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LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL Dada por Ley s/n, publicada en Registro Oficial - Segundo Suplemento No. 52 de 22 de Octubre del 2009 ASAMBLEA NACIONAL Oficio No. SAN-2009-077 Quito, 21 de septiembre del 2009. Señor Luis Fernando Badillo Director del Registro Oficial, Enc. Ciudad De mi consideración: La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere laConstitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la FunciónLegislativa, discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGÁNICA DE GARANTÍASJURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. En sesión de 10 de septiembre del 2009, el Pleno de la Asamblea Nacionalconoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor PresidenteConstitucional de la República. Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución dela República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la FunciónLegislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA DE GARANTÍASJURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, para que se sirva publicarla enel Registro Oficial. Atentamente, f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL Considerando: Que, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la Repúblicadel Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en elreconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura delEstado Ecuatoriano; Que, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución establece laobligación de aprobar, en trescientos sesenta días, la ley que regule elfuncionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de controlconstitucional; Que, es indispensable ajustar la normativa legal a las disposicionesconstitucionales, para garantizar la vigencia de los derechos humanos y de lanaturaleza y la supremacía constitucional;\n2. Que, para el logro de tal objetivo se requiere de una nueva ley quepromueva el fortalecimiento de la justicia constitucional y el proceso deconstitucionalización del sistema jurídico, político y social, para que todas lasprácticas institucionales y no institucionales se ajusten material y formalmente a lasexigencias que se desprenden del texto constitucional; Que, la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacerrealidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia delprincipio democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderespúblicos y de los particulares; Que, la Constitución y los tratados internacionales, en particular laConvención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, reconocen que el fin del Estado y de la organización social es elgoce de los derechos de los seres humanos y de la naturaleza y que, para talefecto, deben existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces o tribunalescompetentes que les permitan amparar a los seres humanos y a la naturalezafrente a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos, y adoptar lasmedidas pertinentes para asegurar la reparación integral derivada de vías de hechoque vulneran dichos derechos; de igual modo, es indispensable que exista unprocedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionalespara dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se amenace de modoinminente y grave un derecho, y de esta manera brinde protección oportuna y seeviten daños irreversibles; Que, se requiere de una normativa que asegure que toda disposición jurídicasea susceptible de control judicial constitucional, que proporcione al juezherramientas conceptuales, técnicas y prácticas, y pautas concretas y específicaspara examinar la constitucionalidad material y formal del proceso de producciónnormativa, y que promueva la participación popular dentro de dichos procesos; Que, se requiere asegurar que todos los jueces resuelvan todos los asuntossometidos a su conocimiento desde una perspectiva constitucional y con sujeción alas normas constitucionales, y que la Corte Constitucional lidere este proceso deconstitucionalización de la justicia; Que, se debe regular la estructura y las competencias de la CorteConstitucional, que garantice su independencia, legitimidad y eficiencia; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL TÍTULO I NORMAS GENERALES Art. 1.- Objeto y finalidad de la ley.- Esta ley tiene por objeto regular lajurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechosreconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechoshumanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. Art. 2.- Principios de la justicia constitucional.- Además de los principiosestablecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principiosgenerales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento:\n3. 1. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay variasnormas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que másproteja los derechos de la persona. 2. Optimización de los principios constitucionales.- La creación,interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento yoptimización de los principios constitucionales. 3. Obligatoriedad del precedente constitucional.- Los parámetrosinterpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casossometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse desus precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad delos derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia. 4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional.- No se puedesuspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entrenormas, oscuridad o falta de norma jurídica. Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normasconstitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constituciónen su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que másfavorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y quemejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretaciónjurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a suconocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entrenormas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, laespecial, o la posterior. 2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entreprincipios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de soluciónde antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, severificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, quesea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre laprotección y la restricción constitucional. 3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre losprincipios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, paradeterminar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción ode afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importanciade la satisfacción del otro. 4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partirde las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlasinoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principiosconstitucionales. 5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán serinterpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entretodas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. 6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir delos fines que persigue el texto normativo. 7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, seatenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en elcaso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. 8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normasjurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generalesdel derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica,eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación.\n4. Art. 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en lossiguientes principios procesales: 1. Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán lasnormas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentosinternacionales de derechos humanos. 2. Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos y garantíasestablecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechoshumanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora oservidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 3. Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de laadministración de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena encostas y de los gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con elreglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto. 4. Inicio por demanda de parte.- Salvo norma expresa en contrario, losprocesos se inician por demanda de parte. 5. Impulso de oficio.- La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio losprocesos constitucionales hasta llegar a su conclusión, salvo en los casosexpresamente señalados en esta ley. 6. Dirección del proceso.- La jueza o juez deberá dirigir los procesos deforma activa, controlará la actividad de los participantes y evitará las dilacionesinnecesarias. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a losintervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de lasacciones, encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar laduración de la audiencia. 7. Formalidad condicionada.- La jueza o juez tiene el deber de adecuar lasformalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesosconstitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisiónde formalidades. 8. Doble instancia.- Los procesos constitucionales tienen dos instancias,salvo norma expresa en contrario. 9. Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentaradecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen laargumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre losargumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y losdemás intervinientes en el proceso. 10. Comprensión efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensiónefectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sussentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo lascuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar ladecisión que adopte. 11. Economía procesal.- En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá encuenta las siguientes reglas: a) Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestionesdebatidas, en el menor número posible de actuaciones y providencias. La jueza ojuez deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. b) Celeridad.- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos enla ley, evitando dilaciones innecesarias. c) Saneamiento.- Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión deformalidades pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establecen. 12. Publicidad.- Los procedimientos previstos en esta ley serán públicos, sinperjuicio de las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar laintimidad de las personas o la seguridad del Estado. 13. Iura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a lainvocada por los participantes en un proceso constitucional.\n5. 14. Subsidiaridad.- Se tomarán en cuenta los demás principios procesalesestablecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles conla naturaleza del control constitucional. Art. 5.- Modulación de los efectos de las sentencias.- Las juezas y jueces,cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, lamateria y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechosconstitucionales y la supremacía constitucional. TÍTULO II GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Capítulo I Normas comunes Art. 6.- Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienencomo finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en laConstitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ladeclaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integralde los daños causados por su violación. Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpirla violación de un derecho. Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección,el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, laacción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acciónextraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan deconformidad con este capítulo. Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primerainstancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen susefectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas ojueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones seránsorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presentela demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. Enlas acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lodispuesto en esta ley. La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título nopodrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados,inadmitirá la acción en su primera providencia. La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción endías feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados. Art. 8.- Normas comunes a todo procedimiento.- Serán aplicables lassiguientes normas: 1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audienciadeberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, depreferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos sedeberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyanelementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito:\n6. a. La demanda de la garantía específica. b. La calificación de la demanda. c. La contestación a la demanda. d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 3. Serán hábiles todos los días y horas. 4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén alalcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidadu órgano responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán medioselectrónicos. 5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes quetiendan a retardar el ágil despacho de la causa. 6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda deviolación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones uomisiones, y con la misma pretensión. 7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer laacción ni para apelar. De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza ojuez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, unabogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo queestablece el Código Orgánico de la Función Judicial. 8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la CorteProvincial. Art. 9.- Legitimación activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantíasjurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo,vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quienactuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas oindirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderápor daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección,se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley. Art. 10.- Contenido de la demanda de garantía.- La demanda, al menos,contendrá: 1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si nofuere la misma persona, de la afectada. 2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad uórgano accionado. 3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo eldaño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La personaaccionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva defundamento a su acción. 4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona oentidad accionada. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, sino fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por losmismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la\n7. misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrásubsanarse en la primera audiencia. 7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto uomisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales,excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, seinvierte la carga de la prueba. Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se lacomplete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda estáincompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave,la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que esténa su alcance para que proceda la audiencia. Art. 11.- Comparecencia de la persona afectada.- Cuando la acción hayasido presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a lapersona afectada. Ésta podrá comparecer en cualquier momento, modificar lademanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley aunque no hayacomparecido antes. Art. 12.- Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo depersonas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiaeque será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia.De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a lapersona o grupo interesado. Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa,como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica quetuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare laacción constitucional. Art. 13.- Calificación de la demanda de garantía.- La jueza o juez calificarála demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. Lacalificación de la demanda deberá contener: 1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamentemotivada. 2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en untérmino mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda. 3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que debencomparecer a la audiencia. 4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios paradeterminar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considerenecesario. 5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez lasconsidere procedentes. Art. 14.- Audiencia.- La audiencia pública se llevará a cabo bajo la direcciónde la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la personaafectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o juezpodrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver. La audienciacomenzará con la intervención de la persona accionante o afectada y demostrará,de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; posteriormente intervendrála persona o entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente losfundamentos de la acción. Tanto la persona accionante como la accionada tendránderecho a la réplica; la última intervención estará a cargo del accionante. Elaccionante y la persona afectada tendrán hasta veinte minutos para intervenir ydiez minutos para replicar; de igual modo, las entidades o personas accionadas,\n8. tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros interesados, y la jueza o el juezlo autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos. La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias pararesolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilacionesinnecesarias. La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre laviolación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la mismaaudiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, silo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia yseñalar una nueva fecha y hora para continuarla. La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que laaudiencia se realice. La ausencia de la persona accionante o afectada podráconsiderarse como desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si lapresencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, laaudiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante. Art. 15.- Terminación del procedimiento.- El proceso podrá terminarmediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, omediante sentencia. 1. Desistimiento.- La persona afectada podrá desistir de la acción encualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas por lajueza o juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada nocompareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable parademostrar el daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado. 2. Allanamiento.- En cualquier momento del procedimiento, hasta antes dela expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. Elallanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará laviolación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamientoparcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo,procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona oinstitución accionada; éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobrelas formas y modos de reparación. No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdoreparatorio. En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento oacuerdo reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdosmanifiestamente injustos. 3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia enla misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horassiguientes. Art. 16.- Pruebas.- La persona accionante deberá demostrar los hechos quealega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte lacarga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y lajueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional oimpertinente.\n9. En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podráordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que porello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso.Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberáestablecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días ypor una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manerajustificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hastacuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o deretardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y seaplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de laFunción Judicial. La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal,para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechosy las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de pruebapracticada. Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad públicaaccionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada,siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria.En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertoslos hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos delambiente o de la naturaleza. Art. 17.- Contenido de la sentencia.- La sentencia deberá contener almenos: 1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante,de no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o personanatural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantespara la resolución. 3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente laresolución. 4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinaciónde las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral queproceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuandohubiere lugar. De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplircon los elementos anteriores en lo que fuere aplicable. Art. 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración dederechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. Lareparación integral procurará que la persona o personas titulares del derechoviolado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que serestablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entreotras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial,la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, laobligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, lasmedidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de serviciospúblicos, la atención de salud. La reparación por el daño material comprenderá la compensación por lapérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastosefectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario quetengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño\n10. inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad dedinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientosy las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, elmenoscabo de valores muy significativos para las personas, así como lasalteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia delafectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, lascircunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyectode vida. En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de lasobligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de ladecisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debencumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad conel artículo siguiente. La persona titular o titulares del derecho violado deberán sernecesariamente escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en lamisma audiencia. Si la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nuevaaudiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarsedentro del término de ocho días. Art. 19.- Reparación económica.- Cuando parte de la reparación, porcualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado,la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la mismajueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo sifuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los recursos deapelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos deprocedimiento pertinentes. Art. 20.- Responsabilidad y repetición.- Declarada la violación del derecho,la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estadoo de la persona particular. En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir elexpediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie lasacciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado encaso de que de la violación de los derechos declarada judicialmente se desprenda laexistencia de una conducta tipificada como delito. Si no se conociere la identidad dela persona o personas que provocaron la violación, la jueza o juez deberá remitir elexpediente a la máxima autoridad de la entidad pública para que determine susidentidades. Art. 21.- Cumplimiento.- La jueza o juez deberá emplear todos los mediosque sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdoreparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos paraejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de lasmedidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrámodificar las medidas. La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de lasentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instanciaestatal, nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir lasacciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo ola instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre elcumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio.\n11. El caso se archivará sólo cuando se haya ejecutado integralmente lasentencia o el acuerdo reparatorio. Art. 22.- Violaciones procesales.- En caso de violación al trámite degarantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio,la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, deconformidad con las siguientes reglas: 1. En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juezsustanciará un incidente de daños y perjuicios, mediante un procedimientosumario, por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y sucuantía será cobrada mediante apremio real. 2. En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o servidoresjudiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se considerará como faltagravísima y se comunicará del particular al Consejo de la Judicatura para queproceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. 3. Si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley provienede la propia jueza o juez, la parte perjudicada podrá presentar la denuncia ante laautoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las normasdel Código Orgánico de la Función Judicial. 4. En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran unasentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimientopara su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazodebe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. 5. No se podrán dictar actos ulteriores que afecten el fallo, bajo las mismasprevenciones. Art. 23.- Abuso del derecho.- La jueza o juez podrá disponer de susfacultades correctivas y coercitivas, de conformidad con el Código Orgánico de laFunción Judicial, a quien, abusando del derecho, interponga varias acciones enforma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión, por violación del mismoderecho y en contra de las mismas personas. En los casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presentensolicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen losobjetivos de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño, responderán civilo penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a las juezas ojueces por el Código Orgánico de la Función Judicial y de las sanciones que puedanimponer las direcciones regionales respectivas del Consejo de la Judicatura. Art. 24.- Apelación.- Las partes podrán apelar en la misma audiencia ohasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelaciónserá conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará porsorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia,cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. LaCorte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en eltérmino de ocho días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar lapráctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarsedentro de los siguientes ocho días hábiles; en estos casos, el término se suspende ycorre a partir de la audiencia. Art. 25.- Selección de sentencias por la Corte Constitucional.- Para laselección de las sentencias por la Corte Constitucional, se tendrán en cuenta lassiguientes reglas:\n12. 1. Todas las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales seránremitidas en el término de tres días contados a partir de su ejecutoría a la CorteConstitucional, para su conocimiento y eventual selección y revisión. 2. La Sala de Selección, después de conocer las sentencias, escogerádiscrecionalmente aquellas sentencias objeto de la revisión. El caso seleccionado sehará conocer a través del portal de internet de la Corte Constitucional. 3. La exclusión de la revisión no requiere de motivación expresa. 4. La Sala de Selección tendrá en cuenta los siguientes parámetros para laselección, que deberán ser explicados en el auto de selección: a) Gravedad del asunto. b) Novedad del caso e inexistencia de precedente judicial. c) Negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional. d) Relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia. 5. La Defensora o Defensor del Pueblo o cualquier jueza o juez de la CorteConstitucional podrá solicitar la selección de la sentencia, a partir de las causalesdescritas en el numeral anterior. 6. En caso de que la sentencia no haya sido seleccionada dentro del términode veinte días desde su recepción en la Corte Constitucional, se entiende excluidade la revisión. 7. La Corte definirá los mecanismos para registrar y controlar los casosremitidos y no seleccionados. 8. La Corte dictará sentencia en los casos seleccionados dentro del términode cuarenta días siguientes a su selección. 9. Se remitirá, una vez adoptada la decisión, el expediente a la jueza o juezcompetente de primera instancia, para que notifique a las partes la sentencia y laejecute. 10. No cabe recurso alguno de ninguna de las decisiones tomadas por laCorte en el proceso de selección. El trámite de selección o revisión no suspende los efectos de la sentencia. Capítulo II Medidas Cautelares Sección Primera Principios Generales Art. 26.- Finalidad.- Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar ocesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y eninstrumentos internacionales sobre derechos humanos. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que sepretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad opersona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional delacto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún casose podrán ordenar medidas privativas de la libertad. Art. 27.- Requisitos.- Las medidas cautelares procederán cuando la jueza ojuez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenacede modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por laintensidad o frecuencia de la violación.\n13. No procederán cuando existan medidas cautelares en las víasadministrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales ocuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. Art. 28.- Efecto jurídico de las medidas.- El otorgamiento de medidascautelares y su adopción no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de laviolación ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violaciónde derechos. Art. 29.- Inmediatez.- Las medidas cautelares deberán ser ordenadas demanera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo másbreve posible desde que recibió la petición. Art. 30.- Responsabilidad y sanciones.- El incumplimiento de las medidascautelares será sancionado de la misma manera que en los casos deincumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales. Sección Segunda Procedimiento Art. 31.- Procedimiento.- El procedimiento para ordenar medidas cautelaresserá informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. La jueza o el juez tendrála obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su alcance paraproteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado. Art. 32.- Petición.- Cualquier persona o grupo de personas podrá interponeruna petición de medidas cautelares, de manera verbal o escrita, ante cualquierjueza o juez. Si hubiere más de una jueza o juez, la competencia se radicará porsorteo. En la sala de sorteos se atenderá con prioridad a la persona que presenteuna medida cautelar. En caso de que se presente la petición oralmente, se realizaráel sorteo sólo con la identificación personal. La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento decualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, cuandotenga por objeto detener la violación del derecho. En estos casos, las medidascautelares se tramitarán previamente a la acción para declarar la violación dederechos por lo que no se requerirá la calificación del requerimiento para queproceda la orden de medidas cautelares; de ser procedente, la jueza o juez podráordenar las medidas cautelares cuando declare la admisibilidad de la acción. Elrequerimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en esta ley. El peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida cautelar por elmismo hecho. Art. 33.- Resolución.- Una vez que la jueza o juez conozca sobre la peticiónde medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que sereúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidascautelares correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas nitampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones involucradas. La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelaresmediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes,especificará e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo deldestinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar enque deben cumplirse; sin perjuicio de que, por las circunstancias del caso, la jueza\n14. o juez actúe de forma verbal; y se utilizarán los medios que estén al alcance de lajueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas allugar de los hechos. Art. 34.- Delegación.- La jueza o juez tiene la obligación de garantizar elcumplimiento y ejecución de las medidas cautelares que ordene, para lo cual podrádelegar a la Defensoría del Pueblo o a cualquier otra institución estatal encargadade la protección de derechos, la supervisión de la ejecución de medidas cautelares. Art. 35.- Revocatoria.- La revocatoria de las medidas cautelares procederásólo cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesadolos requisitos previstos en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento. Eneste último caso, la persona o institución contra la que se dictó la medida podrádefenderse y presentar los hechos o argumentos que sustenten la revocatoria de lamedida cautelar. Para que proceda la revocatoria, la institución o persona a quiense haya delegado o las partes, deberán informar a la jueza o juez sobre laejecución de las medidas. Cuando la jueza o juez considere que no procede la revocatoria, deberádeterminar las razones mediante auto, que podrá ser apelado en el término de tresdías. Art. 36.- Audiencia.- De manera excepcional y de considerarlo necesario, lajueza o juez podrán convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar lasmedidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas. Art. 37.- Prohibición.- No se podrá interponer una medida cautelar contraotra medida cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza a los derechos. Art. 38.- Remisión de providencias.- La jueza o juez deberá enviar,mediante informe sumario o auto, las medidas cautelares adoptadas o negadas a laCorte Constitucional para su eventual selección y revisión. Capítulo III Acción de protección Art. 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparodirecto y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratadosinternacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las accionesde hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, porincumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contradecisiones de la justicia indígena. Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuandoconcurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidadcon el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficazpara proteger el derecho violado. Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protecciónprocede contra: 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o hayaviolado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.\n15. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce oejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole losderechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado,cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación oindefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquierotro tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechosno procede: 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación dederechos constitucionales. 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de talesactos se deriven daños susceptibles de reparación. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad olegalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial,salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y puedaser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declararáinadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. Capítulo IV Acción de hábeas corpus Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger lalibertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privadao restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima,protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre pormandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos deflagrancia; 2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorionacional; 3. A no ser desaparecida forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de habersolicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde temepersecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensionesalimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuyalibertad haya sido ordenada por una jueza o juez;\n16. 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando hayacaducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitossancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de sudignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competenteinmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fuerenaplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite: 1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugardonde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca ellugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez deldomicilio del accionante. Cuando la orden de privación de la libertad haya sidodispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial deJusticia; de haber más de una sala, se sorteará entre ellas. 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la acción,la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se deberán presentar lasjustificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida privativa de libertad.La jueza o juez deberá ordenar la comparecencia de la persona privada de lalibertad y de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona y la defensora odefensor público. De considerarlo necesario la jueza o juez, la audiencia se realizaráen el lugar donde ocurre la privación de la libertad. 3. La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de lasveinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por escrito a laspartes. 4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a lasgarantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la CorteProvincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la CorteNacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, seapelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva. Art. 45.- Reglas de aplicación.- Las juezas y jueces observarán lassiguientes reglas: 1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertadde la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidasalternativas a la privación de la libertad. 2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará laviolación del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. Laprivación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad. c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legaleso constitucionales. d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación delibertad. e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo porparticulares, cuando no se justifique la privación de libertad. 3. La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamentepor los encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisibleningún tipo de observación o excusa. 4. En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas lasmedidas que considere necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la\n17. persona privada de libertad, incluso podrá disponer la intervención de la PolicíaNacional. Art. 46.- Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de laprivación de libertad y existan indicios sobre la intervención de alguna servidora oservidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen consu autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audienciaal máximo representante de la Policía Nacional y a la ministra o ministrocompetente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias paraubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad. Capítulo V Acción de acceso a la información pública Art. 47.- Objeto y ámbito de protección.- Esta acción tiene por objetogarantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa otácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa oha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes deinformación. También procederá la acción cuando la denegación de información sesustente en el carácter secreto o reservado de la misma. Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté enpoder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el temamateria de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios deéste. No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter deconfidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley.Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses delas empresas públicas. Art. 48.- Normas especiales.- Para efectos de la presentación de la acción,la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real opresuntamente se encuentra la información requerida. Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, laentidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se encuentra lainformación solicitada. La jueza o juez deberá actuar conforme a lo establecido en la Constitución yla Ley que regula esta materia. Capítulo VI Acción de hábeas data Art. 49.- Objeto.- La acción de hábeas data tiene por objeto garantizarjudicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos oarchivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes,estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas,en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocerel uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y eltiempo de vigencia del archivo o banco de datos. El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco dedatos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualizaciónde los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la\n18. eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse enarchivos públicos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personalesúnicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular ode la ley. Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a queestán obligados los medios de comunicación, de conformidad con la Constitución. El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materialese inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación. Art. 50.- Ámbito de protección.- Se podrá interponer la acción de hábeasdata en los siguientes casos: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos oarchivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o esténen poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación oanulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derechoconstitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juezcompetente. Art. 51.- Legitimación activa.- Toda persona, natural o jurídica, por suspropios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponeruna acción de hábeas data. Capítulo VII Acción por incumplimiento Art. 52.- Objeto y ámbito.- La acción por incumplimiento tiene por objetogarantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como elcumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionalesde protección de derechos humanos. Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyocumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara,expresa y exigible. Art. 53.- Legitimación pasiva.- La acción por incumplimiento procederá encontra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicasparticulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, opresten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de quelas sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protecciónde derechos humanos impongan una obligación a una persona particulardeterminada o determinable. Art. 54.- Reclamo previo.- Con el propósito de que se configure elincumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento dela obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o laautoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término decuarenta días, se considerará configurado el incumplimiento. Art. 55.- Demanda.- La demanda deberá contener:\n19. 1. Nombre completo de la persona accionante. 2. Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita sucumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que serequiere cumplir. 3. Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quiense exige el cumplimiento. 4. Prueba del reclamo previo. 5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de lasmismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. 6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida. Art. 56.- Causales de inadmisión.- La acción por incumplimiento no procedeen los siguientes casos: 1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan sergarantizados mediante otra garantía jurisdiccional. 2. Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. 3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma,sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse laacción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para elaccionante. 4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda. Art. 57.- Procedimiento.- Presentada la demanda a la Corte Constitucional,la sala de admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en losartículos precedentes. En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designarámediante sorteo a la jueza o juez ponente y dentro de las veinticuatro horassiguientes, se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique elincumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de dos días, ante lajueza o juez ponente. En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanday presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir eltérmino de prueba por ocho días tras los cuales se dictará sentencia. Si la personaaccionada no comparece a la audiencia o si no existen hechos que debanjustificarse, se elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará sentencia en eltérmino de dos días tras la celebración de la audiencia. Capítulo VIII Acción extraordinaria de protección Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto laprotección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autosdefinitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado poracción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de protección puedeser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debidoser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial. Art. 60.- Término para accionar.- El término máximo para la interposiciónde la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judiciala la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron\n20. parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que tuvieronconocimiento de la providencia. Art. 61.- Requisitos.- La demanda deberá contener: 1. La calidad en la que comparece la persona accionante. 2. Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. 3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios,salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estosrecursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucionalvulnerado. 4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisiónviolatoria del derecho constitucional. 5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisiónjudicial. 6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento enque se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa. Art. 62.- Admisión.- La acción extraordinaria será presentada ante lajudicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar ala otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en untérmino máximo de cinco días. La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar lo siguiente: 1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relacióndirecta e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, conindependencia de los hechos que dieron lugar al proceso; 2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevanciaconstitucional del problema jurídico y de la pretensión; 3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en laconsideración de lo injusto o equivocado de la sentencia; 4. Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación oerrónea aplicación de la ley; 5. Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la pruebapor parte de la jueza o juez; 6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en elartículo 60 de esta ley; 7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal ContenciosoElectoral durante procesos electorales; y, 8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventaruna violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir lainobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciarsobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente ala jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no serásusceptible de apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo paradesignar a la jueza o juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá elproyecto de sentencia, al pleno para su conocimiento y decisión. La admisión de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objetode la acción. Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y larelación directa e inmediata, por acción u omisión.\n21. Art. 63.- Sentencia.- La Corte Constitucional determinará si en la sentenciase han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación,ordenará la reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contadosdesde la recepción del expediente para resolver la acción. La sentencia de la Corte deberá contener los elementos establecidos en lasnormas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta ley,aplicados a las particularidades de esta acción. Art. 64.- Sanciones.- Cuando la acción extraordinaria de protección fuereinterpuesta sin fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá loscorrectivos y comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la o elabogado patrocinador, de conformidad con el Código Orgánico de la FunciónJudicial. La reincidencia será sancionada con suspensión del ejercicio profesional, deconformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Capítulo IX Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena Art. 65.- Ámbito.- La persona que estuviere inconforme con la decisión de laautoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechosconstitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de sermujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de estadecisión, en el término de veinte días de que la haya conocido. Se observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentrandeterminados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechoshumanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, demás instrumentos dederechos humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y la ley. Art. 66.- Principios y procedimiento.- La Corte Constitucional deberárespetar los siguientes principios y reglas: 1. Interculturalidad.- El procedimiento garantizará la comprensiónintercultural de los hechos y una interpretación intercultural de las normasaplicables a fin de evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para elentendimiento intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesariasobre el conflicto resuelto por las autoridades indígenas. 2. Pluralismo jurídico.- El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantizala coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de lasnacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el carácterplurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado. 3. Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos ycomunidades indígenas, gozarán de un máximo de autonomía y un mínimo derestricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbitoterritorial, de conformidad con su derecho indígena propio. No obstante el reconocimiento de un máximo de autonomía, tiene los límitesestablecidos por la Constitución vigente, los instrumentos internacionales dederechos de los pueblos indígenas y esta ley. 4. Debido proceso.- La observancia de las normas, usos y costumbres, yprocedimientos que hacen parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o\n22. comunidad indígena constituyen el entendimiento intercultural del principioconstitucional del debido proceso. 5. Oralidad.- En todo momento del procedimiento, cuando intervengan laspersonas, grupos o autoridades indígenas, se respetará la oralidad y se contará contraductores de ser necesario. La acción podrá ser presentada en castellano o en elidioma de la nacionalidad o pueblo al que pertenezca la persona. Cuando se lareduzca a escrito, deberá constar en la lengua propia de la persona o grupos depersonas y será traducida al castellano. 6. Legitimación activa.- Cualquier persona o grupo de personas podrápresentar esta acción. Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad,deberá demostrar la calidad en la que comparece. 7. Acción.- La persona o grupo planteará su acción verbalmente o por escritoy manifestará las razones por las que se acude al tribunal y las violaciones a losderechos que supuestamente se han producido. Esta solicitud será reducida aescrito por el personal de la Corte dentro del término de veinte días. 8. Calificación.- Inmediatamente la sala de admisiones deberá comunicar sise acepta a trámite y las razones que justifican su decisión. Se sentará un actasobre la calificación. 9. Notificación.- De aceptarse a trámite, la jueza o juez ponente de la Cortedesignado mediante sorteo, señalará día y hora para la audiencia y hará llamar a laautoridad o autoridades indígenas que tomaron la decisión o podrá acudir a lacomunidad, de estimarse necesario. 10. Audiencia.- La autoridad o autoridades serán escuchadas al igual que laspersonas que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia deberáser grabada. De considerarse necesario, se escuchará a la persona o personas quefueron contraparte en el proceso del cual se revisa la sentencia. 11. Opinión técnica.- La jueza o juez ponente podrá solicitar la opinióntécnica de una persona experta en temas relacionados con justicia indígena yrecibir opiniones de organizaciones especializadas en estos temas. 12. Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará el proyectode sentencia del Pleno para su conocimiento y resolución. La sentencia puede sermodulada para armonizar los derechos constitucionalmente garantizados y losderechos propios de la comunidad, pueblo o nacionalidad. 13. Notificación de la sentencia.- La sentencia sobre constitucionalidad de lasdecisiones indígenas deberá ser transmitida de forma oral y motivadamente en lacomunidad, ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad indígena, através del ponente o su delegado. La sentencia deberá ser reducida a escrito, encastellano y en la lengua propia de la persona o grupo de personas. 14. Violación de derechos de las mujeres.- Las juezas o jueces deberánimpedir que en sentencias de justicia indígena se alegue la costumbre, lainterculturalidad o el pluralismo jurídico para violar los derechos humanos o departicipación de las mujeres. Capítulo X Repetición contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos Art. 67.- Objeto y ámbito.- La repetición tiene por objeto declarar y hacerefectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras yservidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sidocondenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en unproceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva deun organismo internacional de protección de derechos. Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que encualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo,función o dignidad dentro del sector público. Este artículo también se aplica para lasservidoras y servidores judiciales.\n23. La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de larealización del pago hecho por el Estado. Art. 68.- Legitimación activa.- La máxima autoridad de la entidadresponsable asumirá el patrocinio de esta causa a nombre del Estado y deberáinterponer la demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CorteProvincial competente para que se reintegren al Estado los recursos erogados porconcepto de reparación. Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado hareparado a la víctima, intervendrá el representante legal de la institución. Secontará, para la defensa de los intereses del Estado, con la intervención de laProcuradora o Procurador General del Estado. En caso de que la máxima autoridadfuere la responsable directa de la violación de derechos, el patrocinio de la causa loasumirá la Procuraduría General del Estado. La jueza o juez deberá poner en conocimiento de la máxima autoridad de laentidad responsable y de la Procuradora o Procurador General la sentencia o autodefinitivo de un proceso de garantías jurisdiccionales o del representante legal delGobierno Autónomo Descentralizado. Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Procuradora oProcurador General la existencia de una sentencia, auto definitivo o resolución deun organismo internacional competente en la cual se ordena la reparación material. De igual forma, cualquier persona podrá interponer la acción de repeticiónante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente. Laacción no vincula procesalmente a la persona. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Corte Provincial competente deberá comunicar inmediatamentea la máxima autoridad de la entidad correspondiente para que asuma el patrociniode la causa. La máxima autoridad de la entidad y la Procuradora o ProcuradorGeneral no podrá excusarse de participar en el procedimiento de repetición. En caso de que la máxima autoridad de la entidad no demande la repeticióno no asuma el patrocinio de la causa cuando la acción ha sido interpuesta por unparticular, se podrá interponer una acción por incumplimiento en su contra. Art. 69.- Investigación previa a la demanda.- La máxima autoridad de laentidad deberá determinar, previa a la presentación de la demanda, la identidad delas personas presuntamente responsables de la violación o violaciones de derechos.La máxima autoridad de dicha institución estará obligada a identificar al presunto opresuntos responsables, aún en el caso de que ya no continúen trabajando paradicha institución. De no determinarse la identidad de los presuntos responsables, laProcuradora o Procurador presentarán la demanda en contra de la máximaautoridad de la entidad. En caso de existir causal de imposibilidad para laidentificación o paradero del presunto o presuntos responsables de la violación dederechos, la máxima autoridad de la institución podrá alegarla en el proceso derepetición. En caso de existir un proceso administrativo sancionatorio, al interior de lainstitución accionada, en el que se haya determinado la responsabilidad de lapersona o personas contra quienes se debe interponer la acción de repetición,servirá de base suficiente para iniciar el proceso de repetición.\n24. La investigación prevista en este artículo no podrá extenderse por más deltérmino de veinte días, transcurrido el cual la máxima autoridad de la entidad o laProcuradora o Procurador General deberá presentar la demanda. Art. 70.- Demanda.- La demanda de repetición deberá contener: 1. El nombre y el apellido de la persona demandada o demandadas y ladeterminación de la institución que provocó la violación de derechos. 2. Los antecedentes en los que se expondrá el hecho, los derechos violadosy la reparación material realizada por el Estado. 3. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la acción derepetición. 4. La pretensión de pago de lo erogado por el Estado por concepto dereparación material. 5. La solicitud de medidas cautelares reales, si fuere necesario. Se adjuntará a la demanda: a) La sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionaleso una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protecciónde derechos en el que se ordena la reparación material al Estado. b) El justificativo de pago por concepto de reparación material realizado porel Estado. En caso de que la demanda sea interpuesta por una persona o personasparticulares, éstos no estarán obligados a adjuntar el justificativo de pago. La demanda podrá interponerse en contra de una o varias personaspresuntamente responsables. La demanda se interpondrá sin perjuicio de que las servidoras o servidorespúblicos presuntamente responsables hayan cesado en sus funciones. Art. 71.- Trámite.- La Sala de lo Contencioso Administrativo de la CorteProvincial competente calificará la demanda y citará inmediatamente a la personademandada o demandadas, a la máxima autoridad de la entidad y a la Procuradorao Procurador General, y convocará a audiencia pública, que deberá realizarse en eltérmino máximo de quince días. La audiencia comenzará con la contestación a la demanda y con el anunciode prueba de parte de la servidora o servidor público. La máxima autoridad de laentidad y el Procurador o Procuradora tendrán derecho a exponer sus argumentos ya anunciar sus pruebas. La Sala excepcionalmente, de considerar que es necesariopara el esclarecimiento de la responsabilidad del agente del Estado, podrá ordenarla práctica de pruebas en la misma audiencia. En esta audiencia se fijará la fecha yhora de la audiencia de prueba y resolución, la misma que deberá realizarse en eltérmino máximo de veinte días desde la primera audiencia. En la audiencia de prueba y resolución la Sala deberá escuchar los alegatosy valorar las pruebas presentadas. Se garantizará el debido proceso y el derecho delas partes a ser escuchadas en igualdad de condiciones. Art. 72.- Sentencia.- En la audiencia de prueba y resolución la Sala, previadeliberación, deberá dictar sentencia en forma verbal, en la que declarará, deencontrar fundamentos, la responsabilidad de la persona o personas demandadaspor la violación de derechos que generaron la obligación del Estado de reparar\n25. materialmente y además ordenará a la persona o personas responsables a pagar alEstado lo erogado por concepto de reparación material. La Sala notificará por escrito la sentencia en el término de tres días, en laque deberá fundamentar sobre la declaratoria de dolo o culpa grave en contra de laservidora o servidor público, y establecerá la forma y el tiempo en que se realizaráel pago. Cuando existiere más de una persona responsable, se establecerá, enfunción de los hechos y el grado de responsabilidad, el monto que deberá pagarcada responsable. En ningún caso, la sentencia podrá dejar en estado de necesidada la persona responsable. La ejecución de la sentencia se tramitará de conformidad con las reglas deljuicio ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento Civil. Art. 73.- Recursos.- De la sentencia se podrá interponer recurso deapelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional deJusticia. TÍTULO III CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD Capítulo I Normas generales Art. 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene comofinalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de laidentificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones defondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones queintegran el sistema jurídico. Art. 75.- Competencias.- Para ejercer el control abstracto deconstitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para: 1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de: a) Enmiendas y reformas constitucionales. b) Resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales. c) Leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás normas con fuerzade ley. d) Actos normativos y administrativos con carácter general. 2. Resolver las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por laPresidenta o Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. 3. Ejercer el control de constitucionalidad en los siguientes casos: a) Proyectos de reformas, enmiendas y cambios constitucionales. b) Convocatorias a referendo para reforma, enmienda y cambioconstitucional. c) Decretos que declaran o que se dictan con fundamento en los estados deexcepción. d) Tratados internacionales. e) Convocatorias a consultas populares, excepto aquellas en las que seconsulta la revocatoria del mandato. f) Estatutos de autonomía y sus reformas.\n26. 4. Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, cuando conocasión de un proceso constitucional, encuentre la incompatibilidad entre unadisposición jurídica y las normas constitucionales. Art. 76.- Principios y reglas generales.- El control abstracto deconstitucionalidad se regirá por los principios generales del control constitucionalprevistos por la Constitución y las normas constitucionales, la jurisprudencia y ladoctrina. En particular, se regirá por los siguientes principios: 1. Control integral.- Se deberá confrontar la disposición acusada con todaslas normas constitucionales, incluso por aquellas que no fueron invocadasexpresamente por el demandante. 2. Presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas.- Sepresume la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. 3. In dubio pro legislatore.- En caso de duda sobre la constitucionalidad deuna disposición jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad. 4. Permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico.- El examende constitucionalidad debe estar orientado a permitir la permanencia de lasdisposiciones en el ordenamiento jurídico. 5. Interpretación conforme.- Cuando exista una interpretación de ladisposición jurídica que sea compatible con las normas constitucionales, no sedeclarará la inconstitucionalidad y en su lugar se fijará la interpretación obligatoriacompatible con aquella. De igual modo, cuando una parte de una disposiciónjurídica la torne en su integridad inconstitucional, no se declarará lainconstitucionalidad de toda ella, sino que se invalidará la parte inconstitucional ydejará vigente la disposición así reformada. 6. Declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso.- Se declarará lainconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas cuando exista una contradicciónnormativa, y por vía interpretativa no sea posible la adecuación al ordenamientoconstitucional. 7. Instrumentalidad de las formas y procedimientos.- El desconocimiento ovulneración de las reglas formales y procedimentales en la producción normativa,únicamente acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad cuando implica latrasgresión de los principios o fines sustanciales para los cuales fue instituida larespectiva regla. 8. Control constitucional de normas derogadas.- Cuando normas derogadastengan la potencialidad de producir efectos jurídicos contrarios a la Constitución, sepodrá demandar y declarar su inconstitucionalidad. 9. Configuración de la unidad normativa.- Se presume la existencia deunidad normativa en los siguientes casos: a) Cuando la disposición acusada o su contenido se encuentran reproducidosen otros textos normativos no demandados; b) Cuando no es posible producir un fallo sobre una disposición jurídicaexpresamente demandada, sin pronunciarse también sobre otra con la cual guardauna conexión estrecha y esencial; y, c) Cuando la norma impugnada es consecuencia o causa directa de otrasnormas no impugnadas. Capítulo II Normas comunes de procedimiento Art. 77.- Legitimación.- La demanda de inconstitucionalidad puede serpropuesta por cualquier persona, individual o colectivamente. Art. 78.- Plazo.- El plazo para interponer las acciones deinconstitucionalidad se regirá por las siguientes reglas:\n27. 1. Por razones de contenido, las acciones pueden ser interpuestas encualquier momento. 2. Por razones de forma, las acciones pueden ser interpuestas dentro delaño siguiente a su entrada en vigencia. Art. 79.- Contenido de la demanda de inconstitucionalidad.- La demanda deinconstitucionalidad contendrá: 1. La designación de la autoridad ante quien se propone. 2. Nombre completo, número de cédula de identidad, de ciudadanía opasaporte y domicilio de la persona demandante. 3. Denominación del órgano emisor de la disposición jurídica objeto delproceso; en el caso de colegislación a través de sanción, se incluirá también alórgano que sanciona. 4. Indicación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales. 5. Fundamento de la pretensión, que incluye: a) Las disposiciones constitucionales presuntamente infringidas, conespecificación de su contenido y alcance. b) Argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes, por los cuales seconsidera que exista una incompatibilidad normativa. 6. La solicitud de suspensión provisional de la disposición demandadadebidamente sustentada, cuando a ello hubiere lugar; sin perjuicio de la adopciónde otras medidas cautelares conforme la Constitución y esta Ley. 7. Casillero judicial, constitucional o correo electrónico para recibirnotificaciones. 8. La firma de la persona demandante o de su representante, y de laabogada o abogado patrocinador de la demanda. Art. 80.- Admisibilidad.- Para que la demanda sea admitida se seguirán lassiguientes reglas: 1. La sala de admisión decidirá sobre la admisibilidad de la demanda dentrodel término de quince días. 2. El auto admisorio tendrá el siguiente contenido: a) La decisión sobre la admisión de la demanda. b) La orden de recabar información que fuere necesaria para resolver,cuando fuere pertinente. c) La orden para correr traslado con la demanda al órgano emisor de ladisposición demandada y, de ser el caso, al órgano colegislador, concediendo eltérmino de quince días para que intervenga cuando lo considere necesario,defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma demandada. d) La orden al órgano emisor que remita el expediente con los informes ydemás documentos que dieron origen a la norma. e) La orden de poner en conocimiento del público la existencia del proceso,así como un resumen completo y fidedigno de la demanda. Esta obligacióncomprende la de ordenar la publicación respectiva en el Registro Oficial y en elportal electrónico de la Corte Constitucional. 3. El auto será notificado al demandante en el casillero o correo electrónicorespectivo. De no haberlo fijado no tendrá lugar ninguna notificación, sin perjuiciode que pueda comparecer en cualquier momento y fijarlo para notificacionesposteriores.\n28. Art. 81.- Sorteo.- Admitida la demanda, la Secretaría General deberáefectuar el reparto de las demandas de inconstitucionalidad por sorteo paradeterminar la jueza o juez ponente. Art. 82.- Acumulación de demandas.- Se deberán acumular las demandasrespecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de normasimpugnadas. Art. 83.- Inadmisión.- La inadmisión se realizará mediante auto, cuando nocumpla los requisitos de la demanda y siempre que no sean subsanables, debiendoindicarse con precisión los requisitos incumplidos, para su respectiva corrección. Se concederá el término de cinco días a la persona demandante para realizarla corrección. Cuando no se complete la demanda en este término, se la archivará. Contra el auto de inadmisión no procede recurso alguno. Art. 84.- Rechazo.- Se rechazará la demanda en los siguientes casos: 1. Cuando carezca de competencia, en cuyo caso se ordenará el envío de lademanda con sus anexos a la jueza o juez que considere competente. 2. Cuando la demanda se presente por fuera de los términos previstos en laley. 3. Cuando no se corrija la demanda dentro del término de cinco días. 4. Cuando recae sobre normas jurídicas amparadas por una sentencia quetenga efectos de cosa juzgada. Contra el auto de rechazo no cabe recurso alguno. Art. 85.- Intervenciones públicas e intervenciones oficiales.- Sorteada lacausa y remitida a la jueza o juez ponente, éste iniciará la sustanciación. En eltérmino de diez días siguientes al sorteo, el órgano emisor de la disposicióndemandada o cualquier persona, podrán intervenir para defender o impugnar laconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas demandadas. La sentencia deberá exponer de manera sucinta, clara, completa y precisatodos los argumentos de hecho y de derecho expuestos por los intervinientes, ydeberá tenerlos en cuenta dentro de su análisis. Art. 86.- Información para resolver.- La jueza o juez ponente, podrárecabar información que considere necesaria y pertinente para la resolución delproceso. El ponente podrá invitar a entidades públicas, universidades, organizacionesprivadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso, paraque presenten informes técnicos sobre puntos específicos que sean relevantes pararealizar el análisis del caso. La solicitud de informes técnicos deberá permitir la diversidad de criterios ypareceres, de haberlos. En estos casos, se extenderá el término para presentar el proyecto desentencia hasta quince días, contado a partir del vencimiento de aquel fijado paralas intervenciones públicas y oficiales. Art. 87.- Audiencia.- Cualquier interviniente dentro del procesoconstitucional o cualquiera de los jueces de la Corte puede solicitar que se\n29. convoque una audiencia pública ante el Pleno, para que quien hubiere expedido lanorma o participado en su elaboración, y el demandante, expongan, clarifiquen,sustenten y profundicen los argumentos de hecho y derecho en que sustentan supretensión, que será aceptada siempre que la jueza o juez ponente lo considerenecesario. De manera excepcional se podrá invitar a la audiencia a otrosintervinientes dentro del proceso constitucional, cuando resulte necesario pararealizar un análisis completo del proceso. La invitación deberá permitir la diversidadde criterios y pareceres, de haberlos. Esta audiencia se podrá solicitar hasta cinco días después de vencido eltérmino para recabar información, en caso de haberse solicitado, o de lasintervenciones públicas y oficiales y se realizará hasta cinco días después de habersido solicitada. Art. 88.- Criterios de las juezas o jueces de la Corte.- Cualquiera de lasjuezas o jueces de la Corte podrá presentar al ponente sus criterios sobre elproceso, para que los evalúe y tenga en cuenta en la elaboración del respectivoproyecto de sentencia. Para tal efecto, cualquier jueza o juez de la Corte puede acceder alexpediente, examinarlo y solicitar copias, antes de que sea discutido en el Pleno dela Corte Constitucional. El criterio podrá presentarse en cualquier momento hasta el vencimiento deltérmino de veinte días contados a partir de las comparecencias públicas y oficiales. Art. 89.- Proyecto de sentencia.- La jueza o juez ponente presentará porescrito el proyecto de sentencia a la Secretaría General de la Corte Constitucional,para que ésta envíe copia del mismo a todos los jueces de la Corte. El proyecto será presentado dentro del término de quince días a partir delvencimiento del término para la presentación de los criterios de los jueces de laCorte. Cualquier jueza o juez de la Corte podrá presentar observaciones al proyectode sentencia dentro del término de cinco días siguientes a la presentación enSecretaría. Art. 90.- Deliberación y decisión.- La sentencia de la Corte Constitucional sesujetará a las siguientes reglas: 1. La decisión deberá adoptarse dentro del término de diez días a partir delvencimiento del término para la presentación de las observaciones de los miembrosde la Corte Constitucional; 2. La decisión se adoptará por la mayoría absoluta, se aclara que la mayoríacorresponde a cinco (5) votos, de las juezas o jueces de la Corte Constitucional; 3. Cuando el proyecto no sea aprobado, se designará una nueva jueza o juezponente para que elabore el proyecto. Art. 91.- Contenido de la sentencia.- La sentencia de la Corte Constitucionaldeberá contener: 1. Antecedentes procesales, en los que deberán constar al menos: a) Trascripción de la disposición jurídica demandada. b) Indicación expresa, clara, precisa y sucinta de la pretensión y sufundamento. c) Contenido sucinto de las intervenciones.\n30. d) Etapas procesales agotadas. 2. Parte considerativa, que se referirá al menos a los siguientes temas: a) Competencia de la Corte Constitucional para resolver el caso. b) Planteamiento de los problemas jurídicos de los que depende la resolucióndel caso. c) Resolución de los problemas jurídicos, que deberá tener en cuenta todoslos argumentos expuestos por las partes involucradas en el proceso. d) Síntesis explicativa, en la que se deberá describir de forma clara,concreta, inteligible, asequible y sintética las cuestiones de hecho y derechoplanteadas y el razonamiento seguido por la Corte Constitucional para tomar ladecisión que se hubiere adoptado. 3. Parte resolutiva, en la que se pronunciará sobre la constitucionalidad de ladisposición demandada y sobre los efectos de la decisión. Art. 92.- Votos concurrentes y votos salvados.- Las juezas o jueces de laCorte Constitucional podrán elaborar votos concurrentes o salvar el voto, para locual deberán entregar en la Secretaría General el escrito correspondiente dentro deltérmino de diez días a partir de la adopción de la decisión. Art. 93.- Publicación y notificaciones.- Los autos, sentencias y demásprovidencias correspondientes a estos procesos, serán publicadas y notificadas enlos lugares señalados por los intervinientes, en medios electrónicos de accesopúblico para su seguimiento. En el Registro Oficial se ordenará la publicación de lassentencias. La publicación de las sentencias debe contener los votos salvados yconcurrentes de las juezas o jueces de la Corte, y se efectuará dentro del términode diez días a partir de la adopción de la decisión. La notificación de la sentencia serealizará dentro del término de veinticuatro horas de expedida la sentencia. Art. 94.- Aclaración y ampliación.- La persona demandante, el órganoemisor de la disposición demandada y aquellos quienes intervinieron en el procesode su elaboración y expedición, podrán solicitar la aclaración o ampliación de lasentencia en el término de tres días a partir de su notificación y será resueltadentro del término de ocho días a partir de su presentación. Art. 95.- Efectos de la sentencia en el tiempo.- Las sentencias que se dictenen ejercicio del control abstracto de constitucionalidad surten efectos de cosajuzgada y producen efectos generales hacia el futuro. De manera excepcional sepodrán diferir o retrotraer los efectos de las sentencias, cuando sea indispensablepara preservar la fuerza normativa y superioridad jerárquica de las normasconstitucionales, la plena vigencia de los derechos constitucionales, y cuando noafecte la seguridad jurídica y el interés general. Cuando la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición jurídicaproduzca un vacío normativo que sea fuente potencial de vulneración de losderechos constitucionales o produzca graves daños, se podrá postergar los efectosde la declaratoria de inconstitucionalidad. Art. 96.- Efectos del control de constitucionalidad.- Las sentencias que sedicten sobre las acciones públicas de inconstitucionalidad surten efectos de cosajuzgada, en virtud de lo cual:


Las universidades ofrecen más de 100 posgrados en leyes\nDavid “Chato” Romero - dromero@larepublica.com.co Miércoles, 21 de junio de 2017\nMás de 100 programas entre diplomados, especializaciones, maestrías se ofrecen en las diferentes universidades del país abordando temas tributarios, derecho constitucional, familia, internacional humanitario, financiero, médico, entre otras temáticas.\nPara Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana “nosotros pensamos en la necesidad de herramientas prácticas para el desempeño de los abogados. Hoy en día los pregrados dan una formación general pero en el ejercicio profesional hemos encontrado énfasis que se requieren y que enseñe de manera muy práctica las competencias para el mercado laboral”.\nColombia es el segundo país del mundo con más abogados por cada 100.000 habitantes, después de Costa Rica, según la Corporación de Excelencia en la Justicia.\nEsto quiere decir que existen más de 400.000 tarjetas profesionales expedidas por el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, e igual o un superior número de abogados ejerciendo su profesión en el país.\nErick Rincón Cárdenas, gerente general de Legis, explicó que la región del país que mejor les paga a los abogados como lo vimos en una nota anterior es Antioquia y Eje Cafetero con una base de $2,9 millones.\nSi se trata de un abogado junior o recién graduado, Bogotá es la zona que mejor remuneración ofrece a los recién egresados con $1,54 millones. La Costa resulta ser el peor escenario para los juniors con un salario básico de apenas $970.000.\nDecano Derecho Universidad de la Sabana\n“Vemos que el tema relacionado hacia derecho corporativo y financiero es lo más demandado”.


Universidad Autónoma de Madrid - Doble Máster en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica\nLos estudiantes obtendrán las competencias establecidas en los dos títulos se obtienen al completar la doble titulación:\nMáster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado: El estudiante del completa su formación jurídica interdisciplinar y mejora su capacitación profesional para ejercer la profesión de abogado en cuanto colaborador relevante de la Administración de Justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.\nAsimismo le capacita para superar la prueba de habilitación nacional de acceso a la abogacía que cada año convocará el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.\nMáster Universitario en Investigación Jurídica: Los estudiantes serán candidatos con altas probabilidades de éxito en programas de doctorado en Derecho ya que tendrán conocimientos avanzados en materia de metodología jurídica que se compatibilizarán con conocimientos avanzados en un área del Derecho. Desde el punto de visa profesional, esta orientación les servirá para ser candidatos potenciales para los programas de formación de doctores (FPU, FPI, etc.) y desarrollar una carrera investigadora o para incorporarse en la práctica en despachos profesionales, toda vez que las capacidades investigadoras son cada vez más valoradas en el mundo profesional para un adecuado desempeño del Derecho.\nPor qué estudiar la doble titulación\nEl doble máster MAA+MIJ es un programa formativo original de la UAM, directamente concebido para satisfacer el interés de aquellos y aquellas estudiantes que pretenden iniciarse en breve en el ejercicio de la abogacía y que, al tiempo, también quieren formarse como investigadores en Derecho, normalmente con vista a la elaboración de una tesis doctoral.\nMediante el programa de doble máster MAA+MIJ, la Facultad de Derecho de la UAM integra sus dos señas de identidad: formación cualificada para el acceso a la profesión de abogado, cumpliendo con lo establecido en la Ley 34/2006 y en su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 755/2011), y liderazgo en la investigación jurídica de excelencia.\nEn especial, la excelencia en la investigación jurídica en la UAM tiene múltiples expresiones actuales: la orientación investigadora del profesorado, de lo que da cuenta el portal de producción científica de la UAM; una biblioteca excepcional en sus fondos y en su funcionamiento; y un programa de doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas muy acreditado, con intensa demanda de admisión y del que resulta un alto número de tesis doctorales cada año.\nLos estudiantes que deseen ser admitidos a cursar el doble Máster deben cumplir con los requisitos de admisión específicos de ambas titulaciones: Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado y Máster Universitario en Investigación Jurídica.\nEstar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.\nEn el caso de títulos expedidos por centros extranjeros se requiere previa acreditación de la posesión del título de Grado expedido por una Universidad española. Si no cuentan ya con una homologación del título, este título se obtendrá previa convalidación parcial de los estudios realizados en Universidades extranjeras.\nIdioma inglés: se deberá acreditar como mínimo un nivel B2 o equivalente.\nIdioma español: En el caso de estudiantes cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar como mínimo un nivel B2 o equivalente.\nCertificado académico de calificaciones de los estudios de grado. Debe incluir las notas obtenidas al menos hasta el primer semestre del último curso del Grado. (Dicho certificado debe estar traducido en caso de no estar en castellano. No será requisito imprescindible la traducción de documentos que estén en: inglés, francés, italiano o portugués).\nAcreditación de conocimiento del idioma inglés B2.\nAcreditación de conocimiento del idioma español B2 (solo para estudiantes no hispanohablantes).\nAcreditación de conocimiento de otros idiomas.\nCentro, departamento o instituto responsable: Facultad de Derecho\nCurso implantación: 2018/2019\nCréditos 132 ECTS\nNúmero de plazas ofertadas: 10\nCoordinadora Doble Máster:\nLas consultas relativas al procedimiento de admisión al Máster deben dirigirse a:\nOficina de Posgrado.- Facultad de Derecho.- c/ Kelsen, 1.- 28049 – Madrid.\nTeléfono 91 497 8133 / 3373 / 8763