LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas\tLEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Mis Leyes\nLEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Estado\t:\n31/2002\tBoletín Oficial\t:\nArtículo 1. Deducciones en la cuota.\nSECCIÓN II: IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.\nArtículo 2. Mínimo exento.\nArtículo 3. Modificación de la reducción del grupo I de la letra a del artículo 2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nArtículo 4. Modificación de la reducción por discapacitados establecida por la letra b del artículo 2 de la Ley 21/2001.\nArtículo 5. Modificación de la letra d del apartado segundo de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001.\nArtículo 6. Modificación del apartado noveno de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001.\nArtículo 8. Deducción en la donación de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.\nArtículo 9. Uniones estables de pareja.\nSECCIÓN ÚNICA. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.\nArtículo 10. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por parte de jóvenes.\nArtículo 11. Modificación de la letra a del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nArtículo 12. Modificación de la letra c del artículo 7 de la Ley 21/2001.\nArtículo 13. Bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.\nCAPÍTULO III. TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO.\nSECCIÓN ÚNICA. MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR.\nArtículo 14. Cuota: modificación del artículo 8 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nCAPÍTULO IV. TRIBUTOS PROPIOS.\nSECCIÓN I. IMPUESTO SOBRE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.\nArtículo 16. Modificación del apartado 4 del artículo 17 de la Ley 16/2000, de 28 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.\nSECCIÓN II. DESTINO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.\nArtículo 17. Modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nSECCIÓN III. CANON DEL AGUA.\nArtículo 18. Modificación de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua.\nArtículo 19. Plazos de pago de cuotas impagadas por los conceptos del canon de infraestructura hidráulica y de incremento de la tarifa de saneamiento.\nSECCIÓN IV. TASAS.\nArtículo 20. Modificación del título IV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.\nArtículo 21. Modificación del título V de la Ley 15/1997.\nArtículo 22. Modificación del título VII de la Ley 15/1997.\nArtículo 23. Modificación del título VIII de la Ley 15/1997.\nArtículo 24. Modificación del título IX de la Ley 15/1997.\nArtículo 25. Modificación del título XII de la Ley 15/1997.\nArtículo 26. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997.\nArtículo 27. Adición de un nuevo título XV a la Ley 15/1997.\nCAPÍTULO V. NORMAS DE GESTIÓN.\nSECCIÓN I. OBLIGACIONES FORMALES.\nArtículo 28. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.\nArtículo 29. Obligaciones formales de las empresas de subastas y las demás entidades que hacen subastas de bienes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.\nArtículo 30. Obligaciones formales de envío de información.\nArtículo 31. Suministro de información relativa al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.\nArtículo 32. Presentación de declaraciones y otros documentos por vía teleinformática.\nSECCIÓN II. COMPROBACIÓN DE VALORES.\nArtículo 33. Acuerdos de valoración previa vinculante.\nSECCIÓN III. PRESCRIPCIÓN.\nArtículo 34. Prescripción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.\nCAPÍTULO I. MEDIDAS CON RELACIÓN A LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD.\nSECCIÓN I. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.\nSECCIÓN II. MEDIDAS PATRIMONIALES.\nArtículo 36. Cesión de bienes al patrimonio propio de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.\nArtículo 37. Cesión de dominio al Instituto Catalán del Suelo.\nArtículo 38. Modificación de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas.\nArtículo 39. Modificación de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán del Crédito Agrario.\nSECCIÓN III. CONTABILIDAD DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.\nArtículo 40. Contabilidad de los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros y de las entidades públicas.\nSECCIÓN IV. CREACIÓN DEL INSTITUTO CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS.\nArtículo 41. Creación y régimen jurídico.\nArtículo 42. Naturaleza jurídica.\nArtículo 44. Órganos de gobierno.\nArtículo 45. Recursos humanos.\nArtículo 48. Régimen presupuestario y contable.\nArtículo 49. Recursos contra actos administrativos.\nSECCIÓN V. CREACIÓN DE LA AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.\nArtículo 50. Creación, naturaleza y régimen jurídico.\nArtículo 52. Órganos de gobierno.\nArtículo 53. Recursos humanos.\nArtículo 54. Patrimonio.\nArtículo 56. Presupuesto y contratación.\nArtículo 57. Régimen de impugnaciones.\nArtículo 58. Control económico.\nSECCIÓN VI. GESTIÓ DINFRAESTRUCTURES, S.A.\nArtículo 59. Modificación del objeto social de la empresa Gestió dInfraestructures, S.A.\nSECCIÓN VII. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE CATALUÑA.\nArtículo 60. Modificación de la Ley 19/2001, de 31 de diciembre, de creación del ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña.\nSECCIÓN VIII. INSTITUTO CATALÁN DE ENERGÍA.\nArtículo 61. Modificación de la Ley 9/1991, de 3 de mayo, de creación del Instituto Catalán de Energía (Icaen).\nSECCIÓN IX. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.\nArtículo 62. Modificación de la Ley 5/1985, de 16 de abril, de creación del Centro de Información y Desarrollo Empresarial (Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales, según la Ley 7/2000, de 19 de junio).\nSECCIÓN X. CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL.\nArtículo 63. Modificación de la Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal.\nSECCIÓN XI. PUERTOS DE LA GENERALIDAD.\nArtículo 64. Modificación del artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público, en lo que concierne a la cuantía de las tarifas por concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de la Generalidad.\nArtículo 65. Modificaciones del anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.\nSECCIÓN XII. AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓN.\nArtículo 66. Agencia Catalana de Certificación.\nSECCIÓN I. ESCALA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. (Arts. 67 a 71)\nSECCIÓN II. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REFUNDICIÓN EN UN TEXTO ÚNICO DE LOS PRECEPTOS DE DETERMINADOS TEXTOS LEGALES VIGENTES EN CATALUÑA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.\nArtículo 72. Extensión de la aplicación de la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997.\nSECCIÓN III. PUESTOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD (CATSALUT).\nArtículo 73. Régimen de los puestos directivos del ente público Servicio Catalán de la Salud (CATSALUT).\nArtículo 74. Modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos de Cataluña.\nSECCIÓN V. PERSONAL DEL INSTITUTO RAMON LLULL.\nArtículo 75. Régimen del personal adscrito al Instituto Ramon Llull.\nSECCIÓN VI. CUERPO DE ABOGACÍA DE LA GENERALIDAD.\nArtículo 76. Modificación de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.\nCAPÍTULO IV. OTRAS MEDIDAS.\nSECCIÓN I. MEDIDAS EN MATERIA DE CAJAS DE AHORROS.\nArtículo 77. Modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril, por el que se aprueba la refundición de las leyes 15/1985, de 1 de julio, 6/1989, de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de cajas de ahorros de Cataluña.\nArtículo 78. Modificación de la Ley 6/1995, de 28 de junio, del Jurado de Expropiación de Cataluña.\nSECCIÓN III. MEDIDAS SOBRE EL SECTOR FERROVIARIO.\nArtículo 79. Prestación del servicio.\nArtículo 80. Autorización de aval.\nArtículo 81. Modificación del artículo 59 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nSECCIÓN IV. MEDIDAS EN MATERIA DE COMERCIO.\nArtículo 82. Modificación de la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de equipamientos comerciales.\nArtículo 83. Modificación del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior.\nSECCIÓN V. MEDIDAS EN MATERIA DE COOPERATIVAS.\nArtículo 84. Modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas.\nSECCIÓN VI. MEDIDAS EN MATERIA DE MUTUALIDADES.\nArtículo 85. Modificación de la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de las mutualidades de previsión social.\nSECCIÓN VII. MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL.\nArtículo 86. Modificación de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial.\nSECCIÓN VIII. MEDIDAS EN MATERIA FORESTAL.\nArtículo 87. Modificación de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.\nSECCIÓN IX. MEDIDAS EN MATERIA DE PESCA.\nArtículo 88. Modificación de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña.\nSECCIÓN X. MEDIDAS EN MATERIA DE HELIPUERTOS.\nArtículo 89. Modificación de la Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de helipuertos\nSECCIÓN XI. MEDIDAS EN MATERIA DE MUSEOS.\nArtículo 90. Modificación de la Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de museos.\nSECCIÓN XII. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.\nArtículo 91. Modificación del Texto refundido de las leyes 3/1985, de 15 de marzo, y 21/1990, de 28 de diciembre, de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado por el Decreto legislativo 1/1991, de 25 de marzo.\nSECCIÓN XIII. POTESTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA.\nArtículo 92. Modificación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modelos de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Publicación informativa de las tasas vigentes.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Subvenciones a servicios prestados por entidades de economía social o de tercer sector.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Adscripción de medios al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Adscripción de personal a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Normas de actuación de los representantes de la Generalidad en consorcios, fundaciones y demás entidades.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Marcas turísticas.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Cambio de denominación de cuerpos, categorías y escalas funcionariales de la Generalidad.\nDISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Cajas de ahorros.\nDISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Mutualidades de previsión social.\nDISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.\nDISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Aprobación de los estatutos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.\nDISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Dotación de las plazas de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña.\nDISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Nuevo plazo para la refundición de la normativa de aguas de la Generalidad.\nSea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.\nPor sexta vez consecutiva se presenta, conjuntamente con la Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña, una ley de medidas fiscales y administrativas que, en conexión con el presupuesto y complementando algunas de sus disposiciones, constituye el instrumento normativo necesario para aplicar determinadas disposiciones de la Ley de presupuestos, tanto en el ámbito fiscal como en otros sectores de la actividad de la Generalidad.\nLa presente Ley se estructura en dos títulos; el primero está dedicado a las medidas fiscales y el segundo, a las medidas administrativas. En conjunto, la Ley contiene un total de noventa y dos artículos, a los que hay que añadir las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.\nEl título I de la presente Ley incluye las medidas fiscales y está dividido en cinco capítulos. Cabe destacar, de entrada, y en lo que concierne a los tributos estatales cedidos, que las normas de la presente Ley han sido dictadas al amparo de las competencias asumidas por la Generalidad en el marco del nuevo sistema de financiación y, concretamente, en aplicación de la Ley del Estado 17/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.\nEl primer capítulo recoge diversas normas respecto a los impuestos directos. Por un lado, y en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se establecen nuevas deducciones en el tramo autonómico de la cuota: una deducción por el alquiler de la vivienda habitual de familias numerosas, de jóvenes, de parados, de discapacitados y de viudos y viudas mayores de sesenta y cinco años; una deducción por la adquisición de la vivienda habitual; una deducción por el pago de los intereses de préstamos concedidos para el estudio universitario de tercer ciclo, y una deducción por la donación de cantidades a descendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual.\nTambién en el capítulo I, por primera vez, se aprueba el mínimo exento aplicable a los contribuyentes de Cataluña del impuesto sobre el patrimonio, y se introduce, además, un mínimo exento incrementado (hasta el doble del general), específico para los contribuyentes que sufren una discapacidad en grado igual o superior al 65%.\nFinalmente, la sección tercera del capítulo I incluye medidas en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de las que destacan, como novedad, las siguientes: se incrementan los importes de la reducción por parentesco correspondiente al grupo I (descendientes menores de veintiún años) y de la reducción por discapacidad del sujeto pasivo en grado igual o superior al 65% (artículos 4 y 5); se aprueba la tarifa que determina la cuota íntegra del impuesto, una tarifa que supone, con respecto al ejercicio del 2002, una disminución lineal de los tipos de gravamen del 3%, y se establece una bonificación del 80% de la cuota del impuesto por las donaciones de hasta 18.000 euros a favor de descendientes con destino específico a la adquisición de su primera vivienda habitual.\nEn cuanto a los impuestos indirectos, las medidas incluidas en el capítulo II afectan al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por un lado, y en cuanto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, se establece un tipo reducido del 5% aplicable a la adquisición de la vivienda habitual por parte de jóvenes, y, por otro, se reconduce el tipo reducido del 2% para las transmisiones de viviendas a favor de determinadas empresas inmobiliarias (aprobado por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre) a una bonificación del 70% de la cuota, de modo que se ejerce la competencia normativa asumida en el marco del nuevo sistema de financiación para crear bonificaciones en la cuota de este impuesto; en cuanto a la modalidad de actos jurídicos documentados, se modifica la cuota gradual aplicable a los documentos notariales.\nEl capítulo III recoge dos preceptos relativos a la tributación del juego, por los cuales se modifica la norma de devengo y el período impositivo de la tasa que grava las máquinas tragaperras, que pasa a ser trimestral, y, por consiguiente, se modifica el importe de las cuotas fijas.\nLas normas sobre tributos propios se han agrupado dentro del capítulo IV, el cual se divide en tres secciones. La sección primera, relativa al impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, concreta el supuesto en que se pierde la reducción del 1% de la cuota establecida por la domiciliación del pago. La sección segunda modifica los criterios de distribución de los ingresos provenientes del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. La sección tercera recoge, en primer término, las modificaciones establecidas por la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, entre las que destaca, en relación con el canon del agua, la supresión del parámetro de contaminación incremento de temperatura (IT), la modificación de coeficientes que afectan el tipo aplicable a los usos industriales y el desarrollo del sistema de determinación de la cuota aplicable a los usos ganaderos. Por otro lado, se prevé la posibilidad de pago sin intereses de los importes en concepto de incremento de la tarifa de saneamiento y del canon de infraestructura hidráulica recaudados por entidades suministradoras y justificadas como impagados por éstas con posterioridad al 1 de enero de 1999. Finalmente, mediante la presente Ley se clarifica también la función que ya tienen las entidades suministradoras de colaboración en la gestión y recaudación del canon del agua, en nombre y por cuenta de la Agencia Catalana del Agua, y se garantiza la máxima transparencia en la confección de las facturas.\nLa sección cuarta de este capítulo IV está dedicada a las tasas que gestionan cada uno de los departamentos de la Generalidad. De entre las tasas de nueva creación, destaca la tasa por la formación de manipuladores de alimentos de alto riesgo, la tasa por los permisos de caza mayor y menor de las reservas naturales nacionales de caza y reservas de caza, la tasa por la ocupación de terrenos forestales que son propiedad de la Generalidad de Cataluña y la tasa por la prestación de servicios por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán, la cual da lugar a la introducción en la Ley de tasas de un nuevo título correspondiente al Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información. También se modifican otras tasas, pertenecientes a los departamentos de Enseñanza, de Economía y Finanzas, de Sanidad y Seguridad Social, de Política Territorial y Obras Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo.\nEl último capítulo de medidas fiscales contiene normas relativas a la gestión tributaria: la sección primera introduce normas que afectan determinadas obligaciones formales, algunas circunscritas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y otros con un alcance más general, como la contenida en el artículo 32 sobre la introducción de las nuevas tecnologías para la presentación de documentos y declaraciones. La sección segunda de este capítulo regula los acuerdos de valoración previa vinculante a que se refiere el artículo 9 de la Ley del Estado 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, en relación con los dos impuestos antes mencionados. Finalmente, la sección tercera incluye un único precepto, el artículo 34, por el cual se determina la fecha inicial del cómputo del plazo de prescripción respecto a estos mismos impuestos en caso de que el documento haya sido otorgado en el extranjero.\nCompletan el bloque de medidas fiscales dos disposiciones adicionales. La primera autoriza al consejero o consejera de Economía y Finanzas para que, en el plazo de seis meses, a contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, elabore y apruebe los modelos de contrato para el arrendamiento de bienes inmuebles. Y la segunda, con la finalidad de dar publicidad y también, por lo tanto, más seguridad jurídica a los ciudadanos, dispone que cada uno de los departamentos ha de publicar, dentro del primer trimestre del 2003, la relación de las tasas que gestiona con indicación concreta de sus respectivas cuotas.\nEl título II de la presente Ley trata de las medidas administrativas y se divide en cuatro capítulos, referidos, respectivamente a finanzas y patrimonio, sector público, personal y demás medidas.\nEn el primer capítulo se incluye una importante medida en materia de contratación, con la que se pretende fomentar, dentro del marco de la normativa actualmente vigente, la contratación pública con centros de inserción laboral de disminuidos y con entidades sin ánimo de lucro que tengan por finalidad la integración de personas con riesgo de exclusión social.\nEn el capítulo II se establecen un conjunto de medidas de contenido patrimonial con el fin de agilizar el funcionamiento de determinados entes públicos de la Generalidad, que son en gran parte continuación de las ya iniciadas por la Ley de medidas fiscales y administrativas para el año 2002. En primer lugar, en relación con el Instituto Catalán de Finanzas, se adecuan determinados preceptos de la norma reguladora con el fin de concretar las competencias de los nuevos órganos que conforman este Instituto, a la vez que, de acuerdo con las modificaciones legales introducidas en el texto de la Ley del Estado 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que afectan directamente a entes como el mencionado Instituto, se amplía su ámbito de actuación. En segundo lugar, se establece el régimen contable de lo que tradicionalmente se ha considerado administración institucional, es decir, de los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros y de los entes públicos.\nEn tercer lugar, y dentro del mismo ámbito de las medidas sobre el sector público, destaca la creación de dos nuevos entes: por una parte, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, organismo autónomo administrativo adscrito al departamento competente en materia de sanidad, y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, entidad de derecho público que ajusta su actividad al derecho privado y está adscrita al departamento competente en materia de relaciones exteriores.\nOtras medidas que afectan igualmente al sector público son las relativas a la empresa Gestió dInfraestructures, S.A., y al Instituto Catalán de Energía. Asimismo, se incluye una medida tendente a mejorar los mecanismos de financiación del ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña.\nAdicionalmente, se introducen regulaciones puntuales con respecto al Instituto Catalán de Energía -en relación a su régimen de ingresos-, del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial -el cual amplía su ámbito de actuación-, así como del Centro de la Propiedad Forestal, respecto al cual se incluye una modificación que amplía y concreta su ámbito funcional, y también algunos aspectos orgánicos y del régimen de personal. Finalmente, para dar cumplimiento al principio de reserva de ley, derivado de la Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, del Tribunal Constitucional, se regulan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público de la entidad Puertos de la Generalidad.\nEl capítulo III, relativo a las medidas en materia de personal, se inicia con la creación de una escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña, que se plantea con la voluntad explícita de favorecer la profesionalización y especialización de los funcionarios que tengan que llevar a cabo la dirección administrativa y la gestión de las finanzas públicas de la Generalidad. Como es preceptivo, la presente Ley especifica las funciones, el sistema de acceso y establece la plantilla de esta nueva escala dentro del Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad.\nAsimismo, en el ámbito del personal, se establecen determinadas garantías retributivas para los ex rectores de las universidades públicas catalanas, se regula el régimen jurídico de los altos cargos del Servicio Catalán de la Salud, se introducen modificaciones en el sistema de ingreso a las distintas escalas del Cuerpo de Bomberos y en el acceso a las distintas categorías, y se regula el régimen del personal que se adscriba al Instituto Ramon Llull. También se modifican unos supuestos concretos para posibilitar la integración en el Cuerpo de Abogacía de la Generalidad en determinados casos.\nEn relación con las medidas de carácter sectorial, que recoge el capítulo IV del título II de la presente Ley, destaca, en primer lugar, la que hace referencia a las cajas de ahorros, mediante la cual se introduce una modificación en la normativa catalana de cajas respecto a los órganos de gobierno, para su adaptación a las disposiciones de la legislación básica estatal, contenidas en la Ley del Estado 44/2002, y, en segundo lugar, la que hace referencia al Jurado de Expropiación Forzosa de Cataluña, respecto al cual se modifica su composición, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto. En tercer lugar, con relación al sector ferroviario, las medidas posibilitan, en los términos de la normativa de la Unión Europea, que se encomiende al ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña la administración de la línea 9 del Metro de Barcelona. Por otro lado, en materia de comercio, se concretan los ámbitos de actuación de los órganos competentes en materia de concesión de licencias comerciales para los de defensa de la competencia.\nLas medidas en materia de cooperativas definen el régimen potestativo de conciliación ante el Consejo Superior de la Cooperación en la resolución de conflictos, y las medidas en relación con las mutualidades de previsión social se concretan en una nueva regulación del régimen de elección de los compromisarios, con el fin de asegurar el principio de igualdad y avanzar el proceso de adaptación de los estatutos de las mutualidades a la nueva normativa que se dicte en cumplimiento del mandato del Parlamento.\nDel último bloque de medidas de carácter sectorial, hay que destacar las referidas a la política territorial, con el establecimiento de los planes territoriales como un instrumento de planificación a nivel territorial equiparable a los planes directores urbanísticos; al régimen de establecimiento y de autorizaciones de los helipuertos eventuales, a la gestión de museos, y a la incorporación de nuevas infracciones en materia de pesca marítima.\nFinalmente, cabe destacar las modificaciones que afectan a la composición de la Comisión Jurídica Asesora, así como a la potestad sancionadora del Consejo Audiovisual de Cataluña.\nEn relación con las disposiciones adicionales, en primer lugar, hay que destacar de modo muy especial el establecimiento de medidas sobre el régimen de subvenciones a los servicios prestados por entidades de economía social sin ánimo de lucro (tercer sector) y la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de dichas medidas. En segundo lugar, hay que destacar también la inclusión de una disposición por la cual se determinan las normas de actuación de los representantes de la Generalidad en consorcios, fundaciones y demás entidades en las que tiene participación la Generalidad. En tercer lugar, se posibilita que, por resolución del consejero o consejera competente, se definan marcas turísticas sin que su número esté limitado por ley. En cuarto lugar, se modifica la denominación de varios cuerpos funcionariales de la Generalidad.\nEn cuanto a las disposiciones transitorias, es preciso destacar que regulan, por una parte, la aplicación de la nueva normativa sobre los órganos de las cajas de ahorros hasta el momento en que corresponda la renovación de los cargos y, por otra parte, el régimen de elección de los compromisarios de las entidades mutuales hasta la aprobación de la nueva ley del Parlamento sobre mutualidades de previsión social.\nPor último, dentro de las disposiciones finales, se establece expresamente que las modificaciones de la normativa sobre cajas de ahorros catalanas produzcan efectos desde la entrada en vigor de la Ley del Estado 44/2002.\nCon efectos de 1 de enero de 2003, en la parte correspondiente a la Generalidad de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, puede aplicarse, junto a la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, las siguientes deducciones:\n1. Deducción por alquiler de la vivienda habitual.\n1.1. Los contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un máximo de 300 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de la vivienda habitual, siempre que cumplan los requisitos siguientes:\nQue se hallen en alguna de las situaciones siguientes:\nTener treinta y dos años o menos en la fecha de devengo del impuesto.\nHaber estado en paro durante ciento ochenta y tres días o más durante el ejercicio.\nQue su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar no sea superior a 20.000 euros anuales.\nQue las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10% de los rendimientos netos del sujeto pasivo.\n1.2. Los contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un máximo de 600 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de la vivienda habitual, siempre que en la fecha de devengo pertenezcan a una familia numerosa y cumplan los requisitos establecidos por las letras b y c del apartado 1.1.\n1.3 En el caso de tributación conjunta, si alguno de los declarantes se encuentra en alguna de las circunstancias especificadas por la letra a del apartado 1.1 y por el apartado 1.2, el importe máximo de la deducción es de 600 euros, y el de la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, de la unidad familiar es de 30.000 euros.\n1.4. Esta deducción sólo puede aplicarse una vez, con independencia de que en un mismo sujeto pasivo pueda concurrir más de una circunstancia de las establecidas por la letra a del apartado 1.1.\n1.5. Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de un importe de deducción superior a 600 euros. De acuerdo con ello, si en relación con una misma vivienda resulta que más de un contribuyente tiene derecho a la deducción conforme a este precepto, cada uno de ellos podrá aplicar en su declaración una deducción por este concepto por el importe que se obtenga de dividir la cantidad resultante de la aplicación del 10% del gasto total o el límite máximo de 600 euros, si procede, por el número de declarantes con derecho a la deducción.\n1.6. 1.7. Al efecto de la aplicación de esta deducción, son familias numerosas las definidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.\n1.8. Los contribuyentes deben identificar al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo constar su NIF en la correspondiente declaración-liquidación.\n1.9. A efectos de la aplicación de esta deducción, y de conformidad con el artículo 112 de la Ley General Tributaria, las entidades gestoras de la Seguridad Social deben facilitar la información relativa a las personas que han estado en paro durante más de ciento ochenta y tres días durante el ejercicio.\n2. En el marco de competencias normativas definidas por el artículo 46.1 de la Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y los artículos 68.1 y 78.1 de la Ley del Estado 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, se establecen los siguientes porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico:\nCon carácter general, el 7,5%, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.\nSi se trata de las obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad a las que se refiere el número 4 del artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, el 15%, con efectos a partir del 1 de enero de 2011.\n3. Los contribuyentes pueden deducir el importe de los intereses pagados en el período impositivo correspondiente a los préstamos concedidos mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para la financiación de estudios de máster y de doctorado.\n4. 5. Requisitos para la aplicación de las deducciones.\nLas deducciones establecidas por los apartados 1 a 4 quedan condicionadas a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinen su aplicabilidad.\nEl importe del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio se fija en 700.000 euros.\nArtículo 3. Modificación de la reducción del grupo I de la letra a del artículo 2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 4. Modificación de la reducción por discapacitados establecida por la letra b del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 5. Modificación de la letra d del apartado segundo de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 6. Modificación del apartado noveno de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 7. Tarifa.\nCon efectos desde el 1 de enero de 2003, el artículo 3 de la Ley 21/2001 queda redactado del siguiente modo:\nLa cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley, la siguiente escala:\nArtículo 8. Deducción en la donación de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente. Artículo 9. Uniones estables de pareja. CAPÍTULO II.\n1. El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo es del 5% si en la fecha de devengo del impuesto este tiene treinta y dos años o menos, siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda de 30.000 euros.\n2. Se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.\nSe modifica la letra a del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 21/2001, que queda redactada del siguiente modo:\nSon familias numerosas las que define la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la familia numerosa, teniendo en cuenta las modificaciones que de este concepto han introducido las leyes del Estado 42/1994, de 30 de diciembre, y 8/1998, de 14 de abril.\nSe modifica la letra c del artículo 7 de la Ley 21/2001, que queda redactada del siguiente modo:\nLos demás documentos tributan según la siguiente escala:\nDe 30.000,01 y hasta 60.000\n1 Artículo 13. Bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.\n1. La transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus anexos a una empresa a la que sean de aplicación las normas de adaptación del Plan general de contabilidad del sector inmobiliario puede disfrutar de una bonificación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad de transmisión patrimonial onerosa, siempre que cumpla los siguientes requisitos:\n2. La aplicación de esta bonificación es provisional, por lo que solamente hay que hacer constar en la escritura pública que la adquisición de la finca se efectúa con el fin de venderla a un particular para su uso como vivienda. Para la elevación a definitiva, el sujeto pasivo debe justificar la venta posterior de la totalidad de la vivienda y sus anexos a una empresa que cumpla los mismos requisitos del apartado 1 o a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento, en el plazo de cinco años a contar desde la adquisición.\n3. Si no se produce la transmisión a que se refiere el apartado 2 dentro del período señalado o, si se produce pero no se ha efectuado a favor de los adquirentes concretos que se señalan, el sujeto pasivo debe presentar, dentro del plazo reglamentario de presentación, contado desde el día siguiente de la fecha final del plazo de tres años, o de la fecha de la venta posterior, respectivamente, una autoliquidación complementaria sin bonificación y con deducción de la cuota ingresada, con aplicación de los correspondientes intereses de demora.\n4. A efectos de la aplicación de la bonificación, es preciso tener en cuenta las siguientes reglas especiales:\nLa bonificación es aplicable a la vivienda y al terreno en que se encuentra enclavado siempre que formen una misma finca registral y la venta posterior dentro del plazo de los tres años comprenda la totalidad de la misma.\nEn el caso de adquisición de partes indivisas, el día inicial del plazo de tres años a que hace referencia el apartado 2 es la fecha de la adquisición de la primera parte indivisa.\n5. Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para ejecutar y desarrollar este precepto.\nCon efectos a partir de 1 de enero de 2003, se modifica el artículo 8 de la Ley 21/2001, que queda redactado del siguiente modo:\nArtículo 8. Cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar.\nLas cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar se fijan en las siguientes cantidades:\nEn los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para el juego, la cuota aplicable debe determinarse en función de la clasificación de las máquinas establecida por el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto 28/1997, de 21 de enero. De acuerdo con dicha clasificación, son aplicables las siguientes cuotas:\nLas máquinas tipo "B" o recreativas con premio: una cuota trimestral de 887,25 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos tipo "B" en que pueden intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, siempre que el juego de cada uno sea independiente del de otros jugadores, son de aplicación las siguientes cuotas:\nMáquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota fijada por la letra a.\nMáquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.774 euros, más el resultado de multiplicar por 570 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.\nPara las máquinas tipo "C" o de azar, se establece una cuota trimestral de 1.277,50 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos tipo "C" en que pueden intervenir dos o más jugadores de forma simultánea siempre que el juego de cada uno sea independiente del de otros jugadores, son de aplicación las siguientes cuotas:\nMáquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota fijada por la letra b.\nMáquinas o aparatos de tres o más jugadores: 2.555 euros, más el resultado de multiplicar por 383,25 euros el número máximo de jugadores autorizados.\nPara las máquinas tipo grúa con premios en especie, se establece una cuota trimestral de 625 euros.\nEn el caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida de máquinas de tipo "B" o recreativas con premio, la cuota tributaria de 887,25 euros a que se refiere el apartado 1.a, debe incrementarse en 16,40 euros por cada 5 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.\nSe modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro, que queda redactado del siguiente modo:\n3. En el caso de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar, la tasa es exigible por trimestres naturales y se acredita el primer día de cada trimestre en lo que concierne a las máquinas o los aparatos autorizados en trimestres precedentes. A tales efectos, la tasa se acredita siempre que no conste fehacientemente que antes del primer día de cada trimestre natural se ha renunciado a la autorización de explotación de la máquina o se ha revocado ésta por cualquier causa. En el caso de máquinas de nueva autorización, la fecha de acreditación de la tasa coincide con la fecha de la autorización, y debe satisfacerse la tasa del trimestre en curso dentro del plazo que se fije por reglamento. En el caso de transmisión de la máquina antes del plazo que el reglamento establezca para el pago del trimestre en curso, puede establecerse, también por reglamento, su pago por adelantado.\nSe modifica el apartado 4 del artículo 17 de la Ley 16/2000, que queda redactado del siguiente modo:\n4. La domiciliación bancaria del pago de la deuda tributaria da derecho a una reducción del 1% sobre la cuota. Dicha reducción se pierde en el caso de falta de pago de la deuda tributaria en período voluntario.\nSe modifica la disposición adicional quinta de la Ley 15/2000, que queda redactada del siguiente modo:\nLos ingresos obtenidos del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, que en ningún caso pueden ser destinados a ayudas específicas para empresas comerciales, deben distribuirse de acuerdo con los siguientes criterios:\n1. Se modifica el apartado 3 del artículo 41 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n3. Las entidades suministradoras tienen encomendada la gestión y recaudación del canon del agua en los términos establecidos por la presente Ley. Asimismo, responderán solidariamente del ingreso de las cantidades que, en concepto de canon del agua, hubieran debido exigir a los usuarios, en los términos establecidos por los artículos 50 y 52.4. Las tareas atribuidas a las entidades suministradoras por la presente Ley y los requisitos formales necesarios para llevarlas a cabo son los que se desarrollan por reglamento.\n2. Se suprime el parámetro Incremento de temperatura (IT), en el apartado 1 del artículo 47 de la Ley 6/1999.\n3. Se modifica el párrafo del apartado 7 del artículo 47 de la Ley 6/1999 que regula el coeficiente de salinidad, que queda redactado del siguiente modo:\nKs: es el coeficiente de salinidad; los vertidos hechos en aguas superficiales continentales con caudales superiores a 100 metros cúbicos por segundo en épocas de estiaje quedan afectados de un coeficiente de salinidad para el parámetro de las sales solubles equivalente a 0,2.\n4. Se modifica el párrafo del apartado 7 del artículo 47 de la Ley 6/1999 que regula el coeficiente de vertido a sistema, que queda redactado del siguiente modo:\nKa: es el coeficiente de vertido a sistema; en relación con vertidos efectuados en redes de alcantarillado, colectores generales y emisarios públicos correspondientes a sistemas públicos de saneamiento, el tipo de gravamen específico determinado en función de la carga contaminante vertida queda afectado por los siguientes coeficientes:\nCoeficiente 1,5, siempre que este tipo sea inferior al previsto, con carácter general, para los usos industriales. El tipo resultante no puede superar el previsto para los usos industriales generales establecidos en el primer párrafo del artículo 47.1.\nCoeficiente 1,25, siempre que el tipo de gravamen específico individualizado sea superior al previsto con carácter general para los usos industriales.\n5. Se suprime el coeficiente de regulación (Cr), en el apartado 7 del artículo 47 de la Ley 6/1999.\n6. Se modifica el apartado 3 del artículo 49 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n3. La determinación de la cuota del canon del agua aplicable a los usos ganaderos de agua, según el sistema de determinación objetiva a que se hace referencia en el apartado segundo del presente artículo, se efectúa según la siguiente fórmula, desarrollada en el anexo 7 de la presente Ley, y que se basa en datos relativos al tipo de explotación, de ganado y al número de plazas, que deben ser declarados por el sujeto pasivo:\nQ = número de plazas por euro / plaza 7. Se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n1. Las entidades suministradoras quedan obligadas a cobrar a los abonados, en nombre y por cuenta de la Agencia Catalana del Agua, el importe del canon del agua mediante la inclusión del mismo en el mismo soporte físico de la factura que documenta la contraprestación de sus servicios, mientras la Administración no haga uso de la facultad prevista en el número 5 de este precepto.\n2. El importe del canon del agua debe hacerse constar de forma diferenciada de cualquier otro concepto de los incluidos en el documento que incorpora la factura emitida por las entidades suministradoras.\n3. La entidad suministradora no está obligada a incluir en el documento el importe del canon del agua cuando se acredite la procedencia de alguna de las exenciones establecidas por la presente Ley.\n4. Las entidades suministradoras deben declarar e ingresar, mediante autoliquidación, el importe recaudado en concepto de canon del agua a las entidades colaboradoras determinadas por la Agencia Catalana del Agua en la forma y plazos establecidos por reglamento.\n7. Las cantidades que, incluidas en el correspondiente documento en concepto de canon del agua, no se hubieran satisfecho por parte de los usuarios deben ser comunicadas y documentadas por las entidades suministradoras a la Agencia Catalana del Agua en la forma y plazos que se determinen por reglamento. Estas cantidades deben ser directamente exigibles a los usuarios por la Agencia Catalana del Agua de acuerdo con la legislación tributaria.\n10. La Agencia Catalana del Agua comprueba e investiga las actividades que integran o condicionan el rendimiento del canon del agua, como el consumo de agua, la facturación o la percepción del mismo.\n8. Se modifican los apartados 2, 4 y 6 del artículo 52 de la Ley 6/1999, que quedan redactados del siguiente modo:\n2. Los sujetos pasivos y los que colaboran en la función de gestión y de recaudación, a los cuales la presente Ley impone obligaciones de carácter material o formal en relación con la percepción de los ingresos que se regulan, quedan sujetos a las determinaciones que en materia de inspecciones y régimen sancionador establece la legislación tributaria.\n4. En particular, la falta de inclusión del canon del agua en el mismo documento de la factura por parte de las entidades suministradoras de agua constituye una infracción de carácter grave sancionable con una multa pecuniaria del 50% al 150% de la cuantía que debería incluirse en el documento, además de tener que satisfacer a la Agencia Catalana del Agua el importe del canon del agua no incluido en el mencionado documento.\n6. El incumplimiento de las obligaciones que esta normativa impone a los contribuyentes y a los que colaboran en la gestión y la recaudación del impuesto, cuando no es constitutiva de infracción grave, se califica de infracción simple, sancionable con una multa de 6 a 900 euros. En particular, constituyen infracciones simples:\nLa omisión en las declaraciones de datos que estén en poder del contribuyente o del obligado a recaudar en nombre de la Agencia, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 900 euros por cada dato omitido cuando se trate de datos significativos para la determinación de la deuda tributaria y la identificación del contribuyente, la acreditación o el período de liquidación.\nLa exigencia del canon del agua en un documento separado de la factura del suministro, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 60 euros por documento emitido.\nLa inclusión incorrecta del canon del agua por parte de las empresas suministradoras, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 900 euros por cada factura con un máximo del 3% de la facturación total del agua suministrada en el ejercicio inmediatamente anterior.\nLa presentación de recibos impagados de las empresas suministradoras con errores que afecten la identificación de los contribuyentes o la determinación de la deuda tributaria, que debe ser sancionado con una multa de 30 a 60 euros por cada dato omitido o incorrecto.\nEl ingreso en entidades colaboradoras de la deuda tributaria sin la entrega simultánea de la hoja de liquidación, que debe ser sancionado con una multa de 150 euros por liquidación.\nLa falta de instalación de aparatos de medición para el cálculo de la base imponible según el sistema de estimación directa con incumplimiento de la obligación a que hacen referencia los apartados 5.a y 7 del artículo 42, que debe ser sancionada con una multa de 150 a 900 euros. Esta conducta no es constitutiva de infracción cuando el sujeto pasivo haya optado, con carácter previo, por los sistemas de estimación objetiva para determinar la base imponible.\n9. Se modifica el artículo 53 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\nArtículo 53. Canon de regulación y tarifa de utilización.\n1. Tiene también, particularmente, la consideración de ingreso propio de la Agencia Catalana del Agua el canon de regulación y la tarifa de utilización establecidos en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, si la Generalidad explota y conserva las obras hidráulicas de regulación y específicas, a través de la Agencia, con cargo a su presupuesto.\n10. Se modifica el artículo 54 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\nArtículo 54. Canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.\n1. En el ámbito de competencias de la Generalidad, la ocupación, la utilización y el aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico a que hace referencia el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que requieran autorización o concesión se gravan con un canon destinado a proteger y mejorar este dominio, cuya aplicación hace pública la Agencia Catalana del Agua. Los concesionarios de aguas están exentos del pago del canon por la ocupación o la utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.\n2. La base imponible de la exacción a que hace referencia el apartado 1 debe ser la siguiente:\nEn los casos de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico, por el valor de los terrenos ocupados tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos.\nEn el caso de aprovechamiento de bienes de dominio público hidráulico, por el valor de los materiales consumidos o la utilización que proporcione dicho aprovechamiento.\n3. El tipo de gravamen anual es del 5% en los supuestos establecidos por las letras a y b del apartado 2, y del 100% en el supuesto establecido por la letra c, que debe aplicarse sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.\n11. Se modifica el anexo 3.b de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\nCanales con totalizadores en todos los puntos de vertido, que permitan la medición y el control de forma acumulada de los caudales vertidos. Los canales deben cumplir las normas ISO 1438 (1980) y 4359 (1983) y estar instalados según lo que disponen las mismas; en el caso de que no se cumplan estas normas, hay que disponer de la documentación que describa la fórmula aplicable al canal instalado y las condiciones de utilización. En todo caso, es preciso disponer de los certificados de calibración e instalación correcta del canal emitidos por la casa fabricante y por la casa instaladora, respectivamente, o bien por un organismo oficial.\n12. Se suprime el anexo 5 de la Ley 6/1999.\n13. Se modifica el anexo 6 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:\nCoeficiente de dilución.\nValor de dilución inicial\nCoeficiente por dilución (Kd)\n1 14. Se añade un anexo 7 a la Ley 6/1999, con el siguiente texto:\nSistemas de determinación de la cuota para los establecimientos ganaderos.\nEngorde de patos: 0,0185 euros /plaza.\nEngorde de codornices: 0,003360 euros /plazas.\nEngorde de pollos: 0,0185 euros /plaza.\nEngorde de pavos: 0,0361 euros /plaza.\nEngorde de perdices: 0,0076 euros /plaza.\nAvicultura de puesta: 0,0403 euros /plaza.\nPolluelos de recría: 0,007560 euros /plaza.\nCría de bovino: 0,6243 euros /plaza.\nEngorde de terneros: 1,7821 euros /plaza.\nVacas lecheras: 4,1600 euros /plaza.\nBovino de leche: 5, 9429 euros /plaza.\nTerneras de reposición: 2,9735 euros /plaza.\nCabrío de reproducción: 0,5848 euros /plaza.\nCabrío de reposición: 0,2919 euros /plaza.\nCabrío de sacrificio: 0,1968 euros /plaza.\nProducción de conejo: 0,3508 euros /plaza.\nGanado equino: 5,1940 euros /plaza.\nOvino de engorde: 0,2447 euros /plaza.\nOvejas de reproducción: 0,7344 euros /plaza.\nOvejas de reposición: 0,3651 euros /plaza.\nPorcino de engorde: 0,6832 euros /plaza.\nProducción porcina: 1,4245 euros /plaza.\nPorcino de transición: 0,3137 euros /plaza.\nEl tipo de gravamen específico por usos ganaderos se afecta con un coeficiente 0, salvo que exista contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad, comprobada por los servicios de inspección de la Administración competente.\n1. Las cuotas impagadas por los sujetos pasivos del incremento de la tarifa de saneamiento y del canon de infraestructura hidráulica, correspondientes a importes facturados a usuarios domésticos por entidades suministradoras de agua, que han sido debidamente justificadas al organismo gestor con posterioridad a 1 de enero de 1999, deben hacerse efectivas en los plazos establecidos por la normativa vigente de recaudación.\n2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, los aplazamientos y los fraccionamientos de pago de la deuda deben tramitarse, de forma excepcional, sin intereses.\n3. En el caso de falta de pago o de pago fuera de plazo de alguna de las fracciones, se declaran vencidos los demás plazos, que deben ser exigidos por la vía de apremio, de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable a los tributos de la Generalidad.\nArtículo 20. Modificación del título IV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. Artículo 21. Modificación del título V de la Ley 15/1997. Artículo 22. Modificación del título VII de la Ley 15/1997. Artículo 23. Modificación del título VIII de la Ley 15/1997. Artículo 24. Modificación del título IX de la Ley 15/1997. Artículo 25. Modificación del título XII de la Ley 15/1997. Artículo 26. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997. Artículo 27. Adición de un nuevo título XV a la Ley 15/1997. CAPÍTULO V.\nArtículo 28. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 29. Obligaciones formales de las empresas de subastas y las demás entidades que hacen subastas de bienes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.\nSin perjuicio del deber general de colaboración establecido por la Ley del Estado 230/1963, general tributaria, las entidades que hacen subastas de bienes están obligadas a enviar a la Dirección General de Tributos, la primera quincena de cada trimestre, una lista de las transmisiones de bienes en que han intervenido efectuadas durante el trimestre anterior. Esta lista debe comprender los datos de identificación del transmitente y el adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y el precio final de adjudicación.\n1. Las obligaciones formales de los notarios, establecidas por el artículo 52 del Texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 y por el apartado 3 del artículo 32 de la Ley del Estado 29/1987, deben cumplirse en el formato que determine una orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas. Esta información puede enviarse en soporte directamente legible por ordenador o por vía teleinformática, de acuerdo con las condiciones y el diseño que apruebe una orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, la cual, además, puede establecer las circunstancias y los plazos en que debe presentarse obligatoriamente.\n2. El cumplimiento de cualquier otra obligación legal de suministro regular de información de contenido tributario también debe enviarse en soporte directamente legible por ordenador o por vía teleinformática, de acuerdo con las condiciones y el diseño que apruebe una orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, la cual, además, puede establecer las circunstancias y los plazos en que esta información debe presentarse obligatoriamente.\n1. Los establecimientos de venta al público al detalle a que se refiere el artículo 9.cuatro.2 de la Ley del Estado 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, están obligados a presentar una declaración informativa ante la Dirección General de Tributos, en los términos y las condiciones que se fijen por reglamento.\n3. Una orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas debe aprobar las normas de gestión relativas a esta declaración informativa y los modelos y los plazos para presentarla, lo que debe poder hacerse en soporte directamente legible por ordenador o por vía teleinformática, de acuerdo con las condiciones y el diseño que se establezcan en la misma.\nCon la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, el Departamento de Economía y Finanzas debe promover la presentación teleinformática de declaraciones, escrituras públicas y otros documentos, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia.\n1. De acuerdo con lo establecido por el artículo 9 de la Ley del Estado 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, los contribuyentes por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados pueden solicitar a la Administración tributaria que determine, con carácter previo y vinculante, la valoración de rentas, productos, bienes, gastos y otros elementos del hecho imponible, a los efectos de dichos impuestos.\n2. Los contribuyentes deben presentar su solicitud por escrito antes de que se produzca el hecho imponible y deben adjuntar a la misma una propuesta de valoración motivada, firmada por un técnico o técnica con la titulación adecuada según la naturaleza del bien valorado, en la cual deben describirse de manera detallada el bien y sus características.\n3. La Administración puede comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por los contribuyentes, a quienes puede requerir los documentos y los datos que considere pertinentes a los efectos de la identificación y la valoración correcta de los bienes.\n4. La Administración debe dictar el acuerdo de valoración por escrito indicando su carácter vinculante, el bien valorado y el impuesto en el cual tiene efectos, en el plazo máximo de cuatro meses desde su solicitud. La falta de respuesta de la Administración en el plazo indicado implica la aceptación de los valores propuestos por el contribuyente.\n5. El acuerdo de valoración tiene un plazo máximo de vigencia de dieciocho meses desde la fecha en que se dicta. La Administración tributaria debe aplicar al contribuyente los valores establecidos en este acuerdo, a menos que se modifique la legislación o que cambien de forma significativa las circunstancias económicas que lo fundamentan.\n6. En el supuesto de realización del hecho imponible con anterioridad a la finalización del plazo de tres meses mencionado en el apartado 4 sin que la Administración tributaria haya dictado el acuerdo de valoración, debe considerarse desistida la solicitud de valoración previa.\n7. Contra el acuerdo de valoración no puede interponerse ningún recurso, sin perjuicio de que los contribuyentes puedan hacerlo contra las liquidaciones que, si procede, se emitan con posterioridad.\n8. Por reglamento, el Gobierno debe regular las normas de procedimiento, las condiciones y los requisitos necesarios para cumplir lo establecido por el presente artículo.\nArtículo 34. Prescripción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. TÍTULO II.\nMEDIDAS CON RELACIÓN A LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD.\nArtículo 35. Fomento de los objetivos sociales en la contratación. 1. En los términos establecidos por el presente artículo, los departamentos, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad deben reservar determinados contratos administrativos de obras, suministros o servicios a centros de inserción laboral de disminuidos, empresas de inserción sociolaboral reguladas por la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, o a entidades sin afán de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las normas del Estado y de la Generalidad que los sean aplicables y que su finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato.\n5. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deben inscribirse previamente en el Registro electrónico de empresas licitadoras de la Generalidad, en las condiciones determinadas por vía reglamentaria.\n8. Complementariamente a la reserva social establecida por este artículo, los departamentos, los organismos y las empresas de la Generalidad y, si procede, las entidades que integran la Administración local de Cataluña, teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades a satisfacer en cada caso, deben promover también encargos de gestión para la ejecución de las prestaciones correspondientes a las empresas públicas o a otras entidades del sector público que tengan por finalidad la inserción laboral de personas discapacitadas, la integración de personas con riesgo de exclusión social o la satisfacción del derecho al trabajo de los presos y los penados internados en establecimientos penitenciarios, y tengan la consideración de medio propio instrumental. El volumen de estos encargos en ningún caso puede conllevar una disminución de la reserva social establecida por este artículo para los centros, las entidades y las empresas del tercer sector.\nLos bienes muebles e inmuebles de los cuales es titular la Generalidad afectos a la explotación ferroviaria.\nLos bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación de las líneas que anteriormente dependían de Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) y que actualmente son explotadas por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.\n2. Quedan fuera del ámbito de aplicación del presente artículo los bienes muebles e inmuebles que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley no estén afectos a la explotación ferroviaria.\n3. Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña debe elaborar, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de la presente Ley, el inventario completo de los bienes a que se refiere el apartado 1.\n1. Quedan incorporadas al patrimonio propio del Instituto Catalán del Suelo las viviendas de los parques de maquinaria de la Dirección General de Carreteras del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.\n2. El Instituto Catalán del Suelo puede enajenar directamente las viviendas de los parques de maquinaria cedidas a las personas beneficiarias. También puede enajenar mediante concurso las viviendas que no sean enajenadas por el sistema anterior, de acuerdo con los requisitos y las condiciones que a dicho efecto se establezcan. Los ingresos que se generen como consecuencia de las enajenaciones quedan afectos a las actividades propias del Instituto Catalán del Suelo.\n1. Se modifica el apartado 8 del artículo 11 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n8. El Instituto Catalán de Finanzas, con la autorización del Gobierno, puede conceder y instrumentar operaciones de financiación y garantía a favor de otros sujetos y para otras finalidades.\n2. Se modifica el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n3. En el marco de la normativa mercantil y en los términos y las condiciones que se establezcan por reglamento, el Instituto Catalán de Finanzas puede constituir sociedades anónimas dedicadas a la financiación de empresas bajo cualquier modalidad y, asimismo, sociedades que agrupen las participaciones financieras y patrimoniales de la Administración de la Generalidad y los entes que dependen de la misma. Estas sociedades pueden participar igualmente en fondos de cualquier tipo, mobiliarios o inmobiliarios; en sociedades y fondos de garantía, y en sociedades o fondos de capital riesgo. Asimismo, pueden adquirir participaciones en otras sociedades mercantiles, ya sean públicas o privadas. El Gobierno debe determinar los ámbitos económicos preferentes en los que dichos entes pueden actuar o participar. El Instituto Catalán de Finanzas, con la autorización del Gobierno, puede conceder e instrumentar operaciones de financiación y garantía a favor de otros sujetos y para otras finalidades.\n3. Se modifica el artículo 21 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n1. La Junta de Gobierno puede constituir una o más comisiones ejecutivas, en las cuales puede delegar algunas o todas las competencias a que se refieren las letras d y f del artículo 19.\n2. La Junta de Gobierno o una comisión ejecutiva que tenga competencias delegadas en este ámbito puede avocar el ejercicio de la competencia delegada en el consejero o consejera delegado, en casos singulares y por razones de índole técnica, económica, jurídica o social, para resolver cuestiones de cuantía superior.\n4. Se añade un apartado 3 al artículo 22 de la Ley 2/1985, con el siguiente texto:\n3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del secretario o secretaria designado por la Junta de Gobierno, debe sustituirlo la persona que designe en cada caso el presidente o presidenta de la Junta de Gobierno o de la comisión correspondiente entre los miembros respectivos o entre el personal del Instituto Catalán de Finanzas.\n5. Se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n2. Son funciones del consejero o consejera delegado:\nLa dirección superior de la entidad bajo las directrices emanadas de la Junta de Gobierno y el control de la ejecución de las funciones delegadas por la Junta de Gobierno en cualquier órgano del Instituto Catalán de Finanzas o en las comisiones que se constituyan.\nLa representación ordinaria de la entidad en los ámbitos judicial y extrajudicial cuando no la ejerza el presidente o presidenta de la Junta de Gobierno, la cual comporta la firma de los documentos públicos y privados necesarios para la formalización de las operaciones de financiación aprobadas por cualquiera de los órganos competentes y para constituir, sustituir o cancelar las garantías acordadas a favor de la entidad. Esta representación comprende las operaciones pasivas de financiación que se autoricen dentro de los límites presupuestarios.\nLa representación del Instituto Catalán de Finanzas en las juntas generales de las sociedades mercantiles en que participe directa o indirectamente, sin perjuicio de la representación del propio Instituto en los otros ámbitos que se acuerden.\nLa preparación y la redacción de los documentos a que se refieren las letras a, b y c del artículo 19.\nLa presentación, a la Junta de Gobierno y a las comisiones ejecutivas correspondientes, de las operaciones de financiación del Instituto Catalán de Finanzas y la elevación de las correspondientes propuestas, sin perjuicio de la facultad de iniciativa que corresponde al presidente o presidenta de la Junta de Gobierno en los órganos de que forma parte.\nLa dirección superior y la contratación del personal del Instituto Catalán de Finanzas.\n6. Se modifica el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n2. Son funciones del director o directora general:\nLa gestión ordinaria de la entidad.\nLa ejecución material de los acuerdos de la Junta de Gobierno, conforme a las instrucciones de coordinación del consejero o consejera delegado.\nLa organización de los servicios del Instituto Catalán de Finanzas y la dirección del personal, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno y con las instrucciones que las desarrollan del consejero o consejera delegado.\nCualquier otra que le sea delegada.\n7. Se modifica el artículo 25 de la Ley 2/1985, que queda redactado del siguiente modo:\n1. El consejero o consejera delegado somete a la aprobación de la Junta de Gobierno el nombramiento y las retribuciones de los subdirectores generales, los cuales tienen las funciones que dicha Junta acuerde.\n2 El presidente o presidenta de la Junta de Gobierno o, en su defecto, el consejero o consejera delegado firma el nombramiento del subdirector o subdirectora o de los subdirectores designados por la Junta de Gobierno.\nSe modifica la letra g del artículo 16 de la Ley 4/1984, que queda redactada del siguiente modo:\nLos depósitos de otras instituciones financieras y de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias catalanas.\nLos organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al derecho privado y las entidades con participación mayoritaria de la Generalidad, exceptuando las que estén constituidas en forma de sociedad anónima, deben ajustar su contabilidad a lo establecido por los correspondientes planes parciales o especiales que, de conformidad con el artículo 75.c del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, apruebe la Intervención General en desarrollo del Plan general de contabilidad pública de la Generalidad de Cataluña.\n1. Se crea el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, como organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al departamento competente en materia de sanidad.\n2. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas se rige por lo establecido por la presente Ley, las disposiciones reglamentarias que la desarrollan, sus estatutos y la legislación administrativa que le sea de aplicación.\n1. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas tiene personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley y las disposiciones que le sean de aplicación. En el ejercicio de sus funciones públicas, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas debe actuar de acuerdo con la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad, y sus modificaciones. En el resto de su actividad, puede actuar sujetándose al derecho privado.\n2. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas debe disponer de los recursos suficientes para cumplir sus finalidades. A dicho efecto, tiene presupuesto propio, sin perjuicio de lo establecido por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.\n1. Corresponde al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos y entidades de la Administración de la Generalidad y de otras administraciones públicas, el ejercicio de las siguientes funciones:\nLlevar a cabo el control, la inspección, la evaluación y el seguimiento de los procesos médicos y sanitarios correspondientes a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social en materia de incapacidades laborales.\nEfectuar evaluaciones médicas de los funcionarios de los diferentes cuerpos o escalas de la Administración de la Generalidad que ocupan puestos de trabajo que requieren unas condiciones físicas o psíquicas especiales, en los procedimientos de asignación de puestos de trabajo de segunda actividad, de acuerdo con la normativa aplicable, así como de los trabajadores con posible incapacidad para ejercer adecuadamente las funciones propias de su puesto de trabajo, si procede.\nEfectuar evaluaciones médicas de los trabajadores con posible incapacidad funcional para ejercer determinadas actividades, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.\nLlevar a cabo las tareas de control, evaluación e inspección necesarias para velar por el cumplimiento de las garantías de seguridad y de calidad de los centros y servicios asistenciales, sanitarios y sociosanitarios, y de las prestaciones del sistema sanitario de responsabilidad pública, así como investigar posibles anomalías del sistema sanitario.\nCualquier otra que, en el ámbito de las funciones inspectoras de evaluación médica o de las de actividad de control sanitario, le encargue el departamento competente en materia de salud.\n2. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, para el desarrollo de sus funciones, puede establecer convenios con entidades colaboradoras de la Seguridad Social y con otras entidades públicas o privadas.\n1. Los órganos de gobierno del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas son:\n2. El Gobierno debe determinar por reglamento la composición, las funciones y el procedimiento de provisión del Consejo Rector.\n3. El director o directora es nombrado por decreto del Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de sanidad, y tiene rango de director o directora general.\n4. El Gobierno debe determinar por reglamento la composición, las funciones y el procedimiento de provisión del Consejo Asesor. Las funciones de este Consejo son consultivas y de asesoramiento, y deben participar en el mismo los agentes que intervienen en el cumplimiento de las funciones que la presente Ley atribuye al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.\n1. A todos los efectos el personal del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas es funcionario. Excepcionalmente puede ser contratado en régimen laboral de acuerdo con la normativa de función pública de la Administración de la Generalidad.\n2. En los términos que se establezcan por reglamento y de acuerdo con las necesidades del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, éste debe dotarse del personal del Departamento de Sanidad y Seguridad Social y del Instituto Catalán de la Salud vinculado a las funciones de aquel Instituto. El personal que se adscriba al mismo mantiene inicialmente el régimen de vinculación originario, con subrogación de los contratos sometidos al régimen laboral, si procede.\n1. Constituyen el patrimonio del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas:\nLos bienes que están adscritos al mismo.\nLos bienes y los derechos que adquiera o reciba por cualquier título.\n2. El régimen del patrimonio del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas se regula por la legislación sobre el patrimonio de la Administración de la Generalidad.\nLos recursos económicos del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas son:\nLos que le asignen los presupuestos de la Generalidad.\nLos rendimientos procedentes de los bienes y derechos propios o adscritos.\nLas compensaciones acordadas por el cumplimiento de sus funciones en colaboración con otras instituciones, personas o entidades en general.\nLos créditos y los préstamos que le sean concedidos, previa autorización del órgano competente del Departamento de Economía y Finanzas.\nCualquier otra asignación u otro ingreso autorizado por la legislación vigente.\nEl régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de intervención y control financiero de los organismos autónomos es el establecido por el Decreto Legislativo 9/1994.\n1. Los actos administrativos y las resoluciones del director o directora del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que no agoten la vía administrativa pueden ser objeto de recurso de alzada ante el consejero o consejera competente en materia de sanidad.\n2. Los actos administrativos y las resoluciones dictados por el director o directora del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que agoten la vía administrativa son impugnables en vía contenciosa administrativa, sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición previo ante el propio director o directora.\n3. Los actos administrativos y las resoluciones dictados por los órganos del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas de rango inferior al director o directora pueden ser objeto de recurso de alzada ante éste, en los términos establecidos por la legislación sobre el procedimiento administrativo común.\n1. Se crea la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, como entidad de derecho público de la Generalidad que ajusta su actividad al derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones.\n2. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo se rige por las disposiciones de la presente Ley; por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana; por sus estatutos, y por el resto del ordenamiento jurídico aplicable. En el ejercicio de sus funciones públicas, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo debe actuar de acuerdo con la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad, y sus modificaciones. En el resto de su actividad, puede actuar sujetándose al derecho privado.\n1. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo tiene por objeto ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo de la Generalidad siguiendo las directrices establecidas por el órgano competente en materia de relaciones exteriores de la Administración de la Generalidad.\n2. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo tiene atribuidas las funciones siguientes:\nEjecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo, según las directrices establecidas por el órgano competente de la Administración de la Generalidad.\nGestionar los recursos económicos y materiales destinados a la cooperación al desarrollo.\nAsesorar a la Administración de la Generalidad en la planificación de la política catalana de cooperación al desarrollo.\nLas que le atribuyan las disposiciones vigentes.\n1. Los órganos de gobierno de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo son:\nEl presidente o presidenta, que es el consejero o consejera del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.\nEl vicepresidente o vicepresidenta, que es la persona titular de la unidad directiva del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo que tiene atribuidas las funciones de relaciones exteriores.\nEl Consejo de Administración, del cual debe determinarse por reglamento la composición y el sistema de provisión.\nEl director o directora, que es nombrado por el Gobierno a propuesta del consejero o consejera del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.\n2. Corresponde al Gobierno aprobar, mediante decreto, los estatutos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, los cuales deben determinar y regular las funciones de los órganos de gobierno; la composición y el funcionamiento del Consejo de Administración y el nombramiento de sus miembros, y la estructura orgánica interna y el régimen de funcionamiento de dicha Agencia.\nEl personal de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo se contrata en régimen laboral. Sin embargo, los puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de funciones o potestades públicas corresponden al personal funcionario adscrito a esta Agencia.\n1. Constituyen el patrimonio de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo:\nLos bienes y los derechos que están adscritos a la misma.\nLos bienes y los derechos que adquiera por cualquier título.\n2. El patrimonio de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo afecto al ejercicio de sus funciones tiene la consideración de dominio público como patrimonio afecto a un servicio público y, como tal, disfruta de las exenciones tributarias correspondientes.\n3. La gestión del patrimonio de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo debe ajustarse a lo establecido por la Ley 4/1985 y la legislación sobre el patrimonio de la Generalidad.\nConstituyen los recursos económicos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo:\nLas transferencias que reciba anualmente de los presupuestos generales de la Generalidad.\nCualquier otra transferencia que reciba para el cumplimiento de sus fines.\n1. El presupuesto de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo se rige por lo establecido por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña; la Ley 4/1985, y las leyes de presupuestos de la Generalidad.\n2. Los contratos que suscribe la entidad deben ajustarse a lo establecido por la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas, con las particularidades derivadas de la organización y el funcionamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.\n1. Los actos dictados por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo en el ejercicio de sus potestades administrativas tienen la consideración de actos administrativos.\n2. Los actos administrativos y las resoluciones dictados por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta o el director o directora de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo agotan la vía administrativa y son impugnables en vía contenciosa administrativa, sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición previo. Los actos administrativos y las resoluciones dictados por órganos de rango inferior a los anteriores pueden ser objeto de recurso de alzada ante el director o directora, en los términos establecidos por la legislación sobre el procedimiento administrativo común.\nEl control financiero de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo tiene por objeto comprobar su funcionamiento económico-financiero y se efectúa por el procedimiento de auditoría, que sustituye la intervención previa de las operaciones correspondientes. La auditoría debe ser efectuada o bien directamente por la Intervención General de la Generalidad o bien bajo la dirección de ésta.\n1. El objeto social de la empresa Gestió dInfraestructures, S.A., es:\nProyectar, construir, conservar, explotar y promocionar todo tipo de infraestructuras y edificaciones que la Generalidad promueva o en las cuales participe y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en las mismas.\nProyectar y construir todo tipo de infraestructuras y edificaciones de terceros con los que la Generalidad haya acordado su construcción.\n2. Las actividades a las que se refiere el apartado 1 pueden ser llevadas a cabo por Gestió dInfraestructures, S.A., o por terceras personas. Gestió d´Infraestructures, SA, actúa por encargo del Gobierno, en nombre propio y por cuenta propia, o en nombre propio y por cuenta de la Generalidad o de las terceras personas a que se refiere el apartado 1.b, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación.\n3. Estas actividades pueden llevarse a cabo total o parcialmente mediante la participación, la cual está sujeta siempre al estatuto de la empresa pública catalana; la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad, y el Reglamento que la desarrolla, y cualquier otra disposición que sea aplicable por el carácter de empresa pública de la sociedad, en sociedades de objeto idéntico o análogo.\n1. Se modifica la letra d del artículo 4 de la Ley 19/2001, que queda redactada del siguiente modo:\nLa percepción de las tasas, los cánones y los precios públicos y privados derivados de los actos y los negocios jurídicos que concierte en los términos de la presente Ley, manteniendo el equilibrio financiero de los contratos programa entras los operadores y los entes consorciados, sin perjuicio de la posibilidad de cesión, prenda, titulización o cualquier otro negocio análogo admitido en derecho con respecto a los rendimientos que deriven de los mismos.\n2. Se modifica el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 19/2001, que queda redactado del siguiente modo:\n1. El Consejo de Administración de Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña es el órgano de dirección y control del ente y está integrado por un presidente o presidenta; por el número de vocalías que se determine por reglamento, que no puede exceder de trece, y por un secretario o secretaria.\nArtículo 61. Modificación de la Ley 9/1991, de 3 de mayo, de creación del Instituto Catalán de Energía (Icaen). SECCIÓN IX. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.\nSe modifica la letra b del artículo 4 de la Ley 5/1985, que queda redactada del siguiente modo:\nCrear sociedades mercantiles y cualesquiera otros entes, públicos o privados y con o sin ánimo de lucro, y participar en los mismos, con fines de promoción industrial y tecnológica y para otras actividades industriales y de prestación de servicios a la industria.\nLa participación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales no debe superar el 45% del capital, salvo acuerdo expreso del Gobierno en sentido contrario, que debe ser comunicado al Parlamento. Las sociedades en que el Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales participe mayoritariamente deben someterse a lo establecido por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana.\nEl período máximo de participación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales en cualquier sociedad civil o mercantil no sometida a la Ley 4/1985 es de tres años, prorrogable por tres años más. No obstante, si el capital social de estas sociedades es mayoritariamente público, no se aplica esta limitación temporal.\n1. Se modifica la letra c del artículo 3 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nPromover y extender el principio de ordenación y planificación de las superficies forestales de titularidad privada mediante la tramitación de los instrumentos de ordenación forestal siguientes: proyectos de ordenación, planes técnicos de gestión y mejora forestales, y planes simples de gestión forestal.\n2. Se modifica la letra h del artículo 3 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nMejorar la representación de la Administración forestal, potenciando la integración de los propietarios forestales en el Centro de la Propiedad Forestal.\n3. Se modifica la letra i del artículo 3 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nAdecuar los planes técnicos de gestión y mejora forestales al ámbito mínimo de gestión, fijando la superficie mínima a ordenar en 25 hectáreas, al ser éste un ámbito que permite también la viabilidad técnica y económica de dichos planes.\n4. Se añade una nueva letra j al artículo 3 de la Ley 7/1999, con el siguiente texto:\nHacer posible la ordenación de las fincas privadas con una superficie inferior a 25 hectáreas mediante la creación de la figura del plan simple de gestión forestal. Las instrucciones para la redacción, la aprobación y la revisión de estos planes deben ser establecidas por orden del consejero o consejera de Medio Ambiente.\n5. La antigua letra j del artículo 3 de la Ley 7/1999 pasa a ser la letra k.\n6. Se modifica la letra c del artículo 4 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nPrestar apoyo técnico y económico para elaborar los instrumentos de ordenación forestal y velar por su ejecución.\n7. Se modifica la letra d del artículo 4 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nTramitar y aprobar los instrumentos de ordenación forestal que afecten exclusivamente a terrenos de titularidad privada.\n8. Se modifica la letra e del artículo 4 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nVelar por la ejecución de las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación forestal y controlar el cumplimiento de los compromisos que se establecen en los mismos.\n9. Se modifica la letra f del artículo 4 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nConfeccionar y elaborar las directrices y las instrucciones técnicas de los instrumentos de ordenación forestal para los montes privados.\n10. Se modifica la letra i del artículo 4 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nRecibir las notificaciones previas de los propietarios forestales del inicio de los trabajos y de las actividades forestales que se ejecutan en cumplimiento de los instrumentos de ordenación forestal.\n11. Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 7/1999, que queda redactada del siguiente modo:\nPara ser miembro de pleno derecho, además de ser titular de terrenos forestales de propiedad privada, es preciso tener aprobado y vigente un instrumento de ordenación forestal.\n12. Se modifica el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 7/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n3. El mandato de los miembros del Consejo Rector, que tiene una duración de seis años con un máximo de dos mandatos, no es retribuido. No obstante, tienen derecho a percibir derechos económicos por la asistencia a reuniones, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.\n13. Se modifica el artículo 13 de la Ley 7/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n14. Se modifica el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 7/1999, que queda redactado del siguiente modo:\n15. Se modifica el artículo 19 de la Ley 7/1999, que queda redactado del siguiente modo:\nSe modifican las tarifas establecidas por el artículo 10 de la Ley 17/1996, que quedan fijadas en los importes siguientes:\nTarifa C-1: Ocupación y utilización de terrenos y superficies: 12,51 euros por metro cuadrado por año.\nTarifa C-2: Utilización de locales y edificios: 36,49 euros por metro cuadrado por año.\nUtilización de naves de venta de pescado: 6,74 euros por metro cuadrado por año.\nTarifa A-1: Utilización de una zona de agua resguardada:\nCampo de anclaje: 0,37 euros por metro cuadrado de ocupación por año.\nPalancas desmontables: 40,55 euros por metro de palanca por año.\nZonas anexas de los muelles: 20,27 euros por metro de muelle por año.\nTarifa A-2: Utilización de una zona de varadura dentro de la zona de servicio del puerto: 4,05 euros por metro cuadrado por año.\nTarifa A-3: Utilización de espacios cubiertos: 16,89 euros por metro cuadrado por año.\n1. Se modifica la letra a del punto 3 del apartado 3.2.5 del anexo 1 de la Ley 5/1998, en lo que concierne a la tarifa G-2, atracada, que queda redactada del siguiente modo:\nLos barcos turísticos locales inactivos, los de servicio interior del puerto y los que dan apoyo a la acuicultura que atraquen habitualmente en determinados muelles y que lo soliciten deben pagar mensualmente siete veces el importe que, por aplicación de la tarifa general establecida, les corresponda. Los barcos turísticos locales en situación de actividad deben abonar mensualmente quince veces el importe de la cuantía de la tarifa.\n2. Se suprime el apartado 4.5 del anexo 1 de la Ley 5/1998, relativo a la tarifa por servicios específicos E-5, aparcamiento de vehículos.\n3. Se modifican los apartados siguientes del anexo 1 de la Ley 5/1998, relativos a las cuantías de las tarifas por servicios generales y específicos que Puertos de la Generalidad presta directamente, que quedan fijadas en las cantidades siguientes:\nApartado 3.1.4 de la tarifa G-1, entrada y estancia de barcos: 10,71 euros por cada 100 toneladas de registro bruto (o por cada 100 unidades de arqueo) o fracción.\nApartado 3.2.4 de la tarifa G-2, atracada: 1,39 euros.\nApartado 3.3.4.a de la tarifa G-3, pasajeros y vehículos:\nInterior de la Unión Europea: pasaje de cabinas (bloque i), 2,20 euros; pasaje de butacas y de cubierta (bloque ii), 0,79 euros; barco turístico local, 0,05 euros; motos y vehículos o remolques de dos ruedas, 1,26 euros; coches, turismos y otros vehículos automóviles, 3,47 euros; autocares y otros vehículos de transporte colectivo, 15,79 euros.\nExterior de la Unión Europea: pasaje de cabinas (bloque i), 5,05 euros; pasaje de butacas y de cubierta (bloque ii), 2,53 euros; motos y vehículos o remolques de dos ruedas, 1,90 euros; coches, turismos y otros vehículos automóviles, 4,42 euros; autocares y otros vehículos de transporte colectivo, 25,26 euros.\nApartado 3.3.4.b de la tarifa G-3, mercancías (precio en euros por tonelada métrica): grupo primero, 0,85 euros; grupo segundo, 1,11 euros; grupo tercero, 1,72 euros; grupo cuarto, 2,50 euros, y grupo quinto, 3,49 euros.\nMercancías, régimen simplificado: embarque con carga (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 26,36 euros; contenedor mayor de 20, 43,52 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 28,20 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 47,21 euros; semirremolque, 47,21 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 29,43 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 49,65 euros.\nMercancías, régimen simplificado: desembarque con carga (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 40,46 euros; contenedor mayor de 20, 66,21 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 42,30 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 69,89 euros; semirremolque, 69,89 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 43,52 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 72,34 euros.\nMercancías, régimen simplificado: vacía (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 3,07 euros; contenedor mayor de 20, 6,13 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 4,91 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 6,13 euros; semirremolque, 6,13 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 6,13 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 12,26 euros.\nApartado 3.5.4 de la tarifa G-5, servicios (por metro cuadrado y por periodos de 24 horas): utilización del agua del puerto, 0,05 euros; anclaje con muerto, 0,10 euros; atraque en punta, 0,12 euros; atraque de lado, 0,34 euros, y varada en zona de tierra, 0,05 euros.\nServicios adicionales (por metro cuadrado y por periodos de 24 horas): atraque con amarra a muerto, 0,03 euros; tomas de agua, 0,03 euros; recogida de basuras, 0,02 euros; vigilancia general de la zona, 0,02 euros; atraque o fondeo en instalaciones exclusivamente de temporada, 0,04 euros; tomas de energía eléctrica, 0,02 euros; cabrestantes y escaleras en zonas de botadura, 0,02 euros, y personal de ayuda en zonas de botadura, 0,04 euros.\nApartado 4.1.4, punto 1 de la tarifa E-1: hora de grúa de menos de 6 toneladas, 53,67 euros; hora de grúa de más de 6 toneladas, 69,45 euros, y hora de grúa de más de 12 toneladas, 91,95 euros.\nApartado 4.1.4, punto 2 de la tarifa E-1, báscula: pesada (personal incluido), 3,38 euros.\nApartado 4.1.4, punto 3 de la tarifa E-1: carretillas, 17,87 euros.\nApartado 4.2.4, punto 1 de la tarifa E-2: Mercancías. Zonas de tráfico. Superficie descubierta (por metro cuadrado y por día natural o fracción): de 4 a 10 días, 0,02 euros; de 11 a 17 días, 0,03 euros; 18 o más días, 0,08 euros; zona de almacenaje, 0,02 euros.\nMercancías. Zonas de tráfico. Superficie cubierta (por metro cuadrado y por día natural o fracción): de 1 a 3 días, 0,03 euros; de 4 a 10 días, 0,05 euros; de 11 a 17 días, 0,10 euros; 18 o más días, 0,20 euros; zona de almacenaje, 0,04 euros.\nOtras utilizaciones: temporada alta (del 1 de junio al 30 de septiembre), 0,26 euros; temporada baja, 0,12 euros.\nApartado 4.4.4.a de la tarifa E-4: rampa de botadura, 6,12 euros por día de utilización y por metro de eslora.\nApartado 4.4.4.b de la tarifa E-4, carros de botadura: izado o botadura, 0,61 euros por metro lineal de eslora por manga; estancia en la zona de reparación, 0,31 euros por día y por metro lineal de eslora por manga.\nApartado 4.4.4.c de la tarifa E-4, pórticos elevadores: izado o botadura, 14,18 euros por metro de eslora; inmovilización, 18,94 euros por hora; estancia en la zona de reparación, 2,13 euros por día y por metro lineal de eslora.\nApartado 4.4.4.d de la tarifa E-4, grúas fijas: operación con grúa fija durante menos de 30 minutos, 18,39 euros; operación con grúa fija durante más de 30 minutos, 9,20 euros por cada media hora o fracción de exceso; estancia, 0,20 euros por metro cuadrado y día.\nApartado 4.4.4.e de la tarifa E-4, otros servicios: recogida de desperdicios, 1,45 euros por metro de eslora y por semana o fracción; suministro de energía y agua, 0,34 euros por metro de eslora y por día; alquiler de máquina de limpieza a presión, 24,77 euros por hora.\n1. La Agencia Catalana de Certificación puede suscribir convenios con personas, entidades y corporaciones que ejerzan funciones públicas en los que se establezcan las condiciones que éstas deben cumplir para participar en los trámites necesarios para la obtención de certificados electrónicos expedidos por dicha Agencia, en particular en la identificación y el registro de los solicitantes de los certificados.\n2. La acreditación de la identidad de las personas interesadas en el procedimiento de expedición de certificados electrónicos puede requerir su comparecencia en una oficina pública.\nSECCIÓN I. ESCALA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.\nArtículo 67. Creación de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 68. Funciones de los técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 69. Acceso a la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 70. Los técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 71. Plantilla de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. SECCIÓN II. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REFUNDICIÓN EN UN TEXTO ÚNICO DE LOS PRECEPTOS DE DETERMINADOS TEXTOS LEGALES VIGENTES EN CATALUÑA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.\nA los catedráticos de las universidades públicas catalanas que ejercen o han ejercido en las mismas, durante más de dos años seguidos o tres con interrupciones, el cargo de rector o rectora, les es aplicable, en los mismos términos, la garantía retributiva establecida por la disposición adicional undécima del texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997.\nLos cargos de directores de área, subdirectores y gerentes de las estructuras centrales y territoriales del ente público Servicio Catalán de la Salud (CATSALUT) mantienen una relación laboral con este ente en la modalidad de contrato laboral de alta dirección al amparo de lo establecido por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.\n1. Se modifica el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:\nEscala superior, titulación del grupo A.\nEscala ejecutiva, titulación del grupo B.\nEscala técnica, titulación del grupo C.\nEscala básica, titulación del grupo D.\nLos miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior respectiva y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de cabo por promoción interna, mediante concurso.\nLos miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior, que tengan la titulación del grupo C y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de sargento por promoción interna, mediante concurso oposición.\n4. Se añade un artículo 20 bis a la Ley 5/1994, con el siguiente texto:\nLos miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior, que tengan la titulación del grupo C y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de oficial por promoción interna, mediante concurso.\n1. El personal laboral que preste servicios en la Administración de la Generalidad o en una entidad dependiente de la Generalidad y que cumpla funciones que, de acuerdo con los Estatutos del Instituto Ramon Llull y con la normativa que se establezca, sean asumidas por dicho Instituto se integra en el mismo por aplicación del mecanismo de sucesión de empresa. Si se trata de personal laboral fijo, debe reconocérsele a todos los efectos la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad.\n2. El personal funcionario que preste servicios en la Administración de la Generalidad o en una entidad dependiente de la Generalidad y que cumpla funciones que, de acuerdo con los Estatutos del Instituto Ramon Llull y con la normativa que se establezca, sean asumidas por dicho Instituto puede optar por:\nIntegrarse en el Instituto Ramon Llull como personal laboral, con reconocimiento a todos los efectos de la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad, y quedar en ésta en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.\nMantener la condición de funcionario o funcionaria en el Instituto Ramon Llull y ocupar en el mismo un puesto de trabajo a extinguir. Este puesto se extingue cuando el funcionario o funcionaria obtiene otra plaza con carácter definitivo o cuando queda vacante por cualquier causa que no comporte reserva de puesto.\nEn todo caso se extinguen los puestos que dicho personal funcionario ocupaba en la Generalidad.\n1. Se modifican los supuestos especificados por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996, en la redacción dada por la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, del siguiente modo:\nTambién pueden acogerse a lo establecido por el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996 aquellos que, en fecha 20 de julio de 1996, tenían la condición de funcionarios de carrera de la Generalidad del grupo A, licenciados en derecho, que hubiesen cumplido funciones de asesoramiento jurídico en asesorías jurídicas generales de los departamentos de la Generalidad durante los cuatro años anteriores a la fecha mencionada y que las hayan seguido cumpliendo de forma ininterrumpida.\nEl Gobierno debe abrir, en el plazo máximo de tres meses, el procedimiento correspondiente.\n2. Se modifica el primer inciso del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1996, en la redacción dada por la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:\n1. La plantilla de abogados de la Generalidad se fija en un máximo de ciento sesenta plazas.\n1. Se suprime el tercer párrafo de la letra b del artículo 17 del Decreto Legislativo 1/1994.\n2. Se añade un segundo párrafo al artículo 17 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\nLa representación de las administraciones públicas y de las entidades y las corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, incluso cuando tienen la condición de entidad fundadora, no debe superar en conjunto el 50% de los derechos de voto en cada uno de dichos órganos.\n3. Se añade una letra f al apartado 1 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\nQuienes hayan ejercido durante más de veinte años, en la misma o en otra caja, los cargos de miembro del consejo de administración o de director o directora general. A estos efectos, debe acumularse el tiempo de ejercicio en ambos cargos aunque no se hayan ejercido de forma continuada.\n4. Se añade un apartado 3 al artículo 27 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\n3. La renovación de los órganos de gobierno se produce dentro del primer semestre natural del ejercicio en que corresponda en la asamblea general ordinaria o en la asamblea extraordinaria celebrada a continuación de la anterior.\n5. Se añade una letra f al apartado 1 del artículo 40 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\nEl establecimiento del límite de edad máximo para ser elegido miembro del consejo de administración y de la comisión de control. Mientras no se establezca, este límite es de setenta años.\n6. Se añade un apartado 2 al artículo 40 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\n2. El mandato de los miembros de los órganos de gobierno es de cuatro años. Mientras no se haya cumplido el mandato para el que fueron designados y salvo los casos establecidos por el artículo 22, el nombramiento de los consejeros generales es irrevocable.\n7. Se modifica el apartado 2 del artículo 43 del Decreto Legislativo 1/1994, que queda redactado del siguiente modo:\n2. Las inscripciones correspondientes en el Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorros de Cataluña son un requisito previo para la efectividad de los cargos sujetos a inscripción. Se entiende que la inscripción se produce automáticamente una vez transcurridos veinte días hábiles desde la comunicación del nombramiento al órgano competente sin que éste la haya denegado motivadamente. Los actos otorgados por las personas nombradas conservan su validez hasta su inscripción en dicho Registro.\n8. Se añade un inciso a la letra d del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/1994, con el siguiente texto:\nA estos efectos, las propuestas de la Federación deben ser informadas previamente por la comisión mixta integrada por representantes de la Generalidad y de la propia Federación que se regule por reglamento.\n9. Se modifica el apartado 1 del artículo 33 del Decreto Legislativo 1/1994, que queda redactado del siguiente modo:\n1. El consejo de administración nombra entre sus miembros al presidente o presidenta, el cual lo es a la vez de la entidad, por mayoría de dos tercios, y un vicepresidente o vicepresidenta o más, que lo sustituyen por orden. Nombra también a un secretario o secretaria, el cual puede ser miembro del consejo de administración. En el caso de cajas de ahorros fundadas por una entidad pública, los estatutos pueden atribuir la presidencia a un o una vocal del consejo de administración designado por esta entidad.\nSe modifican los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 6/1995, que quedan redactados del siguiente modo:\n2. Cada sección del Jurado de Expropiación de Cataluña se compone de los miembros siguientes:\nEl presidente o presidenta y su suplente, que deben ser juristas de reconocido prestigio con más de siete años de ejercicio profesional.\nLos cuatro vocales siguientes:\nUn abogado o abogada del Cuerpo de Abogacía de la Generalidad de Cataluña.\nUn técnico o técnica superior, designado por el departamento de la Generalidad que corresponda en función de la naturaleza del bien expropiado. En el caso de las corporaciones locales, este técnico o técnica debe ser designado por la corporación local interesada.\nUn o una representante de las cámaras, los colegios, las organizaciones empresariales o las asociaciones representativas de la propiedad en función del bien expropiado, designado por la cámara, el colegio, la organización o la asociación correspondientes.\nUn notario o notaria, designado por el colegio notarial correspondiente.\nUn secretario o secretaria, que debe ser funcionario, designado por el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.\n3. El Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales debe prestar al Jurado de Expropiación de Cataluña el apoyo administrativo necesario para su funcionamiento.\nArtículo 79. Prestación del servicio. Artículo 80. Autorización de aval.\nLa Generalidad debe avalar las operaciones de crédito concertadas para cubrir las necesidades transitorias de tesorería derivadas del desfase entre los cobros y los pagos originados como consecuencia de la construcción de las infraestructuras de la línea 9 del ferrocarril metropolitano de Barcelona.\nSe modifica el artículo 59 de la Ley 21/2001, que queda redactado del siguiente modo:\nArtículo 59. Control urbanístico municipal previo de determinadas obras ferroviarias.\nLas obras de construcción, reparación, conservación, mejora o ampliación de las infraestructuras y las supraestructuras ferroviarias promovidas por la Generalidad, sus entidades autónomas y las entidades de derecho público que están adscritas a la misma no están sujetas a licencia urbanística municipal ni a ningún otro control urbanístico municipal previo, sin perjuicio del informe que puedan emitir sobre la adecuación de las obras al planeamiento urbanístico. Se entiende que el informe es favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se haya emitido de manera expresa.\n1. Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 17/2000, que queda redactada del siguiente modo:\nA los efectos del ejercicio de las competencias establecidas por los artículos 5.7, 6.2, 6.3 y 6.4, en substitución del Servicio de Competencia en la Distribución Comercial, se crea el Servicio de Ordenación de la Distribución Comercial, dependiente del departamento competente en materia de comercio.\n2. Se añade una disposición adicional quinta a la Ley 17/2000, con el siguiente texto:\nLos municipios situados en un paso fronterizo por los que pasa una carretera o una autopista por la que accedan anualmente a Cataluña más de 5 millones de visitantes pueden añadir un incremento de 5.000 metros cuadrados de superficie de venta al resultado del dimensionado que les otorga el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales (PTSEC) vigente cuando entre en vigor la presente disposición. No pueden acogerse a este incremento los proyectos que establezcan la implantación de grandes establecimientos comerciales de alimentación ni los proyectos de establecimientos colectivos en los que la superficie de venta alimenticia del conjunto de sus establecimientos individuales supere los 1.300 metros cuadrados.\nSe añaden las letras j y k al artículo 45 del Decreto Legislativo 1/1993, con el siguiente texto:\nEn lo que concierne a la venta en liquidación, el incumplimiento de los supuestos y los requisitos que establece la normativa vigente.\nEn lo que concierne a la venta de saldos, el incumplimiento de los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente.\nSe modifica el segundo inciso del apartado 1 del artículo 157 de la Ley 18/2002, que queda redactado del siguiente modo:\nLas cuestiones que se planteen -que sean objeto de la presente Ley y de las normas que la desarrollan- entre cooperativas, entre algún socio o socia y la cooperativa a la cual pertenece, entre socios de alguna cooperativa o entre una cooperativa y la federación en que se agrupa pueden ser planteadas a conciliación ante el Consejo Superior de la Cooperación, o bien directamente ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 158. El procedimiento de conciliación se establece por reglamento.\n1. Se añade un artículo 24 bis a la Ley 28/1991, con el siguiente texto:\nArtículo 24 bis. Asambleas de compromisarios.\n1. La asamblea general puede ser sustituida por una asamblea de compromisarios. Los requisitos para ser compromisario o compromisaria son los determinados por los estatutos, si bien en todo caso es preciso ser mayor de edad y contar al menos con un año de antigüedad como socio o socia. Los miembros de la junta directiva tienen la condición de compromisarios.\n2. Cuando la mutualidad tenga más de diez mil socios, la designación de compromisarios debe llevarse a cabo ante notario o notaria mediante sorteo, el cual debe hacerse por cualquier medio, incluyendo los informáticos, entre los socios con derecho de voto.\n3. El mandato de los compromisarios tiene una duración mínima de dos años y máxima de cuatro años, a contar desde la fecha de la designación.\n4. Los compromisarios deben cumplir su mandato en representación de la entidad sin posibilidad de renunciar a la designación.\n5. Es aplicable a la asamblea de compromisarios, en todo lo que no contradiga a sus características, lo que disponen los artículos anteriores con respecto a la asamblea general.\n6. Los estatutos deben fijar el número de compromisarios que deben componer la asamblea general, que debe estar comprendido entre un mínimo de 100 y un máximo de 250.\n7. Los asambleístas pueden delegar su voto en otro compromisario o compromisaria, sin que ningún compromisario o compromisaria pueda tener un número de delegaciones de voto superior a tres para asistir a la asamblea general.\n2. Se modifican las letras a y b del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 28/1991, que quedan redactadas del siguiente modo:\nRequerir a la mutualidad a presentar un plan de rehabilitación, aprobado por la junta directiva, en el que se propongan las medidas administrativas, financieras o de otro tipo que sean precisas; se formule previsión de los resultados, y se fijen los plazos para ejecutarlas, con el fin de superar la situación que dio origen al requerimiento. El órgano de control debe aprobar o denegar el plan, y, si procede, fijar la periodicidad con que la mutualidad debe dar cuenta del desarrollo del mismo.\nRequerir a la mutualidad a presentar un plan de saneamiento a corto plazo, aprobado por la junta directiva, en el que se concreten la forma, la cuantía y la periodicidad de las aportaciones de nuevos recursos para superar la situación que haya dado lugar al requerimiento. El órgano de control debe aprobar o denegar el plan, y, si procede, fijar la periodicidad con que la mutualidad debe dar cuenta del desarrollo del mismo.\nSe añade un capítulo IV bis a la Ley 23/1983, con el siguiente texto:\nLos estudios y los planos de información.\nLa memoria explicativa del plan.\nLos planes de ordenación y, eventualmente, las normas.\nArtículo 19 quater.\nSe añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/1988, con el siguiente texto:\nSe añaden dos nuevos párrafos a la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, con el siguiente texto:\nNo llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza establecido por la normativa vigente para el control de la actividad pesquera.\nManipular, alterar o estropear los dispositivos de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza establecidos por el párrafo anterior, así como interferir, impedir o producir cualquier tipo de perturbación en las comunicaciones.\n1. Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 11/1998, que queda redactado del siguiente modo:\n2. Se entiende por helipuerto eventual la superficie de terreno que reúne las condiciones mínimas de seguridad para ser utilizada por los helicópteros de forma temporal u ocasional y cuyo establecimiento obedece a necesidades transitorias motivadas por operaciones de prevención, vigilancia y extinción de incendios, realización de trabajos aéreos, actividades recreativas o de transporte u otras análogas.\n2. Se modifica el artículo 7 de la Ley 11/1998, que queda redactado del siguiente modo:\n1. Los helipuertos eventuales deben ser autorizados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe preceptivo del ayuntamiento afectado. En la autorización debe fijarse el plazo de validez.\n2. No puede autorizarse un helipuerto como eventual cuando ya ha sido autorizado como eventual tres veces en el decurso del mismo año. En este caso, el helipuerto debe obtener la correspondiente autorización de helipuerto permanente, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los helipuertos permanentes.\n3. Para el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo no urbanizable situados fuera del espacio aéreo controlado de los aeropuertos de interés general, debe disponerse de la documentación acreditativa de la libre disposición del terreno y de un estudio de impacto ambiental si el helipuerto se sitúa lindando con espacios de especial interés natural o zonas de especial protección de las aves.\n4. Para el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo no urbanizable dentro del mencionado espacio aéreo controlado a que se refiere el apartado 3, debe disponerse, además, del certificado de compatibilidad del espacio aéreo de la instalación proyectada emitido por la administración aeronáutica competente.\n5. Para autorizar el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo urbano o urbanizable, debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por los apartados anteriores y de los demás que se determinen por reglamento.\n6. El plazo para dictar una resolución es de un mes desde la presentación de la solicitud, un vez transcurrido el cual, si no se ha dictado resolución expresa, debe entenderse que es estimada.\nSe modifica el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 17/1990, que queda redactado del siguiente modo:\n3. La Entidad Autónoma Museos de Arqueología, adscrita al Departamento de Cultura, tiene por objeto la gestión del Museo de Arqueología de Cataluña y del Museo Arqueológico de Tarragona.\n1. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 del Texto refundido de las leyes 3/1985 y 21/1990, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1991, que queda redactado del siguiente modo:\n2. Cada cuatro años, en el mes de octubre, el Gobierno renueva la composición de la Comisión Jurídica Asesora y nombra a su presidente o presidenta. En todo caso, puede confirmar a los miembros anteriores.\n2. Se modifica el artículo 9 del Texto refundido de las leyes 3/1985 y 21/1990, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1991, que queda redactado del siguiente modo:\nArtículo 9. Composición de la Permanente\nLa Permanente está formada por el presidente o presidenta y por diez miembros más, como máximo, que son designados por el Pleno, de entre sus miembros, en la proporción adecuada entre sus especialidades jurídicas y las funciones de la Permanente.\nSe añade un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley 2/2000, con el siguiente texto:\nSin perjuicio de lo establecido en el anterior párrafo, en el marco de las competencias del Consejo del Audiovisual de Cataluña, la desatención de los requerimientos formulados en virtud de lo establecido en la letra h del artículo 10 de la presente Ley es infracción leve y debe ser sancionada de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 82 de la Ley del Estado 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones.\nDe acuerdo con lo establecido por el artículo 41.1.a de la Ley del Estado 21/2001, se autoriza al consejero o consejera de Economía y Finanzas para que, en el plazo de seis meses, a contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, elabore y apruebe los modelos de contrato para el arrendamiento de bienes inmuebles.\n1. Durante el primer trimestre de 2003, cada uno de los departamentos de la Generalidad ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mediante orden del consejero o consejera competente, y solo a efectos informativos, una relación de las tasas vigentes que gestionan, en la que se identifiquen los servicios y actividades que devengan cada una de ellas y la correspondiente cuota.\n2. La relación de tasas vigentes debe estar expuesta en todas las dependencias y oficinas del departamento correspondiente y debe estar a disposición de los contribuyentes que la soliciten.\n3. La relación de tasas vigentes debe ser objeto de actualización en la medida en que las tasas que contenga puedan ser objeto de modificación o supresión o puedan crearse nuevas tasas.\n1. En los términos establecidos en el capítulo IX del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, una vez aprobados el correspondiente acuerdo de plurienalidad y la orden posterior de convocatoria, previos informes favorables de la Dirección General de Presupuestos y Tesoro y de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas, se autoriza a los titulares de los departamentos y entidades gestoras de servicios sociales para poder suscribir, con cargo al capítulo IV de su presupuesto, dentro de los límites de las respectivas leyes de presupuestos, los convenios previstos por dicha orden, con un alcance plurienal y por un plazo máximo de tres años. El objeto de los convenios debe ser la financiación de los servicios relacionados con la economía social y la gestión de los servicios sociales especializados que presten las entidades sin ánimo de lucro que, por acuerdo del Gobierno y a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, se determinen. El acuerdo también debe contener las medidas de coordinación necesarias para hacer efectiva la aplicación de esta disposición.\n2. El consejero o consejera de Economía y Finanzas, en el marco de la normativa aplicable en materia de subvenciones, debe establecer los procedimientos de pago, mediante un anticipo mensual, así como las formas de justificación de la aplicación del fondo.\n3. Debe determinarse, por orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, la composición y las funciones específicas de una comisión encargada de efectuar el seguimiento de la aplicación de las medidas establecidas por esta disposición. En esta comisión debe haber representantes, además del Departamento de Economía y Finanzas, de los demás departamentos afectados y de las entidades representativas del tercer sector social en Cataluña.\nEn los términos que se establezca por reglamento, deben adscribirse al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas los medios materiales adscritos al Departamento de Sanidad y Seguridad Social y al Instituto Catalán de la Salud vinculados a las funciones que se atribuyen al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.\n1. El personal laboral que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, preste servicios en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Departamento de la Presidencia y que cumpla las funciones que, de acuerdo con la presente Ley y con la normativa que la desarrolle, sean asumidas por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo debe integrarse en la Agencia por aplicación del mecanismo de sucesión de empresa.\n2. El personal funcionario que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, preste servicios en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Departamento de la Presidencia y cumpla las funciones que, de acuerdo con la presente Ley y con la normativa que la desarrolle, sean asumidas por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo puede optar por:\nIntegrarse en la Agencia como personal laboral, con reconocimiento a todos los efectos de la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad y quedar en ésta en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.\nMantener su condición de funcionario o funcionaria en la Agencia y ocupar un puesto a extinguir. Este puesto debe quedar extinguido cuando el funcionario o funcionaria obtenga otra plaza con carácter definitivo o cuando el puesto quede vacante por cualquier otra causa que no comporte reserva del puesto.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Normas de actuación de los representantes de la Generalidad en consorcios, fundaciones y demás entidades. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Marcas turísticas.\nDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, el departamento competente en materia de turismo debe articular las promociones de carácter zonal mediante el número de marcas turísticas que se defina por medio de una resolución del consejero o consejera del mismo departamento, previa consulta a los municipios que componen cada una de las marcas turísticas. En todo caso, a las ya existentes se incorporan las marcas Terres de lEbre y Vall dAran.\n1. Se modifica la denominación de los cuerpos funcionariales de la Generalidad, que queda del siguiente modo:\nEl Cuerpo de Interventores, creado por la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del Estatuto de la función interventora: Cuerpo de Intervención.\nEl Cuerpo de Titulados Superiores, creado por la Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de cuerpos de funcionarios de la Generalidad de Cataluña: Cuerpo de Titulación Superior.\nEl Cuerpo de Diplomados, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo de Diplomatura.\nEl Cuerpo de Técnicos Especialistas, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo Técnico de Especialistas.\nEl Cuerpo de Auxiliares Técnicos, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo Auxiliar Técnico.\nLa Escala de Inspectores Financieros, creada por la Ley 5/1991, de 27 de marzo, de creación de la escala de inspectores financieros y de la escala de inspectores tributarios dentro del cuerpo superior de Administración de la Generalidad: Escala de Inspección Financiera.\nLa Escala de Inspectores Tributarios, creada por la Ley 5/1991: Escala de Inspección Tributaria.\nEl Cuerpo de Abogados de la Generalidad, creado por la Ley 7/1996, del 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña: Cuerpo de Abogacía de la Generalidad.\n2. Las categorías y las escalas profesionales del Cuerpo de Mossos dEsquadra, creado por la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos dEsquadra, se denominan Mossos dEsquadra, personal facultativo, Mossos dEsquadra / Escala superior intendente/a; Mossos dEsquadra / Escala superior-comisario/aria; Mossos dEsquadra / Escala superior-mayor; Mossos dEsquadra, personal técnico; Mossos dEsquadra / Escala ejecutiva-inspector/a; Mossos dEsquadra / Escala intermedia-sargento; Mossos dEsquadra / Escala intermedia-subinspector/a; Mossos dEsquadra / Escala básica-mozo/a; Mossos dEsquadra / Escala básica-cabo.\n3. Las categorías y las escalas profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad, creado por la Ley 5/1994, se denominan Bomberos / Escala superior-inspector/a; Bomberos / Escala ejecutivo-subinspector/a; Bomberos / Escala técnica-cabo; Bomberos / Escala técnica- bombero/a de primera; Bomberos / Escala técnica-oficial; Bomberos / Escala técnica-sargento; Bomberos/Escala básica-bombero/a.\n4. La Secretaría de Administración y Función Pública y la Dirección General de Política Lingüística, previo informe del Instituto Catalán de la Mujer y con el asesoramiento terminológico del Centro de Terminología Termcat, deben aprobar, mediante resolución conjunta, la denominación de las especialidades de los cuerpos funcionariales de la Generalidad y de las categorías y puestos del colectivo de personal laboral que se especifican en el convenio colectivo, en su caso, previa la negociación que corresponda, para su adaptación al lenguaje no androcéntrico.\n1. Los actuales miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros afectados por la causa de incompatibilidad regulada por la letra f del apartado 1 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril, o por la pérdida del requisito que condiciona su elegibilidad, establecido por la letra f del apartado 1 del artículo 40 del mismo texto normativo, pueden continuar en el ejercicio de sus cargos hasta la renovación que corresponda por cumplimiento del plazo de duración del mandato vigente.\n2. Las vacantes que por cualquier otra causa se produzcan en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros a partir de la entrada en vigor del artículo 8 de la Ley del Estado 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, deben ser cubiertas provisionalmente de acuerdo con el sistema normativamente establecido hasta la renovación que corresponda por cumplimiento del plazo de duración del actual mandato vigente. Si se produce una vacante en el cargo de presidente o presidenta, debe ocuparlo el miembro del Consejo de Administración que éste designe por mayoría de dos tercios de sus miembros hasta la renovación que corresponda por cumplimiento del plazo de duración del mandato vigente. A falta de acuerdo, debe cumplir las funciones uno de los vicepresidentes, por orden, o, en su ausencia, el vocal de más edad hasta que tenga lugar la primera renovación del Consejo de Administración que corresponda.\nLas entidades mutuales a que se refiere la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de mutualidades de previsión social, que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, hayan optado por el régimen de asamblea de compromisarios, de acuerdo con lo establecido por el artículo 24.3 de dicha Ley, deben efectuar un nuevo sorteo para el nombramiento de compromisarios en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, siempre que todos o parte de los compromisarios actuales lleve cuatro o más años ejerciendo su cargo, a efectos de que la asamblea así elegida apruebe los estatutos que deben ser elaborados de acuerdo con la nueva normativa que dicte el Parlamento, en cumplimiento de lo establecido por la disposición final cuarta de la Ley 21/2001. Este plazo de tres meses puede ser prorrogado, a solicitud de la entidad, por el Departamento de Economía y Finanzas por otro período máximo de tres meses.\n1. En el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, quedan derogados:\nLos apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.\nLa disposición adicional primera de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.\nEl apartado 3 del artículo 24 de la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de las mutualidades de previsión social.\n2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo establecido por la presente Ley.\n1. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas entra en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del decreto de desarrollo, al que se refiere la sección IV del capítulo II del título II de la presente Ley.\n2. El Gobierno de la Generalidad ha de elaborar, en el plazo máximo de seis meses, el decreto de desarrollo del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.\n3. Se faculta al Gobierno para llevar a cabo la regularización del régimen de vinculación del personal que pase a prestar servicios en el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, de acuerdo con lo establecido por el apartado 1 del artículo 44.\nEn el plazo máximo de seis meses a contar del día siguiente de la publicación de la presente Ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Gobierno ha de aprobar mediante decreto los estatutos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, previa deliberación y dictamen de los órganos consultivos establecidos por la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo.\nSe autoriza al Gobierno para que efectúe las transferencias de crédito necesarias en los conceptos presupuestarios correspondientes del capítulo I con el fin de dotar económicamente las plazas creadas de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña.\nSe autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, refunda en un texto único la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, las disposiciones relativas a la creación de la Agencia Catalana del Agua, establecidas por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro, y los preceptos vigentes de la Ley 4/1990, de 9 de marzo, de ordenación del abastecimiento de agua en el área de Barcelona, la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de Cataluña, y la Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de reforma de la Junta de Saneamiento, que integre las modificaciones introducidas por otras leyes. La refundición debe comprender también la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.\nLa presente Ley entra en vigor el 1 de enero de 2003, pero la modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril, de acuerdo con lo establecido por el artículo 77, producirá efectos desde la entrada en vigor del artículo 8 de la Ley del Estado 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.\nArtículos 35 y 50 (apdo. 3):\nRedacción según Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 13 (apdo. 2):\nRedacción según Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras. Artículo 1 (apdo. 4); disposición adicional sexta:\nDerogados por Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 y 34:\nDerogado por Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 1 (apdos. 1.7, 2 y 3):\nRedacción según Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. Artículo 1 (apdos. 1.6):\nDerogado por Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. Artículo 43 (letra e del apdo. 1) :\nRedacción según Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Artículo 43 (letra f del apdo. 1) :\nAñadido por Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Artículo 2 ( Con efectos de 31 de diciembre de 2011):\nRedacción según Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Artículo 61:\nDerogado por Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 79:\nDerogado por Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.\nArtículos 1 (apdos. 1b, 1.3 y 2), 8 (apdo. 2b) y 10 (apdo. 1):\nArtículos 67, 68, 69, 70 y 71:\nDerogados por Ley 7/2007, del 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña.\nArtículo 35 (apdo. 5):\nArtículo 35 (apdo. 8):\nAñadido por Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.\nDerogado por Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.\nArtículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27:\nVeáse, con efectos a partir del 1 de enero de 2010, la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, pasa a denominarse Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias por Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Cerrar\nLEY 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos ComercialesLEY 15/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y AdministrativasLEY 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y AdministrativasLEY 18/2002, de 5 de julio, de CooperativasLEY 3/2004, de 28 de junio, de segunda modificación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de CataluñaLEY 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica AsesoraLEY 20/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financierasLEY 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financierasLEY 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de CataluñaLEY 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008LEY 17/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y FinancierasLEY 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financierasLEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativasLEY 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donacionesLEY 6/2011, de 27 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2011LEY 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y FinancierasLEY 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa\tCerrar PDF\nLEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas\tTrámites