Sentencia núm.Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo(Sección 2) 13-03-2007 - LegalToday\nSentencia núm.Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo(Sección 2) 13-03-2007\nPROCESO EQUITATIVO Y DILACIONES-PLAZO RAZONABLE: Comportamiento de las autoridades judiciales: proceso civi de disolución de matrimonio, custodia y manutención de menor: esfuerzos de la demandante, seropositiva, para acelerar el procedimiento, todavía pendiente: lapso de tiempo de ocho años, de los que casi tres corresponden a la competencia del TEDH: duración que no responde a la exigencia de plazo razonable: violación existente.DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: Medidas de protección: familia: menor: incumplimiento del régimen de visitas: ausencia de medidas eficaces necesarias por parte de las autoridades para hacer valer el derecho de la demandante a mantener contacto con su hijo: violación existente; Duración excesiva del procedimiento de separación y custodia: consecuencias irremediables para las relaciones de la demandante con su hijo: violación existente.DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO: Ambito: en relación con la duración del proceso: ausencia de recurso efectivo en Derecho interno: violación existente. Demanda de ciudadana serbiomontenegrina contra la República de Serbia y Montenegro presentada ante el Tribunal el 28-10-2005, por la duración excesiva del proceso de separación y custodia, por la parcialidad del tribunal y por la falta de diligencia de las autoridades judiciales, así como por la ausencia de un recurso efectivo. Violación de los arts. 6.1, 8 y 13 del Convenio existencia. Violación del art. 14 del Convenio: carencia manifiesta de fundamentación: estimación parcial de la demanda.\nEn el asunto V. A. M. contra Serbia,\nEl Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, señora F. Tulkens, Presidente, señores A.B. Baka, R. Türmen, M. Ugrekhelidze, V. Zagrebelsky, D. Popovic, señora D. Joiene, así como por la señora F. Elens-Passos, Secretaria adjunta de Sección,\nTras haber deliberado en privado el 20 de febrero de 2007,\nEl asunto tiene su origen en una demanda (núm. 39177/2005) dirigida contra Serbia y Montenegro, que una ciudadana a la sazón serbiomontenegrina, la señora V. A. M. («la demandante»), presentó ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190, 1572) («el Convenio»), el 28 de octubre de 2005.\nEl Presidente de la Sala accedió a la solicitud de la demandante de no divulgar su identidad y dio prioridad a su demanda en aplicación, respectivamente, de los artículos 47.3 y 41 del Reglamento del Tribunal.\nLa demandante está representada ante el Tribunal por el Comité de abogados para los Derechos Humanos (YUCOM), organización de derechos humanos con sede en Belgrado. El Gobierno de Serbia y Montenegro, inicialmente, y el Gobierno de Serbia, posteriormente («el Gobierno») están representados por su agente, el señor S. Cari.\nEl 27 de febrero de 2006 el Tribunal decidió notificar la demanda al Gobierno. Conforme al artículo 29.3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , decidió pronunciarse al mismo tiempo sobre la admisibilidad y el fondo de la misma.\nEl 22 de diciembre de 1994 la demandante contrajo matrimonio con D. M. y, el 25 de enero de 1995, nació S. M., su hija.\nEn 1998 la demandante comenzó a tener problemas en su matrimonio debido, aparentemente, a que había contraído el virus VIH.\nEl 3 de julio de 1998 S. M. abandonó Zemun, zona de Belgrado en la que vivía con sus padres, para pasar una temporada con sus abuelos.\nA comienzos de agosto de 1998, D. M. trajo a S. M. de vuelta a Zemun.\nPoco tiempo después, sin embargo, se rompió el matrimonio de la demandante y D. M. dejó de vivir con ella. Él se llevó también a S. M. al piso de sus padres, negando a la demandante todo contacto con la niña.\nEl 11 de febrero de 1999, la interesada presentó ante el Tribunal municipal núm. 4 de Belgrado una demanda de divorcio, solicitando la custodia exclusiva de S. M. y la manutención. Solicitaba, además, una medida cautelar otorgándole la custodia temporal o, como alternativa, contactos semanales regulares con S. M. hasta que concluyese el proceso civil.\nEl 23 de julio de 1999 el Tribunal municipal núm. 4 de Belgrado (en adelante «el Tribunal municipal») ordenó al Centro de asistencia social que presentase un dictamen sobre a qué parte debería otorgársele la custodia.\nParece que D. M. (en adelante «el demandado») fue informado de la demanda de la interesada en una de las reuniones celebradas en 1999 en el Centro de asistencia social.\nUna vez incoado el procedimiento, el Tribunal municipal aplazó 15 vistas, incluidas las señaladas para el 29 de octubre de 2003, el 7 de octubre de 2004 y el 19 de octubre de 2005, respectivamente.\nA lo largo de este período, si bien en su mayor parte en respuesta a las numerosas propuestas de la demandante, el Tribunal municipal intentó recabar información de varias entidades estatales, incluidas las autoridades fiscales, los ayuntamientos, el Ministerio de Educación e incluso el Tribunal de Comercio, acerca del domicilio correcto del demandado.\nSe realizaron comunicaciones a varias direcciones pero ninguna pudo hacerse llegar al demandado, lo que llevó a Tribunal municipal a concluir, el 17 de abril de 2003, que «estaba evitando claramente recibir» toda comunicación judicial.\nEl 3 de noviembre de 2005, fue la primera vez que se pudo efectuar debidamente la comunicación, habiendo sido efectuada en Kotor, Montenegro, ocasión en la que recibió la demanda presentada contra él y fue informado de la próxima vista fijada para el 23 de diciembre de 2005.\nEl 21 de diciembre de 2005, el abogado de la demandante informó al Tribunal municipal de que esta última no podría comparecer en la vista.\nLa demandante sostiene que durante el procedimiento en cuestión la presidente del tribunal manifestó públicamente que se pronunciaría a favor del demandado o desestimaría la demanda por motivos procesales. El Gobierno refuta esta alegación.\nA comienzos de 2006, la presidente del tribunal fue reemplazada por otra y la causa revisada por el Comité especial del Tribunal municipal para las relaciones familiares.\nEl 31 de marzo de 2003, inter alia, la demandante se quejó ante el presidente del Tribunal municipal solicitando la recusación de la Juez que conocía de su causa.\nAducía que la Juez en cuestión había tratado de realizar la comunicación al demandado únicamente por correo ordinario y no había intentado hacerlo a través de un alguacil, tal y como prevé la LECiv (apartado 60 infra).\nAdemás, pese al hecho de que correspondía a los tribunales averiguar el domicilio correcto del demandado manifiesta que, el 31 de marzo de 2003, la Juez le había ordenado concretamente facilitar al tribunal la dirección en cuestión, a falta de lo cual, desestimaría su demanda.\nPor último, la demandante alega que la propia Juez indicó que no sabía qué hacer con el caso y que la mejor solución para la demandante habría sido retirar su demanda. El Gobierno refuta esta alegación.\nEl 11 de abril de 2003, el Presidente del Tribunal municipal rechazó la moción de la demandante.\nEl 23 de julio de 1999, el Tribunal municipal ordenó al demandado que facilitase el acceso de la demandante a S. M., dos veces al mes, hasta la adopción de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.\nEl 19 de octubre de 1999 la demandante presentó un escrito ante el Tribunal municipal señalando que el demandado se negaba a recibir la notificación de la resolución y solicitando que le fuese notificada formalmente conforme a las disposiciones aplicables del la LECiv (apartado 60 infra).\nEl 8 de noviembre de 1999 y el 19 de febrero de 2001 respectivamente, la demandante presentó dos peticiones de cumplimiento efectivo del régimen de visitas provisional.\nEl 23 de octubre de 2001 el abogado de la demandante retiró su petición de 8 de noviembre de 1999.\nEl 4 de junio de 2002 el alguacil trató de hacer cumplir el régimen de visitas provisional pero, aparentemente, no halló a nadie en el domicilio del demandado. Parece que se intentó la ejecución por medio del embargo de bienes muebles del demandado y su posterior venta, cuya recaudación se destinó a cubrir la multa supuestamente impuesta al demandado por el incumplimiento de la medida en cuestión (apartado 65 infra).\nEl 5 de septiembre de 2002 la interesada volvió a solicitar ante el Tribunal municipal el cumplimiento efectivo del régimen de visitas.\nDel 25 de octubre de 2002 hasta agosto de 2005 el alguacil volvió a intentarlo inútilmente, en varias ocasiones y en distintas direcciones.\nEl 26 de agosto de 2005 el Tribunal municipal ordenó a la demandante que facilitase el domicilio correcto del demandado.\nEl 10 de febrero de 1999 un centro médico atestiguó que la demandante era seropositiva pero que había sido tratada y que se encontraba bien. El centro añadía que no había motivos para que no se le permitiese ver a S. M.\nEl 16 de marzo de 1999, 18 de marzo de 1999 y 21 de mayo de 2001, respectivamente, dicho centro emitió certificados médicos con el mismo fin, al igual que otras dos instituciones médicas.\nEl dictamen médico de 21 de mayo de 2001 fue dirigido expresamente al «Centro de asistencia social competente».\nLa demandante manifiesta que, durante el período en cuestión, vio frecuentemente al demandado en las calles de Belgrado y señala que también le vio en un programa de televisión en el que apareció en distintas ocasiones.\nLa demandante señala, además, que el Centro de asistencia social le informó de que el demandado había manifestado públicamente que no quería ser molestado por ningún proceso legal y, también, que había dicho a S. M. que su madre, la demandante, había fallecido.\nParece que el Tribunal municipal celebró una vista el 30 de marzo de 2006 y que lo hizo en ausencia del demandado, dado que éste había sido debidamente citado a comparecer en una de sus direcciones en Belgrado.\nEl 8 de mayo de 2006, el Departamento de policía de Kotor informó al Tribunal municipal de que no se había hallado al demandado en su domicilio de Kotor, pero que sus vecinos habían dicho que había regresado a Belgrado.\nEn la vista celebrada el 22 de mayo de 2006, la demandante informó al Tribunal municipal de que el demandado había vuelto a inscribir en el registro su antigua empresa y que su sede estaba ahora en Belgrado. Ella facilitó entonces al tribunal dicha dirección al igual que el domicilio actual de los padres del demandado y afirmó que S. M. cursaba cuarto grado en una de las escuelas primarias de Belgrado.\nEl 23 de mayo de 2006, el Tribunal municipal envió una carta al Registro mercantil y Hacienda solicitando información acerca de los ingresos del demandado y de su situación fiscal, así como de si el demandado era propietario, fundador, gerente o subdirector de dicha sociedad.\nEl 12 de junio de 2006, el Tribunal municipal fue informado de que, efectivamente, el demandado era el gerente de la empresa en cuestión.\nLa siguiente vista se señaló para el 28 de junio de 2006 y las citaciones judiciales al respecto fueron enviadas al domicilio del demandado en Kotor y a su dirección de Belgrado, a través de los departamentos de policía de Kotor y Belgrado, respectivamente.\nEl 30 de marzo de 2006, 23 de mayo de 2006 y 7 de junio de 2006, el Tribunal municipal urgió al Centro de asistencia social competente a que «concluyese» su informe y presentase una propuesta acerca de quién debía obtener la custodia de S. M.\nA partir de entonces, el Tribunal municipal obtuvo los informes médicos relativos a la salud de la demandante de 16 de marzo de 1999 y 21 de mayo de 2001, respectivamente (apartado 34 supra), así como un nuevo informe efectuado el 12 de abril de 2006 por el Instituto de Enfermedades Infeccionas y Tropicales – Centro para el VIH/SIDA, manifestando que no existía ninguna razón médica para no otorgar la custodia de S. M. a la demandante.\nEl 28 de junio de 2006 el Tribunal municipal oyó a la demandante y ordenó al Centro de asistencia social que presentara su informe sobre quién debía obtener la custodia de S. M.\nEl 22 de septiembre de 2006, el Tribunal municipal oyó a la demandante y al demandado, ocasión en la que este último, entre otras cosas, manifestó que la demandante no había sido honesta acerca de su situación médica, o responsable en cuanto a la toma de medicación, lo cual ponía en peligro su propia vida así como la de S. M. El demandado propuso así que se volviese a practicar un reconocimiento a la demandante y el Tribunal municipal, habiéndolo ordenado, señaló vista para el 22 de diciembre de 2006.\nEl 22 de diciembre de 2006, el Tribunal municipal aplazó la vista señalando que el expediente seguía en el Tribunal de distrito que estaba a punto de pronunciarse en el recurso presentado por el demandado contra la resolución relativa a la custodia provisional dictada el 15 de junio de 2006 (apartados 50 y 52 supra).\nEl Tribunal municipal señaló la siguiente vista para el 12 de marzo de 2007.\nEl 15 de junio de 2006 el Tribunal municipal otorgó la custodia provisional de S. M. a la demandante y ordenó al demandado entregar a la niña, a la espera de una sentencia definitiva en el procedimiento en curso. En su razonamiento, el tribunal declaraba, inter alia, que: i) el demandado había dejado claro, desde el principio, que «no permitiría» a la demandante tener contacto con S. M. por su temor a que pudiese también «infectarse» con el VIH; ii) la demandante era, pese a las quejas en sentido contrario del demandado, una madre responsable y motivada cuya condición médica era estable, controlada constantemente, y que no presentaba un peligro para S. M.; y iii) el demandado no solamente no cumplió con su obligación de informar al tribunal de su domicilio correcto sino que, además, durante varios años, evitó deliberadamente recibir las comunicaciones judiciales que, a su vez, tuvieron como resultado privar a la demandante de todo contacto con S. M., dando muestras de una gran indiferencia hacia los intereses de S. M. Por último, el cumplimiento de esta resolución no podía aplazarse a la espera del resultado de ningún recurso presentado contra la misma.\nEl 20 de julio de 2006 la demandante pidió la ejecución de la citada resolución facilitando nuevamente al Tribunal municipal las diferentes direcciones del demandado.\nEl 5 de octubre de 2006 el demandado interpuso recurso.\nEl 22 de noviembre de 2006 la demandante se dirigió al presidente del Tribunal municipal solicitando la pronta ejecución de la resolución.\nEl 13 de noviembre de 2006, el Tribunal de distrito estimó el recurso del demandado, anuló la resolución impugnada y dio instrucciones al Tribunal municipal de volver a examinar la cuestión de la custodia provisional de la demandante.\nEn julio de 2006, la interesada presentó una demanda solicitando que se privara al demandado del ejercicio de la patria potestad. Este procedimiento fue entablado asimismo ante el Tribunal municipal donde sigue pendiente en el momento de la pronunciación de la presente sentencia.\nLos artículos 310b, 390 y 391 establecen que todas las disputas legales relativas a la manutención de los hijos y a los procedimientos de ejecución de las resoluciones relativas a la custodia deberán ser resueltas urgentemente por los tribunales.\nEn virtud del artículo 204 todas las disputas legales que afecten a hijos menores deberán resolverse urgentemente. La primera vista deberá señalarse dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la demanda. Los tribunales de primera instancia deberán concluir el procedimiento después de celebrar dos vistas, y los tribunales de segunda instancia deberán pronunciarse en apelación en el plazo de quince días\nAsimismo, el artículo 280 define todos los pleitos relativos a la manutención como «particularmente urgentes». La primera vista deberá señalarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación de la demanda y el tribunal de segunda instancia deberá pronunciarse en apelación en el plazo de 15 días.\nEsta Ley entró en vigor el 1 de julio de 2005 derogando así la Ley del matrimonio y de las relaciones familiares a la que se ha hecho referencia anteriormente.\nLas disposiciones aplicables de esta Ley dicen lo siguiente:\nArtículo 84.1 y 84.2\n«El tribunal designará un representante temporal que [actúe en nombre del] demandado si considera, en el curso del procedimiento ante el Tribunal de primera instancia, que el procedimiento ordinario de designación de… [dicho representante] … podría durar demasiado tiempo, con consecuencias perjudiciales para una o ambas partes.\nDe acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 1 de este artículo, el tribunal designará un representante temporal…\n4) Cuando el lugar de residencia del demandado sea desconocido y el demandado no disponga de abogado…».\n«El escrito de alegaciones… [incluidas las denuncias iniciales al objeto de entablar un proceso judicial]… harán constar… el nombre, la ocupación y el domicilio permanente o actual de las partes…»\n«… [L]os actos de comunicación se realizarán mediante correo pero podrán ser efectuados por el funcionario que el tribunal designe [«el alguacil»]… o directamente en sede judicial.»\nArtículo 141.1 y 141.2\n«Si el destinatario no se hallare [en su domicilio], la comunicación se efectuará a un miembro adulto de su familia que deberá recibirla. Si tal persona tampoco se hallare [en el domicilio], la comunicación del tribunal se efectuará al encargado del edificio o vecindario, si consintiere en ello.\nSi la comunicación debiera efectuarse en la oficina de una persona que no se encontrare allí, se despachará a una persona que trabaje en la misma oficina, si esta persona consiente en ello.»\nArtículo 142.1 y 142.2\n«Una demanda… [al igual que]… una resolución judicial contra la que pueda interponerse un recurso será notificada al … [demandado]… personalmente…\nSi el destinatario no se hallare en el lugar en el que debiera efectuarse la comunicación, el alguacil averiguará cuándo y dónde se le puede encontrar, dejando un aviso por escrito a una de las personas mencionadas en el artículo 141, apartados 1 y 2 de la presente Ley, requiriéndole para que se halle presente en un día y a una hora concretos en su oficina. Si incluso así el alguacil no encontrare al destinatario, procederá conforme a las disposiciones del artículo 141 de la presente Ley y la comunicación se considerará realizada.»\n«Si el destinatario, un miembro adulto de la familia, … o un empleado de un órgano estatal o entidad jurídica se negare a recibir la comunicación judicial sin motivo legal, el alguacil dejará los documentos en la vivienda o la oficina de dicha persona o los fijará en la puerta de la vivienda o de la oficina en cuestión. El alguacil deberá anotar en el resguardo de entrega el día, la hora y el motivo para rechazar la comunicación, así como el lugar en el que ha dejado los documentos, considerándose así realizada la comunicación.»\nArtículo 145.1, 145.2 y 145.3\n«Cuando una parte… cambie su lugar de residencia o se traslade a otra vivienda… [con anterioridad al pronunciamiento de la resolución definitiva]… deberá informar inmediatamente de ello al tribunal.\nSi no lo hiciere y el alguacil no pudiere averiguar… [su]… nueva vivienda o lugar de residencia, el tribunal ordenará que todas las comunicaciones respecto a esta parte sean expuestas en el tablón de anuncios del propio tribunal.\n[En el plazo de]… ocho días… la comunicación en cuestión se considerará debidamente realizada.»\n«El tribunal invitará a la parte… que… se hallare en el extranjero y no tuviere un representante en… [Serbia]… a… autorizar… a [otra persona]… a recibir todas… [las comunicaciones judiciales serbias]… Si la parte… no lo hiciere, el tribunal designará… [una persona]… temporalmente… y a costa de la parte…»\n«Si una parte no pudiere averiguar el domicilio del destinatario, el tribunal tratará de obtener la información pertinente de… [otros órganos estatales]… o de otro modo.»\nLa sustancia de los artículos 79.2 (4), 100.2, 127, 135, 136, 138, 139 y 141 de esta Ley corresponde, en su parte aplicable, a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada anteriormente.\nAdemás, el artículo 140 establece que, si la comunicación «ordinaria» en el curso del procedimiento resultare sin éxito, todas las comunicaciones judiciales se expondrán en el tablón de anuncios del propio tribunal y que en el plazo de ocho días la comunicación en cuestión se considerará debidamente realizada.\nPor último, en virtud del artículo 394 y 396, las partes podrán presentar ante el Tribunal Supremo un recurso sobre cuestiones de derecho, bajo unas condiciones muy específicas, únicamente contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia.\nEsta Ley entró en vigor el 23 de febrero de 2005, derogando en consecuencia la Ley de Enjuiciamiento Civil citada anteriormente.\nEl artículo 209 de la Ley del procedimiento de ejecución de 2000 (publicada en los Boletines oficiales de la República Federativa de Yugoslavia núms. 28/00, 73/00 y 71/01) si bien hace especial énfasis en la superioridad de los intereses del menor, establece que deberá haber un período inicial de tres días para el cumplimiento voluntario de la resolución relativa a la custodia. Transcurrido este tiempo, sin embargo, se impondrá una multa y, en último lugar, si fuere necesario, y en cooperación con el Centro de asistencia social, se cogerá al menor por la fuerza. Por último, en virtud del artículo 7 de la misma Ley, solamente la orden de ejecución y la decisión del tribunal respecto a toda impugnación formulada contra la misma serán notificadas conforme a las normas de enjuiciamiento civil aplicables. En todos los demás casos, se hará uso del tablón de anuncios del tribunal.\nLa Ley del procedimiento de ejecución de 2004 (publicada en el Boletín oficial de la República de Serbia núm. 125/04) entró en vigor el 23 de febrero de 2005, derogando así la Ley del procedimiento de ejecución de 2000. Conforme al artículo 304 de esta Ley, sin embargo, todos los procedimientos de ejecución entablados antes del 23 de febrero de 2005 deberán concluirse conforme a la Ley del procedimiento de ejecución de 2000.\n«Las partes u otros intervinientes en el proceso judicial podrán presentar sus quejas sobre el funcionamiento del tribunal cuando consideren que se han producido dilaciones indebidas, el procedimiento sea incorrecto o que ha habido influencias [adversas] durante el mismo o en su resultado.»\n«El presidente de una instancia superior podrá controlar el funcionamiento de un tribunal inferior, y el presidente de un tribunal directamente superior tendrá la autoridad de realizar un acto para el que sea competente el presidente de un tribunal inferior, si este último omite cumplir con su obligación.\nEl presidente de un tribunal superior podrá solicitar al tribunal inferior información relativa al cumplimiento de la legislación existente, a cualquier problema referente a los juicios y al funcionamiento del tribunal.\nEl presidente de un tribunal superior podrá ordenar un inspección directa del funcionamiento de un tribunal inferior.»\n«Cuando una parte en un proceso u otra persona que intervenga en el proceso presenta una queja, el presidente del tribunal, atendida ésta, deberá informar al demandante, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la queja, de su opinión acerca del fundamento de la misma así como de toda medida adoptada al respecto.\nSi la queja se dirige al Ministerio de Justicia o un tribunal superior, el Ministro y el presidente del tribunal superior serán informados del fundamento de la misma y de las medidas tomadas al respecto.»\nA tenor de lo dispuesto en el artículo 8, el presidente de un tribunal deberá asegurarse de que el trabajo del tribunal se lleva a cabo con la debida diligencia. Deberá asimismo examinar cada queja presentada por una parte en el proceso respecto a las dilaciones y responder dentro de los 15 días con la decisión que haya tomado y ordenando, en su caso, las medidas a adoptar para corregir la situación.\nEl artículo 4 establece, entre otras cosas, que el Ministerio de Justicia supervisará el funcionamiento de los tribunales atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta y eficaz tramitación de todos los asuntos. Si se identificasen algunos problemas, el Ministerio «propondrá» unas medidas específicas que deberán tomarse dentro de los 15 días siguientes.\nArtículo 40a.1 y 40a.2\n«El Tribunal Supremo de Serbia establecerá un Consejo Supervisor («el Consejo»).\nEste Consejo estará constituido por cinco magistrados del Tribunal Supremo elegidos por un período de cuatro años por el Pleno del Tribunal Supremo de Serbia.»\n«En respuesta a una queja o ex officio, el Consejo podrá inspeccionar los procedimientos judiciales y examinar la tramitación de la demandas individuales.\nTras concluir este proceso, el Consejo podrá iniciar, ante la Comisión Disciplinaria, un procedimiento para separar al Juez de la carrera judicial fundamentado en su comportamiento irresponsable o no profesional, o proponer la imposición de otra medida disciplinaria.»\nEl artículo 171.1 establece que una entidad jurídica, incluido el Estado, será responsable de toda lesión causada «a un tercero» por uno de «sus órganos».\nEn virtud de los artículos 199 y 200 de la Ley de la Responsabilidad, todo aquel que haya sentido temor, sufrido un dolor físico o angustia psicológica como consecuencia de una lesión de «sus derechos» podrá solicitar, dependiendo de su duración e intensidad, una indemnización ante los tribunales civiles y, además, otras formas de reparación «susceptibles» de ofrecer una satisfacción adecuada no pecuniaria.\nEl artículo 134.1 establece, inter alia, que «todo aquel» que mediante el «engaño» trasladare o retuviere con la intención de … «coaccionar» a otro, o a otra persona, a «soportar algo» será condenado a una pena de uno a diez años de prisión.\nEn virtud del artículo 191 toda persona que, inter alia, impida el cumplimiento de una resolución relativa a la custodia de un menor será multada o condenada a una pena de prisión no superior a dos años.\nEl artículo 340 dispone que «un funcionario u «otra persona habilitada» que se niegue a ejecutar una resolución judicial definitiva, o que no la ejecute dentro del plazo previsto por la Ley o el plazo establecido en la propia resolución, será susceptible de una pena de multa o de prisión no superior a dos años».\nLa Sentencia Matijasevic contra Serbia (TEDH 2006, 49) (núm. 23037/2004, aps. 12, 13 y 16-25, de 19 septiembre 2006, contiene las disposiciones aplicables relativas al Tribunal de Justicia de Serbia y Montenegro y la sucesión del Estado unificado de Serbia y Montenegro.\nLa demandante se queja de la duración del proceso civil en cuestión y de la parcialidad mostrada por la presidente del tribunal en el mismo. Al hacerlo, invoca el artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) que, en su parte aplicable, dice lo siguiente:\n«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa (…) y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial (…)»\nEl Gobierno señala que la demandante no ha agotado todos los recursos efectivos disponibles. En particular, no se ha quejado sobre la duración en cuestión ante el presidente del Tribunal municipal, el presidente del Tribunal de distrito, el Ministro de Justicia y el Consejo supervisor del Tribunal Supremo, respectivamente (apartados 67-70 supra). Además, no ha hecho uso del recurso ante el Tribunal de Justicia de Serbia y Montenegro, conforme a la Carta Constitucional, la Carta de Derechos Humanos y de las Minorías y de las Libertades cívicas, y la Ley del Tribunal de Justicia de Serbia y Montenegro (apartado 76 supra). Por último, el Gobierno sostiene que la demandante no interpuso un recurso civil en virtud de los artículos 199 y 200 de la Ley sobre la Responsabilidad (apartados 71 y 72 supra).\nLa demandante manifiesta que una queja dirigida al Tribunal de Justicia de Serbia y Montenegro no puede considerarse un recurso interno efectivo a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y que, habiéndose quejado ante el presidente del Tribunal municipal el 31 de marzo de 2003, no se dirigió al presidente del Tribunal de distrito ni al Ministerio de Justicia puesto que ello habría supuesto una demora adicional y, en todo caso, no le habría proporcionado una reparación efectiva. Por último, la demandante señala que el artículo 199 de la Ley sobre la Responsabilidad no era aplicable, ya que aludía ante todo a la difamación y un juicio con resultado favorable basado en el artículo 200 de la misma Ley, en el mejor de los casos y tras años de litigio, podría indemnizarle por el daño moral sufrido, pero no acelerar el procedimiento de cuya duración se queja.\nEl Gobierno sostiene que a la vista del comportamiento global de la Juez en cuestión esta queja carece de fundamento. En todo caso, la solicitud de recusación de la demandante fue atendida debidamente y rechazada posteriormente por el presidente del Tribunal municipal personalmente.\nLa demandante no formula comentarios al respecto.\nEl Tribunal recuerda que, conforme a su constante jurisprudencia, la finalidad de la norma del artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) es la de facilitar a los Estados contratantes la ocasión de prevenir o corregir las violaciones alegadas contra ellos antes de que éstas sean sometidas a los órganos del Convenio (ver, entre otras, Sentencia Vernillo contra Francia de 20 febrero 1991 [TEDH 1991, 24] , serie A núm. 198, pgs. 11-12, ap. 27 y Dalia contra Francia de 19 febrero 1998 [TEDH 1998, 5] , Repertorio 1998-I, pgs. 87-88, ap. 38). Una vez asumida la carga de la prueba, corresponde a la demandante acreditar que el recurso al que hace referencia el Gobierno fue efectivamente agotado o que, por alguna razón, era inadecuado o poco efectivo en las circunstancias particulares de la causa, o que existían unas circunstancias especiales que le exoneraban de esta exigencia (ver Sentencia Dankevich contra Ucrania [PROV 2003, 69273] , núm. 40679/1998, ap. 107, 29 abril 2003).\nEl Tribunal pone énfasis en que la norma del agotamiento de las vías de recurso internas debe aplicarse con cierto grado de flexibilidad y sin excesivos formalismos. También ha reconocido que esta norma no es absoluta ni su aplicación automática; al examinar si se ha observado la norma será esencial tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto. Ello significa, entre otras cosas, que el Tribunal deberá tener en cuenta de forma realista no sólo la existencia de recursos formales en el sistema legal del Estado Contratante afectado, sino también el contexto general en el que se producen, así como las circunstancias personales de la demandante (ver Sentencia Akdivar y otros contra Turquía de 16 septiembre 1996 [TEDH 1996, 39] , Repertorio 1996-IV, pg. 1211, ap. 69). El Tribunal deberá examinar si, atendidas las circunstancias de la causa, la demandante hizo todo lo que razonablemente podía esperarse al objeto de agotar las vías de recurso internas.\nPor último, el Tribunal recuerda que la cuestión decisiva para valorar la efectividad de un recurso relativo a una queja sobre la duración de un procedimiento es si existe o no una posibilidad para el demandante de obtener una pronta y directa reparación, en lugar de una protección indirecta de los derechos garantizados por el artículo 6 (ver, Sentencias Scordino contra Italia (núm.1) [PROV 2006, 114008] [GS], núm. 36813/1997, ap. 195, TEDH 2006, y Sürmeli contra Alemania [PROV 2006, 177074] [GS], núm. 75529/2001, ap. 101, 8 junio 2006). En particular, un recurso es «efectivo» si ha podido utilizarse para acelerar una decisión por parte de los tribunales que conocen de la causa o proporcionar al interesado una reparación adecuada por la violación ya producida (Sentencias Kudla contra Polonia [TEDH 2000, 163] [GS], núm. 30210/1996, aps. 157-159, TEDH 2000-XI, Mifsud contra Francia (Dec.), [GS], núm. 57220/2000, ap. 17, TEDH 2002-VIII, y Sürmeli contra Alemania [GS], previamente citada, ap. 99).\nEl Tribunal señala que las peticiones al presidente del Tribunal municipal, el presidente del Tribunal de distrito, el Ministro de Justicia y el propio Consejo supervisor del Tribunal Supremo de acelerar el procedimiento en cuestión, a las que hace referencia el Gobierno, representan quejas jerárquicas o, en otras palabras, sólo mera información presentada a una instancia superior con plena potestad para hacer uso de sus poderes como estime pertinente (apartados 67-70 supra). Además, si se hubiesen incoado estos procedimientos habrían tenido lugar exclusivamente entre la instancia supervisora de que se trata y el Juez/tribunal en cuestión. La propia demandante no habría sido parte en dicho proceso y, en el mejor de los casos, habría tenido únicamente derecho a ser informada de su resultado (ver, mutatis mutandis, Sentencia Horvat contra Croacia [TEDH 2001, 486] , núm. 51585/1999, ap. 47, TEDH 2001-VIII). Ninguno de estos recursos pueden, por tanto, considerarse efectivos en el sentido del artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nUna demanda de indemnización por los daños causados por la dilación indebida en el procedimiento (apartados 71 y 72 supra) habría sido también poco efectiva. Suponiendo incluso que la demandante hubiese obtenido una indemnización por el retraso anterior, el Gobierno no ha acreditado que tales procedimientos hubiesen sido más rápidos que un proceso civil «ordinario», que podía durar varios años y pasando por varios grados de jurisdicción (ver, mutatis mutandis, Sentencias Merit contra Ucrania [TEDH 2004, 25] , núm. 66561/2001, ap. 59, 30 marzo 2004, y Scordino contra Italia (núm. 1 [PROV 2006, 114008] ), previamente citada, ap. 195). Además, por la misma razón, tal demanda no podía claramente acelerar el procedimiento en cuestión.\nPor último, en lo que respecta a la alegación del Gobierno de que la demandante debería haber presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de Serbia y Montenegro, el Tribunal recuerda haber declarado ya que este recurso concreto no estuvo disponible hasta el 15 de junio de 2005 y, además, siguió sin efecto hasta la ruptura del Estado Unificado de Serbia y Montenegro (ver Sentencia Matijasevic contra Serbia [TEDH 2006, 49] , previamente citada, aps. 34-37). El Tribunal no ve razones para apartarse en el presente caso de este fallo y concluye, por tanto, que la demandante no estaba obligada a agotar esta vía concreta de recurso.\nA la vista de lo que antecede, el Tribunal concluye que la queja de la demandante sobre la indebida duración del procedimiento no puede inadmitirse por no agotamiento de las vías de recurso internas en virtud del artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) . En consecuencia, cabe desestimar la excepción del Gobierno a este respecto. El Tribunal considera también que esta demanda no carece manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio y que no se enfrenta a ningún otro motivo de inadmisión. Debe pues admitirse.\nEn cuanto a la queja adicional de la demandante relativa a la alegada parcialidad judicial demostrada durante el procedimiento civil, el Tribunal señala que este procedimiento sigue pendiente, por lo que esta queja es prematura y debe, como tal, rechazarse por no agotamiento de las vías de recurso internas, conforme al artículo 35.1 y 35.4 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nEl Gobierno sostiene que el procedimiento impugnado era extremadamente complejo y delicado, debido a la salud de la demandante, las cuestiones fácticas y jurídicas que implicaba y lo que en él arriesgaban las partes.\nSeñala que es la demandante la que incumplió su obligación de facilitar al Tribunal municipal el domicilio correcto del demandado, que, a su vez, condujo al retraso por el que se formula queja y manifiesta que la vista señalada para el 23 de diciembre de 2005 se aplazó a petición de la demandante (apartados 16 y 17 supra).\nEl Gobierno señala que el Tribunal municipal actuó de acuerdo con las propuestas de las partes e hizo todo lo posible por averiguar el domicilio correcto del demandado. Sin embargo, no pudo, en virtud de la legislación interna, hacer comparecer por la fuerza al demandado ante el tribunal. Tampoco podía designar un «representante temporal» que actuase en su nombre (apartado 60, en particular el artículo 84 de la LECiv de 1977, y apartado 61 supra).\nPor último, el Gobierno señala que el procedimiento en cuestión comenzó efectivamente el 3 de noviembre de 2005, cuando por primera vez se realizó la comunicación al demandado de los documentos judiciales pertinentes, si bien indica que el Estado demandado ratificó el Convenio el 3 de marzo de 2004, por lo cual el procedimiento entra dentro de la competencia ratione temporis del Tribunal por un período de «poco más de dos años».\nLa demandante sostiene que el procedimiento en cuestión lleva pendiente en primera instancia desde 1999, pese a su carácter urgente, y que corresponde al Estado organizar su sistema judicial de forma que garantice el derecho de toda persona a un proceso justo dentro de un plazo razonable.\nAdemás, la interesada sostiene que en su demanda inicial presentada ante el Tribunal municipal el 11 de febrero de 1999 facilitó el domicilio correcto del demandado y, además, que el Centro de asistencia social había ya efectuado actos de comunicación al demandado en dicha dirección antes de que se incoase el procedimiento así como, recientemente, el Tribunal municipal (apartados 12, 37 y 38 supra).\nEn todo caso, el demandado dejó muy claro, desde el principio, que no tomaría parte en el proceso y, en consecuencia, hizo todo por evitar recibir las comunicaciones del tribunal (apartados 15, 37 y 50 supra). En tales circunstancias, no se podía razonablemente esperar que la demandante facilitase cada vez el nuevo domicilio del demandado, ni estaba legalmente obligada a ello. Por el contrario, correspondía al demandado informar al tribunal de cualquier cambio de domicilio, si bien el Tribunal municipal, por su parte, no hizo uso claramente de las numerosas herramientas procesales a su disposición al objeto de que el demandado recibiese formalmente las notificaciones (apartados 60-62 supra).\nPor último, la demandante señala que los actos del Tribunal municipal a los que hace referencia el Gobierno se realizaron debido sobre todo a su insistencia, así como en respuesta a las propuestas de su abogado. La demanda de la interesada contenía toda la información necesaria para que el Tribunal municipal procediese de forma efectiva y no se podía culpar a la propia demandante del comportamiento evasivo del demandado o de la inactividad de los jueces serbios.\nEl carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia según las circunstancias de la causa y teniendo en cuenta los criterios consagrados por su jurisprudencia, en concreto, la complejidad del asunto, el comportamiento de los litigantes y el del órgano judicial actuante.\nEn un litigio de carácter civil, un factor importante es lo que en él arriesga el demandante y se requiere una especial diligencia con vistas a las posibles consecuencias que la excesiva duración del procedimiento puede tener, especialmente en el goce del derecho al respeto de la vida familiar (ver, entre otras, Sentencia Laino contra Italia [TEDH 1999, 8] [GS], núm. 335158/1996, ap. 18, TEDH 1999-I).\nAdemás, según la jurisprudencia constante del Tribunal, una sobrecarga crónica en el turno de causas no es una explicación válida para la duración excesiva del procedimiento (ver Sentencia Probstmeier contra Alemania de 1 julio 1997 [TEDH 1997, 6] , Repertorio 1997-IV, pg. 1138, ap. 64). Efectivamente, el artículo 6.1 (RCL 1999, 1190, 1572) impone a los Estados Contratantes la obligación de organizar su sistema judicial de forma que sus tribunales puedan cumplir con sus exigencias, incluida la obligación de oír las causas dentro de un plazo razonable (Sentencia Portington contra Grecia de 23 septiembre 1998 [TEDH 1998, 99] , Repertorio 1998-VI, pg. 2633, ap. 33).\nPor último, el Tribunal exige una diligencia excepcional en la tramitación de las causas en las que el demandante sea seropositivo, así como en todos los asuntos en los que el procedimiento impugnado concierna a un litigio sobre la custodia de un menor (ver, mutatis mutandis, Sentencias A. y otros contra Dinamarca de 8 febrero 1996 [TEDH 1996, 8] , Repertorio 1996-I, ap. 78 y Nuutinen contra Finlandia [TEDH 2000, 147] , núm. 32842/1996, ap. 110, TEDH 2000-VIII, respectivamente).\nEl Tribunal señala que el procedimiento en cuestión comenzó el 11 de febrero de 1999 con la presentación por la interesada de una demanda ante el Tribunal municipal. Sin embargo, el período que entra dentro de la competencia ratione temporis del Tribunal no comienza en dicha fecha sino el 3 de marzo de 2004, después de que el Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) entrase en vigor respecto a Serbia (ver, mutatis mutandis, Sentencia Foti y otros contra Italia de 10 diciembre 1982 [TEDH 1982, 7] , serie A núm. 56, pgs. 18-19, ap. 53). El proceso civil sigue pendiente en primera instancia. Ha durado pues ocho años, de los cuales más de dos años y once meses entran dentro de la competencia del Tribunal.\nEl Tribunal señala asimismo que, al objeto de determinar el carácter razonable de la duración en cuestión, debe tenerse en cuenta el estado de la causa en la fecha de la ratificación (ver, entre otras, Sentencia Styranowski contra Polonia de 30 octubre 1998 [TEDH 1998, 105] , Repertorio 1998-VIII) y declara que el 3 de marzo de 2004 el procedimiento en cuestión llevaba pendiente aproximadamente cinco años en primera instancia.\nEl Tribunal señala, en primer lugar, que el procedimiento impugnado trataba de la disolución de un matrimonio, la custodia y la manutención de un menor y que, como tal, era relativamente complejo.\nEn segundo lugar, las cuestiones en este procedimiento eran claramente de especial significación para la demandante y su hija y requerían una especial diligencia por parte de las autoridades internas (apartados 99 y 101 supra).\nEn tercer lugar, la propia demandante era seropositiva, hecho al menos conocido por el Centro de asistencia social (Agencia estatal implicada asimismo en el proceso), que exige una excepcional diligencia (apartados 33-35 y 101 supra).\nEn cuarto lugar, la demandante hizo todos los esfuerzos para acelerar el procedimiento y solamente se le puede considerar responsable del aplazamiento de la vista señalada para el 23 de diciembre de 2005 (apartados 16 y 17 supra).\nEn quinto lugar, no ahorró esfuerzos en facilitar al Tribunal municipal el domicilio del demandado, si bien tras instruirse el proceso, no estaba en la obligación legal de hacerlo (apartados 14, 40 y 60 supra, concretamente los artículos 106, 145 y 148 de la LECiv de 1977, así como los apartados 61 y 62 supra).\nPor último, el Tribunal municipal no hizo un uso consecuente de las herramientas procesales disponibles en la legislación interna. En particular, suponiendo incluso que no se reuniesen las condiciones para la designación de un «representante temporal», tal y como alega el Gobierno, el Tribunal municipal pudo y debió recurrir a otras medidas, incluida, si bien no la única, la exposición de las notificaciones y otros documentos del tribunal dirigidos al demandado en su propio tablón de anuncios (apartado 60, en particular artículo 145 de la LECiv de 1977 y apartado 62 supra, así como los apartados 60 y 61).\nA la luz de los criterios establecidos en su jurisprudencia y habida cuenta de las circunstancias de la causa, así como de las alegaciones de las partes, el Tribunal considera que la duración del procedimiento que sigue pendiente, incumple la exigencia del plazo razonable.\nEn consecuencia, ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nEn virtud del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , la demandante se queja de que la demora en el proceso civil supuso que no pudiese ver a su hija ni ejercer ningún otro derecho como madre durante aproximadamente ocho años.\nSe queja, además, en virtud del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , de que el Estado demandado no ejecutó la resolución relativa al régimen provisional de visitas de 23 de julio de 1999.\nEl artículo 8 (RCL 1999, 1190, 1572) , en su parte aplicable, dice lo siguiente:\n«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar (…)\n2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para (…) la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.»\nComo autoridad en la calificación de los hechos, atendiendo a la Ley, de toda demanda que se somete al Tribunal, este último considera que la queja de la demandante en virtud del artículo 6.1 debe examinarse desde el punto de vista del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) (ver Sentencias Akdeniz contra Turquía [PROV 2005, 127579] , núm. 25165/1994, ap. 88, 31 mayo 2005 y Hokkanen contra Finlandia de 23 septiembre 1994 [TEDH 1994, 35] , aps. 60-62, serie A núm. 299-A).\nEl Gobierno y la demandante se basan en los argumentos resumidos en los apartados 78 y 79 supra.\nAsimismo, el Gobierno sobreentiende que la demandante no presentó un recurso sobre cuestiones de derecho o solamente en relación al incumplimiento de la resolución relativa al régimen de visitas, querella penal a tenor de lo dispuesto en los artículos 134.1, 191.2 y 340 del Código Penal (apartados 63 y 73-75 supra).\nLa demandante manifiesta que no existían unos fundamentos fácticos o jurídicos para alegar que se hubiese cometido alguno de los delitos a los que hace referencia el Gobierno y, además, que sólo cabía interponer un recurso sobre cuestiones de derecho contra una sentencia firme, si hubiese habido una.\nEl Tribunal señala que, efectivamente, no se dictó en segunda instancia una sentencia definitiva contra la que poder interponer formalmente un recurso sobre cuestiones de derecho. Además, la interposición de una querella criminal, aunque posible, no habría sido tampoco efectiva: es decir, no habría sido más rápida que cualquier otro asunto penal «ordinario» que podía durar varios años y pasar por varias instancias. Por último, el propio Gobierno no demuestra lo contrario. Tanto un recurso sobre cuestiones de derecho como una querella criminal eran, en consecuencia, recursos que no tenían por qué ser agotados en el sentido del artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nEn lo que respecta a otros argumentos sobre la admisibilidad ya descritos en los apartados 78 y 79 supra, el Tribunal los ha tenido en consideración, pero una vez más llega a las mismas conclusiones expuestas en los apartados 85-88 supra.\nEl Tribunal señala, por tanto, que las quejas de la demandante en virtud del artículo 8 en lo referente a la duración del procedimiento no carecen manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , ni se enfrentan a ningún otro motivo de inadmisibilidad. En consecuencia han de admitirse.\nEl Gobierno señala que deben tenerse en cuenta los intereses y la opinión de S. M., que S. M. ha pasado los últimos ocho años de su vida solamente con su padre y que la obligación de reunir al padre con el hijo no es absoluta, en el sentido de que los intereses del menor pueden prevalecer sobre la solicitud del derecho de visitas del padre y/o de su custodia.\nEl Gobierno recuerda que toda coerción en este ámbito debe ser limitada, en la medida en que deben considerarse detenidamente los intereses y derechos de todos los afectados.\nEl Gobierno señala asimismo que el Tribunal municipal tomó todas las medidas razonables a su alcance para facilitar el cumplimiento del régimen provisional en cuestión incluso habiendo retirado el abogado de la demandante, el 23 de octubre de 2001, su petición de ejecución.\nPor último, el Gobierno señala que, el 15 de junio de 2006, el Tribunal municipal otorgó la custodia provisional de S. M. a la demandante y ordenó al demandado entregar a la niña, en espera de una resolución definitiva en la demanda civil.\nLa demandante manifiesta que el régimen provisional de visitas no se cumplió porque el demandado se negó abiertamente a hacerlo y durante cuatro años eludió con éxito las comunicaciones judiciales.\nAñade que, a lo largo de este tiempo, las autoridades serbias incumplieron su obligación de localizar la residencia del demandado, y no utilizaron ninguna medida coercitiva al objeto de hacer cumplir el régimen de visitas en cuestión.\nPor último, la demandante afirma que el Estado tiene la obligación de reunirle con S. M. y que el paso del tiempo podría tener unas consecuencias irremediables para ella y para su hija.\nTanto el Gobierno como la demandante se basan en argumentos ya esbozados en los apartados 90-97 supra.\nEl Tribunal señala que el goce mutuo por el padre y el hijo de la mutua compañía constituye un elemento fundamental de la «vida familiar» en el sentido del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) (ver, entre otras, Sentencia Monory contra Rumanía y Hungría, [PROV 2005, 84066] núm. 71099/2001, ap. 70, 5 abril 2005).\nAdemás, aunque el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) tiende en esencia a prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, engendra también unas obligaciones positivas inherentes al «respeto» efectivo de la vida familiar. Tanto en un caso como en el otro, debe tenerse en cuenta el equilibrio a mantener entre los intereses del individuo y los de la sociedad en su conjunto. Asimismo, en ambas hipótesis, el Estado goza de cierto margen de apreciación (Sentencia Keegan contra Irlanda de 26 mayo 1994 [TEDH 1994, 21] , serie A núm. 290, pg. 19, ap. 49).\nEn cuanto a la obligación del Estado de adoptar medidas positivas, el Tribunal ha declarado en numerosas ocasiones que el artículo 8 implica el derecho de un padre a medidas adecuadas para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades internas de adoptarlas (ver, por ejemplo, Sentencias Ignaccolo-Zenide contra Rumanía [TEDH 2000, 14] , núm. 31679/1996, ap. 94, TEDH 2000-I; Nuutinen contra Finlandia [TEDH 2000, 147] , núm. 32842/1996, ap. 127, TEDH 2000-II e Iglesias Gil y A.U.I. contra España [TEDH 2003, 15] , núm. 56673/2000, ap. 49, TEDH 2003-V).\nEn asuntos relativos a la ejecución de las sentencias dictadas en el ámbito del derecho de familia, el Tribunal ha declarado repetidamente que la cuestión decisiva es si las autoridades internas adoptaron todas las medidas que razonablemente se podía exigir de ellas atendidas las circunstancias de cada caso (Sentencia Hokkanen contra Finlandia [TEDH 1994, 35] , previamente citada, ap. 58; Ignaccolo-Zenide [TEDH 2000, 14] , previamente citada, ap. 96; Nuutinen contra Finlandia [TEDH 2000, 147] , previamente citada, ap. 128; Silvestre contra Austria [PROV 2004, 73113] , núms. 36812/1997 y 40104/1998, ap. 59, 24 abril 2003).\nEn este contexto, la adecuación de una medida debe juzgarse por la rapidez de su implantación, ya que el paso del tiempo puede tener consecuencias irremediables en las relaciones entre el padre y el hijo que no conviven (ver Sentencia Ignaccolo-Zenide [TEDH 2000, 14] , previamente citada, ap. 102).\nPor último, el Tribunal ha declarado que las medidas coercitivas contra menores no son deseables en este ámbito sensible, no debiéndose descartar el uso de sanciones en los casos de comportamiento indebido del padre con el que vive el hijo (ver Sentencia Ignaccolo-Zenide [TEDH 2000, 14] , previamente citada, ap. 106).\nEl Tribunal señala que normalmente el vínculo entre la demandante y su hija entra dentro del ámbito de la «vida familiar» en el sentido del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) (apartado 130 supra).\nEl Tribunal señala que los intentos por hacer cumplir el régimen provisional de visitas de 23 de julio de 1999 prosiguieron claramente después del 23 de octubre de 2001 y que, además, esta medida devino temporalmente inaplicable entre el 15 de junio de 2006 y el 13 de noviembre de 2006, es decir, mientras estuvo vigente la resolución dictada posteriormente relativa a la custodia provisional (apartados 25-32, 50 y 54 supra).\nSeñala asimismo que, si bien el abogado de la demandante retiró la petición de ejecución de 8 de noviembre de 1999, el 19 de febrero de 2001 la demandante presentó una nueva demanda de ejecución al efecto y que, a partir de entonces, se efectuaron varios intentos de hacer cumplir el régimen provisional de visitas (apartados 27-31 supra).\nAsí las cosas y habida cuenta de los más de cuatro años anteriores a la ratificación, debe determinarse si se vulneró la vida familiar de la demandante durante los siguientes dos años y dos meses de incumplimiento con anterioridad al 15 de junio de 2006, así como en lo que respecta al tiempo transcurrido desde el 13 de noviembre de 2006, siendo ambos períodos de la competencia ratione temporis del Tribunal.\nEn este contexto, el Tribunal señala que desde el 3 de marzo de 2004 hasta el 15 de junio de 2006 el Tribunal municipal intentó varias veces la ejecución, pero en cada ocasión no hallaron al demandado en su domicilio. Sin embargo, después del 13 de noviembre de 2006 no se llevó a cabo ningún intento por hacer cumplir el régimen provisional de visitas.\nAdemás, a lo largo del período de que se trata, el Tribunal municipal no hizo uso de los medios a su alcance para notificar formalmente al demandado la resolución (apartados 60, en particular artículo 145 de la LECiv de 1977, y 62 supra, así como los apartado 60 y 61), contentándose en su lugar con ordenar ocasionalmente a la demandante que facilitase el domicilio del demandado si bien ella no estaba legalmente obligada a ello (apartados 32 y 60 supra, en particular artículos 145 y 148 de la LECiv de 1977, al igual que el apartado 61).\nPor último, pese a los reiterados intentos del demandante por evitar tomar parte en ningún proceso (apartados 15, 37 y 50 supra), parece que el Tribunal municipal no consideró siquiera el uso de la coacción conforme a las normas procesales de ejecución aplicables (apartados 29 y 65 supra).\nHabida cuenta de los hechos de la causa, incluido el paso del tiempo, la superioridad del interés de S. M., los criterios establecidos en su jurisprudencia y las alegaciones de las partes, el Tribunal, pese al margen de apreciación de que disponen los Estados, concluye que las autoridades serbias no hicieron un esfuerzo adecuado ni efectivo por hacer cumplir el régimen provisional de visitas acordado el 23 de julio de 1999.\nEn consecuencia, se vulneraron el derecho de la demandante al respeto de su vida familiar y el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nEl Tribunal ha tenido en cuenta los argumentos expuestos por las partes tal y como se describen en los apartados 90-97, al igual que los hechos pertinentes, y llega una vez más a la misma conclusión descrita en los apartados 104-110 supra.\nDadas las circunstancias apremiantes de la presente causa, en particular lo que en ella arriesga la demandante, el comportamiento de las autoridades serbias y, es más, la diferencia en la naturaleza de los intereses que protegen el artículo 6.1 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) (ver, mutatis mutandis, Sentencias McMichael contra el Reino Unido de 24 febrero 1995 [TEDH 1995, 9] serie A núm. 307-B, ap. 91 y H.N. contra Polonia [PROV 2005, 206154] , núm. 77710/2001, 13 septiembre 2005), el Tribunal considera que la duración del procedimiento impugnado vulneró el artículo 8 del Convenio.\nLa demandante se queja, en virtud del artículo 13 (RCL 1999, 1190, 1572) , de que no dispuso de un recurso efectivo al objeto de acelerar el proceso civil en cuestión. El artículo 13 dice lo siguiente:\nEl Tribunal señala que esta queja plantea unas cuestiones fácticas y jurídicas en virtud del Convenio cuya valoración requiere un examen del fondo del asunto. Considera también que la demanda no carece manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y que no se enfrenta a ningún otro motivo de inadmisión. Cabe pues admitir la demanda.\nEl Gobierno discute la queja de la demandante y, para ello, se remite a los argumentos expuestos en el apartado 78 supra.\nLa demandante no formula más comentarios al respecto.\nEl Tribunal señala que el artículo 13 (RCL 1999, 1190, 1572) garantiza un recurso efectivo ante una instancia nacional que permita quejarse del incumplimiento de la obligación, impuesta por el artículo 6.1, de oír las causas dentro de un plazo razonable (ver, inter alia, Sentencia Kudla contra Polonia [TEDH 2000, 163] , previamente citada, ap. 156).\nRecuerda, además, que un recurso contra la duración es «efectivo» si puede usarse tanto para acelerar el procedimiento ante los tribunales que conocen de la causa, como si concede al litigante la reparación adecuada por las demoras ya producidas (ver Sentencia Sürmeli contra Alemania [PROV 2006, 177074] [GS], previamente citada, ap. 99).\nPor último, el Tribunal hace hincapié en que la mejor solución en términos absolutos es indiscutiblemente, al igual que en muchos otros ámbitos, la prevención. Cuando el sistema judicial es deficiente respecto a la exigencia del plazo razonable del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , la solución más efectiva es un recurso creado para acelerar el procedimiento al objeto de evitar que sea excesivamente largo. Tal recurso ofrece una innegable ventaja en comparación con un recurso que concede únicamente una indemnización, en la medida en que impide también la constatación de sucesivas violaciones respecto al mismo procedimiento y no repara simplemente la violación a posteriori, como sucede en un recurso compensatorio. Algunos Estados han comprendido totalmente la situación eligiendo combinar dos tipos de recurso, uno creado para acelerar el procedimiento y otro para obtener reparación (ver Sentencias Scordino [PROV 2006, 114008] , previamente citada, aps. 183 y 186, Cocchiarella contra Italia [PROV 2006, 114018] [GS], núm. 64886/2001, aps. 74 y 77, TEDH 2006, y Sürmeli contra Alemania [PROV 2006, 177074] [GS], previamente citada, ap. 100).\nEl Tribunal señala que el Gobierno ya manifestó en su excepción preliminar que existían recursos disponibles para la queja de la demandante en virtud del artículo 6.1 (RCL 1999, 1190, 1572) y que, en la medida en que se fundamenta en el mismo razonamiento a través de su respuesta a la queja en virtud del artículo 13, su argumento debe rechazarse, al igual que su excepción preliminar, sobre la base descrita en los apartados 85-87 supra.\nEl Tribunal concluye, por tanto, que ha habido violación del artículo 13 en relación con el artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) debido a la falta de un recurso efectivo en Derecho interno para las quejas de la demandante relativas a la duración de su causa civil.\nPor último, la demandante se queja de que ha sufrido una violación de sus derechos en virtud de los artículos 6.1 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , tal y como se ha descrito anteriormente, basada únicamente en el hecho de ser seropositiva. Al hacerlo, invoca el artículo 14, que dispone lo siguiente:\nEl Gobierno niega la acusación de la demandante y señala que el Tribunal municipal ni siquiera conoció el hecho de que ella fuese seropositiva hasta que se comunicó la demanda en el presente caso.\nLa demandante manifiesta que la primera Juez que conoció de su causa supo de este hecho a lo largo del procedimiento, aunque esta información debía ser confidencial, y que ello puede también explicar el hecho de que no se le concediese desde el principio la custodia provisional. En lo que respecta a la segunda Juez, designada posteriormente, la demandante sabe que, de hecho, no fue informada de ello hasta después de la presentación de la demanda ante el Tribunal.\nA la vista de los hechos del presente caso, e independientemente de si y de cuando las dos jueces que presidieron el tribunal se enteraron de que la demandante era seropositiva, el Tribunal considera que las pruebas de que dispone son insuficientes para concluir que la demandante fue discriminada por motivos de salud. De ello se deduce que esta queja carece manifiestamente de fundamento y ha de desestimarse de acuerdo con el artículo 35.3 y 35.4 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .\nA tenor del artículo 41 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) :\nLa demandante solicitaba inicialmente 30.000 euros (EUR) en concepto del daño moral sufrido, suma que ha aumentado posteriormente a un millón de euros por cada año de demora en el proceso.\nEl Gobierno discute esta solicitud. Añade, sin embargo, que de constatar el Tribunal una violación, ésta constituiría en sí misma una indemnización justa y adecuada o, en caso contrario, que toda indemnización económica concedida debería ser consecuente con la jurisprudencia del Tribunal en asuntos similares.\nEl Tribunal considera que la demandante ha sufrido un daño moral considerable como resultado de la violación de sus derechos en virtud del Convenio, por lo que la mera constatación de violación no constituye una indemnización justa suficiente en el sentido del artículo 41 (RCL 1999, 1190, 1572) .\nEl comportamiento impugnado de los jueces del Estado demandado ha debido ser una fuente constante de angustia para la demandante, que la última vez que vio a su hija fue en 1998, hace casi ocho años.\nHabida cuenta de lo que antecede, la cuantía de las indemnizaciones concedidas en casos comparables (ver, mutatis mutandis, Sentencia Ignaccolo-Zenide [TEDH 2000, 14] , previamente citada, ap. 117) y resolviendo en equidad, tal y como exige el artículo 41 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , el Tribunal concede a la demandante 15.000 EUR al respecto.\nPor último, el Tribunal señala que en virtud del artículo 46 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes, y el Comité de Ministros velará por su ejecución. De ello se deduce, inter alia, que una sentencia en la que el Tribunal constata una violación impone al Estado demandado la obligación legal de no sólo pagar las sumas concedidas en concepto de indemnización justa, sino también de escoger, bajo la supervisión del Comité de Ministros, las medidas generales, o en su caso individuales, a adoptar en su ordenamiento jurídico interno para poner fin a la violación constatada por el Tribunal y reparar, en lo posible, sus efectos (Sentencia Scozzari y Giunta contra Italia [TEDH 2000, 391] [GS], núms. 39221/1998 y 41963/1998, ap. 249, TEDH 2000-VIII). El Gobierno ejecutará, por los medios adecuados, el régimen de visitas provisional acordado el 23 de julio de 1999 y obrará con la debida negligencia para que concluya el procedimiento en curso (ver, mutatis mutandis, Sentencia Muzevic contra Croacia [PROV 2006, 266636] , núm. 39299/2002, ap. 91, 16 noviembre 2006).\nLa demandante reclama también 2.590 EUR por los gastos y costas incurridos ante los tribunales internos y 6.300 EUR por los satisfechos ante el Tribunal. Presenta a este respecto un cálculo detallado y pormenorizado.\nEl Gobierno discute esta reclamación pero se remite a la sabiduría del Tribunal en caso de que constate una violación de los derechos garantizados por el Convenio.\nSegún la jurisprudencia del Tribunal, un demandante sólo puede obtener el reembolso de sus gastos y costas en la medida en que se establezca su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su cuantía (ver, por ejemplo, Sentencia Iatridis contra Grecia [TEDH 2000, 161] (indemnización justa) [GS], núm. 31107/1996, ap. 54, TEDH 2000-XI).\nEn el presente caso, el Tribunal considera que las sumas reclamadas por la demandante son excesivas. Habida cuenta de la información de que dispone y de los criterios anteriormente mencionados, el Tribunal estima razonable conceder a la demandante 1.350 EUR por los gastos y costas ante los tribunales internos, en particular los satisfechos con vistas a acelerar el procedimiento impugnado (ver, mutatis mutandis, Sentencia Le Compte, Van Leuven y De Meyere contra Bélgica de 18 octubre 1982 [TEDH 1982, 11] (artículo 50), serie A núm. 54, ap. 17; ver también, argumentum a contrario, Sentencia O’Reilly y otros contra Irlanda [PROV 2004, 242590] , núm. 54725/2000, ap. 44, 29 julio 2004) y otros 3.000 EUR por el procedimiento ante el Tribunal.\nDeclara admisible la demanda en lo que respecta al artículo 6.1 (en relación a la duración del proceso civil), el artículo 8 y el artículo 13 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y desestima el resto de la misma;\nDeclara que ha habido violación de los artículos 6.1 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en cuanto a la duración del procedimiento;\nDeclara que ha habido violación del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en lo que respecta al incumplimiento del régimen provisional de visitas;\nDeclara que ha habido violación del artículo 13 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) ;\na) Que el Estado demandado deberá abonar a la demandante, dentro del plazo de tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, conforme al artículo 44.2 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , 15.000 EUR (quince mil euros) en concepto de daño moral y un total de 4.350 EUR (cuatro mil trescientos cincuenta euros) en concepto de gastos y costas, a convertir en la moneda de curso legal en el país al cambio aplicable en el momento del pago, más las cargas fiscales correspondientes;\nHecha en inglés y notificada por escrito el 13 de marzo de 2007, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: F. Tulkens, Presidente – F. Elens-Passos, Secretaria adjunta.


Habrá escasez de stock en Xbox Series X/S hasta abril de 2021 - Fleek Mag\nHabrá escasez de stock en Xbox Series X/S hasta abril de 2021\nA estas alturas, por todos es conocido que la crisis del coronavirus no ha dejado un sector sin afectar. Si bien el mundo de los videojuegos no ha sido de los más dañados, con una facturación que ha crecido exponencialmente durante los meses de confinamiento, el problema parece hacer acto de presencia cuando las videoconsolas de nueva generación empiezan a comercializarse.\nXbox Series X/S está disponible en España y resto del mundo, pero no parece que pueda abastecer la demanda de los próximos meses. Tim Stuart, CFO de Microsoft, participó estos días atrás en una conferencia y aprovechó para asegurar que la producción de las consolas no se estabilizará hasta los meses previos al verano.\nAlgunas cadenas como Amazon ya avisaron de que los envíos podrían retrasarse hasta después de Navidad, algo que hace que ahora mismo sera imposible conseguir una Xbox de nueva generación hasta abril de 2021. Este gran detalle podría empañar el histórico arranque disfrutado por Microsoft al vender solo en las primeras 24 horas más unidades de Xbox Series X/S que en cualquier de las generaciones anteriores.\nLa compañía erigida por Bill Gates ya ha comentado que entre sus planes no está el compartir datos de ventas, aunque estos sean superiores a PlayStation 5. Según las primeras estimaciones, la cifra se sitúa en 155.000 unidades en Reino Unido, superando en gran medida el número de compras de Xbox One en este país.\nEsto convierte a Microsoft en la tercera compañía más grande del mundo gaming.\nProblemas de escasez en PS5, Xbox Series X y tarjetas gráficas hasta 2023\nDurante todo 2022 las consolas de nueva generación seguirán llegando a cuentagotas.\n"La guerra de las consolas se ha terminado".


Todo listo para el Primer Tianguis Turístico Digital Todo listo para el Primer Tianguis Turístico Digital - Indice Político | Noticias México, Opinión, Internacional\nCDMX.- Mañana comienza el Primer Tianguis Turístico Digital 2020 con la presencia de las 32 entidades de la República mexicana y más de tres mil participantes registrados que ofrecerán a 45 países los atractivos turísticos de México.\nAl respecto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, enfatizó en que este evento se adaptó a la situación actual por la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, por lo que esta edición será digital para salvaguardar la vida de todos los interesados.\nRespondiendo a los nuevos tiempos, esta semana se llevará a cabo uno de los foros de negocio más importantes para la industria turística de México: el Primer #TianguisTurísticoDigital.\nViviremos una nueva forma de hacer negocios.\n23-24 septiembre https://t.co/EYzIIDTgof\n— MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) September 21, 2020\nLos próximos 23 y 24 de septiembre 217 expositores y 684 profesionales de la industria turística se reunirán con 964 compradores del mundo.\nPara esta edición digital se espera a 185 empresas y el encuentro iniciará con veinte mil 838 citas de negocios registradas.\nEstamos buscando intensificar los mercados asiáticos, europeos y sudamericanos. Tenemos confirmada la participación de compradores de los grandes mercados del mundo. Destaca la participación de España, con 34 compradores de 27 empresas. #TianguisTurísticoDigital\n— MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) September 22, 2020\nEste Primer Tianguis Turístico Digital es resultado de una estrategia de innovación que ayudará a contribuir con la reactivación de la industria turística del país, que fue una de las actividades más afectadas por la crisis económica generada por emergencia sanitaria.\nEmpresas de Norteamérica tendrán una importante participación en esta primera edición del #TianguisTurísticoDigital.\nCerramos el registro con 196 compradores de Estados Unidos y 24 de Canadá. #TianguisTurísticoDigital\nEl titular de la Sectur aprovecho para recordar que este evento será un preámbulo de la edición 45 del Tianguis Turístico presencial que se realizará en marzo del 2021 en Mérida.\nLa inauguración podrá verse desde mañana 23 de septiembre, a partir de las 9:00 horas a través del Facebook de la Sectur y de la página oficial del Tianguis Turístico.\nPara ver el evento en el sitio oficial habrá que entrar al “Área de Exposición donde los visitantes registrados podrán tener acceso a toda la oferta de productos y servicios.\nThe post Todo listo para el Primer Tianguis Turístico Digital appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.


Deshacer los límites - Casas - EspacioyConfort - Arquitectura y decoración\nCasas 06 Enero 2014\nUna casa donde el mayor valor del espacio está en la introducción de la naturaleza, más allá de las consideraciones puramente funcionales y formales.\nObra de Estudio Amado Arquitectura, nos encontramos frente a una casa donde todo ha sido diseñado hasta el último detalle y respondiendo a la idea original de reforzar el paisaje circundante, generando una dialéctica constante entre el afuera y el adentro. En este sentido, se ha trabajado especialmente en encontrar un equilibrio en la relación con el paisaje y la intimidad. Ahora bien, es imposible hablar de esta casa sin antes mencionar la singularidad de su ubicación. Está situada en un cul de sac prácticamente escondido, caracterizado por su tranquilidad y privacidad, al que se accede a través de una callecita estrecha y muy arbolada del barrio privado en el que se encuentra. Desembocamos así en un espacio verde, una especie de placita que nos recibe y acoge con su vegetación, donde ya se puede respirar paz. Así, detrás de ella, aparece tímida e imponente, a la vez, esta casa. La vivienda se emplaza sobre un terreno extraordinario de grandes dimensiones (27,5 x 62 metros) y excelentemente orientado, circundado por espacios verdes que se anexan visual y funcionalmente a él, ampliando y acentuando aún más sus dimensiones. Contar con esta situación, especialmente en el contrafrente, permitió a los arquitectos potenciar las visuales principales de la casa, extendiendo el horizonte enmarcado por esbeltas coníferas de variados tonos de verde. La casa fue proyectada para una familia conformada por un matrimonio con dos hijos pequeños. En lo que respecta a lo funcional, la casa se organiza en dos plantas claramente diferenciadas en cuanto a sus funciones: los espacios sociales en planta baja, y los privados en planta alta. Dos ejes de circulación perpendiculares entre sí organizan el proyecto. Uno longitudinal con dirección este-oeste, que tiende a atravesar la barrera de fresnos, contiene en planta baja los servicios y lugares de mayor uso cotidiano (cocina, comedor diario, expansión), y en planta alta la suite principal con sus servicios y expansión.\nEn ambos niveles el concepto se basa en que este vagón se vaya desmaterializando hacia el contrafrente encontrando su conexión directa con los fresnos, a tal punto de fundirse en una sola cosa. Ya no hay límites entre el afuera y el adentro. La casa y su entorno son uno. Así, se diluye lentamente la diferencia entre interior-exterior. A ambos lados del eje longitudinal, a partir de una circulación con sentido norte-sur, se organiza el resto del programa. En el sector sudeste se agrupan los servicios (sala de máquinas, tender, lavadero) y cochera, en el sector noroeste el estar en doble altura que se expande franco a la galería contenida por el gran tabique de hormigón visto que conforma la fachada noreste y a través de círculos calados y vigas cinta permite descubrir nuevas visuales, luces y sombras que a medida que transcurre el día van generando diferentes situaciones que estimulan los sentidos. Los espacios de expansión (parrilla-galería-terraza) conforman una “L” abierta al noroeste, que pretende abrazar al imponente marco natural exterior constituido por los fresnos y coníferas preexistentes. Complementando el programa se ubica al noreste un estudio en planta baja y dormitorios en planta alta. De esta manera, la respuesta estructural reafirma la idea original del proyecto de fundirse con el exterior, de ausencia de límites, transparencia, levitación.\nLa estructura resistente es un capítulo aparte en esta obra. Se resuelve con hormigón armado en su totalidad quedando gran parte a la vista, tanto exterior como interior. En esta casa se pensó hasta el último detalle constructivo. Los espacios interiores se resuelven de manera armoniosa, utilizando colores claros y un cuidado contraste de texturas y materiales. Caracteriza estos espacios un punto de equilibrio entre los materiales de características más rústicas, como la piedra, y el hormigón, y aquellos materiales de terminaciones pulidas como porcelanatos, Silestone, madera laqueada, etc. En lo que respecta al color, absolutamente todos los muros de la casa son blancos, al igual que los cielorrasos y las puertas interiores. En planta baja el brillo del piso de porcelanato pulido refuerza el efecto de espacialidad y blancura. Del mismo modo lo hacen las grandes superficies de doble vidriado hermético que dominan el contrafrente. En la cocina - comedor diario conviven en perfecta armonía materiales de características muy diferentes. Las mesadas de Silestone, la presencia del acero inoxidable y los muebles laqueados combinados en blanco y suaves tonos de grises, acompañan el brillo del piso y se mimetizan con el gris del hormigón y la piedra.\nEl estar está concebido como corazón de la casa. Es el ambiente que vincula a través de su doble altura, los dos niveles de la vivienda. Esta lectura espacial se traduce en las fachadas mediante la presencia del singular plano de hormigón materializado en forma de L invertida que de diferentes formas siempre aparece. La escalera plegada de hormigón visto constituye en sí misma un elemento escultural que nos invita a recorrer la casa. Es mucho más que un nexo entre niveles. A través de ella llegamos a un puente que balconea sobre el estar, de paso intencionalmente obligado para llegar a los dormitorios. Los baños también han sido diseñados bajo el mismo concepto de fluidez espacial; espacios de relax para disfrutar en casa los beneficios de un spa, con marcada presencia de luz natural. Todo ha sido diseñado hasta el último detalle, todo ha sido pensado bajo una premisa que se constituye en eje de esta vivienda, sus espacios, estructuras, materiales y funciones: integrando los mundos, deshaciendo los límites entre lo natural y lo construido por la mano del hombre.\nFuente: Arq. Ana Paula Amado\nProyecto y dirección técnica: Estudio Amado\nArqs. Ana Paula Amado – Miguel Ángel Menno\nEjecución: Crearq Construcciones S.R.L.\n16 Nº 2996 - MB Gonnet - Tel: 54 0221 4070576\nSup. terreno: 1630 m²\nSup Cubierta: 300 m² - Sup. semicub: 150 m²


Ha llegado la hora de la política\nSOCIALISTAS: + INICIATIVA SOCIALISTA DE IZQUIERDA ISI.\nEn primer lugar nuestra felicitación a todos los parlamentarios y parlamentarias electas, ellos y ellas representan la soberanía popular. Luego exigimos que la ejerzan.\nEn segundo lugar la responsabilidad ante un parlamento tan fraccionado es de todas y todos los representantes y sus grupos políticos, en especial, los más fuertes y con más escaños, lo cual incluye a los cuatro que mejor trato del poder han tenido durante la campaña electoral y han sido aupados por los votos populares, al tiempo que han recibido visibilidad casi en exclusiva de los poderosos medios de comunicación del sistema. Ahora y sin excusas, es la hora de la política y de resolver los múltiples problemas de la ciudadanía, de las clases populares y trabajadoras. No se puede convertir al pueblo, en arma arrojadiza de intereses partidarios.\nDicho esto y dada la debilidad de la extrema derecha y la derecha parlamentarias es hora ya de frenar recortes, privatizaciones, derogar la reforma laboral, la ley mordaza, la ley de educación, la contra-reforma de la ley del aborto y la ley de Racionalización de los gobiernos locales, que vulnera su autonomía y coarta su trabajo. Con la actual composición del parlamento se puede hacer. Luego insistimos, es la hora de la política ya no de los sermones, ni de seguir al líder. Es la hora de cambiar y ya le injusta ley electoral, que permite grupos de seis y de ocho parlamentarios con menos de 600.000 votos y a Unidad Popular con 900.000 -no habiendo concurrido en Cataluña, ni en Galicia-, tenga solo dos, por ejemplo.\nEn tercer lugar y como SOCIALISTAS, entendemos que el PSOE ha perdido toda su credibilidad y camina inexorablemente hacia atrás. No tiene ideas. Sería su suicidio el ir a una gran coalición con la derecha, pero ese es su problema. No todo vale en aras de una gobernabilidad que al postre solo sirve a los poderes financieros y los mercados, a los fondos financieros de inversión y al IBEX 35.\nPero por eso precisamente, entendemos que las personas socialistas de este Estado, tenemos y debemos tener una fuerza política socialista democrática. Un partido socialista que esté al servicio de las clases populares, el precariado juvenil, hombres y mujeres que se ven obligados a aceptar contratos basura renunciando a su dignidad a centenares de miles; excluidos del “mercado” laboral por su edad madura, autónomos olvidados mil veces utilizados y engañados; gentes republicanas y por el reparto de la riqueza. SOCIALISTAS de ideas o de corazón. Tenemos ya nuestra herramienta política, ofrecemos nuestra fuerza, ilusión y experiencia, al objeto de dotarnos de nuestro partido, al objeto de reescribir el socialismo.\nConstruir ese partido, SOCIALISTA, servirá para abrir una nueva etapa para todos, para acercar la política a los ciudadanos, para plantear un nuevo proceso constituyente, que además implantar una sociedad verdaderamente democrática, porqué nosotros sí que estamos dispuestos a poner en marcha nuevas formas de hacer política.\nHay que construir un laborismo de izquierdas y republicano, que agrupe y de confianza a las clases trabajadoras a los nuevos jornaleros y jornaleras sin derechos, a los excluidos del festín y a las personas socialistas, que desean hacer valer el legado, la tradición, pero también las únicas ideas posibles al objeto de construir una sociedad diferente, justa y feliz, con libertad y en libertad.\nSOCIALISTAS está por esa labor. Pero también por exigir acción política y soluciones ya a los problemas cotidianos de las personas a las fuerzas parlamentarias. Esta legislatura, tal vez sea corta, muy corta, pero dure lo que dure, nuestro nivel de exigencia no varía y si hay pronto nuevas elecciones, que sean con otra ley, más democrática y justa.\nFinalizado ya el romanticismo de pre-campaña y campaña que lo\npinta todo color de rosas, es urgente ,es más necesario que nunca, dado que el partido que hoy se auto-otorga el ser el referente del socialismo en España, es cualquier cosa menos socialista y obrero, se hace urgente el construir ese partido, SOCIALISTAS, para la defensa de la clase obrera y la ciudadanía en su conjunto. Un partido independiente del poder emanado del régimen del 78, de la banca, de la monarquía, un partido socialista de obreros al servicio exclusivo de las clases populares.\nPublicado por Antonio Criado en 1:23


Aprende como usar el péndulo para hacer preguntas claras y precisas.\nEl mundo esotérico y místico cuenta con numerosas herramientas e instrumentos de gran poder y trascendencia que han de ser utilizados con fines predictivos, sanadores y afianzadores de las energías positivas en el ser humano, con el único propósito de propiciar su mayor bienestar, y uno de estos recursos mágicos y beneficiosos estan conocido péndulo, el cual tiene la capacidad de dar respuesta a las interrogantes que tanta inquietud te causan, de manera sencilla, clara y oportuna.\nAsí, si deseas aclarar ciertos aspectos de tu vida que hoy confunden o te causan ansiedad, aprende cómo usar el péndulo para hacer preguntas claras y precisas y obtén las contestaciones puntuales y efectivas que tanto has esperado para conocer tu suerte y tu fortuna.\nDescubre cómo usar el péndulo para hacer preguntas sobre tu futuro inmediato\nEl péndulo es una de las herramientas de radiestesia más populares y efectivas cuando se trata de descifrar la respuesta a determinadas inquietudes, ya sea en cuanto al pasado, el presente o el futuro. Se trata de una pequeña piedra, usualmente en forma de diamante y cuyo color puede variar, que se encuentra unida a una cadena y que ha de moverse naturalmente en diferentes formas, siguiendo la energía del cosmos, para dar contestación a las interrogantes que ante él se formulan.\nAhora bien, usar el péndulo para hacer preguntas sobre tu destino no es tan sencillo como parece, pues para ello es necesario que conozcas los mensajes y señales que este poderoso recurso puede dar, dependiendo de la manera en que éste oscile.\nPor ejemplo, las respuestas “sí” y “no” están condicionadas por los movimientos vertical y horizontal respectivamente, pero esto puede variar si la contestación se corresponde con el tiempo pasado o futuro, transformándose en un movimiento diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha.\nPor otra parte, obtener respuestas con el péndulo de forma fácil y rápida va a depender del tipo de preguntas que llegues a formular, de modo que las mismas deberán ser siempre preguntas cerradas en lugar de preguntas abiertas, para que la piedra pueda contestar positiva o negativamente, y así sacarte de dudas definitivamente.\nAclara tus dudas usando el péndulo para hacer preguntas sobre el amor, el dinero y más\nCuando te dispones a consultar el péndulo para obtener respuestas acerca de lo que ha sido, es y será, estás en la libertad de formular las interrogantes que consideres necesarias sin importar el asunto con el que se relacionen, bien sea con el amor, la salud, el dinero, la familia, los negocios o la buena suerte.\nSin embargo, debes procurar siempre las preguntas estén formuladas de manera tal que puedan contestarse mediante un sí o un no, pues así evitarás confusiones y llegarás a las conclusiones que tanto has buscado.\nAlgunas de las interrogantes que pudieras realizar al usar el péndulo como recurso predictivo son:\n¿Mi relación de pareja merece la pena?\n¿Debo abandonar mi actual puesto de trabajo?\n¿Llegaré a tener mucho dinero?\nTodo esto y mucho más puedes consultar al usar el péndulo para hacer preguntas puntuales, teniendo la certeza de que recibirás las respuestas que ansías, si te concentras en comprender las señales que él envía.\nAcude al péndulo para hacer preguntas sobre tu porvenir y conoce tu destino más certero.\nCuando tomas la iniciativa de consultar el péndulo para salir de dudas sobre tu suerte y tu fortuna, tienes la dicha de anticiparte a lo que está por llegar, lo que te da la oportunidad de tomar las decisiones correctas en el momento presente, con el fin de propiciar cambios positivos que se traduzcan en un mayor bienestar futuro.\nAsí, tener seguridad de aquello que antes te causaba confusión, inquietud o curiosidad, te da la posibilidad de liberarte de la incertidumbre y de afrontar tu destino con confianza y optimismo, esquivando situaciones y personas poco convenientes para tu crecimiento personal y espiritual, y aprovechando enormemente las oportunidades de éxito que la vida te presenta.\nSi deseas consultarte con una experta que sepa leer el péndulo para hacer preguntas concisas sobre tu suerte y tu fortuna, no dudes en visitar mi sitio web y en contactarme con una llamada. Yo responderé todas tus dudas y te diré lo que ansías, apoyada en la energía de esta poderosa y mágica herramienta.


Bogotá se afianza como una de las ciudades más económicas del mundo en el 2006\nEn el 2006, la ciudad se afianza como una de los lugares más económicas del mundo y en el ámbito latinoamericano es más barata que Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Santiago y Lima, entre otras.\nBogotá.- Luego de los favorables resultados presentados en junio pasado por la revista América Economía, según los cuales Bogotá pasó del puesto 13 al 12 en el ranking de las 40 mejores ciudades para hacer negocios, distintas fuentes internacionales lo confirman.\nSe trata de estudios como Mercer Human Resource, Holder Internacional y Expo Data Base, presentados en el más reciente Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá. De acuerdo con el Observatorio, en el 2006, el número de multinacionales y empresas que prefieren a Bogotá como centro de operaciones y actividades productivas ha aumentado, llegando a 677 sociedades extranjeras radicadas en la ciudad.\nLa capital ocupa el puesto 7 entre 17 ciudades de América Latina, lo que incentiva la ubicación de empresas al ofrecer menores costos y generar la posibilidad de obtener mayores márgenes de ganancia.\nAsí mismo, Bogotá es más atractiva para la inversión y los negocios: la ciudad está siendo considerada por un mayor número de multinacionales y empresas extranjeras para hacer sus negocios y ubicar sus oficinas. Según el estudio de la CCB, esto le ha permitido destacarse en el continente como una de las ciudades con mayor potencial para concentrar la atracción de inversión. (En el 2006 hay cerca de 677 sociedades extranjeras en Bogotá)\nSegún el Observatorio, en el 2005 Bogotá fue la novena ciudad con mayor valor del PIB, entre las principales 40 economías de América Latina. El valor estimado de la producción ascendió a US$29.641 millones, que es superior al valor del PIB en países como Costa Rica (US$ 18.495 millones), Panamá (US$ 13.733 millones), Uruguay (US$ 13.214 millones), Bolivia (US$ 8.773 millones) y Paraguay (US$ 7.343 millones).\nEn el 2005, Bogotá se mantuvo en el puesto séptimo del ranking de inseguridad entre 17 ciudades latinoamericanas, con cerca de 1.670 homicidios. Respecto al 2003, la ciudad redujo su tasa de homicidios de 24,3 a 23,2 personas por 100.000 habitantes.\nAdemás, Bogotá ocupa en el 2006 el cuarto lugar entre 12 ciudades latinoamericanas por la buena percepción de sus ejecutivos en el tema de seguridad ciudadana (índice de 4,9). La calificación es mayor a la del 2005 (índice de 4,7) y al promedio de las evaluaciones en las ciudades latinoamericanas de la muestra (índice de 4,6). Supera incluso a ciudades reconocidas internacionalmente como Buenos Aires y Quito.\nEl Observatorio también indica que Bogotá se ubica como la quinta ciudad entre 16 que más eventos y ferias comerciales realiza, por encima de ciudades como Santiago, Quito, Caracas y Lima. Esto coincide con la mejor percepción de los ejecutivos latinoamericanos sobre la calidad y cantidad de ferias y eventos internacionales realizados en Bogotá.\nRespecto al 2005, el índice de "competitividad de las telecomunicaciones" para Bogotá mejoró porque pasó de una calificación de "Baja" a "Media". La capital colombiana superó a ciudades como Curitiba, Brasilia y Quito. No obstante, presenta un desarrollo de los servicios asociados a las telecomunicaciones inferior al de ciudades como Sao Paulo, Santiago y Ciudad de México, entre otras.\nRezagos y retos para mejorar su competitividad\nLos ejecutivos bogotanos evalúan de forma regular la calidad del aire en la ciudad. En la región se destaca la buena evaluación de los ejecutivos residentes en Montevideo, ciudad que es reconocida en el continente como una de las de menor contaminación ambiental.\nAsí mismo, en el 2005 el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá ocupó por segundo año consecutivo el primer puesto en volumen de carga en América del Sur, con más de 511.000 toneladas al año, superando aeropuertos reconocidos como el Guarulhos en Sao Paulo (475.000 toneladas) y Arturo Merino Benitez de Santiago de Chile (279.000 toneladas). En cuanto al transporte de pasajeros, el aeropuerto internacional de Bogotá bajó una posición respecto al ranking del 2004: ocupó el quinto lugar de la muestra de ciudades con más de 8,3 millones de pasajeros al año. No obstante, continúa superando a los aeropuertos de ciudades como Caracas, Santiago y Buenos Aires.\nPor su parte, según la percepción de los ejecutivos de América Latina, las ciudades con los aeropuertos más eficientes y seguros en la prestación de sus servicios son Santiago, Miami y Sao Paulo. El aeropuerto de Bogotá es considerado por el 4% de los ejecutivos encuestados, por encima de los de Caracas y Quito.\nPara mejorar la situación competitiva de Bogotá, la CCB recomienda potenciar la innovación y el emprendimiento. En este sentido, la institución trabaja de la mano con la Alcaldía de Bogotá en el Centro de Emprendimiento, Bogotá Emprende, con el propósito de convertir a la ciudad en el centro urbano de innovación empresarial del país, que le facilite a los emprendedores crear y consolidar su empresa y transformar ideas de negocio en proyectos viables y sostenibles, a través del desarrollo de redes empresariales y de cooperación con diversas instituciones públicas y privadas.\nFinalmente, según la CCB, para incrementar el potencial de atracción de inversión, se deben continuar desarrollando acciones y esfuerzos del sector público y privado para promover internacionalmente a la ciudad. Es el caso de iniciativas innovadoras como la Agencia para la atracción de inversión, Bogotá Región Dinámica.


A través del Servicio de Empleo, 1.800.000 de colombianos encontraron trabajo | Actualícese\nA través del Servicio de Empleo, 1.800.000 de colombianos encontraron trabajo\nACTUALIDAD, Derecho Laboral Publicado: 6 abril, 2018\nEl Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas y vinculadas realizaron la rendición de cuentas donde se resaltaron los grandes logros obtenidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.\nLa jefe de la cartera laboral, Griselda Janeth Restrepo, y la directora del Servicio Público de Empleo, Isabel Cristina De Ávila, presentaron al trabajador número 1.800.000 que encontró empleo a través del SPE, quien fue vinculado por la empresa del sector de hidrocarburos Petrex.\nActualmente, hay 260 prestadores autorizados para brindar servicios de gestión y colocación laboral, con 711 puntos de atención en los 32 departamentos del país, lo que ha permitido que 3.280.716 colombianos hayan accedido a orientación para el trabajo entre 2014 y 2017.\nAsimismo, desde 2015 se han promovido políticas para impulsar el acceso de los jóvenes a la oferta laboral. Se pusieron en marcha los programas 40.000 primeros empleos y Estado Joven. Este último, dirigido a estudiantes de educación superior y técnica para que hagan sus prácticas con remuneración salarial en las entidades públicas.


Nominations For The 35th Annual Governor’s Volunteer Awards Are Now Open! – OneStar Foundation\n¡Ya están abiertas las nominaciones para la 35ª edición anual de los premios a voluntarios del gobernador!\n¡Ya están abiertas las nominaciones para la 35a edición anual de los Premios del Gobernador y los Voluntarios #39;\nContacto: (512) 287-2035 o gva@onestarfoundation.org\nAUSTIN - En conjunto con la Oficina del Gobernador, la Fundación OneStar anunció hoy que las nominaciones para la 35ª Entrega Anual de los Premios Voluntarios del Gobernador ya están abiertas y las presentaciones se aceptarán hasta el lunes 14 de mayo. Para enviar su nominación, haga clic en aquí.\nEstos premios honran el servicio ejemplar de individuos, grupos y organizaciones que han hecho una contribución significativa y medible a sus comunidades a través del servicio y el voluntariado. Se aceptarán nominaciones en las siguientes categorías:\nPremio al logro de la estrella solitaria del gobernador\nPremio Estrella en Ascenso de la Primera Dama\nPremio Partners in Education\nPremio al Servicio a los Veteranos\nPremio al impacto en la comunidad de educación superior\nPremio Corporate Community Impact\nPremio al liderazgo comunitario\nPremio del Servicio Nacional “Marque la Diferencia”\nLos premiados serán honrados en el otoño en una recepción vespertina ofrecida por la Presidenta Honoraria de los Premios a los Voluntarios del Gobernador, la Primera Dama de Texas, Cecilia Abbott. La ceremonia se llevará a cabo en la Mansión del Gobernador de Texas en Austin.\nPara ver descripciones y criterios para cada premio, visite nuestro sitio web. Correo electrónico gva@onestarfoundation.org para más información. Para enviar su nominación, haga clic en aquí.


Todas las opciones posibles | Estrategias de Inversión\nHome>Actualidad>Cárpatos al minuto>Todas las opciones posibles\nComo ven, se igualan los apoyos al Brexit y al mantenimiento de UK en el EU.\nPero, con un elevado número de indecisos cuya evolución sin duda será seguida por los mercados.\nCon todo, como también pueden ver en el gráfico, la evolución reciente ha decantado la balanza hacia la salida de la EU. Esto ha contribuido sin duda a la elaboración de numerosos análisis sobre el impacto económico y político negativo que sería para UK y también para el EU.\nY sin embargo, pocos análisis se han generado sobre las posibles implicaciones de que finalmente se opte por el mantenimiento. Quizás porque, de forma errónea en mi opinión, se asume que no va a cambiar nada con respecto a la situación actual.\nYa saben que nosotros asignamos una probabilidad del 30/40 % al Brexit. De esta forma, nuestro escenario base es el mantenimiento de UK en la EU. Pero, por de pronto, si esto finalmente ocurre probablemente tendría consecuencias inmediatas a nivel político especialmente dentro del Gobierno conservador actual. ¿Podría realmente continuar todo igual como si no hubiera pasado nada? Mis analistas políticos no lo ven así. Por ejemplo, cinco ministros han apoyado el Brexit. Y más de 140 parlamentarios conservadores. En una reciente encuesta, más del 42 % de los líderes locales conservadores apoyan el Brexit.\nAdemás del revuelo político interno, el Referéndum ha supuesto sin duda una mayor debilidad de la EU. En un momento, el presente y el futuro inmediato, donde probablemente vamos a necesitar una mayor cohesión antes los retos políticos a los que se enfrenta la zona…\nNo descarten entonces que haya más gobiernos en otros países que se sientan en la obligación de solicitar el apoyo del electorado para superar estos “retos” europeos. Sin descartar que, en algún momento futuro (y no muy lejos) en UK se intente repetir el referéndum. ¿Quién ha pronunciado en este caso el “nunca jamás”?.\n¿Y los mercados? sin duda, lo van a recibir inicialmente con alegría. Pero, ya lo saben, de la alegría a la tristeza no hay tanta diferencia.


San Bernardo de Claraval, el “cazador de almas y vocaciones” – Reporte Catolico Laico\nInicio/Devociones y tradiciones/San Bernardo de Claraval, el “cazador de almas y vocaciones”\n“Quiero concluir estas reflexiones sobre san Bernardo con las invocaciones a María que leemos en una bella homilía suya: «En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres -dice- piensa en María, invoca a María. Que Ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón; y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte; si la invocas, no puedes desesperar; si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes; si ella te protege, no tienes que temer; si ella te guía, no te cansas; si ella te es propicia, llegarás a la meta…» (Hom. ii super «Missus est», 17: PL 183, 70-71).-\nLos 7 Santos Fundadores de los Siervos de María, amigos que se santificaron juntos\nSan Pablo Miki y compañeros, 26 mártires crucificados en Japón\nSan Dionisio, Obispo de Corinto y edificador de la doctrina católica