Fútbol femenino: el año que pateamos la pelota para llegar al Mundial de Francia - Infobae\n"Queremos tener el mismo derecho de correr atrás de una pelota con toda el alma". Así pensaban cada vez que un hombre dudaba de su sexualidad o las tildaba de "machonas" o "carlitos" sólo por verlas gambetear, reclamar un off side o patear un tiro libre.\nEllas, que recibían el grito de "¡Maradona!" cada vez que salían a la calle con una minifalda y dejaban al descubierto los músculos hipertrabajados de sus piernas, nunca se creyeron eso de que el fútbol es cosa de hombres.\n"La pasión no tiene género", dice Lucila Sandoval (48), exjugadora de la Selección argentina de fútbol femenino y fundadora de la organización Pioneras del fútbol femenino, que reúne a jugadoras de los años '50 a los '90 (esto es así porque en esos años se dio la era previa a la AFA).\nY agrega: "Los que estaban convencidos eran ellos, no nosotras". Así fue como tuvieron que ir abriendo su propio camino, paralelo al fútbol aceptado y bien visto. En esos campos baldíos que lindaban con torneos organizados, referís y reglamentos, empezó a nacer el fútbol femenino. "En el potrero", cuenta Sandoval. Hoy, ya retirada, trabaja para rescatar la historia y ve con orgullo los frutos del esfuerzo de su generación.\n"La ebullición y revolución feminista que pelea por reivindicar los derechos en distintos espacios, se traslada también a las canchas. Hoy el fútbol femenino es un deporte que juegan las ricas y las pobres, y cuando algo atraviesa todas las clases sociales deja de ser una moda", explica la periodista deportiva y futbolista amateur Ayelén Pujol, que este año publicará un libro sobre el tema en la editorial Paidós.\nY agrega: "Nos quisieron mantener afuera de algo que forma parte del ADN de nuestra cultura. El fútbol aparece como el último bastión de resistencia machista".\nEs que este equipo integrado por Estefanía Banini (la "Messi"), Soledad Jaimes, Belén Potassa, Micaela Cabrera y Aldana Cometti tuvo poco apoyo por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).\n"Sueño con una AFA donde podamos hacer actividades recreativas, relacionarnos con los del fútbol masculino y que sea nuestra casa", dice Estefanía Banini, la capitana del equipo, que juega al fútbol a nivel profesional en el Levante de Valencia. Y agrega: "El problema es la falta de apoyo e interés de empresas, sponsors, y la mala organización de la federación. Una jugadora que no puede hacer esto profesionalmente no descansa bien, no se puede cuidar de la misma manera… Necesitamos una liga, un esquema y dinero para que haya un buen proyecto a largo plazo, porque el fútbol femenino necesita tiempo".\nLADO B. La pelota es cosa de mujeres desde la década del '20, o quizás desde antes, pero los primeros registros datan de aquel momento. Después los hay en el '40 y en el '50.\nEn la década del '60 empezaron los primeros torneos interbarriales (se armaban en zona oeste, sur y norte y competían entre sí).\n"La camiseta que les había dado la organización no sirvió más después del primer lavado. También les regalaron los primeros botines de sus vidas, ya que hasta ese momento habían usado las zapatillas Flecha", cuenta Ayelén Pujol. Quince años antes y en el mismo estadio en el que se dio la maravillosa jugada de Diego Maradona que consagró a "la mano de Dios", ese equipo logró una gran hazaña: le ganó a Inglaterra 4 a 1.\n"Ese partido glorioso fue protagonizado por mujeres y tapado para la historia que conocemos, no hay registros ni fotos", señala Pujol. Hasta ese momento las chicas jugaban un torneo paralelo llamado Femi Gol, creado por Nani Antuna, presidenta de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. Recién en el año '88 la AFA se fijó en ellas por primera vez.\nEste año, Inglaterra forma parte del Grupo D, el mismo que Argentina, y los equipos se volverán a encontrar 48 años después. "Al grupo lo veo bien, disfrutamos mucho y estamos muy ilusionadas, pero corremos con desventaja respecto a países que tienen mucha preparación", dice Banini. ¿Éste es el año del fútbol femenino? Podría decirse que hasta ahora es por lo menos el más visible. Las chicas seguirán contando su propia historia y el tiempo dirá.\nfrancia 2019 fútbol Fútbol femenino mujeres Mundial de Francia 2019 mundial de futbol femenino Revista Para Ti Selección Argentina


¿Qué pastilla de COVID-19 es la mejor compra?\nLas píldoras de COVID-19 van a ser un gran problema. Aunque los profesionales de la salud aún no están muy seguros de cómo se usarán estos medicamentos, Wall Street ya espera Merck 's(Bolsa de Nueva York: MRK)y el medicamento antiviral oral molnupiravir de Ridgeback Biotherapeutics, que producido resultados estelares de última etapa la semana pasada, para generar ventas superiores a $ 5 mil millones. Sin embargo, ese pronóstico de ingresos puede ser drásticamente demasiado bajo. Hay decenas de personas en los EE. UU. Que probablemente preferirían un medicamento oral en comparación con una vacuna, y las píldoras se pueden fabricar y luego enviar a todo el mundo con mucha más facilidad que la mayoría de las vacunas.\n¿Qué otras empresas están desarrollando una píldora antiviral COVID-19 oral? Atea Pharmaceuticals (NASDAQ: AVIR)está trabajando con Roche en una píldora que trataría a las personas con infecciones activas por COVID-19, además de servir como medida preventiva para las personas expuestas al virus. Este medicamento, conocido como AT-527, está programado para producir datos de primera línea en los próximos meses.\nPfizer (Bolsa de Nueva York: PFE), por otro lado, está desarrollando tanto un medicamento antiviral infundido por vía intravenosa como una píldora administrada por vía oral. Actualmente, Pfizer tiene tres ensayos de fase 2/3 en curso para evaluar el candidato antiviral administrado por vía oral llamado PF-07321332 .\n¿Cuáles de estos fabricantes de píldoras COVID-19 deberían considerar comprar los inversores? Analicemos los pros y los contras de poseer cada una de estas acciones farmacéuticas.\nMerck: crecimiento, ingresos y valor\nMerck ha agregado más de $ 20 mil millones en capitalización de mercado desde que reportó los datos de primera línea de molnupiravir hace menos de cinco días. Aun así, las acciones de las grandes farmacéuticas aún pueden estar infravaloradas. Gracias a su fármaco contra el cáncer más vendido, Keytruda, y ahora esta importante incursión en COVID-19 con molnupiravir, las acciones de Merck podrían cotizar a menos de 3,5 veces las ventas de 2022. Esa no es una valoración escandalosamente baja, pero tampoco es una valoración que grite 'sobrevalorada'. Después de todo, hay un exceso de acciones de atención médica que pagan dividendos, que tienen una relación precio-ventas prospectiva de más de cinco.\nAdemás, Merck ofrece a los inversores un programa de recompensas para accionistas de primer nivel. En la actualidad, el gigante de la salud rinde un dividendo anualizado del 3,2%, que es aproximadamente el promedio dentro de su gran grupo de pares farmacéuticos. En mayo pasado, la compañía también reinició su programa de recompra de acciones, que anteriormente estaba suspendido debido al COVID-19. Durante su último informe trimestral, Merck señaló que le quedaban aproximadamente $ 5.6 mil millones bajo su programa de autorización de recompra.\n¿Cuál es la desventaja? Si bien esta acción farmacéutica de primera línea probablemente seguirá funcionando bien en 2022 y más allá, la mala noticia es que sus acciones ya han subido bastante en el catalizador de molnupiravir. El medicamento aún no está aprobado y el mercado ya ha recompensado ampliamente a Merck por este resultado alentador. En otras palabras, este stock farmacéutico superior no se presenta como el mejor stock de píldoras COVID-19 puro, al menos ya no.\nPfizer: Recuperando el terreno perdido\nPfizer y socio BioNTech probablemente venderá cerca de $ 33 mil millones en vacunas COVID-19 este año. Si bien es un número impresionante, representa una amenaza significativa para las perspectivas a corto plazo de Pfizer. En efecto, es casi seguro que Pfizer verá una gran parte de esas ventas de vacunas evaporarse durante los próximos 24 meses. Además, el fabricante de medicamentos no tiene nada más en su cartera, tal vez fuera de estos medicamentos antivirales COVID-19, que realmente pueda compensar potencialmente decenas de miles de millones en ingresos perdidos.\n¿Qué ofrece Pfizer a los inversores además de las monstruosas perspectivas de PF-07321332? Al igual que Merck, Pfizer es apreciada por sus extraordinarias recompensas para los accionistas. La empresa paga un dividendo anualizado del 3,68%, que es ligeramente superior al promedio de una acción farmacéutica de gran capitalización. Es más, la farmacéutica espera gastar más de $ 5 mil millones en recompras de acciones bajo su programa actual.\n¿Es Pfizer la acción adecuada para este tema de inversión centrado en las píldoras? Pfizer tiene la habilidad de desarrollar nuevos medicamentos importantes en un tiempo récord. Ese hecho es un buen augurio para la línea de píldoras orales COVID-19 de la compañía. Desafortunadamente, no está del todo claro cuánto tiempo más tiene Pfizer antes de tener que lidiar con el abismo de ventas de vacunas. Por lo tanto, incluso con una píldora de COVID-19 de gran éxito en el mercado, el fabricante de medicamentos aún puede ver que su línea superior se mueve en la dirección incorrecta en 2022 y más allá. Por lo tanto, es poco probable que las acciones de Pfizer obtengan un gran impulso de los resultados positivos de las pruebas en el espacio oral COVID-19.\nAtea: arriesgado, pero una potencial joya escondida\nAtea y Roche se apresuran a conseguir su pastilla oral COVID-19, AT-527 , comercializar lo antes posible. Tal como están las cosas ahora, el AT-527 de Atea y Roche puede ser el segundo o quizás el tercer medicamento oral en el mercado.\nEl principal punto de venta para los inversores es que este medicamento debería generar fácilmente cientos de millones en ventas (si no miles de millones), incluso como una tercera opción en mercados clave como Estados Unidos. Las acciones de Atea, a su vez, probablemente se dispararían con un resultado de prueba positivo en la última etapa del AT-527. Subrayando este punto, la capitalización de mercado de la compañía está actualmente por debajo de los $ 4 mil millones. Varios cientos de millones en ventas anuales cambiarían las reglas del juego para esta biotecnología.\n¿Cuál es el riesgo potencial? Atea es una biotecnología en etapa clínica con productos que no generan ingresos. Además, AT-527 no tiene garantizado un resultado positivo en ninguno de sus ensayos en curso. Lo que todo esto significa es que las acciones de Atea probablemente se desmoronarían con los datos negativos del ensayo para AT-527, o si los datos no parecen compararse bien con los de la medicación rival de Merck.\nEntonces, si está buscando el vehículo con el mas alto potencial al alza de un medicamento oral COVID-19, la acción de Atea es probablemente su mejor opción. Dicho esto, esta biotecnología de pequeña capitalización también es mucho más riesgosa que las farmacéuticas bien establecidas como Merck y Pfizer, que ofrecen programas considerables de recompra de acciones, pagos regulares de dividendos y proyectos completos de productos aprobados para sus accionistas.


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama "con urgencia" refuerzos de personal para atender a pacientes de Covid-19 en el hospital Doctor Peset de València.\nEl sindicato avisa, en un comunicado, de que los profesionales están "desbordados en plantas como la tercera, destinada a personas con esta patología, o la cuarta, que tiene las alas primera y segunda también con enfermos por coronavirus".\nCSIF asegura que, además de personal, "escasea también el material". Comenta como ejemplo que en el ala primera de la tercera planta "únicamente hay dos enfermeras para atender a 34 pacientes en el turno de noche".\n"Además de preparar y repartir la medicación, medir las constantes y realizar un control exhaustivo de esos pacientes ingresados, han tenido que llevar a cabo casi una treintena de analíticas, gasometrías o sondajes en su jornada. En ese turno han llegado a disponer de tres profesionales de enfermería y ahora, en plena tercera ola de la pandemia, cuentan solamente con dos", según este sindicato.\nAñades desde la organización sindical que estas profesionales "van desbordadas, vestidas con los equipos de protección individual durante horas sin poder parar y se encuentran, también, con falta de material básico como lancetas o goteros que les impiden desarrollar su labor con los medios necesarios".\nCSIF apunta que la situación de falta de personal "se reproduce en otras plantas, como la cuarta, donde en el ala primera solamente cuentan con dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para atender de la habitación 402 a la 418, en las que se hallan ingresados 17 pacientes encamados, que no se pueden mover y necesitan atención constante, además del acompañamiento emocional en la situación de soledad y enfermedad que sufren".\nLa central sindical advierte del "desgaste físico y emocional de los profesionales, una situación que se agrava ante el incremento de pacientes y la escasez de medios personales y materiales". El sindicato reclama por ello "refuerzos urgentes y lamenta, en este sentido, la rescisión de contratos el 31 de diciembre que provocó la pérdida de plazas de profesionales de la sanidad".


Paraguay tiene sed de fibra óptica | TeleSemana.com\nParaguay tiene sed de fibra óptica\nDesde hace unos años para acá Paraguay viene dejando atrás, con mucho esfuerzo, un escenario de importante atraso en lo referente a todos los servicios de telecomunicaciones. Incluso dentro de América Latina, región que no se caracteriza precisamente por estar a la vanguardia de las telecomunicaciones, el país se mostraba entre el pelotón de los mercados rezagados, muy por detrás de algunos como Argentina, Brasil y Chile. Uno de los motivos que impiden a Paraguay seguir el ritmo de evolución de telecomunicaciones que muestran otros países latinoamericanos es la falta de un backhaul de fibra óptica amplio y extendido en todo el país; y a su vez, acceso a la fibra óptica internacional, algo que su posición geográfica dificulta.\nY es justamente esto lo que reclamó el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Seall Sasiain, ante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que se celebra en Guadalajara, México, del 4 al 22 de octubre. Lo que busca el número uno del regulador local es que la UIT apoye en forma especial a los países mediterráneos para que puedan acceder a la fibra óptica internacional en forma directa o preferencial. Es sabido que aquellas naciones sin salida al mar presentan mayores complicaciones a la hora de conectarse a las diferentes redes de cable submarino internacional, con los sabidos problemas de costos y retraso que esto acarrea. En Sudamérica, los grandes exponentes de esta problemática son el propio Paraguay y Bolivia.\nDurante su presentación en la Conferencia, Seall destacó el avance de los servicios de telefonía celular en Paraguay, y aseguró que el servicio cuenta con una penetración de alrededor del 95 por ciento, con una cobertura territorial del 60 por ciento. Los números son importantes si se tiene en cuenta que se trata de un país con índices de pobreza que rondan el 35 por ciento de la población. Según indicó el ejecutivo, los avances en algunos sectores de las telecomunicaciones “no se han debido sólo a las decisiones adoptadas por la entidad reguladora, sino también a la gestión de empresas y profesionales nacionales y extranjeros, que conjuntamente invierten y compiten en igualdad de condiciones en el mercado paraguayo”.\nNo obstante, la falta de fibra óptica es una barrera que se sigue interponiendo frente al avance del mercado, situación que no sólo preocupa al organismo regulador. El operador estatal Copaco también viene bregando por superar este escollo. En junio de este año el presidente de la compañía, Mario Esquivel, anunció que se estaba analizando la aprobación de un proyecto de cableado de fibra óptica en el país, pero no hubo más novedades al respecto. Según conclusiones del propio Esquivel, una red de fibra óptica en Paraguay permitiría multiplicar la velocidad de los accesos ocho veces y reducir notablemente los costos en toda la cadena de negocio, sobre todo para el usuario final. En aquella oportunidad, el presidente de Copaco mencionó que los usuarios abonaban unos 19 dólares por una velocidad de 256 Kbps y que con el nuevo cableado, por ese mismo monto el cliente obtendría 2 Mbps.\nLo cierto es que actualmente Paraguay no posee acceso directo a los cables submarinos que bordean las costas de los océanos Atlántico y Pacífico, y con el proyecto que tiene a Copaco como uno de los principales impulsores, podría cambiar radicalmente la situación. El circuito del nuevo tendido de fibra comenzaría en Miami (Estados Unidos) y bajaría por el Océano Atlántico hasta Buenos Aires (Argentina) para desde allí subir hasta Paraguay, atravesar Bolivia, salir al Océano Pacífico a través de Chile y volver a subir hasta Estados Unidos.\nEn algunos sectores se habla de que el proyecto tendría inicio a mediados de 2011 y concluiría dos años después. De concretarse este tendido, que sería financiado por distintas empresas presentes en los respectivos países donde pasaría el cableado, otro de los grandes beneficiarios sería Bolivia, nación que tampoco tiene salida al mar. Allí sería la telefónica estatal Entel quien asumiría la inversión para que Bolivia cuente con un nodo conectado a la red y las ventajas serían las mismas que obtendría Paraguay, pero por el momento, este proyecto parece estar aún en borrador.


07 Oct Corrección esperada en Europa\nJornada de ligero descenso que cabía esperarse tras el impresionante movimiento de vuelta vivido Wall Street en la previa.\n07 Oct Mejora el IBEX, se prepara Acerinox\nSituación de trading: Buenas sensaciones en el IBEX35 en línea con lo que hemos comentado a nivel análisis el fin de semana en El Confidencial y el lunes en la web de Blackbird Bank. Apoyando esto, el patrón de cabeza y hombros invertido que puede confirmar...\n06 Oct Los bancos europeos colaboran\nPosted at 17:31h in Notas de Análisis by Blackbird 0 Comments\nFuerte movimiento comprador para los bancos, que catapultaron al IBEX35.\n06 Oct Estrategia operativa\n06 Oct BNP, o la fuerza dentro del desastre\nSituación de trading: El banco francés es un rara avis dentro de la banca europea. Está realmente lejos de los mínimos de antiguas convulsiones mientras otras entidades europeas los presionan o incluso se mueven por debajo de éstas en gráficos ajustados por dividendo y ampliación. Un...\n05 Oct Sigue muy raro lo de Nueva York\nSesión de ganancias sensibles y generales, en medio de un muy bajo volumen de negocio.\n05 Oct Europa necesita otro pasito\nBuen arranque, con figura de vuelta para el Stoxx600 total return y para el IBEX35 sobre zona clave en corto/medio plazo.\n05 Oct Visión general del euro/dólar\nRecuperación para el par que plante un escenario alternativo al de un techo de cabeza y hombros. La vela mensual no esconde el peligro.\n05 Oct Grifols, o la dureza del largo plazo\nPosted at 06:44h in Análisis destacados by Blackbird 0 Comments\nSituación de trading: Por impresionante que pueda parecer, el movimiento de Grifols no desafía esencialmente nada en su lógica intrínseca. Sorprendente por el estado de los activos de su sector, el comportamiento no deja de ser un movimiento de techo a suelo de canal alcista principal;...


ownmobility archivos - OK Mobility Group\nPublicado el 15 febrero, 2021 18 febrero, 2021\nPresentamos OK Mobility, la solución a la movilidad global\nNuestros más de 15 años de trayectoria, donde el conocimiento adquirido, las experiencias vividas y las decisiones adoptadas a lo largo de este tiempo, culminan hoy con el nacimiento de esta nueva marca.\nDe esta manera, ofreceremos soluciones de movilidad a través de los conceptos #bemobility y #ownmobility. En #bemobility, se incluyen las soluciones centradas tanto en el alquiler como en el renting flexible. Productos que abarcan un amplio catálogo de servicios: el alquiler de vehículos eléctricos de última generación, servicios de movilidad personal, el renting flexible para empresas, el alquiler vacacional o el alquiler de los modelos más premium del mercado.\nPor su parte, con #ownmobility pondremos al servicio de particulares y empresas nuestros diferentes métodos de compra disponibles, con una clara vocación por el canal online para todo el proceso.\nAmbas propuestas de valor estarán disponibles en el nuevo portal online okmobility.com que será el centro de todo el proyecto, además de la aplicación móvil. Este portal reunirá todos los servicios actuales y acogerá las nuevas propuestas de movilidad.\nOK Mobility supone una evolución significativa en la historia de nuestra compañía. Seguimos centrando nuestros esfuerzos en la innovación para desarrollar productos y servicios que centren el foco en la experiencia del usuario y que sea él quien decida el tipo de movilidad que necesita en cada momento.\nPublicado el 15 febrero, 2021 23 febrero, 2021\nOK Mobility Group engloba sus servicios de movilidad bajo esta nueva marca centrada en el cliente a través de los conceptos #bemobility y #ownmobility


Es uno de los imperdibles de Argentina que atrapa por su textura, aridez y belleza natural. Enmarcada por la Cordillera de los Andes, ofrece silencios que generan una experiencia inolvidable.\nTC, Copa de Oro RUS, 14 de noviembre, Toay, La Pampa\nLa décimo cuarta y penúltima fecha del TC se llevará a cabo en el velocísimo trazado pampeano, continuando la fase de play-off con la Copa de Oro 'Río Uruguay Seguros'\nPernía ganó la clasificatoria y sube en el campeonato\nEl tandilense sigue sumando a tope en Toay y ya se puso segundo en el torneo. Canapino y Milla lo acompañaron al podio. Ganaba Fineschi, pero rompió una cubierta al final. Rossi fue 5° y Ardusso 6°.\nPernía y una pole que Renault consideró demasiado importante\nEl tandilense sella su 18° P1 en el 'Súper', en un circuito difícil para los Fluence. Lo escoltó su 'team mate', Fineschi, que habría recibido una orden para no cerrar su tercera vuelta. Ardusso 3°.\nAhora, con Fineschi arriba, el rombo sigue mandando en Toay\nEl quilmeño puso la referencia del entrenamiento, postergando a su compañero Pernía por 98 milésimas. Canapino fue, como ayer, tercero, pero a más de 2/10 de los del rombo. Ardusso fue 4° y Rossi 6°.\nParecía que no... ¡Pero Cravero ganó otra vez en el Sprint!\nEl cordobés del Equipo FDC ganó de punta a punta la carrera corta, tras contener a Guerra que lo atacó y estuvo a punto de pasarle. Montenegro los acompañó al podio.\nJorge Barrio se queda con su cuarta pole de la temporada\nEl líder del campeonato dominó el entrenamiento y la clasificación en el comienzo de la actividad de la séptima fecha, en Toay. Scuncio lo escoltó a solo 83 milésimas. Cravero larga en pole el Sprint.\nSerá la séptima fecha del Campeonato Argentino y CODASUR y la categoría más tecnológica de Sudamérica compartirá escenario con TC2000, Fórmula Renault 2.0 y Fiat Competizione.


Alberto Manuel Poletti Adorno1\n"Si por efecto de la guerra, el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo\nes decir que de perder la nacionalidad paraguaya serán automáticamente colombianos"\nEUSTORGIO SALGAR, Presidente de la República de Colombia\n1 Graduado en Abogacía (2000) y Notariado (2001) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Egresado de la Escuela Judicial paraguaya (2002). LL.M Magíster Legum (2003), Máster en Teoría y Práctica del Proceso (2004) y Doctor en Derecho de la Escuela de Derecho Comparado en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne (2007). Ha desempeñado varios cargos en los sectores público y privado en Paraguay y ha sido consultor de los mismos. Correo-e: alberto_poletti@hotmail.com.\nLas opiniones aquí expuestas son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a las instituciones mencionadas más arriba.\nPalabras clave: Paraguay, Tribunal de Cuentas, Justicia Administrativa, Corte suprema de Justicia, Igualdad de partes, Procedimiento administrativo, Derecho comparado.\nThis study aims to explain the characteristic of the Paraguayan administration, considering specially the different agencies and the justice system. The current organization was created in a period where the administration had extremely large power to decide due to the Paraguayan history and where few cases were considered in the Courts. Today, we can notice a change in the rights of the people in their disputes with the administration and a better legislation, but there are still some aspects that need a revision.\nKeywords: Paraguay, Court of Auditors, Administrative Justice, supreme Court of Justice, Equality of petitioners, Administrative Procedure, Comparative Law.\nDesde la escuela primaria, en las clases de historia, se explica a los niños paraguayos la grandeza y la calidez de una nación sudamericana que, en las horas más trágicas de una fratricida contienda que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina contra el Paraguay (1864-1870), cuando la suerte de este último se encontraba sellada, dio muestra de un gesto de solidaridad pocas veces visto. No hemos olvidado los paraguayos a la hermana nación colombiana y tal vez no hemos agradecido y apreciado suficientemente este acto que, lamentablemente, no cambió la historia pero es reconocido en todos los ámbitos del país como un genuino ejemplo de amistad.\nEl Paraguay salió devastado de esa contienda y se produjeron en su territorio una serie de enfrentamientos entre diversos sectores que duraron varias décadas, a los que sucedió el gobierno de ALFREDO STROESSNER (1954-1989) en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Con su derrocamiento, se inició un período de transición en el que se sucedieron numerosos cambios: una nueva Constitución en 1992, apertura del país al exterior y gobiernos civiles que iniciaron el largo proceso de reforma del Estado.\nLa transformación de un sistema administrativo de difícil acceso que tiene sus raíces en la historia y sus intentos de sustituirlo por otro que permita al ciudadano cuestionar los actos de los órganos del Estado (algo impensable en épocas pasadas) nos lleva al dilema de mirar un sistema de épocas anteriores a la luz del siglo XXI. Intentaremos entonces explicar los pormenores del sistema de justicia administrativa del Paraguay, en un recorrido que comprende las normas de organización (I) y el procedimiento en el que se halla envuelta la administración (II).\nI. La organización del estado paraguayo\nEl art. 3 de la Constitución de 1992 menciona que "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control". La Administración del país se halla a cargo del presidente de la República (art. 238 de la Constitución paraguaya, en adelante referida como "la Constitución"), elegido por mayoría simple por un período de cinco años. El Poder Legislativo comprende un sistema bicameral de 45 senadores y 80 diputados que duran también cinco años y que tienen entre sus funciones la de "dictar leyes para la organización de la administración de la República" (art. 202 inc. 12 de la Constitución). A la cabeza del Poder Judicial se halla la Corte suprema de Justicia, integrada por 9 ministros que, en diversos fallos judiciales, se proclamaron inamovibles hasta los 75 años. Los miembros de los tribunales de apelación y jueces duran cinco años en sus cargos, vencido el término deben concursar nuevamente y son inamovibles luego de ser confirmados por dos períodos (art. 252).\nA los efectos de nuestro análisis, es indispensable definir el alcance de la administración que constitucionalmente le corresponde al Poder Ejecutivo. Y es allí donde surge la primera duda. Ya en 1985, cuando se analizaba el anteproyecto de ley de administración pública se discutía si la administración debía comprender únicamente a los órganos del Poder Ejecutivo o si, por el contrario, debía incluirse a los demás poderes del Estado optándose finalmente en el borrador por incluir a la actividad administrativa desplegada por los poderes del Estado en todo aquello que no sea propio a sus funciones específicas (MAIORANO, 1985: 334). Esto nos lleva a coincidir parcialmente con JAVIER PARQUET en el alcance de la administración. El citado autor sostiene que conforme al principio de unidad de la administración, el Poder Ejecutivo asume la unidad de mando, la conducción suprema de la organización administrativa integral del Estado, estando el presidente de la República en el vértice de la pirámide de jerarquías y encontrándose con la máxima autoridad y por ende como encargado de conducir toda la estructura orgánica del país (PARQUET, s.f.). Pero como señalamos, el art. 3 de la Constitución, que consagra la separación de los poderes, otorga a los demás órganos competencia administrativa para su funcionamiento.\nLo cierto y concreto es que ese anteproyecto nunca se aprobó, tal vez porque no se llegó a un acuerdo por el alcance de la administración o porque no existía un interés en permitir la contestación de actos administrativos emanados de un régimen dictatorial2. Nótese por ejemplo que durante parte de la década de los setenta y ochenta, solo 13 veces la Corte suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad y de las mismas, todas fueron de sentencias judiciales y ninguna versó sobre la ley y mucho menos sobre un acto administrativo (MENDONCA, 1983: I).\nPor ello, surge la necesidad de aclarar que en el sistema paraguayo y de acuerdo con la Constitución, el principio de legalidad impone a la administración actuar dentro de los límites establecidos (art. 127 de la Constitución) a cualquier persona y que el sistema vigente coloca a la justicia contencioso-administrativa dentro del ámbito judicial. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es que los oficiales públicos utilicen sus poderes en todos los niveles en forma razonable, de buena fe, para los propósitos dentro de los cuales les fueron otorgados dichos poderes y dentro de los límites conferidos, sin excederse en los mismos (POLETTI ADORNO, 2011: 32). El constituyente paraguayo entendió que la administración no puede ser juez y parte en el juzgamiento de sus propios actos y otorgó dicha tarea al Poder Judicial.\nCualesquiera sean las causas de la necesidad de juzgar a la administración, si nos centramos en el ámbito de la misma, podemos imaginar que en un sistema aparentemente simple surgen dudas vinculadas a (A) la representación de los órganos del Estado y (b) la forma como se plantea la relación procesal.\nA. La competencia en la representación de la administración\n¿Quién representa al Estado? ¿El presidente de la República? ¿El procurador General de la República? ¿El fiscal General del Estado? ¿El ministro del ramo?\nUna pregunta tan sencilla no tiene una respuesta simple. El art. 246 inc. 1° de la Constitución otorga competencia al procurador General de la República (nombrado por el presidente) para representar y defender, judicial y extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República. Pero a la fecha, esta importante institución no cuenta con una ley reglamentaria.\nAl mismo tiempo, se reconoce constitucionalmente al Ministerio Público la facultad de actuar no solamente para impulsar la acción penal sino también para la "defensa del medio ambiente, del patrimonio público y social y de los intereses difusos" (art. 268 inc. 3 de la Constitución). Este órgano ejerce sus funciones sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura (art. 2 de la Ley 1562 de 2000).\nNo habiendo un claro límite de competencias, la discusión se plantea entre la posibilidad de que un ministerio represente al Estado en un proceso en detrimento de los dos órganos citados. Y es allí donde surgen las divergencias. Algunos tribunales del ámbito civil y comercial sostienen que únicamente la Procuraduría General puede intervenir como representante del Estado en los juicios3, mientras que la sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia4sostuvo que igualmente debe intervenir el ministerio cuyo acto administrativo es atacado5.\nEl tema reviste particular importancia en ámbitos diversos pero principalmente en lo relativo al cobro de impuestos en el que la Abogacía del Tesoro (dependencia del Ministerio de Hacienda que actúa como Asesor del Fisco conforme al art. 26 de la Ley 109 de 1991) debe hacer frente a sendas excepciones de incompetencia. Es claro que una actividad tan compleja no puede ser ejercida convenientemente por un reducido grupo de abogados integrantes de la Procuraduría. Nótese que la discusión es similar al debate surgido en relación con la Ley 1444 de 2011 que crea en Colombia la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En la práctica, los tribunales no aceptaron los argumentos vinculados a la imposibilidad de actuar de la Abogacía del Tesoro ni de otros ministerios. Más que una cuestión de medios, a mi criterio se debería dar preeminencia a la posibilidad de contar con una representación técnica especializada, que pueda discutir de la mejor manera los diferentes aspectos del Derecho Administrativo ante los diversos órganos del Estado.\n¿De dónde surge la legitimidad para los diferentes ministerios para actuar? En el Paraguay, debe estimarse que los ministerios cuentan con competencias en el marco de sus respectivas leyes de creación y ejercen sus funciones en representación del Estado, del cual forman parte. El art. 1 de la Ley 388 de 1994 dispone que son personas jurídicas:\nLos gobiernos departamentales y las municipalidades.\nLas iglesias y las confesiones religiosas6.\nLos entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho público, que conforme con la respectiva legislación, sean capaces de adquirir bienes y obligarse.\nNótese que no se menciona específicamente a los ministerios. No obstante, la jurisdicción contencioso administrativa les reconoce la posibilidad de presentarse e interponer/contestar acciones vinculadas a resoluciones definitivas dictadas por la máxima autoridad. La Procuraduría General de la República se limita a contestar las acciones que se interponen en ocasión de decisiones del presidente de la República.\nDebe destacarse que, conforme al art. 242 de la Constitución, "son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del presidente de la República promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su competencia". Los ministerios actúan, aunque aparezcan como demandados en los juicios, en nombre de la persona jurídica dentro de la cual dependen, o sea, el Estado paraguayo.\nCreemos que esta es la interpretación correcta. Debe permitirse, por razones de organización y especialización, la intervención de diferentes organismos del Estado ante los Tribunales e incluso ante el propio Estado para la defensa de los intereses de la administración. La Constitución del Paraguay no establece en ninguna parte que los ministerios deban solicitar la venia del presidente o de la Procuraduría para plantear acciones judiciales. Por el contrario, el art. 242 citado es claro en el sentido de que están habilitados para intervenir en el marco de sus competencias.\nJAVIER PARQUET (Ob. cit.), en términos similares, reconoce la necesidad de transferir, ceder y desconcentrar ciertas y determinadas funciones privativas y exclyuyentes del Poder Administrador a unidades operativas jerárquicamente subordinadas al Poder Ejecutivo, a fin de cumplir con suficiencia técnica y específica ciertos objetivos y fines estatales. y señala que la delegación de funciones producida con la "especialización" se halla garantizada por la Constitución mediante la creación de "Carteras de Estado" o "Ministerios" encargados del despacho de los negocios públicos y el refrendamiento de los actos del presidente de la República.\nEs raro que un órgano del Estado plantee una demanda contra otra dependencia dentro del mismo, involucrando los casos a órganos en los cuales uno se halla fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Podemos citar algunos ejemplos:\nLa demanda promovida por el Banco Central del Paraguay contra un Decreto del Poder Ejecutivo vinculado a la anulación de la deuda del Ministerio de Hacienda con la Banca Central7.\nLas acciones presentadas por la Procuraduría General de la República contra las decisiones de la Defensoría del Pueblo por el otorgamiento de indemnizaciones a las víctimas y los herederos de éstas cometidos durante la dictadura de ALFREDO STROESSNER por violaciones a los derechos humanos.\nTampoco los intendentes municipales, los gobiernos departamentales o los órganos autónomos creados por la Constitución o diferentes leyes han dudado en plantear acciones contra actos del Estado. Pueden citarse las acciones planteadas por los municipios contra la Ley 2051 de 2003 de contrataciones públicas y la descentralización8 o más recientemente contra normas que excluyen la competencia de las municipalidades en la franja de rutas nacionales que atraviesan el territorio de diversas ciudades\nMencionaremos igualmente un caso vinculado a una decisión del pleno de la Corte suprema que ha dividido a la doctrina y que se refiere a la posibilidad de que el Poder Legislativo plantee una contienda judicial sin la venia del Poder Ejecutivo. En la especie, se trataba de un juicio sobre la legalidad de un decreto de conmutación de pena decidida en la jurisdicción militar. El Congreso, oponiéndose a la iniciativa del presidente, otorgó un mandato al presidente del senado y de la Cámara de Diputados para que presente una acción destinada a dejar sin efecto la iniciativa presidencial que fue acogida por cinco votos a favor con cuatro disidencias9.\nEl voto de la mayoría sostuvo que la defensa de la Constitución forma parte de las atribuciones del Poder Legislativo y no aceptó la tesis de que en el Paraguay el Estado esté representado únicamente por el Poder Ejecutivo o que el Congreso, ni aun con el acuerdo de todos sus miembros, carezca de la facultad de iniciar acciones legales.\nLo usual, sin embargo, es que sean los particulares quienes recurran a las decisiones de los diversos órganos, como veremos en la segunda parte de este trabajo. Pero antes de hacerlo, consideramos indispensable analizar el régimen aplicable al Estado y la sucesiva desaparición de las prerrogativas.\nB. El Estado Demandado: hacia una igualdad con el particular\nEn algunos países, el Estado cuenta con plazos mayores que el de los particulares para interponer recursos, presentar sus alegatos o simplemente para hacer valer sus derechos. En el Paraguay, la tendencia de los últimos tiempos se dirige a suprimir estos beneficios y coloca al Estado al mismo nivel que el particular, con algunos resabios del sistema anterior.\nEmpecemos analizando los avances hacia la igualdad. La Ley 4046 de 2010 dispone: "El recurso de lo contencioso administrativo contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de dieciocho días". Esta norma deroga la Ley 1462 de 1935 que establecía un plazo perentorio de cinco días para que el particular pudiera interponer la acción contencioso administrativa10. Este plazo no fue elegido al azar y se sustenta en que en el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Civil, el demandado cuenta igualmente con 18 días para contestar una demanda. A partir de allí, las partes tienen plazos similares para la presentación de sus escritos, pruebas y alegatos.\nSin embargo, otros beneficios reconocidos al Estado durante diversas etapas del juicio aún persisten y dejan una duda sobre la igualdad de las partes. La situación privilegiada puede darse antes del juicio, con la exigencia de criterios suplementarios para iniciar una acción, durante el proceso e incluso en la etapa de ejecución.\nComenzaremos diciendo que las medidas cautelares decretadas se deciden siempre luego de correr vista del pedido al órgano del Estado afectado. En materia procesal civil (aplicable conforme al art. 5 de la Ley 1462 de 1935) estas decisiones son adoptadas sin audiencia al afectado. Está claro que la decisión en juego afecta no solo intereses privados; de allí que los jueces hayan tomado la costumbre de permitir al Estado la presentación de su defensa11.\nComo justificativo de la disparidad existente por el trato de las normas mencionadas al Estado podría esbozarse la hipótesis de que el Estado amerita un trato especial distinto al otorgado a las personas físicas y entidades privadas por sus características especiales (tamaño, prevalencia del interés común sobre el particular, necesidad de mantener el orden, entre otros). La obligación de presentar previamente la solicitud ante el Poder Ejecutivo se sustenta en el reconocimiento de su capacidad como responsable de la administración de juzgar la pertinencia de la solicitud y otorgar o denegar lo peticionado.\nHemos mencionado que el plazo de treinta días otorgado por el Decreto ley 6623 de 1944 a la administración para contestar la demanda se redujo a dieciocho días hábiles.\nNo existe en el Paraguay un recurso en interés de la ley. Puede discutirse entonces si, en casos complejos y con la sobrecarga de trabajo, este plazo es suficiente para que la administración considere la amplitud de la decisión. En la práctica, muchos órganos deciden interponer recursos contra la sentencia condenatoria (la gran mayoría), con lo cual logran nuevamente demorar por un período largo el reconocimiento del derecho del particular. Ello con el fin poco loable de "tirar el fardo" a la próxima administración que frecuentemente está llamada a resolver cuestiones de larga data y pagar indemnizaciones millonarias por los intereses derivados del trascurso del tiempo. El particular puede entonces verse ante la disyuntiva de renunciar a algunos de sus derechos con el fin de obtener la ejecución de una decisión favorable o seguir esperando por más tiempo una sentencia12. A la larga, con los cambios que existen dentro de la carrera civil no quedan registros de estos actos y por ello, ante la inexistencia de precedentes, la administración puede recurrir frecuentemente a las mismas prácticas.\nPersisten no obstante leves ventajas del Estado dentro del período probatorio. En lo que se refiere al período probatorio, un fallo de la jurisdicción contencioso administrativa sostuvo que "dentro de la tesitura del procedimiento contencioso administrativo, la prueba confesoria de la autoridad pública no es admisible porque la misma debe versar sobre hechos personales del absolvente y es obvio que cuando el Agente emite una resolución en uso de facultades regladas lo hace no como hecho personal sino expresando la voluntad del Estado"13.\nAsimismo, a nivel de la ejecución, se aplican reglas distintas al Estado paraguayo. La ley 1493 de 2000, que modifica el Código Procesal Civil, dispone:\nArt. 530.- Cumplimiento. Consentida, firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.\nArt. 716.- Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo:\nf) sobre la reserva monetaria, bienes y rentas que posea el Banco Central del Paraguay; y, Art. 717.- Levantamiento de oficio en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior, será levantado de oficio o a petición del embargado, su cónyuge o sus hijos, aunque la resolución que lo decretó esté consentida; respecto de los bienes mencionados en los incisos e) y f) del artículo 716, además del representante del órgano público afectado, también podrá solicitar el levantamiento del embargo el Procurador General de la República".\nEsta ley crea de nuevo una disparidad de tratamiento. Cuando un particular decida reclamar al Estado una suma de dinero, no podrá actuar como si lo hiciere ante un particular, supuesto en el cual puede procederse al embargo de los bienes de la persona o entidad privada. Sin embargo, cuando se trata del Estado demandado, conforme al art. 2 de la Ley 1493 de 2000 debe solicitarse la inclusión de la deuda en el presupuesto general de gastos de la nación, no existiendo en la práctica ninguna garantía del pago inmediato de la deuda.\nComo ejemplo de lo expuesto, basta traer a colación lo expuesto por el profesor argentino AGUSTÍN GORDILLO (2009) que resulta aplicable igualmente a la realidad paraguaya:\nQuedan aquellos con suficiente esperanza de vida y respaldo financiero para soportar los largos años que lleva terminar un juicio contra el Estado. Primero está la cuestión del monto que finalmente se le reconozca, las más de las veces notoriamente inferior al daño causado; o, claro, cuando hay corrupción, notoriamente superior. A los que hacen juicio y lo ganan y obtienen sentencias inferiores al daño sufrido, les resulta difícil cobrar ese resto de propiedad que fueron perdiendo de a poco, en el tiempo. Es que ganar un juicio contra el Estado es una cuestión muy distinta de cobrarle esa plata al Estado; cualquier abogado privado practicante lo sabe, pero el fenómeno no se advierte con igual claridad en la administración (donde tratan de evitar el pago) ni en la Justicia (donde no se toma conciencia del tiempo que le lleva al particular hacerse del dinero que la sentencia supondría en teoría). Y esto no es una cuestión que quepa imputar solamente a los años turbulentos que estamos pasando o que hemos pasado, sino que es una cuestión mucho más antigua. Cuando en el año 1958 comencé mi tesis doctoral sobre el tema de la responsabilidad del Estado, que luego resumí en el actual capítulo XX de este vol., me tomé el trabajo de leer íntegramente, tomo por tomo, todos los fallos de la Corte y la verdad es que es difícil saber cuándo empezó el problema empírico de no poder ejecutar materialmente el resultado de los juicios ganados al Estado, porque los juicios contra el Estado en apariencia se ganaban, pero eran por motivos puntuales de incendios, registro de la propiedad, hechos policiales y distintas materias que no centraban la temática explícita de algunos años después. No surgía de los tomos de la jurisprudencia cuánto tiempo se tardaba en cobrar luego la indemnización fijada por el fallo, ni si ésta dependía, como depende hoy, de ulteriores determinaciones en instancias inferiores.\nEn todo caso, siempre hubo gran dificultad en hacer responsable al Estado, y los grandes lapsos de tiempo que transcurren entre la producción del acto o hecho dañoso y la percepción efectiva de la indemnización le quitan todo sentido reparatorio. Cobrar esos juicios es casi como cobrar una herencia, algo que el destino dispuso que uno recibiera y que no existe motivo alguno para festejar ni agradecer. Se cobra, se invierte o se gasta pero la sensación es de tristeza o amargura, nunca de satisfacción por el derecho victorioso.\nSi uno bucea en los libros del pasado, encuentra por ahí sentencias en las cuales, entre que la acción se inició y la sentencia de la Corte se dictó -aunque no consta allí la ejecución de la sentencia- hay promedios de catorce, dieciséis, veinte años. Pero, después, se han prolongado un poco los plazos.\nMerece citarse igualmente el art. 8 de la Ley 1462 de 1935 que estipula un plazo de tres meses (en lugar del plazo ordinario de seis meses en los juicios civiles) para la caducidad de la instancia. Esta norma se justifica en que los casos que envuelven a la administración deben ser decididos rápidamente en razón de la importancia y el interés que suscitan este tipo de conflictos entre los particulares. De allí surge la obligación impuesta al particular de actuar con mayor celeridad y a los jueces que juzgan a la administración de pronunciarse en un período menor que el plazo para resolver previsto en el Código Procesal Civil. La recarga de trabajo hace que el pronunciamiento dentro del plazo sea muy raro.\nEl criterio de la preeminencia del interés público sobre el privado llevó al legislador a adoptar en el art. 29 de la Ley 2421 de 2004, que establece una discriminación en materia de honorarios de abogados que litigan contra el Estado. Dispone la norma que: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el artículo 3º de la Ley 1.535 de 1999, "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50% (cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley n.° 1376/88 "Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición".\nLa norma fue declarada inconstitucional por violación del principio de igualdad. La sala constitucional sostuvo que si en un litigio los montos que deben ser abonados por la parte perdidosa son fijados en un 50% si es la administración y en un 100% si es el particular, ello genera una desproporción entre las partes. Se consideró que si el Estado como persona jurídica demanda a un particular, el proceso se realiza en igualdad de condiciones para obtener el reconocimiento del derecho reclamado o su restablecimiento. y en la hipótesis en que el Estado pierda, no debe proceder a disminuirse el monto de las costas y lesionar el derecho de percibir aquello que le es debido por ley14.\nII. La competencia de los órganos judiciales\nEl Poder Judicial, conforme al art. 247 de la Constitución, es el custodio de la Constitución paraguaya. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo de la Corte suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados.\nEsta norma sufre una pequeña modificación en materia administrativa, ya que no se han creado Juzgados de Primera Instancia en el fuero administrativo.\nExisten, no obstante, jueces encargados de llevar sumarios administrativos en determinadas materias, como los sumarios administrativos de la ley de la función pública (Ley 1626 de 2000), contrataciones públicas (Ley 2051 de 2003) o incluso la administración tributaria (Leyes 125 de 1991 y 2421 de 2004), las aduanas (Ley 2422 de 2004), entre muchas otras. Se trata de excepciones a la regla. Existe un proyecto en estudio en el Parlamento para crear jueces de primera instancia del fuero contencioso-administrativo para ocuparse de las cuestiones contenciosas administrativas suscitadas entre los particulares y el Estado, sus organismos y entes, y viceversa. También se prevé la conformación de Tribunales de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con tres salas en la capital y otras en el interior del país. El proyecto deroga la Ley 2243 de 2003 y restablece la competencia y jurisdicción del Tribunal de Cuentas conforme a lo establecido en el art. 30 última parte del Código de organización Judicial para juzgar exclusiva y únicamente, el control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la nación, conforme a lo dispuesto en el art. 265 de la Constitución nacional. Se deja en claro que contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas procederá el recurso de apelación y nulidad ante la sala Contenciosa Administrativa de la Corte suprema de Justicia, que también se crea en esta ley15.\nEste proyecto revoluciona la estructura judicial paraguaya y, como es de esperarse, existen objeciones a la misma. Particularmente, podría considerarse que la misma propone soluciones interesantes a problemas de organización de la justicia administrativa con miras a superar la crónica lentitud de la justicia administrativa, pero tropieza con el problema de que, estando fijado en la Constitución el número de miembros de la Corte suprema de Justicia (9 ministros), dicho número no puede ser modificado por ley y que, si bien el Congreso podría crear otra sala dentro del Tribunal más alto del país, la misma estaría integrada por jueces que ya pertenecen a otras secciones de la Corte por lo que, sin duda, sería conveniente analizar la tesis de otorgar competencia revisora de las decisiones contencioso-administrativas y de cuentas a la sala Constitucional.\nPodría discutirse si el Congreso está habilitado para crear un Consejo de Estado y una justicia administrativa independiente del Poder Judicial. No existen antecedentes en el país en tal sentido y creemos que ello ameritaría una revisión constitucional, ya que la competencia exclusiva para juzgar y resolver casos conforme al art. 248 de la Constitución, le corresponde al Poder Judicial.\nSe considera que el particular debe recurrir a la administración y plantear ante la autoridad el pedido, que analiza y resuelve la solicitud. Para ello se cuenta con recursos internos en la administración. Es posible plantear un recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó la resolución. En caso de no obtenerse una respuesta favorable, puede solicitarse la "reconsideración" que permite que el caso sea analizado y resuelto por el superior jerárquico, cuando por razones de organización el mismo delegó a diversos órganos el análisis del caso16.\nEl agotamiento de la vía administrativa es una condición de acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. Se ha analizado en numerosas ocasiones la pertinencia de su substitución, ya que se sostiene que el control jerárquico no se realiza adecuadamente y que en muchas ocasiones con su uso se retarda el acceso al órgano judicial, donde pueden hacerse valer los derechos en el marco de un procedimiento ordinario con todas las garantías (Villagra, 1981).\nSi la persona no está conforme con la decisión administrativa, el sistema paraguayo otorga al Tribunal de Cuentas competencia en materia contencioso-administrativa. Pero para un extranjero, los nombres utilizados para designar a la primera y a la segunda instancia en materia judicial se prestan a confusiones (A), habiendo contribuido también a ello las sucesivas leyes en la materia. Si a ello sumamos que existen otras vías para buscar dejar sin efecto, en situaciones excepcionales, los actos de la administración (b) cabría preguntarse si el sistema de justicia administrativa paraguayo necesita ser reformado (C).\nA. La doble jurisdicción17: El tribunal de cuentas y la sala penal de la corte suprema de justicia\nEl Tribunal de Cuentas, órgano revisor de la administración que integra el Poder Judicial, fue creado por Ley del 22 de junio de 1909, "Ley de organización Administrativa"18.\nEl Decreto Ley 8723 del 8 de setiembre de 1941, "Que amplía la Ley 1462 sobre lo contencioso administrativo", estableció la competencia del Tribunal de Cuentas como instancia originaria en reemplazo de la facultad conferida al entonces superior Tribunal de Justicia (hoy Corte suprema). Esta norma remite al procedimiento ordinario previsto en el Código Procesal Civil, con plazos amplios para la defensa, producción de pruebas, alegatos y sentencias.\nDurante mucho tiempo, el art. 203 de la Constitución de 1967 y el art. 30 del Código de organización Judicial establecieron la división del Tribunal de Cuentas en dos salas. La primera con competencia exclusiva en los juicios contencioso administrativos; la segunda, en el control de las cuentas de inversiones del Presupuesto General de la nación.\nLa situación cambió radicalmente con la adopción de la Constitución vigente el 20 de junio de 1992. El art. 265 estableció el Tribunal de Cuentas dejando a una ley la determinación de su composición y competencia.\nY en cumplimiento de dicha disposición constitucional el Poder Legislativo dictó la Ley 2243 de 03 que establece en su artículo 1 cuanto sigue: "El Tribunal de Cuentas se compone de dos salas, integradas con tres miembros cada una, denominada en adelante Primera y segunda sala. Compete a ambas salas entender, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos, en las condiciones establecidas por la Ley de la materia" (POLETTI ADORNO, 2009: 11).\nAsí, se despojó al Tribunal de Cuentas de la función originaria de control que fue a parar a la Contraloría General de la República. Si bien el sistema actual permitió un descongestionamiento del Tribunal (imagínense tres jueces con competencia nacional de revisión de todos los actos administrativos del país), no mejoró sustancialmente (ahora se cuenta con seis jueces). Ello hace que el sistema contencioso administrativo en Paraguay sea de difícil acceso y que las resoluciones en general demoren años.\nLas decisiones del Tribunal de Cuentas son susceptibles de recursos ante la sala Penal de la Corte suprema de Justicia. Puede comprenderse que los motivos que tal vez llevaron al legislador a otorgar competencia a dicha sala son la necesidad de descongestionar la sala Constitucional y que el Derecho penal confluye con el Derecho Administrativo dentro del Derecho público, por lo que no era pertinente otorgar competencia revisora a la sala Civil y Comercial. Pero, tal como lo expone el CHASE PLATE (1998: 276), esta elección es errónea y debería otorgarse competencia revisora de los fallos a la sala Constitucional, atendiendo a la denominación del Derecho Administrativo como sub-constitucional al desarrollar principios constitucionales.\nUna vez que se dicte el fallo desfavorable, la parte perdidosa (generalmente la administración) puede interponer los recursos de apelación y nulidad previstos en la legislación procesal civil en el plazo de cinco días. La administración no cuenta con un plazo suplementario en este supuesto, siendo el plazo de cinco días igualmente aplicable si el vencido es el particular. El acto debe limitarse a la interposición de los recursos, sin la expresión de los agravios.\nEs ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que las partes presentan escritos con las solicitudes de su parte, contando con plazos breves de nueve días cada una.\nLa Corte suprema debe decidir en un plazo de sesenta días, no admitiéndose ningún recurso contra el fallo de la máxima instancia. Son pocas las ocasiones en las que dicho plazo es respetado. Por ello, se ha intentado obtener resoluciones por otras vías que fueron juzgadas más rápidas, pero que no permiten un amplio debate como el procedimiento ordinario y por ello su admisibilidad es restringida.\nB. Los recursos especiales ante otros órganos judiciales: el amparo de pronto despacho y otras vías para obtener el pronunciamiento de la administración\nFrente al procedimiento ordinario que puede demorar la resolución de casos, el sistema paraguayo ha ido creando otras vías para juzgar a la administración. Las garantías creadas en la actual Constitución de 1992 conocidas como inconstitucionalidad, el amparo y el hábeas data se plantean ante órganos judiciales, si bien cuentan reglas particulares de admisibilidad que dificultan el acceso a la justicia en algunos casos.\nEn relación con la inconstitucionalidad, la Corte suprema ha dejado sentado en forma reiterada que no es un órgano consultativo y que su rol es zanjar los litigios entre las partes19. También señaló que no es competente para anular una ley de forma abstracta y que se limita a declarar la inaplicabilidad de la ley al caso concreto o declarar la nulidad de una sentencia. El sistema paraguayo prevé que la declaración de inconstitucionalidad inter partes, lo que obviamente permite el levantamiento de críticas por la existencia de situaciones similares en las que una parte plantea un recurso y la otra se abstiene de hacerlo, que reciben un tratamiento disímil. También prevé un sistema de control concentrado en la máxima instancia judicial, lo que hace que, en la práctica, los órganos del Poder Ejecutivo se abstengan de considerar como inconstitucionales ciertos actos con el argumento de que solo el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de normas administrativas.\nExisten vientos de cambio. Recientemente la sala Constitucional de la Corte suprema en algunos casos vinculados a la Ley 2345 de 2003 relacionados con la reforma de la Caja Fiscal y las controversias por el sistema de jubilación obligatoria para las personas mayores de sesenta y dos años, declaró no conforme a la Constitución no el acto que decide la jubilación obligatoria sino el monto que se le otorga como pensión. En algunos casos, la Corte suprema analizó la ley sin que se haya adoptado en forma previa una decisión administrativa. Algunos ejemplos de esta postura son:\nAcuerdo y sentencia n.º 90 del 20 de marzo de 2007. PEDRO SOSA y otros s. Inconstitucionalidad de los artículos 9 y 10 de la Ley 2345 de 2003.\nAcuerdo y sentencia n.º 151 del 29 de marzo de 2007. MARÍA ALEJANDRA CABRERA S. Inconstitucionalidad de los artículos 9 y 10 de la Ley 2345 de 2003.\nAcuerdo y sentencia n.° 721 del 2 de agosto de 2007. MIRYAM OLGA AYALA RAMÍREZ S. Inconstitucionalidad de los artículos 9 y 10 de la de la Ley 2345 de 2003 y el artículo 3 del Decreto 1579 de 2004.\nAsí, la norma permanece en vigor y la Corte se limita a declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En el Paraguay es posible solicitar el control de constitucionalidad por vía de acción (para toda norma de carácter general: ley, decreto, reglamento) sin estar sometido a un plazo preciso o por la vía de la excepción (invocando la inconstitucionalidad de una norma supraconstitucional en un determinado caso judicial), quedando supeditado el fallo final a la decisión de la Corte suprema.\nNótese que, a diferencia de otros países, la sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia de Paraguay no es competente en materia de amparo (sin perjuicio del control de constitucionalidad también por vía de acción). La acción de amparo puede plantearse ante cualquier juez de primera instancia de cualquier fuero20. En el ámbito administrativo, se utiliza la acción de amparo de pronto despacho para obtener un pronunciamiento ante el silencio de la administración, al que se accede luego de urgir y reiterar el pedido de resolución ante la administración. Esta práctica deriva del derecho reconocido en el art. 40 de la Constitución que reconoce la facultad a los particulares de peticionar a las autoridades, estableciendo que las mismas deben responder conforme a la ley (que nunca se dictó). Felizmente, el art. 45 de la Constitución de Paraguay establece que la falta de ley reglamentaria no debe ser óbice para el cumplimiento y goce de los derechos establecidos en la Constitución a los habitantes del país.\nCuando se interpone un amparo contra un acto de un órgano del Estado, conforme al art. 572 del Código Procesal Civil, el juez debe emplazar a la administración a que presente un informe sobre los motivos que dieron lugar a la acción, en el plazo de tres días. Si la administración resuelve el pedido en dicho plazo, se ordena el archivo del expediente dado que la lesión al derecho vinculada a la falta de respuesta cesa y el particular tiene abierta la vía contencioso-administrativa. Si no se resuelve el pedido, el juez hace lugar al amparo y dicta la resolución emplazando a la administración a pronunciarse sobre la solicitud en un plazo breve, bajo apercibimiento de considerar la solicitud como denegada, quedando entonces expedita la vía contencioso-administrativa.\nEl amparo de pronto despacho, como es conocido, se constituye entonces en una vía para obtener el pronunciamiento de la administración cuando la misma no se expide sobre un pedido (algo bastante frecuente vista la ausencia de normas legales que regulen la materia) y también cuando se omite brindar información21. Tal como lo sostuvo la jurisprudencia, "la negativa a proporcionar información no admite el contencioso administrativo por una razón simple: el acto de negación de la información no es acto administrativo en sentido propio, ya que no implica un actuar de la administración en razón de sus competencias"22.\nPero en este tipo de juicios, surge una controversia importante. El art. 567 del Código Procesal Civil establece que la acción de amparo debe interponerse dentro del plazo de 60 días. Así, si la administración se encuentra en mora, dicho plazo se excede en exceso y se sanciona al particular primero por esperar, y segundo por no haber recurrido en tiempo. No obstante, existe jurisprudencia que exonera al particular del deber de recurrir en el plazo de sesenta días. Así se llegó a admitir un juicio de amparo promovido después de transcurrido dicho plazo señalándose que "resulta evidente e injusta la persistente y excesiva demora del requerido que, reiteramos, dejó transcurrir un tiempo más que suficiente para pronunciarse acerca de la petición de los actores referente al monto del retiro voluntario de ambos, siendo procedente al amparo constitucional de pronto despacho. Este Tribunal, en un fallo anterior, ha resuelto: "...Los ciudadanos tienen el derecho de peticionar a las autoridades, de acuerdo al principio consagrado en la Constitución nacional y el órgano administrativo no debe permanecer inerte, debiendo satisfacer el requerimiento con algún pronunciamiento, favorable o no. Si no existe una norma expresa que haga entender que el silencio, cumplidos determinados plazos, importa negación o consentimiento, el medio idóneo para lograr esa respuesta de la autoridad, es el "amparo de pronto despacho", que tiene como meta fijar un plazo para que emita la resolución sin considerar el fondo de ella" (Ac. y sent. N.º 88, 24 set. 1987)"23.\nUn juez de primera instancia, independiente del fuero civil y comercial, laboral, de la niñez y la adolescencia o penal en la práctica puede constituirse en el "juez especial" de la administración cuando la misma omite expedirse. Ello es sin duda una ventaja, ya que puede plantearse dicha acción en cualquier lugar del país, no siendo necesario desplazarse hasta la capital. Pero debido a la falta de especialización se tienen a veces sentencias en sentido contrario24. Ello hace que la admisión del amparo dependa del buen criterio del juez y de la suerte, al no existir la obligatoriedad de seguir los precedentes en el Derecho paraguayo.\nTambién debe destacarse que en este tipo de juicios el juez no substituye a la administración. Se ha dejado en claro que en un amparo de pronto despacho no se entra a estudiar el fondo de la cuestión, sino lo que se está amparando es al particular o individuo afectado para que se dicte la resolución o acto administrativo por él peticionado, en pos del derecho constitucional de peticionar a las autoridades25.\nFinalmente, el art. 135 de la Constitución dispone que toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Se le faculta igualmente a solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos.\nAl igual que el amparo, el hábeas data puede plantearse ante cualquier juez de primera instancia. En la capital, Asunción, y en las grandes ciudades, se cuenta con un sistema de distribución de causas que busca la distribución equitativa de casos entre los jueces.\nTambién en este caso, y pese al tiempo transcurrido, nunca se dictó una ley reglamentaria del procedimiento o que aclare aspectos como los registros privados de carácter público o la modalidad de ejecución de la decisión. La Ley 1728, promulgada el 16 de julio de 2001 y que tenía por objeto "promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a la información relacionada con los actos administrativos y de gobierno, de conformidad con el principio de publicidad de la administración pública, y establecer el procedimiento administrativo orientado a la solicitud, examen y copia de los documentos requeridos", fue derogada por Ley 1779 del 24 de setiembre de 2001 debido a una fuerte presión ciudadana para evitar que se den informaciones sobre la situación patrimonial a empresas privadas.\nNo podemos concluir este trabajo sin dejar de mencionar que el Defensor del Pueblo, conforme a la Ley 631 de 1995, cuenta con la facultad de requerir a los diversos órganos de la administración la presentación de informes sobre el trámite de los asuntos que se encuentran en sus oficinas, pudiendo adoptar diferentes medidas (informe al Parlamento, intimación para expedirse, remisión de antecedentes al fuero penal) en caso de incumplimiento. Al igual que en el juicio de amparo de pronto despacho, no pueden sustituir a la administración en la toma de la decisión.\nAsí, el sistema paraguayo presenta mecanismos para lograr un pronunciamiento judicial destinado a dejar sin efecto una decisión dentro del ámbito de la administración central, como también con las municipalidades (Ley 3966 de 2010) pero en la práctica, ello se da luego de largos períodos y juzgándose todos los casos con el mismo procedimiento, lo que constituye a nuestro criterio un mecanismo que requiere de una urgente revisión. Así como en el fuero penal y en el fuero civil y comercial existen distintos procedimientos, también debería analizarse la posibilidad de habilitar otras vías sobre todo cuando los actos de la administración atentan claramente contra derechos fundamentales de los habitantes del país.\nEsto nos lleva a pensar en la necesidad de incluir otras normas en un cuerpo legislativo al que puedan recurrir los particulares para cuestionar los actos de la administración y lograr su revocación. Tal vez sea la materia pendiente en el Paraguay.\nConclusión: una codificación por sectores como alternativa para el mejoramiento de una relación compleja\nA los efectos de mejorar la relación del particular con la administración, se han discutido en varias oportunidades las necesidades de seguir avanzando en el ámbito legislativo. Por ello, no podemos concluir esta exposición sin mencionar algunos de los temas de actualidad en materia de Derecho Administrativo, donde encontramos experiencias del sistema colombiano que pueden ser bastante útiles. Dos son los elementos que sin duda aparecen como indispensables en el Paraguay: la adopción de nuevas normas de procedimiento y la descentralización de la justicia administrativa.\nSobre el primer punto, debe destacarse que, sin duda, la codificación del Derecho Administrativo es un proyecto largamente acariciado que no ha concluido. Si los avances en materias de función pública (Ley 1626 de 2000), contrataciones públicas (Ley 2051 de 2003 y Ley 3439 de 2007), policial (Ley 222 de 1993) o municipalidades (Ley 3966 de 2010), por no citar sino algunos de los temas considerados como clásicos dentro del Derecho Administrativo paraguayo (MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, 2006: 759), surge como una necesidad la revisión del sistema de justicia y los órganos judiciales intervinientes en la actualidad. Se han presentado varios proyectos para modificar la Ley 2243 de 2003, por lo que la posibilidad de crear Juzgados de Primera instancia en materia administrativa de manera a descomprimir los tiempos de juzgamiento de los casos por el Tribunal de Cuentas (que pueden extenderse a varios años) resulta una iniciativa que merece toda la atención.\nDebe destacarse igualmente que, en la actualidad, la gran mayoría de los fallos son a favor del particular, lo que ha llevado a considerar la necesidad de implementar mecanismos para evitar incurrir en responsabilidad del Estado conforme al art. 106 de la Constitución paraguaya. uno de estos mecanismos es la posibilidad de allanarse ante pretensiones judiciales que ya han sido juzgadas y admitidas en casos anteriores, pero en la práctica, algunos representantes legales de los organismos del Estado continúan oponiéndose a los nuevos casos similares, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos para el Estado.\nPor lo demás, recientemente se promulgó la Ley 4679 de 2012, en la que se establece que cada órgano del Estado debe especificar todo el proceso de cada trámite, etapa por etapa, desde su presentación en Mesa de Entrada hasta su conclusión, con precisión del nombre de la sección, departamento, jefatura o unidad encargada y de la tarea asignada a cada una de ellas. Igualmente deben indicarse:\nLa forma de presentación de la solicitud en caso de que existiera un formato especial o formulario para el trámite respectivo. El modelo deberá estar a disposición de los interesados.\nLos documentos que deberán acompañarse con la solicitud.\nLa autoridad, sea director, jefe, encargado o funcionario responsable de cada trámite.\nEl plazo máximo para que el funcionario responsable de cada etapa o proceso ejecute las acciones o tome las providencias o dicte las resoluciones que le son asignadas.\nEstas iniciativas son loables. Se nota el intento de facilitar el acceso a una administración que durante mucho tiempo era inaccesible para los particulares. Pero es necesario complementar estas iniciativas con normas que permitan igualmente reducir los plazos de espera. La actualización de normas legislativas en la materia, si bien es un paso importante, no constituye la única necesidad en el mejoramiento de la administración paraguaya.\nLa nueva ley colombiana 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", cuenta en este sentido con ideas novedosas, como la habilitación para dar atención prioritaria a peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable (artículo 20), el mandato a las autoridades públicas de habilitar correos electrónicos exclusivos para recibir notificaciones -que se entienden surtidas como notificaciones personales- (art. 197), el reconocimiento del valor probatorio de las copias simples (art. 215), y el mecanismo de extensión de jurisprudencia (arts. 102 y 269), que serían muy útiles en el Paraguay26.\nPor lo demás, un proyecto que se discute actualmente en diferentes instancias busca optimizar el sistema de alianzas público-privadas para la realización de obras públicas y trabajos de infraestructura para mejorar el sistema de transporte carretero, fluvial y ferroviario, entre otros.\nSobre el segundo punto, consideremos que si bien existen tribunales electorales que se ocupan de algunas cuestiones administrativas (recursos planteados en el ámbito del art. 144 de la ley de la función pública dentro de sus circunscripciones contra sanciones decididas por las municipalidades o las gobernaciones contra los funcionarios), el sistema colombiano otorga a los particulares mayores facilidades al establecer un sistema judicial administrativo en todo el país27. No es solo crear más tribunales, sino facilitar el acceso a la justicia en todos los rincones del Paraguay tal como se viene haciendo en las demás fueros, pudiendo para ello utilizarse los ya creados tribunales electorales. De esta forma se evitará que decisiones de ciudades importantes como Ciudad del Este (330 km), Encarnación (370 km) y otras tantas deban ser planteadas ante el Tribunal de Cuentas en Asunción y podrán ser decididas con mayor rapidez ante los tribunales que deben crearse urgentemente en dichas localidades.\nEn Paraguay nos queda aún mucho camino por andar para resolver los problemas centrales de la administración. Mientras tanto, podemos esperar la adopción de algunas de las iniciativas colombianas que tan bien funcionan en ese país. El esfuerzo para convencer a la administración paraguaya bien valdrá la pena y podrá constituir un nuevo ámbito de cooperación entre ambos países que se limita, casi exclusivamente, al ámbito penal.\n2 Durante la dictadura en el Paraguay se produjo la restricción de las libertades públicas, de los derechos individuales mediante la declaración y vigencia que por períodos largos tuvo del Estado de sitio, lo que afectó el ejercicio normal de las actividades de los órganos judiciales, limitando y entorpeciendo el control constitucional y de anulación de los actos de gobierno. Sobre Colombia: ver SARMIENTO ERAZO (2012: 49-81). En el Paraguay, nótese que en las Constituciones de 1870 y 1940 no figuraba ninguna disposición sobre la justicia constitucional y que recién el art. 44 inc. 2 de la Ley 325/1918 otorgó al Tribunal Superior de Justicia competencia para resolver en vía de apelación y nulidad sobre los recursos planteados contra la validez de decretos o reglamentos.\n3 Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Primera Sala. Ac. y Sentencia n.º 86 del 28 de julio del 2000. Juicio: Ministerio de Hacienda c. Distribuidora Paraguaya S.R.L. S/ Cobro de Guaraníes.\n4 En Paraguay, el control de constitucionalidad se realiza luego de la promulgación de la ley y en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. No existe un tribunal especializado fuera del Poder Judicial, como ocurre en Colombia. El efecto de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley u otra disposición legal está limitado exclusivamente al recurrente o a las partes en el juicio (art. 260 de la Constitución de 1992).\n5 CSJ, Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia n.° 1108 del 28 de diciembre de 2001. Juicio: CÉSAR MOREL c/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Revista La Ley Paraguaya, año 2002, p. 407. La mayoría de los fallos citados en este trabajo se encuentran disponibles gratuitamente en: http://www.pj.gov.py (Jurisprudencia).\n6 Al igual que la Constitución colombiana de 1991, la Constitución paraguaya de 1992 suprimió la religión católica como oficial del Estado. No obstante, algunas disposiciones legales siguen reconociendo la participación de la iglesia católica en el país y particularmente, el art. 82 de la Constitución reconoce la participación de la iglesia en la formación del país. Se trata de una disposición cuyo alcance y límites no han sido objeto de controversias.\n7 Acuerdo y Sentencia n.° 6 del 27 de febrero de 2006. Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Juicio: Banco Central del Paraguay c. Decreto n.º 21.978 del 13 de agosto 2003 del Poder Ejecutivo.\n8 Acción de inconstitucionalidad contra los arts. 10, 82, 83 de la ley 2051/2003. Acuerdo y Sentencia n.° 942 del 18 de setiembre de 2006. CSJ Sala Constitucional.\n9 Juicio: Cuestión sobre la constitucionalidad del Decreto 117 del 18 de agosto de 1998. Acuerdo y Sentencia n.° 415 del 2 de diciembre de 1998.\n10 La norma puso fin a un sinnúmero de normas esparcidas en diversas leyes que establecían plazos que iban de 3 a 15 días luego de las decisiones de distintas administraciones para promover demandas contra dichas resoluciones.\n11 Debe citarse como ejemplo de la persistencia de desigualdades el Decreto Ley 6623/1944 que dispone:\nArtículo 1° Los Jueces conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra el Estado, en su carácter de persona jurídica, pero no podrán darles curso sin que se acrediten haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de este.\nArtículo 2° Si la resolución de la Administración Pública demorase por más de tres meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho y si transcurriesen otros cuarenta y cinco días sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales ordinarios, justificándose haber transcurrido tales plazos.\nArtículo 3° El Juez comunicará la iniciación de la demanda, por oficio, al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio respectivo, y al Fiscal General del Estado.\nArtículo 4° El término para contestar la demanda será de treinta días. Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias. Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que correspondan, y si se interpusieran estas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de diez días.\nArtículo 5° Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando fueren condenatorias para el Estado, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose el simple reconocimiento del derecho que se pretende y el P.E. Incluirá los recursos accesorios en el próximo presupuesto general de gastos de la Nación a los efectos de la ejecución de la sentencia.\n12 Ver Dictamen n.º 241/13 del 21 de mayo de 2013 de la Procuraduría General de la República en: "V.V. y R.P.B. c/ Decreto 5406/2011 del Poder Ejecutivo". En el caso, los funcionarios fueron destituidos en 2011 y dos años después lograron la revocación del fallo en el Tribunal de Cuentas. Se propuso llegar a un acuerdo para el reingreso que consiste en la renuncia a parte de intereses y costas para el Estado, con el fin de que no se interpongan recursos y se demore aún más tiempo el reingreso de los mismos.\n13 Auto Interlocutorio n.º 16 del 10 de marzo de 1987. Tribunal de Cuentas, Primera Sala.\n14 Acuerdo y Sentencia n.º 95 du 29 octubre 2008. Consulta: Regulación de honorarios profesionales de los abogados ALFREDO FERNÁNDEZ y LUIS PUENTES en el juicio: Universidad Autónoma de Asunción c. Resolución Ficta del Viceministerio de Finanzas. Caso n.º 1457 Año 2007. En el mismo sentido: Acuerdo y Sentencia n.º 1980 del 22 noviembre 2006 en el juicio Consulta: Regulación de honorarios profesionales de los abogados CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ y CÉSAR ESCURRA en el juicio: Banco Central del Paraguay c. Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y/o Banco Nacional de la vivienda (BNV), Caso n.º 1132 año 2006 y Acuerdo y Sentencia n.º 1021 del 23 de octubre de 2007 en el juicio: Regulación de honorarios profesionales de los Abogados JULIO CÉSAR GIMÉNEZ y LUIS PUENTE en el juicio: Consorcio INGAER-DECYPAR c. Decisiones del Viceministerio de Tributación».\n15 Exp. D-1224235. Proyecto de ley presentado el 31 de julio de 2012 por el Diputado ÓSCAR TUMA "Que crea la jurisdicción contencioso administrativa integrada por los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso-administrativo, los Tribunales de apelaciones en lo Contencioso-administrativo y restablece la competencia del Tribunal de Cuentas conforme al artículo 30 de la Ley 879/81". Disponible en http://www.senado.gov.py/silpy.\n16 Se trata de un sistema similar al de Colombia, donde también existe una exigencia de agotar la instancia administrativa para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa.\n17 Ante la ausencia de jurisdicción contencioso-administrativa, es el tribunal de cuentas que conoce de esta materia en Derecho paraguayo. En efecto, la legislación paraguaya dispone que:\nArt. 115.- Las reparticiones, empresas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o inviertan valores fiscales o de beneficencia pública, están obligados a rendir cuentas documentadas de su administración gestión, sin perjuicio de las inspecciones periódicas de libros, antecedentes y archivos prescriptos por esta ley.\n1. El examen de veracidad y de fidelidad de las cuentas y exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad que estará a cargo de la Contaduría General.\n2. El juzgamiento de ellas, que corresponde al Tribunal de Cuentas.\nArt. 139.- El juzgamiento de todas las cuentas a que se refiere el art. 115 estará a cargo de un Tribunal de Cuentas que se crea por esta ley.\n1. El juzgamiento de todas las rendiciones de cuentas que hicieren las reparticiones, empresas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o inviertan valores fiscales o de beneficencia pública;\n2. Revisar, calificar y cancelar las fianzas prestadas por los empleados de acuerdo con esta ley;\n3. Tomar razón de las leyes, decretos y demás disposiciones gubernativas referentes a la percepción e inversión de fondos;\n4. Examinar anualmente la cuenta general de la ejecución del presupuesto, presentado por la Contaduría General en la memoria que menciona el art. 68 y expedir el informe correspondiente que deberá ser publicado con aquella a los efectos del art. 62 inciso 7 de la Constitución Nacional.\nArt. 158.- Las sentencias del Tribunal de Cuentas tienen el carácter de cosa juzgada. Si tres días después de su notificación, no se hiciere el pago de la cantidad juzgada a favor del Fisco, la persona empleado responsable pagará el interés de dos por ciento mensual. Si diez días después de la notificación no se hiciere el pago, el Tribunal de Cuentas suspenderá al empleado responsable, comunicando al Ministerio de Hacienda y a la Contaduría General a fin de que este haga retener los haberes que puedan corresponder al empleado suspendido.\n18 Ver los artículos 46, 56, 59, 62, 68, 121, 127, 136, 139, 140, en adelante de la Ley del 22 de junio de 1909.\n19 Salvo que la consulta sea formulada por un órgano judicial conforme al art. 18 del CPC. Ver el voto del Dr. ELIXENO AYALA. CSJ Sala Constitucional (plenario). Juicio: Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre Elecciones Generales para el Poder Ejecutivo. Acuerdo y Sentencia n.º 191 del 27 de abril de 1999.\n20 Artículo 134. Del amparo. Toda persona que por un acto u omisión, manifestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.\nSi se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral. El amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado.\n21 El amparo cabe contra todos los actos emanados de las autoridades administrativas, tanto los actos administrativos como las meras vías de hecho (SOSA ELIZE CHE, 2004: 92).\n22 Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 3. Acuerdo y Sentencia del 2 de mayo de 2008. Juicio: FÉLIX CÉSAR PORTILLO c. Municipalidad de Lambaré s/Amparo.\n23 Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 4. Acuerdo y Sentencia n.º 159 del 21 de diciembre de 2009. Juicio: NORMA VICTORIA MAIDANA GONZÁLEZ , c. Ministerio de Hacienda y otros s/ Amparo.\n24 Tribunal de Apelación en lo Criminal, sala 4. Juicio: Amparo de pronto despacho promovido por C.C.T. En representación de su hija menor L.T.C. contra la Dirección General del Registro del Estado Civil. Año 2011.\n25 Tribunal de Apelación en lo Criminal, sala de feria. Acuerdo y Sent. N.º 5 del 20 de enero 2012. Juicio: Empresa de Transporte "Transportistas Guaraní S.R.L." c. SETAMA s/ Amparo Constitucional.\n26 Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 7, segundo semestre/2012, Universidad Externado de Colombia. Editorial p. 7-10.\n27 Ver el sitio Internet de la rama judicial del poder público de Colombia: http://200.74.149.242/juzgados-administrativos-de-colombia1.


Se logra desalojo de “casa okupa VIP” – Municipalidad de La Florida\nSe logra desalojo de “casa okupa VIP”\nTras importantes gestiones de parte del Municipio de La Florida y en coordinación con los vecinos, constructora y la fiscalía local, se logró ayer la detención de la mujer que había ocupado de manera ilegal una propiedad de la Constructora Enaco.\nTras ello, hoy finalmente se logró el desalojo de la propiedad que utilizaron de manera ilegal por más de un año, causando graves inconvenientes a los vecinos del sector.\nEl municipio de La Florida, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, prestó colaboración y apoyo permanente a los vecinos del sector y el alcalde también se reunió con ellos recientemente con la finalidad de dar una pronta solución a este problema.\nAl respecto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló ” la historia del condominio de Los Arrayanes ha llegado a tener un final feliz. Entre todos, los vecinos y la municipalidad logramos expulsar a los okupas de ese condominio. Nos pusimos firmes con la inmobiliaria para que hiciera un desalojo inmediata de la propiedad. ¿Por qué lo hicimos de esta manera ? Porque hay un vacío en la ley que hoy deja desprotegidos a los vecinos y propietarios si alguien ocupa ilegalmente una casa y no es expulsado antes de 12 horas”.\nLa fiscalía local de La Florida y el Juzgado de Policía Local correspondiente, deberán determinar las responsabilidades penales y civiles de la mujer denunciada y de todas aquellos otros responsables de esta toma ilegal.


Sistem Latam · POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y SEGURIDAD Y...\nSISTEM LATAM, define un conjunto de delegaciones de Sistem Melesur Argentina (SMArg). Sistem Melesur Colombia (SMCol) y sus consorcios, en los distintos países de Latinoamérica. Es una empresa que ofrece una gama de servicio en ejecución de instalaciones e ingeniería a nuestros clientes se marca como objetivo prioritario que su Sistema de Gestión, en todo el ámbito de prestación de servicios, sea un fiel reflejo de las expectativas de todas y cada una de sus partes interesadas, asegurando el éxito a largo plazo de su Organización.\nSISTEM LATAM quiere ser identificado con un modelo de gestión eficaz y eficiente de los servicios que presta a sus clientes.\nSISTEM LATAM pretende que se le perciba como una entidad que presta servicios de calidad gracias a aplicar la excelencia a la gestión de sus recursos humanos y de capital.\nSISTEM LATAM quiere fomentar la participación e implicación del personal para realizar un trabajo del que todos los miembros de la empresa puedan sentirse orgullosos, terminando en tiempo, forma y precio.\nSISTEM LATAM pretende tomar las medidas necesarias para que proveedores y empresas colaboradoras con la organización, se integren en el proceso y se comprometan con el logro de resultados de manera solidaria, para garantizar el futuro de todos.\nSISTEM LATAM quiere seguir un modelo de gestión eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Para ello pone los medios adecuados para la correcta gestión de los impactos más significativos sobre los que tiene control y asume un compromiso de prevención de la contaminación en el ámbito de su actividad así como de prevención de los daños y deterioros de la salud.\nSISTEM LATAM ha definido una serie de valores compartidos por todo el personal con el fin de que la Misión y la Visión de la empresa sean asumidos por toda la Organización.\nPara la consecución y realización de la Misión, Visión y Valores, SISTEM LATAM. ha adquirido el compromiso del cumplimiento y mejora de un sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018. La Política se comunica y se pone a disposición de las partes interesadas siendo revisada periódicamente por la Alta Dirección para garantizar que continúa siendo pertinente y adecuada a la organización.\nSistem Latam, en su afán de continuar con su compromiso con el Desarrollo Sostenible, ha implantado en el 2019 un programa de sensibilización ambiental y energético, con el objetivo de reducir los consumos energéticos de la organización y minimizar nuestra huella de carbono derivado de la propia actividad.\nPor ello, en 2019, se ha trabajado activamente para disminuir nuestros aspectos ambientales significativos, reduciendo el consumo de papel y nuestra generación de residuos no peligrosos.\nPolítica de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y salud en el trabajo


Publicación del Reglamento del Aire y modificación del Reglamento de Circulación Aérea | COPAC\nSe ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1180/2018 por el que se desarrolla el Reglamento del Aire y se modifica, entre otros, el Reglamento de Circulación Aérea (RCA). El RD modifica los libros 1, 3, 4 y 10 del RCA para suprimir los preceptos cubiertos por las Standardised European Rules of the Air (SERA) e introduce los procedimientos necesarios para aplicar la flexibilidad que permite SERA.\nEntre los principales modificaciones destacan:\nExpresamente se adecua el régimen aplicable en materia de condiciones meteorológicas y reglas de vuelo visual; autorizaciones de control de tránsito aéreo; informes de posición; interferencia ilícita, aeronaves extraviadas o no identificadas o combustible mínimo; aviso de resolución (RA) de los sistemas ACAS; Transpondedor SSR y procedimientos de comunicación por voz, incluido el régimen para la aplicación de SERA.14015, letra b), que hace uso de la doble flexibilidad contemplada en el precepto: vincular el uso obligatorio de un idioma único, inglés o castellano, en las comunicaciones tierra-aire de los aeropuertos con más de 50.000 operaciones IFR internacionales, a los escenarios operativos identificados en el estudio realizado al efecto, así como la excepción de casos concretos sujeta a las medidas de mitigación que resulten de aplicación conforme a los estudios aeronáuticos de seguridad que debe realizar el proveedor de servicios de navegación aérea.\nSe establecen las disposiciones que permiten operar en pistas paralelas utilizando procedimientos de aproximación con guiado vertical (APV por sus siglas en inglés «Approach Procedures with Vertical Guidance»), así como el Sistema de aterrizaje basado en el sistema de aumentación en tierra (GLS por sus siglas en inglés «GBAS Landing System»).\nAdopta como medios aceptables de cumplimiento la fraseología en lengua castellana, incorporando las últimas enmiendas de OACI y las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil (CIAIAC) y de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA).\nSe introducen modificaciones en los conceptos de pista de vuelo por instrumentos y pista de vuelo visual; así como espacio aéreo temporalmente reservado (TRA) y espacio aéreo temporalmente segregado (TSA).\nPor las implicaciones en los procedimientos operacionales, COPAC recomienda la lectura de este Real Decreto que se encuentra disponible en el siguiente enlace.


Sabrina, the Teenage Witch (Serie, 1996-2003) | MovieHaku\nSabrina, la bruja adolescente + 1\nserie • EEUU ( 1996 - 2003 )\nLa joven estudiante Sabrina Spellman, al cumplir los 16 años, se entera de que es una bruja y que tiene poderes mágicos. Para aprender a usar sus poderes atenderá las indicaciones de sus dos tías, que también son brujas. Ver detalles\nVer Sabrina, the Teenage Witch online\nLa joven estudiante Sabrina Spellman, al cumplir los 16 años, se entera de que es una bruja y que tiene poderes mágicos. Para aprender a usar sus poderes atenderá las indicaciones de sus dos tías, que también son brujas. (Por Haku)\nHaku · el 15 de ago de 2019 15/08/19\n¿Quieres insertar un widget con la información de Sabrina, the Teenage Witch en tu sitio? Copia y pega (sin modificar) el siguiente código en el lugar que quieras que aparezca el widget.\nPelículas y series similares a Sabrina, the Teenage Witch


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