Abogados Bahia Blanca: 2017\nEn los últimos años los juicios por alimentos subieron un 80%. Los tribunales están repletos de expedientes, los juicios duran años y se genera entre las partes un gran desgaste. Los abogados de familia aseguran que es la consulta más requerida y que es un juicio largo y tedioso. Por el otro lado, los padres cuentan que es "desesperante" la espera.\nPor la inflación aumentaron los juicios por aumento de la cuota alimentaria. Foto: Archivo\n"A mi abogada la llamo prácticamente todos los días para apurar los tiempos y me contesta que los juzgados están atiborrados de papeles por este tipo de juicios. La verdad es que es desesperante: los precios suben, el alquiler del departamento aumentó un 20% y la matricula de las chicas no puede esperar. Lo que me daba hace dos años hoy no me alcanza para nada", explicó.\nValeria tiene tres hijos (13, 10 y 7 años) está divorciada hace 5 años. Trabaja como asistente en una obra social de la zona porteña. Hace seis meses le inició juicio a su ex pareja por el aumento de la cuota alimentaria: "Es una situación muy complicada. Nosotros en un principio teníamos un acuerdo de palabra. Hace dos años le empezó a ir mal en su negocio y a retrasarse con la cuota de los chicos. La relación entre nosotros se fue deteriorando a causa de los constantes pedidos para que la cuota sea análoga a los gastos de la casa. En su momento no lo pautamos en papeles, quizá porque estaba mal asesorada y ahora me estoy exponiendo a un juicio con todo lo que ello implica tanto en lo económico como en lo afectivo".\nEl padre que tiene la tenencia es el que recibe la manutención. En la mayoría de los casos se trata de la mamá. El papá tiene que aportar más, aunque tengan el mismo sueldo. La tenencia tiene un valor económico, quien cuida a un hijo tiene menos tiempo para trabajar. Además, el que convive con los hijos tiene más gastos "imperceptibles", como un helado, una golosina, los útiles\nTodos los consultados por LA NACION coinciden en que los juicios por aumento de la cuota alimentaria son "tediosos, largos y a los únicos que perjudican son a los hijos".\n"Actualizar la cuota alimentaria es la principal preocupación de las mujeres hoy. La cantidad de juicios que se inician por este tema es impresionante. Es que ni las cuotas pautadas del año pasado alcanzan ahora", dijo a LA NACION , Viviana Koffman, abogada especialista en divorcios.\n"Hay muchísimas consultas por este tema. No sólo porque la plata no alcanza sino porque la inflación no está contemplada por la ley. En el momento de fijar el aumento, el juez tiene en cuenta todo lo que corresponde a la calidad de los hijos, pero el problema es que hay que probarlo y esto lleva a que el juicio se dilate en el tiempo y finalmente se termina desactualizado por la gran inflación que hay", aseguró.\nLa abogada especialista en divorcio Ana Rosenfeld aseguró: "La inflación es el peor enemigo de la cuota alimentaria. Los jueces no actúan con celeridad y los juicios controvertidos pueden durar tres años. Mientras tanto a los chicos se los mantiene con una cuota provisora que no está ajustada a la inflación".\n""En los últimos años de cada 10 consultas que tengo ocho son por el aumento de la cuota alimentaria, no es fácil que las ex parejas lleguen a un acuerdo cuando hay una inflación mensual muy alta""\n"Para fijar la cuota los jueces toman en cuenta el nivel de vida de los menores y el caudal económico del alimentante. La ley no indica porcentaje sino que queda al criterio del juez, que suele fijar entre un 20 y un 30 por ciento cuando el padre tiene sueldo en blanco", explica Koffman. Luego aclara que el criterio cambia cuando los padres tienen gran poder económico, entonces prima el nivel de vida del grupo familiar cuando convivía.\n"En el caso que no tenga recibo de sueldo se puede pautar un incremento del 15% de la cuota cada seis meses y a otro a fin de año del 15% para ajustarse a la inflación. En el caso que el padre se niegue a una negociación se plantea un incidente de aumento de la cuota alimentaria que puede durar entre 6 meses a un año y medio, y se debe demostrar al juez a través de pruebas contundentes la solvencia del padre" dijo el abogado de familia Paulo Jarowitzky, y agregó: "en los últimos años de cada 10 consultas que tengo ocho son por el aumento de la cuota alimentaria, no es fácil que las ex parejas lleguen a un acuerdo cuando hay una inflación mensual muy alta".\nKoffman explica que lo más práctico es fijar un porcentaje del sueldo para los trabajadores en blanco. "Los trabajos aumentan los sueldos, así que también sube la cuota", y agrega: "La ventaja de que la cuota sea un porcentaje del sueldo es que si el padre no paga, se le puede embargar el sueldo".\nCUANTO TARDE UN REAJUSTE DE CUOTA ALIMENTARIA,\nConferencia sobre la Ética Judicial\nConferencia sobre la Ética Judicial - Dr. Rodolfo Vigo\nSabido es que ni el Estado ni el Derecho pueden vivir una vida aislada al margen\nde los cambios políticos, sociales, económicos y técnicos, por el contrario, tanto el\nEstado como el Derecho viven la impronta de las fuerzas que determinan un momento\nhistórico dado. En la realidad de nuestro tiempo, la sociedad pretende de los\nfuncionarios públicos que respeten inexorablemente los viejos principios de la función\npública, concebida como un verdadero acto de servicio donde el interés general\nprevalece respecto de los intereses particulares. En este marco, adquieren renovada\nimportancia los inmutables principios éticos basados en la honestidad, la\nresponsabilidad, la dedicación, la idoneidad, el decoro, la transparencia, la\nimparcialidad, la prudencia en el ejercicio de la función pública (Sesín, Domingo)2\nLos Jueces ejercen una función pública esencial, al decir de Bielsa3\nfunción del Estado y la sociedad es más digna, respetable y más necesaria que esta”.\nPor ello, también le es inherente una responsabilidad especial en lo que respecta al\ncomportamiento ético, lo que ha motivado, tal como lo señala Luis María Pintos4\n“…en los últimos años se venga observando un renovado interés por el tema de la ética\njudicial, como lo demuestran entre otros antecedentes que merecen citarse: el dictado de\ncódigos de ética judicial en diversos países, y también en provincias argentinas, (v.g.\ncapítulo dedicado al tema en el Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en la IV\nCumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia\ncelebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, mayo de 2001; Código de Ética Judicial\nde Costa Rica; Códigos de Ética Judicial de la Provincias de Santa Fe, Córdoba,\nCorrientes, Formosa, y Santiago del Estero) sin olvidar además la consagración del\ntema de la ética en el art. 36 de la Constitución Nacional reformado en 1994, que exigía\nSesín, Domingo. “Objetivos del Proyecto de Código de Ética Judicial para Argentina y\n3 Bielsa, Rafael, “sobre lo contencioso administrativo”, 1964, pp. 24 y ss.\n“El consejo de la magistratura y los desafíos de la ética judicial,\nla sanción de una ley sobre ética pública, plasmada luego mediante el dictado de la Ley\nN° 25.188; la realización de eventos en torno al tema, como ser las "Jornadas\nInternacionales sobre Ética Judicial", llevadas a cabo en la Universidad Nacional de\nBuenos Aires, los días 2 y 3 del octubre de 2003, y también las sucesivas sesiones sobre\nel tema: "Ética e Independencia del Poder Judicial", organizadas durantes los años\n2003 y 2004 por Argenjus, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia\nde las Provincias Argentinas y Fores, que reunieron primeramente a Jueces de\nSuperiores Tribunales de las Provincias Argentinas y luego a Jueces de Segunda\nInstancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas del Norte, Centro y Sur; y\npublicaciones varias sobre esta materia aparecidas en diversos medios de difusión”.-\nDentro de este contexto, es que se motiva el tratamiento del desarrollo de la ética\njudicial, así como la cuestión relativa a la necesidad de su codificación.-\na. Historia de la ética\nb. Teorías de Fundamentación de los juicios éticos\nI. 1. ÉTICA\na) Historia de la ética.-\nAdentrándonos en el estudio de la historia de la ética, siguiendo para ello el\ndesarrollo efectuado por Douglas Price5\n, debemos señalar que “…La reflexión ética\npuede encontrarse ya en Demócrito, pero muchos autores consideran a Sócrates como el\niniciador de una tradición filosófica, que se nutrió precisamente de los debates con sus\nantagonistas por excelencia: los sofistas.\nDe hecho la vida y la muerte de Sócrates, lo que se recoge de su obra, parecen\nestar centradas sobre esta cuestión: la consideración del problema ético individual\ncomo el problema filosófico por excelencia. Nada más baste recordar la célebre\ncuestión planteada en el juicio que se le siguiera por “impiedad”, que nos llegara a\ntravés del relato de Platón. Sócrates acusado de ser culpable de no creer en lo los dioses\nen que la ciudad cree, de introducir otras ideas demoníacas y nuevas y de corromper a\nlos jóvenes, contesta a los jueces que así como en la guerra jamás abandonó el lugar\nque le asignaron los magistrados, así tampoco abandonará la misión que le asignó el\nDios, su “daimon” (…) Esta pieza a la vez trágica y heroica puede ser mostrada como\nel ejemplo paradigmático de las cuestiones éticas, a un tiempo del ciudadano común y\ndel funcionario público: la tensión entre los bienes hedónicos y los ascéticos, la cuestión\nde las conveniencias individuales y las generales, la contradicción entre la razón\nestratégica y la razón práctica. (…).-\n5 Douglas Price, Jorge Eduardo, “Aproximación conceptual a la ética aplicada” En Ética e\nIndependencia del Poder Judicial Nº 2. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia de los\nTribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs. 15 y ss.;\nFuerza es reconocer que ya entre los presocráticos encontramos reflexiones\nvinculadas a la aceptación o al rechazo de ciertas normas sociales vigentes, pero son las\nreflexiones de Sócrates, en algún sentido retomadas por Platón las que inauguran como\ndigo esta tradición de la filosofía occidental.\nNo obstante será Aristóteles, (…) quien planteará la mayor parte de los temas\nque luego ocupará la atención de los filósofos morales: la relación entre las normas y\nlos bienes, entre la ética individual y la social; la clasificación de los bienes; la\nclasificación de las virtudes, la relación entre la justicia y las virtudes, el examen de la\nrelación entre la reflexión teórica y la vida práctica.\nAristóteles fue el primero en considerar a la ética una disciplina filosófica\nindependiente, distinguiéndola de los otros campos de estudio, los de la filosofía teórica\n(lógica, física, matemática).\nPrecisamente llamó filosofía práctica, a aquella que se refiere a la reflexión\nsobre las conductas humanas, reflexiones a las que divide en ética, economía y política.\nLa palabra usada por Aristóteles tiene obvia raíz griega, procede de ethos que\nsignifica “uso”, “hábito” o “costumbre”, desde luego uso, hábito o costumbre\nmoralmente buenos. Así actúa éticamente quien sigue las normas del código moral\nadmitido en la polis. Así también para los romanos, en latín, la raíz es la misma: mos o\nmores significa costumbre.\nEste filosofo que tal vez es el que más ha influido en la historia del pensamiento\nde Occidente escribió varias obras sobre Ética, así la Ética a Eudemio, la Gran Ética y\nla más conocida de todas, la Ética a Nicómaco o nicomaquea. En la Gran Ética llega a\ndecir que la Ética, como ciencia o tratado de las costumbres es una parte y un principio\nde toda ciencia sociológica, hasta el punto, sostiene, que ese mismo tratado no debería\nllamarse ética, sino más bien sociología o política.\nSu influencia ha sido tal, que en el campo de las ciencias morales prevaleció\ndurante largo tiempo, sin ser contestada, la opinión según la cual el conocimiento de lo\njusto y de lo injusto no era posible de ser alcanzada con la misma certeza con que lo era\nel razonamiento matemático. Conocida es su diferenciación entre episteme y doxa, entre\naquello que propiamente podríamos denominar conocimiento científico o técnico (aquél\nque en términos contemporáneos llamaríamos corroborable) y la opinión, que no está,\nque no puede estar, sujeta a verificación.\nPor ello fue que durante siglos la instrucción de los juristas se llevó a cabo\nmediante la enseñanza de la lógica tópica, es decir se le enseñaban los lugares comunes\nmediante los cuales podía obtener argumentos a favor o en contra de una opinión, sea\nmediante la dialéctica (o arte de la discusión) o mediante la retórica (o arte de la\npersuasión), es decir “a través de disciplinas que permanecen en la esfera de la lógica\nde lo probable y no deben ser confundidas con la lógica propiamente dicha, que analiza\ny prescribe las reglas de los razonamientos demostrativos”. Algo que deviene de la\nescuela de los sofistas, pese a que Aristóteles los acusara, siguiendo a su maestro\nPlatón, de sólo perseguir lo aparente, no lo real, por lo que en rigor —cuando menos en\nesta materia— el estagirita parece incurrir en una contradicción. Hay que recordar,\nademás, que los sofistas fueron los primeros en plantear un cierto relativismo, que se\nvincula con su defensa del partido democrático, y que les valiera la leyenda negra que\nsobre sus métodos y opiniones se desarrollara a partir del objetivismo platónico.\nEl debate medieval partió de dos presupuestos inconmovibles: el de la existencia\nde Dios y el del dictado del decálogo, presupuestos que como tales no eran objeto de\ndebate, aunque se podrían observar serias diferencias según cuáles fueran las\n“pruebas” de la existencia de Dios o la misma característica del decálogo. Así la\ncontroversia entre la tesis agustiniana de la fe y la tomista de la razón sobre la prueba\nde la existencia de Dios (no hay que olvidar que el aquinate reintroduce en la cultura\noccidental a Aristóteles) o la disputa que plantean Guillermo de Occam y Juan Duns\nScoto sobre la naturaleza del decálogo, es decir sobre su “variabilidad” o\n“invariabilidad” que presume la disputa sobre la preeminencia de la omniciencia o la\nomnipotencia como atributos de la divinidad, lo que llevara a sus respectivas\ndeclaraciones de herejía. Posiciones que significan, para algunos (…), un preanuncio\ndel positivismo en tanto admiten que las normas del decálogo pueden no ser eternas o lo\nque es lo mismo pudieran ser cambiadas por Dios “a voluntad”.\nPero a partir del Renacimiento, entre tantos otros renacimientos, también\nrenacería la filosofía ética estoica, que nos daría a la postre a Baruch de Spinoza, cuya\nfilosofía ética también tiene indudable raigambre teónoma, sólo que ya en modo más\n“abierto” (es decir con un menor grado de “materialidad”, con una menor “precisión”\nen cuanto a las normas concretas prácticas y con mayor grado de rigor formal en su\npretensión justificatoria),apertura que habían preanunciado, en las postrimerías de la\nEdad Media, Guillermo de Occam y Duns Scoto.\nPero es durante la modernidad que la discusión ética se volvería\nextremadamente crucial, máxime al calor de las guerras de religión, que plantearon en\nlos hechos la cuestión de la validez de principios morales encontrados, lo que reclamaba\nprecisamente a la cuestión metaética.\nAsí Thomas Hobbes, vendrá a sostener una línea paradojalmente positivista al\nafirmar que la certeza en las cuestiones morales depende del hecho de que son una\ncreación nuestra, algo así como que los razonamientos morales son meramente\nformales, que consecuentemente si no discutimos la verdad de la premisa mayor, no\nnegaremos tampoco la verdad de la menor (que es por conclusión la regla a seguir), eso\nen la medida que no hayamos equivocado el procedimiento lógico. Eso significa, para\nHobbes, que el razonamiento moral parte de peticiones de principios que formulamos a\npriori del mismo razonamiento, lo que no significa que sean ideas a priori, sino todo lo\ncontrario: meras expresiones de nuestra voluntad, algo con lo que luego coincidiría el\nEn tanto, para las corrientes adversas tanto al dogmatismo religioso como al\nrelativismo, actúa éticamente no quien respeta las reglas como un mero hábito, en forma\nacrítica, sino aquél que lo hace respetándolas a partir de su propia inteligencia y razón,\nesta será desde el mismo Platón una línea de pensamiento que aun cuando con\ndiferentes contenidos morales e ideológicos ocupará una de los lugares centrales de la\nescena del debate moral. Para el autor de La República, la razón debe controlar la\nparte emocional del alma y hacer que ésta haga lo correcto.\nEn la modernidad (…) será Immanuel Kant el filósofo de mayor influencia de la\nmodernidad, tanta como la que tuviera Aristóteles en las edades previas (…).\nKant (…) es un filósofo complejo, situado siempre como en un balance entre dos\nopiniones epistemológicas y éticas que se enfrentaban y se enfrentan aún hoy duramente\nen relación con la cuestión central de ambos campos: la pretensión de validez o de\nverdad, sea de los juicios del ser (de los que los enunciados de la ciencia son un\nejemplo) como los del deber ser (donde se encuentran los de la ética y del derecho).\nKant afirma en el prefacio a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura\n(su obra epistemológica), publicada en 1787, que el punto de partida de la nueva\n“metafísica” debe ser la concepción de ciencia elaborada por Copérnico, Galileo y\nNewton, es decir el concepto empirista de ciencia (…).\nEn la Crítica de la Razón Pura, Kant comienza preguntándose sobre cómo es\nposible que conceptos, palabras, juicios, proposiciones nos informen sobre el mundo\nsensible, esto es cómo es posible establecer una correspondencia entre juicios\nintelectuales y objetos o datos sensibles, objetos no producidos por la mente, sino que\nestán fuera de ella. Esto refiere a un problema de la ontología clásica, es decir el de la\nadecuación o no del lenguaje humano a objetos del mundo exterior.\nAllí es cuando en la empresa de dotar a la teoría del conocimiento de unas bases\nsólidas, Kant distingue entre tres tipos de juicios, es decir a las ya conocidas categorías\nde los juicios analíticos y los juicios sintéticos, que sumariamente refieren a los juicios\nde la razón especulativa, aquellos que devienen de la misma capacidad analítica de la\nmente sin necesidad de la experiencia y por ello juicios a priori y los juicios sintéticos\naquellos que informan a partir de la experiencia. Formalmente la diferencia entre unos\ny otros es que los primeros son tautológicos, por así decirlo el predicado repite al\nsujeto, como la ley de identidad en la lógica; mientras que en los segundos, los\nsintéticos, el predicado trae una nueva información sobre el sujeto, son en este sentido a\nLa novedad teórica de Kant consistirá en no aceptar que todo juicio sintético sea\na posteriori es decir que hay juicios que si bien se despiertan en nuestra atención por la\nexperiencia, revelan una base que no esta contenida en la experiencia sensible, lo que\nquiere decir en términos modernos que están a priori en nuestro aparato cognoscitivo.\nEl conocimiento apriorístico no es temporalmente anterior a la experiencia para\nKant, sino que provee las condiciones de toda experiencia sensible, conforma las\nestructuras de nuestra percepción, esto es que somos capaces de reconocer los objetos\núnicamente por las formas puras que nosotros portamos (…).\nAhora bien Kant llama formas puras de la sensibilidad al espacio y el tiempo,\nformas que permiten que los fenómenos amorfos de la naturaleza que recoge nuestra\nexperiencia sensible se tornen objetos y sobre ellos se puedan construir las ciencias de\nla naturaleza, el resultado de aplicar las categorías a priori de la razón analítica sobre\nlos datos de la experiencia sensible son los conceptos (…).\nKant usa de variados argumentos para demostrar la incognoscibilidad de las\nintuiciones de conceptos tales como Libertad, Libre Arbitrio o Dios. Y esto es\nextremadamente relevante porque la Ética y el Derecho en la concepción de Kant no\nestán disociados de su metafísica del conocimiento, aun cuando la razón pura teorética\ny la razón pura práctica se asienten en principios diferentes.\nEn efecto una de las tesis centrales de Kant, que de algún modo anticipa la\ncélebre falacia naturalista denunciada G. E. Moore, es la de la instransponibilidad de\nlas esferas del ser al deber ser, para él el deber ser expresa un tipo de necesidad y de\nligazón que no ocurre, no se da, de otra forma en la naturaleza.\nEsto es que la relaciones categoriales que la razón pura clasifica en el mundo de\nlos objetos naturales, sensibles, no tiene sentido delante del deber ser que rige la\nconducta humana: las leyes de la razón práctica son rigurosamente formales y la\nvariabilidad de los contenidos es tal que no puede ser predeterminada, ningún contenido\npuede a priori, servir de criterio para separar lícito de ilícito, moral de inmoral.\nTodo parámetro material es insuficiente para fundamentar una Ética Positiva, es\ndecir no se puede derivar de hechos la validez universal de un juicio del deber ser; de\nuna descripción no se pueden fijar parámetros para solucionar conflictos prescriptivos\nque todavía están por suceder, concepto que como sabemos fue adoptado por Kelsen en\nsu Teoría General del Derecho. El dualismo kantiano entre ser y deber ser se\ncorresponde con las dos facultades humanas distintivas: el conocer y el actuar\n(conscientemente). Mientras que en el plano teorético el conocimiento de la cosa en sí\nnos está vedado, en el campo de la razón práctica, la del obrar, existe un postulado\nracional incontestable que es la ley del deber. Esta ley, que es su célebre imperativo\ncategórico, constituye la condición de posibilidad de la conciencia moral, es decir lo\nque hace posible que tengamos algo así como un conocimiento acerca de lo que debe o\nEl imperativo categórico tuvo por los menos dos formulaciones, una: “actúa sólo\nsegún una máxima tal que puedas al mismo tiempo pretender que ella se torne ley\nuniversal” y otra: “actúa como si la máxima de tu acción se debiese tornar, por tu\nvoluntad, en ley universal de la naturaleza”. Es decir, Kant está sentando las bases de\nun pensamiento que veremos reproducirse en el constructivismo contemporáneo: el\nsujeto como legislador de sí mismo, pero fijando como requisito que la regla que\ndetermine su obrar esté dispuesto a aplicársela a todos y en todos los casos, ésta es la\nrespuesta a su célebre “¿qué debo hacer?” que sentó su antropología filosófica (…).\nPero agudamente se señala que Kant no puede superar el problema que plantea\nsu cierto etnocentrismo cultural, que lo lleva a una cierta ignorancia de las situaciones\nfácticas y medio ambientales: cómo lo sería el de resolver la cuestión en la que dos\npersonas pretendan acciones mutuamente excluyentes, fundadas en principios opuestos\nque están dispuestos a sostener como “máximas del obrar universal”.\nLas respuestas a la convulsión kantiana vinieron primero desde el lado del\nobjetivismo, es decir del pretender transferir al campo de la ética y el derecho las\nmismas certezas que se poseían en el campo de la naturaleza (certezas que el siglo XX se\nocupó de destruir o cuando menos reducir enormemente(…)). Así a través de una\naxiología quasi ontológica de los valores, autores como Hartmann y Scheller\npretendieron descubrir en estos objetos unas entidades cognoscibles análogas a los\nobjetos de la naturaleza, que asequibles por la razón, nos dotarían de las mismas\ncertezas en el obrar práctico. Otros siguiendo la vía irracionalista de Hume, por tanto\ndel escepticismo, llegan a la indiscernibilidad de lo ético, es la teoría por caso de la\nescuela de Viena, para quien los juicios éticos son apenas expresiones de voluntad del\nEl paradigma del “anti-Kant” (…) es sin lugar a dudas Federico Nietzsche(…)”,\npara quien “(…)la noción de bueno, a diferencia de la opinión de Spencer (…) quien\nsostenía que bueno era igual a “útil” o “adecuado a un fin”, si se la analizaba\nlingüísticamente (…), se observaba que coincidía con “noble” como contrapuesto a\n“sencillo” y este término como equivalente a hombre vulgar. Esto es parte de su idea\ncentral de que toda moral es un hábito de automagnificación, por el cual una clase de\nhombres está contenta de su modo de ser y de su vida, lo que vendría a coincidir con al\nteoría de Marx sobre la coincidencia entre la moral positiva de la época y la\nconveniencia de las clases dominantes. Esta observación que como crítica sociológica\npuede ser ampliamente compartida, desde que una observación severa de buena parte\nde las morales positivas que encontramos en la historia de la humanidad pueden ser\nleídas en esta clave, no autorizaba, en términos lógicos, a extraer (como lo hace\nNietzsche) la tesis de que la conducta buena es aquella que resulte afirmatoria de la\nvoluntad de poderío (…).\nEsta crítica es buena sólo como crítica de una moral anquilosada, pero, como\ndice Dussel, Nietzsche sirve como deconstructor, no como constructor y, ha incurrido,\nmuy a su pesar, en la célebre falacia naturalista enunciada por G.E. Moore para quien\nla expresión bueno denota un único objeto simple de pensamiento entre un sinfín de ellos\ny que este objeto haya sido identificado casi siempre con algún otro deriva en la falacia\nque denominó “ naturalista” y que consiste en el paso indebido del es al debe, algo que\nhabía sido preanunciado, para muchos (…) por David Hume (…).\nVolviendo a Nietzsche debemos decir que él desafía, contra todos, aun contra el\ncomprehensivismo aristotélico, la idea de que la moral pueda ser conocida.\nEn la filosofía de Nietzsche existe en realidad el pesimismo del desencanto, un\npesimismo fundado en las prácticas históricas de lo que ha sido llamado moral, la obra\nde este autor es a la vez una crítica de la moral positiva de su época y sus pretendidos\n“fundamentos” y una advertencia sociológica certera: la moral, el discurso de la moral,\nes un discurso usado para el dominio y contra él hay que estar prevenidos. Las\ncostumbres representan las experiencias de los hombres anteriores sobre lo que ellos\nconsideraron útil o nocivo; pero el sentimiento de las costumbres (de la moralidad) no\nse refiere a sus experiencias, sino a la antigüedad, a la santidad, a la indiscutibilidad de\nlas costumbres. He aquí por qué ese sentimiento se opone a que se hagan experiencias\nnuevas y a que se corrijan las costumbres, lo que quiere decir que la moralidad se opone\na la formación de las costumbres nuevas y mejores: embrutece. En Nietzsche hay\nentonces una suerte de auténtico escepticismo ético (…) Nietzsche y Kant, podríamos\ndecir, resumen en sus más altas expresiones el pesimismo y el optimismo modernos\nfrente a la fundamentabilidad de los juicios éticos.\nSu influencia la podríamos rastrear, por distintas vías en los siglos XIX y XX,\ndesde Hegel a Marx, de Husserl a Heidegger, de Kelsen a Hart, en los que podríamos\nreconocer, aun con fuertes disidencias, su impronta. En la segunda mitad del siglo XX,\ndos corrientes compiten particularmente en derredor de la metaética. Son las corrientes\nde cuño formalista o “a la Kant”, como la Teoría de la Justicia de John Rawls o la Ética\ndel Discurso de Habermas-Appel, que predican la posibilidad de elaborar\nracionalmente el tipo de normas que rigen una sociedad compleja como la actual,\nteorías de clara pretensión “universalista” que antes que fijar un criterio concreto de lo\nbueno pretenden establecer un procedimiento para su determinación (de allí el carácter\nde formalistas) y las corrientes comunitaristas como las de Richard Rorty, según las\ncuales los hombres viven enmarcados en un contexto social insoslayable, al interior del\ncual formulan sus juicios de valor, sus decisiones y pautas, lo que hace imposible la\ngeneralización universal, de allí que para Rorty la justicia sea un caso de “solidaridad\nPodemos aclarar que John Rawls es un autor más próximo a lo que podríamos\ndenominar el liberalismo igualitarista anglosajón, y la dupla conformada por Jürgen\nHabermas y Karl Otto Apel, ubicada en la escuela de la filosofía crítica de Frankfurt y\nmás próximos, podríamos decir, al pensamiento social-demócrata de raíz marxista”.\nb) Teorías de fundamentación de los juicios éticos\nEl autor que venimos siguiendo desde el punto anterior, en relación a “La\ncuestión de la fundamentabilidad de los juicios éticos…” afirma que “…Algunos\nrespondieron que sí, desde los estoicos que buscaron dar fundamento a los mismos en el\nescrutar la naturaleza (lo que dio origen a los que hemos llamado “naturalismo”) hasta\nlos pensadores cristianos (influenciados algunos de ellos por los estoicos) que\nabsorbieron la reflexión ética en la religiosa y generaron un tipo de ética que podríamos\nllamar heterónoma, o más propiamente teónoma (porque sostienen el origen divino de\nsus normas), hasta los propulsores contemporáneos de la ética del discurso, a la que\nconcurren autores muy diversos a los que Carlos Nino englobó en el común término de\n“constructivistas éticos”, que sostienen la fundamentabilidad en la corrección de un\nprocedimiento racional de adopción de juicios; una interminable lista y saga de autores\ny obras, con una no menos extensa grada de matices puede ser considerada.\nNo podemos dejar pasar por alto la relación que esta discusión tuvo y tiene con\nlas ideologías fundantes de los sistemas jurídico políticos (…). En ellos (…) existe una\nfuerte vinculación entre los problemas epistemológicos y los meta éticos, que en estos se\nmanifiesta una fuerte infisión de aquéllos. Esto es: así como el hombre se plantea el\nconocimiento de las cosas, también se plantea, aún con las distinciones que formulara\noriginariamente Aristóteles entre “episteme” y “doxa”, el conocimiento de lo que es\nmoral, o lo que es lo mismo la pretensión de validez acerca de los juicios que disciernen\nTenemos entonces instalado el mayor de los problemas de la ética o del\nrazonamiento práctico: que es completamente análogo al problema de la verdad en la\nciencia, a punto tal que uno de los principales defensores de la posición aristotélicotomista\ndel siglo XX como Kantorowicz denomina a su obra sobre el punto “El\nproblema de la verdad en la moral y el derecho”, clasificando muy didácticamente a los\nfilósofos, a partir de esta distinción, como partidarios del sí y partidarios del no. Es\ndecir partidarios de sostener la posibilidad de la validación de los juicios morales y\nescépticos acerca de esa misma posición. (…).\nBreve descripción de la cuestión en las teorías éticas contemporáneas: Cognitivismo -\nPara Georges Nakhnikian cuatro son los tipos de teorías éticas que han sido\ndiscutidas con más ardor desde la aparición de los Principia Ethica de Moore en 1903\n(…) las teorías éticas contemporáneas pueden ser clasificadas en cuatro tipos, el\nnaturalismo, el intuicionismo, la posición no cognoscitiva y el neokantismo.\nLos cognitivistas se pueden dividir en naturalistas e intuicionistas. Según este\nautor en los naturalistas contemporáneos las tesis fundamentales son: a) los enunciados\néticos son juicios genuinos, es decir que son susceptibles de ser verdaderos o falsos; b)\nsu verdad o falsedad se determina mediante métodos de experimentación semejantes a\nlos de las ciencias naturales y c) las palabras éticas son definibles mediante palabras\nque se refieren a propiedades de objetos o estados de cosas científicamente\ndiscriminables. En tanto, los intuicionistas aceptan el primer postulado, pero no los\notros dos, pues para ellos el conocimiento de lo ético es independiente de toda\nexperiencia, los juicios éticos son conocidos a priori por una intuición racional directa\n(en términos kantianos son juicios sintéticos a priori) y los términos éticos son términos\nprimitivos no reductibles a otros. Esto es que para ellos los enunciados éticos son\njuicios, son verdaderos o falsos; su valor de verdad es conocido independientemente de\ntoda experimentación u observación característica de las ciencias naturales y los\ntérminos éticos (vgr.: bueno, correcto) nombran propiedades normativas objetivas, no\nnaturales, esto es que no pueden ser definidos en términos que se refieren a propiedades\nPara los no cognitivistas (entre los que se encuentran principalmente los\npositivistas lógicos y los filósofos oxonianos), rechazan los tres postulados. Los\nenunciados éticos no pueden ser verdaderos o falsos pues no existen hechos contra los\nque puedan ser contrastados y las palabras éticas son meras expresiones de voluntad el\nhablante, lo que Ayer denominara “pseudoconceptos” que no nombran ninguna\ncualidad o relación alguna, ni empírica ni lógica, son puramente emotivos, esto es que\ncuando digo esto es bueno simplemente estoy deseando que mi interlocutor haga lo que\ndigo que es “bueno”. Los analistas de Oxford niegan que las palabras éticas sean\nsimplemente descriptivas o prescriptivas, sostienen que el sí que el significado\nprescriptivo de ellas es primario; que la valoración y la descripción son dos actividades\nlingüísticas muy diferentes, que el significado prescriptivo de “bueno” (la más típica de\nlas palabras éticas) es primordialmente emotivo (Stevenson) o encomiástico (analistas\nde Oxford). Para esta tendencia no podemos hacer decisiones morales racionalmente\nfundadas, desde su punto de vista el error básico de la ética normativa tradicional ha\nsido la creencia de que existe un criterio superior para juzgar las elecciones últimas, las\nque serían racionales en el sentido invocado. Para los filósofos de Oxford, dice\nNakhnikian, “existen buenas razones para adoptar decisiones morales últimas; pero\nestas buenas razones no son objetivas en el sentido de la ética normativa tradicional.\nLas elecciones morales últimas, aunque basadas en conocimiento, no son ellas mismas\nactos de conocimiento, sino decisiones. Y los principios morales que son correlatos\nlingüísticos de esas decisiones no son descripciones de estados de cosas científicos o\nmetafísicos. Son mandamientos que prescriben cómo se debe vivir”.\nFinalmente los neokantianos están en una posición diferente: en parte comparten\ncon los intuicionistas la primera postulación, pero ese lugar en su construcción está\nocupado exclusivamente por el imperativo categórico, este imperativo es un imperativo\nde conducta donde conducta se entiende como una actividad selectiva y reflexiva.\nEl imperativo categórico es demostrable racionalmente y el método de\ndemostración es puramente filosófico (especulativo) sin mezclas empíricas. No obstante\npara algunos, como Lewis, la valoración depende siempre del conocimiento empírico,\npero lo que es correcto y lo que es justo no puede ser jamás determinado exclusivamente\npor los hechos empíricos.”.-\nAsí, efectuada una reseña de las posturas de fundamentación de los principios\néticos, es necesario que previo al desarrollo sobre la codificación de la ética judicial, se\nconceptualice a la ética, por cuanto este es el punto de partida para referirse luego a la\nética de las profesiones y específicamente a la ética judicial y su necesidad de\nYa entonces, en condiciones dar una definición actual de la ética, se puede citar a\n, quien la define como “La mayéutica de la conciencia moral”. Por su parte\n, expresa “La ética,(…) consiste en un conjunto de normas morales que configuran\nel modelo de comportamiento de un grupo social determinado. Por consiguiente, en\ntanto la moral está relacionada con la conducta de todos los seres humanos sin\ndistinción, la ética está constituida por un conjunto de tipos, modelos, cánones o\nestándares destinados a regir la conducta de un grupo o sociedad determinada y, por\ntanto, su gravitación en la voluntad o en la conciencia del individuo o de los grupos\ncuyo comportamiento pretende dirigir o regular. Es decir que las normas éticas\nestablecen un modelo de comportamiento moral para regular una determinada conducta\nAnáloga definición es esbozada por Jeanneret de Pérez Cortés8\n“pude definirse a la ética como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las\nobligaciones del hombre; o el conjunto de normas morales que rigen la conducta\nhumana en orden al bien, en miras a su perfección”.-\nI.2. ÉTICA PROFESIONAL.-\nDe la precedente conceptualización, podemos extraer que la Ética nos permite\nconocer, juzgar y aplicar las normas morales a nuestro proceder cotidiano, y al ejercicio\nde la profesión.-.\n6 Hartmann, Ethik, pág. 27 de la segunda edición alemana, citado por Eduardo García Maynez,\nÉtica, pág. 19, décima sexta edición, Porrúa, México, 1969. Reseñado por Mariano Azuela\nGüitron en la Conferencia de Clausura de las Jornadas Internacionales sobre ética judicial 2 y 3\nde octubre de 2003, www.jufejus.org.ar/Docs/CronicaCompleta.doc.\nFayt, Carlos S. “Fundamentos de la ética judicial”, Rev. Jurídica La Ley, Sup.Act. del\nJeanneret de Pérez Cortés, María. “Ética y función Publica”, Revista Jurídica LA LEY, 2005-D,\nTal como lo expone Sarmiento García9\n, “La moral profesional es la aplicación de\nlas normas morales al profesional que tiene una función que cumplir en la comunidad y\nque ejerce una profesión, la cual consiste, en términos muy amplios, en el ejercicio de\nalguna facultad humana tendiente a fines concretos y específicos.-\nEl término “profesión” proviene del latín “professio” y éste, del verbo\n“profiteor” que significa confesar, declarar, ejercitar, sentir inclinación, etc. Por lo\ntanto profesión indica el empleo u oficio que cada uno elige y ejerce públicamente\nEn cuanto a “…los elementos esenciales y característicos de la profesión, puede\ndecirse que es la aplicación ordenada y racional de la actividad del hombre al\nconseguimiento de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida\nDe ello podemos concluir que “…Toda profesión debe ser un ejercicio ordenado\ny racional debido a que el conocimiento previo de los fines y la luz de la verdad debe\niluminarlos en la elección de los medios para lograr esos fines ordenadamente, evitando\nAsimismo, debe señalarse que “…es profesional cualquier persona que trabaja\nen toda actividad pública para el bien común…”. Por ello “…tanto el ingeniero como el\nalbañil ejercen una profesión, es decir, una actividad pública y ambos, filosóficamente\nhablando, se encuentran en un mismo plano moral…”.\nPuede afirmarse que la importancia de la ética de las profesiones radica en que\n“…La profesión penetra en el constitutivo esencial de la sociedad porque sólo el trabajo\norganizado de los individuos, en beneficio de todos los miembros del cuerpo social, hace\nposible que perdure la comunidad de los intereses. Si todos se juntan, porque todos se\nnecesitan, sólo en la unión de trabajo y convivencia pacífica pueden hallarse los medios\nque permitan al individuo alcanzar su plenitud humana…”.\nSarmiento García, Jorge “La Ética y los jueces”, Ediciones Dike, Foro de Cuyo, 2003, págs. 81\nLa profesión implica, forzosamente, tres notas o características esenciales:\nvocación, actividad propia e intención de servir a los demás.\nEl problema de la vocación es fundamental (…), la cual no es más que una\nnatural inclinación a un trabajo determinado (…).\nLa vocación (de “vocatio”: llamada) es el llamamiento, la voz interior, la voz de\nla naturaleza que invita a entregarse a una actividad con empeño y con amor…”. Pero\ntambién “…la vocación puede ser creada por el esfuerzo generoso y decidido de la\nToda profesión requiere una determinada actividad del sujeto; si, por ejemplo,\nun dueño de un taller mecánico no ejerce la correspondiente actividad, no puede\nllamarse mecánico, aunque sea su propietario.\nLa profesión de propietario no existe, como no existe la profesión de no hacer\nIntención de servir a los demás\nToda profesión tiene siempre el carácter de actividad social. En efecto, la\nprofesión supone una organización social dentro de la cual los distintos trabajos se\ndistribuyen entre los hombres para lograr el bien común. Claro está que esta función\nsocial de la profesión está en concordancia con el bien particular de quien la ejerce.\n(…) La profesión es, por su propia definición, una contribución al bien común; de ahí\nque si una persona busca exclusivamente su propio bien individual, sin importarle los\nprocedimientos, las injusticias, los agravios ni los daños que produce o puede producir\na sus semejantes, esa persona será un profesional del crimen, pero nunca un verdadero\nEl espíritu de servicio, pues, es esencial a toda profesión y constituye una\nexigencia fundamental. (…)\nHechas las aclaraciones precedentes, podemos ahora referirnos a la conciencia\nEl autor que venimos siguiendo, afirma que “…la profesión y la moral tienen que\nir siempre de la mano. Toda actividad práctica, por consiguiente, para que sea buena\ndebe estar regulada por una norma ética…”.-\n“…La función social de la profesión e incluso el rendimiento de la profesión\nmisma están ligados indisolublemente con la moralidad, y si una profesión no se realiza\nsegún las normas de la moral individual y social, es evidente que el sujeto no cumple\ncon sus deberes…”\n“…Cada profesional tiene la impostergable obligación de formar su propia\nconciencia profesional, que no es otra cosa que un aspecto parcial de la moralidad\npersonal. Si una persona es moral en su conducta privada, seguramente lo será también\nen su conducta profesional. (…) No hay ninguna actividad profesional cuyo ejercicio\nexija ir en contra de las leyes morales, porque en este caso tendríamos una profesión\nilícita, y una profesión cuyo ejercicio fuera incompatible con la moral, no podría\nejercerse por dos razones: en primer lugar, por ser indigna de la persona humana, y en\nsegundo lugar, por ser perniciosa para la sociedad…”.\nDice Mariano Azuela Güitron10 que Atienza “…expone entre otras, estas\nrazones que explican la importancia de la Ética aplicada a las profesiones: a) el\npragmatismo que impregna nuestra cultura y forma de vida: importa que las cosas\nfuncionen, que resuelvan problemas; b) la complejidad creciente de las profesiones, que\nafecta no solamente a cuestiones técnicas sino también éticas; c) la desorientación que\nla complejidad de la sociedad contemporánea y el cambio acelerado generan; por\nejemplo, la pregunta ¿qué significa ser un buen juez?”.-\n10 Azuela Güitron, Mariano. Conferencia de Clausura de las Jornadas Internacionales sobre ética\njudicial, 2 y 3 de octubre de 2003, www.jufejus.org.ar/Docs/CronicaCompleta.doc.\n1. Ética Judicial.\n2. Necesidad de la codificación.\nII.1. ÉTICA JUDICIAL.-\nDado la necesidad, el significado y la trascendencia de la judicatura, en cuanto\nencargados de resolver los conflictos de los miembros de la sociedad y coadyuvar al\nmantenimiento de la paz social, es que se hace necesario el estudio de los principios\nmorales que han de observar quienes desempeñan tal función.\nConceptualizando a la ética judicial, Ballandini11, nos dice que “…está\nintegrada por principios formales y materiales que establecidos legal y estatutariamente\ny emanados del propio derecho natural impreso en el alma del juzgador a través de su\npropia reflexión, se encaminan a la realización de la justicia por medios lícitos, sean o\nno susceptibles de verificación”.-\nPara una mejor comprensión de lo que es la ética judicial, debemos analizarla\nsegún su objeto material y formal. Así, Vigo12 afirma que “El objeto material, digamos\nque (…) es el juez, a quien contemporáneamente podemos caracterizarlo como: 1) “una\npersona humana” (…); 2) “a quien la sociedad le ha otorgado un poder” (…); 3) “en\nrazón de contar con ciertas idoneidades”: (…) físico-psicológica (…), científico-técnica\n(…), gerencial (…) y ética; 4) “de derivar racionalmente desde todo el derecho vigente”\n(…) racionalmente (…); 5) “la solución justa para los casos jurídicos puestos bajo su\ncompetencia”: el juez al aplicar el derecho lo hace en vista de un caso al que procura\nresolver asignando el derecho a quien le corresponde (…) y 6) “contando para ello con\nel auxilio de colaboradores”.-\n11 Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial, 20/09/2004.\n12 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 28 y ss.\nEn lo que respecta al objeto formal, esto es el punto de vista desde el que se\nestudia el objeto material, el autor sostiene: “…La ética judicial estudia al juez desde la\nperspectiva del bien, o sea, de su perfección o plenitud, como también de aquellos que se\nbenefician o padecen la presencia de esa perfección en el quehacer judicial. (…) La\nética judicial (…), tiene por propósito señalarle exigencias que lo dirigirán a alcanzar\nesa plenitud o perfección como juez, alejándolo tanto de la “maldad” judicial como de\nla “mediocridad” judicial. La perspectiva ética en el juez apunta a lograr del mismo al\nmejor o excelente juez, por eso su pretensión no es como el derecho de “mínima” sino\nque es de “máxima”. (…) Esa perfección, y más allá de las exigencias universales o\nconstitutivas que puedan incluirse, debe necesariamente estar situada\n“Sintetizando, la ética judicial al ocuparse del juez lo hace intentando señalarle\nracionalmente un camino que lo conducirá a la perfección como tal, de manera que\ndiversos bienes o intereses serán alcanzados y sus titulares (las partes en el proceso, los\nabogados, la sociedad en sus diversas dimensiones e incluyendo el derecho, los colegas,\nsus auxiliares y el propio juez) gozarán de la respectiva felicidad que provee esa\nposesión. La ética habla con razones a la razón de su destinatario para procurar que\ndescubra el atractivo del bien o la perfección, y no sólo la propia sino de diversos\nsujetos implicados en su quehacer…”.\n“De la misma manera que la ética es inescindible a lo humano, la ética judicial\nes inescindible a la actividad del juez. Aunque el juez se muestre escéptico y rechace\ncualquier compromiso con ella, ineludiblemente su quehacer será fuente de obtención o\nde privación de ciertos bienes o excelencias que distintos sujetos y realidades ganarán o\nb) Principios éticos.-\nA fin de establecer cuales son algunos de los principios fundamentales de la ética\njudicial, tal como lo sostiene Ballandini13\n, “…debemos analizar cuál es la función del\njuez y definir qué es ser juez, por cuanto tal condición va más allá de la actividad\ntécnico jurídica, el juez desempeña en el proceso una función mucho más profunda que\nla actividad de aplicar las normas y si bien el juez es un técnico en derecho, debe ser\nante todo un técnico de la vida.\nTal situación hace que al juez no le baste ser un técnico en derecho, sino que\nnecesita algo más, necesita tener un profundo conocimiento de lo que es el hombre y sus\ncircunstancias, y si bien es cierto que la ética se fundamenta en la antropología, por\ncuanto solo un profundo conocimiento de lo que es el hombre se está en condiciones de\nsaber de lo correcto de su actuar y por supuesto tal conocimiento se hace luego más\ntrascendente en la actuación judicial y que pensadores jurídicos lo han calificado al juez\ncomo perito de la vida…no sólo ha de resolver el mero problema teórico, o supuestos\njurídicos en abstracto, sino conflictos humanos y para ello se requiere una formación de\ncampo, integral, que le permita solventar el conflicto, no con la mera finalidad de\ndilucidar la controversia, restableciendo las relaciones humanas en la medida que la\nsituación lo permita.\nLa carga de responsabilidad que tienen los jueces sobre sus espaldas en el\nejercicio de la función judicial, hasta el punto de convertirlos en partícipes de la\nordenación de la convivencia de sus conciudadanos, muestran claramente que el juez no\npuede limitarse a ser un buen técnico en Derecho, que si ha de serlo, sino que tiene que\nser algo más, alguien que ha de conocer o intentarlo al menos, profundamente a los\nhombres que tiene enfrente y a los que ha de juzgar en sus conductas, disponiendo de lo\nque son sus intereses más profundos y personales con la plena conciencia de que de sus\n13 Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial, 20/09/2004.\ndecisiones depende el bienestar de quienes a él acuden y de la comunidad en que se\nQueda pues claro que la primera exigencia moral y por tanto ética, que a los\nresponsables de la actividad judicial se les presenta, es la de alcanzar una adecuada\nformación, que no ha de limitarse exclusivamente a las distintas ramas del ordenamiento\njurídico, sino que ha de ir mucho más allá, hasta adentrarse, en lo posible, en el\nconocimiento del hombre cuyos hechos de vida está llamado a juzgar, ya que para\njuzgarlos debe comprenderlos, siendo necesario para ello, una formación técnica\ncomplementaria en diversos campos, que le permita entender los conceptos\naparentemente extra jurídicos contenidos en la norma.\nNo se agota sin embargo, la exigencia ética que se plantea a jueces y\nmagistrados en una sólida formación técnica y humana, al juez le es exigible el respeto a\nuna serie de principios morales sin los cuales la actuación de la justicia no sería\nRefiriendo a aquellos principios morales, Vigo14 nos reseña los siguientes:\n“(…) Conciencia funcional\n(…) requiere que se tenga clara conciencia del objeto y fin de esa actividad (…),\nen el campo judicial, la ética requiere reflexionar sobre: qué significa ser juez, de dónde\nviene el poder que se inviste, qué implica la intangibilidad salarial, si es razonable que\nlos jueces sean a término, identificar a aquellos que han encarnado modélicamente la\nfunción judicial, dónde empieza y termina el derecho que el juez dice en los casos,\netcétera. No es posible procurar en ser el mejor juez posible si ni siquiera se ha\nreflexionado sobre todo lo implicado en la tarea.\n14 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 36 y ss.\nEl juez ejerce uno de los poderes del Estado, y por supuesto que ello supone\ntensiones con los restantes y demás poderes de la sociedad (especialmente el de los\nmedios de comunicación social), pero su función impone que se cumpla con\nindependencia, para así asegurar el respeto de los derechos de cada uno y se mantengan\nlos otros poderes en sus espacios constitucionales (…)\nEl efecto civilizador y justificador del juez se vincula a esa equidistancia que\nconserva respecto a las partes implicadas en el caso, por lo que corresponde su\ninhibición frente a la pérdida de esa neutralidad. Esa eventual inhibición, apela a una\nconciencia ética responsable del juez para evitar abusos en las excusaciones. El trato\nrespecto a las partes y sus abogados, debe en todo momento ser muy cuidadoso como\npara no poner en interrogantes la imparcialidad requerida.\n(…) Capacitación permanente\n(…)Esa capacitación incluye no sólo el conocimiento de lo propiamente jurídico,\nsino también de las habilidades indispensables para cumplir su servicio como —en la\nmedida necesaria— la de aquellos saberes no jurídicos implicados en el mismo.\nLa justicia requiere de una medida que racionalmente corresponde establecer a\nla prudencia, atendiendo para ello a todo el derecho vigente; a tales fines se requiere\nque el juez se disponga a un diálogo racional contando para ello con el tiempo\nnecesario en orden a dilucidar y ponderar argumentos y contraargumentos, intente\nprever las consecuencias de su decisión, tenga humildad para cambiar posiciones anteriores,\nLa función del juez tiene como fin fundamental, el lograr que cada uno de los\nintegrantes de la sociedad, como ésta misma, conserven o recuperen lo que según el\nderecho vigente les corresponde; por eso ya Aristóteles vincula al juez a una especie de\n“justicia animada”. Es esa indispensable tarea una de las fuentes de la paz en la\nsociedad, por eso su quebrantamiento es causa de la respectiva inestabilidad.\nDadas la relevancia e implicancias de la función judicial, quien la ejerce debe\ndesplegarla con toda la energía y dedicación que le es posible y exigible. Con acierto se\nsostiene que es nota constitutiva de la justicia el tiempo oportuno, por lo que una\ndilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de injusticia (…)\nLa autoridad de un juez se apoya también en la confianza de la ciudadanía que\nle exige ciertos modos externos de mostrarse o presentarse ante la sociedad. Aun cuando\ncorresponde someter a controles racionales esas exigencias, no es posible despreciarlas\nen base a las convicciones personales del mismo juez. La condición de mandatario y\nservidor de la sociedad, le impone al juez estar atento a eso que se le pide en relación al\ndecoro propio de la función que voluntariamente presta.\nEl juez sólo debe recibir aquellos beneficios que por derecho le correspondan, y\ndebe ser muy cuidadoso en orden a aventar cualquier sospecha de aprovechamiento\nirregular o indebido, personal o de aquellos familiares cercanos a él. Además, le está\nvedado apropiarse o utilizar abusivamente de los recursos que se ponen a su disposición\na los fines de la prestación de su función.\n(…) Secreto profesional\nEl juez no debe usar el conocimiento que tenga de las causas judiciales que están\nbajo su competencia, de manera que comprometa el correcto ejercicio de su cargo o\nafecte ilegítimamente los derechos de las partes (…)\nEl juez en sus relaciones con los demás miembros del Poder Judicial, los\nauxiliares de la justicia y los justiciables, debe mantener una actitud de respeto y\ncortesía. Su condición de servidor público le impone procurar una prudente disposición\na brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean solicitadas y resulten\nprocedentes, oportunas, conducentes y sin violar norma jurídica alguna.\n(…) Responsabilidad institucional\nEl juez en tanto responsable del Poder Judicial constitucionalmente definido,\ndebe comprometerse en la defensa de su integridad e independencia, asumiendo un rol\nactivo en todos los casos en que esas exigencias estén comprometidas. Asimismo, y más\nallá de los requerimientos específicos de su cargo, debe tener una disposición generosa\npara asumir aquellas tareas que puedan contribuir al mejoramiento de dicho poder.\nLa función judicial requiere de quien la presta, una actitud firme frente a\ncualquier intento de torcer la apropiada y correcta voluntad judicial. Es indispensable\nque el juez tenga conciencia y cultive esa firmeza en las legítimas convicciones y\ndecisiones que corresponde adoptar, rechazando explícita e implícitamente presiones al\nrespecto, y procediendo a concretar las denuncias que jurídicamente correspondan.\n(…) Austeridad republicana\nEl juez como servidor público no puede permanecer o mostrarse al margen de\nlas dificultades que presente la sociedad que le ha conferido su poder. Un modo de\nfortalecer su indispensable autoridad, es estar atento a las justificadas repercusiones\nque provocarán en aquélla los bienes que ostente en relación a la austeridad que\nconlleva su cargo.”.-\nII.2. NECESIDAD DE LA CODIFICACIÓN.-\nComo se ha expuesto anteriormente, en la actividad judicial rigen ciertos\nprincipios éticos, los que son a su vez exigidos por la sociedad para quien se desempeña\nen la judicatura. Si bien estos principios surgen de la conciencia individual, es necesario\nsu establecimiento normativo, en un cuerpo orgánico y sistematizado.-\nEn tal sentido una de las primeras iniciativas provino de la Organización de\nNaciones Unidas, quien a fin de fortalecer la integridad y credibilidad en el poder\njudicial, a mediados de la década de 1980, formuló los primeros estándares de conducta\npara la judicatura; en similar sentido, en Europa se aprobó en 1993 la Carta de los Jueces\nrelativa a la independencia del poder judicial y en 1998 la Carta Europea sobre el\nEstatuto de los Magistrados. Como consecuencia de estas iniciativas internacionales,\ndistintas regiones y países sancionaron códigos o reglas de ética para jueces y\nfuncionarios judiciales. No son ajenos a este lineamiento los países latinoamericanos,\nquienes en virtud de la crisis de confianza en su sistema de justicia, toman parte desde el\ncomienzo del siglo XXI en el desarrollo universal de la Ética profesional para\nmagistrados, y a nivel Regional se ha aprobado el Estatuto del Juez Iberoamericano del\nAño 2001 contiene un capítulo específico sobre Ética Judicial, y el Código Modelo\nIberoamericano de Ética Judicial en el año 2006. Asimismo, diversos países\nlatinoamericanos poseen Códigos de Ética Judicial o estándares de conducta ética para\nJueces; entre ellos encontramos Costa Rica, Guatemala, Honduras, Chile, Venezuela,\nPuerto Rico, Peru, México, Panamá y Paraguay; en la República Argentina, la\ncodificación se ha realizado en varias provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba,\nCorrientes, Formosa, y Santiago del Estero, cuyo análisis se efectuará en el acápite\nEn cuanto a los motivos para justificar la elaboración de un código de ética\njudicial, Vigo15 expone estas razones: “1) porque éstos vienen a clarificar\n15 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 33 a 35.\ncomportamientos -judiciales o extrajudiciales-, optando por una de las conductas\néticamente posibles (por ej. hay distintas prescripciones éticas acerca del modo\npermitido a los jueces para mantener reuniones con los abogados de las partes: en\nningún caso se permiten, sin restricción alguna se pueden realizar, sólo en presencia del\nsecretario, previo pedido expreso, etc.), despejando así razonables dudas éticas que\npuede afrontar el juez al respecto; 2) una vez fijada en el Código la conducta judicial\nque éticamente corresponde se despejan las dudas del juez y, consiguientemente, gana\néste en tranquilidad atento a que cuenta con aquel respaldo que lo protegerá frente a\neventuales cuestionamientos o problemas; 3) el Código proporciona criterios objetivos\nde calidad ética judicial desde donde se puede establecer quiénes son los mejores, los\nmediocres y los malos jueces, y así la ética puede ser no sólo un motivo para el\nreproche, sino también para el reconocimiento por los altos estándares éticos asumidos;\n4) al establecerse exigencias éticas objetivas a los jueces, consecuentemente se facilita\nel control y las eventuales denuncias o quejas éticas por parte de todos aquellos\ninteresados en la excelencia del servicio de justicia y que aportan económicamente al\npresupuesto de su funcionamiento; 5) los Códigos de Ética Judicial al fijar comportamientos\nu omisiones como valiosas o disvaliosas, alientan a las voluntades débiles\npara que se comporten de esa manera, y, por supuesto, mucho más cuando aquéllos\ncontemplan mecanismos sancionatorios; 6) un Código de Ética Judicial favorece la\nidentidad judicial al afirmar explícita o implícitamente ciertos valores sectoriales o locales\n(…) y 7) la sanción de los Códigos de Ética Judicial ha posibilitado que la\nresponsabilidad ética respectiva quedara configurada e institucionalizada\ninequívocamente, pues a través de esa vía se definen deberes que apelan a un carácter\nespecifico y, consiguientemente, ello trae aparejada la responsabilidad ética\nAsí también señala que “…en orden a fortalecer la autoridad intrínseca de un\nCódigo de Ética Judicial, es muy importante el proceso en el que el mismo es definido y\nquiénes son los que intervienen en su redacción…”\nRefiere además el autor que la sanción del código de ética judicial no debe ser un\nmero acto de autoridad, sino que debe resultar de un proceso dialógico y promotor de\nconsenso, en el que intervengan todos los interesados.-\nTambién al respecto y en respuesta al interrogante de para qué los Códigos de\nÉtica Judicial, Andruet16, expone estas razones: “Los CEM en rigor hacen de pauta\npedagógica y de esclarecimiento a los magistrados acerca de ciertos comportamientos o\ncuestiones, que razonablemente pueden tener un cierto marco de incertidumbre o\nclaroscuridad para algunos o muchos de ellos. Los códigos no deben ser considerados\ncomo una suerte de instrumentos de oposición para la realización de la judicatura; todo\nlo contrario, los nombrados catálogos de conductas judiciales al haber sido generados\ndesde la misma magistratura, habrán de estar reflejando el propio ethos que a ella le\nresulta natural y propio. Habrán de servir como criterios referenciadores a los jueces,\nde un catálogo más o menos amplio de conductas y comportamientos de su hacer\nordinario y corriente.\nLos CEM sirven a final de cuentas, para que la totalidad de los magistrados se\nsientan acompañados en el reconocimiento de que existen un conjunto de actuaciones\nque pueden estar ubicadas en una zona de cierta incertidumbre para el magistrado en\ncuanto a su realización o no, por lo cual, el criterio indubitable que acerca de ellas\nformula el código, es una pauta que lejos de perturbar la conciencia ética del\nmagistrado, viene a esclarecerla y por lo tanto, a ayudar a su mismo actuar en los\nmencionados tópicos al menos prima facie de cierta gravedad o compromiso.\n16 Andruet, Armando, “¿Por qué los Códigos de Ética Judicial? En Ética e Independencia del\nPoder Judicial Nº 5. Sesiones de Jueces de Primera Instancia de los Tribunales de las Provincias\nArgentinas, Argenjus y FORES, págs. 54 y ss.;\nEn ese orientar comportamientos de los magistrados, los códigos habrán de\npriorizar aquellos bienes, virtudes o prácticas judiciales que resultan convenientes o\npromocionan un modelo de realización judicial que es deseable y aspirable tanto por\njueces como por los propios integrantes de la comunidad civil.\nCon el correr del tiempo los CEM habrán de servir también, para hacer las veces\nde multiplicadores de cohesiones entre los miembros del Poder Judicial y resultarán un\nexcelente anticuerpo para cualquier tipo de conductas que quieran mantenerse\nencriptadas u ocultas para la sociedad por parte de los jueces. Los códigos imponen que\nlos magistrados en el tiempo, terminen transparentando sus actuaciones públicas o\nprivadas con trascendencia pública y por ello, aparecen siempre los mencionados\ninstrumentos como fuertes muelles a todo tipo de corrupción judicial.”.-\n1. Estado de la codificación en argentina: análisis de los códigos de ética\nIII.1. ESTADO DE LA CODIFICACIÓN EN ARGENTINA: ANÁLISIS DE\nLOS CÓDIGOS DE ÉTICA VIGENTES.-\nEn esta instancia del presente trabajo, se procederá al análisis de los Códigos de\nÉtica vigentes en las Provincias Argentinas: Santa Fé, Córdoba, Corrientes, Formosa y\nSantiago del Estero, siguiendo en el caso de las dos primeras las exposiciones al respecto\nde Douglas Price, y en las tres restantes, las de Fayt.-\nDouglas Price17, entonces, expone:\n“Código de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la\nÓrgano y procedimiento de sanción:\nEn este caso, el órgano de sanción fue la Corte Suprema de Justicia provincial,\nla que constituyó una Comisión Redactora del Proyecto, la que a su vez encomendó a\nuno de los integrantes de la Corte, el Dr. Rodolfo Vigo y el Dr. Norberto Iturralde la\nelaboración de un borrador. Aprobado el texto de un proyecto fue sometido a\nconsideración del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la\nProvincia de Santa Fe, como a los Colegios de Abogados de las cinco Circunscripciones\nJudiciales de la Provincia, las que expresaron un acuerdo general y formularon algunas\nobservaciones, que se recogieron en el Acta de la quinta reunión de la Comisión\n17 Douglas Price, Jorge Eduardo “Problemas de la Ética Judicial” En Ética e Independencia del\nPoder Judicial Nº 3. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia de los Tribunales de las Provincias\nArgentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs. 45 y ss;\nFuentes y características del procedimiento sancionatorio:\nAdvierten sus autores que no se ha pretendido exagerar la originalidad, sino\nque se han adoptado institutos de otros modelos o se han inspirado en la doctrina\nEl primer carácter destacado por los mismos autores es el sectorial, pues\nlimita su aplicación a los magistrados establecidos por la Constitución y a los jueces\ndeterminados por la ley, atento a la especificidad que reviste ese sector.\nEl segundo carácter fue la pluralidad de origen, no se siguió el camino de\nconvocar sólo a integrantes del Poder; se prefirió la vía pluralista, en tanto la Comisión\nredactora se confió a abogados, a académicos full time, a jueces jubilados y también a\njueces en actividad.\nEl tercero fue el grado de consenso procurado, pasó por sucesivos tests en\nconsultas que al respecto se hicieron a los cinco Colegios de Abogados de la Provincia\nde Santa Fe y al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe,\nquienes emitieron dictámenes, a veces coincidentes y a veces críticos, habiéndose\nincorporado sugerencias y correcciones en la redacción final.\nCuarto: se define como un cuerpo de principios y no jurídico (…). Afirman que\nse intentaron definir quince principios que, de algún modo, constituyen la ética\nconcentrada, por lo que es posible suponer una gran diversidad de conductas que\npueden entrar en conflicto con esos principios. Admiten que es cierto que esas fórmulas\nabiertas pueden generar cierto temor en los destinatarios, pero es ése el inevitable costo\nque debe pagar la Ética profesional dado que sería imposible prever —por ejemplo—\ntodos los comportamientos que lesionan a la dignidad profesional. No obstante esa\nopción marco, se incluyeron algunos deberes particulares que respetan la pretensión\ntípica de las normas.\nQuinto: se define como un código ético, no jurídico, lo que constituye una\nextensión reiterativa del principio anterior, en el sentido de que la Comisión Redactora,\nafirma haber evitado la óptica jurídica que hubiera llevado a reiterar diferentes\ndeberes, prohibiciones y exigencias que ya están contemplados en el derecho. Aludiendo\na la vieja distinción kantiana, la comisión advierte que la ética, a diferencia del derecho,\nno se ciñe a la conducta externa, sino que se dirige prioritariamente a la intención del\nagente, “procurando que haya una adhesión libre y convencida a la exigencia ética que\nSexto: “casuismo”: el Código prevé una forma de superar la misma vaguedad\nque resulta de la amplitud de los principios instituyendo un Consejo Consultivo, al que\nse podrán remitir las dudas éticas que vayan apareciendo.\nSéptimo: “accesibilidad y transparencia”. Las denuncias no sólo pueden\npresentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sino\ntambién, ante el Presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de la\nCircunscripción Judicial que corresponda al lugar de asiento del órgano jurisdiccional\nal que pertenece el denunciado, lo cual implica habilitar sitios cercanos al denunciante\ncomo para facilitar su queja. El patrocinio letrado exigido a la denuncia tiene el sentido\nde que el abogado, como auxiliar de la Justicia, aporte el control que le es propio para\nevitar denuncias notoriamente improcedentes.\nOctavo: Autonomía de la responsabilidad ética: A los fines de aportar\nconfianza y credibilidad al sistema, se ha previsto un Tribunal ad hoc de\nresponsabilidad ética, el que cuenta con un Ministro de la Corte pero incluye dos\nmiembros ajenos al Poder Judicial, para permitir aventar posibilidades de sospecha de\ncontrol o direccionamiento.\nNoveno: este código contempla la posibilidad de sanciones de una manera muy\nflexible, aunque siempre a partir del dictamen fundado que le elevará el Tribunal ad hoc\nmencionado. El proceso de responsabilidad ética no se puede dilatar injustificadamente,\ny por eso se contempla que la falta de pronunciamiento en tres meses importará el\narchivo automático de las actuaciones.\nAl igual que otros Códigos fija principios fundamentales como guía de la\ninterpretación de las propias normas deontológicas, en oportunidades solapándose con\na) conciencia funcional, entendida como aquella que ordena ejercer el imperium\ncon prudencia, resolviendo lo justo desde el derecho vigente;\nb) independencia, entendida como el deber de resistir y excluir todo tipo de\ninterferencias, como así también evitar conductas o actitudes que puedan\ngenerar sospechas en contrario;\nc) imparcialidad, entendida como la preservación íntima y pública de la pars\nconditio entre adversarios o partes; conocimiento, como el requisito de la\npermanente actualización en saberes y técnicas de su profesión;\nd) dignidad y transparencia, tanto en su vida privada como profesional el juez\ndebe exhibir la coherencia necesaria y evitar comportamientos o actitudes que\nafecten o comprometan su autoridad;\ne) decoro, en lo que puede entenderse como una redundancia del principio\nanterior se dice que las conductas y actitudes del juez deben ser en todo\nmomento compatibles con los requerimientos que respecto al decoro\npredominan en la sociedad a la que presta su función;\nf) honestidad, fijada como la prohibición de recibir beneficios al margen de los\nque por derecho le correspondan, y apropiarse o utilizar abusivamente\naquello que se le afecta para cumplir su función;\ng) diligencia, debe desplegar una actividad prioritaria orientada a cumplir del\nmejor modo posible con las funciones que le son propias;\nh) lealtad y secreto profesional: no debe usar el conocimiento que tenga de las\ncausas judiciales que están bajo su competencia de manera que comprometa\nel correcto ejercicio de su cargo o afecte ilegítimamente los derechos de las\ni) responsabilidad institucional: entendida como la defensa de la integridad e\nindependencia del Poder Judicial, y como la disposición generosa para\ncumplir con aquellas tareas que más allá de los requerimientos específicos de\nsu cargo puedan contribuir al mejoramiento de dicho Poder;\nj) afabilidad: se trata de mantener una actitud de respeto, y procurar una\nprudente disposición a brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean\npedidas y resulten procedentes, oportunas, conducentes y sin violar norma\nk) buena fe: el juez debe inspirar confianza entre colaboradores, justiciables y\nauxiliares de la Justicia, comportándose para ello con sinceridad, coherencia\nl) austeridad republicana: a los fines de consolidar su autoridad, debe evitar\nactitudes que resulten ofensivas a la austeridad propia del cargo;\nm)prudencia, debe procurar que sus comportamientos, actitudes y decisiones\nsean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber\nmeditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco\ndel derecho aplicable y, por último,\nn) fortaleza: el juez debe guiarse por la conciencia clara de su alta\nresponsabilidad y, consiguientemente, adoptar las decisiones que\ncorrespondan no obstante el riesgo que ellas conlleven.\nPor cierto desde una perspectiva teórico-crítica también se puede advertir un\ncierto solapamiento entre principios que deviene en redundancias evitables, puede\nobservarse también que tales normas superan fácilmente un test de exigencia racional,\nfrente a los argumentos o intuiciones éticas de quienes están interesados en la cuestión;\nde tal suerte que la objeción se torna meramente formal y como una suerte de\nrecomendación para futuros redactores.\nSeguidamente el Código dicta la nómina de deberes prohibiciones y exigencias,\nDividiéndolas en tres partes, aquellas que se dirigen a las relaciones del juez con las\npartes y sus defensores, aquellas que se dirigen a las relaciones del juez con la sociedad\nen su conjunto y finalmente aquellas que se refieren a sus obligaciones para con el\npropio Poder Judicial.\nEstablecidas especialmente en orden a las partes y sus defensores (art. 4).-\n4.1. El juez debe brindar a cada causa el estudio que ella requiera, a cuyo fin\nprestará debida atención y dará respuesta a los planteos conducentes a su resolución.\n4.2. El juez, al resolver jurídicamente, debe despejar con prudencia sus dudas,\nsopesando las pruebas y argumentos conducentes de las partes, y procurará hacerlo con\nsinceridad, fortaleza, coherencia, exhaustividad y persuasión, en un tiempo razonable.\n4.3. El juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y\nresolución de las causas, por lo cual evitará celosamente que factores personales o\ninstitucionales externos interfieran en su convicción.\n4.4. El juez tiene prohibido recibir regalos, presentes, donaciones o beneficios\npor parte de litigantes y/o defensores, sea antes, durante o después de finalizado el\nproceso donde actúen. Esta prohibición se extiende al cónyuge y a los hijos menores de\nedad. Los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional serán incorporados\nal patrimonio del Poder Judicial.\n4.5. El juez tiene prohibido —salvo en los casos en que la ley lo imponga o lo\nfaculte— mantener conversaciones privadas con los litigantes o sus defensores respecto\nal mérito de las causas sometidas a su decisión. En los casos cuya urgencia lo justifique,\nel juez podrá recibir a una de las partes o sus defensores, siempre en su despacho y en\npresencia del secretario.\n4.6. El juez no debe apartarse con facilidad o ligeramente de los expedientes\nque están bajo su jurisdicción; tampoco debe aferrarse irrazonablemente a la causa\ncuando existe causal de apartamiento.\n4.7. El juez, en el supuesto de serle solicitado por alguna de las partes o sus\ndefensores que preste testimonio en un proceso, y de no existir perjuicio por su\nabstención o resultar forzoso o necesario dicho testimonio, debe procurar su no\ninclusión en la nómina de testigos a los fines de aventar toda sospecha de presión moral\no eventual parcialidad en la decisión judicial que se llegue a tomar.\nEstablecidas especialmente en orden a la sociedad (art. 5):\n5.1. El juez debe obrar con convicción republicana, democrática y de respeto a\n5.2. En sus relaciones con la prensa y con el público en general, con respecto a\nlos casos pendientes el juez: a) Tiene prohibido anticipar directa o indirectamente el\ncontenido de las decisiones que adoptará; b) Debe evitar comentarios sobre un caso\nespecífico; c) Debe procurar que no trasciendan detalles de las causas en trámite; d) Si\nexcepcionalmente fuera necesaria alguna explicación puntual sobre un caso específico,\nse hará a través de una comunicación escrita y en términos suficientemente claros para\nser entendidos por el público no letrado; e) En circunstancias excepcionales, cuando al\nsolo fin de esclarecer información equívoca o errónea fuese necesaria la comunicación\nverbal con la prensa, podrá referirse a la tarea judicial y al proceso en general o a sus\netapas, poniendo extremo cuidado en evitar comentarios específicos sobre un\n5.3. El juez tiene prohibido participar en actos o reuniones de índole política\npartidaria, y evitará pronunciamientos, comentarios o afirmaciones que explícitamente\ntraduzcan una filiación política partidaria.\n5.4. El juez tiene el deber de denunciar ante el Tribunal de Ética las violaciones\nal presente Código de que haya tenido conocimiento, y la sanción disciplinaria que haya\nimpuesto por comportamiento que pueda constituir una falta ética.\n5.5. El juez debe ser tolerante y respetuoso hacia los colegas que no coincidan\ncon la solución adoptada y hacia las críticas ajustadas a derecho y a la ética que\n5.6. El juez tiene prohibido utilizar el prestigio de su cargo para promover\nintereses privados ajenos a la función judicial.\nEstablecidos especialmente en orden al Poder Judicial (art. 6):\n6.1. El juez debe preocuparse por conservar su despacho con el orden y el\ndecoro que corresponde a la investidura del servicio de justicia.\n6.2. El juez velará para que los funcionarios y empleados de su tribunal\ncumplan las funciones respectivas en un clima de orden, respeto y eficiencia.\n6.3. El juez tiene prohibido participar en actos o espectáculos, o concurrir a\nlugares, o reunirse con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio\n6.4. El juez debe observar hacia colegas, miembros del Poder Judicial,\nauxiliares de la Justicia y justiciables, una actitud bien dispuesta y respetuosa.\n6.5. El juez debe cumplir sus funciones con eficiencia y diligencia, alcanzando\nniveles de rendimiento acordes con el promedio existente.\n6.6. El juez debe colaborar en lo que esté a su alcance y dentro de sus\nposibilidades con el Poder Judicial que integra en orden a mejorarlo.\n6.7. El juez debe colaborar con los órganos administrativos del Poder Judicial\ny facilitará la información oportuna que le sea solicitada conforme al derecho y en\norden al mejoramiento de la Justicia.\n6.8. El juez debe proteger y conservar los bienes del Estado afectados al\ncumplimiento de su función en el Poder Judicial, empleándolos a tales fines y evitará el\nuso abusivo de los mismos.\n6.9. El juez debe presentar la declaración jurada de sus bienes en las\ncondiciones que al respecto fijen las normas pertinentes.\n6.10. El juez debe procurar no adquirir de manera directa o a través de\nterceras personas bienes en remate judicial realizado en la Provincia de Santa Fe.\n6.11. El juez no puede integrar entidades que comprometan la dignidad del\ncargo o interfieran sus actividades judiciales.\n6.12. Cuando el patrimonio del juez resulte afectado por una medida judicial\nque de algún modo restrinja su propiedad o disponibilidad, deberá comunicar tal\nsituación al Tribunal de Ética, con mención expresa de las circunstancias que la\nprovocaron, a fin de que el órgano evalúe la situación y, en su caso, fije plazo al juez\n6.13. En sus relaciones con la prensa y con el público en general, el juez: a)\nUna vez protocolizado el decisorio y en la medida que resulte necesario para evitar\nerróneas interpretaciones, con prudencia puede efectuar las aclaraciones que sean\nindispensables o aconsejables, evitando intervenir en polémicas en las que aparezca\ndefendiendo los criterios jurídicos de su decisión; b) Puede utilizar sus propias\nresoluciones firmes para fines pedagógicos o académicos, en cuyo caso tomará las\nprecauciones necesarias para no afectar los derechos y la dignidad de las partes; c)\nTiene prohibido participar en controversias públicas sobre casos en trámite, aunque\néstos radiquen ante otros juzgados o tribunales.\n6.14. El juez deberá abstenerse de ejercer presiones destinadas a obtener\npromociones o designaciones judiciales.\nEl mecanismo procedimental.\nEl código (…) crea un Consejo Consultivo al que le corresponde evacuar por\nescrito las consultas que le formulen los jueces y la Corte Suprema de Justicia sobre la\ninterpretación y aplicación de las normas contenidas en el presente Código. Las\nconsultas que le formulen los jueces, y las respuestas del Consejo Consultivo, tendrán el\ncarácter de reservadas, salvo que el interesado acepte o promueva su divulgación. Las\nrespuestas del Consejo Consultivo no son vinculantes para quienes las promovieran.\nEl Consejo Consultivo será presidido por un ministro de la Corte Suprema de\nJusticia de la Provincia, e integrado por un magistrado jubilado que no ejerza la\nprofesión de escribano, abogado o procurador, y por un abogado jubilado que no ejerza\nsu profesión. Esta Constitución (o cualquier otra) es sin duda uno de los elementos\nríspidos de las discusiones en la materia y que deberán ser analizadas y sopesadas con\ncuidado, indudablemente el Código de Santa Fe ha elegido un camino intermedio pero\nsesgado hacia la preeminencia de la injerencia de la cúspide del sistema judicial en el\nmismo como se manifiesta al conferirle a la Corte Suprema la reglamentación sobre la\nforma de designación de los miembros del Consejo Consultivo y la duración en sus\nfunciones, las que serán ad honórem en todos los casos.\nEl Tribunal de Ética se integra con un ministro de la Corte Suprema de Justicia,\nque lo preside; un magistrado jubilado que no ejerce la profesión de escribano, abogado\no procurador, y un abogado jubilado que no ejerza la profesión. También en este caso la\nfacultad reglamentaria fue delegada a la Corte.\nLas reglas procedimentales facultan la denuncia por cualquier persona mediante\npatrocinio letrado como ya quedó dicho (como una suerte de control previo de que la\ndenuncia supera un “umbral mínimo” de aceptabilidad), y se presenta ante el presidente\nde la Corte Suprema de Justicia o el presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal\nde la Circunscripción Judicial que corresponda al lugar de asiento del órgano\njurisdiccional al que pertenece el denunciado.\nRecibida la denuncia, el Tribunal de Ética podrá desestimarla o disponer la\napertura de una breve investigación preliminar. En caso de desestimación, remitirá las\nactuaciones a la Corte Suprema de Justicia; la falta de pronunciamiento de la misma\ndentro del plazo de tres meses importará el archivo automático de las actuaciones. En el\ncaso que se disponga abrir la investigación, ésta se desarrollará de acuerdo con los\nprincipios que hacen al debido proceso, ajustados a la materia objeto del mismo,\nquedando facultado el Tribunal de Ética para flexibilizarlo y orientarlo conforme a sus\nLa investigación preliminar concluirá con un dictamen del Tribunal de Ética en\nel que se dará o no por acreditada la infracción denunciada. Dicho dictamen se elevará\n—con las actuaciones respectivas— a la Corte Suprema de Justicia.\nRecibidas las actuaciones provenientes del Tribunal de Ética, la Corte Suprema\nde Justicia podrá: a) aplicar un llamado de atención o alguna de las sanciones previstas\nen la Ley Orgánica del Poder Judicial; b) ordenar la apertura de un sumario\nadministrativo; o c) promover el enjuiciamiento del denunciado.\nSe aplicarán supletoriamente al proceso de responsabilidad ética las normas de\nla Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que resulten compatibles con el\nmismo a juicio del Tribunal de Ética.\n(…) Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de\nEn la Provincia de Córdoba, siguiendo un procedimiento análogo al de la\nProvincia de Santa Fe, el Tribunal Superior de Justicia aprobó el código respectivo.\nLa definición del Código cordobés luce como más ceñida a los estrictos límites\ndel campo ético, sin invadir las zonas reglamentadas jurídicamente.\nTambién introduce como cabeza una serie de principios que podríamos enumerar\ncomo: a) confiabilidad basada en la diligencia, prudencia, sensibilidad y probidad; b)\nindependencia e imparcialidad; c) comportamiento ejemplar; d) carácter ético y no\ndisciplinario del Código.\nPrecisamente define su alcance como un cartabón de comportamiento funcional\ny social que conciernen al Poder Judicial como servicio, y que son exigibles para\nquienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida de su\nconcurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia.\nEstablece a renglón seguido lo que denomina reglas funcionales, son ellas:\na) Independencia: indicando que afectan esa independencia las gestiones\nfuncionales que se cumplen ante otros Poderes provinciales y nacionales, o ante\ncualquiera de sus dependencias, y que exceden la comunicación indispensable para\nobtener aquellos cometidos de coordinación que las normas contemplan para un mejor\nejercicio de la función. Por ello se le impone la obligación de denunciar cualquier\npretendida injerencia amén de disponer las medidas útiles para rechazarlas. Se\ninterpreta como un atentado a la independencia funcional la “sugerencia u opinión”\nfuera de los carriles admitidos en la legislación procesal.\nb) Imparcialidad: Corresponde que, en cada una de las manifestaciones\nfuncionales y sociales, se asuma una actitud de imparcialidad, trasuntando en todo\nmomento una efectiva equidistancia respecto de las partes en los procesos, asumiendo\nuna guarda activa de ella, debiendo incluso invitar a la parte que pudiese quedar en\neventual desventaja. Todo interés propio o vínculo condicionante exige la inmediata\nexcusación, según las normas procesales vigentes.\nc) No discriminación: Si bien se lo entiende como una derivación de la\nimparcialidad, me parece necesario destacarla como una regla de autoexamen del\nmagistrado o funcionario que lo lleve a restringir su propia tradición de cultura,\nexaminándola desde la perspectiva de los estándares de moral fijados en nuestra\nConstitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a ella por la\nreforma de 1994 (cfe. art.75, inc. 22 CN).\nd) Prohibición de actividad política: Esta prohibición expresa que forma\nparte en rigor del deber de imparcialidad, incluye la inhibición de emitir opiniones que\ntrasluzcan filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la\ndedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la\nmera administración de su propio patrimonio.\ne) Compatibilidad funcional con la actividad científica, académica y cultural:\nlo que incluye investigación o docencia superior (85), siempre que no\ncomprometan el ejercicio funcional.\nf) Dedicación: Al obvio requisito de la dedicación funcional, que implica la\ndiligencia y el compromiso suficientes para una gestión eficaz, se le agrega el de la\npreparación, actualización y perfeccionamiento profesional, incluyendo, a mi modo de\nver, de manera muy acertada, aquello que se refiere a las disciplinas auxiliares y a otros\nsaberes que acrecientan el conocimiento de la realidad que suscitan los casos,\ncontribuyen a una mayor sensibilidad social, predisponen a nuevas y mejores soluciones\nconforme a derecho, sugieren reformas positivas en las normas vigentes, y permiten\nprever los efectos concretos que los pronunciamientos pueden alcanzar.\ng) Cooperación: En los tribunales colegiados, cada juez contribuye a una\nactuación coordinada y armónica con los demás, de manera que la pluralidad de\naportes no atente contra la celeridad en las actuaciones y decisiones que les competen.\nh) Prudencia y Equilibrio. Estas exigencias también aparecen como\nsolapadas con las obligaciones legales\ni) Reserva: el código agrega un deber reforzado de reserva, al indicar que\nel funcionario evita en todo momento adelantar opinión sobre la controversia, o\nreferirse a ésta en circunstancias que amenacen la reserva correspondiente, muevan a\nsuspicacias o lo expongan a recomendaciones o solicitudes indebidas. Resueltos los\nasuntos sometidos a su jurisdicción el conocimiento puede utilizarse con fines\ncientíficos, profesionales u otros de bien público, salvaguardando en lo posible los\nderechos de terceros. Como parte de este deber se entiende que el magistrado no debe\nconfrontar públicamente su resolución con opiniones ajenas, favorables o adversas.\nPuede hacerlo cuan-do se afecte el prestigio del Poder Judicial, o la credibilidad\npública en la in-dependencia, imparcialidad o equidad de sus decisiones.\nj) Probidad: Entendida como la exigencia de rectitud y decoro. Hace a la\nrectitud que se apliquen a la consideración del caso los conocimientos de hecho y de\nderecho que sirvan a una justa resolución; y al decoro, que la actuación del magistrado\nguarde en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen\nconfiable la labor judicial. También implica la veda de percibir por sus servicios otras\nremuneraciones que las legales, excluyendo las atenciones de mera cortesía.\nk) Conducta patrimonial acorde: El patrimonio de los magistrados y\nfuncionarios está sometido a escrutinio, a la vez preservado de la curiosidad pública.\nEstablece una norma complementaria muy sana: indica que no se endeudan más allá de\nlo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de sus necesidades, los montos\nde sus ingresos, y los porcentajes de retención que autorizan las disposiciones vigentes.\nEs decir que siempre dentro de esa misma tónica de comportamiento acorde con su\nfunción el magistrado debe evitar las situaciones que lo coloquen en una posición de\ndebilidad o intranquilidad que afecten su desempeño.\nl) Buen trato: Entendido como el deber de respeto, cortesía y afabilidad,\ncon los letrados, demás auxiliares de la justicia y los justiciables, lo que alcanza\ntambién a la relación con los dependientes, y cuidar que la de éstos con los demás.\nm) Asistencia: Deben asistir a sus despachos oficiales, y cuidar que estos se\nmantengan en condiciones que salvaguarden su dignidad y decoro, la norma contiene un\nsolapamiento nuevamente con la legalidad, pero parece tener un obvio propósito de\nn) Dignidad y sobriedad: Deben velar por su buen nombre y honor en todos\nlos ámbitos de su desenvolvimiento personal. Deben guardar pública y privadamente\nprudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y com-portamientos, firme compromiso\ncon la justicia y la República, y constante defensa de las normas constitucionales y\nlegales que dan sustento a la convivencia.\no) Recato: Guardan prudencia respecto a los lugares y las personas que\nfrecuentan, rehusando aquellos que puedan despertar suspicacias sobre su\nimparcialidad, dedicación o probidad, así como implicarlos en disputas violentas, o\nexponerlos a situaciones que vayan en desmedro de su dignidad funcional o del prestigio\nque cabe al Poder Judicial.\np) Publicidad: Deben procurar que el servicio de justicia se proyecte a los\nmedios de comunicación social. Sin embargo se refieren a los casos cuan-do tengan\nrepercusión pública y no comprometan su deber de reserva, manteniéndose en los\nlímites de lo indispensable para satisfacer el interés público que despierta la labor\nEl Código de la Provincia de Córdoba mantiene una rígida coherencia en cuanto\na su carácter ético, limitando las medidas correctivas a las recomendaciones, dice\nexpresamente: “Los magistrados y funcionarios que incurran en actos de inobservancia\na algunas de las reglas precedentes, se hacen pasibles de alguna de las siguientes\nmedidas: 1) Simple Recomendación, 2) Recomendación con elevación al Tribunal\nSuperior de Justicia, a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las\nfacultades constitucionalmente asignadas”.\nA efectos de responder consultas éticas de los magistrados y funcionarios, como\ntambién de aplicar las recomendaciones deontológicas previstas, se conforma el\nTribunal de Ética Judicial, que funciona en el ámbito del Poder Judicial. El Tribunal de\nÉtica Judicial, podrá solicitar la colaboración ad hoc para su mejor ilustración de los\nEl Tribunal está integrado por cinco (5) miembros, designados por el Tribunal\nSuperior de Justicia, a propuesta de las Instituciones que los representan, a saber: Un\n(1) magistrado propuesto por el Tribunal Superior de Justicia, dos (2) magistrados y dos\n(2) abogados de la matrícula. Se designará igual número de miembros suplentes.\nTodos los miembros deben estar jubilados de la función a la época de la\ndesignación. El magistrado propuesto por el Tribunal Superior de Justicia podrá haber\npertenecido a cualquier jurisdicción. Los otros serán, uno de la Primera circunscripción\njudicial y el restante, de cualquiera de las otras, a propuesta de la Asociación de\nMagistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia. Los abogados de la matrícula\nserá uno propuesto por el Colegio de Abogados de Córdoba y otro, por la Federación de\nColegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, quien a la vez no pertenecerá al\nColegio de Abogados de Córdoba. En igual manera los suplentes.\nTodos los miembros duran tres años en sus funciones y pueden ser designados\nnuevamente por un período más. Sus funciones son ad honorem.\nSus funciones, además de las medidas correctivas, son: 1) Evacuar consultas\nescritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran o del propio Tribunal\nSuperior de Justicia; 2) Interesarse reservadamente de oficio, en comportamientos de\nmagistrados y funcionarios que considere prima facie que constituyen conductas\nprevistas en el presente Código de Ética Judicial; 3) Intervenir en las denuncias que al\nmismo se le presenten o en las de comportamientos que resultaron advertidos luego de\nuna información oficiosa por presuntas incorrecciones deontológicas; 4) Proponer al\nTribunal Superior de Justicia la actualización y/o revisión de las reglas que constituyen\nel presente Código, como así también, efectuar los aportes que en la materia puedan\nhacer a la mejor realización del mismo.\nLa denuncia recibida por escrito, salvo que el Tribunal la rechace in limine, se\nsustancia con una vista al afectado, a los fines que ejerza su defensa por un plazo de\ndiez días hábiles, prorrogables de oficio o a pedido de parte, acorde a la naturaleza de\nla cuestión. El Tribunal de Ética Judicial, determinará el procedimiento posterior a\nseguir en el caso concreto. El denunciante no es parte, sin perjuicio de su derecho a\nconocer la resolución definitiva. En aquellos casos que resulte conexidad a otros\nprocedimientos que se estén ventilando con vinculación al contenido de la denuncia el\nTribunal de Ética podrá, de oficio, suspender el trámite hasta tanto se dicte aquella\nresolución a los efectos de la mejor ponderación de la causa deontológica sub examine.\nLa resolución fundada es irrecurrible. Para su pronunciamiento basta la simple\nmayoría. Con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética Judicial agota su\nFayt18, nos ilustra sobre los Códigos de Ética de las Provincias de Corrientes,\nFormosa y Santiago del Estero:\n“Código de Ética Judicial para Magistrados, Funcionarios y Empleados del\nPoder Judicial de la Provincia de Corrientes.-\nEn el año 1998 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes\naprobó el Código de Ética para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder\nJudicial, el que cuenta con 26 artículos agrupados en seis capítulos.\n18 Fayt, Carlos S. “Principios y Fundamentos de la Ética Judicial”, Ed. La Ley, 2006, págs. 23 y\nComienza en el capítulo I por fijar el ámbito de aplicación, constituido por\nmagistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia de Corrientes.\nLuego, en el capítulo II se define el objeto del documento en los siguientes\n“normar un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables\nsin excepción a todas las personas físicas enumeradas con anterioridad con la finalidad\nde lograr la consolidación de los principios que conforman el sistema democrático de\ngobierno afianzando la Justicia”\nDispone asimismo que las personas a las que alude el código deberán realizar\ntodas las actividades necesarias “para defender en todo momento y lugar la integridad y\nla independencia del Poder Judicial dentro del ámbito de sus competencias legales y\nEl capitulo III se ocupa de los deberes y pautas de comportamiento ético,\nconfigurando así el núcleo del presente cuerpo, desde que allí se concentran los valores\ny directrices a los que los magistrados, funcionarios y empleados deben ajustarse en su\ncomportamiento. A diferencia del modelo santafesino -y, en efecto, de la mayoría de los\ncódigos de ética judicial— no nos hallamos en este caso frente a una nómina de valores\no principios rectores de la conducta judicial: más bien se trata de una enumeración de\nlas conductas y el comportamiento ético definido a través de una serie de prohibiciones\na las que los sujetos comprendidos en el código deberán ajustarse.\nArtículo 4º- Los Magistrados, Funcionarios y Empleados judiciales deberán\nobservar una conducta ejemplar en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas,\nde tal forma que ese comportamiento mantenga y promueva la confianza pública.\nEsta norma comprende la obligación de desempeñarse con la observancia y\nrespeto de los principios y pautas éticas, en especial: honestidad, probidad, rectitud,\nbuena fe y austeridad republicana.\nArtículo 5º- Todo Magistrado, Funcionario y Empleado Judicial deberá\ndesempeñar sus funciones con imparcialidad, dedicación y diligencia.\nEsta regla comprende los deberes y prohibiciones que se enumeran a\ncontinuación, los que deben ser interpretados en forma enunciativa y se integran y\ncomplementan con las normas vigentes, en especial la Ley Orgánica y el Reglamento\nInterno de la Administración de Justicia.\na) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución\nProvincial, las leyes y reglamentos dictados en su consecuencia;\nb) No permitir la influencia de las relaciones familiares, sociales, políticas,\nreligiosas, económicas o de otra índole similar en sus decisiones judiciales; ni en\nninguna actividad que en cumplimiento del servicio de Justicia deba realizar;\nc) No utilizar el prestigio del cargo para promover intereses privados o de\ngrupos particulares ajenos a la función judicial; solo podrá hacerse referencia al cargo\no función en los casos de las actividades propias del servicio de Justicia;\nd) No hacer promesas privadas de ningún tipo que comprometan los deberes\ndel cargo o implique un compromiso para el Poder Judicial;\ne) No integrar instituciones u organizaciones que practiquen o promuevan\nla discriminación por razones políticas, de raza, sexo religión o nacionalidad;\nf) No formar parte de actos o espectáculos públicos extravagantes, que\ntiendan a llamar la atención, o alteren la tranquilidad y el orden, como asimismo\ndesplieguen una conducta reñida con el decoro y solvencia moral que en todo momento\ndebe estar puesta de manifiesto en sus actos;\ng) Cumplir con la obligación de atender con ecuanimidad a todas las partes\ncomo la de mantener el decoro y el orden en todas las actuaciones judiciales;\nh) Cumplir con la prohibición de mantener conversaciones privadas con\nalgunas de las partes en litigio o en lugares u ocasiones que puedan generar\ndesconfianza a quienes también intervinieren en el conflicto;\nEn caso de que un litigante o su abogado mantengan una Audiencia con un\nmagistrado por algún asunto pendiente decisión, el Magistrado deberá hacer saber a la\ncontraparte sobre la Audiencia concedida y la posibilidad de obtener un trato similar;\ni) Cumplir con la prohibición de realizar comentarios públicos sobre los\nméritos de un proceso que se encuentra pendiente de decisión judicial o de notificación,\no de extenderse en comentarios subjetivos sobre el desarrollo de un proceso. Esta\nprohibición no se extiende a las declaraciones que los Jueces y Funcionarios pueden\nrealizar sobre las funciones que desempeñan, explicar los procedimientos que se llevan\na cabo, con finalidad didáctica, o informar debidamente sobre las decisiones que se\nj) Cumplir con la obligación de resolver los asuntos pendientes con\nceleridad impartiendo directivas a su personal para aunar esfuerzo en pos de evitar\nk) Cumplir con la obligación de dar igual trato a todas las personas\nexcluyendo todas las preferencias discrecionales especialmente respecto de otros\nMagistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales, remarcándose la aplicación de este\nprincipio en relación al personal a su cargo;\nl) Cumplir con la obligación de proteger y conservar todo lo que sea\npropiedad del Estado y sólo emplear sus bienes a los fines autorizados, absteniéndose\nexpresamente de utilizar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio\nparticular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a su función oficial;\nm) Abstenerse de utilizar información adquirida en cumplimiento de sus\nfunciones para realizar actividades ajenas a sus tareas oficiales o permitir el uso de\nellos por particulares o en beneficio de intereses privados;\nn) Deberán abstenerse de avalar o promover algún producto, servicios o\nempresa que persiga fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones;\no) Deberán observar fielmente todos los procedimientos de contrataciones\npúblicas respetándose los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y\np) Deberán abstenerse de interpretar las normas jurídicas en tal forma de\nfavorecer especialmente a uno de los intervinientes en desmedro de otros en los\nconcursos o competencias económicas, científicas o que hagan a la carrera judicial;\nq) Deberán cumplir con la obligación de priorizar el interés público por\nsobre el interés privado propio o de terceros o de sectores vinculados;\nr) Deberán abstenerse de discriminar injustamente mediante el suministro\nde favores o privilegios especiales a alguna persona ya sea por remuneración o no;\nnunca aceptar para sí o para miembros de su familia favores o beneficios en\ncircunstancias que podrían ser interpretadas razonablemente como obtenidas por las\ninfluencias del desempeño de las funciones judiciales.\nArtículo 6º — Los Magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales deberán\nabstenerse de recibir regalos, presentes, ventajas o donaciones de abogados y/o\nlitigantes antes, durante o aun después de finalizado el litigio en el que actúen, no\npudiendo percibirlos tampoco los familiares del Magistrado, Funcionario o Empleado\nNo podrán recibir ningún beneficio personal vinculado a la realización (...)\nretardo, u omisión de un acto inherente a sus funciones.\nEsta prohibición comprende también el aceptar préstamos de entidades\nbancarias o financieras en condiciones preferenciales a las que se otorgan a los demás\nclientes, como asimismo becas de estudio o subsidios en similares condiciones\npreferenciales, que se otorguen por entidades privadas u oficiales.\nLos obsequios diplomáticos o de cortesía institucional serán incorporados al\npatrimonio del Poder Judicial.\nSeguidamente, en el capítulo IV se enumeran una serie de actividades\nincompatibles con la función judicial, tales como: administrar, patrocinar, representar,\ngestionar, asesorar, participar en actividades políticas o en asociaciones sociales,\nreligiosas, cívicas, deportivas, económicas o educativas, así como el desempeño de\ncargos, profesiones o empleos oficiales o privados. Se establecen, asimismo, como\nexcepciones: las prácticas docentes, científicas o meramente académicas, en la medida\nque las mismas no impliquen ningún menoscabo a su actividad judicial.\nEl capítulo V está dedicado al régimen de declaraciones juradas de bienes, al\nimponer a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales el deber de presentar\nanualmente su declaración jurada, la que será luego incorporada al legajo personal.\nAsimismo, se impone idéntico deber a quienes ingresen a la función y a quienes\nrenuncien al cargo, exigiendo esta carga como requisito para la admisión en el empleo\nen el primer caso, y la aceptación de la renuncia en el segundo. Luego se detallan los\ndatos que deberá contener la declaración, así como su valor probatorio tanto en los\nprocedimientos administrativos como en los judiciales. Para el control del cumplimiento\nde lo dispuesto en este capítulo se dispone la creación del Registro de Declaraciones\nJuradas de bienes en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.\nFinalmente, el capítulo VI se ocupa del procedimiento a seguir ante eventuales\nincumplimientos de las disposiciones del código y las sanciones disciplinarias\ncorrespondientes. Respecto de estas últimas, se hace una remisión a lo dispuesto en la\nLey Orgánica y Reglamento Interno del poder judicial correntino, en donde se prevé\ndesde el llamado de atención hasta la exoneración. En cuanto al procedimiento a seguir\nen estos casos no se establece un trámite específico sino, antes bien, se dispone la\naplicación del procedimiento previsto para los sumarios administrativos —en los\nsupuestos de sanciones de mayor gravedad— y lo establecido en la Ley Orgánica y el\nReglamento Interno para las sanciones menores.\nEn este aspecto, el presente código se diferencia claramente de lo dispuesto en el\ncódigo santafesino, dado que en este último se prevé un trámite específico para los casos\nde incumplimiento de lo establecido en el código.\nOtra de las diferencias existentes entre ambos códigos reside en el hecho de que\nel documento correntino no dispone la creación de un Tribunal de Ética, antes bien,\nestablece que el Superior Tribunal —que actúa como órgano decisorio final— es quien\ndebe erigirse en Tribunal de Ética a tales efectos.\nAsimismo, es de destacar que, luego de fijar las directivas generales del\nprocedimiento, el código deja sentada una serie de reglas interpretativas que hacen de\neste código un documento original en este sentido:\nArtículo 23. — Las precedentes reglas de este Código de Ética, respecto a los\nMagistrados, no obstan para que el derecho a la intimidad de los mismos se encuentre\nseveramente protegido en el orden jurídico vigente, en particular por las norma\nconstitucionales, como bien inalienable de la persona humana (art. 26 de la\nConstitución Provincial y/o Constitución Nacional), así como por Tratados y\nConvenciones Internacionales incorporadas a la Constitución Nacional por la reforma\nde 1994 (Ley 23.054, Pacto de San José de Costa Rica, art. 11). Esta norma alcanza a\nFuncionarios y Empleados debiendo instrumentarse todas las acciones necesarias para\nresguardar dicho derecho.\nArtículo 24. — El Estado de derecho vigente presupone un Poder Judicial\nindependiente. Ello involucra Jueces independientes de todo otro Poder Sin embargo\ndebe reconocerse a los Magistrados, absoluta libertad de criterio en la fundamentación\nde sus sentencias. Estos se encuentran sujetos exclusiva y excluyentemente, a su\nconciencia, y su saber en la tarea que desarrollan. Toda intromisión por fuera de estos\nsupuestos debe interpretarse como una violación al sistema democrático y republicano\nde gobierno, en desmedro del Poder Judicial.\nArtículo 25º- La relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación\ndebe basarse en la integridad e independencia de los mismos. Los magistrados deben\npoder realizar su actividad, dentro de los tiempos y modalidades propias del quehacer\njudicial. Ello no implica prohibir o retacear la crítica razonable y racional de sus\nFallos, debiendo no obstante afirmarse el debido respeto y consideración a la persona\nde los Magistrados, que debe estar ajena a todo interés extraño al fundamental y única\nfinalidad de afianzar la Justicia (conf Preámbulo de la Const. Nacional). Esto no\nimplica tampoco que no medie una relación apropiada de mutua seriedad,\nresponsabilidad con los medios de comunicación, y que éstos cuenten con el rápido\nacceso a las decisiones judiciales, lo que generará una más óptima relación y conocimiento\npor parte de la sociedad, de la actividad judicial. El Poder Judicial, y por cierto\nlos Magistrados no serán ajenos, ni insensibles a los problemas y preocupaciones, que\nplantea la sociedad contemporánea con la que conviven y de la que forman parte.\nArtículo 26º- Los Jueces deberán mantener el debido decoro, mesura y sentido de\noportunidad ante los medios de comunicación para evitar desvirtuar la responsabilidad\ny seriedad que deben revestir sus juicios dentro y fuera de los procesos que entiende,\nevitando de este modo poner en peligro el prestigio del Poder Judicial y la\nindependencia que caracteriza al Sistema Republicano.\nCódigo de Ética para Magistrados y Funcionarios de la provincia de\nEl presente código —aprobado por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia en\nabril de 1998— consta de 8 artículos.\nEl primer artículo establece, a modo de premisa general, el deber de los jueces y\nfuncionarios de mantener y defender la integridad e independencia del Poder Judicial.\nArtículo 1º- Los jueces y funcionarios deberán mantener y defender en todo\nmomento y lugar la integridad y la independencia del Poder Judicial.\nLuego, en el art. 2º, se fijan una serie de conductas prohibidas a los magistrados\ncon el fin de preservar su imagen pública, generar confianza así como reforzar el\nconcepto de integridad e independencia.\nArtículo 2º — Los jueces y funcionarios judiciales deberán evitar un\ncomportamiento impropio en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas\ndesplegando una conducta ejemplar\nEsta norma especialmente comprende:\na) La obligación de respetar y cumplir con las leyes y actuar de forma que\nese comportamiento promueva la confianza pública;\nb) La obligación de no permitir que relaciones familiares, sociales, polí-\nticas, religiosas o de otra índole similar influyan en sus decisiones judiciales;\nc) La prohibición de utilizar el prestigio del cargo para promover interese\nprivados o de grupos particulares ajenos a la función judicial;\nd) La prohibición de integrar o ser miembro de instituciones u organizaciones\nque practiquen o promuevan la discriminación odiosa por razones de raza,\nsexo, religión, nacionalidad o políticas;\ne) La prohibición de integrar o formar parte de actos o espectáculos\npúblicos extravagantes, que tiendan a llamar la atención, o alteren la tranquilidad y el\norden, como asimismo desplegar una conducta reñida con el decoro y solvencia moral\nque en todo momento debe estar puesta de manifiesto en sus actos;\nf) La obligación de respetar la libertad de conciencia, las prácticas o ritos\nreligiosos, como toda actividad de las personas, evitando cualquier tipo de\nLuego, en el art. 3º, se establece el deber, en cabeza de los magistrados y\nfuncionarios judiciales, de desempeñar sus funciones de conformidad con tres valores\nfundamentales que operan aquí como principios rectores de la conducta: imparcialidad,\ndedicación y diligencia. A continuación, se suman otras prohibiciones a las establecidas\nen el artículo precedente, inferidas, esta vez, de las citadas reglas de comportamiento.\nEn general, se trata de conductas que han sido vedadas al magistrado con el fin de que\néste adopte una conducta acorde a la función que cumple.\nMás adelante, se aborda la cuestión relativa a las actividades extrajudiciales\nvinculadas a la práctica docente, científica o meramente académica, estableciendo como\nregla en esta cuestión la aprobación para el ejercicio de las citadas actividades “en la\nmedida que las mismas no impliquen un menoscabo a su actividad judicial”. Lo aquí\nestablecido coincide con lo dispuesto en el resto de los códigos. Todo ello en razón de la\nfunción esencial asignada al magistrado que es la de dedicarse con diligencia a la tarea\njudicial, por lo que podrá ocuparse de las actividades extrajudiciales referidas sólo si el\ntiempo se lo permite.\nA continuación se impone otro deber, cual es el de abstenerse de recibir regalos,\npresentes o donaciones de abogados y/o litigantes, así como aceptar préstamos de\nentidades bancarias o financieras o bien becas de estudio en condiciones preferenciales\n(art. 5º). Luego se establece el deber de actualizar cada dos años sus declaraciones\njuradas, las que son de carácter público. Con ello se pretende alcanzar un grado mayor\nde transparencia en el ejercicio de la función judicial (art. 6º).\nLa última prohibición establecida en el código surge del art. 7º, mediante el cual\n—a fin de evitar conductas que puedan afectar la imparcialidad de la judicatura— se\nimpide a los jueces y funcionarios participar en actividades políticas partidarias o de\ngrupos o sectores relacionados con el poder político.\nPor último se prevé en el art. 8º la creación del Consejo Consultivo, órgano\nencargado de asesorar, en materia de ética judicial y sobre las normas vigentes del\ncódigo, a aquellos magistrados o funcionarios que lo requieran.\nLas atribuciones asignadas al Consejo Consultivo, se inscriben, todas ellas, en\neste ámbito, esto es, el de órgano de consulta. Carece, por lo tanto, de facultades\nsancionatorias. En cuanto a la composición del citado Consejo, se reitera aquí lo\ndispuesto en varios de los códigos, entre los cuales se encuentra el modelo santafesino.\nA diferencia de otros códigos reseñados, el documento de Formosa no establece\nuna nómina de valores o principios rectores de la conducta de los funcionarios\nalcanzados por él, excepto lo dispuesto en los arts. 1º y 3º al hacer mención de ciertas\nreglas a las que debe ceñirse el comportamiento de los jueces y funcionarios: defensa de\nla integridad e independencia del Poder Judicial, y el deber impuesto de desempeñar sus\nfunciones con imparcialidad, dedicación y diligencia.\nLuego, en los demás artículos —a diferencia de los demás códigos que definen el\narquetipo del comportamiento mediante el establecimiento de un conjunto de reglas y\nprincipios axiológicos— se establecen una serie de prohibiciones que hacen a la\nconducta y el ejercicio de las funciones de los sujetos alcanzados, logrando así\nestablecer el modelo de comportamiento de forma negativa o por exclusión (…).\njulio de 1998— consta de 8 artículos. Su texto es casi una réplica del adoptado por la\nprovincia de Formosa, por lo cual, corresponde remitirse a lo expresado en el punto\nA lo largo del desarrollo del presente trabajo hemos visto que la ética refleja los\nprincipios morales que rigen la conducta del ser humano estableciendo principios del\nbuen proceder, necesarios para lograr una vida ordenada y pacífica en la sociedad.\nEllo ha sido reconocido históricamente en todas las épocas y en todos los lugares\ndesde los comienzos de la sociedad misma, si bien con algunas diferencias pero no en lo\nQue lo que constituye una conducta contraria a los principios éticos para cualquier\nser humano también lo es para un profesional y para un juez pero en este ultimo caso,\ntrae aparejada mayor gravedad al producir en la sociedad una perdida de confianza que\npone en crisis la legitimidad de la autoridad para juzgar la conducta humana ya que ella\nexige no solo ser un buen juez, sino también parecerlo.\nPor ello es importante establecer normas éticas que permiten honrar la integridad\ne independencia de su función, y estimular el respeto y la confianza en la judicatura.-\nEl objetivo por lo tanto de la codificación de estas normas éticas será lograr un\nnivel de excelencia y rectitud de la conducta de quienes se desempeñan en la magistratura\nmediante la organización en un solo cuerpo de las normas de principios éticos, y así, al\ndecir de Vigo19, dejar en claro “…las exigencias que más allá del derecho podemos\nestablecer y demandar a aquellos que como sociedad hemos o vamos a constituir en\n19 Vigo, Rodolfo Luis, “Prólogo al Código de Etica de Santa Fé”. http://www.poderjudicialsfe.gov.ar/etica/prologo.htm.\n INTRODUCCIÓN: Página 2.-\n CAPITULO I\na) Historia de la Ética: Página 4.-\nb) Teorías de la Fundamentación de los juicios éticos: Página 13.-\nc) Concepto: Página 16.-\n2. Ética Profesional: Página 17.-\n CAPITULO II\na) Conceptualización: Página 22.-\nb) Principios éticos: Página 24.-\n2. Necesidad de la codificación: Página 25.-\n1. Estado de la Codificación en Argentina: análisis de los Códigos de\n CONCLUSIÓN. Página 60.-\n INDICE GENERAL: Página 61.-\n BIBLIOGRAFIA CITADA: Página 62.-\n BIBLIOGRAFIA CONSULTADA NO CITADA: Página 63.-\n NOTA DE ACTUALIZACIÓN: Página 64.-\n Sesín, Domingo. “Objetivos del Proyecto de Código de Ética Judicial para\nArgentina y Latinoamérica”,\n Bielsa, Rafael, “sobre lo contencioso administrativo”, 1964, pp. 24 y ss.\n “El consejo de la magistratura y los desafíos de la ética judicial,\n Douglas Price, Jorge Eduardo, “Aproximación conceptual a la ética aplicada” En\nÉtica e Independencia del Poder Judicial Nº 2. Sesiones de Jueces de Segunda\nInstancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES,\n2004, págs. 15 y ss.;\n Hartmann, Ethik, pág. 27 de la segunda edición alemana, citado por Eduardo\nGarcía Maynez, Ética, pág. 19, décima sexta edición, Porrúa, México, 1969.\nReseñado por Mariano Azuela Güitron en la Conferencia de Clausura de las\nJornadas Internacionales sobre ética judicial 2 y 3 de octubre de 2003,\n Fayt, Carlos S. “Fundamentos de la ética judicial”, Rev. Jurídica La Ley,\nSup.Act. del 11/07/2006.\n Jeanneret de Pérez Cortés, María. “Ética y función Publica”, Revista Jurídica LA\nLEY, 2005-D, 1097.\n Sarmiento García, Jorge “La Ética y los jueces”, Ediciones Dike, Foro de Cuyo,\n2003, págs. 81 a 85.\n Azuela Güitron, Mariano. Conferencia de Clausura de las Jornadas\nInternacionales sobre ética judicial, 2 y 3 de octubre de 2003,\n Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial,\n Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni.\n Andruet, Armando, “¿Por qué los Códigos de Ética Judicial? En Ética e\nIndependencia del Poder Judicial Nº 5. Sesiones de Jueces de Primera Instancia\nde los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, págs. 54 y\n Douglas Price, Jorge Eduardo “Problemas de la Ética Judicial” En Ética e\nIndependencia del Poder Judicial Nº 3. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia\nde los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs.\n45 y ss;\n Fayt, Carlos S. “Principios y Fundamentos de la Ética Judicial”, Ed. La Ley,\n2006, págs. 23 y ss.\n Vigo, Rodolfo Luis, “Prólogo al Código de Etica de Santa Fé”.\nBIBLIOGRAFIA CONSULTADA NO CITADA:\n Basso, Domingo M. “Etica”. Ed. Abeledo Perrot, Año 2001.\n De Zan, Julio. “La ética, los derechos y la justicia”. Ed. Konrad-AdenauerStiftung\ne.V.. Montevideo, 2004.\n1.- Con posterioridad a la conclusión de la presente Monografía, el SUPERIOR\nTRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y LA\nPROCURACION GENERAL, mediante ACORDADA N° 01/2007, resolvieron\nDECLARAR de aplicación obligatoria el “CODIGO DE BANGALORE SOBRE\nCONDUCTA JUDICIAL DE 2001”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del\nConsejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “PRINCIPIOS\nBASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA” según\nResoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el\nPoder Judicial de la Provincia de Río Negro a los Magistrados, con extensión a los\nFuncionarios Judiciales comprendidos en las disposiciones de los arts. 199 a 201, 222 y\ncc de la Constitución de la Provincia, Leyes 2430, 2434 y modificatorias.-\n2.- Asimismo, en diciembre de 2010, durante una asamblea extraordinaria de la\nAsociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de\nTierra del Fuego, realizada en Tolhuin, aprobó por unanimidad el texto de un\nCódigo de ética que ya rige para los integrantes de esa entidad, que reza:\nEl Código rige para los Magistrados y Funcionarios adheridos a la Asociación de\nMagistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del\nEste Código agrupa los valores y principios éticos que guían la conducta de los\nAsociados, tanto en su vida pública como privada, persiguiendo su promoción y\n3.1. Independencia. El Asociado es independiente, respetando y haciendo respetar las\nnormas constitucionales y legales que establecen ese principio así como los ámbitos\nreservados a los demás poderes el Estado.\n3.2. Imparcialidad. A excepción de los Ministerios Públicos, conforme lo reglado en el\nartículo 8.2., el Asociado es imparcial en sus manifestaciones funcionales y sociales,\nmanteniendo en todo momento una efectiva equidistancia entre las partes, sus\nrepresentantes y letrados.\n3.3. Diligencia y buena fe. El Asociado realiza todo el esfuerzo que sea necesario para\nque el proceso judicial se desarrolle en armonía, a la luz de los valores de lealtad y\nbuena fe y con pleno resguardo de la dignidad humana.\n3.4. Eficiencia. El Asociado brinda un eficiente servicio de justicia cuando vela para que\nlos justiciables gocen de la garantía del debido proceso judicial, rechazando cualquier\ntrato discriminatorio en el proceso y las resoluciones que adopten o aconsejen adoptar\ndeben sustentarse en el principio de legalidad, conjugado con criterios de justicia y\n3.5. Conciencia Funcional. La conducta funcional del Asociado se orienta a incrementar\nel prestigio del Poder Judicial, actuando en todo momento con profesionalidad,\nhonestidad y rectitud.\n1).- Emitir las resoluciones, dictámenes o asesoramientos con motivación adecuada y\n2).- Desempeñar las tareas que le impone el cargo con responsabilidad y diligencia, con\nel fin de cumplirlas en un tiempo razonable.\n3).- Realizar una capacitación permanente para poder garantizar la prestación de un\nservicio eficiente y adecuado a las necesidades de la realidad local.\n4).- Comportarse con corrección, desplegando un trato amable, respetuoso y disponible,\ntanto hacia los destinatarios del servicio como para con los demás ciudadanos y\n5).- Cuidar el patrimonio y los recursos que han sido puestos a su disposición para el\n6).- Mantener y resguardar el secreto profesional respecto de los hechos conocidos con\nmotivo del ejercicio de su función.\n7).- Comprometerse y trabajar para fortalecer la comunicación del Poder Judicial con\nla sociedad. A tal fin deberán conjugar adecuadamente el secreto o reserva de los\nhechos y datos de las causas llegadas a su conocimiento, con el derecho de la\nciudadanía a conocer la actividad judicial, procurando que la información que se brinde\nposea la adecuada mesura y equilibrio y no ocasione perjuicios a las partes o terceros,\nrespetando el principio de legalidad.\n8).- Capacitarse con el objeto de lograr la idoneidad profesional que exceda el título\nhabilitante del que proviene su formación técnica. En tal sentido deberán propender a\nposeer conocimientos generales en todas las ciencias que tengan vinculación con el\nderecho y que le permitan comprender y apreciar las cuestiones litigiosas complejas.\n1).- Al Juez, mantener reuniones privadas vinculadas a asuntos sometidos a su\nconsideración, con las partes o sus letrados, dentro o fuera del Juzgado, salvo que\nrazones de urgencia lo requieran o surja de la índole de la actividad a desarrollar.\nEn tal caso y con el fin de disipar sospechas de parcialidad, los jueces podrán convocar\nal Secretario interviniente en el proceso para que las presencie.\n2).- Realizar discriminaciones de cualquier índole en razón de prejuicios o convicciones\n3).- Realizar actividades que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones o\n4).- Afiliarse o pertenecer a asociaciones o agrupaciones que posean fines políticos\npartidarios, o participar de reuniones, comentarios o realizar afirmaciones que\ntraduzcan una afiliación política partidaria.\n5).- Poseer vinculaciones profesionales, sociedades o asociaciones con profesionales\nque ejerzan en forma privada actividades vinculadas o dependientes de la función\njudicial, salvo las autorizados y relacionadas con la actividad académica.\n6).- Realizar promesas que se vinculen con la tarea funcional e impliquen adoptar un\ncompromiso reñido con los valores que este Código promueve o que tiendan a obtener\nun beneficio privado ajeno a la función judicial.\n7).- Utilizar el prestigio del cargo para promover intereses privados o de grupos\nparticulares ajenos a la función judicial.\n8).- Ejercer gestiones de cualquier naturaleza tendientes a obtener ascensos o\n9).- Recibir regalos o presentes que les sean otorgados en razón del desempeño en el\n10).- Contraer deudas financieramente desproporcionadas con sus recursos o\nconstituirse en fiador en idéntico sentido.\n1).- Realizar cualquier actividad con fines de lucro o que otorgue réditos económicos o\nde cualquier naturaleza, que pueda comprometer la dignidad del cargo o interferir con\n2).- Desempeñar actividades que no correspondan a la función en los horarios de\nprestación del servicio de justicia, salvo autorización especial otorgada al efecto por el\nLas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades expuestas resultan de aplicación\nsin perjuicio de las que existan en razón del ámbito específico de actuación de cada\nAsociado, así como las resultantes de las disposiciones reglamentarias y disciplinarias\nque sean aplicables y que surgen de la legislación vigente.\nEn su vida personal el Asociado mantiene una conducta acorde con los principios y\nvalores sustentados por este Código.\nArtículo 8º: NORMAS DE APLICACION ESPECIFICA A CADA UNA DE LAS\nEl Juez se conduce con plena conciencia de la importancia y trascendencia del rol que\ndesempeña, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones inherentes a su cargo,\nde modo de garantizar la correcta administración de justicia, en un tiempo razonable.\nEl Juez al decidir actúa con sensibilidad humana y social, desinterés personal,\nprudencia, coherencia y fortaleza y sus resoluciones son fruto de un juicio racional y\nmeditado a la luz de los valores de este Código y de los “principios mínimos sobre la\nindependencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en América Latina”\nestablecidos en la Declaración Campeche (San Francisco de Campeche, México, abril\nLos Ministerios Públicos reafirman como valores y principios inherentes a la función\nque desempeñan, los siguientes:\nTeniendo en cuenta la especificidad de la función, asumen el compromiso de que el\nservicio se brinde con pleno cumplimiento de las garantías constitucionales a la luz de\nlos principios de conciencia, objetividad, legalidad y tolerancia.\nLos profesionales de la Dirección Pericia no realizan prácticas discriminatorias y\nrespetan el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad,\nautodeterminación y autonomía.\nLos profesionales asociados reconocen las fronteras de sus competencias profesionales,\nasí como los límites de su actuar pericial. Tienen especial precaución en no confundir la\ntarea pericial con la del Juzgador y proveen a éste solamente aquellos servicios y\ntécnicas para las que están habilitados por su formación académica, capacitación y\nEl Consejo Consultivo sobre Etica Judicial es el órgano que interviene y asesora las\ncuestiones suscitadas por la aplicación del presente, integrado por cuatro (4) miembros,\ndesignados entre los Asociados de mayor antigüedad profesional en la función y que\nrepresenten a: 1) los jueces, 2) a los ministerios Públicos, 3) secretarios, prosecretarios\ny demás funcionarios asimilados a ellos y 4) los profesionales de todas la disciplinas\npertenecientes a la Dirección Pericial.\nExistiendo más de un Asociado con igual antigüedad en el Poder Judicial, lo integrará\nquien posea mayor antigüedad de título habilitante.\nEl Consejo Consultivo recibe denuncias o consultas de los integrantes del Poder\nJudicial o de terceros ajenos al mismo, o actúa de oficio, y convoca al Asociado que\nhaya recibido cuestionamiento ético a fin de poner en su conocimiento esas\ncircunstancias, escucharlo y promover su análisis y debate.\nEl procedimiento será reservado, salvo que el Asociado promueva, peticione o acepte su\ndivulgación y el Consejo lo considere apropiado.\nEl Consejo reglamenta el procedimiento de denuncia o consulta. En caso de denuncia\ngarantiza el debido proceso y el derecho de defensa, y evacua por escrito las consultas\nEl Consejo persiguiendo únicamente la reflexión ética de la cuestión.\nCuando debiera evacuarse una consulta o analizarse una denuncia que involucre a los\nAsociados pertenecientes a la Dirección Pericial, se tomarán en consideración los\nCódigos de Ética que cada disciplina ha establecido por medio de sus principales\nArtículo 12º: DISPOSICIONES TRANSITORIAS\nEl texto de este Código se remite al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia con el\nfin de que, por su intermedio, sus normas resulten también de aplicación respecto de los\nmagistrados y funcionarios no asociados.\n3.- Por último, actualmente la Comisión de Reglamentación del Consejo de la\nMagistratura de la Nación avanza con un proyecto para adoptar el Código Modelo\nIberoamericano de Ética Judicial para el ámbito del Consejo de la Magistratura.-