Modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad\n1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo\n4.1. Ley Nº 21.275\nMoción de Marcela Sabat Fernández, Patricio Melero Abaroa, Pablo Vidal Rojas, Francisco Undurraga Gazitúa, Camila Vallejo Dowling, Gastón Saavedra Chandía, Andrés Molina Magofke, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Francisco Eguiguren Correa y Gabriel Ascencio Mansilla. Fecha 27 de noviembre, 2018. Moción Parlamentaria en Sesión 106. Legislatura 366.\nLa presente Historia de la Ley contiene los documentos disponibles a la fecha de publicación de la Ley. Se incorporarán los distintos trámites reglamentarios una vez que se encuentren disponibles.\nDe conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme a los antecedentes y fundamentos que se indican a continuación, vengo en presentar la siguiente moción.\na. Promulgación Ley 21.015.\nLa Ley N° 21.015 de 2017, que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, en su artículo 3° incluyó en el Código del Trabajo la obligación de que aquellas empresas de 100 o más trabajadores debieran contratar o mantener contratados al menos a un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, en relación al total de sus trabajadores.\nb. Desafíos en una inclusión laboral real.\nSi bien, en virtud de los artículo primero y segundo transitorios de la Ley 21.015, esta ley entró en vigencia el día 1 de Abril de 2018, lo que significa que a la fecha de presentación de este proyecto de ley tiene tan solo 7 meses de aplicación, resulta lógico pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota no se generará en las empresas un real espacio de integración, lo cual únicamente puede darse un virtud de un trabajo y políticas mancomunadas entre empleador, trabajadores con discapacidad, y el total de los trabajadores.\nContemplando la necesidad planteada, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en septiembre de 2008, consagrar que los Estados Partes deben adoptar medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, para que en las empresas e instituciones públicas “se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.”.\nCorresponde mencionar que, de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) de 2015, del total de la población de 18 años y más, un 20% son personas con discapacidad, por lo que 2.606.914 personas serían beneficiarios de estos ajustes.\n1. Conceptualización Personas con Discapacidad.\nLa Ley N° 20.422 de 2010 que Establece las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, conceptualiza en su artículo 5° a la Persona con Discapacidad como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.\nDe tal forma, con la dictación de la mencionada ley, nuestra legislación se actualiza y deja de lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, y hace hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el Factor Relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.\nEl que nuestro sistema jurídico entienda así el concepto de Persona con Discapacidad no es una mera declaración de principios, sino que conlleva considerar que la discapacidad deja de ser un atributo exclusivo de las personas, siendo también una condición que la sociedad sufre, le compete y es por lo mismo responsable de superarla.\nUna traducción clara de lo anterior es la autoimposición de la obligación de diseñar las políticas públicas conforme a los criterios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y dialogo social, y de buscar el Estado como fin la “plena inclusión social”, tal como señalan los artículos 1° y 3° de la Ley N° 20.422.\nPor lo tanto, es indispensable tener presente en la labor legislativa el deber existente de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad, en su discapacidad, les imponen a las personas para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.\n2. Aporte de las Personas con Discapacidad en el trabajo.\nLas Personas con Discapacidad, en su diversidad, lejos de ser una carga, son un invalorable aporte a los procesos, aportando nuevas visiones, sensibilidades, experiencias y vivencias.\nEn tal forma se han pronunciado en múltiples ocasiones los organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien ha recalcado el gran aporte que ha significado la valoración en igualdad “pasando desde un enfoque que consideraba a las personas con discapacidad como víctimas, objetos de caridad y beneficiarios de programas, hacia una mirada que las concibe como sujetos de derechos, participantes y actores, reconociendo su contribución a la sociedad y reclamando su integración.”.\nReconociéndose sus contribuciones, constituye un acto de discriminación que a la hora de llevar adelante su derecho a trabajar existan condiciones, prejuicios o barreras que lo entorpezcan, lo cual ha sido reconocido explícitamente en el inciso cuarto del artículo 2° del Código del Trabajo.\nEs menester entonces, que la sociedad avance en concebir la inclusión de las Personas con Discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores, y no como el cumplimiento de una cuota.\nPero dicha naturalidad en la contratación no se puede generar si es que las empresas no se encuentran adaptadas física y organizativamente de forma tal que permitan una efectiva integración laboral.\nDe tal forma lo explicita la Fundación Chilena para la Discapacidad en su documento “Propuesta de mejoras para el Proyecto de Ley de Inclusión Laboral”, cuando señala que el establecimiento de cuotas laborales no generará un impacto sustancial en la solución a la problemática de exclusión laboral de personas con discapacidad puesto que “no entrega herramientas a la institución empleadora para propiciar un clima laboral inclusivo, que contemple la implementación de ajustes necesarios para asegurar un trabajo de calidad y digno, para una persona en situación de discapacidad.”.\nSe debe considerar que no solo es injusto que las personas con discapacidad no puedan escoger libremente sus puestos de trabajo, sino que es también injusto que los empleadores, en su discapacidad de tener espacios y organizaciones habilitadas para un trabajo universal, no puedan contratar a personas de sumo aptas para determinadas funciones, como lo son las personas con discapacidad.\n3. El camino a una real integración.\nSi bien la dictación de la Ley N° 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas.\nPara tal efecto, es necesario rodear la actual ley con una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad.\nDesafortunadamente Chile, si bien tiene una tradición de respeto y cercanía con las Personas con Discapacidad, es un país con una reciente cultura de educación en inclusión y tolerancia, razón por la que es necesario que dichos cambios sean impulsados por reformas legislativas.\nTal como insiste el Comité de Discapacidad de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en su presentación “Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral”, es necesario que las empresas e instituciones puedan “crear conciencia al interior de las empresas y de los servicios públicos de los beneficios que trae la incorporación de personas con capacidades distintas.”.\nEn ese plano, el presente proyecto tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando la obligación legal para aquellas empresas que deben mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad, de:\ni) Tener al menos un empleado, que desarrolle funciones relacionadas a los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral;\nii) Elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal que entreguen las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral; y\niii) Que las actividades con ocasión de trabajo contemplen instancias desarrolladas conforme a los principios de accesibilidad y desarrollo universal.\nEn mérito de lo expuesto, vengo a presentar el siguiente proyecto de ley:\nArtículo Primero: Agregase el siguiente artículo 157 quater nuevo en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo:\n“Artículo 157 quater: Al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis, deberá contar con una acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o con una acreditación o certificación de nivel equivalente otorgada por una universidad extranjera, que valide su capacitación y conocimiento en el desarrollo de programas que fomenten la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad.\nLas actividades con ocasión del trabajo de carácter deportivo, cultural o de esparcimiento, deberán considerar instancias desarrolladas conforme a los criterios de accesibilidad y diseño universal, de acuerdo al artículo tercero de la Ley N° 20.422.”\nArtículo Transitorio: Lo preceptuado en la presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes de publicada en el Diario Oficial.\n?BOLETÍN N° 12.261-13-1\nINFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO PARA EXIGIR DE LAS EMPRESAS PERTINENTES, LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE FACILITEN LA INCLUSION LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.\nVuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley del epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de la Diputada señora Vallejo, doña Camila, de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel; Cruz-Coke, don Luciano; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Molina, don Andrés; Saavedra, don Gastón; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo, y de la ex Diputada señora Sabat, doña Marcela, contenido en el Boletín N° 12.261-13, sin urgencia.\nA las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab Verdugo, y don Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.\nLa iniciativa tuvo su origen, como se ha dicho precedentemente, en una Moción de la Diputada señora Vallejo, doña Camila, de los Diputados señores Ascencio, don Gabriel; Cruz-Coke, don Luciano; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Molina, don Andrés; Saavedra, don Gastón; Undurraga, don Francisco, y Vidal, don Pablo, y de la ex Diputada señora Sabat, doña Marcela, contenido en el Boletín N° 12.261-13, sin urgencia.\nEl proyecto fue aprobado en general, en la sesión ordinaria del día 11 de agosto del año en curso, por 13 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.\nVotaron a favor las Diputadas señoras Castillo, doña Natalia; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Labra, don Amaro; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank y Silber, don Gabriel.\nLa Comisión designó a don Eduardo Durán Salinas, en tal calidad.\nSeñalan los autores de la Moción en Informe, que la Ley N° 21.015 de 2017, que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, en su artículo 3° incluyó en el Código del Trabajo la obligación de que aquellas empresas de 100 o más trabajadores debieran contratar o mantener contratados al menos a un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, en relación al total de sus trabajadores.\nAgregan que, si bien, en virtud de los artículo primero y segundo transitorios de la Ley 21.015, esta ley entró en vigencia el día 1 de Abril de 2018, lo que significa que a la fecha de presentación de este proyecto de ley tiene tan solo 7 meses de aplicación, resulta lógico pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota no se generará en las empresas un real espacio de integración, lo cual únicamente puede darse un virtud de un trabajo y políticas mancomunadas entre empleador, trabajadores con discapacidad, y el total de los trabajadores.\nAfirman, asimismo, que contemplando la necesidad planteada, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en septiembre de 2008, consagra que los Estados Partes deben adoptar medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, para que en las empresas e instituciones públicas “se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.”. al respecto, añaden que, de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) de 2015, del total de la población de 18 años y más, un 20% son personas con discapacidad, por lo que 2.606.914 personas serían beneficiarios de estos ajustes.\nPrecisan, a continuación, que la Ley N° 20.422 de 2010 que Establece las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, conceptualiza en su artículo 5° a la Persona con Discapacidad como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.\nDe tal forma, añaden, con la dictación de la mencionada ley, nuestra legislación se actualiza y deja de lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, y hace hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el Factor Relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.\nEl que, señalan, nuestro sistema jurídico entienda así el concepto de Persona con Discapacidad no es una mera declaración de principios, sino que conlleva considerar que la discapacidad deja de ser un atributo exclusivo de las personas, siendo también una condición que la sociedad sufre, le compete y es por lo mismo responsable de superarla.\nPor lo tanto, estiman los autores, es indispensable tener presente en la labor legislativa el deber existente de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad, en su discapacidad, les imponen a las personas para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.\nDel mismo modo, manifiestan que las Personas con Discapacidad, en su diversidad, lejos de ser una carga, son un invalorable aporte a los procesos, aportando nuevas visiones, sensibilidades, experiencias y vivencias.\nEn tal forma, agregan, se han pronunciado en múltiples ocasiones los organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien ha recalcado el gran aporte que ha significado la valoración en igualdad “pasando desde un enfoque que consideraba a las personas con discapacidad como víctimas, objetos de caridad y beneficiarios de programas, hacia una mirada que las concibe como sujetos de derechos, participantes y actores, reconociendo su contribución a la sociedad y reclamando su integración.”.\nReconociéndose sus contribuciones, continúan exponiendo, constituye un acto de discriminación que a la hora de llevar adelante su derecho a trabajar existan condiciones, prejuicios o barreras que lo entorpezcan, lo cual ha sido reconocido explícitamente en el inciso cuarto del artículo 2° del Código del Trabajo.\nEs menester entonces, enfatizan los autores, que la sociedad avance en concebir la inclusión de las Personas con Discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores, y no como el cumplimiento de una cuota.\nDe tal forma, señalan, lo explicita la Fundación Chilena para la Discapacidad en su documento “Propuesta de mejoras para el Proyecto de Ley de Inclusión Laboral”, cuando señala que el establecimiento de cuotas laborales no generará un impacto sustancial en la solución a la problemática de exclusión laboral de personas con discapacidad puesto que “no entrega herramientas a la institución empleadora para propiciar un clima laboral inclusivo, que contemple la implementación de ajustes necesarios para asegurar un trabajo de calidad y digno, para una persona en situación de discapacidad.”.\nDe igual forma, manifiestan que se debe considerar que no solo es injusto que las personas con discapacidad no puedan escoger libremente sus puestos de trabajo, sino que es también injusto que los empleadores, en su discapacidad de tener espacios y organizaciones habilitadas para un trabajo universal, no puedan contratar a personas de sumo aptas para determinadas funciones, como lo son las personas con discapacidad.\nPor ello, consideran los autores de la moción, que si bien la dictación de la Ley N° 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas.\nPara tal efecto, añaden, es necesario rodear la actual ley con una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad.\nDesafortunadamente Chile, expresan, si bien tiene una tradición de respeto y cercanía con las Personas con Discapacidad, es un país con una reciente cultura de educación en inclusión y tolerancia, razón por la que es necesario que dichos cambios sean impulsados por reformas legislativas.\nConcluyen los autores, que tal como insiste el Comité de Discapacidad de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en su presentación “Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral”, es necesario que las empresas e instituciones puedan “crear conciencia al interior de las empresas y de los servicios públicos de los beneficios que trae la incorporación de personas con capacidades distintas.”.\nLa presente iniciativa tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando la obligación legal para aquellas empresas que deben mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad, de:\n1. Tener al menos un empleado, que desarrolle funciones relacionadas a los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral;\n2. Elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal que entreguen las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral; y\n3. Que las actividades con ocasión de trabajo deberán considerar normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422.\nEn conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando la obligación legal, para aquellas empresas que deben mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad, de adoptar diversas medidas faciliten dicha inclusión.\nTal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto sometido al conocimiento de esta Comisión en un artículo único y un transitorio.\nA las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab Verdugo y el señor Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la Comisión recibió en audiencia a la señora María Paz Larroulet, Subdirectora Nacional (S), junto a doña Francisca Giménez Casellas, Jefa de Gabinete, ambas del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), y a los señores Matías Poblete, Presidente de la Fundación Chilena por la Discapacidad y Pablo Constenla Sanhueza, abogado de dicha Fundación.\nA juicio de la Comisión, no existen en el proyecto de ley normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda por no incidir ellas en materias presupuestarias o financieras del Estado.\nLa Comisión inició su estudio en su sesión de fecha 7 de julio del año en curso, ocasión en que recibió a uno de sus autores, el diputado señor Francisco Undurraga Gazitúa, quien señaló que la moción tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando una serie de obligaciones a aquellas empresas que, por disposición de la ley, deban mantener contratadas, al menos, un 1% de personas con discapacidad. Estas obligaciones son las siguientes: Las empresas deberán (i) tener al menos un empleado, que desarrolle funciones relacionadas a los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral; (ii) elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal en materias de inclusión e integración laboral; y, (iii) generar las actividades con ocasión de trabajo, tales como paseos, actividades deportivas, culturales o educacionales que contemplen instancias desarrolladas conforme a los principios de actividades y desarrollo universal.\nA su vez, continuó el diputado señor Undurraga, otro de los objetivos que busca este proyecto, y que por razones de admisibilidad no fueron incorporados a éste, es que sea el SENSE, a través de sus recursos, y no a costo de las empresas, las que impartan capacitaciones y acrediten a las personas, pero para aquello, se requiere el patrocinio del Ejecutivo.\nEn cuanto a las sanciones por el incumplimiento, reconoció que este ítem no fue incorporado en el proyecto, por tanto, manifestó que espera que en la discusión en particular se incorporen las sanciones que se sujetaran al incumplimiento de las normas, proponiendo de antemano que sea la misma sanción por el no cumplimiento de la cuota, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Inclusión Laboral.\nPor último, señaló el señor Undurraga, el artículo transitorio dispone el plazo de dos años para su entrada en vigencia, con el objeto de que así los trabajadores de los departamentos de recursos humanos, puedan capacitarse en estas materias.\nEn la ocasión, el diputado señor Melero sostuvo que, para que exista una real inclusión, se requiere que existan personas en las áreas de recursos humanos que sean especializadas en el desarrollo de programas que fomenten esta inclusión laboral, porque una cosa es contratar a las personas con discapacidad y otra cosa es incluirlos, por tanto, se requiere de un análisis cuantitativo y cualitativo respecto de las empresas que han cumplido con la ley y cuales no y cuantas personas están trabajando dentro del 1% que exige la ley.\nEl señor Arab, Subsecretario del Trabajo, informó que, desde el Ministerio, se estudiará la posibilidad de que se impartan cursos de capacitación y acreditación a través de mecanismos que no generen un mayor costo y desincentivo para los empleadores.\nEl diputado señor Eguiguren manifestó que este proyecto es muy importante, dado que, en base a su experiencia, las personas con discapacidad valoran mucho el trabajo y lo toman como un compromiso, por tanto aumentan su productividad laboral, además de que mejora la calidad humana del grupo de trabajo.\nPara continuar el estudio del proyecto la Comisión, en su sesión de fecha 21 de julio del año en curso, recibió, de forma telemática, al señor Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo y a don Francisco Del Río Correa, asesor legislativo de dicha Cartera de Estado.\nEn la oportunidad, el señor Arab manifestó que la Moción va en camino correcto, dado que, en el marco de la Ley N° 21.015 de inclusión laboral, las empresas deben mantener contratadas, al menos, un 1% de personas con discapacidad y, mediante la moción en estudio, se les agrega una nueva obligación, pues deberán acreditar a uno de sus trabajadores del área de recursos humanos en temas de inclusión.\nHizo presente el señor Subsecretario que, certificar o acreditar no es lo mismo que capacitar, porque capacitar es enseñar, en cambio acreditar o certificar es dar fe de que existen ciertos conocimientos, por tanto, lo que la Moción propone es una acreditación mas no una capacitación.\nEn este contexto, el señor Arab expresó su conformidad respecto de que se establezca la obligación de acreditar a trabajadores para tales fines, y dichas acreditaciones, como se propone en la iniciativa, deban realizarse mediante universidades, institutos o centros de formación técnica, sin embargo, afirmó que el ideal es que las acreditaciones no signifiquen un mayor costo para los empleadores, considerando la situación compleja que aqueja al país.\nDado lo anterior, el señor Subsecretario, informó que se está evaluando la posibilidad de que una institución como ChileValora, órgano tripartito representado por empleadores y sus organizaciones; trabajadores y sus sindicatos; y la organización central del Estado, participe en la acreditación y certificación de las competencias laborales, ya sea a través de la franquicia tributaria de Sence o por medio de becas laborales que se puedan imputar a estas acreditaciones.\nContinuando con la discusión general del proyecto en Informe, en su sesión de fecha 11 de agosto del año en curso, la Comisión recibió, de forma telemática, al señor Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo junto a don Francisco Del Río Correa, asesor legislativo de dicha Cartera; a la señora María Paz Larroulet, Subdirectora Nacional (S), junto a doña Francisca Giménez Casellas, Jefa de Gabinete, ambas del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis); y a los señores Matías Poblete, Presidente de la Fundación Chilena por la Discapacidad y Pablo Constenla Sanhueza, abogado de dicha Fundación.\nEn primer lugar, la señora Larroulet, doña María Paz, manifestó su opinión favorable al proyecto; sin embargo, respecto a la exigencia de acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, hizo presente que en el país no hay ninguna universidad o institución de educación superior que cuente con alguna carrera o departamento que acredite las competencias laborales, en base a lo señalado por el proyecto. No obstante lo anterior, este Servicio junto con la Subsecretaría del Trabajo, está estudiando la posibilidad de certificar las competencias laborales a través de ChileValora.\nA continuación, el señor Poblete, Presidente de la Fundación Chilena por la Discapacidad, hizo presente que las personas en situación de discapacidad conforman un numeroso grupo vulnerable al que la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha significado la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como del disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población, y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad. El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad.\nEn este contexto, y a modo de propuesta para el estudio del proyecto de ley, el señor Poblete señaló que es importante, no solo incorporar a quienes se desempeñen en funciones relacionadas con recursos humanos, sino también, a todos quienes desempeñan el cargo de prevencionistas de riesgos en cada empresa. Lo anterior, dice relación a las actuales índices de accidentabilidad en el trabajo, sobre todo, de los trabajadores en situación de discapacidad, ya que éstos últimos, han sido postergados y no incluidos de manera igualitaria y sin discriminación, en las capacitaciones que tienen que ver, con el derecho a saber y con los riesgos y peligros del trabajo y sus enfermedades profesionales. Además, agregó, esta situación, se enmarca, dentro de lo señalado en el propio artículo 184 del Código del Trabajo, el cual indica, que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.\nEn consecuencia, continuó el señor Poblete, es de suma importancia que, si lo que se protege es al trabajador, también se proteja al trabajador en situación de discapacidad, quien en muchas ocasiones, es excluido y simplemente marginado de ciertas labores, en vez de brindarles una sólida capacitación en materia de seguridad, a veces simplemente por no contar con los recursos e infraestructura adecuadas o porque sencillamente, el profesional competente, no maneja un lenguaje inclusivo o no dispone de los conocimientos en materia de discapacidad e inclusión laboral. Por todas estas razones, es indispensable, que no solo se capacite y acredite a las personas que se desempeñen en el área de recursos humanos, sino también, a quien detente el cargo de prevencionista de riesgos.\nA su vez, el expositor indicó que ven con bastante preocupación que el proceso de acreditación, al cual se refiere el artículo 177 quater, pueda ser validado también, por intermedio de Fundaciones, organizaciones y corporaciones, que cuenten con alguna certificación de calidad, como por ejemplo la norma ISOo NCH, o un mínimo de 5 años de experiencia acreditable en proyectos relacionados a materia de inclusión laboral. Considera que no solo las universidades e institutos están en condiciones de certificar a estos trabajadores, sino que las fundaciones o corporaciones que llevan años trabajando estos temas, que cuentan con el profesional idóneo y que posean una norma de acreditación de calidad, también lo están y serían instituciones que pueden ser una alternativa a las universidades e Institutos, promoviendo la sana competencia y la elección de las empresas, pudiendo optar a certificar a sus trabajadores, en cualquiera de estas instituciones.\nPor tanto, añade que consideran indispensable que se incluya en este artículo a las fundaciones, corporaciones u organizaciones que acrediten calidad, idoneidad y experiencia, en la ley de inclusión laboral y de la discapacidad.\nRespecto al último inciso propuesto, el cual indica: “Las actividades con ocasión del trabajo de carácter deportivo, cultural o de esparcimiento, deberán considerar instancias desarrolladas conforme a los criterios de accesibilidad y diseño universal, de acuerdo al artículo tercero de la Ley N° 20.422.”, el señor Poblete propone cambiar la frase “deberán considerar instancias desarrolladas conforme a” por la frase “incorporar en su totalidad”,\nDe esta forma, continuó el señor Poblete, el inciso quedaría más completo y sin lugar a interpretaciones restrictivas de las empresas que lo apliquen, pues, la palabra “considerar instancias”, obedece a situaciones esporádicas, del momento, quedando a discreción del lector, la forma y el momento de aplicación, en este sentido, la frase “incorporar en su totalidad”, es mucho más amplia y no deja que el empleador busque maneras de no cumplir con este punto o saltarse la ley, dado que, la rigurosidad del lenguaje, en muchas ocasiones ayuda a aclarar el sentido y alcance de una ley.\nAsimismo, propuso que se incorpore en la normativa de accidentes de trabajo, respecto a no considerar como preexistencia los accidentes provocados por o a causa del trabajo, de las personas en situación en discapacidad.\nAdemás, solicitó que, en aras de que las empresas implementen ajustes de infraestructura o invertir considerablemente en tecnologías de apoyo, para la efectiva inclusión laboral de PeSD, se pueda presentar un proyecto con las mejoras necesarias a realizar, de manera que el Estado permita el acceso a un beneficio de carácter tributario.\nConcluyó el señor Poblete, indicando que creen que, como Fundación Chilena para la Discapacidad, si se acepta incorporar las propuestas señaladas, se complementará de manera más íntegra e inclusiva, el actual proyecto de ley que pretende modificar el código del trabajo, en materia de inclusión laboral, por medio de la incorporación del Artículo 177 quáter, y de esta forma, se brindará un marco legal más robusto y accesible a todos y todas, las personas en situación de discapacidad, que hoy más que nunca, necesitan urgentemente, el apoyo del Estado, de sus parlamentarios y de todo un país, y si no se concreta esta posibilidad, se perderá no solo a oportunidad de reivindicación para con estas personas, sino que, seremos una sociedad más injusta, más desigual y menos inclusiva.\nPor último, el señor Constenla manifestó que una persona con algún tipo de limitación que estaba trabajando antes de la pandemia gracias a la Ley de Inclusión Laboral (Ley 21.015) no puede acceder a la Ley de Protección al Empleo por lo que se perjudica al trabajador y a la empresa. Ellos no cuentan con seguro de cesantía (al igual que los pensionados) por lo que no pueden postular a este beneficio estatal.\nEn este contexto, señaló que es menester modificar la actual ley de protección al empleo, bajo el actual boletín que se discute en el Congreso, incorporando a las y los trabajadores dependientes, en situación de discapacidad, como sujetos activos y beneficiarios de la ley de protección al empleo, lo anterior, a través de un fondo estatal, que subsidie las cotizaciones de AFC necesarias y mínimas exigidas por la ley y que estos trabajadores no mantienen en sus saldos, debido a que la propia ley 19.728 se lo impide y de esta forma, garantizarles la calidad de “afiliados excepcionales, al seguro de cesantía”, al menos, durante la vigencia de la pandemia, acto de autoridad o crisis económica, para que de esta manera, ese trabajador o trabajadora, pueda acceder a una suspensión o reducción de jornada, optando a los pagos que complementen su remuneración mensual.\nLa señora Giménez, doña Francisca, hizo presente que Senadis cuenta con un programa para las personas con discapacidad, que apunta al cumplimiento de la ley 21.015 de inclusión laboral, entregando herramientas para que las instituciones públicas y privadas que están sujetas a la implementación de la ley, cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad. En el fondo, continuó la señora Giménez, todo el proceso, tanto de selección, contratación e incorporación, sea mirado desde una perspectiva inclusiva y considerando los ajustes razonables en cuanto a la accesibilidad, para así, como Senadis, cumplir el rol de referencia técnica en materia de discapacidad y poder entregar herramientas, competencia y capacitación para que todas las instituciones puedan mejorar su gestión de recursos humanos y de personas, de forma inclusiva.\nPor su parte, el diputado señor Barros valoró la presentación del proyecto, junto con las recientes exposiciones, y además expresó que las personas con discapacidad aportan algo inigualable al ambiente de trabajo. Junto a lo anterior, señaló que la tramitación de este proyecto no debe apuntar solamente a que las personas en esa situación sean contratadas, sino que debe ir junto con medidas de fondo respecto del comportamiento del resto de las personas que trabajan en su entorno y en como, los demás trabajadores, acogen a las personas con discapacidad.\nA su turno, la diputada señora Castillo, doña Natalia, manifestó que sería importante establecer una fórmula de trabajo para poder abarcar todo lo señalado por los representantes de la Fundación Chilena para la Discapacidad, ya sea a través de una mesa de trabajo u otro sistema para lograr dicho fin.\nAsimismo, y en atención a lo señalado por el señor Poblete respecto de que se incorpore en la normativa de accidentes de trabajo, en relación a no considerar como preexistencia los accidentes provocados por o a causa del trabajo, de las personas en situación en discapacidad, la diputada señora Castillo consideró necesario que el Superintendente de Seguridad Social informe sobre el total de licencias médicas que han sido rechazadas a trabajadores en situación de discapacidad por accidentes provocados por o a causa del trabajo, por la mutual respectiva, aduciendo enfermedad preexistente.\nEl diputado señor Silber manifestó que no comparte aquello que se dice respecto de que instituciones que no están dedicadas a la educación o formación puedan realizar las acreditaciones, pues, la única manera de fiscalizar la idoneidad de quien emite esta acreditación, es a través de una universidad o institución técnica reconocida por parte del Estado, porque o si no, las acreditaciones la terminarán llevando a cabo instituciones desconocidas para así cumplir con la ley que se busca modificar.\nEl señor Arab, Subsecretario del Trabajo, en relación a lo señalado por la diputada señora Castillo respecto de que se forme una mesa de trabajo a fin de abordar los problemas que existen sobre inclusión laboral de personas en condición de discapacidad, manifestó que desde el Ministerio existe total disponibilidad.\nSobre lo indicado por el diputado Silber, el señor Arab señaló que no se está planteando que sean ONG’s u organismos puntuales quienes acrediten, ni que sea un negocio las acreditaciones, sino que, desde el Ejecutivo, se pretende que quien participe en la acreditación y certificación sea ChileValora, que es un órgano tripartito representado por empleadores y sus organizaciones; trabajadores y sus sindicatos; y la organización central del Estado.\nLa diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, expresó que un punto importante, en relación al proyecto en estudio, tiene relación con las condiciones laborales de las personas en situación de discapacidad y como estas pueden laborar en sus lugares de trabajo, pero además, hay que tener en consideración lo vinculado a las ayudas técnicas, dado que existe un retraso en términos de financiamiento, y por consiguiente, poco acceso a dichas ayudas para los trabajadores.\nEl diputado señor Eguiguren, junto con compartir lo señalado por la diputada Sepúlveda, agregó que hay que abordar la situación de las personas sordas, pues, el entorno laboral no sabe como manejar la relación o comunicación cuando hay personas con este tipo de discapacidad.\n-- Sometido a votación, en general, el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de sus 13 integrantes.\n(Votaron a favor las señoras Castillo, doña Natalia; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los Diputados señores Barros; Durán; Eguiguren; Jiménez; Labra; Melero; Ramirez; Saavedra; Sauerbaum y Silber).\nIX.- DISCUSION PARTICULAR\nLa Comisión inició la discusión en particular del proyecto en su sesión de fecha 18 de agosto recién pasado, ocasión en la que recibió, de forma telemática, al señor Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo junto a don Francisco Del Río Correa, asesor legislativo de dicha Cartera de Estado, adoptándose respecto de su articulado los acuerdos siguientes:\n“Artículo único.- Agregase el siguiente artículo 157 quater nuevo en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo:\n“Artículo 157 quater.- Al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis, deberá contar con una acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o con una acreditación o certificación de nivel equivalente otorgada por una universidad extranjera, que valide su capacitación y conocimiento en el desarrollo de programas que fomenten la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad.\nLas actividades con ocasión del trabajo de carácter deportivo, cultural o de esparcimiento, deberán considerar instancias desarrolladas conforme a los criterios de accesibilidad y diseño universal, de acuerdo al artículo tercero de la Ley N° 20.422.”.”.\n-- S.E. el Presidente de la República presentó indicación para reemplazar, en el inciso primero, la frase “una acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o con una acreditación o certificación de nivel equivalente otorgada por una universidad extranjera, que valide su capacitación y conocimiento en el desarrollo de programas que fomenten la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad.” por la oración “conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley Nº 20.267.”.\nAl respecto, el señor Arab informó que esta indicación tiene relación con quien realizará esta exigencia de que una de las personas de recursos humanos - en empresas que tengan más de 100 trabajadores - esté acreditado y, en este sentido, señaló que quien debería efectuar esta acreditación es ChileValora, porque, por un lado es un órgano tripartito representado por trabajadores, empleadores y el Estado y además, esta institución realiza, en función de la legislación, otras certificaciones habilitantes, y para el cumplimiento de su labor, trabaja con universidades, gremios, consultoras e institutos que tiene que cumplir con los estándares de ChileValora.\nEl diputado señor Melero manifestó estar a favor de la indicación propuesta, porque instala al organismo más competente dentro de la estructura de capacitación con fines vinculados al mundo laboral que tiene el Estado, y, a mayor abundamiento, no hay otro organismo que pueda certificar las competencias laborales de mejor manera.\n-- Asimismo, S.E., el Presidente de la República presentó indicación para intercalar en el inciso segundo, entre las palabras “deberán” y “elaborar”, la frase “promover políticas en materias de inclusión al interior de las mismas, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis, así como también”.\nEl señor Arab hizo presente que esta indicación tiene como fin incorporar, además de los programas de capacitación propuesto en la Moción, que las empresas deberán promover políticas en materias de inclusión al interior de las mismas, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo.\nLa diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, solicitó que, tal como se le informa a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación a la Ley de Inclusión Laboral, se le informe a esta instancia, en los mismos términos que a la Dirección del Trabajo, respecto de las políticas en materias de inclusión al interior de las empresas.\nEn relación a lo anterior, el señor Arab hizo presente que la Dirección del Trabajo deberá emitir un informe al respecto y dicho informe ser remitido al Congreso en consideración a la Ley de Inclusión Laboral.\n-- Del mismo modo, S.E., el Presidente de la República presentó indicación para reemplazar su inciso tercero, por el siguiente:\n“Las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia.”.\nAl respecto, el señor Arab comentó que la indicación propone una redacción distinta al proyecto, compartiendo el espíritu de lo que se plantea en dicho inciso.\nEl diputado señor Undurraga expresó estar plenamente conforme e interpretado por las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pues en ellas se respeta el espíritu de la Moción.\n“Artículo Transitorio.- Lo preceptuado en la presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes de publicada en el Diario Oficial.”\n-- Sometidas a votación, conjuntamente, las indicaciones de S.E., el Presidente de la República, junto con el artículo transitorio, fueron aprobadas por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.\n(Votaron a favor las señoras Castillo, doña Natalia; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los Diputados señores Barros; Durán; Eguiguren; Jiménez; Labra; Melero; Ramirez y Sauerbaum.)\nX.- ARTICULOS RECHAZADOS Y/O DECLARADOS INADMISIBLES\nNo existen disposiciones en tal condición.\nLas exposiciones realizadas, y el debate suscitado en esta Comisión, con ocasión del estudio, discusión y votación del proyecto en Informe, quedan registrados en sus Actas y archivados en un registro de audio y video a disposición de las señoras y de los señores Diputados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 256 del Reglamento de la Cámara de Diputados.\n“Artículo primero.- Agregase el siguiente artículo 157 quáter nuevo en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo:\n“Artículo 157 quáter.- Al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis, deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267.\nLas empresas señaladas en el inciso anterior, deberán promover políticas en materias de inclusión al interior de las mismas, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis, así como también elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa.\nArtículo Transitorio.- Lo preceptuado en la presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes de publicada en el Diario Oficial.”.”.\nSE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE, A DON EDUARDO DURAN SALINAS.\nSALA DE LA COMISIÓN, a 18 de AGOSTO de 2020.\nAcordado en sesiones de fechas 7 y 21 de julio, y 11 y 18 de agosto de 2020, con asistencia de las diputadas señoras Castillo, doña Natalia; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y de los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Labra, don Amaro; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank, y Silber, don Gabriel.\nFORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA EXIGIR DE LAS EMPRESAS PERTINENTES, LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (BOLETÍN N° 12.261-13)\nEn uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular siguientes indicaciones al proyecto de las ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:\nAL ARTÍCULO PRIMERO, QUE INTRODUCE UN ARTÍCULO 157 QUÁTER, NUEVO\n1) Para reemplazar, en el inciso primero, la frase "una acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o con una acreditación o certificación de nivel equivalente otorgada por una universidad extranjera, que valide su capacitación y conocimiento en el desarrollo de programas que fomenten la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad." por la oración "conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N" 20.267.".\n2) Para intercalar en el inciso segundo, entre las palabras "deberán" y "elaborar", la frase "promover políticas en materias de inclusión al interior de las mismas, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis, así como también".\n3) Para reemplazar su inciso tercero, por el siguiente:\n"Las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia.".\nMARÍA JOSE ZALDÍVAR LARRAÍN\nADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FACILITAR INCLUSIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 12261-13)\nCorresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.\nDe conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto de las bancadas, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.\nDiputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Eduardo Durán .\n-Moción, sesión 106ª de la legislatura 366ª, en martes 27 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 15.\n-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 64ª de la presente Legislatura, en martes 25 de agosto 2020. Documentos de la Cuenta N° 23.\nEl señor DURÁN (don Eduardo) [de pie].-\nSeñor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción de la diputada señorita Camila Vallejo , de los diputados señores Gabriel Ascencio , Luciano Cruz-Coke , Francisco Eguiguren , Patricio Melero , Andrés Molina , Gastón Saavedra , Francisco Undurraga y Pablo Vidal , y de la entonces diputada señora Marcela Sabat , que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad (boletín N° 12261-13), sin urgencia.\nA las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal, asistieron el subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo , y el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río Correa .\nAsimismo, la comisión recibió en audiencia a la señora María Paz Larroulet , subdirectora nacional subrogante, junto con la señora Francisca Giménez Casellas , jefa de gabinete, ambas del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), y a los señores Matías Poblete , presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y Pablo Constenla Sanhueza , abogado de dicha fundación.\nLa presente iniciativa tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando la obligación legal, para aquellas empresas que deben mantener contratados al menos el 1 por ciento de personas con discapacidad, de:\n1. Tener al menos un empleado que desarrolle funciones relacionadas con los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral;\n2. Elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal que entreguen las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral, y\n3. Que las actividades con ocasión del trabajo consideren normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422.\nLos autores de la moción en informe señalan que la ley N° 21.015, de 2017, que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, en su artículo 3° incluyó en el Código del Trabajo la obligación de que aquellas “empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores.”.\nAgregan que si bien esta ley entró en vigencia el 1 de abril de 2018, en virtud de los artículos primero y segundo transitorios de la ley N° 21.015, lo que significa que a la fecha de presentación de este proyecto de ley tiene tan solo siete meses de aplicación, resulta lógico pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota no se generará en las empresas un real espacio de integración, lo cual únicamente puede darse en virtud de un trabajo y políticas mancomunadas entre empleador, trabajadores con discapacidad y el total de los trabajadores.\nA continuación, precisan que la ley N° 20.422, de 2010, que Establece las Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, en su artículo 5° conceptualiza a la persona con discapacidad como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.\nDe tal forma -añaden-, con la dictación de la mencionada ley, nuestra legislación se actualizó y dejó de lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, y hace hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el factor relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.\nEl que nuestro sistema jurídico entienda así el concepto de persona con discapacidad –agregan no es una mera declaración de principios, sino que conlleva considerar que la discapacidad deja de ser un atributo exclusivo de las personas, siendo también una condición que la sociedad sufre, que le compete y, por lo mismo, es responsable de superarla.\nUna traducción clara de lo anterior es la autoimposición de la obligación de diseñar las políticas públicas conforme a los criterios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, y buscar en el Estado, como fin, la plena inclusión social, tal como señalan los artículos 1° y 3° de la ley N° 20.422.\nPor lo tanto, es indispensable tener presente en la labor legislativa el deber existente de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad les imponen a las personas, para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.\nDel mismo modo, manifiestan que las personas con discapacidad, en su diversidad, lejos de ser una carga, son un invalorable aporte a los procesos, al entregar nuevas visiones, sensibilidades, experiencias y vivencias.\nNo obstante, reconociéndose sus contribuciones, constituye un acto de discriminación que, a la hora de llevar adelante su derecho a trabajar, existan condiciones, prejuicios o barreras que lo entorpezcan, lo cual ha sido reconocido explícitamente en el inciso cuarto del artículo 2° del Código del Trabajo.\nEs menester, entonces -enfatizan los autores-, que la sociedad avance en concebir la inclusión de las personas con discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores y no como el cumplimiento de una cuota. Pero dicha naturalidad en la contratación no se puede generar si las empresas no se encuentran adaptadas física y organizativamente de forma tal que permitan una efectiva integración laboral.\nPor ello -consideran los autores de la moción-, si bien la dictación de la ley N° 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas.\nPara tal efecto, es necesario rodear la actual ley de una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad.\nPor su parte, las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la comisión concordaron plenamente con la presente iniciativa legal y con la necesidad de que nuestra legislación entregue las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión e integración laboral de las personas con discapacidad.\nSometido a votación el proyecto, fue aprobado en general por 13 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.\nVotaron a favor las diputadas señoras Castillo , doña Natalia ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Yeomans , doña Gael , y los diputados señores Barros, don Ramón ; Durán, don Eduardo ; Eguiguren, don Francisco ; Jiménez, don Tucapel ; Labra, don Amaro ; Melero, don Patricio ; Ramírez, don Guillermo ; Saavedra, don Gastón ; Sauerbaum, don Frank , y Silber, don Gabriel .\nDurante la discusión particular, la comisión aprobó por unanimidad dos indicaciones presentadas por su excelencia el Presidente de la República que enriquecieron y precisaros sus contenidos, las que no detallaré en aras del tiempo, pero que los colegas pueden consultar en el informe que tienen en su poder.\nFinalmente, me permito hacer presente que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quorum calificado, como tampoco normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por no incidir estas en materias presupuestarias o financieras del Estado.\nEn discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .\nSeñor Presidente, en los casi treinta años de experiencia en el sector privado, en que tuve el honor de pasar por diferentes labores, logré desempeñarme como gerente e, incluso, tuve la suerte de lograr, con cierto éxito, mi propia empresa, que terminaría por darle trabajo a casi quinientas personas.\nEn todos esos años, uno de los puntos que más me marcó fue darme cuenta de lo difícil que es generar inclusión laboral para las personas con discapacidad.\nCon todas mis fuerzas, traté de que mi empresa fuera inclusiva y que este fuera uno de nuestros sellos, en que mis trabajadores y colaboradores destacaran por no generar distinción alguna entre sus pares. Honestamente, creí que bastaría con que el jefe o el dueño de la empresa -es mi caso fuera una persona con discapacidad para que mi empresa y mis trabajadores estuvieran preparados para realizar la inclusión. Pero lamentablemente no fue así.\nAnte la falta de una real política de inclusión y un diseño organizacional pensado para este fin, el resultado fue más bien negativo. El problema no fue la mala voluntad de las personas que trabajaban conmigo, sino la falta de preparación de la empresa y sus colaboradores para hacer inclusión.\nFinalmente, lo que comenzó como una buena intención terminó en forma negativa.\nPor lo anterior, creo que las buenas intenciones en esta materia no son suficientes. Menos eficiente es que nuestra ley suponga que solo una cuota de 1 por ciento es suficiente para hacer inclusión laboral. Se necesitan profesionales debidamente capacitados, se necesita conciencia inclusiva, programas y políticas enfocadas en este fin y de una estructura de empresa que se encargue de ello.\nEste proyecto de ley viene a presentar una solución para esto. Pedimos que aquellas empresas que deban cumplir con la cuota de inclusión tengan en sus departamentos de recursos humanos al menos a una persona especializada y certificada en el diseño e implementación de políticas y programas de inclusión. Esto tiene que ver con un tema de justicia.\nSi como legisladores nos dotamos de una ley que imponía la contratación, no podemos desatendernos de lo que pasa con esas personas dentro de las empresas. Así que es nuestro deber ir más allá, seguir avanzando y velar por un mejor clima laboral.\nExisten muchos casos exitosos y no hay que ir tan lejos para verlos. Aquí mismo, en esta Corporación, existe un programa de inclusión laboral muy positivo en virtud del cual personas con diversas situaciones de discapacidad han logrado desempeñarse en áreas como la atención a delegaciones o el diseño y confección de materia comunicacional, por dar algún tipo de ejemplo.\nEmpresas como Rosen, que cuenta con empleados ciegos, y otras con trabajadores con síndrome de Down para la confección de cojines de alta gama, han visto como estas personas y sus cualidades han logrado realizar este trabajo con gran efectividad.\nConozco otros casos como el de una empresa metalmecánica que logró contratar a personas sordas de una escuela cercana, que podían trabajar sin problemas con los altos ruidos que se generaban en esa industria.\nEn fin, hay varios casos positivos de inclusión laboral en empresas u otras organizaciones, y en todas se repite el mismo factor de preparación, capacitación, fomento de cultura inclusiva y apoyo de profesionales relacionados con el tema.\nLa inclusión no la puede liderar la persona que trabaja al lado de una persona con discapacidad, y no basta con agrandar un baño para que entre una silla de ruedas. La inclusión tiene que ver con aceptar al otro como un legítimo otro y con aceptar las potencialidades que pueden entregar las personas con discapacidad. No basta con cumplir una cuota.\nFinalmente, agradezco a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al subsecretario del Trabajo y al asesor legislativo señor Correa por haber impulsado la iniciativa de que sea Chile Valora quien se haga cargo de capacitar a las personas de las empresas…\nHa terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .\nEl señor JIMÉNEZ (vía telemática).-\nSeñor Presidente, ¡qué proyecto más importante tenemos la posibilidad de aprobar hoy! En la Comisión de Trabajo fue aprobado unánimemente.\nCabe recordar que ya existe en Chile, desde el año 2018, una ley que obliga a las empresas a que al menos el 1 por ciento de sus trabajadores sean personas con capacidades diferentes. En Chile el 20 por ciento de los mayores de 18 años tiene algún tipo de capacidad diferente -eso da a entender la importancia del proyecto que ahora discutimos-; 19.500 personas han sido contratadas bajo esta modalidad; 3.871 empresas han registrado contratos bajo esta legislación. Por tanto, la ley señalada ha sido un tremendo aporte desde el año 2018. Pero no es suficiente, pues el 64,3 por ciento son hombres y el 2,7 por ciento son extranjeros. Reitero: no es suficiente, y por eso es importante este proyecto que ha presentado nuestro amigo Francisco Undurraga .\n¿Qué establece el proyecto? El proyecto propone diversas medidas que facilitan la inclusión laboral. Una, que es muy importante, es que al menos uno de los trabajadores que desempeñe funciones en el departamento de recursos humanos de la empresa tenga conocimientos y capacidades específicas para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Asimismo, dispone que se elaboren programas de capacitación para la inclusión laboral en forma anual en las empresas, que todas las medidas que se adopten al respecto se informen a la Dirección del Trabajo, y otras medidas que van a ser un complemento a la ley vigente y que irán mejorando la inclusión en el mundo del trabajo.\nPero creo que los grandes desafíos que tenemos siguen pendientes. Estos, como he dicho, son avances, pero tenemos desafíos pendientes. Y el rol del Estado, pero también de la empresa privada, es construir una sociedad inclusiva, es fomentar la independencia y autonomía de las personas, es ir terminando con esta lógica de asistencialismo que ha existido a lo largo del tiempo. Debemos generar todas las condiciones que permitan a las personas en situación de discapacidad su plena inclusión en nuestra sociedad, y así facilitar que la igualdad de oportunidades sea realmente efectiva.\nPor eso creo que si bien tenemos una gran oportunidad -me imagino que este proyecto lo vamos a votar unánimemente a favor-, todavía nos quedan desafíos pendientes y debemos seguir en esa lógica; por ejemplo, mejorar los espacios públicos y las condiciones de accesibilidad.\nQuiero reconocer el esfuerzo que ha hecho Francisco Undurraga al presentar este proyecto, que complementa el que habíamos aprobado en 2018. Es un gran proyecto, por las medidas que dispone para facilitar la inclusión laboral.\nAsí que esta iniciativa contará con el apoyo de nuestra bancada y me imagino que con el de toda la Sala.\nFinalmente, felicito a Francisco Undurraga por este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, y espero que lo sea de la misma manera en esta Sala.\nSeñor Presidente, qué buen proyecto es el que hoy estamos debatiendo.\nCreo que lo primero es agradecer al diputado Francisco Undurraga por permitirnos avanzar en algo que es tremendamente importante: mejorar como país y como sociedad. Este es un problema cultural; este es un problema que de verdad debería tocar el alma a todos, porque estamos hablando de cómo mejoramos como sociedad.\nTuve la suerte de haber participado en empresas donde este tema era parte de la cultura. Hoy decimos que existe una ley que exige que las empresas que tengan más de cien trabajadoras y trabajadores deban tener al menos el 1 por ciento de personas con algún grado de discapacidad. Pero el problema es otro; el problema es que muchas veces las empresas, aunque no todas, se contentan o cumplen con el 1 por ciento. Ese es el punto. El 1 por ciento debería ser el piso y no el techo, porque debemos entender que en la medida en que generemos más integración, más inclusión y consideremos a todas las personas, cualquiera sea su condición, vamos a ir mejorando en calidad humana y como sociedad.\nMi experiencia es que en los grupos donde he trabajado, cuando hay una persona con una capacidad diferente, no solamente mejora la integración sino también el grupo en cuanto a sus valores y a su compromiso. El grupo mejora al ver que hay personas que partieron no en el mismo nivel en que lo hizo uno, sino más atrás, pero que fueron avanzando mucho más que uno. Y así nos damos cuenta de que, muchas veces, el impedimento físico no es el fin de una persona; es el desafío de la persona. Y esa persona sale adelante y demuestra a todos que de verdad puede hacer eso y mucho más. Es impresionante ver cómo son personas que ayudan a los demás, que colaboran con los demás, que tiran para arriba al grupo.\nPor eso, yo festejo este proyecto, porque nos hace ir mejorando como sociedad.\nSin duda, estos dos aspectos que aborda el proyecto son muy importantes, pero no son suficientes. En efecto, tener una persona certificada en el equipo de recursos humanos es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente que la empresa, por lo menos una vez al año, tenga que generar actividades, programas de capacitación para su personal con el objeto de entregar herramientas que hagan efectiva la inclusión laboral. Es importante, pero no es suficiente.\n¿Sabe qué es suficiente? Que entendamos que no tenga que haber una ley para que se nos ocurran estas cosas. ¿Cuándo va a ser suficiente? Cuando entendamos como país, como sociedad, que todos son importantes, con sus características, con sus fortalezas, con sus debilidades. Todos son importantes para armar un gran equipo de trabajo, porque todos aportan al objetivo final.\nDe verdad, aplaudo este proyecto y agradezco a su gestor, el diputado Francisco Undurraga , por haberme invitado a ser coautor de este, porque tiene que hacernos sentir orgullosos de que vamos avanzando en el camino más importante de todos: hacer que nuestra sociedad sea más humana, más integradora y menos discriminadora.\nFinalmente, llamo a todas las empresas, grandes y pequeñas, a que las exigencias que establece este proyecto para que adopten medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad no sean el techo, sino que sean el piso. Que este sea un buen pretexto para que todas las empresas se organicen, para que lleven a cabo mesas de conversación entre todos para determinar cómo a través de lo que dispone este proyecto se pueden sacar mejores ideas y avanzar en lograr que contemos con empresas más integradoras. Ello les permitirá mejorar mucho su producción, porque, sin duda, cuando todos son parte de un mismo objetivo, todos ganan. La sociedad entera gana cuando vemos que no hay discriminación, cuando se valora y se trata a todos con el mismo cariño.\nSeñor Presidente, creo que no me alcanzarán los minutos para poder expresar lo que la razón y el corazón quieren decir cuando estamos tocando un tema de esta naturaleza, que el señor Vicepresidente de esta Corporación, a partir de su propia experiencia de vida y laboral, ha señalado.\nParto por decir, modestamente, reconociéndome profano en estos temas, porque nos falta mucho por estudiar, por conocer y por reconocer, que la inclusión en general no puede ser solamente asumida o reconocida desde la óptica de lo que, sin duda, son nobles sentimientos, pero equivocados. No puede ser que la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, física, mental o de otra naturaleza, sea vista por razones de humanidad, mucho menos desde la compasión y mucho menos por la obligación de cumplir.\nLa inclusión laboral de personas con discapacidad es una responsabilidad ética, de modo que quienes tal vez consideramos que no tenemos ningún grado de discapacidad debemos autoevaluarnos. Debemos autoexaminarnos como seres humanos, a fin de que entendamos que cada uno arrastra o tiene alguna dificultad que nos diferencia de los demás. A veces nos sumergimos en preocupaciones o nos autocastigamos porque no tenemos la capacidad de otros, ya sea en materia de rapidez de reacción, en la facilidad de pronunciar un discurso o de contar con la capacidad de trabajar por largas horas, como es el caso de algunas personas que uno conoce. En fin, tenemos que reconocer que las habilidades que cada uno de nosotros tenemos son distintas a las de otros.\nEste proyecto apela a la responsabilidad ética de considerar a nuestro semejante como el otro yo, como la otra persona que es igual que yo, que tiene los mismos derechos que yo, que tiene los mismos valores y que debe tener las mismas oportunidades que, ¡en justicia!, pido para mí, para los propios, para mi familia. Esas mismas oportunidades las deben tener otros, independiente de cualquier circunstancia que nos diferencie.\nNo soy un letrado en esta materia ni mucho menos. No obstante, los años a uno le van enseñando a situarse en un plano de más humildad y de menos soberbia. Con los años aprendemos a ser más agradecidos de lo que uno ha podido recibir de la vida y de Dios, y aprendemos a tratar de ver cómo ayudar a otros.\nEsta iniciativa es tremendamente desafiante, porque lo que hace es generar en las empresas -no en las personas en situación de discapacidad, que ya vienen con ganas de ser consideradas por lo que valen y pueden hacerla formación de un sistema que permita a todos no solo entender a los trabajadores con discapacidad, sino ayudarlos a sacar todo su potencial humano y productivo.\nEn consecuencia, tenemos la tremenda oportunidad de tener un país más justo, de verdad inclusivo, donde estas personas aporten lo que cada uno de nosotros también aporta…\nHa concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sandra Amar .\nLa señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-\nSeñor Presidente, han sido décadas en las que se ha venido trabajando para hacer un cambio de paradigma en materia de discapacidad. Puedo decir que a pesar de las complejas brechas que hemos encontrado en el camino, se ha podido avanzar en el último período. No obstante, aún faltan muchos desafíos y mucho camino por recorrer.\nLa entrada en vigencia de la ley N° 21.015, que incentiva la contratación de las personas con discapacidad, para que las empresas con cien o más trabajadores contraten por lo menos al uno por ciento de personas con discapacidad, fue una muestra de que podemos ir destruyendo las fronteras que la sociedad ha construido. Aún más, es de toda lógica pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota, las empresas generarán más cupos laborales, mas no un espacio real de integración y desarrollo para lograr la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Este proyecto viene justamente a subsanar esta deficiencia para lograr una verdadera inclusión laboral en las empresas.\nEs por todo esto que esta iniciativa, por más simple que se pueda considerar, profundiza en una materia muy relevante de esta legislación laboral, mediante el establecimiento de la obligación de que los empleadores que tienen más de cien trabajadores cuenten por lo menos con un trabajador que tenga conocimientos específicos en materia de discapacidad, de manera que puedan fomentar la inclusión laboral.\nImaginen lo importante que es este nuevo artículo que viene no solo a implementar los espacios técnicos que se requieren con conocimientos en materia de discapacidad e inclusión, sino que también, entre otras obligaciones, van a ser los responsables de desarrollar programas que fomenten inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad.\nAdemás, se tendrán que elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación del personal, con el objeto de otorgar herramientas que se traducirán en la generación de un mejor ambiente, a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr mayor inclusión y un entorno laboral más satisfactorio.\nSomos nosotros los que muchas veces producimos las barreras en las empresas debido al desconocimiento que se tiene respecto de cómo actuar para tratar a todos de igual a igual.\nEstos pequeños avances solo demuestran que vamos en la dirección correcta; sin embargo, no puedo dejar de resaltar la larga espera que tuvo este proyecto para que pudiéramos discutirlo hoy en la Sala.\nPor eso, también pido que implementemos con celeridad la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que será la herramienta necesaria para que podamos discutir en forma rápida y oportuna este tipo de proyectos. Ello, porque para un gran número de personas significará una nueva calidad de vida, un mejor ambiente laboral y un nuevo paso para el cambio social…\nHa concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Natalia Castillo .\nLa señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-\nSeñor Presidente, en primer lugar, quiero saludar por su intermedio a los ministros presentes en esta sesión.\nAsimismo, saludo a los autores de este proyecto, quienes nos invitaron a debatirlo en la Comisión de Trabajo, y, en particular, a la diputada Gael Yeomans , quien, como Presidenta de la Comisión, lo puso en tabla. Ello nos desafió a evaluar primero la implementación de la ley de inclusión laboral. De hecho, quedó pendiente una evaluación con el Ministerio del Trabajo para ver cómo se ha aplicado realmente en las empresas y cuál ha sido el efecto que ha tenido dicho cuerpo legal.\nAdemás, nos hemos dado cuenta de que en materia de inclusión no es que haya que capacitar a las personas con discapacidad para que puedan obtener un puesto de trabajo o desarrollar determinada función, sino que más bien hay que fortalecer los espacios empresariales, los lugares de trabajo y capacitar a las y los compañeros de trabajo de aquellas personas para realmente incluirlas en lo laboral.\nLo que hace este proyecto es incorporar dentro de las políticas de la empresa la obligación de tener a un empleado con conocimientos específicos en esta materia. Además, incorpora la realización de jornadas de capacitación para todos los trabajadores y las trabajadoras con la finalidad de incluir de manera real a las personas con discapacidad.\nAhora, quiero hacer un punto con relación a cómo nace este proyecto.\nEl Primer Vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga , quien, como todos lo sabemos, no es de mi lado político, es una persona con discapacidad. En este sentido, creo que es muy importante relevar que el Congreso se parezca lo más posible al país. En Chile hay muchas personas con discapacidad, y los espacios institucionales son muy reducidos para ellas. Es muy difícil que una persona con discapacidad pueda acceder a espacios de poder.\nPor eso me pareció muy importante que el diputado Undurraga utilizara este espacio y que, además, generara el proyecto que estamos discutiendo, que es bastante transversal, pues tiene las firmas del Frente Amplio, del diputado Vidal , de la diputada Vallejo y de otros más.\nEs muy relevante transversalizar esta materia; es algo que nos corresponde a todos. Por tal razón, desde mi diputación nos hemos sumado a esta cruzada, a este desafío de crear políticas públicas de inclusión que tengan efectos reales. Así, convocamos a una mesa de trabajo con distintas organizaciones de la discapacidad.\nPor su parte, el subsecretario del Trabajo, el señor Arab , comprometió su participación para llevar adelante esa mesa de trabajo de manera conjunta, a fin de generar políticas públicas inclusivas que tengan un efecto real tanto en la fuerza laboral de las personas con discapacidad como también dentro de los espacios de formación de los distintos profesionales.\nPor ello, agradezco esta iniciativa. Creo que en estos tiempos han sido pocas las instancias en que se ha tenido tanto consenso sobre una materia. El proyecto en comento fue tratado en la Comisión de Trabajo con un ánimo muy colaborativo: generamos indicaciones en forma conjunta.\nEn consecuencia, hay que valorar cuando se logra hacer política de esta manera, porque proyectos como el que nos ocupa son los que devuelven la esperanza de que sí se pueden lograr grandes consensos en algunas materias. Así que, por supuesto, lo votaremos favorablemente.\nEl señor SABAG (vía telemática).-\nSeñor Presidente, valoro este proyecto cuyo autor es el diputado Undurraga .\nAsimismo, quiero recordar a sus señorías que antes de que se promulgara la ley N° 21.015, que establece para las empresas de más de cien trabajadores la obligación de contar con una dotación de a lo menos el 1 por ciento de personas con discapacidad, nuestra Cámara de Diputados ya había iniciado un proceso de inclusión. En su minuto, bajo la presidencia del señor Nicolás Monckeberg , se incluyó a tres personas con discapacidad en la dotación de la Corporación. Posteriormente, durante la presidencia del señor Fidel Espinoza , con quien formé parte de la Mesa, se incorporaron más personas con discapacidad en la dotación de la Cámara. De esa manera, nos anticipamos a una ley que hoy permite que las personas con discapacidad se integren a la vida laboral.\nCon este proyecto también avanzamos en esa línea, porque ahora las empresas deben contar con una persona capacitada en la materia y tener programas de capacitación para sus trabajadores. Lo que hace esta iniciativa es profundizar en la inclusión social de las personas con discapacidad en nuestro país, uno de los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008, que Chile ratificó, y que paso a paso se ha ido haciendo carne en nuestra legislación.\nPor ello, esta iniciativa obliga a las empresas en cuestión a contar al menos con un empleado que desarrolle funciones relacionadas con los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral.\nAsimismo, plantea que todos los años se desarrollen programas de capacitación para su personal a fin de proporcionar las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral.\nPor último, exige que todas las actividades que se realicen con ocasión del trabajo incorporen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.\nLo anterior está muy en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que con ella se cambió el paradigma de la discapacidad al entender que este no es un problema de las personas con discapacidad, sino del entorno, al cual hay que ir modificando. Por eso están los principios de vida independiente; de diseño universal, es decir, que las empresas deben tener un diseño universal en infraestructura en cuanto a los accesos, los baños, los espacios de trabajo, de manera que puedan acceder a ellos no solo algunas personas, sino también las personas con discapacidad, para desarrollar adecuadamente su labor.\nLa accesibilidad universal es un principio tremendamente importante, que ni siquiera hemos podido implementar en la Cámara de Diputados. Recordemos, por ejemplo, el último cambio de mando, cuando llegó el Presidente de Ecuador al Congreso y no pudo acceder fácilmente al edificio.\nPor lo tanto, se trata de un proceso lento, pero que tiene que ir avanzando; las empresas y todas las instituciones debemos ir cambiando este paradigma, esta manera de ver la discapacidad, de modo que todos tengan acceso en igualdad de oportunidades, en este caso al trabajo, aspecto muy relevante, pues las personas con discapacidad -lo hemos visto en nuestra Corporación hacen un aporte tremendamente relevante, no solo en lo laboral, sino también en lo humano. Ellos humanizan a la empresa, a las instituciones, y eso es lo que busca este proyecto de ley.\nPor último, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana respaldará esta iniciativa.\nSeñor Presidente, como bancada del Partido Comunista, valoramos muchísimo la iniciativa y el esfuerzo del Primer Vicepresidente de la Corporación por presentar este proyecto. Sin lugar a dudas, lo respaldamos con nuestra firma, pero también en la Comisión de Trabajo con el compañero diputado Amaro Labra . Creemos que es muy importante que la inclusión en el ámbito laboral, y en todos los aspectos de nuestra sociedad, sea real y se concrete.\nDimos un paso significativo -lo mencionaron mis colegas al establecer exigencias a las empresas en la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad. Pero no basta con eso; no basta con imponer una obligación de ese tipo si en el proceso que se lleva a cabo en las empresas, en el trabajo mismo no se dan las condiciones para una real inclusión.\nEsto no se trata solo de ser buenas personas, de ver cómo abrimos los espacios, cómo capacitamos, sino de entender que las empresas no solo tienen la obligación de capacitar, sino también de comprender que se dignifica la labor de un trabajador cuando se reconoce y se considera importante su función para el proceso productivo y que eso ayuda a la realización del ser humano.\nEso es lo que está detrás del proyecto de ley que estamos debatiendo, por lo cual lo considero un avance significativo.\nHay que valorar este tipo de iniciativas y agradecer la transversalidad en el apoyo que ha recibido, que incluye -y lo quiero decir con todas sus letras el respaldo del gobierno, porque son estas cosas las que nos permiten avanzar en una sociedad mucho más democrática e inclusiva.\nPor eso, nuestra bancada apoyará con mucha fuerza este proyecto de ley, para incorporar el concepto de inclusión en todo el proceso productivo y la preocupación por todos los trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad.\nLa señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-\nSeñor Presidente, en Chile hay 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad. Es una cifra impactante, más aún cuando en reuniones de la Bancada por la Discapacidad con el ministro Paris nos han dicho que entre el 20 y el 30 por ciento de las pacientes más graves por covid-19, las que han sido entubadas, pueden verse seriamente afectadas y quedar con algún grado de discapacidad.\nEsta pandemia nos ha hecho visualizar aún más a este grupo humano, pues se ha visto muy afectado por los problemas que han enfrentado para poder acceder a sus terapias, lo que se agrega a todo lo que afecta al resto de la población. En consecuencia, la pandemia los ha impactado mucho más que al resto.\nCuando a fines de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Bancada por la Discapacidad, que presido, una de las principales líneas de acción que definió este grupo político transversal fue proponer distintas iniciativas que fueran en directo beneficio de aquellos que, no obstante estar presentes, no son visibilizados, y no porque ellos no se hagan ver o escuchar, sino porque nuestra sociedad, no obstante tener visión, no los ve, o, no obstante tener audición, no los escucha.\nHace pocas semanas, tuvimos al subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la bancada, a quien le planteamos una serie de inquietudes vinculadas a la aplicación de la ley N° 21.015, sobre cómo estaba funcionando, especialmente en estos tiempos de pandemia, y requerimos de la autoridad una serie de informes que nos permitieran aclarar las dudas que hay sobre esta materia.\nPor ello, valoramos profundamente esta iniciativa, que es un paso más en esta cruzada social y una muestra más de humanidad en el trato hacia tantas personas a las que les está siendo tan difícil sobrevivir y seguir adelante durante esta pandemia.\nLa iniciativa en estudio, que busca establecer que al menos uno de los trabajadores que se desempeñan en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas deba contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se alinea con los planteamientos que hemos hecho los parlamentarios respecto de la puesta en marcha de la ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad.\nToda propuesta que vaya en el sentido de mejorar o actualizar la norma vigente a los criterios de una sociedad más inclusiva y adecuarnos a tal propósito refuerza aún más la tesis original, lo que debe ser visto como un paso positivo.\nSi bien como sociedad nos falta mucho por avanzar, legislar en estas materias evidencia sensibilidad por el tema. En este caso, como ya expresé, se favorecerá a cerca de tres millones de personas, por lo que espero que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de la Sala.\nPor lo tanto, anuncio mi voto favorable y, por supuesto, espero que entre todos saquemos adelante este proyecto.\nSeñor Presidente, en 2017 celebramos la promulgación de la ley N° 21.015, que incentiva la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral. No obstante que es un avance, sabemos que no es suficiente para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.\nActualmente, cerca de tres millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. En el caso de la Región de Atacama, más del 20 por ciento de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad.\nHasta el momento, el Estado de Chile no ha sido el principal promotor de la inclusión social, tanto en el ámbito laboral como en otros espacios de la vida social. Han sido las organizaciones sociales las que han asumido un rol de activismo y han empujado con fuerza las demandas por más y mejor inclusión. Son esas organizaciones y dirigentes quienes han potenciado a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, como participantes de la vida social, como actores opinantes en el mundo que nos rodea, no como sujetos de caridad o como víctimas.\nEn la Región de Atacama, la escuela Luis Alberto Iriarte y la Coanil son un ejemplo de trabajo incansable por la inclusión laboral y el desarrollo de la autonomía. La organización Atadis , en Copiapó, para personas con discapacidad mental, ha mantenido voluntariamente sus labores terapéuticas, incluso en medio de la pandemia.\nValoramos con fuerza la labor que cumple Marcelo León , quien se ha esforzado por promover el deporte entre los niños y niñas de Maitencillo, en la comuna de Freirina, y de Jorge Oyarce , quien, con su voz política, ha denunciado las discriminaciones y precariedades de nuestra región en la comuna de Copiapó.\nEl derecho a participar en la vida laboral, a no sufrir ningún tipo de discriminación, va más allá del cumplimiento de la cuota del 1 por ciento que establece la ley. En esto estamos al debe, pues de los 26.000 puestos de trabajo que se anunciaron en 2018, solo 19.000 personas con discapacidad habían sido contratadas hasta antes de la pandemia.\nCon esta iniciativa se obliga a las empresas a que al menos uno de sus trabajadores que se desempeña en el área de los recursos humanos cuente con conocimientos específicos en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad.\nAdemás, deberán informar a la Dirección del Trabajo las políticas de inclusión que se promueven al interior de la empresa y llevar a cabo programas anuales de capacitación de su personal.\nSolo me he referido al mundo privado, pero ¿qué pasa con el Estado? Nuestra Corporación lo ha hecho, y es importante destacarlo. Pero ¿cuáles son las cifras de cumplimiento de la ley de inclusión laboral en el resto de los organismos estatales? La tarea no es solo de los privados; el Estado debe dar el ejemplo en cuanto a concientización y dignidad, y no solo en contratación, sino también en accesibilidad universal, en financiamiento basal para políticas de inclusión y en fiscalización de la normativa.\nEsta es la línea para avanzar hacia una sociedad más integradora, más amable y respetuosa de la dignidad de todas y todos los chilenos.\nDe ahí la importancia de no solo aprobar esta iniciativa, sino también la reforma constitucional que garantiza candidatos y candidatas con discapacidad en el proceso constituyente. Debemos proteger su participación política, para nunca más excluir a esos tres millones de personas en situación de discapacidad que viven en nuestro país.\nLa bancada del Partido Socialista votará a favor de esta iniciativa.\nEl señor MELERO (vía telemática).-\nSeñor Presidente, las buenas intenciones no son suficientes, nos dice el autor de esta iniciativa, Francisco Undurraga , a quien de inmediato quiero agradecer su capacidad para vislumbrar una necesidad efectiva para que tengamos una real inclusión de los trabajadores con alguna discapacidad.\nLe agradezco al diputado Francisco Undurraga su generosidad por invitarme, junto a otros colegas, a ser parte de esta iniciativa, que, por lo demás, estoy seguro que pronto será promulgada como ley de la república, para otorgar un nuevo derecho a las personas con discapacidad y una nueva obligación a quienes los contratan.\nEn 2017, se publicó la ley N° 21.015, justamente para incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, mediante la cual se estableció la obligación de que el 1 por ciento de los trabajadores de empresa sean personas en situación de discapacidad.\nEsa ley, a más de dos años de su implementación -debo precisar que la entrada en vigencia para las empresas de entre 100 y 199 trabajadores comenzó un año después que para las empresas con 200 o más trabajadores-, hace que hoy sean casi 4.000 las empresas que han contratado personas con discapacidad, lo que equivale a 19.506 trabajadores, 65 por ciento de ellos hombres y 35 por ciento mujeres. La gran mayoría de ellos tiene entre 25 y 59 años de edad.\nEste proyecto de ley da un paso más allá respecto de la ley N° 21.015, en el entendido de que ya existe la obligación de las empresas de más de 100 trabajadores de contratar personas con discapacidad. Y la normativa que se propone busca no solo que se les contrate, sino que exista una verdadera inclusión, un seguimiento durante su desarrollo en la empresa y que se realice capacitación al personal para que la inclusión sea real.\nDe esta manera, considero que el proyecto es complementario a la ley que incentiva la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral, pues permitirá que las empresas no solo contraten personas discapacitadas, sino también -lo que es muy importante que se esfuercen en incluirlas.\nTambién creo importante destacar el enorme aporte del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, especialmente en la persona del subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab , quien presentó una indicación del gobierno para que el organismo encargado de la acreditación fuese Chile Valora. El proyecto original establecía que eso lo hacía una universidad o un instituto profesional.\nLas empresas no solo tendrán que elaborar sus programas de capacitación, sino también promover políticas en materia de inclusión. Las indicaciones que presentó el gobierno logran un complemento y una integralidad que, estoy seguro, va a contribuir fuertemente al objetivo de capacitar a los trabajadores en la inclusión real de las personas discapacitadas, para lo cual habrá una persona encargada de promover dicha inclusión.\nNuevamente, felicito al diputado Francisco Undurraga por abrirnos los ojos ante una necesidad urgente, por su generosidad para incluirnos a todos y por convocar al Parlamento a aprobar este proyecto, que es un paso más en beneficio de los discapacitados de Chile.\nLa bancada de la UDI va a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley.\nTiene la palabra, vía telemática y hasta por dos minutos, el diputado Gastón Saavedra .\nEl señor SAAVEDRA [vía telemática].-\nSeñor Presidente, uso lentes para leer; por tanto, soy uno más de ellos. Debemos aceptar nuestra condición y asumir, tal como lo han hecho otros, la condición de discapacitados.\nHablo desde la Octava Región, en la que 345.000 ciudadanos y ciudadanas son discapacitados. Solo el 34 por ciento de ellos está trabajando en alguna empresa y del total de las empresas de la Región del Biobío, solo el 36 por ciento ha permitido que se integre un trabajador discapacitado.\nEste proyecto va al corazón del problema, porque debemos generar una nueva cultura: la cultura del trabajo inclusivo, de aceptar al otro tal como es, incondicionalmente. Por eso, es importante instalar a una persona en el lugar más preponderante de la empresa, ahí donde se generan las políticas de desarrollo social y se establecen las condiciones para una convivencia amistosa y humana en el trabajo. Ahí se instalará una persona con conocimientos, pero, además, con esa vivencia que nos contó el diputado Francisco Undurraga , creador del proyecto.\nNecesitamos muchos Francisco Undurraga para seguir sensibilizando a nuestra sociedad, que es excluyente, muchas veces autoritaria y segregadora, porque no incluye a quienes también necesitan ser considerados, tal como lo somos nosotros. Algunos tenemos la fortuna de requerir solo lentes o audífonos para desarrollar nuestro trabajo.\nSe trata de generar una nueva cultura del trabajo, una cultura inclusiva, que termine con la segregación y permita la construcción de una sociedad más igualitaria.\nLa bancada del Partido Socialista apoya esta iniciativa con la convicción de que estamos generando una nueva sociedad a partir de una nueva cultura del trabajo, una cultura inclusiva, que termine con la segregación, que tanto dolor causa a millones de chilenos. Más de 2.100.000 chilenos son discapacitados y hoy se encuentran excluidos de los beneficios del trabajo. Ellos son parte de nuestra nación y debemos incluirlos, pues se trata de construir una patria más integrada, más justa y más igualitaria.\nLa señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-\nSeñor Presidente, muchas veces hemos defendido en esta Sala que si no somos capaces de generar normas que terminen con las desigualdades, no vamos a generar los cambios que queremos. El Congreso Nacional tiene la responsabilidad ética y también ciudadana de hacerlo.\nValoro enormemente este proyecto y reconozco en la persona de nuestro gran colega y Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga , al gestor de estos cambios profundos, no por nosotros ni por él, en particular, sino…\nCorresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.\nHago presente a la Sala que el proyecto de ley trata de materias propias de ley simple o común.\nPara referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Celso Morales .\nSeñor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para aprobar este proyecto por unanimidad.\nSolicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo planteado por el diputado Celso Morales .\nEn consecuencia, el proyecto se declara aprobado en forma unánime.\nPor no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación.\nPara referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .\nSeñor Presidente, para efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, solicito que los diputados que no han llegado y los que están conectados en forma telemática se sumen a la votación.\nAprovecho la oportunidad para agradecer a todos los diputados miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por habernos acompañado en este proyecto, al igual que a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al subsecretario del Trabajo y al asesor de dicha cartera señor Francisco del Río Correa , quienes, mediante la presentación de indicaciones, ayudaron para que sacáramos adelante la iniciativa.\nSeñor Presidente, quiero dejar constancia de mi voto a favor respecto del proyecto, de su autoría, sobre adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.\nSe dejará constancia en el acta, de ser necesario, señor diputado.\nTiene la palabra, por vía telemática, la diputada Paulina Núñez .\nLa señora NÚÑEZ (doña Paulina) (vía telemática).-\nSeñor Presidente, solo quiero ratificar que voté favorablemente el proyecto.\nSe dejará constancia en el acta, de ser necesario, señora diputada.\nTiene la palabra, por vía telemática, la diputada Gael Yeomans .\nLa señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-\nSeñor Presidente, es por lo mismo que intervino la diputada Paulina Núñez : para ratificar que voté favorablemente el proyecto.\nSe dejará constancia en el acta, de ser necesario, diputada.\nTodos los diputados que crean que no se les tomó el voto y lo quieren ratificar, lo pueden hacer a través de WhatsApp, por favor, enviando un mensaje de texto a la Secretaría o al Secretario General, para que se deje constancia en el acta.\nVALPARAÍSO, 3 de septiembre de 2020\nOficio Nº 15.853\nCon motivo de las moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad, correspondiente al boletín N° 12.261-13, del siguiente tenor:\nSenado. Fecha 17 de septiembre, 2020. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 91. Legislatura 368.\n?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción del Diputado señor Undurraga, de la Diputada señora Vallejo, de los Diputados señores Ascencio, Cruz-Coke, Eguiguren, Melero, Saavedra y Vidal, y de la ex Diputada señora Sabat, que modifica el Código del Trabajo para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.\nBOLETÍN Nº 12.261-13\nLa Comisión de Trabajo y Previsión Social informa acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción del Diputado señor Francisco Undurraga Gazitúa, de la Diputada señora Camila Vallejo Dowling, de los Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Francisco Eguiguren Correa, Patricio Melero Abaroa, Gastón Saavedra Chandía y Pablo Vidal Rojas, y de la ex Diputada y actual Senadora señora Marcela Sabat Fernández.\nSe deja constancia que esta iniciativa es de aquellas de artículo único, por lo que la Comisión la discutió en general y en particular a la vez, y acordó, unánimemente, proponer a la señora Presidenta que en la Sala sea considerada del mismo modo.\nGenerar una efectiva integración de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas, para lo cual se incluye en el Código del Trabajo la obligación para las empresas de 100 o más trabajadores de contar, al menos, con uno de los trabajadores que se desempeñen en recursos humanos con conocimientos específicos en fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Asimismo, dichas empresas deberán promover políticas de inclusión, y elaborar y ejecutar programas de capacitación en inclusión de personas con discapacidad.\nA la sesión en que se analizó esta iniciativa legal -de fecha 16 de septiembre de 2020- asistieron, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro; el Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab y el coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río. En calidad de oyentes, el Presidente de la Asociación de Mutuales, señor Lorenzo Constans y el Gerente Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad, señor Héctor Jaramillo. El Gerente Legal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), señor Pablo Bobic. El Gerente General de la Asociación de Isapres, señor Gonzalo Simón y la Fiscal, señora Gabriela Covarrubias. El Presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart, señor Juan Moreno. Los asesores parlamentarios: del Senador Galilea, el señor Benjamín Lagos y de la Senadora Goic, el señor Juan Pablo Severín.\nEn esta sesión de fecha 16 de septiembre de 2020, estuvo presente el Senador señor Alejandro Navarro Brain.\n-La ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.\nEn primer lugar, afirma que la ley N° 20.422, de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de Personas con Discapacidad, conceptualiza en su artículo 5° a la persona con discapacidad como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.\nPor lo tanto, consigna la moción, es indispensable tener presente en la labor legislativa el deber existente de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad, en su discapacidad, les imponen a las personas para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.\nDestaca que las personas con discapacidad, en su diversidad, lejos de ser una carga, son un invalorable aporte a los procesos, aportando nuevas visiones, sensibilidades, experiencias y vivencias.\nFinalmente, manifiesta que, si bien la dictación de la ley N° 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas. Para tal efecto, es necesario rodear la actual ley con una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad.\nEl texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, consta de un artículo único que agrega un artículo 157 quáter al Código del Trabajo, específicamente en el Capítulo II “De la inclusión laboral de personas con discapacidad”, ubicado en el Título III del Libro I.\nDicho artículo 157 quáter establece una serie de obligaciones a las empresas de 100 o más trabajadores, con la finalidad de generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas.\nAdemás, un artículo transitorio establece que la ley entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes después de publicada en el Diario Oficial.\nSESIÓN CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020\nAl inicio del análisis del proyecto de ley, el Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, destacó que la iniciativa aborda una materia particularmente relevante, una vez transcurridos dos años de la entrada en vigencia de la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.\nPara efectos de la implementación de la normativa que contempla dicho cuerpo legal -incluyendo aquella según la cual las instituciones que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores deberán contar con el 1% de su dotación anual con personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, a lo menos-, afirmó que es necesario establecer condiciones de trabajo al interior de las empresas y contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad.\nCon ese fin, explicó que la propuesta legislativa refuerza el compromiso consistente en promover la inserción laboral, mediante la especialización de los trabajadores que desempeñan funciones relacionadas con recursos humanos y la certificación de competencias laborales. Asimismo, permite implementar políticas de inclusión que deben ser informadas a la Dirección del Trabajo, incluyendo las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella, considerando las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia.\nFinalmente, en lo que concierne al plazo para la entrada en vigencia del proyecto, a partir del primer día del vigésimo quinto mes después de publicada en el Diario Oficial, explicó que la propuesta considera las contingencias que han debido atender las empresas ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país.\nLa Senadora señora Muñoz hizo presente la relevancia de la propuesta aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, que favorece la aplicación de la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.\nEn consecuencia, valoró la iniciativa legal en estudio, toda vez que la inclusión laboral requiere una participación activa de las empresas en el cumplimiento de dicho propósito.\nEl Senador señor Letelier coincidió en reconocer la importancia de la materia que aborda el proyecto, que permite profundizar en el cambio cultural requerido en materia de inclusión laboral, mediante la especialización de los trabajadores y el establecimiento de las obligaciones que deben cumplir las empresas.\n-Puesto en votación en general y en particular el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz y Van Rysselberghe y Senadores señores Galilea y Letelier, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.\nEn conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados:\nLas empresas señaladas en el inciso anterior deberán promover en su interior políticas en materias de inclusión, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis. También deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia.”.\nAcordado en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2020, con asistencia de la Senadoras señoras Adriana Muñoz D’Albora y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y de los Senadores señores Rodrigo Galilea Vial y Juan Pablo Letelier Morel (Presidente).\nSala de la Comisión, a 17 de septiembre de 2020.\nPRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA EXIGIR DE LAS EMPRESAS PERTINENTES LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.\nI. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Generar una efectiva integración de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas, para lo cual se incluye en el Código del Trabajo la obligación para las empresas de 100 o más trabajadores de contar, al menos, con uno de los trabajadores que se desempeñen en recursos humanos con conocimientos específicos en fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Asimismo, dichas empresas deberán promover políticas de inclusión, y elaborar y ejecutar programas de capacitación en inclusión de personas con discapacidad.\nII. ACUERDOS: aprobado en general y en particular por la unanimidad de las y los integrantes presentes de la Comisión, Senadoras Muñoz y Van Rysselberghe y Senadores Galilea y Letelier.\nIII. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único y una disposición transitoria.\nVI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados.\nVIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime.\nIX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 8 de septiembre de 2020.\nXI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) El Código del Trabajo; 2) La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 3) La ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.\nValparaíso, 17 de septiembre de 2020.\nValparaíso, 6 de octubre de 2020.\nTengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad, correspondiente al Boletín N° 12.261-13.\nLo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.853, de 3 de septiembre de 2020.\nOficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 07 de octubre, 2020. Oficio\nVALPARAÍSO, 7 de octubre de 2020\nOficio Nº 15.939\nTengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad, correspondiente al boletín N° 12.261-13, del siguiente tenor:\nHago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en una moción de los diputados Francisco Undurraga Gazitúa, Gabriel Ascencio Mansilla, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Francisco Eguiguren Correa, Patricio Melero Abaroa, Andrés Molina Magofke, Gastón Saavedra Chandía y Pablo Vidal Rojas, de la diputada Camila Vallejo Dowling y de la exdiputada Marcela Sabat Fernández.