ATTUA APARICIO, “He descubierto la escalada y redescubierto la cestería” – POCKET DESIGN GUIDE\nDefínete. Curiosa, culoinquieto y alegre. ¿En qué medida tu profesión favorece o entorpece tus relaciones personales? No sé si las favorece o entorpece, pero sí que afecta, y mucho. La mayoría de la gente que he conocido en los últimos 10 años son del mundo creativo. ¿Hay diseñadores en tu círculo íntimo de amigos? Sí, aunque con ellos casi nunca hablo de diseño. ¿Reflejan tus diseños las cosas que te hacían feliz en la infancia? ¿Con esto quieres decir que mis diseños son infantiles? Las cosas que me hacían feliz en la infancia me siguen haciendo feliz ahora, y creo que son las cosas universales que también hacen feliz a la mayoría de las personas.\n¿Cuánto tiempo ha de pasar para que puedas valorar un proyecto terminado? Depende del proyecto, del día y de a quién se lo enseñe, porque normalmente yo sola no miro los proyectos pasados ni pienso mucho en ellos, por si acaso dejaran de gustarme.\n¿Cuál es tu relación con el error? Cuando es prueba y error lo llevo bien y me pico hasta que me sale o hasta que me harto… pero cuando la cago de verdad, me pongo roja, me entran ganas de esconderme e intento quitarle hierro al asunto de cara a los demás, y luego duermo mal y aprieto los dientes por la noche. Mójate: ¿qué errores has cometido en tu carrera? Cuando trabajo para mí, ser vaga y perezosa y no dedicarle todo el tiempo que debería y luego castigarme por ello. Y cuando he trabajado para empresas, no es por ir de Santa Teresa de Calcuta, pero siempre he sido muy idealista creyendo que todo iba a ser genial e iba a hacer grandes cambios, y al final por mala comunicación hemos acabado hartos los unos de los otros. Podría haberme esforzado más en hacerme entender.\n¿A qué estímulos recurres tras un parón creativo? A ninguno. Espero ansiosamente a que se me pase. Aunque recurrir a algún estímulo seguramente funciona. ¡Lo probaré la próxima vez, que no me hace nada feliz estar parada!\n¿Cuáles son los condicionantes externos (que nada tienen que ver con el diseño) que este 2009 han afectado tu trabajo? A finales de junio tuve la suerte de que me despidieran y antes de ir a Londres estoy disfrutando de tres meses haciendo talleres, viajando y desarrollando nuevas aficiones. He descubierto la escalada y redescubierto la cestería. ¿En qué momentos has sentido la importancia/el valor de tu trabajo? Cuando me aceptaron en el Royal College of Art, cuando me invitan a exposiciones y cuando algún desconocido me escribe un correo para felicitarme. ¿Qué necesitas para estar bien hoy? Estar motivada, y no sólo con el trabajo.\nPrevious Post ÁNGEL ÁLVAREZ, “El error forma parte del proceso de diseño y hay que considerarlo para sacar conclusiones”Previous Post\nNext Post «MANTIS» By Derek M. BallardNext Post


Las películas nominadas al Oscar 2018 a Mejor Maquillaje – CinEspacio24\nTOPICS:MaquillajeOscar 2018Oscar Mejor Maquillaje 2018\nPosted By: Colaborador CinEspacio24 12 febrero, 2018\nCintas como El laberinto del fauno, El señor de los anillos, Mad Max: Furia en la carretera y Bettlejuice han merecido este premio que reconoce la labor del maquillaje en una cinta, factor importante al momento de contar una historia. En esta edición 90 de los premios Oscar, analizamos quiénes son los nominados en esta categoría.\nLa cinta más sólida en esta categoría. La caracterización de Gary Oldman en el primer ministro británico Winston Churchill tomó, en total, alrededor de 200 horas. El maquillaje que se aplicó al actor implicó la paciencia del Oldman, pues en cada sesión se tomaban alrededor de 5 horas.\nY es que Oldman tiene una experiencia vasta en lo que al ámbito del maquillaje se refiere. De hecho Gary Oldman interpretó a Drácula en la cinta del mismo nombre, de Francis Ford Coppola, la cinta ganó el premio a Mejor Maquillaje. Pero el trabajo de maquillaje en Darkest hour fue complejo, ya que a partir de las escasas fotografías de Churchill se maquilló al actor consiguiendo un efecto real y un aspecto a Oldman totalmente diferente. Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbik son los responsables del maquillaje.\nEn Wonder, Auggie es un niño que padece el síndrome de Treacher Collins, que se caracteriza por deformaciones en el cráneo, ojos, nariz, boca y oídos. El pequeño Jacob Tremblay (The room, 2015) interpreta a Auggie sin padecer esta enfermedad. Esto causó una polémica y se cuestionaba si un niño sin esa enfermedad podía interpretar al personaje.\nNo obstante, el trabajo de maquillaje dejó a muchos sorprendidos. Ya que se trabajó en igualar a un niño con el mismo padecimiento a través de un casco que incluía las deformaciones. Tremblay, a su corta edad, tenía que esperar 4 horas para ser maquillado antes de entrar a escena.\nPelículas como El laberinto del fauno, Guerra mundial Z y Maléfica es el historial de Arjen Tuiten, el maquillista en jefe. Esta cinta estuvo nominada al BAFTA en la misma categoría.\nDe nuevo una película histórica. La más modesta de la competencia, pero que aun así, logró arrebatarle la nominación a La forma del agua de Guillermo del Toro. Sus maquillistas Daniel Phillips y Lou Sheppard declararon que en esta cinta decidieron usar un maquillaje sencillo pero crucial para darle un aspecto histórico a la reina Victoria y a su joven sirviente hindú, Abdul.\nEl énfasis de ambos maquillistas estuvo, más bien, en los peinados ya que se buscaba dar una impresión elegante a cada personaje. Para ello aplicaron sus conocimientos básicos, y manifestaron que fue una oportunidad para ser minimalistas: “Victoria & Abdul fue una plataforma perfecta para mostrar nuestra habilidades de la vieja escuela”.\n1 Comment on "Las películas nominadas al Oscar 2018 a Mejor Maquillaje"\nMaquilladora de Madrid | 25 junio, 2018 en 8:12 am | Responder\nDesde luego el de Gary Oldman es un maquillaje de caracterización envidiable. Se nota el buen trabajo realizado, por no hablar de la interpretación. Un abrazo!!


Cofre dorado fortnite - Todo Baúl\nCofre dorado fortnite\nUn cofre dorado fortnite tiende a ser un elemento infravalorado, mas constituye una forma muy eficiente de guardar nuestras pertenencias\nDeterminados baúles van equipados con cierre de seguridad y pueden soportar enormes cargas. Otros tienen dobles fondos para ocultar elementos con pero valor.\nLa función de estos sistemas de almacenamiento no solo es poner a buen recaudo nuestras pertenencias, además hablamos de un bonito elemento decorativo y diferenciador. Atención Solo algunas de los baúles tienen un sistema de cierre automático.\nLas mejores ofertas de cofre dorado fortnite\nAmplía el espacio de almacén en el vestidor con un baúl en el que consigas guardar las prendas de otra temporada. Escoge un diseño entretenido con el que te sientas no solo tu a gusto sino también los pequeños de la familia.\nCofre del tesoro pirata fortnite\nCofre del tesoro saqueado fortnite\nBaúl de pez dorado metin2\nEvento cofre dorado clash of kings\nCofre del tesoro dorado bdo\nCofre del tesoro dorado black desert\nCofre dorado marte\nCofre dorado the west


Crambo presenta GPS 4400 | Economía digital | ComputerWorld\nCrambo presenta GPS 4400\nCrambo Soluciones Móviles, representante en España de Navman, especializado en el mercado de navegadores, ha presentado GPS 4400, el primer GPS de la compañía con capacidad inalámbrica Bluetooth™ integrada. El propio ordenador de bolsillo actúa como navegador, gracias a la conexión sin cables al dispositivo GPS 4400 con tecnología bluetooth integrada, que es el elemento que en realidad establece contacto con el satélite, lo que proporciona una gran flexibilidad y libertad de movimientos.\nEl nuevo navegador que fue oficialmente presentado el pasado 17 de junio en el Bluetooth™ World Congress, celebrado en Ámsterdam, se convierte en la nueva generación de soluciones GPS que permiten un navegación altamente flexible y sin cables. Esta innovadora solución permite a los usuarios poseer un navegador de altas prestaciones con sólo disponer de un dispositivo Pocket PC con tecnología Bluetooth y además olvidarse de todo tipo de cables. De hecho, el GPS 4400 ya no tiene ninguna restricción motivada por los distintos diseños de los ordenadores de mano, ya que es compatible con cualquier dispositivo Pocket PC con tecnología Bluetooth integrada\nEl GPS 4400 incorpora tres baterías AAA que permite su funcionamiento durante 30 horas seguidas, cuatro veces más que su competidor directo, lo que supone un rendimiento sin precedentes en este sector del mercado. Con un área de transmisión de datos de hasta 10 metros, el GPS 4400 permite que el ordenador de mano se situe en cualquier lugar, lo que aumenta de forma importante su flexibilidad.\nSegún Prash Vadgama director general de Navman-Europa “la incorporación al mercado del GPS 4400 pone a disposición del usuario una nueva tecnología integrada en los GPS, además de ampliar y mejorar el concepto inalámbrico de Bluetooth™. Es una solución inalámbrica muy completa que proporciona a los usuarios un alto nivel de utilidad y flexibilidad”\nPor su parte Miguel Ángel García responsable de Crambo Soluciones Móviles, explica que “Con el GPS 4400 los usuarios tienen a su alcance un conjunto sumamente versátil: Un receptor Bluetooth con una exactitud de la precisión de 5 metros, un el software de navegación de voz y mapas de Europa SmartST™ Professional que lo convierte en la solución mas completa actualmente en el mercado, para todos los Pocket PC con Bluetooth integrado”.\nEl lanzamiento de esta nueva solución ha sido bienvenida por el director europeo de tecnologías emergentes para ordenadores de mano de HP, Rob Idink, que comenta: “la utilización de tecnología inalámbrica Bluetooth para conectar el GPS 4400 de Navman a ordenadores de mano, como el iPAQ Pocket PC de HP, permite a los usuarios una navegación inalámbrica. Navman ha combinado tres grandes tecnologías para incorporar en el mercado una solución realmente innovadora”.\nJunto con el GPS 4400 Bluetooth™ se incorpora el software dinámico y de alto rendimiento SmartST™ Professional. Esta interfaz de navegación intuitiva y sofisticada, pero de muy fácil uso, proporciona una biblioteca cartográfica detallada a nivel calle a color de 15 países europeos, además permite la navegación puerta a puerta y funciones avanzadas entre las que se incluyen navegación por voz y tecnología Back-on-Track™.\nEl navegador Navman GPS 4400 estará disponible en el mercado español en el mes de junio con un precio aproximado de venta al público de 575 euros IVA incluido.\nPara más información sobre el GPS 4400, Navman-Europa u otros productos GPS de Navman llame al teléfono 902 200 707 o visite la página web: www.navman.crambo.es


Serie B - No. 8 - Doc. 5\nAmicus Curiae presentado por Americas Watch International\nWashington, 21 de enero de 1987\nHon. Corte Interamericana de Derechos Humanos\nDr. Thomas Buergenthal\nEn representaci�n de Americas Watch, tenemos el agrado de dirigirnos a V.S. con el objeto de someter a consideraci�n de la Hon. Corte, el memorial amicus curiae que se acompa�a a la presente.\nEsta presentaci�n se efect�a en el marco del procedimiento establecido por la Hon. Corte para el tratamiento de la Opini�n Consultiva (OC-8) solicitada por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, respecto al alcance de la suspensi�n del recurso de h�beas corpus durante los estados de excepci�n.\nAgradecemos desde ya a V.S. y a los dem�s integrantes de la Hon. Corte, la atenci�n que les merezca el presente escrito. Saludamos a V.S. muy atentamente.\nTom J. Farer Juan E. M�ndez\nPRESENTACI�N AMICUS CURIAE DE AMERICAS WATCH\nSOBRE SUSPENSI�N DEL RECURSO DE H�BEAS CORPUS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCI�N\nTom J. Farer, estadounidense, y Juan Ernesto M�ndez, argentino, ambos abogados y con domicilio en 739 8th. Street S.E., Washington, D.C. 20003, Estados Unidos de Am�rica, a V.E. nos presentamos y decimos:\nQue en nuestro car�cter de miembro del directorio y Director de la oficina de Washington de Americas Watch respectivamente, venimos por el presente a someter a consideraci�n de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ponencia amicus curiae sobre el asunto elevado por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 20 de octubre de 1986, acerca de la suspensi�n del h�beas corpus durante los estados de excepci�n (Caso OC-8). El prop�sito de la presentaci�n de Americas Watch es poner a disposici�n de la Honorable Corte los argumentos desarrollados por los profesores Eugenio Ra�l Zaffaroni y Jorge Mera, que se exponen en las p�ginas siguientes. Por otra parte, Americas Watch se permite, por nuestro intermedio, hacer llegar un resumen de nuestras sugerencias a la Excma. Corte en relaci�n con este importante tema.\nPor las razones aludidas en las p�ginas siguientes, solicitamos deV.E. que respondan en forma afirmativa a la consulta formulada por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos: en nuestra opini�n, el recurso de h�beas corpus, contemplado en los Art�culos 7 inciso 6 y 25 inciso 1 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, es efectivamente una de las garant�as que no pueden suspenderse durante los estados de excepci�n, conforme a lo preceptado por el Art�culo 27 inciso 2 de la misma Convenci�n. Urgimos a la Excma. Corte que as� se lo declare.\nNos permitimos asimismo sugerir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicite y desarrolle los efectos que una suspensi�n de garant�as puede leg�timamente tener sobre los alcances del recurso de h�beas corpus, conforme a los lineamientos que desarrollamos en la parte final de esta presentaci�n.\nEl inter�s de Americas Watch en el tema objeto de consulta surge de nuestra larga experiencia en el an�lisis de la situaci�n de los derechos humanos en distintos pa�ses de nuestro continente. Nuestra organizaci�n publica informes sobre esos temas para conocimiento de la opini�n p�blica, con el objeto de contribuir a la m�s adecuada protecci�n y promoci�n de los derechos humanos esenciales. En tal sentido, asignamos gran importancia al desarrollo de un cuerpo de derecho internacional sobre la materia. En nuestra experiencia, las interpretaciones restrictivas sobre el alcance de la instituci�n del h�beas corpus y en particular su falta de efectiva vigencia durante los estados de emergencia o de sitio, han contribuido grandemente a las rupturas del estado de derecho en nuestros pa�ses, a su vez posibilitando la pr�ctica generalizada de la tortura y de otras formas de presiones ilegales sobre los detenidos, as� como el fen�meno de la desaparici�n forzada de personas, condenado por la Asamblea General de la Organizaci�n de Estados Americanos como crimen de lesa humanidad (Resoluci�n 666 [XIII-0/83].\nEl Profesor Eugenio Ra�l Zaffaroni es un especialista en Derecho Penal de reconocido prestigio en su pa�s y en Am�rica Latina. Ha dedicado especial atenci�n a los temas del derecho internacional de los derechos humanos, como frecuente expositor en los cursos interdisciplinarios del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es autor de "Sistemas Penales y Derechos Humanos en Am�rica Latina (Primer Informe)", Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1984, sobre la base del seminario sobre ese tema celebrado por el I.I.D.H. en San Jos�, Costa Rica en julio de 1983. Contribuye asiduamente a la revista "Doctrina Penal", publicada trimestralmente en Buenos Aires bajo la direcci�n del Profesor Ricardo C. N��ez. Luego de una distinguida carrera judicial, el Dr. Zaffaroni es hoy juez de la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires. Adem�s, es profesor titular de Derecho Penal y Criminolog�a en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde tambi�n dirige la carrera de especializaci�n en Derecho Penal. Es autor del "Tratado de Derecho Penal", Ediar, Buenos Aires, 1980-82, en cinco tomos, y del "Manual de Derecho Penal", Ediar, Buenos Aires, 1977, que ya lleva cinco ediciones. Por �ltimo, el Dr. Zaffaroni es Secretario General regional para Am�rica Latina de la Societe Internationale de Droit P�nal.\nEl profesor Jorge Mera es el Director del Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, ente de estudios e investigaci�n superior auspiciada por el Arzobispado de Santiago de Chile. Es tambi�n director de la "Revista Chilena de Derechos Humanos" publicada por la Academia, y subdirector de la "Revista de Ciencias Penales". Recientemente ha publicado "Fraude Civil y Fraude Penal", Ediciones Cono Sur, Santiago, 1986, y es autor adem�s de numerosos art�culos sobre Derecho Penal y sobre Derechos Humanos. El Dr. Mera es exprofesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, y actualmente es profesor titular de la misma materia en la Universidad Diego Portales de Santiago.\nEn cuanto a los que suscriben, el Profesor Tom J. Farer es exPresidente de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Nuevo M�xico, en Albuquerque, Estados Unidos. Adem�s de integrar el directorio de Americas Watch, se desempe�a en similares funciones directivas en varias otras organizaciones privadas de derechos humanos. Entre otros art�culos y libros, es autor de "The Inter American System: Are There Functions for Its Forms?" (American Society of International Law, Washington, D.C., 1978), "Toward a Humanitarian Foreign Policy: A primer for Policy" (NYU Press, New York, 1980) y "The Grand Strategy of the United States in the Western Hemisphere" a ser publicado en junio de 1987 por Transaction Books, New Brunswick. Juan Ernesto M�ndez es abogado habilitado para el ejercicio profesional en Buenos Aires, Argentina y en Washington, D.C., Estados Unidos. En su car�cter de funcionario de Americas Watch ha viajado en numerosas ocasiones a pa�ses del �rea y es autor o coautor de los informes publicados por la entidad como resultado de esos viajes.\nAmericas Watch agradece anticipadamente a V.E. la atenci�n que les merezcan estas consideraciones.\nAportes para la Discusi�n sobre la Suspensi�n del Recurso de H�beas Corpus durante los Estados de Excepci�n\nProf. Eugenio Ra�l Zaffaroni\nEntiendo que la consulta formulada a la Corte es de importancia vital, puesto que se halla vinculada al procedimiento m�s usual para la violaci�n de todas las garant�as personales mediante la mera invocaci�n de la necesidad. Se trata de un tema en el cual reina cierta confusi�n conceptual que no puede ser considerada casual, sino que es producto interesado de una larga historia en cuyo curso se han planteado siempre falsas alternativas. En forma disyuntiva se han opuesto textos del derecho p�blico interno de nuestros pa�ses que contienen disposiciones an�logas a las citadas de la Convenci�n Americana. Pasando por alto los detalles particulares y las an�cdotas locales, los planteamientos disyuntivos se sintetizar�an del siguiente modo: en el estado de emergencia se suspenden las garant�as para la libertad personal; suspendidas esas garant�as, queda impl�cita la suspensi�n de los recursos judiciales para su defensa. Se pretende que, de lo contrario, no tendr�an sentido tales recursos o se neutralizar�a la suspensi�n de las garant�as. En este �ltimo caso, el bien com�n (o cualquier otra expresi�n por lo general alusiva a un derecho trascendente) quedar�a sometido o subordinado a los intereses individuales.\nFrente al texto de la Convenci�n Americana, entiendo que se impone la misma soluci�n que frente a los textos internos al respecto, es decir, apelar a una construcci�n dogm�tica, superando la metodolog�a exeg�tica, que como es obvio, se halla hoy universalmente desprestigiada.\nPretendo ensayar esquem�ticamente este camino, comenzando por el an�lisis de los textos, para seguir con la integraci�n arm�nica de los mismos y concluir demostrando la compatibilidad del instituto del h�beas corpus con los estados de emergencia y reflexiones sobre sus particularidades en tales estados.\na) El art. 7,6 dispone que toda persona privada de libertad -o amenazada en la misma- tiene derecho a recurso ante juez competente para que se determine sin demora la legalidad de su privaci�n o amenaza. Legalidad significa aqu� la adecuaci�n de la privaci�n o amenaza a las normas jur�dicas nacionales e internacionales de la naturaleza que fueren. Privaci�n de libertad significa restricci�n a la libertad ambulatoria y a las consecuencias de la misma que sean ineludibles conforme a la naturaleza de las cosas, puesto que la privaci�n de la libertad jam�s puede entenderse en un sentido absoluto, lo que extremando el sentido antropol�gico s�lo ser�a concebible identific�ndola con la muerte. Incluso en el �mbito penal, las llamadas "penas privativas de la libertad" no son tales en sentido estricto, sino que importan un tecnicismo con el que se designa un cierto grado de restricci�n de la libertad ambulatoria que se traduce en institucionalizaci�n de la persona. Por ello, con mayor precisi�n se las llama en alem�n "penas de libertad" (Freiheitstrafen), de la misma forma que a las multas se las llama "penas de dinero" (Geldstrafen).\nb) El segundo p�rrafo del art. 27 enumera los Derechos Humanos que no pueden ser suspendidos en funci�n de estados de emergencia y entre ellos se�ala la garant�a de legalidad. En el contexto del art. 9 de la Convenci�n, esa legalidad es fundamentalmente la que hace a la ley penal, que debe ser realizada mediante la legalidad procesal penal y por los jueces naturales. Como corolario obvio de la prohibici�n de suspensi�n de la legalidad penal y procesal penal, establece "in fine" la prohibici�n de suspender las garant�as judiciales para la protecci�n de tales derechos. Con este obvio corolario la Convenci�n cierra el camino a cualquier torcido int�rprete que haciendo gala de vocaci�n exeg�tica, pretenda neutralizar la prohibici�n de suspensi�n de tales derechos mediante la cancelaci�n de las garant�as judiciales destinadas a su efectividad. Semejante interpretaci�n est� totalmente excluida de la Convenci�n, en funci�n del texto expreso de la misma y, adem�s, ante la evidencia de que un derecho no puede considerarse disponible cuando se suprimen los medios que garantizan su efectividad, resulta contraria al principio de buena fe que debe regir la interpretaci�n de los tratados.\nc) El primer p�rrafo del art. 27, al establecer los supuestos de los estados de emergencia, no es ni puede ser taxativo, dada la imposibilidad de prever todas las situaciones posibles. De este modo, la Convenci�n no hace m�s que recoger una realidad que el derecho no puede ignorar, so pena de incurrir en una omisi�n suicida. La realidad demuestra que hay situaciones de emergencia con grave peligro a bienes jur�dicos en forma masiva, y que esas situaciones pueden multiplicarse en raz�n del avance tecnol�gico. Si el derecho no previese las medidas de excepci�n necesarias para el control de esas emergencias, la aparici�n de las mismas provocar�a el estallido de todo el orden jur�dico, por imperio de una elemental pulsi�n de conservaci�n.\nAnte la imposibilidad de cerrar taxativamente tales situaciones, la Convenci�n acude a la t�cnica enunciativa, que consiste en la ejemplificaci�n que se�ala la magnitud del peligro que justifica la emergencia. De este modo, si bien no existe un n�mero cerrado, se ofrece una pauta del grado de peligro masivo que permite cerrar en cada caso el marco jur�dico para determinar si el supuesto f�ctico que se presenta encuadra en �l y, por ende, permite la declaraci�n del estado de emergencia. La emergencia puede ser, pues, una cat�strofe natural, una epidemia, un accidente nuclear, una contaminaci�n general de las aguas, de la atm�sfera o del suelo, el descontrol de un experimento bio-tecnol�gico, etc. Puede ser una situaci�n provocada dolosamente, incluso por un grupo no numeroso de personas -y hasta por una persona- que amenace con material de alt�simo poder destructivo o letal (criminalidad nuclear, qu�mica o biol�gica). Todos estos supuestos y muchos m�s son posibles, pero todas las hip�tesis quedan limitadas en cuanto a la potencialidad lesiva de la circunstancia justificante en funci�n de los ejemplos, el primero de los cuales -y el m�s significativo- es la guerra. Las propias medidas de emergencia suelen reconocer en sus denominaciones esta originaria referencia al patr�n de gravedad, pues en muchos pa�ses de Am�rica y Europa se la llama "estado de sitio".\nSi bien ser�a groseramente inexacto afirmar que el estado de emergencia es una instituci�n interna del derecho de guerra, no puede a�n hoy negarse que: a) por su origen, b) por la primera hip�tesis legal que le proporciona su base f�ctica, y c) por la incorporaci�n ejemplificativa de la gravedad de la guerra para restringir su resistencia sem�ntica, es una instituci�n que corresponde a una extensi�n anal�gica del derecho de guerra o, mejor, a un derecho anal�gico de guerra. De all� que recepte algunas de sus caracter�sticas, siendo, sin duda, la principal, la de tomar prisioneros, con las modalidades propias de su car�cter anal�gico.\nII. Es generalmente aceptado que toda justificaci�n jur�dica -cualquier "hacer lo prohibido" justificado por un permiso- siempre se ampara en la necesidad de defender o salvar bienes jur�dicos de jerarqu�a. Como en cualquier justificaci�n jur�dica, no basta con la mera invocaci�n del supuesto f�ctico de su estado de emergencia, sino que debe probarse su real existencia. De lo contrario, la pura invocaci�n de una situaci�n cualquiera permitir�a que opere una instituci�n de derecho anal�gico de guerra cuando el poder pol�tico lo decida y sin m�s necesidad legitimante que sus intereses, lo que importar�a la consagraci�n lisa y llana de la tiran�a y su legitimaci�n en funci�n del mero arbitrio pol�tico.\nAdem�s, cuando efectivamente exista una situaci�n f�ctica suficientemente legitimante de un estado de emergencia, no por ello resulta autom�ticamente legitimada cualquier restricci�n a la libertad de una persona, puesto que esta restricci�n s�lo ser� leg�tima cuando se vincule con la situaci�n f�ctica fundante del estado de emergencia y resulte cierta o probablemente necesaria para su control.\nCuando estos requisitos no se cumplen, es decir, a) cuando se restringe la libertad de una persona en raz�n de facultades emergentes de un estado de emergencia cuya declaraci�n carece de sustento f�ctico que la legitime, o b) cuando la restricci�n a la libertad de una persona no guarda una relaci�n de medio a fin con el control de la situaci�n que legitima la declaraci�n del estado de emergencia, o c) cuando se impone una restricci�n a la libertad de una persona de grado o magnitud que exceda lo necesario para cumplir con el fin propuesto en funci�n de la situaci�n f�ctica fundante de la emergencia, no s�lo no est� legitimada la restricci�n a la libertad o la mayor restricci�n innecesaria, sino que la restricci�n no legitimada constituye una pena sin ley que la establezca y sin delito previamente definido en la ley. En el marco normativo de la Convenci�n, la ilegalidad de la detenci�n, que surge de la falta de encuadre en el marco del derecho anal�gico de guerra, es violatoria del art. 7,6 de la Convenci�n, pero simult�neamente tambi�n lo es de la legalidad no sujeta a suspensi�n del art. 9 de la misma. Esas restricciones ilegales a la libertad se convierten en un sistema penal paralelo, que opera fuera de la legalidad y de todo control judicial.\nTodo lo expuesto demuestra a mi juicio la necesidad sistem�tica de conservar la vigencia de los mecanismos de control de legalidad y sostener la estricta observancia del art. 6,7 de la Convenci�n en los estados de emergencia, por imperio de la l�gica constructiva de cualquier interpretaci�n coherente de la Convenci�n. Esos mecanismos controladores son los que usualmente reciben el nombre de control judicial de razonabilidad de las restricciones a la libertad dispuestas en funci�n de las facultades que los derechos internos confieren a los poderes administrativos en los estados de emergencia.\nEl corolario de lo expuesto no es s�lo que el h�beas corpus debe permanecer como recurso o acci�n efectiva en cualquier estado de emergencia como el instrumento m�s importante para controlar la legalidad -o "razonabilidad", conforme a la teor�a m�s extendida- de las restricciones a la libertad, sino que en tales estados de emergencia su vigencia es a�n m�s necesaria que fuera de los mismos, porque en caso de estado de emergencia no s�lo sirve para prevenir la privaci�n arbitraria de la libertad al margen de la legalidad penal y procesal penal -que fuera de ese supuesto puede tener car�cter aislado o eventual-, sino que, adem�s, debe comprobar en cada caso si existen los presupuestos f�cticos que ilegitiman la restricci�n a la libertad en el marco del derecho anal�gico de guerra, para neutralizar todo peligro de entronizaci�n de un arbitrario sistema penal paralelo al margen de la legalidad penal y procesal penal, por efecto de la reiteraci�n sistem�tica de las restricciones a la libertad ilegales.\nIII. Debe quedar claro que es falso el argumento seg�n el cual el sostenimiento de la vigencia del h�beas corpus como instrumento de control de los supuestos f�cticos y de las necesidades concretas de restricci�n a la libertad en los casos particulares, significar�a neutralizar los efectos de la declaraci�n de emergencia o reducir al Estado a la impotencia frente a situaciones de reales peligros masivos.\nNada en el plano jur�dico es simplemente binario, "blanco" o "negro". Hay gamas y tonos que van de uno a otro extremo y el manejo del h�beas corpus en los estados de emergencia es una de las m�s graves responsabilidades pol�ticas de los jueces en raz�n de lo extremadamente delicado de la tarea. No es extra�o que eventualmente surjan actitudes judiciales complacientes que burocr�ticamente prefieran legitimar la inoperancia del h�beas corpus en los estados de emergencia, a) porque se trata de uno de los m�s dif�ciles cometidos judiciales, b) porque se halla plagado de dificultades valorativas y c) porque en el plano f�ctico los jueces suelen ser v�ctimas de presiones encontradas y amenazas de todo orden.\nDejando de lado las situaciones de hecho, nos limitaremos a se�alar la principal dificultad te�rica que se plantea a este respecto: la necesidad de preservar el secreto o la reserva de la informaci�n requerida para valorar judicialmente la legitimidad de la restricci�n a la libertad conforme a la instituci�n del estado de emergencia.\nEs innegable que existen circunstancias en las cuales no puede exigirse al poder administrador la revelaci�n de datos reservados, puesto que ello neutralizar�a el objetivo que persigue la declaraci�n del estado de emergencia. Tambi�n es cierto que no puede exig�rsele al poder administrador que aporte pruebas concluyentes en forma an�loga a la del proceso penal, puesto que en caso de disponer de las mismas no ser�a necesario apelar a una instituci�n del derecho anal�gico de guerra, sino que bastar�a con poner en funcionamiento los cauces se�alados por el sistema penal.\nNo obstante, es posible distinguir adecuadamente diferentes supuestos que permitan pautar algunas reglas generales conforme a las cuales el h�beas corpus puede operar como ineludible control de legalidad en cada caso concreto de restricci�n a la libertad, respetando la naturaleza jur�dica del estado de emergencia y sin obstaculizar la obtenci�n de sus objetivos. Conforme a nuestro criterio, las siguientes indicaciones generales son demostrativas de esa posibilidad.\na) El h�beas corpus no es usualmente el camino m�s id�neo para establecer la ilegalidad de la declaraci�n misma del estado de emergencia sin suficiente supuesto f�ctico de justificaci�n, pero permite neutralizar las restricciones a la libertad impuestas en concreto, sin que en estos supuestos el poder administrador pueda alegar el secreto, puesto que es casi imposible concebir la declaraci�n de un estado de emergencia sobre supuestos f�cticos secretos o reservados. En general, los supuestos de hecho que justifican la declaraci�n misma del estado de emergencia son conocidos por los tribunales, por tratarse de circunstancias de p�blico conocimiento.\nLa pretensi�n de que el poder administrador es el �nico que puede decidir el estado de emergencia, que se trata de un acto pol�tico, que como tal est� fuera del control jurisdiccional y s�lo puede generar responsabilidad pol�tica, no puede impedir que se ejerza el control de legalidad de las restricciones a la libertad en los casos concretos abarcando la evaluaci�n de la situaci�n general -como elemento de juicio indispensable para resolver en el caso particular- puesto que lo contrario implicar�a la renuncia o impotencia de los tribunales frente a una general asunci�n arbitraria de funciones jurisdiccionales por parte de la administraci�n.\nb) Cuando el estado de emergencia se encuentre realmente justificado conforme a supuestos f�cticos graves y masivos, ser� cometido del tribunal controlar, mediante el h�beas corpus, si la situaci�n concreta de restricci�n a la libertad del beneficiario se encuentra vinculada al presupuesto f�ctico de la emergencia. Puede darse el caso de una burda carencia de vinculaci�n que el tribunal puede apreciar sin necesidad de mayores informes por parte del poder administrador. Son bien conocidos los casos en que los estados de emergencia reconocen como presupuesto actos de violencia terrorista, por ejemplo, y se priva de libertad a dirigentes gremiales, cuya ideolog�a y trayectoria p�blicamente conocidas, demuestran la total desvinculaci�n con esa circunstancias, �nicamente por haber intentado ejercer el derecho de huelga o por haber reclamado mejoras salariales, o bien que ese prive de libertad a empresarios para extorsionarlos.\nc) Existen supuestos en que la carencia de vinculaci�n de la restricci�n a la libertad con el supuesto f�ctico de la misma no aparece como grosera o de incuestionable evidencia prima facie, pero en que las pruebas arrimadas por el recurrente o beneficiario la ponen de manifiesto con tal car�cter. Son numerosos los casos en que la prueba documental y testigos de abono en n�mero y calidad significativas demostraron la existencia de errores, de venganzas personales, de motivaciones extra�as a la base f�ctica del estado de emergencia o de manifestaciones o ideolog�as opuestas a las del poder, pero en modo alguno conectadas con las razones que fundan la operatividad del derecho anal�gico de guerra, como pueden ser las diferentes corrientes del pacifismo y de la no violencia. En tales casos y ante pruebas concluyentes, el poder administrador no puede ampararse en la supuesta necesidad de secreto o reserva, sino que, ante la demostraci�n clara de la irracionalidad de la privaci�n de libertad, le incumbe demostrar lo contrario.\nd) El mayor n�mero de casos que se presenten en estos estados de emergencia -y los m�s problem�ticos- est� constitu�do por aquellas personas que se hallan sometidas a restricciones a la libertad sin que respecto de ellas sea posible demostrar la desvinculaci�n con la situaci�n f�ctica que da justificaci�n a tal estado, y en los cuales el poder administrador brinda explicaciones gen�ricas o estereotipadas o se ampara en la necesidad del secreto. Estos son los supuestos m�s delicados, en los cuales la acci�n o recurso de h�beas corpus o de amparo de la libertad no pueden tener indiscriminadamente el efecto de hacer cesar las restricciones a la libertad, so pena de neutralizar totalmente el efecto de la declaraci�n del estado de emergencia e impedir su objetivo, olvidando que su naturaleza jur�dica y su car�cter excepcional lo distingue n�tidamente del sistema penal y de sus garant�as legales.\nSin embargo, tampoco en estos casos el h�beas corpus queda suspendido, sino que debe cumplir varias funciones que son indispensables para preservar la legalidad a la luz de la instituci�n del derecho anal�gico de guerra.\n1) En estos supuestos el h�beas corpus es, ante todo, el instrumento de control de la intangibilidad de los restantes derechos de la persona, que no son susceptibles de ser suspendidos. Con demasiada frecuencia se han conocido restricciones a la libertad de las personas que implican institucionalizaciones en condiciones que exceden las de las penas ordinarias con r�gimen de m�xima seguridad, lo que ha dado lugar a una galer�a de aberraciones en cuyos detalles no es necesario insistir. El h�beas corpus es, en este sentido, la garant�a judicial indispensable que exige el art. 27 de la Convenci�n.\n2) En estos supuestos, el h�beas corpus permite controlar que las condiciones y magnitud de la concreta restricci�n a la libertad impuesta a una persona no excedan la medida necesaria para la finalidad que justifica el estado de emergencia. Si un confinamiento provee la misma necesidad que una institucionalizaci�n, es obvio que no resulta admisible la segunda; si la visita a la madre moribunda no genera ning�n peligro, no es posible negarla; si las visitas son sometidas a condiciones vejatorias, como afeitarse la barba, usar faldas y no pantalones, cortarse el cabello, etc., que nada tienen que ver con la seguridad, es obvio que no son legales esas medidas; etc.\n3) Por �ltimo, en este grupo de casos en que no se demuestra claramente la desvinculaci�n del beneficiario o recurrente con el supuesto f�ctico justificante de la emergencia, el mantenimiento de la restricci�n o privaci�n de la libertad es una facultad que no puede negarse al poder administrador, porque hace a la esencia del instituto del derecho anal�gico de guerra, como tampoco puede exig�rsele una completa y minuciosa explicaci�n en cada caso, susceptible de poner en peligro bienes jur�dicos en forma masiva, por efecto de la inevitable divulgaci�n de lo que la naturaleza de las cosas demanda que quede reservado. No obstante, a este respecto, tampoco puede cancelarse totalmente la funci�n del h�beas corpus como control de la legalidad de la restricci�n a la libertad en s� misma, porque el margen de discrecionalidad que ineludiblemente debe reconoc�rsele al poder administrador no puede ser ilimitado, sus facultades restrictivas de la libertad de las personas no pueden ejercerse indefinidamente ni en cualquier medida invocando la mera necesidad del secreto. El reconocimiento de la necesidad de secreto o reserva no implica la admisi�n de la arbitrariedad total. Aqu� el manejo del h�beas corpus por parte de los jueces alcanza el punto en que requiere el m�ximo de cuidado y delicadeza, puesto que el juez es precisamente quien es llamado en este momento a un arbitraje del cual depende la vigencia de la legalidad toda. El sostenimiento de la legalidad pasa en esas circunstancias por el reconocimiento de un arbitrio y el rechazo de una arbitrariedad, y esa es la funci�n que deben tener a su cargo los tribunales mediante el h�beas corpus. No se trata de un dilema sin soluci�n, como pretenden siempre quienes tienen inter�s en el aniquilamiento de la legalidad, sino que se trata de una cuesti�n de grado o magnitud que debe ser meticulosamente pesada en cada caso concreto. A medida que la privaci�n de libertad se extienda en el tiempo, mayor va siendo su gravedad y, por consiguiente, mayor debe ser el deber de explicaci�n del poder administrador. Esto, por otra parte, no pone en peligro los objetivos que justifican el estado de emergencia, porque conforme a la naturaleza de las cosas, a medida que pasa el tiempo, un secreto va dejando de ser secreto o va perdiendo importancia su mantenimiento por inevitables mutaciones propias de la din�mica de los acontecimientos. Es obvio que la discrecionalidad que no puede neg�rsele al poder administrador ante la simple invocaci�n del secreto cuando ha dispuesto una privaci�n de libertad de pocos d�as, no puede reconoc�rsele con igual magnitud cuando ha transcurrido un a�o. Es incuestionable, a nuestro juicio, que el avance temporal de la restricci�n de la libertad de una persona en estas circunstancias, genera un progresivo deber de explicaci�n del poder administrador, siendo el h�beas corpus el instrumento id�neo para requerirlo en cada caso.\nIV. Como conclusi�n de lo expuesto, entendemos que: 1) El h�beas corpus o amparo de la libertad no puede ser suspendido conforme al texto de la Convenci�n Americana atendiendo a una interpretaci�n sistem�tica de sus disposiciones.\n2) En modo alguno el h�beas corpus es incompatible con las circunstancias que justifican la declaraci�n del estado de emergencia.\n3) La preservaci�n de la vigencia del h�beas corpus es a�n m�s necesaria bajo un estado de emergencia que en circunstancias ordinarias.\n4) En cada caso concreto servir� para controlar la legalidad, comprobando la efectiva necesidad justificante del estado de emergencia, y para hacer cesar las restricciones a la libertad que claramente no guarden relaci�n con esa necesidad.\n5) En los restantes casos servir� para comprobar la intangibilidad de los derechos que, conforme a la Convenci�n, no pueden ser suspendidos, y para hacer cesar los excesos innecesarios a la luz de la correspondiente necesidad.\n6) En cuanto a la restricci�n misma de la libertad de las personas, cuando no surja claramente su desvinculaci�n con la situaci�n que justifica la emergencia, es necesario ceder ante la invocaci�n de la necesidad del secreto por parte de la administraci�n, pero el deber de explicaci�n de la administraci�n aumenta y su arbitrio y el reconocimiento de la necesidad del secreto disminuyen a medida que la restricci�n a la libertad se va prolongando en el tiempo.\nBuenos Aires, diciembre 22 de 1986\nInforme Jur�dico sobre los Art�culos 7, No.6 y 25, No.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos,\nen Relaci�n con la �ltima Frase del Art�culo 27, P�rrafo 2 de la Citada Convenci�n (Posibilidad de Suspensi�n del Recurso de H�beas Corpus)\nProfesor Jorge Mera Figueroa\nLos Fundamentos de Nuestra Opini�n\n1.- En nuestra opini�n, el recurso de h�beas corpus es una garant�a judicial -m�s a�n, una acci�n constitucional, en la mayor�a de los Estados Partes de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos- que no puede ser suspendida en caso alguno, de acuerdo con dicha Convenci�n.\nEl fundamento dogm�tico del aserto anterior se deriva, a nuestro juicio, no s�lo de lo dispuesto en el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n citada sino que de otros numerosos preceptos suyos, como asimismo de normas contenidas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que constituyen obligaciones internacionales a las que se refiere el propio art. 27, en su p�rrafo 1, obligaciones que no pueden ser contradichas por los Estados Partes, al adoptar disposiciones que suspenden el ejercicio de los derechos reconocidos por dicha Convenci�n.\nCreemos que es importante insistir en esta doble fundamentaci�n, puesto que ella, adem�s de reforzar la interpretaci�n que se desprende de la consideraci�n aislada de la frase final contenida en el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n Americana citada, haci�ndola indiscutible, destaca adecuadamente el rango especial que la Convenci�n otorga expresamente a la protecci�n judicial de la libertad personal, esto es, al recurso de h�beas corpus, el cual se encuentra reglamentado en el mismo art�culo 7 de la Convenci�n, que consagra el derecho a la libertad personal, y no solamente en la disposici�n de su art�culo 25, relativo a la protecci�n judicial general de los derechos reconocidos por la Constituci�n y las leyes de los Estados Partes o por la Convenci�n Americana. Como se ver�, esta circunstancia, no s�lo resalta la importancia extraordinaria, verdaderamente excepcional, que se concede al h�beas corpus, son que ilustra el amplio alcance que dicha Convenci�n otorga a este recurso.\n2.- Una interpretaci�n restrictiva de la frase final del art. 27, p�rrafo 2 de la Convenci�n, fundada en la supuesta observancia estricta de su tenor literal, el cual s�lo prohibe expresamente la suspensi�n de las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de determinados derechos -entre los que no figura el derecho a la libertad personal, lo cual, aparentemente, permitir�a suspender el recurso de h�beas corpus-, resulta enteramente inadmisible.\nEllo en atenci�n a tres �rdenes de razones que se examinan a continuaci�n:\na)El verdadero sentido de la frase final del citado p�rrafo 2, del art. 27 de la Convenci�n, precepto que, en consideraci�n a sus propios prop�sitos; a lo dispuesto en otras disposiciones de la Convenci�n y a sus normas de interpretaci�n, no puede ser objeto de una reducci�n que contradice todo el sistema de esta �ltima, como asimismo los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.\nb)Las normas especiales de la Convenci�n que consagran el derecho a la libertad personal, d�ndole un status especial al recurso de h�beas corpus, y sus disposiciones generales relativas a la protecci�n judicial de los derechos humanos, todas ellas concebidas en t�rminos amplios, los que suponen el control jurisdiccional de todos los actos de la administraci�n, incluidos los que se decreten en virtud de los estados de excepci�n; y\nc)Los principios jur�dicos que inspiran la regulaci�n de la suspensi�n de los derechos humanos (estados de excepci�n) y en general, los principios jur�dicos capitales en los que se fundan el estado de derecho y las normas internacionales sobre derechos humanos.\nELH�BEAS CORPUS COMO MEDIO DE PROTECCI�N DE LA VIDA, INTEGRIDAD CORPORAL Y OTROS DERECHOS INDEROGABLES\n3.- a)Examinaremos, en primer lugar, la frase final del p�rrafo 2 del art.27 de la Convenci�n, de acuerdo con la cual no pueden suspenderse las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los once derechos que ah� se mencionan, entre los cuales no aparece el derecho a la libertad personal.\nPara los efectos del presente informe, revisten importancia, ante todo, el derecho a la integridad personal y a la vida -cuya vinculaci�n e importancia en relaci�n con el h�beas corpus es manifiesta, como desgraciadamente se deduce del examen de las pr�cticas que sobre detenciones arbitrarias se observan en la mayor�a de nuestros pa�ses: son precisamente estas privaciones ileg�timas de libertad las que permiten la pr�ctica aberrante de la tortura, en muchos pa�ses institucionalizada; la desaparici�n de los arrestados o su muerte, ya como consecuencia de los tormentos o como resultado expresamente buscado por quienes ordenan dichas detenciones-, pero no solamente ellos.\nTambi�n se relacionan con el h�beas corpus, si bien de una manera no tan evidente, pero no por ello menos inquietante, los siguientes derechos, cuyas garant�as judiciales de protecci�n- lo mismo que la de los derechos a la integridad personal y a la vida- no pueden ser suspendidas, en conformidad con el citado p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n: el principio de legalidad (en los casos en que la detenci�n administrativa ordenada en virtud de un estado de excepci�n constituya una pena encubierta por un hecho que no est� definido como delito) y el de irretroactividad (en su caso); la libertad de conciencia y de religi�n (en el evento en que la detenci�n arbitraria constituya una represalia por su ejercicio); la protecci�n de la familia (en la medida que normalmente las detenciones arbitrarias afectan negativamente a esta c�lula fundamental de la convivencia social); los derechos del ni�o (cuando esta calidad tiene la v�ctima de la detenci�n) y los derechos pol�ticos (los que no pueden ejercerse por los detenidos).\n4.- En consecuencia, si bien la libertad personal no figura entre los derechos cuya garant�a judicial no puede suspenderse, ello no significa que, de acuerdo con lo expresado en el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n, el recurso de h�beas corpus pueda ser suspendido. La raz�n es obvia: el sentido y el prop�sito de la garant�a judicial que representa el h�beas corpus no se agota en la protecci�n de la libertad personal. En efecto, y para no mencionar son el caso m�s obvio: el h�beas corpus constituye una garant�a judicial indispensable para la protecci�n de la integridad personal y la vida de los detenidos; justamente su significado m�s preciso apunta a evitar la lesi�n de esos valores esenciales; eso es lo que se pretende al facultar al tribunal para ordenar que el detenido sea puesto a su disposici�n: establecer si se encuentra con vida o si ha sido sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adem�s de conocer el lugar de la detenci�n y sus condiciones.\nLas mismas consideraciones cabe hacer respecto de los otros derechos humanos cuyas garant�as judiciales tampoco pueden ser suspendidas, de acuerdo con lo establecido en el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n, en la medida en que la privaci�n de la libertad personal afecta el ejercicio de los mismos. En todos esos casos el h�beas corpus constituye una garant�a judicial indispensable para la protecci�n de tales derechos.\n5.- La interpretaci�n que se viene haciendo se relaciona con dos caracter�sticas del sistema del derecho internacional de los derechos humanos: la interdependencia e indivisibilidad de dichos derechos y la necesidad de que exista un recurso efectivo para su protecci�n.\nEn efecto, y en lo que se refiere a la primera caracter�stica anotada, debe observarse la indiscutible interdependencia que existe, de una parte, entre la libertad personal y la integridad personal y la vida; y de la otra, entre dicha libertad personal y los otros derechos antes mencionados, tambi�n enumerados en el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n.\nEl goce de la libertad personal constituye, por s� mismo, una condici�n y una garant�a del respeto de todos los derechos se�alados, en tanto que su atropello representa un peligro para su ejercicio.\nEn �ntima relaci�n con lo anterior se encuentra el inter�s del derecho internacional -y de los derechos internos, en los pa�ses donde existe Estado de Derecho- en el sentido que los derechos humanos que se reconocen tengan realmente una vigencia efectiva, y no meramente formal, ret�rica o program�tica. Tal es el sentido del art�culo 8 de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, al establecer que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n o por la ley". El art�culo 25, p�rrafo 1 de la Convenci�n, por su parte, ratifica el mismo principio de la protecci�n judicial eficaz de los derechos humanos, �nica manera de asegurar su vigencia efectiva, y dicho principio se expresa con particular fuerza, en la misma Convenci�n, en su art�culo 7, nro. 1, precisamente a prop�sito de la libertad personal, de un modo similar a lo que ocurre en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (art. 9, nro. 4).\n6.- En consecuencia, el recurso de h�beas corpus no puede suspenderse, de conformidad con lo establecido en p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n, en cuanto constituye una garant�a judicial efectiva para la protecci�n de la vida, de la integridad corporal y de los dem�s derechos mencionados por esta disposici�n, cuyo ejercicio real puede resultar afectado por una privaci�n arbitraria de libertad.\n7.- Las normas de interpretaci�n contenidas en el art�culo 29 de la Convenci�n, y su art�culo 30, sobre "alcance de las restricciones", corroboran lo expuesto.\nEspecialmente pertinente son las letras a), c) y d) del citado art�culo 29. Interpretar el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n en el sentido de que se permite la suspensi�n del h�beas corpus, supone suprimir el goce y ejercicio de importantes derechos y libertades reconocidos en la Convenci�n y, en todo caso, limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; excluir de la protecci�n judicial derechos que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democr�tica representativa de gobierno, y excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci�n Americana de Derechos del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.\nEL H�BEAS CORPUS COMO MEDIO DE PROTECCI�N DE LA LIBERTAD PERSONAL EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA\n8.- b) M�s all� del texto del p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n -del cual se deduce que el recurso de h�beas corpus no puede ser suspendido debido a que constituye una garant�a judicial indispensable para la protecci�n de diversos hechos que all� se mencionan, en especial la integridad corporal y la vida de acuerdo con otras disposiciones de estas �ltima, el recurso de h�beas corpus tampoco puede, a nuestro juicio, suspenderse, en ning�n caso, como garant�a judicial de la propia libertad personal. Ello se desprende claramente del art. 25, nro. 1 de la Convenci�n y, en especial, de su art. 7, nro. 6.\nNo es en modo alguno contradictorio que se autorice la suspensi�n del h�beas corpus, destinado a proteger dicho derecho. La raz�n es simple: del hecho que se autorice la suspensi�n de la libertad, en forma excepcional y en casos graves que amenacen la independencia o seguridad del Estado, no se deduce que pueda procederse en los casos concretos, a dicha suspensi�n, de cualquier modo. Siempre sigue siendo imperioso, en un Estado de Derecho, que la autoridad ejerza sus funciones en conformidad con la ley. El recurso de h�beas corpus, pues, a�n en caso de encontrarse v�lidamente suspendida la libertad personal, sigue teniendo todo su sentido e importancia -mayores todav�a que en �poca de normalidad constitucional-, como mecanismo judicial de protecci�n de dicha libertad, con miras a verificar que las privaciones de la misma se realicen con plena observancia de la legalidad. Lo contrario significar�a la consagraci�n jur�dica de la arbitrariedad, lo que es un contrasentido. Es obvio que la adecuada defensa de la independencia o seguridad del Estado puede realizarse, en el caso que aquella demande la suspensi�n de la libertad personal, procediendo a la privaci�n de esta �ltima, de acuerdo con las normas legales. Volveremos sobre este punto al referirnos, al final de este informe, a los principios jur�dicos que gobiernan los estados de excepci�n.\n9.- La procedencia, en todo caso (a�n cuando se encuentre suspendida la libertad personal) del recurso de h�beas corpus como un medio de protecci�n de esta �ltima, se deduce, como se adelant�, de los art�culos 25, nro. 1 y 7, nro. 6 de la Convenci�n.\nLa primera de las normas citadas, relativa a la protecci�n judicial de los derechos reconocidos en dicha Convenci�n, establece la procedencia general en t�rminos amplios y enf�ticos, de un recurso judicial efectivo (sencillo y r�pido), del que es titular toda persona -sin excepciones- cuyos derechos hayan sido violados, a�n cuando tal violaci�n sea cometida por personas que act�an en ejercicio de sus funciones oficiales. Esta �ltima frase tiene especial inter�s para el asunto que nos ocupa, puesto que justamente tal es la situaci�n en los casos en que las privaciones de libertad son ordenadas en virtud de las facultades de los estados de excepci�n que autorizan la suspensi�n de dicha libertad. La voluntad inequ�voca que expresa el art. 25, nro. 1 citado es que, en cualquier caso que se violen derechos humanos exista un recurso judicial efectivo para amparar a la persona afectada por el atropello.\n10.- A la misma conclusi�n se llega del examen del art. 7, nro. 6 de la Convenci�n.\nEn primer lugar es preciso reiterar, en materia de libertad personal, a diferencia de lo que ocurre con los dem�s derechos, la existencia de un recurso judicial eficaz para su protecci�n, no se deriva solamente de la norma general contenida en el nro. 1 del art. 25 citado, sino que emana de la propia disposici�n que consagra dicha libertad personal. Esta sola circunstancia prueba la extraordinaria importancia que se asigna a la protecci�n judicial de la libertad personal y, por lo mismo, ella debe ser considerada adecuadamente al momento de interpretar el alcance de la norma citada. Como antes se dijo, la protecci�n judicial de la libertad personal, a trav�s del recurso de h�beas corpus, ostenta un rango especial dentro de la Convenci�n. El art�culo XXV de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su inciso final, le acuerda, asimismo, un rango privilegiado a la protecci�n judicial de la libertad personal, cualquiera que sea el origen de su privaci�n. Otro tanto sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (art.9, nro.4).\nEl art. 7 de la Convenci�n, tras consagrar el derecho a la libertad personal, reglamenta, en su nro. 6, su protecci�n judicial, en t�rminos amplios y generales, pero al mismo tiempo precisos y categ�ricos, de los cuales se desprende meridianamente la procedencia, en todo evento, del recurso del h�beas corpus, en caso de cualquier privaci�n arbitraria de libertad. El texto es lo suficientemente expl�cito, en el sentido de que el control de legalidad sobre el arresto o detenci�n, que se encomienda al poder judicial se extiende a todos los casos de privaci�n arbitraria de libertad, y no solamente a las que emanen de �rdenes judiciales dictadas en procesos criminales, comprendiendo, por lo tanto, tambi�n a las medidas que se adopten por el poder ejecutivo en uso de las facultades de los estados de excepci�n.\n11.- Especial importancia clarificadora sobre este punto reviste el segundo p�rrafo del nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n, el cual, despu�s de establecer que "En los Estados Partes cuyas leyes prev�n que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que �ste decida sobre la legalidad de tal amenaza", dispone, en seguida, que "dicho recurso no puede ser restringido ni abolido".\nDebe observarse, en primer t�rmino, que no se distingue acerca del origen de la amenaza para la libertad personal, y que del texto del precepto se desprende que �l comprende los casos en que tal amenaza provenga de medidas adoptadas en virtud de los estados de excepci�n.\nEn segundo lugar, cabe destacar que el recurso judicial referido "no puede ser restringido ni abolido". La frase no puede ser m�s inequ�voca y categ�rica. Ello significa que tal recurso no puede, en consecuencia, suspenderse.\nFinalmente, debe anotarse que la norma examinada se refiere a los casos de simples amenazas a la libertad personal, y para tales situaciones prohibe la suspensi�n del recurso judicial establecido para controlar la legalidad de dicha amenaza. A fortiori, por lo tanto, con mucha mayor raz�n no puede suspenderse el recurso de h�beas corpus en los casos de efectivas privaciones -y no ya meras amenazas- de la libertad personal. La primera parte de la disposici�n examinada (art. 7, nro. 6 de la Convenci�n) no se refiri� expresamente a la prohibici�n de suspensi�n de dicho recurso en el caso de privaci�n arbitraria de la libertad personal, por considerarlo innecesario, toda vez que de su redacci�n se desprende, como ya se dijo, la vigencia permanente (aunque la citada libertad se encuentra suspendida) del recurso de h�beas corpus a fin de que el tribunal competente decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detenci�n y ordene la libertad si el arresto o la detenci�n fueren ilegales. M�s adelante nos referiremos a los distintos aspectos comprendidos en este control de legalidad que debe realizar el poder judicial: autoridad competente para ordenar y ejecutar la detenci�n o arresto; recinto en que deben ser cumplidos; observancia de las formalidades establecidas en la Constituci�n y la ley; y examen de la racionalidad (o razonabilidad) de la medida que dispone la privaci�n de la libertad personal en el caso concreto de que se trate.\n12.- De lo expuesto se desprende que el prop�sito del art�culo 27, p�rrafo 2 de la Convenci�n, al se�alar que no pueden suspenderse las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos que en dicha disposici�n se mencionan, no fue excluir el h�beas corpus como un recurso judicial id�neo para la protecci�n de la libertad personal. Se trat� solamente de enfatizar que as� como existen ciertos derechos inderogables, que contin�an vigentes no obstante la declaraci�n de cualquier estado de excepci�n (por grave que sea la causa que los motiva) as� tambi�n -para que la prohibici�n de la suspensi�n de tales derechos sea eficaz- queda prohibida la suspensi�n de los recursos judiciales destinados a protegerlos. Pero de ello no se sigue, que al no estar incluida la libertad personal entre los derechos inderogables, se autorice la suspensi�n del h�beas corpus como mecanismo para proteger dicha libertad y los otros derechos que se han indicado (los que s� son inderogables).\nJam�s podr�a atribuirse el p�rrafo 2 del art. 27 de la Convenci�n una finalidad derogatoria de las normas -generales y especiales, en el caso de la libertad personal- contenidas en los art�culos 25, nro. 1 y 7, nro. 6, de la misma Convenci�n. Una interpretaci�n semejante contraria las propias normas de interpretaci�n de la Convenci�n, expresadas en su art�culo 29 y el alcance que tienen las restricciones que ella autoriza, establecido en el art�culo 30. En efecto, las disposiciones de la Convenci�n relativas a la protecci�n judicial de los derechos reconocidos en ella, especialmente su art�culo 7, nro. 6, que se refiere a la protecci�n de la libertad personal, expresan principios capitales del Estado de Derecho y del r�gimen democr�tico, que inspiran, sustentan y fundamentan todo el sistema del derecho internacional de los derechos humanos.\nAnte esta evidencia, no caben interpretaciones restringidas que, apoy�ndose en criterios estrechos y formalistas -actualmente superados incluso en los derechos internos de los Estados- pretendan abrogar instituciones jur�dicas tan antiguas como el recurso de h�beas corpus, cuyo objetivo es, precisamente, impedir la pr�ctica de las detenciones o arrestos arbitrarios, privaciones ileg�timas de libertad que tienen lugar con mayor frecuencia precisamente en los casos en que el derecho a la libertad personal se encuentra suspendido en virtud de los estados de excepci�n. Es en esas situaciones cuando los abusos o desviaciones de poder tienden a manifestarse con mayor fuerza en detrimento de los derechos constitucionales, y en primer lugar de la libertad personal. Ser�a un contrasentido autorizar la suspensi�n del h�beas corpus justamente en los casos en que su vigencia irrestricta se torna m�s necesaria. Ello s�lo servir�a para consagrar la arbitrariedad en contra de todos los principios y de las finalidades perseguidos por la Convenci�n Americana de Derechos Humanos.\nEL CONTROL DE LEGALIDAD INCLUYE EL EXAMEN DE LA RACIONALIDAD DE LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD\n13.- Nos ocuparemos, a continuaci�n, del alcance que tiene, seg�n el art�culo 7, nro. 6 de la Convenci�n, el control de legalidad, por parte del poder judicial, respecto de los arrestos o detenciones decretados por la autoridad p�blica.\nEl precepto citado insiste, en tres oportunidades, sobre la necesidad de practicar dicho control de legalidad. Obviamente, este control s�lo puede referirse a las privaciones de libertad ordenadas por la autoridad, tengan o no origen judicial. M�s a�n, la disposici�n pareciera referirse m�s bien, aunque no exclusivamente, a los arrestos o detenciones administrativas, puesto que es el art�culo 8 de la Convenci�n el que m�s espec�ficamente dice relaci�n con las �rdenes de detenci�n expedidas con ocasi�n de un proceso criminal. Asimismo, a este tipo de detenci�n se refiere expresamente el nro. 5 del art�culo 7 de la Convenci�n.\nEn todo caso, dada la amplitud de los t�rminos del nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n, es indudable que el recurso de h�beas corpus resulta procedente respecto de las medidas de privaci�n de la libertad personal ordenadas por el poder ejecutivo en virtud de los estados de excepci�n, esto es, en aquellos casos en que dicho derecho se encuentra suspendido. El derecho a la justicia se encuentra consagrado en t�rminos igualmente amplios en el art. XVIII de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". Como se observa, la expresi�n actos de autoridad est� empleada en un sentido gen�rico, comprensivo de los actos del poder ejecutivo, y no reducida a las resoluciones judiciales. De igual modo, la consagraci�n de la libertad personal en dicha Declaraci�n es amplia: "nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y seg�n las formas establecidas por leyes preexistentes" (art. XXV).\n14.- El nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n tiene una doble importancia en el tema que nos ocupa: en primer lugar, confirma, sin lugar a duda, la procedencia del recurso de h�beas corpus como mecanismo judicial para proteger la libertad personal, a�n en aquellos casos en que este derecho se encuentra suspendido -y m�s bien, precisamente, y con mayor raz�n, en estas situaciones-, pero tambi�n ilustra sobre el alcance del control de la legalidad de los arrestos o detenciones.\nEn forma reiterada el precepto citado se refiere a la obligaci�n del tribunal competente de decidir sobre la legalidad del arresto o detenci�n, debiendo ordenarse la libertad del afectado si estas privaciones de libertad fueren ilegales. Como puede observarse, la referencia que se hace al control de la legalidad de los arrestos o detenciones es amplia, y no podr�a justificadamente restringirse dicho control s�lo a la verificaci�n de los aspectos meramente formales de las detenciones y arrestos referidos.\nEl control de legalidad aludido comprende, naturalmente, el examen del cumplimiento de todas las formalidades legales, pero tambi�n un examen de la justificaci�n y racionalidad (o razonabilidad) de los antecedentes de hecho invocados para fundamentar la correspondiente privaci�n de libertad. Es justamente en este �ltimo sentido (control de la racionalidad del arresto o detenci�n) que se aprecia verdaderamente el car�cter de poder del Estado que ostenta el poder judicial, el cual se traduce, entre otras cosas, en la protecci�n de los derechos humanos que est� llamado a prestar y en la consiguiente fiscalizaci�n de los otros poderes p�blicos y, en particular, en lo que ahora interesa, de los actos del poder ejecutivo, incluidos los decretados en estados de excepci�n, que ordenen privaciones de libertad, a�n cuando este derecho se encuentre suspendido.\nQue el control de legalidad referido comprende los aspectos formales de los arrestos o detenciones parece fuera de toda discusi�n. Incluso los detractores del h�beas corpus en los casos de suspensi�n de la libertad personal, admiten un control formal de la legalidad de las detenciones -limitado a la verificaci�n de que la autoridad que orden� el arresto o detenci�n, lo mismo que el funcionario que la cumpli�, ten�an facultades para ello; a la permanencia del detenido en recintos autorizados por la ley; y al cumplimiento de otras formalidades, tales como la exhibici�n de la orden, etc. Constituciones Pol�ticas tan autoritarias como la chilena de 1980 s�lo privan al poder judicial de su facultad de examinar los antecedentes de hecho en que se fundan las medidas (entre otras, los arrestos de personas) adoptadas durante los estados de asamblea y de sitio.\n15.- Sin embargo, el alcance del control de legalidad a que se refiere el nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n es m�s amplio que una mera comprobaci�n de las formalidades indicadas. No existe raz�n alguna para hacer esta limitaci�n, si se considera la amplitud del texto de la norma, como asimismo otras disposiciones de la Convenci�n y de instrumentos internacionales similares, como se ver�.\nEl solo cumplimiento de las formalidades requeridas para practicar un arresto o detenci�n nos informa �nicamente de un hecho: la autoridad ten�a la facultad para disponer la privaci�n de la libertad, la cual se verific� con observancia de los correspondientes requisitos procesales. Pero eso no basta. Al derecho le importa, adem�s, un aspecto sustantivo, de fondo, que es el realmente relevante desde el punto de vista de la vigencia efectiva de la libertad personal, a saber, si la autoridad -y nos referimos a los casos de estado de excepci�n que autorizan la suspensi�n de dicha libertad- hizo un buen o mal uso de sus atribuciones, esto es, si la privaci�n de libertad de que se trate, se adec�a a los fines y fundamento del estado de excepci�n correspondiente, o si, por el contrario, constituye un abuso o desviaci�n de poder, en la medida en que no aparece racionalmente justificada ni es razonable. La verificaci�n de estos aspectos -lo cual supone un irrenunciable deber del poder judicial en el sentido de examinar el m�rito de la respectiva privaci�n de libertad, esto es, los antecedentes de hecho invocados para justificarla- es lo que constituye, precisamente, el contenido o n�cleo central y m�s trascendente del control de legalidad del arresto o detenci�n a que est� obligado el tribunal competente, en conformidad con lo dispuesto en el nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n.\n16.- El control de legalidad aludido en esta �ltima norma comprende, pues, el aspecto sustantivo de la racionalidad de los arrestos o detenciones decretados en virtud de los estados de excepci�n.\nAs� se desprende de otras normas de la misma Convenci�n.\nEn efecto, el propio art. 27, p�rrafo 1, que autoriza la suspensi�n de la libertad personal y de otros derechos humanos, expresa que dicha suspensi�n podr� adoptarse por los Estados Partes, "en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situaci�n".\nComo se observa, se establece un criterio restrictivo: las medidas de suspensi�n adoptadas deben estar limitadas en la medida que sea necesaria de acuerdo con las exigencias de la situaci�n. Parece evidente que la �nica manera de obtener el cumplimiento de esta disposici�n es facultando a los tribunales para pronunciarse sobre este punto. Si no se considera este aspecto comprendido en el control de la legalidad a que se refiere el nro. 6 del art. 7 de la Convenci�n, la limitaci�n examinada carecer�a de todo sentido y seriedad. La autoridad podr�a en la pr�ctica disponer suspensiones de la libertad personal en forma enteramente arbitraria, sin que los arrestos y detenciones ileg�timos pudieran ser declarados ilegales por los tribunales. Tal interpretaci�n no se condice con la normativa y los principios que inspiran a la Convenci�n y al derecho internacional de los derechos humanos, y no tiene otra justificaci�n que hacer prevalecer criterios autoritarios contrapuestos con el significado de dichos derechos. Debemos reiterar aqu� que de lo que se trata es de lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos, por lo cual deben rechazarse las interpretaciones que impiden la consecuci�n de dicho objetivo.\n17.- Otra disposici�n de la Convenci�n que corrobora lo expuesto, es el nro. 4 de su art�culo 7, seg�n el cual "Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detenci�n y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella". En consecuencia, la detenci�n debe ser fundada, correspondi�ndole, naturalmente, a la judicatura, la verificaci�n de esta circunstancia, esto es, el control de la legalidad sustancial de dicha privaci�n de libertad.\nEl Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos insiste, asimismo, en la necesidad de que todas las detenciones deben ser fundadas. As�, su art. 9 nro. 1, se�ala que "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podr� ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento de �sta". Como se observa, se alude tanto a la legalidad sustancial como a la formal (o procedimental) que debe tener la privaci�n de libertad para ser leg�tima. El necesario fundamento de las detenciones tambi�n se deduce del nro. 2 del art. 9 citado, que establece que "Toda persona detenida ser� informada, en el momento de su detenci�n, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusaci�n formulada contra ella". Esta disposici�n no se refiere s�lo a las detenciones judiciales, sino que tambi�n a las ordenadas por el poder ejecutivo en virtud de los estados de excepci�n. En efecto, a la situaci�n de "toda persona detenida o presa a causa de una infracci�n penal" se refiere el nro. 3 de dicho art. 9. Finalmente, el mismo art. 9, en su nro. 4, despu�s de haberse referido a las detenciones en general y a las de car�cter penal, seg�n se ha visto, dispone, para todas ellas, cualquiera que sea su causa, lo siguiente: "Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detenci�n o prisi�n tendr� derecho a recurrir a un tribunal, a fin de que �ste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisi�n y ordene su libertad si la prisi�n fuera ilegal". Como puede apreciarse, se establece, en t�rminos amplios, la protecci�n judicial de la libertad personal en contra de toda clase de detenciones. La alusi�n a "un tribunal" es gen�rica y no est� restringida a los de car�cter penal. El control de legalidad, por su parte, debe cubrir los aspectos no s�lo formales sino los sustantivos (racionalidad de la detenci�n), puesto que ellos, como se vi�, est�n expresamente considerados por el mismo art. 9, en sus nros. 1 y 2.\nPRINCIPIOS QUE REGULAN LOS ESTADOS DE EXCEPCI�N E INSPIRAN EL ESTADO DE DERECHO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS\n18.- c) Algunos de estos principios -tales como la indivisibilidad de los derechos humanos y la necesidad de la existencia de un recurso judicial efectivo para asegurar su vigencia real, mediante el cual el poder judicial cumpla su funci�n de poder del Estado en el sentido de salvaguardar los derechos de las personas, fiscalizando las medidas adoptadas por el gobierno en virtud de los estados de excepci�n -ya han sido aludidos precedentemente.\n19.- A continuaci�n nos referiremos brevemente a los principios enunciados que presentan importancia en cuanto corroboran la interpretaci�n que se ha venido realizando respecto de las normas de la Convenci�n sobre las cuales se solicita opini�n consultiva. Destacaremos especialmente los aspectos principales de dichos principios, referidos concretamente a la inadmisibilidad de la suspensi�n del recurso de h�beas corpus, como medio eficaz de protecci�n no s�lo de la vida e integridad corporal, sino que de la libertad personal, como asimismo al alcance amplio del control de legalidad que deben practicar los tribunales en caso de privaciones de libertad ordenadas en virtud de los estados de excepci�n.\n1. En primer lugar debe se�alarse que los estados de excepci�n o reg�menes de emergencia est�n sujetos a una minuciosa regulaci�n por parte de la normativa internacional y la legislaci�n interna de la mayor�a de los pa�ses, con el fin precisamente de evitar la arbitrariedad. Incluso la guerra, como se sabe, que representa el m�ximo de grado de conflicto social nacional e internacional, se encuentra asimismo, desde antiguo, sujeta a normas jur�dicas estrictas. No existen, pues, situaciones sociales que escapen a la reglamentaci�n del derecho.\nEn el caso de los estados de excepci�n en virtud de los cuales se autoriza la suspensi�n de los derechos humanos derogables, la reglamentaci�n jur�dica existe, y ella est� referida, entre otras materias, a su causal; a la proporcionalidad entre la gravedad de esta �ltima y las facultades concedidas a la autoridad y su duraci�n; al cumplimiento de las formalidades legales (atribuciones legales de los funcionarios que ordenan y ejecutan las medidas y otras de distinto car�cter seg�n el car�cter de estas �ltimas); y a la racionalidad, justificaci�n o razonabilidad de las medidas adoptadas. El recurso de h�beas corpus desempe�a un papel insustituible respecto de los dos �ltimos aspectos se�alados (cumplimiento de las formalidades legales y racionalidad de las medidas en el caso de que �stas consistan en la privaci�n de la libertad personal), toda vez que tales exigencias -claramente formuladas en la normativa internacional, y, concretamente, en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos- carecer�an de sentido si su cumplimiento no pudiera ser controlado por los tribunales.\nLos dem�s principios que se han aludido constituyen, en verdad, explicitaciones o consecuencias del que se acaba de mencionar, raz�n por la cual nos limitaremos a se�alarlos suscintamente, resaltando su vinculaci�n con la vigencia permanente, no susceptible de suspensi�n, del h�beas corpus.\n2. Varias de las caracter�sticas m�s relevantes del Estado de Derecho deben ser destacadas en relaci�n con el problema tratado. Concretamente, tres de ellas presentan relaci�n directa con este �ltimo.\nEn primer lugar, la separaci�n, divisi�n e independencia mutua entre los poderes del Estado. En esta distribuci�n de funciones estatales, corresponde, ahora, destacar la misi�n del poder judicial, en la que se expresa su autonom�a e independencia respecto de los otros poderes p�blicos, y, en particular, en lo que se refiere al poder ejecutivo, en un doble sentido: en cuanto la judicatura debe velar por el respeto aut�ntico de los derechos humanos, para lo cual es preciso que ejerza su funci�n fiscalizadora irrenunciable, mediante la cual practica el control de legalidad (formal y sustantiva) sobre los actos de la administraci�n.\nUna segunda caracter�stica que debe destacarse, como componente del Estado de Derecho, es el principio de la legalidad de la administraci�n, el cual exige, para que se cumpla efectivamente, del control jurisdiccional que compete realizar al poder judicial, y al cual ya nos hemos referido. S�lo insistiremos en la diferencia que existe entre la arbitrariedad -que en caso alguno puede ser tolerada- por el derecho, y a la cual dar�a lugar la suspensi�n del h�beas corpus, en cuanto se impedir�a la posibilidad de anular privaciones de libertad, formal o sustancialmente arbitrarias -y la discrecionalidad de las facultades que en ocasiones se conceden a las autoridades. Pero, como es sabido, por discrecionales que sean dichas facultades, ellas deben ejercerse de acuerdo con la ley, y est�n sujetas al correspondiente control de legalidad, incluido el examen de su racionalidad, esto es, si las facultades se han usado de acuerdo con los fines para los que fueron otorgados, o en contradicci�n o al margen de ellos, caso en el cual existe un abuso o desviaci�n de poder -incompatible con un Estado de Derecho- que corresponde precisamente al poder judicial rectificar.\nUna tercera caracter�stica del Estado de Derecho que nos limitaremos a consignar, y que tambi�n es relevante en relaci�n con el problema examinado, se refiere al respeto y vigencia efectiva y real de los derechos humanos. No basta su consagraci�n formal. De ah� que la normativa internacional insista en la necesidad de un recurso efectivo para proteger eficazmente dichos derechos y que, en lo que respecta a la libertad personal, la preocupaci�n de esas normas sea a�n mayor, seg�n se ha visto. La suspensi�n del h�beas corpus contradice esta fundamental caracter�stica del Estado de Derecho, que es justamente la que le da sustancia. En este sentido, ya se ha destacado que resulta indispensable incorporar al control de legalidad que debe hacer la judicatura, el examen de la racionalidad de las privaciones de libertad, puesto de esa es la �nica forma de asegurar la vigencia efectiva de la libertad personal y de los otros derechos susceptibles de ser protegidos mediante le recurso de h�beas corpus.\n3. Una nota distintiva -quiz� la de mayor importancia en lo que dice relaci�n especialmente con los derechos civiles y las libertades p�blicas- de la actual concepci�n de los derechos humanos, desde su Declaraci�n Universal en adelante, se refiere al car�cter que tienen tales derechos en cuanto constituyen un l�mite a la soberan�a y poder del Estado. Pues bien, para que ello realmente sea as�, es preciso asegurar, mediante recursos efectivos, la vigencia concreta de los derechos humanos, que es lo que en definitiva se busca con su consagraci�n y las normas destinadas a su protecci�n. La suspensi�n del h�beas corpus carece de toda justificaci�n, dentro de esta perspectiva, y contradice los fundamentos centrales y los objetivos m�s manifiestos perseguidos con la declaraci�n de dichos derechos.\n4. Otro principio jur�dico de car�cter general, pero que cobra relieve especial en la materia que nos ocupa, se refiere a que mientras mayores son las facultades concebidas a la autoridad, mayores deben ser tambi�n los controles establecidos para la fiscalizaci�n de su uso adecuado. Esto porque la experiencia real hist�rica indica que el incremento del poder tiende al abuso. Si se quiere evitar el abuso o la desviaci�n del poder, debe reconocerse a los tribunales las facultades necesarias para impedirlos o rectificarlos, restableciendo as� el imperio del derecho y facilitando a todos el disfrute de sus derechos fundamentales. En un Estado de Derecho, no cabe suponer que las atribuciones extraordinarias concedidas al poder ejecutivo durante los estados de excepci�n, puedan ser ejercidas arbitrariamente o en beneficio de los gobernantes, puesto que la declaraci�n de los reg�menes de emergencia obedece a la necesidad, en definitiva, de proteger los derechos humanos de todos, haciendo posible su ejercicio real. No se establecen, desde luego, para favorecer el logro de intereses particulares de la autoridad, sino que para proteger los intereses colectivos, los cuales no deben ser concebidos abstractamente, sino que referidos a las condiciones que posibilitan el goce por parte de la poblaci�n de sus derechos humanos.\n5. En relaci�n con "lo excepcional" que tienen los reg�menes de emergencia o estados de excepci�n, conviene subrayar que este car�cter se refiere s�lo al hecho que determinados derechos pueden suspenderse o restringirse mediante su declaraci�n. La excepcionalidad no se refiere, pues, al modo de empleo por parte de la autoridad de las facultades extraordinarias que se le confieren. Siempre, en toda circunstancia, el uso de tales atribuciones debe hacerse en conformidad con el derecho. En ese sentido, siguen rigiendo las normas y los principios generales.\n6. Al respecto es pertinente la distinci�n que a veces se hace entre derechos y garant�as constitucionales, referidas estas �ltimas a los recursos judiciales para asegurar su protecci�n. En este sentido, lo que puede suspenderse es el ejercicio del derecho, pero no su garant�a judicial, puesto que la referida suspensi�n, en los casos en que est� autorizada, debe realizarse como se ha dicho, en conformidad con la ley y la �nica forma de ejercer el correspondiente control de legalidad es a trav�s de los recursos judiciales respectivos.\nSantiago de Chile, 10 de enero de 1987.\nComentarios Adicionales de Americas Watch\nCon fundamento en las exposiciones de los profesores Eugenio Ra�l Zaffaroni y Jorge Mera, Americas Watch se permite sugerir a la Excma. Corte que se pronuncie en esta Opini�n Consultiva en el siguiente sentido:\nI.Los estados de excepci�n son una realidad en el ordenamiento positivo de todos los pa�ses, as� como en los instrumentos internacionales m�s avanzados en materia de derechos humanos. La suspensi�n temporaria de derechos y garant�as es leg�tima en una situaci�n de emergencia, siempre que se trate de un grave da�o o peligro para la estabilidad de las instituciones, que la suspensi�n no exceda el marco de los derechos y garant�as que pueden ser suspendidos en tales circunstancias, y que las atribuciones extraordinarias as� conferidas al estado se ejerzan s�lo dentro de lo que razonablemente es necesario para conjurar el peligro.\nII.El recurso de h�beas corpus, de amparo o de exhibici�n personal es una de las garant�as judiciales cuya vigencia no puede ser suspendida durante el estado de emergencia, y como tal est� incluido en la cl�usula final del Articulo 27, inciso 2 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos.\nIII.Durante el estado de emergencia no puede suspenderse la acci�n o recurso de h�beas corpus, ni es leg�timo que los tribunales rechacen tales peticiones in limine invocando la vigencia del estado de emergencia, de sitio o alguna otra forma de suspensi�n de garant�as.\nIV.Durante el estado de emergencia, el recurso de h�beas corpus conserva plena vigencia como medio judicial para determinar el paradero de una persona detenida, para establecer la identidad de la autoridad que orden� su detenci�n y en base a qu� fundamento legal. Esto es as� porque el recurso de h�beas corpus es la garant�a judicial para el ejercicio del derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica (Art�culo 3 de la Convenci�n) que no puede suspenderse ni a�n durante el estado de excepci�n.\nV.Del mismo modo, el recurso de h�beas corpus conserva su plena vigencia como medio para proteger al detenido contra una posible ejecuci�n extrajudicial, contra la aplicaci�n de tormentos o apremios ilegales y para garantizar su buena salud, ya que los derechos a la vida y a la integridad f�sica de la persona tampoco pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia (Art�culo 4, 5 y 27 inciso 2).\nVI.En uso de las atribuciones judiciales precedentemente se�aladas, los tribunales conservan, durante el estado de excepci�n, la facultad de requerir informes del poder administrador y de inspeccionar lugares de detenci�n de todo tipo, sin que a ello obste el hecho de estar en vigencia un estado de suspensi�n de garant�as.\nVII.El recurso de h�beas corpus no es el medio id�neo para examinar la legalidad de la declaraci�n misma del estado de excepci�n, ya que ello involucrar�a al poder judicial en la dilucidaci�n de "cuestiones pol�ticas", es decir aquellas que los ordenamientos constitucionales atribuyen con car�cter exclusivo a otros poderes del estado. Sin embargo, el recurso de h�beas corpus s� puede usarse para analizar la legalidad de las medidas concretas tomadas por el poder administrador en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el estado de excepci�n.\nVIII.Durante el estado de emergencia es l�cito, conforme a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, detener preventivamente a las personas, cuando la situaci�n es de tal desusada gravedad que otras medidas menos restrictivas de los derechos humanos resulten insuficientes para la protecci�n del orden constitucional. Las autoridades no est�n obligadas a someter a juicio en forma inmediata a las personas detenidas en tales circunstancias. Para proceder a estas detenciones, las autoridades no necesitan disponer de pruebas suficientes para iniciar acciones penales, pero s� deben tener justificaci�n suficiente para que la detenci�n as� ordenada pueda considerarse "razonable" dadas las circunstancias del caso.\nSin embargo, esta facultad extraordinaria de detener a las personas es un poder discrecional del estado que no puede ser ejercido arbitrariamente. Es il�cito a�n durante el estado de excepci�n, por ejemplo, imponer condenas sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, como as� tambi�n ordenar arrestos en forma discriminatoria por raz�n de raza, religi�n, color, sexo, idioma u origen social (Art�culos 9 y 27 inciso 1 "in fine" e inciso 2).\nIX. Como el principio de legalidad (Art�culo 9) es uno de los que no pueden ser suspendidos, los jueces conservan, durante la emergencia, la facultad y la obligaci�n de examinar �rdenes individuales de detenci�n para asegurar que constituyan ejercicios razonables de las atribuciones extraordinarias. Esta funci�n judicial se ejerce a trav�s del recurso de h�beas corpus.\nX. Las detenciones en virtud del estado de sitio o de emergencia, como todo acto comprendido en la esfera discrecional del poder administrador, se hallan sometidas al control de razonabilidad por parte del poder judicial, a efectos de evitar la arbitrariedad. La razonabilidad de tales medidas depende de su adecuaci�n, en el caso concreto, a las causas y necesidades que dieron origen al estado de excepci�n.\nXI. En este sentido, incumbe al poder administrador someter a los tribunales de justicia, en el contexto del de h�beas corpus, las razones concretas y espec�ficas que hayan determinado la aplicaci�n de la medida restrictiva de la libertad a la persona objeto del recurso, y su conexidad con la situaci�n de peligro para las instituciones.\nXII. Los tribunales deben analizar tales razones con deferencia a la necesidad de la confidencialidad si fuera necesario. Sin embargo, no puede ser suficiente invocar razones gen�ricas de "peligro para la paz y seguridad de la Naci�n" o f�rmulas similares. Cuanto m�s se prolongue en el tiempo la medida restrictiva de libertad, mayor debe ser el nivel de conexidad concreta con la situaci�n de peligro que los jueces exijan. De esta manera se evitar� que, so pretexto de los estados de excepci�n, se mantenga a las personas en detenci�n rigurosa durante per�odos tan largos que constituyan sanciones penales en la comisi�n de delitos y sin proceso.\nAgradecemos a V.E. la atenci�n que les merezcan las consideraciones precedentes.\n(f)Tom J. Farer (f)Juan Ernesto M�ndez\n739 8th. Street, S.E.\nTel�fono: (202) 546-9336


PASO 5: APRENDE A PRESENTAR EL NEGOCIO DE FORMA SENCILLA – AcademiaLR.com Equipo de Socios Independientes de LR Health & Beauty España\nPASO 5: APRENDE A PRESENTAR EL NEGOCIO DE FORMA SENCILLA\nEn primer lugar Descarga e imprime este documento CLAVE\npara practicar y aprender la presentación de negocio:\nPRESENTACIÓN DE NEGOCIO SENCILLA Y EFECTIVA\nSi ya has invitado a una persona a conocer la oportunidad de Negocio y tienes una cita, o si una persona de tu equipo te ha organizado una cita para que expliques la oportunidad de negocio tienes que estar bien preparad@ para tener las mayores probabilidades de éxito.\nPara ayudarte hemos creado una presentación sencilla, directa y que funciona muy bien. Pero lo más importante es que se aprende muy fácilmente, de modo que podrás enseñarlo a tus socios.\nHacerlo te hará alcanzar la duplicación. Te animamos a ensayarla, y seguir este patrón. Esta presentación es muy útil y efectiva, pues hace que tu interlocutor se de cuenta de que el negocio es realmente sencillo y que está a su alcance el poder explicarlo igual que tú.\nEs simple, sencillo y duplicable. El patrón podemos dividirlo en 5 pasos.\n1) Conecta con la persona. Con sinceridad y empatía. Habla de ti, tu historia personal, por qué llegaste a este negocio y cómo ha mejorado tu vida y tu futuro económico. Genera confianza, pero sobre todo escúchale para saber que necesita y descubre sus expectativas con el negocio.\n2) Presenta la Compañía como el medio con el que lograr los ingresos y calidad de vida que desea.\nHaz las preguntas clave que te indicamos y explica los motivos por los que el modelo de negocio es de éxito.\n3) Muestra las 3 razones por las conectarse con LR\n4) Muestra los beneficios que tiene a su alcance y como lograrlos.\n5) Muestra la visión de futuro que tenemos al desarrollar LR en este momento en España.\nA una cita simplemente puedes llevar el catálogo general y de ofertas del mes, el plan de marketing, presentación de empras un Bloc y Bolígrafo. Es bueno también que lleves algunos productos para mostrar al final, aunque no es imprescindible.\nComo has visto en el guión en el que basamos la presentación hay diferentes colores.\nLas frases claves están en color verde para que no se te olviden.\nEn color gris puedes ver lo que puedes comentar y en color naranja lo que debes anotar.\nFRASES CLAVE / COMENTAR / ANOTAR\nRecuerda que debes enseñar a tu equipo a presentar el negocio para duplicar bien estos pasos. Te animamos a que comiences cuanto antes a practicarlo y ensayar.\nEs imprescindible adquirir soltura en este aspecto tan importante. Si lo haces estarás preparad@ para duplicar tu negocio y formar a tus nuevos socios en este aspecto clave para su éxito y el tuyo.\nSi ya sabes como presentar el negocio siguiendo la presentación sencilla ve a por el siguiente paso\nMaterial Complementario al Paso 5\nEntrenamiento en la Presentación Sencilla y Efectiva:


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Semana Rural | Soy campesino, a mucho honor\nSoy campesino, a mucho honor\nEn Colombia los campesinos y campesinas tuvieron que afrontar todos los rigores del conflicto armado. Discriminados, marginados y violentados en sus derechos han luchado por el reconocimiento de su identidad. Los frutos por fin empiezan a cosecharse.\nHoy, las nuevas generaciones de hombres y mujeres del campo saben muy bien que el reconocimiento de sus derechos es un primer paso para dignificarlos y avanzar en la disminución de las brechas rurales-urbanas.\nUno de estos campesinos orgullosos de su herencia es Sergio Muñoz, quien desde los 15 años trabaja por la dignidad de la población rural. Actualmente, desde la Coordinación Nacional de Jóvenes de la Asociación de Usuarios Campesinos incidió para que en la Política de Juventud de Cundinamarca se incluyera la línea LGTBI campesina, así como la mirada del campesinado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.\nGinna Jiménez es otra joven campesina digna de admiración. También a los 15 años empezó su trabajo de liderazgo con la creación de Comproagro, plataforma digital que permite a los campesinos ofrecer y vender sus productos sin intermediarios. A la fecha el medio cuenta con 26 mil usuarios y su meta es llegar al mercado internacional.\nDetrás de ellos hay una generación de campesinos que tienen varios soles a sus espaldas. Con la experiencia de los años, Misael Payares, Premio Nacional de Paz 2013, reflexiona sobre la labor más honorable que existe: la del hombre que cultiva el alimento que llega a la mesa de poderosos y humildes. Lección que nos da al resignificar el popular dicho ‘usted no sabe quién soy yo’ en un video que hace parte de la campaña Sabiduría Popular.\nY es que el campesino es ese hombre y esa mujer que logran sacarle frutos a la tierra para alimentar el cuerpo y el alma, para traer la paz a la mesa y darle identidad a nuestro país. Identidad campesina, a mucho honor.\nPaula Gaviria, directora Fundación Compaz.


Un pepenador protagonizó otro suicidio más el domingo por la tarde, en un terreno baldío ubicado en el fraccionamiento Real de Haciendas.\nEl suicida no había sido identificado y se informó que se trata de una persona del sexo masculino de entre 30 y 35 años, que vestía una bermuda color blanco y una playera tipo polo color rosa.\nEl hallazgo se realizó poco antes de las 14:00 horas, sobre avenida El Riego y esquina con avenida Poliducto, justo atrás de la tienda Bodega Aurrerá Exprés.\nUnas personas que pretendieron cruzar por un camino de terracería, se percataron que junto a una casa abandonada y construida en obra negra, se encontraba un individuo aparentemente sentado.\nAl momento de pasar frente a ese lugar, descubrieron que tenía un lazo alrededor del cuello y el otro extremo amarrado al tronco de un árbol, por lo que al presumir que se trataba de un suicidio de inmediato lo reportaron a los servicios de emergencias.\nAl lugar del hallazgo arribaron policías preventivos del Destacamento “Terán Sur” y la ambulancia UE-12 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, cuyos paramédicos confirmaron la muerte del desconocido.\nMás tarde, acudieron a realizar las diligencias correspondientes los agentes del Grupo Homicidios de la PME, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.\nHabitantes de la zona señalaron que no conocían al hombre que se suicidó, aunque lo habían visto recolectando material reciclable en los contenedores de basura.


Diario La Verdad - La pizza de purpurina prende las redes sociales\n¿Se debe abrir la botella de vino más antigua del mundo?\nHistoria de Fin de Semana Y usted, ¿hace lo que le gusta?\nLópez Obrador desea suerte al 'Canelo'\nLa pizza de purpurina prende las redes sociales\nPor: Redacción/LA VERDAD\t13 de julio de 2018\nPublicado en Memes\nLeído 261 veces\nCarbonara, barbacoa, hawaiana, verduras...¿Cansado de la pizza de toda la vida? Pues entonces deberías coger un avión y llegar a Santa Mónica (California) para degustar en este restaurante el plato que les ha llevado al estrellato: la pizza de purpurina.\nEn Dag Woods, decidieron reinventar uno de los platos más típicos de su carta para darle un toque colorido y de fantasía que se hiciese viral en las redes sociales., la MagicalAF.\nLa receta es mucho más sencilla de lo que parece, y puedes reproducirla tú mismo en casa. Simplemente se trata de una base de pizza margarita a la que le añaden purpurina comestible para darle ese toque que ha conquistado a todos los que visitan su local.\nEn un principio, esta pizza había sido creada como un plato de edición limitada, pero ha tenido tanto éxito que volvieron a relanzarla para sus clientes. Pero al tener tanta difusión en las redes sociales, han tenido que colgar el cartel de 'sold out'.\n¿Pastel relleno de billetes?: Necesitas uno en tu próximo cumpleaños\tAsí reaccionan en redes por temblor de este jueves 19