.\nPrestación de Servicios. El MPS deberá implementar la política nacional de prestación de servicios de salud, en sus ejes de accesibilidad, calidad y eficiencia con el fin de contribuir a fortalecer la competencia regulada de los prestadores de servicios, la eficiencia y la sostenibilidad de las redes públicas, la accesibilidad y la calidad en la atención. En particular, para el caso de la oferta pública se hace necesaria la transformación de las condiciones de gobernabilidad y autonomía que hoy la rigen. Su naturaleza jurídica, que actualmente les da el carácter de empresas sociales del Estado, debe ser revisada y modificada. Su transformación deberá contemplar la introducción de esquemas de participación privada, que les permitan evolucionar hacia empresas de economía mixta sin ánimo de lucro o de carácter solidario. Se deberán introducir incentivos para la adecuada y eficiente gestión de estas empresas y ajustes al régimen jurídico que las rige: la organización y composición de sus organismos de dirección y de gerencia; la evaluación de la gestión de los gerentes, condicionando su permanencia a los resultados pactados con el órgano de dirección; y la adecuada definición de los incentivos laborales por productividad y calidad.\nDado que los mecanismos de tercerización de la prestación de los servicios dentro de estas empresas constituyen una importante alternativa para la calidad y la eficiencia, es necesario que exista una regulación eficiente que evite que éstos se conviertan en instrumentos para la extracción de rentas, en desmedro de la calidad de la atención y de los derechos de los trabajadores. Se deberá tener en cuenta que la operación eficiente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas será una premisa fundamental y este principio, también, se aplicará a aquellas IPS públicas donde las condiciones del mercado no permiten su supervivencia a partir de la venta\nde servicios. Para lo anterior, el MPS debe implantar un plan de asistencia técnica e introducirá los cambios normativos y legales que se requieren para el efecto.\nPara la mayor eficiencia en el uso de los recursos, se requerirá fortalecer la gestión de las entidades territoriales en el manejo de la red de prestadores públicos. Entre dichas acciones se destacan: la implementación de nuevos mecanismos de contratación y pago; la consolidación de los sistemas de referencia y contra referencia de pacientes dentro de las redes de servicios de acuerdo con la capacidad resolutiva de cada punto de atención; la implementación de auditorías clínicas y de cuentas. El MPS promoverá el fortalecimiento de la tecnología informática que permita la consolidación de las redes de prestación de servicios de salud, el mejoramiento de la capacidad de gestión de las direcciones territoriales de salud y las IPS públicas y la adopción y monitoreo de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. A su vez, culminará el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud, con base en la evaluación intermedia del programa; y fortalecerá los procesos de seguimiento y evaluación a la implementación de la política de prestación de servicios con énfasis en los aspectos de sostenibilidad financiera y mejoramiento de la calidad y eficiencia.\nIgualmente, el Gobierno nacional promoverá el adecuado flujo de recursos y el saneamiento de la cartera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud dentro de un marco de promoción de la eficiencia y sostenibilidad de las IPS. Para el efecto desarrollará los lineamientos previstos en el Conpes 3447, entre los cuales se destacan: la venta de la cartera a operadores privados o públicos de activos improductivos mediante subasta pública o la venta a colectores; el castigo o saneamiento contable de cartera no negociable; la cancelación de cuentas por cobrar por prestación de servicios a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Para la cancelación de las cuentas por cobrar presentadas a las entidades territoriales, se dispondrá por una sola vez de recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y de los recursos del ECAT, en los términos definidos por el Conpes. Las entidades territoriales que accedan a estos recursos deberán suscribir un acuerdo de mejora en la gestión con indicadores y metas. Adicionalmente, se podrá implementar una estrategia que de disponibilidad de capital de trabajo mediante deudas subordinadas a convenios de gestión. En todo caso, antes de proceder al reconocimiento de la cartera a ser saneada, el Gobierno nacional deberá realizar las auditorías que permitan identificarla y valorarla correctamente.\nEl DNP, en coordinación con el MPS y MHCP, elaborará una propuesta que permita una solución estructural en el flujo de recursos. Para el efecto se considera necesario que el SGSSS cuente un esquema que permita estandarizar los procesos y procedimientos, así como disponer de reglas claras de contratación y pago entre los agentes. El mecanismo debe facilitar que operen los flujos financieros en un mercado donde interactúa un número significativo de agentes oferentes y demandantes de servicios. Para 2007 se deberá aplicar la verificación de las condiciones de habilitación a por lo menos el 40% de los servicios de las IPS públicas y privadas y, en 2008 a por\nlo menos el 70%. Adicionalmente, para el cuatrienio deberá contar con 200 IPS y 5 aseguradoras capacitadas y preparadas para la acreditación y adopción del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Se acreditarán 8 IPS en 2007 y 10 en 2008. Las instituciones deben orientarse al logro de niveles óptimos de calidad, como los establecidos por el Sistema Único de Acreditación, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y eficiencia institucional. Para favorecer su consecución se propone la adopción de un sistema de incentivos que estimule aquellos actores del SGSSS que demuestren avances significativos en materia de calidad.\nDentro de éstos se contemplan algunos incentivos económicos, como las “zonas francas”. Con el ánimo de evaluar y gestionar los avances en materia de calidad debe desarrollarse un esquema de monitoreo que permita conocer los resultados en la implementación y desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad a través de indicadores. De igual manera se requiere el fortalecimiento de la información sobre la situación de calidad de los diferentes actores del sistema que permita el empoderamiento del usuario para que con base en ella pueda ejercer su derecho a la libre elección. Se debe avanzar en el desarrollo y mejoramiento del talento humano en salud, a través de un sistema de certificación, recertificación y registro único nacional del personal dedicado a la salud.\nSerá indispensable avanzar en la actualización tecnológica y en el desarrollo de la telemedicina en concordancia con una política de tecnología biomédica. La meta en telemedicina será implementar 18 proyectos en el país. El énfasis se realizará en las entidades territoriales con mayor dispersión y menos accesibilidad a los servicios de salud. La meta en renovación tecnológica consistirá en implementar en 36 entidades territoriales la metodología para la ejecución de proyectos de innovación tecnológica. Se debe, igualmente, contar con 5 redes de transplantes de órganos funcionando.\nMejoramiento del acceso general. Es necesario avanzar en la protección de la población, no sólo desde la perspectiva de la cobertura, sino en términos del mejoramiento del acceso y la prestación de los servicios de salud, en condiciones de calidad y oportunidad, tanto para los asegurados, como para aquellos que transitoriamente no tienen esa condición. Para esto se requiere desarrollar acciones como:\n• Fortalecer el ejercicio del derecho a la libre elección del afiliado. Es indispensable reducir los tiempos de movilidad entre aseguradoras. Se deberá difundir anual y públicamente el ranking de IPS y aseguradoras y el Informe Nacional de Calidad.\n• Establecer estrategias masivas de comunicación, dirigidas a la población afiliada y no afiliada, a través de las cuales se otorgue información sobre los beneficios a los cuales el usuario tiene derecho y los mecanismos ágiles y oportunos para su exigibilidad.\n• Se deberá asegurar una óptima distribución geográfica de los recursos, garantizando la adecuada articulación de una oferta básica de servicios con la red de servicios de mayor nivel de complejidad.\n• El financiamiento de profesionales especializados mediante el mecanismo de becas crédito debe orientarse a incentivar la disponibilidad de recurso humano especializado en zonas deficitarias y en áreas del conocimiento prioritarias. Por tanto, se deberá revisar la focalización del programa actual de becas crédito y la normatividad de los convenios de asistencia‐docencia entre universidades y hospitales universitarios y los de aprendizaje del personal en formación especializada.\nDirección y regulación . Una estrategia para el mejoramiento y el fortalecimiento institucional del SGSSS debe tener claras las fallas del mercado de salud que justifican la intervención. Las intervenciones pueden ser de dos tipos: (1) las que están relacionadas con las fallas típicas del mercado de servicios de salud y que están orientadas a procurar la eficiencia del mercado en un ambiente de competencia; y (2) las que están relacionadas con la prescripción ética de garantizar el derecho a la salud a toda la población. Se creará una Comisión de Regulación de Salud de alta capacidad técnica, con el concurso de expertos independientes seleccionados por méritos, con inhabilidades e incompatibilidades rigurosas y que contará para sus decisiones, con la participación del Gobierno Nacional. Esta instancia será objeto de supervisión por parte de los organismos de control. La Comisión Reguladora sustituirá al CNSSS, el cual podrá mantenerse como instancia de consulta y concertación de las políticas del sistema, las cuales deberán estar bajo la dirección y estratégica del MPS, contando para su implementación con los niveles territoriales. La Comisión Reguladora tendrá a su cargo, entre otras, la definición del Plan Obligatorio de Salud, el valor y los criterios de ajuste de la UPC, la definición del régimen de pagos compartidos, de las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios por parte de las entidades promotoras de salud y la definición del régimen de tarifas de los servicios prestados por las IPS en casos de urgencias y riesgos catastróficos.\nInspección, vigilancia y control (IVC) eficaz y eficiente que proteja al usuario . La función de regulación debe complementarse con un sistema de IVC eficaz. Así, los aspectos que vigila la Superintendencia de Salud deberán ser objeto de revisión y depuración y podrán ser reasignados a otras entidades especializadas. Así, el MPS, MHCP y DNP realizarán un estudio que permita determinar el papel de la Superintendencia Financiera en la vigilancia de las condiciones financieras de las aseguradoras. De otra parte, los aspectos relacionados con abuso de posición dominante, competencia desleal, integración vertical y fallas y concentración del mercado, deben ser supervisados por la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta manera, la Superintendencia Nacional de Salud se ocupará fundamentalmente de la protección de los derechos de los usuarios y estará encargada de garantizar la calidad y el acceso efectivo a los servicios a cargo de las entidades promotoras y las redes de servicios, de evaluar el desempeño de los agentes en los aspectos de su\ncompetencia, y de difundir información pública que contribuya a la regulación del mercado. Para todo esto se requiere implementar esquemas descentralizados de IVC, con mecanismos de control de primera instancia a cargo de las entidades territoriales,\ny de revisión y segunda instancia a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. El\nMinisterio de la Protección Social implementará conjuntamente con DNP, y Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Nacional de Salud una estrategia que permita llevar a cabo los ajustes institucionales propuestos.\nSalud Pública. El Plan Nacional de Desarrollo busca mejorar la situación de salud\npública a través de la vigilancia y control de los riesgos, la promoción de los factores protectores, la articulación sectorial e intersectorial sobre los determinantes en salud\ny la generación de información. A su vez concentrará los esfuerzos de las acciones de salud pública en la reducción de las enfermedades y mortalidades emergentes (además de las tradicionales).\nGestión Pública. El MPS definirá los criterios, requisitos e indicadores de cumplimiento para que las EPS puedan acceder a los recursos de promoción y prevención. Será un criterio de permanencia en el SGSSS, para las aseguradoras de los diferentes regímenes e IPS, la demostración de la articulación de las acciones de salud pública con el Estado y el envió de la información que la normatividad establezca. Con el fin que las administradoras del Régimen Subsidiado tengan las herramientas que les permita gestionar el riesgo en salud, se deberá derogar el artículo 46 de Ley 715 de 2001. De igual forma, las entidades territoriales privilegiarán las acciones y programas que tengan relación directa con el perfil epidemiológico de sus territorios, bajo los lineamientos técnicos que expida el MPS. El Ministerio deberá desarrollar sistemas de costeo de intervenciones prioritarias y esquemas de financiamiento eficientes, buscando avanzar en el control de problemas específicos. También, diseñará mecanismos de seguimiento de la gestión en salud pública y planes focalizados de asistencia técnica frente a propósitos comunes que movilicen recursos territoriales, de la cooperación internacional y del presupuesto general de la nación. La gestión en salud pública territorial requerirá de la elaboración y actualización de los perfiles epidemiológicos, contando con la asistencia técnica del MPS y con base en la información que en forma oportuna suministren las aseguradoras e IPS.\nCuadro 3.7 Metas 2010. Salud pública\nAumentar la cobertura de vacunación (todas las vacunas). 2005 1/ . Reducir la mortalidad infantil. Línea base 2005 2/ . Reducir la mortalidad de la niñez. Línea base 2005 2/ . Reducir la mortalidad materna (muertes maternas por 100 mil nacidos vivos). Línea base 2002 3/ . Incrementar el porcentaje de mujeres con 4 o más controles prenatales y reducir las desigualdades regionales 2/ . Mantener en 95% la cobertura de atención institucional del parto.2005 2/ Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa. Línea base\nIncrementar la prevalencia de uso de métodos de anticoncepción entre la población femenina, de 15 a 19 años, no unida y sexualmente activa. Línea base 2005 2/ . Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo. Línea base 2005 2/ . Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. 2003 4/ . Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 2005\nReducir la desnutrición global en niños menores de 5 años.2005 2/ . Aumentar la cobertura de terapia antiretroviral a las personas que la requieran. Línea de base 2005 1/ . Mantener prevalencia general de infección por VIH, por debajo del 1,2%. Línea base 2004 1/ . Reducir en 85% las muertes por malaria. Línea de base 2002 3/ . Reducir en 93% las muertes por dengue. Línea de base 2002 3/ . Reducir la incidencia de malaria en municipios con malaria urbana (tasa por mil habitantes). Línea de base 2003 1/ . Reducir los índices de infestación de Aedes en los municipios categoría especial, 1 y 2 por encima de 1.800 m.s.n.m. Línea de base 2003 1/ .\nFuentes: 1/ Ministerio de la Protección Social. 2/ Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. 3/ Dane. 4/ Instituto Nacional de Cancerología.\nEl Ministerio de la Protección Social desarrollará mecanismos para la evaluación y rendición pública de cuentas de la gestión en salud pública del nivel central, las entidades territoriales y las aseguradoras. Tanto el nivel nacional, como las entidades territoriales deberán evaluar su capacidad actual de gestión y desarrollar instrumentos para su mejoramiento, bajo el liderazgo del MPS. La Nación y las entidades territoriales deben al final del cuatrienio conocer los determinantes de la salud, los factores de riesgo y el perfil epidemiológico de la población. Con el fin de fortalecer la gestión en salud pública es necesario consolidar las estrategias de\nvigilancia en los ámbitos demográficos, de servicios de salud y epidemiológicos. Será necesario el mejoramiento y uso de la información actualizada del sistema de registros continuos (SIVIGILA) y RIPS y su articulación con el sistema de estadísticas vitales del Dane. Igualmente, será prioritario realizar las encuestas de calidad de vida en 2007, la ENSIN en 2010, la de Salud Mental en 2009, la ENDS 2010 y el estudio de sero‐prevalencia para VIH, que deben institucionalizarse.\nPromoción de la salud y prevención de la enfermedad (PyP). El Plan Nacional de Desarrollo adopta las recomendaciones del Conpes Social 91 de 2005 para el logro de\nlos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para tal fin será fundamental el desarrollo e implementación del plan estratégico de salud pública que hará énfasis en las regiones\ny grupos poblacionales más afectados. En vacunación, se fortalecerá estratégicamente\nel Programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) para lograr y mantener coberturas útiles de vacunación. Será necesario consolidar la eliminación de rubéola congénita, y continuar con la introducción de la vacuna contra influenza viral en niños de 6 a 18 meses de edad y adultos mayores de 65 años. El MPS adelantará un estudio que permita evaluar la factibilidad de incluir nuevos biológicos en el PAI. El estudio debe contemplar los análisis de costo/efectividad que confirmen que su inclusión representa mejoras en las condiciones de salud de la población, frente a otras alternativas. Si el estudio muestra resultados positivos, el Gobierno incluirá por lo menos un nuevo biológico dentro del PAI en el cuatrienio.\nEntre las alternativas a considerar se encuentran la vacuna de neumococo a niños menores de 2 años, Rotavirus o Hepatitis A. El MPS dará continuidad a la implementación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para reducir las enfermedades no transmisibles y derivadas de la transición demográfica y\nepidemiológica (emergentes), el MPS con otros sectores, gestionará estrategias que promuevan la actividad física, la dieta saludable y la reducción del tabaquismo. Impulsará, en coordinación con el Sector educativo, la implementación estrategias para disminuir la exposición al tabaco en instituciones educativas,, lugares de trabajo\ny espacios públicos.\nSe diseñará y aprobará la política nacional sobre el control del cáncer, estableciendo el marco de acción para atender integralmente la presencia de esta enfermedad en la población. Esa política será desarrollada por el MPS y coordinada por el Instituto Nacional de Cancerología (INC). Esta política debe contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: (1) la consolidación del desarrollo y mantenimiento de la Red Nacional de Cáncer; (2) la reducción de los tiempos de espera para la atención; (3) el desarrollo de guías de manejo para los cánceres más prevalentes; (4) la consolidación del registro nacional y la implementación de un modelo el control; (5) el fortalecimiento del INC en la vigilancia epidemiología y en la consolidación del sistema de información; (6) la eficiencia, oportunidad en la adquisición de los medicamentos oncológicos; y (7) la promoción de actividades de detección temprana.\nEl país debe reconocer al VIH/SIDA como una enfermedad crónica. Las metas y estrategias serán las del Conpes Social 91. Se actualizará el Plan Intersectorial de prevención y control del VIH/SIDA, contemplando el desarrollo de un estudio de sero‐ prevalencia y la encuesta sobre comportamientos sexuales en 2008. Las acciones de prevención incluyen la reducción de factores de vulnerabilidad en adolescentes desplazados en 48 municipios (24 departamentos), la difusión y seguimiento a la aplicación de la norma de atención integral del VIH/SIDA, la sostenibilidad del programa de prevención de la transmisión madre‐hijo y la educación en la prevención de enfermedades sexualmente transmisibles en el ámbito escolar. El Plan Obligatorio de Salud debe mantener actualizados los beneficios para la atención integral del VIH. En 2008 se consolidará un fondo de medicamentos antiretrovirales de bajo costo.\nPara mejorar las condiciones de salud mental de la población, el MPS impulsará la eliminación de barreras para el acceso a los servicios de salud mental y la implementación de la estrategia de atención primaria. Así mismo, promoverá la movilización social por medios masivos para desestimular el consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en la población joven, incluyendo la prevención del consumo en ámbitos escolares. En cuanto a la salud ambiental, los compromisos para el próximo cuatrienio son los siguientes:\n• Formular (MPS y MAVDT) una Política Nacional de Salud Ambiental, con base en el Plan Nacional de Salud Ambiental 2006‐2010, que promueva la equidad y la protección de los grupos más vulnerables y que haga énfasis en los problemas ambientales que generan los mayores costos para la sociedad colombiana.\n• El MPS, a través del INVIMA, participará en la conformación del Laboratorio interinstitucional de Detección y Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM); además participará en la evaluación conjunta, con el MAVDT y el MADR, de los riesgos sobre el ambiente y la salud derivados del desarrollo de actividades con OGM.\n• Se dará continuidad al trabajo intersectorial del vademécum de plantas medicinales.\n• El MPS participará, con otros ministerios de la Comisión Técnica Intersectorial para la prevención y el control de la contaminación del aire (CONAIRE), en la formulación de una política nacional de calidad del aire.\n• El MPS acompañará al MAVDT en el desarrollo y la reglamentación de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos peligrosos.\n• El MPS realizará evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) para el sector y participará en otras EAE para temas en los cuales tiene participación directa.\nPlan nacional de salud pública. Es necesario dar cumplimiento a la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, que ordena que se incluya en el PND un Plan de salud pública.\nExiste una limitación de instrumentos para la fuerza laboral para enfrentar la caída del ingreso por desempleo. La forma tradicional que se ha usado es la cesantía, que se creó con la intención de proteger al trabajador en los períodos de desempleo. Sin embargo, se han introducido modificaciones que permiten al trabajador hacer uso de\nla prestación cuando está activo. Esto ha desfigurado el espíritu inicial de la ley y las\ncesantías se han convertido en un ingreso más de los trabajadores activos. Por estar ligado al trabajo formal, no todos los colombianos tienen esta opción. No existe en el mercado asegurador la opción de seguros para cubrir la contingencia del desempleo con ahorros individuales. Para hacer frente a la ausencia de protección para las personas más vulnerables, la Ley 789 de 2002 redefinió algunas competencias de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), creando el Fondo de Fomento del Empleo y Protección al Desempleado (Fonede), como parte del componente de Promoción Social del Sistema de Protección Social. Su objetivo es proveer un aporte en especie 3 , equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales, por una sola vez, distribuidos en seis cuotas iguales, a personas cabezas de hogar desempleadas, preferiblemente a aquellas con hijos menores de 18 años que no posean ningún otro ingreso.\nSin embargo, su cobertura ha sido limitada debido a la disponibilidad de recursos en las CCF. En el período octubre de 2003‐agosto de 2006 se entregaron 238.559 subsidios al desempleo, con un cumplimiento del 112% de la meta propuesta para el cuatrienio. En procura de mejorar la efectividad de los mecanismos de protección al desempleo, se debe intervenir de tal manera que se racionalice el uso de las cesantías para devolverles su razón de ser, al mismo tiempo que se promueva un mecanismo de ahorro voluntario, con cuentas individuales para los informales con capacidad de pago.\nA su vez, el MPS promoverá los cambios normativos necesarios al programa de\nSubsidio al Desempleo contemplado en la Ley 789 de 2005, con el propósito de privilegiar el otorgamiento del subsidio a la población sin vinculación previa a las Cajas (el segmento más vulnerable). Será necesaria la consolidación de estos mecanismos de protección al cesante con el fomento de la empleabilidad. Así, las personas cesantes que reciban el subsidio serán capacitadas en aspectos relativos al manejo empresarial y se les otorgará recursos económicos a través de microcréditos para sus unidades empresariales. En esta vía, se deberán evaluar los cursos dictados por las Cajas y los cuales deberán insertarse en el SNFT y llenar los requisitos para lograr la acreditación de calidad. El FONEDE deberá ser vinculado a la Red de protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema.\n3 Alimentación, salud y educación.\nMetas 2010: protección al cesante