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¿No se cual comprarme? - Página 1 | Foros BikeZona.com\nForo Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> ¿No se cual comprarme?\n¿No se cual comprarme?\nCreado por Pacense\n15/05/2015 a las 4:59:32\nMayo 2015 | BADAJOZ\n¿No se cual comprarme? Creado el 15/05/2015 a las 4:59:32\nHola buenas, soy nuevo en esto de bicicletas de montaña y quisiera ver si me pudieras echar una mano con mi eleccion de bicicleta, estoy entre estas dos de 29:\n1- Trek marlin 7- 429 euros.\n2- Focus Whisthle 4.0- 549 euros y me dan 82 euros para comprar en accesorios o 495 sola la bici.\n17/05/2015 a las 23:44:46\nReplicado el 17/05/2015 a las 23:44:46\nSon las dos muy parecidas, quizás la Trek un poco mas baja en componentes, pero es mejor cuadro la trek...\nCreo que trek da garantia en cuadros de por vida.\n18/05/2015 a las 11:05:22\nReplicado el 18/05/2015 a las 11:05:22\nMe quedo con la Trek , como dice picni garantia de cuadro de por vida, y en componentes se dan mas o menos la mano.\n18/05/2015 a las 11:26:00\nReplicado el 18/05/2015 a las 11:26:00\nA difrutarla, si acaso pide en tienda si te pueden mejorar el desviador trasero y mandos. A lo mejor por un poco como minimo puedes ponerle unos Alivio, son mejores que Altus.\n18/05/2015 a las 12:14:28\nReplicado el 18/05/2015 a las 12:14:28\nEl desviador trasero altus si te recomiendo que lo mejores aunque sea a un acera o alivio, como dice picni, yo tenia en mi primera bicicleta un altus detras y era un continuo desajuste de los cambios, pero sin unas buenas manetas te da igual el trasero jeje asique como bien dice el compi pregunta porque alomejor por 50 o 60 euros te pueden mejorar todo eso. ;)\n18/05/2015 a las 12:31:19\nReplicado el 18/05/2015 a las 12:31:19\nEn mi actual plegable, llevo Alivio, en la anterior Tourney (peores que los altus) y salvo recorridos de maneta y que no cambian los piñones de 3 en tres al reducir velocidad, no tenia queja del funcionamiento. Hay bicis que se desajustan con mirarlas, pero no creo que la gama del cambio tenga mucho que ver.\nEn todo caso, puestos a hacer cambios antes de salir de la tienda yo preguntaria por cuanto me sale que cambien todo por Deore, ahí si que en suavidad de uso, vas a notar un cambio.\nReplicado por Pacense\n18/05/2015 a las 14:31:00\nReplicado el 18/05/2015 a las 14:31:00\nMuchas gracias, hablare con el de la tienda a ver a que precio me los pondrias\n< < < < duda frenos hidraulicos\nMountain Bike Encuesta - Gana una GoPro Hero 4 Black > > > >


@PrensaCICOP: DIARIO EL NORTE > Paro de CICOP y ATE >\nDIARIO EL NORTE - San Nicolas\nReclamo de estatales: ATE agudiza las medidas de fuerza y para miércoles y jueves por 48 hs.\n24 Ago 2014 (07:00) |\nLa Comisión Directiva de la seccional local del gremio indicó que respaldará el paro nacional que está delineando la CTA a nivel nacional. En nuestra ciudad, se resentirá la atención en el Hospital San Felipe, donde también se sumarán los trabajadores nucleados en CICOP, atendiendo solo las urgencias y emergencias. También paran los auxiliares de la educación y trabajadores de otros ministerios.\nLa Asociación Trabajadores del Estado, (ATE) Seccional San Nicolás, definió un paro de 48 hs. para los días 27 y 28 de agosto, respaldando y construyendo el paro nacional de 36 horas de la CTA a nivel nacional y en la continuidad del plan de acción que viene desarrollando el gremio.\nLa Central comenzará la medida a partir de las 12 horas del día 27 y ATE Buenos Aires incluye todo el día 27, más el 28, como forma de garantizar las acciones regionales en la provincia de Buenos Aires.\nEntre las acciones previstas, a primeras horas de la mañana del 27 se realizarán cortes de rutas, de puentes y movilizaciones, para confluir luego a la movilización al Congreso nacional en capital, por salarios dignos, fin de los despidos y suspensiones, contra el impuesto a las ganancias en el salario, por políticas sociales inclusivas y contra la Ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.\n"Ante la ausencia de respuestas y convocatoria al diálogo por parte del gobierno provincial, ATE profundiza el plan de acción por aumento de salarios, nombramiento de personal en áreas críticas, pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, recategorizaciones de personal, por el fin del vaciamiento del IOMA, paritarias libres para los trabajadores municipales y para que se apruebe en la Legislatura bonaerense el Boleto Educativo universal y Gratuito", indicó la Comisión Directiva de ATE San Nicolás en un comunicado de prensa.\nAsimismo, indicaron que por el paro se resentirá la atención en el Hospital San Felipe, atendiendo solo las urgencias y emergencias. Además se sumarán a la acción directa los auxiliares de la educación en las escuelas y todos los afiliados que dependen de distintos ministerios, tanto nacionales como provinciales, a saber: IPS, Patronato de Liberados, Registro Provincial de las Personas, Desarrollo Social, IOMA entre otros.\nEn otro orden, ATE San Nicolás indicó que obtuvo un fallo a favor referente al quite de los códigos de préstamos realizados por el Ejecutivo Municipal, el pasado mes de marzo.\n"En un claro acto de represalia por acompañar y defender los derechos de los trabajadores en un justo reclamo, como es el pedido de un aumento salarial, acorde a las necesidades básicas de los trabajadores, el Ejecutivo municipal, amparándose en un decreto de la anterior gestión municipal, ejecutó este no reconocimiento", señalaron desde el gremio.\nAl tiempo que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad dictaminó una cautelar a favor de ATE "entendiendo que los mismos fueron quitados en un claro acto de discriminación, favoreciendo a unos en desmedro de otros", aseveraron.\nAutor: De la tedacción de EL NORTE


PROCEDENCIA POR DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO E INDEBIDA NOTIFICACIÓN JUDICIAL\nLa vulneración de derechos fundamentales del actor se atribuye a decisiones judiciales que negaron su solicitud de declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra, a pesar de no haber sido notificado de la existencia de los mimos. Se analiza temática relacionada con la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y el defecto procedimental absoluto por indebida notificación. La Corte reitera que todo procedimiento en el que se haya pretermitido una etapa procesal trascendental consagrada en la ley, se encuentra viciado por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las partes y constituye un defecto procedimental absoluto. Precisa, que el error en el proceso debe tener una influencia directa en la decisión de fondo adoptada que no puede ser atribuible al actor. Insiste, que la notificación constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en particular la notificación personal, teniendo en cuenta que tal actuación garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales y con ella habilita la participación de los involucrados. Se CONCEDE el amparo, se declara la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo de responsabilidad extracontractual iniciado con fundamento en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena, solamente en lo relacionado con el peticionario.\nReferencia: Expediente T-6.296.492\nAcción de tutela instaurada por Aniano Alberto Iglesias Flórez contra el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º del Circuito de Cartagena y el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena.\nProcedencia: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.\nAsunto: El derecho fundamental al debido proceso, el defecto procedimental absoluto y la indebida notificación judicial.\nMagistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.\nBogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018).\nEn el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de junio de 2017, por medio del cual se concedió el amparo constitucional solicitado por Aniano Alberto Iglesias Flórez.\nEl asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El 25 de agosto de 2017, la Sala Número Ocho de Selección de Tutelas de esta Corporación, escogió el presente caso para su revisión.\nEl 17 de junio de 2016, Aniano Alberto Iglesias Flórez promovió acción de tutela en contra del Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12º Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad, por considerar que vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra .\n1. El accionante manifiesta que el 5 de diciembre del 2001 vendió a la empresa DEGALGO LTDA y/o Carlos Gómez Carrillo el vehículo Mazda 323 H, modelo 2001 de placas GOB895, por la suma de $20.000.000. Por lo anterior, entregó el carro, la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, las improntas y diligenció el formulario de traspaso de la propiedad del referido bien .\n2. Señala que tal y como se estableció en una de las sentencias censuradas, el 14 de diciembre del mismo año, el señor Carlos Gómez Carrillo le vendió el carro anteriormente referenciado a Talel Charanek Hachen, domiciliado en la ciudad de Cartagena .\n3. El 17 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 3:30 am, ocurrió un accidente en el que se generaron daños y perjuicios a Oscar Fontalvo Malo. El causante del incidente fue el vehículo Mazda 323 H modelo 2001 de placas GOB895, el cual era conducido por Marcel Andrés Rodríguez Pérez, quien se encontraba en estado de embriaguez. El actor indica que la propietaria actual del referido carro es la señora Jenny Pérez .\n4. En consideración a lo anterior, Oscar Fontalvo Malo instauró demanda ordinaria para que se declarara civilmente responsable por los daños y perjuicios causados en el accidente a Marcel Andrés Rodríguez Pérez, a Jenny Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, quien también figura como propietario del vehículo, según consta en el certificado de tradición del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico. Tal demanda fue admitida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena .\n5. El peticionario manifiesta que nunca fue notificado del proceso a pesar de que su dirección se encontraba en la tarjeta de propiedad del vehículo, en la que se evidencia que reside en la ciudad de Barranquilla. En particular, señala que la citación de notificación personal del auto admisorio y el aviso fueron enviados al edificio Las Acacias en la calle Real # 25-199 apartamento 202 Manga en Cartagena, a pesar de que el Secretario del Juzgado 4º Civil Municipal certificó que no se pudo notificar a los demandados porque “las personas no residen ahí”. Por lo anterior, el juzgado anteriormente mencionado profirió edicto emplazatorio el cual fue publicado en el periódico El Espectador y transmitido en la emisora Oxígeno de Caracol en la ciudad de Cartagena .\n6. Mediante sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena declaró civilmente responsables a Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2001. A pesar de lo anterior, dicho juzgado decidió no condenarlos por concepto de daño emergente y lucro cesante .\n7. El demandante señala que en el expediente aparece un edicto por medio del cual se notificó la sentencia del 2 de diciembre de 2011 -cuyos demandados son Marcel Andrés Rodríguez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez- pero el asunto es “restitución de inmueble arrendado” .\n8. Por medio de fallo emitido el 7 de mayo de 2012, el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena revocó parcialmente el fallo del a quo y condenó solidariamente a Marcel Andrés y Aniano Alberto Iglesias Flórez a pagar al demandante $12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago, por concepto de perjuicios materiales por daño emergente .\n9. El 22 de abril de 2015, Oscar Fontalvo Malo interpuso demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra Marcel Andrés Rodríguez y Aniano Alberto Iglesias Flórez con fundamento en la sentencia anteriormente mencionada .\n10. El 28 de abril de la misma anualidad, el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena libró mandamiento de pago en contra de los demandados .\n11. El 3 de agosto de 2015, el Banco de Occidente de Barranquilla le informó al actor que sus cuentas estaban embargadas debido a que se encontraba en curso un proceso ejecutivo en su contra, a cargo del Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena, por lo que ese mismo día acudió a tal despacho judicial y se notificó del proceso ejecutivo iniciado en su contra .\n12. El 21 de agosto de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena revocó el auto proferido por ese mismo despacho judicial el 28 de abril de 2015, mediante el cual admitió la demanda ejecutiva y libró mandamiento de pago en contra de los demandados. En su lugar, rechazó la demanda por falta de competencia y dispuso el envío del expediente al Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena .\n13. El 4 de septiembre de 2015, Marcel Andrés Rodríguez Pérez presentó recurso de reposición en contra el referido auto por considerar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la autoridad competente para conocer del proceso ejecutivo era el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena. Adicionalmente, el recurrente indicó que el artículo 335 del CPC autorizaba la ejecución posterior a otro proceso, sólo si se ejecuta dentro de los 60 días siguientes, lo que no se cumplía en el presente asunto debido a que la demanda ejecutiva se presentó casi dos años después de proferida la sentencia .\n14. Por medio de auto emitido el 23 de octubre de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena negó el recurso de reposición, corrigió el numeral tercero de la providencia recurrida y dispuso el envío del expediente a la oficina de reparto, para que posteriormente fuera remitido al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena. Adicionalmente, accedió a la solicitud de levantar las medidas cautelares dictadas en tal proceso .\n15. Mediante auto del 10 de diciembre de la misma anualidad, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena decretó mandamiento de pago contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez. Además, emplazó al ahora accionante debido a que su apoderado (no se aclara si era abogado de confianza o el curador) manifestó bajo la gravedad de juramento que desconocía el lugar de su residencia, su sitio de trabajo y no figuraba en el directorio telefónico .\n16. El 28 de enero de 2016, el señor Iglesias Flórez presentó incidente de nulidad del proceso ejecutivo, en consideración a que el fallo en su contra fue proferido sin haberse notificado en debida forma, nunca pudo defenderse en dicho proceso y demostrar que a la fecha del accidente automovilístico, él no tenía ni la propiedad ni la tenencia del vehículo. Sin embargo, mediante auto del 10 de junio de 2016, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la nulidad solicitada, bajo el argumento de que las nulidades en el proceso sólo se pueden alegar antes de dictar sentencia. Asimismo, señaló que la causal de nulidad alegada presuntamente se generó en el proceso que lo declaró civilmente responsable y no en el proceso ejecutivo, por lo que consideró que no era procedente invocarla en esta etapa procesal .\n17. El 27 de junio de 2016, el accionante interpuso recurso de reposición contra dicha providencia, sin embargo ésta fue confirmada el 9 de diciembre siguiente bajo los mismos argumentos .\n18. El actor afirma que en la actualidad trabaja como liquidador ante la Superintendencia de Sociedades y que el embargo ocasionado por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones económicas le genera un grave riesgo de ser excluido de la lista de liquidadores, lo que afecta su derecho al trabajo .\n19. Con fundamento en lo anterior, el accionante solicita el amparo, como mecanismo transitorio, de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y, en consecuencia, se dejen sin efectos las siguientes actuaciones: (i) la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena; (ii) el fallo emitido el 7 de mayo de 2012 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de la misma ciudad; (iii) el mandamiento de pago librado el 28 de abril de 2015 por el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena y (iv) el auto emitido el 9 de diciembre de 2016 por el Juzgado 4º Civil Municipal de la misma ciudad. Lo anterior, únicamente en lo relacionado con la condena proferida en contra de Aniano Alberto Iglesias Flórez .\n20. Por medio de auto del 6 de abril de 2017 , la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado de la demanda a los juzgados accionados, vinculó a Oscar Fontalvo Malo, a Jenny Pérez y a Marcel Andrés Rodríguez con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.\n21. Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2017 , la Jueza 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena señaló que en el proceso con el número de radicado 13001400301220150032300 (323-2015) se registran las siguientes actuaciones:\n• Mandamiento de pago librado el 28 de abril de 2015\n• Auto de medidas cautelares del 3 de junio de 2015\n• Auto de traslado de solicitud de nulidad del mes de julio de 2015 (no dice la fecha exacta).\n• Auto del 21 de agosto de 2015, que revocó la providencia proferida el 28 de abril del mismo año y rechazó la demanda ejecutiva.\n• Auto del 23 de octubre de 2015, por medio del cual se negó el recurso y se envía el proceso a la oficia judicial para que se reparta al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena.\nCon fundamento en lo anterior, la jueza señala que las actuaciones anteriormente reseñadas fueron ajustadas a derecho, por lo que la acción de tutela presentada en contra de tal despacho judicial debe declararse improcedente, toda vez que no se configura ninguno de los requisitos generales y específicos señalados por la Corte Constitucional relacionados con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.\n22. Mediante fallo proferido el 11 de mayo de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por considerar que el actor no agotó los mecanismos judiciales que tuvo a su disposición durante los procesos censurados en sede de tutela. En particular, señaló que el peticionario omitió interponer la presentación de excepciones en el proceso ejecutivo por la indebida notificación y no agotó el recurso de revisión en el proceso declarativo .\n23. El 17 de mayo de 2017, el demandado impugnó el fallo del a quo, por considerar que era necesario que el juez de segunda instancia analizara los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios expuestos en el escrito de tutela .\n24. Por medio de sentencia del 22 de junio de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante. En efecto, indicó que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque realizó una interpretación excesiva y rigorista del artículo 134 del Código General del Proceso. Lo anterior, en consideración a que el juez debió analizar el incidente de nulidad como una excepción en el proceso ejecutivo.\nEn consecuencia, resolvió revocar los autos proferidos el 10 de junio y el 9 de diciembre de 2016, así como las providencias que se dictaran con fundamento en aquellos y ordenó al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena que se “adecue el trámite al medio de defensa propuesto por el demandado, aquí accionante, a lo dispuesto en el artículo 134 del C. G del P., y sin que lo aquí expresado comporte imposición alguna del sentido decisorio a adoptar sobre ese particular” .\n25. En cumplimiento del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia de tutela, mediante auto del 4 de julio de 2017 , el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la solicitud de nulidad instaurada por el actor. En particular, indicó que el accionante nunca demostró que el demandante en el proceso declarativo sabía que la dirección a la que fueron notificados los demandados no era su domicilio real.\nPor otra parte, el juzgado indicó que:\n“en el citatorio enviado a los demandados en el proceso ordinario que da origen al proceso ejecutivo que nos ocupa, se citó a los demandados para que comparecieran a este Despacho Judicial a notificarse del auto que admite la demanda, pero en ningún momento se informa la fecha de la providencia que se notifica, circunstancia esta que efectivamente da origen a la nulidad por indebida notificación invocada por la parte demandada, no obstante, advierte esta Judicatura que en esta instancia procesal no es viable acceder a decretar esta (sic) por vía de la nulidad deprecada por la parte demandada, ello en cumplimiento de lo establecido en el art. 142 del C.P. Civil, que reza:\nLas nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.\nLa nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al en (sic) que haya cesado la incapacidad.\nLa nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.\nCon fundamento en lo anterior, la jueza concluyó que la nulidad alegada no se encuentra originada en la sentencia y en este sentido no es procedente decretarla en esta instancia procesal. Finalmente, indicó que la norma anteriormente citada hace referencia a otras oportunidades procesales para alegar la nulidad, es decir, como excepción o a través del recurso de revisión.\n26. Por medio de escrito presentado el 17 de julio de 2017 , el accionante repuso el auto anteriormente mencionado. En tal recurso, reiteró los argumentos del incidente de nulidad y manifestó al Juzgado que debía tener en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela en lo relacionado con el exceso ritual manifiesto.\n27. Por su parte, con el fin de contar con mayores elementos de juicio en sede de revisión, a través de auto del 20 de noviembre de 2017, la Magistrada sustanciadora ofició al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena , para que informara a esta Corporación el estado actual del proceso ejecutivo iniciado por Oscar Fontalvo Malo en contra de Marcel Andrés Rodríguez Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, con el radicado número radicado No. 090-2007 y remitiera una copia del expediente completo del mismo.\nAdicionalmente, ordenó a tal despacho judicial remitir a este Tribunal una copia del expediente completo del proceso declarativo identificado con el radicado No. 090-2007 en la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena.\n28. Por medio de oficio recibido en el despacho de la Magistrada sustanciadora el 7 de diciembre de 2017, la Secretaría General de esta Corporación remitió copia del correo electrónico enviado por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, en el que informó que actualmente el proceso se encuentra pendiente de resolver dos recursos de reposición desde el 8 de agosto de 2017.\n29. Adicionalmente, manifestó que enviaba los siguientes documentos:\n“[C]inco (5) cuadernos: Un cuaderno 50 folios útiles y escritos; un cuaderno de incidente de nulidad Nº. 2 con 49 folios útiles y escritos; un cuaderno de incidente de nulidad Nº.1 con 21 folios útiles y escritos; un cuaderno de medidas cautelares con 20 folios útiles y escritos; un cuaderno ordinario con 100 folios útiles y escritos (…)” .\nA pesar de lo anterior, de la revisión de los documentos remitidos, se evidenció que el juzgado no envió las copias completas de los procesos solicitados. En efecto, del proceso ordinario faltaron los siguientes folios: 1 a 69, 82, 83 y 85. Asimismo, de la segunda parte del incidente de nulidad en el proceso ejecutivo hacen se omitieron los siguientes folios: 15 a 31.\n30. En consecuencia, por medio de auto del 11 de diciembre de 2017, la Magistrada sustanciadora requirió al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena para que remitiera a esta Corporación copia de los folios 1 a 69, 82, 83 y 85 del proceso declarativo identificado con el radicado No. 090-2007 en la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por tal despacho judicial. Asimismo, ordenó a dicho juzgado remitir copia de los folios 15 a 31 de la segunda parte del incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado número 13001400300420070009002 .\n31. Mediante correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2017 , el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena envió a la Secretaria General de esta Corporación las piezas procesales restantes.\n1. Como se indicó en el acápite de hechos, Aniano Alberto Iglesias Flórez presentó acción de tutela por considerar que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12º Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra a pesar de no haber sido notificado de la existencia de los mismos.\n2. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿los despachos judiciales accionados vulneraron el derecho fundamental al debido proceso, al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo iniciados en contra del actor a pesar de las supuestas irregularidades en la notificación?\n3. Para resolver la cuestión planteada, es necesario analizar la procedencia de la acción de tutela, para lo cual se examinarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales; (ii) el examen de los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; (iii) el defecto procedimental absoluto por indebida notificación; y (iv) el análisis del caso concreto.\n4. El artículo 86 Superior establece que la tutela procede contra toda “acción u omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en la Constitución.\n5. Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo.\nLa acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la tornan incompatible con la Carta Política .\n6. La Sala Plena de la Corte, en la sentencia C-590 de 2005 , señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.\nLos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales\n7. De conformidad con la línea jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporación desde la sentencia C-590 de 2005 , los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.\n8. La Sala observa que en este caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ha fijado la jurisprudencia de esta Corporación, tal y como se muestra a continuación:\n9. En primer lugar, la cuestión objeto cumple con el presupuesto de relevancia constitucional. Aunque en principio se denuncia el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, esa posible afectación podría estar ligada al incumplimiento de cargas procesales en un proceso ejecutivo y, en esa hipótesis, es claro que el debate planteado tendría un contenido meramente económico, no de derechos fundamentales, con lo que no habría un problema constitucional.\nNo obstante, la Sala tendrá por cumplido el presupuesto en mención, en atención a que se plantea la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por la indebida notificación en un proceso judicial que puede producir resultados injustos para el accionante, pues a pesar de los diferentes recursos que ha presentado el peticionario para controvertir las decisiones judiciales cuestionadas no ha sido escuchado sustancialmente por los jueces naturales. En efecto, se evidencia una situación de relevancia constitucional, en la medida en que prima facie, el accionante resultó afectado en sus derechos fundamentales en razón de un proceso judicial del cual nunca tuvo conocimiento por lo que no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y en el cual resultó condenado. Además, en principio, la Sala encuentra que el peticionario no incumplió ninguna carga procesal, sino que presentó los recursos que consideró que tenía a su alcance en la jurisdicción ordinaria una vez supo del proceso en curso.\n10. En segundo lugar, respecto del requisito de subsidiariedad, el inciso 4º del artículo 86 de la Norma Superior consagra que es requisito de procedencia de la acción de tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.\n11. En relación con este requisito, la sentencia T-1008 de 2012 reiterada en la T-630 de 2015 , estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes.\nRespecto del principio de subsidiariedad en casos de tutela contra providencias judiciales, en la sentencia C-590 de 2005, determinó que la tutela contra providencia judicial es procedente cuando:\n“[S]e hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable . De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”. (Negrilla fuera del texto original).\n12. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional , tal perjuicio se caracteriza:\n“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;(ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”. (Negrilla fuera del texto original).\nEn relación con lo anterior, esta Corporación ha establecido que se debe demostrar la necesidad de la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y se debe evaluar la posibilidad que tiene el accionante para acudir a los mecanismos de la jurisdicción ordinaria para definir si el amparo procede de forma definitiva o transitoria .\n13. En esta oportunidad, la Corte reitera su jurisprudencia, en el sentido de que se cumple con el requisito de subsidiariedad en casos de tutela contra providencia judicial cuando: (i) se han agotado todos los mecanismos judiciales en la jurisdicción ordinaria, (ii) en los casos en que no se agotaron, el afectado ejecutó todas las acciones existentes para hacerlo y (iii) se busque evitar la amenaza o configuración de un perjuicio irremediable.\n14. En el caso objeto de estudio, la Sala evidencia que se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante adelantó todas las acciones para agotar los mecanismos judiciales en la jurisdicción ordinaria que tiene a su disposición. Desde que tuvo conocimiento del embargo de sus cuentas fue al Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena a notificarse del proceso en su contra y realizó varias actuaciones durante todo el desarrollo del mismo. En efecto, el 28 de enero de 2016, interpuso incidente de nulidad del proceso ejecutivo, en consideración a que el fallo en su contra fue proferido sin haberse notificado en debida forma y nunca pudo defenderse en dicho proceso. El 27 de junio de 2016, el accionante presentó recurso de reposición contra el auto que negó la nulidad. Recientemente, el 17 de julio de 2017 , el actor repuso el auto emitido 4 de julio de 2017 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, por medio del cual negó la solicitud de nulidad instaurada por el actor.\nAunado a lo anterior, la Sala considera que en el presente caso, el peticionario se encuentra ante la amenaza de un perjuicio irremediable, pues tiene todas sus cuentas embargadas desde el año 2015 con fundamento en un proceso declarativo del que indica nunca fue notificado, lo que implica que no puede disponer de los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias sometidas a la referida medida cautelar.\n15. Adicionalmente, el actor afirma que en la actualidad trabaja como liquidador ante la Superintendencia de Sociedades y que el embargo ocasionado por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones económicas le genera un grave riesgo de ser excluido de la lista de liquidadores, lo que afecta su derecho al trabajo . De conformidad con lo establecido en el numeral 1.1 del Manual del Liquidador emitido por la Superintendencia de Sociedades , los liquidadores cumplen una función de auxiliares de la justicia y desempeñan un oficio público que debe ser realizado de manera imparcial por personas idóneas, de conducta intachable y con buena reputación. Asimismo, dispone que no basta con el conocimiento y la experiencia en determinadas áreas, sino que los liquidadores también deben tener unas calidades personales específicas para desempeñar dicha labor.\n16. En el caso objeto de estudio, el accionante fue condenado civilmente por el supuesto incumplimiento de una obligación económica originada en una sentencia que dio fin a un proceso judicial del cual alega que nunca fue notificado. En esa medida, la afectación de la reputación del actor resulta evidente e incluso desproporcionada, y constituye una amenaza cierta de un perjuicio irremediable en su contra, teniendo en cuenta que precisamente lo que se debate en el presente asunto es la notificación del proceso por el cual el peticionario resultó condenado a pagar tal obligación.\n17. No es irrazonable suponer la amenaza frente al derecho al trabajo del actor, pues a pesar de que la afectación de su reputación no lleva necesariamente a su exclusión de las listas de liquidadores, sí existe una afectación en su buen nombre, que podría repercutir en el ejercicio de su labor en la Superintendencia de Sociedades.\nEn consideración a lo anterior, se evidencia el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad en el presente caso, pues las providencias censuradas constituyen una amenaza al derecho fundamental al debido proceso del actor y pone en riesgo su derecho al trabajo con el embargo de sus cuentas bancarias, las cuales constituyen un elemento necesario para el ejercicio de su trabajo.\nAdemás se evidencia que el demandante agotó los mecanismos judiciales existentes desde el momento en que supo del proceso en su contra. No obstante que el recurso de revisión podía ser procedente para resolver el presente asunto, no era el mecanismo idóneo teniendo en cuenta que su trámite no suspende los efectos de la decisión judicial.\nAsimismo, se comprueba que en sede de tutela la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó considerar el recurso de nulidad como la excepción en el proceso ejecutivo. Sin embargo, en el trámite de cumplimiento se demostró que tampoco era el mecanismo idóneo, porque en los últimos autos el juez señaló que no estaba probado un hecho y decidió no estudiar de fondo el problema, a pesar de que la existencia de dicha prueba fue verificada por la Corte Suprema de Justicia.\nAdicionalmente, En tercer lugar, se demuestra que la acción de tutela se interpuso en un término razonable, toda vez que tal y como se indicó anteriormente, el auto que confirmó la negativa de la solicitud de nulidad se profirió el 9 de diciembre de 2016 y la tutela se presentó el 22 de marzo de 2017 , es decir, tres meses y 13 días después de que se emitió la última providencia censurada.\n18. En cuarto lugar, el demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como las irregularidades que, estima, hacen procedente la acción de tutela. En efecto, la supuesta vulneración se deriva de la negativa del Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena de declarar la nulidad del proceso declarativo, por medio del cual resultó condenado a pesar de que nunca fue notificado del mismo, y de la negativa de los otros despachos judiciales a revocar esa decisión.\n19. En quinto lugar, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela. El demandante acusa: a) la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena que declaró civilmente responsables a Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2001; b) el fallo emitido el 7 de mayo de 2012, por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena, que revocó parcialmente la sentencia del a quo y condenó solidariamente a los demandados a pagar al demandante $12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago por concepto de perjuicios materiales por daño emergente; c) el auto del 10 de junio de 2016, proferido por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la nulidad del auto de mandamiento de pago solicitada por el accionante; y d) el auto emitido por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena el 9 de diciembre de 2016, por medio del cual se confirmó la decisión de negar la solicitud de nulidad presentada por el accionante.\n20. En consideración a que se cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala continuará con el análisis de los requisitos específicos de procedibilidad.\n21. Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. De conformidad con la jurisprudencia vigente de esta Corporación , reiterada en esta providencia, estos defectos son los siguientes:\nEl defecto procedimental absoluto\n22. Con fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política que consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, la Corte Constitucional ha señalado que incurre en una causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, una decisión en la que el funcionario se aparta de manera evidente y grosera de las normas procesales aplicables .\n23. La jurisprudencia ha establecido que existen dos modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) el defecto procedimental absoluto, que ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto , o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, con lo que afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso ; y (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia .\nLo anterior ha sido reiterado por este Tribunal en diferentes oportunidades. En efecto, en la sentencia SU-159 de 2002 , determinó que un procedimiento se encuentra viciado cuando pretermite eventos o etapas señaladas en la ley, establecidas para proteger todas las garantías de los sujetos procesales, particularmente el ejercicio del derecho de defensa que se hace efectivo, entre otras actuaciones, con la debida comunicación de la iniciación del proceso y la notificación de todas las providencias emitidas por el juez que deben ser notificadas de conformidad con lo dispuesto en la ley.\nEn el mismo sentido se pronunció la sentencia T-996 de 2003 , en la que señaló que:\n“La Corte ha explicado que cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. En este sentido, estaría viciado todo proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante para asegurar las garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo”.(Negrilla fuera del texto original).\nMás adelante, en la sentencia T-565A de 2010 , reiteró que el defecto procedimental absoluto se configura cuando el juez dirige el proceso en una dirección que no corresponde al asunto de su competencia o cuando omite etapas propias del juicio, por ejemplo la notificación que cualquier acto que requiera de dicha formalidad, lo que genera una vulneración al derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, al no permitirles pronunciarse sobre tal actuación.\n24. En este sentido, insistió en que la irregularidad procesal debe ser de tal magnitud que sus consecuencias resulten materialmente lesivas de los derechos fundamentales, en particular el debido proceso. La falta de notificación de una providencia judicial configurará un defecto solo en el caso en el que impida materialmente al afectado el conocimiento de la decisión y en consecuencia se reduzcan las posibilidades de interponer los recursos correspondientes.\nAdicionalmente, las sentencias T-267 de 2009 y la T-666 de 2015 , reiteraron que el desconocimiento del procedimiento debe presentar unos rasgos adicionales para configurar el defecto estudiado: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado .\nLa indebida notificación como defecto procedimental\n25. Esta Corporación ha reconocido la importancia que tiene la notificación en los procesos judiciales. En particular, la sentencia C-670 de 2004 resaltó lo siguiente:\n“[L]a Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. (Negrilla fuera del texto original).\nEn el mismo sentido se pronunció la Sala Plena en la sentencia C-783 de 2004 , en la que indicó que la notificación judicial es el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por el juez. En consecuencia, tal actuación constituye un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional establecido en el artículo 228 de la Norma Superior.\nLa notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de defensa.\nPor otra parte, en esa oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre las diferentes modalidades de notificación de conformidad con lo establecido en los artículo 313-330 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), es decir personal, por aviso, por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyente .\nEn relación con la notificación personal, resaltó que tal mecanismo es el que ofrece mayor garantía del derecho de defensa, en la medida en que permite el conocimiento de la decisión de forma clara y cierta, y por esta razón el artículo 314 del CPC establecía que se debían notificar personalmente las siguientes actuaciones procesales: (i) el auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la primera providencia que se dicte en todo proceso y (ii) la primera que deba hacerse a terceros. Ello se fundamenta en que con tales providencias el destinatario queda vinculado formalmente al proceso como parte o como interviniente, y en consecuencia queda sometido a los efectos jurídicos de las decisiones que se adopten en el mismo.\n26. Por su parte, en la sentencia T-081 de 2009 , este Tribunal señaló que en todo procedimiento se debe proteger el derecho de defensa, cuya primera garantía se encuentra en el derecho que tiene toda persona de conocer la iniciación de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad. De conformidad con lo anterior, reiteró la sentencia T-489 de 2006 , en la que se determinó que:\n“[E]l principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. (Negrilla fuera del texto original).\nTeniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia T-081 de 2009 previamente referida, esta Corporación indicó que la notificación judicial es un acto que garantiza el conocimiento de la iniciación de un proceso y en general, todas las providencias que se dictan en el mismo, con el fin de amparar los principios de publicidad y de contradicción.\nAdicionalmente, en esa oportunidad, la Corte Constitucional enfatizó en que la indebida notificación es considerada por los diferentes códigos de procedimiento de nuestro ordenamiento jurídico como un defecto sustancial grave y desproporcionado que lleva a la nulidad de las actuaciones procesales surtidas posteriores al vicio previamente referido.\nCon fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que la notificación constituye un elemento esencial de las actuaciones procesales, en la medida en que su finalidad es poner en conocimiento a una persona que sus derechos se encuentran en controversia, y en consecuencia tiene derecho a ser oído en dicho proceso. Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando se trata de la notificación de la primera providencia judicial, por ejemplo el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago.\n27. En esta oportunidad, esta Corporación reitera las reglas jurisprudenciales en las que se establece que: (i) todo procedimiento en el que se haya pretermitido una etapa procesal consagrada en la ley, se encuentra viciado por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las partes y constituye un defecto procedimental absoluto; (ii) el error en el proceso debe ser de tal trascendencia que afecte de manera grave el derecho al debido proceso, debe tener una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y no puede ser atribuible al actor; (iii) la notificación personal constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, toda vez que garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de aplicar de forma concreta el derecho al debido proceso; (iv) la indebida notificación judicial constituye un defecto procedimental que lleva a la nulidad del proceso.\nAnálisis del defecto procedimental alegado en el caso concreto\n28. Aniano Alberto Iglesias Flórez presentó acción de tutela por considerar que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12º Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra, en los que resultó condenado a pesar de que nunca fue notificado de los mismos .\nEn esta oportunidad la Sala encuentra que el defecto que se invoca es el procedimental absoluto, debido a que el peticionario considera que los demandados vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al negarse a declarar la nulidad de un proceso del que nunca fue notificado, y en el cual resultó condenado sin haber sido escuchado.\n29. Como se reiteró en los fundamentos jurídicos 22 a 27 de esta providencia, la Corte Constitucional ha establecido que se configura un defecto procedimental absoluto cuando el fallador omite una etapa procesal consagrada en la ley, cuya trascendencia tiene una influencia directa en la decisión de fondo adoptada.\nAsimismo, ha determinado que la indebida notificación judicial configura un defecto procedimental absoluto que lleva a la nulidad del proceso. En efecto, tal actuación constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor importancia, toda vez que garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales.\n30. En el presente caso se demuestra que:\n• El 5 de diciembre de 2001 el accionante vendió a la empresa DEGALGO LTDA y/o Carlos Gómez Carrillo el vehículo Mazda 323 H, modelo 2001 de placas GOB895, por la suma de $20.000.000.\n• El 14 de diciembre del mismo año, el señor Carlos Gómez Carrillo le vendió el carro anteriormente referenciado a Talel Charanek Hachen, domiciliado en la ciudad de Cartagena.\n• El 17 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 3:30 am, ocurrió un accidente en el que se generaron daños y perjuicios a Oscar Fontalvo Malo. El causante del incidente fue el vehículo Mazda 323 H modelo 2001 de placas GOB895 conducido por Marcel Andrés Rodríguez Pérez.\n• En consideración a lo anterior el 6 de febrero de 2007, Oscar Fontalvo Malo instauró demanda ordinaria para que se declarara civilmente responsable por los daños y perjuicios causados en el accidente a Marcel Andrés Rodríguez Pérez, a Jenny Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, quien también figura como propietario del vehículo, según consta en el certificado de tradición del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico. La demanda fue admitida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena.\n• El 2 de diciembre de 2011 el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena declaró civilmente responsable a los señores Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez por los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2001, sin embargo no los condenó por concepto de daños y perjuicios.\n• El 7 de mayo de 2012 el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del juez de primera instancia y modificó el numeral segundo de la sentencia, en el sentido de condenar a los demandados a pagar la suma de $12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago, por concepto de perjuicios materiales por daño emergente.\n• El 22 de abril de 2015, Oscar Fontalvo Malo instauró demanda ejecutiva en contra de Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez con fundamento en la sentencia anteriormente mencionada.\n• El 3 de agosto de 2015, el Banco de Occidente de Barranquilla le informó al actor que sus cuentas estaban embargadas debido a que se encontraba en curso un proceso ejecutivo en su contra, a cargo del Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena, por lo que ese mismo día acudió a tal despacho judicial y se notificó del proceso ejecutivo iniciado en su contra.\n• El 23 de octubre de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena dispuso el envío del expediente a la oficina de reparto, para que posteriormente fuera remitido al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena .\n• Mediante auto del 10 de diciembre de la misma anualidad, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena decretó mandamiento de pago contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez.\n31. En el asunto objeto de estudio, de la revisión del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual censurado, se evidencia lo siguiente:\n(i) El citatorio de notificación personal del auto admisorio de la demanda fue enviado al accionante a la siguiente dirección: “Edificio Las Acacias Apto 202 Calle Real # 25-199 Manga” de la ciudad de Cartagena .\n(ii) El citatorio de notificación personal fue devuelto al juzgado con la anotación de que los demandados no residían en dicho domicilio . Con fundamento en lo anterior, los demandados fueron emplazados a través del Periódico el Espectador el 16 de agosto de 2009 y la emisora Oxígeno de Caracol – que se transmitía en el dial 1.360AM en la ciudad de Cartagena, en el programa Buenos Días Deportes el 18 de agosto de la misma anualidad a las 7:55AM .\n(iii) A pesar del emplazamiento, los demandados no comparecieron a notificarse del proceso de la referencia, por lo que se nombró a los abogados Eudoniloxon Álvarez Tatis, Vladimir Alvis Vélez y Jorge Anaya Cabrales como curadores ad-litem de Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez . El único de ellos que presentó escrito de contestación fue Eudoniloxon Álvarez Tatis quien respondió que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda .\n(iv) En el Certificado de Tradición del vehículo expedido por el Instituto Departamental de Trasporte y Tránsito del Atlántico, cuya copia se encuentra en el folio 7 del proceso declarativo censurado, figura como dirección de domicilio del accionante la siguiente: Carrera 65 # 76-37 , que se mantiene como la dirección de residencia actual del ahora demandante .\n32. De lo anterior, se evidencia que la notificación fue enviada a una dirección que no correspondía a la que se encontraba en una pieza del expediente que consistía en el Certificado de Tradición del vehículo expedido por el Instituto Departamental de Trasporte y Tránsito del Atlántico. En particular, llama la atención de esta Sala el hecho de que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena envío a esta Corporación la copia en la que constaba dicho documento después de que fue requerido por este Tribunal debido a que no envió la totalidad de las pruebas solicitadas desde el principio.\n33. En esta oportunidad, la Sala encuentra que la dirección oficial en la que podía localizarse el presunto dueño del carro no era otra diferente a la que aparece en dicho certificado, que estaba a disposición del funcionario judicial, desde la presentación de la demanda. Además, teniendo en cuenta la naturaleza del documento, es evidente que era la dirección de domicilio oficial y razonable del accionante y con más razón debió acudirse a ella ante la ausencia del actor durante el desarrollo del proceso.\n34. El error en la dirección que aporta el demandante no puede ser trasladado al demandado. Era un hecho notorio para el demandante y para el juez que la dirección a la que debían notificar era la que aparecía en el Certificado de Tradición el carro que había sido el instrumento del accidente. Además, en dicho documento se registra la misma dirección que el peticionario afirmó que era su domicilio actual.\n35. En este sentido se comprueba que el juez incurrió en un error, ya que podía usar esa dirección a pesar de que no era la misma que indicó el demandante como dirección de notificaciones del señor Iglesias Flórez. En efecto cuando no aparece la parte, el juez tiene la carga de buscar la dirección. De lo contrario es una carga desproporcionada para el demandado.\n36. Adicionalmente, se demuestra que el error anteriormente mencionado afectó la decisión de fondo, pues el peticionario no pudo defenderse en el proceso ni aportar alguna prueba tendiente a desvirtuar su responsabilidad civil, particularmente teniendo en cuenta que el actor vendió el vehículo que causó el accidente en el año 2001 , que la propietaria actual del carro es Jenny Pérez y que quien lo manejó el día del accidente fue Marcel Andrés Rodríguez Pérez. Además, se evidencia que pasaron 15 años desde que accionante vendió el carro hasta que conoció del proceso por el cual fue condenado por responsabilidad extracontractual con fundamento en un accidente causado con el mismo. No se puede imponer una carga de diligencia sobre lo que pasa con un carro que fue de su propiedad después de tantos años.\n37. Por otra parte, la Corte reitera que, a pesar de la iniciación e impulso de este tipo de procesos corresponde a las partes , los jueces son quienes deben realizar las funciones de instrucción de los procesos por sí mismos, tal y como se establecía en el artículo 2 del CPC , y se mantuvo en el artículo 8 del Código General del Proceso (en adelante CGP) . Adicionalmente, el numeral 4º del artículo 37 del CPC dispone que:\n“ARTÍCULO 37. Deberes del Juez. Son deberes del Juez:\n4. Emplear los poderes de que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.\nTal disposición se mantuvo en el numeral 5 del artículo 42 del CGP en los siguientes términos:\n“ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:\n5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.\n38. Con fundamento en lo anterior, se demuestra que la Jueza 4º Civil Municipal de Cartagena omitió sus funciones de instrucción del proceso y de evitar nulidad dentro del mismo, pues a pesar de que dentro del expediente se encontraba otra dirección en la que podía ser notificado el señor Iglesias Flórez, la falladora decidió emplazarlo y acoger ciegamente los datos presentados por el demandante, a pesar de que en el Certificado de Tradición de Vehículo se encontraba la dirección oficial de domicilio del actor. Además, es evidente que en un caso relacionado con un accidente de tránsito en el que se cuestiona la responsabilidad del propietario del vehículo, la mejor forma de ubicarlo es acudir a la dirección de la tarjeta de propiedad del carro.\nAsimismo, se encuentra que el hecho de que el peticionario no fuera notificado le cerró la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de presentar los argumentos y pruebas tendientes a desvirtuar su responsabilidad en el asunto objeto de estudio. La Corte concluye que el proceso declarativo censurado, incurrió en un defecto procedimental absoluto por indebida notificación del auto admisorio de la demanda al actor.\n39. En esta oportunidad, la Corte reitera que todo procedimiento en el que se haya pretermitido una etapa procesal trascendental consagrada en la ley, se encuentra viciado por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las partes y constituye un defecto procedimental absoluto. Asimismo, resalta que el error en el proceso debe tener una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y no puede ser atribuible al actor.\nAdicionalmente, la Sala insiste que la notificación judicial constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en particular la notificación personal, teniendo en cuenta que tal actuación garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales y con ella habilita la participación de los involucrados. Con fundamento en lo anterior, se evidencia que la indebida notificación judicial constituye un defecto procedimental que lleva a la nulidad del proceso.\n40. Sobre el asunto objeto de estudio, es preciso concluir que la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena que declaró civilmente responsable a Aniano Alberto Iglesias Flórez y a otro, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2001, incurrió en un defecto procedimental absoluto, debido a que el accionante no fue notificado del auto admisorio de la demanda, sino que fue emplazado, a pesar de que su dirección se encontraba en el expediente del proceso censurado en esta oportunidad desde el inicio del trámite.\n41. Por las anteriores razones, la Sala confirmará el numeral primero del fallo adoptado el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante, pero en razón a que la medida de protección decidida por el ad quem no fue eficaz en la protección del derecho fundamental, se modificará el numeral segundo de la referida providencia, En su lugar, declarará la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo de responsabilidad extracontractual con radicado No. 090-2007, instaurado por Oscar Fontalvo Malo contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, incluido el proceso ejecutivo con radicado No. 13001400300420070009002 iniciado con fundamento en la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, solamente en lo relacionado con el señor Aniano Alberto Iglesias Flórez.\nPRIMERO. CONFIRMAR el numeral primero del fallo proferido el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de Aniano Alberto Iglesias Flórez.\nSEGUNDO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia emitida el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo de responsabilidad extracontractual con radicado No. 090-2007, instaurado por Oscar Fontalvo Malo contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, incluido el proceso ejecutivo con radicado No. 13001400300420070009002 iniciado con fundamento en la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, solamente en lo relacionado con el señor Aniano Alberto Iglesias Flórez.\nTERCERO. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.\nCópiese, Motifíquese, Comuníquese, Publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.


Capacidades - HyperCrash - INDIELEC - Software CAD y CAE para ingeniería\nHome HyperCrash Capacidades 1\nEl módulo Calidad evalúa la calidad de un modelo realizando cientos de comprobaciones diferentes en el nivel de pieza, componente y el propio modelo. Este módulo le permite ejecutar desde comprobaciones simples de elementos hasta conectividad de piezas y errores de modelado en la entrada. El módulo de calidad incluye:\nModelo de verificador para ejercer cientos de controles únicos, la robustez del modelo de pistas para los criterios de dignidad de choque, permite la definición de criterios definidos por el usuario\nLimpiar y simplificar el modelo\nComprobación de la conectividad para identificar partes no conectadas, conexiónes fallidas, soldaduras fallidas\nComprobación y corrección automática de la intersección / penetración inicial\nEdición de la malla\nPara la modificación de una o varias partes, HyperMesh se puede invocar sin problemas durante una sesión de HyperCrash. La parte actualizada se puede volver a publicar en HyperCrash con sólo un clic del ratón.\nModulo de herramientas de seguridad\nEste módulo proporciona una interfaz simplificada e intuitiva para configurar, editar y definir todas las características relacionadas con la seguridad para la simulación y el análisis de choques. Además del conjunto estándar de herramientas de seguridad, HyperCrash contiene una utilidad única deformadora de asientos que permite deformar la espuma del asiento, tanto en la parte inferior como en la parte trasera del asiento, a través de la pre-simulación. El módulo de seguridad incluye:\nPosicionamiento del Dummy\nInteractividad posición Dummy\nGuardar y recuperar posiciones ficticias\nModulo de enrutamiento del cinturon de seguridad\nModulo de deformación del asiento\nJuego de herramientas de airbag para la creación y plegado de airbags\nBalance de la masa\nEl módulo Mass Balance gestiona completamente las propiedades de masa e inercia de cada pieza, así como todo el modelo de choque. Después de fijar las masas para todas las piezas y componentes, HyperCrash equilibra automáticamente la masa total del modelo de acuerdo con la masa en los neumáticos delanteros y traseros. Además, HyperCrash puede:\nMostrar el centro de masas para cada pieza, cuerpo rígido o modelo completo.\nComprobar e informar de la masa, la inercia y localización del centro de masas de cada pieza, componente y cuerpo rígido de un modelo.\nAjustar automáticamente la masa del modelo de elementos finitos de cada pieza en función de la masa de la pieza CAD; crear masa en caso necesario.


La gripe supera el umbral de epidemia y aumentan los casos de bronquiolitis - La Tarde - COPE\nLa gripe supera el umbral de epidemia y aumentan los casos de bronquiolitis\nEn La Tarde de COPE hemos analizado el aumento de casos de bronquiolitis entre niños con menos de 2 años y cómo prevenir nuevas infecciones\nTiempo de lectura: 2' 11 ene 2019 - 19:40\nCon la llegada de la ola de frío aumentan tanto los casos de bronquiolitis y de gripe en España. En algunas Comunidades Autónomas se ha pasado el umbral de los 70 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, lo que es suficiente para catalogarlo como caso de epidemia. También hay un importante brote de caso de bronquiolitis en regiones como Alicante, donde se han registrado hasta 60 casos al día, con algunos niños ingresados en la UCI. En otras como Salamanca, la cifra supera la veintena y en Murcia el número llega hasta 15.\nEn La Tarde de COPE hemos hablado Isabel Rubio, presidenta de la Asociación de pediatría extrahospitalaria de Alicante. Nos explica que la diferencia entre una bronquiolitis y una bronquitis radica en que la primera se da en niños de menos de 2 años de edad. En este caso también se produce, explica la doctora, una obstrucción de los bronquiolos y se produce sobre todo entre los meses de noviembre y marzo. Eso sí, asegura que es un caso que se repite todos los años en nuestro país.\n¿Cómo podemos prevenirlo? Rubio, pediatra de atención primaria en Elche, nos asegura que debemos evitar completamente el contacto del menor del el humo del tabaco, de manera que los padres eviten fumar en casa hasta en zonas lejanas a donde esté el pequeño, como terrazas o porches, ya que, explica, “el humo se queda impregnado en la ropa”. También aconseja la pediatra vigilar las clases con muchos niños y evitar su contacto con personas que padezcan de catarros.\nTambién hemos hablado en La Tardee de COPE con el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, que con respecto al brote de los casos de gripe nos aconseja cuidar la alimentación, lavarse mucho las manos, realizar ejercicio y ventilar bien el domicilio. Además, nos recuerda que la campaña de vacunación todavía se encuentra activa y que, eso sí, quien quiera vacunarse no estará protegido hasta finales de este mes de enero.


La Onefa analiza protocolo de reactivación - Cuauhtémoc Ciudad de México\nLa Onefa analiza protocolo de reactivación - Reporteando - Cuauhtémoc - tabloiderevista.com\nLa Onefa analiza protocolo de reactivación\nMarzo 23, 2021 22:40 hrs.\nCDMX, marzo 22 de 2021.- Resultado de la última reunión de representantes de instituciones afiliadas a la liga, se ventiló que la próxima semana se analizarán los protocolos de reactivación física recientemente aprobados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y la posibilidad de que puedan servir de base para que los equipos miembros de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) puedan en un futuro regresar a entrenamientos de manera presencial.\nLa noticia sin duda levanta expectativas positivas ante la tan anhelada reactivación de actividades, todos los equipos se mantienen atentos con el saco de ovoides listo para ser vaciado en sus campos y abandonar el encierro para ir a otro confinamiento, pero ahora sería en sus lugares de entrenamiento.\nTambién se presentó el temario de la clínica especializada para coaches que se planea celebrar el próximo mes de mayo, hasta el momento ya han manifestado su interés en registrarse algunos equipos de Colombia y representantes de las Federaciones de Argentina, Uruguay, España e incluso de Italia.\nLa Universidad del Valle de México planteó ante el Comité Directivo una petición para presentar ponencias adicionales al reglamento de competencia, las cuales anunciará durante la próxima asamblea general.


"UN MES CON COLLADO": mayo 2014\nLa letra aparecera en los medios, ver pestaña prensa.\nAquí os dejamos una fotografías de lo que fue la mañana.\nJoaquín estuvo grande.\nVer más fotos en más info..\nVer esta promo de la Diputación\ncompartir, comentar, difundir, etcccc\nLa obra Joaquín Collado es puro reportaje convertido en documento antropológico. Transitaremos por las calles del barrio chino tan olvidado como presente, mirando de soslayo a las prostitutas tan decentemente vestidas; escucharemos a los niños jugar y saltar en la Plaza de San Esteban, alguno nos pedirá fuego;regatearemos en el rastro con los vendedores de toda la vida y nos sentiremos payos entre los gitanos de Nazaret.\nEn el Colegio Mayor Rector Peset se habló de miradas, de infrarrojo, de Semana Santa, de retratos, de las series icónicas de Joaquín Collado y todo de la mano de Marzal, Sampedro, Solaz, Balaguer, Rives y Carrasco.\nPudimos visionar más de 40 fotos y escuchamos distintos puntos de vista sobre la obra de Collado, siempre adornados por los comentarios de Solaz sobre Valencia.\nUn actividad más dentro de un mes con Collado que no para.\nNos acompañó Joaquín que una vez más nos mostró su agradecimiento.\nLa prodigiosa historia de Joaquín Collado,\nel fotógrafo redescubierto\nC. AIMEUR/ FOTOS: JOAQUÍN COLLADO. AYER El Ateneo inaugura este lunes una exposición sobre él, preludio de la gran muestra del MuVIM que completa un mes de actividades dedicadas al fotógrafo valenciano\nVALENCIA. Dice de él el escritor Rafael Solaz que como fotógrafo Joaquín Collado (Valencia, 1930) "es fundamental para entender la sociedad valenciana de los años sesenta a los ochenta". Con más de 35.000 imágenes contabilizadas, este antiguo empleado de banca, octogenario, está viviendo esta primavera un emotivo e intenso reconocimiento por parte de sus compañeros\n.Ver artículo completo en:\nDoña Carmen de Rosa, Presidenta del Ateneo, tuvo la gentileza de inaugurar la exposición y dedicar unas palabras a Joaquín Collado y a su obra.\nTras ella, la Comisaria de la exposición Pilar Sampedro, habló del "maestro" como ella lo definió y nos situó en la obra expuesta.\nJoaquín dio las gracias de corazón, como siempre en publico y en privado a todo el que se le acercó; ........como siempre.\nCharla "Como leer una fotografia. Lectura de tres fotografias de Collado"\nSe habló de métodos de análisis de fotografía, se esbozó el método de la UJI de Javier Marzal y se aplicó a tres fotografías de Collado.\nTodo ello en el incomparable marco del Circulo de Bellas Artes, con quien AGFOVAL ha iniciado conversaciones de colaboración.\nManolo Marzal reunió público, metodología y fotografía en esta actividad de "un mes con Collado"\nAcompañado de su esposa Aurora y de su familia y amigos Joaquín Collado asistió a la presentación de "un mes con Collado" en el San Pio V.\nEl encargado de la inauguración fue el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Romà de la Calle, quien aseguró que con este acto “se reconoce una figura extraordinaria de la ciudad de Valencia, un hito”.\nEn este sentido, el presidente de la Real Academia resaltó la importancia del trabajo de Collado, que permite “estudiar la historia de Valencia a través de sus fotografías”.\nEn la presentación, además, participaron diversos compañeros y estudiosos de la obra del fotógrafo valenciano, quienes acercaron a los asistentes tanto el trabajo como la figura de Joaquín Collado.\nEl acto finalizó con el estreno un emotivo documental de Roberto Vizcaino, que descubrió los inicios de Collado en el mundo de la fotografía: “yo quería comprar una cámara porque había nacido mi hijo Joaquín y quería hacerle fotos”.\nMás de doscientos ojos han pasado hoy por Agfoval en la inauguración de "Miradas" la primera exposición de "Un mes con Collado".\nSocios, Amigos, Familiares, nuestros queridos Patrocinadores de CCDpro, Fotopro, Nuevo Centro y colaboradores como Juan Pedro de Railowsky (que está mejorando del accidente), la radio 91.4 que nos entrevistó, vídeo y muchos fotógrafos.\n"Nada me interesa más que la mirada,.....en los ojos está todo". Esta frase de Collado fue el motivo de que el comisario de la exposición, José Gresa, seleccionase entre su obra esas miradas que Collado ha captado a lo largo de su vida.\n"Un mes con Collado‟ se sumerge en la obra del fotógrafo valenciano en el Museo San Pío V\nLa Agrupación Fotográfica Valenciana (AGFOVAL) inaugurará el próximo jueves 8 de mayo „Un mes con Collado‟, en el salón de actos del Museo San Pio V a las 19 horas\nCuatro muestras sacan a la luz en Valencia las imágenes de este octogenario jubilado de la banca que guarda 36.000 negativos FERRAN BONO Valencia 1 MAY 2014 - 21:03 CET


Cómo proteger su privacidad cuando hace negocios en redes… | VyprVPN\nCómo proteger su privacidad cuando hace negocios en redes Wi-Fi públicas\nCómo proteger sus comunicaciones comerciales en redes Wi-Fi públicas\nLas redes Wi-Fi públicas no seguras son una gran amenaza para su privacidad y seguridad online - sobre todo cuando hace negocios. Una forma excelente de proteger la privacidad de sus comunicaciones comerciales al usar estas redes es usar una VPN, o red privada virtual. Una VPN cifra su conexión a Internet para mantener su información segura en redes Wi-Fi públicas no seguras. Para proteger su privacidad en redes Wi-Fi públicas, siga estos 5 pasos:\nRegístrese para obtener un servicio de VPN. VyprVPN Business permite la administración de múltiples usuarios y ofrece un administrador de cuentas dedicado.\nSiga las instrucciones para descargar su VPN en todos sus dispositivos.\nEntre y conéctese a VyprVPN.\nActive la función Conectarse en redes W-Fi no segurasde VyprVPN para que VyprVPN se conecte siempre que use una red no segura o desconocida.\nConéctese a redes Wi-Fi públicas desde cualquier ubicación sin preocupaciones, sabiendo que sus comunicaciones comerciales están siempre protegidas.\n¿Qué son las redes Wi-Fi públicas no seguras?\nUna red Wi-Fi no segura es una red Wi-Fi que no solicita una contraseña ni credenciales de conexión para usarla. Las redes Wi-Fi no seguras se encuentran a menudo en lugares públicos como las cafeterías, aeropuertos, hoteles o salas de conferencias. Estas redes pueden encontrarse a menudo cuando viajamos y se ofrecen a los clientes y viajeros de forma gratuita. Hay muchos puntos de acceso Wi-Fi no seguros en lugares públicos de todo el mundo.\n¿Qué información comercial corre peligro en los puntos de acceso Wi-Fi no seguros?\nAl usar una red Wi-Fi pública no segura, puede poner en riesgo una gran cantidad de información. Esto incluye información como su dirección IP, su ubicación, los sitios web que visita, sus comunicaciones y documentos comerciales; su programa de chat, y demás información confidencial. Cuando usa redes Wi-Fi gratuitas toda esta información está al alcance de los hackers o de los proveedores de red fisgones, por eso es fundamental proteger su conexión con una VPN como VyprVPN cada vez que se conecte. Una VPN mantendrá su valiosa información y comunicaciones comerciales protegidas y seguras, reduciendo el riesgo.\nUsar una VPN para proteger su negocio en redes Wi-Fi gratuitas\nYa sea al hacer negocios cuando está de viaje, o simplemente cuando comprueba su bandeja de entrada online en la cafetería de camino al trabajo, está claro que usar redes Wi-Fi públicas es un peligro real. El peligro aumenta si hace negocios - ¡imagine las consecuencias si su información comercial confidencial es interceptada! Una VPN es una fantástica herramienta para usar online, ya que cifra su conexión a Internet para ofrecer una capa de privacidad y seguridad. Esto le permite hacer negocios sin preocupaciones cuando viaja. VyprVPN cuenta con apps para todos los dispositivos y plataformas, para que pueda proteger su conexión desde cualquier ubicación. Tanto si trabaja a distancia como si está en viaje de negocios, una VPN es una herramienta fundamental para hacer negocios en redes Wi-Fi públicas.