izq35_def | Luiz Inácio Lula Da Silva | Democracy\nsaveSave izq35_def For Later\nConflicto y solucin poltica Proceso de paz y conflicto social Proceso de paz, poder constituyente y participacin La participacin poltica en la agenda de La Habana Nuestra Amrica La explosin social en Brasil Nuevo Constitucionalismo en Nuestra Amrica Neoliberalismo rampante La vulnerabilidad externa de la economa colombiana Luchas populares Las multitudes en Turqua y Brasil Radiografa de un carnaval en defensa de la vida Subversiones intelectuales Leandro Daz: Yo ando por los pueblos oyendo sus quejas Editorial El Catatumbo o el incalculable valor de la dignidad campesina\nJairo Estrada lvarez Director Jess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista. Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin Espacio Crtico Ediciones Publicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 N 35, Julio de 2013. Bogot, Colombia\nConflicto y solucin poltica 4\nProceso de paz, poder constituyente y\nLa participacin poltica en la agenda de La Habana: Tres interpretaciones sobre un mismo dilema\nNuestra Amrica 24 anotaciones (para un anlisis posterior)\nRicardo Antunes/Ruy Braga\nLa explosin social en Brasil: Primeras\nNuevo Constitucionalismo en Nuestra Amrica\nNeoliberalismo rampante 38 colombiana\nLa vulnerabilidad externa de la economa\nLuchas populares 44 Ricardo Snchez ngel\nLas multitudes en Turqua y Brasil\nRadiografa de un carnaval en defensa de la 50 vida\nSubversiones intelectuales 56 oyendo sus quejas\nLeandro Daz: Yo ando por los pueblos\nEditorial 64 dignidad campesina\nEl Catatumbo o el incalculable valor de la\nPeriodista Director de VOZ\nos dilogos de La Habana, en medio de sus propios sobresaltos, estn en el marco del nudo de las contradicciones entre el gobierno oligrquico y la lucha popular. La bsqueda de la paz y la decisin del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP de abrir un escenario de acuerdo en La Habana, Cuba, no establece ninguna tregua en la lucha de clases. El Gobierno del presidente Santos, de conformidad con los intereses que representa, y los trabajadores y sectores populares se enfrentan en el conflicto social, porque el primero apuntala el modelo de acumulacin capitalista neoliberal y los segundos adelantan la resistencia y enfrentan la represin y el autoritarismo del rgimen. El ambiente de paz, los mecanismos de participacin ciudadana en los dilogos, en particular los foros agrario y de participacin poltica, as como las mesas regionales y centenares de propuestas de organizaciones sociales y gente del comn, han despertado la conciencia de amplios sectores del pas de la necesidad de luchar por sus derechos. Los temas sociales y polticos de la agenda sacaron a flote cualquier cantidad de problemas insatisfechos en las regiones y comunidades, ms all de la estrecha y mezquina interpretacin gubernamental de la agenda, contenida en el Acuerdo General de La Habana. Los recientes paros, movilizaciones y protestas en distintas regiones, sobre todo, el paro en la regin del Catatumbo, estn demostrando que la demagogia del gobierno de Santos no tiene atenuantes, porque por un lado abre la puerta de los dilogos con la insurgencia y, por el\notro, contina con las polticas de entrega del pas al inters privado y de las transnacionales. Al mismo tiempo establece limitaciones en los alcances de la agenda de La Habana, en abierta proteccin del modelo econmico de injusticia social, de la explotacin por parte de las transnacionales de los recursos naturales, en especial de los minero-energticos, de la propiedad terrateniente y latifundista y del gran capital, respaldado en la precariedad de la democracia y en el autoritarismo represivo. Sin que la lucha social y popular est en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares estn dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democrticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presin del conflicto social. Es una lstima que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en los postulados de una central clasista, est en un letargo que la aleja de la lucha popular. Lamentables los recientes resultados de las elecciones del Comit Ejecutivo, cuyo escrutinio se demor ms de la cuenta y deja un tufillo de duda y de sospecha en el respeto a la democracia. Qued la sensacin de fraude. La CUT, entre otros vacos, se niega a apoyar el proceso de paz, se margin de la gigantesca movilizacin del 9 de abril y no participa en la lucha por la defensa de lo pblico, como en Bogot, donde el alcalde Gustavo Petro es perseguido por la intolerancia reaccionaria. Est al margen de los conflictos sociales de estos das. Se cocina en su propia salsa de las disputas burocrticas por el pequeo poder. Una tarea de la izquierda es modificar la correlacin de fuerzas en su direccin ejecutiva para reconstruir la central sobre las bases clasistas y populares.\nEl acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda de La Habana, contenida en el Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y el logro de una paz estable duradera, que gua los dilogos de paz,\nN 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia Conflicto y solucin poltica\nPara fortalecer desde la orilla democrtica y popular la presin para que se profundice en el debate de La Habana se hace necesaria la creacin de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del dilogo y exija la disposicin de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del pas, que requiere de democracia y justicia social.\ndesat una enorme expectativa en el pas y en el exterior, porque se crea casi imposible que las dos partes pudieran llegar a acuerdos concretos sobre el tema del Desarrollo agrario integral, una de las causas primarias del largo conflicto colombiano. Aunque quedaron pendientes algunas lneas rojas, al decir de los delegados gubernamentales, o clusulas Frizer, como las define la delegacin de paz de las FARC, que sern retomadas antes del acuerdo final, en el marco del principio de que nada est acordado hasta que todo est acordado. Entre estos temas pendientes estn cuestiones fundamentales que afectan al campo, como la concentracin de la propiedad sobre la tierra y la extensin y nmero de las Zonas de Reserva Campesina, en la actualidad epicentro de las contradicciones con el rgimen. Sin embargo, llam la atencin que en medio del entusiasmo nacional e internacional, despus de la visita a Colombia del vicepresidente estadounidense, mster Biden, el presidente Santos hubiera recibido en la Casa de Nario, con bombos y platillos, a Henrique Capriles, ex candidato de la oposicin en Venezuela, derrotado en las urnas, ahora cabeza visible de un proyecto desestabilizador y golpista contra el gobierno legtimo y constitucional de la Repblica Bolivariana de Venezuela, pas acompaante de los dilogos de paz, y anunciara la intencin de integrar a Colombia en el pacto militar agresivo de la OTAN, actos peligrosos e inadmisibles, adems de inamistosos con los pases garantes y acompaantes, que en el caso de Amrica Latina promueven procesos autnomos, soberanos y propios, a favor de la democracia y la independencia de la frula imperial.\nEstas manifestaciones errticas, no improvisadas ni simples errores del presidente Santos, hombre calculador a la hora de las decisiones, le metieron ruido a la mesa y mayor desconfianza a la insurgencia, ya preocupada con las presiones de los tiempos fatales y las limitaciones a la agenda, concebida, ms all de lo concreto, con fundamentos polticos y filosficos en el prembulo y el contexto del Acuerdo General. En medio de la alteracin santista al desarrollo de la Mesa, se inici la discusin del segundo tema de la participacin poltica, con la formulacin de 10 propuestas de la delegacin de paz de las FARC-EP, que contienen iniciativas concretas para fortalecer la participacin poltica, reformas al Estado en pro de la democracia y lograr garantas concretas para la oposicin y\nN 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia\npara la guerrilla, convertida esta en fuerza poltica, una vez se alcance el acuerdo de paz estable y duradera. En direccin a la refrendacin de los acuerdos, prevista en el punto seis de la agenda, los voceros farianos propusieron la constitucin de la Asamblea Nacional Constituyente. De nuevo el presidente Juan Manuel Santos, con pocos argumentos, rechaz los 10 puntos y la Asamblea Nacional Constituyente, porque segn su criterio estn por fuera de la agenda y significan una inaceptable reforma del Estado. Salta de bulto el habitual pnico que la clase dominante tiene por la democracia, sin la cual ser difcil allanar el camino a la paz. Es la demostracin de cun difcil es lograr que la oligarqua colombiana, presionada por Washington y las fuerzas\nmilitaristas que se lucran con la guerra, tenga voluntad de cambio, factor que ha impedido a lo largo de seis dcadas la conquista de la paz. Nada de lo fundamental, para aquella, hace parte de la agenda. Son los inamovibles de las lneas rojas de la delegacin gubernamental. Son razones para fortalecer desde la orilla democrtica y popular la presin para que se profundice en el debate de La Habana, con la creacin de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del dilogo y exija la disposicin de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del pas, que requiere de democracia y justicia social. Es evidente que una Asamblea Nacional Constituyente, con representacin del pas poltico y del pas nacional, puede refrendar los acuerdos a que lleguen las partes y definir los disensos porque nada est acordado hasta que todo est acordado. Es garanta para la paz estable y duradera. El desafo para la izquierda y sectores democrticos es enorme. Es inaplazable la ms amplia unidad, que vaya ms all del proceso electoral en marcha. Son importantes los contactos que se estn adelantando, a partir de las propuestas de unidad y de las cartas que se han conocido en esta direccin porque animan el debate y lo sitan en lo concreto, de la misma manera que las iniciativas, como las constituyentes regionales, territoriales y temticas de Marcha Patritica, encaminadas a rodear de apoyo la Mesa de La Habana, a promover la movilizacin social y la formulacin de propuestas que enriquecen el debate nacional.\nSin que la lucha social y popular est en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares estn dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democrticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presin del conflicto social.\nProceso de paz, poder constituyente y participacin\nUna distincin necesaria: La funcin constituyente demoliberal no es el poder constituyente\ne discute la necesidad, conveniencia o pertinencia de una Asamblea Constituyente que sirva como medio de refrendacin o de definicin de las transformaciones que sera preciso introducir como resultado de los acuerdos de paz. Se alude a un proceso constituyente en el sentido de una reorganizacin de aspectos centrales de la organizacin poltica definida por la Constitucin por parte de representantes o delegatarios de la sociedad colombiana elegidos popularmente, previa una decisin legal. Hablar de poder constituyente en tales trminos remite a una fuente omnipotente productora de normas constitucionales, que nos llevara de lo vigente al establecimiento de otro orden. Es la ideologa constitucionalista liberal, edificada sobre la distincin entre el pacto societatis (limitado e imperfecto) y el pacto subjectionis (dominacin del poder constituido), sobre la base de la teora de la representacin que, en trminos contractualistas, borra la multiplicidad y conduce a negar en lo sucesivo la potencia de quienes se han expresado sometindola. Muy distinto es entender el poder constituyente como un fenmeno poltico siempre abierto, que no admite la sujecin por ningn poder\nconstituido, que se afirma como prctica permanente de liberacin, sin clausuras ni sometimientos, que no se diluye en categoras diferentes o renovadas de integracin/cooptacin. Esta distincin hay que hacerla expresa, para no caer en las ilusiones democrtico-burguesas, presentes en la apelacin al llamado constituyente primario, cuyo soporte es la forma social dominante de la abstraccin pueblo nacional.\nLos procesos subversivos y el poder constituyente\nEn todas las sociedades hay conflicto, pues en ellas rige la explotacin capitalista. Esta realidad supone una resistencia que se expresa bajo formas distintas: La normal, pacfica o civilizada, promovida por el Estado para que se obre conforme a las reglas del sistema, o la que rompe la normalidad, negndose a las formas institucionales de canalizacin, que puede incluso desconocer el monopolio estatal legtimo de la fuerza, asumiendo como legtima la utilizacin de la violencia. En la historia colombiana esas resistencias han transitado por la ruptura de la normalidad. Inicialmente a partir del problema agrario y luego con sentido ms englobante como una va de resistencia para transformar la sociedad, con la estrategia de toma del poder. Ese proceso de resistencia se ha degradado profundamente por la intervencin de otros factores de violencia derivados del narcotrfico y del paramilitarismo, que transformaron el accionar de la subversin armada, deslegitimndola y favoreciendo la respuesta militar del Estado y del propio paramilitarismo. Las prcticas destituyentes de esa resistencia no han enfrentado el verdadero carcter de la democracia representativa; se han limitado a repetir las crticas a sus vicios, deformaciones e imperfecciones; no han empleado categoras distintas para intentar salir de las vigentes, ni se han abordado entendimientos\ndiferentes frente a las transformaciones contemporneas en el orden de la explotacin y de la dominacin; aceptan como soluciones reales las alcanzables por la va de las reformas legales o constitucionales. En pocas palabras, salvo la opcin violenta, no se ha ejercido el poder constituyente en trminos polticos de ruptura y apertura y no demoliberales.\nPor qu reaparece el dilogo por la paz?\nDurante ocho aos imper la poltica de seguridad democrtica, con un tratamiento exclusivamente militar de la insurgencia guerrillera y una negociacin bastante controversial con las organizaciones paramilitares, sin que sus rasgos centrales hayan sido abandonados en este ltimo perodo presidencial. En ese contexto, sin embargo, el drama de la cuestin social sigue siendo inocultable, contrastando con la altsima destinacin de recursos al gasto militar y con no pocas instituciones regresivas en materia tributaria. El fenmeno paramilitar lejos de haber desaparecido se ha reactivado como bandas criminales muy ligadas al narcotrfico, enfrentadas entre s y con las agrupaciones guerrilleras. Las polticas y acciones antisubversivas han tenido un xito relativo, y la insurgencia guerrillera disminuida y golpeada en su direccin, an puede comprometer el orden pblico y escapar a la persecucin. En tales condiciones, la guerra puede prolongarse durante un perodo relativamente amplio, con las consecuencias econmicas y sociales que ello implica. Por ello, el rgimen poltico vuelve a oscilar entre esas dos posiciones: la eliminacin fsica, o la integracin/cooptacin para que las resistencias acepten tanto vas institucionales de manejo y tratamiento de la conflictividad, como contenidos compatibles con el buen desarrollo del orden de dominacin.\nLa realidad actual muestra la continuidad del conflicto con nuevos elementos derivados de los cambios ocurridos en el narcotrfico, de la subsistencia del paramilitarismo (como bandas criminales-bacrim), de la renovacin de las estrategias y tcticas de las organizaciones subversivas, de las acciones selectivas contra quienes como vctimas reivindican las tierras de las cuales fueron expulsadas, del crecimiento de la delincuencia urbana, de la ampliacin del espectro de la parapoltica, y del develamiento de la participacin de agentes del Estado en prcticas contrarias al derecho humanitario. Esas circunstancias han determinado que el presidente Santos haya decidido ensayar la alternativa de una respuesta a la resistencia que, sin renunciar al exterminio, busque canales de comunicacin para una solucin negociada. Las necesidades del desarrollo capitalista en sectores como el minero-energtico, la apropiacin de recursos naturales y de biodiversidad, o la ampliacin de la frontera agrcola con macroproyectos agropecuarios, exigen una pausa en la rigidez de la poltica guerrerista, compatible con el reconocimiento por la guerrilla del decrecimiento de su capacidad militar, de la prdida de su legitimidad sociopoltica, y con la reduccin del sufrimiento para la poblacin vulnerable. Sin embargo, la paz negociada ser precaria, pues quienes concurren a lograrla tienen intereses no coincidentes: Para los beneficiarios del orden existente, la paz lo afianza y profundiza, y para quienes se oponen a l supone la cooptacin/integracin, o la posibilidad de otros escenarios y medios para la resistencia. De otra parte, un acuerdo es til para ponerle fin al sufrimiento y a la dilapidacin de los recursos destinados a la guerra, que podran tener otro uso, compartido entre el exigido para la marcha del desarrollo capitalista y el requerido por nuevas condiciones de existencia y para reconstituir las formas de confrontacin.\nLos verdaderos supuestos del encuentro por la paz\nEl Acuerdo bsico, aunque no lo exprese su texto, implica que las partes (Estado/Farc) aceptan estos supuestos:\nDurante el perodo uribista se neg la existencia de un conflicto sociopoltico, asumiendo el exterminio con la poltica de seguridad democrtica. El gobierno de Santos contina la orientacin guerrerista, pero reconoce la existencia de un conflicto armado interno y, por lo tanto, la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario. Renace as la problemtica de causas socioeconmicas, recogidas por los movimientos\nsociales y sus organizaciones, que exigiran alternativas de organizacin diferentes a las vigentes.\nDegradacin del conflicto y responsabilidad estatal\nLa degradacin del conflicto no es atribuible de manera simplista a los actores subversivos, sino provocada o inducida por el paramilitarismo en connivencia con el Estado. La accin guerrillera imit las mismas conductas degradadas con las cuales se le estaba combatiendo e inclusive utiliz similares herramientas de financiacin ligadas al narcotrfico. Esa degradacin comprometi a todos los actores. Las organizaciones subversivas perdieron capacidad propositiva para formular alternativas de reorganizacin de la\nsociedad. En general el panorama qued presidido por la tragedia de la muerte, sin discusin alguna de las circunstancias econmico-sociales del orden injusto que debe ser transformado. De esa especial circunstancia de degradacin no estn ausentes agentes y prcticas estatales, comprometiendo la responsabilidad del Estado, con obvias consecuencias en el tratamiento y resarcimiento de las vctimas, como viene ocurriendo desde que la Corte Constitucional declar el Estado de cosas inconstitucional (sentencia T-025 de 2004), y ms an con la ley 1448 de 2011 sobre atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno. Esa degradacin se aprecia tambin en las violaciones del orden jurdico, tanto por\nactores subversivos como por agentes estatales y cuerpos paramilitares. Varios ejemplos estatales: desconocimiento de la distincin entre delito poltico y delito comn reconocida por la Constitucin Poltica, con fundamento en decisin de la Corte Constitucional (C-456 de 1997) y en el Estatuto de Roma ratificado por Colombia; falsos positivos; ejecuciones extrajudiciales; acciones blicas indiscriminadas que afectan poblacin civil; desplazamiento forzado de campesinos; crmenes selectivos; detenciones arbitrarias e, incluso, campaas de limpieza social.\nReconocido el conflicto, ya no se pueden eludir sus causas. stas, enlazadas desde los orgenes con el problema agrario, remozadas con motivos altruistas de cambio social en los aos sesenta o setenta, subsisten agravadas, como lo evidencian las informaciones empricas sobre la desigualdad, el empobrecimiento real de la poblacin y la alta concentracin de la riqueza.\nExclusin de efectos del conflicto sobre sectores vulnerables\nEl Acuerdo para el dilogo permite volver los ojos a los sectores vulnerables y empobrecidos (comunidades indgenas, afrodescendientes, campesinos, desplazados) que adicionalmente son vctimas de la degradacin del conflicto. La solucin poltica no puede olvidar esos sectores vulnerables: requieren condiciones de existencia dignas.\nUrgencia de economizar el sufrimiento\nEstos dilogos exigen encontrar con urgencia un acuerdo que contribuya a economizar el sufrimiento, y que aporte positivamente a la construccin de ciertas bases para una paz con justicia social.\nEl poder constituyente ms all de las soluciones demoliberales Significacin del acuerdo para el dilogo\nLas dos partes reconocen recprocamente y asumen la decisin mutua de poner fin al conflicto como condicin esencial para la construccin de la paz estable y duradera; admiten que la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participacin de todos, sin distincin; que el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse, y\nDurante el perodo uribista se neg la existencia de un conflicto sociopoltico, asumiendo el exterminio con la poltica de seguridad democrtica. El gobierno de Santos contina la orientacin guerrerista, pero reconoce la existencia de un conflicto armado interno y, por lo tanto, la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario. Renace as la problemtica de causas socioeconmicas, recogidas por los movimientos sociales y sus organizaciones, que exigiran alternativas de organizacin diferentes a las vigentes.\nque el desarrollo econmico con justicia social y en armona con el medio ambiente, es garanta de paz y progreso. Esas expresiones forman parte del Acuerdo bsico. Son el referente para definir contenido y alcance de los temas de la agenda. Por ello la cuestin agraria no puede tratarse restringidamente, sino de manera integral (programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y desarrollo social, impulso a la economa solidaria y cooperativa y seguridad alimentaria). No slo es un asunto campesino sino un problema del conjunto de la sociedad. Solo de esa manera ser posible concretar los restantes puntos y, en especial, garantizar condiciones de vida dignas para todos los sectores vulnerables y empobrecidos, que han visto agravada su situacin por la no solucin del conflicto social que es causa indudable de la expresin subversiva.\nLa participacin y el condicionamiento del Acuerdo\nEn primer lugar, porque si bien el Gobierno representa al Estado no lo compromete plenamente. Algunas materias podrn ser de su competencia, pero otras, las ms, dependen de cambios legislativos o constitucionales, que exigen una etapa de transicin compleja que permita cristalizar el Acuerdo. Por ello una refrendacin subordina el contenido de lo acordado a intervenciones que desbordan las capacidades del Gobierno. Slo mediante la intervencin de otras instancias, legislativas o constitucionales, el acuerdo podra perfeccionarse y concluir en una terminacin del conflicto. Esa intervencin refrendadora, cualquiera que ella sea, puede terminar en la negacin parcial o total de lo acordado, cualquiera que sea el instrumento que se utilice (reforma legal, reforma constitucional, referendo o asamblea constituyente). En ese contexto, para las FARC-EP no existe un escenario que garantice lo acordado y, al mismo tiempo, represente una apertura hacia una dinmica\nconstituyente ms all de la aceptacin de las reglas democrtico-representativas, que son las que ofrecen al hablar de cambiar las balas por los votos. Para mantener una posicin de resistencia al orden establecido, son precisos espacios que no cierren esa dinmica, que no impliquen cooptacin, integracin, o claudicacin, as se admita la terminacin de la estrategia armada. En esa dimensin son claves los trminos bajo los cuales puede considerarse la participacin poltica. Es preciso enfrentar el esquema democrtico-representativo, como una de las formas sociales de dominacin y de sujecin al poder estatal. Obviamente, no se trata de una ruptura absoluta, que requerira otras circunstancias histricas, pero s de considerar, en medio de las imperfecciones del sistema democrtico-representativo, la adquisicin de algunas condiciones que permitan mantener viva la dinmica del poder constituyente en un sentido diferente al de la ideologa demoliberal. Entre ellas, podra pensarse en un Fondo nico para fines publicitarios y de organizacin logstica que distribuya igualitariamente recursos entre los partidos, movimientos y, en general, aspirantes al sistema representativo; el acceso en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicacin pblicos y privados; el establecimiento de controles eficaces para impedir de manera absoluta la utilizacin de los recursos pblicos en las campaas polticas, y el compromiso de impedir todas las prcticas de exterminio por parte de actores militares o paramilitares. En pocas palabras, una participacin poltica que no encadene el poder constituyente.\nLa participacin poltica en la agenda de La Habana:\nTres interpretaciones sobre un mismo dilema\nPolitlogo. Administrador Pblico. Ingeniero Industrial Magster en Estudios Polticos. Candidato a Doctor en Estudios Polticos y Relaciones Internacionales\nl segundo punto de las conversaciones entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno del presidente Santos se concentrar en una temtica esquiva y ambigua: la participacin poltica. Una temtica que trae aparejada por lo menos tres diferentes interpretaciones: para el Gobierno nacional significa la discusin sobre las formas de participacin de la guerrilla una vez desmovilizada; para algn sector de la sociedad civil y la opinin nacional, la forma en la que se refrendarn los acuerdos que se alcancen en el marco de la mesa de negociaciones, y, finalmente, algunos sectores del movimiento popular han interpretado que la discusin en este punto debe concentrarse en la reforma del rgimen poltico y del sistema electoral para que permitan una participacin ms amplia de las minoras polticas, y para que se pueda desarrollar una democracia ms garantista, amplia e incluyente. Las FARC-EP parecen haber construido un temario amplio que incluye las dos ltimas interpretaciones pero que menciona solo vagamente la discusin del primer punto. La propuesta de la guerrilla es amplia y ambiciosa; plantea una reforma profunda del rgimen poltico. La razn para esta apuesta de las FARC-EP es apenas lgica: la existencia de la propia oposicin armada puede explicarse por las caractersticas sectarias, excluyentes y violentas del sistema poltico colombiano. Un sistema poltico que ha favorecido a minoras oligrquicas que han entronizado la persecucin y la eliminacin fsica cuando no la cooptacin de la terceras polticas frente a las opciones tradicionales del bipartidismo; que han perpetuado durante\ndcadas los mismos vicios clientelares y las mismas prcticas corruptas para acceder al poder; que han convertido el ejercicio de la poltica en propiedad privada de pocas familias y castas; que se han enquistado en la estructura de Estado a travs de la creacin de una institucionalidad que les favorece, y que a partir de ello han diseado unas fuerzas militares proclives a la defensa de los privilegios de clase; que han desarrollado un orden territorial del Estado que margina importantes sectores sociales, habitantes de lugares apartados de la geografa nacional; en fin, la propuesta de la guerrilla ataca de fondo la raz del problema de la participacin, pero por ello mismo la iniciativa de la insurgencia ha sido calificada de exorbitante e ilusa cuando no de exagerada frente a los alcances de la agenda pactada.\nLos lmites de la agenda propuesta por Santos\nEl Gobierno nacional y sus voceros en La Habana, y en Colombia, han reiterado en mltiples ocasiones que con la guerrilla no se discute el modelo de Estado ni la propiedad privada ni el modelo econmico; que los dilogos con la insurgencia deben conducir nicamente a cambiar balas por votos, es decir, a decidir las formas en las que la insurgencia armada participar en el juego electoral abandonando las armas, renunciado a su poder regional y respondiendo por los crmenes que el Gobierno y parte de la opinin nacional e internacional les imputan. Para el Gobierno de Santos, la agenda de conversaciones es limitada y orientada a la desactivacin del conflicto, sin la transformacin del rgimen poltico. Para la insurgencia, la paz est ms all de la desactivacin del conflicto militar, que es solo su manifestacin ulterior, y se extiende a la transformacin de mltiples escenarios de la vida poltica nacional. En este tira y afloja, el primer punto de las conversaciones, el punto sobre desarrollo agrario y propiedad de la tierra, qued como un acuerdo en el que, al parecer,\nlas temticas gruesas permanecen pendientes: limitacin del latifundio, modelo de desarrollo agrario, redistribucin real de la propiedad rural improductiva, autonoma de las zonas de reservas campesina, etc. A diferencia del punto de tierras, la discusin sobre participacin poltica conlleva un horizonte ms amplio de condiciones, que con seguridad deben tocar la estructura misma del Estado. El Gobierno nacional tal vez no est dispuesto a discutir temas gruesos, como la estructura del Congreso o la eleccin popular de algunos funcionarios o, ms aun, el cariz de las fuerzas militares. Ampliar la agenda se impone entonces como nica salida a la tensin que con seguridad suscitar este punto.\nLa participacin poltica en Colombia: exclusin y violencia contra las minoras\nEn el Foro de Participacin Poltica citado por la Mesa de conversaciones, y realizado hace algunos das, los delegados de las organizaciones convocadas eran reiterativos en sealar la ausencia de mecanismos reales de participacin ms all de lo electoral, y las limitaciones del constituyente primario para expresarse. Los asistentes calificaban el sistema electoral como un arreglo corrupto donde el clientelismo, el nepotismo, y la cleptocracia se imponan frente a las minoras. Adems, sealaban la limitacin de la democracia participativa mediante el recorte de mecanismos de participacin popular o su trnsito desdibujado a travs de vericuetos jurdicos. Al final, todas ellas coincidan en la identificacin de una dinmica violenta agenciada por minoras dominantes que ha tomado el sistema poltico colombiano, eliminando a sangre y fuego la oposicin poltica y convirtiendo en herramientas de lucha electoral el macartismo, la amenaza y el asesinato de lderes y organizaciones polticas. Sin embargo, ante este diagnstico, las propuestas y exigencias de los asistentes eran vagas: ms democracia, ms participacin, ms control a los mandatarios, financiacin pblica de las campaas electorales; menos trabas para desarrollar la oposicin poltica, menos requisitos para la presencia de las minoras, menos clientelismo y corrupcin. Las propuestas concretas sobre rediseo institucional lamentablemente brillaron por su ausencia, de la misma manera que lo hicieron los representantes de los partidos tradicionales, verdaderos artfices de la decadencia del sistema poltico colombiano. El papel de la Mesa en este sentido es tanto incluir de manera real estas observaciones y demandas de la sociedad civil como precisarlas, de manera tal que se puedan proponer verdaderas reformas al rgimen poltico que eliminen los vicios que la derecha y las clases dominantes han\nconstruido en el desarrollo polticos del pas para satisfacer sus intereses particulares. As las cosas, reestructurar el Estado, como lo plantea la guerrilla, antes que descabellado es necesario e insoslayable.\nLa inclusin de la guerrilla en la va democrtica\nLa participacin tambin ha sido concebida como la forma en la que se garantizar que la guerrilla, y los movimientos polticos que surjan de los acuerdos, puedan desarrollar su trabajo poltico en el mundo electoral. La insurgencia no puede tratarse como un actor derrotado y, por ello, el gobierno no puede reducir el problema de la participacin a la posibilidad de que los alzados en armas compitan en un sistema poltico viciado por las prcticas de corrupcin y clientelismo institucionalizadas en el orden poltico nacional. El movimiento armado contina ejerciendo el poder real en las zonas en las que el abandono estatal ha sido histrico; all los insurgentes son casi un Estado dentro del Estado: desconocer este\npoder y pensar que la contienda electoral retrata de manera adecuada la correlacin de fuerzas es la salida simplista del establecimiento para sacar ventaja de la negociacin. La salida debe ser modificar tanto el orden territorial como la representacin poltica asociada a l y reconocer la existencia de poderes regionales mas all de la dinmica electoral, que ha compuesto un poder nacional que no consulta de manera real a los habitantes de territorios y regiones alejadas del centro del poder poltico colombiano. En este sentido, un orden del territorio diferente al actual, que avance en los provincial o regional y reconozca la participacin poltica en los rganos colegiados del poder nacional, puede tanto ayudar la participacin de movimientos regionales, que no tienen ni voz ni voto en el orden nacional, como contribuir a la integracin poltica de la insurgencia mediante el reconocimiento de su poder en los territorios donde lo han ejercido de manera sostenida y han construido formas organizativas propias.\nEl problema de la dejacin de las armas no debe convertirse en la talanquera para avanzar en los acuerdos, menos an la discusin del problema de la participacin poltica. La insurgencia ha manifestado en mltiples ocasiones que reconoce la necesidad de un monopolio estatal de las armas, y que stas sern innecesarias en el marco de un acuerdo de paz que modifique de manera real las condiciones que condujeron al conflicto. As las cosas, el argumento expuesto por el gobierno de aclarar de manera anticipada la desmovilizacin y entrega de armas del movimiento insurgente lo que hace es enrarecer el ambiente y boicotear la senda de los acuerdos. Ni la guerrilla llego derrotada a la Mesa de conversaciones ni el Estado se ha impuesto en todo el territorio. El acuerdo puede llevar a integrar positivamente al desarrollo econmico y la vida poltica nacional a amplios sectores marginados en la geografa nacional.\nLa refrendacin de los acuerdos y la terminacin del conflicto\nLa Mesa de conversaciones debe llegar a acuerdos sobre los temas fundamentales que han originado la confrontacin armada. Estos acuerdos no son solo el producto de la discusin entre las dos partes sino que parten de los aportes que varios sectores de la sociedad civil han realizado desde diversos espacios de participacin en la Mesa: los foros, las asambleas, las iniciativas de participacin propiciadas por el Congreso nacional, la visita de expertos a La Habana, etc. Sin embargo, estos canales han sido limitados, y la forma de garantizar an ms el respaldo popular y modular las iniciativas de reformas demanda un proceso de participacin popular que vaya ms all de un mecanismo de consulta neutro como un referendo o una consulta popular: la misma naturaleza de los acuerdos alcanzados, que pueden llegar a afectar el orden constitucional, implica un mecanismo de mayor calado poltico. Pero, adems, la terminacin del conflicto y la garanta de su no\nLa asamblea nacional constituyente debe ser el mecanismo que asegure que los acuerdos alcanzados puedan tener la legitimidad social para adoptarse en el rgimen constitucional, para que muchos sectores de la sociedad civil puedan aportar en su conceptualizacin, para que la estabilidad de los cambios y el mantenimiento de las medidas adoptadas para reintegrar a los combatientes no sea asunto de los nimos polticos de los gobiernos sobrevinientes y, finalmente, para que la vida poltica del pas se enrumbe por el camino de la paz estable y duradera.\nrepeticin no pueden hacerse mediante mecanismos de refrendacin que permitan la revocatoria de los mismos al libre arbitrio de los gobiernos siguientes. Por estas razones, la asamblea nacional constituyente debe ser el mecanismo que asegure que los acuerdos alcanzados puedan tener la legitimidad social para adoptarse en el rgimen constitucional, para que muchos sectores de la sociedad civil puedan aportar en su conceptualizacin, para que la estabilidad de los cambios y el mantenimiento de las medidas adoptadas para reintegrar a los combatientes no sea asunto de los nimos polticos de los gobiernos sobrevinientes y, finalmente, para que la vida poltica del pas se enrumbe por el camino de la paz estable y duradera.\nReformar o refundar el Estado\nMs all de este falso dilema que ha sido construido por los manipuladores de la opinin nacional con el fin de alertar sobre un posible atentado a la institucionalidad vigente, pero tambin ms all de la pretensin de algunos sectores polticos que suponen que las conversaciones actuales deben dejar intocada la estructura del Estado, lo que se impone es mantener los avances que la constitucin de 1991 garantiz para amplios sectores de la sociedad nacional, pero tambin enriquecer la carta constitucional con los acuerdos que emerjan de La Habana. La lucha social y popular debe estar comprometida al mximo tanto en la defensa de los acuerdos y en la exigencia del mecanismo de asamblea constituyente, como en su reglamentacin para que se asegure la participacin ms beneficiosa e incluyente de los sectores marginados, y del propio movimiento insurgente; y, por supuesto, la lucha debe continuar con la participacin masiva en la eleccin de los miembros de esta instancia mxima de decisin poltica. La asamblea ser la oportunidad de fijar los cimientos de la paz estable y duradera.\nLa explosin social en Brasil:\nPrimeras anotaciones (para un anlisis posterior)\nProfesor de Sociologa de la UNICAMP*\nProfesor de Sociologa de la USP** Traduccin al espaol: Jess Gualdrn\nunio de 2013 entrar en la historia de las rebeliones sociales en Brasil como una fecha emblemtica. Comenz el 6 de junio en Sao Paulo con una marcha de protesta de aprox. 2.000 personas contra el aumento de las tarifas del transporte pblico. Los jvenes del Movimento do Passe Livre (MPL)1 no podan imaginarse que iban a sacudir a Brasil con una explosin slo comparable al menos en lo que respecta a su amplitud, aunque utilizando formas muy distintas con la campaa por la destitucin de Collor en 1992 o con aquella por elecciones directas en 1985, bajo la dictadura militar. Desde entonces hasta el momento en que terminamos de escribir estas notas, el 28 de junio de 2013, hubo manifestaciones los das 7, 11 y 13, llegando a un punto espectacular el 17 de junio con ms de 70 mil\n* Autor, entre otros libros, de Los Sentidos del Trabajo y Adios al Trabajo? (ambos en Herramienta Editorial). ** Autor, entre otros libros, de A Poltica do Precariado (Boitempo) y A Nostalgia do Fordismo (Ed. Xam). 1\tMovimiento Pase Libre\nparticipantes en Sao Paulo, decenas de miles en Ro de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, en fin, en prcticamente todas las capitales del pas, tanto en las grandes como en las pequeas ciudades, en el centro como en la periferia, en una explosin popular que conmovi los pilares del orden. El 20 de junio, casi 400 ciudades, incluidas 22 capitales, salieron a manifestarse y a marchar, aglutinando ms de un milln de personas, segn las informaciones y clculos de prensa, como si fuera posible hacer una suma precisa de un verdadero ocano popular presente en las manifestaciones. El pas de la cordialidad mostraba, una vez ms, que tambin se sabe rebelar. La explosin lleg prcticamente a todos los rincones del pas. Comprender esta verdadera rebelin popular es imposible en este momento. Lo que aqu pretendemos, entonces, es tan solo indicar algunos puntos de partida que permitan intentar comprender los porqus de esta explosin, recoger algo de su diseo emprico y algunos de los trazos que han aflorado durante estos poco ms de 20 das de levantamiento social, que, por cierto, experimenta mutaciones cotidianas. Para un anlisis ms profundo sera necesario ms tiempo. Pero no tenemos condiciones para ello. Alguien dijo alguna vez que es mejor vivir una experiencia que escribir sobre ella, una glosa completamente libre, que aqu vale como metfora. Tal vez sea posible sugerir que su explosin se debe a un proceso interno de superacin de un largo periodo de letargo, articulado a un proceso externo caracterizado por una poca de sublevaciones en escala global que se ampliaron enormemente a partir de la crisis estructural de 2008. Estas manifestaciones, con todas sus particularidades y singularidades, tienen algo en comn: las masas populares se apropian del espacio pblico, de las calles, las plazas, implementando prcticas ms plebiscitarias, ms horizontales, adems de plasmar un descontento en relacin tanto con las formas de representacin e institucionalizacin que caracterizan las democracias vigentes en\nlos pases capitalistas, como con aquellas con claro carcter dictatorial, como ocurre en varios pases del Medio Oriente. En el caso brasileo recurriendo a una figura geomtrica es como si existieran muchas curvas multiformes que acabaron por encontrar su punto de convergencia en junio de 2013. Exactamente en un periodo en que las clases dominantes queran celebrar con espectacularidad, como si fuera una fiesta popular, la realizacin de la Copa Confederaciones, profundamente imperial e imperialista, comandada por la FIFA y por los grandes emprendimientos capitalistas. Un plan fracasado. Lo que pareca slido, se deshizo en el aire. Por qu?\nBrasil estuvo al frente de las luchas polticas y sociales en la dcada de 1980, consiguiendo retardar la implantacin del neoliberalismo y logrando que la llamada dcada perdida como normalmente se denomina aquel periodo en relacin con los capitales significase para los movimientos sociales y polticos populares exactamente lo contrario. En aquella poca floreci un fuerte sindicalismo de oposicin, de lo cual fue un ejemplo la creacin, en 1983, de la CUT (Central nica de los Trabajadores). Las huelgas enfilaban en sentido inverso a las tendencias regresivas presentes en el mundo occidental, y Brasil alcanz una de las ms altas tasas huelgusticas de Occidente. Nacieron incontables movimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), en 1984. Se ampli la oposicin a la dictadura militar, se convoc a una Asamblea Nacional Constituyente en 1986 y experimentamos, en 1989, un proceso electoral que dividi a Brasil en dos proyectos distintos. La dcada de 1990, sin embargo, fue avasalladora: neoliberalismo, reestructuracin productiva, financiarizacin, desregulacin, privatizaciones y desmonte. Fue lo que denominamos la era de la desertizacin neoliberal de Brasil. As, cuando tuvo lugar la victoria poltica de 2002 con la eleccin de Lula, el escenario era profundamente distinto al de los aos 1980. Y como la historia est colmada de sorpresas, encuentros y desencuentros, la eleccin de 2002 acab por convertirse en la victoria de la derrota. Oscilando entre un enorme continuismo con respecto al gobierno de Fernando Henrique Cardoso y poco cambio sin ninguna sustancia, el primer mandato de Lula termin de modo desolador, lo que lo oblig a forzar el cambio de ruta, siempre con gran moderacin y evitando cualquier confrontacin. Bolsa Familia y altsimas ganancias bancarias\ny financieras; aumento del salario mnimo si se compara con los dos gobiernos de FHC, pero tambin creciente enriquecimiento de innumerables sectores de la gran burguesa; ausencia de reforma agraria y muchos incentivos a los agronegocios, que durante los dos gobiernos de Lula slo tuvieron ventajas. Entre el primer y el segundo gobierno de Lula se fue gestando un modelo de desarrollo soportado, por un lado, en el aumento de los gastos sociales y, por otro, en la reproduccin de la ortodoxia rentista, traducida en independencia operacional del Banco Central, en las altas tasas de intereses y en una fluctuacin cambiaria. Adems, con el fin de administrar las crecientes cargas impuestas por la deuda pblica y buscando recuperar el apoyo que haba perdido en importantes sectores de la clase trabajadora brasilea, el gobierno federal estimul la formalizacin del mercado de trabajo. Este proceso hizo que los trabajadores ascendiesen a un nivel superior de proteccin social. La aceleracin del ritmo de crecimiento de la economa en la ltima dcada, en gran medida impulsada por el aumento de los precios de los commodities brasileos, coron la combinacin entre el aumento de los gastos sociales y la ampliacin de la cobertura de proteccin de los trabajadores. Con esa poltica, Lula, o nuestro hombre duplicado, renaci de las cenizas en su segundo mandato. Termin su gobierno al alza: al mismo tiempo que creaba a su sucesor, desorganiz casi la totalidad del movimiento opositor. Era difcil oponerse al ex lder metalrgico, cuya solidez fuera solidariamente construida en los aos 70 y 80. Quien rememora su situacin en 2005, atascado en el Mensalo2, y recuerda el fin de su mandato en 2010, sabe que se hallaba frente a una clase de poltico de los ms calificados, capaz de mltiples\n2\tLa palabra significa mensualidad. El autor se refiere al escndalo de corrupcin poltica, en el que Lula da Silva es acusado de estar implicado en la compra de votos en el Congreso brasileo (2005). NdT.\nmetamorfosis para preservar su fuerza y apoyo. Si Dilma, su criatura poltica una especie de administradora de hierro, lograba vencer en las elecciones de 2010, ya sabamos que algo mayor le iba a faltar: la densidad social que le sobraba a Lula. Con paciencia, espritu crtico y mucha persistencia, los movimientos populares habran de superar ese difcil ciclo. Al fin de cuentas, ms all de los avances de la formalizacin, del mercado de trabajo activado y de los avances reales del salario mnimo, el actual modelo de desarrollo tambin se sustent en el aumento del nmero de accidentes de trabajo, en el incremento de la rotacin del trabajo, en la elevacin de las tasas de tercerizacin y de flexibilizacin de la fuerza de trabajo, amn de la decadencia de la atencin del transporte pblico, de la salud y la educacin, que han estado en la lnea del frente de las actuales manifestaciones. Esa otra fase del actual desarrollo que se mantena un poco al margen, pero que era real aliment un estado ms o menos permanente de insatisfaccin entre los trabajadores, en especial entre los sectores ms jvenes, no cualificados, semicalificados y subremunerados. No debemos olvidar que en los ltimos diez aos el 94% de los empleos generados en el sector formal de trabajo pagaba hasta 1,5 salarios mnimos (ste asciende, segn la cotizacin de junio de 2013, a aprox. US$ 320 mensuales). Si tomamos en consideracin que del total de esos empleos poco ms del 60% fue ocupado por jvenes entre 18 y 28 aos de edad, nos daremos cuenta de que la inquietud social promovida por la percepcin de los lmites del actual modelo tiende a concentrarse en los sectores formados por\njvenes trabajadores precarizados que ganan un poco ms de 1,5 salarios mnimos. Es ese contingente el que tuvo un importante papel en el estallido del levantamiento popular de junio de 2013 en Brasil.\nSegn la investigacin realizada por la consultora Plus Marketing, en la marcha del 20 de junio en Ro de Janeiro la mayora de los manifestantes (70,4%) se encontraban en el mercado de trabajo, y ganando hasta un salario mnimo 34,3%. Si sumamos estos a los que perciben entre 2 y 3 salarios mnimos (30,3%), tenemos que ms del 64%\ndel milln de personas que concurrieron a las calles de Ro de Janeiro hace parte de ese proletariado precarizado urbano. Si en un inicio se daba un predominio de la juventud estudiantil, ella, desde luego, se mezcl con los asalariados medios urbanos, y desde hace algunos das se extendi profundamente a las periferias con un escenario de manifestaciones y movilizaciones que tocan directamente a las clases populares. No por accidente los manifestantes y sus movimientos sociales, populares y estudiantiles entienden que, ms all del crecimiento econmico, del mito falaz de la nueva clase media, existe una realidad\nprofundamente crtica en todas las esferas de la vida cotidiana de los asalariados: la salud pblica vilipendiada, la educacin pblica depauperada, la vida absurda de las ciudades abarrotadas de automviles por los incentivos ecolgicos del gobierno del PT; la violencia que no para de crecer, y el transporte pblico relativamente ms caro (y precario) del mundo. No pocos analistas y polticos se declaran sorprendidos por el actual ciclo de movilizacin popular. Sin embargo, despus de las recientes huelgas en Jirau, Belo Monte, Santo Antnio, Suape y Comperj, adems del violento desalojo de Pinheirinho, slo los desprevenidos no haban percibido que una tempestad se aproximaba rpidamente en las grandes metrpolis. Segn datos del Departamento Intersindical de Estadstica y Estudios Socioeconmicos (DIEESE), el nmero de horas no laboradas por huelga en 2012 fue 75% superior al de 2011, alcanzando un pico histrico inferior apenas a los aos 1989 y 1990. La combinacin de la desaceleracin del crecimiento econmico con un mercado de trabajo todava activado nos puede ayudar a explicar ese importante fenmeno. Se estaba rompiendo, por tanto, el cuadro de letargo inaugurado en 2002, cuando Lula gan las elecciones presidenciales. Adems de ello, los dos gobiernos de Lula da Silva no crearon nuevos derechos sociales. Sin perjuicio de la reciente equiparacin de los derechos laborales de las empleadas domsticas, Dilma Rousseff sigui por el mismo camino. Si los sucesivos gobiernos petistas incrementaron largamente los gastos sociales, no se puede decir lo mismo a propsito de la inversin\nLa inquietud social promovida por la percepcin de los lmites del actual modelo tiende a concentrarse en los sectores formados por jvenes trabajadores precarizados que ganan un poco ms de 1,5 salarios mnimos. Es ese contingente el que tuvo un importante papel en el estallido del levantamiento popular de junio de 2013 en Brasil.\nen salud y educacin. Aunque crecieron en trminos absolutos debido al buen desempeo de la economa, estos gastos declinaron en trminos relativos. La cuestin de la implementacin y ampliacin de los derechos sociales es clave para entender las bases sociales de la mayor revuelta popular de la historia brasilea. Finalmente, desde los aos de 1950, se moviliza el proletariado precarizado por la implementacin y la ampliacin de los derechos sociales. La masa de los trabajadores jvenes y precarizados que gan las calles en el mes de junio sabe que para alcanzar sus objetivos no puede contar ni con el PSDB ni con el PT. En ltimas, hace dcadas que estos partidos son parte diferenciada de una misma lgica que en cada eleccin negocia millones de reales de financiamiento por innumerables acuerdos de ajuste con grandes constructores, empresas de mnibuses, etc. Esto ayuda a comprender la formacin de ese sentimiento antipartidista, alimentado por uno de carcter igualitarista, que se resiste al desigual juego poltico parlamentario. Se trata de un sentimiento que merece ser elaborado, reflexionado y asimilado por las fuerzas colectivas (partidistas o no) que han animado las actuales protestas. Pero el sentimiento popular expresa tambin y decisivamente la clara repulsa a la Copa Confederaciones blanqueada, sin negros ni pobres en los estadios; a la colosal brecha existente entre las representaciones polticas tradicionales y el clamor de las calles; a la brutalidad de la violencia de la Polica Militar de Alckmin (gobernador del PSDB del Estado de So Paulo) con el apoyo de Haddad (alcalde del PT de la ciudad de So Paulo). Esto contribuye a comprender por qu el actual ciclo de movilizacin popular encuentra tanta acogida entre la poblacin. Entretanto, cualesquiera sean los desdoblamientos de esos movimientos, el pas ya no ser el mismo. Estamos apenas comenzando.\nas negociaciones del conflicto interno armado que se adelantan entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP en La Habana, Cuba, han suscitado mltiples controversias. Desde un inicio los ms destacados enemigos de la paz articulados en su mayora en un bloque que bien podramos caracterizar como blico-clientelista han buscado torpedear el proceso arguyendo que las FARC son narcotraficantes y terroristas y sealando que en ltimas este proceso de paz conducira a un escenario de impunidad, inseguridad y de elegibilidad en escenarios de participacin poltica de unos actores criminales. Para los representantes de este bloque, encabezado por el ex presidente lvaro Uribe y por el presidente de FEDEGAN, Jos Lafaurie, temas tan sensibles como el del desarrollo agrario y la propiedad rural de la tierra no se constituyen en factores fundamentales para avanzar hacia una paz estable y duradera. Por el contrario, para ellos, la paz pasa por una efectiva estrategia de seguridad que garantice la eliminacin fsica del adversario, estimule la inversin econmica de los grandes empresarios rurales y promueva una poltica social focalizada, soportada en programas clientelares de transferencias condicionadas, como el de Familias en Accin. Este tipo de posiciones busca negar y desestimar que tanto el histrico conflicto armado, como la otra serie de conflictos territoriales que hoy definen la dinmica de la conflictividad social en el pas, encuentran un soporte material en los elevados niveles de concentracin del ingreso y particularmente de la concentracin de la tierra que caracteriza la\nestructura de la propiedad rural en Colombia. Sin embargo, este nuevo momento de la lucha social popular en Colombia ha puesto de presente que en tanto no se superen los rasgos excluyentes, antidemocrticos, rentsticos y terratenientes que acompaan el actual modelo rural es imposible avanzar de manera decidida en la consecucin de la paz. De ah que figuras como las de las Zonas de Reserva Campesina cobren un lugar protagnico en los horizontes de lucha del movimiento social. El reconocimiento de la existencia de este bloque blico-clientelista como principal enemigo de la paz, no desconoce que existan otros sectores de las clases dominantes que, aunque se han manifestado a favor de las negociaciones, buscan permanentemente acotar los alcances de la misma y ponerle frenos a eventuales acuerdos que pongan en cuestin las bases estructurales sobre las que se soporta el modelo de desarrollo econmico y del rgimen poltico en Colombia. As las cosas, el desafo que afronta el movimiento social popular para avanzar en el camino de la construccin de una paz estable, duradera y con justicia social es bastante complejo. Por ello, la discusin que ha venido cobrando fuerza en las ltimas semanas en el pas sobre los mecanismos de refrendacin del acuerdo, y en particular sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no debe agotarse en la negativa manifestada por el gobierno de Juan Manuel Santos y expresada por el jefe de negociaciones Humberto de la Calle en un articulo publicado en la Revista Semana en su edicin del 24 de Junio, en la cual seal que\nEl proceso de la Habana se basa en una agenda muy concreta para la terminacin del conflicto. Su diseo no incluye una especie de refundacin de la patria, esto es, no es el nacimiento de una nueva repblica. () En conclusin, el camino no es la Constituyente.\nHay mecanismos ms fluidos, ms acordes a la realidad actual, ms innovadores para las posibilidades polticas de la guerrillas y ms constructivos en la bsqueda de la solucin del conflicto armado en Colombia1.\nPor el contrario, consideramos que el momento poltico que vive el pas, especialmente el que denota una coyuntura poltica importante de la movilizacin social y de la correlacin de fuerzas existente, exige que le demos vigor a la discusin sobre cul es ese ordenamiento constitucional, esa arquitectura jurdica que permitir sentar las bases legales para avanzar en la construccin de la paz. Esta pregunta ya se la ha formulado el movimiento social, y as lo ha puesto de manifiesto por amplia mayora en el Foro de Participacin Poltica realizado en Bogot\n1\tLa constituyente no es el camino. Revista semana edicin No 1624 del 17 al 24 de Junio de 2013.\nlos das 28, 29 y 30 de abril, el cual cont con la asistencia de 1600 personas. En efecto, fueron reiteradas las propuestas de las organizaciones sociales populares sobre la importancia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en tanto sta se asume como el mecanismo privilegiado de participacin democrtica que hara posible un amplio movimiento territorial para la construccin de la paz. As las cosas, la ANC no tendra como nico objetivo refrendar unos posibles acuerdos de La Habana, sino que abrira la puerta a la participacin real del constituyente primario para sentar las bases de la transformacin social que requiere el pas para alcanzar la tan anhelada paz. Ese nacimiento de una nueva repblica que con tanto ahnco rechaza el jefe del equipo negociador del Estado. En este entendido, es necesario deslindar esta iniciativa de un simple oportunismo poltico de las FARC-EP, como ha venido siendo presentado por el gobierno y los medios\nde comunicacin afines al establecimiento, y reconocer el carcter social popular que acompaa la emergencia de dicha propuesta.\nExperiencias constituyentes en Nuestra Amrica\nTeniendo como teln de fondo la discusin reseada y en aras de aportar algunas miradas que sobre el tema constitucional y constituyente ha acompaado el desarrollo poltico reciente de Nuestra Amrica, a continuacin presentamos de manera muy suscita lo que ha sido la experiencia de las constituyentes populares en la regin. El primer proceso constituyente antineoliberal y de carcter popular que se vivi en Nuestra Amrica fue el venezolano de 1999. Este recoge la lucha del movimiento popular venezolano de las ltimas dcadas en oposicin al tradicional bipartidismo del COPEI y la Accin Democrtica AD. La llegada de Hugo Chvez a la presidencia en diciembre de 1998 canaliz el sentir popular de justicia social, igualdad y cambio y a travs de la convocatoria a la ANC abri el escenario para la constitucin de una Nueva Repblica. As las cosas, el propsito central de este llamamiento al constituyente primario no era otro que sentar las bases jurdicas y constitucionales que permitieran la refundacin de la repblica bolivariana, razn por la cual el prembulo de la Carta Poltica de 1999 seala que con el fin supremo de refundar la Repblica para establecer una sociedad democrtica, participativa y protagnica, multitnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien comn,\nla integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones se declara ese nuevo pacto poltico. El proceso constituyente ecuatoriano, al igual que el venezolano es una expresin de la dinmica de la movilizacin social que se viva en ese momento en el pas. En efecto, la crisis de hegemona poltica por la que atravesaba Ecuador y que haba conducido al derrocamiento de tres presidentes: Abdal Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutirrez (2005), y que se manifestaba abiertamente, como lo seala Alberto Acosta, en las luchas de los pueblos del campo y de la ciudad, de los indgenas, de los estudiantes, de los ecologistas, de los obreros, empresarios responsables y patriotas, jubilados maltratados, de todos los actores que queran un cambio2, gener las\n2\tAlberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador: "El reto de Correa es construir poder ms horizontalmente (2009).\ncondiciones polticas para el triunfo electoral en 2006 del proyecto de la Revolucin Ciudadana liderado por Rafael Correa. La llegada de Correa a la presidencia de la Repblica abri un escenario de posibilidad para impulsar cambios en las bases estructurales del Estado ecuatoriano. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se perfil como el mecanismo privilegiado para garantizar la materializacin de dicho proyecto. Este proceso constituyente, en el que participaron los diversos actores sociales y polticos del Ecuador, en especial aquellos que tradicionalmente haban sido excluidos de los espacios de participacin ciudadana, como los indgenas y los negros, dio lugar a la emergencia de un nuevo pacto poltico que reconoci entre los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano,\nUna nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armona con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un pas democrtico, comprometido con la integracin latinoamericana sueo de Bolvar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra (Prembulo de la Constitucin del Ecuador).\nEl momento poltico que vive el pas, especialmente el que denota una coyuntura poltica importante de la movilizacin social y de la correlacin de fuerzas existente, exige que le demos vigor a la discusin sobre cul es ese ordenamiento constitucional, esa arquitectura jurdica que permitir sentar las bases legales para avanzar en la construccin de la paz.\nLa Constitucin de 2008 defini al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural e incorpor a nivel constitucional el concepto de Sumak Kawsay, o Buen Vivir. El reconocimiento de los derechos del buen vivir plantea una ruptura radical con la idea del desarrollo impulsada por el ideario neoliberal y pone en el horizonte de sentido la necesidad de romper con las contradicciones propias entre hombre y naturaleza impuestas por la modernidad occidental. Y, finalmente, encontramos el proceso constituyente boliviano de 2006, el cual culmina con la promulgacin de la Constitucin plurinacional del\nao 2009. Este proceso es resultado de la importante movilizacin social popular liderada por pueblos indgenas originarios, campesinos, productores cocaleros, mineros, maestros y estudiantes que reclamaban rupturas con el orden colonial y apuntaban a la refundacin plurinacional del territorio boliviano. En respuesta al horizonte de sentido y al espritu popular con que fue convocada la ANC, la Constitucin Poltica declara el Estado boliviano como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, basado en el respeto e igualdad entre todos, el cual persigue la bsqueda del vivir bien y rompe con el pasado colonial, republicano y neoliberal. El sentido fundacional e incluyente que adquieren estos procesos constituyentes permite entender que en Bolivia y Ecuador reflexiones milenarias propias de las comunidades indgenas, como son aquellas vinculadas con el Buen Vivir, ocupen un soporte fundamental en la nueva estructura institucional del Estado. As las cosas consideramos que estas tres experiencias constitucionales vividas en Nuestra Amrica, expresan el sentir de las apuestas polticas y los horizontes de sentido de los movimiento populares, campesinos, indgenas, barriales, estudiantiles, de clase media y dems sectores, que no se sentan representadas en los cimientos de los pactos polticos existentes y que por tal razn avanzaron en la construccin de unos nuevos ordenamientos jurdicos que sentaran las bases para la emergencia de un orden social, poltico, econmico, cultural y ambiental realmente democrtico. En este sentido, es preciso sealar que estas nuevas cartas constitucionales se constituyen en una expresin de la correlacin de fuerzas existentes en el momento histrico de la regin y, en consecuencia, detonan la fuerza del sujeto social popular que se configur en Nuestra Amrica a la luz del proceso de resistencia al neoliberalismo. Como dira Boaventura Dos Santos, un nuevo tipo de constitucionalismo que implica un proyecto poltico de pas diferente y, por tanto, de refundacin de los estados latinoamericanos.\nAhora bien, el recorrido por estas experiencias constituyentes no pretende plantear ejercicios de emulacin de realidades histricas concretas, tan solo busca mostrar caminos transitados por procesos sociales populares, los cuales ponen en evidencia la vigencia que ha cobrado en la regin el movimiento por un nuevo tipo de constitucionalismo, uno realmente democrtico. En este sentido, consideramos que el escenario del proceso de paz y las propuestas que en torno a ste han surgido desde el mundo de lo popular, exigen no abandonar tan ligeramente la discusin sobre la convocatoria a una ANC y nos plantea preguntas sobre si realmente la Carta Poltica existente contiene las bases materiales para avanzar en la construccin de la paz.\nLa vulnerabilidad externa de la economa colombiana\nn un artculo anterior, he destacado los rasgos principales que caracterizan al actual patrn de acumulacin vigente en Colombia: reprimarizacin, financiarizacin y terciarizacin espuria. Los anteriores elementos configuran una combinacin explosiva que muestra la nueva cara del capitalismo dependiente. Sumado a los anteriores, vale la pena destacar la vulnerabilidad externa como rasgo inherente de una economa volcada hacia los mercados externos y dependiente de la inversin extranjera. Esto es especialmente cierto para el caso de los pases latinoamericanos que ms han profundizado este patrn; en especial, la vulnerabilidad externa se hace ms visible en los periodos de crisis, pues resultan siendo los factores externos, ligados a la evolucin de las economas del centro capitalista mundial y el comportamiento del precio de los productos bsicos de exportacin, los que ms influyen en la dinmica recesiva. En el trabajo de Goncalves et.al. (2009), se define la vulnerabilidad externa a partir de la comparacin entre el desempeo externo de un pas frente al de otros pases. En especial, compara, entre varios pases, el diferencial relativo de indicadores de insercin econmica internacional en una perspectiva de largo plazo (2009, p. 120). A partir de all, los autores construyen un ndice de Vulnerabilidad Externa (en adelante IVE) para el periodo 1980-2006. A su vez, este periodo de tiempo se subdivide en siete subperiodos que buscan caracterizar las diferentes etapas por las que ha transitado el IVE en los diferentes pases de la regin.\nDentro de los resultados ms sobresalientes, se encuentra que en el periodo estudiado el IVE tanto de la regin como mundial viene en aumento, lo cual coincide con lo planteado hasta ahora en el sentido de que el desarrollo del modelo neoliberal ha implicado uno mayor nivel de vulnerabilidad, gracias al incremento de la conexin de los mercados de bienes y financieros, entre otros factores (Goncalves, Dias Carcanholo, Filgueiras & Costa, 2009, p. 123). De igual forma, el estudio concluye que entre 1986 y 2006 se reduce la dispersin del IVE como consecuencia de la convergencia derivada del proceso de globalizacin de la economa mundial. Para los autores es claro que el IVE se increment en los periodos de crisis y ajuste que vivieron los pases de la regin. Por ello, es fundamentalmente a partir de mediados de los aos noventa cuando el IVE de Amrica Latina empieza a tener una tasa de crecimiento mayor que el IVE mundial, reflejando la consolidacin de las reformas neoliberales iniciadas en los aos ochenta. Teniendo como referencia estos hallazgos, en el presente artculo se utiliza la metodologa propuesta por Goncalves et.al. (2009) para mostrar el desempeo de la economa colombiana entre 1990 y 2010 y, de este modo, analizar su vulnerabilidad externa bajo el patrn exportador de especializacin productiva. De acuerdo con la metodologa propuesta por el texto que sirve de referencia, el IVE est compuesto por cuatro indicadores que tienen la misma ponderacin: Exportacin de bienes y servicios / PIB Stock de IED / PIB Deuda externa total / Exportacin de bienes y servicios Importacin de bienes y servicios / Reservas internacionales\nSiguiendo la metodologa mencionada, el IVE se calcul para cada variable, as:\nndice = [(x Xmnimo) / (Xmximo Xmnimo)] x 100\nPara realizar una mejor interpretacin del IVE en el periodo 1990-2010, se divide este perodo en cinco subperiodos: i) 1990-1994; ii) 1995-1998; iii) 1999-2002; iv) 2003-2007, y v) 2008-2010. Esta subdivisin responde a distintas etapas por las que atraves la economa colombiana en los ltimos aos: un primer periodo en el que se desarrollaron las primeras reformas estructurales para implantar el modelo neoliberal, con un auge relativamente importante de la inversin extranjera directa y algunos resultados positivos en materia del crecimiento del PIB. El segundo de claro declive de las principales variables macroeconmicas de Colombia. El tercero que corresponde a la profunda crisis econmica y financiera y la profundizacin de las reformas neoliberales a partir del acuerdo Stand By con el FMI. El cuarto delimita el significativo auge de las economas emergentes, con tasas elevadas de crecimiento del PIB, auge de la inversin extranjera directa ligado al sector de minera e hidrocarburos y consolidacin de las reformas neoliberales. Finalmente, el periodo 20082010, que corresponde al de la crisis de las economas ms desarrolladas y su impacto sobre los pases de Amrica Latina. La Tabla 1 sintetiza los valores del IVE calculados en Amrica Latina y el Caribe, Colombia y cuatro pases ms con los que se realiza la comparacin:\nTabla 1. IVE Amrica Latina y el Caribe, 1990-2010\nPeriodo\_Pas Amrica Latina y el Caribe Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Venezuela\n1990-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2007 2008-2010\nn.d 49,77 33,95 52,97 51,14\n30,48 45,40 42,93 n.d 43,55\n46,13 47,30 47,88 42,97 48,50\n47,30 48,03 51,00 42,32 50,02\n45,31 51,90 47,72 37,58 47,80\nn.d n.d 39,16 53,78 43,35\n45,41 48,73 42,40 42,44 51,44\nFuente: Elaboracin propia con base en datos de www.bancomundial.org\nComo puede observarse, el IVE ha presentado un comportamiento variable en los cinco subperiodos estudiados. En especial, llama la atencin que para el conjunto de los pases de la regin ha sido mayor entre 2003 y 2010 que en la dcada anterior, lo cual confirma el resultado que encontr Goncalves et.al (2009) hasta 2006. En todos los pases que muestra la Tabla 1 excepto Mxico, se observa que el IVE aument en el periodo 2008-2010 frente al periodo anterior como consecuencia principalmente de la crisis internacional y sus efectos comerciales sobre las economas emergentes, lo cual confirma el papel preponderante\nde los factores externos sobre el comportamiento de la economa latinoamericana. Uno de los casos ms destacados de incremento en este periodo es el de Colombia, cuyo IVE pas de 37.58 entre 2003-2007 a 47.80 entre 2008-2010. Adems, cabe destacar que de los pases que se presentan en la Tabla, varios de ellos han revertido parte de las polticas neoliberales que fueron implantadas a finales de la dcada del ochenta y comienzos de la dcada del noventa (Argentina, Brasil, Venezuela). De stos, solo Venezuela presenta un IVE mayor al promedio en el periodo 2008-2010, correspondiente al de la crisis de los pases desarrollados. Esto se puede explicar por la elevada dependencia respecto al comportamiento del precio del petrleo que an caracteriza a la economa venezolana. Precisamente el precio del crudo sufri una cada relativamente importante en los primeros meses de estallido de la crisis en Estados Unidos y la Unin Europea y esto afect tanto el valor de las exportaciones venezolanas como el volumen de reservas internacionales. La Grfica 1 permite hacer una comparacin entre la evolucin del IVE del conjunto de Amrica Latina y el Caribe con el de Colombia. Se observa que en dos periodos el IVE de la economa colombiana es mayor al promedio de la regin, entre 1995-1998 y en 1999-2002, periodos en los cuales la mayor parte de las variables macroeconmicas y financieras presentaron un claro retroceso. Como muestra Martnez (2012, pg. 42), desde 1994 la cuenta corriente se encontraba en dficit, la entrada de capitales al pas ces y la inestabilidad del sistema financiero se hizo ms aguda. Todo esto tuvo un impacto negativo sobre las reservas internacionales, configurando una crisis de balanza de pagos que termin con el abandono del sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999 (Ossa, 2000).a\nGrfica 1. IVE Amrica Latina y Colombia, 1990-2010\nN 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia Neoliberalismo Rampante\nPor otro lado, se destaca que en el periodo 2003-2007 el IVE de la economa colombiana fue mucho menor al del promedio de la regin, lo cual refleja el auge de la IED hacia el pas fomentada por las reformas desarrolladas bajo el gobierno de Uribe, que contemplaron grandes exenciones tributarias al gran capital, la generalizacin de zonas francas, la ley de estabilidad jurdica, entre otras. Kalin (2009), seala que la IED en Colombia pas de representar 7.3% en 1990 a 32.7% en 2007. Lo anterior acompaado de un cambio en la composicin del destino de la inversin fornea concentrada en el sector minero-energtico. Como se haba sealado anteriormente, en el periodo 2008-2010, el IVE de la economa colombiana creci significativamente mostrando el importante impacto de los factores externos sobre la economa colombiana. En la Grfica 2 se muestra la evolucin del IVE de Argentina, Chile y Colombia. Se observa que en todos los periodos el de Argentina ha sido inferior al de Chile y Colombia, incluso en el periodo 1999-2002, cuando Argentina vivi una crisis econmica sin precedentes como consecuencia del colapso del sistema de convertibilidad, lo cual implic un incremento inusitado de su deuda externa y serios problemas para adquirir reservas internacionales. En cambio, el desempeo del IVE para Chile en general ha sido ms desfavorable que para Colombia.\nGrfica 2. IVE Argentina, Chile y Colombia, 1990-2010\nPor su parte, cuando se compara el desempeo del IVE de Colombia y Brasil, se muestra que ha tenido un comportamiento muy similar. No obstante, en el periodo 1995-1998 el IVE de Colombia fue muy superior, mostrando la magnitud del deterioro de la situacin econmica del pas andino; este resultado llama la atencin, pues Brasil vivi en 1995 una profunda crisis financiera y de balanza de pagos pero su IVE apenas aument un punto respecto al periodo 1990-1994.\nGrfica 3. IVE Colombia y Brasil, 1990-2010\nComo ha logrado observarse en este anlisis, aunque el grado de vulnerabilidad es un rasgo inherente a la mundializacin que vive el sistema capitalista en su conjunto, son las economas dependientes las que presentan ndices superiores. Para el caso de la economa colombiana, es claro que la vulnerabilidad externa se eleva precisamente en los periodos de crisis internacional, lo cual muestra el grado de dependencia al que se encuentra sometida la economa nacional; esto est ligado a la profundizacin del patrn de acumulacin luego de la grave crisis econmica padecida finalizando la dcada del noventa.\nas movilizaciones en curso en Brasil y en Turqua discurren en escenarios un tanto diferentes. En el pas que fue sede del Imperio Romano por decisin del Concilio de Nicea en el 325, y obra del gran Constantino, se adelanta una protesta desde el 27 de mayo, que confronta el autoritarismo del reaccionario primer ministro Rece Taya Erogan, en un contexto de limitaciones de todo orden al ejercicio de los derechos democrticos. En Brasil, la protesta que comenz el 6 de junio se ejerce en relativa democracia, con un gobierno reformista, pero que no evit la dura represin policial el 20 y el 26 de junio, todo esto mientras se celebra la Copa Confederaciones de Ftbol. Como se sabe, ambos pases, Turqua y Brasil, son reconocidos como economas emergentes. Es as que Brasil hace parte de los llamados BRICS, junto a Rusia, India, China y Sudfrica.\nEn la antigua Bizancio, Constantinopla, Estambul, las multitudes se congregaron para defender la tradicional plaza Tasin, que amenaza ser destruida por el gobernante para impulsar complejos inmobiliarios: centro comercial, subterrneos, avenidas, oficinas y otras construcciones suntuarias, incluida la pretensin de un monumentalismo islmico. El propsito es expropiar el espacio pblico, el bien comn histrico, cuya rea abarca el barrio tradicional Viola, de vida libre, en costumbres y\n1\tLas mujeres tambin resisten! Colectivo Feminista Socialista. Estambul, 01/06/2013. Tomado de: http://www. socialismo-o-barbarie.org/medio%20oriente/130602_turquia_ llego_la_rebelion.htm\nactividades artsticas e intelectuales. Expulsar el sitio emblemtico de la protesta urbana, la plaza Taksin, y confinarla a los extramuros de la ciudad, donde se proyecta construir plazas ms parecidas a lugares de destierro. Las movilizaciones turcas han comprometido a la juventud, las mujeres, intelectuales y defensores de lo laico y los derechos humanos, a los ambientalistas urbanos e incluye en las ltimas jornadas la activa participacin de sindicatos y de trabajadores de toda condicin. La cpula gubernamental acudi al dilogo acompaado de ms dura y contundente represin, convirtiendo la plaza Tasin en un campo de confrontacin. Al igual, el rgimen anunci detener los proyectos y propuso realizar consultas y un referendo. El primer ministro convoc concentraciones pblicas de sus partidarios, buscando la contraofensiva poltica beligerante contra las multitudes que defienden la ciudad histrica, sus smbolos ciudadanos, la plaza democrtica; al igual que acelera su fanatismo religioso y el ataque a las mujeres y a la diversidad en las personas. Tiene razn el Colectivo Feminista Socialista de Turqua cuando afirma: Las mujeres se rebelan! Y no nos detendris con gases, tanques y porras! Las mujeres resisten con los dems grupos oprimidos desde hace dos das. Trabajadores, kurdos, LGBT, alauitas, musulmanes, no musulmanes, ateos y todos los oprimidos/as, explotados/as, insultados/as y condenados/as como traidores estn rebelndose en Turqua. La resistencia que ha comenzado en el parque Gezi de la Plaza Tasin en Estambul est desbordndose y extendindose a numerosas ciudades1. As las cosas, el gigante de Turqua est entrando a su propia crisis poltica de dominacin, como captulo de la onda revolucionaria inaugurada en Tnez\ny Egipto en 2011. En estos dos pases la movilizacin es permanente. El plan de urbanismo en marcha en Estambul sigue las pautas de territorializacin del capitalismo en todas las ciudades del planeta. Guy Debord con precisos trminos defini estas tendencias: el urbanismo es la conquista del entorno natural y humano por parte de un capitalismo que, al desarrollarse segn la lgica de la dominacin absoluta, puede y debe ahora reconstruir la totalidad del espacio como su propio decorado2. La batalla urbana despliega sus energas contra la atomizacin, por mantener los lazos que la ciudad tradicional estableci: barrios, calles, plazas, arquitectura urbana como obra de arte. Pero todo es ms complejo en Estambul, porque sus ruinas y destruccin urbanas abarcan el esplendor de la Antigedad, la del Imperio Otomano que conquist Constantinopla en 1453, ciudad de la melancola y la amargura, como la recrea Orhan Pamuk en la obra que da claves para leer desde tan lejos, como Colombia, de manera cercana a esta ciudad3. En Estambul se superponen varias historias cuyas temporalidades aparecen dominadas por el neocapitalismo financiero e inmobiliario, revestido de una vuelta al islamismo fundamentalista, pero que tiene unas tradiciones de esplendor como ciudad y civilizacin, al igual que las herencias laicas y democrticas que vienen desde las reformas de Atatrk, quien fuera fundador y primer presidente de la moderna Repblica de Turqua en 1923, luego de liderar la Guerra de Independencia contra las potencias aliadas, que termin en el establecimiento de la Repblica moderna, democrtica y laica.\nCrece la audiencia y crecer an ms, porque la conciencia deviene en programa y en organizacin. Ideas con accin y viceversa, es lo que est madurando hacia lo necesario, deseable y ojala inevitable: la revolucin internacional, de pas a pas, de continente a continente, con sus reformas y transiciones, con un horizonte emancipador en todos los rdenes.\n2\tDEBORD, Guy. La sociedad del espectculo. Espaa: PreTextos, 2005. 2 ed., pp. 104-105. 3\tPAMUK, Orhan. Estambul. Ciudad y recuerdos. Bogot: Mondadori, 2006.\nEn Brasil, en estos das de junio, un vigoroso movimiento de confrontacin al alza en el transporte pblico en Sao Paulo y otras ciudades se calcula que han sido cerca de 400 tuvo el apoyo de centenares de miles de manifestantes, que ocuparon calles, avenidas y plazas. Los medios de comunicacin registraron la amplitud de la movilizacin, y las redes sociales, las cuales se han constituido en Turqua, en el mundo rabe, Europa, Amrica del Norte y del Sur, en vehculos de informacin, convocatoria, orientacin y anlisis, ampliando la base social e intelectual de las luchas. El gobierno derog las alzas, anunci el dilogo y prometi medidas sociales, en primer lugar en transporte y educacin. Lo que comenz como un movimiento anti-alza en el transporte, se dimension en una crtica al sistema vehicular, al capitalismo faranico de los estadios y al mundial de ftbol, en el que se calcula se han venido invirtiendo en obras y organizacin 25 mil millones de dlares, a todas luces un gasto suntuario. Todo esto bajo la batuta de la FIFA. Lo que expresan los activistas en las movilizaciones de no a ms estadios y s a educacin y transporte masivo, moderno y sin costo alguno, es una conciencia radical de crtica a la sociedad del espectculo, concretada en forma magnfica en Brasil por la industria de los estadios, los equipos, el ftbol, en articulacin con los medios masivos de comunicacin: la televisin, la radio y los peridicos. En torno a los estadios y el ftbol concurren los capitalistas financieros, inmobiliarios y mediticos. Afuera de los estadios se concentra la protesta.\nEl ftbol como sociedad del espectculo en Brasil y dems pases del mundo, consiste en una masificacin del deporte, una industria de diversin y entretenimiento del capitalismo de masas, con sus propios dolos, fetiches, sistemas de alienacin. Una verdadera religin con sus jerarcas y fieles, que controlan y transforman las emociones humanas en fanatismo delirante, proclive a la violencia. El gran valor ldico, el juego, el deporte, que acompaa el desarrollo de las sociedades humanas, se ha convertido bajo el capitalismo en negocio, religin y dominacin. A esto apunta la movilizacin promovida por Passe Livre y por otros grupos\ny redes sociales. Las izquierdas, de manera variopinta, apoyan el movimiento. El sealamiento del abandono de la educacin y la salud, al igual que la injusticia y la desigualdad, la indignacin por la corrupcin y la clase poltica, lo que expresa la consigna qu coincidencia, sin polica no hay violencia, son ideas fuerza que acompaan a los manifestantes. El movimiento ha puesto en evidencia que el reformismo de Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores (PT) no altera la balanza del poder econmico-social hasta hoy a favor de los grandes capitalistas. Los avances son limitados y en buena parte mediocres. La combinacin entre socialdemocracia y neoliberalismo ha dado como resultado un Brasil capitalista, de logros econmicos relativos, que no se tradujeron en la eliminacin del latifundio, los monopolios, la preponderancia del complejo financiero-industrial y los rentistas del agronegocio. La democracia brasilera, nada despreciable, no obstante est acorralada por la corrupcin, el clientelismo y la dictadura informativa de los grandes medios. Sobresale que el gobierno es impotente y/o cmplice ante la continuidad de los numerosos asesinatos de indgenas, campesinos y activistas. Para el gobierno de Dilma, el mandato sigue siendo: primero el capital y luego los trabajadores. El rechazo que se presenta a la direccin del PT es explicable: el gobierno no cumple las promesas sino a medias, y los trabajadores, incluyendo sectores de izquierda dentro y fuera del PT, estn indignados. En Brasil el gobierno de Dilma ha reconocido la legitimidad de la protesta,\nen medio de muchas luchas reprimidas. Anunci una salida a la crisis proponiendo un plebiscito que legitime una reforma poltica a travs de una constituyente. Los trabajadores, sindicatos, activistas y organizaciones sociales convocaron para el 10 de julio prximo una huelga general, algo que la presidenta trata de evitar. Esto confirma que el desencanto abarca no slo al sistema poltico de mscara democrtica, sino que se expresa en el corazn del poderoso PT, al que le estn pasando la cuenta de cobro por la corrupcin y preferir gobernar para los ricos y slo despus para los trabajadores. En la complejidad de esta crisis, pequeos pero significativos grupos de derecha, han incursionado con el propsito de disputar la orientacin de la protesta.\nLo que expresan estas multitudes en las escenas turcas y brasileras es una ampliacin de la rebelin permanente que en todos los continentes se viene dando por superar la crisis generada por el capitalismo histrico, que es una crisis combinada: econmica, social, cultural, ambiental. En estos das de gracia de final de junio, las multitudes ocupan de nuevo la Plaza Tahir en El Cairo, en demanda de libertades y contra el gobierno de Mohamed Morsi. En Portugal se realiz una huelga general, en una seguidilla de esta forma de lucha generalizada en Europa: Espaa, Grecia, Francia En Chile el movimiento estudiantil sigue ocupando las calles y plazas. Son multitudes rebeldes con tejidos sociales en la clase trabajadora y sus familias, con un alcance programtico y una profundidad poltica que sobresale sobre otros movimientos estudiantiles en el continente y en el mundo. El tablero es ms amplio y Colombia no es la excepcin. La batalla de los labriegos hoy, realmente heroica, por la reserva campesina en el Catatumbo, es la ltima expresin de las protestas, que son tambin\nambientales, estudiantiles, indgenas, de los trabajadores cafeteros, de los jvenes, las mujeres, las vctimas, en accin directa, incluyendo las huelgas proletarias en Cerrejn, Puerto Gaitn contra Pacific Rubiales y en el Cesar contra Drummond. La manifestacin multitudinaria realizada en Bogot el 9 de abril a favor de la paz es una expresin de los deseos y las conciencias de las gentes del comn. Crece la audiencia y crecer an ms, porque la conciencia deviene en programa y en organizacin. Ideas con accin y viceversa, es lo que est madurando hacia lo necesario, deseable y ojala inevitable: la revolucin internacional, de pas a pas, de continente a continente, con sus reformas y transiciones, con un horizonte emancipador en todos los rdenes. El otro escenario, absolutamente indeseable y repugnante, es la agudizacin de la barbarie, con la destruccin del tejido social-cultural, de la vida humana y planetaria, con sus guerras, racismos, sexismos, infamias y destruccin de las libertades.\nIbagu, 5 de junio\nRadiografa de un carnaval en defensa de la vida\nIntegrante Comit Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima (CADVT) y Conciencia Ambiental (CA)\nContexto e impactos\nacia el ao 2007, el Gobierno del ex presidente lvaro Uribe Vlez registraba con regocijo el descubrimiento de un yacimiento de oro, denominado La Colosa, que estara entre los diez ms grandes del mundo, ubicado en el municipio de Cajamarca, Tolima. Una vez conocida la noticia, la multinacional Anglogold Ashanti se adjudic la exploracin de este proyecto minero; simultneamente las alarmas se prendieron entre los habitantes del Departamento. Al mismo tiempo que los paladines del neoliberalismo festejaban este anuncio, un manto de duda se instalaba en el ambiente. El inexorable paso del tiempo, la experiencia internacional, los estudios tcnicos y las resistencias populares fueron factores que propiciaron un debate sobre las caractersticas del oro que se encuentra en esta zona del pas. As, se conoci que dado su bajo tenor era impensable extraer el oro por los mtodos tradicionales de socavn o aluvin. Se afirm que el oro se encontraba diseminado en pequeas cantidades por las rocas, hecho que plante la necesidad de implementar un tipo de minera especial, denominado minera a cielo o tajo abierto. Preocupa el hecho de que existe consenso sobre la idea segn la cual este tipo de minera es altamente destructiva del medio ambiente.\n1\tVer texto completo de la Declaracin en: http://www. europarl.europa.eu/sides/getDo c.do?pub Ref=-//EP// NONSGML+MOTION+B7-2010-0240+0+DOC+PDF+V0//ES\nN 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia Luchas populares\nLo primero que se realiza es exponer las rocas, raspando toda la capa vegetal, lo cual ya genera un impacto ambiental negativo al afectar la flora, la fauna y los ecosistemas; adems, el desprendimiento de la capa vegetal produce erosin, con lo cual es probable que los sedimentos del suelo se depositen en los cauces de las quebradas La Colosa y La Arenera, afluentes de los ros Bermelln y Coello, principales estrellas hdricas del Tolima, disminuyendo el volumen de agua transportada, lo que afecta los cultivos del Departamento. Tambin se ha advertido sobre la utilizacin de cianuro para el beneficio del oro, situacin que es de suma gravedad. De hecho, el Parlamento Europeo, hacia el ao 2010, manifest que el cianuro es una sustancia qumica altamente txica utilizada en la minera del oro y  est clasificado como uno de los principales contaminantes, y que puede tener un impacto catastrfico e irreversible en el medio ambiente y en la salud humana, y, por ende, en la diversidad biolgica1, dejando en evidencia que esta sustancia qumica es letal para la supervivencia de la especie humana y los ecosistemas. Pases como Alemania y Costa Rica, e igualmente, estados como Montana en EE.UU. declararon sus territorios libres de cianuro. Justamente, las consecuencias de impulsar esta locomotora minera fueron advertidas en un estudio realizado por la Contralora. Adems de corroborar los daos ambientales ya enunciados, en este informe se destaca que el Estado no tiene control sobre los precios de venta ni de transferencia del metal, no genera encadenamientos productivos ni dinamiza la economa, pues al ser los proyectos mineros intensivos en capital, desplazan la mano de obra. En el fondo, esto significa cuestionar el modelo extractivista\nen la mdula del capitalismo y, tambin, reconocer que el Estado no es un bloque homogneo; las fuerzas que lo componen se tensionan, no solo cuando las instituciones que lo representan expresan puntos de vista divergentes sino tambin por la accin popular.\nLa organizacin de las resistencias: Los triunfos alcanzados\nCon estos antecedentes, desde la realizacin de la primera Audiencia Pblica Ambiental sobre la mina de oro La Colosa, el da 20 de Febrero de 2009, el tema de la minera a cielo abierto con sus nefastas consecuencias ha sido objeto de debates y manifestaciones en los mbitos regional y nacional. El acuerdo sobre la idea de defender el medio ambiente, el agua y la biodiversidad propici la creacin de un frente de accin, representado en la constitucin del Comit Ambiental en Defensa de la Vida (CADVT), organismo que ha desempeado un papel decisivo para salvaguardar los intereses regionales. A partir de su gnesis, que data desde el ao 2009 aproximadamente, hasta hoy, existen comits ambientales en el Centro del Tolima, Anaime y Cajamarca, el norte y sur del Departamento, Doima y, desde luego, Ibagu. Las convocatorias que ha realizado ste Comit, desde la Primera hasta Quinta Marcha Carnaval, se han caracterizado por la civilidad, la alegra y la asistencia masiva de los habitantes del Departamento del Tolima. El eco de estas iniciativas ciudadanas ha contribuido a que el caso de La Colosa sea objeto de discusin a nivel nacional. Fue as como en la ltima convocatoria realizada, es decir, en la Quinta Marcha Carnaval, que se produjo el 5 de Junio pasado en la ciudad de Ibagu, Da Mundial del Medio Ambiente, el pueblo de la raza Pijao, valiente y brava, se expres masivamente. La invitacin realizada por el (CADVT), fue acogida por numerosos sectores de la poblacin. Por su composicin, campesinos, indgenas, estudiantes, profesores, lderes comunales, municipales y departamentales asistieron a este multitudinario evento, que convoc ms de 30.000 personas. En este Carnaval, disfraces, pancartas, antifaces, pinturas, carteleras, mscaras, trompetas, tambores y atuendos de todo tipo fueron los medios para expresar la alegra en defensa de la vida, el agua y el medio ambiente, contra la amenaza de los proyectos de minera a gran escala. Los y las tolimenses desplegaron sus mentes para defender el derecho a un vida digna y a un ambiente sano. El valor de las multitudes para decir al unsono S a la vida, No a la mina; el agua vale ms que el oro, fue la nota predominante de la jornada. La entusiasta participacin ciudadana, civilista y pacifista, le establece lmites a la locomotora minera\ncomo poltica de Estado, interesada en el crecimiento econmico, con altos costos ambientales y sociales; adems, se constituye en una invitacin a ejercer la democracia directa como mtodo de accin.\nResistencia contra la multinacional Anglogold Ashanti (AGA)\nA la par de estas resistencias de los de abajo, la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) no ha cesado en su empeo de avanzar sobre el territorio tolimense. Su proyecto expansivo por el Departamento cubre 22 municipios, desde Armero Guayabal hasta Rovira, pasando por la capital, Ibagu. A nivel nacional la presencia de esta empresa minera se concentra tambin en Antioquia y Caldas. No obstante, recientemente, AGA ha sufrido algunos reveses en su intencin de consolidar el proyecto minero La Colosa. El ms importante es la resistencia valerosa de los habitantes de Doima, Piedras, quienes decidieron impedir la entrada de los funcionarios de la empresa en su territorio. All, la compaa minera haba instalado plataformas y equipos con el objetivo de tratar el material extrado en Cajamarca. Adems, el presidente ejecutivo de esta empresa ha quedado cesante por sus pobres resultados en el caso de La Colosa. Estos hechos deben ser interpretados como una importante victoria del movimiento social y popular que se ha dado sus propias formas organizativas. As, los hechos que se han venido presentando y el momento actual, con el apoyo de diversas entidades territoriales, como Cortolima, la Personera, la Contralora, la Gobernacin, la Alcalda y, de manera decisiva, la creciente movilizacin popular, hacen plausible plantear que s es posible detener el proyecto minero la Colosa. Existen razones para pensar que es una realidad la posibilidad de conjurar los intereses de quienes desean apropiarse del oro que se encuentra en esta zona montaosa de Cajamarca.\nEl mandato popular y las nuevas tcticas\nLa masiva participacin ciudadana registrada debe ser interpretada como un mandato popular para que el gobierno nacional tome nota de las siguientes acciones expresadas en la lectura de la Declaracin poltica 2, realizada por el profesor Ramiro Glvez Aldana a nombre del Comit Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima (CADVT), relacionadas con la cancelacin inmediata de los ttulos y proyectos mineros que se encuentren superpuestos sobre todos los ecosistemas estratgicos del Tolima y el pas, como es el caso de las zonas de pramo. En consecuencia, anular especficamente el proyecto La Colosa, que tiene 50 hectreas sobre el Complejo de Pramos de los Nevados. En el mismo sentido, aplicar el principio de precaucin de manera inmediata frente a todas las licencias y proyectos en el Tolima y el pas que se desarrollen sobre cuencas hidrogrficas, zonas productoras de alimento y recarga de acuferos, as como establecer una Mesa de Interlocucin directa con el Gobierno nacional sobre la base de defender la vocacin productiva y los ecosistemas estratgicos del departamento del Tolima, con participacin directa y decisiva de las comunidades. Adems, derogar los decretos 933, 934 y 935 del Ministerio de Minas por negar el derecho a la autonoma territorial y, finalmente, revisar todo el ordenamiento territorial del pas bajo criterios de sustentabilidad ambiental, autonoma alimentaria y vida digna de los pueblos y comunidades tanto rurales como urbanas. En el marco de la Marcha Carnaval se ha planteado la necesidad de reclamar una convocatoria masiva que incluya la defensa del agua y la vida y los tpicos relacionados con la minera, el maltrato animal, el impulso de la agricultura orgnica y, en especial, una solucin al problema del agua que hemos sufrido por dcadas los ibaguereos. Bajo esta perspectiva se ubica la posible realizacin de un Gran Paro Cvico Regional, idea que podra resultar determinante para salvaguardar los genuinos intereses regionales. Dado que este proyecto de gran minera es la punta del iceberg de un proyecto que pretende arrasar con la Cordillera Central e impulsar la locomotora minera, es importante mencionar que, si bien es cierto, el caso de La Colosa es el ms prximo a nuestra realidad, es necesario enfatizar en la existencia de mltiples problemticas similares en el territorio nacional. La defensa de los pramos de Santurbn y Pisba, en Santander y Boyac, respectivamente, as como del ro Rancheras en la Guajira, al igual que de El Cerrejn, Cerromatoso, Marmato y los emprendimientos mineros en Antioquia, adems de la brega de los coterrneos huilenses contra la hidroelctrica El Quimbo, plantea la urgente necesidad de unir esfuerzos en torno a la defensa de la vida y del medio ambiente. Es el momento para estrechar lazos de solidaridad a travs de una iniciativa de movilizacin y organizacin ciudadana de alcance nacional.\n2\tVer texto completo de la Declaracin en: http://conciencia-ambiental09.blogspot.com/2013/06/declaracion-politica-5-marcha-carnaval.html\nLeandro Daz: Yo ando por los pueblos oyendo sus quejas\nPeriodista Investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliacin\nEl 22 de junio se detuvo el corazn de uno de los ms grandes juglares vallenatos. Toda la prensa le rinde homenaje, y hasta el mismo presidente Santos. Pero pocos saben, o lo quieren ignorar, que Leandro Daz estuvo comprometido con las causas del pueblo y le rindi homenaje a los mrtires de la Unin Patritica. Fue tan grande su compromiso que en plena guerra sucia contra la UP, se atrevi a participar en el Noveno Festival del semanario Voz, rgano de ese movimiento, aquel domingo 19 de julio de 1987 donde cant sus piezas inolvidables y le dio su saludo ante miles de personas. Reproducimos un reportaje con el poeta y cantor del Valle de Upar, publicado en Voz en junio de ese ao donde muestra su espritu de lucha. Sus declaraciones sobre el vallenato guardan plena vigencia.\nn San Diego, un pueblo de calles polvorientas al pie de la Serrana del Perij, 30 kilmetros al oriente de Valledupar y cuyas brisas le recuerdan su vecina Guajira, vive Leandro Daz, grande entre los cultores de la msica vallenata. Y vive ms exactamente en un inmenso patio con casa pues all le gusta pasar el da cuando no se encuentra en alguna de esas invencibles parrandas de acorden, bajo la sombra de mamoncillos, almendros, guayabos, mangos y limonares.\nPorque para Leandro el bosque casero es el sitio preferido para almorzar, echar una siesta, recibir a los amigos, conversar con Helena Clementina Ramos, su mujer desde hace 30 aos, o ensayar paseos y puyas con su hijo Ivo Luis, de 23, quien le sigue los pasos. El ao pasado (1986) fue coronado Gran Rey de Piquera en el Festival Vallenato. Pero los gigantes frutales que l mismo ayud a sembrar, no los puede ver. Debe contentarse con su aroma. Ciego de nacimiento, ha desarrollado, sin embargo, un peculiar sentido de las cosas. Y no solo las referentes a la naturaleza sino las que tienen que ver con el acontecer social sobre el que destila punzantes reflexiones de contenido revolucionario. Que llevan versos como en el paseo Soy: Yo soy el hombre que ha perdido el miedo/para decirles, a los de arriba lo que son/de fiesta en fiesta mantienen al pueblo/para que nunca estalle la revolucin. Sus composiciones en 42 aos de autntico juglar, suman ya 300, entre ellas Matilde Lina y La diosa coronada. Esta ltima sirvi de inspiracin a Garca Mrquez para referirse a la protagonista de su novela, Fermina Daza, en el El amor en los tiempos del clera, que comienza precisamente con un epgrafe de dos lneas de la conocida pieza de Leandro Daz: En adelante ah van estos versos a la diosa coronada. En compaa de Luis Ropero y Ulisis Ospina, dos poetas de la regin, y del profesor Edgar Marbello, lo\nvisitamos a la vspera de la toma campesina de Valledupar y en pleno Veranillo de San Juan, estacin quiz llamada as por los pobladores buscando con el diminutivo que el tiempo de infiernos de esta poca se vuelva ms benigno gracias a la magia de las palabras.\nDe padres labriegos y con vena musical, desde nio le estuvo dando a latas y cajas entonando boleros y rancheras de moda por los aos 40. La pobreza y la desesperanza de las tinieblas lo hicieron pensar que no tendra ms oficio en la vida que el de pordiosero. Pero las mujeres lo salvaron como siempre le ha ocurrido, segn recuerda. Cuando fue a despedirse de Isabel Amaya, conocida como la Chave, el amor de los quince, toc a la puerta un limosnero. Dganle que no tengo plata, orden su amiga. Entonces Leandro, comprendiendo que sera tratado igual, desech el camino de la mendicidad. Se decidi por la creacin de versos para cantarlos a lo largo del viejo Magdalena recibiendo las primeras monedas, pero sobre todo curtindose para la vida.Dej de andar desnudo, y ya con ropa, como me lo haba prometido, regres a donde la Chave, confiesa.\nY desde cuando tiene conciencia de la necesidad de los cambios revolucionarios? Incluso usted habla de que la alternativa es el socialismo. Desde hace mucho tiempo he venido pensando en estas cosas de que el pueblo ha sufrido mucho y como yo ando por los pueblos oigo las quejas. Yo no miro pero escucho y capto. Se nota desde tiempos la inconformidad, pero antes era muda, no hablaba. Pero ahora la gente no calla y busca una salida y que para m no puede ser otra que el socialismo. Pero ha tenido en estos tiempos contacto con revolucionarios? Muy pocos. Yo ando con toda la gente y voy tomando algo de cada uno. Y cuando toma contacto con los latifundistas nota que ellos no son inconformes? Casi siempre piensan en sus intereses egostas. Es muy raro que piensen en los dems. Y los criticas? No, yo los oigo hablar no ms. Lo quieren tanto como su pueblo? Bueno, a m me tratan bien, no he tenido problemas y me llaman muchos ganaderos a sus fiestas.\nEntonces, cantas para ellos? No, yo canto para el mundo, y mis parrandas las hago ms con el pueblo. Inclusive a m me gusta que una chica del pueblo me pida una cancin. Ando ms con el pueblo que con el rico. Y por no ser as el pueblo se resiente con algunos artistas despus de que los han hecho crecer. Hay artistas que llegan hasta negar su origen. Olvidndose de los problemas de la gente? Yo al contrario soy de los que voy a visitar a la gente y me gustan los sancochos del pueblo.\nLa Unin Patritica busca los cambios con el pueblo\nQu le parecen las marchas campesinas que se han tomado a Valledupar? Me parecen impresionantes. Es que los campesinos empiezan a tener ya conciencia de su propio dolor. Qu piensa de la ola de violencia antipopular que azota al pas?, incluso aqu cerca, en Becerril, en Semana Santa, mataron a un concejal de la Unin Patritica. No, si a la Unin Patritica le han matado unos cuantos, pero es porque busca con el pueblo que haya cambios y los que estn mandando no quieren aceptar. Y la violencia se debe a eso, a la disparidad social. Es que este es un pas que vive tan disparejo como los dedos de la mano. Pero todas las revoluciones del mundo necesitan lucha y sacrificios y la sangre del pueblo, por desgracia. Y todo puede morir en el hombre menos sus ideales y aunque dure siglos estos terminan por llegar. Pero cmo parar estos crmenes?\nN 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia Subversiones intelectuales\nAnte todo con la unidad del pueblo que mucho nos hace falta para terminar con los enemigos. Y eso nos costar muy caro. Estn tomando conciencia que la cosa va para adelante y tratan de frenarla lo ms posible. Esa es la explicacin a la campaa de exterminio. Los enemigos poderosos no se van a quedar quietos. Pero si con haber triunfado Cuba a la Revolucin todava la atacan y no dejan un da de hablar mal de Fidel Castro. Es que el enemigo no duerme.\nCundo comenz a componer alguien le dio ese primer impulso que necesita el poeta para crear? Desafortunadamente no tuve ese maestro directo que me impulsara. A m me motivaron Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta, El Viejo. Pero no saban que yo exista. Mantenan una gran rivalidad y sus canciones se escuchaban mucho. Yo entablaba con la msica de Lorenzo Morales mis encuentros con otros pelados de mi edad haciendo coplas que cantbamos en las fiestas. Pero Morales y Zuleta hicieron la competencia ms bella que ha tenido el vallenato. Y qu ha pasado con todos esos muchachos? Se quedaron en el anonimato. Por falta de atencin? S, y tambin porque en ese entonces no haba grabadoras donde se pudiera dejar testamento. Y lo importante de una fiesta vallenata era esa creatividad espontnea. Pero ha quedado perdida. Y solo le ha compuesto a la mujeres del pueblo? Siempre. Yo nunca les he compuesto a las nias de la sociedad. A la mujer que yo le he cantado es a la mujer de mi clase. A Matilde Lina la hizo famosa en ese paseo Era una campesina. O es, porque aun vive en Valledupar. Y a muchas como a Carmencita, Cecilia, Mara Helena\nLos romances de la imaginacin\nTuvo acaso un romance con Matilde Lina? Yo creo que la imaginacin fue la del romance. Eso fue aqu por aqu en San Diego? S, por aqu en el ro Tocaimo. Yo fui de paseo al ro y ah fue cuando la pens. Me llamaban la atencin unos pajaritos que cantaban a la orilla del Tocaimo en la finca de Too Murgas que\nse llama Santa Fe. Haba solo cultivos de algodn. Yo siempre al medioda me iba al ro y un da de esos cuando me senta enamorado, sabiendo que si se est lejos de la amada ms se le quiere, de pronto se me vino a la imaginacin la mujer y me inspir en ella. Cmo hace para componer? Con la ayuda de alguien? No, yo me aprendo de memoria, pedacito a pedacito cada cancin y le voy poniendo la msica. Cuando ya la tengo la ensayo con los muchachos de algn conjunto. A veces con Too Salas que es un acordeonista bien teso.\nA los ricos les daba vergenza el acorden\nLos ricos siempre han bailado el acorden? S, toda la vida. Lo que pasa es que al principio lo hacan a escondidas pues les daba vergenza por ser una msica que vena del pueblo. Ahora se lo han tomado alejando al pueblo de sus creadores que prefieren tocarles a los personajes y a los polticos. Por eso el pueblo colma la Plaza Alfonso Lpez en Valledupar para poder verlos, pero el Festival es cada abril. El resto del ao le toca resignarse con las emisoras porque ni a una caseta puede entrar. La gente est dividida con respecto al vallenato. La vieja aora el de antao mientras que los jvenes prefieren a un Binomio de Oro. Cul es su opinin? Yo prefiero el viejo vallenato. La msica que hacen hoy es una mezcla de boleros, merengues y hasta rancheras, y eso no es vallenato. Pero no es lgico que al ir evolucionando la misma gente, debe evolucionar el vallenato? Pero es que no hay tal evolucin. Yo acepto los cambios siempre que vengan de la misma creatividad original, y no con elementos extraos a las races del vallenato. Entonces es preocupante la situacin del vallenato? A mi me preocupa la situacin actual del vallenato. Los Ovalle, Macas, no se diferencian de los Roberto, Rosendo. Componen lo mismo: el mismo amor, la misma negra y la misma tontera. No hay creatividad. Y lo voy a poner ms claro. Salen en un Festival 100 canciones vallenatas y en dos jornadas quedan tres, y la ganadora jams la canta el pueblo. Por qu? Porque no tienen ningn mensaje y menos races del pueblo. Es una cancin que se hace de la universidad a la cama. Hay que\npreguntarle a un muchacho de ahora qu es folclor, cmo lo ha vivido, cmo lo ha sentido. Los compositores no van a los pueblos sino van a hablar con la chica ms bonita y con los dueos de la provincia, y as cmo. Es que estos msicos son como el arco iris, mucho colorido y al tronco que nace no vuelve.\nY se est perdiendo la poesa? Claro, y que est en el propio origen del vallenato. Se le entrega, por ejemplo, una creacin al mejor intrprete, y no se le graba como usted quiere sino como se le viene en gana en complicidad con las casas disqueras, haciendo una gran distorsin. Puede citar algn caso? Pero qu han hecho conmigo. Le cito el caso de La diosa coronada que grab el ao pasado Alfredo Gutirrez. Lo deja a uno desconcertado. No le consultan para las grabaciones? No, ese es el gran problema. Llevan las obras y las arreglan en los estudios acabando el vallenato con variaciones que no son fieles. Es que prima el inters comercial. Ha pensado hacer un lbum con las composiciones originales? Estoy pendiente de hacer unas grabaciones autnticas con guitarra y acorden, cantando yo y mi hijo Ivo Luis. En este nivel Colcultura, la entidad oficial del arte, le ha ofrecido alguna colaboracin? Colcultura?, nunca. Ni siquiera me envan una tarjeta de felicitacin el da del artista. Quines son los que mejor interpretan sus obras? Son muchos, pero hay dos con el acorden que yo siempre destaco ms: Emiliano Zuleta Daz y Colacho Mendoza, y entre los cantantes a Jorge Oate. La poesa la lleva en el vallenato el cantador que es el extracto de lo que el mismo pueblo hace, como anota Toms Daro Gutirrez. Opina lo mismo? Estoy de acuerdo con Toms. Y fjese usted que los festivales vallenatos no son de cantores o de compositores sino de ejecutantes de acorden. Solo desde el quinto se impuso el canto. Nosotros los compositores estamos como el dcimo lugar. Por lo que se nota usted no tiene una buena opinin de los festivales.\nDe los festivales vallenatos soy inocente. Yo lo que soy es un compositor independiente. De los veinte que han hecho solo asist a tres. En el primero me sacaron porque era cantante. Pero en ese entonces no haba tantos intereses creados. En otra ocasin cuando me convencieron de ser jurado para la cancin indita, me dejaron abandonado en la tarima. Y en 1983, cuando vino Garca Mrquez, me pas lo peor. Entonces yo no vuelvo a eso. Qu le pas? Fui a tocar en una fiesta en Valledupar y me puse de acuerdo con Gabito, quien andaba solo pero que haba que atender. Acababa de ganar el Nobel. Entonces, despus de terminar el Festival, no tuve a dnde dormir, ni un carro ni un amigo que me trajera a mi casa y me toc amanecer en Valledupar. Pas el da solo con una gaseosa que me regal una muchacha. A Gabo se lo llevaron enseguida, pero a m me abandonaron.Alejo Durn y Colacho Mendoza merecen respeto. Y del Rey de Reyes coronado en el ltimo festival qu piensa? Entre dos que estn peleando alguien tiene que ganar. Y tanto Alejo Durn como Colacho Mendoza son msicos que merecen todo el respeto. Lo que pasa es que Colacho no tiene carisma como s los tiene Alejo. Colacho es un ejecutante, mientras Alejo, adems de buen acordeonero, compone su propia msica. Y sin embargo gan Colacho, y por eso el pueblo se disgust. Pero yo a los dos los estimo. Cmo recibi la publicacin de un verso suyo en la novela de Garca Mrquez, El amor en los tiempos del clera y que sirve de epgrafe? Nosotros somos amigos desde 1967 cuando se cre el departamento del Cesar y ya La diosa coronada tena 17 aos de nacida. A Gabo le gust y quera tener un casete con la pieza. Lo volv a encontrar en 1983. Pero no me cont nada de su proyecto, as que cuando apareci el libro en 1985 me sorprendi, pues habiendo tantos buenos compositores decidi escogerme. Pero creo que es un homenaje a todos mis seguidores, as como se lo hizo a Rafael Escalona a quien cita en Cien aos de soledad.\na resistencia y lucha campesina de El Catatumbo es una prueba ms de la validez de una accin poltica que privilegia la movilizacin y el despliegue del poder constituyente, en un pas en el que el sistema poltico tal como manda la maltrecha Constitucin de 1991 en lugar de abrirse hacia la mayor democratizacin, restringe y cierra los espacios de participacin social y popular. Resulta cuando menos paradjico que sean los propios campesinos quienes tengan que demandar del Estado el cumplimiento de sus leyes, que para ello deban recurrir a una de las ms importantes movilizaciones en defensa de la territorialidad campesina de nuestra historia reciente, y que en ese cometido sean expuestos a las ms virulenta y sangrienta represin de las fuerzas militares y de polica, amparadas seguramente en la impunidad del blanco legtimo que les ofrece el recin aprobado fuero militar. El vigor y la dignidad campesina han impuesto el dilogo, sobreponindose al dolor que producen los cados en la lucha y a los mezquinos consejeros gubernamentales que en desvergenza sin lmite osaron llevar su propio pliego de peticiones a la convulsionada regin. An no se sabe en qu terminar el dilogo con un Gobierno maoso que en asuntos de contiendas se caracteriza por menospreciar al contrincante. No la tendr fcil. En este caso, su contraparte es un movimiento campesino liderado valerosamente por la Asociacin Campesina del Catatumbo, Ascamcat, que rene a decenas de miles de labriegos de 330 veredas, pertenecientes a siete municipios, organizados en juntas\ncomunales, en un territorio que abarca ms de 360.000 hectreas. Se trata de un movimiento potente, creado a fines de 2005, surgido del continuum de luchas campesinas en la regin, que resisti la cruenta arremetida paramilitar iniciada en 1999 bajo el amparo de las fuerzas militares estatales y que en la actualidad enfrenta los embates de la acumulacin minero-energtica y de la produccin de agrocombustibles, as como del plan de militarizacin extrema conocido como el Plan de consolidacin del Catatumbo. Por sus caractersticas, por sus repertorios de lucha y por su decidida defensa de la territorialidad campesina, este movimiento puede ser definido como un movimiento socioterritorial, cuya principal bandera de lucha consiste en la creacin de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, acogindose a lo mandatado por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1776 de 1996. A pesar de su estigmatizacin como una de las retaguardias estratgicas de las FARC-EP, segn los idelogos criollos de la doctrinas contrainsurgentes, su accionar y sus demandas se encuentran encuadradas dentro del ordenamiento jurdico. En realidad, lo que el movimiento se ha propuesto es darle vida jurdico-formal a la situacin de hecho producida por dcadas de produccin campesina de territorio y de indiscutible abandono estatal en tierras baldas dentro de una zona declarada por la Ley 2. de 1959 como zona de reserva forestal. Por ello se dio a la tarea de surtir los engorrosos trmites para la creacin de una zona de reserva campesina, bajo el liderazgo de la Asociacin Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, que agrupa actualmente 53 procesos organizativos; y en concertacin con el Incoder, incluso con su financiacin, se procedi a la elaboracin del Plan de Desarrollo Sostenible, que hoy sirve de sustento tcnico-poltico a las demandas campesinas, encontrndose en trmite, adems, el estudio de sustraccin de zona de reserva forestal para zona de reserva campesina. Los campesinos han sabido sortear con sabidura, adems, los intentos de enfrentarlos al pueblo indgena Bar en sus pretensiones territoriales, cediendo a parte de ellas. Todo ese esfuerzo se viene encontrando de manera sistemtica con una barrera. Lo que hoy se sabe es que en materia de Zonas de Reserva Campesina, el Incoder ha sido obligado a convertirse en una dependencia de hecho del Ministerio de Defensa; que la poltica frente a las ZRC se inscribe esencialmente dentro de las estrategias constrainsurgentes y que, por esa misma razn, su destino tambin est atado, en consecuencia, al desenvolvimiento exitoso de los dilogos de La Habana. Y,\ndesde luego, sobre todo a la potencia constituyente desplegada por el movimiento campesino liderado en este caso por la Ascamcat. Tras el detonante del movimiento, la erradicacin de cultivos proscritos de campesinos empujados a ello, sin el ofrecimiento estatal de alternativa alguna, se encuentra la disputa por la tierra y el territorio. Lo que est en juego, en realidad, es la lgica campesina de produccin del territorio enfrentada a la lgica capitalista, a la tendencia de acumulacin capitalista. Luego de dcadas de absoluta desatencin estatal, expresada en la pobreza y miseria de sus pobladores, el Catatumbo devino en zona estratgica por su incalculable riqueza minero-energtica, por la adaptabilidad de sus tierras para los cultivos de palma aceitera y, con ello, para la produccin de agrocombustibles. Hoy resulta claro que el ejercicio concertado de la violencia estatal y paramilitar, iniciado a fines de la dcada de 1990, haca parte de un proceso de alistamiento sangriento del territorio, que adems del exterminio fsico, del despojo y el desplazamiento forzado, se buscaba liquidar cualquier forma de organizacin social que pudiera ejercer alguna resistencia. Sobre ese ignominioso acumulado se pondra luego en marcha el Plan de Consolidacin y, ms recientemente, se diseara la Estrategia de desarrollo integral del Catatumbo a travs del documento Conpes 3739 del 15 de enero de 2013. Se trata de un ambicioso plan de 1.64 billones de pesos, que privilegia la inversin en infraestructura vial (1.36 billones, es decir, 83 por ciento del total de la inversin) y requiere del control militar de la regin para su implementacin. En lo fundamental es un plan de megaproyectos infraestructurales para la pretendida acumulacin capitalista. Pero cuenta con un lmite: la resistencia campesina que entre tanto devino en movimiento socioterritorial, constituyente de territorialidad campesina en la forma de Zona de Reserva Campesina. Ese movimiento ha dado una leccin de dignidad. Ha logrado doblegar las pretensiones de solucin militar y policial de los conflictos, para imponer el dilogo. Su valor es incalculable, no slo por lo que representa para el futuro de la regin y sus pobladores en cuanto posibilidad de produccin alternativa de territorio, sino por el ejemplo y las lecciones para otros movimientos sociales y populares que hoy afloran en los poros de la acumulacin capitalista a lo largo y ancho del pas. Por ello nuestra mayor admiracin y solidaridad.\nhttp://www.lasillavacia.com/historia/la-otra-version-sobre-el-catatumbo-45125 http://www.lasamericasnews.com/images/images_712/LATINO%20colombia.jpg http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_co ntent&task=view&id=367533&Itemid=94\nDocuments Similar To izq35_def\nAutoritarismo y soberbia de una izquierda oficial- julio barbaro- .docx\nCarpeta de Tutoria 2012