Zamora: La Diputación según IZQUIERDA UNIDA: MURGA "LOS PRESUNTOS" (El DISFRAZ del PP)\nEL PP YA NO ENGAÑA Y LAS MURGAS DENUNCIARON TAMBIÉN EL ABANDONO DEL LAGO DE SANABRIA\n1.- Ante la desidia del PP con el Lago de Sanabria y el pelotazo que tiene preparado para dar otra concesión más ( y van un millón) por enchufe (Viva Bárcenas!!!) desde IU se ha denunciado el asunto sin parar.\n2.- De igual manera y para ocultar su mala y mafiosa gestión, el PP quiso hacer culpables a la víctimas, con el cántico gregroriano de que contar la verdad (que las depuradoras no funcionan y el agua está mal) perjudica la imagen de la zona y no vendrían los turistas.\n3.-Incluso consiguió que el coro de Alcaldes de la zona entonaran la misma plegaria.\n* Cuando si no fuera por las denuncias públicas no habríamos conseguido de entrada que se preocupen del asunto y vayan a arreglar las Depuradoras (según dicen).\nPero lo que hoy cabe destacar es que las MURGAS de Zamora (la voz del pueblo en libertad) han cantado, exaltado y pitorreado, el asunto poniéndolo en sus mordaces letras y sus rocambolescas voces.\n*Y es que al poder hay que combatirle en la calle porque en los despachos está secuestrado por los sobres de quien paga para el negocio de turno.\nNOTA: EN EL ANEXO ACOMPAÑAMOS EL TEXTO QUE ACOMPAÑARÁ A UNA EXCLUSIVA sobre el tema QUE USTEDES PODRÁN VER EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE TU “CIUDAD Y PROVINCIA” (EL PERIÓDICO DENUNCIA DE izquierda unida) .\nENCHUFE GROTESCO: LA HISTORIA MÁS CUTRE JAMÁS CONTADA\nUn barco sobre el Lago de Sanabria\nEl Alcalde de Galende decide que un barco surque el Lago de Sanabria, que está en su municipio.\nPara conseguir los permisos comunica el asunto a la Junta de Castilla y León. Es el año 2007.\nUn Pliego histórico es el cuerpo del delito\nAsí las cosas se elaboran las bases del Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación del derecho a la explotación del negocio del barco.\nPero hacen un Pliego que atufa, amañándolo de tal manera que el perfil de cierta empresa encaja perfectamente con las condiciones puestas en ese Pliego, igual que encajó el zapatito de cristal de la Cenicienta en el dulce piececito de la Cenicienta.\nFue tal el tipo de requisitos que exigían cumplir al barco ganador que resulta que a ese concurso sólo se pudo presentar una empresa porque sólo ella reunía las condiciones pedidas. Se trataba de SEACLEANER TRAWLER SA.\nMetieron la pata por querer meter la mano\nPasó lo siguiente: los del PP tramposo usaron un documento que permitiera hacer un Pliego de Condiciones tal que sólo pudiera cumplirlas la Empresa Enchufada, pero con tan mala suerte (castigo divino) que pusieron en el escrito de la convocatoria ¡¡¡el nombre de la Empresa Enchufada!!!.\nSe ve que estaban usando la técnica del “copia y pega” de la informática, para describir el barco con tan lujo de detalles que sólo pudiera tenerlos el barco de la Empresa Enchufada. Fíjense que exigían unas medidas como la longitud de la eslora en centésimas de centímetros.\nY en esas estaban que se les fue la mano y pusieron en el pliego algo así como: “La única empresa que fabrica este tipo de barco es Seacleaner Trawler SA”\nÚnico caso en la Historia de la Humanidad.\nEl truco es habitual en la corrupta política española. El “enchufador” dice en el Pliego que para que el barco pueda ganar el derecho a surcar el Lago debe cumplir unas condiciones muy exageradas, de manera que no las pueda cumplir nadie salvo la empresa que él quiere enchufar.\nEjemplo: Condiciones que debe cumplir la empresa ganadora:\nQue el barco tenga un mascarón de proa con la cara de Maillo-PP de la provincia- o de Castro – PP de la Junta-, o de Vicente Herrera- PP de la región o de todos).\nPero se les fue la mano, y pusieron, sin querer, en un Documento Oficial que llamaba a la competencia de empresas en régimen de igualdad, el nombre de la empresa enchufada.\nGanó la enchufada, claro.\nEn consecuencia sólo se pudo presentar la Empresa Enchufada, y naturalmente ganó el derecho a explotar el negocio de un barco en el Lago.\nPero se descubrió el pastel, con lo que se tuvo que anular el Concurso y redactar un nuevo pliego de condiciones más ecuánime.\nEn esta segunda convocatoria gana la empresa que actualmente explota el barco ecológico del Lago (Europarques/EBI), que es la misma del Barco de los Arribes.\nLa duda de quién es el culpable está por resolver, aunque en lo que no hay duda es que se trata de alguien del PP.\nSi porque, o bien el Alcalde de Galende -PP-actuó sólo, cosa que podía hacer porque era el único responsable de hacer el Pliego de Condiciones, según la ley. O bien, hay gente –PP- de la Junta de Castilla y León detrás asesorando.\nSegún el Delegado de la Junta en Zamora el responsable del pliego es el Ayuntamiento de Galende (con lo cual señala con su dedo acusador a su compañero de partido). Y en verdad que así pudiera ser, pero…….\nUno de los sospechosos se comporta extrañamente.\nUna vez que descubierta la manipulación gana la empresa que actualmente explota el barco del Lago, el PP en vez de optar por tener la fiesta en paz, desde la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora empieza a actuar respecto a la ganadora (Europarques/EBI) extraña y suciamente.\nDesprecio del PP por los niños\nDentro de esas venganzas absurdas contra la empresa ganadora tenemos un lamentable desprecio por los niños por parte de un sector del PP en la Junta.\nResulta que la empresa del Barco de los Arribes del Duero (y del Lago de Sanabria) puso en marcha un programa llamado “Un rio: dos naciones” por el cual los alumnos de todos los centros educativos situados en el Parque Natural de los Arribes (en territorio Portugués también) o en el Parque Natural del Lago de Sanabria, pueden ir gratis en el barco como actividad extraescolar.\nEl programa tiene gran acogida en Portugal, donde lo usan más de mil niños por año. Y sin embargo en España, la Junta no ha comunicado a los colegios de los Parques Naturales de los Arribes, ni de Sanabria, esa posibilidad, y eso que ya han pasado bastantes años.\nPor tanto la pregunta es: si el PP de la Junta es inocente en el asunto de la empresa enchufada, ¿Por qué se comporta así con la ganadora?.\nPero hay más: el PP no respeta Zamora .\nEn el año 2013, el Patronato de Turismo de Zamora (dependiente de la Diputación) decide ofrecer en la Feria de Turismo Interior-INTUR- una atracción que promocionaba el Lago de Sanabria.\nConsistía ésta en que se pondría en el estánd de Zamora una pantalla gigante por la que se podrían hacer conexiones en directo con los biólogos-submarinistas que trabajan en el Barco del Lago, para así verles, preguntarles y oírles, informando de los atractivos de esa joya única de España. Encima esta cosa tan llamativa y espectacular, le resultaba gratuita al Patronato.\nPues bien, en cuanto el Pte. de la Diputación (Sr. Martinez-Maillo) se enteró, prohibió tal acontecimiento de promoción turística . ¿Por qué?.\nPero la cosa sigue: En Zamora se va a celebrar una Carrera Solidaria Promovida por unos particulares. En ella estaba programado el mismo acto que hemos contado para INTUR, esta vez dirigido a los niños; y el Pte, de la Diputación de nuevo ha dicho que eso no se hiciera.\nAnte todo esto ¿qué opina usted?\n¿Actuó el Alcalde de Galende sólo? ¿Tenía jefes que le guiaban en la Delegación de la Junta en Zamora? ¿Salpica esto a todo el PP una vez que entra en danza el Pte. de la Diputación? ¿Hay derecho a que se prive a unos niños del sueño de viajar en barco por una venganza? ¿Cabe en alguna cabeza que se prohíba lo que promociona Zamora y el Lago gratuitamente, por culpa de conductas que en Italia llaman mafiosas?\nPublicado por Paco Molina de Zamora. El Compa en 2:37


El Gobierno convocó a una mesa de expertos para definir cómo combinarán las vacunas ante la falta de segundas dosis de Sputnik V | TN\nLa Casa Rosada confirmó que busca avanzar “cuanto antes” en un esquema que permita el cruzamiento de sueros de distintos laboratorios.\nFecha de publicación: 01 de julio 2021, 17:53hs\nEl gobierno de Alberto Fernández confirmó este jueves que busca avanzar “cuanto antes” en un nuevo esquema para la campaña de inmunización contra el coronavirus que faculte a todo el país a mezclar vacunas. Por eso, el Ministerio de Salud convocó a una decena de especialistas para recolectar evidencia.\nEl propósito es comenzar un estudio sobre eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la combinación de dosis de vacunas contra el COVID-19 ante la escasez del componente 2 de la vacuna Sputnik y como parte de la estrategia sanitaria para contener la llegada de la variante Delta, algo que en la Casa Rosada consideran que ocurrirá en forma inminente e inevitable.\n// Fernán Quirós dijo que la mezcla de vacunas “es segura y eficaz” y confirmó que esperan resultados de las pruebas para iniciar la “inmunización mixta”\nLa semana pasada, TN.com.ar adelantó que el Ministerio de Salud evaluaba avanzar en un estudio con un grupo reducido por voluntarios que ya hayan recibido una primera aplicación del desarrollo del Instituto Gamaleya, y combinarlas con CanSino o AstraZeneca.\nEl estudio también se propondrá evaluar los resultados de los esquemas aplicados para contar con información y evaluar a futuro si se requiere aplicar refuerzos y analizar la prolongación de la protección, indicaron desde la cartera sanitaria.\n“Los investigadores manifestaron su disposición para avanzar lo antes posible ante la necesidad de contar con estudios específicos en base a las vacunas que se aplican en el país, la situación epidemiológica y las variantes que circulan. También, propusieron analizar la respuesta inmunológica de personas que tuvieron COVID-19 y que ya cuentan con una dosis de vacuna contra esa enfermedad”, señalaron.\nQuiénes fueron los expertos convocados por la Casa Rosada\nA su vez, Vizzotti reunirá a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones para analizar las recomendaciones que hicieron los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) sobre los esquemas de vacunación.\nDurante la reunión de la Comisión de Inmunizaciones de este jueves, los expertos pusieron el foco en “la robustez de la evidencia científica -desde la calidad metodológica hasta los resultados observados- que aporta el estudio realizado por la cartera sanitaria nacional sobre la efectividad de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60 años”.\nSegún informaron en un comunicado, durante la reunión de COFESA de hoy “se pondrá a consideración de las ministras y ministros de Salud de las jurisdicciones las recomendaciones de la CONAIN para definir los pasos a seguir basados en la evidencia científica y el Consenso federal”.


Querida «Frustración» – Motion-To-Emotion\n24 abril, 2020 24 abril, 2020 motiontoemotion\nSi cocinamos algo pero no nos sale bien la receta, nos frustramos. Si jugamos a un juego y nunca ganamos, nos frustramos. Si esperamos un paquete de una tienda online y no lo recibimos, nos frustramos también. La frustración es la salsa de casi todos nuestros malos momentos. La frustración es una emoción desagradable que sentimos al no poder alcanzar o satisfacer un objetivo, un deseo o una necesidad. Nos informa de algo muy básico: que las cosas no han salido como esperábamos o deseábamos. Como cualquier otra emoción, la frustración es transitoria. Pero es bastante frecuente y puede aparecer, de hecho, varias veces en un mismo día. Y si estás en una mala época, muchas veces cada día.\nVeamos un ejemplo. Imagina que has encargado a un compañero de trabajo una tarea de la que siempre se encarga. Como siempre se suele olvidar de cosas, se lo dejas puesto en un post-it en su mesa unos días después recordándole que lo necesitas para el día siguiente. Sin embargo, al día siguiente te dice que no ha visto el post-it y no lo ha hecho. Notarás un repentino calor en el pecho o en la cara, una tensión en la espalda o en los brazos, y tu respiración se hará más profunda y tensa. Eso es la frustración (en este caso posiblemente acompañada de impotencia). Este sentimiento es muy versátil: depende tanto de la situación externa objetiva como de nuestras interpretaciones personales sobre la situación.\nLa frustración tiene la mala costumbre de acumularse, y entonces es más fácil que se convierta en irritación o incluso ira. Por ejemplo, cuando perdemos el autobús por un minuto y sabemos que nos toca esperar un buen rato, nos sentimos frustrados. Pero nos frustramos más o incluso nos enfadamos si es la tercera vez que algo nos sale mal en el día.\nLos primeros estudios sobre esta emoción datan de 1950. Norman Maier, que fue profesor en la Universidad de Michigan, estudió la frustración en animales. En sus experimentos los animales, fuertemente motivados a responder por experiencias previas se enfrentaban a situaciones irresolubles, activándose la frustración. Posteriormente, en 1992, Abram Amsel desde la Universidad de Texas estudió, también con modelos animales, la frustración resultante de no recibir una recompensa cuando el animal estaba acostumbrado a obtenerla. Tras sus líneas de investigación se suelen categorizar 4 reacciones típicas ante esta situación:\nSupresión, que es cuando se abandona la esperanza de obtener la recompensa generándose apatía o desesperanza.\nRegresión, que es cuando se intenta alguna solución que fue útil en el pasado.\nFortalecimiento, que implica un aumento de comportamientos con alta energía, y a veces comportamientos agresivos.\nPersistencia, que implica comportamientos nuevos para tratar de solucionar el obstáculo y volver a tener acceso a la recompensa.\nEn los seres humanos, se pueden observar conductas en cada una de las categorías, por ejemplo tras una ruptura sentimental: encerrarse en casa sin hacer nada durante una semana (supresión), comprar un regalo (regresión), llamar sin parar, enfadarse, comportamientos de maltrato (fortalecimiento), o hablar con alguien cercano a la expareja para buscar una posible solución (persistencia).\nDefinitivamente, la complejidad del ser humano supera a la de los animales. Veamos entonces cómo funciona la frustración en una persona como tú o como yo. La frustración nos invita a no contentarnos con un resultado adverso. Incluso aunque aceptemos el resultado nos invitará a buscar alternativas o a hacerlo mejor en otra ocasión. Por tanto, la frustración nos motiva a conseguir una meta, focalizar nuestra atención, y fijar objetivos. Aunque también nos puede llevar a la insatisfacción, la irritabilidad u otros problemas al no conseguir nuestros deseos. En la sociedad actual, caracterizada por la inmediatez de respuesta y la incapacidad de demorar la recompensa, predomina la baja tolerancia a la frustración. Esto se asocia a una baja adaptación a cambios no programados y pensamientos rígidos e inflexibles que hacen que se interpreten como insoportables las emociones desagradables como el aburrimiento o la tristeza… o la frustración. Todo esto puede llevar a expectativas irreales, a una dificultad para controlar emociones, impulsividad, impaciencia, baja adaptabilidad y desmotivación. A veces estos rasgos suelen ser etiquetados como inmadurez, lo cual nos indica que la tolerancia a la frustración es algo que se educa, se entrena y, en general, se va desarrollando más y más a lo largo del ciclo vital.\nPero las cosas pueden ir todavía peor. En los seres humanos una frustración crónica puede favorecer que se generen fobias, depresiones o promover adicciones. Esto sucede cuando la frustración aparece no ante la insatisfacción de deseos o expectativas, sino ante la insatisfacción de necesidades. ¿En qué se diferencia un deseo de una necesidad psicológica? La diferencia es que las necesidades psicológicas tienen un papel muy relevante en el funcionamiento humano. Por eso, cuando se genera una insatisfacción brusca o crónica se activan una serie de emociones desagradables y otras reacciones que pueden dar lugar, además de frustración, malestar intenso y, como apuntábamos, trastornos psicológicos. Aunque hay varios modelos, se suelen considerar necesidades la competencia (eficacia), la autonomía y la vinculación (relaciones y pertenencia). Otros autores incluyen también la autoaceptación la seguridad, el sentido vital y el crecimiento.\nVamos a la pregunta clave, ¿cómo afrontar y manejar la frustración?\n-Aceptar la emoción: Nosotros entendemos que la reacción básica ante esta emoción es aceptarla. La frustración es una emoción y es adaptativa, nos ayuda a replantear nuestras metas, detectar situaciones de insatisfacción, generar alternativas de actuación y buscar nuevos caminos. A pesar de lo desagradable de la emoción, es de utilidad para nosotros e intentar poner nuestros esfuerzos en bloquear o suprimir esta emoción suele ser un error. Y menos “culparla” como si fuera parte del problema, cuando simplemente nos avisa de que hay un problema.\nPor eso, no basta con aceptar la emoción, sino que muchas veces hay que actuar para cambiar si es necesario los factores que estén interfiriendo en nuestro bienestar.\n-Aceptar que no siempre tenemos el control. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor y tenemos que tener en cuenta que los factores que no podemos controlar, pueden hacer que no lleguemos a cumplir nuestros objetivos o, al menos, no del modo que teníamos en mente.\n-Regular los niveles de frustración: Dado que un exceso de frustración genera sobrecarga, irritabilidad etc. es bueno equilibrarla con otras emociones agradables que potencien la satisfacción. Por ejemplo, si eres estudiante y tienes una asignatura que te parece muy difícil, en vez de estar dos días enteros estudiando sólo la que te genera frustración, puedes combinar y equilibrar el exceso de frustración estudiando a ratos otra que te resulte más sencilla y te active sentimientos de competencia.\n-Entender y reconocer que la perfección no existe: El querer alcanzar la perfección nos puede precipitar a un estado de frustración casi permanente, ya que nos exigimos a nosotros mismos llegar a un punto inalcanzable. La persona perfeccionista tiene unas expectativas irreales, además de realizar una carga de trabajo y emocional excesiva que no se traduce en los resultados esperados (los cuales, repetimos, son inalcanzables). Al ver que no ha logrado su objetivo, aun con todo el esfuerzo, la persona perfeccionista menosprecia su propio trabajo. Es una espiral que con el tiempo no hace sino aumentar la autoexigencia y disminuir la autoestima.\n-Entrenar cualidades beneficiosas para nosotros tales como la paciencia, la flexibilidad cognitiva o la adaptación al cambio, las cuales mejoran nuestra tolerancia a la frustración.\nLa vida en general tiene muchas situaciones en las que nos encontramos con límites o con proyectos que no van tan rápido como nos gustaría. Por eso, la frustración es un sentimiento muy frecuente y en muchos casos inevitable. Tratar de no vivirla como un fracaso, sino al contrario, saber normalizarla y tolerarla es una habilidad básica para la vida.\nCerramos esta entrada poniendo sobre la mesa un reto que casi cualquier persona tendrá que enfrentar en algún momento de su vida. En ocasiones, la frustración no supone más que una indicación de que algo no ha salido como esperábamos o deseábamos. En otras, sin embargo, la frustración nos está avisando que una necesidad importante está al descubierto. Y he aquí el reto en donde la sabiduría personal juega a menudo un papel calve: Tan importante es saber adaptarse a una insatisfacción lógica o inevitable, como saber rebelarse ante una situación frustrante que realmente no debe ser tolerada.\nMarta Ceballos y Juan Carlos Jiménez – Psicólogos sanitarios\nAnterior La culpa también se equivoca\nSiguiente Claves para afrontar un duelo


Need for Speed Shift - Tecnología de tú a tú\nelcorteingles.es » Tecnología de tú a tú » Videojuegos » Need for Speed Shift\nEl mundo del “tuneo” había desvirtuado por completo en los últimos años la saga de coches por excelencia en el mundo del videojuego. Need For Speed era casi más un manager de conducción y personalización de coches que un juego al más puro estilo Test Drive o BreakNeck (una joya de la conducción de los 90 de THQ).\nParece que la franquicia vuelve a sus fueros y lo conjunta con un entorno visual envidiable.\nPara esta ocasión se ha recurrido a 18 circuitos con un diseño que no se puede describir con palabras, las texturas, el efecto Blur de la velocidad, los detalles en los retrovisores y la sensación de velocidad, esa sensación que hizo grande a juegos como Sega Virtua Racing y más recientemente a la versión arcade de OutRun 2.\nEs un concepto difícil de explicar, pero que cualquiera que haya jugado a un juego de coches lo nota al momento, la sensación de estar dentro del coche o de parecer que el coche flota en un circuito. Si alguna vez un volante podría hacerse necesario en un juego para disfrutarlo en su máximo esplendor, sin duda ésta sería una de esas veces.\nSe ha implementado ademas que los choques tengan repercusiones sobre el rendimiento del coche, un modo guía que indica la trazada perfecta de cada circuito y una ayuda sobre el control de derrapes y frenadas que es la base auténtica de Need For Speed, al ajuste perfecto entre derrape y franada en los giros de 180º míticos de la saga. Todo ello desactivable o activable a gusto del consumidor.\nLa única falta del juego es que cuenta con los mejores modelos de cada casa excepto de Ferrari, ya que Microsoft ha adquirido a tocateja los derechos en exclusiva para Forza Motosport que saldrá para navidades.\nAún así, la espectacularidad y jugabilidad de este juego no tiene parangón en el género de la velocidad (sobre todo en Xbox que no goza de muchas franquicias de motor) en los últimos años, vuelve el arcade y la sensación de estar en un salón recreativo a los mandos de una mastodóntica máquina. Xbox 360 y PS3 están de enhorabuena.\nLogros Need for speed shift 2: unleashed - Tecnología de tú a tú - […] llegado a nuestro país desde el día 1 de Abril, NFS Unleashed es la continuación de Need For Speed…


Trump podría reducir radicalmente la financiación de EEUU a la ONU\nTambién pide poner fin a la financiación de agencias u organizaciones que impulsen cualquier actividad que evada las sanciones impuestas a Irán y Corea del Norte, o que estén controladas o influenciadas por Estados considerados por Washington como “auspiciantes del terrorismo”, según el Times.\nLa ONU admitió a Palestina en 2012 como Estado observador, aunque no como Estado miembro. El decretos llama además a reducir en al menos 40% todos los fondos destinados a organizaciones internacionales.\nEl borrador del decreto establece la creación de una comisión para estudiar qué cortar, y menciona estudiar las misiones de mantenimiento de paz de la ONU, el Tribunal Internacional de La Haya -principal órgano judicial de la ONU-, la ayuda al desarrollo a países “que se oponen a políticas importantes de Estados Unidos” y al Fondo de Población de la ONU, que supervisa programas de salud materna y reproductiva, enumeró el diario.\nUn segundo decreto pide la revisión de todos los tratados multilaterales actuales y pendientes que no estén directamente relacionados con “la seguridad nacional, la extradición o el comercio internacional”, indicó el Times.\n“¿Cuándo vieron que las Naciones Unidas resolvieran los problemas? No lo hacen. Causan problemas”, indicó Trump en diciembre. La ONU “es solo un club para que la gente se junte y pase un buen tiempo”, consideró.


El presidente que renunció a persuadir | Opinión | EL PAÍS\nEl presidente que renunció a persuadir\nRajoy no confía en sus ministros. No cambia a los que han fracasado porque no cree que otro lo pueda hacer mejor\n22 nov 2013-16:36 UTC\nMariano Rajoy es un presidente del Gobierno con mucho poder: dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, que pone en funcionamiento tantas veces como le conviene, y en su partido nadie desafía su posición. Y aun así, Rajoy ha llegado al ecuador de su mandato transmitiendo permanentemente la impresión de que es un presidente maniatado, que no puede hacer frente a determinadas fuerzas de su partido y de la sociedad a la que representa, no por falta de autoridad real, sino por falta de capacidad de convicción.\nA ello se podría unir una desconfianza infinita en la condición humana, sentimiento del que ha hablado en ocasiones, y que le acompaña desde sus inicios. Contra lo que podría parecer, el presidente no muestra una gran confianza en sus ministros. El fracaso evidente de alguno de ellos no le lleva a reemplazarles, pero no porque confíe en que lograrán corregirse, sino porque parece pensar, simplemente, que nada hace suponer que otra persona lo haría mejor.\nRajoy no intenta convencer a nadie, ha renunciado a persuadir y no aspira a que se le considere una persona segura o contundente. En conversaciones privadas intenta, sin embargo, provocar simpatía, utilizando precisamente ese factor: Me llevan a hacer cosas que no desearía, pero a las que no puedo sustraerme, porque las reclama una parte de la sociedad a la que represento, mucho más extremada que yo. Si esa situación fuera cierta, supondría una confesión en toda regla de una incapacidad política: carecer de suficiente potencia intelectual como para mover a tus propios seguidores, para liderar cambios de opinión que se consideran necesarios, es un fallo, una insuficiencia de carácter complicada en un dirigente político con tanta responsabilidad.\nLa situación es compleja porque el Partido Popular ha recogido a un espectro desde zonas templadas hasta otras claramente radicalizadas\nLa situación es todavía más compleja porque el Partido Popular ha recogido a un amplio espectro de la derecha española, desde zonas templadas hasta otras claramente radicalizadas. Es un fenómeno que no se da en otros países, pero que habría que valorar positivamente en el nuestro, porque ha permitido un control, hasta hace poco bastante razonable, de los sectores de extrema derecha, racistas y xenófobos. Un servicio prestado por el PP a la estabilidad del país que habría que agradecer, si no fuera porque en los últimos tiempos, y por falta, precisamente, de un liderazgo con más capacidad de convicción, está empezando a pasar de servicio a servidumbre.\nLa última etapa de oposición popular dio aliento a esos sectores, buscando una épica de enfrentamiento que rindiera rápidos intereses electorales. Fue entonces cuando más claramente se relanzó el nacionalismo español, se cerró el diálogo con los nacionalistas catalanes, se exacerbó el ánimo respecto a los criminales de ETA y se estimuló a los grupos católicos más intransigentes. Lo que en la etapa de Aznar era un instrumento más al servicio de un liderazgo, se va convirtiendo a marchas forzadas en la etapa de Gobierno de Rajoy en una obligación inexcusable.\nSi se busca en los manuales de historia, esta imagen de un político es más frecuente de lo que se puede imaginar. No son políticos que permanezcan paralizados, sino presidentes que reaccionan inmediatamente ante las exigencias que les plantean los grupos que le apoyan. Nadie reprochará a Rajoy al fin de su mandato que no haya hecho multitud de cambios. Los está haciendo. El problema es que muchos de ellos no responden siquiera a planteamientos programáticos de su partido, sino a exigencias casi repentinas de sectores ante los que el presidente debió tener capacidad intelectual de persuasión, a los que el presidente debió mover hacia posiciones más centradas y no al contrario.\nLos manuales de historia demuestran que el relato privado de Rajoy, “no me dejan hacer otra cosa”, nunca ha merecido justificación, ni perdón, porque no responde, como pretende, a un enfoque pragmático, sino a una debilidad que termina siempre por provocar peligrosas fisuras en la sociedad. solg@elpais.es


Transferencias - SIMA Potencia Activa S.A. de C.V.\nCobertura De Circuitos Esenciales\nInterruptor de Transferencia precableado: al ofrecer la instalación más fácil en el mercado, nuestro interruptor de transferencia precableado es un recurso excelente cuando no es necesario tener cobertura de todo el hogar.\nCentro de Carga GenReady™: la construcción de nuevas casas o las remodelaciones con mejoras eléctricas son el momento ideal para instalar el centro de carga GenReady™de GENERAC. Disfrute de importantes ahorros en la instalación y de un sistema simplificado de generadores.\nAdministración de La Energía - Cobertura de Toda la Casa\nSmart Switch™ - Administración Digital de la Energía: La administracióN de la energía es lo que los propietarios de viviendas deben adoptar ya que pueden obtener más cobertura con un generador más pequeño. Nuestro interruptor inteligente permite que todo en el hogar funcione mientras que conecta intermitentemente las cargas no esenciales según sea necesario. Diseñado con la tecnología Digital Power Management™ (DPM) de GENERAC, el interruptor inteligente tiene la capacidad de administrar dos aparatos de aire acondicionado listos para usar sin agregar componentes ni costos adicionales. Para obtener más flexibilidad, puede agregar módulos PPM individuales para administrar grandes cargas adicionales.\nInterruptores de Desconexión de Carga LTS: el LTS es la respuesta cuando se deben administrar más de seis cargas grandes.\nInterruptores RTS: los únicos interruptores de transferencia de servicio nominal aprobados por la Asociación de Normas Canadiense (Canadian Standards Association, CSA) disponibles en la industria.\nKit de Interruptores de Transferencia Manual\nLos generadores portátiles solamente funcionan con electrodomésticos con cable que se enchufan a tomas eléctricas, no con sistemas de conexión permanente. Con un interruptor de transferencia manual, puede brindar energía de manera segura y fácil con su generador de reserva portátil, directamente al sistema eléctrico de su hogar para alimentar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation, & Air Conditioning, CVAA), bomba colectora y bomba de pozo, sistema de seguridad y más.\nUse su cable de energía para enchufar su generador portátil en la caja de entrada de energía.\nLa caja de entrada de energía se conecta al interruptor de transferencia manual.\nEl interruptor de transferencia manual se conecta al panel eléctrico de su hogar y permite la transferencia segura y protegida de energía de las líneas de servicio eléctrico público a su generador portátil.\nAutomatic Transfer Switches.pdf\nManual Transfer Switches.pdf


Vecina quiere suspender el show de La Renga por “las molestias de las vibraciones”\nSe trata de María Carbone, una arquitecta que vive a siete cuadras del Coloso, quien acudirá a la Justicia para impedir el segundo recital de la banda de rock, previsto para el jueves. “Me llama la atención que habiliten un espectáculo que trae consecuencias a la salud”, dijo.\nEn medio de un gran operativo, Macri visitó a una familia de la zona sudoeste\nEl presidente se trasladó hasta 24 de septiembre y Cafferatta, donde estuvo con vecinos que tienen un emprendimiento. Tras saludar a quienes lo esperaban afuera, emprendió el regreso a Capital Federal.\nFunes: delincuentes vestidos de carteros asaltan anciana\nOcurrió en Los Álamos al 400 en la tarde de este jueves. La mujer de 70 años fue víctima de dos ladrones vestidos con uniformes de la empresa de correo Oca. Tras amenazarla con armas de fuego le sustrajeron varias pertenencias.


Con éxito culminó Feria Institucional de Emprendedores Comunitarios en Tibú | Cauca\nLunes, Agosto 20, 2018 - 18:02\nEn articulación con la Alcaldía de Tibú, el programa para el desarrollo comunitario Fe en Colombia, el Ejército Nacional a través del Batallón de Ingenieros n°30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, y el trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana se logró el objetivo de llevar a las comunidades vulnerables un espacio integral en donde el emprendimiento y la salud fueran los protagonistas.\nDe esta manera, escenarios como la feria de servicios y la muestra empresarial contaron con la participación de 51 instituciones como Familias en Acción y Sisbén que llegaron para vincular a quienes no contaban con estos beneficios del Estado. Así mismo, la muestra emoresarial convocó a 30 empresarios, quienes con sus productos y materias primas lograron entablar contactos de futuros negocios y relaciones comerciales que llevarán al Catatumbo más opciones de desarrollo y progreso.\nEn simultánea una Jornada de Apoyo al Desarrollo liderada por el Comando Aéreo de Combate n°1 de la Fuerza Aérea Colombiana, más de 2.000 personas entre habitantes de Tibú y campesinos de las veredas aledañas, fueron atendidas en especialidades como gerontología, odontología, optometría, ginecología, pediatría, fisioterapia y nutrición. También se entregaron medicamentos formulados para diferentes patologías y se ofrecieron servicios de vacunación, tamizaje de seno, desparasitación, corte de cabello y peinados.\nPor otra parte, el Batallón de Acción Integral n.° 2 realizó actividades como campeonato deportivo, show de magia, globoflexia, pintucaritas y concursos donde los regalos, obsequios y sorpresas sacaron la sonrisa de niños, niñas y adultos.\n“Muy agradecida con el Ejército y todo este grupo de médicos que han venido desde muy lejos para darnos una buena atención”, expresó Luz Marina Amado Barbosa quien fue beneficiaria de esta gran Jornada y Feria Institucional.\nFeria Institucional de Emprendedores Comunitarios\nprograma para el desarrollo comunitario Fe en Colombia


Diagnóstico y tratamiento de las lesiones angiodisplásicas en el tubo digestivo\nLas lesiones angiodisplásicas se definen como comunicaciones anormalmente dilatadas entre venas y capilares. Se identifican con relativa frecuencia en los estudios endoscópicos. En el artículo Management of Gastrointestinal Angiodysplastic Lesions (GIADs): A Systematic Review and Meta-Analysis, publicado en Am J Gastroenterol 2014; 109:474–483, los autores Jackson CS y Gerson LB, analizan la eficacia de las opciones terapéuticas hoy disponibles, entre las que se incluyen las modalidades por vía endoscópica.\nTags: angiodisplasia, Técnicas Endoscópicas\nEl procedimiento ‘Apollo’, que se realiza de forma transoral, ya ha sido aplicado a 16 pacientes españoles.\nEl especialista ha hecho hincapié en que este método constituye “una ayuda al cambio de hábitos” y que no servirá de nada sin “apoyo nutricional, psicológico y deportivo”. En este sentido, ha recordado el mensaje que se debe transmitir al paciente: Tienes el estómago suturado, pero te queda lo más difícil.\nLópez-Nava cree que la ausencia de incisiones animará a muchas más personas a optar por la reducción de estómago. “Hay que resolver la obesidad de forma mínimamente invasiva porque actualmente el 99 por ciento de pacientes susceptibles a la cirugía no se tratan”, ha señalado. En el caso de la gastroplastia, sólo se operan el 5 por ciento de los que podrían beneficiarse de ella, porcentaje que se reduce al 1 por ciento en el caso de las cirugías metabólicas destinadas a provocar una malabsorción de los alimentos.


insomnio - Hipertextual\nCuando Randy Gardner y Bruce McAllister comenzaron a preparar un proyecto para clase no sabían lo que vendría a continuación. Y es que en 1963, cuando los dos jóvenes se lanzaron a investigar qué pasaba, todavía no se sabía exactamente qué podía pasar si una persona no dormía en varios días. Su trabajo para clase, […]\nDormir bien puede llegar a ser un arte. Pocas horas de sueño, pesadillas, trastornos o enfermedades relacionados con las horas de descanso, ataques de pánico... No, dormir bien no es nada fácil. Sin embargo, la ciencia está aquí para ayudarnos a saber cómo conciliar el sueño de la mejor manera posible. Desde el Instituto Nacional […]


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HJ System - Decision: SENTENCIA 38/1997\nSENTENCIA 38/1997, de 27 de febrero\n(BOE (Official State Gazzete) number 78, of 01 April 1997)\nEl Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García- Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruíz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado\nEn la cuestión de inconstitucionalidad núm. 88/92, planteada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con los arts. 15.3, 17 y 19 de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, por supuesta vulneración de los arts. 9.3 y 25 de la Constitución. Han intervenido en el procedimiento el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don José Gabaldón López, quien expresa el parecer del Tribunal.\n1. El día 15 de enero de 1992 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad núm. 88/92, elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con los arts. 15.3, 17 y 19 de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de Adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, por supuesta vulneración de lo dispuesto en los arts. 9.3 y 25 C.E.\n2. La cuestión encuentra su origen en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de un ciudadano contra tres actas de la Inspección de los Tributos de la Delegación de Hacienda de Castellón, así como contra las liquidaciones contenidas en dichas actas.\nEstas se refieren a los ejercicios tributarios de 1986, 1987 y 1988 y, en relación con ellos, con las declaraciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas realizadas por el recurrente y su esposa. En las actas se constata, a juicio de la Administración Tributaria, la existencia de infracciones tributarias, de resultas de lo cual se practican las oportunas liquidaciones y se imponen las sanciones correspondientes.\nQuien luego fuera recurrente prestó su conformidad con las actas y expresó su opción por la declaración conjunta.\n3. Con fecha 16 de mayo de 1991, la representación del ciudadano objeto de la inspección tributaria interpuso, como se ha dicho, recurso contencioso-administrativo contra las referidas actas y las liquidaciones de ellas resultantes, recurso que se tramitó por el procedimiento previsto en la Ley 62/78, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.\nCon fecha 23 de mayo de 1991 la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo por presentado e interpuesto el recurso, que fue formalizado por el demandante el 17 de junio del mismo año. La demanda se basaba en que solamente el recurrente había sido citado por la Inspección de la Delegación de Hacienda, y sólo él suscribió las actas, de tal suerte que ninguna intervención tuvo su cónyuge. Se suscitan, además, diversas alegaciones de pura legalidad sobre la liquidación de los intereses de demora y, por último, se aduce que la sanción impuesta adolece de inconstitucionalidad por carecer de tipificación legal. En resumen, según el demandante, las actas infringen los arts. 14 a 29 de la C.E. Ello derivaría, por una parte, de que la cónyuge del recurrente no fue citada y, por consiguiente, no pudo prestar su consentimiento respecto de las actas que son, por tanto, nulas. Por otro lado, la STC 45/1989 produjo un vacío normativo que impide imponer sanciones y liquidar intereses de demora por los ejercicios de 1986 y 1987. Se pedía por todo ello, en definitiva, la declaración de nulidad de las actas.\n4. Se dio traslado de la demanda al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, que solicitaron su desestimación y, tras declararse conclusos los autos y señalarse día para la votación, la Sala dictó Auto, con fecha 18 de septiembre de 1991, en el que se resolvía oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimasen conveniente sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 15.3, 17 y 19 de la Ley 20/1989, en cuanto pudieran oponerse a los arts. 9.3 y 25 de la C.E. En dicho Auto se fundamentaba la presunta contradicción de los preceptos legales aludidos respecto de los constitucionales también citados en que aquellos suponen una aplicación retroactiva de normas sancionadoras.\nEl Ministerio Fiscal presentó alegaciones en las que, en definitiva, decía que, en relación con los mismos preceptos cuestionados se había presentado el recurso de inconstitucionalidad núm. 171/1989, por lo que procedía suspender las actuaciones hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el fondo del asunto.\nEl Abogado del Estado, por su parte, también presentó alegaciones. En ellas señala que el recurrente manifestó su conformidad con las actas. Además, apuntaba, que los preceptos controvertidos no inciden en el aspecto sancionador, sino que sólo afectan a aspectos concretos -la declaración individual o conjunta de la declaración tributaria-, negándose, por consiguiente, la existencia de retroactividad alguna. En suma, solicita que se dicte resolución por la que se declare la improcedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.\nPor último, el actor también presentó alegaciones, en las que alude, de nuevo, al vacío legislativo que se produjo como consecuencia de la STC 45/1989 de este Tribunal, por lo que se muestra favorable al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.\n5. La Sala, en definitiva, dictó Auto, con fecha 28 de noviembre de 1991, en el que acordaba elevar a este Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad.\nTras una exposición de los antecedentes de hecho, el Auto señala que la cuestión de fondo consiste en determinar si la aplicación retroactiva al recurrente de la Ley 20/1989 es conforme con el art. 25 de la Constitución en cuanto consagra el principio de tipicidad, al señalar que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que no constituyan infracción administrativa en el momento de cometerse.\nPara ello, el Auto parte del alcance retroactivo de la STC 45/1989, de indudable aplicación según dice a este supuesto. Se citan, a estos efectos, los fundamentos jurídicos de la reseñada Sentencia, y de ello deriva varias consecuencias: en primer lugar, la Sentencia produce la inexistencia del régimen legal aplicable a quienes estaban incardinados en los supuestos de los preceptos declarados inconstitucionales, en particular a quienes venían obligados a efectuar la declaración conjunta; en segundo lugar, la referencia de la Sentencia a que el impuesto no puede ser liquidado ni exigido en 1988 no supone que puedan liquidarse antes de la ley sustitutoria los ejercicios anteriores; en tercer lugar, la Sentencia no predetermina la retroactividad o irretroactividad de la ley sustitutoria. Según la Sala cuestionante, de todo ello se deduce la constitucionalidad de las normas retroactivas siempre que no conculquen los derechos fundamentales o protectores de la persona; pero, además, apunta el Auto, la irretroactividad ha de conectarse con la arbitrariedad para enjuiciar la constitucionalidad.\nSe citan a continuación diversos párrafos de distintas Sentencias de este Tribunal y, en resumen, se concluye que el art. 15.3 de la Ley 20/1989 es claro en cuanto a su voluntad de mantener las sanciones para los períodos anteriores a su entrada en vigor. Igual sucede con el art. 17 de la misma norma, así como con su art. 19. Sin embargo, en materia de Derecho sancionador son de aplicación los principios básicos del Derecho Penal por tratarse de manifestaciones de la misma potestad; y uno de esos principios básicos es la irretroactividad absoluta de las normas, salvo que resulten mas favorables.\nDe todo ello se deduce que la STC 45/1989 produce "una laguna legal" que impide practicar la liquidación por el impuesto al declarar inconstitucionales determinados preceptos del impuesto sobre la renta. Afirma el Auto que queda claro para todos, incluso para la Administración que ordenó suspender la gestión de las liquidaciones, que durante el vacío normativo no se podía sancionar a nadie puesto que no se podía liquidar. La consecuencia es que si se aplica retroactivamente el nuevo sistema se vulnera el principio de irretroactividad en materia sancionadora, máxime si se considera que la situación de los recurrentes, antes obligados a declarar conjuntamente, resultaría o no sancionable por la aplicación retroactiva de la nueva ley en razón del contenido de ésta.\nSe realizan a continuación algunas apreciaciones sobre la actuación del legislador y se concluye que los recurrentes estaban obligados a contribuir por una ley declarada nula por inconstitucional, declaración que produjo un vacío legal que impide la liquidación del impuesto y, por ello, la sanción, que deriva de una nueva ley que se les aplica retroactivamente. Además, aun cuando se argumente que las infracciones y sanciones no han sido alteradas, tal cosa sería admisible, aún cuando discutible, en determinados supuestos de infracciones formales, pero no en aquellos casos en los que la infracción consiste en la fijación de un tipo en blanco que remite a preceptos legales que son imprescindibles para la configuración del tipo y han sido declarados inconstitucionales.\nPor todo ello, la Sala acordó elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad acerca de los arts. 15.3, 17 y 19 de la Ley 20/89, en cuanto pudieran vulnerar los arts. 9.3 y 25 de la C.E.\n6. La Sección Cuarta de este Tribunal acordó, con fecha 10 de febrero de 1992, admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, así como publicar la incoación de la cuestión en el Boletín Oficial del Estado. Con la misma fecha se verificaron los traslados acordados.\n7. El Fiscal General del Estado formuló alegaciones. En ellas y tras reseñar los antecedentes, se comienza realizando diversas consideraciones respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, en particular en lo referido a la obligación, que el art. 35.2 LOTC impone al órgano judicial promotor de la cuestión, de especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión, requisito que, aduce el Fiscal General del Estado, es imprescindible para situar la cuestión dentro de la finalidad que le es propia.\nSe colacionan, a este respecto, diversas resoluciones de este Tribunal, como el ATC 664/1985, en el que se señalaba que es necesario que de la validez de la norma dependa la resolución que haya de dictarse, por lo que es exigible que el órgano promotor de la cuestión especifique y justifique en que medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada, añadiéndose que, a falta de tal especificación, no le es posible al Tribunal Constitucional, sin exceder sus competencias, verificar si se cumplen los requisitos establecidos en los arts. 163 C.E. y 35.2 LOTC.\nEn opinión del Fiscal General del Estado, el Auto por el que se eleva la cuestión no explica en ningún momento, ni siquiera mínimamente, que las normas de cuya constitucionalidad se duda sean determinantes para el fallo del proceso subyacente. Los preceptos cuestionados no son mencionados ni en los actos administrativo recurridos ni en la demanda contra ellos interpuesta, y no corresponde que se proceda ahora a declarar, ante la omisión de la especificación exigible, y sustituyendo lo que se debió hacer, que la aplicación de los preceptos cuestionados sea ineludible. Además si se abordara esta tarea sería imposible encontrar una relación directa y lógica entre los que ha de enjuiciarse y los arts. 17 y 19 cuestionados. Por su parte, el art. 15.3 no contiene más que instrucciones sobre la practica de liquidaciones complementarias. En todo caso, correspondía a la Sala haber justificado la dependencia del fallo que se le pedía respecto de los preceptos cuestionados. Por consiguiente, la cuestión que nos ocupa no observa los requisitos formales exigidos en el art. 35.1 LOTC, por lo que procede decretar su inadmisión. Nada impide que tal inadmisión se acuerde ahora puesto que, según el reiterado criterio de este Tribunal, cabe apreciar en Sentencia con sentido desestimatorio, la ausencia de los requisitos procesales (STC 6/1991).\nSubsidiariamente, y aun a los efectos de que, de ser desestimada la cuestión por incumplimiento de los requisitos formales, la Sala la reprodujese salvando las omisiones en que ahora se incurre, algo de lo que hay precedentes, el Fiscal General del Estado se adentra en el fondo del asunto.\nA este fin, comienza señalando que si el precepto constitucional que se reputa infringido es el atinente a la legalidad sancionadora, la presunta inconstitucionalidad quedará circunscrita a aquello que suponga sanción. Por tanto, la liquidación y los intereses de demora, que no son constitutivos de sanción, resultan intachables. Además, la retroactividad de las normas fiscales no se encuentra prohibida por el art. 9.3 C.E., que se contrae al carácter sancionador o restrictivo de derechos (STC 126/1987).\nPor otro lado, un estudio de los períodos impositivos revela que no hay retroactividad alguna en el acta levantada con relación al año 1988, pues la STC 45/1989 precisó que dicho período impositivo habría de regularse según la nueva legislación que se dictase, a lo que hay que añadir que el cuestionado art. 15.3 de la Ley 20/1989 ninguna relación guarda con este acta. Por consiguiente, el análisis debe constreñirse a las actas correspondientes a los años 1986 y 1987.\nPues bien, alega el Fiscal General del Estado que la Ley 20/1989 en absoluto regula sanciones por incumplimientos fiscales: la remisión efectuada por el art. 15.3 de dicha Ley se refiere exclusivamente a las normas de tributación, y las sanciones y recargos son los mismos que existían en las disposiciones anteriores, que no resultaron afectadas por los preceptos declarados inconstitucionales. Las sanciones, de hecho, ni siquiera están reguladas en la ley de renta sino en la Ley General Tributaria y las normas de desarrollo de ésta.\nLa norma sancionadora existía con anterioridad a los hechos inspeccionados: de existir algo no es retroactividad, sino ultraactividad, pues lo que la Ley 20/1989 ha hecho es extender la actividad de las disposiciones sancionatorias hacia el futuro después de que, según se entiende, fueran excluidas del ordenamiento jurídico. La cuestión reside en saber si se ha producido tal exclusión.\nA su juicio, la inconstitucionalidad declarada por la STC 45/1989 residía en los supuestos en los que la declaración conjunta implicase un incremento de la cuota a pagar; en aquellos otros en los que la declaración conjunta no suponía perjuicio, sino beneficio, no había inconstitucionalidad. Por consiguiente, no se ve clara la nulidad de la declaración conjunta, esto es, el precepto que la establecía no quedó expulsado del ordenamiento.\nAsí pues, la citada Sentencia deja incólume el IRPF, por lo que una liquidación correspondiente a anualidades anteriores será válida si se practica conforme a lo ordenado por la Sentencia. De ello se sigue que el art. 4.2 de la Ley no era inconstitucional para los supuestos en los que la declaración conjunta no suponía incremento para los contribuyentes, y ese es aquí el caso. La declaración conjunta siempre le fue favorable al interesado, como demuestra que la eligió para la anualidad de 1988, en la que ya cabía la declaración individual. Por consiguiente, en nada le ha afectado la declaración de inconstitucionalidad y no hay tampoco, pues, efectos retroactivos, como tampoco son retroactivas las consecuencias sancionatorias derivadas de sus omisiones.\nEl carácter concreto de la cuestión de inconstitucionalidad impide hablar de inconstitucionalidad en el modo en que se liquidó el I.R.P.F., y el planteamiento de una posible retroactividad queda extramuros de la cuestión aquí planteada. Además, si se acepta la práctica de liquidaciones para períodos impositivos anteriores no prescritos, no cabe apartar las consecuencias sancionatorias de esas nuevas liquidaciones. La ley no introduce sanciones nuevas ni, mucho menos, un tratamiento innovador y comparativamente desfavorable que autorice la invocación del art. 9.3. C.E.\nPor último, el Fiscal General del Estado puntualiza que nuestro fallo en la repetidamente citada STC 45/1989 no fundamenta pretensión alguna de restitución. No se infiere de él que las autoliquidaciones practicadas no administrativamente firmes no puedan ser inspeccionadas y obtenidas todas las consecuencias legales de los fraudes y evasiones fiscales comprobados. Cualquier otra solución sería contraria a la exigencia constitucional de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.\nPor todo ello, el Fiscal General del Estado concluye solicitando que se desestime la presente cuestión declarando su inadmisibilidad por incumplir las condiciones procesales dispuestas en el art. 35.2 LOTC y, en todo caso, por no ser los preceptos cuestionados contrarios a los principios de legalidad y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables establecidas en los arts. 25.1 y 9.3 C.E.\n8. Se personó en el procedimiento, y formuló alegaciones, como queda dicho, el Abogado del Estado, quien comienza realizando unas precisiones iniciales sobre el objeto y alcance de esta cuestión de inconstitucionalidad. Señala que los preceptos cuestionados se deben integrar por los que regulan las sanciones, que no se encuentran en la Ley 20/1989, y por los que establecen las normas de la propia Ley 20/1989 para determinar las liquidaciones complementarias.\nAñade que en el procedimiento tributario el contribuyente optó por la declaración conjunta, tanto ante la Inspección Tributaria cuanto en su declaración correspondiente a 1988. Por consiguiente, no ha sido preciso, para calcular su deuda tributaria, aplicar las normas tributarias sustantivas de la Ley 20/1989: sólo se han aplicado los criterios y normas contenidos en los arts. 1 a 8 y 20 de dicha Ley, y de esos preceptos el único que tiene trascendencia sobre el cálculo de la deuda tributaria es el art. 4, que es favorable al contribuyente.\nNo hay, pues, vacío legal alguno: las normas que se han aplicado son, en cuanto a la determinación de la cuota, las del antiguo impuesto, y sobre la cuota se han aplicado las sanciones previstas en la Ley General Tributaria en la redacción de 1985, no afectadas por la STC 45/1989. En definitiva, al optar el contribuyente por la tributación conjunta le son de aplicación las normas anteriores, que sólo fueron anuladas por este Tribunal en cuanto fuesen de aplicación necesaria. No hay pues, retroactividad alguna, pues no era necesario para el proceso a quo la aplicación de la Ley 20/1989.\nEs irrelevante, dice el Abogado del Estado, que el recurrente discuta la eficacia de su propia opción, y también lo es que no aparezca la firma de su cónyuge, pues habría bastado la solicitud de la misma para que se aplicase la tributación individual. Todo ello le hace dudar de que se cumplan las condiciones exigidas para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en cuanto atañe al juicio de relevancia. Pero, además, cuando el contribuyente ha optado por la tributación conjunta la aplicación de los arts. 15.3, 17 y 19 ahora cuestionados no comporta retroactividad alguna en materia de sanciones, pues la deuda tributaria se determina conforme a las normas anteriores.\nTampoco cree que haya inconstitucionalidad en los preceptos cuestionados. En primer lugar, el tipo de las infracciones no ha sido en nada modificado por la Ley 20/1989. Los preceptos que regulaban el tipo, anteriores a esta Ley, se encontraban vigentes cuando se realizó la conducta del contribuyente, que fue antijurídica antes de la STC 45/1989 y de la Ley 20/1989, y que lo siguió siendo después.\nEn cuanto a las sanciones, la cuantificación de las mismas tampoco ha variado: se encontraba en vigor al realizarse la conducta antijurídica y sigue subsistiendo después de la modificación legal. Lo único que ha variado es la forma de cálculo del montante de la sanción, ya que ésta se establece sobre la base de la deuda, y la cuantía de ésta puede variar por aplicación de la Ley 20/1989. Pero tampoco este elemento de la sanción varía el tipo ni los demás conceptos de la deuda.\nEl elemento de retroactividad que se incorpora no sólo es mínimo, sino que ni siquiera existe auténtica retroactividad. El Auto que promueve la cuestión la sustenta en el vacío legal producido por la STC 45/1989, luego llenado por las normas de la Ley 20/1989. De la STC 45/1989 no se extrae la inexistencia de un régimen legal aplicable: lo único que se dice es que los preceptos allí enjuiciados no pueden aplicarse al ejercicio de 1988, pero sólo esos preceptos, no la totalidad del régimen legal del impuesto. Por consiguiente, no concurre inexistencia del régimen legal aplicable, y el impuesto se devengó realmente y con título legal. En definitiva, la Ley 20/1989 no contiene innovaciones y, por ello, no hay retroactividad.\nPor lo demás, aunque se considere que existen elementos de retroactividad, no hay infracción constitucional alguna. Tal retroactividad sería constitucionalmente lícita, y la propia Sala promotora de la cuestión no la discute. Ello se deduce de la STC 126/1987, cuya doctrina conduce a la declaración de constitucionalidad de los preceptos impugnados. La justificación de la norma es la adaptación del impuesto a la doctrina de la STC 45/1989, y no hay sorpresa ni arbitrariedad para los contribuyentes. Además, la Ley 20/1989 no altera los elementos esenciales del tributo, por lo que no se vulnera el principio de protección de la confianza. El tipo de la sanción permanece inalterado y también, por tanto, la antijuridicidad de la conducta ilícita. Al recaer la posible retroactividad de la Ley sobre un aspecto concreto del cálculo de la deuda no existe sorpresa posible ni sospecha de arbitrariedad del legislador en relación con el contribuyente infractor, que es en todo momento conocedor de su condición de tal.\nPor otro lado, la eventual retroactividad de la Ley 20/1989 tiene un resultado favorable para el contribuyente infractor. Es generalmente admitida la legitimidad de las disposiciones sancionadoras favorables y retroactivas. Ese es precisamente el caso: la aplicación de la ley a los períodos anteriores a 1988, si se opta por la tributación individual, supone necesariamente una reducción de la deuda tributaria. La sanción se aplica sobre esa deuda menor y será asimismo, por lo tanto, menor. La aplicación de la Ley 20/1989 determina, pues, una sanción de cuantía inferior.\nPor todo ello, concluye solicitando que se dicte sentencia por la que se declare que los preceptos cuestionados son conformes con la Constitución.\n9. Por providencia de 25 de febrero de 1997, se señaló para la deliberación y fallo de la presente cuestión el día 27 del mismo mes.\n1. La cuestión de inconstitucionalidad que plantea el Auto de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se refiere a los arts. 15.3, 17 y 19 de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de adaptación de los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de las Personas Físicas, que admiten la imposición de sanciones por dejar de ingresar las cantidades debidas en relación con los períodos impositivos anteriores a 1988, porque entiende que pueden vulnerar los arts. 9.3 y 25 de la Constitución.\nProcede antes de entrar en dicha cuestión resolver las objeciones sobre la admisibilidad de la cuestión formuladas por el Fiscal General del Estado e, implícitamente, por el Abogado del Estado. En concreto, el Fiscal General señala que ni la Sala de Valencia ha explicado por qué las normas cuya constitucionalidad reprueba son determinantes del fallo ni los actos administrativos recurridos mencionaban los preceptos ahora cuestionados. Tampoco existe en su opinión una relación directa y lógica entre los preceptos cuestionados y la decisión que haya de adoptarse. En consecuencia, no se habría cumplido con el requisito, previsto en el art. 35.2 LOTC, de justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión, por lo que procedería declarar su inadmisión, ahora desestimación.\nCierto es que el Auto de planteamiento no exterioriza formalmente el juicio de relevancia, pero de tal dato no puede deducirse el efecto pretendido. En el primero de sus fundamentos de Derecho relata los hechos que constituyen la premisa del recurso contencioso- administrativo y en el quinto expone el contenido de los preceptos cuestionados. La interpretación conjunta de ambos fundamentos permite concluir que el órgano proponente ha considerado que los preceptos sobre cuya constitucionalidad alberga dudas son determinantes del fallo que deba dictar.\nNo es tampoco determinante a estos efectos que los actos administrativos impugnados no mencionen expresamente los preceptos ahora cuestionados. La invocación expresa en las actas de inspección del art. 79 a) de la Ley General Tributaria (L.G.T.) según la redacción de la Ley 10/1985, y la falta de toda mención de los preceptos de la Ley 20/1989 puede explicarse por la relación existente entre ambos bloques normativos. Los preceptos ahora cuestionados se limitan a prever genéricamente la imposición de sanciones tras la entrada en vigor de esta última Ley en relación con los períodos impositivos anteriores a 1988; pero no tipifican las infracciones ni determinan las sanciones, función encomendada en nuestro ordenamiento a la L.G.T. Por lo tanto, la cita expresa en las actas inspectoras del mencionado art. 79 a) de la L.G.T. presupone, lógicamente, la aplicación de los preceptos del Capítulo Tercero de la Ley 20/1989, entre los que se encuentran los ahora cuestionados. La aplicación por las actas de la Inspección de los citados artículos de la Ley 20/1989 puede deducirse sin excesivas dificultades contrastando la fecha en que se extienden las actas y los períodos impositivos a que se refieren.\nEn cuanto a la relación entre los artículos cuestionados y la decisión que deba adoptarse en el proceso a quo hay que convenir con lo alegado por el Fiscal General del Estado cuando pone de manifiesto la falta de una relación directa y lógica entre lo que haya de resolverse y los arts. 17 y 19 de la Ley 20/1989. El 17 se refiere literalmente a "las actuaciones iniciadas por la Inspección de los Tributos con posterioridad al 2 de marzo de 1989, en relación con los sujetos pasivos que no presentaron declaración ni autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas correspondientes al período impositivo 1987 o anteriores no prescritos"; pero tanto las actas de la Inspección como el fundamento jurídico 1º del Auto de planteamiento de la cuestión señalan que el sujeto pasivo y su esposa presentaron en el plazo reglamentario las correspondientes liquidaciones, lo que excluye la aplicabilidad en el caso controvertido del mencionado art. 17. A su vez, el art. 19 de la citada Ley 20/1989 regula las nuevas liquidaciones que se practiquen a consecuencia de la anulación de los procedimientos recaudatorios en curso; pero ni del contenido de los actos de la Inspección, ni del relato de los hechos incluido en el Auto de planteamiento, puede deducirse que concurran los presupuestos exigidos para la aplicación del mencionado precepto.\nSí debe en cambio admitirse la relevancia del art. 15.3 para la decisión del proceso a quo. La liquidación impugnada en la vía contencioso-administrativa entra en las previsiones de dicho precepto y no se advierten razones suficientes que impidan su aplicación al caso enjuiciado. Podría discutirse si sería aplicable el apartado tercero del art. 15 o alguno de los apartados sucesivos; pero puesto que la selección de la norma que estima de aplicación al caso, por imperativo del art. 117.3 C.E. corresponde al órgano judicial proponente de la cuestión, debe considerarse que optó por el párrafo 3º del citado art. 15 y éste debe ser el objeto de nuestra decisión.\n2. Dicho art. 15.3 de la Ley 20/1989, que forma parte del Capítulo Tercero sobre régimen transitorio de los períodos impositivos anteriores a 1988, dispone: "Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes, cuando la Administración Tributaria revise actos firmes o practique cualquier tipo de liquidación con posterioridad al 2 de marzo de 1989, en relación con las autoliquidaciones o liquidaciones citadas, las deudas tributarias pagadas, determinadas o liquidadas inicialmente tendrán la consideración de mínimas a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, practicándose exclusivamente las liquidaciones complementarias que puedan proceder, incluidas, en su caso, sanciones o intereses de demora, según las reglas y criterios de tributación establecidos en los Capítulos anteriores de la presente Ley. A estos efectos las deudas tributarias satisfechas o adeudadas conjuntamente por los sujetos pasivos componentes de una unidad familiar se prorratearán entre ellos, según las rentas o patrimonio correspondientes a cada uno".\nLa cuestión de inconstitucionalidad no se promueve respecto de la totalidad del precepto transcrito. De la argumentación expuesta en el Auto de planteamiento y de la identificación de los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados se desprende que se suscita únicamente respecto del inciso que permite en su caso incluir sanciones en las liquidaciones complementarias que puedan proceder. Por otra parte, las liquidaciones impugnadas en el recurso contencioso- administrativo corresponden a los períodos impositivos de 1986, 1987 y 1988, pero el art. 15.3 de la citada Ley 20/1989, sólo puede ser aplicado a los ejercicios de 1986 y 1987, pues el 1988 se rige por el Capítulo Primero, como claramente resulta de la inserción sistemática de aquéllos en el Capítulo Tercero y de su tenor literal.\n3. Según el Auto de planteamiento de la cuestión, la STC 45/1989 produjo una laguna legal, un vacío normativo que impide practicar la liquidación al haber declarado inconstitucionales determinados preceptos de la Ley reguladora del impuesto, lo que a su vez no permitiría imponer sanciones. En consecuencia, si se aplicara retroactivamente el nuevo sistema, regulado por la Ley 20/1989, se estaría vulnerando el principio de irretroactividad en materia sancionadora.\nEsa alegación de vacio normativo nos lleva a comenzar negando que un tal vacío se haya producido. La STC 45/1989, al declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 44/1978, reguladores de la tributación conjunta en el I.R.P.F., no produjo una "laguna legal" que impidiese liquidar la deuda tributaria de las unidades familiares en los ejercicios anteriores a 1988.\nDicha Sentencia al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos de la Ley 44/1978 (los arts. 7.3, 31.2 y 34.6) y sólo la inconstitucionalidad de otros (los arts. 4.2 y 24 b), este último en la redacción anterior a la Ley 37/1988) pretendió justamente evitar que se produjese este vacío, aunque en el fundamento jurídico 11, precisando el alcance de dicha declaración de inconstitucionalidad, afirmaba que dichos preceptos «formaban parte de un sistema legal cuya plena acomodación a la Constitución no puede alcanzarse mediante la sola anulación de aquellas reglas, pues la sanción de nulidad, como medida estrictamente negativa, es manifiestamente incapaz para reordenar el régimen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en términos compatibles con la Constitución», y que «la infracción del principio constitucional de igualdad no podría ser reparada, en este caso, mediante la pura y simple extensión a los contribuyentes integrados en unidades familiares del régimen legal establecido para la tributación de quienes no lo están».\nPero de tales afirmaciones no es posible inferir que se hubiese producido el alegado vacío normativo que ya no permitiera practicar las liquidaciones del I.R.P.F. por los ejercicios 1986 y 1987. Nada de esto se expresa en el citado fundamento jurídico 11, que, como señalábamos en la STC 146/1994 (fundamento jurídico 1º), se limita a afirmar la imposibilidad de aplicar al ejercicio 1988 y no a otros, los preceptos cuya inconstitucionalidad declaraba. Las afirmaciones transcritas, de las que el Órgano proponente pretende derivar la existencia de una laguna legal, estaban referidas únicamente a la futura ordenación del I.R.P.F., y tenían como fin evitar que de la declaración de inconstitucionalidad de unos preceptos que formaban parte de un sistema cerrado y articulado -"trabado", decíamos en la STC 45/1989- resultara un régimen del impuesto distinto al pretendido por quien tiene la correspondiente potestad. Por ello advertíamos que, una vez expulsados del ordenamiento determinados preceptos de la Ley reguladora del I.R.P.F. integrados en su sistema, la reordenación del mismo no correspondía a este Tribunal sino al legislador, a quien, efectivamente, cumplía «llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto, sirviéndose para ello de su propia libertad de configuración normativa», que «no puede ser ni desconocida ni sustituida por este Tribunal Constitucional», al que «sólo le corresponde apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de los preceptos enjuiciados». Y es la Ley 20/1989 la que da cumplimiento a dichos pronunciamientos, estableciendo el nuevo sistema aplicable al ejercicio de 1988 y en el futuro.\nEn los ejercicios anteriores a 1988, aún vigente el sistema objeto luego de la STC 45/1989 con todos los derechos y obligaciones derivados del mismo, ningún obstáculo existía a la presentación y liquidación de las declaraciones y, en relación con ello, nada impedía que pudieran cometerse infracciones en el cumplimiento de obligaciones tributarias, se omitiese la presentación de declaraciones, se dejara de abonar la totalidad o parte de la cuota autoliquidada, se omitiesen partidas de ingresos, etc. y se aplicasen en consecuencia las sanciones correspondientes. Es sólo al ejercicio de 1988 al que expresamente se refiere el fundamento jurídico 11 de la STC 45/1989 cuando dice que la ilegitimidad constitucional de los preceptos enjuiciados "hace jurídicamente imposible su aplicación al ejercicio de 1988, puesto que el impuesto a él correspondiente, aunque ya devengado, no puede ser liquidado y exigido de acuerdo con preceptos contrarios a la Constitución" y cuya expulsión del ordenamiento sólo pudo producirse a partir del momento de la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.\nLa denominada "laguna parcial" no se refiere a la existencia de la deuda tributaria ni, en su caso, a la de la infracción y la sanción, sino sólo a la ausencia temporal de reglas con las que determinar la cuantía concreta de aquélla. Mas, esa transitoria imposibilidad de fijación de la cuantía de la deuda (y, por tanto de la sanción) desapareció cuando, de acuerdo con nuestra Sentencia, se promulgó la ley aquí cuestionada. No hay, pues, laguna punitiva alguna, al existir predeterminación legal tanto respecto de la infracción como de la sanción.\nUn diferente entendimiento de los efectos de nuestra STC 45/1989, así como de la pretendida existencia de una laguna legal en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conduciría a resultados incompatibles con las exigencias del deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo consagrado en el art. 31.1 de la Constitución. Y ello, no sólo por la impunidad de comportamientos atentatorios al interés constitucionalmente tutelado de la Hacienda Pública, sino también porque vendría a hacer de mejor condición a quienes incumplieron sus obligaciones fiscales respecto de aquellos contribuyentes respetuosos y cumplidores de sus deberes para con la Hacienda Pública.\n4. La Ley 20/1989, que adapta la normativa del Impuesto a lo resuelto por la STC 45/1989, cumple también con la necesidad determinada por ésta de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones en el régimen legal para "posibilitar la declaración de los hechos imponibles correspondientes a 1988 que ha tenido que ser aplazada", (así lo dice su Exposición de Motivos) y el art. 1 la declara en consecuencia aplicable "a los períodos impositivos comprendidos entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1989". Pero además, como también señala la Exposición de Motivos, "igualmente resulta necesario regular los criterios aplicables en el desarrollo y resolución de los procedimientos relacionados con períodos impositivos anteriores no prescritos" para lo cual el Capítulo Tercerlo articula el que denomina Régimen Transitorio de los períodos impositivos anteriores a 1988, es decir, los ejercicios en los que, como hemos dicho, no existía ningún tipo de vacío legal por hallarse en vigor los preceptos más tarde declarados inconstitucionales. Se refiere a aquellos supuestos en los que por cualquier circunstancia (y no precisamente la de carencia de normativa aplicable) no hubiesen tenido lugar o se hubiesen interrumpido ciertas actuaciones de la Administracion tributaria que por ello hubieran de practicarse después y a las cuales se aplica la normativa articulada por la propia ley, con los efectos del sistema de opción por la declaración conjunta o separada a las liquidaciones que tengan lugar ahora. Supuestos que están contemplados en el art. 15 (revision de actos firmes o liquidaciones que se practiquen después de 2 de marzo de 1989, actuaciones de comprobación o investigación); 16 (resolución de expedientes en tramitación); y 17 (actuaciones inspectoras respecto de sujetos que no declararon). Supuestos en los cuales los preceptos citados prescriben que se impondrán las sanciones correspondientes.\n5. Es evidente que la Ley 20/1989 puede tener efectos retroactivos en cuanto la nueva normativa del impuesto que ella articula cumpliendo la Sentencia de este Tribunal habrá de aplicarse a ciertos hechos acaecidos durante la vigencia de la Ley anterior. Y así, el art. 15.3 dispone que la práctica de liquidaciones complementarias relativas a ejercicios anteriores a 1988 tengan lugar "según las reglas y criterios de tributación establecidos en los capítulos anteriores de la presente Ley".\nCon todo, debe tenerse presente que la retroactividad del art. 15.3 de la citada Ley no se refiere a la tipificación de una infracción tributaria ni tampoco a su sanción, de suerte que lo aplicable no serán unas nuevas normas sancionadoras sino los preceptos correspondientes de la Ley General Tributaria que previamente las establecían.\nEn efecto, aquella Ley no ha significado formalmente innovación alguna del tipo de la infracción definido en el artículo 79 a) L.G.T. en la redacción dada por la Ley 10/1985 y que consiste en dejar de ingresar la totalidad o una parte de la deuda tributaria dentro de los plazos reglamentariamente señalados. Lo mismo cabe afirmar respecto de las sanciones correspondientes a las infracciones graves que, de acuerdo con el art. 87.1 L.G.T. (versión Ley 10/1985), debían ser sancionadas "con multa pecuniaria proporcional del medio al triplo" de la cuota defraudada.\nEn el caso que ha suscitado la cuestión de inconstitucionalidad que se nos plantea, la integración del tipo infractor que describe el art. 79 a) L.G.T. y de las sanciones definidas en el art. 87.1 del mismo texto legal debe hacerse a través de las normas reguladoras del I.R.P.F. en los ejercicios 1986 y 1987. Y es evidente que tales normas, entre las que hay que incluir la Ley 20/1989, en virtud de su art. 15.3, en tanto que integran disposiciones de carácter sancionador, deben también respetar las garantías establecidas en los arts. 9.3 y 25 C.E., en particular, el principio general de irretroactividad in peius de las normas sancionadoras.\nPues bien, no cabe la menor duda de que cuando el art. 15.3 de la Ley 20/1989 establece que en los ejercicios anteriores a 1988 se podrán practicar las liquidaciones complementarias que procedan, incluidas, en su caso, las sanciones o intereses de demora, «según las reglas y criterios de tributación establecidos» en la propia Ley, está admitiendo la aplicación retroactiva de una disposición que, al constituir el complemento indispensable de las normas sancionadoras, como acabamos de señalar, participa también de este carácter a los efectos constitucionales. En efecto, la aplicación de la Ley 20/1989 a períodos impositivos anteriores a su entrada en vigor no incide en el tipo infractor descrito en el art. 79 a) L.G.T., dado que éste, a diferencia de lo que sucede con el delito de defraudación tributaria, se perfecciona con el mero dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria, mediante la falta de presentación de la declaración o la presentación de la misma con omisiones o falsedades. Distinta debe ser la conclusión, sin embargo, para las sanciones que establece el art. 87 L.G.T., que, cuantificadas en función de la cuota tributaria dejada de ingresar, se ven modificadas en el quantum por una decisión del legislativo -la Ley 20/1989- posterior al momento del comportamiento ilícito, circunstancia ésta que puede afectar de modo significativo a la seguridad jurídica de los eventuales sujetos infractores y, por tanto, al principio de legalidad penal establecido en el art. 25 de la Constitución, que «implica también la predeterminación de las penas» (STC 36/1991, fundamento jurídico 8º), y a la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras del art. 9.3 C.E., que garantiza al ciudadano «que no será sorprendido a posteriori con una calificación de delito o con una pena no prevista o más grave que la señalada al tiempo del hecho ilícito» (STC 21/1993, fundamento jurídico 5º).\nConstatado, pues, el efecto retroactivo de la norma legal cuestionada, procede examinar ahora si dicha retroactividad es o no contraria a la Constitución.\n6. Como veníamos diciendo, es evidente que el art. 15.3 de la Ley 20/1989, en tanto norma que integra otra de carácter sancionador (concretamente, el art. 87.1 L.G.T., que determina la sanción aplicable a las infracciones graves tipificadas en el art. 79 a) L.G.T.), supone la aplicación retroactiva de una norma de dicho carácter; sin embargo, no por ello vulnera los artículos 9.3 y 25 de la Constitución.\nEn efecto, según hemos dicho en constante jurisprudencia, la estricta prohibición de retroactividad que establecen tales preceptos está referida únicamente «a la retroactividad en perjuicio del reo, dado que aquélla ha de ceder allí donde, en lugar de cumplirse el fin perseguido por la irretroactividad - protección del autor frente a las penas sobrevenidas-, se produciría un perjuicio para el sujeto» (STC 21/1993, fundamento jurídico 5º; también, SSTC 8/1981, 21/1993 y 177/1994, entre otras); precisamente por este motivo, el art. 2 del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, al igual que hacía el art. 24 del anterior, tras garantizar en su apartado 1º que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración, establece en su apartado 2º que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, previsión ésta que, para el ámbito administrativo sancionador recoge también expresamente el art. 128.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.\nPues bien, con ocasión de un pronunciamiento anterior sobre el art. 15.3 de la Ley 20/1989 (aunque en relación a una cuestión distinta), ya señalamos en nuestra STC 146/1994 que «las nuevas reglas de tributación de los sujetos integrados en unidades familiares, incorporadas por la Ley 20/1989, son, por regla general, más favorables a los sujetos pasivos» [fundamento jurídico 7º A)]; y, desde luego -debemos añadir ahora- como apuntan el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado, la aplicación de dicha ley a los ejercicios anteriores a 1988, si se opta por la tributación individual (alternativa que en todo caso ofrece el art. 2 de la Ley 20/1989), debe suponer una reducción de la deuda tributaria a pagar, esto es, en definitiva, de la cuota eventualmente dejada de ingresar en los citados períodos impositivos y, por ende, de la sanción que pudiera resultar aplicable a la conducta infractora definida en el art. 79 a) L.G.T. Determinando la Ley 20/1989 una sanción de cuantía inferior a la que correspondía antes de su entrada en vigor, hay que concluir necesariamente que su aplicación retroactiva -retroacción in bonum- no vulnera los arts. 9.3 y 25 C.E. Siendo éste el efecto general de la Ley 20/1989, aun admitiendo en hipótesis, que de su aplicación pudiera derivarse en algún caso (que no se nos alcanza) en el ámbito punitivo un efecto perjudicial para los obligados tributarios, tampoco cabría declarar la inconstitucionalidad de la citada norma particularmente teniendo en cuenta que en tales supuestos sería suficiente con aplicar la norma de resultado más favorable al determinar la sanción para respetar el art. 9.3 C.E., que prohibe la aplicación de «una ley desfavorable a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor» (STC 21/1993).\nDesestimar la cuestión de inconstitucionalidad.\nDada en Madrid, a veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.\nDon Álvaro Rodríguez Bereijo, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio D. González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón y don Pablo García Manzano.\nBOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 78 ] 01/04/1997 Amendment 1\nType and record number Cuestión de inconstitucionalidad 88-1992\nDate of the decision 27/02/1997\nEn relación con determinados artículos de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.\nCierto es que el Auto de planteamiento no exterioriza formalmente el juicio de relevancia, pero de tal dato no puede deducirse la inadmisión de la cuestión. En el primero de sus fundamentos de Derecho relata los hechos que constituyen la premisa del recurso contencioso-administrativo, y en el quinto expone el contenido de los preceptos cuestionados. La interpretación conjunta de ambos fundamentos permite concluir que el órgano proponente ha considerado que los preceptos sobre cuya constitucionalidad alberga dudas son determinantes del fallo que deba dictar . [F.J. 1]\nNo es tampoco determinante a estos efectos que los actos administrativos impugnados no mencionen expresamente los preceptos ahora cuestionados. La aplicación por las actas de la Inspección de los citados artículos de la Ley 20/1989 puede deducirse sin excesivas dificultades contrastando la fecha en que se extienden las actas y los períodos impositivos a que se refieren . [F.J. 1]\nDe los artículos cuestionados debe admitirse la relevancia del art. 15.3 para la decisión del proceso «a quo». La liquidación impugnada en la vía contencioso-administrativa entra en las previsiones de dicho precepto y no se advierten razones suficientes que impidan su aplicación al caso enjuiciado; puesto que la selección de la norma que estima de aplicación al caso, por imperativo del art. 117.3 C.E. corresponde al órgano judicial proponente de la cuestión, debe considerarse que optó por el párrafo 3 del citado art. 15, y éste debe ser el objeto de nuestra decisión . [F.J. 1]\nLa pretendida «laguna parcial» producida por nuestra STC 45/1989 no se refiere a la existencia de la deuda tributaria ni, en su caso, a la de la infracción y la sanción, sino sólo a la ausencia temporal de reglas con las que determinar la cuantía concreta de aquélla. Mas esa transitoria imposibilidad de fijación de la cuantía de la deuda (y, por tanto, de la sanción) desapareció cuando, de acuerdo con nuestra Sentencia, se promulgó la ley aquí cuestionada. No hay, pues, laguna punitiva alguna al existir predeterminación legal tanto respecto de la infracción como de la sanción. Un diferente entendimiento de los efectos de nuestra STC 45/1989, así como de la pretendida existencia de una laguna legal en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conduciría a resultados incompatibles con las exigencias del deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo consagrado en el art. 31.1 de la Constitución. [F.J. 3]\nEs evidente que la Ley 20/1989 puede tener efectos retroactivos en cuanto la nueva normativa del impuesto que ella articula cumpliendo la Sentencia de este Tribunal habrá de aplicarse a ciertos hechos acaecidos durante la vigencia de la Ley anterior. Con todo, debe tenerse presente que la retroactividad del art. 15. 3 de la citada Ley no se refiere a la tipificación de una infracción tributaria ni tampoco a su sanción, de suerte que lo aplicable no serán unas nuevas normas sancionadoras sino los preceptos correspondientes de la Ley General Tributaria que previamente las establecían . [F.J. 5]\nNo cabe la menor duda de que cuando el art. 15.3 de la Ley 20/1989 establece que en los ejercicios anteriores a 1988 se podrán practicar las liquidaciones complementarias que procedan, incluidas, en su caso, las sanciones o intereses de demora, «según las reglas y criterios de tributación establecidos» en la propia Ley, está admitiendo la aplicación retroactiva de una disposición que, al constituir el complemento indispensable de las normas sancionadoras, participa también de este carácter a los efectos constitucionales. En efecto, la aplicación de la Ley 20/1989 a períodos impositivos anteriores a su entrada en vigor no incide en el tipo infractor descrito en el art. 79 a) L.G.T., dado que éste, a diferencia de lo que sucede con el delito de defraudación tributaria, se perfecciona con el mero dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria, mediante la falta de presentación de la declaración o la presentación de la misma con omisiones o falsedades. Distinta debe ser la conclusión, sin embargo, para las sanciones que establece el art. 87 L.G.T., que, cuantificadas en función de la cuota tributaria dejada de ingresar, se ven modificadas en el «quantum» por una decisión del legislativo -la Ley 20/1989- posterior al momento del comportamiento ilícito, circunstancia ésta que puede afectar de modo significativo a la seguridad jurídica de los eventuales sujetos infractores y, por tanto, al principio de legalidad penal establecido en el art. 25 de la Constitución, que «implica también la predeterminación de las penas» (STC 36/1991), y a la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras del art. 9.3 C.E., que garantiza al ciudadano «que no será sorprendido «a posteriori» con una calificación de delito o con una pena no prevista o más grave que la señalada al tiempo del hecho ilícito» (STC 21/1993). . [F.J. 5]\nSegún hemos dicho en constante jurisprudencia, la estricta prohibición de retroactividad que establecen tales preceptos está referida únicamente «a la retroactividad en perjuicio del reo, dado que aquélla ha de ceder allí donde, en lugar de cumplirse el fin perseguido por la irretroactividad -protección del autor frente a las penas sobrevenidas-, se produciría un perjuicio para el sujeto» (STC 21/1993; también, SSTC 8/1981, 21/1993 y 177/1994, entre otras); precisamente por este motivo, el art. 2 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, al igual que hacía el art. 24 del anterior, tras garantizar en su apartado 1. que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración, establece en su apartado 2. que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, previsión ésta que, para el ámbito administrativo sancionador, recoge también expresamente el art. 128.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . [F.J. 6]\nArtículo 79 a) (redactado por la Ley 10/1985, de 26 de abril), ff. 1, 5, 6\nArtículo 87 (redactado por la Ley 10/1985, de 26 de abril), f. 5\nArtículo 87.1 (redactado por la Ley 10/1985, de 26 de abril), ff. 5, 6\nArtículo 24 b), f. 3\nArtículo 31.2, f. 3\nArtículo 34.6, f. 3\nArtículo 9.3, ff. 1, 5, 6\nArtículo 25, ff. 1, 5, 6\nEn general, ff. 1, 3 a 6\nCapítulo III, ff. 1, 2, 4\nArtículo 15.3, ff. 1, 2, 5, 6\nArtículo 128.2, f. 6\nCuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6\nExigencias del juicio de relevanciaExigencias del juicio de relevancia, f. 1\nImpuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre la renta de las personas físicas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6\nLiquidaciones tributariasLiquidaciones tributarias, f. 3\nIrretroactividad de las normas sancionadoras desfavorablesIrretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, f. 6\nLagunas legalesLagunas legales, f. 3\nRetroactividad de normas tributariasRetroactividad de normas tributarias, ff. 5, 6\nSanciones tributariasSanciones tributarias, f. 6\nProceso laboralProceso laboral, ff. 2, 3\nReclamación administrativa previaReclamación administrativa previa, ff. 2, 3


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Entrenamiento, Certificaciones, Habilidades, Adelanto: Médicos Y Cirujanos\nLa enseñanza convencional y los requisitos de entrenamiento para los médicos son entre exigir de cualquier ocupación4 años de la escuela del estudiante, 4 años de la escuela médica, y 3 a 8 años del puesto de interno y de la implantación, dependiendo de la especialidad seleccionada. Algunas escuelas médicas ofrecen el estudiante combinado y programas médicos de la escuela esos 6 pasados más bien que los 8 años acostumbrados.\nLos estudiantes de Premedical deben terminar el trabajo del estudiante en la física, la biología, matemáticas, inglés, y química inorgánica y orgánica. Los estudiantes también toman\ncursos en la humanidad y las ciencias sociales. Algunos estudiantes se ofrecen voluntariamente en los hospitales o las clínicas locales a ganar experiencia práctica en las profesiones médicas.\nEl requisito educativo mínimo para la entrada en una escuela médica es 3 años de la universidad; la mayoría de los\naspirantes, sin embargo, tienen por lo menos una licenciatura, y muchos tienen grados avanzados. Hay 146 escuelas médicas en los\nEstados Unidos126 enseña la medicina allopathic y concede a doctor de la medicina (M.D.) grado; 20 enseñan la medicina osteopathic y conceden a doctor de la medicina de Osteopathic (D.O.) grado. La aceptación a la escuela médica es altamente competitiva. Los aspirantes deben someter transcripciones, cuentas de la prueba médica de la admisión de la universidad, y cartas de la recomendación. Las escuelas también consideran el carácter de un aspirante, la personalidad, calidades de la dirección, y la participación en actividades extracurricular. La mayoría de las escuelas requieren una entrevista con los miembros del comité de las admisiones.\nLos estudiantes pasan la mayoría de los primeros 2 años de la escuela médica en laboratorios y las salas de clase, tomando cursan por ejemplo la anatomía, la bioquímica, la fisiología, la farmacología, la psicología, la microbiología, la patología, el ética médico, y los leyes que gobiernan la medicina. También aprenden tomar historiales médicos, examinan a pacientes, y diagnostican enfermedades. Durante los sus 2 años pasados, los estudiantes trabajan con los pacientes bajo supervisión de médicos experimentados en hospitales y las clínicas, cuidado agudo, crónico,\npreventivo, y rehabilitativo el aprender. Con rotaciones en medicina, práctica de la familia, obstetricia y gynecology, pediatría, psiquiatría, y cirugía internos, ganan experiencia en la\ndiagnosis y el tratamiento de la enfermedad.\nDespués de escuela médica, casi todos los M.D.s incorporan una educaciónmédica del graduado de la implantación en una especialidad que tome la forma de adiestramiento en el trabajo pagado, generalmente en un hospital. La mayoría del servicio de D.O.s un puesto de interno que rota de doce meses después de la graduación y antes de incorporar una implantación, que puede durar 2 a 6 años.\nTodos los estados, el districto de Colombia, y los territorios de ESTADOS UNIDOS licencian a médicos. Ser licenciado, los médicos deben graduar de una escuela médica acreditada, aprueban una examinación que licencia, y terminan 1 a 7 años de educación médica graduada. Aunque los médicos licenciados en un estado pueden conseguir generalmente una licencia de\npracticar en otro sin la examinación adicional, algunos estados limitan reciprocidad. Los graduados de escuelas médicas no nativas pueden calificar generalmente para el licensure después de aprobar una examinación y de terminar una implantación de ESTADOS UNIDOS.\nLa certificación de la tarjeta de M.D.s que busca y de D.O.s en una especialidad puede pasar hasta 7 años en el entrenamiento de la implantación, dependiendo de la especialidad. Un examen final inmediatamente después de la implantación o después de 1 o 2 años de práctica también es necesario para la certificación de una tarjeta del miembro de la tarjeta americana de los especialistas médicos (ABMS) o de la asociación americana de Osteopathic (AOA). El ABMS representa a 24 tarjetas de la especialidad, extendiéndose de alergia y de la inmunología a la urología. El AOA ha aprobado a 18 tarjetas de la especialidad, extendiéndose de anesthesiology a la cirugía. Para la certificación en un subspecialty, los médicos necesitan generalmente\notros 1 a 2 años de la implantación.\nEl entrenamiento de un médico es costoso. Según la\nasociación de universidades médicas americanas, en 2004 más de 80 por ciento de graduados médicos de la escuela estaban en la deuda para los costos educativos.\nPueble quién debe tener el deseo para sentir bien a médicos un deseo de servir a pacientes, de ser self-motivated, y de poder sobrevivir las presiones y las largases horas de la educación y\nde la práctica médicas. Los médicos también deben tener una buena manera de cabecera, una estabilidad emocional, y la capacidad de\ntomar decisiones en emergencias. Los médicos anticipados deben estar dispuestos a estudiar a través de su carrera para continuar con