DERECHO PENAL DE LA EMPRESA.doc | Hukum Perburuhan | Hukum Pidana\nsimpanSimpan DERECHO PENAL DE LA EMPRESA.doc Untuk Nanti\nHACIA UN NUEVO DERECHO PENAL DE LAS EMRPESAS: MAS ALL DE LA SOLUCIN PENAL Y MERAMENTE ADMINISTRATIVA DEL DELITO ECONMICO.\nLA DELINCUENCIA EN LA EMPRESA: PROBLEMAS DE AUTORA Y PARTICIPACIN DELITOS COMUNES. EN\nLa doctrina penal ha debatido en los ltimos aos sobre la responsabilidad penal del directivo de una empresa, por los hechos ordenados por l y ejecutados por sus subordinados. Las soluciones propuestas, que recorren todas las posibles formas de imputacin de responsabilidad penal, no siempre son dogmticamente satisfactorias para un ordenamiento jurdico determinado. En este escrito se analizan todas ellas: autora mediata, coautora, induccin y autora accesoria.\nDuring the last years, criminal theorists have discussed on the liability of the members of the board of directors of a company, by the offences they orderd and that were commited by subordinates. The proposed answers, that cross all the possible forms of attribution, are not always dogmatically satisfactory in a determined set of laws. In this paper, they all are analyzed: mediate responsibility, coresponsibility, induction and accessory responsibility.\nDerecho penal econmico, Autora y participacin, Aparatos organizados de poder, Responsabilidad penal de directivos.\nAA.VV. ACPDP Art.(s) Cas. Pen. C. Const. C. Co. Cas. Pen. CP CSJ CST DP DPE DPC ed. EPB NFP p. PE PG reimpr. RP t. Trad.\n: Autores varios : Anuario de derecho penal y ciencias penales : Artculo : Casacin penal : Corte Constitucional\nConst. Pol. : Constitucin Poltica de Colombia\n: Cdigo de comercio : Sala de casacin penal : Cdigo Penal colombiano : Corte Suprema de Justicia : Cdigo Sustantivo del Trabajo : Derecho penal : Derecho penal econmico : Derecho Penal y Criminologa : Edicin : Enciclopedia Penal Bsica : Nuevo Foro Penal : Pgina : Parte Especial : Parte General : Reimpresin : Revista Penal : Tomo : Traductor\n1.1 INTRODUCCIN Desde que la llamada delincuencia econmica constituy en s misma un objeto de estudio por los penalistas, las definiciones de lo que significa derecho penal econmico han ido de un extremo a otro de la parte general de esta disciplina. Aunque la definicin misma suele ser objeto de investigaciones ms amplias, he adoptado un punto de partida concreto y limitado que entiende el DPE no como un nuevo derecho penal ni como una parcela autnoma del ordenamiento jurdico, sino como una denominacin comn para un grupo de problemas y casos en los que las respuestas tradicionales del derecho penal suelen ser modificadas. Ello es particularmente cierto en materia de autora y\nparticipacin, pues hay caractersticas de la criminalidad de empresa (como la\npluralidad de sujetos activos; la usual indeterminacin del sujeto pasivo; la dificultad en el establecimiento del nexo causal, entre otras) que hacen que sea ms complejo realizar la imputacin subjetiva1. Esas caractersticas tienen su origen en los siguientes factores: a) La complejidad el modo de produccin industrial y la comercializacin de los productos. b) La divisin del trabajo dentro de la propia empresa, a travs de la distribucin de roles y deberes, tanto horizontal como verticalmente, a partir de relaciones jerrquicas regidas por el deber de obediencia. c) El principio de delegacin de funciones. d) El principio de confianza, que en ocasiones sugiere que algunos comportamientos lesivos no se realizan con conciencia y voluntad. e) La escisin entre quienes actan y quienes se responsabilizan del hecho. Semejante naturaleza de los problemas a encarar hace que la opcin por un concepto de DPE amplio sirva adems a un segundo propsito: inscribir estas lneas como parte de un proyecto ms extenso que, en general, ha sido dedicado a estudiar los problemas de autora y participacin en la llamada\nSobre estas difi cultades, vase en forma amplia ZIGA RODRGUEZ, Laura Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputacin penal en FERR OLIV, Juan Carlos y ANARTE BORRALLO, Enrique, Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999, p. 207 y ss.\ndelincuencia econmica22 y que comparte en lneas generales idntico punto de partida, segn el cual los alcances del llamado DPE van ms all de aquellos delitos contra bienes jurdicos supraindividuales como objeto inmediato de proteccin (como ocurrira en la versin estricta del DPE). En cuanto al tema especfico del que nos ocuparemos en estas lneas, varias cosas deben resaltarse. En primer lugar, que se trata de problemas de autora y participacin relacionados con la delincuencia en la empresa y no con la delincuencia de empresa, siguiendo la distincin ya frecuente que hace la doctrina alemana y recientemente tambin la espaola 33. Esta diferencia reviste importancia, debido no slo a que otras parcelas del proyecto de investigacin que sirve de marco de presentacin a este escrito han abordado ya con agudeza y solvencia el tema en tratndose de los delitos de infraccin del deber44 y del actuar en lugar de otro55 -que suelen incluirse frecuentemente como problemas de la delincuencia de empresa, sino tambin porque nosotros, ms que tratar problemas propios de la empresa como los llamados delitos societarios o los fraudes tributarios que suelen ser consagrados en la ley como delitos especiales nos referiremos a las dificultades que se enfrentan al momento de atribuir el hecho a un sujeto cuando la conducta que se juzga, habiendo sido tipificada como un delito comn, ha ocurrido en el seno de una organizacin empresarial. sto a su vez pone de presente, por una parte, que limitaremos el estudio a los delitos comunes y, por la otra, que el objeto de anlisis se encuentra a su vez circunscrito por los concretos linderos de la autora y la participacin, razn por la cual no se llevar a cabo ni un estudio sobre el injusto en tales infracciones ni un anlisis de parte especial, sin perjuicio de que a lo largo de estas pginas\nSobre el punto de partida, remito ntegramente a MARTNEZ-BUJN PREZ, C., DPE PG, Tirant lo blanch, Valencia, 1998. 3 La distincin obedece a la diferencia, propia de SCHNEMANN, entre uternehmenskriminalitt o criminalidad de empresa y betriebskriminalitt o criminalidad en la empresa, que busca separar dos grupos de supuestos que tienen lugar en escenarios y con sujetos distintos. Al respecto, SCHNEMANN, Bernd, Cuestiones bsicas de dogmtica jurdico-penal y de poltica criminal acerca de la criminalidad de empresa, en ADPCP, t. XLI, fascculo II, 1988, p. 529 y 530; as mismo, TERRADILLOS BASOCO, Juan, Derecho penal de la empresa, Madrid, Trotta, 1995, p. 13 y 14; MARTNEZ-BUJN, ob. cit., p. 68; MARN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena, Criminalidad de empresa, Valencia, Tirant lo blanch, 2002, p. 38. 4 ARIAS HOLGUN, Diana Patricia y SOTOMAYOR ACOSTA, Juan Oberto, Consideraciones crticas sobre la recepcin en Colombia de la teora de los delitos de infraccin del deber, Medelln, Universidad Eafi t, documento indito, 2005 5 ESCOBAR VLEZ, Susana, El actuar en lugar de otro en el Cdigo penal colombiano. Aproximacin al fundamento, mbito de aplicacin y problemas ms relevantes de la frmula del art. 29 inciso 3, Medelln, Universidad Eafi t, Cuaderno de Investigacin No. 44, 2006.\nse recurra ella o a otros temas de parte general para ejemplificar y aclarar hiptesis. Por otra parte, debe notarse tambin que se trata de un tema cuya indiscutible actualidad se debe a que las propuestas de imputacin que se expondrn constituyen en s mismas mecanismos alternativos a las estructuras tradicionales para hacer frente a nuevas formas de criminalidad. As, al lado de la tipificacin de delitos de peligro abstracto, la extensin de la punicin a conductas imprudentes y la fundamentacin de responsabilidad a travs de la omisin (y la necesaria construccin de posiciones de garante), los nuevos contenidos de la autora y la participacin se convierten en herramientas poltico criminales que llenan vacos de punibilidad en supuestos en los que se considera que debe criminalizarse la conducta de una persona distinta de aquella que, bajo las estructuras clsicas, sera llamada a asumir responsabilidad penal66. Estas nuevas construcciones son explicadas por algunos en virtud de una funcin que asignan al derecho penal, de controlar disfunciones sociales77, que as descrita parece ser fruto de concepciones normativistas extremas y que lleva a aligerar los requisitos que se exigen para imputar responsabilidad a alguien a ttulo de autor. Finalmente, creemos necesario llamar la atencin sobre la necesidad constante en el DPE de echar mano de la aguda polmica sobre la identidad o diversidad del ilcito penal con el ilcito extrapenal, retomando la discusin sobre los lmites del carcter fragmentario y de ultima ratio del derecho penal respecto de hechos regulados y sancionados civil, comercial o administrativamente. 1.2 OBJETO La pregunta que se intenta contestar en esta investigacin, entonces, es la siguiente: responde penalmente el empresario o el directivo de una estructura empresarial por los delitos comunes cometidos por sus subordinados en ejercicio de sus funciones? En caso afirmativo, cul es el contenido de su responsabilidad? Responde a ttulo de autor o de\nCfr. MEINI MNDEZ, Ivn Fabio, Responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados, Valencia, Tirant lo blanch, 2003, p. 30; as mismo, GARCA CAVERO, Percy, La imputacin jurdico penal en el seno de la empresa, en El funcionalismo en derecho penal. Libro homenaje al profesor Gnther Jakobs, t. II, Bogot, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 329 y ss. 7 MEINI MNDEZ, ob cit., p. 32.\npartcipe? Como corresponde a todo estudio analtico, la respuesta a esas preguntas slo puede ser la siguiente: depende. Depende de qu delito se trate; depende del mbito en el que se lleve a cabo; depende de si corresponde a una actuacin autnoma del subordinado o a una actuacin influida por el directivo; depende de qu actos del directivo hayan influido esa decisin; depende, en fin, de quines intervengan y cmo en la generacin de la voluntad criminal. Debemos precisar que no nos preguntamos por todas las posibles formas de responsabilidad penal del directivo. En principio, limitamos el estudio a aquellos supuestos de delitos comunes cometidos por los subordinados por orden de aqul. En el futuro, esperamos abordar el problema de la responsabilidad por omisin del empresario por los delitos cometidos por los subordinados y el problema de la posicin de garante respecto de las consecuencias lesivas del comportamiento de aquellos, y la aplicabilidad de figuras del derecho privado como la culpa in vigilando y la culpa in eligendo, al derecho penal; as mismo, por ahora dejamos de lado la responsabilidad de los miembros de rganos colegiados por la adopcin de acuerdos que, siendo contrarios a derecho, lesionan bienes jurdicos, tema que ya empieza a ser tratado por la doctrina con bastante profundidad88. En esta fase de la investigacin slo se desarrollar la primera parte, en la que se recogen y presentan de manera ordenada las respuestas de la doctrina ms importante en los ltimos tiempos, con breves referencias al derecho peruano. As, dadas las mltiples variantes que juegan, nos enfocaremos nicamente en los delitos comunes, es decir, en aquellos cuya descripcin tpica no exige una calidad especial del autor, sino que pueden imputarse a cualquiera. Por lo dems, debe aclararse que se pretende apenas el planteamiento de problemas y la valoracin general de las posiciones mayoritarias que ilustran el estado de la cuestin. Para ello, avanzaremos, entonces, postulando los presupuestos metodolgicos o conceptos de los que se parte, los cuales permiten trazar un hilo conductor, garante de coherencia entre los puntos de partida y las conclusiones a las que\nSirva como referencia, MEINI MNDEZ, Ivn Fabio, Perfi l penal de la participacin en la adopcin de acuerdos en el seno de un rgano colegiado, tomado de www.unifr.ch/derechopenal/ articulos/html/artmeini.htm [abril 13 de 2005].\nse arribe (2), para a continuacin formular las posiciones mayoritarias de la doctrina al solucionar los supuestos de autor detrs del autor (3). En una posterior fase de esta investigacin, analizaremos en forma amplia este y otros supuestos, con puntuales referencias a la doctrina y jurisprudencia peruana.\n2.1 CONCEPTO DE AUTOR DEL QUE SE PARTE\nSlo se es consecuente con el derecho positivo que sirve como marco de referencia y con los postulados filosficos y polticos desde los que se entiende el derecho penal, si al abordar problemas de autora y participacin se deja plasmado el concepto de autor del que se parte. Ello obliga a optar por un concepto de autor que se adecue al modelo penal postulado por la Const. Pol. y por nosotros defendido. Creemos con DAZ Y GARCA CONLLEDO que slo es autor quien realiza el tipo, lo cual supone entender que la tipicidad se encuentra indisolublemente articulada al concepto de autor aunque no a la manera de las teoras objetivo formales y que se excluye la calidad de tal de quien no realiza la conducta descrita en el tipo1. Pero no quiere decir, por supuesto, que sea imposible castigar a los partcipes; slo que a stos slo podr reprochrseles jurdico penalmente su conducta en forma accesoria a la conducta de un autor2. La opcin por un concepto restrictivo obedece a opciones poltico-criminales sobre merecimiento y necesidad de pena: en virtud de la mayor o menor urgencia en prohibir ciertos comportamientos de autora frente a comportamientos de participacin, debe determinarse qu sujetos merecen y necesitan una sancin penal independientemente de la calificacin de la conducta de otros y qu conductas, a pesar de ser accesorias, merecen tanta pena como la del autor3. En el Per, a pesar de que la jurisprudencia parece a veces insistir en lo contrario4, no cabe duda de que el legislador de 2000 acogi un concepto restrictivo de autor, que diferencia entre ambas formas de intervencin en el delito, al consagrar en el artculo 28 del Cdigo Penal que concurren en la realizacin de la conducta punible los autores y los partcipes .\nLa adopcin del concepto restrictivo fue caracterizada, adems, a partir de la accesoriedad limitada5, tal y como se desprende del art. 30 ibdem, nocin que conviene tener muy presente al intentar soluciones respecto de las nuevas formas delictivas y del tratamiento que pretende hacerse de ellas. Pero como insinubamos, este punto que nosotros tomamos como presupuesto no es pacfico. La jurisprudencia peruana anterior al actual CP, algunas veces adopt criterios extensivos y en otras, criterios restrictivos. Ejemplo de lo primero es una decisin mediante la cual se sostuvo que la distincin entre autores y partcipes era til e importante para el intrprete pero que tena menos trascendencia frente al Cdigo penal peruano que  establece un concepto amplio de autor en el que caben perfectamente las nociones de determinador y de autor material (artculo 23)6. Los ejemplos de lo segundo son menos escasos y por eso referiremos algunos ms adelante, aunque a pesar de la distincin, el ejemplo ms contundente de que la adopcin del criterio restrictivo es meramente formal, es la incmoda figura de la coautora impropia en la que de tiempo atrs, y an en vigencia del CP de 2000, insiste la jurisprudencia nacional, extendiendo la calidad de autor a quien ha colaborado con la realizacin de la conducta. Adoptamos como punto de partida, entonces, el mismo concepto restrictivo de autor del que se hace gregaria la legislacin vigente, con la finalidad de enfrentarlo a los supuestos problemticos de comisin de delitos comunes al interior de la empresa, de tal suerte que pueda verificarse cul de las soluciones posibles respecto de la responsabilidad o irresponsabilidad de los directivos se compadece ms con el concepto de autor asumido y, por supuesto, con la legislacin vigente. Si bien somos conscientes de que las soluciones de lege ferenda no dependen de la opcin de un determinado legislador, lo que pretendemos al invocar la normatividad penal colombiana es ir sembrando mojones de referencia que permitan abonar el terreno de las conclusiones parciales a las que se aspira a llegar, haciendo un llamado de atencin sobre los problemas que nuestra legislacin puede presentar a una interpretacin del orden jurdico vigente. Este concepto restrictivo de autor debe ser igualmente aplicable a todos los tipos de la parte especial, si se quiere ser respetuoso de principios basilares del\nderecho penal liberal como los de igualdad, legalidad y responsabilidad subjetiva. El escenario de los delitos comunes que nos ocupa y la complejidad de las organizaciones empresariales caracterizadas por estructuras verticales de mando, deber de obediencia y acatamiento a las rdenes de los superiores hace que en la tarea de determinar quin domina un hecho sea hoy obligatorio reexaminar en qu consiste la aportacin de cada persona. 2.2 CRITERIOS DE DISTINCIN ENTRE AUTORES Y PARTCIPES De qu criterio se adopte para la distincin entre conductas de autora y participacin, que sea respetuoso del concepto restrictivo que permite tal ejercicio, tambin depende el resultado material pretendido. Ac nos limitaremos simplemente a llamar la atencin sobre la importancia que revisten a efectos del objeto de este estudio, dos teoras fundamentalmente: en primer lugar (i), la teora del dominio del hecho, formulada por WELZEL y desarrollada por ROXIN, segn la cual es autor quien domina el si y el cmo del acontecer delictivo. Segn esta teora, la calidad de autor en los delitos de resultado se adquiere porque el sujeto domina el acontecer tpico, siendo su figura central7. En segundo lugar (ii), una teora ms restrictiva que la anterior que, sin embargo, no llega al extremo de las teoras objetivo-formales llamada de la determinacin objetiva y positiva del hecho, formulada y desarrollada casi al alimn por LUZN PEA y DAZ Y GARCA CONLLEDO8 y que ha sido calificada por este ltimo como una versin heterodoxa de la primera 99. Desde la teora del dominio del hecho como criterio para diferenciar entre autores y partcipes se plante la discusin dogmtica que nos ocupa. Segn sus defensores, en los delitos de resultado es posible dominar el hecho dominando la accin (autora directa), o hacerlo por dominio funcional (o coautora), o por dominio de la voluntad (o autora mediata). El dominio de la voluntad, a su vez, puede darse bsicamente en tres supuestos: creacin o aprovechamiento del error en que incurre el instrumento; coaccin sobre ste; o aqu est la innovacin dominio sobre la estructura de poder a la que pertenece, en uno de sus ltimos peldaos, el instrumento 1010.\nDAZ Y GARCA CONLLEDO, Miguel, La autora en derecho penal, ob. cit., p. 603.\nROXIN, Claus, Autora, ob. cit., 24. En la doctrina colombiana, cfr. REYES CUARTAS, Jos Fernando, La autora mediata con aparatos organizados de poder, en DPC, Universidad Externado de Colombia,\nLa ltima forma de autora mediata supone para ROXIN la existencia de dos autores plenamente responsables: el ejecutor (quien tiene el dominio de la accin), y el hombre de detrs, tambin llamado autor detrs del autor (quien tiene el dominio de la voluntad por dominio de la organizacin). Esta solucin ha desatado toda suerte de reacciones de la doctrina, las cuales se observan mejor con el lente del concepto de autor que se tenga. Por su parte, la teora de la determinacin objetiva y positiva del hecho postula que es preferible hablar de determinacin y no de dominio del hecho, pues cualquier construccin debe aplicarse por igual tambin a los delitos imprudentes, que no son, en estricto sentido, dominados ya que no hay una voluntad final que dirija la accin; que tal determinacin debe ser objetiva, esto es, que obedezca a una voluntad final de realizar aquello que objetivamente fundamenta el dominio del hecho o, dicho en otras palabras, que haya un dominio o control objetivo del hecho, con prescindencia de la voluntad del agente1111; y, finalmente, que tal determinacin objetiva consista en actos positivos, esto es, que no sea un mero poder de impedir el hecho lo que otorgue el carcter de autor a quien interviene en l. Esta teora, tiene sus efectos ms importantes en la distincin de los actos de coautora de los de complicidad. Particularmente, nos parece seductora y correcta la idea de un concepto restrictivo de autor fundado en la distincin entre las formas de intervencin en el hecho punible formulada por los defensores de la determinacin objetiva y positiva del hecho1212, porque es la nica que permite distinguir con absoluto respeto del principio de accesoriedad conductas de autora (ms precisamente, de coautora) de conductas de participacin o, lo que es lo mismo, es la nica forma en la que se mantiene ligado el concepto de (co)autor a la realizacin del tipo, con respeto del principio de responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, de ella tomaremos los argumentos que nos permitirn apartarnos luego de algunas soluciones tradicionales respecto del problema planteado. Segn esta concepcin, como se dijo, autor es slo quien realiza actos ejecutivos tpicos y\nVol. XXV, No. 75. As mismo, POSADA ECHAVARRA, Plinio, Identifi cacin del autor, Bogot, Procuradura General de la Nacin, 2002; el mismo texto, con ligeras variaciones, bajo el ttulo de Una visin del dominio de voluntad por organizacin y su aproximacin al derecho penal colombiano, en NFP No. 62. 11 DAZ Y GARCA CONLLEDO, y LUZN PEA, ob. cit., p. 104.\nSobre sus presupuestos, vase DAZ Y GARCA CONLLEDO, y LUZN PEA, ibid., p. 104.\npositivos (activos u omisivos) de la conducta descrita en la ley penal. Ello permite sostener que quien slo tiene un poder de impedir el resultado, no por ello realiza el tipo y en consecuencia a lo sumo podr ser partcipe, lo cual reviste particular importancia frente a la jurisprudencia peruana 1313 y en los supuestos de delincuencia en la empresa, respecto de la conducta que despliega el directivo en relacin con los actos de los subordinados, como veremos ms adelante. 2.3 CONCEPTO DE EMPRESA DEL QUE SE PARTE: LA EMPRESA COMO ESCENARIO DEL FENMENO Hemos dicho ya que los supuestos de hecho que nos ocupan tienen lugar en la empresa. Se utiliza la voz empresa a pesar de que puede ser equvoca, razn que obliga a precisar sus contornos. No se acoge ac en sentido estricto la definicin de empresa jurdico mercantil, que en Colombia est dada por el artculo 25 del C. Co.1414, sino un concepto mucho ms amplio que, si se quiere, es impreciso desde otras parcelas del ordenamiento, pero que respecto del derecho penal representa la ventaja de abarcar toda una serie de estructuras pblicas y privadas, no necesariamente mercantiles, bajo la figura de una sociedad o de otra estructura jurdica (por ejemplo, una empresa unipersonal), que tienen por caracterstica comn ser integradas por pluralidad de personas, estar dotadas de una estructura jerrquica y participar activamente en el mercado o trfico jurdico. Este concepto permite incluir asociaciones privadas, entidades gremiales, organizaciones sindicales, sociedades civiles, fundaciones y corporaciones, entre otras, que no obedecen necesariamente al concepto iusmercantil de empresa. As, tambin se incluirn estructuras del sector pblico que juegan a\nSolamente para ilustrar con un ejemplo reciente, la jurisprudencia nacional ha insistido en la llamada coautora impropia como un caso de dominio funcional del hecho. Al respecto, se refl eja de manera clara la posicin de la Corte en las siguientes lneas: Por estas razones y de manera atinada concluy el Tribunal que la anterior resea fctica surge no solamente del acuerdo requerido para poder predicar la fi gura de la coautora, sino tambin la contribucin objetiva a la realizacin del hecho y, fi nalmente, el dominio que ste tena sobre el suceso, que bien pudo impedir, de no haber querido que este desenlace ocurriera, toda vez que lo lgico es que recriminara a su compaero por el comportamiento desplegado, que lo despojara de su revlver, que se abstuviera de perseguir la camioneta y de proceder a cerrarla como esta comprobado que lo hizo. Este acusado, se insiste, tuvo siempre el dominio del hecho, condicin necesaria para que se le considere coautor del delito (Cas. Pen., marzo 25 de 2004, Exp. 18308, M.P. Jorge Luis Quintero Milans). 14 Esta norma seala: Se entiende por empresa toda actividad econmica organizada para la produccin, transformacin, circulacin, administracin o custodia de bienes, o para la prestacin de servicios. Dicha actividad se realizar a travs de uno o ms establecimientos de comercio.\ndiario en el trfico jurdico debido a las caractersticas de nuestra economa durante tantos aos intervenida, tales como las entidades pblicas descentralizadas, tanto territoriales como por servicios (establecimientos pblicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economa mixta), segn la Const. Pol. y la ley. No nos referimos necesariamente, pues, a personas jurdicas de derecho comercial, aunque la doctrina suele inclinarse por mencionarlas slo a ellas 1515. As, a pesar de las diferentes acepciones y de entender la voz empresa como sujeto y no como actividad, a lo largo de estas lneas se utilizar la expresin en un sentido amplsimo y, si se quiere, transpersonalizado, ms cercano a la segunda acepcin que del citado trmino trae el Diccionario de la Lengua Espaola: Unidad de organizacin dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestacin de servicios con fines lucrativos 1616. Respecto del concepto de empresa y su relevancia para el DP, baste decir que la intromisin de esta parcela del ordenamiento en las actividades empresariales obedece al incremento de riesgo para los bienes jurdicos a partir de la revolucin industrial. Hoy, buena parte de los riesgos para los bienes jurdicos han dejado de ser producidos por el individuo, y han trasladado su sede a la empresa. Se calcula que la empresa desarrolla la casi totalidad de la actividad econmica que dinamiza el desarrollo social, razn por la cual se convierte en sujeto destinatario de normas que regulan su actividad y, por lo tanto, en potencial autora de infracciones administrativas1717. En efecto, podra pensarse que si una persona jurdica tiene capacidad para celebrar contratos, tambin podra llegar a celebrar contratos fraudulentos. Ello significara que al igual que existen normas que a un colectivo le confieren personalidad jurdica y capacidad de contratar, puede haber otras que, dirigindose tambin a ella, le impongan deberes de conducta.\nVOGEL, Joachim, Responsabilidad penal de los empresarios y las empresas (trad. Vctor Gmez Martn), en AA.VV., La poltica criminal en Europa, Barcelona, Atelier, 2004, p. 130. 16 Ntese que nosotros aadimos con fi nes eminentemente prcticos, organizaciones que no tienen fines lucrativos. 17 ZIGA RODRGUEZ anota que en Europa la empresa desarrolla el 80% de la actividad econmica regulada por la Comunidad Europea. Cfr Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputacin penal ob. cit., p. 204. Similar porcentaje puede observarse en Amrica Latina\nSi se mira con cuidado, la empresa tiene por caracterstica ser generadora de riesgo al menos en tres momentos del ejercicio de su actividad: en el proceso de produccin, en los resultados producidos por la actividad industrial y con los desechos industriales1818. Por ser generadora de riesgo, la empresa se convierte en potencial lesionadora de bienes jurdicos y en destinataria de la norma penal. Adems la mirada hacia la empresa no slo pone sobre el tapete la discusin sobre la punibilidad de la propia persona jurdica 1919, sino que hace descubrir que hay supuestos en los que no acta la empresa directamente ni sus representantes. Se trata de hiptesis en que la estructura empresarial es utilizada como una herramienta para la comisin de infracciones, en las que el resultado lesivo se produce sin tener un causante inmediato o aparente, por ser el hecho de un ente colectivo, ms que de un individuo. Ese carcter casi annimo del hecho, permite en principio que la estructura empresarial se sustraiga del control administrativo y de la persecucin penal e, incluso, incorporar dentro de su presupuesto anual los costes que pueda representar la infraccin de ciertas normas, por ejemplo, a ttulo de sancin administrativa o pena de multa. De la definicin de empresa que sirve a estas lneas, he excluido adrede las organizaciones de poder tradicionalmente caracterizadas como estructuras rgidas, en las que se destaca la disciplina jerrquica que las sostiene, tales como las fuerzas militares y de polica, bandas de maleantes, organizaciones criminales o crteles, entre otros, de los que la doctrina se ha ocupado con mayor frecuencia. Su exclusin obedece a que no se pretende caracterizar tales instituciones, de las cuales se conocen sobradamente sus notas esenciales2020, sino verificar en qu medida las estructuras de imputacin de responsabilidad que se aceptan para sus miembros son trasladables a las empresas. Pero claro, teniendo como modelo los desarrollos de la doctrina anotados, se ilustran mejor las distintas propuestas de imputacin.\nIbdem. Vase al respecto la obra monogrfi ca de ZIGA RODRGUEZ, Bases para un modelo de\nimputacin de responsabilidad penal a las personas jurdicas, Pamplona, Aranzadi, 2001.\nFundamentalmente, para algunos, que se caracterizan por su estructura jerrquica y disciplinada, por oposicin a las empresas que se caracterizan por la divisin del trabajo. Cfr. PREZ CEPEDA, Ana Isabel, Criminalidad de empresa. Problemas de autora y participacin, en RP, No. 9, 2002, p. 115.\nPara concluir este aparte, debe aclararse que no debe confundirse el fenmeno que estudiamos con la llamada asociacin criminal, regulada entre nosotros y desde hace ya bastante tiempo como concierto para delinquir, que en su formulacin actual se pena con prisin de tres a seis aos (incrementada en una tercera parte, por virtud de la ley 890 de 2004). Por tratarse de fenmenos distintos, en principio nada obsta para que se pueda hablar de concurso entre esta especfica conducta y aquella o aquellas que se imputen con base en los problemas de autora y participacin que ac se discuten 2121. Por supuesto, el problema sera distinto si se tratase de delitos especiales, como por ejemplo los llamados delitos societarios o de los fraudes tributarios, que de lege ferenda suelen llevar aparejada la definicin legal de lo que se entiende por sociedad y la atribucin de la calidad de autor al responsable de o al representante legal, situacin que a su vez trae nuevos problemas por resolver. Obviamente, la definicin por una norma de lo que debe entenderse por sociedad en esos casos, elimina de un plumazo la discusin terminolgica, pero no cambia como tampoco lo hacemos nosotros la naturaleza de las cosas2222. 2.4 CONCEPTO DE DIRECTIVOS Y SUBORDINADOS 2.4.1 Concepto de directivo o empresario A partir de la definicin de empresa que se acaba de adoptar, dos posibles contenidos puede tener la voz empresario. Normalmente, se entiende por empresario el propietario de los medios de produccin o titular de la empresa, reservando la voz administrador a los presidentes, directores, gerentes, miembros de justas directivas o consejos de administracin y dems personas que ocupan posiciones similares en la empresa, sean o no propietarios de la misma. Consecuentemente, en la doctrina se distingue entre la responsabilidad del empresario y la del directivo o administrador, sobre todo en las concepciones normativistas que entienden que la responsabilidad se deriva de una competencia por organizacin23, que es mayor en el caso de los directivos que de los empresarios o titulares de la empresa.\nMUOZ CONDE, Cmo imputar...?, ob. cit., p. 502; igualmente, Problemas de autora y participacin en el Derecho penal econmico ob. cit., p. 177. 22 Vase a respecto las conclusiones de FARALDO CABANA, Patricia, Los delitos societarios,\nValencia, Tirant lo blanch, 1996, p. 115.\nPara poder abarcar supuestos que son similares en el fondo, aunque no en la forma, y en concordancia con la nocin de empresa que se ha adoptado, preferiremos utilizar la palabra directivo en lugar de empresario, para comprender al administrador de cualquiera de las organizaciones abarcadas bajo el rtulo de empresa, esto es, al presidente, director, gerente, miembro de junta directiva o consejo de administracin, y no a quienes slo ostentan un derecho de dominio sobre los medios de los que se sirve la estructura empresarial, pues en todo caso, en esta contribucin estamos analizando la responsabilidad de una persona por los hechos ejecutados por sus subordinados y, por regla general, el titular de la empresa, por el slo hecho de serlo, no se ubica en posicin de jerarqua sobre el empleado o ejecutor, sino que se mantiene al margen del desarrollo de las actividades empresariales (o de la persona jurdica, asociacin, sindicato, conforme se vio), razn por la cual tenerle como directivo derivara en un concepto de autor artificial, extensivo y, si se quiere, chocante. Salvo, eso s, que ese titular de la empresa desempee al mismo tiempo funciones directivas, caso en el cual ser esa calidad la que fundamente su nominacin como empresario. Todo ello, creemos, permite respetar el principio de responsabilidad subjetiva y, por lo tanto, slo quedarn incluidos como directivos los cuadros superiores con poder de decisin (presidentes, gerentes, directores, administradores, y en su caso los vicepresidentes, subgerentes o subdirectores), las juntas directivas o consejos de administracin y las asambleas generales de socios o accionistas, cuando existieren y fuere del caso tenerlas en cuenta por su intervencin en la toma de decisiones que afecten actividades desarrolladas por los empleados o personal subalterno al servicio de la empresa24. Supuestos de directivos particularmente problemticos y que deben ser tenidos en cuenta a la luz del derecho mercantil, sobre los cuales ahora simplemente llamamos la atencin a efectos de alertar sobre las dificultades que pueden traer, son los siguientes: el administrador de hecho, el promotor de acuerdos de reestructuracin y el liquidador. Se aplica a todos ellos el mismo rgimen? Creemos que el principio que debe orientar la hermenutica en estos casos, debe ser el efectivo ejercicio de un poder de decisin sobre la conducta de personas subordinadas, en una estructura organizada jerrquicamente de la que se sirve para asegurarse el cumplimiento de sus designios. As, por\nejemplo, mientras el administrador de hecho sea reconocido como tal por sus subordinados, y sus actos tengan cierta relevancia jurdica en virtud, por ejemplo, de la apariencia respetada por el ordenamiento, creemos que nada se opone a que se equipare al gerente debidamente nombrado, a efectos de analizar la aplicacin de las estructuras de imputacin de responsabilidad que ac estudiamos. 2.4.2 Concepto de subordinado En consonancia con lo anterior, ser subordinado todo aquel obligado jurdicamente al cumplimiento y acatamiento de rdenes provenientes de jerarquas empresariales superiores. Esa subordinacin deber ser jurdica y no de hecho y podr tener fuente en relaciones contractuales civiles o comerciales y, por supuesto, laborales. En relacin con esta ltima forma de vinculacin, es preciso anotar que es primordialmente con sujecin a las normas propias del contrato de trabajo que puede estructurarse una subordinacin sujeta a precisos contornos legales, de indudable frecuencia y vigencia en el mbito empresarial. Precisamente de disposiciones del derecho del trabajo, surge la subordinacin con meridiana claridad. Pinsese, por ejemplo, en preceptos como los siguientes: a) Artculo 5 del CST: define el trabajo como actividad humana libre, ya sea material, intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera sea su finalidad (resalto); b) Artculo 22 del mismo Cdigo: define el contrato de trabajo como aqul por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurdica, bajo la continuada dependencia o subordinacin de la segunda y mediante remuneracin (resalto intencional); c) El artculo 23 del CST, que seala como elemento esencial del contrato de trabajo la subordinacin, que faculta al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de rdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos. Adems de lo anterior, debe advertirse sobre modernas formas de contratacin, que apenas en su forma difieren del contrato de trabajo y que vienen imponindose bajo la apariencia de contratos de prestacin o arrendamiento de servicios, o de afiliacin a asociaciones cooperativas o mutuales, entre otras, en virtud de las cuales una persona se ve obligada a\nprestar a otra su fuerza de trabajo en forma igualmente subordinada y exclusiva, an sin las contraprestaciones y garantas que establece el rgimen laboral. Ms all de las consideraciones sobre igualdad y equidad en el trato que sera preciso hacer desde el derecho laboral, es necesario reconocer que en todas ellas hay una dependencia idntica a la que produce el contrato de trabajo y, por lo tanto, para los efectos de este estudio, mientras esa relacin material subsista, dar igual si el instrumento que ejecuta una orden del superior es formalmente un empleado con contrato de trabajo, o un asociado de una mutual o de una cooperativa, o simplemente un contratista civil o comercial. Ahora bien, sea cual fuere la estructura bajo la cual se formalice la subordinacin, sta fuente de donde surge el sometimiento a la organizacin, y de la cual se nutre la confianza del hombre de detrs en el funcionamiento del aparato debe haber sido aceptada en forma libre por el instrumento. No podremos admitir que para el supuesto que estudiamos, la subordinacin sea un simple sometimiento de hecho, pues en tales casos nos encontraremos frente a casos tradicionales de dominio de la voluntad por coaccin, o a causales de inculpabilidad en el instrumento, por ejemplo, por error. Normalmente, entonces, se hablar de subordinados, trabajadores, subalternos o inferiores jerrquicos como voces equivalentes. Por supuesto, podr objetarse a esta posicin que no puede equipararse una estructura legal y regida por el derecho, a una organizacin criminal en la que, por esencia, ni contrato laboral ni ninguna otra fuente formal de subordinacin se presenta debido, precisamente a que se trata de una estructura de hecho. Pero a esta crtica es fcil salirle al paso si se tiene en cuenta que no se trata de identificar dos estructuras diferentes para darle un mismo tratamiento, sino de encontrar qu es lo definitivo de una solucin determinada, para saber si se puede aplicar o no a un supuesto de hecho dado. Y en este caso, lo definitivo no es el armazn formal que da origen a la relacin dependiente, sino la dependencia misma con conciencia de obligatoriedad. 2.4.3 Exclusin Dentro de la definicin de empresa que hemos dado, parece imposible incluir las jerarquas militares y de polica, y las organizaciones criminales. Si ello es\nas, debe excluirse tambin del concepto de subordinado el miembro de los escalones inferiores de la jerarqua militar. Sin embargo, la exclusin de esos grupos y de sus miembros de lo que entendemos por empresa y por directivos, no se debe a que se trate de panoramas sustancialmente distintos. Toda definicin tiene limitaciones, y en este caso ellas vienen dadas porque las normas que rigen a los militares no son de la misma entidad que las que rigen las relaciones laborales que hemos mencionado25 y porque la naturaleza misma de las estructuras a las que pertenecen se funda en una caracterstica de su esencia: la rigidez jerrquica y organizada verticalmente. En cuanto a las organizaciones criminales y algunas bandas delincuenciales que tambin se excluyen de la definicin de empresa, la razn es tanto ms compleja como distinta. En tales casos, la superioridad jerrquica sobre los subordinados tiene origen en fuentes de hecho de muy distinta jaez, que corresponde en cada caso analizar por separado. As, por ejemplo, en la vinculacin de sicarios para un crtel delincuencial, no estamos propiamente ante una actividad libre similar a una relacin laboral a la que un sujeto pueda renunciar fcilmente si quisiera, pero tampoco estamos ante un reclutamiento forzado en el que falte la voluntad del sujeto. EL AUTOR DETRS DEL AUTOR: PROPUESTAS DE SOLUCIN Y APLICACIN AL MBITO EMPRESARIAL El panorama visto hasta ahora muestra la existencia de dos problemas con relevancia penal: en primer lugar, la determinacin de cul es la estructura dogmtica ms adecuada para juzgar al directivo o alto mando de una estructura organizada jerrquicamente, que ordena la comisin de una conducta que lesiona bienes jurdicos con relevancia penal, es decir, cmo deben solucionarse los casos de autor detrs del autor. Frente a esta pregunta se han desplegado todas las posibles formas de intervencin en el hecho punible que a continuacin se repasarn. Como seala POSADA ECHAVARA, de lege data resulta posible adherir a cualquiera de las tesis que delimitan la calidad de la intervencin de quienes actan a travs de los aparatos organizados de poder1, lo cual obliga a examinar sin prevenciones cada una de ellas, pero siempre con la atencin puesta en no traicionar el\nconcepto de autor restrictivo que se ha adoptado. De lege data, el referente obligado ser, adems, la legislacin. El segundo problema es saber si esas soluciones que ha dado la doctrina en relacin con los supuestos de organizaciones de poder estatales, militares y bandas criminales, puede trasladarse a las estructuras directivo por los hechos ordenados por l y cometidos por sus subordinados. Veremos en primer lugar la tesis originaria de la autora mediata (3.1.), para examinar a continuacin la posibilidad de solucionar los supuestos como casos de coautora (3.2); luego analizaremos las posibilidades de imputar a ttulo de participacin la responsabilidad por la intervencin del autor detrs del autor (3.3.) y finalmente miraremos la hiptesis de la autora accesoria (3.4.).\n3.1 EL PLANTEAMIENTO INICIAL DE ROXIN: AUTORA MEDIATA EN VIRTUD DE APARATOS ORGANIZADOS DE PODER En 1963 ROXIN plante una forma de autora mediata distinta de aquellas fundadas en error y en coaccin del instrumento2. Tal forma de dominio de voluntad (como llama ROXIN a la autora mediata), buscaba explicar los eventos en los cuales el delito se ejecuta a travs de una estructura de poder, en uno de cuyos extremos se encuentra quien la domina y en el otro quien obedece y ejecuta a pies juntillas los designios de aqul. A esa forma de autora mediata se le llam dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder y originalmente se dise para explicar la autora de los altos mandos militares del nacionalsocialismo en los crmenes de lesa humanidad que planeaban y ordenaban, pero que nunca ejecutaban con sus propias manos. Como lo seala REYES CUARTAS, la articulacin de una forma de imputacin distinta para estos supuestos, obedeci a la necesidad de procurar una solucin que fuese a la vez dogmticamente correcta y polticocriminalmente satisfactoria3, que no dejase la idea en el aire de que aquellos personajes eran apenas partcipes de una conducta ajena, a pesar del control\nque ejercieron en el holocausto judo. Particularmente, se sostena que en los casos que sirvieron de inspiracin a la teora, no pareca satisfactorio que las personas que haban decidido el si, el cmo y el cundo de las ejecuciones de judos en los campos de concentracin nazi, fuesen tratados apenas como partcipes. Posteriormente, la teora fue aplicada por el Tribunal Supremo Alemn (BGH) para juzgar a los altos mandos de la Alemania Oriental en relacin con las ejecuciones llevadas a cabo por los soldados encargados de la vigilancia del muro de Berln, quienes tenan la orden de disparar y matar a quien intentase la huida atravesando el muro. Otros tribunales han echado mano de esta construccin, como en el juzgamiento de la cpula de la dictadura argentina4. Desde entonces se ha discutido la naturaleza y aplicabilidad de la institucin de los llamados aparatos organizados de poder como estructuras ontolgiconormativas a partir de las cuales crear nuevas frmulas de imputacin de responsabilidad penal. El planteamiento inicial poco a poco emergi del marco en el cual fue formulado inicialmente y a pesar de las crticas que se han dirigido a una tal forma de autora5, poco a poco buena parte de la discusin de la doctrina ha girado en torno de nuevos alcances de la teora. Uno de sus ltimos desarrollos tiene por ncleo la posibilidad de aplicar la misma estructura a organizaciones empresariales y, por lo tanto, de imputar responsabilidad penal a los rganos de direccin y administracin de la persona jurdica por los delitos comunes ejecutados por sus subordinados. El hecho de que la cantidad de supuestos a los que esta teora se pudiere aplicar haya ido en aumento, se explica en buena medida por lo seductor que resulta para buena parte de la doctrina trasladar la misma forma de imputacin a organizaciones distintas de aquellas para las cuales fue pensada. En el seno de estas nuevas organizaciones, ocurren casos que, como seala FRISCH, ocupan hoy buena parte de la discusin dogmtica gracias a una serie de sucesos espectaculares: accidentes en grandes instalaciones qumicas que provocan importantes efectos ambientales, pasando por los trgicos accidentes areos, navales y ferroviarios, hasta llegar a los casos de productos defectuosos y de infracciones a la legislacin sobre comercio exterior6.\nEste escrito pretende explorar el panorama de la autora y la participacin en el derecho penal colombiano, para luego intentar explicar en qu finca la posibilidad de realizar ese traslado. Puede decirse que ROXIN, al plantear la autora mediata como forma de imputar responsabilidad al autor detrs del autor, abri una caja de Pandora de la que salieron toda clase de posibles respuestas al fenmeno estudiado. Desde 1963 se han suscitado toda suerte de teoras que buscan una mejor explicacin para el mismo supuesto, que satisfaga mejor las exigencias dogmticas en lo que se consideran vacos o puntos oscuros de la formulacin, pasando desde la impunidad hasta las diversas formas de autora. Sin embargo, debe advertirse que aunque casi la totalidad de los defensores de la teora del dominio del hecho admiten la autora mediata (dominio del hecho por dominio de la voluntad), no todos ellos aceptan que sta sea la imputacin adecuada para los casos de autor detrs del autor. 3.1.1 Descripcin Como se sabe, ROXIN desarroll una teora en virtud de la cual a quienes no haban intervenido directamente en la ejecucin de crmenes al amparo del rgimen nazi, pero dominaban su realizacin sirvindose de un aparato de poder organizado, deba imputrseles la realizacin de la conducta a ttulo de autores mediatos. Para ello, exiga ROXIN tres elementos: 1) el dominio de la organizacin por parte del sujeto de detrs, 2) la sustituibilidad de los ejecutores que permite confiar en que si un individuo no ejecuta la orden otro lo har, y 3) la desvinculacin del Derecho que debe caracterizar al aparato de poder7. Esta frmula constituy una especie sui generis de autora mediata, pues se fund en un supuesto distinto de los ya conocidos de error y coaccin en el instrumento (que por regla genera dan lugar a su irresponsabilidad). Como supuesto extrao a las dos formas conocidas, el dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder no prescinde de la responsabilidad penal del ejecutor del hecho, a quien se le imputa responsabilidad penal como autor directo o inmediato. Concurren en esta nueva formulacin, entonces, dos responsables penales con respecto a un mismo hecho: un autor directo o ejecutor y un autor mediato (o autor detrs del autor).\nROXIN descarta de plano que este supuesto pueda solucionarse a travs de las ya conocidas figuras del dominio de voluntad por coaccin y por error. Segn l, la documentacin de los procesos de Nremberg demuestra que no se encontraba ni un solo caso en que alguien hubiera sido fusilado por negarse a cumplir rdenes de fusilar8, lo cual descarta que en tales casos (arquetipo del supuesto de hecho que dio lugar a su teora) haya habido coaccin alguna. Le parece, adems, que por lo general el autor directo podr en todo caso acallar la voz de su conciencia con la idea de la superior responsabilidad de quien le da las rdenes9. Para ROXIN, pues, no falta ni la libertad ni la responsabilidad del ejecutor directo, que ha de responder como autor culpable y de propia mano. Pero esas circunstancias son irrelevantes para el dominio por parte del sujeto de detrs, porque desde su atalaya el agente no se presenta como una persona individual y libre, sino como figura annima y sustituible10. Pese a la autoridad de ROXIN, creemos que no puede descartarse a priori el supuesto de autora mediata por coaccin en hiptesis como la que sirve de base a su teora, mucho menos si se analiza con cuidado el argumento que explica su conclusin. En efecto, el hecho de que no haya habido un solo fusilamiento bien podra demostrar exactamente lo contrario, esto es, que la coaccin funcionaba a la perfeccin, tan coordinada y pulcramente, que los mandos medios y soldados acataban las rdenes sin asomo de duda o discusin. Incluso, esa misma argumentacin permite pensar en que efectivamente el ejecutor domina el hecho, pero ser en ese caso un dominio o determinacin apenas objetiva en el sentido en que la entienden LUZN y DAZ Y GARCA CONLLEDO, que no por ello da lugar a responsabilidad penal, pues ese dominio as llamado objetivo, estara aparejado adems de inculpabilidad o de culpabilidad reducida. ROXIN, por supuesto, no es el nico autor que cree en la autora mediata como frmula dogmtica para atribuir responsabilidad al hombre de detrs. Destacamos entre quienes comparten su tesis a AMBOS, quien fundamenta el dominio que detenta el hombre de detrs en el aprovechamiento de la disposicin incondicional del ejecutor a realizar el tipo11, sin que importe la decisin individual de ese ejecutor12. Para AMBOS, la figura del dominio por\norganizacin es imprescindible para fundamentar la autora mediata que plantea ROXIN, ya que desde su perspectiva la accin del ejecutor no es lo decisivo para que haya responsabilidad en el hombre de detrs. Sin embargo, veremos que AMBOS se separa en un punto de la propuesta de ROXIN. 3.1.2 Elementos que componen la autora mediata por dominio de la organizacin Ya se ha anunciado que en la definicin inicial de ROXIN, la autora mediata en los casos de autor detrs del autor hay tres elementos bsicos, a saber: a. Dominio de la organizacin. Implica, en primer lugar, la existencia de una estructura de poder jerrquicamente organizada. En el planteamiento de ROXIN, esa estructura debe ser o estatal o paraestatal, o una banda criminal. En segundo lugar, exige que el hombre de detrs ocupe una posicin en los escalones superiores de la jerarqua, y que haya varios posibles ejecutores en el nivel inferior de ella, ya que debe haber un poder de mando y disposicin, esto es, facultad para tomar decisiones que se ejecutarn por los miembros del ltimo peldao del escalafn. Desde la perspectiva de los subordinados esa posicin de superioridad debe manifestarse en el reconocimiento, por parte de ellos, de una autoridad frente a la cual se est dispuesto a acatar sus designios, en forma autnoma y sin coaccin alguna. Esta estructura es lo que hace funcionar la mquina de poder automticamente, pues no importa quin ejecute la orden emanada del cuadro superior, lo cierto es que siempre habr alguien que lo haga. Ello ser as siempre que el cumplimiento de las rdenes venga asegurado por la propia dinmica de la organizacin13. b. Fungibilidad o sustituibilidad de los ejecutores14. Derivado del anterior, este requisito constituye uno de los pilares sobre los que se edifica la propuesta de la autora mediata en virtud de aparatos organizados de poder. Consiste en la posibilidad de reemplazar a quien haya sido designado como ejecutor, en caso de que se negare a hacerlo. Es uno de los puntos ms criticados de esta formulacin, segn la cual el hombre de detrs tiene el dominio de la organizacin en tanto y en cuanto haya alguien que ejecute los hechos que han sido planeados y ordenados. Pero este requisito no slo es de difcil cumplimiento lo cual hara que la teora se haga inaplicable sino adems artificial; por ello, nada aportara a la construccin15. Sin\nembargo, suele reconocerse en la fungibilidad el ncleo central de la teora de ROXIN. En realidad, hay que estudiar con detenimiento si efectivamente existe en cada caso concreto la posibilidad de sustituir al ejecutor, ya que de lo contrario no habr maquinaria que funcione automticamente. Esa posibilidad, para que pueda fundamentar dominio, tiene que ser parte del plan inicial del hombre de detrs, como garanta de ejecucin de sus designios, pues de lo contrario la sustituibilidad pasara a ser un dato casual en el acontecer tpico. Dos hiptesis son posibles: o bien el ejecutor es sustituible a discrecin, o no lo es. HERNNDEZ PLASENCIA sostiene que concebir la posibilidad de que el ejecutor se niegue y sea reemplazado -lo que para algunos demuestra el funcionamiento de la mquina-, confirma que en lugar de autora mediata, estos supuestos se resuelven como casos de induccin16, porque si es as, la voluntad del ejecutor no alcanza a ser doblegada. Ahora, si el sujeto de delante no puede ser reemplazado, lo que tiene lugar es un verdadero co-dominio del hecho, pues el plan se desbaratara sin el concurso del ejecutor. Y ese co-dominio sera en todo caso ms cercano a la figura de la coautora que a la autora mediata, incluso asumida en los mismos trminos en los que ROXIN formula el dominio funcional del hecho. Con mayor razn, as ser en las estructuras en que el nmero de personas sea reducido o la calificacin necesaria para desempear sus funciones haga escasear la cantidad de candidatos a reemplazar al ejecutor que se ha negado. Incluso JAKOBS ha sostenido que la sustituibilidad slo podra fundamentar la tesis de ROXIN, en caso de que todos los ejecutores fuesen reemplazables a la vez17. Finalmente, un problema que se deriva de sostener la sustituibilidad del ejecutor, tiene que ver con la imposibilidad de utilizar esta figura en los delitos imprudentes, porque si el hombre de detrs debe ser consciente de la posibilidad de reemplazar al ejecutor, ello debe ocurrir ex ante, con su voluntad finalmente dirigida a la realizacin del resultado lesivo18. c. Desvinculacin del ordenamiento jurdico. En general, el aparato de poder debe funcionar separado del ordenamiento jurdico, segn el planteamiento de ROXIN. Este requisito se explica en virtud de que slo de los\nmiembros de estructuras separadas globalmente del Derecho, es posible esperar que no se motiven por las normas que prohben los comportamientos lesivos. Segn la argumentacin de ROXIN, el Derecho tiene la esperanza de que el subordinado se niegue a ejecutar la orden delictiva emanada del directivo de una entidad no desvinculada del derecho. Como veremos, este es, prima facie, el gran obstculo para trasladar la teora de la autora mediata en virtud de aparatos organizados de poder al mbito empresarial. ROXIN y los partidarios de su tesis estiman que para quienes actan dentro del derecho, una orden antijurdica puede constituir, a lo sumo, induccin. Entienden que una orden antijurdica que se cumple es apenas una manifestacin de la voluntad individual, una iniciativa particular; se espera que el ejecutor se motive por la norma que prohbe ejecutar actos antijurdicos. Es decir, Si se obra dentro del ordenamiento por ejemplo en una empresa la orden acatada constituye un supuesto de autora directa, un acto individual, ya que cuando en el seno de la empresa se ordena al subordinado una conducta punible, el ordenamiento jurdico espera que ste se niegue. Por el contrario, si el aparato funciona por fuera del Derecho, entonces la orden s constituye dominio, pues se reconoce implcitamente que los miembros de dicho aparato no son motivables por las leyes estatales. Lo que parece curioso, es que no se reconozca a rengln seguido, entonces, que tales sujetos no son culpables precisamente por su no motivabilidad por la ley penal. Ahora, a la tesis de ROXIN tambin se le reprocha que la diferenciacin entre aparatos que funcionan al amparo y aparatos que funcionan al margen del derecho, se haga luego de afirmar que en los casos del exterminio de los judos por el nacionalsocialismo (casos Eichmann y Staschynski19), haba aparatos organizados de poder que pese a estar sometidos al ordenamiento vigente, se encontraban por fuera del Derecho, entendiendo por tal un orden supranacional y suprapositivo, de derecho natural y sustentado en valores comunes a todos los pueblos, difciles de sostener para fundamentar responsabilidad penal20. Realmente, cabe preguntarse: cmo poda suponer quien ejecutaba las rdenes de exterminio judo (los muchas veces relatadas atrocidades\ncometidas en los tenebrosos campos de concentracin) que su conducta estaba prohibida por el Derecho, si la orden que l por supuesto comparta provena de la autoridad instituida para regir los destinos estatales, en cumplimiento de una interpretacin unnime entre ellos de la propia carta constitucional?21. Segn se desprende del propio ROXIN, el gran efecto de la desvinculacin del orden jurdico es el aseguramiento de la capacidad de funcionamiento de la mquina, que opera por igual en los aparatos de poder estatales y en bandas de criminales o crteles delincuenciales. Pero la explicacin de todas formas nos parece insuficiente, porque no logra identificar cules sean las razones por las cuales slo los aparatos de poder desvinculados del que llamaramos ordenamiento jurdico natural pueden asegurar su capacidad de funcionamiento, ni tampoco por qu a ellos se equiparan las estructuras militares estatales. Incluso, una de las formas de aparatos organizados de poder que concibe ROXIN es la que constituyen las bandas criminales secretas y grupos semejantes22, bastando para ser una de ellas, que se establezcan como un Estado dentro del Estado. Por tanto, es necesario algo ms que la simple finalidad delictiva de la organizacin para convertirse en un ente separado del derecho al que deban aplicarse reglas de imputacin diferentes a las que se aplicaran por ejemplo, a una estructura de poder orientada a fines lcitos que fuese utilizada en casos concretos o habitualmente para la comisin de delitos. Aunque tambin es posible que ROXIN entienda por poder solamente poder ilegtimo, pero ello constituira un problema terminolgico insalvable. Nos parece entonces que el presupuesto del que parte la distincin queda desnudado ante la evidencia de que el supuesto de hecho para el cual fue creada la teora, realmente no existe23: o bien no hay una sola organizacin que pueda decirse totalmente desvinculada del derecho, o bien todas en cierta forma lo son. Adicionalmente, bases criminolgicas serias, permiten concluir que tampoco le asiste razn a ROXIN cuando seala que la desvinculacin del ordenamiento jurdico es una caracterstica necesaria de los grupos de crimen organizado. Creemos que ello no es cierto y que, por lo tanto, la mitad de su tesis se viene abajo. En efecto, MEDINA ARIZA sostiene que hay una serie de elementos\nque se repiten en las visiones criminolgicas del crimen organizado24, entre los cuales destaca el componente econmico, segn el cual el crimen organizado se presenta como un negocio. Por su parte, MALTZ25 sostiene que es caracterstico de los grupos de crimen organizado participar en numerosos negocios y en empresas comerciales legtimas. Y KENNEY y FINCKENAUER creen que la organizacin criminal existe para obtener beneficios procedentes del comercio con bienes y servicios lcitos e ilcitos26. Puede entonces decirse que un aparato de poder est desvinculado del ordenamiento jurdico slo porque no se motiva por las leyes penales, mientras que participa de la vida econmica como cualquier otro actor del trfico jurdico? Se escinde su personalidad, para decir que una parte suya reconoce el ordenamiento y juega conforme a l, mientras que otra faceta lo desconoce y rechaza? La capacidad corruptora de las organizaciones criminales hace que se envuelvan dentro del ordenamiento no necesariamente con fines lcitos al desarrollar vnculos con estructuras polticas y administrativas27. As lo reconoce ZIGA RODRGUEZ28, quien se apoya en BOTTKE y GARCA RIVAS, y pone de presente, como ejemplo, la actividad empresarial de organizaciones como ETA y el paso de la mafia empresaria a las empresas mafiosas en Italia, lo que condujo a una comunicacin entre asociaciones criminales y empresa con la insercin de capital negro en las empresas y grupos econmicos (consorcios de empresas), difcilmente desenmaraable29. Por supuesto, ello no quiere decir que necesariamente los aparatos organizados de poder tengan una estructura y objeto lcitos sino que, todo lo contrario, no necesariamente se trata de organizaciones exclusivamente ilcitas y absolutamente separadas del derecho. Sociolgicamente es imposible realizar tal aislamiento de la estructura de poder. Tampoco quiere significarse que todo aparato organizado de poder haya incorporado actividades econmicas lcitas o con apariencia de tales o que esa incorporacin haga de ellas asociaciones lcitas, sino que se trata de una caracterstica frecuente, razn por la cual no creemos posible, en suma, predicar total desvinculacin del derecho de dichas organizaciones. As, parece que no siempre hay desvinculacin del derecho por parte de los llamados aparatos organizados de poder, o que tal desvinculacin no es total ni\npuede utilizarse como elemento esencial, como lo hace ROXIN, de la no motivabilidad penal de sus integrantes. As parece reconocerlo el propio AMBOS, cuando afirma que la desvinculacin del Derecho de estos aparatos no tiene por qu ser excluida, pero no constituye una condicin ni suficiente ni necesaria del dominio por organizacin. Por lo tanto, resulta prescindible en cuanto elemento estructural del dominio por organizacin30. Todo lo anterior permite poner en duda, razonablemente, que la desvinculacin del ordenamiento jurdico sea realmente un requisito sine qua non para entender que la autora mediata en virtud de aparatos organizados de poder slo es aplicable a organizaciones criminales separadas del derecho, pues un requisito tal hara de esta figura una mera entelequia dogmtica sin aplicacin en la realidad. Como se dijo, si bien la inhibicin por parte de los subordinados para ejecutar rdenes delictivas puede esperarse de las personas regidas por un determinado ordenamiento jurdico, entender que al actuar por fuera de ste se elimina la inhibicin, parece indicar, por el contrario, que la responsabilidad penal no existir porque se ha actuado en causal de inculpabilidad.\n3.1.3 Crtica Adems de que dos de los requisitos exigidos por ROXIN y sus seguidores para que haya dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder parecen ceder ante la arremetida de sus crticos, otras crticas se formulan a esa teora. Es cuestionable la idea de que existan dos personas penalmente responsables por un mismo hecho, sin que sean coautores ni autores accesorios. La plena responsabilidad del hombre de detrs en adicin a la plena responsabilidad del ejecutor es un esquema que puede presentar inconvenientes, porque se opone tanto a la realidad que pretende explicar en la que quien realmente dirige y domina es el hombre de detrs como al contexto histrico que enmarcaba los sucesos que se intentaba explicar as contexto en el que el derecho vigente autorizaba plenamente el proceder del ejecutor y, lo que es ms, lo sancionaba en caso de rebelarse. Por ello, se le critica que a partir de ella pueda afirmarse que en el rgimen nazi el ejecutor dominaba por s mismo todo el acontecer delictual, con prescindencia la dependencia de la voluntad del\nFhrer. Y es dudoso, tambin, que pueda afirmarse que el hombre de detrs dominaba tambin por s mismo- todo el acontecer delictual, aunque no ejecutara de propia mano ninguna de las acciones. Incluso desde la prohibicin de regreso es difcil sostener que pueda imputarse responsabilidad al hombre de detrs, cuando se ha encontrado plena y exclusiva responsabilidad en el ejecutor que, segn esta teora, acta libre y voluntariamente. Creemos que slo es posible imputar las dos responsabilidades independientemente, si haciendo una difcil abstraccin, se separan los planos: la nica posibilidad de hablar de autora mediata es prescindiendo del plano del ejecutor; y la nica posibilidad de hablar de autora directa de ste, es prescindiendo del plano del hombre de detrs. Pero resulta que el hombre de detrs no puede no contar con el ejecutor, ni ste ejecuta actos que no han sido previamente ordenados por aqul. Luego, la separacin lgica que es preciso realizar para llegar al resultado de ROXIN, es ontolgicamente imposible.\n3.1.4 Es trasladable esta estructura a las empresas? Ahora, entendidas las empresas como se propuso en el num. 2.3., debemos preguntarnos si la propuesta de ROXIN es trasladable al mbito empresarial, para imputarle al directivo responsabilidad penal por ordenar hechos que ejecutan finalmente sus subordinados. Para responder, es preciso definir primero si se acepta o no la estructura tal como la plantea ROXIN. Si se considera que la tesis de la autora mediata en su formulacin original es correcta, inmediatamente habr que reconocer que es imposible preguntarse sobre la trasladabilidad de semejante construccin al mbito de las empresas ya que son precisamente los requisitos que exige ROXIN para que la autora mediata funcione en los aparatos organizados de poder, los que impediran que pueda trasladarse al mbito de la delincuencia en la empresa. Es decir: o se acepta la tesis de la autora mediata y con ello la posibilidad de trasladar a las empresas es imposible, o no se acepta, y entonces lo que se trasladara a las empresas sera una estructura similar, pero flexibilizados sus requisitos31. Veamos: a) Como seala MEINI y hemos\nresaltado ya, la sustituibilidad del ejecutor a voluntad, no aporta realmente nada a la construccin de la autora mediata32. Como se indicara lneas atrs, JAKOBS, cree que a menos que sean sustituibles todos los ejecutores a la vez, la llamada fungibilidad del hombre de delante es un factor diferenciador bastante difcil de sostener33. Sin embargo, quienes sostienen la tesis de la autora mediata, afirman que la sustituibilidad no es absoluta, sino que debe medirse dentro del marco de posibilidades de la respectiva organizacin34. Pero entonces nos parece que as no es posible construir una regla general, mxime si se trata de organizaciones en las que la complejidad de la obra que debe ser ejecutada o el carcter secreto que debe representar de por s la accin criminal, impiden vincular posibles ejecutores cada vez que el que se supona lo iba a hacer, se negare. Con todo, creemos que de ser la sustituibilidad un requisito sine qua non de la autora mediata as entendida, sera ms fcil de lograr y de demostrar en la empresa que en las estructuras de poder imaginadas por ROXIN. Para el empresario es ms fcil disponer de obreros que para el mando militar de soldados. El carcter por regla general lcito de la empresa y de las formas de vinculacin a ellas, hacen que de hecho sea mucho ms fcil reemplazar al ejecutor renuente en las empresas que en los aparatos de poder para los que ROXIN pens su teora35. b) En segundo lugar, si se comparte que no es necesario que se trate de una organizacin desvinculada del derecho, y supuesto que el dominio de la organizacin implica subordinacin de algunos miembros a los hombres de escritorio, parece posible entender que es una organizacin tanto la que se forma de hecho entre maleantes, con la finalidad de cometer hechos delictivos como aquella que, en principio, realiza slo acciones lcitas y que opera dentro de un escenario de legalidad. Las estructuras empresariales, en efecto, suponen la sumatoria de esfuerzos humanos organizados en forma dependiente y jerarquizada, lo cual se logra a travs de un cierto reclutamiento voluntario, en virtud del cual los individuos entregan su fuerza de trabajo a cambio de un beneficio que normalmente es el salario. Algo similar ocurre en los sindicatos (en el que los individuos actan conforme a ciertas directivas emanadas de los cuadros elegidos para organizar\nla actividad sindical), cooperativas, asociaciones mutuales y dems, siempre que en ellas haya jerarquas verticales de mando. Para efectos de la influencia que ejerce la orden superior, poco importa que la finalidad para la que se ha constituido la empresa y la motivacin del subordinado para ingresar a ella. c) Finalmente, la existencia de dominio efectivo del directivo sobre la empresa, parece no tener discusin. El directivo empresarial, sea administrador, director, gerente, presidente o miembro de junta directiva, efectivamente ejerce poder de mando sobre las estructuras de poder a su disposicin. Aunque se trata de un poder limitado por la ley y los estatutos, el directivo entendido como se hizo lneas atrs, dispone el si y el cmo de las actividades en la correspondiente organizacin y tiene capacidad de mandar sobre sus subordinados. En suma, conforme se vio, creemos que la posibilidad de trasladar al mbito de la actividad empresarial la estructura ideada por ROXIN es no condicionando tal estructura a que sea desvinculada del ordenamiento jurdico, pero ello supone negar uno de sus requisitos esenciales o adoptar una versin matizada de la misma.\n3.2 RESPUESTA DE JAKOBS: LA COAUTORA Por haber sido la tesis de ROXIN la primera en discutir el tema del autor detrs del autor por fuera de los cnones aceptados, todos los dems que se han ocupado del tema tienen como marco de referencia la estructura de la autora mediata. Quienes se oponen a ella se han fundamentado en el principio de responsabilidad, segn el cual quien es instrumento, por ese slo hecho est llamado a ser penalmente irresponsable36. A partir de este principio JAKOBS formula una alternativa que prescinde de la caracterizacin del ejecutor como instrumento pero no de su responsabilidad37. JAKOBS, as, en nuestro sentir se desprende de las ventajas de asumir un concepto restrictivo de autor en el sentido que lo hemos entendido segn el cual slo es autor aqul que determina objetiva y positivamente el hecho, pero realiza un planteamiento que conduce a una solucin que consideramos dogmticamente ms coherente con sus propios puntos de partida e, incluso, con la misma teora del dominio del hecho formulada por ROXIN. Concretamente, el profesor de Bonn estima que el\nsupuesto que nos ocupa se resuelve imputando responsabilidad al hombre de detrs y al ejecutor a ttulo de coautores. Con base en estos planteamientos, pareciera desprenderse de los planteamientos de JAKOBS, que salvo los casos de autora mediata por error y coaccin, no existe un dominio superior al ejecutor que tenga entidad propia. Por el contrario, cree que quienes ordenan y quienes ejecutan tienen un rango similar y equiparable respecto del hecho ejecutado. Por supuesto, ese rango similar no est dado por la organizacin extrapenal a la que pertenecen el aparato de poder, en el que ciertamente y por definicin hay una jerarqua establecida, sino por la conciencia de todos los intervinientes de que un determinado hecho debe llevarse a cabo siguiendo instrucciones comunes38. Y es que JAKOBS rechaza la idea de una autora mediata construida sobre la triple base de dominio de la organizacin, sustituibilidad y desvinculacin del derecho. Para l, no puede hablarse de intercambiabilidad de los ejecutores, salvo que stos sean intercambiables todos a la vez39, lo cual no ocurrir nunca: las organizaciones son limitadas en sujetos, sobre todo si se trata de organizaciones criminales, en las que el reclutamiento no se da todos los das y el desempeo de funciones y de roles dentro de la organizacin exige entrenamiento preciso, razn por la cual al directivo le ser difcil contar siempre y en cualquier momento con personal subalterno debidamente entrenado, dispuesto a ejecutar sus rdenes. JAKOBS cuestiona las diversas fundamentaciones de la autora mediata, y resalta, adems de la no intercambiabilidad de todos los posibles ejecutores, la imposibilidad de determinar en qu nivel de la jerarqua debe estar el llamado autor de escritorio. Para ello, se sirve del ejemplo paradigmtico del nacionalsocialismo, preguntndose si slo el Fhrer estaba en capacidad de dominar el aparato, o s adems de l podran hacerlo algunos oficiales subalternos; y, en todo caso, se cuestiona por la probabilidad de que la decisin de los subalternos hubiere podido contrariar la voluntad de Fhrer, razn por la cual le parece que a la tesis de la autora mediata an le queda por resolver quin entre la cspide y el ejecutor, ha de ser autor mediato40. Concluye JAKOBS que la coautora planteada como l lo hace no representa\nproblemas y en caso de presentarlos, se resuelven imputando responsabilidad al hombre de detrs a ttulo de inductor41. 3.2.1 Los requisitos de la coautora Desde la teora del dominio funcional del hecho, se exigen varios requisitos para que haya coautora: a) En primer lugar, es preciso un plan o acuerdo comn. Para muchos, basta un dolo comn. Ese acuerdo permite que cada coautor responda no slo por lo que hace l sino tambin por lo que hacen los otros coautores, ya que el hecho concebido en esa forma se vuelve comn y superior a los aportes individuales. Se estima que el acuerdo permite respetar el principio de responsabilidad subjetiva, y por ello es requisito necesario aunque no suficiente42. Ese acuerdo, en palabras de DURN SECO, permite la imputacin recproca a cada coautor de la parte del hecho global que no domin43. Ahora, de lege ferenda creemos que el acuerdo puede darse expresa o tcitamente. Y en los modelos de aparatos de poder incluidas las empresas ese acuerdo tcito se da en la forma de un acto complejo, constituido por pertenecer a la organizacin y ejecutar la orden sin obrar en error ni bajo coaccin. Para JAKOBS, veremos, el acuerdo no es necesario y basta el dolo comn o la adhesin o ajuste al plan. Es posible considerar que el acuerdo s debe ser requisito para realizar la imputacin recproca de que habla DURN SECO, pero puede darse en forma tcita y simultnea con el hecho. El problema para esta interpretacin en la ley colombiana, se encuentra en el texto de la norma que de entrada exige interpretaciones restrictivas. En efecto, el texto del inciso segundo del artculo 29, exige un acuerdo comn. Y el significado literal posible de acuerdo comn impide extender la hermenutica a hiptesis de dolo comn o de exige simple comunidad de nimo44, como sugiere, por ejemplo, SALAZAR MARN, aunque en relacin con el CP de 1980. b) En segundo lugar, debe haber divisin del trabajo, en virtud de la cual cada interviniente realice un aporte al hecho. El CP peruano seala que son coautores los que mediando un acuerdo comn, actan con divisin del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Como seala DAZ Y GARCA CONLLEDO, parece imposible saber cunta importancia se requiere, para poder afirmar que alguien es coautor y no, por ejemplo, cmplice, pues\nste tambin puede haber participado de un acuerdo comn y, por definicin, debe prestar un aporte al hecho45. c) En tercer lugar, sostiene la doctrina del dominio funcional del hecho, el aporte debe llevarse a cabo en la fase ejecutiva del iter criminis. Se trata de una exigencia que no trae en forma expresa el CP peruano, pero que conviene tener en cuenta de cara a la diferenciacin distinguir el aporte de un coautor del aporte de un partcipe. Lo cierto es que el CP colombiano nada dice al respecto, y se limita a atribuir la calidad de coautores a quienes actan con divisin del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. DAZ Y GARCA CONLLEDO ha propuesto entender importancia del aporte como actuacin en fase ejecutiva46, con la finalidad de restringir la vaguedad del artculo 29 de nuestro Cdigo Penal, lo cual parece no slo correcto sino un recurso casi obligado para poder distinguir los actos de coautora de los actos de complicidad. Ahora, teniendo en cuenta todos estos requisitos, el mismo DAZ Y GARCA CONLLEDO sostiene que la idea del dominio funcional no es adecuada para caracterizar la coautora, porque ampla el concepto de autor ms all de la estricta realizacin del tipo47, al tener como coautor a quien ha aportado al hecho conducta propia de un partcipe sin dominarlo. En el planteamiento de JAKOBS, se edifica la tesis de la coautora sobre la negacin del requisito de un acuerdo expreso de voluntades entre los intervinientes, como exige el concepto tradicional48. Para JAKOBS, el acuerdo comn no es un requisito inexcusable de la coautora, y propone como criterio decisivo para estos casos, reducir el acuerdo a una mera decisin de ajustarse a la accin del ejecutor directo49, obviamente dolosa. No es necesario, entonces, que los (as llamados) coautores se conozcan entre s, ni que aporten su contribucin necesariamente en fase ejecutiva. Bastar con pertenecer a la organizacin como manifestacin de la voluntad, para que se produzca, en trminos de JAKOBS, el ajuste o encaje a la decisin de realizar el hecho. An ms, desde esa argumentacin, podra decirse que el comienzo de ejecucin de la orden es manifestacin inequvoca de la voluntad del ejecutor de participar en el plan ideado por el hombre de detrs, es la forma\nde ajustarse al plan. Posicin similar, sostienen sus discpulos LESCH y DERKSEN50. Para DURN SECO, no hay acuerdo en la decisin unilateral de participar en el plan de otro, y por lo tanto, no puede haber coautora. Como ya mencionamos, aunque parece acertada la exigencia del acuerdo, creemos que el panorama del problema que tratamos hay que mirarlo desde los dos puntos de vista: el del ejecutor y el del directivo. En la tesis de JAKOBS, si bien es cierto el ejecutor voluntaria y autnomamente ha decidido plegarse a la voluntad del hombre de detrs, no es menos cierto que ste ha ideado un plan global en el que cuenta con que aqul ese u otro ejecutor finalmente adherir a su plan. Hay dos voluntades en comn: una de ellas aceptando que la del subordinado se una a la suya, y la de ste aceptando adherirse al designio superior. Sin embargo recurdese que la dificultad de tal interpretacin desde en el derecho colombiano, no deja de ser poco satisfactoria, teniendo en cuenta los significados posibles de la expresin acuerdo comn, exigida por el artculo 29 del CP. Pese a todo, el propio ROXIN ha salido al paso a esta formulacin y, en defensa de su tesis, ha afirmado la imposibilidad de predicar coautora en los casos de autor detrs del autor, por faltar la decisin comn de realizar el hecho, requisito que, desde la teora del dominio funcional del hecho es indispensable para hablar de coautora. Segn l, Primero, falta decisin de realizar conjuntamente el hecho, que es el presupuesto de la actuacin en coautora. Generalmente, en los delitos en el mbito de los aparatos organizados de poder el que ordena y el ejecutor no se conocen. En cualquier caso, ellos no deciden nada conjuntamente ni tampoco se sienten situados al mismo nivel. El que acta ejecuta una orden. Esto es precisamente lo contrario de una resolucin conjunta. JAKOBS no lo ignora, sino que pretende desentenderse totalmente del criterio de la decisin de realizar conjuntamente el hecho. Pero con ello la coautora pierde sus contornos51. Y agrega ROXIN que tampoco se da una ejecucin comn. De acuerdo con el mismo autor, la interpretacin segn la cual no es necesaria ninguna decisin comn de realizar conjuntamente el hecho es defendida slo por JAKOBS y ha encontrado el rechazo del resto de la doctrina. Esto ltimo parece no ser del todo cierto. No slo en Alemania JESCHECK/WEIGEND52 y MAURACH/GSSEL/ZIPF53 sostienen posiciones\nsimilares, sino que adems en Espaa MUOZ CONDE ha sostenido una solucin cercana a la de JAKOBS, fundada ya no en que es innecesario el acuerdo previo como requisito de la coautora, sino en que suponiendo que ese acuerdo s existe por la mera pertenencia a la organizacin, lo que no es necesario es la coejecucin, esto es, la participacin fsica del hombre de detrs en el hecho, para predicar que l tiene dominio del mismo. Sostiene MUOZ CONDE que la coautora es una especie de conspiracin llevada a la prctica y que la exigencia de la coejecucin no es ms que un rezago de una teora objetivo-formal que ya se ha mostrado de un modo general insuficiente incluso para explicar el concepto mismo de autora, y lo que es ms, para explicar el concepto de coautora54. Concluye que la coautora admite formas de realizacin conjunta del delito en las que alguno o algunos de los coautores, a veces los ms importantes, no estn presentes en su ejecucin55. Esta posicin de MUOZ CONDE encuentra fundamento en que incluso la teora del dominio funcional del hecho admite que sean tenidas como conductas de fase ejecutiva aquellas que no se pueden calificar como preparatorias, sino que estn en relacin inmediata con la ejecucin, trasladando as el problema a saber cuando se da la inmediatez. Segn explica MUOZ CONDE, la amplitud que se permite con la indefinicin del concepto de inmediatez, permite entender que puede ser inmediata la actuacin del hombre de detrs que no participa fsicamente en la ejecucin del hecho, pues de lo contrario, acudir a una consideracin tan estrictamente formalista, lleva a un criterio de coautora que dejara por fuera conductas tan graves y tan directamente lesivas como las propias acciones ejecutivas56. Adicionalmente, segn el propio ROXIN, cabe hacer un tercer reparo a la tesis de la coautora. Este reproche viene dado por no diferenciar entre la estructura horizontal de sta y la necesaria estructura vertical que se presenta en los casos de autor detrs del autor, distincin que s se aprecia en la solucin de la autora mediata y, en la induccin, como se ver. Otros, como FIGUEIREDO DIAS, rechazan la coautora por considerar que dado que no interviene en la fase de ejecucin, el hombre-de-atrs nunca podr ser considerado coautor de la infraccin57. Nos parece, empero, que la crtica de ROXIN no es concluyente. Creemos que desde que se habla de responsabilidad plena y directa o no accesoria de dos personas, se excluyen la\nautora mediata y la induccin como formas de atribucin de un hecho a un individuo y es necesario acudir a otras estructuras. Si adems, dada la pertenencia a una misma organizacin se descarta la autora accesoria, slo queda una posibilidad: la coautora. Nos parece que las propuestas de JAKOBS y MUOZ CONDE, en ese sentido, no hacen ms que depurar los requisitos que se exigen para llegar a esa respuesta, distinguiendo los esenciales de los no esenciales. Esto adquiere relevancia en la criminalidad en la empresa, fundamentalmente en la adopcin de acuerdos colegiados, en los que el acuerdo comn, ms que un simple requisito, es un dato adquirido que sirve de presupuesto al resto de la construccin58. En suma, JAKOBS concluye que toda la ideacin de ROXIN es innecesaria, porque los casos que as se solucionan, bien pueden tratarse como coautora o, en su defecto, como induccin. 3.2.2. Puede haber coautora entre el autor mediato y el autor directo? Parece que slo negando la necesidad del acuerdo comn o aceptando que ste se produce tcitamente por el hecho de pertenecer a la organizacin y aceptar ejecutar la orden, es posible hablar de coautora. Pero, an negando la coautora y aceptando la tesis de la autora mediata, si hay dos autores plenamente responsables uno de ellos mediato, en virtud del dominio de la organizacin, y otro en su calidad de ejecutor directo doloso plenamente responsable, son ellos coautores? Recurdese que una de las particularidades de la autora mediata en virtud de aparatos organizados de poder, es que no prescinde de la responsabilidad penal del instrumento. Recurdese tambin que en la doctrina tradicional, habiendo dos autores plenamente responsables, o habr coautora o habr autora accesoria. Sea que se acepte que el acuerdo comn se logra por la decisin libre de participar en el hecho del hombre de detrs en comunin con el plan global que contempla la adhesin del aquel, sea que se tenga a ambos como dominadores del hecho, cada uno desde su perspectiva59, lo cierto es que hay dos personas que dominan objetivamente el hecho. Por lo tanto, no parece descabellado pensar que nos enfrentamos a un supuesto en el que, de alguna forma, se mezclan las tres formas de autora conocidas: autora directa, en el ejecutor; autora mediata en el autor de escritorio y coautora entre ellos, porque co-dominan el suceso.\nSi a tal fenmeno debe llamarse coautora sin acuerdo comn, autora mediata con instrumento responsable, o autora accesoria, ser una controversia con pocas perspectivas de solucionarse pacficamente. POSADA ECHAVARRA parece sostener que se trata de un supuesto en que ambas formas de autora se presentan en autora accesoria, cuando afirma que ciertamente concurre un autntico dominio de la voluntad por parte del agente que mueve los hilos de la organizacin; dominio que se ejercera sobre el indeterminado ejecutor de sus mandatos, que, no obstante, es plenamente responsable60. Creemos tambin que se trata de un evento en el que se mezclan formas de autora, pero nos parece, entonces, que deben ser tenidos como coautores quienes as intervienen en el hecho. En efecto, si el ejecutor acta obedeciendo a un plan de la organizacin que conoce y acepta llevar a cabo se tratara de un autntico acuerdo y lo hace con plena responsabilidad, por no concurrir en l ni error ni coaccin como sera en otros supuestos de autora mediata, ese plan de la organizacin a la que pertenece como su ltimo eslabn, constituye el primer requisito para predicar coautora; a l le sumamos la divisin de funciones que parece evidente, y el dominio del hecho (tambin) por parte del hombre de detrs, directivo de la organizacin. Habra, entonces, coautora entre la autora directa y la autora mediata. 3.2.3 Es trasladable la coautora a las empresas? Desde los requisitos de la autora, no parece haber ningn obstculo para suponer que la estructura de la coautora como respuesta al problema del autor detrs del autor es trasladable al mbito de las empresas, para entender que son coautores de un delito el directivo que lo ordena y el subordinado que lo ejecuta. Por supuesto, ello no quiere decir que tal formulacin sea correcta sino que, de plantearse, debe funcionar por igual en aparatos de poder dedicados a fines lcitos como los descritos al definir lo que entenderamos por empresa como en aparatos de poder en el sentido restringido de ROXIN y sus seguidores. Las empresas funcionan, por definicin, en atencin al principio de divisin del trabajo y con coordinacin de roles en forma jerrquica61. El trabajo por regla general se descentraliza, y la ejecucin material de las rdenes se lleva a cabo por personal subordinado. Esa divisin del trabajo, si bien no obedece a un\nacuerdo de voluntades, s obedece a la decisin del subordinado de ejecutar los actos que ordene el superior, y a la decisin del directivo de que sus rdenes sean ejecutadas: en eso, precisamente, consiste la tarea de cada uno de ellos en la empresa. Por lo anterior, tanto la propuesta de JAKOBS segn la cual en lugar de hablar de acuerdo comn hay una decisin de ajustarse, como la de MUOZ CONDE, segn la cual el acuerdo se produce por el simple hecho de la vinculacin al aparato de poder, son perfectamente trasladables a la empresa. Ahora, podr objetarse a esta formulacin que la voluntad del obrero por regla general es la de ejecutar los actos del servicio para los que fue vlidamente contratado y no la de ejecutar delitos. Sin embargo, si siempre cabe la posibilidad de que el hombre de delante se niegue a ejecutar el hecho, hay que reconocer que el comienzo de ejecucin significa apartarse de las precisas obligaciones contractuales e incursionar por la propia voluntad ajustarse en los designios del llamado autor de escritorio. 3.3 LA TESIS DE LA PARTICIPACIN: FUNDAMENTO Y APLICACIN EN EL MBITO EMPRESARIAL No pocos autores solucionan el caso del autor detrs del autor como supuestos de participacin. Algunos sostienen que se trata de complicidad casi siempre complicidad necesaria, para los ordenamientos como el espaol y el argentino que equiparan punitivamente a esta especie de partcipe con el autor y otros que se trata de induccin o determinacin. 3.3.1 Induccin GIMBERNAT ha sostenido que quien ordena la realizacin de una conducta punible, sin ms consideraciones, debe ser tenido como inductor; quien transmite la orden como cmplice (posiblemente necesario); y quien ejecuta la orden, como autor62. Similares planteamientos han hecho MAURACH/GSSEL/ZIPF63, HERZBERG, KHLER y, en Espaa, DEZ RIPOLLS64. Apoyada en consideraciones mayoritariamente de corte normativo, la tesis que podemos denominar de la participacin sostiene que el dominio efectivo y el poder de mando del hombre de detrs es apenas fctico o naturalstico, pero que no alcanza a configurar verdadero dominio del hecho que exige la\ncalidad de autor. Con todo, esta tesis al decir de ROXIN, tiene la ventaja de que al describir una estructura vertical en la imputacin de responsabilidad (de inductor a autor), permite identificar una caracterstica fundamental del actuar del hombre de detrs65. Segn ROXIN, es evidente, para cualquier observacin imparcial que, en una organizacin delictiva, quien da la orden domina el suceso66 Por ello, aade que quien quiera resolver acudiendo a la induccin debe darse de baja de la teora del dominio del hecho y diferenciar autora y participacin segn otros criterios67. La induccin es, precisamente, la primera opcin de imputacin y quizs la ms antigua en casos como el que nos ocupa. Posee la ventaja de que, ligada al concepto restrictivo de autor que hemos planteado, supone que el autor de escritorio no domina el hecho pero contribuye a l generando la voluntad delictiva en el ejecutor. Ello lo hace merecedor a una pena igual a la de ste68. Sin embargo, segn la doctrina, la tesis de la participacin deja de lado una cuestin fundamental. En efecto, esta tesis presta poca atencin a que el supuesto que analizamos supone que la labor del hombre de detrs no incluye doblegar la fidelidad al derecho de nadie. Simplemente cuenta con que en los eslabones inferiores de la cadena de mando empresarial, estatal o paraestatal habr alguien dispuesto a ejecutar la orden. Realmente, el directivo, para ser directivo y tener dominio sobre el aparato, no tiene que determinar a nadie, aunque ello pudiera ocurrir. Este problema puede plantearse de otra forma: mirado desde el ejecutor, pareciera que ste acta slo porque cumple una orden superior. Pero mirado desde la perspectiva del directivo, el supuesto que analizamos consiste precisamente en que ste no tiene que doblegar la voluntad de nadie, porque simplemente sabe que al ordenar la comisin de la conducta, esta ser ejecutada, aunque no sepa por quin exactamente69. No hay una verdadera induccin, ni creacin de la voluntad delictiva en el ejecutor que est dispuesto a cumplir la orden. A lo sumo, hay un aprovechamiento de esa voluntad, que no es suficiente para constituir induccin. Vistas as las cosas, la tesis de la induccin pierde fuerza, a menos que se maticen sus requisitos, y se entienda la induccin solamente desde la\nperspectiva del ejecutor que acta en cumplimiento de una orden. Pero esa ser una visin parcial del problema y en tal caso slo se podr hablar propiamente de un inducido (o determinado en los trminos del CP colombiano) y no de un inductor (o determinador). Similar posicin sostiene AMBOS cuando afirma que el soldado que hizo disparos en el muro se corresponde con el autor ya decidido a realizar el hecho cuya disposicin incondicional el hombre de atrs tan slo ha de aprovechar para la ejecucin del hecho70. 3.3.2 Cooperacin necesaria Una alternativa de solucin muy interesante es la de la complicidad o cooperacin necesaria que existe, por ejemplo, en los derechos espaol y argentino. Esta forma de participacin se sita en un nivel intermedio entre la complicidad simple y la induccin o determinacin, y se caracteriza por sancionar la conducta que fomenta o facilita el delito, con un acto sin el cual el hecho no se hubiese llevado a cabo, pero que no implica dominio del mismo. La gran particularidad de esta figura, es la equiparacin de la pena imponible al autor de la conducta accesoria con la pena para el autor de la conducta principal. La conducta de cooperacin necesaria o de complicidad primaria, como se denomina en Argentina71 aunque es objetivamente ms intensa que la de la complicidad simple, es primero una conducta de complicidad, es decir, de entrada se reconoce que no es una conducta de autora y por lo tanto debe verse limitada por el principio de accesoriedad72, aunque se castigue con pena igual a la del autor. Esta figura, que bien valdra la pena comparar con la famosa coautora impropia tan recurrida por la jurisprudencia colombiana, tiene la ventaja de llenar lo que algunos consideran un vaco poltico-criminal, al penar actos que se consideran muy graves con la misma sancin del autor, respetando la naturaleza accesoria del aporte del partcipe. Aunque en el Per no existe la equiparacin punitiva ni una descripcin del dispositivo amplificador que permita castigar con ms pena la contribucin al hecho ms determinante, de lege ferenda parece interesante analizar la posibilidad de considerar cooperador necesario al directivo respecto del hecho del ejecutor, o al ejecutor respecto del hecho del directivo. De cualquier forma, si consideramos que el hombre de detrs realiza una conducta sin la cual el\nhecho del ejecutor no se hubiera llevado a cabo, en derecho colombiano tendramos que concluir que la sancin si concurren los dems requisitos para imponerla sera la correspondiente al autor, reducida de una sexta parte a la mitad, al tenor del artculo 30 del CP. a) El ejecutor como autor directo y el directivo como cooperador necesario. A pesar de que puede resultar poltico criminalmente seductora la idea de una conducta de participacin castigada con pena igual a la del autor debido a la importancia respecto del hecho cometido, no parece claro que la intervencin del directivo sea apenas la contribucin a un hecho ajeno. Si efectivamente basta con la orden del hombre de detrs para poner en funcionamiento el aparato de poder que descarga en el ejecutor la responsabilidad de llevar a cabo una accin que finalmente lesiona bienes jurdicos, parece que no es ni facilitacin ni favorecimiento de una conducta ajena lo que realiza el directivo, sino el hecho desencadenante de todo el acontecer delictivo. Y si el ejecutor slo acta porque ha recibido una orden que cumple voluntariamente y sin presiones ilegtimas que anulen su voluntad o su motivabilidad por la norma penal, tampoco parece claro que sea apenas una colaboracin lo que recibe del autor de escritorio. b) El directivo como autor y el ejecutor como cooperador necesario. No menos problemas plantea esta posibilidad. Ya nos hemos referido antes a las dificultades que tiene sostener que el hombre de detrs domina por s mismo el hecho, como quiera que en todo caso requiere de la intervencin de un ejecutor determinado o determinable para que sus designios se lleven a cabo. Si no es posible sostener la autora directa por el hombre de detrs, por virtud de la accesoriedad no habr lugar a preguntarse si el ejecutor es partcipe. 3.4 LA TESIS DE LA AUTORA ACCESORA El panorama de las alternativas a la autora mediata para solucionar los casos de autor detrs del autor, queda completo con la autora accesoria, que supone la coexistencia de cursos causales autnomos, que confluyen a un mismo y nico resultado, que es imputable por igual a cada uno de ellos.\nEsta tesis parece poco convincente. La autora accesoria supone dos o ms cursos causales completos y paralelos que se concretan en un nico resultado, que sera imputable a cada uno de quienes los han desencadenado. En el fondo, en la autora accesoria subyace un problema de prueba, que se soluciona por va de la dogmtica del derecho sustancial: ante la imposibilidad de saber cul de los cursos causales ha sido el determinante, si todos ellos hubiesen sido suficientes, se atribuye el dominio del hecho a cada uno de ellos, ya que el hecho de confluir los dos cursos causales en el mismo aparato de poder, excluye el fluir paralelo y sin vnculos que caracteriza la autora accesoria73. La anterior descripcin hace inviable su aplicacin a los casos de autor detrs del autor, como quiera que el problema realmente no est en saber cul de los dos cursos causales es el determinante. Con mayor razn la autora accesoria es inaplicable en los casos del acontecer empresarial, en el que partimos de que el subordinado acta voluntariamente, pero slo en cumplimiento de la orden que ha recibido.\n4. BIBLIOGRAFA AMBOS, Kai, Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder (trad. Manuel Cancio Meli), Bogot, Universidad Externado de Colombia, 1998. AMBOS, Kai y GRAMMER, Cristoph, Dominio del hecho por organizacin. La responsabilidad de la conduccin militar argentina por la muerte de Elisabeth Ksemann en DPC, Universidad Externado de Colombia, Vol. XXVI, No. 77, 2005. APONTE CARDONA, Alejandro David, Superacin del pasado a travs de la norma penal? Dilemas en torno a la aplicacin del derecho penal en situaciones de transicin jurdico-poltica, en Estudios penales. Homenaje al Maestro Bernardo Gaitn Mahecha, Bogot, Pontifi cia Universidad Javeriana y Legis, 2005. CASTILLO ALVA, Jos Luis, Autora mediata por dominio de aparatos organizados de poder. El dominio de la organizacin en Sistemas penales iberoamericanos. Libro homenaje al Profesor Dr. D. Enrique Bacigalupo en su 65 aniversario, Lima, Ara Editores, 2003. DE FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Autora y participacin en el dominio de la criminalidad organizada: el dominio de la organizacin, en FERR OLIV, Juan Carlos, y ANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999. DAZ Y GARCA CONLLEDO, Miguel, La autora en derecho penal , PPU, Barcelona, 1991. DAZ Y GARCA CONLLEDO, Miguel, La autora en derecho penal: Caracterizacin general y especial atencin al Cdigo Penal colombiano, en DPC, Vol. XXV, N. 76, 2004. DAZ Y GARCA CONLLEDO, Miguel y LUZN PEA, Diego Manuel, Determinacin objetiva y positiva del hecho y realizacin tpica como criterios de autora, en Derecho penal contemporneo, Revista internacional , N. 2, 2003.\nDONNA, Edgardo Alberto, El concepto de autora y la teora de los aparatos de poder de Roxin en AA.VV, Modernas tendencias en la ciencia del derecho pena y en la criminologa, UNED, Madrid, 2000. DONNA, Edgardo Alberto, La autora y la participacin criminal, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2005. DURN SECO, Isabel, La coautora en derecho pena: aspectos esenciales , Len, Universidad de Len, 2002. FARALDO CABANA, Patricia, Los delitos societarios, Valencia, Tirant lo blanch, 1996. FERR OLIV, Juan Carlos, y ANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales procesales y criminolgicos , Huelva, Universidad de Huelva, 1999. FRISCH, Wolfgang, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los rganos de direccin de la empresa. Responsabilidad penal en el mbito de la empresa y de la divisin del trabajo, en MIR PUIG, Santiago y LUZNPEA, Diego Manuel, Responsabilidad penal de las empresas y sus rganos y responsabilidad por el producto , Bosch, Barcelona, 1996. GARCA CAVERO, Percy, La imputacin jurdico penal en el seno de la empresa, en El funcionalismo en derecho penal. Libro homenaje al profesor Gnther Jakobs, t. II, Bogot, Universidad Externado de Colombia, 2003. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autor y cmplice en derecho penal , Madrid, Universidad de Madrid, 1966. HEFFENDEL, Roland, El dominio del hecho en las empresas desde una perspectiva criminolgica, en DPC, Vol. XXV, N. 75, 2004. HERNNDEZ ESQUIVEL, Alberto, La coautora, en Derecho penal y criminologa, Vol. XXV, N. 75, 2004. HERNNDEZ PLASENCIA, Jos Ulises, La autora mediata en Derecho penal , Granada, Comares, 1996. JAKOBS, Gnther, Derecho penal. Parte general, Madrid, Marcial Pons, 1995. JESCHECK, Hans Heinrich y WEIGEND, Thomas, Tratado de derecho penal, Parte general (Trad. Miguel Olmedo Cardenete), 5 ed., Granada, Comares, 2002. LUZN-PEA, Diego Manuel (Coord.), Enciclopedia Penal Bsica, Granada, Comares, 2003.\nMAURACH/GSSEL/ZIPF, Derecho penal, Parte general, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 1995. MARTNEZ-BUJN PREZ, C., Derecho Penal General, Parte Especial, PG , Tirant lo blanch, Valencia, 1998. MARN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena, Criminalidad de empresa, Valencia, Tirant lo blanch, 2002. MEDINA ARIZA, Juan J., Una introduccin al estudio criminolgico del crimen organizado en FERR OLIV, Juan Carlos, y ANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999 MEINI MNDEZ, Ivn Fabio, Responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados , Valencia, Tirant lo blanch, 2003. MEINI MNDEZ, Ivn Fabio, Perfil penal de la participacin en la adopcin de acuerdos MIR en el seno y de un rgano colegiado, Diego tomado de www.unifr.ch/derechopenal/ articulos/html/artmeini.htm [abril 13 de 2005]. PUIG, Santiago LUZN-PEA, Manuel (Coords.), Responsabilidad penal de las empresas y sus rganos y responsabilidad por el producto, Bosch, Barcelona, 1996. MUOZ CONDE, Francisco, Problemas de autora y participacin en la criminalidad organizada, en FERR OLIV, Juan Carlos, y ANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999. MUOZ CONDE, Francisco, Cmo imputar a ttulo de autores a las personas que, sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realizacin de un delito en el mbito de la delincuencia empresarial? en AA.VV, Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminologa , UNED, Madrid, 2000. MUOZ CONDE, Francisco, Problemas de autora y participacin en el Derecho pena econmico, o cmo imputar a ttulo de autores a las personas que, sin realizar acciones ejecutiva, deciden la realizacin de un delito en el mbito de la delincuencia econmica empresarial?, en Derecho penal econmico, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001. PREZ CEPEDA, Ana Isabel, Criminalidad de empresa: problemas de autora y participacin, en Revista Penal, No. 9, 2002.\nPOSADA ECHAVARRA, Plinio, Identifi cacin del autor, Bogot, Procuradura General de la Nacin, 2002; casi el mismo texto, bajo el ttulo Una visin del dominio de voluntad por organizacin y su aproximacin al derecho penal colombiano, en NFP, No. 62. REYES CUARTAS, Jos Fernando, La autora mediata con aparatos organizados de poder, en DPC, Universidad Externado de Colombia, Vol. XXV, No. 75. ROXIN, Claus, Autora y dominio del hecho en derecho penal , 7 ed., Barcelona, Marcial Pons, 2000. ROXIN, Claus, Problemas de autora y participacin en la criminalidad organizada, en FERR OLIV, Juan Carlos y ANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999. SALAZAR MARN, Mario, Autor y partcipe en el injusto penal , Santaf de Bogot, Temis, 1992. SCHNEMANN, Bernd, Cuestiones bsicas de dogmtica jurdico-penal y de poltica criminal acerca de la criminalidad de empresa, en ADPCP, t. XLI, fascculo II, 1988. SCHNEMANN, Bernd, Temas actuales y permanentes del derecho penal despus del milenio, Madrid, Tecnos, 2002. SUREZ SNCHEZ, Alberto, Autora y participacin, 2 ed., Bogot, Universidad Externado de Colombia, 1998. TERRADILLOS BASOCO, Juan, Derecho penal de la empresa , Madrid, Trotta, 1995. VELSQUEZ VELSQUEZ, Fernando, Manual de derecho penal, parte general, 2 ed., Bogot, Temis, 2004. VOGEL, Joachim, Responsabilidad penal de los empresarios y las empresas (trad. Vctor Gmez Martn), en AA.VV., La poltica criminal en Europa, Barcelona, Atelier, 2004. ZIGA RODRGUEZ, Laura, Bases para un modelo de imputacin de responsabilidad penal a las personas jurdicas , Pamplona, Aranzadi, 2001. ZIGA RODRGUEZ, Laura Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputacin penal en FERR OLIV, Juan Carlos y\nANARTE BORRALLO, Enrique (Eds.), Delincuencia organizada. Problemas penales, procesales y criminolgicos, Huelva, Universidad de Huelva, 1999.\nDokumen Serupa dengan DERECHO PENAL DE LA EMPRESA.doc\nCuestionario Todas Las Áreas\nElementos Del Derecho Civil, Penal y Laboral