Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias | Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila\nInforme del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a México (18 al 31 de marzo de 2011)\nMacro legal e institucional\nDesapariciones forzadas en el actual contexto de seguridad\nEl derecho a la justicia en casos de desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la “Guerra Sucia”\nEl derecho a la verdad en general\nEl derecho a la verdad en el contexto de la “Guerra Sucia”\nGrupos en situación de particular vulnerabilidad\nDerecho a la justicia y a la protección judicial\n1. Por invitación del Gobierno de México, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país del 18 al 31 de marzo de 2011. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno dicha invitación, su positiva cooperación antes y durante la misión así como su apertura al diálogo. Adicionalmente, agradece a las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de familiares de personas desaparecidas forzosamente y, en particular, a los familiares que proveyeron información y testimonios. Finalmente, agradece a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su valioso apoyo.\n2. El Grupo de Trabajo felicita al Gobierno por haber ratificado todos los tratados fundamentales de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. El Gobierno de México tiene una invitación permanente para todos los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas.\n3. El Grupo de Trabajo estuvo representado por la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), y el Sr. Osman El Hajjé (Líbano). El objetivo de la visita fue conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación.\n4. El Grupo de Trabajo visitó la Ciudad de México (Distrito Federal); Chihuahua y Ciudad Juárez (Chihuahua); Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo (Guerrero); y Saltillo (Coahuila). Sostuvo una serie de reuniones con funcionarios de alto nivel, incluyendo el Secretario de Gobernación y el Secretario de Seguridad Pública, así como con autoridades de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Gobernación; Defensa Nacional (SEDENA); Seguridad Pública; el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; legisladores de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) (en la Ciudad de México y en los estados de Chihuahua y Guerrero); así como con autoridades de los Gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Coahuila. Visitó también la zona militar ubicada en Saltillo. Todas estas reuniones ayudaron al Grupo de Trabajo a comprender las políticas que el Gobierno mexicano está implementando y sustanciaron el presente informe.\n5. Se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones de Derechos Humanos de Chihuahua, Guerrero, Coahuila y el Distrito Federal. También con numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, familiares de personas desaparecidas forzosamente, personas que fueron víctimas de desaparición forzada y otros actores de la sociedad.\n6. Desde su creación, y hasta su informe anual de 2010, el Grupo de Trabajo ha transmitido 412 casos al Gobierno de México. De éstos, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han discontinuado y 238 siguen sin resolverse.\n7. Estos datos, al igual que sucede con otros países, no son representativos de la dimensión de las desapariciones forzadas. El incremento del número de nuevos casos admitidos por el Grupo de Trabajo durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podrían indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México.\n8. El mandato del Grupo de Trabajo se relaciona con la desaparición forzada tal como se define en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (la Declaración). Sin embargo, el Grupo de Trabajo condena todos los actos de desaparición independientemente del autor del crimen.\n9. La misión a México y el presente informe se centran principalmente en dos períodos distintos en los cuales un gran número de desapariciones forzadas tuvieron lugar. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones son relevantes para cualquier caso de desaparición forzada independientemente del momento en que haya ocurrido. Durante el período conocido como la ―Guerra Sucia‖, desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición. Los graves abusos cometidos incluyeron masacres de estudiantes en 1968 y 1971, la tortura, ejecución y desaparición forzada de cientos de disidentes y presuntos simpatizantes. Hasta hace algunos años, el Estado mexicano se negaba a reconocer la existencia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado ha reorientado su curso y ha adoptado algunas medidas relacionadas con los crímenes cometidos durante la ―Guerra Sucia‖. Un informe oficial sostuvo que las administraciones de tres presidentes eran responsables de los crímenes, rechazando así la teoría de que las atrocidades fueron cometidas por iniciativa propia de policías o determinadas unidades militares. El segundo período de preocupación es la actual situación de seguridad en la que múltiples casos de desapariciones forzadas han sido y continúan siendo reportados. El Grupo de Trabajo es consciente de los diferentes contextos en los que estos dos patrones de desapariciones forzadas se desarrollaron y desarrollan en México, los cuales fueron debidamente tomados en cuenta. Sin embargo, observa con gran preocupación que, a pesar de estas diferencias, hay identidad de algunos patrones como la impunidad generalizada y la falta de la plena verdad y reparación para las víctimas.\n10. México es un Estado federal con competencias divididas entre la Federación y las 32 entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal). Además, existen más de 2.400 municipios con ciertas responsabilidades en temas de seguridad.\n11. La estructura federal crea oportunidades para experimentar y para desarrollar diferentes niveles de protección. Por ejemplo, Guerrero aprobó en 2005 una legislación integral y detallada en la materia. Guerrero, Jalisco y Puebla han otorgado poder a las instituciones estatales de derechos humanos para abordar las desapariciones forzadas.\n12. Sin embargo, son preocupantes las dificultades que la estructura federal crea en la implementación efectiva de la Declaración en todo el territorio nacional. La distribución de competencias; la ausencia de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición forzada; la existencia de fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, y la posibilidad de que los delitos sean investigados a nivel federal o estatal dependiendo de quién haya sido el autor imputado, diluyen la responsabilidad de las autoridades federales y locales. La mayoría de los servidores públicos, ONG y víctimas de desaparición forzada enfatizaron el problema de la falta de coordinación vertical y horizontal entre las autoridades gubernamentales en la prevención y en la búsqueda de las personas desaparecidas así como en su investigación. En sus reuniones con autoridades federales, se explicó que algunas de las tareas relacionadas con las desapariciones forzadas eran de competencia estatal. Por su parte, las autoridades estatales informaron que el Gobierno Federal es el que tiene competencia en cuestiones centrales, tales como el combate al crimen organizado, los secuestros y el garantizar la seguridad mediante la presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.\n13. La facultad de aprobar leyes es compartida por los estados y la Federación existiendo algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal desde 2001 y en la legislación penal de ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit y Oaxaca). El Código Penal Federal y la legislación de los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición ni aquella contenida en la Declaración. La mayoría se refiere sólo a actos cometidos por funcionarios públicos sin incluir la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia. La pena varía dependiendo de la jurisdicción. El castigo no es necesariamente proporcional a la gravedad del delito, comparado con el de otros crímenes como el secuestro. La prescripción queda excluida en la mayoría de las legislaciones (Distrito Federal, Chiapas, Durango y Chihuahua). En 2004, la SCJN estableció que el plazo para que opere la prescripción en un caso de desaparición forzada empieza a correr cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.\n14. Las inconsistencias de la definición del delito de desaparición forzada en relación con la Declaración y otros instrumentos internacionales y la ausencia de tipificación autónoma en la mayoría de los estados contribuyen a la impunidad. Es preocupante que en 24 estados no se haya tipificado el delito. En estos Estados, las desapariciones forzadas son tratadas como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, ejercicio indebido de las funciones públicas, delitos contra la administración de justicia, detención ilegal, secuestro o una combinación de algunos de estos delitos. Dichos delitos carecen del ámbito de aplicación necesario para abordar las desapariciones forzadas o la severidad de la pena no es apropiada. La propuesta presentada en 2010 por el Ejecutivo para modificar el delito de desaparición forzada a nivel federal para ajustarlo a los estándares internacionales se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión.\n15. En junio de 2011, entraron en vigor importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos que, en esencia, establecen que los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Las enmiendas consagran las obligaciones de todas las autoridades en relación con los derechos humanos y proporcionan mayor fuerza legal a las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos. Otra reforma constitucional reconoce que las violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos pueden ser objeto del juicio de amparo. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales deben armonizar la legislación federal y estatal con estos cambios constitucionales así como que los poderes judiciales adecuar su jurisprudencia al nuevo marco constitucional.\nIII. Desapariciones forzadas en el actual contexto de seguridad\n16. México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado. La violencia continúa a pesar de las detenciones y asesinatos de presuntos importantes integrantes de grupos delictivos, así como el decomiso de significativas cantidades de drogas y armas. Las organizaciones del crimen organizado han extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión. El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos del Gobierno para abordar esta compleja situación.\n17. Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.\n18. Debido a la impunidad prevaleciente muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados ―levantones‖. El Grupo de Trabajo recibió múltiples testimonios de casos en que la privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente consideradas ―extraviadas‖ o ―perdidas‖ (particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes) sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada.\n19. El Grupo de Trabajo recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas. La CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010. El Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH registró la presunta desaparición de 346 personas en el 2010. La PGR ha iniciado 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada (49 relacionadas con la ―Guerra Sucia‖).\n20. Por su parte, organizaciones civiles reportaron que —de acuerdo con sus estimaciones— más de 3.000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006. De acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales.\n21. Sólo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación.\n22. Las autoridades federales sostuvieron que el 92% de los delitos cometidos en México se encuentran en el fuero local y no federal. Muchas autoridades federales sostuvieron que mientras las instituciones federales tienden a estar bien equipadas, contar con personal profesional y entrenado, las instituciones locales tienden a ser débiles, con menor desarrollo profesional y con pocos recursos humanos y financieros.\n23. En diciembre de 2006, el Gobierno federal decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. De acuerdo con la información recibida, las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes (como lo establecen la Constitución y los criterios de la SCJN), sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. Estas operaciones consisten en el despliegue de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos como carreteras y puestos de control y el registro de casas, individuos y automóviles, en muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente. El Gobierno informó que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares. Durante las reuniones con las delegaciones de la PGR en Chihuahua y Chilpancingo, así como con las autoridades de la base militar en Saltillo, el Grupo de Trabajo no recibió información clara y específica sobre el tipo de control que las autoridades civiles realizan cada vez que las autoridades militares detienen a civiles.\n24. Un elevado número de elementos castrenses son titulares de la policía estatal (en seis entidades) o de las Secretarías de Seguridad Pública estatal (en 14 estados). Adicionalmente, un número significativo de los cuerpos de policía municipal son dirigidos por oficiales militares. SEDENA informó al Grupo de Trabajo que estos elementos militares (en la mayoría de los casos en retiro) no se encontraban bajo su supervisión.\n25. La lógica y entrenamiento del ejército y la policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades civiles. No es de extrañar que el número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas con la SEDENA haya aumentado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008; 1.791 en 2009; y 1.415 en 2010. De 2006 a 2010, la CNDH emitió más de 60 recomendaciones (22 solo en 2010) que confirman violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército. Las recomendaciones de la CNDH son, en muchas ocasiones, el único registro público sobre las investigaciones de abusos cometidos por militares y, como tales, constituyen un instrumento fundamental para resaltar los patrones de violaciones a los derechos humanos. El Grupo de Trabajo fue informado que la discrepancia entre el número de recomendaciones emitidas y el número de quejas recibidas se debe a que la mayoría de las quejas serían resueltas o canalizadas sin que la CNDH hubiera realizado una investigación y determinado que no existió una violación lo cual sólo sucede cuando se emite un ―Acuerdo de no Responsabilidad‖.\n26. El Grupo de Trabajo recibió información creíble en relación con detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares. En muchas ocasiones, los elementos militares y de otras fuerzas de seguridad que realizaron las detenciones habrían utilizado los excesivamente amplios conceptos de cuasi-flagrancia y flagrancia equiparada que permiten a cualquier persona detener a otra varias horas e inclusive días después de la comisión de un delito. La eliminación del texto constitucional de la flagrancia equiparada en 2008 entrará en vigencia a más tardar en 2016. El Grupo de Trabajo también recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, la presencia de las fuerzas militares se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad. El Grupo de Trabajo recibió alegaciones acerca de casos en los que personal militar habría interrogado a personas detenidas y de casos en los que se habría utilizado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Grupo de Trabajo también recibió información respecto a elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad que habrían estado involucradas en desapariciones forzadas por cortos períodos de tiempo. Supuestamente, no se habría reconocido la detención y sólo después de varios días se habría presentado a la persona detenida ante las autoridades civiles.\n27. Adicionalmente México ha implementado una profunda reforma para fortalecer sus políticas de seguridad y para armonizar e integrar en el sistema de seguridad a la policía federal, local y municipal. El Grupo de Trabajo entiende los retos que enfrenta este sistema al requerir la coordinación, armonización y complementariedad entre la Policía Federal, la Policía de las 32 entidades federativas y las más de 2.400 policías municipales que poseen una enorme diferencia en su entrenamiento, equipos y mecanismos de rendición de cuentas.\n28. Las fuerzas federales fueron reestructuradas en 2009 a fin de dotar a la Policía Federal con nuevas y mayores atribuciones investigativas, integrando la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones en una sola corporación con cerca de 30.000 miembros. Para complementar este esfuerzo, el Gobierno está implementando medidas para profesionalizar, capacitar y modernizar a las fuerzas policiales en los tres niveles de Gobierno. También se creó una plataforma integral de comunicación conocida como Plataforma México que compila y analiza información y vincula a las fuerzas policiales de todo el país a una base de datos centralizada y a un sistema de inteligencia.\n29. El Grupo de Trabajo no recibió información relacionada con la existencia e implementación de mecanismos de supervisión del uso de la fuerza por elementos policiales y militares. La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para promover e integrar las normas en el uso de la fuerza por parte de la policía. Sin embargo, sólo la policía del Distrito Federal tiene un marco legal regulatorio relacionado con el uso de la fuerza. La Secretaría de la Marina cuenta con una directriz en esta materia. El resto de las fuerzas de seguridad federales y locales carecen de una normativa específica sobre el uso de la fuerza. El Gobierno informó que la SEDENA cuenta con lineamientos sobre el uso de la fuerza acordes a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. El Grupo de Trabajo no recibió una copia de estos lineamientos ni información concreta sobre su contenido cuando se le preguntó a las autoridades en la base militar de Saltillo. En 2009, la Cámara de Diputados aprobó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de seguridad pública, que está pendiente de aprobación en el Senado. La experiencia del Grupo de Trabajo demuestra que estos marcos legales son indispensables para limitar el uso excesivo de la fuerza pública y para prevenir las desapariciones forzadas.\n30. Apartados de la reforma constitucional de 2008 destinada, entre otros, a combatir el crimen organizado socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas. La reforma consagró la figura del arraigo cuando una persona es investigada por delitos graves o por crimen organizado. Una persona puede ser detenida bajo arraigo por 40 días en casas de seguridad, período que puede ser extendido hasta por 80 días como máximo, sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares. Su paradero es frecuentemente desconocido. El Grupo de Trabajo recibió información de casos en los que una persona que era objeto de una desaparición transitoria después era presentada a las autoridades locales o federales y puesta bajo arraigo.\n31. La reforma constitucional de 2008 establece el registro obligatorio de toda detención, estipulado también en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha ley, pendiente de su completa implementación, establece que la Policía y los Ministerios Públicos deben informar a todo aquel que lo solicite sobre la detención de una persona. Dicho registro es una de las bases de datos menos desarrolladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que las diferentes fuerzas policiales aún no comparten un procedimiento de detención unificado ni una base de datos centralizada. El proyecto de código federal de procedimientos penales también regula de manera detallada la obligación de las autoridades para llevar a cabo el registro de detención.\nIV. El derecho a la justicia\n32. La impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular, permanece como el reto principal en México a nivel federal y local. Menos del 25% de los delitos son denunciados y sólo el 2% resulta en una sentencia condenatoria. El Grupo de Trabajo sólo fue informado de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mismas que se encuentran en apelación, a pesar del alto número de delitos reportados. La SCJN informó que, de los más de 64.000 casos que ha conocido desde 1995, solo uno trataba del delito de desaparición forzada. Este caso no abordó la responsabilidad penal de los acusados ni los derechos de las víctimas, sino que se trató de una controversia constitucional sobre la aplicación de un tratado internacional.\n33. El Grupo de Trabajo ha recibido información extensa y consistente sobre el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas. De acuerdo con varias fuentes, las autoridades —especialmente los Ministerios Públicos— intentan desacreditar a las personas desaparecidas declarando que estaban involucradas con grupos delictivos sin ninguna evidencia o investigación en su contra. En varios casos, familiares de las personas desaparecidas forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación.\n34. El Grupo de Trabajo observó severos problemas en relación con las investigaciones de desapariciones forzadas, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia. Muchos Ministerios Públicos se niegan a recibir denuncias de desapariciones forzadas aceptando sólo iniciar actas circunstanciadas por lo cual no inician una adecuada investigación ministerial. Muchos expedientes sobre desapariciones forzadas han sido declarados “en reserva”. En la mayoría de las investigaciones, las únicas pruebas son aquellas ofrecidas por los familiares. Muchas autoridades, tanto civiles como militares, se niegan a colaborar con las autoridades investigadoras. En muchos casos los ministerios públicos consignan por delitos menores en lugar del delito de desaparición forzada (en aquellas entidades donde se encuentra tipificado) y los jueces no utilizan sus atribuciones para reclasificar los delitos.\n35. En 2008 una importante reforma constitucional cambió el sistema penal de un modelo mixto a uno acusatorio. Si bien varios estados han emprendido acciones al respecto, sólo ocho han armonizado sus procedimientos penales con los cambios constitucionales. Los demás estados tienen plazo hasta el 2016. A pesar de los esfuerzos principalmente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el nuevo sistema todavía debe ser incluso implementado a nivel federal. Es necesaria una nueva cultura jurídica para garantizar el éxito del sistema acusatorio. Si la policía y los Ministerios Públicos no están adecuadamente entrenados y supervisados, el impacto del nuevo sistema para terminar con el patrón de impunidad será mínimo.\n36. Los familiares de personas desaparecidas forzosamente también han recurrido al juicio de amparo, el cual ha resultado ser insuficiente debido a la interpretación de los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo. Muchos jueces de amparo solicitan a los quejosos que identifiquen a la autoridad responsable por la violación a los derechos constitucionales de la víctima, cuando en casos de desaparición forzada la identidad del perpetrador es muchas veces desconocida. Además, múltiples jueces requieren a los familiares identificar el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa, requisitos de cumplimiento imposible en el caso de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo entiende que las recientes reformas constitucionales harán más efectiva la figura del amparo en los casos de desapariciones forzadas.\n37. El artículo 13 de la Constitución excluye expresamente la aplicación del fuero militar en casos donde están involucrados civiles sin que se pueda extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Sin embargo, el artículo 57 del Código de Justicia Militar define como delitos ordinarios aquéllos contra la disciplina militar y, por lo tanto, sujetos a la jurisdicción castrense cuando sean cometidos por militares “en los momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo”. Esta legislación ha sido utilizada para que las alegaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, cometidas por elementos castrenses sean casi siempre conocidas por la jurisdicción militar.\n38. En tanto el fuero militar carece de la necesaria independencia e imparcialidad para abordar violaciones a los derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia les es negado a las víctimas y sus familiares y es un obstáculo clave para poner fin a la impunidad de violaciones a derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Hasta ahora el juicio de amparo ha resultado ser ineficaz para controvertir los alcances de la jurisdicción militar. En 2009, la SCJN resolvió que los familiares de una víctima de una ejecución extrajudicial por parte de elementos militares no contaban con el derecho constitucional para impugnar a través del amparo la jurisdicción militar. Estos obstáculos deberían ser eliminados luego de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, así como a la luz de la decisión de la SCJN respecto a la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla vs. México, la cual es saludada por el Grupo de Trabajo.\n39. La SEDENA ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la CNDH en relación con los abusos cometidos por autoridades militares. Sin embargo, las investigaciones relacionadas con estos abusos continúan en el ámbito del fuero militar y sin sanciones en el caso de las desapariciones forzadas.\n40. En 2010, el Presidente presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar excluyendo del fuero castrense los delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura. La iniciativa, pendiente de aprobación en el Senado, limitaría el alcance de la jurisdicción militar. No obstante, también debe establecer que las investigaciones de casos de desaparición forzada cometidos por elementos castrenses deben ser investigadas por autoridades civiles. Adicionalmente cualquier reforma legislativa que sólo excluya el delito de desaparición forzada de la jurisdicción militar podría incentivar a que los fiscales militares investiguen y consignen por delitos distintos a fin de mantener la jurisdicción militar.\n41. La impunidad afecta a todos los casos de desaparición forzada. Sobre aquellos perpetrados durante la ―Guerra Sucia‖ sólo el 2,5% de los casos investigados habrían resultado en el inicio de una averiguación previa y de ésos, sólo 20 habrían sido consignados. En menos de la mitad de estos casos se habría obtenido una orden de aprehensión y, de hecho, no habrá sido por el delito de desaparición forzada sino por el de privación ilegal de la libertad. La PGR informó que 49 averiguaciones previas continúan abiertas actualmente, pero que ninguna autoridad ha sido sentenciada ni se encuentra detenida o esperando ser juzgada por desaparición forzada. En su reunión con el Grupo de Trabajo, la PGR no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances sustantivos en las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente. Solamente informó que 149 averiguaciones previas fueron concluidas (69 con la determinación de no ejercicio de acción penal; 29 debido a la falta de competencia; 27 por haber sido acumuladas a otros procesos penales y una que se encuentra en reserva a la espera de nuevos elementos).\n42. Algunas investigaciones fueron transferidas de la PGR al fuero militar a pesar de que el artículo 16 de la Declaración prohíbe el uso del fuero militar para investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada. El Procurador General de Justicia Militar no informó al Grupo de Trabajo sobre ningún caso de desaparición forzada perpetrado durante la “Guerra Sucia” que haya resultado en la condena de algún elemento militar.\n43. El Grupo de Trabajo celebra el criterio judicial establecido por la SCJN en el caso Rosendo Radilla relativo a una desaparición forzada en el contexto de la ―Guerra Sucia‖, en Julio de 2011 pues facilita la completa implementación de las sentencias de la CoIDH, muchas de las cuales coinciden con las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo.\nV. El derecho a la verdad\n44. El Grupo de Trabajo observa que muchas de las familias de las personas desaparecidas y muchos otros sectores de la sociedad mexicana demandan conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos.\nA. El derecho a la verdad en general\n45. México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres. Además, adolece de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y de acceso a la información sobre los casos de desapariciones forzadas. Tampoco existe la exigencia de la emisión de una amplia hoja de datos con la necesaria descripción física para realizar la búsqueda, localización e identificación de la persona desaparecida. En los casos en los que existe una hoja de datos sobre una persona desaparecida, usualmente ésta no es distribuida en hospitales, centros de detención, carreteras o a las autoridades encargadas de localizar personas extraviadas en otras entidades.\n46. La Plataforma México no ha sido utilizada para prevenir, determinar la suerte o el paradero de víctimas de desapariciones forzadas, ni para encontrar posibles fosas clandestinas así como tampoco para la completa y adecuada identificación de los cuerpos encontrados en dichas fosas clandestinas.\n47. Un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición. Este período es fundamental para obtener información sobre la suerte o el paradero de la persona sujeta a desaparición forzada y evitar su asesinato.\n48. En el municipio de Ciudad Juárez (Chihuahua), se implementó el llamado Protocolo Alba para la recepción, reacción y coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en casos de mujeres y niñas desaparecidas. El Protocolo establece un mecanismo para la recepción, reacción y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno en casos de niñas o mujeres extraviadas en Ciudad Juárez. Si bien el Protocolo es un paso positivo, su aplicación geográfica es limitada, solo se utiliza en casos de ―alto riesgo‖ de desaparición de niñas y mujeres y ha sido activado en muy pocas ocasiones.\n49. No existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos mortales así como tampoco para su almacenamiento. Esto es importante para proteger la información genética de los desaparecidos y sus familiares que cobra particular relevancia en el caso de la ―Guerra Sucia‖, ya que algunos de los familiares han muerto debido a su avanzada edad. Sólo el estado de Chihuahua desde 2009 tiene una ley reglamentaria estableciendo una base de datos con información genética. El CICR está colaborando con las autoridades mexicanas para establecer nuevos procedimientos para identificar restos conforme a protocolos internacionales.\n50. En los últimos meses se han descubierto muchas fosas clandestinas. Estos descubrimientos no habrían resultado de un esfuerzo concertado del Gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas. La identificación de los restos en dichas fosas demuestran diferentes insuficiencias tales como falta de equipos forenses profesionales para identificar propiamente los cuerpos, la notificación a los familiares, el cruzamiento de la información con diferentes bases de datos y conservación de archivos suficientes de aquellos cuerpos que fueron enterrados en cementerios municipales.\n51. La CNDH tiene registrados 8.898 cuerpos que no han sido identificados (aunque no todos son de víctimas de desapariciones forzadas). La CNDH ha implementado el Programa de Presuntos Desaparecidos, una base de datos nacional sobre personas extraviadas, desaparecidas o ausentes y de personas fallecidas no identificadas. También creó el Sistema de Información Nacional sobre personas extraviadas y fallecidas no identificadas (SINPEF). Del año 2006 a abril de 2011, el SINPEF registró 5.397 personas.\n52. La información de diferentes instituciones estatales en relación con casos de desapariciones forzadas es recabada sin sistematicidad y, frecuentemente, de forma contradictoria. La dispersión de esta información no contribuye a evidenciar las dimensiones reales del problema. Esto es particularmente cierto respecto al número de casos registrados, investigados y procesados; el número de cadáveres exhumados e identificados; las instituciones responsables; y el número de solicitudes de reparación presentadas. El Gobierno Federal recientemente creó el Registro Nacional de personas desaparecidas que no está específicamente dedicado a las desapariciones forzadas. En abril de 2011, el Senado aprobó un dictamen de ley para crear el ―Registro nacional de datos sobre niños, adolescentes y adultos desaparecidos‖ actualmente pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Dicho Registro será administrado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y colectará la información de todos los niveles.\n53. El artículo 6 de la Constitución que garantiza la libertad de acceso a la información se encuentra limitado por algunas leyes secundarias, especialmente respecto a la información sobre el estado de una averiguación ministerial. Una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales (cuyo artículo 16 se encuentra actualmente impugnado constitucionalmente) restringe el derecho de acceso a la información respecto de las averiguaciones previas estableciendo que únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, sin que pueda ser menor de tres años ni mayor de 12 años.\nB. El derecho a la verdad en el contexto de la “Guerra Sucia”\n54. La CNDH y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) se han ocupado de cuestiones relacionadas con la verdad sobre las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la “Guerra Sucia”. En su Recomendación 26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en la ―Guerra Sucia‖ y señaló la responsabilidad del Estado. La CNDH concluyó que en 275 de esos casos las personas fueron víctimas de una detención, interrogatorio y una posible desaparición forzada perpetrada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales. En el resto de los casos, las pruebas no fueron suficientes para acreditar la existencia de una desaparición forzada, sin que por ello se pueda descartar como hipótesis de investigación. Por su parte, la FEMOSPP investigó un total de 797 casos de desapariciones forzadas. Organizaciones de la sociedad civil informaron que, de acuerdo a sus estimaciones, se habrían cometido alrededor de 1.350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez. De aquellas personas desaparecidas durante la ―Guerra Sucia‖, solamente dos habrían sido localizadas.\n55. Durante las investigaciones que dieron lugar a la Recomendación 26/2001, la CNDH compiló una lista de nombres de aquellas personas que presuntamente participaron en las desapariciones forzadas, la cual no ha sido publicada.\n56. La Recomendación 26/2001 propuso la creación de una Fiscalía Especial, lo que dio lugar al establecimiento de la FEMOSPP. En 2006, el Procurador General ordenó el cierre de la FEMOSPP, después de casi cinco años de existencia.\n57. La FEMOSPP fue la única vía abierta por el Estado para abordar la demanda de verdad y justicia. Por esta razón, algunas víctimas, familiares y organizaciones apoyaron su trabajo y le suministraron información. La FEMOSPP enfrentó muchos retos y, a pesar de algunos avances positivos en su trabajo, no garantizó el derecho a la verdad y la justicia.\n58. La FEMOSPP elaboró un borrador de informe titulado “Para que no vuelva a suceder”. En febrero de 2006, una versión preliminar del mismo fue publicada por diversos medios nacionales e internacionales. Este borrador estableció la responsabilidad estatal en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la ―Guerra Sucia‖. En noviembre de 2006, la FEMOSPP hizo público su informe final, el cual limitaba algunas de las conclusiones hechas en el borrador. La versión final nunca recibió la aprobación de la PGR y, en la actualidad, no está disponible en ningún sitio oficial de Internet. La PGR indicó que este informe podría obtenerse mediante una solicitud de acceso a la información pública.\n59. La información recabada por la Oficina de Investigación y Análisis Documental de la FEMOSPP no se encontraría disponible a pesar de que el acuerdo que formalizó el cierre de la FEMOSPP en Noviembre de 2006 ordenó que dichos documentos se almacenaran en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De acuerdo con diferentes fuentes, esta institución no reconoce contar con tales expedientes. La PGR informó tener una copia de todos los documentos y que los originales fueron devueltos al Archivo General de la Nación, en donde están abiertos al público. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil informaron no tener acceso a estos documentos pues desconocían el lugar donde se encuentran almacenados.\nVI. El derecho a la reparación\n60. Toda víctima de un acto de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a una reparación integral, que incluya indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición, según lo previsto por el artículo 19 de la Declaración.\n61. En 2001 se creó el Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la Década de los Sesenta, Setenta y Ochenta (Comité Interdisciplinario). El Grupo de Trabajo celebra que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión incluyó en el presupuesto del año 2011, por primera vez, una partida destinada a la reparación de las víctimas de la ―Guerra Sucia‖ y a dar cumplimiento a sentencias de la CoIDH.\n62. El Comité Interdisciplinario sólo se ha reunido en seis ocasiones y no ha establecido lineamientos para garantizar la reparación ni la ha brindado a ninguna víctima. El universo de casos de desapariciones forzadas que recibirían una reparación se limitará a los 275 casos corroborados por la CNDH en su Recomendación 26/2001. No existe un programa para ampliar la reparación a otras víctimas de la ―Guerra Sucia‖ ni para incluir a las víctimas de desapariciones forzadas fuera del contexto de la ―Guerra Sucia‖.\n63. La reparación civil o administrativa para los casos de desaparición forzada son extremadamente raras o inexistentes. La obligación del Estado de reparar los daños y el derecho a la compensación se encuentran incluidos en el artículo 113 de la Constitución y su ley secundaria. También a nivel estatal existe legislación para regular la responsabilidad de los servidores públicos. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no conoció ningún ejemplo de una resolución en el ámbito civil o administrativo que garantizara la reparación a los familiares.\n64. En el ámbito penal existe la posibilidad de recibir una compensación como complemento de una sentencia condenatoria que raramente es implementada. Si la víctima solicita la reparación del daño, el quantum de la prueba es elevado a los estándares penales. Incluso si se ordena la reparación del daño, las familias generalmente no la reciben dado que no existen parámetros para determinar su monto y el funcionario público declarado culpable en la mayoría de los casos no cuenta con los recursos financieros para pagar la indemnización. El artículo 32 del Código Penal Federal establece la responsabilidad subsidiaria del Estado para otorgar la reparación en los delitos perpetrados por funcionarios públicos.\n65. La reforma constitucional en materia de derechos humanos incluye el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y requiere la adopción de una ley secundaria. El Grupo de Trabajo resalta la importancia de adoptar e implementar esta legislación para garantizar una reparación adecuada e integral.\nVII. Grupos en situación de particular vulnerabilidad\n66. Los recientes casos de desaparición forzada no presentan un patrón claro en el perfil de las víctimas. Sin embargo, entre ellas existen algunos grupos en situación de particular vulnerabilidad, incluyendo mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. El clima de impunidad que rodea las agresiones en contra de estas víctimas permite la continuidad de estos actos e inhibe una adecuada investigación y sanción de estos delitos.\n67. Existe muy poca información pública disponible sobre desaparición forzada de mujeres. La CNDH, mediante su SINPEF, registró de 2006 a 2011 5.397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales 1.885 son mujeres. A pesar de que el Gobierno ha tomado varias acciones para prevenir, castigar, y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo casos de desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo continúa preocupado por el número de mujeres que habrían sido desaparecidas forzosamente. La respuesta de la policía y los operadores de justicia a la violencia basada en el género, incluyendo las desapariciones forzadas, es generalmente inadecuada. El Grupo de Trabajo recibió información sobre los prejuicios, las actitudes discriminatorias, la indiferencia, negligencia o inclusive la obstrucción deliberada que muchas autoridades muestran al abordar el caso de la desaparición de una mujer, así como para tratar a las mujeres familiares de personas desaparecida forzosamente.\n68. Las desapariciones de mujeres son particularmente relevantes en el estado de Chihuahua. Los continuos problemas que se observan en Ciudad Juárez son únicos en su visibilidad, pero no en su naturaleza, pues casos de desapariciones forzadas de mujeres y prácticas discriminatorias en contra de las mujeres familiares se encuentran en otras regiones.\n69. La población migrante es particularmente vulnerable a una desaparición forzada debido a su estatus de indocumentada y la falta de recursos financieros, leyes efectivas, programas destinados a protegerlos o recursos judiciales a su disposición. Muchos de los 150.000 migrantes que viajan a través de México anualmente hacia la frontera norte lo hacen por rutas donde el crimen está presente y donde son fácilmente víctimas de secuestro o extorsión. En 2009, la CNDH reportó el secuestro de 9,578 migrantes en un período de seis meses. Además, reportó que, entre abril y septiembre de 2010, al menos 11.333 migrantes habrían sido secuestrados, principalmente por grupos del crimen organizado. De acuerdo a los informes de la CNDH y otras fuentes, servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo al Instituto Nacional de Migración (INM), policías municipales, estatales y federales, en algunas ocasiones habrían colaborado con organizaciones delictivas en el secuestro de migrantes, perpetrándose así una desaparición forzada. La CNDH reportó que el 8,9% de los secuestros documentados en seis meses de 2010 incluyeron la colusión de autoridades gubernamentales. Hasta que se realice una adecuada y completa investigación, no será posible aceptar que todos los secuestros de migrantes sean realizados exclusivamente por grupos del crimen organizado o descartar que no exista participación directa o indirecta de funcionarios públicos.\n70. El Gobierno ha realizado algunos avances para enfrentar la situación de secuestros de migrantes. Ahora existe la posibilidad de conceder a los migrantes que han sobrevivido a un secuestro una visa humanitaria para permitirles permanecer en el país mientras se realiza la correspondiente investigación penal. Algunos Estados también han adoptado ciertas medidas para combatir e investigar los secuestros de migrantes. Finalmente, el Gobierno Federal ha firmado acuerdos de cooperación con la CNDH y algunos países de Centroamérica sobre la prevención y el combate al secuestro de migrantes. Los testimonios recibidos indican que estos programas aún no producen resultados positivos.\n71. El Grupo de Trabajo recibió información relacionada con agresiones en contra de defensores de los derechos humanos en general y, específicamente, en contra de aquellos que trabajan el tema de la desaparición forzada. El Grupo de Trabajo expresa su especial preocupación por la situación de aquellos defensores de los derechos humanos cuyo actual paradero se desconoce. El Grupo de Trabajo fue informado que las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos habrían generado un clima de temor entre sus colegas, y ocasionado que algunos integrantes de las organizaciones civiles decidieran tener un menor perfil en actividades públicas, mudarse de ciudad o estado y rechazar determinados casos. De acuerdo al informe de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de septiembre de 2009 a octubre de 2010, se perpetraron 37 agresiones en contra de defensores de derechos humanos, pero sólo en tres casos se realizó una acusación penal. El informe critica la falta de políticas integrales de parte de las autoridades gubernamentales para eliminar los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos. Según la CNDH, entre enero de 2005 y mayo de 2011, se presentaron ocho quejas por desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos. En Julio de 2011, el Presidente Felipe Calderón firmó un Acuerdo que establece las bases para la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos.\n72. Los periodistas son otro grupo específico que habrían enfrentado muchos ataques, incluyendo desapariciones. Según la CNDH, 13 periodistas han desaparecido desde 2000. La CNDH registró cuatro desapariciones de periodistas en 2010. De acuerdo con la información recibida, México sería el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. En la mayoría de los casos, la falta de investigación no permite encontrar las causas y los perpetradores de estos delitos. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, periodistas que cubren asuntos locales como actos de corrupción en el Gobierno, tráfico de drogas, crimen organizado, seguridad pública y temas relacionados se encontrarían en una situación de particular riesgo. En 2006, el Gobierno creó en la PGR la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra la libertad de expresión, y en 2010 se firmó un convenio para la protección de periodistas, ninguno de los cuales ha producido resultados efectivos hasta el momento.\n73. El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad. Asimismo, las desapariciones perpetradas en el pasado son una asignatura en el presente dado que se trata de un delito de carácter continuado.\n75. Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales y el Grupo de Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de realizar las acciones correspondientes. Sin embargo, no se puede enfrentar esta situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas. Los casos de desapariciones tampoco pueden adjudicarse exclusivamente al crimen organizado sin una adecuada y completa investigación penal.\n76. Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas.\n77. El Grupo de Trabajo reitera su voluntad para continuar el diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y ofrece su total apoyo para la plena aplicación de la Declaración.\n78. El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es viva evidencia de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación a los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima no se haya esclarecido. El Grupo de Trabajo reconoce la labor de los numerosos defensores de los derechos humanos, ONG, abogados y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para erradicar esta terrible práctica.\n79. Con base en las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo formula las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:\n80. El Grupo de Trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.\n81. El Grupo de Trabajo recomienda la generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.\n82. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado acepte la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas relativos a denuncias de particulares e interestatales.\n83. El Grupo de Trabajo recomienda que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país, incluyendo el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.\n84. El Grupo de Trabajo recomienda que se asegure la plena independencia y autonomía de todos los organismos públicos de derechos humanos.\nB. Marco legislativo\n85. El Grupo de Trabajo recomienda llevar a cabo las adecuaciones legislativas a nivel federal y local para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, amparo y sistema penal.\n86. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral.\n87. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con lo establecido en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes.\n88. El Grupo de Trabajo recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada.\n89. El Grupo de Trabajo recomienda modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir su uso al momento preciso de la comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasi-flagrancia y flagrancia equiparada, para prevenir las desapariciones forzadas.\nC. Medidas preventivas y de seguridad\n90. El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.\n91. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos.\n92. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas.\n93. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de la ley.\n94. El Grupo de Trabajo recomienda que se fortalezca el registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el momento en que la persona detenida es presentada por primera vez ante una autoridad judicial o alguna otra autoridad competente.\nD. Derecho a la justicia y a la protección judicial\n95. El Grupo de Trabajo recomienda la adopción de una nueva ley en materia de amparo de acuerdo al reformado marco constitucional. La nueva legislación de amparo debe responder adecuadamente a la peculiaridad de la desaparición forzada de personas, albergar una concepción amplia de víctima, garantizar un rol activo por parte del juzgador y no establecer exigencias gravosas sobre las circunstancias bajo análisis, tales como la identificación del lugar de la detención, la determinación de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa.\n96. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice el derecho a la justicia y el combate a la impunidad mediante la capacitación del personal judicial y del encargado de hacer cumplir la ley, la adopción de protocolos de investigación y la protección de testigos y familiares. Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial. Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos.\n97. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Se deben fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los delitos, incluyendo casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando.\n98. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos en general, independientemente de que el perpetrador sea personal militar. Se debe garantizar que Ministerios Públicos civiles realicen investigaciones serias y expeditas en todas las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas perpetradas por elementos militares. Se debe impedir legalmente que los Ministerios Públicos militares inicien o continúen investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas.\n99. El Grupo de Trabajo recomienda el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad de las investigaciones de desapariciones forzadas cometidas durante la “Guerra Sucia”.\n100. El Grupo de Trabajo recomienda fortalecer la figura de la coadyuvancia, garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus representantes, otorgar regularmente a los familiares información sobre los avances en las investigaciones, y asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que las autoridades civiles y militares colaboren completamente con los ministerios públicos y tribunales civiles en la investigación y proceso penal de las desapariciones forzadas.\n101. El Grupo de Trabajo recomienda brindar apoyo a los familiares y a las asociaciones de familiares en el desempeño de su papel fundamental en el tratamiento de las desapariciones forzadas.\n102. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Este programa debe incluir los siguientes parámetros:\nh) Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México;\ni) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.\n103. El Grupo de Trabajo recomienda crear y mantener actualizada permanentemente una base de datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional (tanto del fuero federal como del estatal) incluyendo información genética, principalmente el ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo consentimiento. El Estado debe proteger permanentemente la información personal en estas bases de datos.\n104. El Grupo de Trabajo recomienda desarrollar un marco legislativo adecuado y garantizar la entrega de recursos financieros, humanos y equipo técnico para las investigaciones forenses en casos de desapariciones forzadas.\n105. El Grupo de Trabajo recomienda difundir el informe elaborado por la FEMOSPP y colocarlo en el sitio web oficial de la PGR; esclarecer la ubicación de todos los documentos recibidos por la FEMOSPP; y garantizar su pleno acceso al público.\n106. El Grupo de Trabajo recomienda transferir los archivos militares de la “Guerra Sucia” de la SEDENA al Archivo General de la Nación garantizando el libre acceso del público y sistematizar el ingreso a todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para que éstos también se encuentren disponibles en el Archivo General de la Nación.\n107. El Grupo de Trabajo recomienda desvelar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo a la información que obra en la CNDH con motivo de la elaboración de la Recomendación 26/2001.\nF. Derecho a la reparación\n108. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada. El marco legal debe establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia. Incluir la restitución siempre y cuando sea posible, así como la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición.\n109. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar, para los fines de reparación, una amplia definición de víctima que no esté ligada a la determinación de la responsabilidad y condena penal del acusado ni esté limitada a aquellos casos de desaparición forzada plenamente acreditados por la CNDH.\nG. Grupos en situación de particular vulnerabilidad\n110. El Grupo de Trabajo recomienda implementar a la brevedad todas las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la CNDH en relación al secuestros de migrantes (algunos de los cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas).\n111. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas. Se debe garantizar que el Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos cuente con facultades de prevención, protección e investigación; tenga competencia federal; cuente con suficientes recursos así como con independencia. Se debe garantizar también la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño, implementación y monitoreo de este mecanismo nacional.\n112. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, implementado por funcionarios de alto nivel, y un comité interinstitucional, dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación.\n113. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar que las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la desaparición forzada, sean plenamente implementadas. Se debe incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y políticas para combatir la violencia, considerando las características particulares de la violencia basada en el género en contra de las mujeres, así como las respuestas sociales que la situación requiere, con el fin de eliminar las desapariciones forzadas de mujeres.\n El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo del resumen, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés.\nNoticias Coahuila, Derechos Humanos, Desaparecidos, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, México, ONU, Saltillo\n← ¿A quién le importan los derechos humanos?\tRequiere ONU a México asuma la gravedad de las desapariciones forzadas →


Arrancó la construcción de un nuevo edificio de la UNR\nSerá compartido por las facultades de Arquitectura y Ciencia Política y se ubicará semienterrado en la barranca del río.\nYa comenzaron las tareas de nivelación del terreno. La inauguración está prevista para mediados de 2020.\n"Por la noche, será una linterna en la barranca". Así definió el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Adolfo Del Río, al edificio que ya se está construyendo enclavado en la barranca frente al río Paraná y que cambiará la fisonomía del acceso sur en la avenida de Circunvalación: Son más de 3 mil metros cuadrados de aulas y otros espacios, el llamado "Aulario", que darán respuesta a las necesidades de dos de las principales unidades académicas que funcionan en el Centro Universitario Rosario (CUR) como son Arquitectura y Ciencia Política. La obra, que comenzó en estas últimas semanas con la nivelación del terreno, estará terminada para mediados del 2020 y tiene un presupuesto de poco más de 160 millones de pesos. Una inversión que está llevando adelante la Universidad con fondos propios y que los decanos de ambas facultades (además de Del Río, Franco Bartolacci) destacaron como "una de las obras centrales" de la UNR en el marco de un contexto de escasez de recursos. Y la primera de "espacio compartido" entre dos casas de estudio.\nTras años de gestiones y con un proyecto de la Secretaría de Política Edilicia, la licitación de los trabajos se lanzó en mayo de 2018 y sobre el final del año se iniciaron los trabajos. "Se arrancó con la nivelación del terreno y ya se están haciendo las fundaciones", detalló el decano de Arquitectura, sobre la postal de las maquinarias que pueden verse desde el acceso sur de la ciudad, frente a la zona portuaria, donde se trabaja en plena barranca.\nVista al Paraná\nEl Aulario —al que se accederá desde las calles internas de La Siberia— estará construido en una única planta de 3.500 metros cuadrados, y promete una terraza verde de 130 metros de largo por 25 de ancho. Lo fundamental, indicó Del Río, es que "desde los espacios abiertos del CUR y las dos facultades no se pierda la vista que hoy hay hacia el río, por eso el proyecto se presenta semienterrado en la barranca y su techo se propone como terraza, un espacio verde más para las facultades".\nAdemás de destacar "el impacto positivo" que tendrá en el paisaje (Bartolacci señaló que "no quita metros a espacios deportivos y recreativos del predio"), ambos decanos destacaron el hecho de que se tratará de un espacio compartido por dos unidades académicas. Una forma de responder a las necesidades específicas de cada una, pero como un espacio común que permitirá "el intercambio cotidiano", indicó Del Río. De hecho, lo llamó "un edificio precursor".\n"La idea de integrar facultades, de compartir intervenciones, estrategias e iniciativas es un desafío presente y futuro para la Universidad, que debe atravesar a mi juicio tanto la planificación edilicia como la académica", señaló el decano de Ciencia Política antes de definir a la intervención: "Es la más importante en nuestra facultad en los últimos 20 años".\nSi bien el edificio será común a las dos casas de estudio, cada espacio responderá a las necesidades y especificidades de cada una. Son más de mil metros cuadrados para cada facultad, con un patio común y un hall de ingreso compartido. El área de Arquitectura estará hacia el sur y la parte de Ciencia Política hacia el norte, respetando la disposición de los edificios ya existentes.\n"En el caso nuestro se planteó fundamentalmente la necesidad de aulas talleres, grandes lugares donde coexistan unos 300 alumnos, y aulas pequeñas de reuniones de cátedra y de corrección", señaló el decano de Arquitectura.\nEn Ciencia Política, los requerimientos fueron otros. "Una obra que, junto al nuevo espacio del Instituto de Investigaciones que ya inauguramos en lo que fueron los andenes del ferrocarril, nos permitirá dar respuesta estructural y definitiva al crecimiento exponencial de actividades académicas, de investigación y extensión que experimentamos en la última década", explicó Bartolaci, y detalló que "se sumarán salones, espacios para consultas y exámenes, y un auditorio".\nSi bien la inflación obligará a la actualización de los presupuestos, la obra fue licitada con un monto oficial de 164 millones de pesos y es financiada por la propia UNR. "Es muy importante que se haya garantizado el inicio y desarrollo de la obra con fondos propios de nuestra Universidad, en virtud de lo planificado en los últimos proyectos de presupuesto y más aún en este contexto", consideró Bartolacci, en tanto, Del Río, opinó que "es la obra más importante de la Universidad conjuntamente con el comedor universitario del área Salud".


china | | YSIFLY - Por Marta Navarro Saiz\nPublicado en 7 junio, 2017 24 mayo, 2019 by Marta Navarro Saiz\nDesde que pisas Hong Kong te das cuenta de que ya no estás en China. Puede que pertenezca y que se englobe dentro de este país pero no te hace falta conocer su historia para sentir que estás en un lugar que se aproxima más a Europa que a China. Marta Navarro SaizPeriodista especializada en […]\nVanguardia y tradición. Masificación y orden. El futuro y el pasado conviven en una ciudad que no espera al reloj; un lugar que va siempre por delante y al que le pueden las ganas de llegar los primeros. Apenas estuvimos dos días en Shanghai: pocas horas para una ciudad de 24 millones de habitantes pero […]\nPublicado en 5 junio, 2017 24 mayo, 2019 by Marta Navarro Saiz\nPekín express no es el programa de la TV, ellos lo hacen con calma en comparación a cómo descubrimos nosotros esta ciudad. No obstante, cuando el tiempo es limitado, hay que darse prisa y… tengo que decir que, aunque me hubiera encantado darle un par de días más a Pekín, es posible verlo en dos […]\nCuriosidades de China o al menos, lo que me llamó la atención\nPublicado en 4 junio, 2017 19 junio, 2017 by Marta Navarro Saiz\nAntes de ir, no sabía demasiado sobre el gran gigante asiático más allá de lo que “todos sabemos”. Me llevé la mochila cargadita de estereotipos sobre cómo serían todos aquellos habitantes de un país inmenso y al llegar, me liberé rápidamente muchas de aquellas ideas preconcebidas que había estado cargando. Sobra decir que Occidente y […]\nLo que me hubiera gustado saber antes de viajar a China\nPublicado en 3 junio, 2017 24 mayo, 2019 by Marta Navarro Saiz\nAntes de viajar a China, te informas… pero acabas encontrando la misma información en todas las webs. Me gusta dejarme sorprender por cada destino al que viajo, pero os lo cuento por si acaso para que estéis prevenidos. Esto es lo que tenéis que saber. 🙂 Marta Navarro SaizPeriodista especializada en Marketing Digital y nómada empedernida […]\nResumen de nuestro viaje por China\nPublicado en 1 junio, 2017 24 mayo, 2019 by Marta Navarro Saiz\nChina nunca había sido uno de mis destinos predilectos. Ni siquiera me había planteado ir y, aunque no dudaba que pudiera tener mucho que ofrecer, había mil lugares que situaba por delante en mi lista de próximos destinos. Sin embargo, como a veces pasa, la vida nos puso una oportunidad por delante que no pudimos […]


La inteligencia de EEUU alerta que Rusia podrá invadir Ucrania en 2022 - Periodista Digital\nMoscú también convocó en secreto a miles de reservistas y aumentó las maniobras para desestabilizar a Kiev\nUn informe de Washington señaló que las tropas estarían listas para cruzar la frontera con alrededor de 100.000 soldados\n22 Nov 2021 - 16:22 CET\nEjército de Rusia PD\nRusia podría estar preparando una gran invasión a Ucrania.\nEstados Unidos compartió con sus aliados europeos inteligencia que muestra una acumulación de tropas y artillería rusas listas para una invasión rápida y a gran escala en Ucrania desde múltiples ubicaciones, en medio de las crecientes preocupaciones de Washington sobre las posibles intenciones del presidente ruso Vladimir Putin.\nLa concentración de tropas rusas cerca de Ucrania ha dejado perplejos a los funcionarios estadounidenses y ha complicado la respuesta de la administración de Joe Biden, tras la imposición de sanciones a Rusia por su papel en el conflicto de Ucrania, los ataques cibernéticos a la infraestructura de Estados Unidos y la interferencia en las elecciones estadounidenses.\nAlgunos legisladores republicanos han estado presionando a Estados Unidos para que intensifique el apoyo militar a Ucrania. Pero podría convertir lo que puede ser una simple demostración de fuerza de Putin en una confrontación en toda regla que solo aumenta el peligro para Ucrania y podría desencadenar una crisis energética en Europa.\nPero una respuesta estadounidense débil conlleva sus propios riesgos. Podría animar a Putin a tomar medidas más agresivas contra Ucrania a medida que crecen los temores de que pueda intentar apoderarse de más de su territorio. Y podría causar más daño político al presidente Joe Biden en un momento en que su popularidad está cayendo.\nSaber cómo lograr el equilibrio adecuado sería más fácil si Estados Unidos tuviera una mejor comprensión de lo que Putin está tratando de lograr. Pero los altos funcionarios admiten que no lo saben.\nRusia se apoderó de la península de Crimea en Ucrania en 2014 y un conflicto en curso en el este de Ucrania entre Kiev y los rebeldes respaldados por Rusia en la región conocida como Donbas ha dejado un estimado de 14.000 muertos.


12 enero, 2020 por Humberto Mesa\n#ElDato: Esta fue la cuarta tanda de penaltis en la historia del derbi madrileño (2 en Copa del Rey, 1 en Champions League y 1 en Supercopa de España). El Real Madrid las ganó todas.\nTras igualar sin goles en los 120 minutos, los merengues en la tanda de penales fueron implacables ejecutando y con una atajada de Courtois superaron 4-1 a los colchoneros y se quedaron con el título en Yeda.\nLos 90 minutos reglamentarios disputados en el King Abdullah Sports City entre merengues y colchoneros fueron los de una típica final, ya que por momentos pareció más un “juego de ajedrez” porque la táctica se antepuso sobre el juego en sí.\nLas emociones estuvieron a cuenta gotas y las más claras estuvieron en el complemento, una para cada equipo. Valverde sobre el 66 perdió una chance de forma insólita al errar un cabezazo solo en el área chica que termino golpeando en su pierna y saliendo por un costado de la portería. Y al 79, Courtois le sacó el gol de forma increíble a Morata que tuvo todo para definir el encuentro.\nEn la prórroga, los porteros se pusieron trajes de salvadores con excelsas intervenciones evitando la caída y sobre el final el uruguayo Fede Valverde se fue expulsado por derribar a Morata que se iba mano a mano al gol. Roja que dadas las circunstancias era la decisión correcta y no tenía reproche alguno.\nFinalmente, en la tanda de penales el Real Madrid fue más y saco diferencias con ejecuciones inapelables, mientras que el Atlético erró el primero y después Courtois le atajo a Thomas, el único tanto lo hizo Trippier pero solo sirvió para no irse en cero, porque Ramos definió y le dio el décimo título a Zidane con los blancos, primero de su segundo ciclo.\nArchivado en: España, Noticia Destacada Etiquetado como: Atlético de Madrid, Europa, Real Madrid, Supercopa de España\nAnterior Entrada anterior: El City humilló al Aston Villa y volvió a la 2da casilla de la Premier\nSiguiente Entrada siguiente: Juventus conquistó el Olímpico de Roma y la cima de la Serie A


Instinto Asesino: 08/01/2015 - 09/01/2015\nDía de psiquiatra (12/08/15)\nHoy el día estuvo desde temprano muy frío y ventoso pero por suerte no llovió hasta salir del hospital municipal en donde tenía turno con mi psiquiatra "nueva" llamada Vanesa. Me atendió bien, hizo la receta para comprar la medicación (Clozapina), recién cuando llegué a casa me di cuenta que la marca del medicamento es otra a la escrita en la receta. Espero no tener problemas con eso. Espero que me hagan descuento (recetario solidario), cada vez aumentan mas el precio.\nTodavía sigo sin Internet, igual sigo escribiendo para el momento que pueda conectar.\nNota: No me acostumbro a los pinchazos para el hemograma pero se toleran dependiendo de quien la hace.\nTercera votación del año, balotaje\nOtra vez a votar, encima fue un largo viaje hasta la Universidad Kennedy que queda como a 2 kilómetros de la UBA que me quedaba más cerca. Como siempre voto bastante temprano para evitar una posible larga fila. Hice rápido ya que solo había que elegir una de dos boletas y listo. Solo espero que no gane Macri, me parece un desastre y retrogrado.\nNota: Creo que cuando pueda publicar este post va a estar los resultados.\nActualizado: Lamentablemente ganó Macri...\nAntes de la banda ancha (antiguo)\nLamentablemente sigo con problemas para conectarme, hace como dos meses que no funciona la conexión Dial-up. Tuve que comprar diarios en formato físico que no es lo mismo, es más caro y menos cómodo. Lo que extraño es publicar, visitar blogs y leer los diarios. Lo que hacía con la conexión lenta. Ahora con las "paso" de Agosto tengo que ir a votar pero sin conexión no sé donde! Tengo que visitar a mi sobrino y de paso verifico con su PC y conexión de banda ancha.\nLa mayoría de los programas que tengo instalados son versiones viejas hasta el antivirus! Pero sin conexión no tengo problemas de virus nuevos. Hasta los drivers son versiones antiguas (de más de 3 años). Sin conexión una PC es como un auto sin ruedas.\nMe encanta la PC usada que le compré a mi sobrino, no anda bien con los juegos viejos pero creo que es por el sistema que salió después del juego. Me falta probar con un juego nuevo solo para saber si funciona bien. Me salió muy barata por lo que trae, un CPU de 2 núcleos (AMD Phenom II x2 Black Edition), memoria de 2 gigas, GPU Ati Radeon HD 5670, USB 3.0, sonido integrado de alta calidad y un disco rígido WD de 500 Gigas edición "Caviar".\nNota: No le veo solución a la conexión Dial-up, cuando publique este post seguramente será cuando tenga banda ancha. Una pena.\nActualizado: Sigo con dial-up.\nDía de votación (09/08/15)\nPor suerte pude aprovechar la mañana para votar, ya que siempre hay menos gente para hacer la cola y no iba a llover a esa hora. El detalle es que me cambiaron de facultad ya que votaba casi siempre en la UBA y ahora en la Universidad Kennedy, a un kilómetro más de distancia. Como casi siempre voté al frente de izquierda, no tuve que esperar mucho. Al principio estuve un poco desorientado pero luego gracias a unas personas pude encontrar la fila para votar.\nNota: Me atendieron bien.\nEl domingo (09/08/15) día de votación, casi siempre voto a la izquierda por lo menos para que los trabajadores tengan voz y voto. Nunca le atino al ganador, quizás sea porque un voto no hace la diferencia en nada.\nAmo esta PC (Phenom II x2), funciona de maravilla y rinde mucho más que mi PC anterior que es un Pentium 3. El equipo con casi 15 años de uso todavía funcionaba bien, solo que el disco se arruino. Me dio muy buenos momentos.\nNota: Sigo escribiendo desconectado, quizás cuando publique sea bastante antiguo.\nOtra sin conexión\nQue invierno más cálido, el clima cambió mucho en los últimos 10 años. Extraño conectarme, hace mas de 2 meses que ni siquiera puedo publicar pero por lo menos sigo escribiendo para cuando llegue el momento. A un ciber no voy ni loco y menos con mi pendrive, prefiero pasar por la casa de mi sobrino y conectarme allá.\nCon el tratamiento sigo cumpliendo pero esta vez tengo que hacerme el hemograma una vez al mes, antes con Graciela lo hacía cada 2 meses y me daba más libertad. Igual no me hago problema ya que Vanesa (psiquiatra) se le vence el contrato a mediados del año que viene. Veo que pasa después.\nHay veces que siento que no voy para adelante ni para atrás. Llevo (interrumpido) casi 10 años de "tratamiento" con medicación. Lo siento como una pérdida de tiempo y dinero. Los primeros 2 años la pase muy mal de los peores en mi vida. Me atendió un psiquiatra soberbio y arrogante.\nNota: Hoy vi a mi sobrinito, es muy lindo. Una vida nueva.


Autorizan 133 mdp para el IC - Tribuna Campeche\nInicio»Local»Autorizan 133 mdp para el IC\nTribuna / 18 enero, 2014 /\t80\nAutorizaron al Instituto Campechano (IC) más de 133 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2014; y a unos días de que su rector Ramón Félix Santini Pech rinda su último informe de actividades, inician trabajos de remodelación y la construcción de una plaza cívica.\nEl director de finanzas del Instituto Campechano, Raúl Alberto Puch Mendoza, notificó que el presupuesto de egresos para este año es de 133 millones 414 mil 253 pesos emitido el 27 de diciembre del 2013, con un incremento del cinco por ciento.\nPrevio al informe del rector programado para el próximo 31 de enero, indicó que se realizan las auditorías correspondientes para dar a conocer los avances y entre las obras a realizar se encuentra la construcción de una plaza cívica, cuyos recursos no derivan del presupuesto autorizado por el Gobierno del Estado, sino de un remanente de 282 mil pesos, parte de un programa efectuado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).\nEn cuanto a los recursos federales que recibe el IC, precisó que son cerca de seis millones de pesos, los cuales se logran mediante presentación de proyectos educativos.\nAgregó que del primero al 31 de diciembre del 2013 se ejercieron 138 millones 131 mil con 200 pesos e indicó que esta semana deberá cerrar el ejercicio 2013 para que intervengan auditorías externas.\nLocatarios respetan acuerdo


Esto es lo más parecido la explotación | IndustriALL\n3 November, 2014Un periódico británico realiza un nuevo análisis sobre la explotación de los trabajadores de la confección en Mauricio, y la realidad es sin duda peor de lo que se dice, afirma la IndustriALL Global Union.\nSegún la exposición del Daily Mail, las trabajadoras de la confección que producen una camiseta con el lema “Esto es lo que parece una feminista” para la cadena de moda británica de lujo Whistles, donden ganan sólo 1 $ EE.UU. a la hora y duermen 15 en una habitación en literas.\nLa dirigente sindical Jane Ragoo, del afiliado mauritano a la IndustriALL Global Union CMCTEU, dice: “Es indignante. El hecho de que una camiseta sea cara y lleve un mensaje ético no significa que se confeccione éticamente. Los trabajadores de la confección de Mauricio, la mayoría mujeres, trabajan muchas horas por un salario muy bajo.”\nUn trabajador de la confección que trabaja duramente seis días a la semana gana sólo 6.000 rupias (190 $ EE.UU.) mensuales. Al igual que cualquier persona que trabaje en el sector de la exportación en Mauricio están obligados por ley a realizar 45 horas semanales, además de las horas extraordinarias obligatorias: diez a la semana.\nSe estima que 65.000 personas trabajan en el sector textil en el país, de las cuales unas 15.000 son migrantes. Muchas de ellas proceden de Bangladesh, donde los sueldos son los más bajos del mundo.\nLa explotación de los trabajadores migrantes es particularmente odiosa, dice Ragoo:\n“Los migrantes tienen prohibido unirse a un sindicato, por lo que no pueden valerse como grupo. Si caen enfermos y necesitan tratamiento quirúrgico son despedidos inmediatamente y enviados a casa, a pesar de que, supuestamente, la atención médica es gratuita en Mauricio. El Ministerio de Trabajo sanciona su despido retirándoles su permiso de trabajo. Y no hay posibilidad de apelar ante un tribunal de justicia.”\nLa Compagnie Mauricienne de Textile (CMT), la empresa textil implicada en la historia sensacionalista, emplea a 10.000 trabajadores, muchos de ellos migrantes.\n“Las autoridades inspeccionan los alojamientos de los trabajadores migrantes, y conceden permiso para un número limitado de personas por vivienda. El problema es que las empresas textiles saturan los dormitorios, por lo que las mujeres carecen de toda privacidad y hasta de espacio para poner su ropa y sus pertenencias”, revela Ragoo.\nLos sindicatos están haciendo campaña en el país por una salario mínimo nacional de 9.000 rupias (284 $ EE.UU.) mensuales para todos los trabajadores. Sin embargo, incluso esta cifra es inferior al salario mínimo vital estimado de 14.500 rupias (458 $ EE.UU.).\nLos aumentos de los salarios mínimos en Mauricio se hacen a discreción del ministro de Trabajo, y en la mayoría de las industrias no se han actualizado desde hace muchos años.\nSe estima que unas 100.000 personas de las 550.000 que constituyen la población trabajadora de Mauricio ganan menos de 130 $ mensuales, lo que significa que viven en condiciones de pobreza extrema. De esas 100.000, el 85 por ciento son mujeres.\nJenny Holdcroft, de la IndustriALL Global Union, que representa a los trabajadores de la confección a nivel internacional, dijo:\n“La explotación de los trabajadores de la confección es algo corriente, y no sólo en Mauricio sino en todo el mundo en desarrollo. Los minoristas de la moda realizan enormes beneficios a expensas de los trabajadores, a la vez que afirman que son socialmente responsables. La única forma de mejorar los sueldos y las condiciones de los trabajadores de la confección es que tengan derechos y leyes sobre el empleo más estrictas, y eso es por lo que están luchando los sindicatos en todos los países donde se fabrica ropa.”


Rachel´s Fashion Room: Cómo combinar correctamente los zapatos con tu traje\nCómo combinar correctamente los zapatos con tu traje\nSe puede decir que combinar zapatos y trajes adecuadamente es todo un arte que requiere seguir ciertas pautas con cuidado para acertar con la elección.\nEntre los aspectos que hay que tener en cuenta para combinar zapatos y trajes es importante considerar la hora y el lugar en el que se utilizará el conjunto, además de tratar de no desviarse mucho del estilo propio, para de esa forma poder mantener la elegancia y comodidad a la hora de llevar el traje.\nVeremos a continuación, los zapatos perfectos para los 5 colores más habituales de trajes.\n1. Traje azul marino (navy blue)\nLo magnífico de este color es que se adapta a diferentes tipos de calzado. Una especie de camaleón esencial en el ropero. Ninguno de los colores de zapatos, en la escala tradicional, debería desteñir con este atuendo y la elección de uno u otro dependerá de la ocasión a la que se enfrenta. Toma nota:\nZapatos rojos o borgoña. Pensados para entregar una actitud más juguetona, pero sin olvidar ni un centímetro de estilo.\n2. Traje gris claro (light o medium grey)\nEste tono tiene menos formalidad que el azul marino. Sin embargo comparte una característica esencial: su flexibilidad. O sea, permite diferentes colores de zapatos a la hora de combinar. Eso sí, requiere una atención especial dependiendo de la camisa y los accesorios. Para no equivocarse, sigue estas pautas:\n3. Traje gris oscuro o carbón (charcoal grey)\nZapatos negros. Apuesta segura, conjuntan perfectamente.\n4. Traje marrón o café (brown)\nEste es difícil. Aquí no sirve cualquiera y los que entran en la lista deben cumplir ciertas condiciones. El equilibrio es un estado difícil de lograr, así que lee con mucha atención.\n5. Traje negro (black)\nLas abuelas siempre dicen que el negro combina con todo, pero la verdad es que el dicho no es tan cierto y tiene su máxima expresión al combinar un atuendo de este color. El negro es completamente inflexible.\nZapatos marrones o café. No, nunca. Demasiado informal.\nZapatos borgoña. No, nunca. Demasiado informal.\nY ya para terminar y a modo de resumen, os dejo esta ilustración que os muestra claramente qué colores combinan mejor en cada caso:\nPublicado por Rachel en 16:30\nEtiquetas: Moda hombre, Zapatos\nropa casual mujer 9 de enero de 2017, 13:06\nMuy interesante Rachel ya que no tengo muchas nociones de como visten los hombres y cuando me pregunta mi novio tampoco le se aconsejar demasiado bien, muy útil\nRachel 9 de enero de 2017, 16:29\nMe alegro de que os haya servido la información de este post! Siempre es interesante aprender algo nuevo cada día!


Escapar del círculo de violencia en Medio Oriente by Adeel Malik and Bassem Awadallah\nOXFORD – El mundo árabe y sus vecinos están atrapados en un círculo de violencia. Los conflictos en Libia, Siria, Yemen e Irak, aunado a las depredaciones de grupos como el estado islámico, están destruyendo las relaciones económicas necesarias para asegurar la estabilidad política de largo plazo. De hecho, con el rediseño de las fronteras económicas de la región, la última ola de violencia ha propiciado una verdadera sacudida comercial, cuyas dimensiones y significado reales han pasado casi desapercibidos.Incluso cuando la proliferación de grupos armados hace las fronteras más permeables al conflicto, con todo se están acorazando contra el comercio. Las consecuencias se sienten más en el Levante, donde el transporte mejorado y las reformas comerciales habían fortalecido las relaciones económicas entre Irak, Jordania, Líbano y Siria.El comercio entre estos países ha sido mayor, en promedio, que el de sus pares árabes. Sin embargo, ha caído a medida que la violencia ha crecido. El cierre de fronteras de Siria, en particular, ha impedido el comercio en la región, debido a que la ruta clave que conecta con el Levante, los Estados del Golfo y Turquía fue desactivada. Entre los afectados están los productores de manzana de Líbano, que viven de las exportaciones. Desde 2011, Líbano ha perdido casi todos sus mercados de exportación en Jordania, Irak y el Golfo Pérsico.Con el cierre de la última frontera de Jordania que conectaba con Siria, Jordania enfrenta un destino similar. Irak y Siria eran mercados clave para las exportaciones de Jordania, y el cierre de fronteras ha causado daños económicos a sus agricultores y fabricantes. Las granjas en Jordania septentrional, que están desconectadas efectivamente de Siria, ya no pueden vender lo que producen.


Inicio / Noticias / Farándula / "Yo perreo sola": Bad Bunny, vestido de mujer, estrena video\nLa canción hace parte de su más reciente álbum llamado YHLQMDLG.\nEl cantante Bad Bunny estrenó este viernes el video de la canción ‘Yo perreo sola’, que hace parte de su más reciente álbum YHLQMDLG.\nEl puertorriqueño aparece en el clip vestido de mujer con unos grandes senos y unas nalgas prominentes, hecho que causó sorpresa en algunos de sus seguidores, que han recibido el lanzamiento, en su gran mayoría, con buenas críticas.\nTe puede interesar: ¡Como niño chiquito! Bad Bunny puso a pelear a juguetes de Toy Story por papel higiénico\nEl video ya supera casi los 5 millones de reproducciones con solo apenas unas horas de haberse publicado.\n“Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”, se puede leer al final de la canción, siguiendo con la línea que ha asumido en los últimos tiempos ‘El conejo malo’, abogando por el respeto a las mujeres.\nBad Bunny publicó video bailando en calzoncillos y todos se fijaron en su ‘conejito’