CORRUPCION EN BOLIVIA: enero 2015\nPublican contratos con “Bravo” Alejan del caso YPFB al fiscal que involucró contratos para el G77\nLeopoldo Ramos, fiscal que atendía el caso de una posible red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue alejado del proceso, por determinación de la fiscal de Distrito, Patricia Santos. La decisión se conoció luego de que el presidente Evo Morales realizara el reclamó para que Ramos envíe las denuncias formales al Palacio de Gobierno, sobre que la presunta red de corrupción, también está ligada a los gastos dispendiosos en los que se habría incurrido en la Cumbre del G77.\nRamos declaró a EL DIARIO que la determinación de su alejamiento había sido asumida por la fiscal de Distrito, Patricia Santos, y que respondía a una repentina política de rotación por el Ministerio Público, pero que estas no estaban programadas y obedecían a lo que los superiores determinaban.\nAl realizar la “rotación” el fiscal Ramos fue alejado de todos los procesos que tenía a su cargo, siendo detenido a la Unidad de Solución Temprana.\nEn el marco de su investigación, Ramos reveló que la empresa de Servicios Integrales y Comunicación “Bravo”, involucrada en la red de corrupción de YPFB, también tiene vínculos en la contratación que el Ministerio de Comunicación realizó para la elaboración de recuerdos y poleras para la Cumbre de G77+China.\n“Tengo aquí dos contratos y nos faltaría ver el tercero, de las poleras son 58 mil y de 255 flash son más de 100 mil, serían como más de 150 mil bolivianos lo que firmó Comunicación con la empresa Bravo, pero aún faltaba ver documentos”, detalló el fiscal a los medios.\nEl fiscal general, Ramiro Guerrero, corroboró la versión y detalló que los cambios son de tipo rutinario. “Estamos operando varios cambios, estamos rotando fiscales, estamos cambiando a fiscales que ya estaban por mucho tiempo en ciertas unidades (…), algunos fiscales que nunca fueron están yendo a provincia, por lo que se terminaron los privilegios para algunos que eran intocables, vamos a seguir con esos cambios, es parte de las decisiones que hemos tomado en esta semana”, dijo.\nHoras antes de que se conociera el alejamiento del fiscal Ramos, el presidente Evo Morales anunció el “seguimiento al caso”, luego de calificar de “políticas e ilegales” las declaraciones del fiscal.\n“Quisiera que el fiscal Ramos presente cómo se ha contratado esa empresa y aquí, que canten los documentos de los contratos (…). Yo soy el más interesado para saber si es así o no y pido públicamente que el fiscal me mande toda la documentación, sus denuncias al Palacio y al Presidente”, señaló en conferencia de prensa.\nMorales pidió al fiscal Ramos que presente documentación sobre el supuesto contrato que habría suscrito el Ministerio de Comunicación con la empresa de Servicios Integrales y Comunicacionales Bravo, involucrada en la presunta red de corrupción.\nLa directa involucrada en el Ministerio de Comunicación, fue la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, quien afirmó que “no llegó a culminar el proceso administrativo” de contratación debido a que Bravo no cumplía con la normativa vigente para cualquier tipo de contratación de servicio\nEn horas de la noche, el portal digital de la Red Erbol, publicó los documentos que el presidente Morales había solicitado.\n"La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, firmó y selló la recepción de 252 memorias flash y 555 poleras que entregó la empresa Servicios Integrales y Comunicación 'Bravo' -acusada de corrupción por YPFB- al Ministerio de Comunicación, con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50 Aniversario del G77+China que se realizó entre el 14 y 15 de junio de 2014 en Santa Cruz", dice en el inicio de la nota de esta red.\nFernando Rivera se somete a un juicio abreviado\nEl abogado Fernando Rivera Tardío, uno los exasesores legales más influyentes en el Ministerio de Gobierno, decidió renunciar al juicio oral y someterse a un procedimiento abreviado, para lo cual se ha declarado culpable de los delitos que se le acusan dentro de la red de extorsión desbaratada tras la denuncia del estadounidense Jacob Ostreicher.\nLa información fue confirmada por el fiscal Ángel Álvarez, que integra la comisión anticorrupción, junto a Mabel Andrade, Mario Mercado y Olvis Égüez.\nEl fiscal aseguró que la solicitud de abreviado fue presentada por Rivera, que acepta su culpabilidad en el delito de organización criminal y extorsión, y pide una pena de tres años de cárcel.\nRivera permanece detenido desde noviembre de 2012. Hasta hace poco se declaraba inocente y calificaba de político el proceso en su contra.\nSu abogado, Carmelo Alberio, informó de que la solicitud fue pesentada a la comisión de fiscales y será analizada para su posterior conocimiento de un juez, que deberá fijar audiencia para dictar la sentencia.\nDijo que a Rivera solo le interesa recobrar su libertad.\nBoris Villegas se queda solo\nEl exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas es el único que queda en la cárcel. También se declararon culpables para someterse a un procedimiento abreviado, Gustavo Céspedes, Cori Balcázar, Miguel Gutiérrez, Denis Rodas, Isabelino Gómez, Roberto Achá, Ramiro Ordóñez y Manuel Antezana. La jueza Ximena Flores es la encargada de llevar a cabo los abreviados\nCaso YPFB Abogado de Camacho descalifica a Ministerio Público\nRamiro Vera, abogado de Selva Camacho, descalificó el trabajo que realiza la comisión de fiscales del Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación de los presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Comunicación Social de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al indicar que los fiscales se atribuyen un trabajo que nunca lo realizaron cuando develan supuestos vínculos de una de las empresas involucradas con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Informaciones.\n“Lo que me llama la atención es que cuando ellos (Ministerio Público) están perdiendo el norte en su investigación sacan elementos a los medios como si fuera nuevo cuando ese elemento es de hace bastante tiempo y ha sido presentado por la defensa”, dijo.\nLuego acreditó la suficiente capacidad como para poder haber sido contratados como empresa, Servicios Integrales y Comunicación Bravo, para otorgar los servicios necesarios y aclaró que el Ministerio de Comunicaciones no tiene nada que ver con YPFB y mucho menos con Selva Camacho.\nEl fiscal Leopoldo Ramos informó que existen “por lo menos dos contratos” en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales, realizó compras a la empresa Servicios Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción de YPFB.\nEl representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en 2014, cuando Amanda Dávila era ministra. Según el reporte de Erbol la funcionaria se excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado en horas de la tarde y en la noche del miércoles no contestó.\nEn cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por “la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado”.\nSobre las poleras, la autoridad mostró un documento en el que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.\nLuis Bell logró el contrato por la eficiencia, los precios, los tiempos de la entrega del producto, pero además que ni siquiera se pudieron presentar los contratos con el Ministerio de Comunicaciones porque “el fiscal (Leopoldo Ramos) los secuestró allanaron ilegalmente el domicilio de Selva Camacho, de Yalile Bravo y capturaron al señor Luis Bell. Dentro estos allanamientos que el fiscal negó haberlos realizado, decomisó todos los documentos, entre estos secuestro esta documentación y la hicieron desaparecer”, dijo Vega.\nEn este caso por disposición de la juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar, Cinthia Delgadillo, se encuentran con detención preventiva Selva Camacho, Alejandro Bell Camacho, Yalile Bravo, Ericka Rojas, Guido Alarcón Terrazas y Ever Terán.\nAl respecto la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza del Ministerio de Comunicación negó ayer haber contratado a la empresa Bravo de merchandising, en ocasión de la Cumbre del G77 más China, celebrada en junio último en la ciudad de Santa Cruz y, como prueba, dijo haber surtido de documentación de respaldo al Ministerio Público boliviano.\nCaso de corrupción en YPFB En la mira de Fiscalía otros funcionarios involucrados\nEl fiscal Leopoldo Ramos informó que existen al menos dos contratos en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales realizó compras a la empresa Servicio Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).\nEl representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en junio de 2014, durante la gestión de Amanda Dávila como ministra. Erbol visitó la oficina de Salinas, pero una funcionaria la excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado, en horas de la tarde, y en la noche no contestó.\nEn cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por "la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado".\nSobre las poleras, la autoridad mostró un documento en que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.\nRamos anticipó que Salinas será convocada a declarar en calidad de testigo, y que las demás personas mencionadas en los documentos también serán requeridas "para que vayan aclarando un poco la firma de contratos y adjudicaciones de servicios".\nLa misma empresa, Bravo, tiene como representante legal a Luis Bell, hijo de Selva Camacho, y como contacto comercial a Yalile Bravo, todos ellos detenidos preventivamente por el caso de corrupción en YPFB.\nEsta compañía está acusada de favorecerse irregularmente con un contrato de 484 mil dólares de YPFB Transporte, para la provisión de 44 vallas publicitarias con motivo del G77.\nEl Fiscal aseveró que Yalile Bravo "nunca jamás" mencionó los contratos con YPFB. "Nosotros teníamos solamente el contrato de las vallas nada más, por otros medios hemos investigado estas otras adjudicaciones", recordó.\nVecinos denuncian al subalcalde de la zona Sur por loteamientos\nPor segundo día, vecinos inconformes con el nombramiento de Ernesto Villarroel como subalcalde del macrodistrito Sur realizaron bloqueos y tomaron los predios de la Subalcaldía ubicada en Obrajes. El exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, denuncia que Villarroel es procesado por loteamiento.\n"Ernesto Villarroel ha sido posesionado el viernes sin consenso de las juntas vecinales. Rocha traicionó su compromiso del 3 de enero cuando dijo que las juntas vecinales elegirían a sus candidatos. Villarroel es una persona no grata y procesada que no tiene apoyo de las juntas” señaló el representante de Control Social del Distrito 19 del macrodistrito Sur, Rolando Chipana.\nLos vecinos manifestaron que son varias las víctimas de loteamiento por parte de Villarroel que cuenta con un proceso técnico administrativo en el que -como autoridad- estaría siendo juez y parte. Reiteraron que de no ser escuchados recrudecerán sus medidas presión.\nTerrenos en Aruntaya\nEl exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, con documentación en mano, ratificó que el nuevo subalcalde de la zona Sur tiene un proceso técnico administrativo por el loteamiento de unos terrenos en Aruntaya. Señaló que fueron los mismos vecinos del lugar quienes dieron la alerta.\n"Luego de la denuncia, en la inspección del área se hizo presente el que actualmente pretende ser subalcalde de la zona Sur. Presentó documentos que fueron aprobados en Palca y adjuntó un certificado de jurisdicción de dicho municipio. Sin embargo las unidades correspondientes de la comuna paceña verificaron que se trataba de una propiedad municipal, lo que deja todo el movimiento y venta de este lugar en la ilegalidad”, explicó.\nVelásquez afirmó que no puede nombrarse autoridad a quien desconoce e irrespeta los limites de La Paz, "cuando la principal función de este cargo debe ser la defensa de la jurisdicción en un conflicto limítrofe de larga data”. Sostuvo que Villarroel al tener terrenos que están siendo loteados y proyectos de construcción ilegales tiene conflictos de interés y no puede ser autoridad en el macrodistrito .\n"Lo tenemos por imposición de Rocha y de seguro su intención será tapar estas ilegalidades regularizando la zona aprovechando su cargo. Sólo esperamos que el proceso en curso, continúe con la independencia que debe tener para evidenciar el delito. Existen descargos que deben ser presentados”, dijo.\nDenuncias en Irpavi II\nEl presidente de la junta vecinal del sector Mirador Alto La Florida, Juan Carlos Flores, señaló que Villarroel tiene procesos penales por agresión y loteamientos de terrenos de familias en Irpavi II.\nA su turno, el fiscal de la Acción Comunal del Distrito 19, Ciro Aguilar, señaló que estos "bochornosos actos” del alcalde Omar Rocha han molestado a los habitantes de los distritos del Sur y han generado división.\n"Estos actos sólo pueden desembocar en la confrontación porque nuestra Subalcadía no toma determinaciones. Somos más de 200 mil habitantes que necesitamos ser atendidos y que por mucho tiempo hemos sido abandonados. Tras esta afrenta no queda más que masificar las protestas”, dijo.\nPágina Siete llamó insistentemente al subalcalde de la zona Sur, pero Ernesto Villarroel no contestó los requerimientos.\nComuna socializa Ley Anticorrupción\nPara que los funcionarios ediles efectúen un manejo transparente y honesto en el desenvolvimiento de sus funciones se socializa entre las unidades del Gobierno Municipal la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó el director de Capital Humano, Juan Mamani.\nLa capacitación se lleva adelante en el teatro Raúl Salmón de la Barra de La Ceja de El Alto desde el 26 de enero y concluirá el 4 de febrero próximo.\nSegún información oficial, participan servidores públicos de las nueve secretarias y las 14 subalcaldías que agrupa el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.\nEsta norma busca evitar hechos ilegales como el enriquecimiento ilícito, además de asegurar el resarcimiento de daños causados al Estado y la colectividad, fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía.\n“Es una ley que a los funcionarios puede fiscalizar, es retroactiva, por ello deben tener un manejo adecuado y lealtad en el trabajo institucional”, concluyó Mamani.\nMuerte de Villegas no impide continuidad en el caso YPFB\nEl Ministerio Público continuará las investigaciones dentro el caso de supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) a pesar de la muerte de su presidente Carlos Villegas.\nLa fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, anunció que las diligencias y citaciones realizadas por la comisión de fiscales se realizan como establece el procedimiento investigativo para establecer las responsabilidades en los delitos denunciados por Villegas.\nVideo Abogado Ana Belen Camacho sobre como repercutira en el caso YPFB\nLos entes o herramientas encargadas de combatir la corrupción pública, al parecer son insuficientes y sin fuerzas para cumplir con sus obligaciones de fiscalización.\nEsa visión es compartida por analistas y una opositora, quienes resaltan que uno de los motivos de la falta de fiscalización es la desinstitucionalización de las entidades del Estado.\nAdemás, la impunidad y el sistema de adjudicación directa, son otras de las causales que puedan inducir a hechos irregulares, agregan.\nUn oficialista asegura que la actual gestión gubernamental, ha dado muestras claras en la lucha contra la corrupción con acciones concretas.\nEl problema está en la impunidad. El politólogo, Marcelo Silva, dijo que la falla para la lucha contra la corrupción está en la impunidad de la que están sujetos algunos servidores públicos.\n“Las normas y las instituciones en el país no son malas, pero no se cumplen y no se acatan fundamentalmente porque hay impunidad”, afirmó.\nIndicó que eso establece la persistente corrupción en el país, por lo que sugiere la aplicación de la norma sin favorecer a nadie en particular.\nExplicó que aquellos que violan la ley y tienen una tendencia afín al Gobierno no son castigados y a ellos no se les aplica ni la maquinaria institucional y legal.\nAdjudicación directa es otro de los motivos. Para el analista político, Jorge Landívar, otro de los motivos que provocó la corrupción en las instituciones públicas, es por aprobar las adjudicaciones directas.\nModalidad que permite el beneficio de contratos con ciertos montos importantes. Aclaró que si bien la Ley Safco establece el modo de la administración pública para regirse sobre las contrataciones, pero con resoluciones y excepciones del Gobierno, no sirve de nada.\nLes quitó transparencia. Asimismo, el periodista y ganador del premio Rey de España, Fernando Molina, dijo que las adjudicaciones directas le quitaron transparencias a las licitaciones públicas con escrutinio de los medios.\n“Con la licitación incluso el postulante podría reclamar si sentía que había injusticia o dificultades en algunas de las etapas”, anotó el experto.\nMolina manifestó que las invitaciones directas implican un grave riesgo moral para el país, lo que conlleva un cambio significativo y peligroso.\nSigue creciendo. Según el analista Róger Cortez, la corrupción en Bolivia no para de crecer a pesar de las herramientas para combatirla.\nDijo que no parece existir ninguna impresión visible de la reducción de estos actos dolosos, sino que al parecer es una continuidad de anteriores gestiones gubernamentales.\nTomó como ejemplo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).\nEn el primer caso, llevó a la cárcel al presidente de la institución y el segundo hecho, a raíz de las contrataciones directas, favoreció que se tome decisiones discrecionales difícil de perseguir y sancionar.\nFalta institucionalización. Para el analista Moisés Palachay, hay una clara falta de institucionalidad en el país.\n“Como es el caso del sistema Judicial, que sea más técnico y menos político y que se sometan solo al imperio de la ley y no del sometimiento del Poder Ejecutivo”, exclamó.\nDijo que si bien está vigente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para el control social, sin embargo, no es cuestión de herramientas, sino de institucionalidad.\nMecanismo de control sin funcionamiento. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, dijo que no funciona ningún mecanismo de control social en Bolivia.\nAseguró que hay una corrupción generalizada desde las más altas esferas del Gobierno central. Dijo que el Estado carece de un buen funcionario público para enseñar con el ejemplo y es por eso que nada funciona en el país.\nLa legisladora opositora lamentó que el Ministerio de Transparencia no ha recuperado los daños económicos causados al Estado.\nSe hizo mucho más que los anteriores. Por su parte, el ahora exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu, afirmó que la gestión de Morales hizo mucho más que sus antecesores contra la corrupción.\n“En este gobierno no solo se creó el Ministerio de Transparencia, sino también se propuso que la norma constitucional establezca que los delitos que generen daño económico al Estado sean imprescriptibles y no ameriten fuero ni impunidad alguna”, aclaró.\nEl legislador oficialista resaltó el efecto retroactivo contra los que cometen delitos, reglamentados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.\nOrganizadas para el control ciudadano\n1. Ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. Entre sus atribuciones está de formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de gestión con ética y transparencia, y de prevención y de lucha contra la corrupción.\n2. Contraloría del estado. Es el organismo técnico- administrativo superior de control fiscal, que en relación a los poderes del Estado y en el ejercicio de sus funciones tiene completa autonomía administrativa. Constituye el organismo central del Sistema de Control Fiscal.\n3. Procuraduría general. Una de sus funciones es defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado.\nBolivia mejoró en el ranking anticorrupción\nPuntuación. Bolivia en el 2014, ha obtenido 35 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Con esa puntuación, el Estado Plurinacional de Bolivia comparte junto a México el lugar 103 de 175 países del ranking de corrupción gubernamental, luego de que los bolivianos creen que existe mucha corrupción en el sector público.\nEste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes.\nEn el 2013 ocupó el puesto 106, según el informe por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).\nOrganización que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción.\n'El Gobierno puso a los ratones a cuidar el queso'\n"El Gobierno no entendió el alcance y el sentido del combate a la corrupción. Es decir, si hubiera entendido el problema, hubiese diseñado los mecanismos más adecuados para combatir y reducir estos hechos.\nComo no lo entendió, elabora acciones sin resultados significativos, por ejemplo, el diseño de un Ministerio de Lucha Contra la Corrupción, dependiente del propio Órgano Ejecutivo. No se puede poner a los ratones para cuidar el queso, así como no se puede poner a los cocaleros para dirigir las políticas de control de la venta de la coca al narcotráfico. Tampoco el Órgano Ejecutivo puede dirigir la lucha contra la corrupción, tiene que hacer un órgano independiente, por lo tanto, eso refleja la incomprensión del tema de la corrupción. Segundo: datos de esa incomprensión, cuando hay un funcionario de alto nivel de Gobierno acusado de hechos ilícitos, reacciona con el encubrimiento, pero si fuese de otro partido de oposición, hace una campaña mediática para desacreditarlo. Si uno se fija con los alcaldes oficialistas procesados son muy escasos, pero la mayoría de los afectados son opositores. Una muestra clara son las empresas del Estado, donde la mayoría se encuentran involucradas en casos de corrupción, empezando por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)"\nFiscalía no quiere investigar denuncias de “El Viejo”\nRoger Martínez, abogado de Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, sostiene que la comisión de fiscales en el Caso Terrorismo, se niegan a esclarecer la versión proporcionada por su cliente, en la que admite que fue parte del grupo que perpetró el atentado contra la casa del Cardenal Julio Terrazas, porque en esta declaración estarían involucrados Luis Clavijo, exfuncionario del Ministerio de Gobierno; el capitán de Policía Walter Andrade y la cabo Marilyn Vargas, exmiembros de la desarticulada Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) junto con el presunto líder del grupo terrorista, Eduardo Rózsa.\nVilla Vargas alias “El Viejo” esperaba que el Ministerio Público defina la solicitud presentada para someterse a un proceso abreviado tras aceptar los cargos de los cuales se le acusa, dentro del caso Terrorismo I, en los atentados a la casa del Cardenal Terrazas y del exviceministro de Autonomías, Saúl Avalos en abril de 2009.\nMartínez, sostiene que “El Viejo” espera que la comisión de fiscales acepte su propuesta de ser sentenciado a cuatro años de reclusión y no los 12 años planteados por el fiscal Sergio Céspedes, tras solicitar acogerse al juicio abreviado.\nLas negociaciones realizadas, para lograr esta condena, se llevan adelante dentro el penal de Palmasola, toda vez que Villa Vargas se encuentra con un delicado estado de salud.\nSegún las declaraciones de Villa Vargas, él habría participado junto a funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía en los atentados explosivos en colaboración de Norberto Clavijo, exfuncionario del Ministerio de Gobierno; el capitán de Policía Walter Andrade y la cabo Marilyn Vargas, exmiembros de la desarticulada Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) junto con el presunto líder del grupo terrorista, Eduardo Rózsa.\nMartínez, sostiene con estos indicios, el Ministerio Público ya debía haber iniciado la investigación, pero hasta el momento no se tiene ningún resultado. Es más, afirma que el motivo por el cual no se lo hace es por la influencia que ejercen personas allegadas al vicepresidente, Álvaro García.\nLa madrugada del 16 de abril de 2009, un operativo de la UTARC ingresó al Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz donde abatió a tres de los cinco supuestos integrantes del grupo separatista; el húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Árpád Magyarosi. En tanto, Mario Tadic, boliviano-croata; y Elód Tóásó, húngaro; fueron arrestados.\nAcusado en caso YPFB analiza admitir su culpa\nLa defensa legal de Guido Alarcón, imputado en el caso de presunto clan de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dijo que su defendido analiza declararse culpable por asociación delictuosa, aunque rechaza que haya cometido el delito de enriquecimiento ilícito, como lo señala en el proceso.\n“Estamos viendo algunas posibilidades de una salida alternativa. Entre ellas, el procedimiento abreviado, aceptando la asociación delictuosa, porque las autoridades han involucrado a mi cliente en ese tema para la contratación de empresas para la prestación de algunos servicios, calificarían ese tipo penal”, sostuvo el abogado Jorge Tapia.\nAlarcón y otras cinco personas son acusadas de formar parte de una red de corrupción que adjudicaba contratos. Otra de las acusaciones es enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, situación que la defensa de Alarcón no está dispuesta a aceptar. “Solo tiene una motocicleta y una casa con sus hermanos”, señaló el abogado. /MAM\nCaso Terrorismo ‘El Viejo’ busca proceso abreviado\nEl coacusado dentro el caso Terrorismo Ignacio Villa Vargas alias ‘el Viejo’ espera que el Ministerio Público defina hasta este viernes la solicitud presentada para someterse a un proceso abreviado tras aceptar la culpabilidad en los atentos explosivos a la casa del Cardenal Julio Terrazas y del exviceministro de Autonomías, Saúl Avalos en abril de 2009.\n‘El Viejo’ espera que la comisión de fiscales acepte su propuesta de ser sentenciado a cuatro años de reclusión y no los 12 años planteados por el Ministerio Público en las negociaciones realizadas dentro el penal de Palmasola, toda vez que se encuentra con un delicado estado de salud por la enfermedad que padece.\n“Están todavía negociando, estimo yo hasta el día viernes ya tengamos humo blanco bueno o malo porque lo que he pedido son 4 años y la Fiscalía ha propuesto 12 años, pero por eso estamos en esas negociaciones que nos tienen que dar”, expresó Villa Vargas.\nProsigue la investigación de la red de corrupción en la estatal petrolera\nAudalia Zurita, abogada de Alba Chirinos, una de las presuntas involucradas en la red de corrupción en YPFB, anunció que pedirá al Ministerio Público que se convoque a declarar al gerente general de YPFB Transporte, Christian Inchauste.\n"Hemos pedido que se investigue al señor Christian Inchauste para que diga cómo se hizo la contratación de la empresa Bravo, porque si era legal lo que ha hecho no tiene por qué esconderse. (El requerimiento) lo vamos a presentar por escrito el lunes”, afirmó ayer Zurita, en declaraciones a la red ERBOL.\nEste medio intentó comunicarse con el ejecutivo de YPFB Transporte, pero no obtuvo respuesta.\nAlba Chirinos era funcionaria de YPFB Transporte, pero actualmente está con detención preventiva en la cárcel de Obrajes, en La Paz. La Fiscalía la acusa de influir y participar en la adjudicación de la empresa Bravo para la contratación del servicio de vallas publicitarias.\nZurita mencionó que durante la audiencia de apelación de medidas cautelares de su defendida, el martes, se demostró que el 18 de junio pasado, entre las 12:00 y 14:00, hubo mensajes de correo electrónico entre Ever Terán exdirector de Comunicación de YPFB Corporación e Inchauste.\nSegún uno de esos mensajes, "Terán le dice a Inchauste que me han avisado que recién están colocando las vallas y éstas ya debían estar ya... Han contratado las 45 vallas y por buen tipo les estoy avisando”.\nEn respuesta, Inchauste señala: "se están reemplazando lonas defectuosas por recomendación de la gente que ve seguridad de la empresa. Todas las vallas estuvieron listas para el G77+China, las tendremos este mes, el tiempo que dure el efecto poscumbre, como todas las vallas de instituciones del Gobierno. Luego volvemos a la programación anual con los proyectos”.\nEntre el 14 y 15 de junio pasado se realizó la cumbre del G77+ China, en Santa Cruz.\nZurita dijo que en ese entonces el gerente de YPFB Transporte ya estaba informado de toda la situación, debido a que Chirinos fue contratada el 23 de junio.\n"Las contrataciones a la empresa Bravo ya se habían efectuado con anterioridad y mi defendida recién comienza a trabajar desde el 24 de junio y es ahí cuando Inchauste recién le da la instrucción para que realice la contratación”, explicó.\nDebido a ese antecedente, se sugirió a la Fiscalía y a la Unidad de Transparencia de YPFB Corporación que se consulte al comité de contratación de YPFB Transporte y a los representantes de Bravo Servicios Integrales, Yalile Bravo Espinoza y Luis Alejandro Bell Camacho, sobre cómo, cuándo y con quién se comunicaron para hacer el convenio.\n"Todo esto lo hemos manifestado el 30 de diciembre cuando Chirinos vino a La Paz y se presentó, pero la unidad de Transparencia de YPFB hasta ahora no ha hecho nada, ni ha convocado al señor Inchauste”, cuestionó.\nLa corrupción destapada en diciembre\nHecho En diciembre pasado, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, acusó a dos funcionarios y a otras cuatro personas de favorecer a cinco empresas con seis contratos suscritos en Santa Cruz, que ascienden a la suma global de 680.791 dólares, de los cuales la petrolera estatal desembolsó hasta la fecha 563.157 dólares.\nInvolucrados Según Villegas, la red estaba conformada por el jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB, Ever Terán, y Selva Camacho, exjefa de esa oficina, quien luego fue reasignada a YPFB Chaco. Ambos, con detención preventiva, conformaron junto a familiares y amigos cuatro empresas para adjudicarse contratos\nCondenan a tres años de cárcel a concejala en Sucre\nUn tribunal de sentencia compuesto por jueces ciudadanos y técnicos sentenció a tres años de cárcel a la concejala de Sucre, Arminda Herrera, de la agrupación política Nueva Alternativa Ciudadana (NAC). Los delitos por los que Herrera debe cumplir la sentencia son concusión y uso indebido de influencias.\nEl Ministerio Público habría logrado probar su culpabilidad en torno al primer delito, según el informe otorgado por el fiscal de distrito Roberto Ramírez.\n“Ha sido por dos tipos penales, uno era el delito de concusión, el cual era pedir montos de dinero a personas que trabajaban en la Alcaldía y que eran de su agrupación política y no estaban previstos en ninguna normativa el hecho que se hagan cobros legales y también por el uso indebido de influencias”, señaló Ramírez a la Red ACLO.\nEtiquetas: ALCALDES, Chuquisaca\nHubo desvío de Bs 4 millones de la CNS, dice Transparencia\nEntre las 13 denuncias que presentó el Ministerio de Transparencia ante la Fiscalía figura el desvío de Bs 4 millones, además de la conducta antieconómica, licitaciones irregulares, uso indebido de influencias y otras acciones en las que incurrieron ex y actuales autoridades de la CNS.\n“En la investigación verificamos varios hechos, como que la Dirección Jurídica formalizó desistimiento en favor de una empresa que debe a la Caja 70.000 bolivianos, tampoco se hizo ningún tipo de acción para recuperar más de 4 millones de bolivianos”, declaró la ministra del área, Nardi Suxo.\nEl Ministerio de Transparencia presentó el lunes ante el Ministerio Público 13 denuncias en contra de la Caja Nacional de Salud (CNS), tras culminar la primera etapa de la intervención, que comenzó el 8 de diciembre a raíz de las denuncias de asegurados y trabajadores de la institución.\nLa autoridad detalló que la primera denuncia tiene que ver con el incumplimiento de deberes de los responsables de Activos Fijos por no conservar y salvaguardar los bienes inmuebles. El segundo se refiere a que no se logró recuperar más de Bs 4 millones, porque en procesos coactivos no se realizaron las diligencias necesarias.\nLa tercera involucra a 15 funcionarios que no indicaron su parentesco con otros trabajadores de la CNS, nepotismo. El cuarto es por desistimiento a cobrar una deuda de Bs 77.000 a una empresa por parte de la gente de Jurídica. El quinto es por la contratación para la construcción del Hospital Obrero Santiago Segundo (El Alto), donde se omitieron exigencias técnicas para la entrega de anticipos.\nLa no verificación técnica de equipos odontológicos, de una máquina de anestesia, además de medicamentos, equipos de sillón dental, conforman las denuncias seis, siete, ocho y nueve, en las que las implicadas son las jefaturas Jurídica, Gerencia de Servicios y Dirección de Compras.\nLa denuncia diez es contra la Gerencia Administrativa Financiera y Recursos Humanos por contratar nuevos funcionarios sin considerar que fueron destituidos por irregularidades. Del 11 al 13 las denuncias tienen que ver con funcionarios que contrataron, compraron y adjudicaron irregularmente y en contra de procedimientos.\nAl respecto, el gerente de la CNS, René Bustillos, anunció a La Razón que formalizarán la querella de las 13 denuncias ante la Fiscalía. “Nosotros apoyamos y apoyaremos las investigaciones. Nuestro criterio es coadyuvar en la querella ante el Ministerio Público y estamos en pleno acuerdo que se siga el proceso de investigaciones en instancias correspondientes”.\nEn el proceso, una funcionaria sacó documentos de compras que luego fueron incautados en su casa.\nSuxo indicó que con esta investigación culmina la primera parte de la intervención administrativa a la Caja, tarea que se centró en la oficina central de la aseguradora de Salud. En los próximos meses la investigación será en las regionales y departamentales.\n“Esperamos seguir contando con el apoyo de la dirigencia de la COB y principalmente de Fensegural (Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social ), que en principio no querían que se haga este proceso, pero finalmente nos apoyaron”, expresó.\nPlataforma en la UMSA\nLa Universidad Mayor de San Andrés contará con Mi Plataforma para que cualquier persona acceda a información sobre el presupuesto institucional, escala salarial, resultados de auditoría, en el marco de la transparencia.\nEtiquetas: Caja Nacional de Salud, Ministerio de Transparencia\nUn jurista insiste en incluir carta de Soza como prueba\nEl abogado Carlos Mariaca, defensor del acusado Alcides Mendoza, instó al Tribunal Primero de Sentencia de que se tome en cuenta como prueba la carta pública del exfiscal Marcelo Soza. Mariaca, en los alegatos de defensa a su cliente, lamentó que el presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, no haya valorado la misiva del exrepresentante del Ministerio Público, quien se encuentra refugiado en Brasil. Mencionó que la acusación contra Mendoza se basa en un supuesto delito, sin que se haya demostrado de una manera objetiva su participación.\nComentó que el Tribunal no tomó en cuenta que la investigación se basó en un caso armado con fines políticos, develado por el ahora prófugo exfiscal Soza.\nLealtad procesal e imparcialidad. Asimismo, Mariaca pidió al titular del Tribunal lealtad procesal e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Aseveró que a pesar de que Soza admitió en su carta manipulación de la justicia en el caso Rózsa, los jueces y el Ministerio Público han continuado el proceso con una investigación contaminada. El jurisconsulto apuntó que el Ministerio Público debió reconducir el caso cuando se evidenció irregularidades como chantaje, extorsión, torturas y persecución política de los ahora coacusados.\n"Se debió incluir, por ejemplo, tal como lo reveló Ignacio Villa Vargas, a Luis Nolberto Clavijo, el capitán Wálter Andrade, a la policía Marilyn Vargas y al extinto Carlos Núñez del Prado", enfatizó el patrocinante de Mendoza.\nJuicio a 'El Viejo'. Por otro lado, continúan lentas las negociaciones del pedido de juicio abreviado a Villa Vargas, conocido como "El Viejo". El abogado Róger (Chiqui) Martínez dijo que a nombre de Villa Vargas presentó un proyecto de acuerdo en el que su defendido renuncia al juicio oral y acepta una pena de cuatro años de reclusión. Sin embargo, el fiscal Marco Rodríguez volvió a ratificar lo que dijo su colega Sergio Céspedes, de que habían aceptado una pena de 12 años de presidio, extremo negado por el defensor de "El Viejo".\nNoticia publicada elLa ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer que luego de concluir la intervención administrativa de la Caja Nacional de Salud (CNS) se procederá a investigar las oficinas departamentales.\nVideo En Santa Cruz, Ana Belén Camacho no pudo declarar por ausencia de los fiscales\nIntervención de la CNS proseguirá con las oficinas departamentales\nLa ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó hoy que luego de concluir la intervención administrativa de la Caja Nacional de Salud (CNS), se procederá a investigar las oficinas departamentales.\n"La intervención sigue con la intervención administrativa. Solo hemos acabado una etapa, y nos hemos concentrado por una etapa en la oficina nacional, hay que ir a los departamentos y continuar con este trabajo", explicó.\nAyer, la titular de Transparencia presentó al Ministerio Público 13 denuncias en contra de 50 actuales y exfuncionarios de esa institución de salud, porque se encontraron irregularidades en su actuación.\n"La Caja Nacional tiene más de 100 bienes inmuebles, muchos de ellos en poder de personas particulares muchos ellos sin ninguna función social, no tiene la documentación debidamente saneada a nombre de la Caja, estos hechos constituyen a delitos tipificados en el código penal", apuntó.\nCamacho teme por falsos testimonios\nLa defensa de la exfuncionaria de YPFB-Chaco, Selva Camacho, y supuesta cabecilla de la denominada “red de corrupción”, denunció que los abogados de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presionan de manera ilegal a los otros coimputados, con tal de incriminar a su defendida. Los aludidos prefieren no responder.\nEl abogado Ramiro Vega dijo a El Día que es hora de denunciar a los asesores legales de YPFB por pretender encaminar el proceso judicial en contra de Selva Camacho, recluida en el penal de Palmasola, y de su hijo Luis Alejandro Bella Camacho, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro.\n“Lo que quieren es negociar con el resto de los coprocesados medidas sustitutivas, juicios abreviados y penas más cortas a cambio de declaraciones que “fundan” a Selva Camacho”, señaló.\nRevelación de 'El Viejo' sobre juicio abreviado 'Fiscales me piden que culpe a líderes cruceños'\nIgnacio Villa Vargas, más conocido como “El Viejo”, acusó a la comisión de fiscales del caso Rózsa, de querer obligarlo a echar la culpa a líderes cruceños para acceder a su solicitud de someterse a un juicio abreviado. “A diferencia del primer memorial, hemos replanteado un nuevo documento como quiere el Gobierno, sacando a los funcionarios gubernamentales, ahora si la Fiscalía no acepta esto es imposible hacer otras cosas”, dijo Villa Vargas.\nRemarcó que la idea es “que sindique a los cruceños, como se encuentra en la acusación del exfiscal Marcelo Soza”.\n“El Viejo” comentó que en el segundo documento se sacó los nombres de Luis Nolberto Clavijo, el capitán Wálter Andrade, la policía Marilyn Vargas y el extinto Carlos Núñez del Prado, “siendo ellos los responsables de poner las bombas a la casa del cardenal Julio Terrazas y del concejal Saúl Ávalos'.\n“Supongo que me darán la lista para involucrar a la dirigencia cruceña, porque no conozco a nadie”, aseveró Villa Vargas.\nRespuesta. El fiscal Sergio Céspedes negó de que se le esté obligando a Villa Vargas para que acuse a otras personas. “Solamente le pedimos que se adecúe como está en la acusación”, dijo Céspedes.\nEl representante del Ministerio Público, comentó que incluso en la reunión sostenida entre el acusado y su abogado Róger (Chiqui) Martínez en el penal de Palmasola, se había llegado a pactar una sentencia de 12 años. Sin embargo, “El Viejo” negó ese extremo, ya que en el segundo memorial que están presentando pide cuatro años, ya que actuó en calidad de cómplice.\nEl abogado defensor corroboró lo dicho por "El Viejo y dijo que jamás han llegado a ningún acuerdo. Incluso hubo una especie de careo entre el fiscal Céspedes con el acusado y su abogado ayer en el reinicio de la audiencia.\nTiene esperanza en llegar a un acuerdo. Si los fiscales quieren saber la verdad, “deberían de inmediato ordenar la orden de apremio de los exfuncionarios gubernamentales ... Tal es el caso de Clavijo, Andrade y la policía Vargas”, apuntó Martínez. A pesar de los roces con los fiscales, Martínez mantiene la esperanza que el Ministerio Público acepte el procedimiento abreviado para su cliente, dijo al recibir una notificación fiscal que solicitan hacer algunos cambios de forma al memorial de solicitud de salida alternativa.\nAbogado Gary Prado\n'Fiscalía quiere evitar que se hable de funcionarios de Gobierno'\nReacción. El abogado Gary Prado, dijo que Ignacio Villa Vargas está haciendo un acto de dignidad, porque demuestra la participación de funcionarios de gobierno en los dos atentados en el 2009.\n“La Fiscalía está queriendo evitar que se hable de los exrepresentantes gubernamentales y centrarse solo en el acusado”, comentó el defensor del coronel Zoilo Salces.\nIndicó que como Villa Vargas no quiere mentir, no se lo están aceptando, poniendo de esta manera en riesgo su salud y su vida, que esa fue su motivación para pedir juicio abreviado el pasado 8 de enero pasado.\nMinisterio de Salud presentará querella contra CNS\nLA MINISTRA DE TRANSPARENCIA Y EL EJECUTIVO DE LA COB EN CONFERENCIA DE PRENSA.\nLa ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, presentó 13 denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) tras el análisis realizado a la documentación que obtuvo en la intervención a esa institución. El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, aseguró luego que presentará una querella formal ante el Ministerio Público, una vez se obtenga el informe oficial del Ministerio de Transparencia.\nFuncionarios del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción intervino el pasado 8 de diciembre la CNS, a solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB), desde entonces se pudo establecer la existencia de irregularidades, por lo que se presentará denuncias penales ante el Ministerio Público y denuncias administrativas ante el Ministerio de Salud, contra servidores y exservidores de la aseguradora social, según declaración de la ministra Nardi Suxo.\n“Son 50 personas que serán investigadas, entre funcionarios y exfuncionarios (…), hay un manejo discrecional y arbitrario de todo lo que significan las contrataciones no solo de esta gestión viene de hace muchos años”, dijo.\nApuntó que solicitarán a la Caja Nacional de Salud que se formalice la querella, además del Ministerio de Salud, una vez que se tenga el fiscal que realice la investigación del caso.\nA criterio del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, sostuvo que ante la complejidad que significa luchar contra la corrupción, se espera de forma oficial la emisión de un informe del Ministerio de Transparencia para iniciar los procesos judiciales respectivos. “Tenemos la obligación de continuar con ese procedimiento”, dijo.\nPor su parte, el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, sostuvo que la información de los 13 puntos que fueron identificados serán entregados a la organización sindical de los trabajadores.\nCada empresa aporta el 10 por ciento del total de su planilla a la seguridad social, por ello se tiene el derecho de criticar y cuestionar la malversación de los recursos económicos, “caiga quién caiga deberá asumir su defensa en el Ministerio Público, tampoco vamos aceptar que algunos a nombre de Transparencia hayan querido ocultar cierta documentación”.\nPidió al Ministerio de Transparencia se realicen las investigaciones a nivel nacional. “Que tiene que haber responsables tiene que haber responsables, haremos es el seguimiento continuo”, dijo.\nEn contacto con el presidente de la Caja Nacional de Salud, Edson Condarco, éste dijo que como directiva analizarán de forma oficial el informe para emitir un criterio formal. Sin embargo aclaró que hasta ayer se emitió un oficio con las denuncias pero no estaría rotulado por la comisión de intervención ni corroborado con ninguna firma.\nPROYECTO DE LEY PARA SEGURIDAD SOCIAL\nEl representante de la COB informó que el proyecto de ley de declaración de prioridad nacional en la seguridad social fue trabajado a través de una comisión especial, donde se proyectan normas a cuatro puntos específicos; negligencia médica, trafico de pacientes, uso indebidos de instrumentos y nueva infraestructura. Con la finalidad de que todos puedan acceder a un servicio de seguridad social en todos los ámbitos.\nNueve de 13 involucrados en red extorsiva confiesan culpas\nCon la confesión de nueve de los 13 involucrados en el caso Ostreicher se demostró que fiscales y funcionarios públicos formaron una red de extorsión que utilizaba sus cargos para realizar cobros ilícitos. La mayoría puede salir en libertad este año.\nLa afirmación corresponde a Jimmy Montaño, abogado defensor del empresario estadounidense que en noviembre de 2012 denunció a los fiscales y otras autoridades que llevaban su caso porque lo mantenían detenido en el penal de Palmasola desde 2011.\nDesde entonces, 13 fiscales, autoridades del Ministerio Público y funcionarios públicos fueron recluidos en la misma cárcel donde estuvo Ostreicher, hasta su salida del país, de forma ilegal, en diciembre de 2013.\nDel total, cerca del 70% (nueve de 13) se inculparon o lo harán en los siguientes días para acceder a procesos abreviados por los cuales obtendrán sentencias mínimas de tres años, con lo que pueden tramitar su libertad.\n“La aceptación de culpabilidad de los implicados en la red de extorsión saca a flote que el proceso iniciado a mi defendido, Jacob Ostreicher, fue armado y que la finalidad era apoderarse de sus bienes”, dijo Montaño.\nHasta la fecha, Denis Rodas, exabogado del Ministerio de Gobierno; Moisés Aguilera, exdirector de Dircabi (Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados); Miguel Gutiérrez, inspector de Dircabi; Gustavo Céspedes, procurador jurídico; y Cory Balcázar (abogada y esposa del fiscal Roberto Achá, también acusado) se acogieron al juicio abreviado. (Ver infografía)\nLos tres últimos recibieron sentencias de tres años de privación de libertad en la cárcel de Palmasola, medida que les permitió recuperar su libertad bajo el amparo de la Ley 586 y las modificaciones al artículo 326 de Código de Procedimiento Penal.\nEn tanto, Rodas y Aguilera esperan salir libres tras recibir condenas de no más de tres años.\nEn la misma vía, el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez; los exfiscales de la Unidad de Anticorrupción Roberto Achá (esposo de Balcázar) y Edwar Mollinedo, además de Ramiro Ordóñez, otro funcionario de Dircabi, ya presentaron resoluciones ante el Ministerio Público para ser juzgados a través del procedimiento abreviado. (Ver gris)\nEn los cuatro casos se espera las respectivas audiencias, para las próximas semanas, en las que se dictarán sentencias.\nGutiérrez y Céspedes fueron los primeros en aceptar su culpa al confesar la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias, entre otros. La abogada Cory Balcázar, implicada en el caso, aceptó su culpa y en 2014 obtuvo su libertad. El exfuncionario José Antezana y la exfiscal Janeth Velarde son otros de los implicados.\nFreddy Fernández, abogado de Rodas, aseguró que su cliente no cometió delito alguno, pero “aceptó someterse a un juicio abreviado y recibir una pena de tres años de cárcel, sacrificando su dignidad y carrera de abogado, para buscar su libertad”.\nHay dos casos que marcan la excepción, como la situación de Fernando Rivera, exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, quien pese a presentar la petición de proceso abreviado vio afectados sus intereses al darse a conocer la sentencia de Rodas, su colega en la entidad gubernamental.\n“La declaración ampliatoria y la sentencia judicial serán utilizadas por la Fiscalía para la acusación formal”, dijo el abogado Carmelo Terrazas.\nPor su parte, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas se declaró preso político del Gobierno y descartó la posibilidad de someterse a un juicio abreviado, porque asegura no tener responsabilidad de los cargos en su contra, según su abogada Neyda Ledezma.\nBase legal de las peticiones\nNormaEl recurso del proceso abreviado tiene su base en la Ley 586 (30 de octubre de 2014), que establece en su artículo 8, modificaciones y sustituciones al Código de Procedimiento Penal.OpcionesLas modificaciones al Art. 326 se refieren al alcance de salidas alternativas al que el imputado podrá acogerse.Art. 326El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del CPP.\nPara defensa de Ostreicher fue un caso armado\nJacob Ostreicher llegó al país para realizar inversiones y negocios, pero fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico y fue enviado a la cárcel de Palmasola, hasta que denunció su caso y tuvo que huir del país.\nEl caso confirma la actuación de una red delictiva, que según las investigaciones preliminares, operaba desde la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno, tenía nexos con fiscales de La Paz y Santa Cruz y con funcionarios públicos de Dircabi, según el abogado del estadounidense, Jimmy Montaño.\n“Armaron el caso para secuestrar los bienes del empresario y como él no renunciaba a sus activos (como los 20.000 quintales de arroz incautados a Ostreicher), lo mantenían con detención preventiva en la cárcel de Palmasola y le negaron el acceso a la justicia”, subrayó.\nA decir del abogado, la inculpación de Denis Rodas demuestra un avance en la investigación. “Estos señores iban a presionar a los jueces, modificaban fallos y la Fiscalía ha tenido la participación nada objetiva en el proceso, demostrando la inexistencia de garantías constitucionales para los inversionistas”.\nOtra conclusión es la falta de independencia del Poder Judicial. “El Estado debe empezar a pensar en lo que viene de esta violación sistemática de derechos. En su momento denunciamos un secuestro de Estado ante organismos internacionales a la que mi defendido acudirá a hacer valer sus derechos y recuperar su patrimonio”, señaló.\nMontaño aseguró que las declaraciones de los procesados son pruebas que serán utilizadas en el juicio contra los imputados. “La relación de hechos demuestra la participación (en la red) de Fernando Rivera, de la fiscal Janeth Velarde e Isabelino Gómez”.\nDICEN QUE HAY 4 REDES DE CORRUPCIÓN EN YPFB\nUn miembro del departamento jurídico le resta credibilidad a las denuncias de la sospechosa.\nEx funcionarios y exautoridades administrativas denunciaron que hay por lo menos cuatro redes de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que conocía el presidente de la empresa Carlos Villegas.\nDe acuerdo con los denunciantes una de estas redes era manejada por Selva. C. y Ana Belén C., mientras que en las otras estaban familiares y allegados del malogrado presidente de la estatal YPFB.\nDe acuerdo con la denuncia, una de las que conocía dichos movimientos era Ana Belén C. quien apareció hace dos semanas en Santa Cruz y develó que Villegas estaba involucrado en las redes de corrupción, no solo de eventos y publicidad, sino de otros relacionados con las plantas de producción.\nSobre este hecho Ana Belén C. señaló que sí conocía de estos hechos pero quien debería hablar y dejar de acosar y engañar al Estado es el presidente de YPFB.\nEl informante que acudió a La Prensa, explicó que Ana Belén C. llegó a La Paz para entregar algunos documentos relacionados con redes de corrupción, los cuales serán oficializados más tarde en forma pública.\nSobre este hecho, el abogado de una de las imputadas, Ramiro Vega, dijo desconocer el contenido de estos documentos y de las redes de corrupción dentro de YPFB. "No estoy enterado sobre este hecho y la hermana de mi defendida, Selva C. no es mi cliente. Sólo estamos asesorándola jurídicamente".\nPorcentajes. De acuerdo con la información, de estos hechos también conocía el exdirector de comunicación de YPFB, Ever T., quien está recluido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, después de ser identificado como cabecilla del clan de corrupción. Motivo por el que —dijo el informante— mantiene silencio en este caso.\nEl informante señala que gran parte del porcentaje que cobraban a los beneficiarios de una licitación era entregado a los ejecutivos de YPFB.\nEl denunciante señaló que del 15 por ciento que Selva C. o Ana Belén C. solicitaban a los administradores de las empresas involucradas, “el 10 por ciento era para la alta cúpula en YPFB”. El restante cinco era para los intermediarios, en este caso los imputados Selva C., B. C., Ever T., Guido Víctor A. T., Yadile B. E. y Ericka R.\nSobre estas denuncias, uno de los miembros de la dirección jurídica de YPFB, William Alave, restó importancia y señaló que no existen pruebas de parte de Ana Belén C. para sustentar las mismas. Alave recordó que fue el propio presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien denunció la existencia de esta red y que desconocía de la presencia de otras.\nen ypfb avalaban contratos vía teléfono, entre ellos el de publicidad. De acuerdo con las declaraciones de una de las sindicadas en la red de corrupción, Ana Belén C., los contratos eran avalados mediante llamadas telefónicas que realizaba el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a sus dependientes.\nDe acuerdo con la denunciante, una de las más favorecidas era ella debido a la relación sentimental que sostuvo por casi tres años.\nAdemás recordó que durante su salida, fue el propio presidente de la estatal YPFB quien la sustento por varios días, pasajes, y viáticos, y después le anunció que se había iniciado un proceso en su contra.\nMandos medios. La sospechosa señaló que por estos hechos hay otros implicados, en mandos altos y medios, que deben ser investigados. "Hay corrupción y Villegas es el principal responsable".\n"ESPERAREMOS QUE TODAS ESTAS DENUNCIAS QUE ESTÁ DANDO ANA BELÉN C. TAMBIÉN LAS SEPA RESPALDAR, ES LO QUE NOSOTROS ESPERAMOS PORQUE SIN ESO SON REALMENTE ACUSACIONES QUE NO TIENEN NINGÚN JUSTIFICATIVO", DIJO WILLIAM ALAVE.\nLA CORRUPCIÓN EN YPFB NO TIENE CONTROL\n> En octubre el presidente de YPFB denunció el primer hecho de corrupción que se manejaba desde adentro.\n> Ana Belén C. gozó de la protección de un alto ejecutivo y se fue por el norte de Bolivia al Brasil.\n> Dos de las cuatro redes de corrupción en la estatal YPFB están relacionadas con construcción y transportes.\nCaso YPFB: Ana Belén Camacho sería sentenciada a 3 años de cárcel\nLa hermana de la exjefa de la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Selva Camacho, Ana Belén Camacho, podría ser sentenciada a tres años de prisión toda vez que a través de su abogado anunció que solicitaría someterse a proceso abreviado aceptando la culpabilidad de los delitos sindicados en los presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera.\nEl fiscal del caso, Leopoldo Ramos, informó que el Ministerio Público aún no recibió la solicitud de proceso abreviado por parte de la investigada, ni tampoco recabó las declaraciones informativas para asumir determinaciones en contra de Ana Belén.\n“Alcanza al mínimo legal (tres años) esto como un premio porque al final de cuenta lo que está haciendo es revelar para llegar a la verdad material del hecho que se investiga. Nosotros vamos a estar prestos a cualquier planteamiento que presenten ellos (investigados) y responder en la medida de las investigaciones y los resultados que tengamos”, sostuvo Ramos.\nAna Belén Camacho es investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho activo y pasivo, entre otros, y solicitó a la comisión de fiscales declarar el 20 de enero, ya que se encuentra internada en un centro hospitalario por tener un embarazo riesgoso.\nEl fiscal Edwin Sarmiento, miembro de la comisión, se trasladó hasta la ciudad de Santa Cruz para recabar las declaraciones de Ana Belén Camacho y otros cuatro funcionarios de YPFB, entre ellos Gerson Camacho.\nAna Belén Camacho, propietaria de las empresas Structura y Omnimedia y quien se habría beneficiado de contratos de publicidad de YPFB, denunció que la presunta red de corrupción en la Unidad Comunicación de la estatal petrolera era encabezada por su propio presidente, Carlos Villegas.\nOtro pedido similar\nLa propietaria de la empresa Colibrí, Erika Rojas, acusada de corrupción al interior de la Unidad de Comunicación de YPFB pidió acogerse al proceso abreviado, informó ayer el fiscal Leopoldo Ramos.\n“Erika Rojas ella está con detención preventiva en el penal de Obrajes (de La Paz), hay un planteamiento verbal de parte de su abogado, no hay nada por escrito, pero el planteamiento es acogerse al procedimiento del proceso abreviado”, explicó.\nEntre 2010 y 2014 Dos casos de 300 por acoso político tuvieron sentencia\nLa ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó ayer que entre las gestiones 2010 y 2014 se denunciaron a la Asociación de Concejalas Municipales, de alrededor de 300 casos referidos a este delito apenas dos casos llegaron a tener sentencia.\nSin embargo, Peña aclaró que sólo dos casos tienen sentencia, de los cuales, uno se presentó antes de que se promulgue la ley contra el acoso político.\nEn consecuencia, el Ministerio de Autonomías está analizando hacer modificaciones en la reglamentación de esa norma, para que en los espacios judiciales ese tipo de casos se atiendan con prioridad, complementó.\n“El Ministerio de Justicia está encabezando una comisión, ya tiene una propuesta de reglamentación lista, nosotros esperamos, pensamos que este trabajo va a ser bastante rápido, el problema de la ley contra el acoso, se da sobre todo en los espacios judiciales, donde no se atiende con prontitud los casos, se ponen otras figuras legales, entonces estamos viendo si es que es necesario hacer una modificación a la ley contra el acoso”, agregó.\nA su juicio se debe modificar el tema procedimental, para agilizar los procesos que se siguen por acoso político.\nRodas y Aguilera condenados a tres años\nEl exasesor del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, y el exdirector de la Dirección de Administración y Control de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz, Moisés Aguilera, aceptaron su culpa en el caso denominado "red de extorsión" y se sometieron a un juicio abreviado.\nAnte ese reconocimiento de culpabilidad, la juez Ximena Flores decidió condenar a ambos imputados a tres años de prisión, por los delitos de organización criminal e incumplimiento de deberes.\nRodas, "en su calidad de servidor público, cometió el delito de organización criminal y la sanción consistente en una pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el centro de rehabilitación Palmasola", dijo Flores.\nPor su parte, el exfuncionario del Ministerio de Gobierno se declaró arrepentido por los hechos suscitados y aseguró que aportó en la investigación con "elementos claros", con los que se estableció la existencia de una organización criminal que se dedicaba a extorsionar.\nReconozco que hubo "una organización criminal, compuesta por jueces y fiscales, reconozco mi participación en los hechos, tal cual están establecidos en la investigación y estoy arrepentido, (pero también) debo manifestar que en determinado momento se ha concedido facultades al señor Gustavo Céspedes, cuya contratación se pretendió legalizar dentro del Ministerio de Gobierno como abogado del círculo de Santa Cruz, situación que él aprovechó (para pedir) el pago de dineros", explicó.\nLa defensa de Aguilera adelantó que ahora solicitará la suspensión condicional de la pena del sentenciado.\nPróxima semana Camacho va a juicio abreviado\nEdwin Tapia, abogado de Ana Belén Camacho, dijo a EL DIARIO que el pedido de juicio abreviado en el caso de presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será presentado la próxima semana tras que su cliente preste su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el caso.\nSegún el abogado Tapia, la principal causa para que su cliente aún no haya prestado su declaración informativa es que ella se encuentra muy delicada de salud, con peligro de aborto y ese fue el motivo para que la audiencia con la comisión de fiscales se realice en la misma Clínica donde se encuentra internada.\nAl respecto el fiscal Edwin Sarmiento, que es parte de la comisión de investigación, ante el anuncio dijo que no hay por qué rechazar el pedido que haga la sindicada, por ello se dispuso que su declaración se realice el próximo martes en el mismo lugar donde se encuentra Camacho.\n“No se puede descartar nada, vamos a evaluar y analizar todos los elementos y si corresponde a la normativa daremos curso”, afirmó.\nEn tanto el fiscal Leopoldo Ramos, miembro de la comisión de fiscales, ayer dijo desconocer cualquier solicitud formal de la sindicada de ser parte de la presunta red de corrupción en la principal empresa petrolera del país.\n“Oficialmente no ha llegado ningún memorial, ninguna solicitud, ni siquiera verbal de Ana Belén de su abogado o familiares. No tenemos conocimiento de que quiera acogerse al juicio abreviado”, dijo.\nAna Belén Camacho es acusada de enriquecimiento ilícito y uso de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa, por la suscripción de contratos con empresas subsidiarias de YPFB.\nEn cuanto a las otras implicadas como Ericka Rojas dijo que ella se encuentra con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), de quien dijo que existe una petición verbal por intermedio de su abogado.\n“Una vez que recibamos el planteamiento de las personas que están con imputación vamos a considerar de acuerdo con los resultados de las investigaciones”, afirmó. En este caso por disposición de la juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar, Cinthia Delgadillo, se encuentran con detención preventiva Selva Camacho, Alejandro Bell Camacho, Yalile Bravo, Ericka Rojas, Guido Alarcón Terrazas y Ever Terán.\nVideo Abogado Ana Belén Camacho\nRegional Llallagua Denuncian que usaron autos de la Alcaldía para ir al Dakar\nEl dirigente de la junta de vecinos del Distrito 3 de Llallagua, Sebastián Torrico, denunció que funcionarios municipales viajaron el pasado fin de semana a la localidad de Uyuni, por donde pasó el Dakar 2015, en vehículos de dos subalcaldías de esta región potosina.\n"Sé que fueron al Dakar, pero no sé con qué proyectos, con qué fines o se fueron de espectadores no más, yo creo que no se pueden usar bienes públicos o municipales para este tipo de fines", aseveró Torrico, según el reporte de la radio Pio XII de la Red ERBOL.\nPor su parte, el alcalde municipal Tomás Quiroz dijo que fue invitado a asistir al Dakar, pero no pudo ir por motivos personales. Indicó haber delegado a una comisión para que asista al evento con el objetivo de promocionar la cultura del Norte Potosí, pero desconoce si otros funcionarios públicos fueron en vehículos del municipio.\nEl presidente del Concejo Municipal de Llallagua, Carlos Álvarez, señaló que la invitación al Dakar llegó tarde por lo que los concejales no asistieron. Sobre los funcionarios que habrían hecho mal uso de bienes públicos, apuntó que pedirá un informe al Alcalde.\nOtra acusada de corrupción en YPFB pide acogerse a proceso abreviado\nLa propietaria de la empresa Colibrí, Erika Rojas, acusada de corrupción al interior de la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidió acogerse al proceso abreviado, informó el jueves el fiscal Leopoldo Ramos.\n"Erika Rojas ella está con detención preventiva en el penal de Obrajes (de La Paz), hay un planteamiento verbal de parte de su abogado, no hay nada por escrito, pero el planteamiento es acogerse al procedimiento del proceso abreviado", explicó.\nAyer (miércoles), medios locales de la ciudad de Santa Cruz, informaron que Ana Belén Camacho, hermana de la ex jefa de la Unidad de Comunicación de YPFB, Selva Camacho, pidió también someterse a proceso abreviado y aceptar la culpabilidad en los presuntos delitos de corrupción al interior de la estatal petrolera.\nEn esa línea, Ramos aseguró que a su despacho no le llegó ninguna propuesta ni verbal ni por escrito de esa propuesta de Camacho. "Oficialmente aquí no llegó ningún memorial, ninguna solicitud ni siquiera verbal de Ana Belén o de sus abogados, o familiares, esa versión es periodística no tenemos ningún conocimiento de que ella es ha entrado acogerse al procedimiento del proceso abreviado", respaldó.\nEl Fiscal manifestó que si esas dos personas se acogen al proceso abreviado, ambas se declararían culpables de lo que se las acusa y la ejecución formal del juicio tendría un plazo de seis meses. Por otra parte, el jurista anunció que la próxima semana Ana Belén Camacho podría prestar su declaración, dependiendo de su estado de salud.\nSin embrago, dijo que si Camacho en su declaración ratifica, lo que declaró a los medios de comunicación, de que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, tendría conocimiento de los contratos que se firmaban con esas empresas, cambiaría la figura jurídica de Villegas. "Claro en ese caso cambiaria, entre tanto no tengamos algo oficial, estamos con versiones periodísticas", respaldó.\nAna Belén Camacho pedirá acogerse a juicio abreviado\nEl abogado Edwin Tapia indicó que su defendida Ana Belén Camacho, implicada en los supuestos hechos de corrupción en la Unidad de Comunicación de YPFB, solicitará acogerse a un proceso abreviado para determinar de manera rápida su responsabilidad en el caso. Asimismo, el fiscal Edwin Sarmiento llegó ayer hasta la clínica Melendres en Santa Cruz para tomar la declaración de la implicada, sin embargo, no se realizó por su delicado estado de salud.\nDeclaración se realizará el próximo martes. "Presentamos en La Paz un memorial donde hacemos conocer que la señora Ana Belén Camacho se encuentra internada, está delicada, tiene un riesgo de parto y tiene una infección, por eso hemos solicitado que la audiencia se realice en la clínica. Entonces, ante esta situación ella quiere acogerse a un proceso abreviado y vamos a ver qué responde el Ministerio Público", manifestó el abogado defensor Tapia.\nPor su parte, el fiscal de La Paz asignado al caso, Edwin Sarmiento, comentó que si se sigue los pasos conforme a ley, no hay por qué negarle un proceso abreviado a la acusada, además de indicar que el próximo martes se realizará la declaración de Camacho, siempre y cuando su estado de salud así se lo permita.\n"Siempre es una posibilidad, no se puede descartar nada (referente al proceso abreviado), vamos a evaluar y analizar todos los elementos y si corresponde conforme a normativa vigente daremos curso. Por otra parte, estamos suspendiendo esta audiencia de declaración hasta el martes 20 de enero, principalmente por su estado de salud", señaló Sarmiento.\nEl fiscal también indicó que llegó hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para tomar la declaración de más de cinco personas en el transcurso de la semana, entre funcionarios de las subsidiarias de YPFB y otros testigos, además de no descartar citar al presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas.\nRecordemos que Ana Belén Camacho es acusada de enriquecimiento y uso de particulares con afectación al Estado así como asociación delictuosa, a consecuencia de la suscripción de varios contratos con las empresas subsidiarias de YPFB.\nActualmente, su hermana Selva Camacho se encuentra en el penal de Palmasola, mientras que su sobrino Luis Alejandro Bell está en la cárcel de San Pedro, en La Paz.\nEl Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción cerró el 2014 con el logro de 107 sentencias por delitos de corrupción que permitieron al Estado recuperar alrededor de Bs 800 millones.\n"Estamos cerrando esta gestión con 107 sentencias, lo cual por su puesto es algo histórico (...). Hemos recuperado más de 800 millones de bolivianos y aún falta mucho por recuperar, pero es un momento que consideramos muy importante", manifestó la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.\nUna de las últimas sentencias logradas en materia de corrupción fue dictada el pasado 10 de diciembre contra Efraín Jorge Gonzales, quien fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito. / ANF\nMisiles chinos Juicio se instalará en febrero\nEl juicio oral por el caso misiles chinos podría comenzar recién en febrero, toda vez que el Tribunal, conformado por seis magistrados titulares y tres suplentes, continúa con el trámite de los actos preparativos antes de dictar el auto de apertura del juicio que establecerá el día y hora de inicio en el Tribunal Supremo de Justicia.\nEl magistrado suplente Iván Lima, miembro del Tribunal de Juicio, informó este miércoles que de momento los miembros del Tribunal están dando cumplimiento a los plazos de notificación a las partes, la recepción de la prueba y otros trámites previos al inicio del juicio oral que podría instalarse el próximo mes.\nEl tribunal está conformado por los magistrados titulares Jorge Isaac von Borries, Rómulo Calle, Marcos Fidel Tordoya, Antonio Campero, Gonzalo Hurtado y Rita Nava, además de los suplentes Iván Lima, magistrado por La Paz, Humberto Betancour y Ana Adela Sánchez por Potosí, esto porque los magistrados titulares Maritza Suntura, Norka Mercado y Pastor Mamani se excusaron\nVideo Ana Belén Camacho\nCorrupción en YPFB Fiscalía suspende declaración de Ana Belén Camacho por su estado de salud\nLa declaración a la imputada en el caso de corrupción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ana Belén Camacho, fue suspendida por el fiscal de materia de la ciudad de La Paz que en las últimas horas arribó a Santa Cruz de la Sierra.\nSegún la autoridad judicial, la determinación se debe al estado de salud de la hermana de Selva Camacho, toda vez que presenta un embarazo de riesgo.\nEl fiscal Leopoldo Ramos anunció que además de Ana Belén Camacho otros cinco testigos declararán está semana en la capital cruceña por el caso de corrupción en la Unidad de Comunicación de YPFB.\nCamacho hermana de la ex directora de la Unidad de Comunicación de YPFB, recluida en el penal de Palmasola, habría firmado dos contratos por más de 50 mil dólares con la estatal petrolera a través de sus empresas Estructura y Omnimedia.\nTras su aparición en los medios, Ana Belén realizó un sin fin de declaraciones con las que implicó al presidente de la petrolera, Carlos Villegas con la red de corrupción.\nRecomiendan fortalecer protección y modificar leyes contra corrupción en Bolivia\nEl Mecanismo de Examen de Aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) emitió un informe donde resalta los logros de Bolivia en la lucha contra este mal y, a la vez, emite recomendaciones para fortalecer aspectos relacionados a esta temática.\nEl informe fue elaborado por Costa Rica y Zambia, y refleja el estado de cumplimiento de Bolivia respecto a la Uncac en sus capítulos sobre la penalización y aplicación de la ley, y sobre la cooperación internacional.\nSon un total de tres recomendaciones que fueron dadas a conocer a través de un comunicado de prensa de la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia.\nLa primera tiene que ver con el fortalecimiento de los datos estadísticos sobre los delitos de corrupción y que Bolivia continúe fortaleciendo su cooperación interinstitucional.\nPor otro lado, considera algunas modificaciones legislativas, por ejemplo: la posibilidad de modificar la legislación de modo que abarque todos los elementos del soborno activo en el sector privado; y de tipificar el soborno, la malversación o el peculado en el sector privado, así como incluir los mencionados delitos como determinantes de la legitimación de ganancias ilícitas.\nSe recomienda también que se fortalezca el trabajo actual para la protección de testigos, en particular, que se considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de personas protegidas.\nPor otro lado, el Mecanismo de la Uncac valoró que Bolivia institucionalice la lucha contra la corrupción mediante la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y las Unidades de Transparencia en todos los órganos del Estado, a nivel Departamental y Municipal.\nFinalmente, en el informe Bolivia identifica dos áreas en las cuales necesita intensificar su trabajo y cooperación a través de la asistencia técnica: una es la protección de testigos, y la otra tiene relación al uso de las técnicas especiales de investigación en casos de corrupción, señala el comunicado.\nDesde 2010 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, principal marco mundial para prevenir y combatir la corrupción, cuenta con un Mecanismo de Examen de su Aplicación.\nEs un examen entre pares en el que cada Estado es examinado por otros dos Estados parte seleccionados por sorteo.\nEl examen a Bolivia incluyó una visita in situ de los técnicos de los países mencionados, señala la ONU.\nLos principios rectores y características del Mecanismo establecen un proceso transparente, no invasivo, incluyente e imparcial, que no da lugar a ninguna forma de clasificación y, que más bien sirve de ayuda a los Estados parte para la aplicación efectiva de la Convención.\nEse informe no se basa en percepciones, sino en un análisis objetivo y equitativo de las medidas anticorrupción de un país, sus éxitos y buenas prácticas, sus retos en la aplicación de ciertas medidas y sus necesidades de asistencia técnica, precisa el comunicado.\nDetienen a exalcalde de Calacoto por desfalco\nEl ex alcalde del municipio de Calacoto de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, Eloy Alcón Quisberth, del MAS, y las concejalas Marina Apaza Chuquimia y Delia Sánchez de Maldonado fueron aprehendidos por la Fiscalía.\nSon acusados de desfalcar más de 20 millones de bolivianos cuando eran autoridades entre las gestiones 2012-2014, según ANF.\nEl abogado de los comunarios de Calacoto, Constancio Alcón, informó que estas exautoridades retiraban de millón en millón de bolivianos del banco mediante cheques firmados por el exalcalde y del oficial mayor de este municipio supuestamente para la construcción de obras.\n"Han institucionalizado la corrupción de sucesivos alcaldes, hoy (ayer) hemos aprehendido al exalcalde y a dos exconcejales porque durante la gestión 2012, de noviembre hasta marzo de 2014 han trabajado como alcalde y concejales; en ese periodo, han sacado más de Bs 20 millones de las arcas de la alcaldía y no hay obras”, afirmó el abogado Alcón.\nEl letrado Alcón explicó que el Tribunal Departamental Electoral de La Paz declaró el nombramiento de estas exautoridades como ilegal, por lo que fueron suspendidas de sus funciones en marzo de 2014.\nRecomiendan a Bolivia fortalecer protección y modificar leyes para luchar contra la corrupción\nSon un total de tres recomendaciones que fueron dadas a conocer a través de un comunicado de prensa de la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de los datos estadísticos sobre los delitos de corrupción y que Bolivia continúe fortaleciendo su cooperación interinstitucional.\nSe recomienda también que se fortalezca el trabajo actual para la protección de testigos, en particular, que se considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de personas protegidas. Por otro lado, el Mecanismo de la UNCAC valoró que Bolivia institucionalice la lucha contra la corrupción mediante la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y las Unidades de Transparencia en todos los órganos del Estado, a nivel Departamental y Municipal.\nFinalmente en el informe Bolivia identifica dos áreas en las cuales necesita intensificar su trabajo y cooperación a través de la asistencia técnica: una es la protección de testigos, y la otra tiene relación al uso de las técnicas especiales de investigación en casos de corrupción, señala el comunicado. Desde 2010 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, principal marco mundial para prevenir y combatir la corrupción, cuenta con un Mecanismo de Examen de su Aplicación.\nEs un examen entre pares en el que cada Estado es examinado por otros dos Estados parte seleccionados por sorteo. El examen a Bolivia incluyó una visita in situ de los técnicos de los países mencionados, señala la ONU.\nFiscalía citará a cinco testigos en caso YPFB\nEl fiscal Leopoldo Ramos anunció ayer que al menos cinco testigos y Ana Belén Camacho declararán esta semana en la ciudad de Santa Cruz por el caso de corrupción en la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Agregó que una comisión de fiscales se trasladará a Santa Cruz para tomar las declaraciones.\nFiscalía citará a otros testigos El fiscal Ramos informó a El Día que una vez que la co-imputada de la red de corrupción, Ana Belén Camacho, presente sus declaraciones ante el Ministerio Público, se citará a la empresaria Marthy Méndez en calidad de testigo.\n"Estamos esperando la evaluación médica de la clínica para determinar el día y la hora para la toma de declaraciones de la señora Ana Belén, a fin de evitar que se vulnere cualquier situación. Una vez obtenidas las declaraciones, convocaremos a cinco personas en condición de testigos, entre los que está incluida la señora Marthy Méndez para una declaración aclaratoria y se ratifique la denuncia presentada en YPFB", señaló el fiscal.\nAna Belén Camacho, hermana de la exfuncionaria de YPFB-Chaco, Selva Camacho, figura como representante legal de las empresas Structura y Bell Comunicaciones, es sindicada de ser una de las principales articuladoras de los contratos irregulares obtenidos con la petrolera estatal.\nMarthy Méndez, presunta exsocia de Ana Belén Camacho, fue quien destapó la denuncia en contra de la red de corrupción al sentirse estafada, según informó la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez.\nLa jurista dijo que Marthy Méndez persigue penalmente a Ana Belén Camacho por el presunto delito de estafa, pues esta última, haciéndose pasar por funcionaria de la estatal habría cobrado Bs 20.000 a cambio de adjudicarle un contrato que no se rubricó.\n‘El Viejo’ ve silencio raro tras su pedido\nIgnacio Villa Vargas observa un silencio raro desde el viernes pasado en la comisión de fiscales sobre su pedido de someterse a un juicio abreviado.\n‘El Viejo’, como se le conoce, acepta declararse culpable de haber colocado bombas en la casa del cardenal Julio Terrazas y del concejal Saúl Avalos en 2009, pero dijo que lo hizo a pedido de personeros del Gobierno. A cambio de aceptar su culpabilidad pide una condena de un año de cárcel.\n“Estoy enfermo, me coloco insulina tres veces al día. Espero es que la Fiscalía me dé una respuesta pronto”, dijo.\nEl presidente del tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, dijo que recién el lunes próximo se analizará la solicitud de Villa. Explicó que debido a un mal procedimiento en la presentación de la solicitud del acusado no se pudo resolver el tema la semana pasada\nCASO YPFB LA FISCALÍA CITARÁ A 5 SOSPECHOSOS\nEl Ministerio Público emitió cinco citaciones contra similar número de sospechosos por el caso de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, informó el fiscal Leopoldo Ramos.\nEl jurista afirmó que tras la aparición de Ana Belén C., se estableció que otras personas más participaron de la presunta red de corrupción por contratos publicitarios y eventos.\nMónica Ramírez, asesora legal de la empresa estatal YPFB e involucrada por Ana Belén C. en el caso, afirmó que la red o clan de corrupción fue destapado a raíz de una estafa que la sindicada hizo a Marthy M., administradora de una de las empresas que se benefició con las licitaciones de manera irregular. El fiscal Ramos afirmó que Marthy M. también fue convocada.\nPolíticos multiplicaron su patrimonio en cinco años\nSon 130 diputados y 36 senadores que tiene el Estado boliviano y a quienes se paga un salario mensual que ha ido aumentando en los cinco años de gestión que cumplen en estos días. En este tiempo muchos de los legisladores multiplicaron su fortuna, otro porcentaje la mantuvo y un número menor disminuyó el monto de su declaración de bienes, así se corrobora en una revisión de las declaraciones juradas de los legisladores.\nEL DEBER accedió a esas declaraciones en 2009, realizadas ante la Contraloría General del Estado, y hoy las comparó con las declaraciones que prestaron los legisladores en 2014; así se evidenció la diferencia entre uno y otro año.\nPor su parte, el propio Gobierno revisó, hasta el viernes, 105 declaraciones de funcionarios de la Fiscalía, Policía y el Órgano Judicial, de los cuales 50 fueron remitidos al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones. Es así que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, dijo que las pesquisas pueden ampliarse al ámbito político, aunque pidió una denuncia específica de cada uno de los casos.\nSuxo recordó que en el pasado los políticos hacían sus fortunas cuando estaban en funciones públicas y que eso se convierte en enriquecimiento ilícito; pero en esta primera revisión no se incluyeron las declaraciones de ningún dirigente político del oficialismo o la oposición.\nLos senadores y diputados consultados expresaron su predisposición a ser investigados porque en su criterio no existe ninguna irregularidad.\nEl diputado Alejandro Zapata, cuyo patrimonio se incrementó un 1.055% en cinco años, dijo que la evolución de sus ahorros puede ser investigada en cualquier momento. Zapata declaró el 4 de enero de 2010 un patrimonio neto de Bs 18.000 y el 31 de diciembre de 2014 esa suma se elevó a Bs 190.000 .\nEl senador Isaac Ávalos, cuyo patrimonio también creció un 267,7%, dijo que el incremento se debió a la revalorización de las tierras que tiene en el oriente. “Antes la hectárea podía costar 200 dólares, ahora es 3.000 o 4.000 mil dólares”, dijo y negó el aumento de sus propiedades pero sí el valor de esos terrenos.\nSegún los documentos de la Contraloría General del Estado (CGE), Ávalos tenía un patrimonio de Bs 417.650 en 2010 y la cifra subió a Bs 1.118.120.\nLa reducción del patrimonio se presenta en contados casos como el del diputado Adrián Oliva (CN), cuyo patrimonio en 2010 era de 352.474 bolivianos y se redujo a 38.999, lo que significa que Oliva perdió 313.475 bolivianos y representa una pérdida de 903,8 por ciento de su patrimonio.\nEl diputado masista Edwin Tupa, quien fuera uno de los jefes de bancada del oficialismo, declaró en 2010 que tenía Bs 4.220.790 y se redujeron a Bs 2.019.252, lo que representa una pérdida del 52.1%. Tupa sufrió un robo de maquinaria de la empresa familiar que tiene en Montero, Santa Cruz, y dos incendios de depósitos.\nEl caso del ex jefe de la brigada de Santa Cruz Andrés Gallardo es curioso, porque este legislador declaró en 2010 que tenía saldo en contra de Bs 5.100 y terminó su gestión registrando Bs 158.804.\nGallardo explicó que este aumento se debe a una herencia que recibió de su madre, cuya situación está regularizando y que una vez acabe el proceso, los bienes serán redistribuidos entre sus hijos, por lo que la cifra volverá a bajar. También admitió que en su última declaración incluyó un auto de $us 32.000, cuyo crédito sigue pagando.\nLa diputada Adriana Gil incrementó su patrimonio en Bs 3.500 porque en 2010 tenía en bienes Bs 2.597.000 y en 2014 alcanzó 2.600.500, eso significa que su patrimonio creció en apenas 0.13%. Según los diputados entrevistados, los casos sospechosos deberían ser investigados para despejar las dudas que existen. Ávalos sugirió crear una comisión del Ministerio de Transparencia para que investigue todas las declaraciones.\nRecordó las palabras del presidente, Evo Morales, quien en varias ocasiones dijo que hoy la política dejó de ser un negocio y se convirtió en servicio.\nEl exdiputado Javier Zabaleta declaró que todos los datos de los legisladores están en manos del Estado y que podrían verificar sus fortunas. La ministra Suxo afirmó que muchas veces los sindicados declaran a nombre de sus familiares los bienes que tienen, por lo que se deben “cruzar” los datos con otras instancias del Estado\nSe destapan nuevos nexos en caso YPFB\nLa conocida empresaria cruceña Marthy Méndez, esposa del exdirector general de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo Castro y presunta exsocia de Ana Belén Camacho Gonzales, fue quien destapó la denuncia en contra de la red de corrupción que operaba desde la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al sentirse estafada, según fuentes oficiales.\nBelén Camacho estafó a Marthy Méndez. La asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez, informó a El Día que Marthy Méndez persigue penalmente a Ana Belén Camacho por el presunto delito de estafa, pues esta última, haciéndose pasar por funcionaria de la estatal le habría cobrado Bs 20.000 a cambio de adjudicarle un contrato que no se dio.\nDe acuerdo al sitio web de Linkelin personalizado de Marthy Méndez, la empresaria en comunicaciones y agente en modelaje, es directora y propietaria del Grupo Méndez Borda (GMB), directora de la revista Xclusiva y gerente de la agencia Supermodel. Su esposo, Luis Nolberto Clavijo Castro, fue sindicado de participar como agente de inteligencia la noche previa al operativo policial ejecutado en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, donde tres extranjeros fueron acribillados, bajo la sospecha de ser parte de un plan de separatismo y terrorismo. De Clavijo Castro dijo en su momento el exfiscal Marcelo Soza, exdirector de investigaciones del caso "terrorismo" y actual prófugo, que se enriqueció en su nombre.\n• La hasta hace poco considerada prófuga de la justicia, Ana Belén Camacho entre sus recientes declaraciones también involucró a la abogada de YPFB, Mónica Ramírez de pretender extorsionarla pidiéndole $us 10.000 a cambio de ser excluida del proceso penal que se lleva adelante en contra del “Clan Camacho”\nPublican contratos con “Bravo” Alejan del caso YPF...\nCaso YPFB Abogado de Camacho descalifica a Ministe...\nCaso de corrupción en YPFB En la mira de Fiscalía ...\nVecinos denuncian al subalcalde de la zona Sur por...\nMuerte de Villegas no impide continuidad en el cas...\nVideo Abogado Ana Belen Camacho sobre como repercu...\nFiscalía no quiere investigar denuncias de “El Vie...\nCaso Terrorismo ‘El Viejo’ busca proceso abreviado...\nProsigue la investigación de la red de corrupción ...\nCondenan a tres años de cárcel a concejala en Sucr...\nHubo desvío de Bs 4 millones de la CNS, dice Trans...\nUn jurista insiste en incluir carta de Soza como p...\nVideo En Santa Cruz, Ana Belén Camacho no pudo dec...\nIntervención de la CNS proseguirá con las oficinas...\nRevelación de 'El Viejo' sobre juicio abreviado 'F...\nMinisterio de Salud presentará querella contra CNS...\nDenuncian penalmente a 50 funcionarios de la Caja ...\nNueve de 13 involucrados en red extorsiva confiesa...\nCaso YPFB: Ana Belén Camacho sería sentenciada a 3...\nEntre 2010 y 2014 Dos casos de 300 por acoso polít...\nRodas dice que había una orden para mantener preso...\nRegional Llallagua Denuncian que usaron autos de l...\nOtra acusada de corrupción en YPFB pide acogerse a...\nAna Belén Camacho pedirá acogerse a juicio abrevia...\nTransparencia cerró 2015 con 107 sentencias por co...\nCorrupción en YPFB Fiscalía suspende declaración d...\nRecomiendan fortalecer protección y modificar leye...\nRecomiendan a Bolivia fortalecer protección y modi...\nPolíticos multiplicaron su patrimonio en cinco año...\nUE lamenta corrupción en la justicia boliviana\nNardi Suxo sugiere destituir y procesar a ejecutiv...\nDetienen a 4 funcionarios acusados de robo en DAB\nPostergan respuesta al pedido de juicio abreviado\nJueces, fiscales y policías a proceso por no decla...\nCITARÁN A VILLEGAS POR EL CASO YPFB\nTransparencia detecta fortunas inexplicables en fi...\nFiscalía apunta al titular de YPFB por red de corr...\nIgnacio Villa Vargas imputado por el caso terrori...\nHermana de Selva Camacho dice su verdad sobre red ...\nRecaen nuevas acusaciones contra el presidente de ...\n'El Viejo' asume su culpa de cómplice del Gobierno...\nVideo Ana Belén Camacho: “Yo negociaba directament...\nVideo Ignacio Villa Vargas solicitó proceso abrevi...\nVideo Armando Vargas denuncia corrupción en alcald...\nAparece otra implicada en el caso 'clan YPFB'\nVideo Santos Ramírez ahora es abogado de reos de S...\n105 declaraciones juradas judiciales tienen irregu...\nCaso Rózsa Prado denunció ultrajes contra Tadic\nProcesado en caso Rózsa Piden explicación por la ...\nUn diputado afirma que hijo de ministro es enjuici...\nDiputado de UN dice que hijo de Arce afronta un pr...\nOtra exempleada de YPFB es detenida


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El Huesca B, a seguir sumando contra el CE Europa | SD Huesca\nEl Huesca B, a seguir sumando contra el CE Europa\nLos azulgranas quieren sumar un nuevo triunfo que respalde las buenas sensaciones de los últimos encuentros\nLa SD Huesca B vuelve este domingo a las 12:00h al calor de su afición, para lograr el triunfo frente al CE Europa. Volverá a jugar en el campo de Grañén, en el mismo escenario donde lograron su primer triunfo en la nueva categoría, en el último encuentro disputado allí, hace ahora dos semanas. Ahora quieren repetir resultado, para lograr hacerse fuertes en casa. En cuanto a las sensaciones, cada vez son mejores. Los de Dani Aso se acercan más a la mejor versión que puede dar el equipo. En la última cita en nuestra nueva casa, se demostró que además de dar buenas impresiones, los azulgranas las empezaban a transformar también en resultados.\nAdemás de esa victoria como locales, el filial afronta esta jornada tras puntuar contra el Badalona, en un empate que también dejó buen sabor de boca. Los oscenses tuvieron ocasiones claras para llevarse el partido ante un rival directo. Ahora, tienen una nueva oportunidad para hacer bueno el punto conseguido, y no hay otra forma que no sea ganar al Europa. Decimosexto clasificado a dos puntos de los altoaragoneses. Se espera un encuentro muy igualado, donde la eficacia en las dos áreas determinará el resultado. Asimismo, ambas escuadras tienen a dos de los máximos goleadores de la categoría: Carlos Kevin en el lado oscense y David Jiménez en la parcela ofensiva escapulada, con cuatro goles cada uno.\nEl conjunto catalán es el equipo que más encaja en la categoría. Sin embargo, también es de los que más goles a favor acumula. En la pasada jornada cayó derrotado contra el Ejea (2-3), un equipo que tuvo que meter hasta tres goles para poder vencerles. Por lo tanto, los de Dani Aso deberán cuidar las espaldas de las transiciones rápidas que generan los europeístas. Y evitar que con muy pocos pases generen situaciones de peligro que puedan decantar el resultado a su favor. Los oscenses lo tendrán que contrarrestar con una presión conjunta y un voluntarioso trabajo sin balón. Pero sobre todo, seguir siendo ese equipo fiable que propone y va a por los partidos, independientemente del rival.