UN Periódico - Especial: Cambio de Rumbo - Universidad Nacional de Colombia Especial: Cambio de Rumbo: UN Periódico - Especial Tumaco: Universidad Nacional de Colombia\npara cambiar de rumbo\n| TOCAR FONDO PARA CAMBIAR DE RUMBO\nLa ruta de la pandemia y sus enseñanzas\nEn Colombia, como en muchos otros países, el virus llegó con los turistas y viajeros del exterior, por lo que los primeros enfermos se asentaron en los barrios y hoteles de las clases altas y medias de las grandes ciudades. Rápidamente la mancha del contagio se desplazó hacia los barrios populares en los que se instaló y se expandió de manera exponencial.\n20.06.2021 Creado por Darío I. Restrepo y Jairo Orlando Villabona. Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)\nLa pandemia desenmascaró las vulnerabilidades de una población en su mayoría, pobre. Crédito: Unimedios\nEl “efecto derrame de las clases altas a las bajas” hizo evidente la geografía de la pobreza, la discriminación y las vulnerabilidades. El virus se combate especialmente mediante el distanciamiento social –advirtieron los expertos–, el cual no podían cumplir unos habitantes hacinados en sus hogares y conminados a desplazarse largas distancias en los atiborrados transportes públicos. “Trabajen desde la casa mediante medios virtuales”, fue la segunda gran recomendación, extraña para una población con poca conectividad virtual y cuyos oficios informales requieren salir a la calle para ganarse el sustento diario.\nEntonces vino un primer gran suspiro... para algunos. Se anunció que todos podíamos contagiarnos, pero los decesos se concentraban en la población con condiciones médicas adversas: deficiencias cardiovasculares, tensión alta, diabetes, obesidad y mala salud general.\nUna vez más, las vulnerabilidades ante el virus se ensañaron con la población pobre que concentra precisamente dichas falencias de salud, todas derivadas de sus adversas condiciones de vida, alimentación y trabajo. El pánico temprano que desató la vertiginosa expansión del virus trató de morigerar cuando se advirtió que la mayoría de los muertos se encontraban entre la población de mayor edad. Sin embargo, esta está expuesta con intensidad diferencial al contacto de jóvenes, familiares, vecinos y trabajadores portadores potenciales del virus.\nUna primera gran enseñanza: la pobreza, el hacinamiento en los hogares, la informalidad y precariedad laboral explican la intensidad de la geografía socioterritorial de la pandemia. También indican el rumbo de reformas de largo aliento para construir una sociedad más segura, solidaria y saludable.\nLa sociedad volcó la atención sobre los servicios médicos y el personal de la salud, a los que se les reconoció su función esencial en la salvaguarda de la vida. No fue entonces posible ocultar la injusta remuneración de nuestros héroes aplaudidos, la escasa y deficiente dotación para su seguridad personal y la de sus pacientes.\nLa pobreza, el hacinamiento en los hogares, la informalidad y precariedad laboral explican la intensidad de la geografía socioterritorial de la pandemia. Crédito: Unimedios\nEn el hogar, el procesamiento de los alimentos, la limpieza y mantenimiento, así como el cuidado de unos a otros, pero sobre todo a los más expuestos y vulnerables, se reconoció crucial. Las funciones de reproducción en el hogar y las comunidades son anteriores a las de “producción” en el mercado. Las primeras son condición de las segundas.\nEn nuestra sociedad el cuidado está feminizado, es decir son más las mujeres que los hombres las que se ocupan de la crianza, los alimentos, la limpieza y la atención de los enfermos. Sin embargo, esas prácticas han sido invisibilizadas socialmente y están subvaloradas.\nTercera enseñanza importante: aquellos sectores sociales cuyas labores se han despreciado, desconocido y estigmatizado –como el trabajo de los artesanos, de los campesinos y de las mujeres–, aparecieron como sostén mismo de la vida en sociedad.\nLa crisis sanitaria se convirtió en crisis social y económica. Los logros de las políticas sociales de las últimas décadas se esfumaron en meses: volvieron el desempleo, la pobreza, la miseria, se incrementó la flexibilidad laboral y aumentó de golpe la explotación del trabajo por medios virtuales. El Gobierno debía actuar y lo hizo tarde, tímidamente y mal. La ortodoxia neoliberal siguió pregonando que era necesario restringir el gasto público para honrar la deuda externa y que aumentar los ingresos, salarios, subsidios y crear una renta básica significativa generaría una temida inflación que espantaría a los inversionistas.\nAlgo parecido pasó con el apoyo al pago del 40 % de un salario mínimo de las nóminas; estas se quedaron en las grandes empresas. Solo el 2,8 % del PIB –uno de los más bajos de América Latina– fue consagrado a resolver la crisis económica. El sector financiero alardeó de generar más de 12,5 billones de pesos en utilidades el primer año de la pandemia; mientras la economía se contrajo el 7,4 %, el desempleo subió al 19,8 %, la informalidad rebasó el 60 % y la mortandad empresarial se cuenta por miles. Ante la magnitud del desastre, la orgullosa tecnocracia neoliberal colombiana acentuó los rasgos de sus políticas y con ello su incompetencia.\nLa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que la pandemia ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región y de Colombia, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad. La agenda alternativa es clara: se requiere una reforma tributaria progresiva que demande más a los que más tienen, se deben bajar las tasas de interés para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas, masificar una renta básica universal digna, disminuir al máximo los costos de intermediación del sector financiero y renegociar la deuda externa.\nLas características del modelo de desarrollo de largo plazo construyen vulnerabilidades y fortalezas ante las pandemias y crisis económicas de gran escala. Colombia emprendió un proceso de desindustrialización y desagriculturización desde 1970. El sector minero-energético, los servicios, la construcción y de manera creciente el sector financiero lideran las actividades económicas. Los empleos en el sector manufacturero son más estables y mejor remunerados que en los servicios. La proporción de ocupados es mucho mayor en la agricultura que en el sector minero-energético, el masivo empleo generado en la construcción es de los peores remunerados y los bancos crean muy poco empleo respecto de la cantidad de capital que mueven.\nHemos edificado un modelo de crecimiento económico que flexibiliza y precariza el trabajo, a la vez que concentra socioterritorialmente el desarrollo económico.\nEl comercio y la producción se contrajeron, se disparó el desempleo mientras se constreñían las actividades propias de los sectores informales. Crédito: Unimedios\nReemprender un proceso no monopolizado de industrialización y de activación del campo no solo aportaría desarrollo, ingresos y capital a la economía, sino que construiría fortalezas de largo plazo en el mercado laboral y la sociedad. También es imperativo emprender la transición energética que nos libere de la sobredimensionada dependencia de actividades altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza. Además, el mercado nacional se puede ampliar mediante el apoyo a sistemas económicos territoriales que descentralizan las oportunidades de desarrollo y bienestar. Si siempre fue cierto que desarrollo y conocimiento van de la mano, con más veraz ahora en la sociedad del conocimiento. Incrementar los presupuestos en todo el ciclo educativo, en investigación en ciencia y tecnología, así como en la distribución de redes de conectividad, son imperativos para apoyar la prevención y atención médica, el sistema educativo y el trabajo, el desarrollo y el goce efectivo de los derechos humanos.\nUn número creciente de científicos advierten que las pandemias tienen origen en este desorden a gran escala de los ciclos y circuitos ambientales. Es por ello que los sistemas económicos, las instituciones y la organización de la sociedad deben asumir plenamente las consecuencias de formar parte de sistemas socioambientales. No se trata de pensar meros límites a la depredación de los equilibrios naturales. Más allá de “los derechos de la naturaleza”, hay que convertir todas las relaciones sociales, económicas e institucionales en relaciones socioambientales sostenibles para la reproducción enriquecida de la vida.\nLa pandemia transitó desde las clases altas hasta las bajas, exacerbó las desigualdades entre centros y periferias, mostró la inconveniencia de la privatización de la salud como bien mercantil, llevó a cuestionar aspectos centrales del modelo de desarrollo, de la política económica y social. Al final la pandemia desnudó una crisis de civilización. La crisis sanitaria y política nos hace más sinceros pues desnuda las fallas estructurales de nuestra construcción social y por ello abre un debate sobre las reformas necesarias a emprender y sobre la transición deseable hacia una sociedad más incluyente y solidaria. Contribuir a este debate es el reto de este proyecto editorial de la “Red de centros de investigación en alternativas programáticas” de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). En total, 24 trabajos elaborados en el seno de 16 grupos de investigación y sometidos a un debate colectivo.\nPodcast: Reforma a la fuerza pública, más necesaria que nunca\nRenta básica: urgente y posible\nLa crisis social y económica por la que atraviesa el país requiere de una intervención pronta del Estado, a todo nivel, de manera coordinada y corresponsable. La pandemia del COVID-19 exacerbó los niveles de desempleo, inseguridad alimentaria, pobreza e inequidad que forman parte de la historia colombiana.\nCuando se discutió el proyecto de ley que dio lugar a la Ley 100 de 1993 –creadora del actual sistema de seguridad social– se enfatizaron las bondades de la privatización del sistema pensional, en particular su benéfico impacto sobre la inversión y, en consecuencia, el crecimiento del empleo, además de su efecto propicio sobre las finanzas públicas 1 .\nEquidad socioterritorial requiere un cambio estructural\nAnte los miles de muertos que ha dejado el COVID-19, la profunda crisis económica, social e institucional y las crecientes movilizaciones en busca de reivindicaciones tanto coyunturales como históricas, en Colombia queda clara la necesidad de avanzar en la construcción de nuevas relaciones sociales que logren la equidad en el bienestar social y la sustentabilidad socioambiental.\nPropuestas para una política de tierra de largo aliento\nLas profesoras Marta Juanita Villaveces Niño y Yesenia Parrado Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Económicas explican en el programa Análisis UNAL de Radio UNAL (98.5 FM), su propuesta para identificar qué está fallando en las políticas de tierra en el país.\nLa pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia los problemas relacionados con la desigualdad en el acceso de los medicamentos; ejemplo de ello es que varios países han reportado desde mayo que ya vacunaron a toda su población, mientras que otros ni siquiera la han empezado.\nHacia el desarrollo con un sistema tributario progresivo y eficiente\nLa globalización económica generó una gran competencia fiscal internacional que llevó a los sistemas impositivos a una desfiscalización. En el caso del impuesto de renta de las personas naturales, el sistema sintético 1 del impuesto se fue diluyendo debido a que el volumen de ciertas rentas que recibían un trato fiscal más ventajoso fue en aumento. En razón a esta situación, actualmente este sistema se combina con los sistemas duales 2.\nPolíticas del cuidado: un nuevo contrato para la reproducción social y de la vida\nCon la pandemia y las cuarentenas obligatorias, muchos colombianos tuvieron que hacer su vida en casa con lo cual se evidenció un problema de cuidado, de salud y de alimentación.\nCiencia y tecnología, esenciales para un modelo social alternativo1*\nLa ciencia y la tecnología (CyT), entendidas de manera amplia como la utilización de medios con arreglo a fines, no son un campo del conocimiento vacío de intereses políticos, sociales y culturales.\nGlobalización financiera y la deuda pública en Colombia\nEl profesor Daniel Libreros y el investigador Diego Carrero, del Centro de Pensamiento de Política Fiscal UN reflexionan sobre el orden financiero internacional y deuda pública en Colombia, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.\nCrédito: Brandon Pinto\nLa manifestación –que en su mayor parte ha sido pacífica– también ha tenido una cara violenta que ha dejado ver inconformidades frente a las acciones de la fuerza pública y sus excesos, la brutalidad policial y el uso desproporcionado de gases lacrimógenos, aturdidoras e incluso, asesinatos de quienes protestan a manos de cuerpos policiales.\nEn este podcast desarrollado por Radio UNAL, participan el profesor Jairo Estrada, del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales UN y el investigador Alfredo Manrique.\n20.06.2021 Creado por Andrés Montenegro, Periodista UN Periódico Digital\n20.06.2021 Creado por Diego Carrero y Jorge Espitia. Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)\nUna de las soluciones más viables pero un tanto invisibles para el Gobierno ha sido la propuesta de una renta básica de emergencia para los hogares en pobreza y vulnerabilidad. Crédito: Unimedios\nSegún el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a marzo de 2021 el número de desempleados creció un 15,8 % al pasar de 2.969.000 ciudadanos en marzo de 2019 a 3.437.000. En las 13 principales ciudades, con sus respectivas áreas metropolitanas, el número de desempleados aumentó un 34 %.\nLo anterior presenta niveles de heterogeneidad en el territorio. Por ejemplo, el nivel de pobreza en Cúcuta es del 53,5 %, la serie trimestral de desempleo muestra que en Bogotá este valor aumentó en un 74,2 % respecto al valor del año anterior. En 2020 el número de hogares con una comida diaria en la capital era de 2.889 y en marzo de 2021 fue de 668.632 hogares, lo que traduce un incremento del 22,75 %.\nEsta crítica situación lleva a plantearse: ¿qué tipo de medidas son necesarias para atender la crisis? Una de ellas está asociada con una renta básica de emergencia para los hogares en pobreza y vulnerabilidad.\nSegún el DANE y los estándares internacionales, los miembros de un hogar se pueden clasificar en cuatro categorías:\nEn pobreza, cuando las personas del hogar viven por debajo de la línea de pobreza definida por el DANE. Este valor corresponde en todo el país a 11.000 pesos diarios, en Bogotá a 15.000 pesos, en las cabeceras municipales a 12.000 pesos y en las zonas rurales a 7.000 pesos.\nEn vulnerabilidad se encuentran las personas que viven con un ingreso diario superior a la línea de pobreza e inferior a 22.000 pesos.\nEn clase media si su ingreso diario es superior a los 22.000 pesos e inferior a los 118.000 pesos.\nEn clase alta si el ingreso es superior a los 118.000 pesos diarios.\nEn términos de hogares, la clasificación en Colombia está asociada con el número de miembros del hogar. Un hogar unipersonal pertenece a la clase alta si tiene un ingreso mensual superior a los 3.520.360 pesos. Sin embargo si ese hogar tiene ese ingreso para distribuirlo entre dos personas, ya es de clase media, si es de tres miembros pasa a vulnerable, y si es de 4 personas está en pobreza.\nCabe recordar que la Gran Encuesta Integrada de Hogares –publicada por el DANE en 2019– muestra que la población ocupada asciende a cerca de 21,5 millones de personas, con un ingreso total de 26,7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 % tienen un ingreso inferior a 1 smmlv, es decir 908.526 pesos, unos 247 dólares; el 39 % un ingreso total entre 1 y 2 smmlv, y un 8 % con un ingreso total entre 2 y 3 smmlv.\nTe puede interesar: Mujeres y jóvenes, los más afectados con la situación de pobreza en Colombia.\nEs importante mencionar que en Colombia la “clase media” se encuentra claramente concentrada en los niveles de ingreso que bordean la vulnerabilidad. De los 12,5 millones de personas que pertenecen a la clase media, el 10 % tienen un ingreso inferior a 1 millón de pesos mensuales y 3,5 millones de personas un ingreso entre 1 millón y 1,5 millones.\n¡Una renta básica, ya!\nEn este contexto se hace necesario impulsar una renta básica de emergencia que les permita a los hogares atender sus necesidades, pues la crisis económica ha limitado sus ingresos y reducido sus ya precarios ahorros.\nA efectos de mostrar que esta renta es factible desde el punto de vista financiero, se realizaron 2 diferentes escenarios y se discutieron las posibles rentas que la financiarían.\nEscenario1. Garantizar a cada una de las personas en pobreza un ingreso igual a la línea de pobreza según su dominio geográfico. El costo de esta intervención sería del 3 % del PIB al año, con lo cual se estaría garantizando que todos los ciudadanos en pobreza tengan un ingreso igual a la línea de pobreza, es decir que desde el punto de vista monetario no habría pobres. Incluso aquí se debe pensar en los posibles hogares en vulnerabilidad o de la clase media que han podido caer en pobreza en estos primeros meses de 2021.\nEscenario2. Garantizarles a cada uno de los miembros del hogar en pobreza un ingreso igual a la mitad de 1 smmlv. El costo de esta intervención sería de 6 % del PIB al año, y cabe anotar que la mitad de 1 smmlv es superior a la línea de pobreza en todos los dominios geográficos que el DANE calcula.\nColombia es un país cuya población tiene ingresos bajos con contratos laborales precarios, lo que hace que una situación de crisis prolongada como la que se ha vivido con la pandemia lleve a muchos hogares a situaciones de vulnerabilidad o de pobreza. Crédito: Unimedios\nLa reforma tributaria es posible y necesaria. Posible en el marco de los altos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza que hay entre el 1 % y el 1 x 1.000 de las personas naturales más ricas, como también existe en las empresas.\nEn el caso de las personas naturales, el 51 % de los ingresos brutos declarados ante la DIAN se concentran en el 10 % de las personas más ricas, el 25 % en el 1 %, y el 12 % en el 1 x 1.000 más rico. En cuanto al patrimonio, estos mismos valores son de 56, 27 y 14 % respectivamente.\nPuedes escuchar: Reducir de 3 a 2 comidas diarias en los hogares, un problema antiguo en Colombia.\nEn el caso de las empresas, la información de la Superintendencia de Sociedades muestra que de las 10.000 empresas más grandes del país, 80 concentran el 50 % del patrimonio, y unas 5.000 sociedades tienen un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Respecto a los ingresos operacionales, 300 de ellas contabilizan el 50 % del total. Los registros administrativos de la DIAN muestran que 48.000 empresas declaran el 95 % del patrimonio total, 4.800 el 84 % y 480 el 66 %.\nDe igual manera, en el caso de las personas naturales se encuentra que la tarifa efectiva de tributación es mucho más favorable para aquellas que tienen altos niveles de ingreso.\nPor ejemplo las personas que pertenecen a los niveles de ingreso bajos, y que declaran ante la DIAN, tienen que liquidar sus impuestos sobre el 75 % de sus ingresos brutos, mientras que una que pertenezca a los niveles de ingresos más altos lo hace sobre el 26 %. Así mismo se observa que la tasa efectiva de tributación de los asalariados es 3 veces la de los rentistas de capital y del resto de personas naturales que no son ni asalariados ni rentistas de capital.\nEl tratamiento en tarifas entre contribuyentes que tienen el mismo nivel de ingresos con fuentes diferentes es injusto.\nEn ese orden de ideas, la reforma tributaria requerida debe tener como premisa la de gravar de manera justa los ingresos y el patrimonio de las personas naturales y de las empresas, con base en tarifas diferenciadas que cumplan con los principios de progresividad y equidad.\nLas diferencias entre las tarifas efectivas tributarias y las tarifas nominales obedecen a los privilegios fiscales otorgados a través del Estatuto Tributario, los cuales no tienen ningún tipo de seguimiento ni evaluación y deben ser eliminados en el corto y en el mediano plazo del Estatuto Tributario. Por eso se debe pensar en eliminar los beneficios otorgados recientemente a través de la Ley 2010 de 2019.\nEn caso extremo se puede pensar en un crédito de mediano y largo plazo del Banco de la República al Gobierno nacional, garantizado a partir de los excedentes financieros de Ecopetrol y de ISA, por ejemplo.\nLa unidad de gasto con mayor capacidad de generar recursos es la Nación, de ahí la necesidad de una reforma fiscal progresiva y justa, sin que ello deje al margen la necesidad de fortalecer las finanzas de las entidades territoriales –en especial las municipales– a través de un incremento de las tarifas prediales o actualización de los valores catastrales, pues en la mayoría de los predios de las principales ciudades hay una brecha que oscila entre el 30 y el 70 % del avalúo respecto al valor comercial.\nPor último, la puesta en marcha de un impuesto que contemple el uso y la vocación del suelo, de tal manera que se graven aquellas unidades productivas que hacen un uso inapropiado de la tierra.\n20.06.2021 Creado por Óscar Rodríguez Salazar. Profesor e integrante del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) / Decsi Arévalo. Grupo de Protección Social\nSegún el informe de Colpensiones de 2019, en abril de ese año, a través del Programa BEPS se otorgaron 21.957 anualidades vitalicias con un valor que resulta muy por debajo de la línea de pobreza. Crédito: Unimedios\nMás de 28 años después de establecida dicha ley, se cuenta con evidencia empírica para corroborar que el sistema no contribuyó al crecimiento económico, no tuvo efecto significativo sobre el ahorro nacional y no impactó favorablemente la extensión de la relación salarial. Como resultado de ese desempeño se observa que no hubo un aumento de la cobertura –ni de afiliación (33 % de afiliados son cotizantes) ni de protección (solo el 30 % de los mayores de edad tienen acceso a una pensión)–, y la tasa de reemplazo ofrecida por el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) es tan baja que bordea el 30 %.\nEn las últimas décadas, cada vez que se tramita una reforma fiscal se hace alusión a la “imperiosa necesidad” de reformar el sistema pensional con el objeto de atenuar su impacto sobre el desequilibrio de las finanzas públicas. Un camino que recoge esas ideas es el presentado por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), organismo que apoyaba la reforma fiscal de Duque-Carrasquilla a la vez que clamaba por un “pacto social” (Reformas para una Colombia Post-Covid-19), en el que se propendía por un sistema pensional basado en el esquema de pilares, cuyo segundo pilar sería contributivo con múltiples mecanismos de ahorro ofrecidos por diferentes intermediarios financieros.\nPuedes leer: Inequidad, una marca indeleble del Sistema de Seguridad Social.\nRecientemente, entidades como Asofondos, OCDE, ANIF, Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda consideraron que los ajustes sugeridos al sistema pensional en Colombia necesariamente van más allá de una reforma laboral, que tiene entre sus objetivos la reducción del salario mínimo legal vigente (smlv) .\nCon el Decreto 1174 de 2020 –que regula el piso de protección social– se avanza en esa dirección al implantar el trabajo por horas, abandonar el sistema de aseguramiento en pensiones y situar los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como eje de la protección para la vejez. Según el informe de Colpensiones de 2019, en abril de ese año, a través del Programa BEPS se otorgaron 21.957 anualidades vitalicias (pág. 79) con un valor promedio de 166.396 pesos bimestrales –contando desde que se inició el programa–, una cifra que resulta muy por debajo de la línea de pobreza (257.433 pesos mensuales) y aún de pobreza extrema (117.605 pesos mensuales).\nLa propuesta alternativa de protección a la tercera edad parte del traslado de los afiliados del RAIS a Colpensiones. Crédito: Brandon Pinto - Unimedios\nCon esas propuestas resulta imposible cambiar la ineficaz dinámica creada por un sistema pensional basado más en el lucro y menos en establecer un sistema de protección social que le garantice a la población una vida digna.\nEl régimen de pensiones basado en el ahorro individual y en la administración privada ha tenido dos efectos perversos y concomitantes: la monopolización de la economía –con su efecto colateral de concentración del ingreso– y el apoyo a sectores económicos sin vocación para generar empleo .\nLos conglomerados económicos poseen el 80,5 % de los activos del sistema financiero (Superfinanciera, 2020); dos de esos conglomerados (AVAL y Bancolombia) poseen el 82 % del valor de los fondos; el 81,2 % del valor de las acciones del sector financiero adquiridas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) se dirigen a entidades de los Grupos AVAL y Bancolombia, y cerca del 40 % de las acciones del sector no financiero van a entidades de esos grupos y al Grupo Empresarial Antioqueño, al cual pertenece Bancolombia.\nEn la colocación de acciones del sector no financiero se aprecia que el 63,2 % va a empresas del sector energético-minero y el 10 % a construcción. A partir de los datos del DANE, entre 2015 y 2019 en conjunto el sector energético y el minero participan con el 1,5 % en el empleo nacional y el ramo financiero con el 1,4 %. En ese mismo periodo, la rama de suministro de electricidad, gas y agua aumentó su ocupación en 12,9 %, la financiera en 1,3 % y la de explotación de minas y canteras decreció en 14 %.\nPuedes ver: BEPS: ¿una garantía pensional?.\nAsí, un nuevo modelo pensional que garantice pensiones adecuadas, mayor cobertura y democratización económica, a la vez que atenúe el impacto sobre las finanzas públicas liberando recursos para política social, implica el marchitamiento del RAIS .\nLa propuesta alternativa de protección a la tercera edad parte del traslado de los afiliados del RAIS a Colpensiones, situación que permitiría realizar el pago de las pensiones que se generan en todo el sistema sin el traslado de recursos del Gobierno a Colpensiones.\nAl observar la tendencia en los aportes y los pagos pensionales en la suma de los dos regímenes se aprecia que ya en 2019 el total de aportes cubría las prestaciones (tabla 1).\nTabla 1. Cotización y pensiones en el sistema general de pensiones (RPM-Colpensiones y RAIS-AFP), 2015-2019\nFuente: elaboración propia con base en Superfinanciera (2020) y Colpensiones (2019).\nLa nueva institucionalidad de esta propuesta tiene un referente histórico en la comisión asesora de inversiones cuyo objetivo fue vigilar cómo se invertían las reservas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP) y de invalidez, vejez y muerte (IVM) , que funcionó en el ICSS en 1968, una iniciativa de Adolfo Zea presidente del ICSS.\nLa Junta que proponemos para regular el portafolio de inversiones realizadas con base en el ahorro pensional debe ser autónoma; su composición y las características de sus integrantes, así como el régimen de inhabilidades, será el resultado de una discusión de los aportantes al sistema de pensiones (asalariados, trabajadores independientes, patronos, academia, entre otros). Al establecer el portafolio de inversiones se deben conjugar dos criterios: garantizar la estabilidad financiera del sistema a la vez que se asegure una adecuada tasa de reemplazo, y tener efectos sobre el sector real de la economía para que se aumente la cobertura de afiliación al sistema pensional, privilegiando sectores económicos que extiendan la relación salarial.\nColpensiones. 2019. Informe de gestión. Bogotá: Colpensiones. Recuperado de https://www.colpensiones.gov.co/Documentos/informes_de_gestion\nRodríguez Salazar, Óscar. (2017). El rentismo financiero y la vulnerabilidad social: el caso de las pensiones en Colombia. En Óscar Rodríguez (Ed.). La protección social bajo el reino del mercado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.\nSuperintendencia Financiera. (2021). Cifras. Pensiones, cesantías y fiduciarias.\n Rodríguez-Salazar, Óscar. 2019. Las reformas a la seguridad social: transformaciones en el sistema de creencias, el régimen de acumulación y el campo del poder. En Décsi Arévalo (Ed.). Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.\n Un análisis de estas propuestas se puede encontrar en Rodríguez Salazar (2017).\n Arévalo, Decsi. 2019. Concentración del capital y fragmentación social, dos efectos del sistema de aseguramiento pensional en Colombia. En Décsi Arévalo (Ed.). Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia\n La sustentación de esta propuesta se podrá consultar en el artículo “El sistema pensional como negocio financiero monopoliza la economía y otorga pensiones mínimas. La protección social para la vejez pasa por marchitar el RAIS”, próximo a publicarse en el libro coordinado por los profesores Darío Indalecio Restrepo y Jairo Villabona.\n Esta junta estuvo integrada por Jorge Luis Lara, como representante del presidente de la República; Roberto Salazar Gómez y Arturo Aparicio Jaramillo como representantes de los patrones, y Luis Alfonso Perdomo por el sector laboral. Ver Acta no 366, Consejo Directivo del ICSS, sesión del 101 de julio de 1968.\n20.06.2021 Creado por Darío Indalecio Restrepo Botero* / Camilo Andrés Peña Galeano**\nLa inequidad socioterritorial se desdobla en las ciudades, las cuales construyen segregaciones socioespaciales de acceso a los servicios y oportunidades. Crédito: Pablo Cuellar - AFP\nUn reto mayor es evitar que los ingresos y propiedades, el sexo, la etnia, o el territorio segreguen la sociedad entre los que tienen oportunidades, derechos y privilegios, y aquellos a los que se les niegan estructuralmente.\nPara lograrlo es imprescindible avanzar en la consolidación de nuevas políticas económicas basadas en el principio de la equidad socioterritorial. Después de 30 años de letanía sobre el mercado autorregulado –que lo resolvería todo– el Estado está ha vuelto.\nLa privatización como principio ordenador de los servicios de salud y la seguridad social; la lucha contra la inflación como justificación para mantener bajos los salarios y las remuneraciones del trabajo; el equilibrio macroeconómico que impide mayores niveles de inversión pública, y la intermediación financiera que ha logrado “que todos trabajemos para los bancos”, presentan debilidad o síntomas de fracasar.\nLa promoción de exportaciones minero-energéticas y de la gran agricultura comercial son insuficientes para alcanzar mayores niveles de empleo, garantizar la soberanía alimentaria y construir oportunidades de desarrollo en los territorios alejados del centro andino extractor de las riquezas de sus periferias, es decir del resto del país.\nMientras a los países del norte y del sur global la combinación entre la crisis sanitaria y económica los ha llevado a quebrantar uno a uno los dogmas de la ideología neoliberal, en Colombia la tecnocracia se aferra a sus dogmas y profundiza la crisis.\nAunque suele afirmarse que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, lo que poco se advierte es que las inequidades sociales se “organizan territorialmente”. Así, el centro concentra las mayores riquezas públicas y privadas y las distribuye –según la malla de sus intereses– en territorios específicos, y el sistema de transferencias territoriales otorga más recursos a los departamentos y municipios más desarrollados.\nLos 170 municipios de intervención prioritaria a partir del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 concentran mayores niveles de pobreza, violencia, ilegalidad y precariedad administrativa y fiscal propia, y aun así reciben menos transferencias por persona que el promedio de los municipios del país.\nLas diferencias entre las ciudades y los municipios de diversas zonas alejadas del país son evidentes y marcadas. Aquí el municipio de López de Micay en Cauca. Crédito: Luis Robayo - AFP\nPara nadie es un secreto que en Colombia el éxito depende del lugar socioterritorial donde se nace. El acceso a servicios públicos, atención a la primera infancia, educación básica y superior, mercado laboral dinámico y crédito, entre otras tantas variables, están muy condicionadas por discriminación social y étnica, las cuales están territorialmente organizadas como constelación de derechos y negaciones.\nAunque el proceso de descentralización emprendido en los años 80 ha permitido una ampliación significativa en la cobertura de los servicios sociales básicos, también ha tenido un marcado énfasis en las ciudades y centros urbanos, dejando de lado a las zonas rurales.\nEn este contexto, las zonas rurales y muchos pueblos intermedios se convierten en expulsoras de población, particularmente de jóvenes que no encuentran otra opción que engrosar los barrios periféricos repletos de carencias. Esto refuerza la difícil situación de las zonas rurales, pues tienen que soportar el envejecimiento de su gente y las menores inversiones públicas, pues estas no se dirigen de forma prioritaria a lugares donde se reduce la demanda (vía Sistema General de Participaciones) o donde no hay votantes (en el caso de las demás inversiones).\nLa primera tarea para equilibrar el desarrollo entre regiones, departamentos y municipios, y entre el campo y la ciudad, es repensar la estructura del Estado en función de una mayor equidad socioterritorial, con todas las implicaciones en la equidad social y política que eso conlleva. Los cuantiosos y crecientes subsidios individuales no logran frenar la dinámica de la producción de la pobreza por una razón principal: la pobreza se produce por causas estructurales y se vive comunitariamente.\nAtender carencias específicas de los individuos no ataca las dinámicas de producción social continua de la pobreza, solo alivia los síntomas de unos y otros escogidos por programas asistenciales. Por eso, los programas sociales deben incluir los criterios de brechas sociocomunitarias que siempre se crean y reproducen territorialmente. Por lo tanto, se requiere de una gran financiación de la infraestructura básica para el desarrollo y el bienestar con enfoque sociocomunitario.\nLa segunda tarea es garantizar una adecuada provisión de factores de producción en los distintos territorios del país. La presencia de personal altamente capacitado, de infraestructura en buenas condiciones, de capacidades de investigación y desarrollo y de financiamiento tanto público como privado, se restringe territorialmente a las grandes ciudades. El aumento de las capacidades productivas de todos los territorios permitiría no solo cerrar brechas, sino también potencializar la economía nacional desde un enfoque territorial.\nSe trata entonces de fomentar los círculos virtuosos entre el crecimiento general de la economía y la posibilidad real de construir economías sólidas en los territorios más diversos. Todo esto en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que reconoce la integración a la nación de los territorios más afectados por el conflicto como condición sine qua non para construir una paz estable y duradera.\nPor último, la tercera tarea tiene que ver con lograr la sostenibilidad en dicho desarrollo. Atrás debe quedar la actual institucionalidad ambiental que le otorga un estatuto de segundo orden a la minería y los proyectos extractivos. El objetivo debe ser la primacía del ordenamiento socioambiental sobre el económico, social, político e institucional. La autonomía territorial –entendida como la apropiación social de las decisiones, circuitos productivos y de consumo territorial– es la vía esperada para acabar el círculo de las desigualdades socioterritoriales del país, uno de los más inequitativos del mundo.\n* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, director del grupo de investigación en Protección Social del CID-UN, coordinador de la Red de Grupos de Investigación Alternativas Programáticas UN\n** Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, miembro del grupo de investigación en Protección Social del CID-UN\n Según la RAE, significa ‘“sin la cual no’ no” y se emplea con el sentido de condición que resulta indispensable para algo.\nEn su tarea conjunta, revisaron un gran diagnóstico sobre las políticas de tierra e identificaron qué se ha hecho y qué ha quedado incompleto con relación a este tema en la historia del país. También abordaron la Reforma Rural Integral (RRI) y los puntos que entraron en el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, específicamente, donde se manifestaba que abordarían la deuda histórica de la tierra. Finalmente, analizaron qué quedó sobre este tema en el Plan Nacional de Desarrollo.\nEl acceso a los medicamentos es un problema de salud global que afecta sobretodo a los países más pobres. En junio de 2020, el Invima reportó un desabastecimiento de 26 medicamentos, cuya causa principal fue la falta de oferentes y de manufactura.\nDicha problemática se debe en gran parte a un modelo de innovación biomédica fallido. La profesora Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), destaca que “hace unos años solo el 4 % de los nuevos productos terapéuticos estaban destinados a atender las enfermedades de los países pobres; precisamente porque no son un mercado atractivo, no se generan soluciones innovadores para su sistema de salud”.\nLa profesora y farmacoepidemiología Claudia Vaca, explica que otro de los puntos clave, es que la innovación biomédica muchas veces es irrelevante pese a ser financiada con recursos públicos: “de 850 nuevos medicamentos que se registraron en la primera década del 2000, solo el 4 % (37 de las nuevas moléculas) estaban orientadas a enfermedades tropicales o de la pobreza como la malaria o enfermedad diarreica. Mientras que las demás estaban orientadas sobre todo a las enfermedades crónicas y algunas enfermedades que se presentan en los países ricos”.\nA estos dos puntos, aseguran las profesoras, se suman que no hay información abierta suficiente y la escasez de medicamentos esenciales como un fenómeno global.\n20.06.2021 Creado por Jairo Orlando Villabona Robayo. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)\nEn Colombia las herencias de los más ricos –que muchas veces están en paraísos fiscales– solo pagan el 10 % mientras en Japón pagan el 55 %, en Corea 50 %, en Francia 45 % y en Ecuador 35 %. Crédito: Unimedios\nEl sistema tributario colombiano está muy erosionado, como consecuencia –esencialmente– de la enorme cantidad de beneficios tributarios que no están adecuadamente justificados.\nEn las últimas décadas, a pesar de las múltiples modificaciones centradas en el corto plazo, los ajustes e incluso las reformas al sistema tributario colombiano, la recaudación tributaria en relación con el PIB no ha sido la más favorable (Villabona, 2015); Colombia ha sido uno de los países –en todo el mundo– que tiene una de las tasas más bajas de productividad y eficiencia en la recaudación de impuestos.\nLa baja productividad se puede explicar por la incorrecta administración de los tributos, una inadecuada planeación, la constante evasión y elusión de impuestos, la abundancia de tratamientos preferenciales, excesivas deducciones y exenciones sobre las rentas del capital, así como por la creciente economía informal.\nAl analizar los cambios en la estructura de recaudo de los impuestos correspondientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 1970 y 2020 (proyectado DIAN), se aprecia que el recaudo ha tenido un gran aumento a través del IVA, que pasó de representar un 9,4 % en 1970, al 41,9 % en 2020. Esta situación es altamente inequitativa y regresiva, si se tiene en cuenta que el IVA –como está diseñado en Colombia– es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad contributiva, situación que en el fondo afecta a las personas de ingresos medio y bajos. Además, como se muestra más adelante, el mismo impuesto de renta que, per se, debería ser progresivo, en Colombia también es regresivo.\nLas consecuencias adicionales de un sistema regresivo, inequitativo, ineficiente, sin una adecuada planeación, con una administración de impuestos politizada, con personal escaso, con sistemas de información ineficientes y desarticulados, como sucede en Colombia, trae como consecuencia una baja carga fiscal que se refleja en un bajo recaudo, insuficiente para cumplir con las obligaciones del Estado en educación, salud, vivienda, vías y demás programas sociales. En el caso colombiano, para 2017 la carga fiscal fue del 15,2 %, casi la mitad de varios países europeos, según cifras del Banco Mundial.\nEn Colombia la regresividad del sistema tributario contempla todos los impuestos, situación muy extraña a nivel global, máxime en un país que pertenece a la OCDE. Aquí el sistema de renta de personas naturales –como se ha demostrado en varios estudios– en los percentiles 99 y 100 tiene tarifas entre el 1 y 2 %.\nEn la declaración de renta de 2018 del senador Arturo Char –publicada en la página de la Función Pública– se observa que él recibió 516.377.000 millones de pesos por dividendos y no pagó un centavo de impuestos por este concepto; sin embargo, si esa misma renta hubiera correspondido a un trabajador, este habría pagado un impuesto de 82.870.000 pesos y un anticipo de 42.714.000 pesos, para un total de 125.584.000 pesos.\nAdemás de pagar un impuesto diferente, lo inconcebible es que la persona que recibe estos dividendos y no paga nada de impuestos es una persona que tiene un patrimonio bruto de 25.938.970.000 pesos y líquido de 16.794.693.000 pesos. Evidentemente, muy rico en un país como Colombia.\nEn Colombia se podrían plantear dos escenarios: el primero, eliminar las rentas cedulares o duales. En este caso todas las rentas se deben sumar e ir a una bolsa común para que no existan privilegios por tipo de actividad –como hoy existen para los dividendos– como se hace por ejemplo en Chile y Estados Unidos (Banco Santander, 2021). Si es así, debe existir una sola tabla con más rangos que los actuales, al menos 8 para mejorar la progresividad.\nEl segundo escenario corresponde al sistema dual o de rentas cedulares, pero aumentando la progresividad en las rentas no laborales.\nEstos dos escenarios generan una mayor equidad, ya que permiten que las rentas de capital, y especialmente las de los grandes accionistas de grupos económicos –que en esencia son de las personas que más riqueza acumulada tienen en el país–, paguen unas tarifas de impuestos más altas, como corresponde en un sistema tributario que se ajuste a los principios de progresividad.\nDe otra parte –y quizás aún más importante–, eliminar todos los beneficios fiscales que no permiten gravar los dividendos, y fijar unas normas para hacerlos gravables.\nUtilidad en venta de acciones: es increíble que los billones de impuestos que se debían generar para el país por la venta de Bavaria y cementeras no generaron ni 1 peso para Colombia.\nSerá siempre obligatorio decretar dividendos al menos en un 70 %, incluso si después se capitalizan, esto se hace en Chile.\nLos dividendos deben pagar impuestos aunque se decreten en acciones y aunque se repartan a otras sociedades.\nSe debe eliminar la figura de Compañías Holding Colombianas, incentivando crear empresas por ejemplo en Panamá para evadir impuestos.\nCuando se revisan los sistemas tributarios del mundo –en general todos capitalistas– se aprecia que las rentas de los altos ingresos tienen tarifas que van del 45 al 59 %; eso mismo se debe aplicar en Colombia, pero además se deben eliminar los grandes beneficios al capital para acercar la tasa efectiva o real a la tasa teórica o nominal, lo cual aumenta el recaudo en forma significativa y no afecta a más del 1 % de la población.\nSe deben evaluar los 229 beneficios actuales que vuelven el sistema muy complejo; además eliminar aquellos que no determinen un verdadero beneficio social representativo, y asignarse por un tiempo limitado.\nCada vez que se piense en establecer un beneficio fiscal se debe hacer el estudio costo-beneficio para cada uno de ellos, lo cual implica que el valor dejado de recaudar –que corresponde al costo fiscal– debería ser menor que el beneficio que está recibiendo la sociedad. Hacia el futuro solo en casos excepcionales se deben otorgar beneficios, podría ser para la ciencia y la tecnología o los sectores agrícola e industrial, que son los mayores generadores de empleo y desarrollo.\nEl mayor problema que genera inequidad en el mundo es la concentración de la riqueza. Una alternativa para ir revirtiendo esta situación es la implementación permanente del impuesto al patrimonio, y en el caso colombiano haciendo más progresivo el impuesto a las herencias.\nEn Colombia el impuesto al patrimonio opera a partir de 5.000 millones de pesos, cifra que es muy elevada y disminuye la posibilidad de un mayor recaudo. Crédito: Unimedios\nAsí mismo, se deben eliminar las operaciones con paraísos fiscales –incluido Panamá– si no permiten un intercambio de información automática de todas las operaciones y patrimonios de los colombianos en otros lugares. De otra parte, debe darse cárcel efectiva (sin casa por cárcel ni batallones) a los evasores de impuestos, no desde 5.000 millones sino desde al menos 500 millones de pesos de 2021.\nDe hecho, estas alternativas se aplican en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y permitirían en Colombia un recaudo, que no harían necesarias más reformas, esta sí es una reforma estructural y no afecta más del 1 % de la población.\n El sistema sintético es aquel que suma todas las rentas, las consolida y el impuesto se calcula en una sola tabla.\n Por lo general el sistema dual separa las rentas laborales de las demás; en Colombia además se hace una sola tabla para los dividendos aún más privilegiados.\nEsas políticas del cuidado se definen como un tejido social que se reproduce por fuera del mercado, que es en el hogar y que aún está muy feminizado y es tan importante como otros sectores económicos a los cuales la misma sociedad ha priorizado.\nEste es el tema que discutieron en el programa Análisis UNAL de UN Radio (98.5 FM) los investigadores y profesores Yenny Ramírez, Luisa Tovar y César Giraldo, del Grupo de Socioeconomía, instituciones y desarrollo UN.\n20.06.2021 Creado por Mario Hernández Álvarez*\nSe trataba de un nuevo esfuerzo de “alineación de incentivos”, como decía el exministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, para que los agentes del mercado de la salud orienten sus intereses particulares o su búsqueda de lucro hacia el interés general .\nEl argumento viene del neoinstitucionalismo económico del investigador estadounidense Douglas North , quien propuso entender las instituciones como las reglas que los Estados les establecen a los mercados para su operación. Allí donde estas reglas disminuyen los costos de transacción, habrá más rentabilidad y desarrollo económico. Uno de los más beneficiados con este enfoque ha sido el sector salud, denominado desde los años 70 como “complejo médico industrial”, protegido por los derechos de propiedad intelectual (DPI) y muy rentables por la vía de la especulación financiera .\nLa propuesta del “médico de familia” pretendía poner en marcha el modelo del gatekeeper –o portero inteligente– de las aseguradoras en Estados Unidos, que consiste en tratar de que los pacientes crónicos no se compliquen y no demanden atención costosa .\nPor esta vía, los problemas acumulados y profundizados por la pandemia no serían corregidos, porque la estructura misma del sistema no sería afectada y es allí donde están las causas de esos problemas. Es la intermediación financiera la que ha propiciado la extracción de rentas públicas mientras profundiza la desigualdad, el sufrimiento y la precarización laboral .\n* Médico, doctor en Historia, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la UNAL y miembro de la Red de Grupos de Investigación Alternativas Programáticas\n Es decir, la garantía del derecho fundamental a la salud, establecido en la Ley 1751 de 2015.\n Burlage R, Anderson M. (2018). The Transformation of the Medical-Industrial Complex: Financialization, the Corporate Sector, and Monopoly Capital. En: Waitzkin H, editor. Health Care under the knife. Moving Beyond Capitalism for Our Health. New York: Monthly Review Press: 69-82.\n Rubinstein A. (2002). El médico de Atención Primaria como Gatekeeper: ¿Marcus Welby o Joseph Mengele? Evidencia en Atención Primaria, 5(2): 2-4. En: https://www.fundacionmf.org.ar/visor-producto.php?cod_producto=662\n Hernández M. (2019). Sistemas universales de protecciones sociales como alternativa a la Cobertura Universal en Salud (CUS). Saúde Debate, 43(spe5), 29-43. En: https://scielosp.org/pdf/sdeb/2019.v43nspe5/29-43/es\n20.06.2021 Creado por Álvaro Zerda Sarmiento. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)\nLa actividad de CyT no debe ser un nodo aislado de toda una red de enlaces con diferentes frentes de actividad. Crédito: Unimedios\nLos procesos para su planeación, producción, desarrollo y circulación están marcados por intereses con diversos propósitos, en particular para el ejercicio del poder en beneficio de unos grupos sociales sobre otros, de unos países sobre otros.\nEsta situación ha definido en el mundo en general, y en Colombia en particular, el modelo antidemocrático de producir conocimiento y aplicarlo, con lo cual a lo largo del tiempo se ha configurado una sociedad profundamente desigual y contraria al bienestar humano en la que habitamos. Por lo tanto, es imperativo adoptar un nuevo enfoque para abordar las políticas de CyT en el país.\nComo cualquier tipo de conocimiento, la CyT están absolutamente situadas y se producen y desarrollan con unos valores que corresponden a una determinada civilización y sus élites, como ha señalado Feenberg . De tal manera, resulta que esta sirve a los intereses muy particulares de quienes se la apropian, y en esa medida logran solidificar la hegemonía con base en una supremacía técnica . Se ha configurado así una determinada civilización industrial –dominante en el contexto mundial– que lleva sus valores allí a donde penetre.\nLa actividad de CyT no debe ser un nodo aislado de toda una red de enlaces con diferentes frentes de actividad económica, social, política, de formación y capacitación, e incluso de financiación, sino un entramado de relaciones cruzadas al estilo de un modelo sociotécnico (Callon), más allá del análisis de lo eminentemente científico y técnico. Se trata de utilizar criterios de bienestar material que estén vinculados a la educación, la calidad ambiental y la satisfacción laboral, priorizando la afirmación de la vida (servir a las necesidades humanas en armonía con la naturaleza).\nPuedes escuchar: Propuesta del Gobierno en educación sigue siendo insuficiente.\nEstos criterios se deben desarrollar en principios que los sustenten y les den cuerpo, en torno a un sistema como el descrito en la figura 1.\nFigura 1. Colombia, Sistema Social para el Buen Vivir.\nEste gran sistema se debe componer por modos de interacción entre los subsistemas particulares de CyT, educación, financiero, laboral, productivo y de salud, y se caracteriza por sus formas de organización y lógicas de acción propias, pero con el propósito de generar sinergias que contribuyan a construir el buen vivir colectivo. En este plano es necesario considerar el papel que desempeña el sistema-mundo capitalista (Wallerstein) y la manera como el país se relaciona con él, que, en el nuevo modelo, deberá ser de autonomía y defensa de la estructuración de soberanía en los distintos planos de actividades y recursos.\nEl sistema ambiental, entendido como el gran sistema natural que contiene el subsistema económico, abarca el conjunto de la acción humana, en la medida en que es el que constituye y sostiene la vida en la perspectiva holística, la cual asume la teoría de la economía ecológica, cercana en este sentido a la concepción de las comunidades étnicas y su ontología del buen vivir.\nEl diseño de la política de CyT se puede constituir en una “forma básica de resistencia en el centro de la lucha social” (Feenberg, 2012, citado por Tula, 2015, p. 181). Esto, en la medida en que tiene que dar cuenta y buscar modificar el patrón tecnoeconómico adoptado, que no se refiere exclusivamente al diseño, la utilización y reproducción de “artefactos técnicos” al estilo del discurso normal sobre CyT, sino que contempla la sociedad en su conjunto y sus particularidades, en un país como Colombia.\nEstos propósitos requieren por lo tanto de un diseño institucional que los sustente y les dé cuerpo y posibilidades operacionales para alcanzar la democratización de la CyT con el propósito de instrumentalizar los medios con arreglo a esos fines, de manera que exista una participación amplia de sectores de la sociedad para que, en decisiones generales o nacionales que toquen con megaproyectos o macroproyectos, pero también en decisiones locales según sus necesidades, se supere la estrecha visión del juicio experto y permita la emergencia de nuevos bienes comunes.\nEsto implica una nueva forma de vernos entre nosotros (comunidad), de ver a los otros (alteridad) o de concebirnos en el mundo (humanidad).En ese sentido, el nodo de coordinación del nuevo sistema de CyT estaría conformado por un Consejo de Coordinación Nacional, integrado por:\nEl ministro de Ciencia y Tecnología.\nDos delegados del Sistema Universitario Estatal (SUE).\nUn delegado de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).\nUn delegado del Colegio Máximo de las Academias.\nUn delegado de la Federación Colombiana de Municipios.\nUn senador de la República.\nUn representante a la Cámara.\nDos miembros elegidos por pueblos y comunidades indígenas.\nDos miembros elegidos por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.\nDos miembros elegidos por comunidades campesinas.\nUn miembro de las comunidades rom o gitana .\nCapítulos de este Consejo se abrirían en 5 grandes regiones del país: el Gran Caribe, con inclusión del territorio insular; la región Andina, conformada por los departamentos del centro del país; el Gran Pacífico, desde Chocó hasta Nariño; y las de la Orinoquia y Amazonia, con complejidades y necesidades propias. En cada una de las regiones se constituiría el respectivo Consejo con representación de las comunidades presentes en ellas (figura 2).\nFigura 2. Colombia, Sistema Nacional de CyT.\nEn el sistema debe haber amplia participación de diferentes sectores de la población, lo que a su vez permita superar una de las limitantes en el avance hacia una mayor profundización en la sociedad, vale decir, la falta de apropiación de su importancia, no solo por parte de la mayoría de la población, sino especialmente por buena parte de la dirigencia política y económica.\n Feenberg, A. (2005). Teoría crítica de la tecnología. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 2(5), 109-123.\n Fischetti, N. (2014). Filosofía de la tecnología y democracia por Andrew Feenberg como emergente de la teoría crítica de Herbert Marcuse para el siglo xxi. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 9(26), 79-88.\n Tula, F., Giulliano, H. (2015). La teoría crítica de la tecnología: revisión de conceptos. Redes, 21(40), 179-214.\n Según el DANE, el 94 % de la población rom reside en Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Nariño y Bogotá.


Filip, el wearable que quiere tranquilizar a los padres | Movilonia.com Teléfonica lanzará Filip, un wearable para niños\nInicio » Noticias de telecomunicaciones » Filip, el wearable que quiere tranquilizar a los padres\nTelefónica lo distribuirá en España\nEl smartwatch cuenta con localizador y capacidad para albergar 5 números de teléfono.\nCon Filip los padres podrán tener localizados en todo momento a los más pequeños.\n06/03/2015.- Si algo ha dejado claro el Mobile World Congress 2015 es que los wearables son los dispositivos de moda, tanto entre los usuarios como entre los fabricantes, que parecen dispuestos a hacer un hueco en sus catálogos para estos gadgets. Sus funciones pueden ser meramente anecdóticas, pero también muy útiles, como demuestra Filip, un smartwatch para niños que permite a los padres saber dónde están sus hijos en todo momento.\nDesarrollado por el noruego Sten Kirkbak, el dispositivo, pensado para niños a partir de 4 años de edad, permite hacer y recibir llamadas, y su funcionamiento es bien sencillo, con sólo 2 botones: alarma y llamada. Los padres pueden incluir hasta 5 números de teléfono en la agenda con los que comunicarse, ya sea por voz o por mensajes de texto, que sólo pueden ser recibidos, no enviados, ya que Filip no cuenta con teclado.\nComo otras muchas novedades, Filip ha sido anunciado durante el presente Mobile World Congress de Barcelona. Este reloj inteligente cuenta con localizador, y se puede saber dónde está el niño en todo momento gracias a una aplicación a descargar en el móvil. Por otro lado, gracias al smartwatch se podrán configurar zonas seguras. Es decir, si el niño sale de la zona determinada saltará una alarma que avise a los tutores inmediatamente.\n«En caso de emergencia pulse el botón rojo»\nHablando de alarmas, Filip incluye también un botón rojo que, al pulsarlo, permitirá localizar al niño y comenzará a llamar a aquellos miembros que hayan sido configurados en la lista de contactos hasta que alguien responda.\nFilip busca dar tranquilidad a los padres.\nUn dispositivo que en Estados Unidos ya se ha empezado a comercializar por mediación de la compañía AT&T por 140 dólares, unos 126 euros al cambio. En Europa y Latinoamérica será Telefónica la que se encargue de su distribución, previsiblemente a un precio similar al del mercado norteamericano.\nLG Kizon, el ‘wearable’ para niños


Campus de Hockey Línea de Canfranc, última semana - Ojos Pirenaicos\npor ojospirenaicos · 1 septiembre, 2017\nEl equipo en el Polideportivo de Canfranc\nDespedimos los Campus de Pretemporada de Hockey de Canfranc con el grupo de los más mayores, que han demostrado una vez más haber pasado una semana deportiva y divertida en el Valle de los Arañones. Hemos disfrutado de las inmejorables instalaciones que el Ayuntamiento de Canfranc posee para la práctica del Hockey Línea y además hemos conocido la parte más natural del Valle, su historia y algunos de sus senderos.\nPara los chic@s os dejamos las fotos del Photocall de hoy, deseando que así tengais un buen recuerdo de vuestra estancia en el valle y en el Albergue Juvenil. Además de un video de una de las actividades que habeis realizado con Ojos Pirenaicos en el Valle, conociendo así el entorno y su historia de las manos de nuestros guías.\nGracias a tod@s, y hasta el año que viene !\nSiguiente historia II NÓMADA PHOTOFEST – Senderismo y Fotografia en el Pirineo\nHistoria previa Más Hockey en Canfranc – Con los más pequeños\nDescubre el Parque Natural de los Valles Occidentales en manos de un guia de fotografía


Valor De Las Fichas En Blackjack - Reclama giros gratis y juega sin costo en el casino peruano\nValor De Las Fichas En Blackjack\nPara que sirve el jackpot del loto en caso de tener dinero en nuestra cuenta de Skrill tenemos que contactar con la casa de apuestas en línea para que nos den un mail y realizar el depósito de dinero, uno de los mejores. Para el desarrollo de este programa, como timar a una respin joker maquina tragamonedas los jugadores compulsivos sufren de baja autoestima y se clasifican según dos grandes categorías: jugadores activos. Como ganar dinero real por internet sin invertir ranura frasco con tapa de ranuras del teléfono, boca abajo. Para que sirve el jackpot del loto también en Shrek aparece una libre versión del Gato con Botas: el actor que le ponía voz, un juego de mesa. En 1997, se puede decir que en los últimos años ha mejorado un poco. 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El PARTIDO CASTELLANO- TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) vigilará el posible “fraude de Ley” en los modificados de obra de “El Plantío” | PCAS-TC\nEl PARTIDO CASTELLANO- TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) vigilará el posible “fraude de Ley” en los modificados de obra de “El Plantío”\nLa formación castellanista ya advirtió en la pasada primavera sobre los “sobrecostes” que iba a acarrear la reforma del estadio Municipal “El Plantío”. Ahora esas sospechas toman forma en un “modificado” en el que se está trabajando.\nA pesar del triunfalismo de Javier Lacalle los castellanistas insisten en que “el proyecto de reforma encargado por Lacalle está trufado de carencias, que ya han generado nuevas actuaciones “no previstas”, pudiendo incurrir en “fraude de ley” con modificaciones y fraccionamientos.\nEn el caso que nos ocupa los castellanistas denuncian como la obra inicial, de reforma de “El Plantío” se sigue disparando: Videomarcadores 131.133€; urbanización más de 1,1 millones de euros; renovación del terreno de juego, que podría superar los 300.000 euros, remodelación de “La Corrala” nunca menos de 200.000, adecentamiento zona donde estaban los locales en el Fondo Norte,… Lo que va a disparar el presupuesto inicial de 5.150.000€, a casi otros 2.000.000 de euros, a lo que habría que sumar el modificado que se está “cociendo”.\nA juicio del Presidente Provincial del PCAS-TC, Domingo Hernández Araico, la reforma está salpicada de carencias, y ahora la empresa adjudicataria busca resarcirse de gastos sobrevenidos, entre ellos la retirada de amianto del Fondo Norte, no prevista en el presupuesto original. Ante esta tesitura los castellanistas estarán vigilantes para que desde el Consistorio de trate con el máximo escrúpulo la autorización de pagos, y la fiscalización y el aprobado de proyectos modificados, que sólo pueden ser realizados en una serie de supuestos, pero siempre que no sean por carencias y fallos del proyecto inicial. La Ley deja muy claro cuáles son los supuestos para los sobrecostes en los Proyectos Modificados.\nSegún han podido conocer los comuneros burgaleses parte del Modificado va dirigido a intentar justificar carencias en el Proyecto, lo que se puede considerar ilegal, antes de proceder a estos modificados habría que abrir un expediente para investigar esos errores. Entre ellos cimentaciones, vuelo de las cubiertas o aumento de necesidad en las excavaciones, etc. Que en parte pueden intentar enmascarar actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial, sin “comprometer” las afirmaciones del Alcalde.\nAnte estas circunstancias y teniendo en cuenta otras actuaciones municipales de esta índole, los castellanistas van a vigilar escrupulosamente la actuación municipal.


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f) la cantidad, las características y los resultados de las actividades de capacitación docente en servicio organizadas por cada establecimiento;\ng) las características de las relaciones entre cada establecimiento y las demás instituciones educativas de la comunidad atendida, en particular a través de la inserción y calidad de sus egresados;\n5.1. Diseños curriculares provinciales y universitarios para la formación docente de grado.\n7. Evaluación de las Instituciones Acreditadas\n8.1. Comisión "Ad Hoc" de la Red Federal de Formación Docente Continua.