Tema Derecho al debido proceso EXP. N.° 3741-2004-AA/TC\nResolución N.º 03741-2004-AA/TC LIMA\nCaso Ramón Hernando Salazar Yarleque RAMÓN HERNANDO\nSumillaEl debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los derechos de administrado durante la actuación del poder da sanción de la administración. Implica por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aun condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercidas en la práctica (FJ 21).\nEn Lima, a los 14días del mes de noviembre de 2005, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, presidente; Bardelli Lartirigoyen, vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia\nRecurso extraordinario interpuesto por don Ramón Hernandp Salazar Yarlenque contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su fecha 30 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos.\nCon fecha 14 de febrero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad de Surquillo, solicitando que se ordene a la emplazada admitir a trámite sus medios impugnatorios sin la exigencia previa de pago de la tasa que por tal concepto tiene establecido en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos.\nAduce el demandante que tras haberle impuesto una multa la entidad emplazada se presentó en la municipalidad a efectos de impugnar dicha decisión, pero se le exigió previamente el pago de quince nuevos soles (S/. 15.00) por concepto de tasa impugnación, conforme al TUPA de la referida entidad edil, agregando que la exigencia de dicho pago vulnera su derecho de petición, así como su derecho de defensa como elemento del debido proceso que consagra la Constitución.\nLa emplazada contesta la demanda contradiciendo de modo sustancial sus argumentos. Sostiene que la Constitución, en su artículo 192.°, inciso 3, reconoce competencia a los municipios para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, y que sobre dicha base, ha establecido en su TUPA el pago por los conceptos de presentación de documentos cinco soles y por concepto de impugnación diez soles, los cuales se encuentran debidamente sustentados en su estructura de costos.\nEl Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de junio de 2003, declara infundada la demanda considerando que el monto establecido por concepto de impugnación, así como el que se establece por concepto de recepción de documentos, ascendente en total a la suma de quince nuevos soles, se encuentra previsto en el TUPA de la municipalidad emplazada. Argumenta también que dicha norma ha sido expedida conforme al Código Tributario y que, por ello, no se están violando los derechos del recurrente, tal como este alega.\nLa recurrida confirma la apelada con argumentos similares.\n1. Mediante el presente proceso de amparo constitucional, el demandante solicita que se ordene a la Municipalidad Distrital de Surquillo admitir a trámite los medios impugnatorios que desea hacer valer frente a una resolución de multa emitida por dicha entidad, sin que por ello tenga que pagar previamente un derecho de trámite que la municipalidad emplazada ha establecido y que el recurrente considera violatorio de sus derechos constitucionales de defensa y de petición, consagrados en los artículos 139.º, inciso 3 y 2.º inciso 20, de la Constitución, respectivamente.\n2. Antes de evaluar el fondo de la controversia, es necesario precisar que el pago que la Municipalidad emplazada ha establecido como condición para atender el escrito de impugnación del recurrente, comprende en realidad dos conceptos claramente separados conforme al propio TUPA de la referida municipalidad. Así, en el rubro 1 de la Ordenanza N.º 084/MDS, referido al cobro por concepto de Recursos impugnativos, se fija para el caso, tanto del recurso de reconsideración como del recurso de apelación, la suma de diez nuevos soles, mientras que en el rubro N.º 7, referido a la Recepción de documentos en general, se fija como monto la suma de cinco nuevos soles.\n3. Este Tribunal considera que lo que en realidad se está cuestionando por contravenir los derechos de petición y de defensa, es el concepto referido al cobro por “derecho de impugnación”, consignado en el rubro 1 del TUPA de la municipalidad emplazada. En consecuencia, este extremo será materia de análisis por parte de este Colegiado.\n§1. Control de constitucionalidad y control de legalidad de los actos de la administración\n4. En primer lugar, resulta pertinente atender que tanto el juez de instancia como el colegiado que atendió el recurso de apelación no se han referido a la dimensión constitucional de los hechos planteados por el recurrente, puesto que ambos se han limitado a verificar si la imposición del pago previsto para impugnar una decisión de la municipalidad emplazada, se ha ajustado a las normas infraconstitucionales como el Código Tributario o la propia Ordenanza Municipal N.º 084/MDS, que aprobó el TUPA de la municipalidad demandada, donde, en efecto, se encuentra previsto el cobro de un derecho por concepto de presentación de recursos impugnatorios. En este sentido, el a quo, luego de verificar que el monto establecido por concepto de apelación se encuentra regulado en el respectivo TUPA de la municipalidad, que se enmarca dentro de los parámetros establecidos por el Código Tributario, concluye que “(...) no se estaría vulnerando (el) derecho a la defensa (del recurrente)”(fundamento jurídico sexto de la sentencia).\n5. Un razonamiento en este sentido obliga a este Tribunal a hacer algunas precisiones previas. En primer lugar, se debe recordar que tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales tienen la obligación de verificar si los actos de la administración pública, que tienen como sustento una ley, son conformes los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Este deber, como es evidente, implica una labor que no solo se realiza en el marco de un proceso de inconstitucionalidad (previsto en el artículo 200.º, inciso 4, de la Constitución), sino también en todo proceso ordinario y constitucional a través del control difuso (artículo 138.°).\n6. Este deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía de la Constitución también alcanza, como es evidente, a la administración pública. Esta, al igual que los poderes del Estado y los órganos constitucionales, se encuentran sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y, en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51.º de la Constitución. De modo tal que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley –más aún si esta puede ser inconstitucional– sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de legalidad», en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución, al prever que «[l]as autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (...)» (énfasis agregado).\n7. De acuerdo con estos presupuestos, el Tribunal Constitucional estima que la administración pública, a través de sus tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución –dada su fuerza normativa–, sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Ello se sustenta, en primer lugar, en que si bien la Constitución, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 138.°, reconoce a los jueces la potestad para realizar el control difuso, de ahí no se deriva que dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni tampoco que el control difuso se realice únicamente dentro del marco de un proceso judicial.\n8. Una interpretación positivista y formal en ese sentido no solo supone el desconocimiento de determinados principios de interpretación constitucional, como los de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, que ha establecido el Tribunal Constitucional en tanto que supremo intérprete de la Constitución; sino también daría lugar a una serie de contradicciones insolubles en la validez y vigencia de la propia Constitución. Así, por ejemplo, una interpretación en ese sentido del artículo 138.º de la Constitución supondría que el cumplimiento de la supremacía jurídica de la Constitución solo tiene eficacia en los procesos judiciales y no en aquellos otros procesos o procedimientos de naturaleza distinta lo cual significaría convertir a la Constitución en una norma legal. Evidentemente, esta forma de interpretar la disposición aludida contradice abiertamente el artículo 51.º, el cual señala que «La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las demás normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)».\n9. Por tanto, el artículo 138.° no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y literal; por el contrario, la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de unidad de la Constitución, considerando el artículo 51.º antes señalado, más aún si ella misma (artículo 38.°) impone a todos –y no solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y defenderla. Es coherente con ello el artículo 102º del Código Tributario, cuando precisa que «[a]l resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía (...)»; es decir, aquellas disposiciones de la Constitución que, en este caso, se manifiestan a través de los principios constitucionales tributarios y de los derechos fundamentales que están relacionados con dichos principios.\n10. En segundo lugar, está de por medio también la eficacia vertical de los derechos fundamentales; es decir, su eficacia en particular frente a todos los poderes y órganos del Estado, lo que incluye a la administración pública. Y es que en el marco del Estado constitucional, el respeto de los derechos fundamentales constituye un imperativo que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones que pueden provenir, tanto del propio Estado –eficacia vertical– como de los particulares –eficacia horizontal–; más aún cuando, a partir del doble carácter de los derechos fundamentales, su violación comporta la afectación no sólo de un derecho subjetivo individual –dimensión subjetiva–, sino también el orden objetivo de valores que la Constitución incorpora –dimensión objetiva–.\n11. Esta incidencia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional implica, por otra parte, un redimensionamiento del antiguo principio de legalidad en sede administrativa, forjado en el siglo XIX en un etapa propia del Estado liberal. Si antes la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales se realizaba en el ámbito de la ley, en el Estado constitucional, la legitimidad de las leyes se evalúa en función de su conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales que ella reconoce. Por eso mismo, es pertinente señalar que el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control difuso –dimensión objetiva–, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos –dimensión subjetiva–.\n12. Por ello es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del principio de legalidad, la administración pública aplique, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, una ley que vulnera la Constitución o un derecho fundamental concreto. En definitiva, esta forma de proceder subvierte el principio de supremacía jurídica y de fuerza normativa de la Constitución y la posición central que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional, en el cual «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado» (artículo 1.º).\n13. En el Derecho constitucional comparado –es el caso puntual del ordenamiento chileno–, se admite, por ejemplo, que un órgano constitucional como la Contraloría General de la República realice un control constitucional de las normas en sede administrativa. El control que realiza esta entidad administrativa\n(...) es, como es obvio, un control estrictamente jurídico, en el que la Contraloría confronta la actuación administrativa reglamentaria o singular, contenida en un decreto o resolución, con el ordenamiento jurídico en su conjunto, haciendo primar este último por sobre aquélla, como consecuencia del principio general de legalidad que establece el propio Art. 7º CPR. Sin embargo, es en el control de los aspectos constitucionales de la actuación administrativa donde la actividad fiscalizadora de la Contraloría adquiere mayor entidad, en la medida que su pronunciamiento no puede ser “salvado” mediante la insistencia gubernamental, ya que –se considera– al estar el decreto o resolución en pugna –aparentemente– con la Constitución, pone en peligro valores, principios o derechos de la más alta consideración en el ordenamiento.\n14. Por ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los tribunales y órganos colegiados de la administración pública, a través del control difuso, anular un acto administrativo inaplicando una norma legal a un caso concreto, por ser violatoria de los derechos fundamentales del administrado, tal como lo dispone el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que sanciona con nulidad el acto administrativo que contravenga la Constitución, bien por el fondo, bien por la forma; siempre, claro está, que dicha declaración de nulidad sea conforme a la Constitución y/o a la interpretación del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.\n15. En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales; examen que la administración pública debe realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado «(...) garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general» (énfasis agregado).\n16. De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38.º, 51.º y 201.º de la Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático.\n17. Sentadas estas premisas, la controversia en el presente caso se centra en determinar si el establecimiento del pago de derechos por parte de la municipalidad emplazada, como requisito para tramitar la impugnación de una decisión de la propia entidad, pese a estar plenamente reconocido en el TUPA de la referida municipalidad, resulta, no obstante, violatorio de los derechos constitucionales al debido proceso administrativo, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de petición que consagra nuestra Carta Fundamental.\n§2. Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de los actos de la administración\n18. Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado, el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la Constitución, no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido, a “(...) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana”. (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71).\n19. Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando estas se hayan agotado y causado estado en la decisión final de la administración.\n20. El recurrente sostiene, en efecto, que la exigencia del pago previo de una tasa para recibir y dar trámite a su escrito de apelación contra un acto administrativo que considera contrario a sus intereses, afecta su derecho de defensa en sede administrativa y, por tanto, vulnera el debido procedimiento administrativo. Por su parte, al contestar la demanda, la municipalidad emplazada aduce que dicho cobro es por la “(...) realización de un acto administrativo que deseaba efectuar el actor”, el cual se encuentra plenamente reconocido en el TUPA y que, por ello, no puede ser inconstitucional. El Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la emplazada, puesto que el hecho de que un acto se sustente en una norma o reglamento no le otorga necesariamente naturaleza constitucional, ni descarta la posibilidad de que este Colegiado efectúe el control jurisdiccional. Esta tesis es, en todo caso, contraria al Estado Democrático, donde rige el principio del control jurisdiccional de la administración y en el que, desde luego, el parámetro de control, como ya ha quedado dicho, no es la Ley ni el reglamento, sino la Constitución.\n21. El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica.\n22. En coclusión, este Tribunal estima que, en el presente caso, el establecimiento de una tasa o derecho como condición para ejercer el derecho de impugnar la propia decisión de la Administración, vulnera el debido proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución.\n§3. El derecho de defensa y el derecho de recurrir el acto administrativo\n23. Íntimamente vinculado a lo anterior está el tema del derecho de defensa del ciudadano frente al ejercicio del poder de sanción de la administración, sobre todo si se tiene en cuenta que, en el presente caso, se encuentra regulada una instancia de apelación en el propio procedimiento administrativo, por lo que el Tribunal estima que, en el caso de autos, el derecho de defensa previsto en el artículo 139.°, inciso 14), despliega todos sus efectos. Desde luego, el derecho de recurrir una decisión de la administración no debe confundirse con el derecho al recurso o con el derecho a una doble instancia administrativa, que, como ya tiene dicho este Colegiado, no logra configurarse como un derecho constitucional del administrado, puesto que no es posible imponer a la administración, siempre y en todos los casos, el establecimiento de una doble instancia como un derecho fundamental. El derecho de recurrir las decisiones de la administración comporta la posibilidad material de poderlas enervar, bien en el propio procedimiento administrativo, cuando la ley haya habilitado un mecanismo bien en todo caso, de manera amplia y con todas las garantías, ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo o, incluso, a través del propio recurso de amparo cuando se trate de la afectación de derechos fundamentales.\n24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como ocurre en el presente caso, se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos de defensa.\nEvidentemente, no cualquier imposibilidad de ejercer tale medios legales para la defensa produce un estado de indefensión reprochable constitucionalmente. Esta sólo adquiere tal relevancia cuando la indefensión se genera en una indebida actuación del órgano que investiga o juzga al individuo o cuando, como ocurre en autos, se establecen condicionamientos al ejercicio mismo del derecho de defensa. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional español, criterio que este Colegiado comparte, esta se produce “(...) únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos (...) con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (...)” (STC 15/2000), tras la realización de un acto u omisión imputable al órgano o ente al que se reputa la comisión del agravio.\n25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya sea al interior del propio procedimiento administrativo o a través de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad de presentar pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano administrativo de no imponer mayores obstrucciones para presentar los alegatos de descargo o contradicción y, desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la situación del administrado.\n26. En el presente caso, el Tribunal estima que también se pone en riesgo este derecho constitucional cuando la municipalidad emplazada solicita el pago de una tasa para ejercer el derecho de impugnar una sanción administrativa, como lo es la determinación de multa en contra del recurrente. En tal sentido resulta inconstitucional y, por tanto, inaplicable al recurrente la disposición contenida en la Ordenanza Municipal N.º 084/MDS, que establece el pago de diez nuevos soles por concepto de recursos impugnativos, correspondiente a la Unidad Orgánica Oficina de Secretaría General, rubro 1.\n§4. La imposición del pago de un derechopor recurrir un acto de la administración incentiva la arbitrariedad de los actos de poder\n27. Al momento de presentar su “expresión de agravios” frente a la decisión del a quo, el recurrente ha arqüido que “(...) de admitirse como legítima la facultad de la administración para cobrar un derecho administrativo por recepcionar recursos de impugnación contra las sanciones que impone, se estaría creando una nueva fuente de recursos financieros municipales sustentados en la arbitrariedad. En tal caso, ya no importaría si la multa finalmente será pagada, sino que el solo hecho de pretender impugnarla habrá de constituir un ingreso para la administración”.\n28. Si bien debe presumirse que toda actuación de los poderes públicos tiene como marco de referencia la observancia del principio de buena fe y la defensa del interés general, también debe aceptarse que el razonamiento del recurrente resulta materialmente plausible. Aun no reconociendo esta posibilidad como real en el contexto del caso planteado, este Tribunal estima que la presencia de cuotas o derechos por concepto de impugnación de los propios actos de la administración, en el mejor de los casos, no incentiva la participación del ciudadano en el control de los actos del poder público y genera una interferencia cuestionable para el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho.\nEn consecuencia, también desde esta perspectiva, el establecimiento del pago de un derecho para impugnar una decisión de la administración es atentatorio del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y, además, desde una perspectiva más general, estimula comportamientos contrarios al espíritu que debe inspirar una práctica administrativa democrática.\n§5. El derecho de petición y su desarrollo constitucional\n29. El recurrente también ha señalado en su escrito de demanda y en su recurso extraordinario que el pago de un derecho previo a la presentación de un escrito de impugnación de una resolución de la municipalidad emplazada afecta su derecho constitucional de petición, previsto en el artículo 2.º, inciso 20, de la Constitución.\n30. El derecho de petición ha merecido atención de este Colegiado en más de una oportunidad. En la STC. 1042-2002-AA/TC, se ha establecido que este “(...) constituye (...) un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos relacionarse con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto característico y esencial del Estado democrático de derecho”. (Fundamento jurídico 2.2.2).\n31. Un mayor desarrollo del derecho de petición se encuentra en la 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 27444, específicamente en los artículos 106.° a 112.°, que bien puede considerarse una ley de desarrollo del derecho constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al referirse al ámbito de actuación de este derecho, se ha incluido el derecho “de contradecir actos administrativos”. De este modo, el derecho de petición, como cláusula general, comprende:\n1. La facultad (derecho) de presentar escritos de solicitud ante la administración como peticiones individuales o colectivas. Estos escritos pueden contener: a) solicitudes concretas a favor del solicitante; b) solicitudes a favor de terceros o de un colectivo; c) reclamaciones, por ejemplo, por la deficiencia de los servicios públicos; d) solicitudes de información; e) consultas; o, f) solicitudes de gracia. Todas estas manifestaciones del derecho de petición tienen en común el hecho de que se desarrollan al margen de un procedimiento instaurado ya sea de oficio o a instancia del administrado, constituyéndose, si se quiere, como un derecho incondicional y espontáneo que surge de la simple dimensión ciudadana del sujeto que se vincula de este modo con el poder público a través de un documento escrito.\n2. La facultad (derecho) de contradecir las decisiones de la administración. Esta es una dimensión que difiere de las manifestaciones anteriores, en tanto estamos ante el supuesto de un acto previo de parte de la administración, iniciado de oficio o a instancia de parte. El legislador nacional ha incluido esta dimensión del derecho de petición aun a contracorriente de la doctrina, que siempre ha diferenciado el derecho de queja o el derecho al recurso administrativo del derecho de petición. En consecuencia, en el derecho nacional, el derecho de contradicción como un derecho genérico ejercitable contra los actos de la administración, puede concretarse a través de los recursos administrativos cuando la legislación así lo establezca, o a través del propio proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial.\n3. Tratándose del ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de petición impone, al propio tiempo, una serie de obligaciones a los poderes públicos. Esta obligación de la autoridad competente de dar al interesado una respuesta también por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho de petición mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición, sin poner ninguna condición al trámite; b) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición, extendiendo un cargo de ingreso del escrito; c) dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver la petición, motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante lo resuelto.\n32. Sin duda, en el presente caso, el derecho constitucional de petición también se ha visto afectado en su dimensión de contradicción del acto administrativo. Ello porque se ha impuesto al recurrente una condición para el ejercicio de tal derecho, impidiéndosele la presentación de su escrito para oponerse al acto administrativo que consideraba contrario a sus derechos.\n§6. El derecho de acceso a la jurisdicción y el establecimiento de costos en el agotamiento de la vía previa\n33. Visto de cara a la posibilidad de impugnar la decisión de fondo de la municipalidad emplazada en un procedimiento contencioso o en un amparo, si acaso dicha decisión contuviera una decisión que afectara de manera inminente un derecho fundamental, el tema aquí planteado también puede enfocarse desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción. Es decir, se trata ahora de responder a la pregunta de si el establecimiento de una tasa o derecho, toda vez que estamos aún en un procedimiento ante la propia administración, ¿no supone acaso un obstáculo para la satisfacción del derecho de acudir ante la instancia judicial impugnando una decisión de la administración municipal?\n34. En la STC. 2763-2002-AA/TC, este Tribunal declaró que el derecho de acceso a la jurisdicción formaba parte del contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido por el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. Si bien este aspecto no ha sido invocado por el recurrente, el Tribunal estima necesario hacer notar que, a la luz de la configuración del sistema jurídico con relación a la tutela judicial de los derechos, el establecimiento de un pago para dar por agotada la vía administrativa se convierte, en la práctica, en un obstáculo contrario al derecho constitucional de toda persona de acceder sin condicionamientos a la tutela judicial.\n35. Debe recordarse, a modo de precedente jurisprudencial, que en la sentencia 3548-2003-AA/TC, con ocasión de declarar que el principio solve et repete era contrario al derecho de acceso a la jurisdicción, se estableció que el condicionamiento del pago previo para impugnar una decisión de la Administración Tributaria constituía una restricción desproporcionada que la hacía contraria a la Constitución. Hoy, con igual fuerza, debe afirmarse que también el pago, ya no de la multa como ocurría en el caso del “pague primero y reclame después”, sino de la tasa para enervar la multa, mediante el recurso impugnativo respectivo, constituye igualmente una interferencia económica del derecho de acceso a la jurisdicción que como derecho constitucionalmente reconocido no puede ser condicionado bajo ningún supuesto.\n§7. Necesidad de establecer el presente caso como precedente\n36. A raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha introducido en nuestro sistema jurídico el concepto de precedente constitucional vinculante. Ello comporta, de manera preliminar, que el Tribunal Constitucional tiene dos funciones básicas; por un lado resuelve conflictos, es decir, es un Tribunal de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, establece, a través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional para la aplicación del derecho por parte de los jueces del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional en casos futuros. La cuestión que debe esclarecerse, no obstante, es cuándo el Tribunal debe dictar un precedente.\n37. En la clásica tradición del Common Law norteamericano, tres son los presupuestos básicos que tiene en cuenta la Suprema Corte para dictar un precedente con efectos vinculantes sobre toda la judicatura a la que por excelencia se dirige el mensaje del precedente jurisdiccional; a saber:\nA) En primer lugar, la Corte dicta un precedente con efectos vinculantes cuando evidencie que en los niveles inferiores de la judicatura se dan distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a un caso determinado.\nB) La segunda razón que amerita el dictado de un precedente está referida a la necesidad de llenar un vacío legislativo o una laguna de las leyes. Se trata de hacer frente al caso construyendo una respuesta a partir de la interpretación constitucional.\nC) Finalmente, la tercera razón es la necesidad de desarrollar la jurisprudencia sentando un nuevo precedente que anula uno anterior (la conocida práctica del overruling).\n38. La incorporación de la técnica del precedente constitucional en nuestro derecho comparta la necesidad de fijar parámetros que respondan a nuestro contexto y a nuestra tradición jurídica. Si bien, prima facie, pueden asumirse las restricciones que ha desarrollado la Corte Americana para dictar un precedente, deben tenerse en cuenta, además, algunas particularidades de nuestros procesos constitucionales. Así, por ejemplo, ocurre que en los procesos constitucionales de la libertad (Hábeas Corpus, Hábeas Data, Amparo), con frecuencia se impugnan ante este Tribunal normas o actos de la administración o de los poderes públicos que no solo afectan a quienes plantean el proceso respectivo, sino que resultan contrarios a la Constitución y, por tanto, tienen efectos generales. Sin embargo, como es sabido, el Tribunal concluye, en un proceso constitucional de esta naturaleza, inaplicando dicha norma o censurando el acto violatorio derivado de ella, pero solamente respecto del recurrente, por lo que sus efectos violatorios continúan respecto de otros ciudadanos.\nSe configura, entonces, una situación paradójica: el Tribunal Constitucional, cuya labor fundamental consiste en eliminar del ordenamiento jurídico determinadas normas contrarias a la Constitución, no dispone, sin embargo, de mecanismos procesales a su alcance para expurgar del ordenamiento dichas normas, pese a haber tenido ocasión de evaluar su anticonstitucionalidad y haber comprobado sus efectos violatorios de los derechos fundamentales en un proceso convencional de tutela de derechos como los señalados.\n39. En el derecho comparado se advierten diferentes mecanismos que permiten que los propios tribunales puedan autoplantearse, de oficio, un proceso de inconstitucionalidad a efectos de pronunciarse con efectos generales sobre una ley que ha sido, en principio, impugnada a través de un proceso de tutela de un derecho fundamental como el amparo. Así, en el caso español, cuyo sistema de jurisdicción constitucional puede considerarse, prima facie, muy semejante al nuestro, se establece, en el artículo 52.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la llamada “autocuestion de constitucionalidad” que permite “convertir” un amparo en un proceso de inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de una sentencia con efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley por contravenir la Constitución.\n40. Si bien en nuestro sistema de jurisdicción constitucional no existe una previsión legal de tal envergadura, sin perjuicio de que este Colegiado pueda en el futuro analizar su incorporación a través de la jurisprudencia, la reciente previsión del precedente constitucional a que se refiere el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional constituye una herramienta que podría ayudar a suplir estas deficiencias legales, permitiendo optimizar la defensa de los derechos fundamentales, labor que corresponde por excelencia a este Colegiado.\nPor tanto, un supuesto adicional a los señalados por la Corte Suprema Americana, para el establecimiento de un precedente, puede configurarse, en el caso nuestro, a partir de la necesidad de que el Tribunal, luego de comprobar que una norma que ha sido cuestionada mediante un proceso que no es el de control abstracto, constate, además, que los efectos dañosos o violatorios de los derechos fundamentales denunciados afectan de modo general a un amplio grupo de personas; o que el acto impugnado y declarado contrario a la Constitución por el Tribunal constituye una práctica generalizada de la administración o de los poderes públicos en general. De este modo, la regla que el Tribunal extraiga a partir del caso deberá permitir anular los actos o las normas a partir del establecimiento de un precedente vinculante, no solo para los jueces, sino para todos los poderes públicos. El precedente es de este forma, una herramienta no solo para dotar de mayor predecibilidad a la justicia constitucional, sino también para optimizar la defensa de los derechos fundamentales, expandiendo los efectos de la sentencia en los procesos de tutela de derechos fundamentales.\n41. En tal sentido, y desarrollando los supuestos establecidos en la sentencia 0024-2003-AI/TC, este Colegiado considera que constituyen supuestos para la emisión de un precedente vinculante los siguientes:\nLa constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional.\nLa constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.\n§7.1. La distinción entre jurisprudencia y precedente\n42. La incorporación del precedente constitucional vinculante, en los términos en que precisa el Código Procesal Constitucional, genera por otro lado, la necesidad de distinguirlo de la jurisprudencia que emite este Tribunal. Las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, N.º 28301, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo.\n43. Por otro lado, con objeto de conferir mayor predecibilidad a la justicia constitucional, el legislador del Código Procesal Constitucional también ha introducido la técnica del precedente, en su artículo VII del título preliminar, al establecer que “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la Sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (…)”. De este modo, si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional, ejerce un poder normativo general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto.\n§7.2. Condiciones del uso del precedente\n44. De esto se desprende que el precedente es una técnica para la ordenación de la jurisprudencia permitiendo al mismo tiempo que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. De modo preliminar puede establecerse, sin embargo, que una primera restricción está referida a la relación entre caso y precedente. Como ocurre en los países del Common Law “(...)el valor de precedente de una decisión está determinado por aquello que un juez decide efectivamente en la sentencia. Mas aquello que es efectivamente decidido, está determinado con relación al caso (fattispecie) concreto de la controversia sometida a juicio” .\n45. En este sentido, este Colegiado considera que esta regla también es válida para nuestro sistema, aun cuando también es verdad que la configuración del caso en nuestro sistema jurídico no siempre se relacione con hechos concretos sino con la evaluación en abstracto de normas, como ocurre en el caso del control de constitucionalidad de la Ley, por ejemplo. Ello, no obstante, no hace que el precedente normativo que este Colegiado externalice, no tenga una directa relación con la cuestión central que deba decidirse porque así ha sido sometido al Tribunal Constitucional. Esto es así, porque, también tratándose del precedente normativo, la legitimidad con que actúa este Colegiado para incursionar en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico está sustentada en la necesidad de dar respuesta a las demandas que han sido planteadas por los entes legitimados para hacerlo. En otras palabras el Tribunal, también cuando dicta “normas” a través de sus sentencias no actúa de oficio, sino atendiendo al llamado de los protagonistas de los procesos constitucionales.\nEn tal sentido, como ya lo adelantáramos en la sentencia 0024-2003-AI/TC, la emisión de un precedente normativo vinculante se sustenta en la “Existencia de relación entre caso y precedente vinculante. En ese sentido, la regla que con efecto normativo el Tribunal Constitucional decide externalizar como vinculante, debe ser necesaria para la solución del caso planteado. El Tribunal Constitucional no debe fijar una regla so pretexto de solución de un caso, si en realidad esta no se encuentra ligada directamente con la solución del mismo”.\n46. En segundo lugar, como lo ha señalado la tradición del Common Law, el precedente debe constituir una regla de derecho y no puede referirse a los hechos del caso, si bien puede perfectamente partir de ellos. En tercer lugar, aunque parezca obvio, la regla del precedente constitucional no puede constituir una interpretación de una regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples construcciones; en otras palabras, el precedente no es una técnica para imponer determinadas doctrinas u opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal situación se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el Tribunal a través de su jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en determinados sentidos. El precedente, en estos supuestos, solo aparecerá como resultado de la evolución favorable de la doctrina jurisprudencial del Tribunal en determinado sentido. Esto último supone que el Tribunal debe abstenerse de intervenir fijando precedentes sobre temas que son más bien polémicos y donde las posiciones valorativas pueden dividir a la opinión pública. Esto implica, por otro lado, una práctica prudente que permite al Tribunal lograr el mayor consenso posible en el uso de esta nueva herramienta, lo cual le permitirá una verdadera potestad normativa, como ya se ha dicho.\n47. Para que una decisión de este Colegiado, planteada en forma de precedente vinculante pueda convertirse en una herramienta útil en la expansión de los efectos de una sentencia que, en principio, debiera tener solo efectos interpartes, resulta necesario establecer la distinción entre los efectos del precedente vinculante emitido por un Tribunal Constitucional, y lo que son los efectos del precedente judicial en los sistemas del Common Law.\n§9. El precedente extraíble en el presente caso\n50. Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la base de lo expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden directamente del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos:\nRegla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.\n1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, ordena a que la Municipalidad Distrital de Surquillo admita a trámite el medio de impugnación interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo que determinó una sanción de multa, sin exigirle previamente el pago de una tasa por concepto de impugnación.\n2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 41 y 50, supra, de esta sentencia.\n3. Remitir copia de la presente sentencia a la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos de que se adoptan las medidas necesarias para su fiel cumplimiento en el ámbito de toda la administración del Estado, conforme a las competencias que le confiere el artículo 119.° de la Constitución.\nFerrada Bórquez, Juan Carlos. «Los derechos fundamentales y el control constitucional». En Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XVII, diciembre, 2004. pp. 113-137. [Versión on line, www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502004000200005&lng=es&nrm=iso>]. Citado el 03 de julio de 2006.\nVéase las sentencias emitidas en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC y, más recientemente, en el Expediente N.º 2192-2004-AA/TC.\nVéase en este sentido la Sentencia emitida en el Expediente N.º 2209-2002-AA/TC, de manera más precisa el fundamento 19, donde ha quedado establecido que “(...) no siempre y en todos los casos, es posible extrapolar acríticamente las garantías del debido proceso judicial al derecho al debido procedimiento administrativo. Así, por ejemplo, si en sede judicial uno de los contenidos del derecho en referencia lo constituye el de la necesidad de respetarse el juez natural o pluralidad de instancias, en el caso del procedimiento administrativo, en principio, que el acto haya sido expedido por un órgano incompetente genera un vicio de incompetencia, pero no la violación del derecho constitucional. Y, en el caso de que no se pueda acudir a una instancia administrativa superior por haber sido expedido el acto por la última instancia en esa sede, ello, desde luego, no supone, en modo alguno, que se haya lesionado el derecho a la pluralidad de instancias”.\nVéanse, al respecto, las sentencias emitidas en los Expedientes N.os 0872-1999-AA/TC y 0941-2001-AA/TC.\nGarcía de Enterría y Fernández enfatizan que: “La nota característica de los recursos es, por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo cual les distingue de las peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las quejas (…) que no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en el curso mismo del procedimiento en que se producen los defectos de tramitación a que se refieren”. Curso de Derecho Administrativo, vol. II, pág. 510, Civitas, Madrid, 2001.\n“(...) en el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes (...)”.\nKauper, Paul G. “La regola del precedente e la sua applicazione nella giurisprudenza costituzionale degli stati uniti”, en Giuseppino Treves, La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Torino, 1971, p.221\nVéase, por ejemplo, en lo que respecta al Tribunal Federal Alemán, el parágrafo 31.1, BverfGG: “Las sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a los órganos constitucionales de la federación y de los Estados, a todos los tribunales y a todas las autoridades administrativas”. Cfr. Raúl Bocanegra Sierra, “Cosa juzgada, vinculación, fuerza de ley en las decisiones del Tribunal Constitucional alemán”, en Revista española de Derecho Constitucional, Vol I, N.° 1, CEC, Madrid, 1981, pág. 235 ss.


Cómo fijar la peladura en muebles de cuero de Jaymar / Journalisimo.com\nJayMar ha sido creación de alta calidad, muebles tapizados de cueros más finos del mundo desde 1956. Muebles de alta calidad pueden ser costosos y usted tendrá que todo lo que puedas para hacerlo hacer durar tanto como sea posible. Lamentablemente, como todos los otros muebles de cuero, cuero de Jaymar se puede dañar y pela con el tiempo. Incluso si usted no quiere gastar dinero teniendo sus muebles de cuero reparado por un profesional, puede prolongar su vida útil. Todo lo que necesita son unos pocos artículos para el hogar común y un kit de reparación de cuero.\n•Mezcla un detergente líquido para platos de parte y tres partes de agua en un tazón pequeño. Agite el agua para crear un montón de espuma. Utilizando estas espuma para limpiar el cuero.\n•DIP una-esponja de la espuma creada por la solución de limpieza. Frote la piel peeling suavemente con la parte abrasiva de la esponja. Trabajar con pequeños movimientos circulares para limpiar y quitar tanto de la piel dañada posible. Enjuague con agua y seque el área con una toalla.\n•Apply desnaturalizado alcohol a la zona de descamación de la piel con una toalla de papel y dejar para reposar de 5 a 10 minutos. Seque con una toalla. El alcohol puede causar una leve decoloración de la piel. Esto es normal y se corregirá con el tinte de cuero.\n•En la piel peeling con una lija de grano fino suave. Use la lija para quitar el resto de la piel dañada. Limpie cualquier polvo lejos de la zona con una toalla y rocíe el área con una solución de preparación del cuero. Seque con una toalla.\n•Apply pegamento cuero a las asperezas de la piel de la peladura. El pegamento ayudará a prevenir daños futuros y peeling. Deje que el pegamento se seque durante el tiempo especificado en la botella, generalmente una o dos horas. Suavizar el pegamento con una lija de grano fino.\n•Apply relleno de cuero a cualquier agrieta izquierda por el cuero pelado. Comienza aplicando una capa fina y luego alisar y quitar relleno sobrante con un paño limpio. Siga aplicando capas finas de relleno de la piel y alisando hasta que el daño no es visible.\n• Spray tinte de cuero sobre el área reparada para que coincida con el color del resto de la piel. Permita que el tinte se seque durante al menos una hora y aplicar otra capa. Repita hasta que usted ha rociado en tres capas de tinte. Permita que el tinte se seque completamente antes de pasar. Esto puede tomar hasta 10 horas.\n•RUB toda la pieza de muebles de cuero con un acondicionador de cuero. El acondicionador no sólo restaurará belleza a su piel de Jaymar, sino que también lo protegerá del desgaste futuro.\nTinte de cuero está disponible en multitud de colores. Puede que necesite mezclar dos o más tintes para juego con el color exacto de tu piel.\nCómo seleccionar muebles de cuero de calidad\nCómo utilizar un eléctrico pote Simmering\n¿Tomates necesitan refrigerarse al mediodía?


Fantástico piso en Calle Zamora | Inmobiliaria Campillo\nFantástico piso en Calle Zamora INM-1289\nSe alquila fantástico piso completamente amueblado de dos habitaciones con armarios empotrados y escritorios. Uno de los dormitorios con cama de 1.35. Cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos y balcón con tendedero. Salón amplio muy luminoso con comedor de cuatro sillas y balcón. Un baño completo con bañera.


La mejor ley del mundo | Ponele.info\nEl lunes se cumplieron 10 años de la mejor Ley de Identidad de Género del mundo. No estoy exagerando. Si bien nuestro país llegó relativamente tarde al reconocimiento de derechos trans (hasta bien entrado el siglo XXI nuestra existencia estuvo fuertemente criminalizada), la ley sancionada en 2012 fue la primera en el mundo en permitir la autodeterminación del género registral. Hoy otros países siguen la senda que inauguramos hace una década.\nPara celebrar la ocasión, me gustaría primero ver qué es lo que efectivamente dice la ley (poca gente la conoce en profundidad, pese a que es breve y simple) y luego hacer un pequeño análisis retrospectivo a 10 años de su sanción.\nAsí que primero, la ley. ¿Qué dice? A grandes rasgos, tiene cuatro puntos fundamentales.\nEn primer lugar, la definición de identidad de género como la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. (art 2°) No es una ley binarista, en ningún lugar dice que los géneros sean sólo dos o sólo varón y mujer. Tampoco una correspondencia entre género y distintas corporalidades. Por el contrario, es deliberadamente amplia.\nSegundo, el punto que más personas asocian a la ley: rectificar la identidad en documentos y registros es un derecho de todas las personas y cualquiera puede pedirla por vía administrativa, sin necesidad de autorización judicial. ¿También menores? Si, pero en ese caso deberá ser efectuada a través de sus representantes legales. Notoriamente, la ley no exige operaciones, terapias hormonales ni ningún tratamiento psicológico o médico. (arts 3° a 5°)\nComo en otros campos de la vida, en materia de reconocimiento de derechos hemos sido un país pionero. De hecho, quienes hacen campaña por los derechos humanos de las personas trans en otros países nos toman como ejemplo.\nMenos conocido es el hecho de que, en la mayoría de los casos, esto no es una necesidad: el art 12° sobre trato digno establece que deberá respetarse la identidad de género de las personas que utilicen un nombre diferente del que figura en sus documentos. O sea: aún sin haber hecho el trámite, la identidad deberá ser reconocida. Esto vale tanto para organismos públicos como privados.\nFinalmente, en cuanto a la faceta médica de la transición de género, el artículo 11° reconoce el derecho a acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida. De ninguna manera son necesarias, y tampoco se exige un compromiso total para acceder a ellas (por ejemplo, una persona puede optar por una terapia hormonal sin reasignación genital, o viceversa). El principio que rige es el del consentimiento informado: no hace falta autorización judicial o administrativa, basta con la expresión de voluntad de la persona que pide esa intervención. Finalmente, todos estos procedimientos son parte del Plan Médico Obligatorio, y deben ser garantizados por todos los efectores del sistema de salud público y privado.\n¿Y a 10 años de la sanción, como venimos en la práctica? Por supuesto, cuando se discutía la ley se proponían distintos escenarios apocalípticos, como una epidemia de varones declarando ser mujeres para jubilarse 5 años antes. Algo parecido sucede en países que al día de hoy debaten implementar legislación similar, como Gran Bretaña o España. Por supuesto, al igual que durante el debate de la ley de divorcio en los 80s, la ley de Matrimonio Igualitario en los 2000 o el aborto en 2020, el apocalipsis nunca llegó y la sociedad sobrevivió indemne.\nel art 12° sobre trato digno establece que deberá respetarse la identidad de género de las personas que utilicen un nombre diferente del que figura en sus documentos. O sea: aún sin haber hecho el trámite, la identidad deberá ser reconocida. Esto vale tanto para organismos públicos como privados.\nComo en otros campos de la vida, en materia de reconocimiento de derechos hemos sido un país pionero. De hecho, quienes hacen campaña por los derechos humanos de las personas trans en otros países nos toman como ejemplo. De alguna manera, esto pone de manifiesto que aquellas posturas que se oponen al reconocimiento de identidades trans escondidas detrás de un disfraz feminista no sólo son transodiantes, sino que adolecen de una terrible miopía primermundista – prefieren confiar en pronósticos catastrofistas surgidos de su propia imaginación en vez de confiar en la experiencia de otros países. Evidentemente, la realidad efectiva latinoamericana cotiza muy bajo en su estimación.\nPero en 2012 también había voces críticas desde adentro del propio colectivo trans, que sostenían que la ley promovía la binarización identitaria o que sólo beneficiaría a un segmento pequeño de personas ya privilegiadas. El tiempo tampoco les dio la razón. A la fecha, más de 12000 personas han rectificado sus documentos, y muchas más han accedido a servicios médicos de transición gracias a esta ley.\nY más aún, la ley fue sólo un puntapié inicial. Con los años la protección legal de los derechos de personas trans se ha ido perfeccionando. En los últimos años hemos visto avanzar leyes como la de Cupo Laboral (apoyado casi por unanimidad en su paso por el Congreso) y decretos como el que habilitó el DNI no binario. Hoy la frontera de lo posible se corrió y luchamos por la reparación histórica para mayores travesti-trans, aquellas pioneras que han sido totalmente excluídas del sistema.\nLa realidad internacional, con reveses antiderechos en Estados Unidos y otras potencias es algo que debería ser un llamado de atención, por supuesto. Pero igual de importante es celebrar las conquistas, su impacto y su vigencia en el tiempo. En un mundo que nos quiere tristes y muertxs, vivir felices es nuestra mayor victoria. Desde acá alzamos la copa por la primera década de la mejor ley del mundo, y esperamos que sean muchas más.\nGénero LGBT Política


Maria Totsuka | Sin Nanatsu no Taizai Wiki | FANDOM powered by Wikia\nB86 W59 H89\nMaria Totsuka (十束 真莉亜) es una de las protagonistas del anime de Sin Nanatsu no Taizai.\nAntes de su esclavitud a manos de Lucifer, Maria se dedicó a sus amigos y a su religión. Desde entonces sirvió a la Rey Demonio, quien ha reclamado el corazón de Maria y trasplantado sangre orgullosa en su cuerpo.\nMaria tiene cabello negro mediano y los ojos azul claro/gris. Ella lleva su uniforme de la iglesia, que se acopla con un cinturón negro, mini falda, medias negras elegantes y mangas blancas. Ella es de piel clara y lleva botas dobladas marrones, terminado con una crucifijo de plata como cruz en el cuello de su traje. Por último, su físico es bastante promedio, con un busto y una cintura de tamaño moderado.\nMaria es una sumisa jovencita, ella desaprueba los actos desagradables y odia ser maltratada. Ella reconoce el odio de Leviathan hacia ella, que se deriva de la preferencia de Lucifer sobre Maria en lugar de ella, pero siente lástima por el demonio envidioso.\nCuando se trata de las otras Reyes Demonios, Maria sirve como cebo perfecto. Su naturaleza suave y comprensiva, se utiliza para ahondar más en los motivos de una persona. Así Lucifer abusa de este rasgo, con el fin de bajar la guardia de sus enemigos.\nCon la sangre de la propia Lucifer infundida en ella, Maria ganó la habilidad de sentir la ubicación de las otras Reyes Demonios. Curiosamente, esta habilidad sólo se activa cuando Lucifer hace cosas íntimas con ella.\nElla también tiene una voluntad fuerte, que es lo suficientemente potente como para desafiar el poder de una Rey Demonio. Por ejemplo, fue capaz de resistirse a los acciones pervertidas de Asmodeus y escaparse de la leche materna alucinógena de Mammon.\nMaría es el nombre de la virgen escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo según la tradición católica.\nMaria es un personaje exclusivo del anime.\nObtenido de «http://es.sin-nanatsu-no-taizai.wikia.com/wiki/Maria_Totsuka?oldid=900»


Servicios / Reparación / Mitsubishi Electric\nEquipos de aire acondicionado silenciosos\nLa amplia gama de productos de aire acondicionado de Mitsubishi Electric permite adaptarse a cualquier necesidad de climatización: doméstica, comercial o industrial. Mitsubishi Electric es una marca japonesa puntera en innovación y desarrollo de tecnologías relacionadas con las climatización de espacios de toda clase y tamaño. Ofrece la mejores condiciones climáticas de una forma eficiente y sin que suponga un gasto elevado.\nMitsubishi Electric se caracteriza por sus equipos silenciosos, eficientes energéticamente y sostenibles medioambientalmente.\nEn SEClima somos distribuidores e instaladores de Mitsubishi Electric, por lo que podemos ayudarle a elegir el equipo de aire acondicionado que mejor se ajuste a su hogar o negocio.\nPregúntenos y nosotros le asesoraremos. Además, se puede aprovechar de nuestro sistema de financiación a medida para que pueda disfrutar de su aire acondicionado sin preocupaciones.


Cultivemos el amor para amar profundamente – Israel campos\nCultivemos el amor para amar profundamente\n24 julio, 2021 Israel Campos MI TIEMPO CON DIOS 0\nTodo lo demás que podamos hacer no tiene gran valor si dejemos de cultivar el amor mutuo. La presencia del amor en nuestras acciones es la manifestación de que habita el amor de Dios en nuestros corazones. La presencia del amor de Dios en nuestras vidas es lo mejor, nos impulsa a vivir la vida con esperanza, disfrutamos vivir y siempre seremos de bendición en la vida de las personas. Aunque existan miles ofensas, pero si se hace presente el amor prevalecerá el bien y la misericordia lo cual será capaz de vencer al mal.\n«El cultivo del amor es indispensable en la vida, pues con el amor podemos amar a Dios, servirle en sus planes y propósitos y así podemos crecer en la sana comunión con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Con el amor de Dios podemos tratar con nuestros pecados, puesto que al perdonar a los que nos ofenden también encontramos en Dios el perdón de nuestros pecados. Cuando el amor abunda podemos sanar las heridas que nos causan, precisamente porque Dios obrará en con bendición y gracia en la vida de los que actúan con la gracia del amor.»\nSatanás siempre se deleitará en los malentendidos, sembrará discordias y cizañas porque su propósito es que haya distanciamiento entre Dios y nosotros y en la comunidad de fe, así entorpece el crecimiento y el gozo de la salvación. En nuestros errores con los que afectamos a otros debemos ayudarnos, para que al ser tratados con misericordia en la gracia seamos perdonados, trasformados y recibamos crecimiento. No tengamos miedo para amar, no pensemos que nos hacemos débiles cuando perdonamos y pasamos por alto las faltas, porque en realidad, cuando actuamos con amor Dios se glorifica y nos fortalece.\nAunque nuestras emociones son atropelladas por las faltas que cometen contra nosotros, es decir, puede que nos enojemos mucho, que sintamos tristezas y deseos de venganza, pero aún así se puede amar, ya que el amor es una decisión que brota desde lo intimo de nuestro ser en donde también reposa el amor de Dios que nos ha sido dado junto con el Espíritu Santo quien nos da poder para dominarnos. El amor es bendición en una situación hostil, desarma el poder del odio, cobre con bendiciones al prójimo, así como Dios cubre de su gracia al que ama. Cultivemos el amor para amar profundamente.\nSomos un solo cuerpo sustentado por Cristo


Feria de la Creatividad 2015 – Iefangel.org\nDurante los días 29 y 30 de octubre de 2015 los alumnos de todos los niveles de la I.E.F.A expusieron sus trabajos en la Feria de la Tecnología y la creatividad que organiza todos los años la institución. La creatividad, la innovación y la amplitud de los temas fueron las características de la muestra, donde se destacaron muchas iniciativas y trabajos, especialmente de los niños de la Básica Primaria. El Objetivo principal de este encuentro escolar es orientar y ejercitar a los niños, niñas y jóvenes Federiquianos en el empleo del método científico así como el acercamiento de la comunidad a la ciencia o la tecnología. Además de:\nFortalecer vínculos entre la IEFA y la Comunidad Caldeña.\nMostrar la capacidad creativa y de realización de los estudiantes\nReflejar el nivel científico alcanzado en la IEFA.\nPromover un intercambio científico entre los expositores y una comunicación entre éstos y los docentes en cada una de las áreas.\nEste evento escolar es una exposición pública de proyectos científicos y tecnológicos realizados por estudiantes, en las que estos efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones e incluso responden a cuestiones respecto al trabajo expuesto, así como sus conclusiones sobre este y los métodos utilizados en su realización. En nuestra feria se contó con un jurado específico, conformado por nuestra docente orientadora Lina Martínez y el profesor Vladimir Mora que seleccionaron y evaluaron los trabajos además de otorgarles un premio o recompensa a la mejor propuesta.\nLa feria estuvo a cargo de un comité organizador, en cabeza del docente Gonzalo Serna y su equipo de colaboradores. Alexander Vargas, Esnaiber Mosquera, Rodolfo Arango, Diana Patricia Flórez y un destacado grupo de estudiantes en la parte logística.\nFELICITACIONES A TODOS LOS EXPOSITORES Y GANADORES EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.


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de RFC de empleados con el SAT.\n· Incluye nuevo reporte listado de RFC de empleados.\n· Revisa que cada uno de tus empleados tengan asignado el régimen fiscal al que pertenecen y tus conceptos de nómina cuenten con la clave agrupadora correspondiente, a través de su Reporte de Verificación.\n· Manejo de bajas y finiquitos con timbrado.\n· Cuenta con un Módulo de Cancelación para CFDI y de este modo puedas volver a emitirlos.\n· Te permite manejar varios registros patronales con su respectiva localidad para emitir tus CFDI, en caso de que tengan sucursales.\n· Timbras tus CFDI de forma directa sin intervención de un tercero, ya que somos PAC.\n· Realiza un mejor seguimiento a los créditos FONACOT de tus trabajadores, ya que permite:\n· Su Módulo de Cálculo Anual, te permite:\n· Tus declaraciones de DIM y DyP incluyen la información correcta con los siguientes reportes:\n· Elabora fácilmente en Excel® tu Declaración Anual de Sueldos y Salarios (DIM), gracias a sus cédulas de trabajo.\n· 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Marset hace doblete en la semana de la Feria de Milán con Poetry Happens y Design Never Sleeps. - diariodesign.com\nLa tendencia de estar más fuera que dentro de la Feria del Mueble de Milán está en alza. Lo que empezó como modesta alternativa para pequeñas marcas y diseñadores que buscaban espacios low cost donde exponer sus propuestas, es hoy la opción más trendy de las marcas consagradas que quieren distinguirse de los clásicos stands de feria.\nCada año, más empresas optan por presentar sus productos fuori fiera, en showrooms, bares, locales industriales, hoteles o lo que se tercie, siempre y cuando vaya acompañado de una exposición diferente y un buen sarao. Este año, los barceloneses Marset conquistaron a visitantes y transeúntes con un perfecto combinado fuori saloni: una exposición que ver y una fiesta donde dejarse ver. En Ventura Lambrate descubrimos con calma sus nuevas colecciones 2011 y en Bar Basso nos divertimos en una amena velada. Doble ración de diseño, arte y festejo.\nPuedes leer más sobre Ventura Lambrate en diarioDESIGN\nLee todo sobre la Feria de Milán 2011 en dirioDESIGN\nEn la nueva zona arty de Milán, Ventura Lambrate, Marset participó en la exposición “Poetry Happens”, que transportaba al campo de la creatividad las palabras del célebre escritor Charles Bukowski “la poesía es lo que ocurre cuando nada más puede suceder”. Instalaciones, prototipos y arquetipos formaban parte de una muestra donde cada diseñador, artista y arquitecto reflexionaba sobre la poesía de los objetos desde diferentes perspectivas: el proceso, la investigación, la creación…\nDiseñada por el artesano ceramista Xavier Mañosa y los berlineses Mashallah especializados en producción digital de moda y producto, la lámpara Pleat Box es la transformación de un pliegue textil en diseño digital. La parte superior de la lámpara, fabricada en material cerámico, emula la particular morbidez de la tela. La colección se compone de cuatro tamaños en diferentes acabados: oro, blanco, arcilla natural y dirty grey, procedente del reciclaje de diferentes esmaltes.\nLa colección Tam Tam de Fabien Dumas es un conjunto de lámparas de suspensión cuyo principal atractivo son las pantallas translúcidas que conforman cada pieza. Las pantallas más pequeñas orbitan cuál satélites alrededor de la principal y, al moverlas, se altera el centro gravitacional de todo el conjunto creando nuevas composiciones.\nLa colección Scantling de Mathias Hahn (producida por Marset en 2010) es como un juego de ensamblaje de formas geométricas. Tal vez por eso, todas sus piezas de madera y metal se exponían por separado, como si de un mecano se tratara. El ensamblaje de la pantalla permite la rotación completa de ésta y su precisión técnica hace que no requiera muelles, ni contrapesos para mantener la posición escogida.\nPor otro lado, los chicos de Aloy&Mas transformaron los escaparates del mítico Bar Basso en un showroom para Marset. Bajo el nombre de “Design Never Sleeps”, las vitrinas del bar milanés se vistieron con cables, bombillas y múltiples componentes eléctricos, una puesta en escena que recreaba el taller y el almacén de Marset e ilustraba la relación triangular entre diseñador, empresa y proyecto.\nMás sobre Marset.\nNacida en la década de los años cuarenta como empresa familiar dedicada a la fundición de metales, Marset se afianza en décadas de experiencia para constituirse actualmente en una marca joven que tiene una sólida presencia y vocación global. Sus productos se encuentran en más de cuarenta países y, en cada nueva incursión, acude a diseñadores de procedencia diversa y proyección internacional. Sus lámparas forman parte de proyectos e instalaciones como la Apple Store de Reggio Emilia en Italia o el Hotel Mandarin Oriental de Barcelona diseñado por Patricia Urquiola.


Guía Del Barrio De Deep Ellum Dallas Para Los Visitantes\nLo Más Destacado Del Barrio De Deep Ellum\nDeep Ellum se llamaba originalmente Elm Street, una corrupción del nombre de la zona que proviene de la vía pública. Recibe su nombre alternativo de Deep Elm y Deep Elem, otros dos nombres antiguos de esta zona. Hoy en día, Deep Ellum es conocido por su animada vida nocturna y su ecléctica mezcla de restaurantes y bares.\nItinerarios En Deep Ellum\nUn buen lugar para visitar es The Bomb Factory. Este local ha existido desde los primeros días de Deep Ellum y ha acogido a algunos de los nombres más importantes de la música. Desde allí, dirígete a Trees Dallas. Este club fue una parte importante del desarrollo industrial que tuvo lugar en Deep Ellum más adelante y que sigue funcionando hoy en día.\nA continuación, diríjase al 3500 de Main Street para comer algo. Este edificio solía albergar uno de los clubes más populares de la ciudad, pero ahora se ha convertido en un salón de comidas con varios restaurantes diferentes para elegir. Después de la comida, acérquese a The Cedars Social para tomar una copa (o dos). Este lugar es perfecto para los que quieren relajarse y contemplar el arte que les rodea.\nComo puedes ver, no faltan cosas que hacer en Deep Ellum, así que sal a explorar.\nDeep Ellum tiene una larga historia de acogida de músicos de talento. Si busca una experiencia musical inolvidable en vivo, Deep Ellum es el lugar indicado. Algunos de los bares más emblemáticos de Dallas se encuentran en Deep Ellum, como el Adair’s Saloon. Aquí podrá disfrutar de algunas de las mejores noches de música en vivo y karaoke.\nDónde Comer Y Beber En Deep Ellum\nDeep Ellum es un centro cultural y residencial para los afroamericanos. AllGood Cafe, Angry Dog y St. Pete’s Dancing Marlin son algunos restaurantes informales de Deep Ellum.\nSi buscas un buen lugar para hacer barbacoas en Deep Ellum, Pecan Lodge es el lugar al que debes ir. Las costillas son sin duda la estrella del espectáculo, pero no dejes de probar también los macarrones con queso y la ensalada de col, ambos son deliciosos.\nHay varios locales de Monkey King Noodle Company (MKNC) en Dallas/Fort Worth (DFW). MKNC es una institución de Deep Ellum con múltiples locales en DFW. La sopa es un éxito, y también merece la pena pedir los dumplings.\nSerious Pizza es un gran lugar para comer en Deep Ellum. El personal reparte la masa desde la hora de la comida hasta la cena, atendiendo a un público nocturno.\nAnvil Pub es un gran lugar para comer y beber en Deep Ellum. Ofrecen ofertas de la hora feliz casi todas las noches, proporcionando buenas ofertas para los clientes hambrientos.\nEl panorama de las artes escénicas en Deep Ellum es ecléctico y poco convencional. Cada noche de la semana se celebran diferentes tipos de eventos, desde burlesque y teatro hasta espectáculos de comedia. La Casa del Teatro del Mundo Quijotesco y el Espacio de Eventos Magikal ofrecen muchos eventos inusuales que incluyen espectáculos de burlesque e improvisación. Dallas cuenta con una gran variedad de locales de arte y música en directo.\nDe Compras En Deep Ellum\nDeep Ellum es un lugar ideal para escapar del calor o del frío. El lugar perfecto para relajarse con un nuevo libro y un café, vino o cerveza.\nDeep Ellum Denim se fundó en 2009 y ha sido un éxito desde entonces. Ofrecen vaqueros para hombres, mujeres, niños e incluso bebés. La tela vaquera está hecha a mano para que dure toda la vida con las mejores materias primas disponibles.\nFlea Style es una tienda dirigida por mujeres. Se centran en artículos vintage, eclécticos y caseros.\nSi buscas un regalo único, deberías echar un vistazo a Jade & Clover. La tienda de regalos está especializada en joyería, decoración para el hogar y mucho más. Deep Ellum es un lugar divertido para encontrar regalos únicos: seguro que encuentras algo que le encantará a la persona especial de tu vida.


‘‘Afinar la puntería”\nEn medio de la pretemporada del Albinegro, Homann destacó la importancia de mejorar la efectividad en el arco rival para meterse en la pelea por el ascenso.\nPor Redacción julio 17, 2016 11:51 pm\nHenry Homann y la chance de continuar al frente del equipo.(Foto: archivo )\nCipo se prepara con vistas a otro federal a\nLa intención de la dirigencia de Cipolletti tras la finalización del torneo pasado fue clara: apoyar el trabajo que se hizo y ajustar algunas clavijas para volver a meterse en los primeros planos.\nEl ascenso es la gran obsesión del hincha y los resultados del primer semestre estuvieron lejos de ser los esperados. En Cipo siempre hay una presión extra de la que todos hablan. Sin embargo, las dificultades del equipo que dirige Henry Homann no pasaron por la generación de juego o el cuidado del arco propio.\n‘‘Tenemos que afinar la puntería’’, dijo el DT a ‘‘Río Negro’’ en medio de una pretemporada que incluye triple turno.\nLa zona ofensiva fue uno de los sectores de la cancha a los que se apuntó en el receso. ‘‘La idea es hacer el plantel más competitivo. La experiencia de Hugo (Prieto) nos da esa cuota de tranquilidad. Nuestra búsqueda fue por ese lado. Queremos rodear mejor a los chicos que demostraron estar a la altura’’, explicó el entrenador.\nHomann le encuentra explicación por las ausencias\nque tuvo de Cristian Taborda y Jesús Vera. Entre las muchas expulsiones y alguna lesión, no pudo contar con ellos en varios encuentros. Eso les quitó continuidad.\n‘‘Tenemos que mejorar la definición y corregir los errores que tuvimos’’, admitió.\nLas llegadas de Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Prieto, Matías Alasia se suman a la base del certamen anterior.\n‘‘Contamos con distintos jugadores que pueden ocupar dos puestos. Era la idea, buscar que sean dinámicos. Además son futbolistas que han recorrido varios torneos’’, comentó el Ruso.\nEl Albinegro además mantuvo la defensa y sus mejores mediocampistas.\nPor estos días, la exigencia física es fuerte para el plantel con trabajos de gimnasio, velocidad y fútbol. ‘‘Estamos bien, entrenando fuerte como siempre se hace en esta parte del año’’, expresó.\nEn otras temporadas, el Capataz sufrió mucho las lesiones en distintos puestos e incluso se vio obligado a incorporar en medio del torneo. Sobre este tema, Homann contó con satisfacción que ‘‘no hay un solo jugador que se haya perdido un entrenamiento hasta ahora’’.\nFinalmente, habló de Jorge Gaitán, uno de sus mejores jugadores: ‘‘Fuimos buscando alternativas de juego, siempre con la intención de ser ofensivos. Vimos que la posición más cómoda para el era por izquierda. Tratamos de sacarle lo mejor a cada jugador, y de esa forma sucedió con él’’, concluyó.\nlos goles que convirtió el Albinegro el torneo pasado en 12 partidos. Solo cinco de ellos fueron de visitante.\nlos tantos recibidos por Cipo en 12 partidos. Fue la valla menos vencida de su zona.\nLa forma de disputa del Federal A para este semestre será similar a la del torneo anterior. En 2017 llegarán los cruces con equipos de otras zonas.


Un 80% de proteínas garantiza buena salud en los animales de la casa\nContribuir en una balanceada nutrición beneficiará la salud de estos miembros importantes del hogar\nLa alimentación diaria de las mascotas debe estar completamente balanceada para evitar problemas de peso y desnutrición, pues también pueden adolecer de enfermedades apegadas a un mal control alimenticio.\nSe debe prestar una atención minuciosa a los requerimientos nutricionales de las mascotas en cada etapa de su vida, dijo a tunota el veterinario Abel Quintana.\nAsimismo, añadió que “un buen alimento debe tener un alto porcentaje de proteína (carne o pescado), además suelen llevar verduras y algunos carbohidratos como arroz y papas, pero en mucho menor porcentaje”.\nLea: Reutilizar el agua es clave para el ahorro\nOtro elemento importante a evaluar es el origen de las comidas que se dan a los perros y gatos, específicamente, pues sean comerciales o caseros debe existir calidad en la preparación, indicó el veterinario.\nQuintana mencionó una dieta común que muchas personas hacen a sus animales y es la BARF (Biologically Appropriate Raw Food) que se refiere a una ingesta de alimentos crudos biológicamente apropiados, de la que Quintana no está muy de acuerdo, pero queda a criterio de cada encargado de la mascota.\n“Como veterinario no estoy a favor de la dieta con proteínas crudas. Tiene sus beneficios, porque son proteínas puras de alta cantidad de minerales, pero pudiese haber parásitos y bacterias y se tienen a generar riesgos de infección”, explicó.\n“Son alimentos comunes como carnes, huevo, pescado, fruta y verduras con algunas excepciones”, agregó.\nVea también: Estudio revela que tomar café negro puede ser bueno para el corazón, conozca las razones\nDentro de los beneficios de esta dieta es que se incrementa el nivel de energía en el animal. Su pelaje se hace más fuerte y brillante y hay una visible mejora el estado nutricional en general del animal, señaló.\nEl veterinario advirtió que lo ideal es buscar alimentos que tengan al menos 80 por ciento de proteína. Hay más alimentos especiales para mantener saludable a los animales.\n“Por ejemplo, no es lo mismo el requerimiento nutricional que se encuentra un cachorrito que un adulto o un geriátrico (animal de edad avanzada). Por eso deben fijarse en cada etapa de crecimiento del animal porque en dependencia de eso será el requerimiento nutricional”, indicó\nPuede interesarle: Descubre problemas de crecimiento en tu hijo a tiempo


Periodista Napoleón de la Cruz se recupera satisfactoriamente tras sufrir infarto en Jarabacoa - LoQueSucede\nInicioNacionalesPeriodista Napoleón de la Cruz se recupera satisfactoriamente tras sufrir infarto en Jarabacoa\nPeriodista Napoleón de la Cruz se recupera satisfactoriamente tras sufrir infarto en Jarabacoa\nNapoleón De la Cruz. (Fuente externa).\nEl periodista Napoleón De la Cruz se recupera de manera satisfactoria luego de sufrir un infarto el pasado sábado cuando se encontraba junto a su familia en Jarabacoa.\nDe la cruz, quien es el director de comunicaciones del Ministerio de Turismo, fue trasladado al hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde le practicaron un cateterismo, según un reporte de El Nacional.\nEl informe agrega que el comunicador fue trasladado de la sala de intensivo a una habitación general del referido hospital.\nLos médicos informaron esta mañana que De la Cruz presenta un cuadro satisfactorio en su recuperación y podría ser dado de alta en los próximos días.


Selección y pesatura - Tecnos\nSistemas automaticos de selección y pesatura\nEl sistema esta constituido por una línea automática que pesa y selecciona cada unidad de pez y recoge en la cantidad prefijiada de antemano listo para ser guardado en cajas.\nEl sistema esta compuesto de:\nContenedor para recibir el pescado con elevador opcional.\nCinta de alta velocidad para la pesatura.\nCinta de selección con 10 recipientes.\nComputadora con software para analizar y revisar el sistema.\nEl pez esta puesto en el contenedor después de su pescar.\nDe esto él es trsladado por un elevador a la cinta de carga.\nEl operador presenta el pez sobre la cinta de transporte de baja velocidad.\nDesde aquí el pez pasa a la cinta del transporte que lo coloca, aumenta la velocidad y lo pasa a la cinta de pesatura..\nEl pez es pesado y luego transferido la cinta de selección.\nEl sistema de control desvía el brazo que corresponde a la salida correcta con el propósito de que el pez entraen la caja correspondiente.\nCuando una caja alcanza el peso programado, el pez cae en la caja despues y el sistema advierte el operador que puede reemplazar la caja lista para el embalaje.\nEs possible montar una cinta que desvía la s cajas llenadas automáticamente a la sección del embalaje.\nE contenedor que recibe el pez de seleccionar esta hecha en tal manera de separar el pez del hielo posible y es dotato de un elevador del producto lavado.\nLa cinta de la aceleración permite que el pez vaya a la cinta de pesatura rápidamente.\nEl balance que es unido a la cinta de pesatura permite hacer la operación de selección del producto en movimiento.\nLa cinta de selección es compuesta de 10 unidades de la salida que rapresentan una cantidad suficiente para garantizar una selección aceptable de tallas diferentes.\nEs posible añadir salidas adicionales en caso de necesidades diferentes.\nContenedor para recibir el pez\nEl contenedor para recibir el pescado puede contener aproximadamente 500 kg de peces y tiene una cinta elevadora de 430 mm del ancho. Una bomba de corculación es previda por separar el pez lavado por el hielo.\nEsta cinta es 950 mm de largo y 300 mm de ancho y permite di cargar el pez por el pasaje siguiente de pesatura. Puede transportar hasta 90 pieces por minuto.\nCinta de pesatura.\nLa cinta de pesatura y la correspondiente balancia, representan el corazón del sistema. Tiene una habilidad de 100 pieces por minuto ( esta velocidad depende de la talla del pez y del cargar al origen) con una precisión de +/- 2 gr. Además de la velocidad y la precisión, es también importante considerar la robustez y la confiabilidad que es característica fundamentales de este sistema.\nEl sistema de control es completado por un PLC industrial de nueva generación con un software que permite que adelgazar le malgasto gracias a la precisión de la selección del peso. La balancia está equipada con una interfaz sencilla que admite una dirección completa de todas las operaciones, siendo conectada al PC que revisa y da acceso a todas las funciones. La cintaes 800 mm de largo y 250 mm de ancho.\nLa cinta de selección es 6000 mm de largo y 300 mm de ancho. Ha 10 salidas de desviación. La distancia entre ellas es de 600 mm. Es possible aumentar la medida de la cinta para incrementar el número de salidas.\nLas cajas contienen el pez desviado por los brazos neumáticos. Cuando la cantidad llega al peso deseado la puerta de salida se cierra y se enciende una espía brillante sobre el cuadrante para informar al operador de reemplazar la caja; presionando un botón es posible reabrir la puerta de salida. Es posible montar otra cinta adicional que permite de transportar las cajas llenadas al sector de embalaje. Tambien esta fase puede ser automatizada.\nPc completo con software de supervisirón\nEl sistema está compuesto por un PC conectado al PLC de control con la función de supervisión. Que le permite programar todos los parámetros de la máquina, examine el trabajo en tiempo real y tienen el historial de alarmas. También le permite almacenar la producción total y la producción por hora, las estadísticas, como los períodos de actividad y cantidad, etc.\nEl software se crea en Windows XP y se puede personalizar de acuerdo a las necesidades del sistema.\nTodo el sistema está construido en acero inoxidable AISI 316 y plástico.\nVelocidad máxima de selección: 100 piezas/minuto. La velocidad verdadera es aproximadamente de 80 % si el cargar ocurre a mano\nFrontera de error para pieza: 2 gr\nFrontera de error en la caja: 1%\nDimensiones de la cinta de carga: 1500 mm x 300 mm\nDimensiones de la cinta de transporte: 950 mm x 300 mm\nDimensiones de la cinta de pesatura: 800 mm x 250 mm\nDimensiones de la cinta de selección: 6000 mm x 300 mm\nLargo máximo para cada pez: 500 mm\nAncho máximo para cada pez: 200 mm\nTensión de alimentación: 380 volts / 50s Hz\nPresión de aire: maximo 6 bar, minimo 4 bar\nTemperatura de trabajo: 5-45 C°