ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y JAPON PARA LA LIBERALIZACION, PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES\nAprobado/a por: Ley Nº 19.470 de 23/12/2016 artículo 1.\nLa República Oriental del Uruguay y Japón (en adelante "las Partes Contratantes"),\nDeseando promover inversiones a fin de fortalecer las relaciones  económicas entre las Partes Contratantes;\nCon la intención de crear condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para mayores inversiones por parte de inversores de una Parte Contratante en el Área de la otra Parte Contratante, sobre la base de los principios de equidad y beneficio mutuo;\nReconociendo la creciente importancia de la progresiva liberalización de inversiones con el fin de estimular la iniciativa de inversores y promover prosperidad y un ambiente de negocios mutuamente favorable en las Partes Contratantes;\nReconociendo que estos objetivos pueden ser alcanzados sin la disminución de medidas de aplicación general sobre salud, seguridad y medio ambiente; y\nReconociendo la importancia de la relación cooperativa entre el trabajo y la administración en la promoción de inversión entre las Partes Contratantes;\n(a)  el término "inversión" significa todo tipo de activo de propiedad\no controlado, directa o indirectamente, por un inversor, los\ncuales poseen las características de una inversión, tales como el\ncompromiso de aportar capital u otros recursos, la expectativa de\nobtener ganancias o utilidades, o la asunción de un riesgo,\n(i)  una empresa y una sucursal de una empresa;\n(ii) acciones, capital y otras formas de participación en el\npatrimonio de una empresa incluyendo derechos derivados de\nla misma, pero que no incluye participación patrimonial en\nuna empresa estatal;\n(iii)     bonos, obligaciones, préstamos y otras formas de deuda,\nincluyendo derechos derivados de las mismas, pero que no\nincluyen un instrumento de deuda soberana de una Parte\nContratante, independientemente de su vencimiento o un\ninstrumento de deuda de una empresa estatal;\nNota 1:     Algunas formas de deuda, tales como los bonos,\nobligaciones y documentos convertibles a largo plazo, tienen\nmayor probabilidad de presentar características de\ninversión, mientras que otras formas de deuda, como una\ncuenta bancaria que no posee propósito comercial alguno ni\nrelación con una inversión en el territorio en que se\nencuentra la cuenta bancaria o con el intento de realizar\ndicha inversión, tienen menor probabilidad de poseer dichas\nNota 2:     A los efectos de este Acuerdo, los reclamos de pago\ninmediatamente debidos y derivados de la venta de bienes o\nservicios no constituyen inversiones.\n(iv) derechos bajo contratos, incluyendo contratos de llave en\nmano, de construcción, de gestión, de producción o de\nparticipación de ingreso;\n(v)  derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de\nautor y derechos conexos, patentes, derechos relacionados\ncon modelos de utilidad, marcas, diseños industriales,\nesquemas de trazado de circuitos integrados, nuevas\nvariedades de plantas, nombres comerciales, denominaciones\nde origen o indicaciones geográficas e información\n(vi) derechos conferidos de acuerdo con leyes y regulaciones o\ncontratos tales como concesiones, licencias, autorizaciones\ny permisos, incluyendo aquellos para la exploración,\nexplotación y extracción de recursos naturales; y\n(vii)     cualquier otra propiedad tangible o intangible, mueble o\ninmueble, y cualquier derecho de propiedad relacionado,\ntales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías\nLas inversiones incluyen los montos generados por una inversión,\nen particular ganancias, intereses, ganancias de capital,\ndividendos, regalías y remuneraciones. Un cambio en la forma en\nla que los activos son invertidos no afecta su carácter como\ninversiones. Para mayor certeza, esta disposición sólo se\naplicará cuando los activos aún estén comprendidos dentro de la\ndefinición contenida en este subpárrafo.\nNota:     El término "inversión" no incluye órdenes o sentencias\ndictadas en causas judiciales o administrativas.\n(b)  el término "inversor de una Parte Contratante" significa:\n(i)  una persona física con nacionalidad de dicha Parte\nContratante de acuerdo con sus leyes y reglamentos\nNota:     Este Acuerdo no será aplicable a inversiones de personas\nfísicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes\nsalvo que dichas personas físicas tengan al momento de la\ninversión y desde entonces mantengan residencia fuera del\nÁrea de la Parte Contratante en la que realizan dichas\n(ii) una empresa de dicha Parte Contratante, que tiene la\nintención de realizar, que está realizando o ha realizado\nuna inversión en el Área de la otra Parte Contratante;\nNota:     Se entiende que un inversor de una Parte Contratante\nintenta realizar una inversión en el Área de la otra\nParte Contratante solo cuando el inversor ha dado pasos\nconcretos y necesarios para realizar las inversiones.\n(c)  una empresa es:\n(i)  "de propiedad" de un inversor si más del cincuenta (50) por\nciento del capital social es propiedad del inversor; y\n(ii) "controlada" por un inversor si el inversor tiene el poder\nde nombrar la mayoría de sus directores o de otro modo\ndirigir legalmente las acciones de la compañía;\n(d)  el término "empresa" significa cualquier persona jurídica o\ncualquier otra entidad debidamente constituida u organizada bajo\nlas leyes y regulaciones aplicables, ya sea con o sin ánimo de\nlucro, ya sea de propiedad privada o gubernamental o controlada,\nincluyendo cualquier sociedad, fideicomiso, participación,\nempresa de propietario único, coinversión, asociación,\norganización o compañía;\n(e)  el término "empresa de una Parte Contratante" significa cualquier\npersona jurídica o cualquier otra entidad:\n(i)  debidamente constituida u organizada bajo las leyes y\nregulaciones aplicables de esa Parte Contratante, ya sea con\no sin ánimo de lucro, controlada o de propiedad privada o\ngubernamental, incluyendo cualquier sociedad, fideicomiso,\nparticipación, empresa de propietario único, coinversión,\nasociación, organización o compañía; y\n(ii) que realice actividades comerciales sustanciales en el Área\nde la Parte Contratante;\n(f)  el término "actividades de inversión" significa el\nestablecimiento, adquisición, expansión, operación,\nadministración, mantenimiento, uso, goce, y venta u otra\ndisposición de las inversiones;\n(g)  el término "Área" significa:\n(i)  con respecto a Japón, el territorio de Japón, y la zona\neconómica exclusiva y la plataforma continental sobre las\ncuales Japón ejerce derechos soberanos o jurisdicción de\nconformidad con el derecho internacional; y\n(ii) con respecto a la República Oriental del Uruguay, el\nterritorio de la República Oriental del Uruguay, incluyendo\nel espacio terrestre, aguas internas, mar territorial\nincluyendo el fondo marino y el subsuelo, y el espacio aéreo\nbajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la\nplataforma continental sobre las cuales la República\nOriental del Uruguay ejerce derechos soberanos y\njurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y sus\nleyes y disposiciones internas;\n(h)  el término "existente" significa lo que esté vigente en la fecha\nde entrada en vigor de este Acuerdo;\n(i)  el término "moneda de libre uso" significa moneda de libre uso\nsegún lo definido en los Artículos del Acuerdo del Fondo\n(j)  el término "Acuerdo de la OMC" significa el Acuerdo de Marrakech\nmediante el cual se establece la Organización Mundial de\nComercio, celebrado en Marrakech el 15 de abril de 1994;\n(k)  "contratación pública" significa el proceso mediante el cual un\ngobierno obtiene el uso de, o adquiere bienes o servicios, o\ncualquier combinación de estos, para fines gubernamentales, y no\ncon el objetivo de venta o reventa comercial, o uso en la\nproducción o provisión de bienes o servicios para venta o reventa\n(l)  el término "Acuerdo ADPIC" significa el Acuerdo sobre los\ncon el Comercio en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC.\n1.     El presente Acuerdo se aplicará a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte Contratante que refieren a:\n(a)  inversores de la otra Parte Contratante;\n(b)  inversiones de un inversor de la otra Parte Contratante en el\nÁrea de la primera Parte Contratante existentes a la fecha de\nentrada en vigencia de este Acuerdo, así como a las inversiones\nestablecidas, adquiridas o expandidas con posterioridad; y\n(c)  con respecto a los Artículos 8 y 27, todas las inversiones en el\nÁrea de la primera Parte Contratante.\n2.     El presente Acuerdo no se aplicará a reclamaciones derivadas de eventos que ocurrieron, o de cualquier situación que dejó de existir, o a reclamaciones que hayan sido resueltas, antes de su entrada en vigor.\n3.     Nada de este Acuerdo se interpretará de forma tal que impida a una Parte Contratante brindar un servicio o cumplir una función tal como la implementación y cumplimiento de leyes, servicios correccionales, pensiones o seguros de desempleo o servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud, protección y cuidado de la infancia, de forma no inconsistente con este Acuerdo.\nCada Parte Contratante otorgará en su Área, a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones un trato no menos favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversores y a sus inversiones con respecto a las actividades de inversión.\nCada Parte Contratante otorgará en su Área, a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones un trato no menos favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a inversores de una Parte no-Contratante y a sus inversiones con respecto a las  actividades de inversión.\nNota:     Se entiende que el trato a que se refiere el presente Artículo\nque debe concederse con respecto a inversores y sus inversiones\nno incluye mecanismos de solución de controversias, tales como\nlos establecidos en el Artículo 21, que están previstos en otros\ntratados internacionales de inversión o acuerdos comerciales\nentre una Parte Contratante y una Parte no-Contratante.\n1.     Cada Parte Contratante otorgará en su Área, a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, incluyendo el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas.\n2.     El párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato a ser otorgado a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. Los conceptos de "trato justo y equitativo" y "protección y seguridad plenas" no requieren un trato adicional o más allá de aquél exigido por ese nivel, y no crean derechos sustantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar:\n(a)  "trato justo y equitativo" incluye la obligación de la Parte\nContratante de no denegar justicia en procedimientos criminales,\nciviles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el\nprincipio del debido proceso; y\n(b)  "protección y seguridad plenas" exige a cada Parte Contratante\nproporcionar el nivel de protección policial que es exigido por\nel derecho internacional consuetudinario.\n3.     La determinación de que se ha violado otra disposición de este Acuerdo, o de otro acuerdo internacional, no establece que se haya violado el presente Artículo.\nDe conformidad con sus leyes, cada Parte Contratante hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que un acuerdo escrito en relación a una inversión específica, entre una autoridad nacional de la Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante o su inversión que sea una empresa en el Área de la primera Parte Contratante, sea respetado, siempre y cuando el acuerdo escrito se relacione con:\n(a)  recursos naturales controlados por una autoridad nacional;\n(b)  la prestación de servicios al público en nombre de la primera\nParte Contratante; o\n(c)  proyectos de infraestructura, que no sean para el uso exclusivo o\npredominante y el beneficio del gobierno.\nNota 1:     "Autoridad nacional" refiere a una autoridad de gobierno de\nNota 2:     "Acuerdo escrito" se refiere a un acuerdo por escrito,\notorgado por ambas partes, ya sea en un único instrumento o en\nmúltiples instrumentos, por el cual se establece un intercambio\nde derechos y obligaciones, vinculando a ambas partes bajo la ley\naplicable prevista en el subpárrafo 14(b) del Artículo 21. Para\nmayor certeza, no se considerarán acuerdos escritos los\nsiguientes: (a) actos unilaterales de una autoridad\nadministrativa o judicial, tales como permisos, licencias o\nautorizaciones otorgadas por una Parte Contratante únicamente\ndentro de sus potestades regulatorias, o decretos, órdenes o\nsentencias, en sí mismas y (b) resoluciones u homologaciones\njudiciales o administrativas de consentimiento.\nAcceso a Tribunales de Justicia\nCada Parte Contratante otorgará en su Área a inversores de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares a sus propios inversores o a inversores de una Parte no-Contratante con respecto al acceso a los tribunales de justicia y los tribunales administrativos y agencias en todos los grados de jurisdicción, tanto en la búsqueda como en la defensa de los derechos de dichos inversores.\n1.     Ninguna de las Partes Contratantes podrá imponer o hacer cumplir ninguno de los siguientes requisitos, o hacer cumplir cualquier obligación o compromiso, en relación con las actividades de inversión de un inversor de una Parte Contratante o de una Parte no-Contratante en su Área para:\n(a)  exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o\n(b)  alcanzar un determinado nivel o porcentaje de contenido\n(c)  comprar, utilizar u otorgar preferencias a las mercancías\nproducidas o servicios suministrados en su Área, o comprar\nmercancías o servicios a una persona física o a una empresa en su\n(d)  relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las\nimportaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con\nel monto de las entradas de divisas asociadas con las inversiones\nde dicho inversor;\n(e)  restringir las ventas en su Área de las mercancías o los\nservicios que tales inversiones de dicho inversor producen o\nprestan, relacionando de cualquier manera dichas ventas al\nvolumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que\ngeneren en divisas extranjeras;\n(f)  transferir tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento\nde su propiedad a una persona física o empresa en su Área; o\n(g)  proveer exclusivamente desde el Área de la primera Parte\nContratante, una o más de las mercancías que produce el inversor\no los servicios que el inversor provee a una región específica o\n2.     Ninguna de las Partes Contratantes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma, en relación con las actividades de inversión en su Área por parte de un inversor de una Parte Contratante, o de una Parte no-Contratante, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:\n(a)  alcanzar un determinado nivel o porcentaje de contenido\n(b)  comprar, utilizar u otorgar preferencias a mercancías producidas\nen su Área, o comprar mercancías de una persona física o una\nempresa en su Área;\n(c)  relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las\nde tal inversor; o\n(d)  restringir en su Área las ventas de mercancías o servicios que\nlas inversiones de tal inversor producen o proveen, relacionando\nde cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus\nexportaciones o a las ganancias que generen en divisas\n3.   (a)     Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 se interpretará en el\nsentido de impedir que una Parte Contratante condicione la\nrecepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la ventaja,\nen relación con las actividades de inversión en su Área de un\ninversor de una Parte Contratante o de una Parte no-Contratante,\nal cumplimiento de un requisito de localizar la producción,\nprestar un servicio, capacitar o emplear trabajadores, construir\no ampliar instalaciones particulares o llevar a cabo\ninvestigación y desarrollo en su Área.\n(b)  El subpárrafo 1 (f) no se aplicará cuando:\n(i)  el requisito es impuesto o la obligación o el compromiso son\nexigidos por una corte o tribunal administrativo o una\nautoridad de competencia, con el fin de remediar una\npráctica que haya sido calificada como violatoria de las\nleyes de competencia; o\n(ii) el requisito se relacione con la transferencia o uso de un\nderecho de propiedad intelectual o la divulgación de\ninformación de dominio privado que se lleve a cabo de una\nmanera no inconsistente con el ADPIC.\n(c)  Los subpárrafos 2(a) y 2(b) no se aplicarán a los requisitos\nimpuestos por una Parte Contratante importadora en relación con\nel contenido de las mercancías necesario para calificar para\naranceles o cuotas preferenciales.\n(d)  Los subpárrafos 1(a), 1(b), 1(c), 2(a) y 2(b) no se aplicarán a\nlos requisitos para la calificación de las mercancías o de los\nservicios con respecto a programas de promoción .a las\nexportaciones y programas de ayuda externa.\n4.     Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a ningún otro requisito distinto a los señalados en esos párrafos.\n1.     Ninguna Parte Contratante podrá exigir que una empresa de dicha Parte Contratante, considerada como inversiones de un inversor de la otra Parte Contratante, designe a personas físicas de una nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.\n2.     Una Parte Contratante podrá exigir que la mayoría de los miembros del Directorio o cualquier comité de los mismos, de una empresa de esa Parte Contratante considerada como una inversión, sean de una nacionalidad en particular o residentes en el Área de la primera Parte Contratante, a condición que el requisito no menoscabe materialmente la capacidad del inversor para ejercer el control sobre sus inversiones.\n1.     Los Artículos 3, 4, 8, y 9, no se aplicarán a:\n(a)  ninguna medida disconforme existente que sea mantenida por las\nsiguientes, de acuerdo a lo estipulado en la Lista de cada Parte\nContratante incluida en el Anexo I:\n(i)  el gobierno central de una Parte Contratante; o\n(ii) una prefectura de Japón o un departamento de la República\n(b)  cualquier medida disconforme existente que sea mantenida por el\ngobierno local diferente de una prefectura y departamento a los\nque se refiere el subpárrafo (a)(ii);\n(c)  la continuación o pronta renovación de cualquier medida\ndisconforme mencionada en los subpárrafos (a) y (b); o\n(d)   la enmienda o modificación de cualquier medida disconforme\nreferidas en los subpárrafos (a) y (b) en la medida en que la\nenmienda o modificación no disminuya el grado de conformidad de\nla medida, tal y como ésta existía inmediatamente antes de la\nenmienda o modificación con los Artículos 3, 4, 8 y 9.\n2.     Los Artículos 3, 4, 8, y 9; no se aplicarán a ninguna medida que una Parte Contratante adopte o mantenga en relación con los sectores, subsectores o actividades tal como se indica en su Lista del Anexo II.\n3.     Ninguna Parte Contratante podrá, de conformidad con cualquier medida adoptada después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y comprendida en su Lista del Anexo II, exigir a un inversor de la otra Parte Contratante, por razón de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera de una inversión existente al momento en que la medida cobre vigencia.\n4.     En los casos en que una Parte Contratante haga una enmienda o modificación a cualquier medida disconforme existente según lo establecido en su lista en el Anexo I o cuando una Parte Contratante adopte cualquier medida nueva o más restrictiva con respecto a sectores, subsectores o actividades estipuladas en su Lista en el Anexo II después de la fecha de la entrada en vigencia de este Acuerdo, la Parte Contratante, en la medida de lo posible, notificará detalladamente a la otra Parte Contratante dicha enmienda, modificación o medida.\n5.     Cada Parte Contratante se esforzará, toda vez que corresponda, para reducir o eliminar las medidas disconformes especificados en sus Listas en los Anexos I y II respectivamente.\n6.     Los Artículos 3, 4, 8 y 9, no se aplicarán a ninguna medida cubierta por las excepciones o derogaciones de las obligaciones bajo el Artículo 3 y 4 del Acuerdo ADPIC, tal como está establecido en los Artículos 3 a 5 del Acuerdo ADPIC.\n7.     Los Artículos 3, 4, 8 y 9 no se aplicarán a ninguna medida que una Parte Contratante adopte o mantenga con respecto a contratación pública.\n8.     Los Artículos 3, 4, 8 y 9, no se aplicarán a subsidios o seciones otorgados por una Parte Contratante, incluyendo los prestamos, garantías y seguros respaldados por el o cesiones otorgados por los préstamos, garantías gobierno.\n1.     Cada Parte Contratante publicará prontamente, o de otro modo, hará públicamente asequible, sus leyes, regulaciones, procedimientos administrativos y resoluciones administrativas y decisiones judiciales de aplicación general así como los acuerdos internacionales que se refieran o afecten la implementación y operación del presente Acuerdo.\n2.     Cada Parte Contratante pondrá a disposición del público los nombres y direcciones de las autoridades competentes en materia de leyes, reglamentos, procedimientos administrativos y resoluciones administrativas, a las que refiere en el párrafo 1.\n3.     Cada Parte Contratante, por solicitud de la otra Parte Contratante, responderá prontamente a preguntas específicas y dará a esa otra Parte Contratante información sobre los asuntos a que se refiere el párrafo 1.\n4.     Los párrafos 1 y 3 no serán interpretados en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes Contratantes divulgar información confidencial, cuya divulgación pudiera dificultar la aplicación de la ley o de otra manera, fuera contraria al interés público, o pudiera perjudicar la privacidad o intereses comerciales legítimos.\n1.     Nada de lo dispuesto en el Artículo 3 se interpretará en el sentido de impedir a una Parte Contratante adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales en relación con actividades de inversión de los inversores de la otra Parte Contratante en su Área siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente los derechos de dichos inversores bajo el presente Acuerdo.\n2.     No obstante lo dispuesto en los Artículos 3 y 4, una Parte Contratante podrá exigir a un inversor de la otra Parte Contratante o a su inversión, que proporcione información referente a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. La Parte Contratante protegerá tal información confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva del inversor de la otra Parte Contratante o sus inversiones. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como un impedimento para que una Parte Contratante obtenga o divulgue información referente a la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación.\nCada Parte Contratante, de conformidad con sus leyes aplicables y regulaciones, procurará brindar oportunidades razonables para comentarios públicos con anterioridad a la adopción, enmienda o derogación de las normas de aplicación general que afecten cualquier asunto comprendido en el presente Acuerdo.\nCada Parte Contratante asegurará que se asuman medidas y esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción en relación con las materias cubiertas por este Acuerdo de conformidad con sus leyes y regulaciones.\nEntrada, Estadía y Residencia de Inversores\nCada Parte Contratante, de conformidad con sus leyes y regulaciones aplicables, otorgará debida consideración a las solicitudes para la entrada, estadía y residencia de una persona física que teniendo la nacionalidad de la otra Parte Contratante, desea entrar a la primera Parte Contratante y permanecer en la misma con el propósito de realizar actividades de inversión.\n1.     Ninguna de las Partes Contratantes podrá expropiar o nacionalizar en su Área inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, o tomar cualquier medida equivalente a la expropiación o nacionalización (en adelante referida como "expropiación") excepto:\n(a)  por causa de utilidad pública;\n(b)  de una forma no discriminatoria;\n(c)  mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una compensación\nde acuerdo con los párrafos 2, 3 y 4; y\n(d)  de acuerdo con el debido proceso legal y el Artículo 5.\n2.     La compensación será equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas al momento en que la expropiación fue públicamente anunciada o cuando la expropiación tuvo lugar, cualquiera que haya ocurrido primero. El valor justo de mercado no reflejará ningún cambio debido a que la expropiación se haya hecho públicamente conocida con antelación.\n3.     La compensación será abonada sin demora e incluirá intereses a la tasa comercial establecida en el mercado, acumulada desde la fecha de expropiación hasta la fecha del pago. La compensación será efectivamente realizable y libremente transferible y será libremente convertible a toda moneda de libre uso a la tasa de cambio del mercado vigente en la fecha de la expropiación.\n4.     Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación con derechos de propiedad intelectual, o con la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que tal expedición, revocación, limitación o creación sea consistente con el Acuerdo ADPIC.\nProtección en Caso de Conflicto\n1.     Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante, cuando éstos hayan sufrido pérdidas o daños relacionados con sus inversiones en el Área de la primera Parte Contratante como resultado de conflicto armado o estado de emergencia tal como revolución, insurrección, disturbios civiles o cualquier evento similar en el Área de la mencionada Parte Contratante, un tratamiento en lo concerniente a restitución, indemnización, compensación o cualquiera otra solución, no menos favorable que el que otorga a sus propios inversores o a inversores de una Parte no-Contratante, cualquiera que sea más favorable para los inversores de la otra Parte Contratante.\n2.     Cualquier pago como medio de solución referido en el párrafo 1 será efectivamente realizable, libremente transferible y libremente convertible, a la tasa de cambio del mercado vigente a divisas de libre uso.\n1.     Si una Parte Contratante o su agencia designada realiza un pago a cualquier inversor de dicha Parte Contratante de conformidad con una indemnización, garantía o contrato de seguro en relación con las inversiones de tal inversor en el Área de la otra Parte Contratante, la última Parte Contratante reconocerá la asignación a la primera Parte Contratante o su agencia designada en cualquier derecho o reclamación de dicho inversor a cuenta del cual tal pago fue realizado y reconocerá el derecho de la primera Parte Contratante o su agencia designada para que ejerza por virtud la subrogación, cualquier derecho o reclamación en el mismo sentido del derecho o reclamación original del inversor. En cuanto al pago que ha de hacerse a la primera Parte Contratante o su agencia designada por virtud de tal la asignación del derecho o reclamación y la asignación de tal pago, las disposiciones de los Artículos 16, 17, y 19 se aplicarán mutatis mutandis.\n2.     Este Artículo no reconoce el derecho de reclamar bajo el Artículo 21 de una Parte Contratante o su agencia designada basado solamente en el hecho de que cualquiera haya hecho un pago basado en una indemnización, garantía o contrato de seguro contra un riesgo comercial.\n1.     Cada Parte Contratante asegurará que todas las transferencias relacionadas con las inversiones de un inversor de la otra Parte Contratante en su Área, se realicen libremente y sin demora hacia y desde su Área. Dichas transferencias incluirán:\n(a)  el capital inicial y las sumas adicionales para mantener o\nincrementar las inversiones;\n(b)  ganancias, interés, ganancias de capital, dividendos, regalías,\nhonorarios y otros ingresos corrientes acumulados de las\n(c)  pagos realizados conforme a un contrato incluyendo pagos de\npréstamos relacionados con inversiones;\n(d)  productos derivados de la venta o liquidación total o parcial de\n(e)  ganancias y remuneraciones del personal de la otra Parte\nContratante dedicado a actividades en conexión con las\ninversiones en el Área de la primera Parte Contratante;\n(f)  pagos realizados conforme a los Artículos 16 y 17; y\n(g)  pagos derivados de la solución de controversias bajo el Artículo\n2.     Cada parte Contratante asegurará que dichas transferencias puedan ser realizadas sin demora en moneda de libre uso a la tasa de cambio del mercado vigente en la fecha de la transferencia.\n3.     No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, una Parte Contratante podrá demorar o impedir una transferencia por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y regulaciones relacionadas con:\n(a)  quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los\n(b)  emisión, comercio u operaciones de valores o derivados;\n(c)  infracciones criminales o penales;\n(d)  informes o mantenimiento de registros de transferencias de\ndivisas u otros instrumentos monetarios requeridos de acuerdo con\nlas leyes y regulaciones aplicable; o\n(e)  garantizar el cumplimiento de órdenes o sentencias en\nSolución de Controversias, entre las Partes Contratantes\n1.     Cada Parte Contratante acogerá favorablemente y proporcionará oportunidades adecuadas de consulta considerando las representaciones tal y como la otra Parte Contratante podrá hacer con respecto a cualquier asunto que afecte la interpretación y aplicación del presente Acuerdo.\n2.     Cualquier controversia entre las Partes Contratantes en cuanto a la interpretación y aplicación de este Acuerdo, que no sea resuelta satisfactoriamente por vía diplomática dentro de los seis (6) meses, se someterá a la decisión de una junta arbitral. Dicha junta arbitral estará compuesta por tres (3) árbitros, y cada Parte Contratante designará un árbitro dentro de un periodo de treinta (30) días desde la fecha de la recepción por cualquiera de las Partes Contratantes de la nota de solicitud de arbitraje de la controversia de la otra Parte Contratante, y el tercer árbitro que actuará como Presidente, será acordado por los dos (2) árbitros escogidos, en consulta con las Partes Contratantes, dentro de un plazo adicional de treinta (30) días, siempre que el tercer árbitro no sea un nacional de ninguna de las Partes Contratantes ni tenga su lugar habitual de residencia en ninguna de las Partes Contratantes, ni esté afiliado laboralmente con ninguna de las Partes Contratantes.\n3.     En caso de que las designaciones necesarias referidas en el párrafo 2 no se hayan realizado dentro del periodo mencionado en dicho párrafo, cualquier Parte Contratante podrá, a menos que se haya acordado algo diferente, solicitar que el Presidente de la Corte Internacional de Justicia realice dichas designaciones.\n4.     En caso de que el Presidente de la Corte Internacional de Justicia esté impedido para realizar el deber mencionado en el párrafo 3, o sea un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, el Vicepresidente será requerido para hacer las designaciones necesarias. En caso de que el Vicepresidente esté impedido para realizar el deber mencionado o sea un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones necesarias serán realizadas por el juez de mayor jerarquía que no sea un nacional de ninguna de las Partes Contratantes.\n5.     Para la designación de los árbitros, las Partes Contratantes consideran que los árbitros de una junta arbitral deberán:\n(a)  poseer conocimientos especializados sobre inversión y experiencia\nen derecho o en comercio internacional;\n(b)  ser elegidos estrictamente en función de su objetividad,\nconfiabilidad y sano juicio; y\n(c)  no recibir instrucciones por parte del gobierno de ninguna de las\n6.     La junta arbitral adoptará, dentro de un plazo razonable, su decisión por una mayoría de votos. Dichas decisiones serán finales y vinculantes.\n7.     Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, cada Parte Contratante podrá solicitar a la junta arbitral dentro de los quince (15) días con posterioridad a la notificación de su decisión, una aclaración o interpretación de dicha decisión. La junta arbitral decidirá sobre tal pedido dentro de los quince (15) días de elevada la solicitud.\n8.     Cada Parte Contratante cargará con los costos del árbitro de su elección y de su representación en el procedimiento de arbitraje. El costo del Presidente de la junta arbitral por el desempeño de sus tareas y los costos restantes de la junta arbitral serán asumidos de igual manera por las Partes Contratantes.\nSolución de Controversias de Inversión entre una Parte Contratante y un\n1.     A los efectos del presente Acuerdo, "controversia de inversión" refiere a una controversia entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante que ha sufrido pérdidas o daños por causa o como consecuencia de una supuesta violación de alguna obligación por parte de la primera Parte Contratante establecida en el presente Acuerdo con respecto al inversor de la otra Parte Contratante o sus inversiones en el Área de la primera Parte Contratante.\n2.     Toda controversia de inversión deberá, en la medida de lo posible, ser solucionada cordialmente a través de consultas o negociaciones entre el inversor que es parte en una controversia de inversión (de aquí en más, "inversor demandante") y la Parte Contratante que es una parte en la controversia de inversión (de aquí en adelante "Parte contendiente").\n3.     En caso de que la controversia de inversión no pueda ser resuelta a través de dichas consultas o negociaciones entre el inversor demandante y la Parte contendiente (de aquí en adelante en el presente Artículo "partes contendientes") dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en que el inversor demandante solicitara por escrito a la Parte contendiente las consultas o negociaciones referidas, y si el inversor demandante no hubiera sometido la controversia de inversión a resolución de tribunales de justicia o tribunales administrativos bajo la legislación de la Parte contendiente o cualquier otro mecanismo de solución de controversias vinculante, el inversor demandante podrá, sujeto a lo estipulado en el párrafo 7, someter la controversia de inversión a uno de los siguientes arbitrajes internacionales:\n(a)  arbitraje de acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias\nRelativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros\nEstados celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965 (de aquí\nen adelante "Convenio CIADI") siempre que el Convenio CIADI esté\nvigente para ambas Partes Contratantes;\n(b)  arbitraje conforme a las Reglas del Mecanismo Complementario del\nCentro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a\nInversiones, siempre que alguna de las Partes Contratantes, pero\nno ambas, sea parte del Convenio CIADI;\n(c)  arbitraje de acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de\nlas Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional\n(d)  si se acuerda con la Parte contendiente, cualquier arbitraje de\nacuerdo con otras reglas de arbitraje.\n4.     Por lo menos noventa (90) días antes de someter a arbitraje una controversia relativa a inversiones conforme al presente Artículo, el inversor demandante entregará a la Parte contendiente una notificación escrita de su intención de someter la controversia a arbitraje (en adelante, en el presente Artículo, "notificación de intención"). La notificación de intención especificará:\n(a)  nombre y dirección del inversor demandante;\n(b)  las disposiciones del presente Acuerdo que se alegue que han sido\n(c)  fundamentos de hecho y de derecho respecto de esa reclamación; y\n(d)  la reparación pretendida y el monto aproximado de los daños y\n5.     Cada Parte Contratante por el presente acepta que un inversor demandante someta a arbitraje una controversia de inversión conforme lo dispuesto en el párrafo 3 a elección del inversor demandante.\n6.     El consentimiento otorgado por el párrafo 5 y el sometimiento por parte de un inversor demandante de una controversia de inversión a arbitraje deberá cumplir los requisitos previstos por:\n(a)  el Capítulo II del Convenio CIADI o las Reglas del Mecanismo\nComplementario del Centro Internacional para el Arreglo de\nDiferencias Relativas a Inversiones para el consentimiento\nescrito de las partes de una controversia; y\n(b)  el Artículo II de la Convención sobre el Reconocimiento y la\nEjecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras realizada en\nNueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, en este Artículo,\n"Convención de Nueva York") para un acuerdo escrito.\n7.     Ninguna controversia de inversión podrá ser sometida a arbitraje conforme al presente Artículo a menos que:\n(a)  el inversor demandante consienta por escrito el arbitraje de\nconformidad con los procedimientos establecidos en el presente\n(b)  el inversor demandante presente por escrito a la Parte\ncontendiente la renuncia de cualquier derecho para entablar ante\ncualquier tribunal administrativo o tribunal de justicia al\namparo de la legislación de la Parte contendiente, u otro\nprocedimiento de solución de controversias, cualquier\nprocedimiento con relación a la controversia de inversión.\nNota:     Para mayor certeza, si el inversor demandante ha sometido a\narbitraje una controversia de inversión en virtud de una\nrenuncia escrita de acuerdo al subpárrafo (b), la elección\ndel foro será definitiva.\n8.     Sin perjuicio del párrafo 7, el inversor demandante podrá entablar o continuar una acción que pretenda medidas precautorias que no impliquen el pago de daños ante un tribunal administrativo o corte de justicia bajo la legislación de la Parte contendiente.\n9.     Una vez que el inversor demandante ha sometido la controversia de inversión ante un tribunal administrativo o corte de justicia de la Parte contendiente, la elección del foro será definitiva y el inversor demandante no podrá a partir de entonces someter la misma controversia a arbitraje conforme al presente Artículo.\n10.     Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5, ninguna controversia de inversión será sometida a arbitraje conforme al párrafo 3, si han transcurrido más de tres (3) años desde la fecha en que el inversor demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento por primera vez, según lo que haya ocurrido en primer lugar, de que el inversor demandante incurrió en pérdidas o daños de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 1.\n11.     A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, un tribunal arbitral creado conforme al párrafo 3 estará integrado por tres (3) árbitros, uno (1) designado por cada una de las partes contendientes y el tercero, quien presidirá dicho tribunal, será designado de mutuo acuerdo por dichas partes. Si el inversor demandante o la Parte contendiente no designaran el o los árbitros dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en la que la controversia de inversión fuera sometida a arbitraje, cualquiera de las partes contendientes podrá solicitar al Secretario General del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante, en el presente Artículo "CIADI"), que designe el o los árbitros que aún no hubieren sido nombrados del Panel de Árbitros del CIADI sujeto a los requisitos de los párrafos 12 y 13.\n12.     Al designar a los árbitros, las partes contendientes entienden que los árbitros de un tribunal arbitral deberán:\n(a)  tener conocimiento sobre inversiones y experiencia en derecho o\n(b)  ser elegidos estrictamente de manera objetiva, teniendo en cuenta\nla confiabilidad y sano juicio; y\n(c)  no recibir instrucciones del gobierno de ninguna de las .Partes\n13.     A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, el tercer árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las Partes Contratantes, ni tener su domicilio habitual en el territorio de ninguna de ellas, ni estar afiliado laboralmente con ninguna de ellas, ni haber estado involucrado en la controversia de forma alguna.\n14.  (a) Un tribunal arbitral creado conforme al párrafo 3 decidirá\nsobre los asuntos controvertidos de conformidad con el presente\nAcuerdo y con las normas aplicables del derecho internacional.\n(b)  Cuando un inversor demandante presenta un reclamo basado en el\nArtículo 6, el tribunal arbitral tomará una decisión sobre dicho\nreclamo de conformidad con el presente Artículo y con lo\n(i)  las normas legales especificadas en el acuerdo escrito\npertinente, u otras normas legales que las partes acuerden;\n(ii) en caso que no existan las normas legales a las que refiere\nel subpárrafo (i):\n(A)  las normas de derecho internacional que resulten\n(B)  la legislación de la Parte contendiente, incluidas sus\nnormas sobre conflicto de leyes.\n15.     La Parte contendiente entregará a la otra Parte Contratante:\n(a)  notificación escrita de la controversia de inversión sometida a\narbitraje no después de los treinta (30) días siguientes a la\nfecha en la cual la controversia fuera presentada; y\n(b)  copias de todos los argumentos presentados en el arbitraje.\n16.     La Parte Contratante que no sea la Parte contendiente, mediante notificación escrita cursada a las partes contendientes, podrá consultar al tribunal arbitral sobre la interpretación de este Acuerdo.\n17.     El tribunal arbitral solamente podrá laudar:\n(a)  un fallo en cuanto a si la Parte contendiente cumplió o no con\nalguna de las obligaciones previstas por el presente Acuerdo en\nlo que respecta al inversor demandante y sus inversiones; y\n(b)  uno o los dos recursos siguientes solamente si ha existido tal\n(i)  daños pecuniarios e interés aplicable; y\n(ii) restitución de la propiedad, en cuyo caso el fallo deberá\ndisponer que la Parte contendiente puede abonar daños\npecuniarios y los intereses aplicables, en lugar de\nEl tribunal arbitral también podrá determinar los costos y honorarios de los abogados de conformidad con el presente Acuerdo y las normas arbitrales aplicables.\nNota:     Para mayor certeza, el tribunal arbitral no podrá ordenar daños\n18.     La Parte contendiente puede hacer públicos oportunamente todos los documentos, incluido un fallo, presentado ante, o expedido por un tribunal arbitral establecido conforme al párrafo 3, sujeto a la redacción de:\n(a)  información comercial confidencial;\n(b)  información privilegiada o protegida de otra forma contra\ndivulgación al amparo de las leyes y reglamentaciones aplicables\nde cualquiera de las Partes Contratantes; y\n(c)  información que debe ser retenida conforme a las normas\n19.     Salvo que las partes contendientes acuerden lo contrario, el arbitraje tendrá lugar en un país que sea parte de la Convención de Nueva York.\n20.     El laudo emitido por el tribunal arbitral será definitivo y vinculante para las partes contendientes con respecto al caso en particular. Este laudo se cumplirá conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables, así como a las leyes internacionales relevantes, incluido el Convenio CIADI y la Convención de Nueva York en relación a la ejecución del laudo, vigentes en el país donde se pretende su aplicación.\nNota:     A los efectos del presente Artículo, queda entendido que ninguna\nde las Partes Contratantes está obligada a divulgar información\nconfidencial o información privilegiada o cuya divulgación esté\nde otra forma protegida al amparo de sus leyes y reglamentaciones\naplicables ni divulgar la información que pudiera impedir el\ncumplimiento de la ley o de otra forma oponerse al interés\npúblico, o que pueda perjudicar la privacidad o los intereses\nExcepciones Generales y de Seguridad\n1.     Sujeto al requisito de que las medidas no se apliquen por una Parte Contratante de tal forma que puedan constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable contra la otra Parte Contratante, o una restricción encubierta a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en el Área de la primera Parte Contratante, nada de lo dispuesto en este Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a la primera Parte Contratante de adoptar o implementar medidas que sean:\n(a)  necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o\n(b)  necesarias para proteger la moral pública o para mantener el\norden público, considerando que la excepción del orden público\nsólo podrá invocarse cuando se presente una amenaza genuina y\nsuficientemente seria a los intereses fundamentales de la\n(c)  necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos\nque no sean incompatibles con las disposiciones de este Acuerdo,\nincluyendo aquellas relacionadas con:\n(i)  la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas o el\nmanejo de los efectos del incumplimiento de contratos;\n(ii) la protección de la privacidad individual relacionada con el\nprocesamiento y divulgación de datos personales y la\nprotección de confidencialidad de registros y cuentas\n(d)  impuestas para la protección de tesoros nacionales de valor\nartístico, histórico o arqueológico; o\n(e)  necesarias para la conservación de recursos naturales vivos o no\n2.     Nada de lo dispuesto en este Acuerdo diferente de lo establecido en el Artículo 17 será interpretado en el sentido de impedir a una Parte Contratante el adoptar o implementar medidas:\n(a)  que estime necesaria para la protección de sus intereses\nesenciales de seguridad:\n(i)  aplicada en tiempos de guerra o conflicto armado, u otra\nemergencia en esa Parte Contratante, o en relaciones\n(ii) relativa a la implementación de políticas nacionales o\nacuerdos internacionales relacionadas con la no\nproliferación de armas; o\n(b)  en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las\nNaciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad\nMedidas temporales de Salvaguardia\n1.     Una Parte Contratante podrá adoptar o mantener medidas que no sean conformes con las obligaciones establecidas en el Artículo 3 relacionadas con las transacciones transfronterizas de capital y el Artículo 19:\n(a)  en caso de serias dificultades en la balanza de pagos o\ndificultades financieras externas o la amenaza de las mismas; o\n(b)  en casos en que, por circunstancias especiales, los movimientos\nde capital causen o amenacen causar serias dificultades en el\nmanejo macroeconómico, en particular, en las políticas monetarias\n2.     Las medidas referidas en el párrafo 1:\n(a)  serán consistentes con los Artículos del Acuerdo del Fondo\nMonetario Internacional, en la medida en que la Parte Contratante\nque toma las medidas sea parte de los mencionados Artículos;\n(b)  no excederán lo necesario para enfrentar las circunstancias\nestablecidas en el párrafo 1;\n(c)  serán temporales y se eliminarán tan pronto como las condiciones\n(d)  serán prontamente notificadas a la otra Parte Contratante; y\n(e)  evitarán daños innecesarios a los intereses comerciales,\neconómicos y financieros de la otra Parte Contratante.\n3.     Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se considerará como una alteración de los derechos adquiridos y las obligaciones asumidas por una Parte Contratante como parte de los Artículos de Acuerdo del Fondo Monetario Internacional.\n1.     Las Partes Contratantes, con el objetivo de promover actividades de inversión, promoverán y asegurarán adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, y promoverán la eficiencia y la transparencia en el sistema de protección de la propiedad intelectual, de conformidad con el Acuerdo ADPIC y otros acuerdos internacionales de los que las Partes Contratantes sean parte.\n2.     Nada de lo dispuesto en este Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes bajo acuerdos multilaterales relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual de los cuales las Partes Contratantes sean parte.\n3.     Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes Contratantes a extender a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones el tratamiento otorgado a inversores de una Parte no-Contratante y sus inversiones en virtud de acuerdos multilaterales relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual de los cuales la mencionada Parte Contratante sea parte.\n1.     Nada de lo establecido en el presente Acuerdo será aplicable a medidas tributarias a excepción de lo expresamente establecido en los párrafos 3 y 4 del presente Artículo.\n2.     Nada en este Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de cualquiera de las Partes Contratantes en cualquier convenio tributario. En el caso de cualquier incompatibilidad entre este Acuerdo y dicho convenio, el convenio prevalecerá dentro del alcance de la incompatibilidad.\n3.     El Artículo 16 se aplicará a toda medida tributaria, exceptuado el caso en que un inversor demandante que afirme que una medida tributaria implica expropiación podrá someter el reclamo a arbitraje conforme al Artículo 21, únicamente si:\n(a)  el inversor demandante ha remitido previamente a las autoridades\ncompetentes de ambas Partes Contratantes comunicación escrita\nsobre el tema de si tal medida no involucra una expropiación; y\n(b)  dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días desde tal\nremisión, las autoridades competentes de ambas Partes\nContratantes no acuerdan en determinar si la medida no es una\nNota:     A los efectos del presente Artículo, el término\n"autoridades competentes" significa:\n(i)  con respecto a Japón, el Ministro de Finanzas o sus\nrepresentantes autorizados, quienes deberán considerar el\nasunto en consultas con el Ministro de Asuntos Exteriores o\nsus representantes autorizados; y\nMinistro de Economía y Finanzas o sus representantes\n4.     El Artículo 21 se aplicará a las controversias relacionadas con medidas tributarias en la medida de lo cubierto por el párrafo 3.\n1.     Las Partes Contratantes establecerán un Comité Conjunto (en adelante "el Comité") con el propósito de llevar a cabo los objetivos de este Acuerdo. Las funciones del comité serán las siguientes:\n(a)  discutir y revisar la implementación y operación del presente\n(b)  revisar las medidas disconformes mantenidas, enmendadas o\nmodificadas de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo 10 con el\nfin de contribuir a la reducción o eliminación de tales medidas\n(c)  compartir información y promover la discusión de asuntos\nrelacionados con inversión dentro del alcance de este Acuerdo,\nlas cuales estén relacionadas con el mejoramiento del clima de\n(d)  discutir cualquier otro aspecto relacionado con inversiones\nconcerniente a este Acuerdo.\n2.     De ser necesario, el Comité podrá hacer recomendaciones apropiadas por consenso a las Partes Contratantes para el funcionamiento más efectivo o la consecución de los objetivos de este Acuerdo.\n3.     El Comité estará integrado por representantes de las Partes Contratantes. El Comité, sujeto al mutuo consentimiento de las Partes Contratantes, podrá invitar representantes de entidades relevantes diferentes de los gobiernos de las Partes Contratantes, con los conocimientos especializados necesarios en los temas a discutir, y llevar a cabo reuniones conjuntas con los sectores privados.\n4.     El Comité determinará sus propias reglas de procedimientos para llevar a cabo sus funciones.\n5.     El Comité podrá establecer sub-comités y delegar tareas específicas a dichos sub-comités.\n6.     El Comité se reunirá a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes.\nMedidas sobre Salud, Seguridad, Medio Ambiente\ny Estándares Laborales\nCada Parte Contratante se abstendrá de fomentar actividades de inversión de inversores de la otra Parte Contratante o de una Parte no-Contratante por medio del relajamiento de sus medidas sobre salud, seguridad o medio ambiente, o por medio de la disminución de sus estándares laborales. A tales efectos, las Partes Contratantes no deberán renunciar o derogar tales medidas o estándares como un incentivo para el establecimiento, adquisición o expansión en su Área de inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y de una Parte no-Contratante.\n1.     Una Parte Contratante podrá denegar los beneficios del presente Acuerdo a un inversor de la otra Parte Contratante que sea una empresa de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, si la empresa es propiedad de o controlada por un inversor de una Parte no Contratante y la Parte Contratante que deniegue:\n(a)  no mantiene relaciones diplomáticas con la Parte no-Contratante;\n(b)  adopta o mantiene medidas respecto de la Parte no-Contratante que\nprohíben las transacciones con la empresa, o que tales medidas\nserían violadas o eludidas si los beneficios de este Acuerdo le\nfueran otorgados a la empresa o a sus inversiones.\n2.     Una Parte Contratante podrá denegar los beneficios de este Acuerdo a un inversor de la otra Parte Contratante que sea una empresa de esa otra Parte Contratante y a sus inversiones si la empresa es propiedad de, o controlada por un inversor de una Parte no-Contratante y la empresa no realiza actividades comerciales sustanciales en el Área de la otra Parte Contratante.\nLos títulos de los Artículos del presente Acuerdo se han insertado únicamente por conveniencia de referencia y no afectarán la interpretación de este Acuerdo.\nAl tercer año luego de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o en el año que las Partes Contratantes acuerden, lo que ocurra primero, y con miras a la posible mejora de las condiciones de inversión, las Partes Contratantes podrán revisar el presente Acuerdo. Dicha revisión podrá tener en cuenta, entre otros, el funcionamiento del Acuerdo, la prohibición de requisitos de desempeño adicionales, incluyendo lo relacionado a un contrato de licencia, la responsabilidad social empresarial, y la liberalización progresiva de la inversión.\n1.     El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta días con posterioridad a la fecha de intercambio de notas diplomáticas informando mutuamente que los procedimientos legales respectivos para la entrada en vigencia del presente Acuerdo han sido debidamente completados. Se mantendrá en vigencia por un período de diez (10) años después de su entrada en vigencia y continuará vigente a menos que sea terminado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3.\n2.     El presente Acuerdo se aplicará asimismo a todas las inversiones de inversores de cada Parte Contratante adquiridas en el Área de la otra Parte Contratante de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables de esa otra Parte Contratante con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.\n3.     Una Parte Contratante podrá, mediante notificación por escrito a la otra Parte Contratante con un (1) año de antelación, terminar este Acuerdo una vez haya finalizado el periodo inicial de diez (10) años de vigencia o cualquier momento luego de ello.\n4.     Con respecto a las inversiones adquiridas con anterioridad a la fecha de terminación de este Acuerdo, las disposiciones de este Acuerdo continuarán siendo efectivas por un periodo adicional de diez (10) años contados a partir de la fecha de terminación de este Acuerdo.\n5.     Los Anexos al presente Acuerdo serán parte integral de este Acuerdo.\nEN FE DE LO CUAL, los suscriptos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado este Acuerdo.\nElaborado en duplicado en Montevideo, en este día veintiséis de enero de 2015, en idioma español, japonés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.\nPOR LA REPÚBLICA ORIENTAL      POR JAPÓN:\nReservas para las Medidas referidas\nen el párrafo 1 del Artículo 10\n1.     La Lista de una Parte Contratante establece, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 10 las reservas hechas por esa Parte Contratante con respecto a las medidas existentes que no están sujetas a las obligaciones impuestas por:\n(a)  Artículo     3 (Trato Nacional);\n(b)  Artículo     4 (Trato de Nación Más Favorecida);\n(c)  Artículo     8 (Requisitos de Desempeño); o\n(d)  Artículo     9 (Altos Ejecutivos y Directorios).\n2.     Cada reserva abarca los siguientes elementos:\n(a)  "Sector" se refiere al sector general en el que se ha tomado la\n(b)  "Sub-Sector" se refiere al sector específico en el que se ha\ntomado la reserva;\n(c)  "Clasificación Industrial" se refiere, cuando corresponda, y solo\npor propósitos de transparencia, a la actividad cubierta por la\nreserva de acuerdo con los códigos de clasificación industrial\nnacional o internacionales;\n(d)  "Tipo de Reserva" especifica las obligaciones referidas en el\npárrafo 1 sobre las cuales se ha tomado la reserva;\n(e) "Nivel de Gobierno" indica el nivel de gobierno que mantiene\nla medida en el que se ha tomado la reserva;\n(f) "Medidas" identifica las leyes, reglamentos u otras medidas\npara las cuales se ha tomado la reserva. Una medida citada en el\n(i)  significa la medida modificada, continuada o renovada a la fecha\nde entrada en vigor de este Acuerdo; e\n(ii) incluye cualquier medida subordinada, que sea adoptada o\nmantenida y que se rija y sea compatible con la medida; y\n(g)  "Descripción" proporciona, respecto de las obligaciones referidas\nen el párrafo 1, una descripción general, no vinculante de los\naspectos no conformes de la medida existente por la que se\n3.     En la interpretación de una reserva, se considerarán todos los elementos de la reserva. Una reserva será interpretada a la luz de las disposiciones relevantes de este Acuerdo respecto de las cuales se hace la reserva. El elemento "Medidas" prevalecerá sobre todos los demás elementos.\n4.     De acuerdo al párrafo 1 del Artículo 10, las obligaciones especificadas en el elemento "Tipo de Reserva" no se aplican a las leyes, reglamentos u otras medidas identificadas en el elemento "Medidas".\n5.     Para los efectos del presente Anexo, "JSIC" significa la Clasificación Industrial Estándar de Japón establecida por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones y revisada el 6 de noviembre de 2007.\nAgricultura, Silvicultura y Pesca (Derecho del Obtentor)\nJSIC 0119       Agricultura - Varios cultivos\nJSIC 0243       Recolección de semillas de árboles y\nJSIC 0413       Acuicultura de algas marinas\nJSIC 0415       Acuicultura de semillas\nTrato Nacional (Artículo 3)\nTrato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)\nLey de Semillas y Plantas de Semillero (Ley No. 83 de 1998), Artículo 10\nUna persona extranjera que no posea domicilio ni residencia (ni lugar de operación comercial, en el caso de una persona jurídica) en Japón, no podrá gozar del derecho de obtentor ni derechos relacionados con excepción de los casos siguientes:\n(a) cuando el país donde la persona tiene nacionalidad o el país en que la persona tiene domicilio o residencia (o su lugar de operaciones comerciales para el caso de una persona jurídica) es parte contratante del Convenio Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas del 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991; (b) cuando el país donde la persona tiene nacionalidad o el país en que la persona tiene domicilio o residencia (o su lugar de operaciones comerciales para el caso de una persona jurídica) es parte contratante del Convenio Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas del 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 (de aquí en más, referido en el presente Anexo como "el Convenio de la UPOV de 1978"), o un país relacionado con el que Japón aplicará el Convenio de la UPOV de 1978 de acuerdo con el párrafo (2) del Artículo 34 del Convenio de la UPOV de 1978, y que brinda protección para géneros y especies vegetales a las que pertenece la variedad aplicada de dicha persona; o (c) cuando el país donde la persona tiene su nacionalidad ofrece a personas con nacionalidad japonesa, protección de variedades bajo las mismas condiciones que a sus propios ciudadanos (incluyendo un país que ofrece dicha protección a naturales de Japón con la condición de que Japón permita el goce del derecho de obtentor o derechos relacionados a los ciudadanos de dicho país) y que brinda protección para géneros y especies vegetales a las que pertenece la variedad aplicada de dicha persona.\nJSIC 622         Bancos, con excepción del banco\nJSIC 631         Instituciones financieras para pequeñas\nLey de Garantía de Depósitos (Ley No. 34 de 1971), Artículo 2\nEl sistema de seguro de depósitos cubre únicamente a las instituciones financieras que tienen su sede central dentro de la jurisdicción japonesa. El sistema de seguro de depósitos no cubre los depósitos tomados por sucursales de bancos extranjeros-\nJSIC 3511        Suministro de Calefacción\nLey de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior (Ley No. 228 de 1949)\nOrden del Gabinete sobre Inversión Extranjera Directa (Orden del Gabinete No. 261 de 1980)\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan realizar inversiones en la industria de suministro de calefacción en Japón.\nJSIC 3700     Oficinas centrales dedicadas\nprincipalmente a operaciones de gestión\nJSIC 3711    Telecomunicaciones regionales, excepto\nteléfonos de transmisión alámbrica\nJSIC 3731    Servicios incidentales de\nAltos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)\nLey Concerniente a la Corporación Nipona de Telégrafos y Teléfonos (Ley No. 85 de 1984), Artículos 6 y 10\n1. La Corporación Nipona de Telégrafos y Teléfonos puede no registrar el nombre y la dirección en su registro de accionistas si la suma de la proporción de los derechos de voto detentados, directamente y/o indirectamente, por las personas mencionadas en los subpárrafos (a) a (c) siguientes alcanza o excede un tercio:\n(a)   una persona física que no tenga nacionalidad\n(b)   un gobierno extranjero o su representante; y\n(e)   una persona jurídica extranjera o una entidad\n2. Toda persona física que no posea nacionalidad japonesa no podrá asumir el cargo de director o auditor de la Corporación Nipona de Telégrafos y Teléfono, de la Corporación Nipona de Telégrafos y Teléfono del Este y de la Corporación Nipona de Telégrafos y Teléfonos del Oeste.\nTelecomunicaciones y Servicios por Internet\nJSIC 3711   Telecomunicaciones regionales, excepto\nJSIC 3712    Telecomunicaciones de larga distancia\nJSIC 3719    Telecomunicaciones fijas diversas\nJSIC 3721    Telecomunicaciones móviles\nJSIC 401       Servicios por Internet\nLas actividades cubiertas por la reserva bajo JSIC 3711, 3712, 3719, 3721 o 401 están limitadas a las actividades que están sujetas a la obligación del registro bajo el Artículo 9 de la Ley de Negocios de Telecomunicaciones (Ley No. 86 de 1984).\nLey de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior (Ley No. 228 de 1949), Artículo 27\nOrden del Gabinete sobre Inversión Extranjera Directa (Orden del Gabinete No. 261 de 1980), Artículo 3\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a inversores extranjeros que pretendan invertir en negocios de telecomunicaciones y servicios por internet en Japón.\nFabricación de Drogas y Medicinas\nJSIC 1653     Preparaciones Biológicas\nEl requisito de notificación previa de conformidad con la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria de la fabricación de preparaciones biológicas en Japón. Para mayor certeza, "la industria de fabricación de preparaciones biológicas" se refiere a las actividades económicas en establecimientos que producen, principalmente, vacunas, suero, toxoide, antitoxina y algunas preparaciones similares a los productos ya mencionados, o productos a base de sangre.\nFabricación de Cuero y Productos de Cuero\nJSIC 1189    Ropa y Accesorios de Textiles,\nJSIC 1694    Gelatina y adhesivos\nJSIC 192      Calzado de Plástico y Caucho, y\nJSIC 2011    Curtido y acabado de cuero\nJSIC 2021    Productos mecánicos de cuero,\nexcepto guantes y mitones\nJSIC 2031    Corte y terminación para botas\nJSIC 2041    Calzado de cuero\nJSIC 2051    Guantes y mitones de cuero\nJSIC 2061    Equipaje\nJSIC 207      Bolsos de mano y pequeños\nJSIC 2081    Peletería\nJSIC 2099    Diversos productos de cuero\nJSIC 3253    Productos Deportivos y de\nLas actividades cubiertas por la reserva bajo JSIC 1189 o 3253 están limitadas a las actividades relacionadas con la fabricación del cuero y productos de cuero.\nLas actividades cubiertas por la reserva bajo JSIC 1694 están limitadas a las actividades relacionadas con pegamento animal (nikawa) y fabricación de gelatina.\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria de la fabricación de cuero y productos de cuero en Japón.\nAsuntos Relacionados con la Nacionalidad de una Embarcación\nLey de Embarcaciones (Ley No. 46 de 1899), Artículo 1.\nSe otorgará la nacionalidad japonesa a un barco cuyo propietario es una persona física de nacionalidad japonesa, o una compañía establecida bajo la ley y las regulaciones de Japón, de la cual todos los representantes y no menos de dos tercios de los ejecutivos que administran sus asuntos tienen la nacionalidad japonesa.\nJSIC 05    Minería y extracción en cantera de piedra\nLey de Minería (Ley No. 289 de 1950), Capítulos 2 y 3\nSólo un nacional japonés o una persona jurídica japonesa podrá tener derechos mineros o derechos de renta mineros.\nJSIC 053        Producción de Petróleo Crudo y\nJSIC 1711      Refinería de Petróleo\nJSIC 1721      Aceites Lubricantes y Grasas\n(no elaboradas en refinerías de petróleo)\nJSIC 1741      Materiales para Pavimentación\nJSIC 1799          Productos Diversos de Petróleo y Carbón\nJSIC 4711      Almacenamiento Regular\nJSIC 4721      Almacenamiento en Refrigeración\nJSIC 5331      Petróleo\nJSIC 6051      Estaciones de Petróleo (estaciones\nde servicio de gasolina)\nJSIC 6052      Tiendas de Combustible, Excepto\nJSIC 9299      Servicios Comerciales Diversos,\nLas actividades cubiertas por la reserva bajo JSIC 1741, 1799, 4711, 4721 ó 6052 están limitadas a las actividades relacionadas con la industria del petróleo.\nLas actividades cubiertas por la reserva bajo JSIC 9299 están limitadas a las actividades relacionadas con la industria del gas licuado de petróleo.\nEl requisito de notificación previa de conformidad con la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria del petróleo en Japón. Todos los productos químicos orgánicos tales como etileno, glicol de etileno y policarbonatos están fuera de la cobertura de la industria del petróleo. Por lo tanto, la notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior no se requiere para la inversión en la fabricación de estos productos.\nAgricultura, Silvicultura y Pesca, y Servicios Relacionados (excepto pesquería dentro del Mar Territorial, aguas internas, zona económica exclusiva y plataforma continental, cubiertas por la reserva No. 7 en la Lista de Japón del Anexo II)\nJSIC 01       Agricultura\nJSIC 02       Silvicultura\nJSIC 03       Pesquería, excepto acuicultura\nJSIC 04       Acuicultura\nJSIC 6324   Cooperativas Agrícolas\nJSIC 6325   Cooperativas de Pesca y de Tratamiento\nJSIC 871     Asociaciones Cooperativas de\nAgricultura, Silvicultura y Pesca, No\nClasificados en Otra  Parte\nLey de Divisas Extranjeras y Comercio Exteriores (Ley No. 228 de 1949), Artículo 27\nEl requisito de notificación previa de conformidad con la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en agricultura, silvicultura y pesca y servicios relacionados en Japón (excepto pesquería dentro del mar territorial, aguas internas, zona económica exclusiva y plataforma continental, cubiertas por la reserva No. 7 en la Lista de Japón del Anexo II).\nJSIC 9231     Servicios de Seguridad\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en servicios de guardias de seguridad en Japón.\nJSIC 4600    Oficinas Centrales principalmente\ndedicadas a operaciones de gestión\nJSIC 4611     Transporte Aéreo\nLey de Aeronáutica Civil (Ley No. 231 de 1952), Capítulos 7 y 8\n1.   El requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a inversores extranjeros que pretendan invertir en el negocio del transporte aéreo en Japón.\n2.    El permiso del Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para llevar a cabo negocios de transporte aéreo como una empresa transportista aérea japonesa, no se concederá a las siguientes personas físicas o entidades que soliciten el permiso:\nuna persona física que no tenga la nacionalidad japonesa;\nun país extranjero, o una entidad pública extranjera o su equivalente;\nuna persona jurídica u otra entidad constituida bajo las leyes de cualquier país extranjero;\nuna persona jurídica representada por las personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; una persona jurídica en la que más de un tercio de los miembros del Directorio esté compuesto por las personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; o una persona jurídica en la que más de un tercio de los derechos de voto esté en poder de la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores.\nEn caso de que un transportista aéreo se convierta en alguna de las personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a) a (d) anteriores, el permiso quedará sin efecto. Las condiciones para el permiso también se aplican a compañías tales como las compañías controladoras que ejercen control substancial sobre los transportistas aéreos.\n3.       Los transportistas aéreos japoneses o las empresas que ejercen control substancial sobre los transportistas aéreos tales como las compañías controladoras, pueden rechazar la solicitud de una persona física o de una entidad de las señaladas en los subpárrafos 2 (a) a 2 (c) anteriores, que detenten participación de capital en tales transportistas aéreos o empresas, para incluir sus nombres y direcciones en el registro de accionistas, en caso de que tales transportistas aéreos o compañías se conviertan en una persona jurídica en el subpárrafo 2 (d) al aceptar dicha solicitud.\n4.     Los transportistas aéreos extranjeros requieren obtener los permisos del Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para llevar a cabo negocios de transporte aéreo internacional.\n5.    Se requiere permiso del Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para hacer uso de una aeronave extranjera para el transporte aéreo de pasajeros o carga hacia y desde Japón a cambio de remuneración.\n6.     Una aeronave extranjera no podrá utilizarse para un vuelo entre puntos dentro de Japón.\nJSIC 4600      Oficinas Centrales principalmente\nJSIC 4621      Servicios de Aeronaves, Excepto\n1.       El requisito de notificación previa de conformidad con la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en el negocio de trabajos aéreos en Japón.\n2.     El permiso del Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para llevar a cabo negocios de trabajos aéreos no se garantiza a las siguientes personas físicas o entidades que soliciten el permiso:\nuna persona jurídica u otra entidad constituida bajo las leyes de cualquier país extranjero; y\nuna persona jurídica representada por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; una persona jurídica en la que más de un tercio de los miembros de su directorio está compuesto por personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; o una persona jurídica en la cual más de un tercio de los derechos de voto esté detentado por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores.\nEn el caso de que una persona que lleve a cabo negocios de trabajos aéreos se convierta en alguna de las personas físicas o una entidad referidas en los subpárrafos (a) a (d) anteriores, el permiso quedará sin efecto. Las condiciones para el permiso también aplican a compañías tales como las compañías controladoras que ejercen control substancial sobre la persona que lleva a cabo negocios de trabajos aéreos.\n3.     Las aeronaves extranjeras no podrán utilizarse para vuelos entre puntos dentro de Japón.\nTransporte Aéreo (Registro de Aeronaves en el Registro Nacional)\nLey de Aeronáutica Civil (Ley No. 231 de 1952), Capítulo 2\n1.      Una aeronave propiedad de cualquiera de las siguientes personas físicas o entidades no podrá ser registrada en el registro nacional:\nuna persona jurídica u otra entidad constituida de conformidad con las leyes de cualquier país extranjero;\nuna persona jurídica representada por la persona física o entidad a las que se refieren los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; una persona jurídica en la que más de un tercio de los miembros de su directorio esté compuesto por las personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b), o (c) anteriores; o una persona jurídica en la que más de un tercio de los derechos de voto esté detentado por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores.\n2.     Una aeronave extranjera no puede ser registrada en el registro nacional.\nNegocios Logísticos de Fletamento (excluyendo negocios logísticos de fletamento mediante transporte aéreo)\nJSIC 4441     Fletamento de Tipo Recolección y\nJSIC 4821     Fletamento de Tipo Entrega, excepto\nFletamento de Tipo Recolección y\nLey de Negocios de Fletamento (Ley No. 82 de 1989), Capítulos 2 al 4\nRegulación de Cumplimiento de la Ley de Negocios de Fletamento (Ordenanza Ministerial del Ministerio de Transporte No. 20 de 1990)\n1.      Las siguientes personas físicas o entidades deben registrarse ante, u obtener permiso o aprobación de, el Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para llevar a cabo negocios logísticos de fletamento mediante embarcación internacional. Tal registro deberá autorizarse, o tal permiso o aprobación deberá concederse, sobre la base de reciprocidad:\nuna persona jurídica o entidad constituida bajo las leyes de cualquier país extranjero; y\ncualquier persona jurídica representada por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; una persona jurídica en la que más de un tercio de los miembros de su directorio esté compuesto por las personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; o una persona jurídica en la que más de un tercio de los derechos de voto esté detentado por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores.\nNegocios Logísticos de Fletamento (sólo negocios logísticos de fletamento mediante transporte aéreo)\nJSIC 4441      Fletamento de Tipo Recolección y\nJSIC 4821         Fletamento de Tipo\nEntrega, excepto Fletamento de Tipo\nLey de Negocios de Fletamento Ley No. 82 de 1989), Capítulos 2 al 4\nDecreto de Regulación de la Ley de Negocios de Fletamento (Ordenanza Ministerial del Ministerio de Transporte No. 20 de 1990)\n1.       Las siguientes personas físicas o entidades no podrán llevar a cabo negocios logísticos de fletamento mediante transporte aéreo entre puntos de Japón:\nuna persona jurídica o una entidad constituida bajo las leyes de cualquier país extranjero; y\nuna persona jurídica representada por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; una persona jurídica en la que más de un tercio de los miembros de su directorio esté compuesto por personas físicas o entidades referidas en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores; o una persona jurídica en la que más de un tercio de los derechos de voto esté detentado por la persona física o entidad referida en los subpárrafos (a), (b) o (c) anteriores.\n2.     La persona física o entidad referida en los subpárrafos 1 (a) a 1 (d) anteriores deberá registrarse ante, u obtener permiso o aprobación de, el Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo para llevar a cabo negocios logísticos de fletamento mediante transporte aéreo internacional. Tal registro será permitido, o tal permiso o aprobación será concedido, sobre la base de reciprocidad.\nJSIC 421      Transporte Ferroviario\nJSIC 4851     Servicios de Instalaciones Ferroviarias\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria del transporte ferroviario en Japón. La fabricación de vehículos, partes y componentes para la industria del transporte ferroviario no se incluye en la industria de transporte ferroviario. Por lo tanto, la notificación previa no se requiere bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior para la inversión en la fabricación de estos productos.\nJSIC 4311          Operadores de Autobuses Colectivos\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria de ómnibus en Japón. La fabricación de vehículos, partes y componentes para la industria de ómnibus no se incluye en la industria de ómnibus. Por lo tanto, la notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior no se requiere para la inversión en la fabricación de estos productos.\nJSIC 452       Transporte Costero\nJSIC 453       Transporte en Aguas Interiores\nJSIC 4542     Arrendamiento de Buques Costeros\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria del transporte por agua en Japón. Para mayor certeza, la "industria del transporte por agua" se refiere al transporte transoceánico, transporte marítimo, transporte costero (i.e. transporte marítimo entre puertos en Japón), transporte en aguas internas y la industria de arrendamiento de embarcaciones. Sin embargo, la industria del transporte transoceánico, transporte marítimo y la industria de arrendamiento de embarcaciones, con exclusión de la industria de arrendamiento de embarcaciones costeras, están exentas del requisito de notificación previa.\nLey de Embarcaciones (Ley No. 46 de 1899),\nA menos que las leyes y reglamentos de Japón o los acuerdos internacionales de los que Japón es parte especifiquen lo contrario, las embarcaciones que no naveguen con bandera japonesa tendrán prohibida la entrada a los puertos japoneses que no estén abiertos al comercio exterior y el transporte de carga o pasajeros entre puertos japoneses.\nSuministro de Agua y Obras Hidráulicas\nJSIC 3611        Agua para Usuarios Finales, Excepto\nEl requisito de notificación previa bajo la Ley de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior se aplica a los inversores extranjeros que pretendan invertir en la industria de abastecimiento de agua y de obras hidráulicas en Japón.\nLista de la República Oriental del Uruguay\nRequisitos de Desempeño (Artículo 8)\nLey N° 14.650\nLey N° 18.498\nDecreto N° 233/004\nLa realización de actividades de pesca y caza acuática de carácter comercial que se realicen en aguas interiores y en el Mar Territorial dentro de una zona de doce (12) millas de extensión, medida a partir de las lineas de base, queda reservada exclusivamente a los buques de bandera uruguaya, debidamente habilitados, sin perjuicio de arreglos alcanzados en acuerdos internacionales realizados por la República Oriental del Uruguay (de aquí en adelante referido en esta lista como "Uruguay") sobre la base de reciprocidad. Tales buques deberán estar comandados por capitanes, oficiales de la marina mercante o patrones de pesca que sean nacionales uruguayos, y por lo menos el noventa (90) por ciento de la tripulación de dichos buques deberá estar compuesta por nacionales uruguayos. Este porcentaje podría variar de acuerdo a lo estipulado en acuerdos internacionales.\nLa tripulación de los buques pesqueros habilitados en Uruguay que operan exclusivamente en aguas internacionales, deberán tener un mínimo de setenta (70) por ciento de nacionales uruguayos.\nLos buques comerciales de bandera extranjera sólo podrán explotar los recursos vivos existentes entre el área de doce (12) millas mencionadas en el primer párrafo y doscientas (200) millas marinas, sujeto a autorización del Poder Ejecutivo, según consta en el registro llevado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Previamente a comenzar actividades, deberán obtener una matrícula y un permiso.\nLa autorización para realizar todas las actividades relacionadas a la pesca incluyendo su industrialización y comercialización será otorgada por el Poder Ejecutivo.\nEn caso de instituciones nacionales o personas nacionales, todos los buques de bandera uruguaya están exentos de pago de permisos e inspecciones otorgados a pesca y caza científicas.\nEl procesamiento y la industrialización de pescado podrán estar sujetos al requisito de que el pescado sea total o parcialmente procesado en Uruguay.\nComunicaciones - Prensa Escrita\nLey N° 16.099 (Artículo 6)\nÚnicamente un nacional uruguayo podrá desempeñarse como el redactor o gerente responsable1 de un diario, revista o publicación periódica que se publique en Uruguay.\nComunicaciones - Televisión, Cine y Servicios Audiovisuales\n-Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)\nLey N° 16.099\nEl redactor o gerente responsable2 de una empresa de televisión para abonados (cable, satélite, MMDS y UHF) debe ser un nacional uruguayo.\nEl Instituto del Cine y del Audiovisual del Uruguay podrá, tal como lo indican sus funciones:\npromover, incentivar y estimular la creación, producción, coproducción, distribución y exhibición de películas y trabajos audiovisuales uruguayos en el país y en el exterior;\nInstrumentar convenios de reciprocidad con otros institutos para conceder y obtener acceso preferencial a los respectivos mercados nacionales;\nPromover acciones tendientes a la exhibición de mínimos de producción nacional de obras de ficción, documentales y animación en los medios televisivos nacionales y su difusión en el mercado internacional; y\nPromover acciones tendientes a la exhibición de mínimos de producción nacional en las salas que componen el circuito de exhibición.\nServicios Educativos - Nivel Primario y Secundario\nOrdenanza N° 14, Resolución N° 20 del Acta N° 86 de 19/12/1994 de la Administración Nacional de Educación Pública\nEl director y subdirector de los institutos educativos deberán ser ciudadanos naturales o legales uruguayos o residentes permanentes en Uruguay por un período no menor de tres (3) años.\nServicios Educativos - Nivel Terciario\nDecreto N° 308/995\nLa mayoría absoluta del personal académico deberá estar integrado por ciudadanos naturales o legales uruguayos o residentes permanentes en Uruguay por un período no menor de tres (3) años. Deberán tener un perfecto dominio de la lengua española.\nLos estatutos de las instituciones de enseñanza superior deberán prever los órganos de dirección administrativa académica y procedimientos de designación de sus miembros, la mayoría de los cuales deben ser ciudadanos naturales o legales uruguayos, o tener una residencia en Uruguay de por lo menos tres (3) años.\nLey N° 18.813\nDecreto-Ley N° 15.242 y sus decretos reglamentarios\nTodos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre, o que afloren a la superficie del territorio nacional, integran de forma inalienable e imprescriptible el dominio del Estado.\nSin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los yacimientos de sustancias minerales no metálicas (incluidos los yacimientos de minerales no metálicos, que se utilizan directamente como materiales de construcción, sin proceso industrial para identificar una transformación física o química de sustancias minerales) quedan reservados para ser explotados por el propietario del predio, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto-Ley N° 15.242 y sus modificativos.\nLa prospección y exploración de yacimientos minerales y minería sólo se realizará:\npor el Estado o por Entes Estatales;\nen virtud de un título minero\nEl goce de los derechos mineros atribuidos por el título respectivo está regulado por disposiciones especificas y por lo establecido en  el contrato específico.\nEl titular de una concesión para operar que esté en condiciones de exportar minerales metálicos, deberá ofrecer al mercado interno el quince (15) por ciento del valor de cada operación de exportación a precio "free on board".\nSector Ferroviario - Marco Jurídico Regulatorio, Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas N° 1.767 del 27 de Noviembre de 2003\nAcuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), según lo adoptado en la Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 10 de Mayo de 1991, y publicado en el Diario Oficial del 8 de julio de 1991\nLey N° 17.930 (Artículo 205)\nDecreto-Ley N° 14.798\nDecreto N° 262/013\nA fin de suministrar servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, un operador ferroviario deberá obtener previamente la correspondiente Licencia de Operación Ferroviaria de la Dirección Nacional de Transporte, que dictará la resolución que concede la licencia. Entre los requisitos para la obtención de la Licencia de Operación Ferroviaria figuran:\nAl menos cincuenta y uno (51) por ciento del capital integrado debe ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay, o de empresas uruguayas que cumplen también esa condición relativa al capital integrado; y\nAl menos cincuenta y uno (51) por ciento del Directorio u otros altos ejecutivos de la empresa operadora de transporte ferroviario deberá estar integrado por nacionales uruguayos, domiciliados en Uruguay.\nDe conformidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre países del cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia), el acceso a los servicios de transporte de carga ferroviaria internacional se otorga sobre la base de reciprocidad a los operadores ferroviarios uruguayos.\nServicios de Transporte Carretero\nAcuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), adoptado en Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 10 de mayo de 1991, publicada en el Diario Oficial de 8 de julio de 1991\nDecreto N° 274/006\nDecreto N° 285/006\nServicios Regulares de Transporte Colectivo de Pasajeros - El Estado se reserva la provisión de los servicios de transporte público regular nacional e internacional (servicios programados y no programados), pero otorga concesiones y permisos a empresas privadas. Dichas concesiones y permisos serán solamente otorgados a personas físicas nacionales uruguayas o empresas uruguayas.\nSon empresas uruguayas aquellas en las que (i) son dirigidas, (ii) están controladas y (iii) en las cuales más del cincuenta (50) por ciento del capital pertenece a nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay.\nServicios no regulares de Transporte colectivo de Pasajeros (transporte turístico y no turístico) - La provisión de estos servicios se reserva a empresas o nacionales uruguayos.\nTransporte internacional de carga y pasajeros - Solamente empresas en las que más del cincuenta (50) por ciento de su capital accionario sea de propiedad de y esté efectivamente controlado por nacionales uruguayos, podrán realizar el transporte internacional de carga y de pasajeros.\nDe conformidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre países del cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia), el acceso a los servicios de transporte de carga carretera internacional se otorga sobre la base de mutua reciprocidad a los operadores carreteros de Uruguay.\nServicios de Transporte Marítimo y Servicios Auxiliares\nLey N° 12.091\nLey N° 14.106 (Artículo 309)\nLey N° 16.387 (Artículo 18, enmendada  por Ley N° 16.736 (Artículo 321))\nLey N° 17.296 (Artículo 263)\nLey N° 18.891\nDecreto-Ley N° 14.650 (Capítulos I, II, y V)\nDecreto N° 31/994\nEl comercio de cabotaje, que comprende el servicio interno de transporte por barco, realizado entre los puertos y zonas costeras de Uruguay, incluidas las operaciones de rescate, alijo, remolque y otras operaciones navieras realizadas por buques en aguas dentro de la jurisdicción uruguaya, quedan reservadas a los buques de bandera nacional. Dichos buques están exentos de los impuestos designados, tales como aquellos que gravan los equipos, ventas e ingresos de las flotas.\nEl Poder Ejecutivo podrá por vía de excepción autorizar a buques de terceras banderas realizar servicios de cabotaje, cuando no estén disponibles buques de bandera nacional.\nLos buques que realicen servicios de cabotaje dentro del Uruguay estarán sujetos a los siguientes requisitos:\nen el caso de ser propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales de Uruguay domiciliados en Uruguay; y\nen el caso de ser propiedad de una empresa: (i) el cincuenta y uno (51) por ciento de los propietarios de dicha empresa deberán ser nacionales uruguayos; (ii) el cincuenta y uno (51) por ciento de las acciones con derecho a voto deberán ser de propiedad de nacionales uruguayos; (iii) la empresa deberá estar controlada y dirigida por nacionales uruguayos.\nEl transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos entre puertos fronterizos de Uruguay y Argentina está reservado a buques de bandera uruguaya y argentina.\nLa mitad de todo el transporte de carga del comercio exterior uruguayo (importaciones y exportaciones) está reservada para los buques de bandera uruguaya. No obstante, se otorgan excepciones a buques de bandera extranjera para que transporten la parte reservada del comercio exterior uruguayo.\nUruguay podrá imponer restricciones respecto del acceso de transporte de carga del comercio exterior uruguayo sobre la base de reciprocidad.\nSe otorgan exenciones impositivas a buques mercantes de bandera uruguaya siempre que dichos buques cumplan con los siguientes requisitos:\nen caso de ser propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay;\nen caso de ser propiedad de una empresa, los buques deberán estar bajo el control y dirección de nacionales uruguayos.\nLa tripulación de los buques mercantes uruguayos deberán cumplir los siguientes requisitos:\nel noventa (90) por ciento de sus Oficiales (incluyendo al Capitán, al Ingeniero Jefe y al Radio Operador) de buques operando con una autorización de tráfico otorgada por la autoridad competente serán nacionales uruguayos;\nal menos el noventa (90) por ciento del resto de la tripulación serán nacionales uruguayos; y\nen aquellos buques que no estén operando con una autorización de tráfico otorgada por la autoridad competente, su Capitán, Ingeniero Jefe y Radio Operador u Oficial Principal deberán ser nacionales uruguayos.\nLey N° 12.018\nLey N° 18.058\nDecreto-Ley N° 14.305, Código Aeronáutico\nDecreto-Ley N° 14.653\nDecreto-Ley N° 14.845\nDecreto N° 808/973\nDecreto N° 325/974\nDecreto N° 39/977\nDecreto N° 158/978\nDecreto N° 183/001\nDecreto N° 145/010\nReglamentos Aeronáuticos Uruguayos,\nN° 61, 63, y 65\nLas relaciones aeronáuticas comerciales de Uruguay están basadas en el principio de la reciprocidad efectiva.\nLa concesión o autorización, de conformidad con las normas internacionales y las disposiciones del Código Aeronáutico (Decreto-Ley N° 14.305 y su modificatoria) y sus reglamentos son requisitos para la realización de cualquier actividad aeronáutica, incluida la creación de agencias y representaciones comerciales para venta de boletos aéreos.\nLas empresas extranjeras de aeronavegación internacional que presten servicios aéreos desde o hacia Uruguay, o aquellas que no presten tales servicios pero mantienen en Uruguay operaciones de venta de boletos aéreos para transporte aéreo de pasajeros, directamente o a través de agentes, representantes o terceros autorizados (cualquiera sea su naturaleza o denominación) deberán abonar, como compensación por la explotación de bienes nacionales que significan los derechos aerocomerciales uruguayos, un porcentaje de hasta el quince (15) por ciento del precio de dichos boletos vendidos en Uruguay que comprendan el itinerario total convenido, independientemente de la forma y lugar de emisión o pago.\nÚnicamente empresas nacionales de transporte aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos (cabotaje) y podrán realizar servicios aéreos internacionales regulares y no regulares en calidad de transportista aéreo uruguayo.\nLos servicios aéreos domésticos serán desempeñados exclusivamente por empresas nacionales. Salvo en casos en que el Estado explote servicios aéreos domésticos directamente, los servicios aéreos domésticos de pasajeros, correo y carga serán operados por concesionarios debidamente autorizados.\nSolamente empresas nacionales de servicios de trabajo aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos que no involucran transporte.\nLa autoridad aeronáutica competente podrá autorizar servicios aéreos domésticos a empresas extranjeras siempre y cuando los mismos derechos sean otorgados sobre la base de la reciprocidad.\nA los efectos de ser una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo, el cincuenta y uno (51) por ciento de tales empresas deberán ser de propiedad de nacionales uruguayos, domiciliados en Uruguay.\nLas empresas nacionales deberán tener matrícula uruguaya. Sin embargo, excepcionalmente, a fin de asegurar la provisión de servicios o por razones de conveniencia nacional, la autoridad aeronáutica podría permitir el uso de aeronaves de matricula extranjera.\nToda la tripulación y el personal, incluido la gerencia de una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo deberá estar compuesta por nacionales de Uruguay, a menos que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica autorice lo contrario.\nA los efectos de solicitar matriculación para aeronaves, los propietarios deberán estar domiciliados en Uruguay. En caso de condominio, tal condición deberá cumplirse respecto del cincuenta y uno (51) por ciento de los co-propietarios cuyos derechos superen el cincuenta y uno (51) por ciento del valor de la aeronave. Sin perjuicio de la condición anterior respecto al requisito de domicilio, el Poder Ejecutivo reglamentará otras condiciones que deberán cumplir los propietarios de aeronaves para matricular las mismas.\nLas compañías aéreas de bandera uruguaya deberán cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades operativas, incluyendo el mantenimiento y reparación, con recursos nacionales.\nLos servicios de taxi aéreo están reservados a empresas nacionales. Los operadores de servicios de taxi aéreo extranjeros pueden operar dentro del territorio y aguas jurisdiccionales uruguayas únicamente si el Estado extranjero otorga idéntico trato a los operadores de servicios aéreos-uruguayos, en lo que se refiere a derechos, beneficios o ventajas concedidos a ellos.\nServicios Aerofotográficos y Servicios de Aviación Agrícola\nTipo de Reserva: Trato Nacional (Artículo 3)\nDecreto-Ley N° 14.305 Código Aeronáutico\nDecreto N° 314/994\nDecreto del Consejo de Gobierno N° 21.409 de 4/7/1952\nLas actividades de servicios aerofotográficos en zonas de vuelo libre están permitidas a aquellos que se inscriban en el Registro de Fotógrafos Aéreos. Para inscribirse en dicho registro, el personal, incluido el personal navegante, operadores y técnicos deberán ser nacionales uruguayos, salvo que la autoridad competente exima de este requisito.\nPara obtener el permiso para realizar un registro con cualquier sensor aéreo transportable, así como para procesar dicho material en el territorio nacional y aguas jurisdiccionales uruguayas, los requisitos de ser nacionales uruguayos o empresas uruguayas deben cumplirse, excepto en los casos en que este requisito esté exento expresamente.\nAviación agrícola. Cuando circunstancialmente los requerimientos del sector no puedan ser satisfechos con medios nacionales, el Poder Ejecutivo, bajo petición de la autoridad competente, podrá autorizar la entrada temporal de aeronaves extranjeras.\nLos servicios de trabajo aéreo aplicados al desarrollo (por ejemplo, la prospección de hidrocarburos, industria pesquera, los estudios de irrigación, investigación geológica, etc.) están reservados para las empresas nacionales. Sólo cuando los requisitos específicos no puedan ser cumplidos por las empresas nacionales, la autoridad competente podrá autorizar temporalmente las operaciones de empresas extranjeras en el territorio nacional.\nSólo los nacionales uruguayos o empresas uruguayas (incluyendo personal navegante, operadores y técnicos) pueden inscribirse en el Registro de Operadores de Sensores Aeroespaciales, excepto cuando este requisito está exento expresamente. Respecto a las empresas, la mayoría de sus directores deben ser nacionales uruguayos.\nIntermediación Financiera (Banca)\nDecreto-Ley N° 15.322 (Artículo 8)\nLas sucursales o subsidiarias de instituciones financieras extranjeras no podrán en sus estatutos, prohibir a los nacionales uruguayos participar en los Directorios, o en la administración, o en cualquier otro cargo de la institución.\nLey N° 18.401 (Artículo 34)\nEl monto máximo de los depósitos bancarios cubiertos por seguros de depósito podrá variar dependiendo de si los depósitos están denominados en pesos uruguayos o en otra moneda.\nLey N° 16.426 (Artículo 1)\nEl Banco de Seguros del Estado es la única entidad autorizada a proporcionar seguros por accidentes de trabajo, y por lo tanto, podrá derivar una ventaja de competencia respecto a la totalidad de sus operaciones.\nLey N° 15.903 (Artículo 453)\nLey N° 17.555 (Artículo 80)\nEl Gobierno de Uruguay y las empresas estatales podrán depositar fondos únicamente en el Banco de la República Oriental del Uruguay.\nAnexo II Reservas para las Medidas referidas en el párrafo 2 del Artículo 10 1 La lista de una Parte Contratante establece, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 10, las reservas hechas por esa Parte Contratante con respecto a sectores específicos, subsectores, o actividades para lo cual podrá mantener medidas existentes, o adoptar nuevas o más restrictivas, que no sean conformes con las obligaciones impuestas por: (a) Artículo 3 (Trato Nacional); (b) Artículo 4 (Trato de Nación Más Favorecida); (c) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o (d) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios). 2. Cada reserva establece los siguientes elementos: (a) "Sector" se refiere al sector general en el cual se ha tomado la reserva; (b) "Sub-Sector" se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva; (c) "Clasificación Industrial" se refiere, cuando sea aplicable y sólo para efectos de transparencia, a la actividad cubierta por la reserva de conformidad con los códigos de clasificación industrial domésticos o internacionales; (d) "Tipo de Reserva" especifica las obligaciones referidas en el párrafo 1 para los cuales la reserva ha sido tomada; (e) "Descripción" establece el ámbito del sector, subsector o actividades cubierto por la reserva; y (f) "Medidas Existentes" identifica, para efectos de transparencia, medidas existentes para aplicar al sector, subsector o actividades cubiertas por la reserva. 3. En la interpretación de una reserva, se considerarán todos los elementos de la reserva. El elemento de la "Descripción" prevalecerá sobre los demás elementos. 4. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 10, las obligaciones especificadas en el elemento 'Tipo de Reserva" no se aplican a sectores, subsectores y actividades identificadas en el elemento "Descripción". 5. A los efectos del presente Anexo, "JSIC" significa la Clasificación Industrial Estándar de Japón, establecida por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, revisada el 6 de noviembre de 2007. Lista de Japón\nCuando se enajenen o se disponga de derechos accionarios, o activos, en una empresa pública o una entidad gubernamental, Japón se reserva el derecho de:\nprohibir o imponer limitaciones a la propiedad de dichos derechos o activos por inversores de la República Oriental del Uruguay o sus inversiones;\nimponer limitaciones sobre la capacidad de los inversores de la República Oriental del Uruguay o sus inversiones, en tanto propietarios de tales derechos o activos de controlar cualquier empresa resultante; o\nadoptar o mantener cualquier medida relacionada con la nacionalidad de los ejecutivos, gerentes o miembros del Directorio de cualquier empresa resultante.\nEn el caso de que sean liberalizados el suministro de los servicios telegráficos, servicios postales y servicios de juegos y azar, fabricación de productos de tabaco, fabricación de billetes del Banco de Japón, acuñación y venta de la moneda de Japón, que se limitan a empresas designadas o entidades gubernamentales, o en el caso de que tales empresas o entidades gubernamentales ya no operen sobre una base no-comercial, Japón se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada a las referidas actividades.\nEl Trato Nacional y el Trato de Nación Más Favorecida podrán no ser otorgados a los inversores de la República Oriental del Uruguay y sus inversiones con respecto a subsidios.\nJapón se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en relación con inversión en la industria aeronáutica y la industria espacial.\nLey de Divisas Extranjeras y Comercio Exterior (Ley No. 228 de 1949), Artículos 27 y 30\nOrden del Gabinete sobre Inversión Extranjera Directa (Orden del Gabinete No. 261 de 1980), Artículos 3 y 5\nIndustria de Armas y Explosivos\nIndustria de Manufactura de Explosivos\nJapón se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en relación con la inversión en la industria de las armas y en la industria de la manufactura de explosivos.\nIndustria de Infraestructura Eléctrica\nIndustria de la Infraestructura de Gas\nJapón se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en relación con la inversión en la industria de energía listada en el elemento "Sub-Sector".\nPesca en el Mar Territorial, Aguas Internas, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental\nJSIC 031      Pesca Marina\nJSIC 032      Pesca en aguas continentales\nJSIC 041      Acuicultura Marina\nJSIC 042      Acuicultura en aguas continentales\nJSIC 8093    Comercio de guía de la pesca recreativa\nJapón se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida en relación con la inversión en la pesca en el mar territorial, aguas internas, zona económica exclusiva y plataforma continental de Japón.\nPara los efectos de esta reserva, el término "pesca" significa el trabajo de tomar y cultivar recursos acuáticos, incluyendo las siguientes actividades pesqueras:\ninvestigación de recursos acuáticos sin apropiarse de esos recursos;\natracción de recursos acuáticos;\npreservación y procesamiento de pescados;\ntransporte de pescados y productos de pescado; y\nprovisión de insumos usados para la pesca a otras embarcaciones.\nLey de Divisas Extranjeras y Comercio\nExterior (Ley No. 228 de 1949), Artículo 27\nLey de Regulación de Operaciones Pesqueras por Extranjeros (Ley No. 60 de 1967), Artículos 3, 4 y 6\nLey Relativa al Ejercicio de Derechos Soberanos en lo Concerniente a Pesquerías en Zonas Económicas Exclusivas (Ley No. 76 de 1996), Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14\nJSIC 380      Establecimientos dedicados a actividades\nadministrativas o auxiliares\nJSIC 381      Radiodifusión Pública, excepto difusión\nJSIC 382     Sector privado de radiodifusión, excepto\nJSIC 383     Difusión por cable\nJapón se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en relación con la inversión en la industria de la radiodifusión.\nLey de Radio (Ley No. 131 de 1950), Artículo 5\nLey de Radiodifusión (Ley No. 132 de 1950), Artículos 93, 116, 125, 159 y 161\nTransacción de Tierras\nCon respecto a la adquisición o arrendamiento de tierras en Japón, la Orden del Gabinete sobre nacionales o personas jurídicas extranjeros puede imponer prohibiciones o restricciones idénticas o similares, cuando nacionales o personas jurídicas japoneses sean puestas bajo condiciones de prohibición o restricción, en el país extranjero.\nLey de Tierras a Extranjeros (Ley No. 42 de 1925), Artículo 1\nServicios e Infraestructura de Carreteras, Vías Férreas, Aeropuertos y Puertos.\nLa República Oriental del Uruguay (de aquí en adelante referida en esta Lista como "Uruguay") se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida respecto de las concesiones relacionadas con los servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos, así como la renovación o renegociación de concesiones existentes.\nServicios de Distribución de Combustibles Líquidos, Sólidos y Gaseosos y Productos Conexos\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a concesiones relacionadas con los servicios de distribución de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos y productos relacionados, así como cualquier renovación o renegociación de las concesiones existentes relacionadas con dichos servicios.\nLa Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) otorga concesiones de acuerdo a la ley.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a minorías debido a razones económicas y sociales.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite la transferencia o disposición de cualquiera de los derechos mantenidos sobre una empresa estatal existente, de manera que únicamente un nacional uruguayo pueda recibirlos.\nNo obstante, la cláusula precedente se refiere únicamente a la transferencia o disposición inicial de tales derechos, y no a transferencias o disposiciones subsiguientes.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite el control de o imponga requisitos sobre cualquier empresa nueva creada por la transferencia o disposición de cualquier derecho conforme a lo establecido en el párrafo precedente a través de medidas relacionadas con la integración del Directorio, pero no mediante limitaciones en la propiedad de los derechos transferidos.\nUruguay también se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que refiera a la nacionalidad de los altos ejecutivos y miembros del Directorio en dicha nueva empresa.\nUna "Empresa Estatal" significa cualquier empresa propiedad de, o controlada por la participación en su propiedad del Estado Uruguayo, e incluirá a cualquier empresa establecida luego de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que restrinja la recepción, procesamiento, transporte y entrega de facturas periódicas proporcionadas por empresas estatales, incluidas las siguientes:\nANTEL - Administración Nacional de Telecomunicaciones (Telecomunicaciones básicas),\nUTE - Usinas y Trasmisiones Eléctricas (distribución de electricidad),\nOSE - Obras Sanitarias del Estado (distribución de agua).\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con servicios encargados del cumplimiento de las leyes, y los servicios que se indican a continuación, en la medida en que los mismos sean servicios sociales creados o mantenidos con objetivo público, a saber: servicios de rehabilitación y readaptación social, pensiones o seguros de desempleo, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud, protección a la infancia y servicios de saneamiento público y servicio de suministro de agua.\nFestividades y Eventos Tradicionales\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida referida a la organización y desarrollo de eventos relacionados con las tradiciones nacionales populares, tales como desfiles y Carnaval.\nServicios de Transporte Ferroviario y Servicios Auxiliares\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener los requisitos de desempeño para servicios de transporte ferroviario y servicios auxiliares, en la medida en que éstos sean adecuados, transparentes y no discriminatorios, conforme a la legislación uruguaya.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue tratamiento diferencial a países de acuerdo con cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral vigente o firmado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue tratamiento diferencial a países de acuerdo con cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral vigente o firmado con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo:\nasuntos marítimos, incluyendo rescate; o\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue tratamiento diferencial a los países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de acuerdo con cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral relacionado con el transporte terrestre y celebrado de conformidad con sus compromisos del MERCOSUR luego de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que restrinja la adquisición, venta u otra disposición de bonos, letras del tesoro u otros instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central del Uruguay o por el Gobierno de Uruguay.\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida tendiente al establecimiento de una Zona de Seguridad Fronteriza a lo largo de los límites terrestres y fluviales del territorio nacional.\nRadio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.\nDecreto-Ley N° 14.670\nDecreto-Ley N° 15.671 (Artículo 10)\nLey N° 18.232\nDecreto N° 734/978 (Artículos 8, 9 y 11)\nDecreto N° 327/980\nDecreto N° 350/986\nPropiedad Rural y Explotación Agropecuaria\nUruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que restrinja la compra y propiedad de propiedades rurales y explotaciones agropecuarias a empresas que sean propiedad de, o que directa o indirectamente involucren a una propiedad de un estado extranjero o fondos soberanos de los mismos.\nEl trato Nacional y el Trato de  Nación Más Favorecida podrán no ser otorgados a inversores de Japón y a sus inversiones con respecto a subsidios.\nAnexo III Expropiación 1. Las Partes Contratantes confirman el entendimiento común en el sentido de que el párrafo 1 del Artículo 16 tiene como finalidad reflejar el derecho internacional consuetudinario relativo a la obligación de los Estados con respecto a la expropiación. 2. Una medida o una serie de medidas de una Parte Contratante no puede constituir una expropiación a menos que interfiera con un bien tangible, intangible, mueble o inmueble, o derechos de propiedad en una inversión. 3. El párrafo 1 del Artículo 16 contempla las dos (2) situaciones siguientes: (a) la primera situación es la expropiación directa, donde las inversiones son nacionalizadas o son directamente expropiadas a través de una transferencia formal del título o por confiscación directa; y (b) la segunda situación es la expropiación indirecta, donde una medida o una serie de medidas de una Parte Contratante tiene un efecto equivalente a una expropiación directa sin la transferencia formal del título o la confiscación directa. 4. La determinación de si una medida gubernamental o una serie de medidas gubernamentales de una Parte Contratante, en un caso específico, constituye una expropiación indirecta requiere una investigación caso a caso, basada en el hecho concreto, que tenga en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (a) el impacto económico de la medida gubernamental o serie de medidas gubernamentales, aunque el hecho de que dicha medida o serie de medidas tenga un impacto negativo sobre el valor económico de las inversiones, por sí solo, no determina que ha ocurrido una expropiación indirecta; (b) el grado en que la medida gubernamental o serie de medidas gubernamentales interfiere con las expectativas inequívocas y razonables resultantes de las inversiones; y (c) el carácter de la medida gubernamental, incluidos sus objetivos. 5. Salvo en caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo cuando una medida o una serie de medidas de una Parte Contratante resulta extremadamente severa o desproporcionada a luz de su objetivo, las acciones regulatorias no discriminatorias adoptadas por la Parte Contratante que son diseñadas y aplicadas con el fin de proteger los objetivos del bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen expropiaciones indirectas. Anexo IV Servicios Financieros 1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Acuerdo, una Parte Contratante no estará impedida de tomar medidas relacionadas con servicios financieros por motivos cautelares, incluidas medidas para la protección de inversores, depositantes, titulares de pólizas u otras personas a quienes las empresas que brindan servicios financieros deban una obligación fiduciaria, o a fin de asegurar la integridad y estabilidad de su sistema financiero. Nota: Queda entendido que la expresión "motivos cautelares" incluye el mantenimiento de la seguridad, integridad o estabilidad de las instituciones financieras individuales. 2. Sin perjuicio del párrafo 3, una Parte Contratante no estará impedida de tomar medidas no discriminatorias de aplicación general en aras de políticas monetarias y cambiarias. 3. Cuando las medidas adoptadas por una Parte Contratante conforme a los párrafos 1 y 2 no se ajusten a lo dispuesto por el presente Acuerdo, no serán utilizadas como forma de evitar las obligaciones de la Parte Contratante resultantes de dicho Acuerdo. 4. En cuanto a las controversias relacionadas con los servicios financieros, el Artículo 20 solamente se aplica a aquellos asuntos que afectan la operación, gestión, mantenimiento, uso, goce y venta u otra forma de disposición de inversiones o las inversiones de los inversores de una Parte Contratante ya establecidas, adquiridas o ampliadas en el Área de la otra Parte Contratante de conformidad con sus leyes y reglamentaciones. 5. Con respecto a las controversias relacionadas con inversiones o actividades de inversión de un inversor contendiente relativas a servicios financieros, el Artículo 21 solamente se aplica a controversias de inversiones relacionadas con inversiones ya establecidas, adquiridas o ampliadas en el Área de la Parte contendiente de conformidad con sus leyes y reglamentaciones, así como las actividades de inversión asociadas a tales inversiones. 6. La Junta Arbitral establecida de acuerdo al Artículo 20 o el tribunal arbitral establecido de acuerdo al Artículo 21 para casos de controversias resultantes conforme al presente Anexo estará integrado en su totalidad por árbitros con conocimiento y experiencia en derecho o prácticas financieras que pueden incluir las leyes y reglamentaciones de instituciones financieras. 7. En cualquier controversia sometida a una Junta Arbitral conforme al Artículo 20 o a un tribunal arbitral conforme al Artículo 21, donde una Parte Contratante invoque el párrafo 1 o el párrafo 2 del presente Anexo como defensa, la Junta Arbitral o el tribunal arbitral solicitarán a las autoridades financieras competentes de ambas Partes Contratantes que tomen una determinación sobre el asunto en cuanto a si la medida tomada por la Parte Contratante que ocasiona la controversia se encuentra incluida en las medidas a las que hace referencia dicho párrafo. Esta determinación será vinculante para la Junta Arbitral o para el tribunal arbitral y se expedirá dentro de un plazo de noventa (90) días a partir de recibida la solicitud por parte de la Junta Arbitral o del tribunal arbitral. En el caso en que las autoridades financieras competentes no tomen una determinación dentro de los noventa (90) días, el asunto será resuelto por la Junta Arbitral o por el tribunal arbitral. Nota: A los efectos del presente párrafo, la expresión "autoridades financieras competentes" significa: (i) con respecto a Japón, el Comisionado de la Agencia de Servicios Financieros o sus representantes autorizados, quienes analizarán el asunto en consulta con el Ministro de Asuntos Exteriores o sus representantes autorizados; y ii) con respecto a la República Oriental del Uruguay, el Ministro de Economía y Finanzas o sus representantes autorizados y el Presidente del Banco Central del Uruguay o sus representantes autorizados. 8. La expresión "servicios financieros" tendrá el mismo significado que el establecido en el subpárrafo 5(a) del Anexo sobre Servicios Financieros del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios en el Anexo 18 al Acuerdo de la OMC.