Medios México: septiembre 2008\nLa Suprema Corte avaló que por medio de un juicio de amparo se puedan impugnar las reformas que se realicen a la Constitución. Al ordenar que se admita el primer juicio, el cual se presentó en contra de las modificaciones constitucionales en materia electoral, la Corte decidió abrir la puerta para crear medios de defensa contra violaciones de la propia Carta Magna.\nEste lunes inició el estudio de los más de 40 amparos que presentaron sectores empresariales, culturales y académicos contra las modificaciones electorales. El primero en la lista fue del Centro Empresarial de Jalisco, que forma parte del CCE, donde los ministros anularon la resolución del juez de distrito quien había ordenado desechar la demanda.\nUna mayoría de seis ministros apoyaron el proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío, donde declaraba que “la impugnación de las reformas a la Constitución no constituye una causa notoria ni manifiesta”.\nEl ministro Genaro Góngora agregó que a razón de que el proceso de reformas es complejo, resulta necesario tener certeza de que las modificaciones son conforme a lo previsto en la propia Constitución.\nCon la presencia de los abogados empresariales, el ministro José de Jesús Gudiño dijo que el otorgar el amparo significaría que “habría una Constitución para los que entablaron el amparo y otra para los que no fueron al juicio, lo cual sería impensable”.\nEl ministro presidente, Guillermo Ortiz, defendió el proyecto no por convicción legal, lo hizo basándose en la resolución que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Castañeda. Y es que, dijo, México asumió compromisos internacionales, principalmente el de someterse a la competencia de la CIDH quien ordenó la creación de medios de defensa para todos los derechos humanos.\nPaloma Alcántara, El Economista, 30 de septiembre.\nReforma Electoral, SCJN Medios México martes, 30 de septiembre de 2008 0 comentarios\nLos enemigos de México son los “miembros de la delincuencia organizada, del nombre que se pongan y organización a que pertenezcan” aseveró ayer Eduardo Medina Mora y adelantó ante especialistas de la OCDE, BID, OEA y SFP que con 27 tratados de asistencia mutua bilaterales, la Ley de Extinción de Dominio y, en breve, la Estrategia contra Lavado de Dinero “los vamos a derrotar y dejar sin recursos”.\nEl abogado de la nación detalló ante especialistas internacionales y participantes en la “Conferencia Regional Latinoamericana: compromiso y cooperación en la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional” que próximamente el país contará con más herramientas para fiscalizar las “compras” en efectivo con dinero ilícito.\nLos especialistas e invitados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), escucharon del titular de la PGR que México cuenta con mecanismos para atacar el lavado de dinero.\nUtilizarán recursos en favor de víctimas\nTanto para el financiamiento del terrorismo como delincuencia organizada y narcotráfico, “actualmente nuestro país colabora con un proyecto del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para poner en marcha la “Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados” (STAR), por su sigla en inglés.\nEsto independientemente de los mecanismos con que cuenta como la Ley de Extinción de Dominio, que sirve de instrumento para “golpear a la delincuencia organizada en donde más les duele: en los bienes obtenidos de manera ilegítima”.\nCon lo que “no sólo lograremos desposeer a los delincuentes de los bienes que obtengan con motivo de sus actividades ilícitas, sino que además utilizaremos los mismos bienes para reparar en daño a las víctimas por tales delitos.\nRubén Torres y Omar Brito, El Economista, 30 de septiembre.\nEl coordinador del PRD en el Senado de la República, Carlos Navarrete, convocó a un acuerdo nacional para pactar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pueda realizar una revisión a las campañas electorales que estén señaladas de tener vínculos con el narcotráfico.\nEn conferencia de prensa, el Senador dijo que la violencia que se vive en el proceso electoral de Guerrero es el ejemplo de cómo una elección se puede convertir en la “punta de lanza que puede atravesar el sistema electoral mexicano”.\nNavarrete Ruiz consideró que es necesario un frente común para evitar la intervención del narcotráfico en las campañas proselitistas del 2009. “No quiero ver a los cárteles paseándose por Xicoténcatl o por San Lázaro, hay que hacer un frente común.\nSe lanza contra el IFE\nEn tanto, el coordinador perredista en el Senado estimó que al plantearse una multa al PRD por los plantones del 2006 sobre Paseo de la Reforma, “algunos” consejeros del IFE buscan convertirse en “gendarmes” que vigilan manifestaciones, mítines, marchas y protestas.\nPor su parte, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, aseveró que ese órgano no “extralimita” sus funciones y respeta el fuero constitucional de los legisladores. Entrevistado en el Senado, Valdés argumentó que el artículo 38, en su fracción primera, incisos A y B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), “establece con toda claridad que los partidos políticos están obligados a respetar todas las leyes que existen en nuestro país”.\nJorge Monroy, El Economista, 30 de septiembre.\nElecciones 2009, PRD, Seguridad, Senado Medios México 0 comentarios\nMagistrados federales resuelven que el IETU es constitucional\nEl Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) es constitucional, resolvieron ayer jueces federales y por consecuencia sólo se pagará el que resulte más alto entre éste y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).\nEl IETU entró en vigor el 1 de enero de 2008 y en un hecho sin precedente, los juzgados quinto y sexto de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, negaron ayer casi 32 mil amparos interpuestos contra ese gravamen.\nSe trata de las primeras sentencias de fondo que emiten jueces federales sobre el IETU, ya que antes del fallo de ayer se habían declarado improcedentes las demandas de garantías.\nLa última palabra respecto a la constitucionalidad del IETU, sin embargo, la tendrá la Suprema Corte de Justicia, ya que previsiblemente los quejosos impugnarán ante esta máxima instancia las decisiones de los jueces.\nDe acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, mil 600 solicitudes de amparo se desecharon por insuficiencia probatoria desde el 14 de abril pasado, cuando la Judicatura dio a los juzgados quinto y sexto de Cholula la tarea de atender las demandas que se presentaron contra el IETU.\nEn las casi 32 mil sentencias de ayer, los juzgadores declararon constitucional la ley del IETU “porque se prevé en forma clara el objeto del impuesto, al señalarse que consiste en los ingresos ‘efectivamente’ obtenidos con motivo de las actividades detalladas en la propia legislación”.\nEl Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir de la constitucionalidad del impuesto, sólo se pagará el que resulte más alto, ya sea el Impuesto sobre la Renta (ISR) o el IETU.\nAdemás, los sujetos del tributo, es decir, quienes son las personas que lo pagan, “así como que la tasa única que contempla sí atiende la posibilidad de pago de cada sujeto obligado en la medida en la que para obtener el impuesto a su cargo se aplican las deducciones autorizadas, que dependerá de la distinta capacidad de los contribuyentes”.\nTambién apuntaron que las fechas y formas de pago del impuesto sí están determinadas en la ley reclamada, informó la Judicatura.\nEl juez sexto, Carlos Alfredo Soto Morales, dijo que ambos órganos declararon la constitucionalidad de las disposiciones que limitan o condicionan los conceptos a deducir a cargo de quienes pagan el impuesto —como sueldos, intereses y regalías—, debido a la mecánica del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que al tener una tasa menor que el ISR, es lógico que permita menos deducciones.\nLuego señaló que sólo se pagará el impuesto que resulte más alto.\nEn cuanto al régimen transitorio, también se declaró su\nconstitucionalidad porque se estimó que si el impuesto reclamado no grava los ingresos obtenidos antes de su entrada en vigor, entonces los gastos realizados con anterioridad a ella no puedan deducirse.\nLa Corte admite primer juicio de amparo contra ley electoral\nLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a estudio uno de los juicios de amparo promovidos por los sectores empresariales, así como un grupo de “intelectuales”, contra la reforma constitucional en materia electoral.\nA partir de tal determinación, el máximo tribunal comenzará a revisar hoy los temas que plantearon los empresarios en 41 juicios de amparo más y será en esta fase cuando determinará si les concede o no la razón.\nLos empresarios impugnaron la reforma electoral debido a que prohíbe la contratación directa de publicidad en televisión y radio durante los procesos electorales, lo cual –señalaron— inhibe la libertad de expresión.\nAl admitir el primer juicio, la Corte emitió un criterio que abre la posibilidad de que cualquier ciudadano, y no sólo los partidos políticos, puedan impugnar y echar abajo una reforma a la Constitución.\nLos ministros determinaron que mediante un juicio de amparo sí se puede cuestionar el proceso legislativo que se siguió para aprobar una reforma a la Carta Magna si estima que dicho proceso fue irregular o estuvo viciado de origen.\nCon este criterio, determinaron revocar la decisión que emitió un juez que, en primera instancia, se negó a admitir la demanda que se promovió el Centro Empresarial de Jalisco, sindicato patronal, contra la reforma electoral, por considerarlas notoriamente improcedentes.\nLa mayoría de ministros se pronunció por admitir las demandas de los empresarios y de los “intelectuales”, que entre otras cosas aseguran que la reforma atenta contra la libertad de expresión.\nDe entrada el ministro José Ramón Cossío propuso revocar la decisión del juez y admitir a estudio la demanda de los empresarios.\nLa propuesta de Cossío fue secundada por Genaro Góngora Pimentel, quien aseguró que el amparo debía admitirse porque a través de este tipo de juicio sí se puede revisar si los legisladores aprobaron la reforma respetando todos los requisitos que se deben seguir para modificar la Carta Magna.\nSería muy grave que se corrompiera la Constitución mediante un proceso legislativo irregular, dijo.\nMéxico no puede cerrar sus fronteras y evitar que migrantes de otras naciones se incorporen a la vida laboral, pero antes, el gobierno debe garantizar el desarrollo del empleo interno, sostuvieron ayer senadores del PAN, PRI y PRD.\nREFORMA dio a conocer que mientras en el país se registran los niveles de desempleo más altos de los últimos años, el Instituto Nacional de Migración (INM) elabora un proyecto de ley en el que se prevé facilitar el ingreso de trabajadores extranjeros no calificados.\nEl anteproyecto contempla reducir los requisitos para la estancia legal de los extranjeros, e incluye por vez primera la posibilidad de autorizar la inmigración para desempeñar trabajos como los de taxista, chofer, mesero, jardinero y agricultor.\n"Yo creo que son temas polémicos, pero la situación de México es una situación que debemos resolver estructuralmente. No se va a resolver el problema del desempleo, si cerramos la política migratoria", externó el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero.\nLo que se necesita, dijo en entrevista, es una economía más competitiva, más productiva, pues en esa medida habrá oportunidades para todos, tanto mexicanos, como para trabajadores de todo el mundo.\nPara el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, el INM debe explicar a detalle el programa, porque -sostuvo- a simple vista parecería una barbaridad importar mano de obra.\n"Estamos nosotros exportando mano de obra a Estados Unidos, sería una sinrazón que hubiera algún plan para ofrecer empleo a gentes de otros países, porque en México el desempleo es brutal", indicó.\nEl presidente de la Comisión de la Frontera Sur, el priista Francisco Herrara, dio a conocer, por su parte, que pedirán al INM una explicación de cómo generarán equilibrios, a fin de no generar desigualdad o preferencias.\n"Este es un problema de todo el mundo y no podemos cerrarnos; indudablemente este tipo de programas requieren de una revisión a fondo para no generar desigualdad", apuntó.\nEl senador perredista Rubén Fernando Velázquez, también integrante de esa comisión, aseguró que en ciudades con alta migración no hay quien realice actividades como las que plantea el programa.\n"Es necesario el programa, pero también una política adecuada para la generación de empleo que estamos necesitando en México", dijo.\nHumberto Andrade Quezada, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, opinó que debe priorizarse un esquema legal con un enfoque de ocupación temporal, y así no afectar el desarrollo del empleo interno.\n"Un esquema legal donde puedan trabajar los migrantes extranjeros en nuestro país, pero sobre todo pensando en la temporalidad, de hecho hay iniciativas que se están trabajando en el Senado que tienden a dar mayor seguridad al trabajador".\nAlgunas disposiciones que prevé el anteproyecto de Ley de Migración:\n· Abre a ciudadanos de otros países, sin calificación laboral, la posibilidad de ingresar trabajar en todo el territorio nacional.\n· Reduce los requisitos para la estancia legal de los extranjeros en México.\n· Elimina la obligación que hoy tienen técnicos y científicos extranjeros de instruir a mexicanos y de entregar a la Secretaría de Gobernación un informe de trabajo.\n· Propone acabar con el procedimiento de autorización por cambio de empleo que requiere la ley actual.\n· El INM podría intervenir en los procesos de contratación legal y programada de trabajadores mexicanos que van al extranjero. Esa tarea la realizan hoy la Cancillería y la Secretaría del Trabajo.\nClaudia Guerrero, Érika Hernández y Alma Paola Wong, Reforma, 30 de septiembre.\nA 10 días de que el Senado vote en comisiones la reforma de Pemex, el PRI y el PRD enterraron la iniciativa del Presidente Felipe Calderón para otorgar a particulares los contratos de maquila en materia de refinación.\nLuego de una reunión, legisladores de oposición aseguraron que no apoyarán el esquema planteado por el Ejecutivo y defendido por el PAN.\nEl presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, advirtió sobre el riesgo de que la propuesta de Calderón divida en dos al País.\n"En este punto no hay acuerdo. Unos senadores pensamos que la maquila no es un buen sistema, tan es así que en el mundo no existen refinerías que maquillen petróleo, nos parece que es un sistema muy complicado de operar.\n"Existe la duda de si es o no es constitucional, y desde el punto de vista político estamos seguros de que esto está dividiendo al País, en un momento en el que creemos que las dificultades son muchas como para traes una más", expresó el senador priista.\nEl senador del PRD, Pablo Gómez, confirmó que su partido y Convergencia se opondrán hasta el final a los contratos de maquila en materia de refinación, ya que no sólo implica la participación de terceros, sino ceder parte de la propiedad de los activos de Pemex.\n"No hay dictamen porque hay discrepancias. No hubo acuerdo, el PRD dijo que ni maiz, y Convergencia dijo que no", señaló Gómez.\nEl senador panista Rubén Camarillo explicó que mientras una posición pretende mantener la exclusividad de Pemex en ciertas áreas, la iniciativa de Calderón busca ampliar la capacidad de ejecución de la empresa con la participación de terceros, pero sin transferencia en la propiedad de crudo.\n"No tenemos un acuerdo, hay dos visiones claras, se van a preparar dos dictámenes diferenciados", apuntó.\nClaudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 30 de septiembre.\nPRD, PRI, Reforma Energética, Senado Medios México 0 comentarios\nIntelectuales, abogados y representantes de cámaras empresariales celebraron que la Suprema Corte de Justicia aceptara que la reforma electoral puede ser litigada con un amparo.\n"Para la Corte es muy importante, porque al fin y al cabo se asume como Corte constitucional, que era algo que los mexicanos veníamos esperando desde hace mucho tiempo, así es que estamos de fiesta", comentó Federico Reyes Heroles.\nArmando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó de la sentencia el haber referido a una instancia internacional y reafirmó que para el sector que representa, lo más importante de este litigio es la defensa de la libertad de expresión.\nAbel Barajas, Reforma, 30 de septiembre.\nCCE, Reforma Electoral Medios México 0 comentarios\nLa Suprema Corte de Justicia ordenó ayer admitir el primero de los 42 amparos que promovieron un grupo de intelectuales y cámaras empresariales para impugnar la reforma electoral de 2007, la que consideran violatoria de la libertad de expresión.\nCon seis votos contra cuatro, los ministros del máximo tribunal del país abandonaron su criterio establecido en el 2002, que sostenía que ningún recurso legal es procedente para combatir una reforma constitucional.\nEl fallo de la Corte tendrá como consecuencia inmediata que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco admita a trámite el amparo que promovió el Centro Empresarial de ese estado contra la reforma constitucional en materia electoral del año pasado.\nEl juez y los magistrados de un tribunal colegiado habían desechado este amparo por notoria improcedencia, porque estimaron que una reforma constitucional era inatacable con un juicio de garantías.\nEste argumento fue compartido por los ministros Sergio Valls, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño y Margarita Luna Ramos.\n"De concederse el amparo por vicios de procedimiento de fondo, habría una Constitución para los que entablaron el amparo, y otra Constitución, para los que no fueron al juicio de amparo; lo cual creo, que tratándose de la Carta Magna, esto no sería de ninguna manera posible. Yo creo que eso sería impensable", planteó en el pleno el ministro Gudiño.\nPero el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue quien decidió la suerte de esta discusión, porque cambió el criterio que siempre había sostenido en las votaciones del pleno y esta vez dijo que sí era válido admitir la demanda.\nPara fundamentar su voto, Ortiz recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano violó los derechos humanos del ex canciller Jorge Castañeda, cuando quiso y no pudo obtener su registro como candidato presidencial independiente.\nEl ministro expuso que la CIDH señala que la violación consiste en que el Estado mexicano no tiene establecido un medio de defensa de los derechos humanos, como el que se requería en el caso de Castañeda.\nPor eso, dijo Ortiz, en esta nueva época, México ha aceptado la competencia de la CIDH y la Corte ha discutido las normas en función de principios, por lo que el punto de referencia en este tipo de debates son los derechos humanos y no la Constitución.\nEl Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) provocó miles de solicitudes de amparo, pero también una recaudación mayor.\nSi bien para el 22 de abril pasado habían ingresado 30 mil 424 amparos -de acuerdo con datos de la Procuraduría Fiscal de la Federación-, hasta mediados de agosto el IETU había dado mejores resultados que el Impuesto al Activo (Impac) durante todo 2007.\nAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró en esos días que mientras que el Impac llevó a las arcas del Gobierno 16 mil millones de pesos en todo 2007, en siete meses de 2008 el IETU había recaudado 28 mil millones de pesos.\n"Yo veo que el IETU sí está recaudando, y está recaudando mucho más que el Impuesto al Activo; hoy tenemos un gravamen que sustituye al Impuesto al Activo, y en la primera mitad del año ya lleva casi 30 mil millones de pesos", apuntó.\nDos jueces federales declararon ayer constitucional el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que entró en vigor el 1 de enero de 2008.\nEn un hecho sin precedente, los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, negaron ayer casi 32 mil amparos interpuestos contra el nuevo impuesto, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).\nEl órgano judicial precisó en una tarjeta informativa que, a partir de la constitucionalidad del gravamen, ahora sólo se pagará la contribución que resulte más alta, ya sea el Impuesto sobre la Renta (ISR) o el IETU.\nEstas son las primeras sentencias de fondo que emiten jueces federales sobre el IETU, pues antes del fallo, los juzgadores habían declarado improcedentes las demandas de garantías.\nDe acuerdo con el CJF, mil 600 solicitudes de amparo se desecharon por insuficiencia probatoria desde el 14 de abril pasado, cuando ese organismo dio a los dos juzgados de Cholula la tarea de resolver las demandas contra el IETU, ante el elevado número de amparos promovidos en todo el País.\nEn las casi 32 mil sentencias de ayer, los juzgadores negaron el amparo y declararon constitucional la Ley del IETU "porque se prevé en forma clara el objeto del impuesto, al señalarse que consiste en los ingresos 'efectivamente' obtenidos con motivo de las actividades detalladas en la propia legislación".\nPrecisaron que "la tasa única que contempla (el IETU) sí atiende la posibilidad de pago de cada sujeto obligado, en la medida en la que para obtener el impuesto a su cargo se aplican las deducciones autorizadas, que dependerá de la distinta capacidad de los contribuyentes".\nTambién apuntaron los jueces que las fechas y forma de pago del impuesto sí están determinadas en la ley reclamada, señaló el CJF.\nPara los dos juzgadores que ayer emitieron las sentencias, no hay duda de la constitucionalidad de las disposiciones del IETU, que limitan o condicionan los conceptos a deducir a cargo de quienes pagan el impuesto, como son sueldos, intereses y regalías.\nCarlos Alfredo Soto Morales, Juez Sexto de Distrito en Cholula, dijo que los dos órganos de justicia negaron los amparos, debido a la mecánica del IETU, que al tener una tasa menor que el ISR, es lógico que permita menos deducciones.\nAdemás, señaló que sólo se pagará el impuesto que resulte más alto.\nTambién se declaró la constitucionalidad del régimen transitorio, pues se estimó que si el impuesto reclamado no grava los ingresos obtenidos antes de entrar en vigor, entonces los gastos realizados con anterioridad a ella tampoco pueden deducirse.\nLos jueces también concluyeron lo anterior porque la ley del IETU parte de la facultad del Estado de establecer los lineamientos para su recaudación de las contribuciones, en función de sus atribuciones constitucionales, agregó el CJF.\nEl hecho de que los dos órganos jurisdiccionales fallaran casi 32 mil amparos en un solo día es histórico, pues ni siquiera en las demandas contra la Ley del ISSSTE se emitieron tantas resoluciones en una fecha.\nEstán obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:\nLas empresas más importantes de México sufrieron un revés judicial, pues les fue negado el amparo en las casi 32 mil demandas que interpusieron contra el impuesto empresarial a tasa única (IETU) que entró en vigor el 1 de enero del presente año.\nDos jueces federales resolvieron que dicho impuesto es constitucional “porque prevé en forma clara el objeto del impuesto, al señalarse que consiste en los ingresos efectivamente obtenidos con motivo de las actividades detalladas en la propia legislación”.\nLos juzgados quinto y sexto de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, emitieron la resolución anterior; no obstante, el caso aún no está perdido para las compañías, pues pueden promover un recurso de revisión para que un tribunal de alzada se pronuncie sobre el particular, aunque el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.\nA las casi 32 mil demandas de amparo también se suman mil 600 solicitudes de demandas de garantías que se desecharon por insuficiencia probatoria desde el pasado 14 de abril, cuando entró en vigor el Acuerdo General 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que dotó de competencia a los citados juzgados, para apoyar a los demás órganos de toda la República en el dictado de sentencias contra el IETU, ante el elevado número de demandas promovidas.\nAmbos juzgados precisaron que los sujetos del tributo, es decir, aquéllos que lo pagan, “así como que la tasa única que contempla, sí atiende la posibilidad de pago de cada sujeto obligado, en la medida en que para obtener el impuesto a su cargo se aplican las deducciones autorizadas, que dependerán de la distinta capacidad de los contribuyentes”.\nDe igual manera, dichos juzgados dejaron claro que las fechas y forma de pago del impuesto sí están determinadas en la ley reclamada.\nEl juez Carlos Alfredo Soto Morales dijo que los órganos declararon la constitucionalidad de las disposiciones que limitan o condicionan los conceptos a deducir a cargo de quienes pagan el impuesto, como sueldos, intereses y regalías, debido a la mecánica del IETU, que al tener una tasa menor que el ISR es lógico que permita menos deducciones.\nUn revés más\nEn relación al régimen transitorio también se declaró su constitucionalidad porque si el impuesto reclamado no grava los ingresos obtenidos antes de su entrada en vigor, es razonable que los gastos realizados con anterioridad a ella no puedan deducirse.\nPor ley el IETU parte de la facultad del Estado de establecer los lineamientos para su recaudación de las contribuciones en función de sus atribuciones constitucionales.\nRubén Mosso, Milenio, 30 de septiembre.\nEl gobierno cubano informó ayer sobre la aplicación de medidas severas para detener incrementos de precios, desabasto de alimentos, acaparamiento de éstos y el robo de recursos destinados a más de dos millones de afectados por los huracanes Gustav e Ike.\nEn una “Información a nuestro pueblo”, que reprodujeron todos los medios locales, se puntualiza incluso que el Código Penal ya ha sido aplicado “con el máximo de rigor” y se advierte que cuando “la trascendencia del hecho lo amerite”, se publicarán nombres y sanciones en la prensa.\nLa alerta ocurre en momentos en que las autoridades aseguran que el país “se recupera organizadamente” de la catástrofe originada por los dos ciclones entre el 30 de agosto y la segunda semana de septiembre, y cuando los efectos de ese golpe comienzan a sentirse en los bolsillos y estómagos de cubanos de a pie, incluso en zonas menos afectadas directamente.\nEl gobierno contrastó la “actitud ejemplar” de quienes confían en el futuro, con la “conducta egoísta de aquellos que se limitan a lamentarse y a exigir” y la de los “inescrupulosas que intentan sacar provecho de las necesidades apremiantes” del país.\nSegún estimados oficiales, Cuba perdió en nueve días más de 30% de sus cosechas y tiene en cinco de sus 14 provincias y en la Isla de la Juventud a 200 mil personas sin viviendas “y algunos cientos de miles más cuyas casas requieren reparación”. Informes no oficiales dan cuenta de que en el oeste de La Habana han ocurrido algunos intentos de tomar a la fuerza casas vacías por parte de damnificados, al tiempo que radioemisoras desde Miami los instan a “alojarse en los hoteles del régimen”.\nEl gobierno cubano dijo, sin embargo, que “están garantizadas” las importaciones de alimentos básicos y “se contratan con celeridad otras adicionales como opción de venta ante la reducción temporal de ofertas de viandas y frutas”, al tiempo que a partir de ayer se aplicó un tope de precios en todos los mercados de venta libre.\nLos precios se dispararon después del paso de los dos huracanes. Los vendedores alegan que ello se debe “no solo a la pérdida de cosechas”, sino al “aumento (en más de 60%) del precio de la gasolina”, cuando el segundo huracán comenzaba a azotar el país. “No está previsto incremento de precio de ningún bien de primera necesidad”, reiteró el gobierno.\nParalelamente, la agencia cubana Prensa Latina denunció ayer “el atropello” contra sus corresponsales acreditados en la ONU, a los que EU “negó las visas para reincorporarse a sus funciones”. Los corresponsales estaban de vacaciones en La Habana, después de tres años de trabajo en ONU, dijo la agencia.\nManuel Juan Somoza en La Habana, Milenio, 30 de septiembre.\nCuba, ONU Medios México 0 comentarios\nUribe felicita a Correa por triunfo en referendo sobre la Constitución\nVarios gobiernos, entre ellos el de Colombia y la Unión Europea, felicitaron ayer al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por el referendo en el que los ecuatorianos aprobaron el domingo una nueva Constitución, que prevé una participación más amplia del Estado en la economía.\nEl propio Correa reveló ayer que recibió llamadas de “todo el mundo”, y que había hablado con los presidentes de Venezuela, Bolivia y Chile.\nSegún datos oficiales preliminares, más de 64 por ciento de los participantes dijeron sí al texto de la Asamblea Constituyente impulsado por el gobierno, que fue rechazado por la oposición con 26% de votos, por considerarlo “estatista y centralista”.\nEl presidente Correa había manifestado su confianza en que pueda haber un “cambio de actitud” del gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe para normalizar las relaciones. En un comunicado, el gobierno de Uribe felicitó ayer a los ecuatorianos por el referendo, en “una jornada democrática, pacífica y constructiva”, y “reiteró sus votos por el progreso y bienestar de la nación ecuatoriana”, en un mensaje claro de distensión.\nEcuador rompió relaciones con Colombia en marzo tras el bombardeo a un campo de la guerrilla de las FARC en suelo ecuatoriano, con una veintena de muertos. También el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, saludó la consulta que “refuerza la lucha que vienen librando los pueblos de América en contra del imperialismo y del neoliberalismo”. En agosto de 2006, Bolivia inició un proceso de refundación constitucional, que dio lugar a un proyecto de nueva Constitución aprobado en diciembre por la Asamblea Constituyente pero requiere aún dos referendos para entrar en vigor y la oposición lo rechaza. La Comisión alabó también “la serenidad y seriedad” del proceso.\nEFE en Bogotá, Milenio, 30 de septiembre.\nEl procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, destacó la detención y el inicio de la acción penal contra quienes perpetraron el atentado en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre.\n“Los enemigos de México son los miembros de la delincuencia organizada, del nombre que se pongan, de la organización a la que pertenezcan; los vamos a derrotar con el apoyo ciudadano, con el apoyo de los valores más profundos de la sociedad mexicana y con la invaluable experiencia y colaboración internacional”, afirmó durante su participación en la conferencia latinoamericana Compromiso y cooperación en la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional.\nPor separado, el subprocurador Jurídico de la PGR, Juan Miguel Alcántara, informó que aún está lejos de haberse concluido la investigación, pues apenas se llegó a los autores materiales de los hechos y quedan por agotar varias líneas de la indagatoria.\nAlcántara destacó que la participación ciudadana (por medio de la denuncia anónima) es fundamental para alcanzar resultados y relató que de esa forma se aprehendió a los tres presuntos responsables materiales de la explosión en la capital michoacana.\n“Es una investigación compleja”, reconoció el funcionario. “Hay todavía varias líneas de investigación por agotar y no podríamos dar ninguna definición en fechas próximas”, sostuvo.\nAgregó que, en el caso del atentado que generó la muerte de ocho personas y causó lesiones a más de un centenar, hasta ahora se tiene a “los responsables materiales, pero la investigación está lejos de haberse concluido, así que tendremos que agotar varias líneas de investigación que en este momento se están siguiendo”.\nEl procurador Medina Mora informó que en el Congreso se encuentra ya la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio para atacar las finanzas de la delincuencia.De ser aprobada, dijo, “esta ley será un poderoso instrumento para golpear al hampa donde más le duele: en sus bienes obtenidos”.\nExplicó que con ello el Estado podría iniciar un procedimiento ante jueces especializados, para lograr la adjudicación de los bienes, con independencia del proceso penal instaurado al presunto delincuente.\nAfinan ley contra el lavado\nComo parte de una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, el Ejecutivo federal presentará en breve una propuesta de ley para regular las transacciones financieras en efectivo, fundamentalmente aquellas en las que se adquieren bienes raíces y de consumo duradero, como automóviles y joyas.\nLo anterior lo dio a conocer el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien informó que en el flujo financiero entre Estados Unidos y México asciende a 10 mil millones de dólares, todo relacionado con el tráfico de drogas.\nAl participar en la conferencia latinoamericana Compromiso y cooperación en la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional, el titular de la PGR afirmó que ese dinero es usado por la delincuencia organizada en transacciones que no tienen una regulación adecuada en este momento.\n“El enorme poder corruptor de la delincuencia viene precisamente de su enorme generación de ingresos. Esto no se da en el contexto de transacciones comerciales regulares entre entidades establecidas y regulares, sino entre miembros de la delincuencia organizada transnacional”, dijo. Medina Mora aseguró que las transacciones están prácticamente cubiertas por la ley.\nLa Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de inédita la resolución de la Suprema Corte a favor de un amparo contra las reformas en materia electoral.\n“Con esta decisión se da un paso determinante en la lucha para garantizar la libertad de expresión en México”, expuso el organismo patronal en un comunicado.\nExplicó que con la decisión a favor del Centro Empresarial de Jalisco se abre la posibilidad de las reformas constitucionales que emita el Congreso puedan ser revisadas y resueltas por el máximo tribunal de justicia, sobre todo en materia de garantías individuales.\n“Esta decisión es altamente relevante no sólo para la Coparmex y el sector empresarial en su conjunto, sino para la sociedad en general y la vida política nacional.”\nDetalló que el pleno de la Corte resolvió, por mayoría de votos —seis a cuatro, incluyendo el voto a favor del ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia—, revocar la determinación de un juez de distrito que había desechado por “notoria improcedencia” la demanda de amparo del Centro Empresarial de Jalisco.\nDe esa forma, continuó, la Corte ordenó que se admita la demanda y se siga el trámite correspondiente en el amparo contra las reformas constitucionales en materia electoral de 2007.\n“Es interesante señalar que los ministros tomaron como referencia una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que influyó en la decisión final de algunos ministros”, puntualizó la Coparmex.\nNotimex, Milenio, 30 de septiembre.\nCoparmex, Reforma Electoral, SCJN Medios México 0 comentarios\nPriistas y perredistas rechazan propuesta del Ejecutivo federal\nPRI y PRD rechazaron anoche la propuesta del Ejecutivo para abrir Pemex a la maquila en refinación, transportación y almacenamiento, por lo que las comisiones del Senado decidieron elaborar dos proyectos de dictamen que se votarán por mayoría.\nEl panista Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía, dijo que al no haber acuerdo en este tema será la mayoría la que determine cuál de las dos posturas se plasma en el dictamen final, que se comenzará a construir la próxima semana.\nAl sesionar ayer las comisiones de Energía y Estudios Legislativos, las fracciones de PRI, PAN, PRD, PVEM y Convergencia discutieron los temas que han sido calificados de los más polémicos de la reforma, en una sesión que se prolongó por más de tres horas.\nEl priista Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, dijo que proseguirán hoy y hasta el jueves con la discusión de los temas pendientes, pero por el momento se resolvió que el tema de la maquila será sometido a mayoría para no abonar a una división del país en este momento.\nDurante la reunión privada, los panistas Camarillo y Jorge Ocejo defendieron el proyecto del Ejecutivo al señalar que Pemex no puede construir las refinerías necesarias por sí mismo y tendrían que pasar 25 años para ello, postura que secundó el partido Verde Ecologista.\nA su vez, el PRD, en voz de Pablo Gómez, dijo que no aceptará que vengan las transnacionales a hacer la maquila, por lo que van a defender su proyecto de que los contratos de refinación, transportación y almacenamiento se otorguen precisamente a Pemex, que lleva 70 años haciendo\nAl salir de la reunión, en entrevista, Gómez dijo que “simplemente no hay dictamen, no hay acuerdo, hay discrepancias y el PRD dijo que ni maíz y Convergencia dijo que no, el que defendió la propuesta del Ejecutivo vehementemente fue el senador Arturo Escobar, del Verde”.\nAl respecto, el priista Labastida Ochoa confirmó que, al no haber acuerdo “porque un grupo de senadores pensamos que la maquila no es un buen sistema”, se habrán de presentar dos propuesta de artículo a la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para ser votadas en comisiones y que se incluya en el dictamen final la que gane con los votos de la mayoría.\nSin embargo, dijo que el PRI defenderá su propuesta de revitalizar a Pemex mediante la creación de empresas estratégicas con ciento por ciento de capital nacional en los rubros de refinación, transportación y almacenamiento.\n• Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos sesionarán hoy para abordar los temas de yacimientos transfronterizos y petroquímica, a fin de concluir el análisis de la reforma a Pemex el próximo jueves.\n• El panista Rubén Camarillo dijo que la intención es comenzar a construir el dictamen la próxima semana, para seguir con su votación por mayoría en los temas en los que no ha habido acuerdo. El priista Francisco Labastida dijo que hay rubros que tienen entre 90 y 95 por ciento de avances.\nAMLO, PAN, Reforma Energética, Senado Medios México 0 comentarios\nEl secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, aseguró que los recursos presupuestales están blindados, “por lo que no puede haber desvíos a campañas políticas” del PAN como acusan algunas organizaciones obreras y campesinas.\nLuego de que la Confederación Nacional Campesina y la Unión Nacional de Trabajadores denunciaran que los 8 mil 800 millones de pesos adicionales que el gobierno del presidente Felipe Calderón pretende destinar a la Sedesol sólo son “una estrategia para favorecer con dinero el voto del PAN en los próximos comicios electorales”, Cordero negó\n“Hay que ver qué organizaciones. El presupuesto de Desarrollo Social del gobierno del presidente Calderón está sujeto a todo tipo de controles, está sujeto a todo tipo de rendición de cuentas y es evaluado por organismos externos al Poder Ejecutivo federal.\n“La Auditoría Superior de la Federación es la que audita el gasto, por lo que todos los programas de la Sedesol son evaluados periódicamente y éstas son públicas en el Congreso y rendimos cuentas de cómo gastamos y de los resultados de los programas. Yo creo que la gente puede estar tranquila de que el gasto social, que cuesta un gran esfuerzo para la sociedad mexicana ejecutarlo, se está haciendo donde más se requiere”, sostuvo.\nBlanca Valadez, Milenio, 30 de septiembre.\nRespalda Navarrete investigación del Cisen en la campaña electoral\nEl líder de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, abrió las puertas a la participación del Cisen en la campaña electoral, al considerar que “sería una amenaza a la seguridad del país y al Estado de derecho el uso de recursos ilegítimos” en estos procesos.\nSeñaló que es indispensable conjurar esa amenaza antes de entrar al proceso electoral, que inicia el 3 de octubre, “pues no quiero ver a un Pablo Escobar mexicano votando leyes en el Congreso.”\nEl Partido socialdemócrata avanzó aún más en este sentido, al presentar ante el IFE una propuesta para que el órgano electoral establezca un convenio con el Cisen, para que se sometan a revisión todas las candidaturas de ese partido de cara a los comicios de 2009, para evitar que se infiltre el narcotráfico.\nA lo que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, respondió que están dispuestos a intervenir ante las instituciones de seguridad nacional y la PGR para tutelar que no llegue dinero ilícito proveniente del narcotráfico.\nYa en los últimos procesos electorales como el de Baja California y Guerrero los perredistas se habían quejado de que el narcotráfico había permeado en las campañas, aunque no se comprobó\nEs por eso que Carlos Navarrete fue el primero en reaccionar a favor de esta propuesta y recordó que “el narco no tiene ideología, no tiene partido; tiene intereses, le apuesta a lo que más le convenga, pero no podemos aceptar que también juegue en la mesa de los candidatos en campaña.”\nEl perredista además advirtió que los políticos deben ser cuidadosos para no caer “en la tentación de aceptar que una campaña sea subvencionada, financiada, respaldada, equipada con recursos o dinero provenientes del crimen organizado.”\nQue vigilen CISEN PGR y SHCP\nEl dirigente nacional del partido socialdemócrata, Jorge Carlos Díaz Cuervo, llamó a todos los partidos políticos a que se sumen a esta propuesta y sometan a sus candidatos a revisión, e incluso propuso que, además del Cisen, participen la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.\nEn conferencia en la sede del IFE, Díaz Cuervo manifestó su confianza en el desempeño del director del Cisen, Guillermo Valdés, y consideró al órgano que encabeza una institución fundamental del Estado mexicano, que debe recuperar la confianza.\nLuego del llamado que hizo el presidente Felipe Calderón al PAN y a todos los partidos políticos para tomar medidas para evitar que el narcotráfico se infiltre en sus candidaturas, y del acuerdo que tomó el PRD en su Congreso Nacional para blindarse de narcocandidaturas, Díaz Cuervo admitió que los partidos difícilmente pueden hacerlo directamente.\n“No tenemos elementos para sostener una acusación directa contra nadie, pero no somos ingenuos, no somos ilusos y sí nos preocupa la posibilidad de que el crimen organizado y el narcotráfico esté ya infiltrados en el Estado.”\nEl líder nacional del partido Socialdemócrata dijo que es una preocupación seria el hecho de que el narcotráfico llegue a las campañas de los partidos, de cara al proceso electoral de 2009, “sí nos preocupa, sentimos que en algunas entidades federativas, como el multicitado caso de Michoacán, en algunos municipios y en algunas otras entidades federativas eso parece ya ser una realidad.”\nEl IFE espera el acuerdo\nEl consejero presidente del IFE señaló que espera que se construya un convenio para solicitar al órgano su intervención sobre el acuerdo que trabajan las dirigencias nacionales de los partidos, para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como la PGR, investiguen a candidatos cuando haya presunción de dinero ilícito en las campañas, Valdés Zurita dijo que el IFE está a la espera de que se construya un convenio para solicitar al instituto su intervención en ese sentido.\nLiliana Padilla y Angélica Mercado, Milenio, 30 de septiembre.\nElecciones 2009, PRD, Seguridad Medios México 0 comentarios\nLa Suprema Corte modificó su criterio y determinó que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas por la vía del amparo, por lo que ordenó a un juzgado de distrito admitir a trámite la demanda de garantías que promovió un organismo empresarial de Jalisco contra la reforma constitucional en material electoral, y dictar un nuevo acuerdo.\nCon seis votos a favor y cuatro en contra, el pleno de la Corte revisó el primero de los 42 juicios de amparo interpuestos por empresarios e intelectuales contra las modificaciones en la citada materia, mismos que fueron desechados por tribunales inferiores.\nSin embargo, el alto tribunal no se manifestó sobre el fondo del asunto, es decir, si estos cambios a la Constitución vulneran las garantías individuales, como la libertad de expresión.\nLa mayoría de los ministros sólo externaron su posición en que el juicio de amparo es procedente contra los cuestionamientos formales y materiales al procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal.\nEl ministro José Ramón Cossío Díaz, quien elaboró el proyecto de sentencia a favor de que el juzgado primero de distrito en materia administrativa con sede en Jalisco admitiera la demanda promovida por el Centro Empresarial del estado, dejó en claro que el único tema a resolver era si el desechamiento de plano determinado por el juzgador, y por los otros jueces de distrito, era o no manifiesto e indudable.\nSu propuesta fue secundada por los ministros Juan Silva Meza, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.\nLos únicos que votaron en contra fueron la ministra Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández y Fernando Franco Salas, quienes expresaron que la Corte no puede cuestionar bajo ninguna circunstancia, las decisiones del constituyente.\nEl cambio jurídico\nPor su parte, Ortiz Mayagoitia, quien siempre había expresado que las reformas a la Constitución no pueden ser revisadas, por ningún medio legal, cambió de opinión y dijo que desde el pasado 8 de agosto hay un nuevo escenario jurídico nacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos los vinculó a generar medios de defensa accesibles, a raíz del fallo que condena al Estado mexicano por el caso Jorge G. Castañeda; además, porque ya está en puerta una iniciativa que propone la defensa contra reformas constitucionales.\n“México asumió compromisos internacionales, entre otros, fundamentalmente el de someterse a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido asunto promovido por Castañeda, al invocarse por éste que el Estado mexicano viola uno de sus derechos fundamentales por no establecer un medio adecuado para la defensa de sus derechos humanos”.\nY prosiguió Ortiz Mayagoitia: “La condena es muy clara, México tiene la obligación vinculante de crear medios accesibles para la defensa de todos los derechos humanos; aunque debo aclarar que, la sentencia alude única y exclusivamente a la materia electoral; pero sería irrazonable que la creación de estos recursos se concentraran solamente a esa materia, porque estaríamos faltando al artículo 25, de la Convención que aquí se estimó violados.\n“Ésta es una conclusión que en lo personal me impacta”, dijo el ministro presidente.\n• El 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que reforma los artículos sexto, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, entre otros, de la Constitución.\n• Eso motivó que empresarios e intelectuales se ampararan bajo el argumento de que dichos cambios a la Carta Magna causan perjuicios al privarlos y limitarlos de la garantía de libertad de expresión y manifestación de las ideas\n• Ayer, empresarios e intelectuales, quienes estuvieron presentes en la sesión, dijeron que la Corte ha dado un paso importante al tomar en cuenta los convenios internacionales, pero coincidieron en que es en el máximo tribunal donde se está llevando a cabo una verdadera revolución.\nLa presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis, garantizó que de cara al proceso de 2009, este órgano jurisdiccional vigilará el estricto apego a la ley y a la Constitución.\n“Estamos convencidos de la importancia que tienen el debate y la confrontación entre los actores políticos, pero garantizaremos que la contienda electoral se lleve a cabo en estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley”.\nEn la inauguración del coloquio Libertad, denigración, calumnia y campaña electoral, la magistrada sostuvo que el tribunal está listo para tutelar el voto en los comicios venideros.\n“Es importante que la ciudadanía sepa que las instituciones electorales federales estamos listas para garantizar que el proceso intermedio se lleve a cabo en apego a las disposiciones constitucionales y legales”, señaló.\nConsideró que el proceso de 2009 será clave para el futuro de México, además de que se enmarca en la aplicación de las reformas electorales constitucionales que representan el reto de dar un nuevo impulso al sistema electoral para restaurar la confianza e interés de los ciudadanos en sus elecciones.\nLa presidenta del TEPJF sostuvo que la democracia sólo es posible si se discuten las ideas sobre la vida pública, aun cuando éstas no sean coincidentes.\nAlanis se refirió a las llamadas campañas negativas y sostuvo que mientras para algunos éstas restringen el debate sobre aspectos sustantivos y disuaden la participación electoral, para otros aportan nuevos elementos para fundar el juicio de los electores, por lo que deben ser enmarcadas en la libertad de expresión de los contendientes y de los medios de comunicación.\nBogotá. Los presidentes colombiano, Álvaro Uribe, y paraguayo, Fernando Lugo, acordaron este lunes fortalecer el combate bilateral al terrorismo y manifestaron su rechazo a los grupos armados ilegales, en una declaración conjunta suscrita en esta capital. “Uno de los temas principales” tratados fue el de los secuestros, dijo Lugo en una breve conferencia de prensa al término de la reunión con Uribe, quien reafirmó la voluntad de su gobierno de colaborar con la policía paraguaya en su lucha contra ese delito. Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas, fue secuestrada y asesinada en un hecho en el que la policía paraguaya vinculó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lugo indicó que el caso fue abordado en la reunión, pero es un tema que compete “exclusivamente” a la justicia de su país, dijo. Lamentó que el gobierno colombiano haya puesto en libertad, por petición de Francia, al canciller de las FARC, Rodrigo Granda, presuntamente implicados en el caso Cubas.\nEl canciller español Miguel Ángel Moratinos dijo estar de acuerdo con el proyecto de desarrollo nuclear de Venezuela si se ajusta a los lineamientos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), al referirse a la decisión del presidente Hugo Chávez de pactar la colaboración con Rusia en ese rubro.\nMoratinos dijo que “la energía nuclear no es mala, siempre que tenga todas las garantías y protecciones que ofrece la propia AIEA”.\nPor otra parte, y respecto de los programas de cooperación de Venezuela con el resto de América Latina, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mantuvo ayer la polémica con el embajador estadunidense en San José, Peter Cianchette, quien el domingo se dijo “sorprendido” de que el socialdemócrata apoye tácitamente las acciones de Chávez.\nArias dijo este lunes a la radio local costarricense que la ayuda venezolana en América Latina “es una realidad” y “no estoy emitiendo ningún juicio de valor”.\nAFP, Notimex y DPA, La Jornada, 30 de septiembre.\nNiega EU visa a dos corresponsales cubanos de Prensa Latina en la ONU\nLa Habana, 29 de septiembre. La agencia cubana Prensa Latina informó hoy que el gobierno de Estados Unidos negó la visa a sus dos corresponsales en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, que volvían de sus vacaciones en la isla.\nLos periodistas Ilsa Rodríguez Santana y su esposo, Tomás Anael Granados, están acreditados ante la ONU hace tres años, informó a La Jornada el director de PL, Frank González.\nEl gobierno de Washington “tiene deberes y compromisos como país anfitrión de la ONU”, añadió González. “Si no está en condiciones de cumplirlos, que renuncie a tener en su territorio la sede principal. Condenamos con toda energía” la decisión.\nEl director de la agencia explicó que la pareja vino de vacaciones en julio, pidió de inmediato su visa de regreso y este mes la Sección de Intereses de Estados Unidos respondió que negaba el permiso con base en el artículo 212 (f) de su Ley de Inmigración y Naturalización, según el cual el presidente puede restringir el ingreso de extranjeros cuando entienda que irían “en detrimento de los intereses” del país. La oficina diplomática no hizo comentarios.\nRodríguez dijo que, a diferencia de la mayoría de sus colegas en la ONU, que tienen visas de entradas múltiples, los cubanos deben documentarse al salir del país y volver a su puesto. Además, no pueden escribir de temas ajenos al organismo mundial ni moverse fuera de un radio de 25 millas.\nPL tiene corresponsalía en la ONU desde 1959 y hasta ahora no le había ocurrido un caso semejante.\nEl 4 de octubre de 1985, en una etapa de mayor tensión de la guerra fría, el presidente Ronald Reagan expidió la proclamación 5377, regulatoria del citado artículo, por la cual prohibió la entrada a Estados Unidos de funcionarios o empleados del gobierno y del Partido Comunista de Cuba, con pasaportes oficiales o diplomáticos, o a quienes el Departamento de Estado considere que caen en esa categoría, cualquiera que sea el tipo de su pasaporte. Quedan exceptuados los diplomáticos de la Sección de Intereses en Washington y los de la misión en la ONU.\nEn el pasado la norma se ha aplicado discrecionalmente, entre otros, a decenas de académicos y a músicos nominados al premio Grammy.\nRodríguez y Granados tienen cuatro décadas de trabajo en PL, con misiones en China, India y Zimbabwe. González dijo que “a su debido tiempo presentaremos las solicitudes de visas para nuevos corresponsales, a los que tenemos derecho”.\nGerardo Arreola, La Jornada, 30 de septiembre.\nCuba ejercerá un control de precios en los mercados agropecuarios\nLa Habana, 29 de septiembre. Cuba mostró hoy la conflictiva situación a la que llegó el sector alimentario tras los huracanes, al anunciar un control de precios en los mercados agropecuarios, lo que significa la primera intervención estatal de su tipo en los 14 años que tiene ese circuito de libre oferta y demanda.\nEl diario oficial Granma advirtió que una inminente escasez de frutas y tubérculos será compensada con un aumento de las importaciones; confirmó que el Estado no elevará de inmediato los precios “de ningún bien de primera necesidad” y aseguró que habrá mano dura contra la especulación y el robo de recursos públicos.\nEn los mercados agropecuarios, creados en octubre de 1994, “se establecerá provisionalmente como precios máximos los existentes antes de los huracanes para un grupo de productos básicos”, señaló el matutino.\nLos lunes no abren esos mercados, por lo que aún no se sabe qué productos quedarán controlados. En alusión a las alzas recientes en los agropecuarios, la nota dijo que “resulta especialmente detestable la conducta de los inescrupulosos que intentan sacar provecho de necesidades apremiantes de los ciudadanos”.\nVendedores de los mercados han alegado que los aumentos surgieron por el alza espectacular del precio de los combustibles, a partir del 8 de septiembre, cuando acababa de pasar el huracán Gustav y estaba por entrar Ike, en una decisión oficial que sorprendió precisamente por el momento en el que se tomaba.\nLos precios del diesel y las gasolinas subieron entonces en los expendios entre 50 y cien por ciento, luego que el Ministerio de Finanzas y Precios dijo que en las condiciones anteriores podía prever una pérdida por subsidio de unos 419 millones de dólares.\nTras el abrupto cambio de las reglas del juego, el periódico del Partido Comunista instó a los vendedores a evitar una caída de la oferta o incluso su retirada del negocio: “Apelamos y esperamos que prevalezca la conciencia y la actitud solidaria de quienes comercian con productos, al igual que entre productores e intermediarios, para que asuman con responsabilidad su parte y mantengan abastecidos los mercados y puntos de venta”.\nEl semanario sindical Trabajadores descartó que haya la intención oficial de cerrar los agropecuarios, al parecer en respuesta a un insistente rumor que corrió en esos mercados en los últimos días.\nLos agropecuarios surgieron como parte de las reformas de la década anterior, destinadas a estimular la productividad y el mercado interno, bajo el criterio de la competencia y la libre formación de precios según la oferta y la demanda. Las cooperativas y los productores privados están autorizados a vender ahí los excedentes de sus cosechas, después de cumplir sus compromisos de venta centralizada al Estado.\nEn la primera mitad de los años 80 Cuba abrió el “mercado libre campesino”, una experiencia similar a la de los actuales agropecuarios, pero los eliminó en 1986.\nLa nota de Granma también dijo que ya se han aplicado sanciones contra responsables de “casos probados de acaparamiento, robo o venta ilícita de alimentos y materiales de construcción; sustracciones de combustible, cables eléctricos y telefónicos, angulares de torres de alta tensión” y otros similares.\nAl concluir la reunión de trabajo de las comisiones unidas, el senador del PRD Pablo Gómez dijo: “el PRI no está de acuerdo con que la iniciativa privada participe en la refinación, y el PRD por ningún motivo apoyará la propuesta del Ejecutivo de privatizar Pemex; en cambio, dijo, el Verde Ecologista defendió la propuesta de Calderón de traer a las trasnacionales”.\nEl panista Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía, aceptó en entrevista al término de la reunión de trabajo que, en efecto, “no hubo acuerdo en el tema de refinación, almacenamiento y distribución, ya que hay dos propuestas: una que sostiene que Pemex debe mantener el control y la rectoría, pero da contratos; y la otra apoya que la iniciativa privada participe en refinación, transporte y almacenamiento”.\nAl contrario del PAN, el PRI subrayó que: “hay una discusión jurídica en si es constitucional que participe la iniciativa privada en refinación, pero desde el punto de vista político el PRI considera que esto divide al país, lo polariza y ya son muchos los problemas para agregarle nuevos”.\nPor ello, resaltó el priísta, “vamos a buscar que el Frente Amplio Progresista (FAP) apoye la propuesta del PRI, pero de no lograrse acuerdos las cosas pueden quedarse como están, es decir, que Pemex mantenga el control y otorgue contratos”.\nTanto PRI como PAN coincidieron en que esta semana concluirán la discusión y empezarán a votar en comisiones los diez dictámenes para presentarlos al pleno. “En cuanto a transporte, almacenamiento, distribución y refinación no hay acuerdos, hay dos visiones, se van a preparar dos dictámenes”, dijo Camarillo.\nVíctor Ballinas, La Jornada, 30 de septiembre.\nReforma Energética, Senado Medios México 0 comentarios\nLa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales en materia electoral, provocó el rechazo de los legisladores y el beneplácito de investigadores, como el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas, quien consideró que a partir de ahora quienes integren cámaras del Congreso federal deberán tener mucho cuidado en respetar los procedimientos establecidos para tal efecto.\nEl docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo presente ayer en la sesión de la Corte a la que también asistieron intelectuales y algunos representantes de los organismos empresariales que aseguran que la reforma impugnada viola su libertad de expresión. Cárdenas llamó la atención sobre el que la sentencia del máximo tribunal adquiere particular importancia para la futura discusión y aprobación de la reforma energética.\nDiputados de PRI y PRD consideraron equivocada la decisión de la Corte, porque la prohibición de contratar espots en radio y televisión no buscó limitar la libertad expresión, “sino el libertinaje de mensajes con contenido negro que afectaron la campaña electoral de 2006”.\nEl perredista Juan Guerra Ochoa consideró que los ministros están cediendo a la presión de las televisoras y, si finalmente determinan que los empresarios e intelectuales tienen la razón, “harán tal con la reforma y regresarán a la inequidad en la contratación de tiempo”.\nRefirió que en materia electoral no proceden los amparos, y la instrucción a los juzgados para que den entrada a los interpuestos “sienta un mal precedente” para los controles del dinero en las campañas políticas. “Espero, sin embargo, que el fondo lo deseche la Corte, porque si no nos regresaría a la inequidad y a la circunstancia de que el candidato con más dinero lo meta en la televisión y gane”.\nEl priísta Samuel Aguilar Solís consideró riesgoso que la Corte convierta un tema judicial en “triunfo para los poderes fácticos”, e ironizó con que el IFE no sancione a los empresarios que orquestaron la guerra sucia de hace dos años.\nJosé Manuel del Río, de Convergencia –que impugnó la reforma debido a que canceló la posibilidad de alianzas a las fuerzas minoritarias– consideró razonable el fallo judicial. “El manejo de los espots puede resolverse en el IFE”, afirmó.\nLa Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de “altamente relevante” la determinación de la Corte, pues “se abre la posibilidad de que las reformas constitucionales que emita el Congreso sean revisadas y resueltas por la SCJN en algunos casos, sobre todo en materia de garantías individuales”, en particular la libertad de expresión.\nJesús Aranda, Enrique Méndez y Alma Muñoz, La Jornada, 30 de septiembre.\nEn votación dividida (6 a 4), los ministros ordenaron a los juzgados de distrito que admitan los 42 amparos que presentaron intelectuales y organizaciones empresariales contra el la modificación a la carta magna en materia electoral, y que los juzgadores determinen si las demandas son procedentes, es decir, que los juicios sigan su trámite normal.\nEl ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien anunció que cambiaría el criterio que había sostenido en casos similares en los que votó contra la admisión de juicios en los que se impugnara un proceso de reforma constitucional, argumentó que con esta decisión, la SCJN cumple con la resolución del pasado 8 de agosto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado mexicano generar medios de defensa accesibles en pro de todos los derechos humanos.\n“Y como integrantes del Estado mexicano nos corresponde crear las condiciones favorables para que todo ataque a los derechos humanos pueda ser reparado internamente, sin que haya necesidad de acudir a la jurisdicción internacional”.\nAnte la polémica generada en la sesión pública –a la que asistieron intelectuales, encabezados por Héctor Aguilar Camín, y representantes empresariales– respecto de los efectos que tendría la concesión del amparo solicitado, Ortiz aclaró que apoyaba el proyecto de José Ramón Cossío (cuyo contenido adelantó este diario ayer), “sin prejuzgar contenidos de fondo, ni alcances”, así como “la obligación del Estado de configurar estos medios de defensa”.\nRecordó que en su momento votó contra la admisión de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos Verde, del Trabajo y Convergencia contra la reforma, pero que con lo establecido por la CIDH, cambiaba de parecer.\nMinistros consultados comentaron que la declaración de Ortiz los sorprendió, incluso, fue el único que argumentó que la sentencia relacionada con el caso del ex canciller Jorge Castañeda tenía algo que ver con el asunto, y aunque ninguno de sus compañeros profundizó sobre sus palabras, trascendió que su punto de vista no era compartido por todos.\nDe entrada, Juan N. Silva, Olga Sánchez, Genaro Góngora y Sergio Aguirre se pronunciaron por dar entrada a los amparos, pues no existe disposición legal expresa que lo prohíba y que el “poder reformador” es autoridad y, por tanto, susceptible de juicio de amparo.\nGóngora sostuvo que era necesario “que exista certeza de que las modificaciones constitucionales son realizadas conforme a lo previsto por la Constitución”, para lo cual el control del órgano reformador (el Congreso cuando aprueba reformas a la carta magna) es indispensable, pues “sería muy grave que el consenso básico de los mexicanos fuera reformado sin cumplir con los requisitos constitucionales”, o bien, que no podamos defendernos “contra la alteración corrupta de la norma fundamental”.\nAgregó que era inaceptable que el órgano reformador tenga poder “ilimitado” para modificar la Constitución.\nSilva añadió que la Corte no sólo debía revisar los procedimientos de reforma, sino también “los contenidos materiales, en tanto que no se puede, de ningún modo, establecer un cambio ni en las formas ni en los contenidos de manera subrepticia”.\nLos ministros de la minoría, Margarita Luna, Fernando Franco, José Gudiño y Sergio Valls, argumentaron que por muy pausibles que fueran las razones para revisar los procedimientos de reforma, la Corte no podía extralimitarse en sus funciones. Precisamente la Corte, añadió, no tiene competencia de revisión de la reforma constitucional.\nLuna Ramos sostuvo que sería absurdo que se concedieran amparos contra reformas a la carta magna, porque entonces, resulta que la Constitución no se aplicaría a todos por igual. “La Constitución no puede dejar de aplicarse a unos sí y a otros no: se aplica parejo o no se aplica”, enfatizó.\nJesús Aranda, La Jornada, 30 de septiembre.\nLos grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados no aceptaron el acuerdo propuesto el domingo por Andrés Manuel López Obrador. Consideraron que el líder opositor pretende imponer condiciones que son inaceptables. El priísmo adelantó que su apuesta es llegar a un acuerdo con “el ala moderada” del PRD para aprobar la reforma petrolera.\nLo mismo que en San Lázaro, en el Senado el líder de Acción Nacional, Gustavo Madero, reaccionó. Las cámaras, dijo, son lugares para discutir y “no se trata de retirar propuestas, sino de sumarlas, integrarlas, valorarlas y aprobarlas”.\n“Respetuosamente –expresó–, quisiera comentarle al señor Andrés Manuel (López Obrador) que gracias por las propuestas, pero no hay que poner condiciones; el diálogo se construye con argumentos y no con imposición ni restricciones”, dijo Madero, también presidente en turno del Senado.\nSu compañero en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, resaltó que López Obrador tendría que dialogar con los propios perredistas, “y esa sería la primera muestra que esperaríamos sobre una real disposición de negociar”.\nPlanteó que el discurso del ex jefe de Gobierno capitalino pretende condicionar su respaldo a la política de seguridad pública y quiere utilizar este tema “simplemente como una herramienta política, y lo que hace es manifestar que a él le importa poco la seguridad y meterse al fuego político para negociar cosas”.\nPara Madero, tanto el PRD como López Obrador “andan buscando una salida airosa, ya que la posición mayoritaria de la gente es que saquemos acuerdos; un Congreso que no da resultados no funciona, y precisamente estamos a punto de lograrlos”.\nEl panista espera que la Comisión de Energía pueda cumplir con su programa, “ya que estamos muy cercanos a los consenso y a los dictámenes”. Lo fundamental, indicó, es encontrar cuáles son los problemas que enfrenta la economía para ser productiva, competitiva, y generar inversión y empleo. “Creo que la reforma de Pemex, cuando se apruebe, será un gran detonador” para ello.\nA su vez, el vocero de los diputados del PRI, Enrique Benítez, consideró que López Obrador no es confiable, “porque trae un doble discurso: un día dice que sí y otro que no”.\nSobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con el “ala moderada” del PRD, manifestó que este sector será el que permita aprobar la reforma al régimen legal de Pemex, “si no la perfecta, sí la posible, la minirreforma que será, porque no creo que vayamos a entrar a los temas de fondo”.\nAfirmó que una parte de las iniciativas presidenciales en materia de hidrocarburos no será votada favorablemente en el Congreso de la Unión. “Pero cuando menos le damos un pasito hacia adelante a Pemex, para buscar que se modernice y fortalezca, y que quede en el sabor de los mexicanos (sic) que se hizo la reforma que se pudo, no la que el Presidente quería en un inicio y la que se arroga en los anuncios de televisión, en propaganda”.\nPor su parte, el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho afirmó que el presidente Felipe Calderón sólo tiene dos salidas: “retirar su iniciativa o considerar seriamente la propuesta del Frente Amplio Progresista, que garantiza respeto a la Constitución, no privatiza ningún área de la industria petrolera y fortalece verdaderamente a Pemex. Cualquier otra ocurrencia llevaría a un escenario nada deseable, de inestabilidad política y crispación social sin precedente”.\nEnrique Méndez y Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de septiembre.\nAMLO, PAN, PRI, Reforma Energética Medios México 0 comentarios\nLo peor del caso es que no existe evidencia alguna de que el clima de inseguridad y miedo entre la población disminuya en los próximos meses, más aún por los atentados terroristas ocurridos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre, señala en una declaración la Iglesia católica.\nAdemás, estimó que este clima adverso podría recrudecerse ante la cada vez más cercana contienda electoral del próximo año, y que el encono político se profundice en las campañas políticas para renovar la Cámara de Diputados y las autorides en varias entidades.\nPor su parte, José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca y miembro del Consejo de Presidencia de la CEM, señaló que en la lucha contra el narcotáfico y la inseguridad es necesario revisar a fondo los marcos jurídicos, pues el país tiene “leyes ambiguas” que fomentan la impunidad. Lamentó que México sea un país de “mordidas, influencias, chantajes y presiones”.\nEn una carta pastoral, el prelado exhorta a los partidos políticos y el gobierno a “superar mezquindades” y trabajar de manera coordinada para dejar atrás la ilegalidad, el engaño, las corrupciones y la impunidad, que tienen sometida a la sociedad mexicana y a su economía sin dejarla crecer.\nReproducida por el Episcopado mexicano, la misiva del arzobispo oaxaqueño señala que no sólo los marcos jurídicos necesitan reformas. Esta es la oportunidad de revisar otros aspectos que, de igual manera, están deteriorando nuestro ambiente social y fomentan la cultura de la ilegalidad; “pues si, por un lado, tenemos leyes ambiguas que pueden aplicarse según convenga el caso, por otro existen también quienes aplican las leyes con una discrecionalidad que inclina la balanza en favor del que puede pagar mejor”.\nEl arzobispo Chávez Botello y su obispo auxiliar, Óscar Campos Contreras, quien también suscribe la carta, denuncia que con mucha facilidad el mexicano recurre al soborno para obtener casi todos, desde una mejor plaza en el trabajo, para la evasión de impuestos en el negocio, para aumentar las ganancias, así como en la búsqueda de formas fáciles para pasar de año sin haber estudiado, dar menos y cobrar de más. La ley se invoca para amenazar al enemigo, no para ordenar la vida de la comunidad, señala.\nJosé Antonio Román, La Jornada, 30 de septiembre.\nEl jefe del Ejecutivo federal envió un mensaje videograbado a los participantes en la Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la Lucha contra la Corrupción y el Cohecho Internacional, que reúne a fiscales y a funcionarios de 28 países y se efectúa desde ayer y concluye hoy en un hotel del Distrito Federal.\nOtro video transmitido fue el que correspondió al mensaje de José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien reveló que en el mundo un billón de dólares se gasta cada año en el pago de sobornos, mientras que 53 por ciento de la población latinoamericana cree que en los próximos tres años se incrementarán estos actos ilícitos en esa región, de acuerdo con datos del Informe Global de la Corrupción 2008.\nGurría Treviño indicó que el dispendio mundial por sobornos es equivalente a 10 veces los flujos de asistencia para el desarrollo que las naciones económicamente más poderosas envían a los países más pobres.\nDestacó que es la corrupción la principal amenaza al buen gobierno, de los procesos democráticos y de los intercambios comerciales.\nEl ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores agregó que el flagelo de la corrupción debilita además cualquier esfuerzo para reducir la pobreza, y dijo que este fenómeno delictivo sin duda ha frenado el progreso en Latinoamérica, al perder la sociedad la confianza en sus instituciones, lo que también limita la productividad.\n“La corrupción es además el impuesto más regresivo”, en tanto que se estima que 53 por ciento de los latinoamericanos encuestados por el barómetro global de la corrupción en 2007 considera que este fenómeno va a aumentar en su países en los próximos tres años.\n“El desafío que enfrentamos es enorme, pero no hay mayor fuerza que la fuerza combinada de nuestros países aportando sus mejores prácticas, ideas, sus mejores hombres y mujeres enfocados todos a triunfar en esta crucial tarea”, señaló.\nEn su oportunidad, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien inauguró la conferencia, destacó que el problema de la corrupción en México es de dimensiones preocupantes, ya que cada año se registran en el país 115 millones de estos actos.\n“Hay registro de que el porcentaje de personas en Latinoamérica que ha sabido de algún acto de corrupción, durante 2007, fue de 19 por ciento, lo que registra un incremento del 3 por ciento con respecto a 2006”, añadió.\nAntes, durante el mensaje del presidente Calderón que se proyectó como parte de la ceremonia de inauguración de la conferencia organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la OCDE, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, el Presidente anunció que en breve se dará a conocer el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, cuyo objetivo es consolidar una política de Estado que permita fortalecer las buenas prácticas dentro de la función pública.\nCalderón refirió que las sociedades demandan con mayor fuerza gobiernos más abiertos al escrutinio y a la evaluación, y exigen también gobiernos sensibles, cercanos a la gente y en los cuales puedan confiar.\nEn ese sentido indicó que es necesario hacer un frente contra la corrupción ya que daña lo más valioso de la relación que hay entre una sociedad y sus instituciones: la confianza.\nSostuvo que para combatir la corrupción también es fundamental la cooperación internacional, en virtud de que es un problema que atañe no sólo a un país y a una región, sino al mundo entero.\nAlfredo Méndez, La Jornada, 30 de septiembre.\nCon la ley de extinción de dominio propuesta por el presidente Felipe Calderón se pretende que el Estado mexicano pueda sustraer a los delincuentes aquellos bienes que hayan obtenido mediante sus actividades ilícitas, con el propósito de utilizarlos de inmediato para crear un fondo permanente que permita reparar el daño económico a las víctimas de un delito, indicó ayer Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).\nApenas unas horas después de que los cuerpos de 17 personas ejecutadas fueron encontrados en Baja California, Medina Mora aseguró ante fiscales y representantes de 28 naciones que participan en la Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación contra la Corrupción y el Cohecho Internacional –efectuada en el Distrito Federal–, que las autoridades mexicanas derrotarán, con el apoyo ciudadano, al crimen organizado.\n“México vive hoy una guerra contra el narcotráfico en la que es esencial golpear los nodos de creación de valor de la delincuencia organizada (…) pues es debido a la lamentable relación que existe entre organizaciones criminales y la corrupción, que la ley de extinción de dominio podrá ayudar de manera indirecta a combatirla”, puntualizó Medina Mora.\nDe aprobarse esta ley, explicó, será un valioso instrumento con el que se atacará, de forma indirecta, el enriquecimiento del crimen organizado.\nExplicó que las autoridades federales podrán iniciar un procedimiento ante jueces de distrito dedicados exclusivamente a esta materia, con la finalidad de lograr la adjudicación de los bienes en favor del Estado.\nAñadió que estas acciones serán posibles independientemente de los procesos penales que se le sigan al presunto delincuente, “incluso cuando dichos bienes se encuentren adjudicados a un tercero, siempre y cuando el acusado se comporte como dueño de los mismos”.\nMedina Mora refirió que en el actual marco jurídico, los bienes confiscados al crimen organizado no pasan de inmediato al Estado, sino que se sigue todo un procedimiento legal que puede durar varios años.\nSobre los mecanismos de colaboración internacional, el titular de la PGR explicó que a la fecha “no se ha negado solicitud de extradición internacional alguna por causa del secreto bancario”.\nSostuvo que “con la entrada en vigor del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el 3 de diciembre de 2002, México tipificó en su legislación el delito de financiamiento al terrorismo, de tal forma que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a establecer medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer de cualquier forma la comisión de los delitos de terrorismo y lavado de dinero”.\nAsimismo, agregó que en breve se presentará la Estrategia Nacional para el Combate al Lavado de Dinero, con el propósito de regular las transacciones financieras que se realizan en efectivo, principalmente en la compra de bienes raíces y bienes de consumo, como automóviles o joyas.\nIndicó que las bandas del crimen organizado mantienen la mayoría de sus recursos escondidos en casas de seguridad, y dijo que se estima que alrededor de 10 mil millones de dólares en efectivo que los narcotraficantes obtienen de la venta de drogas cruzan cada año la frontera entre Estados Unidos y México.\n“Ese dinero, obviamente, es usado por asociaciones de delincuencia organizada en transacciones que no tienen una regulación adecuada”, destacó.\nEn un reporte enviado a la Cámara de Diputados, como parte del segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón, la Sedena reconoce que los cárteles de la droga “han constituido una base social amplia, expresada en redes de protección, consumidores, productores, distribuidores, operadores, sicarios y lavadores de dinero”.\nSu crecimiento, señala, ha requerido del control de amplias áreas del país, y en ese sentido asegura que en “la vertiente del Pacífico” se ha concentrado la siembra de enervantes, las fronteras para el trasiego y, en especial, la del norte para el control de territorios entre organizaciones criminales.\nEl documento, que consta de 171 páginas, fue enviado a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y en él se detalla que sólo para hacer frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada, la Sedena “mantuvo un despliegue promedio mensual de 45 mil elementos militares”, durante 2008, de los casi 200 mil en activo.\nEstos soldados, explica, “tuvieron como objetivos minar la base económica de los narcotraficantes, inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, sicotrópicos, precursores de químicos y químicos esenciales”, así como coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de los cárteles.\nRefirió que con los distintos operativos militares se evitó la producción de más de 13 mil 578 millones de dosis de diferentes tipos de drogas y que los narcos obtuvieran ganancias por más de 44 mil 786 millones de pesos. “El concepto estratégico de erradicación (de plantíos) que se aplica, busca desestimular la siembra y cultivo de enervantes, para evitar que la droga llegue a la población vulnerable y deje de representar un negocio redituable a los narcotraficantes”, asegura el informe.\nTambién explicó que para lograr resultados más eficaces en el combate al narcotráfico se decidió otorgar mayor libertad de acción a los comandantes territoriales para que puedan “concebir, planear y conducir las operaciones que, de acuerdo con su problemática particular, implementen dentro de sus respectivas jurisdicciones”.\nSin embargo, la dependencia reconoce que de septiembre de 2007 a 2008 el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana enfrentaron 11 mil 79 deserciones, cifra que representó 27.59 por ciento menos que en el mismo periodo entre 2006 y 2007, lo cual se explica debido a que las comisiones reclutadoras en todo el país lograron incorporar a 20 mil 595 elementos.\nAdemás, el Ejército continúa siendo uno de los soportes de la Policía Federal Preventiva, y en este caso refirió que se apoyó con 2 mil 948 militares, pertenecientes a la Tercera Brigada de Policía Militar, para que se incorporaran a las fuerzas federales de apoyo.\nA comidas, dos pesos más\nRespecto del aumento que anunció el presidente Felipe Calderón para la tropa, el 19 de febrero pasado, como “compensación técnica al servicio”, la Sedena asegura que “se logró una asignación adicional de 500 pesos mensuales para la totalidad del personal de tropa”.\nEste incremento forma parte de una política que busca “mejorar el estado anímico de su personal”, que incluye la aplicación de “acciones que contribuyan a elevar y mantener la moral, al estimular la convivencia familiar y social, mediante el otorgamiento de franquicias y licencias por diversos motivos, el mejoramiento constante de los servicios médicos, de alimentación y otros que coadyuven en ese sentido”.\nEn las primeras páginas, al explicar cómo se ha logrado incrementar el nivel de vida de los militares, explica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público etiquetó en el presupuesto de la dependencia 547 millones de pesos para sufragar el incremento de los haberes, y que a partir de marzo pasado “se autorizó un aumento de dos pesos a las cuotas de las raciones diarias alimenticias del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar en 24.50”.\nDos jueces federales resolvieron no amparar a 32 mil empresarios que impugnaron el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).\nLa revisión definitiva de este impuesto quedó a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual atraerá las sentencias de los jueces para emitir un criterio uniforme en este asunto en los próximos meses. Por la dimensión de las demandas, el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que crear dos juzgados especializados para llevar juicios de amparo que se promovieron por el IETU. Los juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, resolverieron las demandas y concluyeron que el IETU no viola la Constitución, tras declarar infundados los argumentos para pedir su anulación.\nLos jueces precisaron que “la tasa única que contempla sí atiende la posibilidad de pago de cada sujeto obligado en la medida en la que para obtener el impuesto a su cargo se aplican las deducciones autorizadas, que dependerá de la distinta capacidad de los contribuyentes”.\nCarlos Avilés Allende, El Universal, 30 de septiembre.\nBUENOS AIRES.— El gobierno colombiano negó ayer que en la Operación Jaque, en la que el pasado 2 de julio fue liberada Íngrid Betancourt y otros 14 rehenes en poder de las FARC, hayan participado militares estadounidenses e israelíes, tal como lo afirma un libro de próxima aparición en la editorial Oveja Negra.\n“Eso es absoluta y totalmente falso... Es un libro que está lleno de inexactitudes y aseveraciones falsas”, afirmó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en una entrevista radial, cuando fue consultado por el libro Operación jaque: secretos no revelados, basado en investigaciones sobre el rescate publicadas en los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post.\nPara Santos, el libro se compone de “una serie de artículos sueltos, lo que obliga a sus editores a ponerlos a la venta cuanto antes”. Asimismo, en torno a otro hecho aberrante, la desaparición de 20 jóvenes de condición humilde, residentes en el barrio Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que luego aparecieron acribillados y presentados como “muertos en combate” entre el Ejército y las FARC, Santos dijo que “el gobierno espera resultados de la investigación”.\n“Me inquieta que las fechas de las denuncias de desapariciones sean tan cercanas a las fechas de entrega de los cadáveres a medicina legal. En algunos casos son en menos de 24 horas. Eso hay que investigarlo y si hubo una actuación ilegal eso hay que castigarlo con el peso de la ley”, concluyó Santos.\nJosé Vales, corresponsal, El Universal, 30 de septiembre.\nLA HABANA.— No importa si es de La Habana o Guantánamo. No será una excepción pertenecer al Partido Comunista de Cuba (PCC) o a los famosos Comités en Defensa de la Revolución (CDR). Cualquier cubano, según se anunció ayer de forma oficial, que robe, acapare o venda de forma ilícita le caerá “el máximo rigor” del Código Penal.\nEl destino de la mayoría de aquellos que violan las normas de convivencia social será la privación de la libertad, pero los cubanos se despertaron este lunes con una nueva norma nunca usada por la autoridad judicial que ha provocado más temor que la propia cárcel: sus nombres y las sanciones recibidas serán difundidos por todos los medios masivos (prensa escrita, radio y televisión) de comunicación de la isla.\nTodos los sistemas de comunicación de las 14 provincias cubanas hicieron público ayer un texto publicado en el Granma, periódico del PCC, dirigido a la población en general en el que se advierte que cualquier intento de violar la ley o las normas de convivencia social recibirá una rápida y enérgica respuesta.\nEl paso de los huracanes Gustav e Ike dejó al descubierto redes de personas dedicadas al hurto y venta ilícita de alimentos, materiales de construcción; así como la sustracción de combustible, cables eléctricos y telefónicos, angulares de torres de alta tensión, entre otros artículos vitales para la economía cubana.\nEl texto califica de “detestable” la conducta de los inescrupulosos que intentan sacar provecho de necesidades apremiantes de los ciudadanos o de los rumores “echados a rodar por el enemigo y quienes aquí le hacen eco”, sobre ficticias subidas de precios o escasez de productos que motivan compras excesivas y el consiguiente desabastecimiento momentáneo.\nGranma aseguró que en las actuales circunstancia no está previsto un incremento de precios de ningún bien de primera necesidad, normado, de venta liberada u ofertado en las tiendas recaudadoras de divisas, y confirmó que la autoridad estatal decidió, a partir del lunes, mantener en los mercados agropecuarios estatales y puntos de venta los precios que existían antes de los huracanes.\nJuan Balboa, corresponsal, El Universal, 30 de septiembre.


Guatemalteco Rafael Cuevas recibe Premio Miguel Ángel Asturias\nGuatemala, 27 dic (Prensa Latina) El viceministro guatemalteco de Cultura y Deportes, Cristhian Calderón, entregó hoy al escritor Rafael Cuevas el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2021.\nEn un acto en el capitalino Palacio Nacional de la Cultura, Cuevas recibió el máximo galardón por sus aportes a la narrativa, así como sus ensayos sobre filosofía, política y educación.\nEl Consejo Asesor para las Letras valoró, además, la trayectoria y legado del también poeta y pintor, quien reside permanentemente en Costa Rica desde 1983.\nCuevas es autor de obras de narrativa y cuento, junto a decenas de ensayos académicos, reconoció el jurado integrado por Gladys Tobar, Guísela López, Amílcar Zea, Víctor Muñoz y Luis Aceituno.\nAl leer el acta oficial, Tobar resaltó que la obra de Cuevas es importante «por el alcance a nivel internacional, por su preocupación por el lenguaje y la prosa poética, lo que en su conjunto refleja las hablas centroamericanas y en su temática, la posguerra y las migraciones».\nEl escritor y artista sufrió el secuestro y desaparición de su hermano, Carlos Ernesto, en 1984, así como de otros miembros de su familia durante el conflicto armado interno en Guatemala, hechos que marcaron su enfoque temático-literario.\n«Lo que quedó de ese tiempo apocalíptico fue una Guatemala desgarrada, cuyas consecuencias vemos hoy en día cuando miles de compatriotas tienen que partir fuera de nuestras fronteras para tratar de encontrar formas más dignas de vida; cuando nos asecha la violencia y el Estado se descompone por la corrupción del crimen organizado», declaró hoy.\nEl autor aseguró que reencontrarse con la Universidad de San Carlos por medio de la candidatura literaria es de gran significado y agradeció también al jurado del Ministerio de Cultura, a Costa Rica por recibirlo por décadas y a la Universidad de ese país por darle empleo.\nComo parte del premio, recibió diploma, medalla de oro y un aporte económico, y se publicará una de sus obras en la Editorial Cultura.\nEntre sus publicaciones sobresalen «Como el aire», novela ganadora del Premio UNA-Palabra 2019, de la Universidad Nacional de Costa Rica; «Al otro lado de la lluvia» y «Vibrante corazón arrebolado».\nAunque lleva cerca de 30 años fuera de su país natal, nunca ha dejado de sentirse guatemalteco porque le expulsaron entonces razones políticas como ahora razones económicas hace que miles se vayan… somos un país que expulsa gente, confesó al diario Prensa Libre a principios de diciembre de este año.\n«Guatemala es un país hermoso y poderoso culturalmente y regreso siempre conmovido por su gran personalidad y contrastes», agregó.\nEn ese momento, dedicó este galardón «a los desaparecidos y a todas las víctimas de la guerra interna que seguimos viviendo en la impunidad».\n#Guatemala #literatura #PremioNacionalMiguelÁngelAsturias #RafaelCuevas\nSurcorea y Singapur fortalecen cooperación en sector de seguridad


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