Reflexiones sobre la Regulación de los Medios de Com. | Estado (política) | Democracia\nenregistrerEnregistrer Reflexiones sobre la Regulación de los Medios de C... pour plus tard\n¿RESTRICCIONES LIBERALES AL PODER PRIVADO?:\nREFLEXIONES SOBRE LOS ORÍGENES Y LAS JUSTIFICACIONES DE LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN*\nEl presente artículo trata algunas cuestiones teóricas e históricas respecto de la regulación del acceso a los medios de comunicación. En primer lugar, se hace un recorrido de las doctrinas liberales de los siglos XVI y XVII que inspiraron la igual desconfianza que refleja la Constitución de Estados Unidos respecto de los pode- res públicos y privados en relación con el control de los medios de comunicación y de la opinión pública; en segundo lugar, se hace una revisión de la supervivencia de tales doctrinas liberales en la en la interpretación de la Suprema Corte de la Primera Enmienda, relativa a la libertad de expresión y de prensa y, en tercer lu- gar, analiza la aplicación de dicha doctrina en los principios que han regido la ad- ministración de concesiones de radio y televisión por parte de la Comisión Fede- ral de Comunicaciones (FCC).\nThis article addresses some theoretical and historical questions concerning the regulation of access to the media. First, it surveys the liberal doctrines of the 16 th and 17 th centuries that inspired the distrust of the Framers of the American Constitution in both public and private power to control the access to media and, thereby, to public opinion. Secondly, it considers the effect of those liberal doctrines in the interpretation of the First Amendment by the Supreme Court. Thirdly, it develops an analysis of the influence of such doctrines in the principles that shaped the standards of the Federal Communications Commission (FCC) in broadcasting regulation.\n* Publicado originalmente en Judith Lichtenberg (ed.), Democracy and the Mass Media, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, pp. 21-65. Traducción del inglés de Pablo Larrañaga. ** Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.\nISONOMÍA No. 26 / Abril 2007\nE l extenso debate sobre la regulación federal de las transmisiones co- merciales se ha centrado principalmente en cuestiones constitucio-\nnales, administrativas, tecnológicas y económicas. Sin embargo, las doc- trinas de equidad, las normas de derecho de réplica y las reglas de igual oportunidad exigen un tratamiento que sea, al mismo tiempo, más his- tórico y más teórico. Estas doctrinas dan lugar a cuestiones tan funda- mentales como las de cuáles son los propósitos y los límites adecuados de la acción estatal; cuál es la justificación de la inmunidad de la pren- sa respecto del control gubernamental; bajo qué condiciones puede restringirse esta libertad especial. Incluso una respuesta superficial a las anteriores preguntas presupone una comprensión histórica de las tradi- ciones recogidas en la Constitución, por no mencionar la necesidad de un análisis teórico de las condiciones para un gobierno democrático efectivo.\nPoder privado e igual acceso\nDe acuerdo con la versión recogida en los libros de texto, los teóri- cos europeos que tuvieron una mayor influencia en los Padres Funda- dores de Estados Unidos eran tenaces antiestatistas. Veían en el Estado un agente coercitivo que debía ser limitado, y en la sociedad civil una esfera de libertad de que debía ser expandida. Mientras que considera- ban que el sector público suponía una amenaza para la libertad y, por tanto, abogaban por su regulación, consideraban que el sector privado era inofensivo, por lo que invitaban sólo a una benigna desatención. Pero, ¿qué tan fiel resulta este retrato de los grandes teóricos europeos tan apreciados y emulados por los creadores de la Constitución de Es- tados Unidos? Releyendo, digamos, a Locke y a Montesquieu, no encontramos nin- gún rastro de una clara hostilidad contra el Estado; ni tampoco encon- tramos ninguna veneración de una esfera privada sin intervención. De hecho, lo que aprendemos es que, sin autoridad, la sociedad eventual- mente colapsaría en una “estado de naturaleza” más o menos insufri- ble. 1 La anarquía supone un riesgo tan grande para la libertad como la\n1 “Une société ne sauroit subsister sans un gouvernement” (Montesquieu, “De l’esprit des lois”, en Œuvres Complètes, vol. 2, [1, 3], p. 237).\n¿RESTRICCIONES LIBERALES AL PODER PRIVADO?\ntiranía. La sociedad civil es, de hecho, una sociedad civilizada por el Estado. Como bien y penosamente sabían los teóricos de los Siglos XVI y XVII, un gobierno mutilado expone a sus súbditos a bandas de foraji- dos asesinos. El “sector privado” debe ser severamente restringido por razones de seguridad. Entre los candidatos a una supresión pública jus- tificada están los ejércitos privados, los tribunales privados y los im- puestos privados; así como el derecho privado a declarar la guerra y el derecho privado al enjuiciamiento de criminales. La libertad sólo pue- de alcanzarse si se otorga a las autoridades públicas el monopolio de tan cruciales y delicadas funciones. No fueron Locke o Montesquieu, sino algunos personajes desafora- dos y algunos papistas desleales quienes desplegaron una ilimitada hos- tilidad contra el Estado. Los autores a los que admiraron y siguieron los constitucionalistas no se oponían a la autoridad en general, sino sólo a la autoridad abusiva y arbitraria; a la autoridad ilegítima en relación con el bien público. Aunque la soberanía era peligrosa y merecía descon- fianza, la condición de carencia de soberanía no atemorizaba menos. Es más, el principal problema para el que se diseñaba un gobierno efecti- vo no era el “desorden”. Caos y anarquía eran eufemismos de la opre- sión privada, del daño infligido al débil por el poderoso. La principal razón por la que “es imposible que la raza humana subsista, al menos en algún estado confortable y seguro, sin la protección del gobierno” 2 es que, sin éste, la comunidad está a merced de los opresores privados. La dimensión redistributiva de la teoría del contrato social es a me- nudo pasada por alto, incorrectamente. El paso del estado de naturale- za a la sociedad civil presupone una redistribución de la seguridad orquestada por el Estado. La seguridad de los señores de la guerra se reduce –por ejemplo, se derriban sus murallas– y se aumenta la seguri- dad que disfrutan la mayoría de sus conciudadanos. En otros términos, el contrato social no sólo impone la paz y produce orden, sino que reordena una grave desigualdad en las capacidades de los hombre para defenderse a sí mismos. El poder privado supone una amenaza tan grande para la libertad como el poder público. Esta es una fiel formulación del principio bási- co inculcado a James Madison y Thomas Jefferson por sus predeceso-\n2 David, Hume, “Of the Original Contract”, en Essays: Moral, Political, and Literary, (Oxford, Oxford University Press, 1963), p. 453.\nres ingleses y franceses. 3 La estricta no interferencia del Estado produ- ciría, no una competencia generalizada, sino monopolios depredadores. Sólo una autoridad soberana, burocrática y centralizada, puede tener la esperanza de domar al poder privado. Así pues, la libertad tan valorada por Locke y Montesquieu se distorsiona gravemente cuando es vista exclusivamente en términos de la libertad “negativa”. Estos teóricos no pretendían blindar completamente una esfera privada, colocándola fuera del alcance la los poderes públicos. Locke insiste en que la privacidad de la iglesia y del domicilio no protege a los malhechores del brazo de la ley. 4 Quienquiera que se encuentre en las condiciones de ser víctima de violencia o fraude, puede buscar un remedio en la autoridad públi- ca. La libertad lockeana supone el acceso universal al poder del Esta- do. Los derechos lockeanos no son sólo escudos frente a la intervención del gobierno; incluyen la expresa titularidad del derecho a la interven- ción estatal, para proteger a los individuos respecto del daño ocasiona- do por terceros. El los siglos XVI y XVII proteger al débil frente al fuerte suponía, entre otras cosas, la abolición de inmunidades tributarias y la distribución más equitativa de las cargas fiscales. El estado de naturaleza no sólo era desordenado, sino también injusto. En este sentido, la autoridad públi- ca no tenía únicamente el propósito de establecer un orden, sino de pro- ducir un orden justo. Madison resulta inequívoco en este punto: “la jus- ticia es el fin del gobierno. Es el fin de la sociedad civil”. 5 Desde luego, el concepto de justicia es resbaladizo, muy difícil de definir. Sin em- bargo, para los Fundadores no significaba sólo la prevención del daño mutuo (por fuerza o fraude) y el cumplimiento de los contratos, sino que incluía, al menos, la idea más ambiciosa de un igual acceso a la justi- cia; norma incompatible con muchas relaciones “contractuales” mani- fiestas (por ejemplo, las que suponen una servidumbre permanente).\n3 Puede decirse que aquí reside la esencia de la superioridad de las tradiciones de Locke y Montesquieu frente a la tradición marxista. Como consecuencia de su desconfianza unilateral en los dueños de los medios de producción, los marxistas han minimizado la amenaza para la liber- tad proveniente de los poseedores de los medios de producción. En contraste, a pesar de su in- tenso interés en la tiranía política, los herederos de Locke y Montesquieu, sin quieren ser fieles a sus antecesores, no pueden perder de vista las formas de opresión extra-políticas o no estata- les.\n4 John Locke, A Letter Concerning Toleration (1689) (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1955), pp. 39, 56.\n5 The Federalist Papers, no. 51 (Nueva York: Mentor, 1961), p.324.\nEtimológicamente, los “privilegios” se refieren a “leyes privadas”. La abolición de privilegios significa, pues, que lo privado y, por principio, el acceso especial, debe ceder ante el igual acceso. La VI enmienda de la Constitución de Estados Unidos es un buen símbolo de esta dimen- sión positiva de la libertad moderna. No hay manera de concebir el jui- cio mediante jurado como una retracción hacia la esfera privada, sino sólo como una oportunidad (universalmente accesible) para explotar los recursos de las instituciones públicas.\nUna justificación pública de la propiedad privada\nPero, ¿y el carácter sagrado de la propiedad privada? No sugiere, acaso, en sentido contrario de lo que acabo de decir, que los Fundado- res tenían en alta estima una esfera privada no regulada. No exactamente. A pesar de la retórica de los “derecho naturales”, los derechos de propiedad oponibles al Estado sólo se concedían condicionalmente: se prohibía, por ejemplo, que los particulares construyeran fortalezas ar- madas en sus propiedades. 6 Las esferas protegidas frente al gobierno eran, al mismo tiempo, reguladas por el gobierno. Tal y como demues- tran las campañas contra la tributación excesiva y el acuartelamiento de soldados en domicilios privados, la “inviolabilidad” de la propiedad estaba asociada con la resistencia a la opresión. Incluso los más vehe- mentes enemigos de una autoridad confiscatoria reconocían que, ade- más de ser un instrumento de la libertad, la propiedad es una fuente de poder: “Donde la riqueza está en pocas manos, esos serán quienes detenten todo el poder”. 7 Dado que la separación entre la posesión de tierra y el acceso al poder político acababa de iniciar su andadura, re- sulta inconcebible que los escritores del siglo XVII pasaran por alto la amenaza a la libertad y a la justicia que supone la acumulación masiva de riqueza. Para Locke, los derechos de propiedad exclusivos de los particulares son válidos si “queda suficiente en común, de la misma calidad, para los demás”. 8 Tu derecho a excluir a otros del acceso a tu propiedad se\n6 J.A.W. Gunn, Politics and the Public Interest in the Seventeenth Century (Londres:\nRoutledge & Kegan Paul, 1969), p. 304.\n7 David Hume, “On Commerce”, en Essays, p. 271.\n8 John Locke, Two Treatises of Government (Nueva York, Mentor, 1965), p. 329 (2, 27).\nrescinde en caso de necesidad extrema. En otras palabras, Locke aboga de manera explícita e inequívoca en favor de una titularidad universal del bienestar. 9 Es verdad que al difundir Locke el origen “pre-social” de la propiedad la hizo casi intocable. Pero en este punto su retórica era sólo una sensata adaptación a las controversias políticas de su tiempo. Los reyes, papas y otras potestades invocaban constantemente el origen divino de su autoridad. La contra-sacralización era una respuesta plau- sible. Locke se centró en el origen “pre-social” de la propiedad para contrarrestar las credenciales pre-sociales de los poderes divinos de los gobernantes con tendencias confiscatorias: una ideología de “no pue- des tocarme” merecía y provocaba otra igual. En este sentido, su posi- ción se debía fundamentalmente a las premisas teológicas del debate político en el siglo XVII. 10 Para el siglo XVIII, los apologetas de la autoridad política dejaron de insistir en el origen pre-social del gobierno, por lo que, consecuentemen- te, justificaron su autoridad en el interés público. Y, naturalmente, los teóricos que se oponían a la autoridad siguieron la misma tendencia. Por ejemplo, tanto Hume como Montesquieu justifican la propiedad de modo consecuencialista, sobre la base de las consecuencias favorables para la comunidad en su conjunto. 11 Contrariamente a la atractiva “teoría del trabajo” que justificaba la apropiación original en Locke, la propiedad privada era entendida como un monopolio otorgado por el Estado en función del interés público. 12 La seguridad pública y “bienestar de la comunidad” sólo se podían maximizar sobre la base de un sistema de propiedad privada respaldado jurídicamente. Madison reprodujo estas justificaciones públicas de la propiedad pri- vada en el Federalista 10 y 51. La cancelación de deudas era injusta, desde luego, porque privaba a futuros deudores potenciales de la posi- bilidad de recibir préstamos favorables. Pero el argumento esencial por\n9 Ibid., pp. 205-6 (1, 42).\n10 Por ello, resulta anacrónico y perturbador hablar, como, por ejemplo, lo hace Nozick, de un derecho inviolable o sagrado a la propiedad en una sociedad en la que el gobierno ya no goza de ninguna sanción divina.\n11 David Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford, Clarendon Press, 1967, pp. 484-501; Montesquieu, “Lettres persanes”, en Œuvres complètes, vol. 1, p. 159 (carta 19); “De l´esprit de lois”, ibid., vol 2, p. 294.\n12 Quien dude de que la propiedad privada es un monopolio concedido por el gobierno debe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál sería la distribución de la propiedad si en nuestra sociedad no hubiera Estado? (Una posible respuesta es que la mafia lo controlaría todo).\nel que Madison rechazaba someter la propiedad al control mayoritario era que este tipo de arreglos permite un clima de histeria y miedo recí- proco, incompatible con el funcionamiento adecuado y la viabilidad de un régimen republicano. La consecuencia predecible de abolir las ba- rreras a la confiscación sin indemnización era una guerra civil y un even- tual resurgimiento de los sentimientos monárquicos. Madison no sólo favorecía los derechos de propiedad como conse- cuencia de su contribución a la estabilidad del gobierno popular. Aquí sólo estoy hablando de una justificación parcial. También favorecía los derechos de propiedad invocando sus consecuencias favorables para el fortalecimiento de la democracia. 13 Como resultado de esto último, cuan- do el ejercicio de un poder no regulado de la propiedad privada subvierte los procesos democráticos, quienes propugnen a favor de su regulación podrán aducir los mismos argumentos que Madison utilizó originaria- mente para defender la propiedad. Harold Laski sostenía que los abogados de los derechos de propie- dad privada aceptaban la regulación y, por supuesto, los impuestos a la propiedad sólo porque creían que esta “estratagema” ayudaba indirec- tamente a incrementar los beneficios y a estabilizar los mercados. 14 Una prueba de que Montesquieu sólo valoraba los arreglos políticos cuando estos servían indirectamente a fines económicos es su defensa del su- fragio restringido. ¿Cómo podemos explicar la defensa de un sufragio cualificado por los derechos de propiedad, si no es asumiendo que que- rían mantener el poder en manos de los ricos y fuera del alcance de los hambrientos y desposeídos? La mejor respuesta a esta cuestión provie- ne del propio Montesquieu: no se les debe otorgar derecho de voto a los pobres porque, si así se hiciera, no dudarían en venderlo a cambio de comida. 15 En otras palabras, el derecho al sufragio está limitado por- que el dinero es poder; y, para mantener la regla de la mayoría, la republica debe impedir que el poder se adquiera por dinero. 16 En cir-\n13 Una justificación democrática similar puede darse para el principio de la separación entre Iglesia y Estado: el privatizar las cuestiones religiosas, con una fuerte carga emocional, ayuda a prevenir una sobrecarga de la agenda pública que pudiera incapacitar a las personas para resol- ver sus otros problemas de manera democrática.\n14 Laski, The Rise of Liberalism (Nueva York: Harper, 1936).\n15 Montesquieu, “De l’esprit de lois”, p. 400.\n16 Para poner en una correcta perspectiva la defensa al sufragio restringido en el siglo XVIII, tenemos que recordar la práctica medieval de venta del derecho a voto, como si fuera una mer-\ncunstancias distintas, obviamente, esta misma justificación puede invocarse para justificar una regulación significativa del sector priva- do, incluyendo, desde luego, la prensa.\nLos efectos inhibidores de la libertad de prensa\nEmmanuel Kant celebraba lo que, obtrusamente, llamaba “el princi- pio trascendental de publicidad”, oponiéndolo al “secretista sistema de la política”. 17 Al preferir la apertura frente a la clausura en la política, Kant reproducía fielmente el pensamiento de muchos de sus predece- sores y contemporáneos. En general, los teóricos de la ilustración con- trastaban la publicidad con el oscurantismo eclesiástico, con las intri- gas cortesanas, con las secretas crueldades de los tiranos, pequeños o entronados. Las reglas claras, visibles y criticables parecían la alterna- tiva disponible ante la “influencia oculta y el gobierno clandestino”. 18 Como tiempo después diría Brandeis, la luz del sol es el mejor desin- fectante. La exposición a la luz del día resultaba extraordinariamente efectiva para limpiar la corrupción y para develar abusos de poder. Las figuras políticas se muestran menos dispuestas a corruptelas o robos si se las obliga a someter sus actividades al escrutinio público. Con la misma idea en mente, Montesquieu despliega un ataque feroz contra las acusaciones secretas; denuncias anónimas de conciudadanos dirigidas discretamente al rey. 19 Aquí, de nuevo, se abogaba por la publicidad\ncancía, Guido de Ruggiero, The History of European Liberalism, Boston, Beacon Press, 1959, p. 2. Las clases que contribuían a los cofres reales y las campañas bélicas eran recompensadas con voz en los Estados Generales o en las Cámaras de los Lores o de los Comunes. Los derechos de voto modernos, contrariamente, se distribuyen de manera universal, no son comprados o ven- didos. La universalidad de los derechos políticos supone una crucial decisión para restringir el poder del dinero: si no en la práctica, si en principio (y los principios vinculan sin dictar la prác- tica), el dinero no puede comprar la influencia política más de lo que puede comprar la salva- ción eterna adquiriendo indulgencias, por ejemplo. El sufragio restringido establecía una barrera para participar en la vida política, pero ésta no suponía ningún intercambio, ninguna adquisición del derecho a voto. Se trataba de una segunda mejor opción basada, contrariamente a lo que su- giere una primera impresión, en el principio de que el acceso al Estado no está en venta.\n17 Emmanuel Kant, “Perpetual Peace”, 1795, en Kant’s Political Writings, ed. Hans Reiss Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp. 126,130.\n18 Edmund Burke, “Thoughts on the Causes of the Present Discontents”, 1770, en Selected Writings and Speeches, ed. Peter Stalis, Chicago, Regnery, 1963, p. 114.\n19 Montesquieu, “De l’esprit des lois”, pp. 452-3.\ncomo un remedio frente al abuso del poder. Las acusaciones que se for- mulaban públicamente permitían que el acusado tuviera una oportuni- dad civilizada para explicar o rechazar. Limpiar, inhibir y prevenir el abuso son funciones que también se asignaron a la libertad de prensa. Como Cato escribiera poéticamente:\nexpulsa [a la culpa] de su guarida, y expone\nsu deformidad y horror a la luz del día”. 20 También Montesquieu, so- bre este mismo fundamento, daba la bienvenida a los “periódicos polí- ticos”, afirmando de manera optimista que las conspiraciones siniestras se habían convertido en casi imposibles gracias al efecto combinado del servicio postal y de la prensa. 21 Mme. de Staël, una teórica europea con- temporánea de los Fundadores, sólo daba eco a una opinión generali- zada cuando describía a la libertad de prensa como “el derecho del que dependen todos los demás derechos”. 22 ¿Cómo podría protegerse efec- tivamente, por ejemplo, el derecho a un juicio frente a jurado si las vio- laciones a ese derecho nunca fueran publicitadas? Hume dio un particular énfasis a la íntima conexión entre la descon- fianza en el gobierno y la libertad de prensa. Inglaterra toleraba una mayor libertad de prensa que ningún otro país europeo porque el régi-\n“la libertad de expresión\nmen inglés estaba basado en una “ mutua vigilancia y recelo”. 23 Un ti- rano es más efectivo cuando, en una estrategia de “divide y vencerás”, puede evitar que sus súbditos se comuniquen entre ellos de manera efec- tiva. Los periódicos operados independientemente paralizan el poten- cial opresor porque hacen que los ciudadanos insatisfechos conozcan el descontento de otros y tomen conciencia de su fuerza colectiva. Visto como un canal abierto para la comunicación, la libertad de prensa pue- de coordinar la resistencia popular:\nSi no somos precavidos para prevenir su progreso, y si no hay una for- ma fácil de extender la alarma a un confín a otro del reino, el poder arbi- trario se ceñirá sobre nosotros. El espíritu del pueblo debe ser animado\n20 John Trenchard y Thomas Gordon, “Of Freedom of Speech: That the same is inseparable of Publick Liberty”, 1720, en Cato’s Letters: Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important Subjects, Nueva York, Da Capo, 1971, vol. 1, p. 98.\n21 “Causes de la grandeur des Romains”, 1734, en Œuvres complètes, vol. 2, pp. 193-4.\n22 Madame de Staël, Considérations sur las principaux événements de la Révolution française París, Delaunay, 1818, vol. 1, p. 292; cfr. Cato, “Liberty of Speech and Liberty of Writing secures all other Liberties”. “Discourse on Libels”, 1722, en Cato’s Letters, vol. 3, p. 294.\n23 Hume, “Of the Liberty of the Press”, en Essays, p. 10.\nconstantemente para poner bridas a la ambición de la corte; y el temor a la exaltación de ese espíritu debe ser utilizado para prevenir tal ambición. No hay nada más efectivo para ese propósito que la libertad de prensa, mediante la cual todo el conocimiento, ingenio y talento de una nación puede usarse en favor de la libertad, y cualquiera puede ser animado a su defensa. 24\nLos efectos prohibitivos de la libertad de prensa explican su cercana asociación con el gobierno libre. Mediante la amenaza de despertar a un público adormecido, los periódicos pueden controlar la ambición de las autoridades y prevenir los peores excesos de poder. Pero la libertad de prensa puede verse también desde una óptica más positiva; como un estímulo más que como un mero depresivo.\nEl debate público como justificación de la libertad de prensa\nEn la base de la evaluación positiva de la libertad de prensa estaba el históricamente sorprendente 25 principio de que el desacuerdo públi- co es una fuerza creativa. Quienes discutían con las autoridades no sólo eran contrapesos adjuntos, diques complementarios contra la opresión. Incluso cuando resaltaban las inconsistencias y apuntaban a los efectos no previstos de las políticas, sus críticas nutrían al gobierno con con- tra-argumentos, develando información, haciendo nuevas propuestas, re- frescaban las perspectivas. En otras palabras, la publicidad no era sólo una luz paralizadora. Era una arena de dar y tomar, de mutua crítica y estímulo recíproco, para adquirir nuevas ideas y formular reformas. Esta noción, que eventual- mente se convertiría en la principal justificación de la libertad de pren- sa, se introdujo originalmente para explicar la superioridad del gobier- no parlamentario frente a la monárquico. Por lo general, los gobiernos autocráticos son mal orientado por sus propios asesores quienes, en consejo privado, maquillan los hechos y halagan, debilitando así al ré- gimen. Una autoridad a la que no se puede criticar escucha sólo una parte de la historia y no se entera de problemas serios hasta que ya es dema-\n24 Ibid., 10-11. 25 Quien, seguramente, es el teórico ostensiblemente más democrático del Siglo XVII, Rousseau, negaba que el desacuerdo pudiera llegar a ser una fuerza creativa con el mismo ardor que un partidario de la monarquía absoluta.\nsiado tarde. Limitándose a emitir órdenes y esperando que los súbditos las cumplan silenciosamente, un régimen cerrado y represivo se priva de importantes recursos guardados entres sus ciudadanos: se trata de un estado de auto empobrecimiento. Incluso un decidido abogado de la monarquía, Jean Bodin, podía aprecias las muchas ventajas del debate abierto en una asamblea. 26 Para el siglo XVII, el carácter auto-destructi- vo de un gobierno censor y los beneficios provenientes de un libre flu- jo de información eran generalmente reconocidos. 27 Según Hume, por ejemplo, una prensa libre fortalece al gobierno al hacer que los magis- trados tomen nota de “descontentos murmurados y secretos” antes de que se tornen inmanejables. 28 Kant estaba de acuerdo: “Tratar de negar este derecho a las ciudadanos [i.e., “el derecho a la pluma”] supone privar al soberano del conocimiento de materias que, de llegar a cono- cer, rectificaría; así que, por este medio, se colocaría en una posición estúpida”. 29 De hecho, mucho antes Milton había definido la “libertad civil” como una capacidad del gobierno de corregir sus errores sobre la base de la libertad de prensa. 30 Si las políticas se establecen pública- mente y se estimula la crítica pública, el gobierno puede evitar la legis- lación auto-frustrante, ahogar las crisis en su surgimiento y remediar sus propias torpezas. Por estas razones, la oposición se convirtió en la institución central del gobierno representativo. Como escribiera un cercano observador de la política británica en 1760: “por buenas o malas razones, la oposición\n26 “Pues, ¿dónde pueden discutirse o tratarse mejor los remedios para las enfermedades de la República, o las mejoras de sus gentes, o la reforma del Estado que en su Senado frente al pue- blo? Allí se ocupan de los asuntos de la totalidad del cuerpo de la comunidad y, por tanto, de sus miembros; se escuchan y son atendidas las quejas y los justos reclamos de los pobres súbditos, que de otro modo nunca llagan a los oídos de los príncipes; se ponen de manifiesto los robos y extorsiones llevados a cabo en nombre del príncipe; allí, se entera de las peticiones de todo tipo de personas, de las que no tenía ningún conocimiento”. Jean Bodin, The Six Bookes of a Commonweale (1576) (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962), p. 184 (3, 7).\n27 Es significativo que el argumento del fortalecimiento del gobierno dependa de una nítida distinción entre los intereses público y privado. Una prensa sin censuras puede beneficiar al go- bierno en su conjunto y, sin embargo, dañar permanentemente al sujeto particular que detente un cargo en un momento dado.\n28 Hume, “On Liberty of the Press”, p. 11.\n29 Kant, “On the Common Saying. This May Be True in Theory, but it Does Not Apply in Practice”, en Kant’s Political Writings, p. 85.\n30 John Milton, “Areopagitica (1644)” en Complete Prose Works, New Haven, Conn, Yale University Press, 1959, vol. 2, p. 487.\nes de utilidad para el país”. 31 Ni la falta de virtud moral ni las nobles intenciones reducen en nada la importancia de la oposición verbal al gobierno. A finales del siglo XVII, Locke apuntó las ventajas de tomar decisiones políticas en una atmósfera de desacuerdo público: cuando los legisladores escuchan a ambas partes en una cuestión controvertida, es más probable que tomen una decisión inteligente. Elegimos a nuestros representantes para que puedan “actuar y aconsejar libremente como, tras examen y debate maduro, consideren que lo requiere la Comuni- dad y el bien público: Quienes otorgan su voto antes de escuchar los debates y de haber sopesado las razones de todas las partes en cuestión, no pueden llevar a cabo esta tarea”. 32 Un buen consejo político requie- re que el consejero haya escuchado todas las partes en cuestión. En otras palabras, la racionalidad depende de la exposición a una multiplicidad de voces. Los representantes electos están particularmente bien posicionados para beneficiarse de la confrontación de opiniones encon- tradas. 33 A principios del siglo XIX, Mme. de Staël descubrió la misma utili- dad en la prensa de oposición. Sostenía, antes que nada, que “los perió- dicos políticos surgieron al mismo tiempo que el gobierno representa- tivo; y que esta forma de gobierno es inseparable de estos”. 34 Por un lado, la prensa sirve de correa de transmisión difundiendo información a lo\n31 Citado en John Brewer, Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 75.\n32 John Locke, Two Treatises of Government, pp. 461-1, 2, 222.\n33 La distinción tradicional entre delegados y fiduciarios reside precisamente en esta ventaja de la posiciones legislativa. Dado que el delegado está sujeto un inmediato llamado a cuentas si se desvía un milímetro de su mandato explícito, no puede aprender nada de sus colegas diputado o exponer sus opiniones a la crítica. Al fiduciario se le da más espacio, no porque sea mejor o más sabio por naturaleza. Lo que importa es que está en una buena situación para oír todas las versiones de la cuestión: “Si se dedica a su labor, [el representante] tiene grandes oportunidades para corregir los juicios erróneos que comenten la mayoría de sus votantes”, J. S. Mill, “Considera- tions on Representative Government”, en Essays on Politics and Society. Toronto, University of Toronto Press, 1977, p. 509. Los votantes comunes son localistas y rara vez se exponen a las visiones de los conciudadanos que habitan en regiones alejadas. Los representados deben cierta deferencia a sus representantes, no porque tengan un carácter noble, sino porque sus colegas se benefician examinando sus opiniones y develando sus tonterías.\n34 Mme. Staël, Considérations sur la Révolution française¸ vol. 1, p. 292. En este sentido, Mill también escribió que “que la prensa noticiosa” permitió que por primera vez fuera posible un gobierno democrático en un país grande, Mill, “Considerations on Representative Government”, en Essays in Politics and Society, p. 378.\nlargo de grandes distancias, conectando a los ciudadanos entre sí y con sus representantes. Por otro lado, ningún ciudadano se tomará la mo- lestia de leer un diario si no considera que tales asuntos le incumben. En la Asamblea Constituyente, señalaba, la libertad de prensa causó varios problemas: “Pero si para mantener su poder [el gobierno] amor- daza a sus adversarios y concede libertad de prensa sólo a sus simpati- zantes, entonces el gobierno representativo habrá terminado”. 35 La cen- sura destruye al gobierno democrático porque los votantes nunca tendrán confianza en un gobierno que rechaza exponerse a la crítica. Ahora bien, el argumento a favor de la libertad de prensa más soco- rrido a lo largo de la ilustración fue el de que el desacuerdo público agudiza el ingenio de todas la partes, generando decisiones mucho más inteligentes que cualquiera de las propuestas iniciales. La opinión opti- mista de que, en un combate abierto, la verdad siempre ha de triunfar sobre la falsedad fue invocada contra la censura en el siglo XVII. 36 Para el siglo XVIII, la capacidad generadora de la verdad del debate sin cen- suras se había convertido en la justificación estándar de la libertad de prensa: “si queremos estar seguros sobre la verdad de nuestras opinio- nes, debemos hacerlas públicas. Es contra la piedra de toque de la con- tradicción que debemos examinarlas. Por tanto, la prensa debe ser li- bre”. 37 A pesar se su extrema amargura respecto de sus críticos, Jefferson aceptaba que, de todos los instrumentos para descubrir la verdad, “el más efectivo hasta ahora encontrado es la libertad de prensa”. 38 Como es bien sabido, este mismo argumento resurgió en la doctrina falibilística de Mill de que el único fundamento que tenemos para nuestras creencias es la invitación al mundo entero para refutarlas. 39 Este principio epistemo-\n35 Mme de Staël, Considérations sur la Révolution française, vol. 1, p. 291.\n36 “Dejad que [la verdad] se enfrente a la falsedad; quién supo alguna vez que la verdad fuera derrotada en un encuentro abierto” (Milton, “Areopagitica”, en Complete Prose Works, vol. 2, p. 561). Locke da eco es esta afirmación cuando, modestamente, escribe “la verdad se desempe- ñaría bastante bien si alguna vez se la dejara brillar por sí misma”, Locke, A Letter Concerning Toleration, p. 45; Cato continuó esta tradición, “La verdad tiene tantas ventajas sobre el error que sólo requiere mostrarse para ganar admiración y estima”. “Discourse Upon Libels” en Cato’s Letters, vol, 3, pp. 298-9; Jefferson también coincidió, aunque de manera un tanto más contun- dente: “La verdad es grandiosa y por sí misma prevalecerá”, Thomas Jefferson, “A Bill for Establishing Religious Freedom”, 1777, en Writings, ed. Merrill Peterson, Nueva York: Library of America, 1984, p. 347.\n37 Helvétius, A Treatise of Man, vol. 2, sec. 9, chap. 12, p 328.\n38 Thomas, Jefferson, carta del 28 de junio, 1804, Writings, p. 1147.\n39 Mill, “On Liberty”, en Essays on Politics and Society, p. 232.\nlógico descarta, entre otras cosas, cualquier limite a las críticas que pue- dan formular los periodistas a quienes detenten el poder. Como mues- tran estos pasajes, Milton, Locke, Trenchard and Gordon, Helvétius, Jefferson 40 y, (más tarde) Mill postularon una justificación “instrumen- tal” de la libertad de expresión y de prensa, apelando a la utilidad del conjunto de la sociedad. En otras palabras, la justificación del debate público como justificación de la libertad de prensa, asociado con los nom- bres de Holmes y Brandeis y, posteriormente, popularizado por Alexan- der Meiklejohn, 41 era un lugar común la época de los Fundadores. Tal y como la entendemos hoy en día, la democracia no es simple- mente una cuestión de regla de la mayoría. Los procedimientos demo- cráticos complementan el principio mayoritario con límites constitucio- nales que obligan a las mayorías a someter sus decisiones a una crítica continua. No cualquier “voluntad”, sino sólo una voluntad conformada mediante la discusión pública es (y debe ser) respaldada con la autori- dad soberana. 42 La Primera Enmienda, puede sostenerse, asegura que la mayoría electoral siga siendo una mayoría capaz de aprender. Dicho en otros términos, un derecho a la oposición jurídicamente garantizado provee una precondición esencial para la formación de una opinión pública democrática. La soberanía popular no tienen ningún sentido sin las reglas que organizan y protegen el desacuerdo: el consenso no con- fiere ninguna autoridad, al menos que exista la garantía institucional de un disenso no punible. De hecho, la unanimidad en cuestiones políti- cas puede ser más un signo de irracionalidad que de acuerdo racional. Como señaló Mill, “a menos que sea el producto de la más profunda y libre comparación de opiniones opuestas, la unidad de criterio no es deseable”. 43 Una “perpetua y constante oposición” debe ser mantenida por el bien de la racionalidad colectiva. 44 Esta línea de pensamiento im- plica que el gobierno tiene una obligación positiva de proteger e incluso promover la expresión de opiniones rivales. En la ausencia de desacuer- do público de carácter civil, es probable que las políticas sean poco inteligentes, así como mal armonizadas con los intereses privados.\n40 Y, como veremos, Madison también.\n41 Alexander Meiklejohn, Political Freedom, Nueva York, Harper, 1960.\n42 Cfr., A. D. Lindsay, The Essentials of Democracy, 2ª ed., Londres, Oxford University Press,\n43 “On Liberty” en Essays on Politics and Society, p. 260.\n44 Mill, “Bentham”, en Essays on Ethics, Religion and Society, ed., J. M. Robson (Toronto:\nUniversity of Toronto Press, 1969), p. 108.\nLa “colisión” 45 o el “choque” 46 de ideas abre el paso a posibilidades que nadie pudiera haber soñado en solitario. Pero la legitimidad apa- rente del desacuerdo público también sirve para apoyar las energías creativas y la inteligencia descentralizada de los ciudadanos para resol- ver los problemas comunes. Esta es, en cualquier caso, la idea funda- mental que subyace a la metáfora holmesiana del libre intercambio de ideas. 47 Al igual que en un mercado económico, una red de debate pú- blico de alcance nacional puede movilizar recursos que de otro modo permanecerían inutilizados (esto es, las mentes estarían trabajando a la mitad de sus posibilidades), y que pueden estimularse para, así, contri- buir a hacer que las políticas públicas sean más inteligentes y a que los responsables de formular dichas políticas tomen una mayor conciencia de las alternativas y de sus posibles efectos contraproducentes. Como señalaba Hume en el pasaje antes citado, una prensa libre puede cose- char “todo el conocimiento, la prudencia y el ingenio de la nación”. 48 Presumiblemente, estos recursos públicos no sólo tendrán el efecto de contener a las elites de gobierno dentro de los márgenes de la legali- dad, sino que mejorarán el desempeño del gobierno en su conjunto. De hecho, se puede distinguir tres funciones del libre mercado de ideas: una prensa libre sin censuras puede (1) incentivar a los ciudada- nos para desarrollar nuevas ideas, (2) movilizar ideas preexistentes y darles atención del público, y (3) mejorar las ideas mediante un proce- so de mutua crítica. Sin embargo, la analogía con el mercado libre no es del todo exacta. Por un lado, la competencia entre empresas se justi- fica sobre la base de la satisfacción de la demanda de los consumido- res. Por otro, la competencia entre quienes pretenden formular una po- lítica pública se justifica a través de la educación de quienes formulan la propuesta y del auditorio, y por la expectativa de que tendrá lugar un aprendizaje público que conducirá a que las decisiones sean mejores (más inteligentes y mejor informadas) que las que se tomarían sin el be- neficio del debate.\n45 Mill, “On Liberty” en Essays on Politics and Society, p. 229.\n46 Alexander Hamilton, “Federalist, No. 70”, en Federalist Papers, p. 427.\n47 Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919).\n48 Hume enfatizó también la contribución de la libertad de prensa a la educación pública:\n“Tenemos la esperanza que los hombres, cada día más acostumbrados a la libre discusión de los asuntos públicos, mejorarán su juicio acerca de éstos” (Hume, “Of the Liberty of the Press”, p. 11).\nEn cualquier caso, la justificación del debate público para la libertad de prensa no hace referencia a derechos de propiedad, a la autonomía personal, ni al derecho a la expresión propia. Se considera que la mul- tiplicidad de voces y el choque de opiniones sirven a los propósitos pú- blicos. De acuerdo con esta poderosa tradición, la libertad de prensa se justifica sobre la base de sus efectos benéficos en la calidad de las de- cisiones colectivas. Como es bien sabido, la justificación fundada en el debate público deja sin contestar una importante pregunta: ¿Y si la mejora de las decisiones colectivas mediante la exposición de ideas a debate colectivo sólo puede lograrse estableciendo algún tipo de régi- men regulativo para la libertad de prensa?\nLos contrapesos y los efectos de enfriamiento (chilling effects)\nEl principio de publicidad no es tan inocente como el inciso anterior podría hacer pensar. La trayectoria semántica del término “publicidad” nos da muestras de ello: la publicidad puede tanto envenenar el aire como limpiarlo. Incluso los pensadores más radicales en la temprana modernidad europea concedían que ciertos “asuntos de Estado no pue- den comunicarse públicamente sin poner en riesgo el interés común”. 49 La necesidad de proteger la seguridad nacional no era el único caso de este argumento. Los debates parlamentarios públicos, aunque a menu- do creativos, también promueven el actuar para la galería. En los siste- mas representativos, los políticos enfrentan sus errores en presencia de sus adversarios, y ello, sin duda, es poco compatible con una actitud favorable para aprender. Hobbes, quizá el más brillante opositor del gobierno público, manifestó estas consideraciones con una fuerza incom- parable. La publicidad, lejos de asegurar la racionalidad, es un escapa- rate para la vanidad y la arena para la envidia y el resentimiento. El debate público es muy parecido al duelo: “un juicio para una pequeña gloria banal”. 50 El rey debe recibir consejo en privado, porque el dis- curso público está necesariamente contaminado por el miedo a desagra-\n49 Philippe du Plessis-Mornay, “Vindiciae contra tyrannos”, 1579, en Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century, ed. Julian Franklin, Nueva York, Pegasus, 1969, p. 150.\n50 De Cive, 1642, en Man and Citizen, ed. Bernard Gert (Nueva York. Doubleday, 1972), p.\ndar a otros y el deseo de encender las pasiones del auditorio. 51 Además, el debate público acarrea el peligro adicional de que la humillación pú- blica en el debate genere en los perdedores un fuerte incentivo para minar la política pública que se ha de implementar, contra su juicio claramente manifestado. 52 Lejos de ser “refutadas”, estas dudas sobre la conexión entre publicidad y racionalidad dejaron una huella signifi- cativa en el pensamiento constitucional de Estados Unidos. No parece en absoluto extraño que una “regla de secreto” haya sido impuesta en la Convención Federal de 1787. En ese mismo espíritu, todavía hoy se excluye a la prensa de ciertas audiencias previas al proceso y, desde luego, las deliberaciones de los jurados son cuidadosamente protegidas de la distorsionadora luz de la publicidad. Es más, cuando las ideas son discutidas en público, no necesariamente prevalece la verdad sobre el error. ¿Por qué no ha de sufrir el libre mercado de las ideas de los mismos defectos que el mercado de las mercancías? En ocasiones, guiada por un impulso de conformidad, la gente no consume tanto un producto por sus propiedades intrínsecas, sino porque el vecino lo ha comprado. Las ideas, también, con frecuencia se difunden por ósmosis, imitación, contagio o “pensamiento de grupo”. Pero, si bien las esperanzas de Milton, Trenchard y Gordon, Jefferson y Mill eran exageradas, ello no supone que no tengan un núcleo realis- ta. Incluso aunque la publicidad no garantice el triunfo de la verdad, puede seguir siendo el método más seguro para corregir errores y para descubrir soluciones no exploradas. La falta de alternativas a la publi- cidad no implica que la publicidad tenga que quedar completamente inmune a la regulación.\n51 Es más, “las pasiones de los hombres, que por sí mismos, son moderadas como el calor de una rama, en una Asamblea son como muchas ramas, que inflaman unas a otras (especialmente cuando la oratoria sopla entre unas y otras) hasta llegar a incendiar la República, (Commonwealth) bajo el pretexto de aconsejarla”, Leviatán, 1651, Oxford Oxford University Press, 1965, parte 2, cap. 25, p. 309; concediendo parte de razón a este argumento hobbesiano para restringir el dis- curso público, Hume le dio la vuelta, transformándolo en una justificación para la libertad de prensa: “Cuando una persona lee un libro o un panfleto sólo y en calma (cooly), no hay nadie presente de quien pueda contagiarse de pasión”. “Of the Liberty of the Press”, p. 11.\n52 “Cuando los oradores combaten con discursos y opiniones contrarias, el conquistado odia al conquistador, y a todos aquellos que estén de su parte; por ello, mantiene con rabia su conoci- miento y su opinión, y estudia todos los medios para hacer que la opinión de sus adversarios resulte perjudicial para el estado; pues así espera ver la gloria que se le ha quitado restituida a su perso- na”, De Cive, p. 231, 10,12.\nEn ningún caso queda tan manifiesto el eventual carácter pernicioso de la publicidad como en el de la difamación. En el common law que trajeron los colonos a Estados Unidos, la difamación era tanto una falta civil como un delito penal; un daño público y no sólo un perjuicio al individuo injuriado. Dado que los insultos, aunque sean verdaderos, despiertan el deseo de una venganza violenta, la difamación era consi- derada originalmente como un atentado contra la paz pública 53 . Desafor- tunadamente, las leyes sobre difamación permitían que las autoridades públicas pudieran alegar sedición utilizando así a los tribunales para castigar a sus críticos. Por esta razón, los predecesores de los Fundado- res en el siglo XVIII manifestaron serias dudas acerca del common law sobre difamación. 54 Desafortunadamente, es imposible proteger la re- putación inocente y, al mismo tiempo, someter a los poderosos a una crítica efectiva. También en este caso, el bien privado tiene que ser sa- crificado por el bien público: “Tiene mucho menores consecuencias para la humanidad que un hombre pueda ser atacado en su reputación, que todos los hombres sean esclavos”. 55 Un gobierno responsable resulta imposible si las autoridades pueden aterrorizar a la prensa hasta la obediencia bajo la amenaza de un proce- so por difamación sedicente. Esta fue la respuesta de Madison a la Sedition Act de 1798. 56 La libertad de prensa es “el único guardián efec- tivo de todos los demás derechos”. 57 Pero también es un instrumento esencial para el auto-gobierno, facilitando a los votantes información indispensable sobre los candidatos y los asuntos públicos. Blackstone sostenía que, en tanto que indispensable para cualquier gobierno repu- blicano, la libertad de prensa no podía protegerse mediante la mera abolición de la censura previa. La previsión de un futuro castigo impe- diría la crítica de las autoridades públicas de una manera tan eficaz como el detestado sistema de la autorización. Los críticos pretenden hacer que\n53 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 1765-9, University of Chicago Press, 1979, vol. 4, p. 150.\n54 “Lo que es conocido comúnmente como difamación, sin duda mantiene a Grandes Hombre es una actitud reverente, e impone ciertos controles sobre su conducta, mostrándoles la deforma- ción de su conducta, al mismo tiempo que pone a otros en guardia contra la opresión”, Trenchard y Gordon, “Discourse upon Libels”, 1722, en Cato’s Letters, vol. , p. 292.\n55 Ibid., p 294.\n56 James Madison, “Report on Virginia Resolutions”, en Mind of the Founder, ed. Marvin Meyers, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1973, pp. 328-42.\nlos gobernantes abusivos caigan en el desprestigio. Por lo tanto, casti- gar esta intención destruiría “el derecho a discutir libremente acerca de los personajes públicos y sus decisiones”. 58 La libertad de prensa pro- tegida en al Primera Enmienda requiere la inmunidad respecto de subsecuentes procesamientos como resultado de la crítica de las auto- ridades públicas; un gobierno republicano no permite espacio alguno a leyes que castiguen la difamación del gobierno. 59 También Madison justificó la libertad de prensa de modo instru- mentalista, invocando su contribución en la creación de un electorado informado. La creencia de que la difamación de las autoridades públi- cas merecía la protección de la Primera Enmienda resurgió de manera espectacular en la decisión unánime de la Suprema Corte en la resolu- ción New York Times vs. Sullivan, 60 que hizo casi imposible que los fun- cionarios públicos pudieran recibir alguna compensación por daños causados por manifestaciones falsas respecto de su actuación oficial. Según la Corte en Sullivan, el “núcleo central” de la Primera Enmien- da era proveer de protección a los críticos de los actos de gobierno. Al brindar protección constitucional a los periódicos que critican de bue- na fe a los funcionarios públicos, la Corte trazó una llamativa analogía entre los funcionarios federales y la prensa. 61 Con el objeto de asegurar una promoción vigorosa de los asuntos públicos, los funcionarios fede- rales cuentan con inmunidad respecto de acciones por difamación como resultado de manifestaciones realizadas en el ejercicio de su deber. 62 Según los argumentos de la Corte, precisamente por la misma razón, la prensa debe gozar de la misma inmunidad. 63 La analogía entre la pren- sa privada y los funcionarios públicos es elaborada con cierta elocuen- cia, dando la impresión de que los periodistas adversos son servidores públicos, o que los medios deben ser considerados como un “cuarto po- der” no oficial del gobierno de Estados Unidos. Desde esta perspecti-\n59 Ver, Harry Kalven, Jr., “The New York Times Case: A Note on ‘the Central Meaning of the First Amendment’”, reimpreso en Free Speech and Association, ed., Philip Kurland, Chicago, University of Chicago Press, 1975.\n60 376 U.S. 254, 1964.\n61 376 U.S. 254, en 282 (Brennan, para la mayoría) y 304 (Goldberg, concurrente en el resul-\n62 Barr v. Matteo, 360 U.S. 564, 1959.\n63 “Si los críticos de la conducta de las autoridades no tienen una inmunidad equivalente a la de los funcionarios, ello supondría que los servidores públicos tendían una preferencia injustifi- cada frente al publico que sirven”, 376 U.S. 254, 283.\nva, la libertad de prensa no protege un derecho privado, sino que cum- ple una función pública. 64 Aunque parezca sorprendente, sobre la base de las mismas premisas, varios de los escritores del siglo XVIII llegaron a conclusiones opuestas. Escribiendo en una época de intensas revueltas políticas, alimentadas en parte por periodismo incendiario, Mme de Staël sostenía que los periódicos, “si bien eran el mejor medio para contrarrestar la opresión y para propagar la ilustración” debían ser regulados, precisamente por- que los diarios son una institución “pública” no “privada”. 65 En una di- vertida imitación de 1789, Benjamín Franklin sostuvo el mismo punto. Como la prensa es un poder público similar a las oras tres ramas de gobierno, debe ser constreñida con serias restricciones jurídicas. Lo que le preocupaba a Franklin no era, desde luego, la protección de los fun- cionarios públicos, sino la posibilidad de falsas acusaciones que podían arruinar de por vida la reputación de individuos particulares. Su presun- ción –común en su tiempo– era que los lectores son básicamente mali- ciosos y que, en consecuencia, los rumores escandalosos viajarían rá- pido y permanecerían con claridad, mientras que las aburridas retracciones, aunque verdaderas, pronto serían borradas de la memoria pública. 66 Contra una libertad de prensa anárquica, Franklin apela a los principios liberales de publicidad y de Estado de Derecho (rule of law):\n“frente al tribunal de la prensa” no hay leyes, afirma.\nEl acusado no tiene un juicio ante jurado antes de que la verdad de la acusación sea hecha pública, tampoco se le hace saber el nombre de quien lo acusa, ni tiene la oportunidad de confrontar a los testigos en su contra, porque éstos son mantenidos en la oscuridad, como en el Tri- bunal de la Inquisición español. 67\n64 Cfr., Potter Stewart, “Or of the Press”, Hastings Law Journal 26, Enero 1975, 631-7.\n65 Mme Staël, Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France, 1798, París, Droz, 1979, p. 113; “faire un journal est un emploi public, tandis qu’ecrire un libre n’est que l’excercice d’un droit consacré”, pp.\n66 Para subrayar su creencia de que el contra-argumento honesto no es suficiente para reme- diar el desprestigio, porque la verdad nunca alcanzará a la mentira, Franklin cita a Dryden: Hay en el hombre una lujuria que ningún encantamiento puede dominar, / La vergüenza de su vecino a gritos publicar. / Los escándalos inmortales sobre alas de águila vuelan, / Mientras que nues- tras acciones virtuosas al nacer mueren”.\n67 Benjamín Franklin, “An Account of the Supremest Court of Judicature in Pennsylvania, viz., The Court of the Press”, 1789, en American Political Writing During the Founding Era, ed. C Hyneman y D. Lutz, Indianápolis, Liberty Classics, 1983, vol. 2, p. 708.\nSi Montesquieu invocó el principio de publicidad contra el invetera-\ndo abuso de las acusaciones secretas, Franklin, por su parte, atacó a la prensa por su uso de las acusaciones anónimas. La libertad frente al castigo no garantizaba una publicidad benéfica: se requería también de participantes identificables (i.e., responsables) y de la oportunidad de refutación. Una libertad de prensa irrestricta es, de hecho, un poder in- controlado de la prensa; el poder arbitrario de una minoría no elegida para infligir daños, libre de cualquier regla o regulación. Todo aquel que proponga limitaciones civilizadas a la prensa, no sólo encuentra su cara manchada con la tinta de las prensas, sino que es acusado de ser ene-\nmigo de la libertad. 68 Este estado de cosas llevó a que Franklin replica- ra que, si la prensa quería una existencia libre de cualquier regla, esto es, en una estado de naturaleza anárquico, entonces los ciudadanos es- tán justificados en exigir sus derechos pre-sociales:\nMi propuesta es, pues, que dejemos a la libertad de prensa intocada, que pueda ejercerse en toda su extensión, fuerza y vigor; pero que permita- mos que la libertad de garrote vaya con ella pari passu. Así, conciuda- danos, si un escritor imprudente ataca vuestra reputación, quizá más pre- ciada para vosotros que la vida, y pone su nombre en el cargo, podéis ir hacia él de modo igualmente abierto y romperle la cabeza. 69\nA pesar de su obvia frivolidad, este pasaje contiene un punto impor-\ntante. La libertad no es idéntica a un estado de licencia individual ili- mitada. La disciplina de la expresión mediante la responsabilidad civil nunca ha implicado la supresión de la libertad. A pesar de toda su in- munidad respecto de la censura política, la prensa no puede pretender una libertad respecto de todas las obligaciones de autocontención im- puestas por el contrato social. Si no está dispuesta a conceder a los ciu- dadanos difamados el derecho al garrote, concluye Franklin, el legisla- dor debe considerar la aplicación de regulaciones imponibles a la prensa. El continuo debate sobre las leyes contra la difamación nos ayuda a enfocar nuestra atención en un dilema que causa continuos problemas a la regulación de los medios. La libertad de la prensa es también el poder de la prensa, incluido el poder de hacer daño. Cualquier institu-\n68 Ibid., p. 709. 69 Ibid., p. 710.\nción con un poder suficiente para actuar como un contrapeso efectivo del gobierno tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poder causar serios daños a terceros. Aquellos que sufren un daño como con- secuencia del ejercicio de poderes privados, naturalmente, recurren al gobierno en busca de compensación; por ejemplo, las partes difamadas generalmente acuden a los tribunales para reclamar una compensación. Tradicionalmente, el common law sobre difamación ha tratado de ba- lancear el interés en la libertad de quienes se expresan con los intereses protegidos por las reglas que inhiben la comunicación. Desafortunada- mente, se trata de un balance muy inestable. No hay manera de contro- lar el poder de la prensa sin ejercer un efecto de enfriamiento en la in- vestigación vigorosa y en los reportajes. Pero, ¿cómo puede alcanzarse este objetivo razonable sin sobreproteger a los malhechores, públicos y privados, de sus más agudos críticos? 70\nDinero privado y democracia\nEl dinero habla. Llamando la atención sobre la reciente proliferación de centros de investigación (think tanks) financiados por empresas pri- vadas, un periodista agregaba: el dinero piensa. Esta desproporcionada influencia de la riqueza en las políticas públicas parece, en todo caso, incompatible con la regla de la mayoría. Pero estas fuertes razones de- mocráticas en favor de la regulación de la expresión basada en la riqueza se balancea con fuertes razones democráticas en contra. Para el gobier- no representativo, amordazar a los ricos es tan útil como destructivo. Obviamente, esta ambigüedad es relevante para la cuestión de la regu- lación de los medios, que –después de todo– son propiedad de los ri- cos. Sin embargo, antes de tratar directamente la cuestión de la regula- ción al acceso sería útil examinar el imaginativo balance entre exigencias sobre derechos constitucionales que se dio en Buckley vs. Valeo. 71 Esta decisión clarifica el problema que surge inevitablemente cada vez que el Estado quiere contener el poder, susceptible de ser abusado, de las\n70 Debido a la confusión de los tribunales acerca que quién es un personaje público, resulta que hacer que la posibilidad de presentar una demanda por difamación sea fácil para los particu- lares y difícil para los funcionarios públicos, sea sólo parte de la respuesta.\n71 424 U.S. 1, 1976.\nentidades privadas que puede, por su parte, cuestionar la actuación de las autoridades. Respaldando parte de la Federal Election Camping Act (1971, refor- mada en 1974), la Corte en Buckley rechazó varias de las normas clave de la ley. Aunque sostuvo los limites establecidos por el Congreso para las “contribuciones” a los candidatos y a las campañas, la mayoría de- rribó los límites establecidos para los “gastos” (si, simplemente, le das un cheque de mil dólares al coordinador de la campaña, estás haciendo una contribución; pero si pagas un anuncio en un periódico a su favor, sin consultar a su equipo de campaña, estás haciendo un gasto). Antes de analizar la decisión per curiam, es necesario decir algo acerca de los votos disidentes de Burger y White. Ambos sostuvieron que la distin- ción entre contribuciones y gastos es difusa, arbitraria y, en última ins- tancia, insostenible. Como preguntaba White: ¿qué sentido tiene limi- tar cuánto puedo gastar con aprobación del candidato y negarse a limitar cuánto puedo gastar en su beneficio?. 72 Burger coincidió, agregando – lo que explicaremos con más detalle enseguida- que las contribuciones y los gastos eran dos lados de la misma moneda de la Primera Enmien- da. 73 Pero, aunque Burger y White estaban de acuerdo en la insosteni- bilidad de la distinción sobre la que la mayoría apoyaba la decisión del caso, disentían en casi todo lo demás. Para Burger, la cuestión principal en Buckley era la Primera Enmien- da. Puede que el dinero no sea expresión, pero puede ayudar a comuni- car ideas. En una sociedad industrial de grandes dimensiones, la expre- sión política efectiva puede ser enormemente costosa. En efecto, regular el dinero supone regular la expresión. El prohibir las contribuciones supone también interferir en la libertad de asociación (crucial para aque- llo que pretendan abogar a favor de opiniones impopulares o controver- tidas). Así pues, Burger sostuvo que la Ley suponía una sería amenaza para la democracia porque permitía que el Congreso limitara los dere- chos protegidos por la Primera Enmienda en el marco de las campañas electorales, donde el público tiene su única oportunidad para conside- rar las cuestiones y conocer a los candidatos. Como Brennan había sos- tenido antes, la Constitución estaba diseñada para proteger “el ilimita- do intercambio de ideas necesario para realizar los cambios políticos y\n72 424 U.S. 262-2.\n73 424 U.S. 241.\nsociales deseados por el pueblo”. 74 La Ley obstruía este intercambio. Por ello, Burger quería que tanto las contribuciones como los gastos fueran ilimitados. En contraposición, White quería que ambas limitaciones fueran res- paldadas. Para él, Buckley suponía, fundamentalmente, un cuestión de corrupción. El dinero no se utiliza principalmente para comunicar ideas, sino, más bien, para comprar influencia. Si un candidato es elegido con un apoyo masivo por parte de individuos ricos, necesariamente favore- cerá los intereses de estos en perjuicio de los intereses de los ciudada- nos menos poderosos. Las aportaciones masivas compran, al menos, un acceso amigable a las autoridades elegidas, proveyendo de oportunida- des de persuasión que no están a la disposición de quienes no han con- tribuido. Los Congresistas no creyeron que las leyes contra el soborno y la transparencia eran adecuadas para prevenir este tipo de abusos. ¿Y quién esta en mejor posición que ellos para conocer los medios para procurar favores? White también estaba preocupado del efecto de la Ley en el gobier- no democrático. Si el público llegara a tener la idea de que los cargos públicos pueden comprarse, habría una erosión permanente de la base moral del sistema representativo: “los males de una contribución ilimi- tada son lo suficientemente peligrosos como para establecer restriccio- nes, con independencia del efecto de estos límites en la libertad de ex- presión efectiva del contribuyente”. 75 Así pues, el interés del Estado en suprimir la corrupción (o la mera apariencia de corrupción) es tan im- portante que debe sostenerse la Ley, sin someterla a un estricto escruti- nio respecto de posibles violaciones de la Primera Enmienda. La mayoría acepto, esencialmente, ambos argumentos, dejando que se modificaran entre ellos. Aunque los votos disidentes estaban clara- mente en un lado, la opinión per curiam intentó balancear las exigen- cias contradictorias que contenían. La Corte sostuvo los límites a la contribución porque veía la amenaza para la democracia que suponía la corrupción, e invalidó la limitación de los gastos porque vio en ella una amenaza igualmente genuina de violación de los derechos de la Primera Enmienda. Si me preguntaran por la justificación de la deci- sión de la mayoría, diría lo siguiente: sin duda, la distinción entre con-\n74 Roth v. United States, 354 U.S. 476, 484, 1957. 75 424 U.S. 260.\ntribuciones y gastos es inconsistente, pero permitió a la Corte formular un doble mensaje; un mensaje casi adecuado para la complejidad de los problemas en cuestión –que (1) el sistema de Estados Unidos es hostil a la compra de favores políticos y que (2) que no puede permitirse que los representantes electos regulen la libertad de expresión o sus precondiciones. El trabajo de la Corte hubiera sido mucho más sencillo si hubiera dos tipos de dinero: billetes azules para comprar influencia y billetes ver- des que permitieran a los ciudadanos expresar sus opiniones. Pero no existe esta distinción –ni una cartera mágica que permita destruir los efector perniciosos del dinero privado, dejando a salvo sus beneficios. En ningún billete está escrito para qué lo puedes usar. A la Corte le hubiera gustado trazar una línea entre la corrupción, por un lado, y la financiación de la comunicación de ideas, por otro. Como no podía es- tablecer esta línea fantasma, eligió la segunda mejor opción disponible:\nla casi-real, más fácil de trazar, línea entre contribuciones y gastos. La línea trazable simbolizaba a la no-trazable. Al respaldar las limitacio- nes que la Ley imponía a las contribuciones, rechazando al mismo tiem- po los límites a los gastos, la Corte manifestó su compromiso con el complejo (y, en cierta medida, inconsistente) sistema de valores implí- cito en la Constitución. El Juez White también sugirió que la regulación de la financiación de las campañas es parcialmente análoga a las leyes antimonopolio. Del mismo modo en que pueden disolverse los monopolios para reestablecer la competencia en un mercado, podemos reestablecer la competencia en el mercado político limitando tanto las contribuciones como los gas- tos. La Corte no consideró que este argumento fuera decisivo porque el dinero, aunque es útil para establecer monopolios, también puede ser efectivo para romperlos. Más específicamente, el dinero puede ser el único recurso capaz de enfrentase al monopolio de la atención pública, bajo el control de los poderes fáctico, los personajes famosos, los due- ños de periódicos, etc. Burger también reconocía la importancia del dinero como un “rompedor” de monopolios que, en ciertas circunstan- cias, puede ser más efectivo que el gobierno. ¿Cómo podemos permi- tir, entonces, que los interesados estructuren las leyes sobre la financia- ción de las campañas impidiendo el uso de una herramienta que podría contrarrestar sus ventajas en el cargo?\nLa Corte también invalidó otra provisión de la Ley que establecía un techo sobre cuánto de su propio dinero podía gastar un candidato en una campaña. Argumentando en el sentido de respaldar la norma, White escribió que no hay un derecho constitucional a comprar un cargo, y que un tope a los gastos personales ayudaría a evitar la impresión de que las elecciones están “pura y simplemente en función del dinero”. 76 Al rechazar esta provisión, la mayoría sostuvo que el Congreso no puede establecer una norma que impida que los individuos aboguen a favor de sus opiniones con todo el vigor que les sea posible. La posibilidad de restringir la expresión de unos para promover la de otros resulta completamente ajena a la Primera Enmienda. Como alguna vez señaló el Juez Black, la Primera Enmienda fue diseñada para proteger “la más amplia diseminación de información proveniente de fuentes distintas y antagónicas”. 77 Como demostró Red Lion, este mismo principio puede invocarse para justificar, precisamente, la restricción de la expresión de unos para promover la voz de otros. El argumento más significativo de la Corte en Buckley fue el siguien- te: restringir el gasto personal no neutralizaría las disparidades ni igua- laría la influencia política. Lo único que generaría son ventajas a favor de los cargos elegidos, haciéndolos incuestionables desde afuera. Como, en este mismo sentido, la capacidad de influir, la fama y la personali- dad telegénica son fuentes de poder desigualmente distribuidas, la li- mitación exclusiva del dinero, no sólo no igualaría ni difuminaría el poder, sino que lo concentraría todavía más. No hay armas puramente defensivas. Como sugiere nuestra discusión sobre la difamación, cualquier poder suficientemente fuerte como para servir de contrapeso, necesita él mismo ser contrabalanceado. El pro- blema de la regulación de las contribuciones a las campañas se mueve en torno al mismo dilema. Por un lado, si queremos proteger al proce- so político de la sobre-representación de los ricos, acabamos dando una ventaja injustificada a los cargos públicos (i.e., ellos están felices de otorgarse esta ventaja a sí mismos). Por otro lado, si damos una justa\n76 424 U.S. 265. J.S. Mill ya había expresado esta cuestión fundamental: “¿De qué sirve el más amplio sistema representativo, si los electores no tienen el cuidado de elegir al mejor miem- bro del parlamento, sino que eligen a aquél que gaste más dinero para ser elegido?” (“Considerations on Representative Government”, p. 389).\n77 Associated Press v. United States, 326 U.S. 1, 20, 1945.\nposibilidad a los terceros de cuestionar a los cargos públicos, expone- mos al proceso a los peligros de una sobre-representación de los ricos. La democracia puede quedar rápidamente desacreditada si la riqueza privada se coloca completamente fuera del control público. Pero la de- mocracia también puede ser subvertida si las autoridades democrática- mente elegidas tiene la libertad de regular el uso político de los fondos privados. Así pues, Buckley nos deja un comentario muy iluminador respecto de nuestro problema central. La intervención gubernamental en el sec- tor privado es, a un tiempo, necesaria y peligrosa porque, para una de- mocracia, el poder privado es al mismo tiempo peligroso y necesario. Una buena cantidad de casos que tratan directamente de la libertad de prensa revelan la conciencia de la Corte de que los contrapesos efecti- vos pueden ser instrumentos para serios abusos del poder. Por una par- te, la prensa de investigación sirve para informar a los ciudadanos de acciones militares y de inteligencia y, de este modo, tienen un “efecto de enfriamiento” para la ilegalidad y la corrupción. Por otra parte, hay algunos casos (incluso si no podemos confiar en la CIA para saber cuá- les) en los que la libertad de prensa puede causar un daño permanente a la seguridad de la nación. Del mismo modo, la presencia de los me- dios en las audiencias prejudiciales, establecidas para discutir la elimi- nación de pruebas ilícitamente obtenidas, puede prevenir distintas irre- gularidades, pero también puede hacer difícil, si no imposible, la realización de un juicio justo. La Corte no ha sido terriblemente con- sistente en ninguna de estas cuestiones. 78 Desde luego, resulta cierta- mente más fácil oscilar, hacia delante y hacia atrás, entre principios obviamente contrarios que establecer “un delicado balance” entre ellos. De hecho, el ejemplo más sobresaliente donde se marcan diferencias, renunciando a elegir entre principios antitéticos, es la decisión de la Corte de respaldar los derechos de acceso de los medios de telecomu- nicación, rechazando arreglos casi idénticos para la prensa escrita.\n78 Sobre el derecho de la presa a estar presente en los juicios, compárese Gannett v. De Pasquale, 443 U.S. 368, 1979 con Richmong News-papers v. Virginia, 448 U.S. 555, 1980; so- bre la prensa y la seguridad nacional, compárese New York Times v. United States, 403 U.S. 713, 1971, con Sneep v. United States, 444 U.S. 507, 1980.\nVolver a salir del estado de naturaleza\nLos individuos atrapados en el estado de naturaleza no celebran su inmunidad respecto de la interferencia del gobierno. De hecho, la anar- quía produce un clamor casi universal a favor de la intervención del gobierno. Este fue el resultado previsible del “desbarajuste etéreo”, generado por el espectro electromagnético no regulado en los años vein- te. Al promulgar la radio Act (1927) y la Communications Act (1934), el Congreso hizo leyes para controlar la libertad de prensa. A pesar del legado miltoniano preservado en la Constitución, el legislador estable- ció un sistema de licencias para la radiodifusión. Si hubiera atendido a la Primera Enmienda al pie de la letra, el Congreso hubiera hecho im- posible cualquier comunicación por medio de ondas electromagnéticas –consecuencia, obviamente irreconciliable con el deseo de los consti- tuyentes de mantener y enriquecer la libertad de prensa. Mi derecho a hablar es inútil al menos que mi voz pueda ser escu- chada. En ausencia de regulación, una cacofonía de voces hubiera hecho las transmisiones inaudibles. Por esta razón, la Federal Communi- cations Comisión (FCC) 79 fue bien recibida como un policía de trán- sito, con competencias para asignar las frecuencias y ayudar a los difusores a evitar mutuas disrupciones. Una intervención estatal de este tipo, destinada a prevenir interferencias, rara vez es considerada ilegí- tima. Al actuar como un coordinador, el gobierno es meramente un ins- trumento para alcanzar eficientemente los fines privados. Pero incluso esta mínima intervención destruye el mito de que la Primera Enmienda es exclusivamente un obstáculo para la censura del gobierno. Los dere- chos de propiedad no son meros límites a la intervención estatal; requie- ren también, entre otras cosas, de que el gobierno aplique las leyes so- bre la protección de interferencias de terceros. De manera análoga, las provisiones sobre libertad de prensa y libertad de expresión no limitan exclusivamente al Estados, sino que requieren de la acción estatal po- sitiva dirigida a establecer las precondiciones para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Ahora bien, como reconoció la Corte, evitar la anarquía era sólo un objetivo parcial. La FCC siempre ha sido algo más que un “policía de\n79 Originalmente, la Federal Radio Commission.\ntráfico”. 80 Si el gobierno sólo hubiera querido evitar interferencias, po- dría haber asignado las frecuencias mediante una lotería o al mejor postor. Sin embargo, otorgó las licencias sobre la base de estándares explícitos de interés público. Al declarar que el espectro era una parte inalienable del dominio público, el Congreso se negó a dar a la radio- difusión el carácter de utilidad pública o de servicio público (common- carrier). Lo que hizo, en cambio, fue establecer una agencia adminis- trativa que concediera derechos de trasmisión temporales y renovables\na ciertos solicitantes, configurando una reserva respecto de otros, pero\nbajo la condición de que cada concesionario debía aceptar “compartir su frecuencia con otros, y convertirse en una especie de fiduciario con la obligación de presentar las opiniones y las voces representativas de su comunidad”. 81 Para evitar que los magnates de los medios pudieran descalificar por sí solos a un candidato que buscara un puesto público\no que pudieran manipular los proceso políticos negando información a\nlos votantes, se crearon varias reglas de acceso. Los radiodifusores no sólo debían operar en el interés público, dando cobertura a los distintos lados de una cuestión controvertida, sino que también tenían que darle acceso a los candidatos para un puesto político. 82 Dicho en otros términos, la acción del gobierno no sólo se justifica- ba por el deseo de “escapar del estado de naturaleza” de un espectro no regulado. La regulación no sólo pretendía establecer orden, sino un cierto tipo de orden; incluso, un orden justo. Lo que estaba en juego en la vi- gilancia pública de las emisiones no era meramente una coordinación eficiente sino algún tipo de norma moral: quizá la equidad, 83 pero, des- de luego, la obligación de servir al interés público. Los monopolios tem- porales concedidos a unos cuantos tienen que ser justificados por el beneficio que producen en todos. En la teoría contractualista clásica, el\n80 National Broadcasting v. United States, 319, U.S. 190, 215-16, 1943.\n81 395 U.S. 389.\n82 Aunque los candidatos a un puesto federal tienen una garantía positiva de sus derechos de acceso, los candidatos a puestos locales o en los gobiernos de los estados sólo tiene una garantía contingente del derecho. En otras palabras, la igualdad de oportunidades tiene que hacerse dis- ponible a un candidato sólo si se le ha dado oportunidad a su rival.\n83 Lee Bollinger, “Fredom of the Press and Public Access: Toward a Theory of Partial Regulation of the Mass Media”, Michigan Law Review 75, noviembre 1976, aunque reconoce la crucial distinción entre superar la anarquía y la equidad, sostiene de manera persuasiva que la necesidad física de una regulación estatal que impusiera el orden en las ondas radioeléctricas, preparó psicológicamente a los radiodifusores para la regulación más ambiciosa impuesta por la doctrina de la equidad, p. 20.\nindividuo que se transforma en policía puede conservar sus armas, in- cluso después de la radical transformación producto de la transición del estado de naturaleza a la sociedad civil; pero ello, sólo bajo la condi- ción de que limitará su uso para la protección de los ciudadanos. La analogía en este caso parece un tanto forzada, pues asocia a los radiodifusores con las autoridades públicas. Pero esta es precisamente la analogía que trazó la Corte en Sullivan. Es más, una concesión, sin costo alguno, de derechos sobre una parte del dominio público da, al menos, credibilidad a la comparación. Los licenciatarios no son funcio- narios públicos; pero, como receptores de los derechos sobre el espec- tro mediante una acto administrativo en el que no ha mediado contraprestación, son fiduciarios públicos. Como han señalado distin- tos comentaristas, las restricciones en la programación en servicio del interés público son inevitables en tanto se mantenga un sistema de no- mercado en la asignación del espectro radiomagnético. 84 El fideicomi- so supone que los licenciatarios tienen que garantizar que las partes ex- cluidas no son del todo excluidas; que todos tienen la oportunidad de, cuando menos, escuchar los puntos de vista de los grupos rivales libres de la censura partidista del radiodifusor. La variedad de espectadores compensa la exclusividad de participantes.\nMegáfonos y monopolistas\nLa ardientemente discutida decisión Red Lion de 1969 dio respaldo constitucional a varias formas de regulación de las transmisiones, in- cluyendo el mandato de otorgar tiempo libre para la réplica de quienes hayan sido atacados en su honestidad o integridad en el trascurso de la discusión de un asunto público controvertido. La decisión del la Corte se fundamentó en la premisa de que la Primera Enmienda no sólo pro- tege a los ciudadanos del gobierno, sino también de monopolistas y opre- sores privados. En decisiones subsecuentes, la Corte parece haber ne- gado esta asunción básica, señalando claramente que “la Primera Enmienda no incluye los actos de entidades privadas”. 85 A esta idea de\n84 Benno Schmidt, Jr., Freedom of the Press v. Public Access, Nueva York, Praeger, 1976.\n85 Columbia Broadcasting System v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 119, 1973,\nlimitando la libertad de pren-\nBurger por la Corte; también: “Que ‘el Congreso no crear una ley\nsa’ es una restricción a la acción del gobierno, no de las personas particulares”, 412 U.S. 114.\nque los derechos restringen a las autoridades subyace una bizarra teo- ría histórica formulada de manera sucinta por el Juez Douglas: “la lu- cha por la libertad ha sido una lucha contra el Gobierno”. 86 La libertad significa sólo libertad del gobierno, no todo tipo de libertad respecto de opresores privados por medio del gobierno. Sin embargo, como he ex- plicado antes en este ensayo, ni los grandes pensadores europeos que inspiraron a los Fundadores, ni los propios Fundadores, sostuvieron esta opinión implausible. Todos ellos sabían que la libertad sería completa- mente imposible sin un Estado efectivo. La capacidad de las autorida- des públicas de violar derechos no implica la incapacidad de los pode- res privados de hacer lo mismo. En Red Lion la Corte fue mucho más fiel a los orígenes intelectuales\ny al sentido básico de la Constitución de lo que han reconocido sus muchos críticos. La Corte sostuvo, de manera bastante persuasiva, que\nla libertad de expresión de los difusores “no incluye el derecho de ani-\nquilar la libertad de expresión de otros”. 87 Sostenía que ningún\nlicenciatario tiene un derecho constitucional “a monopolizar la frecuen- cia de radio excluyendo a sus conciudadanos”. 88 Señalando que la Pri- mera Enmienda no constituye un santuario para la “censura privada”, 89\nla Corte resumió su opinión citando su tesis central en Associated Press\nv. United States: “la libertad de prensa respecto de la intervención del gobierno bajo la Primera Enmienda no supone sancionar la represión de la libertad por los intereses privados”. 90 El objetivo de romper monopolios es un objetivo legítimamente li- beral porque los poderes privados pueden infligir graves daños a los individuos. Las leyes contra la difamación y la calumnia siempre han restringido la libertad de prensa (i.e. el poder de los agentes particula- res) por esta misma razón. Y, lo que es más, los poderes privados pue- den causar grandes daños a lo que sólo puede llamarse “la comunidad”, esto es, en el “espacio público”. Para dejar claro este punto, en Red Lion\nla Corte recurrió a la famosa analogía del megáfono:\n86 CBS v. DNC, 412 U.S. 94, 162 (concurriendo en la resolución).\n87 395 U.S. 367, 387.\n88 395 U.S. 389.\n89 395 U.S. 392.\n90 Associated Press v. United States, 326 U.S. 1, 20, 1945.\nDel mismo modo que el gobierno puede limitar el uso de un amplifica- dor de sonido potencialmente tan ruidoso como para ahogar una expre- sión privada civilizada, el gobierno puede limitar el uso de los equipos de tele-trasmisiones. El derecho de libertad de expresión de un radiodi- fusor, del usuario de un equipo de sonido, o de cualquier otro individuo no incluye el derecho de aniquilar la libertad de expresión de otros. 91\nDe acuerdo con Buckley, el gobierno no puede restringir la libertad de unos para promover la de otros. Sin embargo, al respaldar las limi- taciones a las contribuciones la Corte en Buckley hizo precisamente eso. La analogía del megáfono en Red Lion clarifica precisamente la justifi- cación de esa resolución. El derecho a la libertad de expresión de cada individuos debe estar limitada por el derecho equivalente de los demás a la libertad de expresión, y no sólo en el contexto de las campañas políticas. Pero la justificación de la decisión de la Corte en Red Lion no queda capturada por la noción de derechos privados recíprocamente limitados. No se trata, simplemente, de una cuestión de balancear los derechos de los dueños de las estaciones con los derechos de los excluidos de la posibilidad de expresar sus opiniones al aire. De hecho, la Corte fue muy cuidadosa en dejar claro que lo que derrotaba el derecho de los radiodifusores al control de la programación era el derecho de la audien- cia a conocer opiniones plurales. 92 La Primera Enmienda no tiene sólo el propósito negativo de liberar a los individuos de la censura del go- bierno; tiene también el propósito positivo de crear un público informado capaz de autogobernarse. Como señalo Madison, el tabú liberal contra la censura pública está basado, entre otras cosas, en el deseo de mante- ner a la ciudadanía bien informada. Pero para lograr este propósito –al menos así alegó la Corte– el gobierno debe prevenir “la censura priva- da” que puede reducir de manera prematura el rango de voces que lle- guen a escucharse en el debate público. Una “autonomía editorial de los megafonistas” irrestricta obstruiría el flujo de información, subvirtien- do el propósito fundamental de la Primera Enmienda. Nótese la inusual naturaleza del “derecho” afirmado aquí por la Corte:\n“el derecho del público a tener un acceso adecuado a otras ideas y ex-\n91 395 U.S. 387.\n92 “Es el derecho de los televidentes y los radioescuchas, y no el derecho de los difusores, lo que es fundamental” (395 U.S. 390).\nperiencias sociales, políticas, estéticas y morales”. 93 La FCC otorgaba a los radiodifusores un monopolio sobre cierta frecuencia a cambio de un servicio público; esto es, de la cobertura de cuestiones públicas y de la representación equilibrada de los distintos puntos en los debates sig- nificativos. De este modo, los medios de difusión tenían la exigencia legal de “presentar las opiniones representativas de la comunidad en cuestiones controvertidas”. 94 En otras palabras, el centro de la cuestión no residía en el derecho de los trasmisores al micrófono, sino en el de- recho de la audiencia a la información. Se privilegia a la audiencia por- que está constituida, en principio, por un público comprometido en el esfuerzo de un autogobierno racional. Un gobierno democrático sólo es atractivo cuando se pueden representar las distintas alternativas y exis- te una posibilidad viable de refutación. El derecho de cualquier ciuda- dano a ejercer sus capacidades racionales mediante la participación en la deliberación colectiva carece de significado al menos que los indivi- duos habiten en un espacio público en el que las alternativas relevantes estén abiertas a consideración las alternativas relevantes. Tal y como lo entendió la Corte en Red Lion, la autonomía editorial debe limitarse para preservar el derecho del público a conocer y, así, formar sus opiniones de forma racional, preservando su capacidad para el autogobierno. Cinco años más tarde, en Miami Herald v.Tornillo, 95 la Corte recha- zó una Ley de Florida en la que se exigía que los periódicos dieran, a los políticos atacados en una contienda electoral, una libre oportunidad de réplica. Aparentemente, la Primera Enmienda creó privilegios monopólicos para negar a la gente la libertad de expresión, incluidos los candidatos a un cargo público. En una decisión telegráfica, la Corte sostuvo que las leyes de derecho a réplica inhibían un debate robusto. Dos años antes, respaldando una ley que exigía que los periodistas di- vulgaran sus fuentes en los procesos frente a un gran jurado, la Corte parecía relativamente indiferente a los efectos de enfriamiento que po- día generar el control gubernamental de la prensa. 96 Pero Miami Herald introduce la justificación del efecto de enfriamiento en el corazón de la Primera Enmienda. Como es bien sabido, no se hace ninguna mención\n93 395 U.S. 390.\n94 395 U.S. 394.\n95 418 U.S. 241, 1974.\n96 Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665, 1972.\na Red Lion, dejando poco clara la constitucionalidad de la regulación\nsobre medios de telecomunicación, y no de prensa escrita, bajo la cláu- sula de igual protección de la Constitución. La premisa doctrinal subyacente en Miami Herald tiene dos partes:\n(1) la Primera Enmienda sirve como un escudo para proteger la auto- nomía editorial, y (2) la Primera Enmienda no concede ninguna protec- ción contra la censura privada. Desde el punto de vista constitucional, una expresión obligatoria no es muy diferente de una expresión prohi- bida. Como representante de la mayoría, Burger sugirió que los edito- res tenían un derecho protegido por la Primera Enmienda a ser\ninequitativos: “sin duda, una prensa responsable es un objetivo desea- ble, pero la prensa responsable no es prescrita por la Constitución y, como otras muchas virtudes, no puede ser legislada”. 97 Que la respon- sabilidad periodística puede ser legislada queda demostrado por la per- sistencia (si bien atenuada) de las leyes contra la difamación. No obs- tante, la Corte sostuvo que los agentes del gobierno no pueden obligar\na los editores a publicar una información que prefiere reservarse sobre\nla base del derecho del público al libre flujo de información. En este\nsentido, White escribió:\nDesde luego, la prensa no siempre es veraz, o incluso, responsable, y puede que no presente un debate público de manera completa y equitati- va. Pero el balance establecido por la Primera Enmienda respecto de la prensa es que, en ocasiones, la sociedad tiene que tomar el riesgo de que ciertos debates sobre cuestiones vitales puedan no ser exhaustivos y de que no todos los puntos de vista sean expresados. 98\nEl gobierno y sus agentes merece desconfianza. Como resultado de ello, “nunca hemos creído que la Primera Enmienda permita que los funcionarios dicten a la prensa el contenido de sus columnas de noti- cias ni el sentido de sus editoriales”. 99 Los periódicos se abstendrían de discutir asuntos importantes, o sobre individuos importantes, con tal de evitar la manipulación asociada con el acceso forzoso. El acceso forzo- so penalizaría a la prensa, inhibiendo sus críticas a los funcionarios públicos y generando una intromisión en las funciones de los editores.\n97 418 U.S. 256.\n98 418 U.S. 260.\n99 418 U.S. 261.\nHaciendo referencia a la “pesada mano del gobierno”, White concluyó que la misma clase de interferencia en la autonomía editorial que tan señaladamente había apoyado en Red Lion, en este caso resultaba in- constitucional. Según Lee Bollinger, la yuxtaposición entre Miami Herald y Red Lion no es necesariamente una señal de incoherencia judicial, de la oscuri- dad de la Primera Enmienda, o de una proclividad irreflexiva de la Corte al incrementalismo. Por el contrario, la Corte fue mucho más inteligente de lo que pensaba, estableciendo un “delicado balance” entre valores rivales dentro de la Primera Enmienda. 100 Para parafrasear la ya famo- sa afirmación de Bollinger: la Corte hubiera querido distinguir entre los medios como un ejercicio de la libertad que refuerza la democracia y los medios como una ejercicio que deshabilita al poder. Pero, la no re- gulación de los medios, simultáneamente promueve y restringe el de- bate. Aunque las cadenas de televisión y los grupos de periódicos son conglomerados que restringen la competencia, también cumplen impor- tantes funciones antimonopólicas (de manera notable, impiden que el gobierno tenga el monopolio sobre le flujo de información). Como re- sultado de ello, la Corte se enfrentaba a un dilema; y, de nuevo, resol- vió el problema poéticamente. La distinción que hizo entre los medios electrónicos y los medios impresos era, sin duda, poco sólida. Así, aun- que por sí misma muy dudosa, la línea trazable simbolizaba una línea intrazable. Una distinción implausible permitía a la Corte formular dos importantes principios constitucionales: (1) el gobierno merece descon- fianza y (2) los detentadores de poder privado, también. 101\n100 Bolliger, “Freedom of the Press and Public Access”, p. 27.\n101 En Columbia Broadcasting System v. Democratic National Committee, la Corte se atri- buló sobre si la censura del gobierno respecto de los medios con licencia administrativa consti- tuía, o no, “un acto de gobierno” (state action); por lo que, en tal caso, estaría prohibida por la Primera Enmienda. Este debate parece particularmente estéril. Resulta claro que la posibilidad de disfrutar cualquier derecho privado presupone algún tipo de acción por parte del gobierno (por ejemplo, el mantenimiento del orden público y la imposición de las normas sobre propiedad y sobre los contratos). La “privación de la propiedad” está constitucionalmente prohibida, con in- dependencia de que los “privadores” sean funcionarios públicos o agentes privados (¿es que las cláusulas de expropiación le dan al robo un estatus constitucional?). ¿Qué impide que digamos, análogamente, que la supresión de la libertad de expresión es regulable, con independencia de que ésta se efectúe por el gobierno o por la prensa?\nAlgunos problemas de la regulación del acceso\nEn Red Lion hay más problemas que el conflicto no resuelto en Miami Herald (si es que debemos considerarlo todavía como no resuelto). Voy a resumir esos problemas en la forma de un comentario al argumento de Judith Lichtenberg a favor de la regulación del acceso. 102 Ninguna de mis críticas implica la inconstitucionalidad de la regulación del ac- ceso, pero postulan (creo) algunas dudas acerca de la prudencia de esta política. El argumento fundamental en contra de la posición de Lichtenberg, por otro lado muy atractiva en distintos aspectos, es que tiende a sub- estimar la justificación liberal de la desconfianza al gobierno. Como resultado de ello, parece exigir más del gobierno de lo que éste puede dar. Ciertamente, el gobierno no puede garantizar la realización de la Primera Enmienda, como ella sugiere en ocasiones. No existe una co- misión reguladora que pueda asegurar una igual capacidad para comu- nicar o garantizar que todos tengan algo interesante que decir, que la audiencia entenderá cuando la gente haga públicas sus opiniones. Es más, parece poco probable que la regulación de la FCC vaya a contri- buir a que los medios sean más representativos de lo que ha sido algún poder del gobierno alguna vez. Ni siquiera un PR estricto garantizaría la representación de todas las opiniones minoritarias en una asamblea nacional. En ocasiones, Lichtenberg sugiere que un incremento en la interven- ción del gobierno, de hecho, incrementaría la independencia de los medios respecto del gobierno, al prevenir la extralimitación de los me- dios. Pero ¿no supone, acaso, cada regulación dirigida a convertir a los medios en un “foro neutral” una disminución en su capacidad para ac- tuar como un moscardón partisano, que investiga y critica al gobierno de forma agresiva? Incluso un esquema parcial de regulación permite la revancha contra los periódicos: una administración que ha sufrido críticas puede amenazar con no renovar las licencias de transmisión de una estación que es propiedad del dueño de un periódico. 103 Por últi-\n102 Judith Lichtenberg, “Foundations and Limits of Freedom of the Press”, en Democracy and the Mass Media, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.\n103 Para este argumento y otras críticas de Bollinger desde una perspectiva de “libre merca- do”, ver, Matthew L. Spitzer, Seven Dirty Words and Six Other Stories (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986), pp. 43-66.\nmo, ¿cómo puede evitarse que las reglas que regulan el ataque perso- nal, que requieren una notificación, que se provea de un manuscrito ofensivo y algún arreglo para la réplica, no reduzcan el nivel de cober- tura electoral? Incluso aunque la FCC evalúa el desempeño de los trans- misores en general, y no programa a programa, un monitoreo perma- nente previsiblemente tendrá un efecto inhibidor. Lichtenberg sostiene correctamente que la prensa debe ser indepen- diente no sólo del gobierno sino del poder del dinero. Sin embargo, el culpar al “dinero” de la parcialidad de la prensa en ambiguo es incom- pleto. Como ella misma hace notar, la manipulación de la prensa por parte de los acaudalados es muy diferente de la decisión de los gestores de los medios de trasmitir una programación que le guste al público (y que, por tanto, atraiga a la publicidad). La tradición constitucionalista liberal deja bien claro que el poder privado puede limitarse por propó- sitos públicos. Ahora bien, en el segundo caso, no parece que haya nin- guna exigencia constitucional para la regulación. Me cuesta trabajo creer que los programadores de las televisoras consideren la “zafiedad” como una técnica infalible para mejorar sus niveles de audiencia. Pero si la mayoría de la gente quiere zafiedad, ¿qué autoriza al gobierno para enseñarles diligencia y sofisticación?. 104 Es más, el tratamiento de los medios de cuestiones importantes puede ser parcial aun cuando el di- nero no ejerza su perniciosa influencia. Puede ser, simplemente, que las empresas sean demasiado estúpidas, poco imaginativas, o ideológica- mente rígidas (por razones psicológicas, no económicas) como para tener un manejo firme de los distintos puntos de vista razonables. Pero la intervención gubernamental para compensar la torpeza de los reporte- ros no parece tan concordante con los valores liberales como la preven- ción de que los ricos puedan ahogar las voces de los pobres. Es más, como la misma Lichtenberg señala, “Todas las noticias de los medios favorecen a los más articulados ante los menos articulados”. 105 También la vida hace lo mismo; como, por su parte, aunque con mayor pertinen- cia, lo hace el estilo asambleario de dirigir la democracia. Pero, ¿puede compensar el gobierno las disparidades en la credibilidad generadas por tan extraños factores como la buena apariencia o la dicción euforizante?\n104 Acerca de la regulación de la FCC respecto de la zafiedad en la cobertura política, ver Columbia Broadcasting System v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 112 (1973). 105 Ibid., p. 10.\nSi he entendido bien, el argumento fundamental de Lichtenberg es que en ámbito de la regulación de los medios masivos de comunicación no hay conflicto de valores constitucionales. 106 Sólo hay un valor (i.e., la equidad, o diversidad, o multiplicidad de voces) y las disputas se re- fieren exclusivamente a la mejor forma de realizarlo. Yo prefiero con- siderar que aquí hay dos valores en cuestión (la desconfianza en el po- der público y la desconfianza en el poder privado) y que la tradición constitucionalista liberal nos obliga a establecer algún tipo de balance entre los dos. Pero esta es en buena medida una disputa verbal, pues probablemente estos principios pueden describirse como uno 107 . Más al grano: la justificación que invoca Lichtenberg a favor de la regulación del acceso no ordena ni la equidad ni la diversidad. Lo que, en última instancia, queremos, no es tener todas las opiniones equitativamente representadas, ni siquiera tener una variedad de opiniones. Para que la libertad de expresión realice sus funciones posibilitadoras de la demo- cracia, lo que los medios deben presentar es un amplio espectro de opi- niones inteligentes, informadas y reflexivas. 108 La propia Lichtenberg reconoce esto cuando distingue, de manera muy útil, entre las funcio- nes informativas, representativas y críticas de la prensa. 109 Puede ser que el mejor crítico sea poco representativo o, incluso, impopular. 110 En un sentido contrario, si mi opinión “no merece” ser expresada, ¿se debe forzar a la prensa a publicarla sobre la base de la equidad? Desde lue- go, afirmar que sólo debe exigírsele a la prensa que publique puntos de vista “inteligentes”, debilita el argumento a favor de la regulación del acceso. Reguladores poco inteligentes pueden ser capaces de imponer estándares en cierto modo mecánicos, como la igualdad y la diversidad, pero, sin duda, no debe confiárseles la decisión sobre qué opiniones son interesantes o inteligentes. 111\n107 Es probable que se abuse de cualquier poder (público y privado), por lo que se debe des- confiar de éste.\n108 Alexander Meiklejohn, Political Freedom, p. 26.\n109 Lichtenberg, “Foundations”.\n110 El juez Brennan argumentó respecto de la insuficiencia de la doctrina de la equidad exac-\ndefinición, la Doctrina de la Equidad tiende a perpetuar\nla cobertura de las “voces y opiniones” que ya están establecidas, mientras que fracasan a la hora de facilitar la exposición del público a las “voces y opiniones” novedosas, heterogéneas y no representativas de la opinión prevaleciente” (Columbia Broadcasting System v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 190, Brennan disintiendo).\ntamente de la siguiente manera: “\n111 Jeremy Bentham no defendía la libertad de prensa sobre la bases a priori o doctrinarias, sino sólo después de haber evaluado los costos y beneficios. “La libertad de prensa tiene sus\nEn ocasiones, Lichtenberg acusa a la prensa de ser sobrerepresentativa (dándole a los espectadores lo que quieren) y, en otros casos, de no ser suficientemente representativa (rechazando los puntos de vista de las minorías). Pero la cuestión fundamental puede ser, ¿qué tipo de repre- sentante debe ser la prensa, un delegado o un fiduciario? Si los medios son delegados, desempeñan sus funciones cuando prestan “servicios a quienes los nombran”, esto es, cuando expresan a sus propios y espe- ciales “electores”. Pero si los medios se consideran como “encargados” responsables –que es lo que el término “fiduciario” quiere decir– ¿no deben tener entonces los editores algún derecho independiente para decidir que puntos de vista merecen ser escuchados?\nMás allá de la regulación del acceso\nSi el gobierno publicara los precios en un lugar visible fuera del ba- zar, los vendedores no podrían beneficiarse inequitativamente (i.e., no competitivamente) de la torpeza de los clientes. Al igual que otros mercados, el libre mercado de las ideas puede hacerse más competiti- vo mediante al intervención del gobierno. La historia del derecho de propiedad intelectual, por no mencionar la educación financiada median- te impuestos, muestra que una teoría profiláctica de la libertad de pren- sa es inadecuada. La primera enmienda no es sólo un escudo contra la indeseable interferencia del gobierno. Incluso un estado mínimo o es- tado policía tiene que jugar un papel positivo importante para facilitar la comunicación, esto es, en incrementar el poder productivo del inter- cambio intelectual.\ninconvenientes; sin embargo, los males que podemos esperar de ella no se comparan con los de la censura”. La censura hará imposibles nuevos descubrimientos y la difusión de importantes verdades, por lo que impedirá “el pleno progreso de la mente humana”. Pero el argumento bási- co de Bentham contra la censura es que muy probablemente los propios censores serán “hom- bres inferiores”, demasiado estúpidos como para confiarles la tarea de que decidan en secreto lo que debe o no debe ser publicado (Bentham, “Principles of the Penal Code”, A Theory of Legislation [Bombay, Tripathi, 1975], p. 228). De hecho, para casi la totalidad de los autores en la tradición del constitucionalismo liberal, el argumento básico contra la regulación gubernamental de la prensa era la desconfianza en el gobierno. A menudo, la autoridades son autointeresadas e, incluso, maliciosas. Pero la justificación más importante para esta “supervisión y prevención” es que los agentes del Estado usualmente tienen poco seso.\nLos mercados no se limitan a dar a las personas lo que ellas desean. Los vendedores no sólo satisfacen las preferencias, sino que las mol- dean. Como consecuencia de esto, no podemos justificar un mercado de manera plausible invocando las preferencias (ostensiblemente inde- pendientes) que ese mercado satisface. 112 Dado que hoy en día las refe- rencias son perfiladas por todo tipo de poderes (incluidos, por ejemplo, los medios de comunicación), no hay ninguna buena razón por la que deba impedirse constitucionalmente que la mayoría ejerza, a través de sus representantes, este poder de conformación de las preferencias. Originalmente, la concesión de las franquicias fue justificada como una técnica para crear un interés en los asuntos públicos por parte de los no votantes. El gusto por la política es un gusto adquirido –mediante el estímulo de las reformas jurídicas–. La oferta crea a la demanda, y las oportunidades estimulan a la gente a desarrollar sus capacidades. Incluso una limitada oportunidad para influir en los asuntos políticos genera el incentivo para desarrollar, en una primera instancia, opiniones y prefe- rencias informadas. Para ayudar a que la población en su conjunto de- sarrolle un gusto cultivado por una discusión educada de los asuntos públicos, la mayoría puede, por ejemplo, establecer bibliotecas públi- cas. Sobre la base de la teoría de que las preferencias se forman de una manera más racional en la presencia de información acerca de las al- ternativas, un estado democrático puede utilizar su autoridad para ex- tender ciertos puntos de vista interesantes y para exponer a los ciuda- danos a ellos. En otras palabras, tanto la regulación del acceso como la doctrina de la equidad encajan en el espíritu liberal de la tradición política de la Constitución de Estados Unidos. No obstante, estos controles sobre las transmisiones puede ser –y de hecho, han sido– criticados sobre la base de razones prácticas. De hecho, el argumento más devastador contra este tipo de regulación es que puede tener un efecto inhibidor de un debate amplio y robusto, sobre todo en la beneficiosa crítica a las autoridades públicas. Si de hecho reduce la variedad de puntos de vista a los que queda expuesto el público, la justificación de la doctrina de la equidad queda derrotada por su propia justificación. Afortunadamente, la FCC tiene a su disposición medios menos agre- sivos para obtener el mismo resultado deseable. La reglas sobre la pro- piedad compartida (cross-ownership), por ejemplo, cumplen la misma función, sin involucrar al gobierno en funciones editoriales; y la Sherman\nAct puede utilizarse para evitar boicots de los grupos a personajes con- trovertidos. Es más, la propuesta de Henry Geller de una tasa de espec- tro, a cargo de las cadenas y con el objeto de subsidiar a la televisión pública, parece una técnica mucho más efectiva para garantizar la di- versidad que cualquier regulación de control del contenido. La propuesta de establecer un impuesto sobre el espectro, y utilizar sus productos para apoyar soportes alternativos, liberándolos de las exigencias de la gene- ración de beneficios, tiene el origen en uno de los más poderosos de- fensores de la libertad de expresión. Aunque era escéptico respecto del poder del Estado, John Stuart Mill abogaba por “la mayor centraliza- ción posible de la información, y la difusión desde el centro. 113 Mill uti- lizó deliberadamente la atemorizante palabra “centralización” para de- mostrar que la intervención efectiva del gobierno en esta materia no tiene por qué ser intrusiva. De hecho, distinguia claramente entre su propuesta de funciones del gobierno, proveedoras de información y creadoras de alternativas, y su capacidad coercitiva para prohibir ciertas acciones o para prescribir lo que se tiene que hace y cómo hacerlo:\nHay otro tipo de intervención que no es autoritativa: cuando un gobier- no, en vez de emitir una orden respaldándola mediante penas, adopta el curso de acción, a menudo utilizado por los gobiernos y del que tanto provecho puede obtenerse, de dar consejo y emitir información; o cuan- do deja que los individuos persigan sus propios medios objetos de inte- rés genera sin inmiscuirse, pero sin dejar el asunto completamente en sus manos, establece a lado de sus arreglos los medios propios para sus ob- jetivos. 114\nEl medio menos drástico por el que la FCC puede garantizar la di- versidad en las transmisiones es abandonando cualquier forma de regu- lación de contenidos e incrementando substancialmente los subsidios a la televisión y a la radio públicas. 115 Esta es más o menos la propuesta que apoyaba Thomas Emerson: olvídense de la equidad y concéntrense\n112 Sobre este punto, ver Cass Sunstein, “Legal Interference in Private Preferences”, University of Chicago Law Review 53 (1986): 1129-74.\n113 J.S. Mill, “On Liberty”, en Essays on Politics and Society, p. 309.\n114 J.S. Mill, Principles of Political Economy, 1848, vol. 2, p. 443.\n115 Según Geller, los concesionarios estarían dispuestos a aceptar el impuesto al espectro sin protestar, a cambio de verse liberados de distintas formas de supervisión por parte de la FCC.\nen generar más emisoras. 116 Desafortunadamente, la regulación de con- tenidos promueve la autocensura, generando una reducción neta de la diversidad. Afortunadamente, la exigencia constitucional de interven- ción positiva del Estado, implícita en la protección de la libertad de prensa, puede satisfacerse de otras maneras.\n116 Thomas Emerson, The System of Freedom of Expression, Nueva York: Random House, Vintage 1971, p. 671.\nDocuments similaires à Reflexiones sobre la Regulación de los Medios de Com.\nFicha Seguridad 2 Corte\nPlus de Alma Edith Cervantes\nActa de Declaracion Jurada\nLaura Pabon Beltran\nMolas MDL - Catálogo