Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. DOF\nACUERDO Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.\nACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD\nEn el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública,\ncelebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben, Poderes Ejecutivos Federal y\nEstatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes\nMunicipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y\nreligiosas, hemos decidido firmar el presente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.\nAl hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la\nimpunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de\ninseguridad y violencia.\nMuchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus\nautoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.\nEl Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia\ncotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo,\ncompuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación\nno es una tarea fácil ni rápida.\nAl mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la\nseguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de\nEsto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de\nseguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. La delincuencia ha dañado el tejido\nsocial y ha encontrado cobijo en familias y comunidades enteras.\nEl desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner alto al crimen y a la inseguridad que se han\nincrementado a lo largo de los años y minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La\nsociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones\nde seguridad sólidas, eficaces y honestas así como para replantear los mecanismos de coordinación\ninterinstitucional para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen\nen todas sus expresiones.\nPor ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y\nde los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.\nUn acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y,\ncomo ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en\nmateria de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación\nciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.\nPara ello se debe partir de las siguientes premisas:\nLa política de seguridad es una política de Estado.\nLa coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los\ntres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.\nCada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe ejecutar la parte que le\ncorresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo\ncon las metas y los tiempos convenidos.\nEl acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, la sociedad civil y a sus\norganizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.\nDe la misma manera el éxito del acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de\ncomunicación para que, en el marco de la libertad de expresión, se promueva la cultura\nde la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, la prevención de adicciones y la\ntransparencia de las acciones de las autoridades.\nCada compromiso particular suscrito por los firmantes del acuerdo deberá hacerse del conocimiento\nde la sociedad e incluirá mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema\nde indicadores de seguimiento y evaluación.\nEs necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para\nque dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.\nEl acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que trascienda la temporalidad del encargo de\nquienes lo suscriben.\nHoy más que nunca, se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque\na todos –autoridades y sociedad– y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa\ncausa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución\nrequiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses\nparticulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.\nAl mismo tiempo, resulta impostergable la actuación coordinada entre todas las autoridades, en el marco\ndel federalismo: actuación conjunta que asuma como premisa fundamental la corresponsabilidad entre los tres\nórdenes de gobierno para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.\nDurante los últimos meses, se han realizado esfuerzos institucionales conjuntos para poner alto a la acción\ndel crimen organizado. Actualmente, se están tomando medidas para fortalecer la capacidad del Estado y se\nrealiza un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e\ninteligencia policial, con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública.\nAdemás, gracias a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy\ncontamos con un nuevo marco normativo propicio para dar un renovado impulso a los procesos de\nreestructuración de las instituciones de seguridad y justicia.\nEste momento brinda al Estado y a la sociedad la oportunidad de establecer un acuerdo de carácter\neminentemente nacional, que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores.\nEn él se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como responsables\npara cada uno de los compromisos. Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este\nacuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición\nde justicia, y en consecuencia una redefinición de las prioridades presupuestales. Demanda también un\nejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin en todos los poderes y\nórdenes de gobierno.\nEl acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados,\nentre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar\nlas policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia.\nParte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento\nde los compromisos establecidos.\nEste acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas\nestructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.\nLos mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, las\norganizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas y,\nQue el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los\nmexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades;\nQue ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, exigimos una coordinación y\ncooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier\ndiferencia política o ideológica;\nQue es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia,\nplena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las\ninstituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia;\nQue la sociedad reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad\npública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro;\nQue la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar\ninstituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas;\nQue la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque\nintegral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social;\nQue sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro,\nen el cual las familias puedan superarse y vivir en paz, hemos decidido unir nuestras fuerzas y suscribir el\nPrimero.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres\npoderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a\nfin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en\nfavor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.\nSegundo.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:\nI. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.\nCrear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.\nLas secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de\nevaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad\nTiempo de ejecución: cuatro meses.\nImpulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.\nLas secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento\nde organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las\nentidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados.\nTiempo de ejecución: un año.\nSujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones\npoliciales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social\nfederales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos\nLas secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la\nProcuraduría General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas\nsensibles; a dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un\nEstablecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.\nLa Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas se compromete\na perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los\nelementos de las instituciones policiales del país.\nTiempo de ejecución: seis meses a partir de la promulgación de la legislación\nEstablecer un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el marco de la\nConferencia Nacional de Procuradores.\nLa Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de\nreclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.\nTiempo de ejecución: dos años.\nTiempo de ejecución para ministerios públicos federales: un año.\nII. A fin de fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración de\njusticia, el Poder Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos\nde la Federación. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación flexibles y\nprocedimientos eficaces y transparentes.\nTiempo de ejecución: presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la\nIII. Apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad,\nde acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno. En especial se apoyará el\nfortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al\nLa Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con\nlas entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Dicha\nestrategia incluirá la elaboración de programas tipo, de acuerdo con la realidad de las entidades\nfederativas y el diseño de cursos, talleres y seminarios de capacitación para cada entidad e\ninsertará mecanismos de capacitación continua.\nTiempo de ejecución: seis meses.\nLa Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación\ncon las entidades federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el\nnarcomenudeo que sume las capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de\ngobierno en el marco de la legislación expedida por el Congreso de la Unión.\nEl gobierno federal asume el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la\nDelincuencia Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e\ninfraestructura y equipamiento.\nTiempo de ejecución: dieciocho meses.\nIV. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.\nLas secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su\nUnidad de Inteligencia Financiera, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se\ncomprometen a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas\ny procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias, así como a definir los\nmecanismos de control de gestión y de evaluación con base en indicadores de desempeño por\nparte de las dependencias involucradas.\nAsimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar una iniciativa a fin de que\nsea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión para regular transacciones\nV. Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.\nLa Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e\ninvestigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia\nen la obtención de sentencias condenatorias.\nVI. Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.\nLas secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como\nel DIF-Nacional y la Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios\ncon entidades federativas e instancias de la sociedad civil en la materia, y a formular protocolos de\nactuación coordinada e intercambio efectivo de información entre instituciones y órdenes\nVII. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía\nmóvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo\nreal, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.\nLas secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la\nProcuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se\ncomprometen a emitir o, en su caso, a promover un instrumento de regulación, realización de\ninspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento.\nVIII. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de\nemergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).\nLas secretarías de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría\nGeneral de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar\na las entidades federativas para poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.\nIX. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la\ncorrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de\nLas secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de\nla República, se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e\ninvestigación de denuncias y procedimientos de sanción.\nTiempo de ejecución: tres meses.\nX. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública,\npara garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los\nLas secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en atención a las necesidades planteadas\npor las entidades federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva\nLey General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el\nEjecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunos de los principales objetivos de la ley son\nlas directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de\ncarrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes; regular la\nimplementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer las reglas\ngenerales para la administración de los fondos de ayuda federal.\nTiempo de ejecución: presentación de la iniciativa en septiembre de 2008.\nXI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa\nNacional a los cuerpos de seguridad pública.\nLa Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las\ninstituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de\nseguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.\nXII. Expedir la Cédula de Identidad.\nLa Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional\nde Identificación Personal, que servirá de base para el propósito de identificación personal en los\ntrámites más relevantes.\nTiempo de ejecución: tres años.\nXIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario.\nLa Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos Centros Federales de\nReadaptación Social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.\nXIV. Revisar el Socorro de Ley.\nLa Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar con los titulares de los ejecutivos de\nlas entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno\nfederal en centros de readaptación social estatales.\nXV. Fortalecer el Sistema de Aduanas.\nLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del\npaís con tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en\nparticular el tráfico de armas y de precursores químicos.\nXVI. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan\nlas capacidades del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.\nLas secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la\nRepública, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se comprometen a\nelaborar proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la\nUnión las siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y\norganización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera; Ley Orgánica de\nProcuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público\nde la Federación y la policía, así como su modernización institucional; Ley Federal de Extinción de\nDominio, aplicable a bienes producto de delitos de alto impacto; Reformas al Código Federal\nde Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para reflejar las\ndisposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que han entrado en vigor.\nTiempo de ejecución: presentar antes de octubre de 2008.\nXVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e\nintercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir el delito.\ncon las entidades federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el\nacceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma\nXVIII. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información\nCriminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.\nLa Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se\ncomprometen a poner en operación un módulo de información específica relacionada con el delito\nXIX. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a\nLas secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes\nasí como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer mecanismos para\nampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar\nlas comunicaciones entre las dependencias e instituciones federales que combaten la\nXX. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.\nLas secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así\ncomo la Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los\nmedios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la\nlegalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana.\nXXI. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.\nLa Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva\nVida para contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional.\nTiempo de ejecución: 31 de diciembre de 2008.\nAsimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones\nde la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.\nXXII. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.\nLa Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos mil espacios públicos\ndeteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.\nXXIII. Fortalecer el Programa Escuela Segura.\nLa Secretaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de trece mil\nquinientas escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en\nXXIV. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de\nLas secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la\nProcuraduría General de la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y\nmedición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa.\nXXV. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública.\nEl Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la\nSeguridad Pública con el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.\nXXVI. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento\nde los compromisos.\nLa Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio\nCiudadano que sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a\nestudiosos del tema de seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social.\nXXVII. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de\nprocuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.\nLa Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se\ncomprometen a establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas\na formular el protocolo y a participar en su evaluación y el seguimiento.\nTiempo de ejecución: dos meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano.\nXXVIII. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el\nrespeto a los derechos humanos y la transparencia.\nLa Secretaría de Educación Pública se compromete a fortalecer en el contenido de los programas\nescolares, la promoción de la cultura de la legalidad y de los valores cívicos.\nTercero.- El Poder Legislativo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:\nXXIX. Dar trámite a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública sean presentadas\nantes del día primero de octubre en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.\nEl Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas.\nTiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura\nXXX. Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo así como reglas que\npermitan su aplicación eficaz.\nEl Congreso de la Unión se compromete a legislar en materia de narcomenudeo.\nXXXI. Impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la\npreliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia.\nEl Congreso de la Unión se compromete a legislar una reforma al marco jurídico vigente.\nXXXII. Impulsar una Ley General del Delito del Secuestro.\nEl Congreso de la Unión se compromete a presentar una iniciativa, dictaminar y votar una Ley\nGeneral del Delito del Secuestro.\nXXXIII. Velar a fin de que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas y acciones en\nmateria de seguridad pública y procuración de justicia.\nLa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a que en la aprobación del\nproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se revisen las prioridades presupuestales a\nfin de que el Estado cuente con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.\nXXXIV. Mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad.\nLa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a incrementar y etiquetar la\nasignación de recursos para la operación y desarrollo de las policías estatales y municipales, así\ncomo para la prevención social del delito.\nXXXV. La Cámara de Diputados se compromete a que la Auditoría Superior de la Federación lleve a\ncabo revisiones y auditorías a las treinta y dos entidades federativas.\nLa Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, se compromete a\nauditar la aplicación de los recursos federales por las entidades federativas y los municipios en\nCuarto.- El Poder Judicial de la Federación se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:\nXXXVI. Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de\nEl Consejo de la Judicatura Federal creará y sistematizará indicadores de desempeño para dar\nacceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los\ntiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre\notros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la\nevaluación y en su caso, las propuestas y mejoras para una mejor impartición de justicia.\nXXXVII. Instalar nuevos juzgados y tribunales federales.\nEl Consejo de la Judicatura Federal instalará más órganos judiciales en los circuitos con mayor\ncarga de trabajo para el mejor cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación.\nTiempo de ejecución: catorce meses.\nXXXVIII. Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y\nresponder ágilmente las solicitudes de las autoridades.\nEl Consejo de la Judicatura Federal establecerá juzgados de control con residencia en el Distrito\nFederal que estarán facultados para emitir órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones\npara la intervención de comunicaciones, con tecnología informática que les permita proteger la\nconfidencialidad y dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes de todo el país.\nXXXIX. Favorecer la celeridad en los procesos.\nEl Consejo de la Judicatura Federal concentrará a las personas sometidas a procesos penales\nrelacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad\nminimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de\nreos peligrosos. Se dará competencia en todo el país a los juzgadores ubicados en los lugares que\ncuentan con reclusorios de alta seguridad.\nTiempo de ejecución: treinta días.\nXL. Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.\nEl Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con autoridades estatales y federales contará\ncon herramientas y servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de\nlos juzgadores federales que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de\ndelincuencia organizada para evitar que el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia\nafecten sus decisiones.\nTiempo de ejecución: proceso permanente.\nXLI. Fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados.\nEl Consejo de la Judicatura Federal profundizará y mejorará los procedimientos de concurso para\nque sean más transparentes y se designe a los aspirantes más aptos para encargarse de impartir\njusticia en materia penal, a partir de su conocimiento y experiencia.\nTiempo de ejecución: treinta meses.\nXLII. Intensificar la capacitación y especialización de Jueces en materia penal.\nEl Consejo de la Judicatura Federal impartirá capacitación constante, moderna y especializada\npara quienes ya ocupan un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.\nTiempo de ejecución: permanente.\nXLIII. Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.\nEl Consejo de la Judicatura Federal hará frente de forma efectiva a las nuevas responsabilidades\njudiciales señaladas en la Constitución.\nXLIV. Fortalecer el control de los procesados.\nEl Consejo de la Judicatura Federal instalará en todo el país un Sistema Biométrico para el control\nde los procesados con libertad bajo caución, para asegurar que cumplan con su obligación de\npresentarse personalmente ante la autoridad judicial con apoyo tecnológico que permita su plena\nXLV. Sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades.\nEl Consejo de la Judicatura Federal junto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia\n(AMIJ), y las autoridades estatales y federales coordinará la suscripción de convenios para la\nconformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial que permita recopilar, ordenar y\ncompartir información con las autoridades y la sociedad, en relación con los procesos judiciales\nestatales y federales, que contenga datos sobre las etapas de los juicios y su duración; los delitos\ny sentencias, entre otros asuntos. Dicha información también contribuirá a la transparencia y la\nrendición de cuentas de la actividad de los jueces.\nQuinto.- Los gobiernos de las entidades federativas a través de sus titulares se comprometen a alcanzar\nXLVI. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear y/o fortalecer\nun centro de evaluación y control de confianza certificado en su entidad.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a sujetar a una\nevaluación permanente y de control de confianza, a través de un organismo certificado, al personal\nde las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social.\nTiempo de ejecución para someter a exámenes al responsable y al primer nivel de\nmando y a todos los integrantes de las unidades antisecuestro: seis meses. En caso\nde no contar con un centro de control de confianza certificado el gobierno federal\nrealizará los mismos.\nLas procuradurías y secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas se\ncomprometen a perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las\ninstituciones policiales y de procuración de justicia y de los propios mandos.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a incrementar y\netiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales\ny de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura destinados\na funciones de seguridad pública.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel\nestatal el sistema nacional de desarrollo policial y a condicionar la permanencia en instituciones a\nla aprobación de evaluaciones y control de confianza.\nestatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y a condicionar la\npermanencia en instituciones de procuración, a su aprobación.\nXLVII. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de\njusticia, los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas reasignarán recursos y partidas\ndentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos estará acompañado por reglas\nde operación o procedimientos eficaces y transparentes.\nTiempo de ejecución: inclusión en el Presupuesto 2009 de cada entidad.\nXLVIII. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear unidades\nintegradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de confianza\ncertificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y a adscribir un enlace permanente\nen la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad\nXLIX. Adecuar la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales\nal marco nacional.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a presentar en su\ncongreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley\nGeneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión.\nTiempo de ejecución: seis meses posteriores a la aprobación de la Ley por parte del\nCongreso de la Unión.\nL. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las\nsiguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos,\ncustodios, peritos, ministerios públicos, y registro de armamento. Asimismo, se comprometen a\naplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y a generar mapas geodelictivos.\nLI. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear indicadores de\nmedición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes\ncon la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.\nLII. Establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y\nejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.\nLos titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear una instancia\nconcentradora de información, incluyendo mecanismos de observación ciudadana.\nSexto.- Las Asociaciones de Alcaldes se comprometen a promover entre sus miembros los siguientes\nLIII. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.\nLos municipios del país, con el apoyo de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública de su\nestado y de los Centros estatal y nacional de Evaluación y Control de Confianza, se comprometen\na desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la policía municipal y\nde sus propios mandos.\nLos municipios del país, con el apoyo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado,\nse comprometen a sujetar a evaluación permanente y a controles de confianza al personal de la\npolicía municipal y centros de readaptación social. Este punto será obligatorio para todos\nTiempo de ejecución para los municipios del Subsidio para la Seguridad Pública\nMunicipal (SUBSEMUN) someter a exámenes a mandos y personal: un año.\nTiempo de ejecución para los municipios restantes: dos años.\nLos municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Centro de\nEvaluación y Control de Confianza del Estado, se comprometen a condicionar la permanencia de\nlos policías a la aprobación de evaluaciones de control de confianza.\nLos municipios del país, con el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública,\nse comprometen a instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para\nregular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y\nretiro de los policías.\nLIV. Interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México para el registro, acceso y\nanálisis de información sustantiva.\nLos municipios del país se comprometen a conformar bases de datos de: estado de fuerza,\nequipamiento e infraestructura, así como a incorporar la información municipal con sistemas y\nmetodología homologados; además de aplicar el Informe Policial Homologado.\nTiempo de ejecución: seis meses para los ciento cincuenta municipios del Subsidio\npara la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).\nTiempo de ejecución para el resto de los municipios: dos años.\nLV. Programa permanente de desarrollo de procedimientos policiales.\nLos municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejecutivo Estatal\nse comprometen a desarrollar e instrumentar protocolos de operación homologados.\nLVI. Actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del\npersonal en el kardex de la Plataforma México.\nLos municipios del país se comprometen a regularizar las licencias colectivas de portación de\narmas de fuego para que únicamente el personal en activo esté amparado en la licencia colectiva.\nLVII. Actualizar y adecuar las normas municipales para mejorar las condiciones de seguridad\nLos municipios del país se comprometen a actualizar las disposiciones de policía y buen gobierno\nen materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de\nLVIII. Desarrollar un programa municipal que incorpore el componente social de la estrategia de\nLos municipios del país se comprometen a instrumentar programas locales en las vertientes social\nde la seguridad, educación, salud, prevención y tratamiento de adicciones a fin de coadyuvar con\nel gobierno federal en la implementación de los programas Limpiemos México, Rescate de\nEspacios Públicos, Escuelas Seguras, así como Prevención y Tratamiento de las Adicciones.\nLIX. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.\nLos municipios del país se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las\ninstituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores\nnacionales, con participación de instancias ciudadanas.\nLX. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia,\nlos gobiernos municipales reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El\nejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y\nTiempo de ejecución: presentación del Presupuesto 2009 de cada municipio.\nSéptimo.- Los integrantes del sector productivo se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:\nLXI. Promover entre agremiados y trabajadores del sector productivo la cultura de la legalidad, la\ndenuncia y la participación ciudadana.\nLXII. Promover y facilitar entre todos los actores del sector productivo la denuncia sistemática de\ncualquier acto ilícito o injusticia laboral.\nEl sector productivo se compromete a capacitar a su personal en herramientas y números\ntelefónicos de denuncia.\nLXIII. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del\nPadrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.\nLos empresarios del país con el apoyo de los trabajadores se comprometen a homologar el cien\npor ciento de los registros con la base de datos de la CURP.\nLXIV. Propiciar condiciones de seguridad.\nLos empresarios del país con el apoyo de los trabajadores y las autoridades se comprometen a\nmejorar el entorno de los centros de trabajo y los espacios de uso común.\nOctavo.- Las Asociaciones Religiosas se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:\nLXV. Promover entre integrantes de las asociaciones religiosas la cultura de la legalidad, la\nLXVI. Fomentar en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus iglesias y en sus lugares de\noración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las\nadicciones, los derechos humanos y la transparencia.\nNoveno.- Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:\nLXVII. Promover entre integrantes de las organizaciones de la sociedad civil la cultura de la\nlegalidad, la denuncia y la participación ciudadana.\nLXVIII. Desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social de la\nEstrategia de Seguridad.\nLas organizaciones de la sociedad civil se comprometen a instrumentar programas ciudadanos en\nlas vertientes de educación, salud y desarrollo social congruente con la estrategia de seguridad, a\nfin de coadyuvar con el gobierno federal en la implementación del programa Limpiemos México.\nLXIX. Participar en la creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de las\nautoridades para erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social.\nLas organizaciones de la sociedad civil se comprometen a promover la participación activa y\nautónoma de los ciudadanos en el cien por ciento de las instancias de evaluación y monitoreo de\nlas acciones gubernamentales.\nDécimo.- Los medios de comunicación se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:\nLXX. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad.\nLos medios de comunicación ampliarán la difusión de contenidos y de campañas que exalten las\nconsecuencias positivas del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del\nLXXI. Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones.\nLos medios se comprometen a difundir contenidos que resalten la importancia de prevenir el\nconsumo de drogas y del papel fundamental que juegan los padres de familia en la salud de sus\nTambién se comprometen a dar a conocer los centros de prevención y atención a adicciones, con\nel fin de que se conozca su utilidad social.\nAsimismo, los medios informarán cómo incide la prevención de adicciones en la lucha contra el\nnarcotráfico al reducir la demanda.\nExponer ante la opinión pública las ventajas de instrumentar programas integrales de política\nsocial y de seguridad, entre otras acciones exitosas asumidas por organizaciones de padres de\nfamilia, centros escolares y/o profesionales.\nLXXII. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la seguridad y la denuncia. Los medios\nContenidos que enfaticen la importancia de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en el\ncombate al crimen organizado, a fin de que la ciudadanía asuma conciencia de que la ausencia de\nparticipación sólo fortalece la delincuencia.\nLa importancia de que las asociaciones de vecinos asuman una participación activa, a través de\nmedidas que coadyuven a generar entornos seguros y una cultura de la denuncia.\nContenidos que resalten la valía de denunciar un delito ante la autoridad correspondiente, así sea\nde manera anónima.\nCasos exitosos de denuncia ciudadana que hayan derivado en aprehensiones y sentencias.\nEl conocimiento de los distintos canales institucionales y números telefónicos de atención de\nautoridades federales, estatales y locales ante los cuales la población denuncia la comisión de\ndiversos delitos del orden federal y del orden común.\nLXXIII. Que cada medio de comunicación defina y publique estándares de actuación profesional en\nsu cobertura informativa que:\nEvite hacer apología del delito.\nRespete integralmente la dignidad de las víctimas.\nEvite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas\ncercanas a las víctimas.\nEstablezca criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin\natribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad.\nLXXIV. Que los medios nacionales, estatales y locales den seguimiento puntual a los acuerdos\nasumidos en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública por cada uno de los firmantes del\nAcuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en el propio ámbito de sus\nQue cada medio tome en cuenta los indicadores asumidos en el marco del Consejo por los\nfirmantes y dé seguimiento a los acuerdos signados.\nDécimo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción.\nDado en Palacio Nacional, Ciudad de México, a 21 de agosto de 2008.- Por el Poder Ejecutivo:\nel Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan\nCamilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza.Rúbrica.- El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora-Icaza.- Rúbrica.- El Secretario de\nComunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional\nde Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador\nVega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.- Rúbrica.El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de\nDesarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, José Ángel Córdova\nVillalobos.- Rúbrica.- Por los Gobiernos de los Estados: la Gobernadora Constitucional del Estado de\nYucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala,\nHéctor Ortiz Ortiz.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Andrés Granier Melo.Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.- Rúbrica.El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas.- Rúbrica.- El\nGobernador Constitucional del Estado de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Rúbrica.El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.- Rúbrica.- El\nGobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.- Rúbrica.El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez.- Rúbrica.- El Gobernador\nConstitucional del Estado de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.- Rúbrica.- El Gobernador\nConstitucional del Estado de Durango, Ismael Hernández Deras.- Rúbrica.- El Jefe de Gobierno del Distrito\nFederal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo,\nMiguel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Juan Manuel\nOliva Ramírez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de México, Enrique Peña Nieto.Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Silverio Cavazos Ceballos.- Rúbrica.- El\nGobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón.- Rúbrica.- El Gobernador\nConstitucional del Estado de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado\nde Nayarit, Ney González Sánchez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,\nLeonel Godoy Rangel.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Fidel Herrera\nBeltrán.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, José Eduardo Robinson Bours Castelo.-\nRúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga.Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.- Rúbrica.- El\nGobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero.- Rúbrica.- El Gobernador\nConstitucional del Estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.- Rúbrica.- La Gobernadora\nConstitucional del Estado de Zacatecas, Amalia García Medina.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del\nEstado de Quintana Roo, Félix González Canto.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de\nPuebla, Mario Marín Torres.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Natividad\nGonzález Parás.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Marco Antonio Adame\nCastillo.- Rúbrica.- Por el Poder Legislativo: la Presidenta de la Mesa Directiva, de la LX Legislatura de la\nCámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado.- Rúbrica.- El Presidente de la Mesa Directiva, de la LX\nLegislatura del Senado de la República, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- Por el Poder Judicial:\nEl Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- Por la\nComisión Nacional de los Derechos Humanos: el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos\nHumanos, José Luis Soberanes Fernández.- Rúbrica.- Por los Gobiernos Municipales: el Presidente\nMunicipal de Querétaro y Presidente de la ANAC, Manuel González Valle.- Rúbrica.- El Presidente Municipal\nde Pachuca, Hidalgo y Presidente de la CONAMM, Omar Fayad Meneses.- Rúbrica.- El Presidente Municipal\nde Naucalpan, Estado de México y Presidente de la AMMAC, José Luis Duran Reveles.- Rúbrica.- El\nPresidente Municipal de Villahermosa, Tabasco y Presidente de la FENAMN, Evaristo Hernández Cruz.Rúbrica.- El Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México y Presidente de la AALMAC, José Luis\nGutiérrez Cureño.- Rúbrica.- Por los Medios de Comunicación: CIRT, Enrique Pereda Gomez.- Rúbrica.Grupo Multimedios, Francisco González Albuerne.- El Universal, Juan Francisco Ealy Junior.- Rúbrica.- El\nEconomista, Ricardo Medina Macias.- Rúbrica.- El Financiero, Rogelio Cárdenas Estandía.- Crónica, Jorge\nKawaghi.- Asociación de Editores de los Estados, Luis Alberto Vidal Cirett.- Rúbrica.- Asociación Mexicana\nde Editores, Gonzalo Leaño Reyes.- Rúbrica.- Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos Gomez.Rúbrica.- CANITEC, Alejandro Puente Cordoba.- Rúbrica.- Uno mas Uno, Naim Libien Kaui.- NOTMUSA,\nCarlos Flores Núñez.- Por las Organizaciones Sociales: la Presidenta del Consejo Nacional de México Unido\nContra la Delincuencia, María Elena Morera de Galindo.- Rúbrica.- El Presidente de la Fundación Fernando\nMartí, Alejandro Martí.- Rúbrica.- Por las Organizaciones Empresariales: el Presidente del Consejo\nCoordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo.- Rúbrica.- Por las Organizaciones Sindicales y\nCampesinas: el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar\nGutiérrez Fragoso.- La Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de\nla Educación, Elba Esther Gordillo Morales.- Rúbrica.- El Secretario General del Sindicato de Telefonistas\nde la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez.- El Secretario General del Sindicato de\nTrabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps.- Rúbrica.- El\nPresidente del Congreso del Trabajo y Secretario General de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios,\nEnrique Aguilar Borrego.- Rúbrica.- El Presidente de la Alianza Sindical Mexicana y Secretario General de la\nConfederación Mexicana Sindical, Roberto Ruiz Ángeles.- Rúbrica.- El Secretario General de la\nConfederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas.- Rúbrica.- El Secretario\nGeneral del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez\nFuentes.- El Secretario General de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar.- El\nPresidente de la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo y Secretario General del Sindicato de\nTrabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas “Independencia”, Tomás del Toro del Villar.- Rúbrica.- Líderes\nReligiosos: Por la Iglesia Católica, el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José\nLeopoldo González González.- Rúbrica.- Por la Religión Judía de México: el Director General y Apoderado\ndel Comité Central de la Comunidad Judía, Mauricio Lulka.- Rúbrica.- Por la Iglesia de Jesucristo de los\nSantos de los Últimos Días, Elder Octaviano Tenorio.- Rúbrica.- Por la Iglesia Bautista: el Presidente de la\nConvención Nacional Bautista de México, José Trinidad Bonilla.- Por la Iglesia Ortodoxa: el Arzobispo\nMetropolitano de la Iglesia Católica, Apostólica Ortodoxa, Antonio Chedraoui.- Por los Testigos de Jehová: el\nRepresentante de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, Alejandro Rivera Gil.- Por la Iglesia\nAdventista: el Apoderado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, José Hayasaka.- Rúbrica.- El\nRepresentante de la Asamblea de Dios, Daniel de los Reyes Villareal.- Por la Iglesia Presbiteriana:\nel Representante de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Saúl Feria Acosta.- Testigo de Honor:\nel Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa.- Rúbrica.\nevaluación compartida para el desarrollo de la competencia en\nVicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos\nQ 89 C P\nDe Reformas a los artículos 194 del Código Federal de\nNota de actualización para el Registro de Entidades de Bien Público\nCIRCULAR 10/2011, dirigida a las instituciones de\nDecreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013\nGaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1730\nCarta de entendimiento - Universidad Técnica Nacional\nCración del Centro Estatal de Evaluaión y Control de confianza


Visión realista compra-venta farmacias - Foro Farmacia - Verfarma - Página 4\n21 Oct 17, 21:35\nSábado, 21 de Octubre de 2017, 21:35:11\nEl local es en alquiler...450€/mes.\nMi pregunta es si la farmacia puede llegar a ser rentable o no....del tema del banco el intermediario sabe de sobra que me lo van a dar.\nLo de mi amigo creo que ha sido una burrada, aunque sea farmacia de costa, creo que no ha pensado bien la operación (advertido incluso por la empresa intermediaria)\n22 Oct 17, 18:55\nDomingo, 22 de Octubre de 2017, 18:55:32\nBuenas Kali, lo de tu amigo sin comentarios, bajo mi punto de vista es una ruina economica!! Hay peña a la q le sobra la pasta.....\nY lo tuyo lo veo un poco caro, todo es hacerle bien los números y depende de la aportación inicial.....lo q tienes q ver pq supongo q es una farmacia urbana, las posibilidades de aumentar fcturación y hasta donde ....UN CONSEJO NO TE FIES DE LOS INTERMEDIARIOS pq me da a mi q pones demasiada confianza en alquien q lo unico q kiere es cobrar su comisión compres lo q compres, las pegas gordas nunca q te las dicen......\n24 Oct 17, 14:16\nMartes, 24 de Octubre de 2017, 14:16:04\nCita de: Kali en Sábado, 21 de Octubre de 2017, 21:35:11\ndel tema del banco el intermediario sabe de sobra que me lo van a dar.\nA ver, yo te expongo lo que te va a dar el banco y te lo digo por experiencia muy reciente. El banco te va a dar el 70% del valor de tasación de la farmacia. Esa farmacia dudo que se tase en más de 500.000 euros, ergo el banco te va a dar 350.000. Tú vas a tener que buscarte los 250.000 euros restantes por tu cuenta, bien porque los tengas ya en el banco, bien porque tengas propiedades que hipotecar o depósitos que pignorar.\nTeniendo poquitos gastos y trabajando sólo tú, esa farmacia te va a dejar unos 75 mil euros antes de impuestos.\n75.000 - 20.000 (para vivir) - 5.000 (para ahorrar algo) - 10.000 (para impuestos, que en realidad serán 11 o 12 mil) = 40.000 euros.\nLa farmacia te deja 40.000 euros para amortizar créditos.\nSuponiendo que te dieran los 600.000 euros en crédito (que dudo que te los den) a un tipo fijo de 2.5% (en tu caso, muy buenas condiciones), vas a tardar 20 años en amortizar la farmacia.\n20 años esclavizada con un sueldazo de 20.000 euros anuales y con la espada de Damocles de que en ese intervalo de tiempo cambie el modelo (que sucederá en algún momento) y te quedes con el culo al aire.\nEn serio, piénsatelo, porque yo no veo el negocio por ningún lado.\nEditado: Martes, 24 de Octubre de 2017, 14:24:31 por SildenafiloEnVena\n24 Oct 17, 19:40\nMartes, 24 de Octubre de 2017, 19:40:36\ncomo un tipo fijo al 2.5% es buena opción???\nLa tasación de esa farma estaria entorno a los 500K\nComo ya he dicho en varias ocasiones bancofar te deja hasta el 90% del valor de tasación del fondo de comercio al 1,5 - 1,75 +Euribor(hipoteca mobiliaria20años) y si necesitas mas Eribor+1,5 (hipoteca inmobiliaria hasta 30 años).\nYo veo mejor opción esta q una farmacia rural ya q aki siempre tendras margen de maniobras.\nEditado: Martes, 24 de Octubre de 2017, 19:48:40 por Pregabalina150\n25 Oct 17, 10:58\nMiércoles, 25 de Octubre de 2017, 10:58:48\nUn tipo fijo al 2'5% está bien... En su caso. Lo normal es conseguir fijos al 2'2, pero en su caso, por el riesgo de impago, con un 2'5% se puede dar con un canto en los dientes.\nBancofar ya no da un 90% de la tasación y te lo digo porque acabo de firmar con ellos.\nY sí, una farmacia de ciudad es más segura que una rural porque, llegado el caso, puedes trasladarte y tratar de mejorar. Pero para trasladarse hay que meter más dinero y el chico se va a quedar con una mano alante y otra atrás para 20 años. Si encima tiene que dejarse 100.000 euros más en un traslado, apaga y vámonos. El problema es que esa farmacia no debería costar más de 500.000 euros y ya es un decir.\n08 Nov 17, 14:09\nMiércoles, 08 de Noviembre de 2017, 14:09:06\nHas firmado con Bancofar Sildenafil???\nHablanos un poco de tu operación, facturación, tipo de farmacia, factor de compra, ..... ya sabes todas esas cosas xa mantenernos actualizados de como esta el sector.\n25 Nov 17, 00:06\nSábado, 25 de Noviembre de 2017, 00:06:39\nNo te fíes de los intermediarios ni un pelo, he tratado con muchos y varias empresas y todos todos son iguales.\nCreo q la farmacia está un poco cara y la de tu amigo ya para q decirte, no sé cómo hace la gente las cuentas de verdad.\n28 Nov 17, 11:15\nMartes, 28 de Noviembre de 2017, 11:15:28\nSolo un breve comentario, jamas , repito jamas un banco te dará el 70% aunque lo tenga firmado con los colegios,\nno dan ni el 70% del valor de tasación. Debéis ser exigentes tanto con el banco , como con la empresa, no dan ni el 65% del valor de tasación, ya tienen sus cálculos hechos, así que cuidado, y que expliquen con detalle lo que realmente te darán.\nNo es por asustar al personal, pero cuidado, que luego no salen las cuentas.\n6 Respuestas 5681 Vistas\n10 Respuestas 6363 Vistas\n0 Respuestas 1985 Vistas\nFactor multiplicador compra venta Madrid\nÚltimo comentario por Magnolia\n09 feb 2015\t22:35\nIniciado por Somazina\t« 1 2 3 »\n40 Respuestas 13482 Vistas\nÚltimo comentario por AVION\n22 ago 2018\t11:13


Voces verdianas para despedir la temporada - Ópera Actual\n30 / 05 / 2021 - Pere BUJOSA - Tiempo de lectura: 3 min\nUna escena de la producción de Marta Eguilior © Teatre Principal\nUna escena de la producción de Marta Eguilior © Javier FERGO\nClausura de la XXXV temporada lírica\nAngelo Villari, Yolanda Auyanet, Nino Surguladze, Àngel Òdena, Manuel Fuentes, Marga Cloquell, Joan Gabriel Riera. Dirección musical: Matteo Beltrami. Dirección de escena: Marta Eguilior. 26 de mayo de 2021.\nCon este gran título del repertorio verdiano y uno los más populares de todo el repertorio operístico se daba por finalizada esta complicada temporada lírica debido a las circunstancias sanitarias que, afortunadamente, parece que se van superando. Si es una constante repetir que Il Trovatore requiere cuatro voces de peso reconocido, en esta ocasión no hay ninguna queja al respecto, ya que se contó con cuatro voces voluminosas que asumieron sin problemas las exigencias de una partitura nada fácil que pone música a un historia truculenta y enrevesada.\nAngelo Villari compuso un Manrico heroico con una voz valiente y voluminosa que lanzaba sin mesura hasta el fondo de la sala con fuerza, pero, en más de una ocasión, con falta de matices; por ello es fácil adivinar que su éxito radicó en los números de bravura, con una pira flamígera y, sin embargo, un «Ah sì ben mio» falto de interiorización belcantista. La soprano canaria Yolanda Auyanet, incorporada al proyecto solo unos días antes del estreno debido a la cancelación de la coreana Sae-Kyung Rim, es siempre un valor seguro de gran profesionalidad y conocimiento del repertorio, quien compuso sin extremismos una Leonora muy consistente y de gran coherencia vocal en toda la representación.\n"Àngel Òdena impactó por su creación de un Conte di Luna imponente que no tiene secretos para el barítono, ni vocales ni de composición del personaje, un lujo para cualquier teatro"\nDel mismo modo el asiduo a las temporadas del coliseo mallorquín Àngel Òdena impactó por su creación de un Conte di Luna imponente, personaje que no tiene secretos para el barítono, ni vocales ni de composición del rol, siendo un lujo para cualquier teatro. El cuarto pilar fue la sólida participación de Nino Surguladze como la vengativa Azucena, una mezzo con un registro equilibrado y con fuerza en la zona aguda, sin ningún miedo a la voce di petto para la zona grave que resultó perfectamente audible en todas sus intervenciones; sus pequeñas faltas de empatía con el estilo verdiano son fácilmente obviables ante sus cualidades vocales. El papel de Ferrando fue defendido de forma muy notable por Manuel Fuentes, erigiéndose en el quinto pilar de la representación, del mismo modo que Inés cogió protagonismo en la voz de Marga Cloquell que, por presencia vocal y actoral, hizo realidad el aforismo de que en ópera no hay papel pequeño.\nLa Simfònica de las Balears dio lo mejor de si teniendo en cuenta la reducción de plantilla por las restricciones de capacidad en el foso; el conjunto estuvo muy presente y activo en el drama bajo la batuta muy ajustada de Matteo Beltrami. El coro de la casa, muy profesional como siempre, en este caso sobresalió el elemento femenino sobre el masculino. El montaje, una coproducción con el Villamarta de Jerez en la que Marta Eguilior se basa en un concepto muy cinematográfico, pone todo el peso expresivo en la luminotecnia y en aplicaciones videográficas, dejando de lado el movimiento actoral que se reduce a movimientos de entrada y salida de los personajes, los cuales parecen un tanto dejados a su saber y entender; la danza contemporánea sobre la música del coro de gitanos, que por cierto nunca fue pensada como bailable, o la aparición de una Virgen durante la pira no dejan de ser guiños innecesarios esclavos del Konzept dominante en la actual producción operística.\nÀngel Òdena Angelo Villari Il Trovatore Joan Gabriel Riera Manuel Fuentes Marga Cloquell Marta Eguilior Matteo Beltrama Nino Surguladze Palma de Mallorca Teatre Pirncipal Verdi Yolanda Auyanet