LEY 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 30820490\nCapítulo I. Disposiciones generales y tipología de los servicios y prestaciones - arts. 14 a 23\nCapítulo II. - arts. 24 a 26\nCapítulo I. - arts. 27 a 32\nCapítulo III. - arts. 36 a 38\nTítulo IV. - arts. 46 a 58\nTítulo V. - arts. 59 a 67\nTítulo VI. - art. 68\nTítulo VII. - arts. 79 a 81\nTítulo VIII. - art. 82\nCapítulo IV. - arts. 106 a 111\n12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.\nLa regulación establecida por el Estatuto se enmarca en la Declaración universal de los derechos humanos, la Carta social europea y la Constitución española. Así, el artículo 25 de la Declaración universal de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 1948, proclama: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [...].»; el artículo 14 de la Carta social europea dispone: «A fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen a impulsar u organizar servicios que, utilizando métodos de trabajo social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de las personas y de los grupos en la comunidad, y a su adaptación al entorno social [...].», y el artículo 10.1 de la Constitución española establece: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social», lo cual debe relacionarse con el artículo 9.2, que ordena a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»\nLa presente ley regula y ordena el sistema de servicios sociales con el fin de garantizar el acceso universal al mismo para hacer efectiva la justicia social y promover el bienestar del conjunto de la población.\nEn el marco de lo establecido por el apartado 1, también es objeto de la presente ley conseguir que los servicios sociales se presten con los requisitos y estándares de calidad óptimos necesarios para garantizar la dignidad y la calidad de vida de las personas.\nEl sistema de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y privada destinados a la finalidad establecidos por el artículo 3.\nEl sistema público de servicios sociales está integrado por los servicios sociales de titularidad pública y por los de titularidad privada acreditados y concertados por la Administración de acuerdo con lo establecido por la presente ley. Todos estos servicios configuran conjuntamente la red de atención pública.\nLos servicios sociales de titularidad pública garantizan la existencia y el desarrollo de las acciones básicas, así como la equidad territorial, que contribuyen a la justicia y al bienestar sociales, de acuerdo con lo establecido por el título II.\nLos servicios sociales de titularidad privada participan en la acción social mediante la realización de actividades y prestaciones de servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, bajo la inspección, el control y el registro de la Generalidad.\nFinalidad de los servicios sociales\nLos servicios sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, en el marco de la justicia social y del bienestar de las personas.\nSon necesidades sociales, a los efectos de lo establecido por el apartado 1, las que repercuten en la autonomía personal y el apoyo a la dependencia, en una mejor calidad de vida personal, familiar y de grupo, en las relaciones interpersonales y sociales y en el bienestar de la colectividad. Las necesidades personales básicas son las propias de la subsistencia y la calidad de vida de cada persona.\nLos servicios sociales se dirigen especialmente a la prevención de situaciones de riesgo, a la compensación de déficits de apoyo social y económico y de situaciones de vulnerabilidad y dependencia y a la promoción de actitudes y capacidades de las personas como principales protagonistas de su vida.\nLa finalidad de los servicios sociales se consigue mediante las actuaciones, los programas transversales, los proyectos comunitarios y las prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas que establezca la Cartera de servicios sociales.\nObjetivos de las políticas de servicios sociales\nDetectar las necesidades personales básicas y las necesidades sociales.\nPrevenir, atender y promover la inserción social en las situaciones de marginación y de exclusión social.\nFacilitar que las personas alcancen la autonomía personal y funcional en la unidad familiar o de convivencia que deseen.\nFavorecer la convivencia social.\nFavorecer la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones por razón de género o de discapacidad o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social arbitraria.\nAtender las necesidades derivadas de la falta de recursos básicos y de los déficits en las relaciones personales y con el entorno, evitando, si es posible, la institucionalización segregadora como solución de dichas carencias.\nPromover la cohesión social y la resolución comunitaria de las necesidades sociales, mediante políticas preventivas y comunitarias en todo el territorio; hacer de los servicios sociales un factor productivo esencial y generador de ocupación de calidad, y normalizar la actividad económica del sector.\nPromover la participación, el asociacionismo, la ayuda mutua, la acción voluntaria y las demás formas de implicación solidaria en los asuntos de la comunidad.\nPromover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales, familiares, convivenciales y sociales.\nLuchar contra la estigmatización de los colectivos desfavorecidos atendidos por los servicios sociales.\nPrincipios rectores del sistema público de los servicios sociales\nUniversalidad: Los poderes públicos deben garantizar a todas las personas el derecho de acceso a los servicios sociales y su uso efectivo en condiciones de igualdad, equidad y justicia redistributiva. Este principio no excluye, sin embargo, que el acceso pueda condicionarse al hecho de que los usuarios cumplan determinados requisitos y paguen una contraprestación económica para asegurar la corresponsabilidad entre usuarios y administraciones públicas y la sostenibilidad del sistema.\nIgualdad: Debe poder accederse a los servicios sociales y deben poder utilizarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria por razón de las circunstancias personales, de género, sociales o territoriales. No obstante, este principio es compatible con una discriminación positiva si esta se justifica en una investigación de la igualdad real y facilita la integración social.\nResponsabilidad pública: Los poderes públicos deben garantizar la disponibilidad de los servicios sociales mediante la regulación y la aportación de los medios humanos, técnicos y financieros y de los equipamientos necesarios para garantizar los derechos reconocidos. También deben asegurar su planificación, coordinación, control, continuidad del servicio si se determina la necesidad, ejecución y evaluación con criterios de equidad, justicia social y calidad.\nSolidaridad: Las políticas y actuaciones de servicios sociales deben basarse en la solidaridad y la justicia sociales como principio inspirador de las relaciones humanas, con el objetivo de cooperar al bienestar general.\nParticipación cívica: El funcionamiento de los servicios sociales debe incorporar la participación de la ciudadanía en la programación, la evaluación y el control. También debe garantizarse la participación de los usuarios en el seguimiento y evaluación de la gestión de los servicios.\nGlobalidad: Los servicios sociales deben dar respuesta integral a las necesidades personales, familiares y sociales considerando conjuntamente los aspectos relativos a la prevención, atención, promoción e inserción.\nSubsidiariedad: Incluye los principios de proximidad y descentralización. Los servicios sociales deben prestarse en el ámbito personal más próximo a los usuarios.\nPrevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales deben actuar sobre las causas de los problemas sociales y deben priorizar las acciones preventivas y el enfoque comunitario de las intervenciones sociales.\nFomento de la cohesión social: Los servicios sociales deben contribuir a la cohesión social incorporando elementos que favorezcan la inclusión y la integración social.\nNormalización: Los servicios sociales deben prestarse a través de los medios habituales, evitando los servicios que separen las personas de su unidad de convivencia y de la comunidad o que no las integren en las mismas, a fin de favorecer su inserción en las actividades familiares, convivenciales, laborales y sociales.\nCoordinación: El sistema de servicios sociales debe fundamentarse en la actuación coordinada entre los diversos sistemas de bienestar social, que incluyen la educación, la salud, las pensiones, el trabajo y la vivienda, entre las administraciones públicas y entre estas y la sociedad civil organizada, con la finalidad de establecer actuaciones coherentes y programas de actuación conjuntos.\nAtención personalizada e integral: Los servicios sociales deben asegurar una atención personalizada mediante la valoración integral de la situación personal, familiar y comunitaria del usuario o usuaria.\nRespeto por los derechos de la persona: Las actuaciones en materia de servicios sociales deben respetar siempre la dignidad de la persona y sus derechos.\nFomento de la autonomía personal: Los servicios sociales deben facilitar que las personas dispongan de las condiciones adecuadas para desarrollar sus proyectos vitales, dentro de la unidad de convivencia que deseen, de acuerdo con la naturaleza de los servicios y sus condiciones de utilización.\nEconomía, eficiencia y eficacia: Los servicios sociales deben gestionarse con criterios de economía, eficiencia y eficacia.\nCalidad de los servicios: El sistema de servicios sociales debe aplicar criterios de evaluación de la calidad de los programas, actuaciones y prestaciones, tomando como referencia el concepto de calidad de vida y velando por que los servicios y recursos se adapten a las necesidades sociales y al desarrollo de la comunidad.\nContinuidad de los servicios: El sistema de servicios sociales debe garantizar la continuidad en el tiempo de las prestaciones establecidas por ley y por reglamento y debe mejorar la gestión y la calidad, sin que se produzca una reducción o supresión injustificada de cualquiera de los servicios que integran el sistema.\nTitulares del derecho a acceder a los servicios sociales\nLos servicios sociales se ofrecen a toda la población y tienen como destinatarios a las personas que necesitan información, valoración, diagnóstico, orientación, apoyo, intervención y asesoramiento individual, familiar o comunitario para hacer frente a situaciones de necesidad personal básica, de falta de cohesión social o familiar o de desigualdad y para su prevención.\nSon titulares del derecho a acceder al sistema público de servicios sociales los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea empadronados en un municipio de Cataluña.\nPueden acceder al sistema público de servicios sociales las personas que no cumplen la condición que fija el apartado 2 si se encuentran en estado de necesidad personal básica, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de extranjería.\nLo establecido por el presente artículo se entiende sin perjuicio de los requisitos adicionales para el acceso a determinadas prestaciones, de acuerdo con su naturaleza, características específicas y disponibilidad.\nSituaciones con necesidad de atención especial\nEnfermedades mentales y enfermedades crónicas.\nNecesidad social, como las relacionadas con la falta de vivienda o con la desestructuración familiar.\nViolencia y delincuencia juveniles.\nExclusión y aislamiento sociales.\nVulnerabilidad, riesgo o dificultad social para la tercera edad, la infancia y la adolescencia.\nViolencia machista y las diferentes manifestaciones de violencia familiar.\nDiscriminación por razón de sexo, lugar de procedencia, discapacidad, enfermedad, etnia, cultura o religión o por cualquier otra razón.\nProblemas de convivencia y de cohesión social.\nEl hecho de haber sido víctima de delitos violentos, uno mismo o sus familiares.\nSometimiento a medidas de ejecución penal, propio o de los familiares.\nCondiciones laborales precarias, desempleo y pobreza.\nEmergencias sociales por catástrofes.\nGarantía de los derechos y libertades fundamentales\nDebe ponerse un cuidado especial en garantizar los derechos y libertades fundamentales y en facilitar su ejercicio en la relación que se establece con las personas para la prestación de los servicios sociales.\nLos profesionales y entidades que gestionan servicios sociales deben orientar su actividad de modo que se garantice especialmente la dignidad de las personas, su bienestar y el respeto a su autonomía e intimidad.\nLa Administración pública debe velar por la efectividad de los derechos de los destinatarios de los servicios sociales.\nTodas las personas tienen derecho a acceder a la atención social y a disfrutar de la misma, sin discriminación por razón de lugar de nacimiento, etnia, sexo, orientación sexual, estado civil, situación familiar, enfermedad, religión, ideología, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.\nLos destinatarios de los servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por el apartado 1, tienen derecho a:\nDisponer de un plan de atención social individual, familiar o convivencial, en función de la valoración de la situación, que debe aplicarse técnicamente por procedimientos reconocidos y homologados.\nRecibir servicios de calidad y conocer los estándares aplicables a tal fin, y derecho a que sea tenida en cuenta su opinión en el proceso de evaluación.\nRecibir de forma continuada los servicios sociales mientras estén en situación de necesitar el servicio.\nRecibir una atención urgente o prioritaria en las situaciones que no puedan esperar al turno ordinario, en los supuestos determinados por la administración competente.\nTener asignado un profesional o una profesional de referencia que sea el interlocutor principal y que vele por la coherencia, la coordinación con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención, y cambiar, si procede, de profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades del área básica de servicios sociales.\nRenunciar a las prestaciones y los servicios concedidos, salvo que la renuncia afecte a los intereses de menores de edad o de personas incapacitadas o presuntamente incapaces.\nDecidir si desean recibir un servicio social y escoger libremente el tipo de medidas o de recursos que deben aplicarse, entre las opciones que les sean presentadas, así como participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención acordado.\nLa confidencialidad de los datos e informaciones que consten en sus expedientes, de acuerdo con la legislación de protección de datos de carácter personal.\nDerecho a la información en el ámbito de los servicios sociales\nRecibir información suficiente y comprensible sobre los servicios y prestaciones disponibles, los criterios de adjudicación y las prioridades para recibirlos, sobre los derechos y deberes de los destinatarios y usuarios, y sobre los mecanismos de presentación de quejas y reclamaciones, que deben ser expuestos de forma visible en los centros de atención.\nRecibir por escrito y, si es preciso, de palabra, en lenguaje comprensible y accesible, la valoración de su situación, la cual, si procede, debe incluir la calificación de las necesidades de los familiares o de las personas que les cuidan.\nRecibir información previa con relación a cualquier intervención que los afecte a fin de que, si procede, puedan dar su consentimiento específico y libre. El consentimiento debe darse por escrito cuando implique el ingreso en un establecimiento residencial de servicios sociales. En el caso de las personas incapacitadas y de las que, por razón de sus circunstancias personales, pueden ser declaradas incapaces, debe seguirse el procedimiento legalmente establecido.\nAcceder a sus expedientes individuales, en todo cuanto no vulnere el derecho a la intimidad de terceras personas, y obtener copias de los mismos, de acuerdo con lo establecido por las leyes. Este derecho no incluye, sin embargo, el acceso a las anotaciones que el personal profesional haya realizado en el expediente.\nPresentar sugerencias, obtener información, poder presentar quejas y reclamaciones, y recibir respuesta dentro del periodo legalmente establecido.\nDisponer de las ayudas y los apoyos necesarios para comprender la información que les sea dada si tienen dificultades derivadas del desconocimiento de la lengua o si tienen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y facilitar que puedan participar plenamente en el proceso de información y de toma de decisiones.\nDerechos específicos de los usuarios de servicios residenciales y diurnos\nLos usuarios de servicios residenciales y diurnos, además de los derechos que reconocen los artículos 8, 9 y 10, tienen derecho a:\nEl ejercicio de la libertad individual para ingresar y permanecer en el establecimiento y para salir del mismo, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente respecto a los menores de edad, las personas incapacitadas y las personas sometidas a medidas judiciales de internamiento.\nConocer el reglamento interno del servicio, así como los derechos y deberes, que deben explicarse de modo comprensible y accesible, especialmente cuando afectan a niños y adolescentes.\nRecibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas.\nAcceder a la atención social, sanitaria, farmacéutica, psicológica, educativa y cultural y, en general, a la atención de todas las necesidades personales, para conseguir un desarrollo personal adecuado, en condiciones de igualdad respecto a la atención que reciben los demás ciudadanos.\nComunicar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión de modo accesible.\nEl secreto de las comunicaciones, salvo que se dicte una resolución judicial que lo suspenda.\nLa intimidad y privacidad en las acciones de la vida cotidiana, derecho que debe ser recogido por los protocolos de actuación e intervención del personal del servicio.\nConsiderar como domicilio el establecimiento residencial donde viven y mantener la relación con el entorno familiar, convivencial y social, respetando los modos de vida actuales.\nParticipar en la toma de decisiones del centro que los afecten individual o colectivamente por medio de lo establecido por la normativa y el reglamento de régimen interno, y asociarse para favorecer la participación.\nAcceder a un sistema interno de recepción, seguimiento y resolución de sugerencias y quejas.\nTener objetos personales significativos para personalizar el entorno donde viven, siempre y cuando respeten los derechos de las demás personas.\nEjercer libremente los derechos políticos, respetando el funcionamiento normal del establecimiento y la libertad de las demás personas.\nEjercer la práctica religiosa, respetando el funcionamiento normal del establecimiento y la libertad de las demás personas.\nObtener facilidades para hacer la declaración de voluntades anticipadas, de acuerdo con la legislación vigente\nRecibir de forma continuada la prestación de los servicios y las prestaciones económicas y tecnológicas en las condiciones que se establezcan por reglamento.\nNo ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de terceras personas. En este último caso, las actuaciones deben justificarse documentalmente, deben constar en el expediente del usuario o usuaria y deben comunicarse al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo establecido por la legislación.\nConocer el coste de los servicios que reciben y, si procede, conocer la contraprestación del usuario o usuaria.\nLos niños que se encuentran bajo medidas de protección en centros residenciales tienen derecho a un plan de retorno a sus familias y a vivir en centros próximos a su comunidad, siempre y cuando las medidas de protección así lo recomienden.\nEl reglamento interno del servicio puede desarrollar y concretar la forma de ejercer los derechos que reconoce el apartado 1, respetando siempre su contenido esencial y sin restringir los efectos que derivan de su reconocimiento por las leyes.\nDeberes con relación a los servicios sociales\nLas personas que acceden a los servicios sociales o, si procede, sus familiares o representantes legales, tienen los siguientes deberes:\nFacilitar los datos personales, convivenciales y familiares veraces y presentar los documentos fidedignos que sean imprescindibles para valorar y atender su situación.\nCumplir los acuerdos relacionados con la prestación concedida y seguir el plan de atención social individual, familiar o convivencial y las orientaciones del personal profesional, y comprometerse a participar activamente en el proceso.\nComunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que puedan afectar a las prestaciones solicitadas o recibidas.\nDestinar la prestación a la finalidad para la que se ha concedido.\nDevolver el dinero recibido indebidamente.\nComparecer ante la Administración, a requerimiento del órgano que haya otorgado una prestación.\nObservar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración para facilitar la convivencia en el establecimiento y la resolución de los problemas.\nRespetar la dignidad y los derechos del personal de los servicios como personas y como trabajadores.\nAtender a las indicaciones del personal y comparecer a las entrevistas a que sean convocados, siempre y cuando no atenten contra la dignidad y libertad de las personas.\nUtilizar con responsabilidad las instalaciones del centro y cuidarlas.\nCumplir las normas y los procedimientos para el uso y disfrute de las prestaciones.\nContribuir a la financiación del coste del centro o servicio si así lo establece la normativa aplicable.\nCumplir los demás deberes que establezca la normativa reguladora de los centros y servicios sociales de Cataluña.\nLos niños y adolescentes, y sus padres, madres y tutores legales, tienen los deberes establecidos por la legislación.\nTítulo II Artículos 14 a 26\nCapítulo I Disposiciones generales y tipología de los servicios y prestaciones Artículos 14 a 23\nEl sistema público de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, prestaciones, actividades, programas, proyectos y equipamientos destinados a la atención social de la población, de titularidad de la Administración de la Generalidad, de los entes locales y de demás administraciones, así como los que la Administración concierte con las entidades de iniciativa social o privada.\nEl sistema público de servicios sociales funciona de forma integrada y coordinada en red, de acuerdo con el marco normativo común que regula las actividades de servicios sociales.\nEl sistema público de servicios sociales se organiza en forma de red para trabajar en coordinación, en colaboración y con el diálogo entre todos los actores que intervienen en el proceso de atención a las personas, y se estructura en servicios sociales básicos y en servicios sociales especializados.\nLa Red de Servicios Sociales de Atención Pública está integrada por el conjunto de los servicios y centros de servicios sociales de Cataluña que están acreditados por la Generalidad para la gestión de las prestaciones incluidas en la presente ley o en la Cartera de servicios sociales.\nLos servicios sociales básicos son el primer nivel del sistema público de servicios sociales y la garantía de más proximidad a los usuarios y a los ámbitos familiar y social.\nLos servicios sociales básicos se organizan territorialmente y están dotados de un equipo multidisciplinario que debe fomentar el trabajo y la metodología interdisciplinarios, integrado por el personal profesional necesario para el cumplimiento de sus funciones, con la estructura directiva y de apoyo técnico y administrativo que se establezca por reglamento. Los servicios sociales básicos incluyen los equipos básicos, los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia y los servicios de intervención socioeducativa no residencial para niños y adolescentes.\nLos servicios sociales básicos tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo para el fomento de la autonomía de las personas para que vivan dignamente, atendiendo a las diferentes situaciones de necesidad en que se hallan o que puedan presentarse. Los servicios sociales básicos deben dar respuestas en el ámbito propio de la convivencia y la relación de los destinatarios de los servicios.\nFunciones de los servicios sociales básicos\nDetectar las situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria en su ámbito territorial.\nOfrecer información, orientación y asesoramiento a las personas con relación a los derechos y recursos sociales y a las actuaciones sociales a que pueden tener acceso.\nValorar y realizar los diagnósticos social, socioeducativo y sociolaboral de las situaciones de necesidad social a petición del usuario o usuaria, de su entorno familiar, convivencial o social o de otros servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, de acuerdo con la legislación de protección de datos.\nProponer y establecer el programa individual de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal, excepto en aquellas situaciones en que la persona esté ingresada de modo permanente en un centro de la red pública. En estos últimos casos, los servicios de trabajo social del centro de la red pública deben elaborar dicho programa.\nRevisar el programa individual de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal cuando corresponda.\nRealizar las actuaciones preventivas, el tratamiento social o socioeducativo y las intervenciones necesarias en situaciones de necesidad social y efectuar su evaluación.\nIntervenir en los núcleos familiares o convivenciales en situación de riesgo social, especialmente si hay menores.\nImpulsar proyectos comunitarios y programas transversales, especialmente los que buscan la integración y la participación sociales de las personas, las familias, las unidades de convivencia y los grupos en situación de riesgo.\nPrestar servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y apoyo a la unidad familiar o de convivencia, sin perjuicio de las funciones de los servicios sanitarios a domicilio.\nPrestar servicios de intervención socioeducativa no residencial para niños y adolescentes.\nOrientar el acceso a los servicios sociales especializados, especialmente los de atención diurna, tecnológica y residencial.\nPromover medidas de inserción social, laboral y educativa.\nAplicar protocolos de prevención y atención ante maltratos a personas de los colectivos más vulnerables.\nGestionar la tramitación de las prestaciones económicas de ámbito municipal y comarcal y las demás que le sean atribuidas.\nCoordinarse con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás sistemas de bienestar social, con las entidades del mundo asociativo y con las que actúan en el ámbito de los servicios sociales.\nInformar a petición de jueces y fiscales sobre la situación personal y familiar de personas afectadas por causas judiciales.\nLos servicios sociales especializados se organizan atendiendo a la tipología de las necesidades, para dar respuesta a situaciones y necesidades que requieren una especialización técnica o la disposición de recursos determinados.\nLos servicios sociales especializados se prestan por medio de centros, servicios, programas y recursos dirigidos a personas y colectivos que, en función de sus necesidades, requieren una atención específica.\nLos servicios sociales especializados se organizan en forma de red sobre el territorio atendiendo al principio de descentralización, las características de los núcleos de población y la incidencia de las necesidades que atienden.\nLos servicios sociales especializados incluyen los equipos técnicos de valoración, que tienen como función principal valorar y diagnosticar las situaciones de necesidad social que no pueden abordarse desde un servicio social básico, teniendo en cuenta los correspondientes informes de derivación de los servicios sociales básicos, y que determinan el acceso a otras prestaciones del sistema.\nDar apoyo técnico a los servicios sociales básicos y colaborar con los mismos, en las materias de su competencia.\nValorar y diagnosticar las situaciones de necesidad social, y realizar otras valoraciones especializadas, que no pueden abordarse desde un servicio social básico, teniendo en cuenta los correspondientes informes de derivación.\nOfrecer un tratamiento especializado a las personas en situación de necesidad que no puedan ser atendidas por los servicios sociales básicos correspondientes o intervenir con relación a estas personas.\nRealizar actuaciones preventivas de situación de riesgo y necesidad social correspondientes a su ámbito de competencia.\nValorar y determinar el acceso a prestaciones económicas propias de este nivel de actuación, de acuerdo con el marco legal específico.\nRealizar el seguimiento y evaluación de las medidas de protección y la elaboración y el control de los planes de mejora.\nGestionar centros, equipamientos, programas, proyectos y prestaciones específicas.\nCoordinarse con los servicios sociales básicos, con los equipos profesionales de los demás sistemas de bienestar social, con las entidades asociativas y con las que actúan en el ámbito de los servicios sociales especializados.\nSon prestaciones del sistema público de servicios sociales las actuaciones, las intervenciones técnicas, los programas, los proyectos, los medios y las ayudas económicas y tecnológicas que se ofrecen a personas y que se destinan a cumplir las finalidades establecidas por el artículo 3.\nLas prestaciones del sistema público de servicios sociales pueden ser de servicio, económicas o tecnológicas.\nLas prestaciones de servicio son los servicios e intervenciones realizados por equipos profesionales que tienen como finalidad la prevención, el diagnóstico, la valoración, la protección, la promoción, la atención y la inserción de personas, de unidades de convivencia y de grupos en situación de necesidad social.\nSon prestaciones de servicio las siguientes actuaciones e intervenciones realizadas por los equipos profesionales:\nLa información sobre los recursos sociales disponibles y sobre el acceso a los mismos.\nLa orientación sobre los medios más adecuados para responder a las necesidades planteadas.\nEl asesoramiento y apoyo a las personas y los grupos que necesitan la actuación social.\nLa valoración singularizada y el diagnóstico social de las situaciones personales, convivenciales y familiares y de las demandas sociales.\nLa intervención profesional y el tratamiento social orientados al cumplimiento de las finalidades de los servicios sociales.\nLa protección jurídica y social de los menores de edad en situación de desamparo.\nLa protección jurídica y social de las personas con capacidad limitada.\nLa atención residencial sustitutiva del hogar.\nLa atención diurna.\nLas que se establezcan en la Cartera de servicios sociales.\nLas prestaciones de servicio tienen la condición de complemento necesario de la aplicación de cualquier otro tipo de prestación social.\nSon prestaciones económicas las aportaciones dinerarias, que tienen como finalidad atender a determinadas situaciones de necesidad en que se hallan las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontarlas y no están en condiciones de conseguirlos o recibirlos de otras fuentes. El régimen jurídico y fiscal de estas prestaciones o de las que se reconozcan debe regularse por medio de una legislación específica.\nLas prestaciones económicas pueden otorgarse con carácter de derecho subjetivo, de derecho de concurrencia o de urgencia social.\nLa asistencia tecnológica y la teleasistencia domiciliaria.\nLas de naturaleza parecida que se establezcan normativamente.\nCapítulo II Artículos 24 a 26\nLa Cartera de servicios sociales\nLa Cartera de servicios sociales es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLa Cartera de servicios sociales debe incluir todas las prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas del sistema público de servicios sociales.\nLa Cartera de servicios sociales debe definir cada tipo de prestación, la población a la que va destinada, el establecimiento o el equipo profesional que debe gestionarla, los perfiles y ratios de los profesionales del equipo, y los estándares de calidad. En todos los casos debe garantizar el acceso a las prestaciones con el apoyo de la Administración, teniendo en cuenta criterios de progresividad en la renta de los usuarios.\nEl acceso a las prestaciones no garantizadas se realiza de acuerdo con lo establecido por la Cartera de servicios sociales y de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados y aplicando los principios objetivos de prelación y concurrencia.\nEl usuario o usuaria puede tener que participar en el pago del coste de las prestaciones que comporten sustitución del hogar, alimentación, vestido, limpieza del hogar y alojamiento, de acuerdo con lo establecido por el título V y con los criterios que fijan la Cartera de servicios sociales y la normativa aplicable.\nLa Cartera de servicios sociales debe incluir los estudios económicos de costes y forma de financiación de las diferentes prestaciones.\nProcedimiento de elaboración y de aprobación de la Cartera de servicios sociales\nLa Cartera de servicios sociales es aprobada por decreto del Gobierno.\nLos programas presupuestarios de las leyes anuales de presupuestos de la Generalidad deben especificar la tipología y la población destinatarias de las prestaciones garantizadas por la Cartera de servicios sociales.\nLa Cartera de servicios sociales tiene una vigencia cuatrienal. Sin embargo, puede revisarse anticipadamente de acuerdo con lo que establezcan las leyes de presupuestos.\nEl Gobierno, en el proceso de elaboración y revisión de la Cartera de servicios sociales, debe garantizar la participación cívica de acuerdo con lo establecido por la presente ley, debe justificar cualquier decremento en la Cartera respecto a la versión anterior con informes del Consejo General de Servicios Sociales y del Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales, debe garantizar la codecisión de los entes locales titulares de parte del sistema de servicios sociales por medio del Consejo de Coordinación de Bienestar Social y debe tener en cuenta los datos del Sistema de Información Social y la información procedente de las instancias sociales que sean relevantes para los servicios sociales.\nEl sistema público de servicios sociales debe ajustar su actuación a proyectos o programas individuales, familiares, convivenciales, de grupo o comunitarios, en función de las circunstancias concurrentes, para realizar mejor la atención social y la inserción.\nLas actuaciones de servicios sociales deben garantizar para cada persona o unidad de convivencia la globalidad e integridad de las intervenciones, y deben aplicar los recursos de la forma más adecuada.\nCon la finalidad de alcanzar los objetivos que fijan los apartados 1 y 2, debe establecerse por reglamento que cada persona o unidad de convivencia que acceda a la Red de Servicios Sociales de Atención Pública debe tener asignado un profesional o una profesional de referencia, que preferentemente debe ser el mismo y que habitualmente debe ser un trabajador o trabajadora social de los servicios sociales básicos. El profesional o la profesional de referencia tiene las funciones de canalizar las diferentes prestaciones que la persona o la unidad de convivencia necesita, velar por la globalidad de las intervenciones y por la coordinación entre los equipos profesionales de servicios sociales y las demás redes de bienestar social, favorecer la toma de decisiones y agilizarlas.\nCorresponde a las administraciones públicas competentes la valoración de las situaciones de necesidad de las personas para el acceso a los servicios sociales básicos y especializados.\nEl usuario o usuaria tiene derecho a escoger el centro proveedor del servicio entre los de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y los gestionados bajo el régimen de servicio público, de acuerdo con la naturaleza del servicio, la disponibilidad de plazas y la valoración del profesional o la profesional de referencia asignado.\nTítulo III Artículos 27 a 39\nCapítulo I Artículos 27 a 32\nLa Administración de la Generalidad, los municipios y los demás entes locales de Cataluña son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por el presente título y, si procede, la legislación sobre organización territorial y régimen local.\nLos municipios y los demás entes locales pueden ejercer competencias propias de la Administración de la Generalidad por vía de delegación, de encargo de gestión o de fórmulas de gestión conjunta, sin perjuicio de las competencias que las leyes les atribuyen.\nImpulsar las medidas legislativas necesarias en materia de servicios sociales.\nDesarrollar por reglamento la legislación de servicios sociales.\nAprobar los planes y programas generales de servicios sociales.\nAprobar la Cartera de servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.\nOrdenar los servicios sociales y establecer las directrices, los criterios y las fórmulas de coordinación general del sistema y de coordinación transversal entre los departamentos de la Generalidad si es preciso para mejorar la gestión y eficacia de la política de servicios sociales.\nEstablecer los criterios y los estándares mínimos de calidad de los diferentes servicios sociales.\nEstablecer los criterios básicos sobre el régimen jurídico aplicable a los servicios sociales públicos, para el acceso a los servicios y para la participación, si procede, de los usuarios en su financiación.\nCoordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de lucha contra la violencia machista, física o psíquica, y, a tal efecto, coordinar e impulsar las acciones de los departamentos de la Generalidad, y colaborar con las administraciones locales y con las entidades de iniciativa social que trabajan en la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista y les apoyan.\nLas que le atribuyen expresamente las leyes.\nCompetencias del departamento competente en materia de servicios sociales\nAdoptar las medidas necesarias para aplicar las directrices que el Gobierno establece en materia de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar las disposiciones y los acuerdos que adopte, y evaluar sus resultados.\nElaborar los planes y programas generales de servicios sociales y fomentar la iniciativa social, así como evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, de la eficacia y de la eficiencia de dichos planes y programas generales.\nAdoptar las medidas necesarias para aplicar la Cartera de servicios sociales.\nColaborar y cooperar con los municipios y demás entes locales en la aplicación de las políticas de servicios sociales.\nCrear, mantener, evaluar y gestionar los centros, servicios, recursos, equipamientos, proyectos y programas relativos a los servicios sociales especializados, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 31.1.f y 32.d, y los que le correspondan de acuerdo con las leyes.\nCumplir las funciones de registro, autorización, garantía de calidad y acreditación de los servicios sociales.\nEjercer la inspección, el control y la potestad sancionadora en materia de servicios sociales, salvo las potestades expresamente reconocidas al Gobierno.\nGestionar las prestaciones de servicios sociales que le correspondan de acuerdo con las leyes.\nEstablecer instrumentos de recogida de información y efectuar su tratamiento estadístico a los efectos de las políticas de servicios sociales, así como establecer los elementos básicos y comunes del Sistema de Información Social, coordinarlos y evaluar el sistema de servicios sociales.\nEstablecer los criterios generales para financiar, concertar y comprar servicios.\nPromover y fomentar las fórmulas de gestión conjunta de los servicios sociales de competencia local.\nFomentar la participación ciudadana, el asociacionismo, el voluntariado y demás fórmulas de ayuda mutua, de acuerdo con las administraciones locales si son de su ámbito territorial.\nElaborar y seguir programas de sensibilización social.\nDesarrollar programas formativos para el personal encargado de la prestación de los servicios sociales.\nFomentar el estudio y la investigación en el ámbito de los servicios sociales.\nLas que le atribuyen las leyes o los reglamentos y las que sean necesarias para desarrollar y ejecutar la política de servicios sociales que no estén expresamente atribuidas a otro departamento o a otra administración pública.\nEntidades de gestión descentralizada\nLa Generalidad puede utilizar fórmulas de descentralización funcional mediante entidades de derecho público para gestionar servicios sociales de su competencia.\nLa organización y el funcionamiento, las funciones descentralizadas y el régimen jurídico aplicable a las entidades de gestión descentralizada deben regularse de acuerdo con el estatuto de la empresa pública catalana.\nCrear y gestionar los servicios sociales necesarios, tanto propios como delegados por otras administraciones, de acuerdo con la Cartera de servicios sociales y el plan estratégico correspondiente.\nElaborar planes de actuación local en materia de servicios sociales y participar, si procede, en el plan de actuación del área básica correspondiente.\nEstablecer los centros y servicios correspondientes al ámbito propio de los servicios sociales básicos.\nCumplir las funciones propias de los servicios sociales básicos.\nPromover la creación de los centros y servicios correspondientes al ámbito propio de los servicios sociales especializados y gestionarlos, en coordinación con la Administración de la Generalidad y el ente local supramunicipal correspondiente, de acuerdo con la Cartera de servicios sociales y el plan estratégico correspondiente.\nColaborar con la Administración de la Generalidad en el ejercicio de las funciones de inspección y control en materia de servicios sociales.\nEjercer las funciones que le delegue la Administración de la Generalidad.\nParticipar en la elaboración de los planes y programas de la Generalidad en materia de servicios sociales.\nCoordinar los servicios sociales locales, los equipos profesionales locales de los otros sistemas de bienestar social, las entidades asociativas y las que actúan en el ámbito de los servicios sociales locales.\nLas que les atribuyen las leyes.\nLas comarcas suplen los municipios de menos de veinte mil habitantes en la titularidad de las competencias propias de los servicios sociales básicos que estos municipios no estén en condiciones de asumir directa o mancomunadamente.\nCompetencias de los entes locales supramunicipales\nDar apoyo técnico, económico y jurídico a los entes gestores de las áreas básicas de servicios sociales.\nOfrecer servicios de información y documentación a las áreas básicas de servicios sociales.\nProgramar los servicios sociales en su ámbito territorial, de acuerdo con los criterios de planificación y coordinación de la Generalidad, el plan estratégico correspondiente y la Cartera de servicios sociales, en materia de servicios sociales, y convocar una mesa territorial con los consejos comarcales y los ayuntamientos de los municipios de más de veinte mil habitantes de su ámbito territorial.\nPromover y gestionar los servicios, prestaciones y recursos propios de la atención social especializada para garantizar la cobertura de las necesidades sociales de la población de su ámbito territorial.\nPromover el asociacionismo y los proyectos comunitarios para conseguir que las necesidades sociales se cubran y se gestionen mejor.\nCapítulo II Artículos 33 a 35\nPrincipios de la organización territorial\nLos servicios sociales se organizan territorialmente de acuerdo con los siguientes principios:\nCoordinación y trabajo en redes.\nEl Plan estratégico de servicios sociales aprobado por el Gobierno debe establecer la organización territorial de los servicios sociales.\nÁreas básicas de servicios sociales\nLas áreas básicas de servicios sociales son la unidad primaria de la atención social a los efectos de la prestación de los servicios sociales básicos.\nEl área básica de servicios sociales se organiza sobre una población mínima de veinte mil habitantes, tomando como base el municipio.\nEl área básica de servicios sociales debe agrupar los municipios de menos de veinte mil habitantes. En este caso, la gestión corresponde a la comarca o al ente asociativo creado especialmente a tal fin.\nLos municipios de más de veinte mil habitantes pueden tener más de un área básica de servicios sociales, en función del número de habitantes y de las necesidades sociales.\nÁmbito territorial de prestación de los servicios sociales especializados\nEl Gobierno debe establecer la organización territorial de las prestaciones propias de los servicios sociales especializados de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 33.\nLa organización territorial de las prestaciones propias de los servicios sociales especializados debe basarse en las demarcaciones territoriales supramunicipales, excepto los supuestos especiales que puedan establecerse atendiendo a las características geográficas, demográficas y de comunicación de un territorio determinado.\nLos municipios o comarcas de más de cincuenta mil habitantes pueden constituir una demarcación territorial para la prestación de los servicios sociales especializados. En este caso, los entes locales pueden gestionar los servicios por delegación de la Generalidad si lo solicitan. En los demás casos, la gestión de los servicios corresponde a la Generalidad, sin perjuicio de la posible delegación en los entes locales o de la adopción de fórmulas de gestión conjunta entre la Generalidad y los entes locales.\nLa gestión de las prestaciones económicas correspondientes a los servicios sociales especializados es competencia de la Generalidad.\nCapítulo III Artículos 36 a 38\nCorresponde al Gobierno establecer la planificación general de los servicios sociales en función de los siguientes criterios:\nEl análisis de las necesidades y de la demanda social de prestaciones.\nLos objetivos de cobertura y de la implantación cronológica de los servicios sociales.\nLas previsiones necesarias para elaborar la Cartera de servicios sociales y sus actualizaciones sucesivas.\nLa ordenación y distribución territorial y equitativa de los recursos disponibles.\nLos mecanismos necesarios para seguir, aplicar y evaluar los planes.\nLas previsiones necesarias para alcanzar los objetivos de los planes.\nEl procedimiento para elaborar los planes debe garantizar la participación de las administraciones competentes, de los órganos consultivos de la Generalidad y de los órganos de participación establecidos por la presente ley.\nEl Gobierno debe elaborar el Plan estratégico de servicios sociales. Este plan debe aplicar los criterios establecidos por el artículo 36 desde una perspectiva general y global para ordenar el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarios para alcanzar los objetivos de la política de servicios sociales de acuerdo con lo establecido por la presente ley.\nLa elaboración del Plan estratégico de servicios sociales corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales, y su aprobación, al Gobierno. Para elaborarlo, debe establecerse por reglamento un proceso participativo con la intervención del Consejo de Coordinación de Bienestar Social, del Consejo General de Servicios Sociales y del Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales.\nEl Gobierno, antes de aprobar el Plan estratégico de servicios sociales, debe enviarlo al Parlamento y debe solicitarle que se pronuncie sobre el mismo.\nEl Plan estratégico de servicios sociales tiene una vigencia de cuatro años.\nSin perjuicio de los demás documentos que sean pertinentes, el Plan estratégico de servicios sociales debe incluir:\nUna memoria económica que garantice su aplicación por periodos anuales. Esta memoria debe servir de base para elaborar la Cartera de servicios sociales.\nUn informe de impacto de género que analice los efectos potenciales que el Plan tiene sobre los hombres y las mujeres.\nLos documentos de información necesarios para evaluar la situación de partida de la oferta de servicios sociales y la demanda real y potencial estimadas.\nUn documento que concrete su aplicación territorial, teniendo en cuenta la propuesta elaborada por una mesa formada por la Generalidad y los entes locales competentes en servicios sociales en los ámbitos territoriales que se establezcan por reglamento.\nEl Plan estratégico de servicios sociales debe desarrollarse mediante planes sectoriales.\nLos planes sectoriales deben elaborarse teniendo en cuenta las diferentes situaciones de necesidad de atención social, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7.\nLos planes sectoriales pueden tener una vigencia plurianual, de un máximo de cuatro años. Corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales su elaboración, y al Gobierno, su aprobación.\nLos planes sectoriales, atendiendo a las situaciones de necesidad objeto de planificación, pueden tener, si es preciso, carácter transversal, para garantizar la coordinación y la continuidad necesarias con otros sectores de la atención social o que tengan relación con las políticas de servicios sociales.\nCapítulo IV Artículo 39\nDisposición general Artículos 40 a 43\nEl Gobierno y el departamento competente en materia de servicios sociales deben velar por garantizar la coordinación y la integración adecuadas del sistema de servicios sociales con los demás sistemas que contribuyen al bienestar de las personas.\nLas medidas de coordinación deben dirigirse especialmente a los ámbitos de salud, educación, empleo, justicia, vivienda y cultura y deben garantizar el intercambio de la información necesaria para detectar situaciones de alto riesgo social e intervenir en las mismas.\nEl Consejo de Coordinación de Bienestar Social es el órgano encargado de coordinar las políticas públicas en materia de servicios sociales, velar por su equidad territorial y articularlas con los sistemas de educación, salud, cultura, empleo, vivienda y justicia. El Consejo tiene una composición mixta y está integrado por representantes de los entes locales, mediante sus asociaciones representativas, y de la Generalidad. Debe regularse por reglamento la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo.\nEl Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales es el órgano técnico encargado de estudiar las necesidades sociales de la población y de evaluar la eficiencia y calidad del sistema de servicios sociales. Lo componen expertos designados por la Generalidad y por las demás administraciones competentes en materia de servicios sociales. Debe regularse por reglamento la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Comité. El Comité tiene carácter consultivo.\nLa Administración de la Generalidad y los entes locales colaboran en la aplicación de las políticas de servicios sociales, de acuerdo con las competencias respectivas, mediante los instrumentos establecidos por la legislación general de régimen jurídico y procedimiento administrativo y la legislación de régimen local.\nLa colaboración interadministrativa incluye el establecimiento por convenio de fórmulas de gestión conjunta de los servicios y la creación de entes de gestión por medio de un consorcio o de otras modalidades legalmente establecidas.\nLa Generalidad debe impulsar la creación de órganos de colaboración interadministrativa para garantizar que las actuaciones públicas en materia de servicios sociales se produzcan a partir de la información recíproca, la consulta y la coordinación entre la Administración de la Generalidad y la local. Estos órganos deben estar integrados por representantes de la Administración de la Generalidad y de los entes locales.\nLa Generalidad debe fomentar la creación de mancomunidades y otras fórmulas de gestión conjunta que faciliten el ejercicio de las competencias locales en el ámbito de los servicios sociales.\nLa Generalidad debe establecer convenios cuatrienales de coordinación y cooperación interadministrativas con los entes locales supramunicipales, las comarcas y los municipios de más de veinte mil habitantes, a fin de garantizar, en el ámbito territorial correspondiente, la corresponsabilidad en la prestación de los servicios sociales y la estabilidad de los servicios y de sus profesionales.\nEl Sistema de Información Social garantiza la disponibilidad de la información relativa a las prestaciones y a la Cartera de servicios sociales.\nEl Sistema de Información Social integra los datos relativos a la atención social del sector público y del sector privado, con los objetivos de evitar duplicidades y mejorar la atención a los destinatarios de los servicios sociales.\nLos agentes que intervienen en la prestación de servicios sociales y los ciudadanos tienen derecho a acceder al Sistema de Información Social y a utilizarlo, de acuerdo con la normativa aplicable.\nLa configuración del sistema se rige por el principio de descentralización en el suministro de los datos y en el tratamiento que realizan las administraciones y entidades implicadas.\nLa Administración de la Generalidad debe garantizar la existencia de un sistema de información social común, compartido y compartible, así como su coordinación, estableciendo los criterios comunes a los que deben ajustarse el contenido y las condiciones de acceso.\nEl Sistema de Información Social se fundamenta en los principios de descentralización, interoperatividad y fiabilidad. En el acceso y utilización del Sistema debe garantizarse la privacidad de los datos personales constitucional y legalmente protegidos, así como la seguridad de las comunicaciones en el intercambio de información entre los agentes del Sistema sobre datos de carácter personal necesarios para el acceso a las prestaciones.\nLos datos del Sistema de Información Social se deben recoger, compilar, analizar y presentar desagregados por sexos y deben ser útiles, válidos, fiables, comprobables, comparables y actualizados para que puedan aprovecharse para investigaciones académicas, estudios y análisis estadístico y para la planificación de políticas públicas.\nLa creación y el funcionamiento del Sistema de Información Social debe regularse por reglamento, de acuerdo con los principios establecidos por el presente artículo.\nCapítulo V Artículo 43\nDisposición general Artículos 44 a 68\nLa organización del sistema público de servicios sociales debe tener el personal suficiente con la formación, la titulación, los conocimientos, la estabilidad laboral, la capacidad, el reconocimiento social y laboral y las aptitudes que sean precisas para garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios sociales.\nEl personal profesional que trabaja en el campo de los servicios sociales es un elemento capital del conjunto del sistema de servicios sociales y debe gozar de la atención, el respeto y el apoyo a su participación necesarios para asegurar su presencia en la definición de los servicios sociales.\nLa organización del personal profesional de servicios sociales debe seguir un criterio interdisciplinario para ofrecer una atención integrada y debe incluir las medidas necesarias para garantizar la asignación a cada usuario o usuaria o a cada unidad de convivencia de un profesional o una profesional de referencia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 26.3.\nLa organización del sistema público de servicios sociales debe garantizar la disponibilidad y adscripción del personal profesional estable, homologado laboralmente y necesario para una atención social de calidad en función de la población, las características geográficas del territorio y las necesidades específicas que deban atenderse, bajo el principio de la unidad de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. En dicha organización, debe buscarse la equidad en la atención a las personas independientemente de la clase del servicio y debe alcanzarse la homogeneización de los perfiles con relación a las funciones que deben cumplirse.\nDeben determinarse por reglamento los indicadores cuantitativos, cualitativos y de equilibrio territorial que deben aplicarse para que los servicios sociales básicos y especializados se cubran adecuadamente.\nLas valoraciones del personal profesional de servicios sociales son vinculantes en lo que concierne a la asignación de los recursos públicos disponibles, en los términos en que se establezca por reglamento. Asimismo, debe garantizarse la intervención profesional necesaria para hacer el seguimiento de la evolución de la situación personal o familiar objeto de la atención social.\nLas administraciones responsables del sistema público de servicios sociales deben garantizar a los profesionales la supervisión, el apoyo técnico y la formación permanente que les permita dar una respuesta adecuada a las necesidades y demandas de la población. Esta formación debe llevarse a cabo en el marco de las medidas y actuaciones establecidas por el título VIII.\nEl personal, funcionario o laboral, al servicio de las administraciones, de acuerdo con el principio de unidad de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, tiene derecho a la movilidad interadministrativa para ocupar puestos de trabajo necesarios para la prestación de los servicios sociales, conservando los derechos adquiridos, sin perjuicio de percibir las retribuciones específicas del puesto de trabajo que ocupen.\nLos profesionales de servicios sociales tienen derecho a que los responsables de los servicios, los demás profesionales y los usuarios y sus acompañantes los traten con respeto y corrección. Este derecho debe garantizarse en el ámbito de la organización y el funcionamiento de los servicios estableciendo los deberes correspondientes y aplicando, si procede, el procedimiento sancionador establecido por la presente ley.\nLa administración competente en la gestión de los servicios sociales puede adoptar, con relación a su personal, medidas destinadas a proteger la identidad y las demás circunstancias personales si es preciso para cumplir las funciones encomendadas y para prestar correctamente el servicio.\nLos profesionales de servicios sociales deben integrarse en equipos técnicos básicos y especializados que deben tener el apoyo administrativo y los medios materiales necesarios y las condiciones laborales adecuadas para cumplir con eficacia y eficiencia su tarea profesional.\nLos profesionales de servicios sociales deben formar parte de los órganos de participación de acuerdo con lo establecido por la presente ley y los reglamentos que la desarrollan y deben participar en los procesos de evaluación periódica de los servicios.\nLas administraciones competentes en materia de servicios sociales deben adoptar medidas de prevención y atención ante situaciones provocadas por factores psicosociales que afecten al estado emocional, cognitivo, fisiológico y de comportamiento de los profesionales.\nTítulo IV Artículos 46 a 58\nEl sistema de servicios sociales opera de acuerdo con los principios de una administración relacional.\nLas decisiones relativas al sistema de servicios sociales deben tomarse con la participación de los ciudadanos siempre que sea posible.\nLa planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación del sistema de servicios sociales deben incorporar los sectores sociales afectados o implicados en los servicios sociales.\nLa finalidad y los objetivos de la participación\nLa finalidad de la participación es integrar la deliberación en los procesos de toma de decisiones para adecuar el sistema de servicios sociales a las necesidades de las personas y a su diversidad.\nLos objetivos de la participación son la implicación de toda la sociedad en los asuntos sociales, la prevención de la fragmentación social, la innovación en la prestación de los servicios y el reforzamiento de las redes sociales de apoyo.\nLa participación cívica en el sistema de servicios sociales se articula mediante los órganos de participación establecidos por la presente ley, procedimientos participativos o cualquier otra acción que sea pertinente.\nLa forma habitual de participar en los órganos de participación es mediante entidades asociativas.\nLa composición de los órganos de participación debe establecerse por reglamento tomando como base criterios objetivos y procurando que estén presentes las administraciones competentes en el territorio, las organizaciones sindicales y patronales, los colegios profesionales, los usuarios de los servicios sociales y las entidades sociales más representativas, tanto de tipo general, de carácter cívico, ciudadano y vecinal, como específicas de mujeres, de personas mayores, de personas con discapacidad o de otros colectivos ciudadanos, así como las entidades de iniciativa social y mercantil del sector de los servicios sociales.\nPara conseguir la paridad de género, los órganos de participación cívica establecidos por la presente ley deben procurar que el número de mujeres que forman parte de los mismos represente, como mínimo, la mitad del total de miembros. Esta participación femenina debe aplicarse a los miembros que no lo sean por razón del cargo.\nÓrganos de participación ciudadana y asociativa\nNaturaleza y funciones del Consejo General de Servicios Sociales\nEl Consejo General de Servicios Sociales es el órgano superior de participación en materia de servicios sociales y está adscrito al departamento competente en materia de servicios sociales.\nCorresponden al Consejo General de Servicios Sociales las siguientes funciones:\nDeliberar sobre la orientación general de los servicios sociales en Cataluña.\nEmitir un informe anual sobre el estado de los servicios sociales y enviarlo al Gobierno para que informe del mismo al Parlamento.\nDebatir y emitir informes preceptivos sobre los proyectos de normativa general y los proyectos de planes de actuación, planes sectoriales y planes estratégicos en materia de servicios sociales antes de que se aprueben.\nDebatir y emitir informes sobre los anteproyectos de presupuesto y su liquidación, la memoria del departamento, el mapa de servicios sociales y la Cartera de servicios sociales.\nCoordinar las actuaciones de las administraciones públicas y las de las entidades privadas.\nHacer el seguimiento de la ejecución de los planes y programas.\nHacer el seguimiento de la ejecución de los presupuestos.\nFormular propuestas y recomendaciones para mejorar la prestación de los servicios sociales.\nDeliberar sobre las cuestiones que el consejero o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales someta a su consideración.\nEnviar sus conclusiones a otros consejos de participación de la Generalidad.\nLas que le atribuyan las leyes o los reglamentos.\nEl departamento competente en materia de servicios sociales debe informar periódicamente al Consejo General de Servicios Sociales de las siguientes actuaciones:\nLas sanciones impuestas por incumplimiento de la normativa de servicios sociales y, con carácter urgente, las que comporten la suspensión temporal o definitiva de un servicio.\nLa concesión de subvenciones y ayudas a entidades privadas de servicios sociales.\nLos convenios y acuerdos firmados por la Generalidad con administraciones públicas y con entidades privadas de servicios sociales.\nLas solicitudes y demandas recibidas en los diferentes sectores y servicios, especificando su número.\nEl Consejo General de Servicios Sociales debe cumplir sus funciones en el Pleno o en comisión, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.\nOrganización y funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales\nUn reglamento debe regular la organización y el funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales, de acuerdo con los principios generales establecidos por el presente artículo y con los criterios sobre órganos colegiados de participación de la Generalidad.\nEl Consejo General de Servicios Sociales se reúne a convocatoria del consejero o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales, que ejerce las funciones de la presidencia. Sin embargo, puede delegar estas funciones en un alto cargo, exclusivamente.\nEl consejero o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales, o el alto cargo en quien delegue, puede ir acompañado de las personas al servicio de la Generalidad que sean pertinentes en función de las materias que deban tratarse.\nEl departamento competente en materia de servicios sociales debe poner a disposición del Consejo General de Servicios Sociales los medios personales y materiales necesarios para que pueda cumplir sus funciones. Una persona al servicio de la Generalidad adscrita al departamento competente en materia de servicios sociales debe ejercer las funciones de la secretaría.\nLa composición del Consejo General de Servicios Sociales debe respetar los siguientes principios:\nRepresentatividad: Han de formar parte del mismo las entidades y asociaciones manifiestamente representativas de los ciudadanos y las del ámbito de los servicios sociales. La composición debe respetar la diversidad de la sociedad.\nInclusión: Deben establecerse mecanismos para evitar la exclusión de valores o intereses territoriales, sociales o sectoriales relacionados con las materias que se debaten en el Consejo y para garantizar su equilibrio.\nApertura: El reglamento del Consejo debe establecer los mecanismos que garanticen el acceso puntual de grupos o personas, aunque no estén formalmente asociados al mismo, si es objetivamente necesario debido a la materia que se debate.\nEn el Consejo General de Servicios Sociales debe haber representantes de los departamentos vinculados con los servicios sociales, de los entes locales, de los usuarios, de las entidades representativas de los intereses ciudadanos, empresariales, sindicales y profesionales, de las mujeres y de las entidades de iniciativa social.\nPueden asistir a las sesiones del Consejo General de Servicios Sociales, por razones de oportunidad, representantes de otros órganos de participación de la Generalidad. Estos órganos y el Consejo pueden hacer deliberaciones conjuntas.\nEl Consejo General de Servicios Sociales puede solicitar la participación de las personas que, por sus conocimientos, por la responsabilidad que tienen o por otros motivos, pueden hacer aportaciones de interés.\nEstructura del Consejo General de Servicios Sociales\nEl Consejo General de Servicios Sociales se estructura en los siguientes órganos:\nLas comisiones funcionales.\nEl Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el sistema de servicios sociales, especialmente de las que están relacionadas con la planificación.\nLas comisiones funcionales siguen, de una forma permanente, el desarrollo de la gestión y programación de los servicios sociales.\nLas comisiones sectoriales tratan, de una forma especializada, de la planificación, programación y ordenación de sectores concretos de los servicios sociales.\nEl número y las funciones de las comisiones deben determinarse por reglamento. Asimismo, el reglamento debe regular la relación entre el Pleno y las comisiones. También pueden crearse comisiones temporales para deliberar sobre proyectos concretos.\nLos consejos territoriales de servicios sociales\nLos entes locales supramunicipales deben constituir consejos territoriales de servicios sociales en los ámbitos que defina la ordenación territorial de Cataluña.\nLos consejos territoriales de servicios sociales son órganos colegiados de participación comunitaria para el asesoramiento y consulta en materia de servicios sociales. La determinación de su composición y de su régimen de funcionamiento es competencia del ente local supramunicipal correspondiente.\nEn los consejos territoriales de servicios sociales debe haber representantes de los entes locales, de los usuarios, de las entidades representativas de los intereses ciudadanos, empresariales, sindicales y profesionales, de las mujeres y de las entidades de iniciativa social de su ámbito territorial.\nLos consejos municipales de servicios sociales\nLos ayuntamientos que estén legalmente obligados a prestar servicios sociales deben constituir un consejo municipal de servicios sociales.\nLos consejos municipales de servicios sociales son órganos colegiados de participación comunitaria para el asesoramiento y consulta en materia de servicios sociales en los municipios.\nLos ayuntamientos de los municipios que estén organizados en distritos o entidades municipales descentralizadas pueden crear consejos de servicios sociales en estos ámbitos.\nLa determinación de la composición y el régimen de funcionamiento de los consejos municipales de servicios sociales y, si procede, de los de distrito o de los de entidad municipal descentralizada es competencia del municipio.\nEn los consejos municipales de servicios sociales y, si procede, en los de distrito y en los de entidad municipal descentralizada, debe haber representantes de los entes locales, de los usuarios, de las entidades representativas de los intereses ciudadanos, empresariales, sindicales y profesionales, de las mujeres y de las entidades de iniciativa social de su ámbito territorial.\nLos consejos supramunicipales de servicios sociales\nLas comarcas o, si procede, los entes asociativos constituidos para gestionar las áreas básicas de servicios sociales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, deben crear consejos de participación con la finalidad establecida por el artículo 54.\nLa composición y el funcionamiento de los consejos supramunicipales de servicios sociales son competencia de la comarca o del ente asociativo de gestión.\nLas administraciones competentes en materia de servicios sociales deben establecer procesos de participación en la planificación, gestión y evaluación de los servicios sociales.\nSe entiende por proceso de participación, a los efectos de la presente ley, el que, de una forma integral, incluye las tres fases siguientes:\nFase de información, en la que se informa a los ciudadanos del proyecto en el que se pretende pedir la participación.\nFase de debate ciudadano, mediante el cual, utilizando las metodologías adecuadas, se promueve el debate entre los ciudadanos y se recogen propuestas.\nFase de retorno, mediante el cual se traslada a los participantes el resultado del proceso de participación.\nParticipación en el ámbito de los centros\nDerecho a acceder a la documentación administrativa\nLos ciudadanos y las entidades que intervienen en procesos de participación tienen derecho a acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.\nLos miembros de los órganos consultivos pueden acceder a la documentación que obra en poder de la Administración, de acuerdo con la legislación.\nEl departamento competente en materia de servicios sociales debe garantizar la difusión y accesibilidad de sus informes y recomendaciones por los medios más adecuados, en función de los costes para la Administración y de las capacidades de las personas que desean acceder a la información.\nEn caso de conflicto, una comisión funcional del Consejo General de Servicios Sociales debe mediar entre la Administración y las personas que desean acceder a la información.\nTítulo V Artículos 59 a 67\nPrincipios de la financiación\nLa Administración de la Generalidad tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para que la ordenación y provisión de los servicios sociales establecidos por la presente ley se cumplan adecuadamente.\nLa Generalidad debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para financiar los servicios sociales básicos y especializados, las prestaciones garantizadas, las prestaciones sujetas a limitación presupuestaria y los demás programas, proyectos y prestaciones de servicios sociales, de acuerdo con las competencias que le atribuyen las leyes.\nLos créditos que la Generalidad consigne en sus presupuestos para la financiación de las prestaciones garantizadas son ampliables, de acuerdo con lo que establezca la ley de presupuestos correspondiente.\nLas administraciones competentes en materia de servicios sociales deben tener en cuenta el principio de prioridad presupuestaria que, para la infancia, establecen el artículo 4 de la Convención internacional de los derechos de los niños y el artículo 16 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción.\nLos municipios y demás entes locales deben consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para la financiación de los servicios sociales de su competencia.\nLa prestación de los servicios sociales de responsabilidad pública debe asegurarse mediante cualquier modalidad que garantice al usuario o usuaria el acceso al servicio, dando preferencia a la dotación de servicios en todo el territorio.\nFinanciación de equipamientos públicos de servicios sociales\nLa Administración de la Generalidad debe promover y, si procede, asegurar la financiación de los equipamientos e instalaciones públicos necesarios para la prestación de servicios sociales, de acuerdo con la planificación de la Generalidad.\nLos entes locales, las obras sociales de las cajas de ahorros y las entidades de iniciativa social y mercantil, especialmente las acreditadas, pueden colaborar en la financiación de los equipamientos e instalaciones a que se refiere el apartado 1.\nLos municipios deben facilitar el suelo con las infraestructuras de urbanización necesarias para los nuevos equipamientos e instalaciones de servicios sociales.\nDeben articularse los mecanismos financieros adecuados para compensar las inversiones en equipamientos e instalaciones de servicios sociales efectuadas con la colaboración de entidades de iniciativa privada u otras organizaciones privadas cuando dichos equipamientos e instalaciones se integren en el patrimonio público.\nFinanciación de los servicios sociales básicos\nLos ayuntamientos y la Administración de la Generalidad comparten la financiación de los servicios sociales básicos, incluidos los equipos de servicios sociales, los programas y proyectos, el servicio de ayuda a domicilio y los demás servicios que se determinen como básicos. Sin perjuicio de que los servicios sociales básicos deben tender a la universalidad y gratuidad, el usuario o usuaria puede tener que copagar la financiación de la teleasistencia y de los servicios de ayuda a domicilio.\nLa aportación de la Generalidad a los servicios sociales básicos debe fijarse en sus presupuestos, de acuerdo con lo que establezcan el Plan estratégico de servicios sociales y la Cartera de servicios sociales, y debe pagarse mediante un convenio cuatrienal con la corporación local titular del área básica de servicios sociales. Esta aportación no puede ser inferior, en ningún caso, al 66% del coste de los equipos de servicios sociales básicos, de los programas y proyectos, y de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia que el Plan y la Cartera establecen para el ámbito territorial de cada área básica de servicios sociales.\nLa financiación de la infraestructura, de los locales, del material, del mantenimiento del sistema de información, del apoyo administrativo y de las prestaciones económicas de urgencia social corre a cuenta del ente local gestor del área básica de servicios sociales.\nSi al final del ejercicio anual la ratio de personal de los equipos o el volumen de la actividad de los diferentes servicios, programas y proyectos no alcanza el mínimo establecido por el convenio, el importe correspondiente debe deducirse del siguiente pago de la Generalidad y deben adoptarse las medidas necesarias para la prestación del servicio público. Asimismo, la Generalidad debe incluir unos suplementos en sus pagos si las ayudas económicas para emergencias sociales que otorga el ente local lo justifican. Lo establecido por el presente apartado debe cumplirse respetando los términos del convenio cuatrienal entre ambas administraciones.\nEl ente local titular del área básica de servicios sociales puede decidir el sistema de provisión de servicios, para la ayuda a domicilio y la teleasistencia, de acuerdo con las formas de prestación que se establezcan por reglamento.\nFinanciación de los servicios sociales especializados\nLa financiación de los servicios sociales especializados corresponde a la administración o entidad que es titular de los mismos.\nCada administración pública titular de servicios sociales especializados debe decidir el sistema de provisión de los servicios, dentro del marco reglamentario, de acuerdo con criterios de economía, eficiencia y eficacia.\nLa Generalidad debe financiar los servicios sociales especializados correspondientes a prestaciones garantizadas a todos los titulares de servicios acreditados dentro de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, de acuerdo con los módulos fijados por el Plan estratégico de servicios sociales y la Cartera de servicios sociales.\nLa Generalidad debe fijar en la Cartera de servicios sociales el módulo social y, si procede, el copago para cada tipo de servicio social especializado.\nSe entiende por módulo social el coste de los servicios de atención personal, educativa y social que corren siempre a cuenta de la Administración.\nFinanciación de la delegación y descentralización de servicios\nEn el supuesto de delegación, descentralización o gestión conjunta consorciada, de acuerdo con lo establecido por el título III, la Administración de la Generalidad debe transferir a los entes locales o a las entidades de gestión correspondientes los recursos necesarios para dar cobertura al módulo social, garantizando que el funcionamiento y prestación de los servicios sean adecuados.\nEl pago de servicios sociales especializados de la Generalidad a los entes locales debe efectuarse mediante un convenio de colaboración adecuado, basándose en los costes fijados por la Cartera de servicios sociales y en función de lo establecido por el Plan estratégico de servicios sociales.\nLas administraciones deben garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos y deben tender a su gratuidad, teniendo en cuenta que el usuario o usuaria puede tener que copagar la financiación de la teleasistencia y los servicios de ayuda a domicilio, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. También deben garantizar el acceso universal a las prestaciones de servicio garantizadas y la financiación del módulo social de estas prestaciones, de acuerdo con la Cartera de servicios sociales.\nLas administraciones deben garantizar un nivel de financiación proporcional a la demanda de servicios y a las necesidades existentes, y adecuado para la prevención de las necesidades futuras y para el desarrollo y la ejecución de otros programas y prestaciones de servicios sociales.\nLa Administración de la Generalidad debe fijar el importe del módulo social y la participación del usuario o usuaria en el coste de los servicios de que es titular la propia Generalidad.\nParticipación del usuario o usuaria en la financiación\nEn las prestaciones de servicios garantizadas no gratuitas, la Generalidad debe establecer en la Cartera de servicios sociales el módulo social y la participación económica de los usuarios en su coste.\nEn las prestaciones de servicios, la Administración debe tener en cuenta el coste de referencia para establecer el importe del módulo social y el importe de la participación del usuario o usuaria. Este coste de referencia debe tenerse en cuenta tanto en los centros de titularidad pública como en los centros privados acreditados.\nCriterios para el establecimiento de la participación de los usuarios\nLa Administración, para determinar la participación de los usuarios, debe tener en cuenta la naturaleza del servicio, el coste de referencia, la capacidad económica del usuario o usuaria, especialmente su nivel de renta, y el sector de población a quien se dirige la prestación o el servicio.\nLa determinación de las participaciones deben fundamentarse en los principios de equidad, solidaridad y redistribución. La Generalidad debe establecer y regular un sistema de bonificaciones para la participación en las prestaciones garantizadas, con el fin de atender situaciones de insuficiencia de recursos del usuario o usuaria. Las bonificaciones deben establecerse en función del nivel de renta personal y de las obligaciones económicas respecto a las personas que el usuario o usuaria tenga a su cargo.\nEn el supuesto a que se refiere el artículo 66.2, el usuario o usuaria puede participar en el coste del servicio mediante la aplicación compensatoria en origen de las pensiones económicas públicas de las que pueda ser beneficiario.\nNo debe excluirse a nadie de los servicios o prestaciones garantizados por falta de recursos económicos. Tampoco debe condicionarse la calidad del servicio o la prioridad o urgencia de la atención a la participación económica.\nTítulo VI Artículo 68\nDisposiciones generales Artículos 69 a 82\nLas personas físicas y jurídicas privadas tienen el derecho de crear centros y establecimientos de servicios sociales y de gestionar programas y prestaciones de esta naturaleza.\nEl ejercicio del derecho establecido por el apartado 1 está sujeto a un régimen de autorización previa y requiere, en todos los casos, el cumplimiento de los requisitos de calidad y garantía y de las demás condiciones establecidas por la normativa reguladora de los servicios sociales de Cataluña.\nModalidades de iniciativa privada\nLa iniciativa privada en materia de servicios sociales puede ser ejercida por entidades de iniciativa social y por entidades de iniciativa mercantil.\nSon entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales.\nSon entidades de iniciativa mercantil las personas jurídicas y las demás entidades privadas con ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales y que adoptan cualquier forma societaria reconocida por la legislación mercantil.\nEntidades de servicios sociales acreditadas\nLas entidades de iniciativa privada que lo soliciten pueden formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, a cuyo fin previamente deben obtener la correspondiente acreditación de la Administración y deben establecer un convenio de colaboración con la administración competente en materia de servicios sociales.\nLa acreditación de una entidad de iniciativa privada comporta el derecho de prestar servicios con financiación pública, de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora de servicios sociales y el convenio de colaboración.\nDeben establecerse, por reglamento, las condiciones de la acreditación exigibles a cualquier entidad con independencia de su titularidad. Deben tener en cuenta los siguientes criterios exigibles:\nEl establecimiento de niveles mínimos comunes para la calidad de los servicios. Estos parámetros mínimos comunes deben definirse en función de los aspectos estructurales y funcionales de los servicios y de los recursos humanos de los centros respecto a la titulación, las competencias y la dimensión de las plantillas.\nEl establecimiento de unas condiciones laborales homogéneas entre el personal y los profesionales de las entidades integradas en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLas actuaciones y los requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.\nLa participación de la entidad en el Sistema de Información Social, tanto en lo referente a la información que debe aportar como a los informes y a la información individual a la que puede tener acceso.\nLa información económico-financiera y de gestión y la que permita la evaluación de los centros.\nLos protocolos o guías de procedimientos de atención, que se deben definir e implantar de común acuerdo entre las administraciones y entidades de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLas entidades de servicios sociales acreditadas pueden colaborar con la Administración en el desarrollo de equipamientos e instalaciones prioritarios para la provisión de servicios sociales. Las entidades de iniciativa social tienen, además, el derecho a participar mediante sus asociaciones representativas en el Consejo General de Servicios Sociales.\nLas entidades de iniciativa privada, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, deben solicitar una autorización para la instalación y el funcionamiento de centros y establecimientos y para la realización de actividades de servicios sociales.\nLa autorización administrativa corresponde a la Administración de la Generalidad y tiene como finalidad esencial garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y de los estándares mínimos en función de las actividades realizadas.\nLas autorizaciones solo pueden otorgarse si se cumplen los requisitos a que se refiere el apartado 2, que deben incluir los siguientes aspectos:\nLas condiciones de edificación, ubicación y condicionamiento de los centros y establecimientos.\nLos requisitos de titulación del personal, el número de trabajadores, que debe ser suficiente teniendo en cuenta el número de personas y necesidades que deben atenderse, y el grado de ocupación\nLa presentación de una memoria y de un plan de actuación en que se especifique el régimen de intervención, la forma de desarrollar programas de atención y la metodología y los procedimientos de ejecución.\nRegistro de entidades de iniciativa privada\nEl departamento competente en materia de servicios sociales debe llevar un registro de las entidades de iniciativa privada que hayan obtenido la autorización correspondiente para la prestación de servicios sociales.\nEn el Registro de Entidades de Iniciativa Privada, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, deben hacerse constar específicamente los siguientes datos:\nLas entidades que hayan obtenido la acreditación a que se refiere el artículo 70 y que forman parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLa relación de convenios de colaboración establecidos con las entidades privadas.\nLas incidencias que se produzcan como consecuencia del ejercicio de las funciones de inspección y sanción establecidas por las leyes y las incidencias que afecten al régimen de autorización administrativa.\nLa composición actualizada de los órganos de gobierno y administración de las entidades.\nLas cuentas anuales auditadas de las entidades privadas acreditadas.\nRevocación y suspensión de la autorización\nLa autorización administrativa para crear y gestionar centros y para prestar servicios sociales tiene la condición de autorización de funcionamiento y está sujeta, por tanto, al cumplimiento permanente de los requisitos exigidos para su obtención.\nEl incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la autorización puede comportar su revocación, previa incoación del correspondiente procedimiento.\nLa autorización administrativa puede suspenderse como consecuencia de una medida cautelar adoptada de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones establecidas por el título X.\nDelegación de la competencia para otorgar las autorizaciones administrativas\nLa potestad para otorgar las autorizaciones administrativas a las entidades de iniciativa privada puede delegarse a los entes locales supramunicipales y a los municipios de más de veinte mil habitantes, de acuerdo con lo establecido por la legislación municipal y de régimen local.\nLa Administración de la Generalidad, sin perjuicio de las demás funciones de dirección y control que la legislación municipal y de régimen local le reserva, debe establecer las directrices y los criterios necesarios para garantizar que el ejercicio de la competencia delegada se adecue a las condiciones necesarias de objetividad e igualdad.\nLas entidades de iniciativa social y las entidades de iniciativa mercantil que hayan obtenido la acreditación correspondiente tienen la consideración de entidades prestadoras de servicios sociales a los efectos de la presente ley.\nLas entidades de iniciativa privada, en su condición de entidades prestadoras de servicios sociales, pueden gestionar servicios sociales de titularidad pública, mediante el establecimiento del contrato correspondiente con la administración competente. En este caso, pasan a formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLos contratos que las entidades de iniciativa privada celebran con la Administración deben estipular las funciones de control, seguimiento y evaluación de su ejecución. La Administración debe velar especialmente por la garantía de la calidad y de los estándares mínimos de prestación de los servicios.\nLa contratación de servicios sociales por la Administración se rige por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no-discriminación, de acuerdo con la normativa de contratos de las administraciones públicas. No obstante, pueden establecerse por reglamento, en función de la naturaleza del servicio, criterios de valoración especial respecto a las entidades de iniciativa social y las entidades de servicios sociales acreditadas. Especialmente, los pliegos de cláusulas que rijan la contratación de servicios sociales pueden dar preferencia en la adjudicación de contratos, en condiciones análogas, a las proposiciones presentadas por empresas que empleen personas con discapacidad reconocida o con riesgo de exclusión social o que inviertan los beneficios en finalidades de atención social. En los mismos términos, puede darse preferencia, en la adjudicación de los contratos y en el establecimiento de los conciertos, a entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, de acuerdo con sus estatutos o normas fundacionales, y que estén inscritas en el registro oficial correspondiente, de acuerdo con los supuestos establecidos por la normativa de contratación administrativa.\nLa Administración de la Generalidad y los entes locales competentes en materia de servicios sociales pueden otorgar subvenciones y otras ayudas a las entidades de iniciativa social para coadyuvar al cumplimiento de sus actividades de servicios sociales.\nLas políticas de convenios de colaboración, subvenciones y ayudas deben establecerse en función del contenido y finalidad de los planes de servicios sociales elaborados de acuerdo con la presente ley y deben dirigirse fundamentalmente a la creación, el mantenimiento, la mejora y la modernización de los centros, a la promoción y el desarrollo de programas y actividades de servicios sociales, y a la promoción de acciones formativas y de actividades de investigación y desarrollo relacionadas con los servicios sociales.\nLas ayudas y subvenciones deben otorgarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.\nLas entidades beneficiarias de financiación pública deben destinarla a las finalidades previstas y deben informar a la Administración de su aplicación. Deben fijarse por reglamento las condiciones necesarias para garantizar la transparencia y responsabilidad en la gestión privada de los fondos públicos.\nSon entidades colaboradoras del sistema público de servicios sociales las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro no comprendidas en las modalidades a que se refiere el artículo 69 que coadyuvan en la aplicación de la política de servicios sociales mediante el cumplimiento de programas o actividades sociales en colaboración con la Administración o con entidades de servicios sociales acreditadas.\nLas entidades colaboradoras pueden ser beneficiarias de financiación pública si han sido reconocidas por el departamento competente en materia de servicios sociales a los efectos de acreditar que sus actividades coinciden con las finalidades de servicios sociales o las complementan. Deben fijarse por reglamento las condiciones y los requisitos necesarios para la obtención del reconocimiento.\nLas organizaciones de fomento de la acción voluntaria que cumplen los requisitos y actúan en el marco establecido por la legislación del voluntariado de la Generalidad tienen la condición de entidades colaboradoras de servicios sociales.\nAcción de fomento de la iniciativa social\nLas entidades de iniciativa social son un elemento definitorio del sistema de servicios sociales y un elemento clave en el fomento de los servicios sociales.\nLa Administración de la Generalidad y los entes locales, a los efectos de lo establecido por el presente título, deben fomentar de modo preferente la creación y participación de las entidades sin ánimo de lucro en la realización de actividades de servicios sociales.\nLas administraciones deben velar por que las actividades de servicios sociales se canalicen mediante las fórmulas establecidas por el presente título y deben garantizar su coordinación con el sistema público de servicios sociales.\nTítulo VII Artículos 79 a 81\nAcción de fomento de la formación e investigación\nLa Generalidad, en colaboración con los municipios y demás entes locales, debe adoptar las medidas necesarias para fomentar la realización de actividades y programas dirigidos a la formación y mejora de las capacidades del personal profesional de servicios sociales y a la investigación y la innovación tecnológica en esta materia.\nEl departamento competente en materia de servicios sociales es el órgano encargado de llevar a cabo las acciones de fomento. A tal fin, debe introducir en los planes de actuación correspondientes las siguientes acciones:\nLa formación adecuada a las necesidades del servicio.\nLa coordinación con los demás departamentos implicados.\nLa participación en la regulación de las nuevas profesiones, del acceso a estas y de las exigencias del sistema de calificación profesional.\nLa formación para la prevención de riesgos laborales.\nLa Generalidad puede crear centros y organismos especializados en materia de formación e investigación en servicios sociales y puede actuar de forma coordinada con las universidades y los centros de formación e investigación de Cataluña, a fin de desarrollar y gestionar las actuaciones establecidas por el presente artículo y, especialmente, los planes de formación e investigación.\nLa formación permanente tiene como finalidad la ampliación de conocimientos teóricos y prácticos y la mejora y actualización de las competencias y habilidades del personal profesional de servicios sociales.\nLa acción formativa tiene como objetivo final garantizar la calidad, eficiencia y eficacia de la atención social en beneficio de los usuarios y de los ciudadanos en general.\nLa acción formativa tiene como destinatarios el personal profesional de los servicios de titularidad pública y el que presta servicios en centros privados acreditados. En este último caso, los convenios de colaboración que las entidades privadas establecen con la Administración deben fijar las condiciones de acceso a los programas y actividades de formación.\nLa Administración puede llevar a cabo la acción formativa del personal profesional de los servicios sociales directamente o por medio de convenios de colaboración con centros públicos o privados.\nLas actuaciones en materia de investigación e innovación tecnológica tienen como finalidad esencial la realización de estudios sobre las necesidades actuales y futuras de atención social, sobre las causas y los factores que inciden en la demanda de servicios y sobre la evaluación de los sistemas organizativos, de gestión y económicos del funcionamiento de los servicios sociales existentes y de los que pueden implantarse en el futuro.\nLas actuaciones en materia de investigación e innovación tecnológica deben llevarse a cabo siguiendo los criterios establecidos por el Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales y en colaboración con el departamento competente en materia de investigación, con las universidades y con centros superiores o institutos especializados en la investigación y la innovación aplicadas a los servicios sociales.\nTítulo VIII Artículo 82\nDisposiciones generales Artículos 83 a 111\nLa calidad de los servicios sociales es un principio rector del sistema de servicios sociales y un derecho de los usuarios. Esta calidad debe basarse en las nuevas modalidades y técnicas prestacionales disponibles para permitir que los servicios sociales mejoren y se adapten de forma continuada.\nLa calidad de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de los servicios sociales contribuye a definir la calidad de este ámbito.\nEstablecimiento de los criterios de calidad\nCorresponde al Gobierno establecer los criterios y los estándares mínimos y óptimos de calidad de las actividades y prestaciones de servicios sociales.\nCorresponde al Gobierno establecer los mecanismos de evaluación y garantía del cumplimiento de los criterios de calidad.\nEl Gobierno, a los efectos de lo establecido por los apartados 1 y 2, debe pedir un informe previo al Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales y al Consejo General de Servicios Sociales.\nEl Plan de calidad es el instrumento básico para asegurar el desarrollo y aplicación de los criterios de calidad, y forma parte del Plan estratégico de servicios sociales.\nEl Plan de calidad debe fomentar la formación continuada, la innovación y la mejora continuada de las actividades y prestaciones sociales, y la estabilidad laboral de los profesionales, y debe promover la máxima participación de todos los implicados en la detección de insuficiencias y la propuesta de soluciones.\nEl Plan de calidad, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, debe incluir los siguientes contenidos:\nLa definición de los objetivos de calidad.\nLos estudios de opinión y los resultados de los procedimientos de participación de los usuarios y de sus familias.\nLos requisitos de calidad exigibles a las actividades y prestaciones sociales correspondientes a la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nLos mecanismos y sistemas de evaluación de la consecución de los objetivos.\nEl contenido del Plan de calidad es el marco de referencia para establecer los criterios y los estándares óptimos de calidad a que se refiere el artículo 84. Los correspondientes órganos consultivos del Gobierno, del departamento competente en materia de servicios sociales y de los entes locales deben emitir un dictamen sobre el Plan de calidad.\nLa calidad de los servicios sociales incorpora, además de las condiciones materiales, laborales y técnicas de la prestación de los servicios, la exigencia que los profesionales de servicios sociales cumplan los deberes relativos a la deontología profesional.\nLos deberes relativos a la deontología profesional deben incluirse en los criterios de calidad a que se refiere el artículo 84 teniendo en cuenta, si procede, las normas sobre deontología elaboradas por los colegios profesionales correspondientes.\nCorresponde al departamento competente en materia de servicios sociales promover los valores y las buenas prácticas relativas a la ética en el ámbito de los servicios sociales.\nTítulo IX Artículos 87 a 111\nLa función de inspección y control sobre los servicios sociales es ejercida por el departamento competente en esta materia.\nLos municipios y los demás entes locales deben colaborar con los servicios de inspección de la Administración de la Generalidad.\nLa Administración de la Generalidad, mediante un convenio, puede encomendar, a los entes locales supramunicipales o a los municipios de más de veinte mil habitantes que lo soliciten, la gestión de las actuaciones propias de la inspección con relación a los servicios radicados en los términos respectivos.\nActividades sometidas a control\nLa prestación de servicios sociales está sujeta a control administrativo. Los servicios y establecimientos deben tener la autorización correspondiente para realizar sus actividades, de acuerdo con lo establecido por el presente artículo, y necesitan también la autorización para modificar su estructura funcional o su capacidad asistencial, para cambiar de ubicación o de titularidad y para el cese temporal o definitivo del funcionamiento.\nLa autorización de servicios y establecimientos de titularidad pública requiere el acuerdo de creación de la administración titular y la inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.\nLa autorización de los servicios que se presten en establecimientos sociales de titularidad privada requiere una licencia municipal para el inicio de la actividad y la inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.\nLa autorización de servicios sociales que no necesiten un establecimiento para realizar su actividad requiere la inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.\nCapítulo II Artículos 90 a 95\nSon infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones tipificadas por la presente ley contrarias a la normativa.\nLas infracciones pueden ser leves, graves o muy graves según la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.\nSin perjuicio de lo establecido por los apartados 1 y 2, las infracciones y sanciones que tipifica la Ley del Estado 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pueden desarrollarse para su aplicación en Cataluña.\nSon sujetos responsables de las infracciones que tipifica la presente ley las personas físicas o jurídicas titulares de los servicios o establecimientos sociales y los gestores y directivos de los mismos. También pueden ser responsables las personas que asuman las funciones de administración, gerencia, dirección o responsabilidad en algún ámbito concreto del servicio.\nLas obligaciones que se impongan conjuntamente a varias personas implican la responsabilidad solidaria de estas. Si, una vez iniciado un procedimiento sancionador, cambia la titularidad del servicio, las personas físicas o jurídicas que pasen a ser titulares o a ejercer las funciones a que se refiere el apartado 1 en la prestación del servicio responden subsidiariamente.\nSon responsables de las infracciones que tipifican los artículos 106, 107 y 108 los usuarios de servicios públicos o los beneficiarios de prestaciones públicas.\nLas entidades titulares de servicios y establecimientos sociales y sus responsables deben prestar los servicios de acuerdo con los requerimientos exigidos y deben velar por que, en la prestación del servicio, se respeten los derechos de los usuarios y se aplique la normativa, con la diligencia que exige la naturaleza de la actividad que se realiza, entendiendo que el bien jurídico protegido es el interés y el bienestar integral del usuario o usuaria.\nLas entidades titulares de servicios y establecimientos sociales deben comparecer, mediante sus representantes o mediante los responsables de la prestación del servicio, en las oficinas de la Administración a requerimiento de la Inspección de Servicios Sociales, deben facilitar el ejercicio de la inspección y deben cumplir los requerimientos de la Administración con relación al cumplimiento de la normativa y, si procede, en los términos convenidos.\nSi las infracciones pueden ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente debe comunicarlo al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda. En este caso, debe suspenderse el procedimiento si existe identidad de sujeto, hechos y fundamento, una vez la autoridad judicial haya comunicado que se ha iniciado el proceso penal.\nLa comunicación al Ministerio Fiscal o al órgano judicial o el hecho de que estos inicien las actuaciones no afecta al cumplimiento inmediato de las medidas cautelares adoptadas en los casos de riesgo grave para la seguridad o la salud de los usuarios. Las medidas cautelares adoptadas deben ser ratificadas o revocadas por el órgano judicial competente tan pronto como se inicien las actuaciones correspondientes, una vez oído el Ministerio Fiscal.\nLas infracciones leves que tipifica la presente ley prescriben al cabo de un año; las graves, al cabo de dos años, y las muy graves, al cabo de tres años, a contar de la fecha de la comisión de la infracción.\nLas sanciones leves impuestas de acuerdo con lo establecido por la presente ley prescriben al cabo de un año; las graves, al cabo de dos años, y las muy graves, al cabo de tres años, a contar del día siguiente al día en que la resolución sancionadora deviene firme.\nCapítulo III Artículos 96 a 105\nNo llevar el libro de registro de usuarios de los servicios o no tenerlo debidamente actualizado de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa reguladora.\nModificar o incumplir las condiciones que han motivado la autorización administrativa de funcionamiento, si no se incumplen las condiciones materiales o funcionales legalmente exigibles.\nCesar en la prestación del servicio, previamente autorizado, sin autorización administrativa o sin comunicar a la Administración las alternativas ofrecidas a los usuarios.\nIncumplir la obligación legalmente establecida de formación del personal o de información para el ejercicio de sus funciones respecto al usuario o usuaria.\nIncumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales mínimas que deben cumplir los servicios y establecimientos, si el incumplimiento no pone en peligro la salud o seguridad de los usuarios y si la presente ley no tipifica expresamente estas infracciones como graves o muy graves.\nQue el programa individualizado de atención y actividades, los protocolos de actuación y los registros preceptivos incumplan la normativa, si no se vulneran los derechos de los usuarios.\nQue el reglamento de régimen interior o el documento de contrato asistencial con el usuario o usuaria incumpla la normativa, si no se vulneran los derechos de los usuarios.\nQue la información publicada en el tablón de anuncios no se ajuste a la realidad del funcionamiento del servicio o establecimiento, si no se causa un perjuicio grave a los usuarios.\nNo tener actualizado el expediente asistencial, si no se vulneran los derechos de los usuarios.\nNo tener el programa individualizado de atención y actividades, los protocolos de actuación y los registros preceptivos, o que estos no se ajusten a la normativa y ello comporte la vulneración de los derechos de los usuarios.\nNo tener o no aplicar el reglamento de régimen interior, no tener suscrito el contrato asistencial con el usuario o usuaria o incumplir sus pactos, o que este no se ajuste a la normativa y ello comporte la vulneración de los derechos de los usuarios.\nNo mantener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de higiene, salubridad y confort.\nNo establecer los nutrientes y los valores calóricos necesarios en las comidas programadas por el responsable higiénico-sanitario o la responsable higiénico-sanitaria o que estas no se ajusten a la programación establecida.\nIncumplir o modificar el régimen de precios.\nNo tener tablón de anuncios o publicar en el mismo información que no se ajuste a lo establecido por la normativa o que no se ajuste a la realidad del funcionamiento del servicio o establecimiento y pueda causar perjuicios graves a los usuarios.\nNo tener el expediente asistencial de cada usuario o usuaria con el contenido requerido.\nIncumplir o modificar la normativa reguladora del acceso a los servicios.\nSuperar el límite de ocupación de usuarios en espacios de uso común, actividades y convivencia de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa reguladora de las condiciones materiales mínimas de los establecimientos.\nNo comparecer en las oficinas de la Administración cuando se lo solicite la Inspección de Servicios Sociales con un requerimiento debidamente notificado o no aportar la documentación solicitada en el requerimiento.\nVulnerar el derecho del usuario o usuaria a ser informado de los aspectos asistenciales y de salud y a tomar parte en los órganos de participación democrática, si existen, o poner dificultades para el disfrute de los derechos reconocidos por la presente ley, si no son infracciones tipificadas como muy graves.\nImponer dificultades injustificadas para el disfrute de los derechos reconocidos por las letras b, c, h, i, j, k y q del apartado 1 y por el apartado 2 del artículo 12.\nNo cuidar la ropa y los utensilios de uso personal de los usuarios.\nDejar los servicios o el establecimiento sin el personal responsable que asegure que el servicio continúe prestándose correctamente, si ello comporta perjuicios graves o muy graves a los usuarios.\nIncumplir los requerimientos de la Administración para la aplicación de las medidas correctoras impuestas, si ello comporta perjuicios graves para los usuarios.\nIncumplir la normativa reguladora de la cualificación y dedicación del personal o no garantizar la atención directa continuada, si ello comporta perjuicios graves para los usuarios.\nSuperar el límite de ocupación de usuarios o de camas en un dormitorio, instalar camas u otros muebles para dormir en un espacio inadecuado para el uso de dormitorio, o efectuar nuevos ingresos de personas residentes después de haber sido notificada una resolución administrativa de cierre.\nNo tener el establecimiento adecuado al grado de disminución de los usuarios u obstaculizar su libertad de movimientos o el contacto con el exterior.\nEjercer cualquier forma de presión sobre los usuarios, familiares o denunciantes con el fin de perjudicar la acción inspectora.\nIncumplir los requerimientos de enmienda efectuados por la Administración, si se vulneran gravemente los derechos de los usuarios o se afecta a su seguridad.\nPrestar los servicios o cambiar su ubicación, sin autorización administrativa, o modificar su contenido, con relación a la autorización, incumpliendo las condiciones materiales o funcionales.\nPrestar servicios de contenido similar a los incluidos en la tipología de servicios sociales ocultando su naturaleza para eludir la aplicación de la legislación.\nIncumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales mínimas que deben cumplir los servicios y establecimientos, si el incumplimiento pone en peligro la salud o seguridad de los usuarios.\nTratar a los usuarios de forma discriminatoria o sin la consideración o el respeto debidos a su dignidad, intimidad o situación psíquica y física, ya sea de palabra, por acción o por omisión.\nImponer a los usuarios un horario totalmente inadecuado en cuanto al descanso o a las comidas de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos.\nImponer dificultades injustificadas a los usuarios para el disfrute de los derechos reconocidos por las letras a, d, e, f, g, l, m, n, o y p del apartado 1 del artículo 12.\nIncumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y las dietas de los usuarios, a la organización y la administración correctas de los medicamentos y al acceso a los recursos sanitarios necesarios.\nActuar con falta de transparencia y claridad en la administración y custodia de los bienes de los usuarios, si, por razón de su situación física o psíquica, los directores, administradores o responsables actúan como guardadores de hecho.\nServir alimentos en cantidad insuficiente, o que no cumplan las condiciones higiénicas, dietéticas, nutritivas y de valor calórico correctas, o sin tener un cuidado especial en las comidas trituradas.\nObstaculizar la acción inspectora de los servicios impidiendo el acceso al establecimiento, las dependencias y los documentos o poniendo trabas al mismo, y obstaculizar la comunicación libre con los usuarios, trabajadores o responsables.\nFalsear datos a la Inspección de Servicios Sociales.\nLas infracciones leves pueden sancionarse con una multa por una cuantía equivalente al importe del indicador público de renta de efectos múltiples correspondiente a un periodo de entre un día y cuatro meses.\nPor la comisión de infracciones graves puede imponerse una o más de una de las siguientes sanciones:\nMulta por una cuantía equivalente al importe del indicador público de renta de efectos múltiples correspondiente a un periodo de entre cuatro meses y un día y ocho meses.\nInhabilitación temporal por un periodo de hasta cinco años del director o directora o del responsable higiénico-sanitario o la responsable higiénico-sanitaria del servicio.\nProhibición de financiación pública por un periodo máximo de dos años.\nCierre total o parcial del establecimiento o suspensión total o parcial de la prestación de servicios o de la realización de actividades, por un periodo de un año.\nPor la comisión de infracciones muy graves puede imponerse una o más de una de las siguientes sanciones:\nMulta por una cuantía equivalente al importe del indicador público de renta de efectos múltiples correspondiente a un periodo de entre ocho meses y un día y un año.\nInhabilitación definitiva o temporal por un periodo superior a cinco años y no superior a diez años del director o directora o del responsable higiénico-sanitario o la responsable higiénico-sanitaria del servicio.\nProhibición de financiación pública por un periodo superior a dos años e inferior a cinco años.\nCierre total o parcial del establecimiento o suspensión total o parcial de la prestación de servicios o de la realización de actividades, por un periodo superior a un año y no superior a cinco años.\nCancelación total o parcial de la autorización de la operatividad social de la entidad.\nEl órgano sancionador, en caso de infracciones muy graves cometidas por los titulares o gestores de servicios y establecimientos sociales, puede acordar publicar las sanciones firmes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en los medios de comunicación social pertinentes.\nPara concretar las sanciones que sea procedente imponer y, si procede, para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales, las autoridades competentes deben mantener la proporción adecuada entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción o sanciones aplicadas, considerando especialmente los siguientes criterios:\nEl grado de culpabilidad y la intencionalidad del infractor o infractora.\nEl cumplimiento por iniciativa propia de las normas infringidas, en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador, si aun no se ha dictado una resolución.\nSi el beneficio económico que resulta de una infracción tipificada por la presente ley es superior a la sanción pecuniaria que le corresponde, esta puede incrementarse hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido.\nSi la infracción cometida deriva del incumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, la resolución sancionadora puede incluir un pronunciamiento sobre el pago a los usuarios de una indemnización por una cuantía equivalente al importe de las cuantías indebidamente percibidas.\nSi se sanciona un establecimiento por falta de autorización administrativa, la multa que, si procede, se le imponga puede incrementarse un 10% por cada usuario o usuaria que haya ingresado en el mismo a partir del inicio del expediente.\nEl objetivo de la sanción debe ser la corrección de las distorsiones y de los perjuicios causados.\nLas resoluciones que imponen sanciones pueden contener un requerimiento para que se enmienden las infracciones correspondientes y establecer un plazo razonable para su cumplimiento. Si vence este plazo sin que se hayan enmendado las infracciones, con independencia de las actuaciones sancionadoras que el incumplimiento pueda comportar, la Administración puede imponer multas coercitivas reiteradas por unos lapsos que sean suficientes para que se cumpla lo ordenado, hasta una cuantía máxima total de 600 euros.\nSi la infracción que es objeto de un expediente supone un riesgo grave para la seguridad o salud del usuario o usuaria, el requerimiento a que se refiere el apartado 1 puede efectuarse en cualquier momento del procedimiento. Si se incumple, en el supuesto de que la enmienda pueda ser ejecutada por una persona diferente de la obligada, la Administración debe ejecutarla subsidiariamente a cargo de la persona obligada.\nMedidas de protección provisional\nEn casos de urgencia extraordinaria motivada por el riesgo de afectación de la salud y seguridad de los usuarios de los servicios sociales, el órgano sancionador puede, de oficio o a instancia de parte, adoptar las medidas necesarias para que la situación de riesgo cese y, especialmente, acordar la suspensión de las actividades del servicio o establecimiento.\nLas medidas de protección provisional deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por el correspondiente acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, el cual debe producirse en el plazo de quince días a partir de la adopción de las medidas.\nEl órgano competente para iniciar el expediente, en cualquier momento del procedimiento, puede adoptar, mediante un acuerdo motivado, las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final.\nPueden adoptarse las siguientes medidas cautelares:\nEl cierre temporal total o parcial del establecimiento o la suspensión temporal total o parcial de la prestación de servicios o de la realización de actividades, incluyendo en esta última categoría la prohibición de aceptar nuevos usuarios.\nDurante la tramitación del procedimiento deben levantarse las medidas cautelares si desaparecen las causas que motivaron su adopción. La resolución definitiva del expediente debe ratificar o dejar sin efecto la medida cautelar adoptada.\nDestino del importe de las sanciones\nLa persona sancionada, a criterio del órgano sancionador, puede destinar el importe de las sanciones de carácter económico directamente a la mejora de los servicios que presta. En este caso, debe acreditar que ha enmendado todas las infracciones objeto de sanción antes de que se dicte la resolución sancionadora.\nLa Administración de la Generalidad debe destinar los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas por la presente ley a la mejora de la calidad y a la cobertura de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nCapítulo IV Artículos 106 a 111\nNo comparecer en la fecha fijada ante el órgano gestor de la prestación cuando este se lo requiera.\nMostrar falta de consideración y de respeto hacia el personal del centro, los demás usuarios o los visitantes.\nIncumplir los preceptos del reglamento de régimen interior cuyo incumplimiento no esté tipificado como falta grave o muy grave.\nFalsear datos a la Administración.\nNo comunicar a la Administración los cambios o alteraciones de las circunstancias o de los requisitos que determinaron la concesión de la prestación.\nProducir daños en las instalaciones del centro.\nAlterar gravemente la convivencia en el centro.\nFalsear datos a la Administración si la falsedad ha sido determinante para acceder a la prestación.\nTener un comportamiento incívico o agresivo, de una forma continuada, que suponga un riesgo para los usuarios y para el personal y que haga inviable la convivencia en el centro.\nIncumplir los pactos del contrato asistencial.\nLas infracciones leves pueden sancionarse con una amonestación o una multa por un importe de hasta la mitad del indicador público de renta de efectos múltiples.\nLas infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la condición de usuario o usuaria o de beneficiario o beneficiaria de la prestación o con el traslado, por un periodo máximo de doce meses.\nLas infracciones muy graves pueden sancionarse con la extinción de la prestación o del servicio o con el traslado definitivo.\nLas medidas cautelares pueden consistir en la suspensión de la prestación o en el traslado temporal.\nMedidas para la promoción de la autonomía personal\nEl Gobierno debe establecer por reglamento el baremo y el sistema de valoración de las situaciones de dependencia en función de su naturaleza, grado, intensidad, carácter temporal o permanente y estabilidad o inestabilidad.\nLas personas con dependencia o sus representantes legales tienen derecho a participar en la valoración de sus necesidades de atención social. La Administración debe garantizar que tengan derecho a escoger entre los apoyos sociales que les ofrezcan el que haga más viable su proyecto de vida, dentro de su programa individual de atención.\nLa Generalidad debe determinar, mediante el correspondiente plan sectorial, los indicadores de cobertura y valoración de las situaciones de dependencia.\nLas prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal de personas con dependencia a cargo de fondos estatales deben estar integradas en la Cartera de servicios sociales de acuerdo con lo establecido por el artículo 24.\nLa Cartera de servicios sociales que el Gobierno apruebe inicialmente debe priorizar los servicios que permitan a las personas con dependencia disfrutar de la mayor autonomía personal posible, incluyendo las prestaciones tecnológicas, el asistente o la asistente personal y la atención domiciliaria, así como los programas de desarrollo comunitario. La figura del asistente o la asistente personal debe ser regulada por reglamento.\nLa Generalidad debe promover la formación en derechos de las personas con diversidad funcional para facilitarles la adopción de un modelo de vida independiente.\nNivel de objetivos de las prestaciones garantizadas en la Cartera de servicios sociales 2008-2009\nLa cartera de servicios sociales correspondiente a los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009 debe llegar a un primer nivel de objetivos de dotación de servicios que garantice un primer conjunto de prestaciones.\nLa Cartera de servicios sociales 2008-2009 debe incluir al menos los siguientes requisitos:\nLas áreas básicas de servicios sociales deben tener una dotación de tres diplomados en trabajo social y dos diplomados en educación social por cada quince mil habitantes.\nLa dotación de profesionales de los equipos de atención a la infancia y la adolescencia y de los equipos de valoración de las personas con discapacidad debe incrementarse el 50%.\nLos servicios de ayuda a domicilio deben llegar a atender al 4% de las personas de sesenta y cinco o más años.\nEl número de personas atendidas por el servicio de teleasistencia domiciliaria debe llegar a 24.000.\nLa asistencia tecnológica, el servicio de asistente personal y las ayudas instrumentales destinadas a mantener o mejorar la autonomía personal que tengan carácter de derecho subjetivo deben llegar, de acuerdo con los programas individuales de atención, a las personas en situación de dependencia de grado III, de acuerdo con la clasificación establecida por la Ley del Estado 39/2006.\nEl número de horas de atención de los servicios de atención precoz debe llegar a un promedio de 1,2 horas semanales y a un mínimo de 25.000 usuarios.\nEl número de plazas en servicios de intervención socioeducativa no residencial para niños y adolescentes debe incrementarse el 50%.\nEl número de plazas de residencias y centros de día de personas mayores, residencias, hogares residencia, centros de día, centros de atención especializada y centros ocupacionales para personas con discapacidad o con enfermedad mental debe incrementarse el 20%.\nDeben dotarse las plazas de acogida residencial para niños y adolescentes que sean precisas para atender las necesidades detectadas.\nComisiones sectoriales del Consejo General de Servicios Sociales\nEl Consejo Sectorial de Servicios Sociales de Atención a las Personas mayores.\nEl Consejo Sectorial de Servicios Sociales de Atención a las Personas con Disminución.\nEl Consejo Sectorial de Servicios Sociales de Atención Primaria.\nEl Consejo Sectorial de Servicios Sociales de Atención a la Infancia de Cataluña.\nRelación entre las áreas básicas de servicios sociales y las áreas básicas de salud\nSistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia\nEn el marco del sistema público de servicios sociales, se configura una red de atención a la dependencia y la vida autónoma que comprende el conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, programas, actividades y prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas en este ámbito de atención y protección, como Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia, a los efectos del desarrollo y aplicación en Cataluña del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado con carácter general por la Ley del Estado 39/2006.\nLa red pública para la autonomía y la atención a la dependencia se vincula a la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.\nAgencia de gestión de las políticas públicas del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia\nFichero único de datos personales\n3. Las leyes y los actos de creación de las prestaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 deben determinar necesariamente:.\nConsejos sectoriales de servicios sociales\nMedidas de desconcentración y descentralización de los servicios propios de la Generalidad\nEl departamento competente en materia de servicios sociales debe organizar funcionalmente sus servicios territoriales en dos áreas operativas: el área de servicios propios de la Generalidad y el área de servicios que pueden descentralizarse hacia los entes locales.\nDeben constituirse comisiones interadministrativas de cooperación institucional entre la Generalidad y los entes locales competentes de cada veguería, que deben responsabilizarse de fijar los objetivos de gestión de los servicios de la Generalidad en el territorio correspondiente que puedan descentralizarse, deben hacer su seguimiento y deben evaluar sus resultados. Estas comisiones deben estar compuestas por tres quintas partes de miembros de la Generalidad y dos quintas partes de miembros de los entes locales afectados.\nMientras no se apruebe la organización territorial de Cataluña, las administraciones locales y las administraciones supramunicipales, que son las diputaciones provinciales, los consejos comarcales, las mancomunidades de municipios y los consorcios municipales, pueden asumir las funciones que la presente ley atribuye a los entes locales supramunicipales. En todo caso, deben respetarse las competencias que los ayuntamientos y los consejos comarcales tenían asumidas en el momento de la entrada en vigor de la presente ley y debe asegurarse la participación de los ayuntamientos de los municipios de más de veinte mil habitantes y de los consejos comarcales del territorio correspondiente, mediante la constitución de un consejo asesor de cada comisión interadministrativa de cada veguería, con la presencia de las correspondientes administraciones locales competentes en materia de servicios sociales.\nEn el plazo de dos años a partir de la aprobación de la presente ley, el Gobierno debe crear por decreto las comisiones mixtas de transferencias y debe regular su composición y sus funciones. Estas comisiones deben establecer el proceso de traspaso o delegación de competencias, deben fijar los protocolos de actuación correspondientes y deben proponer a las diferentes administraciones las fórmulas pertinentes de seguimiento o de gestión conjunta de los servicios sociales descentralizados.\nLo establecido por la presente disposición debe entenderse sin perjuicio de lo establecido por la Carta municipal de Barcelona.\nMedidas de adaptación del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales a la desconcentración y descentralización de los servicios propios de la Generalidad\nEl Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales debe ir adaptando su estructura y funcionamiento al proceso de desconcentración y descentralización administrativas de los servicios sociales de la Generalidad a medida que este vaya desarrollándose y que se ejecuten los correspondientes traspasos de establecimientos y servicios.\nEn el marco del proceso de adaptación a que se refiere el apartado 1, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales debe devenir el organismo de la Administración de la Generalidad responsable de la gestión de las prestaciones económicas de carácter individual y de la gestión de los convenios de colaboración de la Generalidad con las administraciones locales competentes en materia de servicios sociales.\nMedidas de adaptación reglamentaria\nMedidas de desarrollo de la Cartera de servicios sociales\nEl Gobierno, para elaborar la primera cartera de servicios sociales, debe tomar como base el Catálogo clasificado de servicios y prestaciones sociales del Sistema Catalán de Servicios Sociales, que se anexa a la presente ley.\nEl Gobierno puede actualizar la Cartera de servicios sociales, con una frecuencia bienal, durante los primeros seis años después de la aprobación de la presente ley, para que pueda adecuarse con más rapidez y flexibilidad a las necesidades de atención social de la población, de acuerdo con lo que establezcan las correspondientes leyes de presupuestos.\nInforme sobre la Cartera de servicios sociales 2008-2009\nLa presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2008, salvo la disposición adicional novena, que entra en vigor al día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.\nEl derecho a las prestaciones de atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal debe hacerse efectivo de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva de la Ley del Estado 39/2006, con las adaptaciones que, si procede, efectúe la Generalidad, de acuerdo con la normativa.\nPalacio de la Generalidad, 11 de octubre de 2007\n.1 Prestaciones de servicios\n1.1. Servicios sociales básicos\n1.1.1. Servicio básico de atención social\n1.1.2. Servicios de atención domiciliaria\n1.1.2.1. Servicio de ayuda a domicilio\n1.1.2.2. Servicio de las tecnologías de apoyo y cuidado\n1.1.3. Servicios residenciales de estancia limitada\n1.1.3.1. Servicio de acogida residencial de urgencia\n1.1.3.2. Servicio de residencia temporal para personas adultas en situación de marginación\n1.1.4. Servicio de comedor social\n1.1.5. Servicio de asesoramiento técnico de atención social\n1.1.6. Servicios de intervención socioeducativa no residencial para niños y adolescentes\n1.1.6.1. Servicio de centro abierto\n1.1.7. Servicio de Información y Atención a las Mujeres\n1.2. Servicios sociales especializados\n1.2.1. Infancia, adolescencia y juventud\n1.2.1.1. Servicio especializado de atención a la infancia y a la adolescencia (SEAIA)\n1.2.1.2. Servicio de centro de acogida\n1.2.1.3. Servicios residenciales de acción educativa\n1.2.1.3.1. Servicio de Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE)\n1.2.1.3.2. Servicio de Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI)\n1.2.1.3.3. Servicio de Unidad de Educación Intensiva\n1.2.1.4. Servicio de piso asistido para jóvenes de 16 a 18 años\n1.2.1.5. Servicio de piso asistido para jóvenes mayores de 18 años\n1.2.1.6. Servicio de residencia o piso para jóvenes vinculados a programas de inserción laboral\n1.2.1.7. Servicio de integración familiar\n1.2.1.7.1. Servicio de Unidad Convivencial de Acción Educativa\n1.2.1.8. Servicio de centro socioeducativo diurno\n1.2.1.9. Servicio de Acompañamiento Especializado a Jóvenes Tutelados y ex Tutelados (SAEJ)\n1.2.1.10. Servicio de apoyo a la adopción internacional\n1.2.1.11. Servicio de atención posadoptiva\n1.2.1.12. Servicio del Teléfono de la Infancia\n1.2.1.13. Servicio de equipos de valoración de maltratos infantiles (Evami)\n1.2.2. Personas mayores con dependencia o riesgo social\n1.2.2.1. Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente\n1.2.2.2. Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural\n1.2.2.3. Servicio de centro de noche para personas mayores con dependencia o riesgo social\n1.2.2.4. Servicios de centros residenciales para personas mayores\n1.2.2.4.1. Servicio de hogar residencia para personas mayores de carácter temporal o permanente\n1.2.2.4.2. Servicio de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o permanente\n1.2.2.5. Servicio de vivienda tutelada para personas mayores de carácter temporal o permanente\n1.2.2.6. Servicio de familia de acogida para personas mayores\n1.2.2.7. Servicio de tutela para personas mayores\n1.2.2.8. Servicio de valoración de la dependencia (SVD)\n1.2.2.9. Puntos para la promoción de los derechos y la defensa de las personas mayores\n1.2.3. Personas con discapacidad\n1.2.3.1. Servicios comunes para personas con discapacidad\n1.2.3.1.1. Servicio de valoración de la dependencia (SVD)\n1.2.3.1.2. Servicios de valoración y orientación\n1.2.3.1.2.1. Servicio de orientación\n1.2.3.1.2.2. Servicio de valoración\n1.2.3.1.3. Servicio de atención precoz\n1.2.3.1.4. Servicio de transporte adaptado\n1.2.3.1.5. Servicio de apoyo a la integración laboral externo (SAIL externo)\n1.2.3.1.6. Servicio complementario de ajuste personal y social (SCAPS)\n1.2.3.1.7. Servicio de centro para la autonomía personal\n1.2.3.1.8. Servicio de terapia ocupacional\n1.2.3.2. Servicios para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.1. Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.2. Servicio de centro de noche para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.3. Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.4. Servicios de acogida residencial que requieren apoyo intermitente o limitado para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.4.1. Servicio de hogar con apoyo u hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.5. Servicios de acogida residencial que requieren apoyo extenso o generalizado para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.5.1. Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.6. Servicios de centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.6.1. Servicio de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.6.2. Servicio ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.7. Servicio de tiempo libre para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.2.8. Servicio de tutela para personas con discapacidad intelectual\n1.2.3.3. Servicios para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.1. Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.2. Servicio de centro de noche para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.3. Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad física.\n1.2.3.3.4. Servicios de acogida residencial que requieren apoyo intermitente o limitado para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.4.1. Servicio de hogar con apoyo u hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.5. Servicios de acogida residencial que requieren apoyo extenso o generalizado para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.5.1. Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.6. Servicios de centros ocupacionales para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.6.1. Servicio de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.6.2. Servicio ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad física\n1.2.3.3.7. Servicio de asistente personal para personas con discapacidad física\n1.2.3.4. Servicios para personas con discapacidad sensorial\n1.2.3.4.1. Servicio de intérprete para sordos\n1.2.3.5. Servicio de apoyo a la integración sociolaboral y personal para personas con discapacidad visual y pluridiscapacidades añadidas\n1.2.4. Personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.1. Servicio de centro de noche para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.2. Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.3. Servicios de viviendas para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.3.1. Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.3.2. Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.4. Servicio de residencia asistida temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental\n1.2.4.5. Servicio de club social\n1.2.4.6. Servicio prelaboral\n1.2.4.7. Servicio de tutela para personas con enfermedad mental\n1.2.4.8. Servicio de valoración de la dependencia (SVD)\n1.2.5. Personas afectadas por el virus VIH/SIDA\n1.2.5.1. Servicio de centro de noche para personas afectadas por el virus VIH/SIDA\n1.2.5.2. Servicio temporal de hogar con apoyo para personas afectadas por el virus VIH/SIDA\n1.2.5.3. Servicio temporal de hogar residencia para personas afectadas por el virus VIH/SIDA\n1.2.5.4. Servicio de prevención para personas afectadas por el virus VIH/SIDA\n1.2.6. Cuidadores (familiares u otros cuidadores no profesionales)\n1.2.6.1. Servicio de apoyo a los familiares cuidadores y a otros cuidadores no profesionales\n1.2.7. Familias con problemática social y riesgo de exclusión social\n1.2.7.1. Servicio del Centro de Mediación Familiar de Cataluña\n1.2.7.2. Servicio de atención a las familias\n1.2.8. Mujeres en situación de violencia machista y sus hijos\n1.2.8.1. Servicio de atención especializada urgente para mujeres en situación de violencia machista y para sus hijos\n1.2.8.2. Servicios de acogida residencial para mujeres en situación de violencia machista y para sus hijos\n1.2.8.2.1. Servicio de casa de acogida\n1.2.8.2.2. Servicio de piso con apoyo\n1.2.8.2.3. Servicio de piso puente\n1.2.8.3. Servicio de centro de intervención especializada para mujeres en situación de violencia machista y para sus hijos\n1.2.8.4. Servicio de puntos de encuentro para el cumplimiento del régimen de visitas\n1.2.8.5. Servicio de la línea de atención a las mujeres en situación de violencia machista\n1.2.8.6. Servicio de atención psicológica\n1.2.8.7. Servicio de asesoramiento jurídico\n1.2.9. Víctimas de delitos con violencia o personas con riesgo de sufrirlos\n1.2.9.1. Servicio de Atención a la Víctima\n1.2.10. Personas con drogodependencias\n1.2.10.1. Servicio de hogar con apoyo para personas con drogodependencias\n1.2.10.2. Servicio de prevención de drogodependencias\n1.2.10.3. Servicios de reinserción para personas con drogodependencias\n1.2.10.3.1. Servicio de reinserción para personas con drogodependencias\n1.2.10.3.2. Servicio de centro de día para personas con drogodependencias\n.2 Prestaciones económicas\n2.1. Prestaciones económicas de derecho subjetivo\n2.1.1. Prestación para jóvenes ex tutelados\n2.1.2. Pensión no contributiva por jubilación\n2.1.3. Pensión no contributiva por invalidez\n2.1.4. Prestación complementaria para los pensionistas de la modalidad no contributiva, por invalidez o jubilación\n2.1.5. Ayudas asistenciales de protección a los cónyuges supervivientes\n2.1.6. Prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar de los cónyuges o familiares supervivientes\n2.1.7. Prestación para la acogida de una persona menor de edad tutelada por la Generalidad\n2.1.8. Prestación económica de carácter universal por niño o niña a cargo\n2.1.9. Prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogida múltiple\n2.1.10. Prestación económica vinculada al servicio de asistente personal para personas con discapacidad física\n2.2. Prestaciones económicas de derecho de concurrencia\n2.2.1. Prestaciones económicas de carácter social para los trabajadores del mar\n2.2.2. Ayuda por parto, adopción o acogida múltiple, sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar\n2.2.3. Ayuda por adopción internacional\n2.2.4. Ayudas personalizadas al alojamiento\n2.2.4.1. Ayudas para evitar la pérdida de la vivienda\n2.2.4.2. Ayudas al alquiler de la vivienda para determinados colectivos\n2.3. Prestaciones económicas de urgencia social\n.3 Prestaciones tecnológicas\n3.1. Ayudas técnicas dependientes del sistema de servicios sociales\n3.1.1. Ayudas para la movilidad y el transporte\n3.1.2. Ayudas para la autonomía personal y la comunicación\n3.2. Otras prestaciones de apoyo a la accesibilidad y de supresión de barreras dependientes del sistema de servicios sociales\n3.2.1. Ayudas para la supresión de barreras arquitectónicas y de barreras en la comunicación\n3.2.2. Ayudas para la adaptación de viviendas para personas con discapacidad\n3.3. Aparatos técnicos para las tecnologías de apoyo y cuidado\nLey de Servicios Sociales de Illes Balears (Ley 4/2009, de 11 junio)\nResolución de 12 de septiembre de 1988, del organismo nacional de loterías y Apuestas del Estado, por la que se unifican los Sellos para validar las distintas modalidades de juegos de la Loteria primitiva.