016 defender los derechos humanos e...\nby Fa Alco\nInforme para primer debate del proy...\nVINCULADAS CON LA POLICIA\nDiseño gráﬁco: W Lab, Laboratorio de Diseño, C.A.\nImpresión: Ministerio del Poder Popular para la Cultura.\nDepósito legal: If 5822007363632\nDEDERECHOS HUMANOS VINCULADAS CON LA POLICIA\nCompilador: Enrique González\nJesse Chacón Escamillo, Ministro del Interior y Justicia\nJesús Villegas Solarte, Vice Ministro de Seguridad Ciudadana.\nRicardo Jiménez Dan, Vice Minsitro de Seguridad Jurídica.\nFernando Ramón Vegas, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.\nJuan José Molina, Diputado a la Asamblea Nacional.\nGiancarlo Di Martino, Alcalde de Maracaibo.\nJhonny Yánez Rangel, Gobernador del Estado Cojedes.\nAlberto Rossi Palencia, Defensoría del Pueblo\nAlis Boscán, Ministerio Público\nJacqueline García, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.\nLuís Gerardo Gabaldón, Profesor Universidad Católica Andrés Bello\nJosé Virtuoso, S.J, Director del Centro Gumilla\nElsie Rosales, Profesora Universidad Central de Venezuela\nAndrés Antillano, Profesor Universidad Central de Venezuela\nAlberto Vollmer, Empresario.\nSoraya El Achkar, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.\nSoraya El Achkar. Secretaria Técnica\nAntonio González Plessmann. Coordinador de Diagnóstico institucional\nLuis Gerardo Gabaldón. Coordinador de Diagnóstico nacional de seguridad, criminalidad y percepciones\nsobre el desempeño policial\nAmaylin Riveros. Coordinadora de Consulta Nacional\nLigia Lobo. Coordinadora de asuntos administrativos.\nPrefacio: El problema de la impunidad\nRecomendaciones generales al Estado venezolano\nI. Recomendaciones para el conjunto de Poderes Públicos\nII. Recomendaciones relativas a la jurisdicción internacional\nIII. Recomendaciones generales al Poder Ejecutivo\nIV. Recomendaciones generales concurrentes con el Poder Legislativo\nV. Recomendaciones generales concurrentes con el Poder Judicial\nVI. Recomendaciones relativas a procedimientos de detención y sistema\nRecomendaciones relativas a sectores de población específicos\nI. Protección de los derechos de la mujer\nII. Protección de niños en situación vulnerable\nIII. Protección de los pueblos indígenas\nV. Solicitantes de asilo o refugio\nRecomendaciones de casos específicos\nI. Casos de hostigamiento policial\nII. Casos de violencia penitenciaria\nI. Del uso de fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad\nII. La reparación directa\nIII. Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías\nde no repetición)\nIV. Las medidas provisionales\nReferencias de los informes citados\nLa Comisión Nacional para la Reforma Policial fue creada el 10 de abril de 2006, con el\nobjetivo general de construir un nuevo modelo de policía en el contexto de la sociedad\nvenezolana actual, que permita concebirla como un servicio público general orientado\npor los principios de permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación,\ncontrol de desempeño y evaluación de acuerdo con procesos y estándares definidos,\nasí como planificación y desarrollo en función de las necesidades nacionales, estadales\ny municipales, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela\ny de los tratados y principios internacionales sobre protección de los derechos\nLa Comisión parte del supuesto de que ninguna política pública podrá ser efectiva si\nno cuenta, para su diseño, con información adecuada sobre los problemas que desea\nsolucionar, interpretada desde una perspectiva profundamente democrática. Por tal\nrazón, la investigación, junto al estímulo de una participación plural y sustantiva de la\nsociedad, ha sido pilar del proceso de reforma propuesto. En ese marco referencial se\ninserta esta serie de publicaciones que sirve de insumo a la Caracterización de la Policía\nVenezolana y a la elaboración de un Modelo Policial para Venezuela.\nRecomendaciones de Organismos Internacionales de Derechos Humanos vinculadas con la policia\nSe presenta en el siguiente documento una compilación de Recomendaciones y\nResoluciones de órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de los sistemas de\nderechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos,\ndirectamente vinculadas con los organismos encargados de cumplir y hacer cumplir\nla ley. En particular, estas recomendaciones y resoluciones emanan de:\n• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos\n• El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas\n• El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas\n• El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas\n• El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas\n• El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles,\ninhumanos o degradantes de las Naciones Unidas\n• La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas\nEl destinatario de las recomendaciones es el Estado venezolano en general. No\nobstante, algunas de ellas son más pertinentes para algunos poderes que para\notros. Por ello, se presentan orientadas hacia: a) todos los poderes públicos, b) el\nPoder Ejecutivo, c) el Poder Legislativo y, d) el Poder Judicial.\nSe ha realizado una compilación de las recomendaciones generales y aplicadas de\nlos organismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de derechos humanos de\nlos sistemas de las Naciones Unidas e Interamericano.\nLos organismos internacionales no establecen el poder público al que corresponde\nla responsabilidad de ejecutar cada una de sus recomendaciones. Por ello, se ha\nrealizado una clasificación genérica que si bien no es exacta, permite identificar,\nen términos generales, las recomendaciones que implican responsabilidades para\ncada uno de los poderes públicos.\nMuchas de las recomendaciones relacionadas con derechos civiles y materias de\nseguridad ciudadana suelen tener implicaciones para varios Poderes Públicos.\nNo obstante, la inmensa mayoría de recomendaciones compiladas tienen implicaciones para el Poder Ejecutivo, al menos en relación con el establecimiento de\nEn los casos en que se sugiere el desarrollo de legislación, se está señalando tanto\nal Poder Legislativo, como al órgano del Poder Ejecutivo que tiene competencia en\nla materia específica (tortura, régimen penitenciario, etc). El Poder Ejecutivo tiene,\npor una parte, iniciativa legislativa y, por otra, la obligación de adoptar medidas\nde protección del derecho, luego una recomendación de esta naturaleza también\ngenera responsabilidad para los órganos administrativos.\nEn los casos en que se realizan recomendaciones relativas a aspectos del proceso\njudicial y las garantías procesales, se apunta tanto al Poder Judicial como al Poder\nEjecutivo, en cuanto los órganos de seguridad interior son organismos auxiliares\nde la justicia y deben así mismo adecuar su actuación al respeto de los derechos\nde los procesados. Lo mismo vale para las recomendaciones al órgano fiscal, cuya\nactuación está relacionada también con actuaciones ejecutivas, así como al sistema\npenitenciario, cuya rectoría corresponde al Poder Judicial pero cuya administración\nrecae sobre los organismos del Ministerio del Interior y Justicia.\nCon el objetivo de facilitar la aplicación de la compilación, se ha obviado la división\nconstitucional de los Poderes Públicos en el Estado venezolano. Se entiende que las\nrecomendaciones relativas al Poder Judicial tienen implicaciones para el Ministerio\nPúblico, mientras que sobre la Defensoría del Pueblo recae la responsabilidad de\nmonitorear la implementación de las recomendaciones y adelantar acciones de\npromoción de mejores prácticas y normas.\nCon el objetivo de facilitar la identificación de responsabilidades, se ha realizado la\nsiguiente clasificación, de acuerdo al objeto y naturaleza de las recomendaciones:\n1. Recomendaciones generales que se considera que tienen implicaciones directas\npara todos los poderes públicos.\n2. Recomendaciones relativas a la jurisdicción internacional, que también afectan\nen medida variable a todos los poderes.\n3. Recomendaciones generales al Poder Ejecutivo.\n4. Recomendaciones generales en concurrencia con el Poder Legislativo,\nque tienen implicaciones para el Poder Ejecutivo en cuanto al impulso\nlegislativo y la obligación de promover garantías legales apropiadas.\n5. Recomendaciones generales en concurrencia con el Poder Judicial, que tienen\nimplicaciones para el Poder Ejecutivo en cuanto organismo auxiliar de la justicia.\n6. Recomendaciones relativas a los procesos de detención y al sistema\npenitenciario, las cuales tienen implicaciones en la mayor parte de los casos\npara el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en cuanto organismo administrativo\nAdicionalmente, se han clasificado por separado las recomendaciones que apuntan\na la protección de sectores específicos la de población, por cuanto requieren un\nabordaje específico. En general, se trata de recomendaciones cuya responsabilidad\nrecae sobre el Poder Ejecutivo, aunque algunas tienen implicaciones para otros\npoderes, de acuerdo a su naturaleza.\nPara finalizar, dos secciones separadas incluyen las recomendaciones de organismos\ncuasi jurisdiccionales y los puntos resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a casos concretos; y el conjunto de puntos resolutivos específicos contenidos en las Medidas Provisionales emitidas por la Corte.\nEn anexo, se incluyen algunos fragmentos de la jurisprudencia de la Corte en relación\ncon aspectos medulares de las políticas destinadas a garantizar los derechos civiles,\nasí como a asegurar las mejores condiciones en el sistema penitenciario, y acerca\nde la naturaleza de las medidas provisionales de la Corte.\nComisión Interamericana: Informe Anual 2003\n59. (…) la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se refieren a infracciones de las obligaciones del Estado venezolano de prevenir e investigar\nlos delitos y castigar a los culpables, generando situaciones de impunidad. Según\ndicha información, un 90% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos\nhumanos no supera las etapas preliminares del proceso. En tal sentido, la impunidad\nexistente en un alto número de casos por violación a los derechos humanos lleva\na la sociedad venezolana a una pérdida de confianza en el sistema de justicia y al\nrecrudecimiento de la violencia, engendrándose un círculo vicioso de impunidad\nI. RECOMENDACIONES PARA EL CONJUNTO DE PODERES\nAdoptar medidas para luchar contra la violación de derechos humanos\nCDH. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 1992)\n10. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte las medidas necesarias para\nluchar contra toda violación de los derechos humanos, en particular las que hayan\npodido cometerse durante la vigencia de los estados de emergencia.\nAmpliación de la participación de la mujer\nCDH. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 2001)\n21. Al Comité le preocupa la insuficiente participación de la mujer, entre otros\nsectores, en la vida política y en el poder judicial. Con el fin de cumplir con los\nartículos 3 y 25, el Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes para mejorar\nla participación de las mujeres, si es preciso mediante la adopción de programas\nde medidas positivas.\nAdoptar medidas para que no se repitan las circunstancias del caso\nCorteIDH. Caso Caracazo. 29 de agosto de 2002. Puntos resolutivos\n4. que el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para evitar que\nvuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del presente caso, en los términos\ndel párrafo 127 de la presente Sentencia…\nCIDH. Informe Anual 2004\n255. La Corte Interamericana ha señalado que el Estado debe combatir la impunidad,\nya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y\nla total indefensión de las víctimas y sus familiares.\nII. RECOMENDACIONES RELATIVAS\nA LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL\nDeber del Estado de someterse a la jurisdicción de la Corte\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Liliana Ortega, Luisiana Ríos y otros. 4 de\n1. Declarar que el Estado de Venezuela, por haber reconocido su competencia, está\nobligado a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,\nla que tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de supervisar el cumplimiento\nDeber del Estado de cumplir las medidas ordenadas por la Corte\ny de informar periódicamente sobre su implementación\n2. Declarar, igualmente, que el Estado de Venezuela tiene la obligación de implementar las medidas provisionales ordenadas por la Corte y de presentar, con la\nperiodicidad que ésta indique, los informes requeridos y, además, que la facultad\nde la Corte incluye evaluar los informes presentados, y emitir instrucciones y\nresoluciones sobre el cumplimiento de sus decisiones.\nCreación de un mecanismo para supervisar las medidas\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Liliana Ortega. 14 de junio de 2004\n4. Reiterar al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que\ndeben adoptar las providencias necesarias para la creación de un mecanismo\napropiado para coordinar y supervisar las medidas provisionales ordenadas por la\nDeber de cumplir las recomendaciones de los órganos interamericanos\nCIDH. Informe Anual 2002\n67. … Resulta especialmente importante que el Gobierno del Presidente Chávez y\nlos demás órganos del poder público cumplan de manera integral con las decisiones\ny recomendaciones que adoptan los órganos del sistema interamericano, en sus\ndecisiones en casos individuales, en sus sentencias, y en particular en las solicitudes\nde medidas cautelares dictadas para proteger a las personas en situaciones de\ngrave riesgo y cuando es necesario evitar daños irreparables. La Corte y la Comisión\nInteramericanas constituyen importantes instancias a disposición de todas las\npersonas sujetas a la jurisdicción del Estado venezolano para tratar de obtener justicia independiente e imparcial.\nAmpliar los programas de formación en derechos humanos para efectivos\nCAT. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 1999)\nPerseverar en las iniciativas formativas en derechos humanos para los agentes\ndel Estado encargados de hacer cumplir la ley y el personal penitenciario, y extenderlas a la totalidad de los cuerpos policiales y de seguridad y en particular a los\nPrograma gubernamental para la rehabilitación de víctimas de tortura\nEstablecer un programa gubernamental dirigido a la rehabilitación física,\npsicológica y social de las víctimas de tortura.\nProgramas de capacitación en derechos humanos para funcionarios\nCAT. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 2002)\nd) Proseguir las actividades de educación y promoción en materia de derechos\nhumanos, en particular la prohibición de actos de tortura, destinadas a funcionarios\nencargados de hacer cumplir la ley y personal médico.\nLevantamiento de información sobre víctimas y victimarios en casos\n12. El Comité solicita al Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico\ndatos estadísticos desagregados, entre otros, en función de la nacionalidad, edad\ny género de las víctimas y los servicios a que pertenecen los inculpados, sobre\ncasos en materia objeto de la Convención examinados por las instancias internas,\nincluido el resultado de las investigaciones efectuadas y las consecuencias para las\nvíctimas en términos de reparación e indemnización.\nCapacitación en derechos humanos para cuerpos de seguridad\nCorte IDH. Caso Caracazo. 29 de agosto de 2002. Puntos resolutivos\na) adoptará las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros\nde sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y\nnormas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe\nestar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de\nlos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;\nAjustar los planes de orden público para controlar la acción policial para garantizar el respeto de los derechos humanos\nb) ajustará los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden\npúblico a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando,\nal efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los\nmiembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para\nevitar que se produzcan excesos; y\nEn caso de necesidad de acción represiva, garantizar que se utilizan medios\nproporcionales y de manera racional\nc) garantizará que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y\nde sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables\npara controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto\nal derecho a la vida y a la integridad personal;\nCapacitación en derechos humanos a FAN y Disip\nCorteIDH. Caso Blanco Romero y otros. 28 de noviembre de 2005\n11. El Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los\nfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de\nprotección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición\nforzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la\njurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,\ncomo una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este\ncaso, en los términos de los párrafos 106 y 116 de la presente Sentencia.\nCapacitación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad\n209.2. La formulación de actividades de capacitación destinadas al personal de\nlos cuerpos de seguridad para asegurar una adecuada y efectiva protección de los\ndefensores de los derechos humanos; especialmente en las zonas fronterizas del\nDesmantelar grupos civiles armados que funcionan fuera de la ley\n210.2. Que adopte las medidas necesarias y urgentes encaminadas a desmantelar a\nlos grupos civiles armados que funcionan fuera de la ley, fortaleciendo la capacidad\nde investigación criminal y sancionando las acciones ilícitas de estos grupos para\nprevenir que estos hechos se repitan en el futuro.\nEstablecer políticas de coordinación policial efectiva\n231.4. Establecer políticas de seguridad pública destinadas a lograr una efectiva\ncoordinación de las distintas fuerzas encargadas de la seguridad pública, como\nasí también coordinar acciones de seguridad con el Alcalde Metropolitano, en su\ncondición de jefe de la Policía Metropolitana.\nCapacitación en derechos humanos de miembros de los cuerpos de seguridad\n231.5. Intensificar los esfuerzos para la capacitación de los miembros de los cuerpos\nde seguridad del Estado en materia de derechos humanos…\nEstablecer mecanismos de sanción para efectivos de seguridad\nque violen derechos humanos\n231.5. …poner en práctica mecanismos de sanción y remoción de miembros involucrados en violaciones a derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones.\nAdoptar una política profesional de seguridad ciudadana\n231.8. Priorizar la adopción de una política profesional de seguridad ciudadana\nque atienda a los requerimientos convencionales y del Estado de Derecho.\nAdopción de medidas para evitar las situaciones de represión\npor uso desproporcionado de la fuerza\n235. … la CIDH insta enfáticamente a que el Estado tome todas las medidas necesarias\npara evitar que se reiteren situaciones de represión con el uso desproporcionado\ny excesivo de la fuerza por parte de miembros de seguridad - en particular de la\nGuardia Nacional - en el control de la seguridad pública.\nDesarticulación efectiva de los grupos de exterminio\n237.1. Que se desarticulen y erradiquen de manera inmediata, urgente y efectiva,\nde conformidad a la gravedad de estos casos, los grupos de exterminio que estén\nactuando en los Estados referidos en el presente informe.\n237.6. Que se impartan cursos de capacitación para los miembros de los cuerpos\npoliciales y militares en materia de respeto a los derechos humanos en el ejercicio\nde funciones de seguridad pública.\nEstablecer campañas de capacitación en derechos humanos de funcionarios\n260. 5. Que se establezcan campañas de capacitación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad a fin de que sean instruidos en materias de derechos humanos\ny de estricto cumplimiento de la ley en casos de detención y control del orden\nIV. RECOMENDACIONES GENERALES CONCURRENTES\nCON EL PODER LEGISLATIVO\nMedidas para combatir la tortura: establecimiento de organismo\nindependiente de investigación, desarrollo legislativo y educación\n8. (…) El Estado Parte debe establecer un órgano independiente facultado para\nrecibir e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos\nde poder por parte de la policía y otras fuerzas de la seguridad, que sea seguido,\ncuando sea pertinente, por el sometimiento a juicio de los que aparezcan como\nresponsables. El Comité insta, además, al Estado Parte a dictar las normas legales\nnecesarias para dar cumplimiento a la prohibición de la tortura y de los tratamientos\ncrueles, inhumanos o degradantes establecida en el artículo 7 del Pacto y en el artículo 46 de la Constitución, y a intensificar los programas de educación en derechos\nhumanos de todas aquellas fuerzas del Estado cuyas funciones estén relacionadas\nDesarrollo legislativo del delito de tortura\nEl pronto examen, discusión y aprobación del proyecto de ley sobre la tortura, ya\nsea en una ley separada o incorporando sus disposiciones al articulado del Código\nLa ley referida debe radicar el conocimiento y juzgamiento de toda denuncia\npor torturas, cualquiera fuere el organismo a que pertenece el imputado, en los\ntribunales del fuero común.\nParticipación de las organizaciones de derechos humanos en la consulta\nlegislativa para tipificar la tortura como delito\nEn el examen y discusión del proyecto de ley sobre torturas, el Poder Ejecutivo y\nel Poder Legislativo deberían requerir y tener presente las opiniones de las organizaciones no gubernamentales nacionales de defensa y promoción de derechos\nhumanos, cuya experiencia en la atención de víctimas de torturas y de tratos\ncrueles, inhumanos o degradantes puede contribuir al perfeccionamiento de la\nEliminar normas sobre exención de responsabilidad penal por obrar\nen cumplimiento de obediencia\nDerogar las normas sobre exención de responsabilidad penal por obrar en cumplimiento de obediencia debida a un superior, las que no obstante ser contrarias\na la Constitución, en los hechos dejan a la interpretación judicial disposiciones incompatibles con el artículo 2.3 de la Convención.\nAdopción de legislación que penalice la tortura\na) La adopción de legislación que penalice la tortura. Según la disposición transitoria\n4 de la nueva Constitución, ésta debe hacerse por ley especial o reforma del Código\nPenal dentro del plazo de un año contado a partir de la instalación de la Asamblea\nNacional, plazo ya largamente excedido.\nSanción de legislación que penalice la discriminación racial\nCERD. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 2005)\n16. Tomando nota del artículo 369 del anteproyecto del Código Penal que prevé\nsanciones contra actos de discriminación racial, el Comité desea recibir información\nsobre denuncias por actos de discriminación racial y sobre las correspondientes\nacciones judiciales emprendidas por las víctimas y en su nombre. El Comité alienta al\nEstado Parte a que adopte rápidamente el anteproyecto del Código Penal, y le pide\nque incluya en su próximo informe periódico información estadística desglosada\nsobre los casos relacionados con la discriminación racial y las penas impuestas, en\nlos que se hayan aplicado las disposiciones pertinentes del derecho interno.\nAdecuación legislativa: uso de la fuerza, vigilancia penitenciaria,\ninvestigación independiente, jurisdicción civil de casos de violaciones\nCorteIDH. Caso Retén de Catia. 5 de julio de 2006. Puntos resolutivos\n9. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a los términos de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 143 y 144 de esta\na) incorporar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley;\nb) poner en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria eminentemente\nde carácter civil;\nc) garantizar un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente,\nimparcial e independiente, para la verificación e investigación de las quejas sobre\nviolaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad;\nd) garantizar que las investigaciones por hechos constitutivos de violaciones\nde derechos humanos sean adelantadas por fiscales y jueces ordinarios y no militares.\nAdoptar medidas legislativas para hacer más eficaz el hábeas corpus\n9. El Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro\ncarácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela\npueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada, en los\ntérminos de los párrafos 104 y 116 de la presente Sentencia.\nReformar la legislación penal en relación con la desaparición de personas\nCorte IDH. Caso Blanco Romero y otros. 28 de noviembre de 2005\n10. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo\nrazonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de\npersonas, en los términos de los párrafos 105 y 116 del presente Fallo.\nDesarrollo jurídico de competencias del Consejo de Defensa Nacional\n231.2. Establecer de manera inmediata la reglamentación del Consejo Nacional de\nSeguridad. Esta reglamentación deberá establecer las atribuciones y competencias\ndel Consejo, como así también las condiciones para la actuación de los poderes\nque lo conforman, estableciendo las debidas garantías de imparcialidad e independencia de los mismos.\nAdoptar legislación para la creación de un cuerpo de policía nacional\n236. (…) No se ha tenido conocimiento sobre la reglamentación del artículo 332 de la\nConstitución venezolana en el sentido de crear un cuerpo de policía nacional como\nuno de los cuerpos civiles de protección ciudadana. La Comisión Interamericana\nconsidera de gran importancia que la legislación pertinente se adopte con apego\nestricto al derecho internacional de los derechos humanos, y que se disponga el\ndesarrollo de programas educativos en derechos humanos y seguridad ciudadana\na los mencionados cuerpos policiales.\nLegislación de sanción del delito de tortura\n260. 7. Que elabore y promulgue a la brevedad la legislación pertinente que sancione la tortura de conformidad a lo establecido en la disposición transitoria cuarta\nde la nueva Constitución, ya sea mediante una ley o una reforma en el Código\nLegislar sobre la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o mal trato\n260. 8. Que sea incorporado al derecho interno, ya sea legislativamente o por vía\njurisprudencial, la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o trato cruel,\ninhumano o degradante, como está consagrado en la Convención Interamericana\npara Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, hacer extensiva esta regla de\nexclusión a toda prueba derivada de procedimientos irregulares, o en violación de\ngarantías del debido proceso, conforme a la doctrina del fruto del árbol venenoso\n(doctrina jurídica en virtud de la cual si se emplea una prueba ilegítimamente\nobtenida, todas las actuaciones probatorias que se deriven de la misma serán\nV. RECOMENDACIONES GENERALES CONCURRENTES\nGarantía de sanción de todos los efectivos de seguridad que hayan\n10… El Estado Parte debería velar por que todos los miembros de las fuerzas armadas\no de la policía que hayan cometido violaciones de los derechos garantizados en el\nPacto sean juzgados y sancionados por tribunales civiles.\nPrioridad a investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales\n7. (…) El Estado Parte debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes para\nidentificar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y someterlos a juicio. El Estado Parte deberá también tomar las medidas necesarias para prevenir la\nocurrencia de estas violaciones del artículo 6 del Pacto.\nGarantizar investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias\nb) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas\ne imparciales en todos los casos de quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos\no degradantes. Durante esas investigaciones, los agentes involucrados deben ser\nsuspendidos en el ejercicio de sus funciones.\nGarantizar el derecho a una indemnización justa de las víctimas de tortura\nc) Adoptar medidas para reglamentar e institucionalizar el derecho de las víctimas\nde tortura a una indemnización justa y adecuada y establecer programas dirigidos a\nsu rehabilitación física y mental en la medida más completa posible, tal como había\nya recomendado el Comité en las precedentes conclusiones y recomendaciones.\nRelator Especial de Tortura (ONU)\nObligación de investigación independiente de denuncias contra policías\nRelator Especial Tortura. Recomendaciones a Venezuela (ONU, 2006)\n426. Las denuncias judiciales contra funcionarios de la policía deberán ser investigadas invariablemente por un órgano independiente del cuerpo de policía cuyos\nfuncionarios sean objeto de la denuncia.\nIndependencia del Instituto de Medicina Legal\n430. El Instituto de Medicina Legal deberá ser independiente de toda autoridad\nencargada de la investigación o el enjuiciamiento del delito.\nNaturaleza de las pruebas físicas por denuncias de tortura\n440. La ausencia de marcas consistentes con las denuncias de tortura no debe\nser considerada necesariamente por el Ministerio Público y por los jueces como\nprueba de que tales denuncias son falsas.\nLímites al procedimiento de nudo hecho\n442. No debe permitirse que el procedimiento de nudo hecho demore, durante más\nde unas semanas, la institución del procedimiento penal contra los funcionarios\npúblicos. En cualquier caso, ese plazo debe excluirse del establecido para determinar\nel plazo de prescripción.\n446. Los representantes del Ministerio Público deben estar sujetos a rotación a fin\nde evitar que se identifiquen excesivamente con el personal encargado de hacer\ncumplir la ley o con el personal militar en una localidad determinada o en un determinado lugar de detención.\nReforma judicial en relación con el enjuiciamiento criminal\n464. Deben elaborarse y aplicarse sin dilación los planes para la reforma del sistema\nde enjuiciamiento criminal y del poder judicial, en especial por lo que se refiere a\nlos aspectos tendientes a solucionar el problema relacionado con las demoras en\nla administración de justicia. Por otra parte, el Gobierno y los órganos legislativos\ndeben considerar la posibilidad de incrementar el presupuesto asignado al poder\nInvestigación, juzgamiento y sanción de los grupos de exterminio\n61. Dada la gravedad de la situación, la Comisión exige la investigación seria y cabal\nde los “grupos de exterminio”, el juzgamiento y sanción de los responsables sin\ndilaciones, así como la reparación de los daños causados.\nProtección a testigos y familiares de víctimas de los grupos de exterminio\n61. (…) Asimismo, solicita al Estado Venezolano que otorgue medidas efectivas de\nprotección a los testigos y familiares de las victimas [de los “grupos de exterminio”].\nLa Comisión considera de crucial importancia que se incrementen los recursos\nhumanos, técnicos y logísticos dedicados a la investigación de estos “grupos de\nexterminio” y que se destituya de inmediato a los elementos de seguridad que\nInvestigación seria de todos los casos de ejecuciones extrajudiciales\n237.2. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales\nen todos los casos de ejecuciones extrajudiciales.\nReparación adecuada de todas las víctimas y familiares\n237.3. Que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de violaciones al\nderecho a la vida atribuibles a agentes del Estado o a grupos que hayan actuado\nMedidas efectivas de protección de testigos y familiares\n237.4. Que otorguen medidas efectivas de protección a los testigos y familiares de\nAumentar los recursos para la investigación y destituir a funcionarios\n237.5. Que se incrementen los recursos humanos, técnicos y logísticos dedicados a\nla investigación de estos “grupos de exterminio” y que se destituya de inmediato a\nlos elementos de seguridad que estén involucrados.\nInvestigación de cada caso de violación del derecho a la vida por abuso\n250. La Comisión Interamericana sostiene la necesidad de que el Estado lleve a\ncabo una investigación exhaustiva de cada caso y que demuestre que en el uso\nde la fuerza pública se han respetado los parámetros internacionales. Ello implica,\nentre otros factores, que la fuerza debe ser tanto necesaria como proporcional a\nla situación, es decir, que debe ser ejercida con moderación y con proporción al\nobjetivo legítimo que se persiga. Al mismo tiempo, debe intentarse la limitación\nal mínimo de lesiones personales y pérdida de vidas humanas.\nAsegurar que los tribunales califican y sancionan los hechos de tortura\n260. 1. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los hechos de\ntortura sean calificados y sancionados como tales por los órganos jurisdiccionales\nInvestigar exhaustivamente las denuncias de torturas\n260. 2. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas e imparciales en los casos\nde torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.\nInvestigar exhaustivamente todas las denuncias de abusos a la integridad\n260. 3. Que la Fiscalía General de la República emprenda una investigación exhaustiva\nde todas las denuncias de abusos contra la integridad personal, especialmente con\nrespecto a las personas privadas de libertad por parte de miembros de la Guardia\nNacional y de vigilantes adscritos a la Dirección de Prisiones del Ministerio de Interior y Justicia.\nAdoptar medidas para la supervisión judicial de la detención\n260. 4. Que se adopten las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión\njudicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla.\nAdoptar medidas para rehabilitar e indemnizar a las víctimas de torturas\n260. 6. Que se realicen las acciones necesarias para rehabilitar e indemnizar, justa y\nadecuadamente, a las víctimas de los hechos de tortura.\nAdopción de medidas para garantizar la integridad personal de detenidos\n271. El Estado venezolano no ha cumplido con las recomendaciones relativas a garantizar la integridad personal de las personas sujetas a su jurisdicción. La Comisión\nInteramericana espera que en un futuro cercano el Estado adopte medidas firmes\npara eliminar las prácticas que contribuyen a la persistencia de esta grave situación\nviolatoria de los derechos a la integridad personal, al debido proceso y a la tutela\njudicial efectiva, garantizados la Convención Americana.\nVI. RECOMENDACIONES RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS\nDE DETENCIÓN Y SISTEMA PENITENCIARIO\nModificar la duración de la detención preventiva, garantizar examen médico\ny acceso a abogado para el acusado, mejorar las condiciones de detención\n10… Se debería modificar la duración de la detención preventiva y dar al inculpado\nderecho a solicitar un examen médico y a ponerse en contacto con su abogado\ndesde el momento de la detención. También se deberían adoptar medidas para que\nel recurso de amparo sea eficaz y para mejorar apreciablemente las condiciones de\nvida en los lugares de detención.\nMedidas para garantizar los derechos del detenido; revisión jurídica\nde las competencias de la DISIP\n9. (…) Con el fin de que el Comité pueda evaluar el cumplimiento de los artículos\n9, 10 y 14 del Pacto, el Estado Parte deberá proporcionar al Comité información\nrespecto de si el detenido es puesto sin demora a disposición de un juez o de un\nfuncionario con autoridad judicial; si puede un abogado estar presente durante el\ninterrogatorio delante de la policía; si existe un mecanismo automático de control\nmédico del detenido cuando entra y cuando sale del recinto policial; cuáles son\nlas normas que rigen la posibilidad de la incomunicación del detenido; si todas\nlas normas referentes a la detención establecidas en la Constitución han sido\nimplementadas con la legislación adecuada; y sobre la condición jurídica y las\nfacultades de DISIP.\nMedidas para garantizar la duración legal del periodo de detención\n10. (…) La duración del período de detención a la espera del juicio puede plantear\ncuestiones de compatibilidad con el párrafo 3 del artículo 9 y el artículo 14 del\nCon el fin de compatibilizar esta situación con las obligaciones señaladas en el\nPacto, el Estado Parte deberá apresurar los procesos y cumplir estrictamente con lo\ndispuesto en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.\nMedidas para reforzar la supervisión de las condiciones de detención\ny garantizar separación de detenidos y condenados\n11. (…) El hacinamiento en las cárceles y la falta de segregación entre los detenidos\na la espera de su sentencia y los condenados son incompatibles con el Pacto.\nEl Estado Parte deberá reforzar los mecanismos institucionales de reciente creación\n(fiscales de vigilancia y jueces de vigilancia penitenciaria) para supervisar las condiciones de las cárceles y para investigar las denuncias de los reclusos, con vistas al\ncumplimiento de los artículos 7 y 10 del Pacto.\nMejorar las condiciones materiales de detención en las cárceles y establecer\nprocedimientos de inspección independiente\ne) Adoptar medidas para mejorar las condiciones materiales de detención en\nlas cárceles y evitar tanto la violencia entre reos como la ejercida por el personal\npenitenciario en contra de ellos. Se recomienda también al Estado Parte fortalecer\nlos procedimientos independientes de inspección de las prisiones.\nRelator Especial de Tortura\nAcceso a asesoramiento jurídico en un plazo de 24 horas\n407. La recomendación (b) dice: El acceso efectivo de todas las personas privadas\nde libertad al asesoramiento jurídico independiente debe concederse dentro de\nlas 24 horas de la detención inicial. Ese acceso debe ejercerse de conformidad con\nel principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas\nSometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (resolución 43/173 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988), según el cual:\nMedios para consultar a un abogado\n408. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para\n410. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado o a\nconsultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta\nconfidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias\nexcepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados\nconforme al derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable\npara mantener la seguridad y el orden. E/CN.4/2006/6/Add.2\nConfidencialidad de las entrevistas con abogado\n412. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán\ncelebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste\nno podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación.\nGarantizar el contacto con familiares\n415. La recomendación (c) dice: También deberá garantizarse los contactos de\ntodas las personas privadas de libertad con sus familias, de conformidad con las\nsiguientes normas enunciadas en el mencionado Conjunto de Principios:\nNotificación a familiares luego del arresto y de cada traslado del detenido\n416. 16.1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un\nlugar de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho\na notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras\npersonas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su traslado y el\nlugar en que se encuentra bajo custodia.\nDerecho a la visita y a la correspondencia familiar\n419. 19. Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular\npor sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad\nadecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones\ny restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme\nDerecho a un examen médico apropiado\n421. Deben adoptarse medidas para salvaguardar el derecho de todos los detenidos\na un examen médico apropiado. Los principios 24 a 26 del Conjunto de Principios\nestablecen, a este respecto, lo siguiente:\n422. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado\ncon la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o\nDerecho a un segundo examen médico\n423. La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a\ncondiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad\npara un segundo examen médico o una segunda opinión médica.\nRegistro de los exámenes y acceso al registro\n424. Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona\ndetenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico\ny de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las\nmodalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho\nDeber de altos funcionarios de prevenir malos tratos policiales\n428. Los altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán hacer\nconstar claramente que son inaceptables los malos tratos infligidos a personas detenidas y que tal conducta será castigada severamente.\nVisitas regulares a lugares de detención\n432. Debe instaurarse un sistema de visitas regulares a todos los lugares de detención\n(custodia policial, detención preventiva y reclusión tras la condena). Ese sistema\ndeberá estar integrado, en particular, por personas de prestigio y por representantes\nde las organizaciones no gubernamentales responsables.\nCódigo de conducta para los interrogatorios\n436. Hay que elaborar un código de conducta que determine la práctica que deben seguir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al llevar a cabo los\nDeber de destituir a funcionarios que nieguen detención\n444. La falsa negativa a un representante del Ministerio Público del hecho de la\ndetención de una persona o la denegación del acceso de dicho representante a\nun detenido deben ser perseguidas vigorosamente como un acto que entraña la\ndestitución instantánea de los responsables del lugar de detención.\nDeber del poder judicial de velar por el derecho del detenido a ser tratado\n448. El poder judicial debe velar detenida y sistemáticamente por que las\ncondiciones de detención o prisión sean compatibles con la prohibición de tratos\no penas crueles, inhumanos o degradantes, o con el derecho del detenido a ser\ntratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad de la persona humana,\nconsagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos.\nMedidas para reducir la ocurrencia de detenciones preventivas\n450. Hay que adoptar urgentemente medidas destinadas a reducir el número de\npersonas en detención preventiva.\nSeparación de condenados y procesados\n452. Los presos condenados deben estar separados de las personas en detención\nSeparación de reincidentes y violentos del resto de detenidos\n454. Las personas que delinquen por primera vez o los delincuentes sospechosos\ndeben mantenerse separados de los reincidentes; las personas detenidas por la\ncomisión de delitos graves, especialmente de carácter violento, deben mantenerse\nseparadas de otros detenidos o presos.\nAdaptar las cárceles a condiciones adecuadas\n10. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias\npara que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales\nrelativos a esta materia, en los términos de los párrafos 145 y 146 de esta Sentencia.\na) espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche;\nb) celdas ventiladas y con acceso a luz natural;\nc) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad;\nd) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, e) acceso a\nmedidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma\ny readaptación social de los internos.\nRECOMENDACIONES RELATIVAS A SECTORES\nDE POBLACIÓN ESPECÍFICOS\nMedidas preventivas para erradicar el tráfico de mujeres\n16. (…) Deben tomarse medidas preventivas para erradicar el tráfico de mujeres,\ncon el fin de cumplir con los artículos 7 y 8 del Pacto, y ofrecer a las víctimas programas de rehabilitación. Las leyes y políticas del Estado Parte deben ofrecer a las\nvíctimas protección y apoyo.\nMedidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres detenidas\ny su derecho a denunciar violaciones\n17. El Comité está preocupado (…) por las numerosas alegaciones de violación o\ntortura perpetradas por las fuerzas de seguridad a las mujeres detenidas, que éstas\nno se atreven a denunciar. Todo lo antedicho da lugar a serias preocupaciones a la\nluz de los artículos 6 y 7 del Pacto.\nEl Estado Parte debe tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, asegurar que no se ejerza ninguna presión sobre las mismas para disuadirlas\nde denunciar tales violaciones y asegurar que todas las alegaciones de abusos sean\ninvestigadas y que los autores de estos actos sean llevados a la justicia.\nMedidas efectivas para la protección y rehabilitación de los menores\n24. El Comité deplora la situación de los niños de la calle que se agrava cada vez\nmás. Estos niños son los que afrontan mayores riesgos frente a la violencia sexual y\nestán expuestos a las prácticas de tráfico sexual.\nEl Estado Parte debe tomar medidas efectivas para la protección y rehabilitación de\ndichos menores, conforme al artículo 24 del Pacto, incluyendo medidas para poner\nfin a la explotación sexual, la pornografía infantil.\nDetención de niños sólo en instituciones especializadas\n456. Los niños privados de libertad (como último recurso), aunque sólo sea por unos\ndías o unas semanas, deben permanecer recluidos exclusivamente en instituciones\nconcebidas para protegerles y que estén adaptadas, desde todos los puntos de\nvista, a sus necesidades particulares. Debe prestarse a los niños asistencia médica,\nAcopio de información sobre la situación de los niños de grupos vulnerables\nCDN. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 1999)\n13. (…) El Comité recomienda al Estado Parte que siga elaborando un sistema\nintegral de acopio de datos desglosados a fin de reunir toda la información necesaria\nsobre la situación de todos los niños de menos de 18 años de edad, comprendidos\nlos niños pertenecientes a grupos vulnerables, en las diversas esferas que abarca\nProgramas de sensibilización para funcionarios que trabajan con menores\n15. (…) El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce sus programas de sensibilización y capacitación destinados a todos los grupos profesionales que trabajan\npara y con los niños, como los jueces, los abogados, los agentes del orden público y\nlos militares, los funcionarios públicos, el personal de las instituciones de la infancia\ny los centros de detención de menores, los maestros y el personal de salud, sin\nolvidar a los psicólogos y los asistentes sociales. El Comité alienta al Estado Parte\na considerar la posibilidad de pedir asistencia para ello, entre otras entidades, a la\nOficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al UNICEF.\nMedidas para no discriminar a niños en situación de calle\n18. (…) Recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para\nreducir las desigualdades económicas y sociales. Deben reforzarse las medidas\npara impedir la discriminación contra los grupos más desfavorecidos de niños,\ncomo las niñas, los niños pertenecientes a grupos indígenas y étnicos, los niños\ndiscapacitados, los niños nacidos fuera del matrimonio y los niños que viven o trabajan en la calle.\nMedidas para evitar la muerte de niños durante operativos contra\n20. Con respecto al artículo 6 de la Convención, al Comité le preocupan las denuncias\nde casos en que se ha matado a niños durante operaciones contra la delincuencia.\nEl Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para impedir\neste tipo de situaciones y que utilice sus mecanismos judiciales para investigar\nestos casos a fin de impedir que queden impunes los presuntos culpables.\nMedidas para ocuparse de las denuncias de brutalidad policial\n23. El Comité manifiesta su preocupación ante las denuncias persistentes que\ndan cuenta de la detención de niños en condiciones que equivalen a un trato\ncruel, inhumano o degradante y de malos tratos físicos infligidos a los niños por\nla policía y las fuerzas armadas. A la luz del artículo 37 y otros artículos conexos\nde la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte utilice eficazmente\nsus mecanismos judiciales para ocuparse de las denuncias de brutalidad, malos\ntratos y abusos infligidos a los niños por la policía, y que los casos de violencia y\nabuso contra los niños se investiguen debidamente para impedir que los culpables\nMedidas para prevenir y reprimir el maltrato de niños\n25. (…) A la luz, entre otros, de los artículos 19 y 39 de la Convención, el Comité\nrecomienda al Estado Parte que siga tomando todas las medidas necesarias para\nprevenir y reprimir el maltrato y el descuido de los niños en la familia, en la escuela\ny en la sociedad en general, en particular la puesta en marcha de programas\nmultidisciplinarios de rehabilitación y tratamiento. Sugiere que se refuerce la represión de esos delitos y que se refuercen los procedimientos y mecanismos para\natender las denuncias de maltrato de niños a fin de ofrecer a los niños un acceso\noportuno a la justicia y evitar así la impunidad de los culpables. Además, deberían\nestablecerse programas educacionales para combatir las actitudes tradicionales de\nla sociedad con respecto a esta cuestión. El Comité alienta al Estado Parte a estudiar\nla posibilidad de recabar con este fin la colaboración internacional del UNICEF y\norganizaciones no gubernamentales internacionales, entre otras entidades.\nMedidas para proteger a niños indígenas\n30. (…) el Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para\nproteger a los niños pertenecientes a los grupos indígenas y étnicos contra la\ndiscriminación y para garantizar su disfrute de todos los derechos que les reconoce\nMedidas para prevenir la explotación sexual y el abuso sexual de los niños\n32. (…) A la luz del artículo 34 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité\nrecomienda que el Estado Parte realice estudios con el fin de concebir y aplicar\npolíticas y medidas apropiadas, incluso de atención y rehabilitación, para prevenir\ny combatir este fenómeno [de la explotación sexual con fines comerciales y el\nabuso sexual de los niños]. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga en\ncuenta las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en el\nCongreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado\nen Estocolmo en 1996.\n33. (…) El Comité recomienda que se adopten medidas, con carácter urgente, para\nreforzar la imposición de la ley y ejecutar el programa nacional de prevención [de\ntráfico y la venta de niños] del Estado Parte. Con el fin de combatir eficazmente el\ntráfico y la venta internacionales de niños, el Comité recomienda al Estado Parte\nque redoble sus esfuerzos para concertar acuerdos regionales con los países\nvecinos. Deben establecerse medidas de rehabilitación para los niños víctimas del\ntráfico y la venta.\nDerechos del niño en el sistema de justicia de menores: limitaciones\n34. Con respecto al sistema de justicia de menores (…) el Comité recomienda que\nel Estado Parte:\nb) Considere que la privación de libertad es sólo una medida extrema y debe durar\nlo menos posible; proteja los derechos de los niños privados de libertad, y garantice\nque los niños se mantengan en comunicación con sus familiares mientras estén a\ncargo del sistema de justicia de menores;\nDerechos del niño en el sistema de justicia de menores: Medidas\nc) Implante programas de capacitación sobre las normas internacionales pertinentes\npara todos los profesionales que intervienen en el sistema de justicia de menores;\nDerechos del niño en el sistema de justicia de menores: Asistencia técnica\npara la formación de policías\nd) Pida asistencia técnica en la esfera de la justicia de menores y la formación de la\npolicía, entre otras entidades, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos\nHumanos, al Centro de Prevención del Delito Internacional, al UNICEF y a la Red\nInternacional de Justicia de Menores, por conducto del Grupo de Coordinación\nsobre asistencia y asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores.\nSupervisión de la cedulación de indígenas para garantizar autoidentificación\n15. El Comité observa que la cédula de identidad que se otorga a los indígenas\nde conformidad con el Reglamento de la Ley orgánica de identificación para los\nIndígenas incluye el nombre de la etnia, el pueblo y la comunidad a la cual pertenecen. El Comité pide al Estado Parte que vigile que, de conformidad con su\nRecomendación general Nº VIII, la cédula de identidad para los indígenas se base\nen una autoidentificación de las personas implicadas.\nProtección de los pueblos indígenas contra los efectos\nde la explotación aurífera\n19. El Comité nota con preocupación que, según el informe del Estado Parte, los\npueblos indígenas del Alto Orinoco y de las cuencas del Casiquiare y Guainía-Río\nNegro tienen problemas de diversa índole, particularmente con los centros de\nexplotación aurífera ilegal, en donde se ha evidenciado a niños y adolescentes\nindígenas sometidos a dinámicas de explotación laboral y a peores formas de\ntrabajo infantil, a saber, servidumbre, y esclavitud, prostitución infantil, trata y venta,\nentre otros. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas urgentes\npara poner fin a esta situación, y que someta información sobre la aplicación de las\nProtección de los campesinos en el marco de la reforma agraria\n18. El Comité nota con gran preocupación que entre 1995 y 2003, fueron asesinadas\npor conflictos de tierra 61 personas, en su mayoría indígenas o afrodescendientes,\npresuntamente a manos de grupos armados privados (sicarios), y que este problema se ha agravado a partir de 2001. El Comité pide al Estado Parte que tome\nmedidas efectivas y urgentes para terminar con este problema de violencia que\nafecta principalmente a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes, que\nincluyan un mecanismo de vigilancia independiente para investigar estos hechos,\nde tal manera que no queden impunes.\nMedidas para garantizar tratamiento digno a las personas solicitantes\nde asilo o refugio, particularmente en la frontera con Colombia\n15. El Comité siente gran preocupación con respecto al tratamiento que reciben\nlas personas solicitantes de asilo o refugio en Venezuela, en particular las que\nentran en el país por la frontera colombiana (…) También le preocupa el posible\nincumplimiento de la obligación derivada del principio de no devolución.\nEl Estado Parte debe garantizar el cumplimiento de los artículos 7 y 13 del Pacto, y de\nlas normas de derecho internacional general, así como adherirse a las convenciones\ninternacionales pertinentes o hacerlas efectivas, proporcionar acceso a las agencias\nespecializadas a las zonas en cuestión, y recurrir, si fuere necesario, a los órganos\ninternacionales que se ocupan de esta materia.\nMedidas para garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos\ny proteger sus vidas\n209.1. La adopción de las medidas necesarias para evitar el debilitamiento de las\ngarantías de trabajo de los defensores y para garantizar una efectiva protección de\nla vida e integridad personal de los mismos, de conformidad a lo establecido en\nla Convención Americana y en diversas resoluciones de la Asamblea General de la\nDeclarar al alto nivel la legitimidad de la labor de los defensores\n209.3. La formulación de declaraciones inequívocas de parte de funcionarios de\nalto nivel en las que confirmen la legitimidad e importancia de la labor de los\ndefensores de los derechos humanos y de sus organizaciones;\nInvestigar efectivamente las amenazas y otras intimidaciones contra\n209.4. Que actúe con renovado empeño para garantizar la investigación, el procesamiento y la sanción de las amenazas, ataques y demás actos de intimidación\nPrioridad a investigaciones relacionadas con desapariciones (Caracazo)\n6. (…) Teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9 del Pacto,\nel Estado Parte debe dar una especial prioridad a conducir con rapidez y eficacia\nlas investigaciones para encontrar a los desaparecidos y a los responsables de las\ndesapariciones [ocurridas en 1989]. El Estado Parte deberá también tomar todas\nlas medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de estos actos, entre las cuales\nObligación de continuar las investigaciones y sancionar a los responsables\nCorteIDH. Caso El Amparo. 14 de noviembre de 1996\n4. Decide que el Estado de Venezuela está obligado a continuar las investigaciones de\nlos hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes resulten responsables.\nAdoptar todas las medidas para cumplir sentencia del Caso El Amparo\nCorteIDH. Caso El Amparo. 28 de noviembre de 2002\n1. Que el Estado tiene el deber de tomar todas las medidas que sean necesarias\npara dar efecto y pronto cumplimiento a la sentencia de 14 de septiembre de 1996\ndictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso El Amparo,\nde acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre\nInvestigación efectiva de los hechos del Caracazo y garantía de sanción\nde responsables; divulgación de los resultados\n1. El Estado debe emprender, en los términos de los párrafos 118 a 120 de la presente\nSentencia, una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los\nresponsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los\neventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán\ntener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas\ninvestigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención\nAmericana sobre Derechos Humanos; y que los resultados de las investigaciones\ndeberán ser públicamente divulgados;\nExhumar e identificar los cadáveres de las 18 víctimas determinadas\n2. que el Estado debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e\ninstrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos\n121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de las dieciocho\nvíctimas determinadas en esos mismos párrafos;\nAdopción de medidas para cumplir con la sentencia previa\nCorteIDH. Caso del Caracazo. 17 de noviembre de 2004. Puntos resolutivos\n1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar\nefecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron\nordenados por el Tribunal en la Sentencia de Reparaciones de 29 de agosto de 2002,\nasí como a lo dispuesto en la presente Resolución, de conformidad con lo estipulado\nen el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\nPresentación de información sobre reparaciones del Caso del Caracazo\nCorteIDH. Caso Retén de Catia. 17 de noviembre de 2006. Puntos resolutivos\n2. Solicitar al Estado que presente, a más tardar el 31 de enero de 2005, un informe\nen el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones\nordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de\nconformidad con lo señalado en el Considerando noveno y en el punto declarativo\nsegundo de la presente Resolución.\nInvestigación exhaustiva y sanción de los responsables de las violaciones\n7. El Estado debe emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en\nun plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar\na todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas\ndel presente caso, en los términos de los párrafos 137 a 141 de esta Sentencia.\nLocalizar el paradero de los cadáveres\n8. El Estado debe realizar inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín, en los\ntérminos del párrafo 142 de esta Sentencia.\nCapacitación en derechos humanos a cuerpos de seguridad y agentes\n11. El Estado debe entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso\ndesproporcionado de la fuerza. Asimismo, el Estado debe diseñar e implementar un\nprograma de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales\nen materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios, en los términos de los párrafos 147 a 149 de la presente Sentencia.\n12. El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto de reconocimiento de responsabilidad\ninternacional y disculpa pública, en relación con las violaciones declaradas en la\nmisma, en los términos del párrafo 150 de la presente Sentencia.\n13. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos de\nesta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva\n14. El Estado debe realizar los pagos de las indemnizaciones por concepto de daño\nmaterial e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos en el plazo de un año,\ncontado a partir de la notificación de la presente Sentencia.\nInvestigación exhaustiva y sanción de los responsables de los tres casos\n6. El Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e\nimparciales sobre las tres desapariciones forzadas que ocurrieron en el caso sub\njudice, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables,\nen los términos de los párrafos 94 a 98 y 116 de la presente Sentencia.\nLocalizar el paradero de los desaparecidos y entrega de cadáveres si fuera\nel caso a sus familiares\n7. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de\nOscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas\nFernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que\nsean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado\ndebe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección\nde sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos\nfamiliares, en los términos de los párrafos 99 y 116 de la presente Sentencia.\nPublicación en medio impreso de la sentencia\n8. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario\nde circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados\nde esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a\n65 de sección denominada Fondo del presente Fallo, y la parte resolutiva del mismo,\nen los términos de los párrafos 101 y 116 de la presente Sentencia.\nPago oportuno de indemnización\n13. El Estado debe pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero,\nRoberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en el plazo de un\naño, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en\nlos párrafos 80 y 82 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 72, 80,\n82, 116 y 119 a 123 de la misma.\n14. El Estado debe pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero,\naño, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, las cantidades fijadas\nen los párrafos 88 y 89 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 72,\n88, 89, 116 y 117 a 123 de la misma.\nPago de costas y gastos\n15. El Estado debe pagar, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos\ngenerados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo\n115 de la presente Sentencia, la cual deberá ser entregada a las señoras Alejandra\nJosefina Iriarte de Blanco, Teodora Paz de Hernández y Nélida Josefina Fernández\nPelicie, en los términos de los párrafos 115, 116 y 118 a 123 de la misma.\nInvestigación exhaustiva y establecimiento de responsabilidades\nen la muerte de Eleazar Ramón Mavares\nCIDH. Informe Anual 1997. Informe N. 49/96. Eleazar Ramón Mavares\n144. Se recomienda al Estado de Venezuela realizar una exhaustiva investigación a\nfin de sancionar a los responsables de la muerte de Eleazar Ramón Mavares, hechos\nocurridos el 3 de marzo de 1989.\n147. Se recomienda al Estado venezolano que una vez identificado el cadáver de\nla víctima, proceda de oficio a reiniciar las investigaciones a fin de esclarecer los\nhechos que terminaron con la vida de Eleazar Ramón Mavares.\nEstablecer sanciones administrativas del caso\n145. Se recomienda al Estado de Venezuela que promueva las acciones administrativas necesarias, a fin de sancionar disciplinariamente a los responsables y miembros de la fuerza de seguridad que intervinieron en los hechos materia del presente\nSancionar a efectivos que no actuaron con diligencia para identificar\n146. Se recomienda al Estado de Venezuela que inicie una exhaustiva investigación\na fin de esclarecer la verdadera identidad del cadáver de la víctima y que sancione\na las autoridades públicas que no procedieron con la debida diligencia en la identificación del mismo.\nPago de indemnización a los familiares de la víctima\n148. Se recomienda al Estado de Venezuela que pague una justa indemnización\ncompensatoria a los familiares de la víctima por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral.\nAdopción de medidas para resguardar y proteger la vida, integridad\ny libertad personales de los miembros de la familia Barrios\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 24 de septiembre de\n1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para\nproteger la vida y la integridad personal de las señoras Eloisa Barrios, Inés Barrios,\nBeatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Jorge Barrios, Rigoberto Barrios,\nOscar Barrios, Pablo Solórzano, Caudy Barrios y Juan Barrios.\nGarantizar que las medidas no sean implementadas por los policías\nInvestigar los hechos que originan las medidas provisionales a favor\nde la familia Barrios y garantizar la sanción de los responsables\n3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas\nmedidas urgentes, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.\nGarantizar la participación de los beneficiaros en la planificación\n4. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas en\nla planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga\ninformados sobre el avance de la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte\nBrindar información continuada sobre la aplicación de las medidas\n5. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,\ndentro de los siete días siguientes a la notificación de la presente Resolución, sobre\nlas medidas urgentes que haya adoptado en cumplimiento de la misma.\n8. Requerir al Estado que, con posterioridad a su primera comunicación (supra punto\nresolutivo quinto), continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos\nHumanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a\nlos beneficiarios de estas medidas que presenten sus observaciones dentro de un\nplazo de un mes contado a partir de la notificación de los informes del Estado y a la\nComisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones\na dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir\nSolicitud de mantenimiento de las medidas dictadas a favor\nde la familia Barrios\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 29 de junio de 2005\n3. Reiterar al Estado la disposición de que mantenga las medidas que hubiese\nadoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger\neficazmente la vida y la integridad personal de las señoras Eloisa Barrios, Inés\nBarrios, Beatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Pablo Solórzano, Caudy\nBarrios, Oscar Barrios, Jorge Barrios y Juan Barrios.\nAmpliar las medidas para garantizar la protección de Maritza Barrios\n4. Requerir al Estado que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para\nproteger la vida e integridad personal de la señora Maritza Barrios.\nMedidas de seguridad para las viviendas de los beneficiaria de las medidas\nMaritza y Juan Barrios\n5. Requerir al Estado que provea las medidas de custodia permanentes necesarias\npara brindar seguridad a las viviendas de la señora Maritza Barrios y del señor\nJuan Barrios, en los términos del considerando décimo séptimo de la presente\nAdoptar medidas para que los miembros de la familia Barrios puedan\n7. Requerir al Estado que asegure e implemente de forma efectiva las condiciones\nnecesarias para que los miembros de la familia Barrios, que se hayan visto forzadas\na trasladarse a otras regiones del país, regresen a sus hogares.\n8. Reiterar al Estado que asegure que las medidas de protección no sean brindadas\npor los cuerpos policiales que, según los beneficiarios, estarían involucrados en los\n9. Requerir al Estado que continúe y concluya cuanto antes la investigación de los\nhechos que motivaron la adopción y el mantenimiento de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones\ncorrespondientes, incluyendo la investigación de los hechos ocurridos después de\nque la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución de 23 de\nnoviembre de 2004, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Convención\nInvestigar la muerte de Rigoberto Barrios y garantizar la sanción\n10. Requerir al Estado que continúe y concluya cuanto antes la investigación de\nlos hechos relacionados con la muerte del menor Rigoberto Barrios, con el fin de\nidentificar y sancionar efectivamente a los responsables, así como que investigue la\nalegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en el hecho.\n11. Reiterar al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas en\n12. Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de\nDerechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas,\ny requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante que presenten\nsus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas contadas a partir de la\nnotificación de los informes del Estado, y a la Comisión Interamericana de Derechos\nHumanos que presente sus observaciones a dichos informes del Estado dentro de\nun plazo de seis semanas contadas a partir de su recepción.\nSolicitud de mantenimiento de las medidas dictadas\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 22 de septiembre de\n2. Reiterar al Estado la disposición de que mantenga las medidas que hubiese\nPersonas que requieren la protección del Estado y para las que la Corte\nsolicita medidas provisionales\n3. Requerir al Estado que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para\nproteger la vida e integridad personal de las siguientes personas: Roni Barrios,\nRoniex Barrios y Luis Alberto Barrios; Yelitza Lugo Pelaes, Arianna Nazaret Barrios\ny Oriana Zabaret Barrios; Víctor Cabrera Barrios, Beatriz Cabrera Barrios, Luimari\nGuzmán Barrios y Luiseydi Guzmán Barrios; Wilmer José Barrios, Génesis Andreina\nBarrios, Víctor Tomas Barrios y Geilin Alexandra Barrios; Elvira Barrios, Darelvis\nBarrios, Elvis Sarais Barrios, Cirilo Robert Barrios, y Lorena Barrios.\nMedidas de seguridad para la vivienda de la beneficiaria de las medidas\nOrismar Alzul García\n4. Requerir al Estado que provea las medidas de custodia permanentes necesarias\npara brindar seguridad a la vivienda de la señora Orismar Carolina Alzul García, en\nlos términos del Considerando décimo séptimo de la presente Resolución.\n5. Requerir al Estado que asegure e implemente de forma efectiva las condiciones\nnecesarias para que los miembros de la familia Barrios, que se hayan visto forzados\n6. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos\nsobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución\na más tardar el 24 de octubre de 2005, cuando deberá detallar sobre los hechos\nocurridos en relación a los señores Juan Barrios y Caudy Barrios, así como las\nmedidas que está adoptando para que no se produzcan actos que atenten contra la\nvida o la integridad personal de los beneficiarios de estas medidas provisionales.\n9. Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante que presenten\ny libertad personales de María Guerrero Gallucci y Adolfo Martínez Barrios\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Guerrero Galluci. 24 de julio de 2006\n1. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas provisionales\nnecesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la\nseñora María del Rosario Guerrero Gallucci y del señor Adolfo Segundo Martínez\nBarrios, para lo cual debe tomar en consideración la gravedad de la situación y las\ncircunstancias particulares de riesgo.\nInvestigar la denuncia que origina las medidas provisionales a favor\nde María Guerrero Gallucci y Adolfo Martínez Barrios\n2. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las\npresentes medidas provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les\nimponga las sanciones correspondientes.\n3. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas\nde protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen\ncon la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de\nmanera tal que las referidas medidas se brinden de forma diligente y efectiva por\nparte de personal adecuadamente capacitado y calificado y que no forme parte de\nlos cuerpos de seguridad que han sido denunciados por la beneficiaria. Asimismo,\nel Estado debe mantener informados a los beneficiarios sobre el avance de la implementación de las medidas de referencia.\n7. Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo cuarto, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar a los\nbeneficiarios de estas medidas o sus representantes, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten sus observaciones dentro de un\nplazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación\nde los informes del Estado.\ny libertad personales de Carlos Nieto Palma y su familia\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso Carlos Nieto. 9 de julio de 2004\nresguardar y proteger la vida, integridad y libertad personales del señor Carlos\nNieto Palma, así como la vida e integridad personal de su familia, en particular de\nsu sobrino John Carmelo Laicono Nieto.\nmedidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las\nMantener y ampliar las medidas para evitar la violencia en el Internado\nJudicial de Monagas\nCorteIDH. Medidas provisionales Caso La Pica. 9 de febrero de 2006\n1. Requerir al Estado que mantenga y amplíe las medidas que el Estado informa\nque ya está adoptando, así como adopte de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en el\nInternado Judicial de Monagas (“La Pica”), de tal suerte que no muera ni se afecte\nla integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre\nen el Internado.\nMedidas para: reducir el hacinamiento; decomisar armas en poder\nde los internos; ajustar condiciones de detención a estándares\ninternacionales; brindar atención médica oportuna\n2. Requerir al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata\nordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte aquéllas necesarias para: a)\nreducir sustancialmente el hacinamiento en el Internado Judicial de Monagas\n(“La Pica”), b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, c)\nseparar a los internos procesados de los condenados, d) ajustar las condiciones\nde detención del Internado a los estándares internacionales sobre la materia y e)\nbrindar la atención médica necesaria a los internos, de tal forma que se garantice\nsu derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá realizar una\nsupervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional\nde los detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los\nbeneficiarios de las presentes medidas provisionales.\nGarantizar la participación de los beneficiarios de las medidas\nen su planificación\n3. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a favor de las personas privadas de la libertad en el Internado\nJudicial de Monagas (“La Pica”) se planifiquen e implementen con la participación\nde los representantes de los beneficiarios de las medidas, y que, en general, les\nmantenga informados sobre el avance de su ejecución.\nLevantamiento de personas recluidas en el internado judicial de Monagas\n4. Solicitar al Estado que remita a la Corte una lista actualizada de todas las\npersonas que se encuentran recluidas en la cárcel y, además, indique con precisión\nlas características de su detención.\n016 defender los derechos humanos es un derecho\nInforme para primer debate del proyecto l.o.d.p\nArchivo corregido premio 2008 villalobos


vivienda de renta antigua con irregularidades graves. | PorticoLegal\nvivienda de renta antigua con irregularidades graves.\nTema: Vivienda de renta antigua con irregularidades graves.\nVivo en un piso de renta antigua desde hace 35 años, tengo el contrato actualizado por la ley que salió, la vivienda me consta que no esta escriturada , ni dada de alta en el censo y mucho menos creo que esten declarados estos ingresos (160 euros mes).Esta vivienda supuestamente pertenece a los 30 vecinos de la finca , aunque no consta su parte en ninguna escritura. Parece que tiene problemas legales para alquilarla.\n¿me pueden echar de la vivienda?\nLa vivienda tiene unas calidades antiguas e infrahumanas instalaciones antiguas y con riesgo para la habitabilidad. la comunidad se niega a gastarse 1 euro en la casa.\n¿podría denunciar a la 'comunidad' por todas las irregularidades ?\nEl hecho de que no este escriturada ni censada es denunciable?\n¿Qué podria pasar si denuncio?\nEllos se enfrentan a la reforma de la ITE y me da la impresion que nos quieren echar.\nLa vivienda está al corriente de pago de alquiler.\nHola jjc. Por favor, responda a las siguientes preguntas:\n1)¿ El contrato es escrito u oral?\n2) En caso de ser escrito. ¿ Quien figura en el mismo como Arrendador?.\n3) ¿ Cuantos años tiene el edificio(totalidad del inmueble) en el que está sita su vivienda?\n4) Detalle los deterioros que hacen inhabitable la vivienda.\n5) ¿ Es su vivienda la única que hay en alquiler o hay mas arrendatarios?\n1.- EL CONTRATO ES POR ESCRITO\n2.- Lo hicieron el presidente que hubo en su dia hace 35 años, y se renovo con la ley esa que salio de actualizaciones.\n3.- el edificio tiene mas de 100 años y esta vivienda nunca se vendio, se utilizo de almacen.\n4.- La luz tiene instalacion muy vieja y peligrosa, las tuberias del agua estan todas viejas y rotas , no funciona la cisterna, no tiene ducha, los grifos se atascan, los suelos y paredes tienen humedades,un desastre.\n5.- es la unica vivienda que en su dia llamaban porteria pero que nunca lo fue. no hay mas viviendas asi.\nno figura en ningun sitio cuando vienen los del padron de viviendas van a todos los sitios menos a esta.\nHola jjcv.Su consulta es bastante compleja por lo que mi consejo es que acuda con urgencia a un/a profesional de la abogacía experto en arrendamientos de renta antigua para que le asesore.\nEl hecho de que la vivienda en la que usted reside pudiera ser considerada una portería podría perjudicarle,pues este tipo de viviendas están excluidas del ámbito de aplicación de la LAU. Tb hay que valorar que antes(no indica cuando) fue utilizada comno almacen y por lo tanto habría que examinar si ha habido un cambio de uso de la misma para convertirla en vivienda.Finalmente hay que tener en cuenta la edad del inmueble(mas de 100 años) con lo cual está obligado a pasar la ITE.\nla vivienda nunca se ha convertido en vivienda, no esta declarada en el censo como nada, no se si para la ITE del edificio revisaran el estado, donde puedo informarme donde esta registrada la vivienda y como esta declarada??, me cuesta dinero, gracias\nHola jjc. Puede consultar si ha habido o no cambio de uso en la Oficina del Catastro. Tb puede solicitar nota simple al Registro de la Propiedad e efectos de saber si está o no registrada la vivienda.\nmuy bien voy a informarme y con la documentacion que reuna contestare a su ultimo mensaje, muchas gracias por todo.


Hugo Mallo (Celta) recibe el alta hospitalaria tras su operación de rodilla Noticias, última hora, vídeos y fotos de Salud - Especializaciones Médicas en lainformacion.com\nMADRID, 19 (EUROPA PRESS) El lateral del Celta de Vigo Hugo Mallo ha recibido este sábado el alta hospitalaria tras haber sido operado de la rodilla, después de haberse lesionado en el ligamento cruzado anterior en el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid. El futbolista vigués se mostró "muy animado" y "con muchas ganas de empezar la rehabilitación" para estar "cuanto antes" en Balaídos con la afición. Tras recibir el alta médica, podrá empezar el proceso de recuperación en unos días después de la exitosa operación llevada a cabo por los servicios médicos del club.\nEl zaguero se mostró muy contento por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido por parte de toda la afición del Celta. "Estoy cansado pero bastante animado. La gente se ha volcado conmigo, todo Vigo, los amigos, toda la gente me ha apoyado bastante y me ha ayudado a que este animado y con mucha fuerza", afirmó. Por último, acabo asegurando que volverá lo antes posible a los terrenos de juego. "Gracias a todos por el apoyo que me han transmitido. Desde el día de la lesión, me han dado mucha fuerza y muchos ánimos, se lo agradezco de corazón. Pronto estaré de vuelta. Les debo una a toda la afición", finalizó.\tÚltimas noticias


Smart Forspeed: El automóvil eléctrico del futuro – Últimos Avances Tecnológicos\nEl Smart Fortwo, es un automóvil que lleva un rato en el mercado y que es una excelente alternativa de transporte para grandes ciudades. Por su pequeño espacio, puede estacionarse en cualquier lugar y su bajo consumo de combustible, lo hace un vehículo amigable con el medio ambiente, al menos más que otros autos.\nHace unas semanas, Smart presentó una versión eléctrica, que termina de posicionar al pequeño coche como una verdadera alternativa eco-friendly. El Smart no es la pieza más atractiva del mercado. Tiene su encanto sí, pero solo un público muy limitado que tiene las posibilidades de comprarlo, se decide por hacerlo.\nEl Smart Forspeed es el nombre que recibe el concepto de automóvil convertible y de dos plazas, que hizo su debut en el pasado International Motor Show en Ginebra. Smart Forspeed representa el valiente esfuerzo de Smart en convertir el adorable y nerdy Smart Fortwo Electric Drive en algo relativamente rápido, buen diseño y amigable con el medio ambiente.\nEste coche futurista, carga de cero a 80% en tan solo 45 minutos en una toma eléctrica de 220 voltios y puede viajar hasta 136 kilómetros con una carga completa. El parabrisas cuenta con celdas fotovoltaicas que alimentan con energía solar, el sistema eléctrico de a bordo.\nEn cuanto a la velocidad, evidentemente, no es nada del otro mundo: acelera de 0 a 60 kilómetros por hora en 5.5 segundos y su velocidad máxima es de 120 km/h. En lo que respecta a la apariencia, es donde las cosas se ponen interesantes. El Smart Forspeed no tiene techo, ventanas laterales, ni manijas exteriores, lo que le da un aire moderno y suave.\nEl interior deportivo —inspirado en el diseño de los aviones— cuenta con un tablero en forma de turbina, una base para colocar el smartphone, una capota para proteger el interior del mal tiempo, interiores a prueba de agua y canales de drenaje que guiarán el agua hacia el exterior.\nAlgunos podrán decir que no posee grandes especificaciones, sin embargo, me parece lo suficiente para un automóvil diseñado para las grandes ciudades, para evitar el tráfico, los problemas de estacionamiento y moderar el excesivo consumo de combustible.


Nueva oleada de despidos en el Santander tras echar a 3.223 personas\nPublicado: 25 de junio de 2019 10:40 (GTM+2)\nEl Banco Santander está preparando una nueva oleada de despidos tan solo una semana después de integrar su red con la del Banco Popular, proceso en el que se irán a la calle 3.223 trabajadores mediante un ERE.\nSegún 'lainformacion.com', la entidad bancaria presidida por Ana Botín despedirá casi otro centenar de empleados de Santander Operaciones España, una empresa que da servicios administrativos al grupo bancario, y cuyo capital es del Santander al 100% según fuentes conocedoras del caso.\nEn 2017 tenía 2017 y actualmente tiene entre 800 y 900 empleados según informan fuentes de la plantilla al digital. El nuevo ajuste afectaría a un 10% de la plantilla que se quedaría sin trabajo.\nEstas enormes reducciones de plantilla cuentan con la bendición de los supervisores que están pidiendo a los bancos más recortes de personal a pesar de los despidos masivos perpetrados desde que comenzara la crisis destruyendo más de 100.000 puestos de trabajo en el sector y casi 20.000 oficinas cerradas.\nPero esto no es suficiente al parecer para el vicepresidente del BCE, el exministro de Economía de Rajoy, Luis de Guindos, que pidió a las entidades bancarias seguir reduciendo su exceso de capacidad para aumentar su baja rentabilidad.\nPor su parte, el Banco de España, también ha pedido reiteradamente que se ahorre más en costes. De hecho, el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, ha pedido una mayor inversión en nuevas tecnologías para una mayor eficiencia disminuyendo así los gastos. Sin embargo sí criticó que estos despidos se estén realizando mediante prejubilaciones ya que son un lastre, según ha opinado, a la hora de solucionar la sostenibilidad del sistema de pensiones.


Día del Padre, festejo seguro e inolvidable • El Nacional\nOpciones de almuerzo, brunch o alojamiento para elegir. Guía con varios lugares seguros en donde celebrar el Día del Padre.\n17 de junio de 2021 - 08:16\nLa parrilla de casa puede descansar, porque hay opciones de almuerzo, brunch o alojamiento para elegir y varios lugares seguros en donde celebrar el Día del Padre. Una guía con sugerencias para hacer del tercer domingo de junio toda una fiesta.\nVarios hoteles con el sello Safe Travels habilitan sus restaurantes para almuerzos especiales.\nCon todos los protocolos sanitarios y bebidas de bienvenida, el Salón Galas recibe a los papás. Para ellos y sus familias prepara un brunch especial. Por ₲ 150.000 por persona (₲ 85.000 por niño y tarifa libre para menores de 5 años) se puede disfrutar de un gran buffet de cocina internacional y parrilla. También están vigentes paquetes de mini vacaciones familiares, cuya disponibilidad se pueden consultar. Las reservas se pueden hacer al (021) 906 121 o 0986649829. Más en: https://resortyacht.com.py/\nLo mejor para un papá 5 estrellas es la promoción que es válida del 18 al 20 de junio. Por ₲ 625.000. más IVA pueden dos personas disfrutar de las instalaciones del Crowne Plaza Ausnción (estacionamiento, gimnasio, piscina) con almuerzo o cena en Lo De Osvaldo. Las reservas se pueden hacer al (595 21) 452 682 ,WhatsApp +595 982 223489 o escribiendo a [email protected]\nEl Sheraton piensa en ese papá que no deja de trabajar. Foto: Gentileza Sheraton\nOfrece una opción para disfrutar el domingo 20 de junio (de 12:00 a 15:00) un menú que para los adultos tendrá un costo de ₲ 199.000 IVA incluido y para niños Gs 45.000 IVA incluido. Con Sheraton Premium hay 20% de descuento. Información y reservas al 0216177132 o al 0994885872.\nSe puede sumar a esto la posibilidad de una noche de alojamiento para 2 adultos y hasta 2 menores de 12 años -utilizando las camas existentes con atención en la habitación. Early check in desde las 10:00 y late check out hasta las 17:00. Contempla acceso al gimnasio y la piscina, internet y estacionamiento sin cargo. Esto incluiría 20% off descuento en almuerzo del Día del Padre.\nLas tarifas van desde USD 90 impuestos incluidos. La segunda habitación, con 40% de descuento – USD 55 impuestos incluidos. Para más información comuníquese al 0216177150 o [email protected]\nHub quiere brindar un momento con papá, mientras se disfruta de la vista de Asunción. Foto: The Hub\nElige regalarle a papá momentos y experiencias. Ese día se puede disfrutar con él de un buen brunch en la terraza del piso 10 y el servicio es a la carta. También se puede armar el regalo perfecto que se ajuste a su medida con una gift card que pueda usar cuando quiera con tarifas desde USD 59 + IVA. Informes: http://hubhotel.com.py/ (021) 608 301.\nHay papás que quieren un tiempo para ellos. Eso brinda La Misión Hotel. Foto: Gentileza La Misión.\nSe puede elegir compartir un desayuno completo en el hotel (₲ 100.000) o un gran almuerzo en familia (₲ 200.000.), o bien se puede optar por regalarle a papá una gift card de alojamiento para que él vaya cuando quiera. Consultas y reservas al +59521621800, al +595983788003 o a [email protected] Ver más en: https://www.instagram.com/lamisionhotelb/\nFactoría prepara varias sorpresas para papá. Foto: Factoría Gentileza.\nSe puede compartir un día especial con papá en Factoría (http://www.factoriahotel.com.py/). Una experiencia única que inicia el domingo a las 12:00, con música en vivo, sorteos y obsequios. Open Bar Peroni. Los cupos son limitados. Más información y reservas al: 0981 688 130 / 0981 688 360.\nEn el emblemático Hotel Guaraní (http://www.hotelguarani.com.py/es/), la parrilla está habilitada cada domingo y este domingo especial por ₲ 80.000 por persona se puede disfrutar de lo que ofrece el restaurante Yasyreta. También está disponible el paquete que incluye Desayuno Buffet, estacionamiento, Wifi, acceso al área de terraza, piscina y gimnasio, tragos de bienvenida y créditos en la Sala de Juegos. Free Early Check In: 12:00 y Free Late Check Out: 18:00. ¿Cuáles son las opciones? Por ₲ 199.000 por persona, por noche se puede alojar en base doble en una habitación estándar. La Suite tiene un costo de ₲ 266.000 por persona, por noche en base doble. Reservas al 021-452099 interno 7006.\nLa Preferida y Hotel Cecilia\nHospedaje en el Cecilia o el delivery de La Preferida, ideales para compartir con papá. Foto: Hotel Cecilia.\nEs para los que se quieren quedar en casa, pero no tienen ganas de encender el carbón. En el Día del Padre, La Preferida (https://www.instagram.com/lapreferidapy/) tiene opciones especiales para pedir por delivery. Un almuerzo familiar con pastas para seis personas (con torta tres leches de postre) tiene un precio de ₲ 400.000 (sin el delivery).\nEl mini buffet para dos personas (₲ 280.000) consiste en romanitas de tilapia, lomito al champignon, linguini arrabiata, papas a la crema, arroz pilaf, ensalada caprese, pancitos, tostadas y de postre flan de leche condensada. Los pedidos se tomarán hasta el mediodía del 19 de junio (0981) 132 194. Pero si se prefiere el ambiente relajado de la terraza del Hotel Cecilia (https://www.facebook.com/hotelcecilia), habrá asado listo en la parrilla con una inversión de ₲ 130.000 por persona.\nEn Palmaroga (Ganador TripAdvisor Travellers Choice 2021) habrá un menú especial a la carta para sorprender a papá y a todos los miembros de la familia de 12:00 – 15:00. Reservas: 0982-571541. 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