Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (Ley 7/2013, de 27 de septiembre) - Normativa de Castilla y León - Legislación - VLEX 465015617\nLey de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (Ley 7/2013, de 27 de septiembre)\nTÍTULO I. De la Ordenación del Territorio - arts. 3 a 9\nTÍTULO II. De los Servicios en el Territorio\nCAPÍTULO I. Los Servicios Autonómicos en el Territorio - arts. 10 a 13\nCAPÍTULO II. Coordinación Interadministrativa y eficiencia de los servicios - arts. 14 a 18\nCAPÍTULO III. Atribución de competencias - arts. 19 y 20\nTÍTULO III. De la Gobernanza Local\nCAPÍTULO I. Principios Generales - arts. 21 a 23\nCAPÍTULO II. La Administración Electrónica y el Gobierno Abierto - arts. 24 a 29\nCAPÍTULO III. De la delegación de competencias y encomienda de gestión - arts. 30 y 31\nTÍTULO IV. De las Mancomunidades de Interés General\nCAPÍTULO I. Régimen General - arts. 32 a 36\nCAPÍTULO II. Las Mancomunidades de Interés General Rurales - arts. 37 a 41\nCAPÍTULO III. Las Mancomunidades de Interés General Urbanas - arts. 42 a 45\nCAPÍTULO IV. La provincia en relación con las mancomunidades de interés general rurales - arts. 46 a 51\nCAPÍTULO V. Personal y Régimen Económico Financiero - arts. 52 a 59\nTÍTULO V. De la fusión de Municipios - arts. 60 a 63\nDISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Enclave de Treviño\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. La Comarca de El Bierzo\nDISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Adaptación progresiva de los servicios autonómicos rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales\nDISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de uso especial y de uso general\nDISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Mapa concesional de transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Implantación de la Administración electrónica en el ámbito local\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Integración de centros residenciales de las corporaciones locales\nDISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Mancomunidades de interés general rurales de municipios que estén en el entorno de un municipio de más de 20.000 habitantes o aquellos a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 5\nDISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Primera ocupación en destino definitivo del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Eficacia en el sostenimiento en común de un puesto único y primera ocupación en destino definitivo\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOPRIMERA. Reestructuración de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal sostenidos en común\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA. Mancomunidades de aguas\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Convergencia territorial\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Territorios limítrofes de la Comunidad de Castilla y León\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Comisión Parlamentaria\nDISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Modificación de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Modificaciones y simplificación normativas para evitar duplicidades administrativas\nDISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. Entidades locales menores\nDISPOSICIÓN FINAL NOVENA. Participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León\nNorma citada en: 8 sentencias, 12 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas\nPromover con las inversiones públicas las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica y del empleo con criterios de cohesión social y equilibrio territorial.\nPromover la igualdad en el acceso a las infraestructuras y servicios públicos, en particular los de titularidad autonómica.\nProteger y gestionar de forma eficiente el patrimonio natural y cultural.\nDelimitar los espacios funcionales para efectuar la ordenación territorial, en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.\nPlanificar y programar los servicios autonómicos, de acuerdo con el modelo territorial, en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.\nPotenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal, en el ejercicio de las competencias exclusivas y de desarrollo normativo y de ejecución de la Comunidad Autónoma.\nARTÍCULO 2 Fines de la ley y conceptos utilizados.\nLa regulación contenida en esta ley, en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera y de los principios rectores de las políticas públicas proclamados en el Estatuto de Autonomía, tiene por finalidad:\nEstablecer una mejor adecuación e implantación en el territorio de las distintas políticas sectoriales desarrolladas por la Administración Autonómica y por las entidades locales de Castilla y León.\nDeterminar el proceso participativo para la configuración de los espacios funcionales para la ordenación territorial.\nLograr una mayor cohesión y solidaridad territorial, potenciando el desarrollo económico y social sostenible y equilibrado de las diversas zonas de la Comunidad Autónoma.\nImpulsar la cercanía a los ciudadanos en la gestión y prestación de los servicios.\nGarantizar el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos de Castilla y León a los servicios públicos prestados por la Administración Autonómica, especialmente a aquéllos que hacen efectivos sus derechos sociales.\nMejorar la gobernanza local y conseguir unos servicios públicos más eficaces y eficientes, que eviten duplicidades administrativas a través de la puesta a disposición de las entidades locales de instrumentos de organización basados en el asociacionismo local de carácter voluntario.\nA los efectos de esta ley, los conceptos sobre la ordenación, servicios y gobierno del territorio, se entenderán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el anexo de la misma.\nTÍTULO I De la Ordenación del Territorio Artículos 3 a 9\nARTÍCULO 3 Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.\nLas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio son espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León.\nLa delimitación de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio se establecerá en un mapa de ordenación territorial.\nLas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio pueden ser rurales o urbanas.\nARTÍCULO 4 Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.\nLa unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural agrupa a municipios iguales o menores de 20.000 habitantes de una provincia, con contigüidad espacial y con características similares, que cumpla alternativamente alguna de las siguientes reglas:\nEn función de su tamaño, que la población total de la unidad básica tenga como mínimo 5.000 habitantes, y como máximo 30.000.\nEn función de la dispersión, que la unidad básica tenga una densidad menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, y como mínimo agrupe a 5 municipios.\nPor razones geográficas singulares, históricas, económicas, medioambientales o de cualquier otra índole, se podrá disponer la configuración de unidades básicas que no cumplan las anteriores reglas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera.\nExcepcionalmente, la unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural podrá agrupar a municipios de más de una provincia.\nLo previsto en este artículo no será de aplicación a aquellos municipios que, sin superar los 20.000 habitantes, conformen una unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5.\nArtículo 4, apartado 4, modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 5 Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas.\nTambién podrán tener esta consideración aquellos municipios que, contando con una población aproximada de 19.000 habitantes disten más de 50 kilómetros de una unidad básica de ordenación y servicios urbana, cuando se integren en una de las áreas funcionales estables previstas en el artículo 8 de esta ley.\nArtículo 5, apartado 2, añadido pasando el anterior contenido del artículo 5 a ser apartado 1, por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 6 Elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.\nLas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, tanto rurales como urbanas, se incluirán en un mapa que será aprobado mediante una norma con fuerza de ley, y que precisará el apoyo de dos tercios de las Cortes de Castilla y León.\nLas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales se delimitarán, a través de su inclusión en el mapa, de acuerdo con el siguiente procedimiento:\nCada delegación territorial de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará un estudio de zonificación y lo elevará a la consejería competente en materia de administración local, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley.\nLa consejería, analizado el estudio anterior, y oídos los plenos de las diputaciones provinciales, que deberán evacuar su informe en el plazo de un mes, elaborará una propuesta inicial de delimitación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y, por lo tanto, del conjunto de municipios que integran cada una de ellas.\nLa propuesta inicial de delimitación del mapa será sometida a audiencia de los municipios y estará sujeta a información pública por parte de la consejería competente en materia de administración local, durante el plazo de un mes, mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».\nPara la constitución de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales que agrupen a municipios de varias provincias será necesario el informe de las diputaciones provinciales interesadas.\nLa consejería, después de analizar las alegaciones presentadas, y previo informe del Consejo de Cooperación Local, formulará una propuesta del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio a aprobar por la Junta de Castilla y León, para su remisión a las Cortes de Castilla y León a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.\nCualquier modificación posterior del mapa seguirá la tramitación prevista en los apartados anteriores.\nARTÍCULO 7 Las áreas funcionales.\nLas áreas funcionales son espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de planificación y gestión.\nLas áreas funcionales pueden ser estables, que perdurarán en el tiempo, o estratégicas, que tendrán una duración determinada.\nARTÍCULO 8 Las áreas funcionales estables.\nEl área funcional estable es aquella integrada por la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana y los municipios de su entorno o alfoz con los que mantiene relaciones funcionales que precisan una planificación conjunta.\nEl área funcional estable quedará constituida por cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas y sus municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos siempre que estén a una distancia aproximada de 15 Kilómetros del municipio de mayor población.\nEn el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 5, el procedimiento para la declaración del área funcional estable podrá iniciarse de oficio por la Administración de la Comunidad de Castilla y León o a solicitud de los municipios interesados. En el segundo caso, dicha solicitud deberá ir acompañada de la manifestación favorable del municipio de mayor población y como mínimo de un tercio del resto de municipios que cumplan los criterios previstos en el artículo 8.2, o bien del municipio de mayor población y de un número de estos municipios que representen un tercio de la población del área excluido el municipio de mayor población.\nCuando existan dos o más unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas colindantes, todas ellas se integran en una única área funcional estable, bajo la denominación de aquella que sea la capital de provincia o tenga mayor población.\nLas áreas funcionales estables, con audiencia de los municipios afectados y del pleno de la diputación provincial correspondiente, y previo informe del Consejo de Cooperación Local, serán declaradas mediante una norma con fuerza de ley, que precisará el apoyo de dos tercios de las Cortes de Castilla y León.\nSi se produjera una fusión de municipios y uno de ellos no estuviera incluido en el área funcional estable, la modificación del área se declarará, a propuesta de la consejería competente en materia de administración local, mediante decreto de la Junta de Castilla y León, previa la audiencia y el informe previsto en el párrafo primero del apartado anterior.\nArtículo 8, apartado 2, párrafo cuarto, añadido por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 9 Las áreas funcionales estratégicas.\nSe podrán constituir áreas funcionales estratégicas integradas por una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o por varias contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias extraordinarias.\nEl área funcional estratégica se delimitará mediante el correspondiente instrumento de ordenación del territorio de ámbito subregional, indicando las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que la integran.\nLas áreas funcionales estratégicas se extinguirán una vez alcanzados los objetivos perseguidos o cumplido el plazo previsto, todo ello de acuerdo con el instrumento de ordenación que las creó.\nTÍTULO II De los Servicios en el Territorio Artículos 10 a 20\nCAPÍTULO I Los Servicios Autonómicos en el Territorio Artículos 10 a 13\nARTÍCULO 10 El mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y los servicios autonómicos.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizará como base territorial para la planificación y programación de sus servicios urbanos y rurales, cuando el ámbito funcional deba ser inferior al de la provincia, la unidad básica de ordenación y servicios del territorio.\nEn aquellos casos en que sea preciso atender espacios de mayor extensión, siempre que el ámbito funcional sea inferior al de la provincia, la Administración Autonómica podrá prever la planificación y programación de esos servicios a través de varias unidades básicas de ordenación y servicios completas.\nLa normativa autonómica sectorial correspondiente determinará el mínimo y el máximo de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio, tanto rurales como urbanas, para efectuar la zonificación de los servicios autonómicos, dentro del plazo fijado en la disposición adicional tercera.\nCuando por motivos de eficacia la prestación del servicio autonómico en el territorio aconseje un ámbito de prestación que no coincida exactamente con la unidad básica, éste se podrá acordar de forma motivada en la normativa sectorial correspondiente. En todo caso, deberá respetarse la coincidencia sustancial con la unidad básica.\nLos servicios autonómicos que se presten en un ámbito territorial provincial o superior se regirán por su normativa específica, con independencia, en su caso, de su ubicación en el territorio.\nLas demarcaciones establecidas en el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio se incorporarán al plan estadístico de Castilla y León, de forma que pueda hacerse un seguimiento de la convergencia económica y demográfica, así como de los indicadores de acceso y calidad de los servicios.\nARTÍCULO 11 Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito rural.\nPara la prestación de la asistencia sanitaria, cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios.\nPara la prestación de los servicios sociales básicos, cada zona de acción social deberá comprender un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de tres.\nPara la prestación de la educación obligatoria, cada zona educativa deberá comprender un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de cinco.\nPara la prestación de los servicios de salud pública, cada demarcación de salud pública deberá comprender un mínimo de dos unidades básicas de ordenación y servicios y un máximo de seis.\nARTÍCULO 12 Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano.\nARTÍCULO 13 Igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios autonómicos.\nCAPÍTULO II Coordinación Interadministrativa y eficiencia de los servicios Artículos 14 a 18\nARTÍCULO 14 Medidas de colaboración interadministrativa en el desarrollo de competencias propias.\nCon pleno respeto a las competencias propias, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales podrán promover, mediante los correspondientes convenios, la creación de oficinas integradas en las que de forma común se puedan prestar los servicios de información, registro y, en su caso, tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos. El ámbito de actuación de la oficina coincidirá con la unidad básica de ordenación y servicios del territorio, y se ubicará de forma estable en el lugar donde se acuerde, sin perjuicio de que, constituida la mancomunidad de interés general rural prevista en el Capítulo II del Título IV de esta ley, ésta pueda participar en la misma.\nDe igual forma, las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias en materia de administración electrónica para hacer posible, entre ellas, el intercambio de información entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales, homogeneizando modelos tipo que lo faciliten.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León efectuará cuantas medidas de divulgación y gestión sean necesarias para hacer efectiva la presencia de las entidades locales en el Sistema de Información del Mercado Interior establecido en el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.\nARTÍCULO 15 Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio.\nAl amparo del artículo 100 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, mediante orden de la consejería competente en materia de administración local se crearán las Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio, con la finalidad de servir de órgano para el estudio y colaboración entre cada delegación territorial de la Junta de Castilla y León y la correspondiente diputación provincial.\nLas Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio arbitrarán los mecanismos de colaboración oportunos entre las distintas administraciones para el ejercicio de competencias concurrentes que respectivamente puedan tener atribuidas, especialmente en relación con la prestación de servicios en el ámbito provincial, en las competencias o funciones siguientes:\nPromoción y difusión en materia de museos, teatros, patrimonio cultural y salas de exposiciones.\nMedidas de fomento del desarrollo económico y social, así como de inserción laboral, dirigidas a determinados sectores.\nPromoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y prevención y sensibilización contra la violencia de género.\nProtección y asistencia ciudadana y, específicamente, la campaña de seguridad invernal por nevadas.\nARTÍCULO 16 Competencias y funciones concurrentes.\nARTÍCULO 17 Duplicidad de competencias o funciones .\nLos entes locales de Castilla y León, para evitar la duplicidad de competencias o funciones, prestarán únicamente aquéllas amparadas por una norma que les atribuya la competencia o pormenorice la función correspondiente o que les habilite para ejercerla.\nLas duplicidades de competencias o funciones, en todo caso, serán objeto de corrección mediante la correspondiente modificación normativa, respetando la garantía institucional de las entidades locales, en los términos previstos en la disposición final séptima.\nLa mejor cobertura de las necesidades y demandas ciudadanas en el ámbito de la acción pública se podrá plantear por cualquiera de las partes, para su estudio y solución, en los órganos de coordinación y cooperación entre la Administración de la Comunidad y los entes locales previstos en el Estatuto de Autonomía, en la legislación sobre régimen local o en esta ley.\nARTÍCULO 18 Pormenorización de funciones en las normas autonómicas.\nCAPÍTULO III Atribución de competencias Artículos 19 y 20\nARTÍCULO 19 Atribución de competencias.\nLas entidades locales de Castilla y León ejercerán las competencias y funciones, en las materias que se prevean, en el marco de la legislación básica del Estado, de la Ley de Régimen Local de Castilla y León y de lo previsto en esta ley.\nLas normas de la Comunidad de Castilla y León que atribuyan, transfieran o deleguen competencias a los municipios o los reglamentos que pormenoricen sus funciones, deberán valorar, conforme a los principios de autonomía, subsidiariedad, eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los criterios de capacidad de gestión y capacidad financiera, teniendo en cuenta los tramos de población siguientes:\nMunicipios con una población menor o igual a 1.000 habitantes.\nMunicipios con una población mayor de 1.000 habitantes y menor o igual a 5.000 habitantes.\nMunicipios con población mayor de 5.000 habitantes y menor o igual a 20.000 habitantes.\nMunicipios con una población mayor de 20.000 habitantes.\nLa valoración económica de los servicios públicos, a efectos de eficiencia y sostenibilidad presupuestaria o de eventual traspaso entre administraciones, se atendrá siempre al coste efectivo de los mismos.\nSe garantiza la titularidad y el uso público del patrimonio propio o comunal que administran las entidades locales, respetando las decisiones que a este respecto puedan adoptar en el ejercicio de su autonomía, en las que deberán tener preferencia absoluta la prestación de los servicios mínimos y esenciales y el respeto al principio de cohesión territorial y solidaridad dentro del municipio.\nARTÍCULO 20 Memoria de implantación del servicio.\nTÍTULO III De la Gobernanza Local Artículos 21 a 31\nCAPÍTULO I Principios Generales Artículos 21 a 23\nARTÍCULO 21 Descentralización.\nARTÍCULO 22 Eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.\nLa gestión de los recursos de los entes locales de Castilla y León se regirá por los principios de eficiencia, calidad y transparencia, que deberán presidir la planificación, programación y prestación de sus acciones y políticas públicas, e implicará la evaluación de sus resultados.\nLos entes locales de Castilla y León aplicarán, en su ámbito propio, políticas de control del gasto y mejora de la gestión y, en todo caso, se sujetarán, en su acción de gobierno a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.\nARTÍCULO 23 Proporcionalidad.\nCAPÍTULO II La Administración Electrónica y el Gobierno Abierto Artículos 24 a 29\nARTÍCULO 24 Administración electrónica.\nARTÍCULO 25 Principios del gobierno abierto local.\nARTÍCULO 26 Transparencia.\nLos entes locales de Castilla y León, y el sector público de los mismos integrado en el Inventario del Sector Público Local, garantizarán en el ejercicio de la gestión pública la efectividad del principio de transparencia, tanto en la adopción de decisiones como en su actividad pública, facilitando a la ciudadanía información constante, veraz y objetiva sobre su actuación.\nLos entes locales de Castilla y León y el sector público de los mismos publicarán, de forma periódica y actualizada, cuanta información sea relevante para garantizar la transparencia de su funcionamiento y actuación, con el alcance, en los términos y con los límites previstos en la legislación básica del Estado en la materia.\nA estos efectos, deberán publicar esa información en sus sedes electrónicas o páginas web o mediante otras técnicas de información y comunicación.\nARTÍCULO 27 Derecho de acceso a la información pública.\nARTÍCULO 28 Participación y colaboración ciudadana.\nLos entes locales de Castilla y León garantizarán la participación de las personas en el diseño de sus políticas y en la gestión de los servicios públicos.\nEn particular, los entes locales establecerán mecanismos de consulta y participación que permitan a las personas formular sus opiniones, propuestas o sugerencias.\nDe igual forma, los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales deberán promover procedimientos participativos específicos encaminados al fomento del dialogo social como factor de cohesión social y progreso económico.\nARTÍCULO 29 Ética pública y buen gobierno.\nCAPÍTULO III De la delegación de competencias y encomienda de gestión Artículos 30 y 31\nARTÍCULO 30 Delegación de competencias y funciones entre las administraciones locales.\nEn el marco de la normativa vigente, y respetando el principio de autonomía local, por razones de eficacia o eficiencia, las provincias, las entidades locales supramunicipales, los municipios y las entidades locales menores de Castilla y León podrán delegarse entre sí y dentro de su ámbito territorial, competencias y funciones.\nLa delegación, previa constancia de la intención de las partes, se aprobará mediante acuerdo del correspondiente ente local y se publicará en el boletín oficial de la respectiva provincia, debiendo indicarse el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la entidad local delegante y los medios personales, materiales y económicos asignados. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el ente local interesado.\nARTÍCULO 31 Encomienda de gestión entre administraciones locales.\nLas entidades locales de Castilla y León podrán encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia a otras entidades locales con capacidad de gestión, actuando éstas con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares que se puedan dictar.\nLa encomienda de gestión se formalizará mediante convenio suscrito entre las administraciones locales interesadas, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia».\nTÍTULO IV De las Mancomunidades de Interés General Artículos 32 a 59\nCAPÍTULO I Régimen General Artículos 32 a 36\nARTÍCULO 32 Régimen jurídico de las mancomunidades de interés general.\nLas mancomunidades de interés general se regularán por las previsiones que contempla la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León para las mancomunidades, con las especialidades establecidas en el artículo 32 de la misma, y por las previsiones fijadas en esta ley.\nLas mancomunidades de interés general tienen la condición de entidad local de base asociativa y carácter voluntario, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena e independiente de los municipios que la integran, para el cumplimiento de sus fines específicos.\nSu régimen jurídico será el establecido en sus estatutos, que deberán respetar, en todo caso, lo dispuesto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.\nLa asociación de un municipio a una mancomunidad de interés general no podrá afectar a la totalidad de competencias y funciones municipales. El municipio ejercerá por sí mismo aquéllas no incluidas en los estatutos de las mancomunidades de interés general.\nLas mancomunidades de interés general pueden ser rurales o urbanas.\nARTÍCULO 33 Declaración de las mancomunidades de interés general.\nLa declaración de mancomunidad de interés general se efectuará mediante orden de la consejería competente en materia de administración local, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley.\nLa declaración como mancomunidad de interés general estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos en materia de personal:\nEn sus estatutos deberá garantizarse que, en ningún caso, se dotará de personal eventual o de confianza, o de personal directivo.\nDeberá constar en el expediente el compromiso que garantice que la pertenencia de cualquiera de los municipios a la misma no podrá suponer para dichos municipios asociados, durante los cinco años siguientes a la declaración, gastos de personal propio y gastos como aportación para el personal de la mancomunidad superiores a los anteriores al ingreso en la misma.\nComo garantía de una correcta valoración de las necesidades de personal de cada mancomunidad, se requerirá en el expediente su compromiso de no dotarse de personal propio mediante oferta de empleo durante los tres años siguientes a la declaración de las mancomunidades de interés general, pudiendo sólo acudirse excepcionalmente, de ser preciso, a la contratación laboral temporal.\nARTÍCULO 34 Causas de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.\nCuando hayan cambiado las circunstancias sobre el cumplimiento de los requisitos que sirvieron para proceder a su calificación como de interés general.\nCuando exista un incumplimiento grave de las obligaciones que correspondan a la mancomunidad de interés general.\nARTÍCULO 35 Procedimiento de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.\nLa pérdida de calificación de mancomunidad de interés general se acordará por la consejería competente en materia de administración local, previa audiencia a la mancomunidad por el plazo de un mes, valorándose la voluntariedad y, en su caso, reincidencia, en el incumplimiento de la obligación.\nLa orden de pérdida de calificación será notificada a la mancomunidad de interés general en el plazo de diez días desde su adopción.\nDicha orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se inscribirá, a iniciativa de la propia consejería competente, en el Registro de Entidades Locales.\nARTÍCULO 36 Órganos de gobierno de las mancomunidades de interés general.\nAsamblea de Concejales, de la que formarán parte representantes electos de cada uno de los municipios de la mancomunidad de interés general.\nConsejo Directivo, del que formarán parte determinados miembros de la Asamblea de Concejales elegidos por ésta, y que deberá reproducir en su composición la representatividad de dicha Asamblea.\nPresidente, elegido por y entre los representantes electos de la Asamblea de Concejales.\nCAPÍTULO II Las Mancomunidades de Interés General Rurales Artículos 37 a 41\nARTÍCULO 37 Las mancomunidades de interés general rurales.\nLa mancomunidad de interés general rural es la surgida de la asociación voluntaria entre los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, excepto aquellos casos a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 5, que cumplan los requisitos previstos en esta ley.\nUn municipio no podrá pertenecer a más de una mancomunidad de interés general rural.\nLos estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán posibilitar que sus órganos de gobierno tengan una sede rotatoria.\nLos estatutos de estas mancomunidades deberán contener necesariamente la cartera común y homogénea de materias, competencias y funciones propias de las mancomunidades de interés general rurales.\nSiempre que cumplan los requisitos previstos en esta ley, podrán tener la misma consideración las Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades asociativas tradicionales.\nLas mancomunidades de interés general rurales podrán solicitar su institucionalización como comarcas, en la forma y términos previstos en el artículo 32.4 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.\nArtículo 37, apartado 1, modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 38 Procedimiento de constitución.\nLa iniciativa para la constitución deberá ser aprobada por los municipios que la asuman, que serán todos o algunos de los integrados en una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural, o en varias unidades completas, siempre que se manifiesten favorablemente a la asociación, como mínimo y alternativamente:\nLa mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del cincuenta por ciento de la población global de los municipios integrados en cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.\nLos ayuntamientos que reúnan el setenta por ciento de la población de cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, con independencia de su número.\nEl proyecto de estatutos elaborado por La Asamblea de Concejales se someterá a información pública y, simultáneamente, se recabarán informes del pleno de la diputación o diputaciones provinciales interesadas, y de la delegación o delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León afectadas, que se emitirán en el plazo de un mes.\nAdoptado el acuerdo de aprobación de los estatutos por los municipios interesados, el expediente se remitirá a la consejería competente en materia de administración local, en el plazo máximo de nueve meses desde el momento de la iniciativa.\nARTÍCULO 39 Modificación, supresión o fusión de mancomunidades para constituir mancomunidades de interés general rurales.\nLa modificación de mancomunidades existentes, así como de sus estatutos, para convertirse en mancomunidad de interés general rural, cuando coincida sustancialmente su ámbito territorial con una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o varias completas, se regirá, con las especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley, por lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.\nLa supresión de una o varias mancomunidades existentes, cuyo ámbito territorial no coincida sustancialmente con una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o varias completas, y la simultánea creación de una o varias mancomunidades de interés general rural, se regirá, con las especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley, por lo dispuesto en los artículos 40.2 y 41 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.\nEn los procedimientos previstos en este artículo se incorporará, en todo caso, certificación emitida por el secretario sobre los bienes y derechos de las mancomunidades, la plantilla y la relación de puestos de trabajo de éstas y las competencias y funciones desarrolladas, así como informe de la intervención sobre el estado de cuentas, derechos y obligaciones en vigor por cada competencia y función, y sobre las transferencias para gastos corrientes e inversiones por cada competencia o función.\nEn todo caso, las mancomunidades a suprimir continuarán prestando los servicios públicos que tuvieran encomendados hasta que pasen a ser prestados efectivamente por la nueva mancomunidad de interés general rural.\nLos procedimientos para la modificación de mancomunidades, así como de sus correspondientes estatutos, para la supresión de la mancomunidad o mancomunidades afectadas, incluida su fusión, y para la declaración de mancomunidad de interés general rural, podrán tramitarse paralelamente y tendrán un plazo de caducidad de nueve meses.\nARTÍCULO 40 Reglas de adopción de acuerdos.\nLos estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán contener las normas relativas al sistema de elección de los órganos de gobierno, así como la forma de designación y cese de sus miembros, debiendo ser el Consejo Directivo, en todo caso, representativo de la pluralidad política de la Asamblea de Concejales.\nAsimismo, los estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán contener las normas relativas al sistema de adopción del resto de acuerdos no contemplados en el apartado anterior, determinándose una ponderación de los votos que asigne un valor al emitido por cada uno de los municipios en función de la variable o variables que puedan estipularse.\nARTÍCULO 41 Competencias y funciones.\nLas mancomunidades de interés general rurales incluirán en sus estatutos, en todo caso, una cartera común y homogénea de competencias y funciones de entre las materias previstas en la normativa de régimen local.\nReglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico sobre:\nLas competencias y funciones de las mancomunidades de interés general.\nLas competencias y funciones que deban ejercer desde el momento de su declaración, y los plazos en los que deberán ejercer el resto de las competencias y funciones incluidas en la cartera de servicios, previa audiencia a las diputaciones provinciales.\nLas competencias y funciones a ejercer a través de consorcios provinciales de servicios generales, en los términos previstos en el artículo 51 de esta ley.\nLas competencias y funciones que, siendo de titularidad de los municipios de más de 5.000 habitantes, se puedan asignar a la mancomunidad de interés general por ser de interés mutuo para ambos.\nNo se podrá realizar ninguna actividad administrativa municipal que directa o indirectamente suponga el ejercicio de las competencias mancomunadas.\nCAPÍTULO III Las Mancomunidades de Interés General Urbanas Artículos 42 a 45\nARTÍCULO 42 Las mancomunidades de interés general urbanas.\nLa mancomunidad de interés general urbana es la surgida de la asociación voluntaria entre los municipios con población superior a 20.000 habitantes o aquellos a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 5, y los municipios de su entorno o alfoz que cumplan los requisitos previstos en esta ley.\nLos municipios menores de 20.000 habitantes incluidos en alguna de las áreas funcionales estables de Castilla y León podrán asociarse simultáneamente a una mancomunidad de interés general rural y a una mancomunidad de interés general urbana, siempre que sea para ejercer diferentes competencias y funciones, asignándose las mismas respectivamente conforme a lo regulado en el artículo 45.1.\nQuedan exceptuados de esta posibilidad los municipios con una población aproximada de 19.000 habitantes a los que se refiere el apartado 2 del artículo 5.\nLa mancomunidad de interés general urbana será compatible con la existencia de un área metropolitana, en los términos previstos en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, siempre que sus competencias y funciones sean distintas.\nArtículo 42, apartado 1, modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nArtículo 42, apartado 2, segundo párrafo, añadido por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 43 Procedimiento de constitución.\nAquellos municipios que quieran constituirse en mancomunidad para ser declarada de interés general urbana deberán seguir el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título VI de la Ley de Régimen Local de Castilla y León y en el artículo 38 de la presente ley, con la especialidad de que la iniciativa para la constitución requerirá la manifestación favorable a la asociación al menos del municipio de mayor población y, como mínimo, un tercio del resto de los municipios del área funcional estable o bien los municipios que representen un tercio de la población del área funcional estable excluidos los de más de 20.000 habitantes o aquellos de población aproximada a los 19.000 habitantes a los que se refiere el apartado 2 del artículo 5.\nLa modificación de mancomunidades, así como de sus correspondientes estatutos, y la supresión de la mancomunidad o mancomunidades existentes, incluida su fusión, para convertirse en mancomunidades de interés general urbanas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley en lo que resulte de aplicación.\nArtículo 43, apartado 1, modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nARTÍCULO 44 Reglas de adopción de acuerdos.\nLos estatutos de la mancomunidad de interés general urbana podrán contener las normas relativas al sistema de elección de los órganos de gobierno, debiendo ser éstos representativos de los municipios mancomunados, así como la forma de designación y cese de sus miembros. En todo caso, el Presidente será el que designe el municipio de mayor población.\nAsimismo, los estatutos de la mancomunidad de interés general urbana podrán contener las normas relativas al sistema de adopción del resto de acuerdos, respetando en todo caso las siguientes reglas:\nSólo participarán en la votación los municipios que previamente hayan asignado la competencia o función a la que afecte el acuerdo.\nDeberá determinarse un sistema de ponderación de los votos que asigne un valor al emitido por cada uno de los municipios.\nDefinido el ámbito de la mancomunidad de interés general urbana en sus estatutos, y alcanzado el consenso entre el municipio con mayor población y todos o varios de los municipios interesados sobre la efectiva prestación en común de un servicio por la mancomunidad, y sobre los términos y fórmulas de gestión, dichos municipios acordarán la asignación de la correspondiente competencia o función.\nNo se podrá realizar ninguna actividad administrativa municipal que directa o indirectamente suponga el ejercicio de las competencias previamente asignadas.\nCAPÍTULO IV La provincia en relación con las mancomunidades de interés general rurales Artículos 46 a 51\nARTÍCULO 46 Ámbito competencial de las provincias en relación con las mancomunidades de interés general rurales.\nLas diputaciones provinciales, sin perjuicio de las competencias y funciones que realicen con respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ejercerán estas mismas competencias y funciones respecto a las mancomunidades de interés general rurales, en el marco de las previsiones generales que establece la legislación de bases del régimen local del Estado, de acuerdo con la Ley de Régimen Local de Castilla y León y con las previsiones de esta ley.\nLas diputaciones provinciales, de acuerdo con la legislación de bases de régimen local del Estado, ejercerán al menos las siguientes competencias:\nCoordinación y aseguramiento de servicios de competencia municipal, estableciendo los mecanismos de cooperación para ello.\nAsistencia y cooperación jurídica, económica, técnica y material.\nPrestación de servicios públicos supramunicipales.\nCooperación en el fomento del desarrollo económico y social.\nCooperación en la planificación en el territorio provincial.\nLas diputaciones provinciales, de acuerdo con la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma o del Estado, ejercerán las competencias en aquellos ámbitos materiales que se les atribuyan, o aquéllas que les sean transferidas o delegadas.\nLa Comunidad Autónoma promoverá que se lleven a cabo cuantas medidas resulten oportunas para la actualización de las funciones del ámbito competencial de las provincias.\nARTÍCULO 47 Competencias y funciones.\nLas diputaciones provinciales ejercerán la competencia de coordinación de los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes que presten por sí o asociados, para la garantía de una prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial.\nPara garantizar la prestación integral y adecuada de servicios, las diputaciones provinciales, en el ámbito de la legislación de bases de régimen local, desarrollarán las funciones que se determinen normativamente, y en todo caso las siguientes:\nLa aprobación anual de un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia de los municipios y de las mancomunidades de interés general rurales, que podrá tener una programación plurianual.\nPara asegurar el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, las diputaciones provinciales podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios, a través de planes especiales.\nLas diputaciones provinciales prestarán la asistencia y cooperación jurídica, económica, técnica y material a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión y a las mancomunidades de interés general rurales.\nARTÍCULO 48 Consorcios provinciales de servicios generales.\nARTÍCULO 49 Régimen jurídico de los consorcios provinciales de servicios generales.\nARTÍCULO 50 Constitución de los consorcios provinciales de servicios generales.\nSe constituirá, en su caso, un solo consorcio para la prestación de servicios generales en cada provincia.\nLos estatutos del consorcio provincial de servicios generales deberán contener, en todo caso, su régimen orgánico, funcional y presupuestario, así como la cartera de servicios de ámbito local que van a ser prestados por el consorcio.\nLos órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades locales consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos respectivos, debiendo garantizarse la pluralidad política, institucional y territorial.\nAnte la falta de previsión en los estatutos sobre el sistema de elección de los órganos de decisión o la adopción de otros acuerdos, se ponderará el voto en función de la variable de población de los entes consorciados, asignándose un cincuenta por ciento de los votos totales a la diputación provincial y el resto a las mancomunidades de interés general, y, en su caso, a los municipios, en proporción a su número de habitantes, teniendo cada entidad local como mínimo un voto, correspondiendo en todo caso la presidencia al representante de la diputación provincial.\nARTÍCULO 51 Competencias y funciones de los consorcios provinciales de servicios generales.\nLos consorcios provinciales de servicios generales podrán prestar aquellos servicios de ámbito local de competencia de las diputaciones provinciales o asignados a las mancomunidades de interés general que se refieran a los residuos domésticos o, en su caso, a los residuos comerciales no peligrosos, a los micropolígonos industriales, u otros que se determinen reglamentariamente.\nLos municipios asociados en una mancomunidad de interés general deberán condicionar la asignación de aquellas competencias y funciones que de forma reglamentaria se determinen previamente, a que su ejercicio sea prestado a través de un consorcio provincial de servicios generales.\nCAPÍTULO V Personal y Régimen Económico Financiero Artículos 52 a 59\nARTÍCULO 52 Planificación y gestión del personal.\nLa planificación y gestión del personal de las mancomunidades de interés general tendrá como principios de actuación contribuir a la consecución de:\nLa eficacia en la prestación de los servicios.\nLa eficiencia en la utilización de los recursos humanos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución y movilidad.\nEl respeto a los derechos adquiridos por el personal y, en particular, del procedente de los municipios asociados o de las mancomunidades que se supriman o fusionen para constituir una mancomunidad de interés general.\nLa gestión de personal de las mancomunidades de interés general debe realizarse con estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, respetando los límites de la masa salarial que anualmente pueda prever la legislación correspondiente para las administraciones públicas, aplicándose lo previsto en el artículo 33.2 de esta ley.\nARTÍCULO 53 Régimen del personal al servicio de las mancomunidades de interés general.\nEl personal al servicio de las mancomunidades de interés general, para el cumplimiento de sus fines, se regirá con carácter general por lo dispuesto para el personal al servicio de la administración local en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación y, con carácter específico, en lo dispuesto en esta ley, en sus estatutos y, en su caso, en los reglamentos orgánicos.\nEste personal prestará sus servicios en el territorio de cualquiera de los municipios asociados, de acuerdo con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo.\nLas plantillas y relaciones de puestos de trabajo, la oferta de empleo público y la selección de personal de las mancomunidades de interés general se ajustarán a los criterios fijados en la normativa básica estatal.\nLos estatutos y, en su caso, los reglamentos orgánicos aprobados por la mancomunidad de interés general, deberán contemplar la situación en que quedará su personal en el supuesto de disolución de la misma o en el caso de separación de algún municipio, de acuerdo con lo que disponga la legislación aplicable.\nLe corresponde al Presidente de la mancomunidad de interés general la jefatura superior de todo el personal, que dependerá de él orgánica y funcionalmente.\nEntre la mancomunidad de interés general y los municipios asociados se podrá pactar la encomienda del ejercicio de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios de competencia de la otra administración por parte del personal propio, de acuerdo con su correspondiente cualificación.\nARTÍCULO 54 Criterios relativos a los funcionarios con habilitación de carácter estatal.\nLa ocupación efectiva del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general y de los puestos únicos sostenidos en común por varios municipios se efectuará de acuerdo con los procedimientos establecidos normativamente, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicionales novena y décima.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá eximir a las mancomunidades de interés general rurales de la obligación de mantener los correspondientes puestos de funcionarios con habilitación de carácter estatal.\nEn el marco de la legislación básica del Estado, todos los municipios de menos de 1.000 habitantes o que tengan un presupuesto anual inferior a 1.000.000 euros que se incorporen a una mancomunidad de interés general, deberán sostener en común un puesto único de funcionario con habilitación de carácter estatal con otros municipios colindantes, que en su conjunto superen los limites expuestos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional décima.\nARTÍCULO 55 Personal auxiliar de apoyo al puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal sostenido en común por municipios que estén asociados a una mancomunidad de interés general.\nARTÍCULO 56 La potestad tributaria y el presupuesto de las mancomunidades de interés general.\nEl ejercicio de la potestad tributaria y la aprobación del presupuesto de las mancomunidades de interés general, su ejecución y su liquidación, se regirán por las disposiciones contenidas en la normativa básica estatal y por los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.\nEl estado de ingresos de la mancomunidad de interés general, respecto a la determinación de su contenido, indicará la distribución de los ingresos entre los municipios asociados por cada materia, competencia, y función, mediante las correspondientes aportaciones, en los términos previstos en la normativa estatal.\nEl estado de gastos de la mancomunidad de interés general, respecto a la determinación de su contenido, indicará las previsiones necesarias de distribución de los programas de gastos entre los municipios asociados, en atención a cada una de las materias, competencias y funciones que cada municipio haya asignado a la mancomunidad, de acuerdo con los criterios de reparto previstos en los estatutos y en los términos dispuestos en la normativa estatal.\nARTÍCULO 57 Aportaciones económicas de los municipios asociados a las mancomunidades de interés general.\nLos municipios asociados consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas, diferenciadas por materias, competencias y funciones, para atender las aportaciones comprometidas con la mancomunidad de interés general a la que pertenezcan, y a tal efecto el funcionario habilitado de carácter estatal, en el ejercicio de sus funciones, informará de ello específicamente con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto municipal.\nLas aportaciones económicas de los municipios asociados se realizarán en la forma y plazos que se determinen en los estatutos de la mancomunidad de interés general.\nARTÍCULO 58 Apoyo económico a las mancomunidades de interés general por otras administraciones.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León y las diputaciones provinciales podrán determinar en sus ayudas el carácter preferente de las mancomunidades de interés general rurales para sus materias, competencias y funciones, llegando incluso a una financiación del cien por cien.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la consejería competente en materia de administración local, y de acuerdo con lo que prevean los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para cada año, establecerá una línea de cooperación económica local general destinada a las mancomunidades de interés general.\nLas Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades asociativas tradicionales que cumplan lo dispuesto en el artÃculo 37.5 de esta ley, tendrán derecho a las ayudas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el mismo tratamiento que se otorgue a las mancomunidades de interés general, de acuerdo con los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y Leon de cada año.\nArtículo 58, apartado 3, añadido por la Decreto-Ley 2/2018, de 23 de agosto, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.\nARTÍCULO 59 Coordinación y garantía de eficiencia en el funcionamiento de las mancomunidades de interés general.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León coordinará el funcionamiento de las mancomunidades de interés general, particularmente en materia de normalización de procedimientos técnicos y administrativos y en la creación de soportes que permitan la implantación de plataformas de administración electrónica homogéneas que faciliten la comunicación y cooperación interadministrativa.\nEl cumplimiento de los principios establecidos en al apartado anterior, se acreditará y evaluará en la forma que se determine mediante orden de la consejería competente, pudiendo tomar en consideración también los criterios y estándares que, de existir, pudiera fijar la legislación básica del Estado para sus evaluaciones.\nAsimismo, y en atención a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, y de la necesaria difusión que deben tener, la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la consejería competente en materia de administración local, dará publicidad a cuantos datos sean relevantes para comprobar el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.\nLa orden prevista en el apartado dos de este artículo concretará los medios de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de personal asumidos en las mancomunidades de interés general.\nTÍTULO V De la fusión de Municipios Artículos 60 a 63\nARTÍCULO 60 Régimen de las fusiones de municipios.\nEl nuevo municipio resultante sucederá a los municipios fusionados en todos sus derechos, bienes, acciones, aprovechamientos, obligaciones, deudas y cargas, y podrá recoger en su denominación, total o parcialmente, los nombres originales de los municipios fusionados, o los de otros factores geográficos, culturales o históricos de identificación común.\nEl personal propio de los municipios fusionados pasará, con todos sus derechos y obligaciones, a formar parte de la plantilla del nuevo municipio. La situación de los funcionarios de habilitación de carácter estatal se regulará por sus normas específicas.\nLa capitalidad del nuevo municipio radicará en el núcleo de población que acuerden los municipios fusionados, pudiendo establecerse con carácter rotatorio.\nARTÍCULO 61 Fusión de municipios y ordenación del territorio.\nEl nuevo municipio resultante de la fusión de municipios, cuando éstos pertenezcan a distintas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, se integrará en la unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural que determine la Junta de Castilla y León, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 6 de esta ley.\nNo perderá la condición de unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural aquella que, como consecuencia de una fusión de municipios, deje de cumplir los requisitos previstos en el artículo 4 de esta ley.\nSi por la fusión de municipios la población de derecho del municipio resultante supera los 20.000 habitantes, éste pasará a ser unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana.\nCuando el municipio resultante de una fusión de municipios afecte a la delimitación de un área funcional estable o estratégica, se abordará la oportuna modificación normativa de la misma.\nARTÍCULO 62 Fusión de municipios de distintas mancomunidades de interés general.\nCuando los municipios afectados por una fusión pertenecieran a mancomunidades de interés general distintas, el municipio resultante deberá renovar su voluntad de asociación.\nLos estatutos de las mancomunidades de interés general deberán adaptarse a la situación del nuevo municipio resultante tras la fusión, en relación, entre otros, a la composición de sus órganos de gobierno, la situación competencial del municipio conforme a su nuevo tramo poblacional, la cesión de bienes y personal, y las aportaciones del nuevo municipio.\nARTÍCULO 63 Fomento de las fusiones de municipios.\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará, mediante las ayudas técnicas y económicas previstas en el artículo 18 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, la fusión de municipios limítrofes.\nAdemás de las ayudas técnicas y económicas previstas en el apartado anterior, los municipios interesados podrán ser beneficiarios de una ayuda económica previa a la fusión, a conceder por la consejería competente en materia de administración local.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Enclave de Treviño\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA La Comarca de El Bierzo\nLa Comarca de El Bierzo, hasta que se apruebe el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, tendrá derecho a un tratamiento similar al previsto para las mancomunidades de interés general en las ayudas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que la mayoría de los municipios que lo componen manifiesten su voluntad de delegar en la misma competencias y funciones municipales, de acuerdo, en todo caso, con los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para cada año.\nDisposición adicional segunda, apartado 2, añadido pasando el anterior contenido de la disposición a ser apartado 1, por el Decreto-Ley 1/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Adaptación progresiva de los servicios autonómicos rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales\nLos servicios autonómicos prestados en el ámbito rural que tengan una zonificación territorial específica inferior a la provincia, deberán adaptarse de forma progresiva al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.\nLa adaptación de la zonificación deberá producirse progresivamente en el plazo de los tres años siguientes a la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, ya sea global o parcial, manteniéndose hasta entonces los servicios públicos prestados por la Administración Autonómica en los mismos lugares en los que radiquen en el momento de aprobarse el mapa.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de uso especial y de uso general\nDISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Mapa concesional de transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Implantación de la Administración electrónica en el ámbito local\nLos municipios de Castilla y León de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de los compromisos establecidos en el artículo 14.2 y en el Capítulo II del Título III, a través de las sedes electrónicas o páginas web de los municipios o mediante otras técnicas de información y comunicación.\nLas diputaciones provinciales de Castilla y León colaboraran con los municipios menores de 20.000 habitantes que no tengan capacidad técnica y organizativa suficiente para hacer efectivos los compromisos establecidos en el apartado anterior, fijando en sus programas y calendarios, en su caso, las previsiones de dicha colaboración.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Integración de centros residenciales de las corporaciones locales\nLa Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las diputaciones provinciales, en el marco de la planificación regional y de los principios de estabilidad y suficiencia financiera, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales.\nLa constitución de las correspondientes comisiones mixtas de traspasos se efectuará progresivamente a partir de la entrada en vigor de esta ley.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA Mancomunidades de interés general rurales de municipios que estén en el entorno de un municipio de más de 20.000 habitantes o aquellos a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 5\nExcepcionalmente, si una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural circunvala en todo o en gran parte un municipio mayor de 20.000 habitantes o aquellos a los que hace referencia el apartado 2 del artículo 5, los municipios que pertenezcan a la misma podrán asociarse a la mancomunidad de interés general rural colindante con el municipio respectivo.\nDisposición Adicional Octava, modificada por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Primera ocupación en destino definitivo del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general\nLos puestos de funcionarios con habilitación de carácter estatal de las mancomunidades de interés general se establecerán mediante la modificación de los correspondientes puestos de las anteriores mancomunidades modificadas o disueltas con las que sustancialmente coincidan, o, en su defecto, mediante la modificación de alguno de los correspondientes puestos de los municipios que las integran.\nLa primera ocupación en destino definitivo del puesto de la mancomunidad de interés general corresponderá al funcionario de carrera que tuviera con tal carácter el puesto de la anterior mancomunidad modificada o extinguida a fecha 31 de diciembre de 2012.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA Eficacia en el sostenimiento en común de un puesto único y primera ocupación en destino definitivo\nEl sostenimiento en común de un nuevo puesto único de funcionario con habilitación de carácter estatal, en los municipios de menos de 1.000 habitantes o con un presupuesto anual inferior a 1.000.000 euros que se incorporen a una mancomunidad de interés general rural, se efectuará mediante la correspondiente modificación de los actuales puestos de trabajo.\nEl órgano competente para acordar la modificación iniciará el expediente de oficio, dando audiencia a los municipios afectados y solicitándoles una propuesta de estatutos de la asociación para el sostenimiento en común del puesto único, debiendo comunicar su resolución, una vez adoptada, al ministerio competente en materia de administración local.\nLa eficacia de los acuerdos adoptados para el sostenimiento en común de un puesto único quedará demorada al momento en el que no se vea afectado el derecho al puesto definitivo de ninguno de los funcionarios de carrera de los anteriores puestos afectados, y así se hará constar por el órgano competente en la resolución de constitución, en la que se indicará que el último puesto cubierto en destino definitivo será el nuevo puesto sostenido en común, quedando los demás extinguidos.\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOPRIMERA Reestructuración de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal sostenidos en común\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA Mancomunidades de aguas\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA Convergencia territorial\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA Territorios limítrofes de la Comunidad de Castilla y León\nDISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA Comisión Parlamentaria\nDISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León\nSe modifica el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el artículo 18 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el artículo 32 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\n2. Adoptados los acuerdos anteriores, el Presidente de la Comisión Promotora remitirá a la consejería competente en materia de administración local una copia del expediente y de los estatutos de la mancomunidad para su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".\nSe modifica el artículo 37 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen local de Castilla y León, añadiendo un nuevo apartado 2 redactado de la siguiente forma, pasando el párrafo actual a numerarse como 1:\n2. La ley que establezca el régimen jurídico de las mancomunidades que se califiquen de interés general previstas en el artículo 32 de esta ley podrá establecer reglas especiales para la modificación de mancomunidades, así como la de sus correspondientes estatutos, o para la supresión de las mismas, incluida su fusión, cuando su finalidad sea la declaración como de interés general.\nSe modifica el artículo 69 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el artículo 72 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el artículo 73 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe añade un apartado 4 al artículo 83 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe modifica el artículo 100 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nDISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León\nDISPOSICIÓN FINAL TERCERA Modificación de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León\n2.1. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio como ámbito funcional básico.\nLas ciudades con más de 20.000 habitantes y los núcleos de su entorno tienen relaciones funcionales habituales, que constituyen áreas funcionales estables, ámbito idóneo para la aplicación de los instrumentos de ordenación y planeamiento. También pueden disponer de esta condición los municipios con una población aproximada de 19.000 habitantes y los núcleos de su entorno.\nDisposición Final Tercera, último párrafo modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\n@DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León.\nLos plazos para la constitución de las comisiones mixtas de negociación de los traspasos, se determinarán de forma progresiva, a propuesta del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.\nDISPOSICIÓN FINAL QUINTA Modificación de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León\nSe modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\nSe suprime el apartado 4 del artículo 15, reenumerándose los posteriores apartados, y se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 15 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del sistema de salud de Castilla y León, redactado de la siguiente forma:\nDISPOSICIÓN FINAL SEXTA Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León\nSe suprime el apartado 4 del artículo 25, y se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:\n3. Cada Zona de Acción Social se corresponderá con una demarcación, que en el medio rural estará constituida por una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio. En el medio urbano, se corresponderá con una demarcación constituida por un módulo de población de 20.000 habitantes.\nSe modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que quedan redactados de la siguiente forma:\nEn el medio rural, dicho mapa deberá diseñarse, en todo caso, conforme a las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.\n3. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León podrá establecer índices correctores para la delimitación de Zonas de Acción Social que garanticen una distribución equitativa, así como acordar, con carácter excepcional y de forma justificada, la creación, modificación, agrupación o supresión de aquellas, siempre que, en el medio rural, se respeten las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.\nSe modifica la letra d) del artículo 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que queda redactada de la siguiente forma:\nd) La propuesta para la determinación de las zonas y áreas de acción social, así como las estructuras de tercer nivel que pudieran corresponderles al amparo de esta ley, respetando, en todo caso, las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.\nDISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA Modificaciones y simplificación normativas para evitar duplicidades administrativas\nEn el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la Administración de la Comunidad de Castilla y León deberá revisar la normativa sectorial y, en su caso, modificar o proponer la modificación de la misma, bajo el principio de la simplificación del ordenamiento jurídico autonómico, estableciendo de modo preciso las atribuciones de competencias y funciones que corresponden a la propia administración autonómica y a los entes locales, con el fin de evitar duplicidades, tanto en la prestación de servicios como en la adopción de medidas de fomento.\nEspecialmente, se revisará la normativa sectorial que afecte a las siguientes\nRegistros de uniones de hecho.\nCentros de protección de razas autóctonas.\nContratación centralizada de bienes y servicios en el ámbito local.\nFomento del ahorro y de la eficiencia energética.\nÁreas recreativas municipales.\nApoyo a los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior.\nDISPOSICIÓN FINAL OCTAVA Entidades locales menores\nEn el marco de la legislación básica del Estado, y de acuerdo con el mandato del Estatuto de Autonomía, se regulará y garantizará el mantenimiento de las actuales entidades locales menores, y se fomentará su modernización.\nEn el marco de la legislación básica del Estado, reglamentariamente se determinarán las especialidades que puedan corresponder en el régimen de tesorería, contabilidad y fiscalización respecto a determinadas entidades locales menores, en función de su tamaño o presupuesto.\nLos municipios y sus entidades locales menores adecuarán sus relaciones a los principios de cohesión territorial y solidaridad dentro del municipio, con arreglo a las siguientes reglas:\nSe podrán establecer convenios entre el municipio y cada entidad local menor o, para los anejos, se podrán realizar acuerdos plenarios de compromiso de gasto durante cada legislatura para promover la aplicación de dichos principios, en los términos previstos en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.\nA falta del convenio o del acuerdo plenario municipal previsto en el apartado anterior, reglamentariamente se podrán determinar los criterios para la cuantificación de dichas aportaciones o participaciones. La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las respectivas diputaciones provinciales podrán aplicar a los recursos económicos que no sean subvenciones u otros de naturaleza finalista, susceptibles de ser proporcionados por ambas administraciones al municipio o entidad local menor, el destino a favor de uno u otra que proceda, sin perjuicio de la posible y previa compensación recíproca de deudas vencidas, líquidas y exigibles entre ellos.\nLa obligación de cohesión territorial y solidaridad desaparecerá en el supuesto de supresión de una entidad local menor, en la forma y con los requisitos previstos en la legislación básica de régimen local, sin perjuicio de que se especifique el destino de sus bienes, y la atribución de su titularidad y aprovechamientos al respectivo municipio en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se suprima.\nDISPOSICIÓN FINAL NOVENA Participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León\nDe modificarse la legislación básica sobre régimen local, la Junta de Castilla y León, en el plazo de un año, elevará a las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley de adecuación a dicha legislación básica de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.\nSe habilita a la Junta de Castilla y León y a la consejería competente para dictar cuántas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente ley.\nPor la consejería competente en materia de administración local se podrán establecer modelos tipo de estatutos, acuerdos locales, certificados, documentos de acreditación y evaluación de eficiencia u otros documentos en relación con las mancomunidades de interés general, para facilitar una actuación administrativa unitaria y ágil.\nComunidad municipal. La comunidad integrada por el núcleo de población capital del municipio, así como, en su caso, por la entidad o entidades locales menores que el municipio pudiera tener, y los anejos separados de la cabecera que pudieran existir.\nUnidad básica de ordenación y servicios del territorio. Es un espacio funcional delimitado geográficamente, que constituye la referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio.\nUnidad básica de ordenación y servicios del territorio rural. Es el espacio que abarca términos de municipios iguales o menores de 20.000 habitantes.\nUnidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana. Es el espacio que abarca el término de cada uno de los municipios de más de 20.000 habitantes.\nMapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Constituye la expresión gráfica que comprende el conjunto de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y urbanas, incluyendo el conjunto de términos de los municipios que integran cada una de ellas.\nÁrea funcional. Es el espacio funcional delimitado geográficamente, igual o mayor que la unidad básica de ordenación y servicios del territorio y menor que la provincia, para el desarrollo de la ordenación del territorio y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de planificación y gestión.\nÁrea funcional estable. Es el espacio integrado por cada unidad básica de ordenación y servicios urbanos y los municipios de su entorno y alfoz, con los que mantiene relaciones permanentes que precisan una planificación conjunta.\nÁrea funcional estratégica. Es el espacio integrado por una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o por varias contiguas, para el impulso, durante un tiempo determinado, de programas de desarrollo en aquellas zonas necesitadas de una especial dinamización o afectadas por circunstancias especiales o catastróficas.\nMateria. Primera distribución funcional y objetiva por sectores de actividad diferenciados sobre los que existe una intervención pública.\nCompetencia. Segunda distribución funcional y objetiva, referida a los diferentes ámbitos de actuación de las administraciones públicas en cada materia, para la satisfacción social de los intereses y necesidades individuales o colectivas.\nFunción . Tercera distribución funcional y objetiva, referida al conjunto de servicios, actividades y tareas precisas para el ejercicio de cada competencia.\nMancomunidad de interés general. Es una clase de mancomunidad, entidad local resultante del ejercicio del derecho de los municipios a asociarse voluntariamente con otros para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, que se podrá declarar cuando su ámbito territorial concuerde sustancialmente con una unidad básica de ordenación y servicios en el territorio o varias contiguas.\nMancomunidad de interés general rural . Es aquella mancomunidad de interés general cuyo ámbito territorial coincida sustancialmente con una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, y que se dote de una cartera de competencias y funciones locales comunes y homogéneas.\nEs aquella mancomunidad de interés general surgida de la asociación voluntaria entre municipios con población superior a 20.000 habitantes o aquellos con una población aproximada de 19.000 habitantes, y los municipios de su entorno o alfoz, y que se dote de las competencias y funciones locales que acuerde.\nConsorcio provincial de servicios generales. Es una clase de consorcio, entidad local resultante del derecho de las entidades locales a cooperar voluntariamente para la realización de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común, que se podrá constituir entre las mancomunidades de interés general, y excepcionalmente los municipios de la misma provincia, y la diputación provincial, adscribiéndose a esta última.\nAnexo, punto 14, modificado por la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 3 de Diciembre de 2014.\nDECRET 214/1992, de 25 de setembre, de reconeixement de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat Ramon Llull.\nReal Decreto 779/1986, de 11 de abril, por el que se amplían los límites de emisión de Deuda del Estado, interior y amortizable.


Los sueros que se llevan los aplausos de TODAS y que se pueden comprar en la farmacia | Glamour\nSi sientes que a tu rutina de piel le hace falta un punch, definitivamente tienes que probar alguno de estos sueros que se pueden comprar en la farmacia. Son efectivos, ¡y no cuestan una fortuna!\nCon ácidos para la piel, vitamina C y K y más, ¡así son estos sueros que cambiarán tu piel!\nLos sueros son tratamientos fluidos y concentrados de ingredientes activos que funcionan para mejorar la apariencia de la piel. A diferencia de las cremas, estos se absorben más rápido y pueden tratar necesidades específicas, como acné, piel sensible, hidratación, signos de la edad y hasta ojeras. ¿Tienes algún favorito?\nSi todavía no has encontrado uno que te convenza al 100%, te recomendamos probar alguno de los siguientes sueros que se pueden comprar en la farmacia. La mayoría ocupa los primeros lugares de puntuación de cada marca y hay de distintos precios para que elijas según la inversión que desees hacer. ¡Prueba sus efectos en tu piel!\n‘Serum 360 Tratamiento Intensivo’, de Lullage\n¿Piel grasa o con tendencia al acné? Este suero puede ayudarte a regular la producción de grasa y las imperfecciones provenientes de ello, afina los poros, unifica el tono, lucha contra los signos de la edad, desinflama y estimula la regeneración de la piel. Además, se absorbe rapidísimo sin dejar brillo, es libre de aceites y no obstruye los poros.\nPrecio aproximado: $539 MXN.\n‘Flash Serum’, de Martiderm\nAtención: si tienes un evento importante en puerta y quieres revitalizar tu piel al instante, ¡esto te interesa! Se trata de un sérum para ocasiones especiales que reduce las señales de fatiga y cansancio en el rostro, disimula arrugas e imperfecciones y aporta hidratación y flexibilidad para darte una apariencia más joven.\nPrecio aproximado: $599 MXN.\n‘K-Vit Serum Antiojeras’, de Sesderma\nPara las que están buscando tratar los círculos oscuros del contorno de ojos, les sugerimos probar este suero a base de vitamina K que disminuye la acumulación de pigmentos en la sangre para mejorar el aspecto de las ojeras. Sus demás activos también promueven la microcirculación para una mirada más fresca y logran atenuar las bolsas y arrugas.\n‘Restore Anti Edad Suero Facial’, de Neostrata\nFormulado a base de gluconolactona que refuerza la barrera cutánea, ácido lactobiónico que aminora las arrugas y complejo BioCalm que combate las rojeces, este es un suero que se puede comprar en la farmacia, ideal para tratar los problemas de piel sensible. Y es que al restaurar y fortalecer la barrera de la piel, permite que esté más protegida y resistente frente a los factores que la pueden irritar.\nPrecio aproximado: $1155 MXN.\n‘Nuxuriance Ultra Sérum Redensifiant’, de Nuxe\nEste es uno de los mejores sueros antiedad a probar si quieres toda una experiencia facial, ya que su textura suave consigue que tu cara luzca mucho más rellenada y definida, desprendiendo un exquisito aroma durante la aplicación. Todo es gracias a sus ingredientes vegetales que regeneran, unifican y redefinen el óvalo facial, como células Bi-Florales de azafrán y bugambilia.\nPrecio aproximado: $1313 MXN.\n‘Isdinceutics Melaclear’, de ISDIN\nAhora que si tu principal preocupación de piel son las manchas, tenemos esta excelente opción para desvanecerlas poco a poco. Los dos activos principales de este suero de farmacia son la vitamina C y el ácido fítico que actúan sobre la melanina para evitar su oxidación y así, unificar y eliminar las manchas por sol, melasma o hasta por toma de medicamentos.


DELOITTE abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas.\nDescarga pdf (199Kb)\nD&J ABOGADOS abre el proceso de selección para la realización de prácticas extracurriculares con posibilidad de continuar como curriculares.\nCMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas. (PROCESO CERRADO)\nDescarga pdf (19Kb)\nCLIFFORD CHANCE abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas. (PROCESO CERRADO)\nDescarga pdf (274Kb)\nCerrado plazo de inscripción para el curso 2018/19\nCALDERÓN CORREDERA ABOGADOS abre el proceso de selección para la realización de prácticas curriculares. (PROCESO CERRADO)\nDescarga pdf (124Kb)\nConferencia El papel de las acusaciones populares en la lucha contra la corrupción. Procedimiento Pápeles de Bárcenas (lunes 6 de marzo, a las 13:00 Salón de Grados, Aula Díez Picazo)\nBAKER & MCKENZIE abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas.\nDescarga pdf (103Kb)\nAUREN abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas.\nASHURST abre el proceso de selección de alumnos del Máster para la realización de prácticas. (PROCESO CERRADO)


Más cerca de un acuerdo… …pero más lejos de un buen convenio para todos los trabajadores/as de la EMT | Diario Octubre\nLos últimos comunicados tanto de Plataforma Sindical (y del bloque conformado en esta negociación por la mayoría de los sindicatos del Comité de empresa) como de CCOO, se señala que “seguimos avanzando y estamos muy cerca del acuerdo”.\nNosotros/as entendemos todos los esfuerzos hechos, en especial por la mayoría del Comité de Empresa y entendemos que tratan de intentar hasta el final meter mejoras en el convenio.\nCualquier trabajador/a de la EMT sabe que de la dirección de esta empresa o de los Gobiernos Autonómico y municipal no se puede esperar más que al amparo de su Ley de Presupuestos (LGPE) pretenda más recortes y desgajamiento de la empresa como parte de la privatización de los servicios públicos.\nPero un buen o mal convenio depende no tanto de la habilidad de los negociadores como de la correlación de fuerzas mientras se negocia. No es lo mismo negociar un convenio con los trabajadores/as en pie de guerra y unidos y motivados por la defensa de su convenio que desmovilizados y observando las negociaciones, resignados a lo que se acuerde.\nSe habló de luchar, se dijo que se convocarían paros y huelga, incluso hasta de confluir con otros trabajadores para apoyarse y darle más dimensión social a la lucha. Y al final nada.\nEso de amagar y no dar no solo nos debilita ante la empresa, ahora y para el futuro, sino que trasmite a los trabajadores/as el mensaje de que se habla de huelga, pero solo para amenazar luego el convenio es eso, esperar y mirar. Este convenio será el producto de la desmovilización y eso desgraciadamente legitimar ese sindicalismo de sindicalistas intermediarios entre los trabajadores y la empresa en el que los dirigentes de CCOO y UGT forman a decenas de miles de delegados/as, mientras la actividad frenética en los convenios no sale de los despachos.\nASÍ NO TODOS/AS SOMOS LA EMT\nToda la patronal y sus gobiernos de turno han ido introduciendo en las empresas (públicas y privadas) la división, la DESIGUALDAD en las condiciones materiales de salarios y derechos de los trabajadores/as. La EMT no es diferente, se privatizan “de apoco” servicios (limpieza de las instalaciones; canceladoras y pupitres; revisión del aire acondicionado; mantenimiento de instalaciones…) y eso se normaliza a tal punto que en los convenios estos temas ni se mencionan y estos trabajadores/as que forman parte del funcionamiento diario de la EMT no existen para el resto de la plantilla, ellos/as son “de otras empresas”, tienen “otros convenios” y con certeza ¡mucho peor que el nuestro!\nNormalizar la externalización sigue abriendo caminos a naturalizar la desigualdad en la plantilla y esa desigualdad está presente en la actual plantilla de la EMT y se profundiza con cada convenio. A las diferencias salariales entre conductores y talleres se han ido sumando “los nuevos”. Un trabajador/a de Bicimad cobra en torno a 400 euros menos al mes que un conductor o menos de 300 que un compañero de su misma categoría en talleres. A unos trabajadores/as se les paga las vacaciones partidas a otros no.\nLa prima de actividad día trabajado a unos se le paga una cantidad y a otros distinta y menor. En algunos sectores salen plazas de manera más o menos regular, en otros como talleres o Bicimad, se van produciendo vacantes que no se cubren y se deja así que el servicio se vaya deteriorando.\nEn toda la negociación ha estado ausente atajar la DESIGUALDAD CRECIENTE EN LA PLANTILLA y por bueno entonces que pudiera llegar a ser el acuerdo final, será siempre, en el mejor de los casos, bueno para unos, pero no para toda la plantilla que es de lo que se trata.\nHay que añadir que incluso los elementos que se destacan en los comunicados como más positivos (mejora absentismo; plus asistencia; plus nocturnidad; Pluses de sábado, domingos y festivos; turnos partidos…) no solo no rompen esta lógica de la desigualdad, sino que por el contrario los aumentos porcentuales siempre las agudizan máxime si además no todo el mundo tiene acceso a esos pluses.\nEn el último comunicado de Plataformas Sindical se señala que: “integrar a un colectivo dentro de la estructura salarial y social del convenio que tenemos en la EMT, siempre tiene sus complicaciones…” y añade “debemos conseguir subidas para cada trabajador /a de miles de euros anuales pues sería muy peligroso que en la EMT dejásemos que se creasen categorías precarizadas con salarios anuales por debajo de 20.000. Es algo que nunca permitiremos y que a la larga nos perjudica a toda la plantilla”\nNosotros/as aplaudiríamos todas esas afirmaciones que compartimos si no fuera porque no cuadran con la realidad presente. Como hemos señalado antes, los trabajadores/as que trabajan en la EMT y son de subcontratas están ya precarizados, los compañeros/as de Bicimad están precarizados y los de Teleférico y aparcamientos van a seguir el mismo camino, sino los remediamos, porque eso es lo que la dirección de la empresa y es la política patronal. Porque la precariedad tiene como uno de sus signos distintivos la desigualdad que se establece al interior de las propias empresas, trabajadores/as de primera, de segunda, de tercera…. Y eso es un cáncer que, efectivamente, acaba perjudicando y dividiendo a toda la plantilla.\nEste convenio, desde la plataforma inicial, como todos los últimos convenios, no ha tenido como centro atajar esa desigualdad. Por el contrario, cuando sucede se desconoce, se infravalora. y se negocian convenios sin salir a atajar ese cáncer de la desigualdad. Para nosotros/as un convenio que tenga tal o cual mejora, pero ayude a profundizar la desigualdad entre los trabajadores/as y con ello su división NO PUEDE SER NUNCA UN BUEN COVENIO.\nPOR UN CONVENIO QUE EQUIPARE LAS CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES DE TODOS/AS LOS QUE TRABAJAMOS EN LA EMT\nSe nos dice a veces que nosotros/as somos impacientes que poco a poco las condiciones se irán igualando. Los hechos no acompañan a esas palabras y la empresa sigue empeñada en profundizar esa brecha de la desigualdad, no en cerrarla. O la lucha por la mejora y la igualdad de las condiciones para toda la plantilla la capitaneamos los trabajadores/as o tendremos igualdad tarde o temprano, pero no con las condiciones de los que hoy ganan más sino precisamente de los que hoy tienen menos derechos y peores salarios.\nPero supongamos que estamos equivocados/as y que la lucha por la igualdad de condiciones es algo de principios para todo el Comité de Empresa. La pregunta es la siguiente ¿van a poner como condición para firmar el convenio la equiparación salarial de los compañeros/as de Bicimad; ¿Teleférico, aparcamientos y talleres? A una empresa tan aficionada a montar comisiones de trabajo, ¿se va a incluir en este convenio una Comisión de trabajo para estudiar la reintegración a la EMT durante la vigencia del convenio de todos los sectores subcontratados empezando por la limpieza?\nA estas alturas solo un giro de timón de la mayoría del Comité de Empresa, y en especial de Plataforma Sindical, puede cambiar el rumbo de la negociación. Los afiliados/as de co.bas en la EMT somos una minoría, desgraciadamente de nosotros/as no depende dar un giro a la actual situación, pero si ese giro se produce para defender un convenio -por modestas que sean las mejoras- que avance en igualar las condiciones de toda la plantilla, no tendremos ni sombra de duda en apoyar con todas las fuerzas al Comité de Empresa en esta lucha.\nSección sindical co.bas EMT


Blanco vincula las listas de espera a la huelga y afirma que se reducirán cuando termine el conflicto\nActualizado 27/11/2012 21:26:19 CET\nDe este modo, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la población antes de participar en la inauguración del Curso de Dermatología Práctica en Atención Primaria, organizado por la Sociedad Asturiana de Dermatología.\nMinutos antes de la cita, que se desarrolla en el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, el consejero incidió en que la Administración tiene "estudiada" la situación e irá tomando "decisiones" para ir respondiendo a un conflicto que tiene "poca justificación" dado "el espacio de negociación que ha habido".\nEl titular de Sanidad ha señalado que cuando se producía un avance en el marco de las negociaciones el Sindicato Médico (Simpa) convocaba "un periodo nuevo de huelga", resaltando que en esta última ocasión se presentó "con una línea roja", en referencia a los descansos de las guardias.\n"Siempre está variando, de alguna manera, el escenario de la negociación", ha comentado, afirmando que desde la Administración nadie se levantó de la mesa y se sigue pensando que es posible el acuerdo sin que haya "líneas rojas".\nPor ello, ha comprometido un "ejercicio de responsabilidad" por parte del Gobierno del Principado, apelando también a la responsabilidad de los dirigentes sindicales para que el conflicto acabe "en el menor tiempo posible".