Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional | EA - Eusko Alkartasuna\nInicio » Asuntos Sociales » Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional\nPublicado por Prentsa Bulegoa en ene 27, 2005 en Asuntos Sociales\nPedro Rodríguez Rodríguez, Procurador de los Tribunales y de D., JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, diputado por Bizkaia y portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de D. EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, diputado por Araba-Alava adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de Dña. BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, diputada por Gipuzkoa adscrita al Grupo Mixto (Eusko Alkartasuna) y de Dña. UXUE BARKOS BERRUEZO, diputada por Navarra-Nafarroa adscrita al Grupo Parlamentario Mixto (Nafarroa-Bai), según representación que acredito mediante la presentación del poder que como documento nº 1 acompaño, ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:\nQue por medio del presente escrito, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), dentro del plazo de tres meses que al efecto me ofrece el artículo 42 LOTC, citado, interpongo\ncontra el Acuerdo, de 25 de enero de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el Acuerdo anterior de la misma Mesa, de 19 de enero de 2005, relativo a la calificación y admisión a trámite de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, y mediante el que dicha Mesa decidió que la referida Propuesta se tramitara con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe II, apartado séptimo, de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993, sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía («B. O. C. G.»-Congreso de los Diputados, Serie E, número 255, de 22 de marzo de 1993), en adelante RPCD.\nEn tanto el acuerdo recurrido es aplicativo de la mencionada RPCD y en esa regulación se encuentra el origen directo y necesario de la lesión del derecho fundamental, este recurso se extiende indirectamente contra ella.\nSe acompaña como documento nº 3 copia del Acuerdo objeto de este Recurso de amparo, así como las copias pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del precepto legal citado.\nLa presente demanda de amparo se basa en los siguientes hechos y fundamentos de derecho.\nA nuestro parecer los hechos y antecedentes relevantes en este proceso son los siguientes:\nPRIMERO.- En reunión celebrada el día 19 de enero de 2005, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó calificar y admitir a trámite la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PEPCE) aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 y registrada en la Cámara el 14 de enero del año en curso.\nEl acuerdo en cuestión resolvió aplicar a la tramitación de la PEPCE, el procedimiento previsto en el apartado II RPCD.\nEl procedimiento previsto en el citado apartado II, aplicable, según prescribe el enunciado que encabeza el epígrafe, a la reforma de los Estatutos que se elaboraron conforme a lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Constitución, prevé [Cfr. Punto Séptimo, apartados 1º y 2º] la celebración de un debate de totalidad, como trámite previo a la apertura del plazo de presentación de enmiendas y a la designación, por parte de la Asamblea proponente de la delegación que, por imperativo constitucional y reglamentario, debe reunirse con la Comisión Constitucional del Congreso y asistirle en la determinación, de común acuerdo, de la formulación definitiva del texto estatutario reformado.\nSEGUNDO.- Los Diputados recurrentes solicitaron, de conformidad con el artículo 31.2 Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), la reconsideración del referido acuerdo de la Mesa al entender que la aplicación que con ella se daba a la RPCD y, concretamente, la interposición de un debate y votación de totalidad, viola la garantía que el artículo 151.2 de la Constitución (CE) ofrece a los miembros del Congreso de los Diputados del ejercicio, a través de la Comisión Constitucional de la Cámara, de las facultades inherentes a la formulación definitiva de común acuerdo con los presentantes que designe el Parlamento Vasco, de la reforma estatutaria emprendida por éste último sin supeditación a la previa aceptación o asunción por el Pleno del Congreso de los Diputados de la iniciativa de reforma (documento nº 2).\nAlegaban, asimismo, los recurrentes que la RPCD excede los límites materiales constitucionalmente establecidos para los actos de los órganos parlamentarios orientados a integrar las lagunas reglamentarias, habida cuenta que crean una norma nueva que no se encuentra implícita en el RCD y que no respeta el artículo 151 CE.\nEn el petitum de su escrito los Diputados recurrentes solicitaron a la Mesa lo siguiente:\n1º.- Que reconsidere la decisión de aplicar a la tramitación de la PEPCE, el procedimiento previsto en el apartado II de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, en lo que se refiere a la celebración de un debate de totalidad previo a la apertura del plazo de enmiendas y a la constitución de comisión ad hoc que, con arreglo al art. 151.2 CE y los artículos 137 y siguientes del Reglamento de la Cámara, habrá de examinar y determinar de común acuerdo su formulación definitiva.\n2º.- Que reconsidere la decisión de iniciar la tramitación de la PEPCE con un debate de totalidad que limite, restrinja o impida el ejercicio de la función representativa parlamentaria de los diputados abajo firmantes en los términos de bilateralidad negociada que el art. 151.2 CE y los artículos 137 y siguientes del Reglamento de la Cámara imponen en relación con la reforma de los Estatutos de Autonomía elaborados según el procedimiento previsto en el citado precepto constitucional.\n3º.- Que reconsidere la decisión de incluir en el orden del día del Pleno correspondiente al próximo 1 de febrero, un debate de totalidad sobre el PEPCE.\nTERCERO.- El día 25 de enero de 2005 la Mesa, tras oír a la Junta de Portavoces reunida ese mismo día, desestimó la solicitud de reconsideración y confirmó el acuerdo de 19 de enero (documento nº 3 ). En síntesis, la Mesa basa la desestimación en que el artículo 151.2 CE sólo era aplicable a la elaboración de los estatutos pero no a su reforma. En tal sentido, señala que los antecedentes de ese precepto indican que se suprimió en la ponencia constitucional un inciso en el que se decía que se aplicaría a la reforma estatutaria el mismo procedimiento que para su aprobación, equiparando así a todos los estatutos independientemente de la vía de acceso a la autonomía utilizada en cada caso. Que esa igualación es la que refleja el artículo 145 RCD que prevé expresamente que los estatutos se reforman de acuerdo con lo en ellos establecido y son aprobados por ley orgánica. Al propio tiempo, la Mesa considera que el propio EAPV contiene en los artículos 46 y 47 diversos procedimientos de reforma, de modo que, si estimase la reconsideración solicitada y se aplicara el artículo 151.2 CE a todos ellos, se contravendría lo dispuesto en ambos preceptos estatutarios. Termina diciendo el Acuerdo de 25 de enero, que el debate de totalidad no es ajeno a los procedimientos legislativos regulados en el RCD y que se emplea, incluso, para la reforma constitucional.\n1.- PLAZO: Habiéndose tenido conocimiento del el Acuerdo impugnado el día 26 de enero de 2005 y siendo este el acto que otorga firmeza a la decisión de la Mesa de 19 de enero de 2005, es dicha fecha de notificación la que debe tenerse en cuenta para realizar el cómputo de tres meses establecido en el artículo 42 LOTC.\n2.- LEGITIMACIÓN: La ostentan mis representados en cuanto titulares del derecho fundamental vulnerado (artículo 23.1 y 2 CE), pues el acto parlamentario que se recurre (Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 25 de enero de 2005, documento nº 3), les impide el pleno ejercicio del cargo parlamentario y limita ilegítimamente sus facultades para acordar, en su caso, con la representación del Parlamento Vasco designada al efecto la formulación definitiva del texto de la reforma estatutaria promovida por el Parlamento Vasco de conformidad con los artículos 147.3, 151.2 y 152.2 CE, el artículo 46 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV) y los artículos 137 y siguientes del RCD.\nSon titulares, por tanto, de facultades que el ordenamiento les confiere como propias y características del cargo representativo para el que han sido elegidos e integran el núcleo esencial de la función representativa, su ius in officium, tal y como ha sido definido por las normas citadas pues, como ha declarado en numerosas ocasiones ese Tribunal (entre otras muchas STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6) el derecho fundamental del artículo 23.2 CE, es un derecho de configuración legal cuyo contenido se determina, de acuerdo con la CE y, en su caso, con los estatutos de autonomía, en los reglamentos de las Cámaras Parlamentarias incluyendo no sólo el acceso igualitario al ejercicio de las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas. Un derecho, en fin, que cuando está referido a representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones muestra la inseparabilidad o carácter inescindible de los dos apartados del artículo 23 CE, ya que esa defensa comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución de la representación en los asuntos públicos SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo).\n3.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.\nDe conformidad con el artículo 81.1 LOTC el presente amparo se formula por el procurador que encabeza este escrito, que está además suscrito por letrado en ejercicio.\n4.- REQUISITOS DEL ARTÍCULO 42 LOTC.\n1.- Origen inmediato y directo de la violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE en un acuerdo un acto sin valor de ley emanado de un órgano de las Cortes Generales relativo a la calificación y tramitación de una iniciativa.\nLa violación del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos a través de representantes, reconocido en el artículo 23 CE, por la que se solicita el amparo del Tribunal es imputable de modo inmediato y directo al Acuerdo, de 25 de enero de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el Acuerdo anterior de la misma Mesa, de 19 de enero de 2005, relativo a la calificación y admisión a trámite de la PEPCE, aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, y mediante el que dicha Mesa decidió que la referida Propuesta se tramitara con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe II, apartado séptimo, RPCD.\nEl recurrido es un acto parlamentario sin valor de ley dictado por la Mesa del Congreso en ejercicio de las funciones de calificación y admisión a trámite atribuidas por el artículo 31.1, 4º y 5º, RCD y, más específicamente, de la prevista en este último subapartado.\nEsa es la resolución parlamentaria que hace real y efectiva la lesión del derecho fundamental y que de una forma injustificada y arbitraria supedita la participación de los recurrentes en la fijación, de común acuerdo con las representación del Parlamento Vasco, del texto final de la reforma estatutaria a la previa celebración de un debate de totalidad que se salde con la aprobación inicial de la PEPCE.\nEl hecho de que, en última instancia, la lesión del derecho fundamental tenga su origen en la RPCD, de la que el acuerdo recurrido es mecánica aplicación, no sana en absoluto la violación del derecho, pues como se verá, la mencionada norma supletoria es contraria tanto al RCD como a la CE y debe ser igualmente anulada.\n2.- Firmeza del acto recurrido.\nEl Acuerdo recurrido agota las vías impugnatorias accesibles en el Congreso de los Diputados y otorga firmeza al Acuerdo de 19 de enero.\nEn efecto, de conformidad con el artículo 31.2 RCD, la Mesa decide definitivamente, oída la Junta de Portavoces y mediante resolución motivada, las solicitudes de reconsideración que le dirijan los Diputados o los Grupos Parlamentarios que discrepen de sus decisiones sobre calificación, con arreglo al Reglamento, de los escritos y documentos de índole parlamentaria, la declaración de la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos y sobre la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento (apartados 4º y 5º del artículo 31.1 RCD).\nEl ordenamiento no ofrece ningún otro recurso o cauce procesal que merezca la calificación de procedente, útil y posible para el caso presente y que sea razonablemente exigible.\n3.- Invocación formal del derecho fundamental, tan pronto como, una vez conocida la violación hubiere lugar para ello.\nEl Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 25 de enero de 2005, vulneró el derecho fundamental de participación política a través de representantes reconocido en el artículo 23.1 y 2 CE del se hace invocación expresa y formal en esta demanda.\nLa violación consiste en el sometimiento de la propuesta de reforma estatutaria a un trámite previo de debate y votación de totalidad que no encuentra fundamento en la CE ni en el RCD a cuyo resultado se condiciona la posibilidad de que los Diputados ejerzan en los términos establecidos en el artículo 151 CE las facultades inherentes a la aludida participación en la fijación del texto de la propuesta de común acuerdo con la representación designada al efecto por el Parlamento Vasco.\nEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE REPRESENTANTES (ARTÍCULO 23.1 Y 2 CE) SE CONCRETA EN FACULTADES QUE PREVÉN LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS.\nLa doctrina constitucional sobre el derecho fundamental de participación política a través de representantes ha puesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre los dos apartados del citado artículo 23 CE. Así, la STC 40/2003, de 27 de febrero de 2003, FJ 2, ha declarado:\nEn una línea jurisprudencial que se inicia con las SSTC 5/1983, de 4 de febrero, y 10/1983, de 21 de febrero, este Tribunal ha establecido una directa conexión entre el derecho de los parlamentarios ex art. 23.2 CE y el que la Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues ´puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del art. 23.2, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio´ (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3.a; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3).\nAhora bien, ha de recordarse asimismo, como inequívocamente se desprende del inciso final del propio art. 23.2 CE, que se trata de un derecho de configuración legal y esa configuración corresponde a los Reglamentos parlamentarios, a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios, los cuales, una vez creados, quedan integrados en el estatuto propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, en concreto, hacerlo ante este Tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el art. 42 de nuestra Ley Orgánica (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 7; 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3 a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3).\nSin embargo, hemos precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE. SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3.a; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; y ATC 118/1999, de 10 de mayo).\nMás adelante, la STC 40/2003, FJ 2 precisa que, en relación con la incidencia del ius in officium del cargo parlamentario en las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y de admisión a trámite de los escritos y documentos a ellas dirigidas, se ha de tener en cuenta que:\nel órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea Legislativa, no sus Mesas, que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participación en la cosa pública. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficacia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas, esto es, examinar si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria.\nEn suma, dice el Tribunal,\nla Mesa de la Cámara al decidir sobre la admisión de las iniciativas no podrá en ningún caso desconocer que son manifestación del ejercicio del derecho del parlamentario que las formula y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho y consiguientemente, según hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; que reitera, STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3). Finalmente, ha de tenerse presente también el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal en concreto en relación con el art. 23.2 CE, especialmente cuando este precepto se proyecta sobre el ejercicio del derecho de sufragio, que conlleva que al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental los actores jurídicos opten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de tales derechos (STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3).\nLa jurisprudencia de la que dejamos constancia parte de la premisa de que, por lo general, es el Reglamento parlamentario el que define qué atribuciones en particular integran el ius in officium de los Diputados. Presume, también, como es obvio, que el Reglamento configura esas facultades con pleno respeto a la CE. Desde esa perspectiva, se enuncia el principio de interpretación más favorable al pleno ejercicio de la función representativa. Sin embargo, ese principio, cuyo fundamento se halla en la misma CE (artículo 10.1 CE), ni comienza ni se agota en la fase aplicativa del Reglamento Parlamentario sino que, como es lógico, se proyecta, igualmente, sobre la determinación del contenido de éste y, más en particular, sobre su función configuradora de las facultades que los Diputados -y, en este singular caso, también de las de los miembros del Parlamento autonómico impulsor de la reforma estatutaria- pueden ejercer de acuerdo con la CE. No en vano, el artículo 53.1 CE establece la vinculación de todos los poderes públicos al derecho fundamental de participación política a través de representantes consagrado en el artículo 23 CE, y uno de esos poderes es, sin duda, el Congreso de los Diputados.\nCon más razón, todavía, hay que afirmar la sujeción al mencionado derecho fundamental de las normas supletorias que puedan dictarse por la Presidencia de la Cámara en virtud del artículo 32.2 RCD. La sujeción lo es tanto a la norma de derecho fundamental (artículo 23 CE) como al Reglamento Parlamentario que pretenda integrar, pues como ha reiterado el Tribunal Constitucional (por todas las SSTC 226 y 227/2004, FJ 5), las resoluciones infrarreglamentarias han de limitarse a hacer explícitas y a expresar formalmente las normas que se encuentren implícitamente contenidas en el Reglamento Parlamentario estándoles vedada toda innovación normativa que venga a crear una regla distinta, de distinto valor o no directamente deducible de la norma que pretendan integrar.\nExpuesto en términos generales el alcance de la vinculación de los órganos parlamentarios al derecho fundamental que nos ocupa, veamos, cómo actúa en el supuesto que motiva este recurso de amparo.\nLA POSIBILIDAD DE INTERVENIR DE COMÚN ACUERDO CON LA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO VASCO EN LA FORMULACIÓN DEL TEXTO DE LA REFORMA ESTATUTARIA ES EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ARTÍCULO 23 CE E INTEGRA EL IUS IN OFFICIUM DE LOS DIPUTADOS POR MANDATO CONSTITUCIONAL.\nPara encuadrar debidamente las facultades parlamentarias afectadas por el Acuerdo de 25 de enero de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, tenemos que poner en relación el artículo 151.2 CE con el artículo 145 RCD y la previsión en la RPCD del trámite de deliberación de totalidad y votación previas de las propuestas que, como la PEPCE, están referidas a estatutos elaborados conforme al procediendo previsto en el citado precepto constitucional.\nEl contraste es necesario porque, como ha quedado dicho, no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria.\nAsimismo, tenemos que argumentar que la aclaración de que el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea Legislativa, no sus Mesas, tiene pleno sentido cuando son éstas las autoras de los actos a los que se imputa la lesión.\nEn palabras del Tribunal Constitucional, (STC 40/1983, de 27 de febrero, citando las SSTC 5/1983, de 4 de febrero, y 10/1983, de 21 de febrero):\nel derecho del art. 23.2, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio´ (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3.a; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; y 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3).\nA) CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA COMO NORMAS REFORZADAS DEBIDO AL MARCADO COMPONENTE PACTICIO DE SU ELABORACIÓN Y A LA FUNCIÓN INSTITUCIONALIZADORA DEL AUTOGOBIERNO QUE SE LES ATRIBUYE.\nPara el examen de la violación del derecho fundamental objeto de este recurso ha de tenerse en cuenta que el procedimiento parlamentario en el que se produce es nada más y nada menos que el de la aprobación por las Cortes de la reforma de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, de la expresión normativa e institucional del ejercicio del derecho a la autonomía, que como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se reconoce al Pueblo Vasco o Euskal Herria (artículo 1 EAPV) de acuerdo con el artículo 2 y la Disposición Adicional Primera CE. Un ejercicio que se rige por el principio dispositivo dentro de los márgenes que ofrecen en este supuesto el artículo 149 y la mencionada Disposición Adicional Primera CE y sin que ello implique, como dice la Disposición Adicional Única EAPV, renuncia los derechos que puedan corresponder al Pueblo Vasco como tal en virtud de su historia.\nLa reforma versa, por tanto, sobre la norma que prolonga y da continuidad a la obra constituyente y que completa lo que se ha denominado la Constitución territorial del Estado. Por eso, si importante es que los Diputados puedan ejercer las facultades inherentes a su función representativa cuando se trata de la potestad legislativa o del impulso y control de la acción del Gobierno, más trascendencia tiene, sin duda, que lo hagan cuando se activa un procedimiento de naturaleza cuasi-constituyente mediante el que se sustituye la parte de la Constitución territorial contenida en el EAPV aprobado en 1979.\nPrecisamente la diferente naturaleza de la norma sobre la que versa la reforma un estatuto de autonomía elaborado conforme al artículo 151 CE- debe proyectarse indefectiblemente, en nuestra opinión, sobre el procedimiento destinado a reformarla y traducirse en un haz de facultades específicas y singulares que no existen ni estarían justificadas en el iter legislativo característico de las leyes orgánicas que no tengan ese objeto.\nLo peculiar de los estatutos de autonomía elaborados en su día siguiendo los pasos establecidos en el artículo 151.2 CE es su carácter pacticio, la previsión de una fase negociadora o, si se prefiere, de conciliación entre la representación territorial y los componentes de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Siguen un procedimiento que se aparta del legislativo común al que suele acudirse instrumentalmente para tramitar otros tipos normativos especiales. Tal procedimiento común queda en este caso como camino residual que sólo puede ser aplicado si fracasa la mencionada fase negociadora.\nEl afán del constituyente en hacer posible que los estatutos elaborados a través del artículo 151 CE sean el fruto de un acuerdo es notorio y es ese especial requisito el que, junto con los demás, que cada estatuto introduzca con arreglo a los artículos 147.3 y 152.2 CE, ha llevado a calificarlos por la doctrina como normas reforzadas y atípicas. Normas con forma de ley orgánica (artículo 81.1 CE), pero sujetas a un iter de producción diferenciado en el que no tiene cabida un trámite típico de las proposiciones de ley, como es la toma en consideración, con las que la iniciativa estatutaria tiene cierta similitud por contraste con la habitual en la producción legislativa en la que la regla es que sea impulsada por el Gobierno mediante el correspondiente proyecto. La inexistencia de ese trámite, que sirve para que el Pleno del Congreso decida si asume como propia o rechaza la iniciativa, tiene como explicación hacer posible la negociación. Por eso, la asistencia y concurso de una delegación de la Asamblea de Parlamentarios, cuya finalidad es alcanzar un acuerdo entre ambas partes es elemento constitutivo y sustancial de la elaboración de estos estatutos. Ni qué decir tiene que ese tratamiento diferenciado es inseparable de otras previsiones constitucionales como la Disposición Transitoria Segunda CE que es la que en realidad determina la aplicación del artículo 151.2 a los territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente en el pasado proyectos de estatuto de autonomía, entre los que se encuentran los que hoy forman parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicho en otros términos, el procedimiento paccionado del artículo 151.2 CE no es sino la consecuencia necesaria de la concepción de la autonomía reconocida constitucionalmente a esos territorios y, en definitiva, de la posición de éstos en el sistema constitucional. Una posición que se asume como algo que ya existía y a la que se da continuidad en la Disposición Transitoria Segunda CE.\nFinalmente, a diferencia, también, de las demás leyes orgánicas y de los tramitados por el cauce del artículo 143 CE, estos estatutos han de ser necesariamente ratificados por el cuerpo electoral en referéndum convocado al efecto.\nB) EL RCD ACOGE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DOS TIPOS DE ESTATUTOS Y DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151.2 CE.\nEl RCD concreta cuanto decimos en los artículos 137 y siguientes en los que se aprecia que, aunque la iniciativa en la elaboración de los estatutos a los que nos referimos es siempre externa al Congreso de los Diputados, abre directamente la fase de enmienda y deliberación mediante la constitución de una Ponencia que se desdobla en dos formaciones paralelas que comparten el objetivo común de lograr, o al menos intentar, un acuerdo.\nEsta regulación no sólo se singulariza por la incorporación a los trabajos parlamentarios de quienes no son miembros de la Cámara (como ocurre con los Senadores) sino, también, porque, al prescindir del mencionado trámite de toma en consideración, obliga al Congreso de los Diputados a examinar el contenido de la iniciativa y a deliberar y votar sobre los motivos de desacuerdo que se pudieran presentar. Amplía, así el campo de intervención de la Asamblea de Parlamentarios y elimina la posibilidad de un rechazo o no asunción a limine del proyecto de estatuto por el Pleno de la Cámara Baja. Eso no quiere decir que el Congreso haya de aprobarlo necesariamente, sino que sólo podrá rechazarlo o modificarlo hasta donde estime oportuno, una vez que haya fracasado el intento negociador o conciliador previo.\nC) LA REFORMA HA DE REALIZARSE OBSERVANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EAPV MÁS LOS QUE ÉSTA HA PREVISTO.\nLos principios y reglas que rigen la elaboración presiden, a nuestro juicio, el procedimiento parlamentario de reforma estatutaria.\nLlámese paralelismo de las formas o principio de contrarius actus, lo cierto es que cuando la Comunidad Autónoma decide a través del Parlamento Vasco modificar su norma institucional básica, ha de observarse un procedimiento simétrico al que en su día se aplicó para su elaboración. Es necesaria, por tanto, que se de la oportunidad a la efectiva negociación de su contenido en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con la representación del Parlamento Vasco designada al efecto.\nNo entenderlo así sería tanto como considerar que el ejercicio del derecho de autonomía se agotó con la elaboración del correspondiente estatuto y que la especial posición de los territorios a los que la Disposición Transitoria Segunda CE se refiere se desvanece una vez constituida la Comunidad Autónoma. Es decir, que desde ese instante, la negociación de la modificación del contenido del pacto estatuario original requiere el permiso o anuencia previa del Congreso de los Diputados y, por ende, que su modificación puede ser negada de raíz libremente por el Congreso sin que haya de realizar ningún género de esfuerzo encaminado a conseguir un acuerdo entre la representación autonómica y la Comisión Constitucional del Congreso.\nCiertamente la CE podría haber dado un mayor peso al papel del Congreso en las reformas estatutarias, asimilando en la práctica la tramitación de las propuestas de reforma estatutaria a las simples iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos. Pero, si lo hubiera hecho, habría incurrido en una gran contradicción. Habría degradado el derecho de autonomía sin una justificación deducible de los principios sobre los que se asienta la organización territorial del Estado. Significaría que ese derecho sólo tendría una expresión completa o plena en la fase estatuyente quedando disminuido y condicionado al placet del Congreso a partir de la aprobación del estatuto de autonomía. Desde ese instante, el Congreso quedaría liberado de la obligación que el artículo 151.2 CE impone para la elaboración y no tendría que intentar obtener el acuerdo de la representación autonómica en las sucesivas reformas que la adecuación a la realidad y a la demanda de autogobierno fuera exigiendo. La mera oposición de la Cámara Baja por mayoría simple en una votación preliminar bastaría para vetar cualquier reforma promovida por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco.\nSin embargo, la CE no prevé nada parecido y no lo hace porque, como hemos dicho, sería contradictorio con su propia regulación. Por lo tanto, el silencio sobre cómo se ha de proceder en las Cortes para reformar los estatutos de autonomía aprobados conforme al artículo 151 CE tampoco cabe entenderlo como una apertura a la libérrima configuración de esa disciplina por el RCD el cual, por otra parte, no ha dado el paso que se sugiere. Esto es: Prever un régimen distinto para la aprobación y para la reforma.\nEs lógico y normal que el RCD no lo haya hecho pues los reglamentos parlamentarios han de ordenar y organizar el ejercicio por la Cámara de las funciones que le atribuyen la CE y otras normas del ordenamiento pero no pueden ni deben adentrarse en las materias a las que esas funciones se refieran ni crear trámites que no traigan causa de las mismas y mucho menos cambiar la opción adoptada por el constituyente a la hora de regular un determinado procedimiento. Su papel se ciñe a las reglas internas de la Cámara y en el establecimiento de éstas no ha de deslizarse a un terreno que no le corresponde como es expresar las plurales opciones político-ideológicas o, en este caso, sobre la configuración de la forma territorial del Estado. La exigencia constitucional de que los reglamentos se aprueben por mayoría absoluta es una garantía de que no incurrirán en esa extralimitación.\nPues bien, a juicio de los recurrentes, no hay una razón constitucionalmente admisible ni, tampoco, una justificación técnica o de economía procesal que ampare una alteración del iter definido en el artículo 151.2 CE cuando se proceda a la reforma estatutaria. No existe fundamento para prescindir o condicionar la asistencia y concurso de una delegación representativa de la Comunidad Autónoma en ese proceso. Sí lo hay, por el contrario, para entender que el reforzamiento o mayor fuerza formal pasiva de los estatutos trasciende el momento estatuyente y se prolonga durante toda la vida de la norma y que, en todo caso, los artículos 147.3 y 152.2 CE lejos de constituir una remisión en blanco que opere al margen del artículo 151 CE a lo que habilita no es a prescindir de éste sino a introducir requisitos adicionales. Con ello no se hace sino reafirmar su naturaleza cuasi-constituyente\nLa socorrida alegación de que la reforma no tiene por qué seguir los mismos trámites que la aprobación porque no se previó expresamente así en la CE no se sostiene en absoluto. Supone tanto como admitir una derogación singular del principio del paralelismo de las formas que no encuentra parangón en el ordenamiento. Desconocería que, desde el punto de vista jurídico, la naturaleza y la posición en el ordenamiento del texto estatutario original y del resultante de una reforma son idénticas, que juegan para ambas los mismos límites materiales, que su justiciabilidad no varía un ápice y que es, también, el mismo el grado de protección o fuerza formal pasiva que ostenta frente a las demás normas excepto, obviamente, una hipotética reforma de la CE. Ignora, en fin, que, una vez aprobada una reforma estatutaria, su contenido se integra y se confunde con el que se dio al estatuto en el momento de su producción inicial y pasa a ser la misma cosa. Por eso, han de cumplirse, por lo menos, los mismos requisitos para la elaboración y para su reforma.\nNo es de recibo a estos efectos el argumento que emplea la resolución de la Mesa objeto de este recurso cuando sostiene que la supresión por la ponencia constitucional de la mención que el antecedente en el Anteproyecto de Constitución del artículo 151 CE (artículo 132.2,d]) hacía a la aplicación del procedimiento allí previsto tanto a la elaboración como a las reformas estatutarias significa que no hay simetría entre ambos. Y no lo es porque, en primer lugar, el Anteproyecto sólo contemplaba un tipo de estatuto de autonomía. En segundo lugar, el debate en las Cortes constituyentes sobre ese particular estuvo animado fundamentalmente por el propósito de lograr la corrección sistemática y no por vaciar o rebajar el componente pactista. Además, la mención suprimida no sería sino la explicitación o consecuencia lógica de la naturaleza paccionada de los estatutos que no era imprescindible reiterar. El silencio de la CE también avala la tesis de que se dejaba a los propios estatutos la posibilidad de añadir más requisitos a los ya establecidos con carácter general. En tal sentido, el adverbio solamente del artículo 152.2 CE, párrafo introducido por una enmienda in voce del Diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca Junyent y aprobada por unanimidad, contradice la idea según la cual los constituyentes quisieron asimilar la reforma estatutaria a la de una ley orgánica típica prescindiendo de los elementos negociales. Basta leer el Diario de Sesiones de 16 de junio de 1978 para ver con qué ahínco se vincula esa previsión a la garantía de la autonomía del artículo 2.\nSea como fuere, es de todo punto indiscutible que la remisión de los artículos 147.3 y 152.2 CE para establecer su procedimiento de reforma no se hace al RCD sino a los estatutos y que la hipotética falta de alusión en éstos a la fase de discusión de las propuestas de reforma en el Congreso de los Diputados no cambia su naturaleza jurídica ni merma el carácter pactado de los mismos.\nLa Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 25 de enero aduce que la interpretación mantenida por los solicitantes de la reconsideración entra en colisión con las previsiones como la del artículo 47.1 EAPV en el que se regula otra modalidad de reforma incompatible con la negociación y acuerdo en esa Cámara del texto de la reforma.\nTal objeción carece de validez pues en ese concreto procedimiento no hay renuncia de ninguna clase. Es lógico que si el texto de la reforma estatuaria ha sido ratificado por el cuerpo electoral en referéndum (apartado 1 c]), ni el Parlamento Vasco ni, tampoco, las Cortes, que previamente se habrán declarado formalmente no afectadas por el mismo en virtud de la consulta preceptiva que ha de hacerse a las mismas (apartado 1.b]), deberán añadir nada. En cierto modo, ese trámite establece la relación bilateral y permite, si es preciso, una negociación o acuerdo que evite acudir a la vía del artículo 46 EAPV que se aplica subsidiariamente. En estos casos, la ley orgánica aprobatoria no puede ser otra cosa que el acto formalizador de la reforma mediante el que ésta se integra en el ordenamiento jurídico. No hay en este supuesto negociación del contenido de la reforma en el trámite aprobatorio final en los mismos términos que en el artículo 46 EAPV porque el propio EAPV, haciendo uso de la habilitación del artículo 152.2 CE, la ha articulado de otro modo en un sentido más favorable al derecho a la autonomía. Al fin y al cabo, lo que el artículo 151.2 CE garantiza no es la posición de las Cortes sino la de la Comunidad Autónoma.\nEn cuanto al RCD, su artículo 145 se limita a reiterar el contenido del artículo 147.3 CE que es válido para todos los estatutos sin distinción entre las vías de los artículos 143 y 151 CE. Ahora bien, ese tratamiento indiferenciado sólo alcanza a la forma de ley orgánica y a la consiguiente exigencia de que el texto final de la reforma se someta a una votación de totalidad que habrá de obtener la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Ir más allá y deducir que el procedimiento conducente a la formulación final de la propuesta de reforma ha de ser idéntico para todos los estatutos con independencia de cómo fueron elaborados equivale a ignorar que si algo define a la disciplina constitucional contenida en el Título VIII CE es la diferenciación basada en el procedimiento de elaboración de cada estatuto.\nCreemos, por tanto, que la parquedad del artículo 145 RCD no es indicativa, en absoluto, de la plena disponibilidad de la materia y menos aún de la libre regulación del procedimiento mediante una Resolución supletoria como la RPCD. Quizás lo único que habría que aclarar es que en el artículo 145 RCD está implícita, por imperativo del artículo 151.2 CE, la remisión a los artículos 136 y siguientes RCD y que las menciones a la Asamblea de Parlamentarios que allí se hacen hay que entenderlas hechas a los Parlamentos autonómicos. Ni siquiera sería precisa una Resolución General.\nD) LA RPCD PARTE DE LA SIMETRÍA O PARALELISMO PROCEDIMENTAL ENTRE LA ELABORACIÓN Y LA REFORMA ESTATUTARIAS.\nLa verdad es que el paralelismo y simetría entre elaboración y reforma es tan claro que la propia RPCD lo asume como algo natural. En ella se reproduce, adaptándolo a la realidad autonómica, el procedimiento del artículo 151.2 CE que desarrollan los artículos 137 y siguientes RCD. La norma supletoria no hizo sino explicitar de ese modo una exigencia normativa deducible directamente de la CE, pues hay que pensar que el diseño que resulta del citado precepto constitucional no surgió de la nada ni era independiente de los principios constitucionales sobre los que se estructura el sistema de Comunidades Autónomas. Más bien la regulación del artículo 151.2 CE es la consecuencia de esos principios y, en todo caso, bajo esa u otra fórmula similar, había que lograr la conciliación de la unidad y la autonomía, correspondiendo a ésta, como consecuencia del principio dispositivo, actuar como fuerza activa o iniciadora del proceso conducente al repetido acuerdo final.\nEL ACUERDO DE LA MESA DE 25 DE ENERO DE 2005 PRODUCE UNA LESIÓN EFECTIVA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ARTÍCULO 23 CE DERIVADO DE LA INCLUSIÓN EN LA RPCD DEL TRÁMITE PREVIO DE DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA ESTATUTARIA CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 151.2 CE Y 145 RCD.\nA pesar de que la RPCD vino a asumir el paralelismo entre elaboración y reforma, no ha sido plenamente consecuente con los aludidos principios constitucionales ya que ha introducido subrepticiamente un trámite propio de las proposiciones de ley que desnaturaliza por completo el procedimiento de reforma estatutaria en un sentido que no sólo es contrario al derecho a la autonomía sino que, también, restringe injustificadamente la función representativa de los miembros del Congreso de los Diputados.\nEn efecto, según el apartado Séptimo, párrafo 2 RPCD, una vez publicada la propuesta, se ha de celebrar un debate de totalidad y, si resultara aprobada, se abriría un plazo de enmiendas al que seguiría la fase negociadora propiamente dicha.\nInteresa recordar que en este punto la RPCD se separa de lo previsto en el artículo 151.2º y 3º CE y en los artículos 137 y siguientes RCD. En efecto, si en la norma constitucional se establece expresamente que el examen del proyecto de estatuto por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se realizará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva, no ocurre lo mismo en la RPCD. En lugar de esa fórmula de actuación conjunta, orientada ab initio a la negociación y al pacto, la RPCD inserta como trámite preliminar el debate de totalidad característico, como vimos, de las proposiciones de ley. Es a partir de la superación de ese debate con una votación favorable cuando se retorna al modelo del artículo 151 CE.\nLa reordenación descrita rebaja notablemente los componentes pactistas del artículo 151 CE.\nComo sabemos, este precepto exige que la formulación inicial del estatuto que se someta a debate del Congreso sea fruto de un acuerdo entre la delegación de la Asamblea de Parlamentarios y los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, de suerte que ese acuerdo inicial en tanto implica directamente a dicha Comisión asienta sobre bases sólidas los pasos subsiguientes. Sólo si ese intento fracasa el Congreso recobra o asume su papel ordinario en el procedimiento legislativo.\nLa RPCD sitúa al Congreso en un lugar más alejado y menos comprometido con el éxito de la iniciativa. De hecho, la previsión de un debate inicial, le faculta a decidir si acepta o rechaza de plano la propuesta de reforma. Es decir, sin que tenga que buscar un acercamiento de las posturas entre la delegación del Parlamento autonómico y la Comisión Constitucional del Congreso. Solamente si se supera ese estadio preliminar, se da cauce a la negociación entre ambas representaciones con respecto a las enmiendas parciales.\nEl Acuerdo de la Mesa de 25 de enero pretende justificar el trámite de debate de totalidad diciendo que no es ajeno a los procedimientos legislativos previstos en el Título V RCD y que se aplica a la reforma constitucional.\nNo compartimos tal argumento por varias razones.\nEn primer lugar, ya se ha explicado que los estatutos no son leyes orgánicas como las demás. La CE rodea su elaboración de diversas especialidades y les confiere una posición en el ordenamiento distinta y peculiar como normas institucionales básicas que son de cada Comunidad Autónoma. Pero no sólo eso, la CE también contiene previsiones destinadas a que la reforma estatutaria cuente, en el caso que nos ocupa, con la ratificación en referéndum y habilita a los estatutos para que ellos mismos establezcan otros requisitos adicionales que la dificulten y la hagan inaccesible a cualquier otro normador excepto, claro está, en los supuestos de reforma de la CE.\nTanto en la elaboración como en la reforma -y nos referimos específicamente al EAPV-, la capacidad de proponer a las Cortes la aprobación como ley orgánica del texto correspondiente está reservada a la Asamblea de Parlamentarios en el primer caso y al Parlamento Vasco en el segundo. Ningún otro órgano estatal, ni siquiera las Cortes pueden presentar la iniciativa de reforma directamente ante la Mesa del Congreso sino que es imprescindible que antes la sometan a la aprobación por la mayoría absoluta el Parlamento Vasco en quien reside el monopolio de la propuesta propiamente tal.\nEstando así configurada la iniciativa, de la que carece por completo el Gobierno, ningún sentido tiene la introducción de una especie de toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados.\nLa comparación con la reforma constitucional tampoco sirve para justificar la introducción de debate de totalidad inicial ya que el artículo 168 CE regula un procedimiento mucho más dificultoso para la revisión de la norma fundamental que el que en su día se siguió para aprobarla. Por otro lado, en ese precepto no se ponen en relación como en el caso de los estatutos dos ámbitos institucionales diferenciados (la Comunidad Autónoma que adopta la iniciativa y un órgano general del Estado como es el Congreso que ha de aprobarla) cuya articulación sea preciso ordenar integradoramente. En el artículo 168 CE lo que se persigue es confirmar la voluntad de reforma de los contenidos del texto constitucional que afecta al conjunto de la estructura estatal entendida globalmente, a los que el constituyente quiso dotar de una mayor rigidez antes de proceder, si se obtiene el respaldo de los 3/5 de cada Cámara, a la disolución de las Cortes. Nada que ver con una reforma estatutaria.\nPero el problema fundamental no reside en decidir si tiene lógica o no la existencia de ese nuevo trámite. La cuestión es si, además, cabe deducirlo del artículo 145 RCD a la luz del artículo 151.2 CE. Es decir, si en esas normas configuradoras de las facultades de los Diputados que integran su status representativo en su vertiente de ius in officium se encuentra implícita una regla de ese tenor con un valor de requisito necesario que la RPCD se viera compelida a explicitar en su labor interpretativa y supletoria.\nAsí es contradictorio sostener que el artículo 145 RCD regula esta cuestión y, al mismo tiempo, afirmar que la RPCD no se extralimita en su función supletoria. Si se predica la validez de ésta última será porque hace explícitas normas deducibles del RCD o de la CE, como de hecho hace acudiendo al artículo 151.2 CE. De otro modo, habría que admitir que lo que en realidad hace la RPCD es crear ex novo esas normas, posibilidad que nunca podría darse a la luz de las SSTC 226 y 227, de 29 de noviembre de 2004. En las sentencias citadas se dice, según se recordó en el escrito de reconsideración presentado por los Diputados recurrentes, que los Reglamentos de las Cámaras legislativas pueden ser válidamente integradas mediante normas supletorias o interpretativas encaminadas a suplir una laguna o superar oscuridades que dificulten su correcta intelección. No existe, pues, obstáculo constitucional alguno para la existencia de esta labor de integración normativa que, sin embargo, no es materialmente ilimitada. Las dos sentencias arriba citadas acotan con precisión los límites a los que ha de ajustarse la integración normativa de los Reglamentos parlamentarios:\nA los órganos de gobierno y dirección de la Cámara corresponde la facultad de proveer a esa integración normativa, pero siempre en el entendido de que las normas internas dictadas con ese objeto encuentran su límite en el Reglamento mismo al que interpretan o suplen, de suerte que, a su través, no es jurídicamente lícito proceder a una modificación del Reglamento, sustrayendo esa decisión al Pleno de la Cámara y obviando, además, el requisito de la mayoría absoluta que, para su reforma, establecen la Constitución, los Estatutos de Autonomía y normas de desarrollo directo de los mismos (STC 44/1995, de 13 de febrero, FJ 3), doctrina ya afirmada en nuestra STC 119/1990, de 21 de junio, FJ 5, y reiterada en la posterior STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 7. Una modificación de esa naturaleza no sólo conculcaría la reserva constitucional o estatutaria de Reglamento, sino también, y a su través, los derechos de los representantes políticos a acceder y permanecer en su cargo en condiciones de igualdad con arreglo a lo dispuesto en las leyes, derechos que no pueden desvincularse de aquella reserva, por cuanto sólo al Reglamento parlamentario le cumple, en su ámbito propio, la condición de ley a los efectos del artículo 23.2 de la Constitución. En definitiva, como dijimos en la citada STC 44/1995 (loc. ult. cit.), aquellas disposiciones parlamentarias que, dictadas ultra vires, lejos de suplir o interpretar el Reglamento, manifiestamente innoven o contradigan sus contenidos, implican no sólo una quiebra de la apuntada reserva reglamentaria, sino también una vulneración del citado derecho fundamental.\nTambién se decía en el citado escrito que los preceptos comprendidos entre los artículos 137 y 144 RCD no regulan, expressis verbis, el procedimiento a seguir para la reforma de los Estatutos de Autonomía elaborados y aprobados con arreglo a los mismos. Pero de este hecho no cabe deducir, sin más, que nos hallemos ante una laguna reglamentaria. Antes al contrario, lo que cabe suponer es que el procedimiento de reforma de los Estatutos elaborados de acuerdo con estos preceptos, deberá ser exactamente el mismo que se hubiese seguido para su aprobación inicial. Con la única adaptación formal, derivada del hecho de que la Asamblea proponente ya no será la integrada por todos los diputados Diputados y Senadores elegidos por las circunscripciones afectadas, sino el Parlamento autonómico correspondiente.\nPero es que, además, el hecho de que el artículo 145 RCD se limite a señalar que la reforma de los Estatutos tramitada conforme a las normas en el mismo establecidas requerirá aprobación mediante Ley Orgánica, deja bien a las claras que su voluntad normativa consiste en que, en todo lo demás, a la reforma le sea de aplicación lo establecido en los preceptos que le anteceden para la elaboración de los Estatutos. Algo que ¾insistimos¾ parece particularmente evidente en el caso de los Estatutos del artículo 151 CE, para cuya elaboración se establece un procedimiento singular y único de esencia bilateral o paccionada. Suprimir del procedimiento de reforma las cautelas y garantías encaminadas a asegurar que en la elaboración inicial se de una colaboración negociada entre la representación parlamentaria específica del territorio afectado por el estatuto y la general del Estado, equivaldría a frustrar el sentido y finalidad de tales cautelas, porque haría posible alterar unilateralmente lo acordado de forma bilateral y consensuada entre ambas representaciones.\nEsto supuesto, ha de concluirse que la inclusión de un debate de totalidad como trámite previo a la constitución de la comisión ad hoc que, con arreglo a los artículos 151.2 CE y 137, 138 y 139 RCD, ha de crearse automática e incondicionadamente cuando la Asamblea proponente aprueba un proyecto estatutario, supone introducir en el RCD un contenido normativo que lo altera de manera sustancial y a través de cauces ajenos a la revisión reglamentaria. Pues el silencio del RCD en torno al procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía, sólo puede interpretarse, por elemental sentido jurídico y político, en el sentido de que éste se ajustará estrictamente a lo establecido para su elaboración.\nEn las sentencias arriba citadas, el Tribunal Constitucional ha afirmado [F.J. 5]que\nsólo puede apreciarse la existencia de una laguna jurídica cuando el contenido normativo que se considera en falta puede de alguna manera considerarse implícito en previsiones normativas expresas dotadas de un contenido equivalente. Así ha de ser desde el momento en que con esa técnica se sirve al fin de la ampliación de las facultades inherentes a la función interpretativa, extendiéndola, sin superarlo, hasta el límite de la verdadera creación de normas. Obviamente, la técnica de la corrección de lagunas es inoperante en el caso de quien puede dotar a la norma interpretada con cualquier contenido, pues no precisa para ese fin de más fundamento que el de la sola voluntad de cambio de la situación normativa existente. De lagunas sólo puede hablarse, en sentido propio, por relación a las funciones de interpretación y aplicación de normas sobre cuyo contenido no puede disponer creativamente el intérprete, ampliándose por esta vía su ámbito de actuación posible hasta el límite mismo de la innovación.\nEn el presente caso, la regulación contenida en los artículos 137 a 145 RCD no suministra margen alguno para operar con la técnica de las lagunas. Pese a que sólo el artículo 145 RCD se refiera a la reforma, y lo haga, además, con una concisión extrema, no puede sostenerse la existencia de carencias u omisiones inadvertidas y necesitadas de aclaración, porque el sentido de la regulación reglamentaria ¾por lo demás, inexorablemente sujeta a los límites del artículo 151.2 CE¾ sólo puede ser el de aplicar al procedimiento de reforma estatutaria las mismas garantías de bilateralidad exigidas para el de elaboración. De suerte que cualquier prescripción normativa de rango inferior al del RCD, que quiebre estas esenciales garantías resulta abiertamente contraria a la CE, en la medida en que vulnera la reserva constitucional de Reglamento y, a su través, los derechos de los representantes políticos a acceder y permanecer en su cargo en condiciones de igualdad con arreglo a lo dispuesto en las leyes, derechos que no pueden desvincularse de aquella reserva, por cuanto sólo al Reglamento parlamentario le cumple, en su ámbito propio, la condición de ley a los efectos del artículo 23.2 CE.\nEsta vulneración constitucional se suma a la denunciada con anterioridad, por cuanto que la regulación contenida en los artículos 137 y siguientes RCD que la RPCD contraviene, es la única regulación constitucionalmente posible con arreglo al artículo 151.2 CE; de suerte que, su vulneración, no sólo quiebra la reserva constitucional de Reglamento y el derecho de los diputados a ejercer (ex artículo 23.2 CE) su función representativa parlamentaria en los términos de bilateralidad paccionada que prevé el RCD, sino que impone, además, un procedimiento de reforma estatutaria contrario al establecido para estos Estatutos por la propia norma constitucional.\nA la vista de las consideraciones precedentes, es claro que la respuesta a la pregunta antes formulada es que no, que la regla presuntamente aflorada por la RPCD no se halla en absoluto ni en la CE ni en el RCD sino en la voluntad o falta de acierto del órgano que la emanó. Este vino a crear un control político de nuevo cuño sobre las reformas estatutarias. Se entronizó por ese cauce un derecho de veto del Congreso frente a propuestas de alguna de las Comunidades a las que se aplicó el artículo 151 CE que el Pleno de la Cámara puede ejercer libremente a pesar de que cuenten con el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento autonómico.\nDe ese modo, el equilibrio de voluntades que procura el procedimiento del artículo 151. 2 CE y su indudable proyección integradora quiebra por completo por la decisión unilateral de un órgano interno del Congreso en el ejercicio de una función teóricamente supletoria pero materialmente innovadora en un punto crucial de la Constitución territorial del Estado.\nNo deja de ser llamativo que habiendo tomado como guía el artículo 151.2 CE la RPCD no la siga con fidelidad plena. Si esa era la fuente no explícita debería haberla respetado en su integridad. Si como parece querer entender la Mesa del Congreso de los Diputados, esa fuente está cegada, pues se consumió con la elaboración del EAPV en 1979, la RPCD también se excede al resucitar una regulación extinta.\nLa inconstitucionalidad manifiesta de la RPCD exige su expulsión del ordenamiento parlamentario al que nunca debió incorporarse y, menos aún, en una disciplina de la relevancia constitucional de la reforma estatutaria. Por ello, en la medida que el Acuerdo de 25 de enero de la Mesa del Congreso de los Diputados lo aplica y hace efectivo, la anulación del acuerdo ha de ir acompañada de la remisión que el apartado Séptimo RPCD hace al apartado Tercero. 1 de la misma.\nAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: tenga por presentado este escrito con la adjunta documentación y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y por interpuesto, en tiempo y forma y en la representación que ostento, recurso de amparo contra el Acuerdo de 25 de enero de 205, de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se desestimó la solicitud de reconsideración formulada por los ahora recurrentes contra el acuerdo de la misma Mesa de 19 de enero de 2005, relativo a la calificación y admisión para su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe II, apartado séptimo, de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993, sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía («B. O. C. G.»-Congreso de los Diputados, Serie E, número 255, de 22 de marzo de 1993) y, previos los trámites oportunos dicte Sentencia por la que declare que dicho Acuerdo, así como la citada Resolución, vulneran los derechos fundamentales a que se refiere el cuerpo de este escrito, anulándolos y reponiendo la situación jurídica previa, con la adopción de cuantos pronunciamientos resulten precisos para su plena efectividad.\nSegún se ha razonado en este escrito el origen de la lesión del derecho fundamental, la introducción de un trámite que impide el ejercicio de las facultades inherentes a la enmienda, debate y votación de mis representados con respecto a la PEPCE, está en la RPCD.\nAsimismo, se ha argumentado que la RPCD excede los límites constitucionalmente admisibles para las normas supletorias del reglamento parlamentario.\nPor otra parte, según la jurisprudencia inicial de ese Tribunal, tales resoluciones adquieren desde su publicación el mismo valor de ley que se predica del RCD si bien, desde la STC 119/1990, de 21 de junio, la vía del artículo 42 LOTC se ha tenido por procedente para la impugnación de las resoluciones que tengan por objeto el desarrollo, con vocación de permanencia, de un Reglamento parlamentario y sean susceptibles de una pluralidad de actos singulares de aplicación, abandonándose entonces la línea jurisprudencial que remitía la impugnación de ese tipo de resoluciones al procedimiento del recurso de inconstitucionalidad (STC 118/1988, de 20 de junio).\nAsimismo, las SSTC 226 y 227/2004, FJ1, han declarado que aunque el objeto de la impugnación en amparo debe ser el acto de aplicación de la norma parlamentaria lesiva en origen de los derechos que se dicen conculcados, también es admisible la impugnación inmediata de aquella norma en el supuesto de que sea de directa aplicación (STC 121/1997, de 1 de julio, FJ 3; en la misma línea, STC 192/1991, de 14 de octubre, FJ 2).\nEn el presente caso, sin embargo, la inconstitucionalidad de la RPCD se suscita con motivo de una aplicación que ha tenido lugar años más tarde de su entrada en vigor. Así las cosas, no creemos que la asimilación a efectos impugnatorios de las normas de esa naturaleza a los simples actos sin valor de ley que aplican el RCD impida plantear al Tribunal que, al estimar el recurso de amparo, proceda a la declaración de la inconstitucionalidad de la misma tal y como se prevé en el artículo 55.2 LOTC.\nSuplico que se tenga por causada la precedente petición y así se acuerde.\nSe solicita la adopción de una medida cautelar de carácter positivo consistente en la aplicación del procedimiento contenido en epígrafe II, apartado séptimo.1 RPCD, excepto la remisión que hace al apartado Tercero, pues la inaplicación del trámite previo de debate de totalidad no limita en lo más mínimo la capacidad del Congreso de los Diputados a la hora de dar o negar su aprobación como ley orgánica de la PEPCE. Por el contrario, como se ha dicho repetidamente, la aplicación de la RPCD supondrá la eliminación de raíz de su discusión y de la posibilidad de que pueda alcanzarse un acuerdo entre la representación del Parlamento Vasco y la Comisión Constitucional del Congreso sin supeditarla a la previa aprobación de éste.\nLa adopción de esta medida se revela necesaria ya que la mera suspensión si bien evitaría que la lesión del derecho fundamental se hiciera efectiva, no impediría que la resolución del recurso se produzca demasiado tarde habida cuenta del término medio de duración de los procesos de amparo y el tiempo que falta para la expiración de la actual legislatura del Parlamento Vasco.\nEn definitiva, con una medida como la solicitada quedan a salvo las atribuciones del Congreso de los Diputados, se facilita el debate público e incluso, podría alcanzarse un acuerdo en torno a la PEPCE y no se sacrifica derecho o interés legítimo alguno.\nSubsidiariamente, solicito, de conformidad con el artículo 56 LOTC, la suspensión inmediata del procedimiento parlamentario al que se refiere este recurso y, en concreto, de la celebración del debate de totalidad de la PEPCE, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados convocada para el próximo día 1 de febrero de 2005 a las 16 horas, ya que, si el debate y la votación previstos se realizaran en esa fecha, es evidente que el recurso de amparo perdería su finalidad.\nSe da la circunstancia, por otro lado, que no existe ninguna razón de orden legal que haga imprescindible que la celebración del mencionado debate de totalidad sobre la PEPCE haya de realizarse con la perentoriedad con la que se quiere sustanciar.\nLa PEPCE es por el momento una mera iniciativa que carece de eficacia jurídica ad extra y que, por tanto, ningún perjuicio puede crear. Sin embargo, la celebración del debate y la votación eliminará por completo la posibilidad de ejercicio de los derechos para los que se pide el amparo de ese Tribunal.\nEs todo ello de justicia que pido en Madrid a 26 de enero de 2005.\nRelación de documentos aportados.\n1)\tPoder notarial.\n2)\tSolicitud de reconsideración del Acuerdo de 19 de enero de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados.\n3)\tResolución recurrida.


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ðŸ¥‡ Federico Froebel | Planes & Colegiaturas\nÂ¿CuÃ¡ndo es el regreso a clases presenciales en Oaxaca?\nNiveles educativos de Federico Froebel\nPerfil de Federico Froebel\nÂ¿CÃ³mo se enseÃ±a en Federico Froebel? MÃ©todo Educativo\nPlanteles Federico Froebel\nFederico Froebel: Instalaciones\nInscripciones en Federico Froebel\nHorario Extendido: 15:00\nEl colegio Federico Froebel es una instituciÃ³n privada que cuenta con mÃ¡s de 51 aÃ±os de experiencia en la educaciÃ³n escolar de los niÃ±os que cursan los niveles educativos: preescolar, primaria,secundaria y preparatoria. Posee grandes logros y reconocimientos en la comunidad acadÃ©mica de todo MÃ©xico; su educaciÃ³n se basa en un modelo integral con el objetivo de que egresen de la instituciÃ³n siendo hombres y mujeres preparados para enfrentar los retos venideros en el futuro. Esta es la Ãºnica instituciÃ³n educativa en Oaxaca autorizada para impartir el programa de Bachillerato Internacional.\nSi deseas conocer los costos, requisitos de admisiÃ³n, instalaciones, modelo educativo, idiomas, programas de becas, niveles educativos que imparte y demÃ¡s servicios que el colegio tiene preparado para ti, continÃºa leyendo el artÃculo.\nPreescolar Federico Froebel Primaria Federico Froebel Secundaria Federico Froebel Preparatoria Federico Froebel\nEl Colegio Federico Froebel cuenta con las siguientes caracterÃsticas:\nTiene mÃ¡s de 51 aÃ±os como instituciÃ³n educativa en niveles desde preescolar hasta preparatoria.\nOfrece una educaciÃ³n bilingÃ¼e impartiendo el 50% de las clases en inglÃ©s y un 50% en espaÃ±ol.\nTiene un programa de becas.\nOtorga la certificaciÃ³n del Bachillerato Internacional.\nSus alumnos han participado en el Modelo de las Naciones Unidas (MUN).\nOfrece un programa de intercambio estudiantil en el extranjero.\nRealiza campamentos internacionales para reforzar la comprensiÃ³n del idioma inglÃ©s y francÃ©s.\nEn el 2010 obtuvo el reconocimiento como una de las mejores preparatoria del paÃs en la prueba enlace.\nTu hijo recibirÃ¡ 3 horas semanales de francÃ©s.\nCuenta con instalaciones modernas, vanguardistas y exclusivas para ofrecer una educaciÃ³n de calidad.\nPosee un servicio de enfermerÃa para la atenciÃ³n de los estudiantes en caso de presentarse alguna siniestralidad.\nCuenta con un personal de seguridad y monitoreo de cÃ¡maras de seguridad.\nTiene un eficiente programa de lectura.\nGanadores del 1Â° lugar en el concurso Poetry Contest.\nOfrece mÃºltiples actividades extraescolares.\nConsidera inscribir a tu hijo aquÃ si: Deseas que tu hijo obtenga una educaciÃ³n bilingÃ¼e. Te interesa que tu hijo obtenga un certificado DELF para el idioma francÃ©s. Quieres que tu hijo participe en un programa de intercambio en las mejores escuelas de canadÃ¡ y francia. EstÃ¡s en bÃºsqueda de un colegio que garantice la seguridad de tu hijo.\nFederico Froebel Costos\nPreescolar $ 5,200 $ 3,542\nPrimaria $ 5,900 $ 4,090\nSecundaria $ 6,900 $ 4,350\nPreparatoria y Bachillerato $ 7,500 $ 5,200\nEl modelo educativo del Federico Froebel se basa en una educaciÃ³n integral en la cual los alumnos obtienen los conocimientos a partir de un plan de estudios que combina materias teÃ³ricas y prÃ¡cticas. Como eje fundamental maneja un programa denominado “filosofÃa para niÃ±os” en el cual los estudiantes practican de manera frecuente la lectura y la filosofÃa, siendo una propuesta educativa que brinda a los niÃ±os los instrumentos adecuados para estimular y desarrollar las habilidades de pensamiento y resoluciÃ³n de conflictos.\nLa preocupaciÃ³n de los docentes por la educaciÃ³n de los estudiantes permite que el niÃ±o reciba una educaciÃ³n personalizada basada el logros y excelencia acadÃ©mica, ya que se prepara al alumno para ingresar de manera satisfactoria a los estudios superiores profesionales con todas las capacidades y actitudes necesarias para cumplir con todos los objetivos.\nEl plan educativo se encuentra avalado por la SecretarÃa de EducaciÃ³n PÃºblica y cada profesional docente cuenta con certificaciones que le acreditan como facilitador de conocimientos.\nIdiomas en Federico Froebel\nLa educaciÃ³n bilingÃ¼e se apodera del plan educativo, los estudiantes reciben clases un 50% en espaÃ±ol y un 50% en inglÃ©s.Â Este idioma es impartido desde preescolar hasta preparatoria con distintos niveles de complejidad; el objetivo de un aprendizaje bilingÃ¼e es que los estudiantes adquieran las competencias requeridas para el ingreso en las mejores universidades de MÃ©xico.\nLa finalidad de este programa es que cada alumno adopte el idioma inglÃ©s como segunda lengua nativa, a los estudiantes de primaria a preparatoria se les realiza un examen de admisiÃ³n en inglÃ©s para el cual deben obtener una buena calificaciÃ³n. Aquellos que no logren pasar el exÃ¡men, podrÃ¡n ingresar si mejoran su nivel de inglÃ©s antes de comenzar las clases.\nEl plan de estudios se enfoca en un anÃ¡lisis estructural, actividades literarias con lecturas individuales y grupales en pequeÃ±os grupos de ConversaciÃ³n. Esta organizaciÃ³n del programa ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicaciÃ³n y comprensiÃ³n del idioma.\nAdemÃ¡s, incluye el estudio del idioma francÃ©s en 3 bloques de estudios semanales. El idioma francÃ©s como tercera lengua tiene un enfoque comunicativo, el cual pretende que los alumnos puedan intercambiar ideas, hablar con fluidez, describir el medio ambiente y adentrarse a la cultura de los lugares de donde se habla este idioma.\nEste idioma se imparte desde el tercer aÃ±o de secundaria hasta la preparatoria, los estudiantes cuentan ademÃ¡s con la preparaciÃ³n necesaria para obtener el certificado DELF del idioma.\nEsta instituciÃ³n imparte una educaciÃ³n laica, tiene una libertad de culto y no se apega a ninguna religiÃ³n. El principal enfoque es impartir una educaciÃ³n basada en valores, justicia y equidad.\nEl colegio Federico Froebel no ofrece dentro de su programa educativo, una educaciÃ³n especial. Esto debido a que no cuenta con los espacios acondicionados para el uso y trÃ¡nsito de niÃ±os con capacidades especiales. AsÃ mismo, tampoco cuenta con el personal docente para la ejecuciÃ³n de programas y proyectos especializados en una educaciÃ³n personalizada.\nSi deseas ubicar un colegio dentro de MÃ©xico que tenga un programa de educaciÃ³n especial, ingresa aquÃ.\nEl colegio Federico Froebel cuenta con una sola sede ubicada en Oaxaca; la misma cuenta con una edificaciÃ³n moderna en donde se imparten los niveles educativos desde preescolar hasta primaria. Si deseas visitar las instalaciones de este centro educativo te dejamos su ubicaciÃ³n a continuaciÃ³n:\nEl Federico Froebel cuenta con unas instalaciones amplias, cÃ³modas y totalmente acondicionadas para el uso de la comunidad estudiantil desde los niveles de preescolar hasta preparatoria. Las aulas cuentan con equipos tecnolÃ³gicos de Ãºltima tecnologÃa para que las clases sean interactivas, mediante el uso de proyectores de videos y ordenadores personales.\nLos laboratorios de ciencias y de cÃ³mputo se encuentran equipados con las herramientas necesarias para la ejecuciÃ³n de actividades. Cuenta con canchas deportivas para la practica de deportes como fÃºtbol, baloncesto y voleibol, asÃ como tambiÃ©n un salÃ³n de usos mÃºltiples para las disciplinas de karate, danza, mÃºsica y zumba.\nAsÃ mismo, ofrece el servicio de copiado y reproducciÃ³n de material estudiantil, la biblioteca, cafeterÃa y servicio mÃ©dico.\nEl colegio tiene canchas deportivas en donde los alumnos participan en campeonatos y torneos escolares en las siguientes disciplinas:\nDe la misma manera en que posee dojo estructurado para la prÃ¡ctica de karate y un salÃ³n de usos mÃºltiples para la ejecuciÃ³n de actividades como danza y zumba.\nPara el desarrollo de actividades recreativas, el colegio dispone de pasillos cÃ³modos, un patio central para la ejecuciÃ³n de juegos tradicionales, bancos y zonas verdes en donde los estudiantes pueden disfrutar de sus horas de descanso.\nDe igual manera, el colegio ofrece un taller de teatro y de mÃºsica para potenciar las capacidades artÃsticas de los niÃ±os.\nLos laboratorios de Ciencias se encuentran equipados con todos los insumos y las herramientas que necesitan los alumnos para la ejecuciÃ³n de actividades cientÃficas.\nEl laboratorio de cÃ³mputo cuenta con las unidades de ordenadores necesarias para que un nÃºmero de aprÃ³ximadamente 15 alumnos puedan recibir clases de informÃ¡tica con computadores de Ãºltima tecnologÃa y los programas informÃ¡ticos actualizados para la preparaciÃ³n actualizada de los estudiantes.\nLa biblioteca es un pequeÃ±o espacio en donde se alberga un grupo selecto de libros de diferentes Ã¡reas del saber para el uso de los estudiantes desde primaria hasta preparatoria. Dentro de las instalaciones de la biblioteca se ubican sillas y mesas para que los estudiantes puedan realizar sus tareas de manera cÃ³moda.\nSi hay algo que preocupa a la mayorÃa de los padres de familia es la alimentaciÃ³n de sus hijos en el colegio. Si formas parte de esa comunidad de padres, no tienes de que preocuparte, porque el colegio ofrece un menÃº alimenticio variado y saludable supervisado por un nutricionista, lo que permite que tu hijo pueda adquirir alimentos y bebidas que contribuyan a una alimentaciÃ³n que incluya los requisitos nutricionales necesarios para crecer sanos y fuertes.\nLas actividades extraescolares se diseÃ±an con el fin de que los alumnos puedan desarrollar y potenciar las habilidades deportivas y artÃsticas que cumplan con los estÃ¡ndares necesarios para la ejecuciÃ³n de actividades como hobbie o profesiÃ³n. Dentro de las actividades extraescolares se encuentran:\nIntercambios estudiantiles en CanadÃ¡ y Francia.\nCampamentos de inglÃ©s y francÃ©s.\nLa convocatoria de inscripciones al colegio Federico Froebel se encuentran abiertas durante todo el aÃ±os. Sin embargo, cuenta con una fechas especÃficas para realizar el proceso formal en el cual asisten la mayor cantidad de representantes, esto se da en los meses de Julio y agosto. Si quieres que tu hijo ingrese al colegio debes cumplir con los siguientes requisitos:\nSolicitud de beca para Federico Froebel\nEl colegio Federico Froebel cuenta con un programa de becas para apoyar a los padres de familia que cuenten con dificultades econÃ³micas para cancelar las colegiaturas cuyos hijos cuentan con un historial acadÃ©mico excelente. Para acceder a la beca, tu hijo deberÃ¡ contar con los siguientes requisitos:\nSer alumno inscrito en la instituciÃ³n.\nContar con un promedio igual o mayor a 8.0 en las materias bÃ¡sicas e inglÃ©s.\nContar con inestabilidad econÃ³mica comprobable.t\nSolicitar los formatos, requisitos y reglamento de becas, presentando la carta de motivos, dirigida a la Directora de cada secciÃ³n al correo: asisterectoria@federicofroebel.edu.mx, la cual debe contener:\nÂ Ciclo escolar para el que se solicita la beca.\nEntregar los formatos de solicitud debidamente requisitados en un sobre tamaÃ±o carta color amarillo,acompaÃ±ados de los documentosÂ requeridos.\nSi cumples con los pasos y requisitos anteriormente mencionados, existe la posibilidad de que tu hijo pueda acceder a la beca educativa que otorga el colegio.\nÂ¿El colegio Federico Froebel es el que estÃ¡s buscando para tu hijo? DÃ©janos tus comentarios, dudas o sugerencias que la responderemos a la brevedad; asÃ mismo te invitamos a compartir esta informaciÃ³n con tus contactos y demÃ¡s padres de familia.\nEvalÃºa tu experiencia con Federico Froebel\n0 opiniones de Federico Froebel


+031 484-21-90 ó 91\nEstimados clientes por motivos ajenos a la compañía la linea fija 4842190/91 en este momento se encuentra en mantenimiento. pueden comunicarse al 3015650911 con gusto estaremos respondiendo o al correo electrónico info@productoresasociados.com.co haga clic en el icono de WhatsApp de la pagina ayudaremos\npor Jorge Infante\nEn RODUCTORES ASOCIADOS S.A.S generamos soluciones de alto valor agregado por medio de procesos estandarizados, con un equipo humano altamente calificado para garantizar disponibilidad en la operación y un soporte ágil de forma confiable y segura, generando rentabilidad para nuestros accionistas y satisfacción a nuestros clientes.\nProporcionar la más alta disponibilidad para la operación de nuestros clientes, con el soporte y servicio permanentes.\nGenerar soluciones efectivas de alto valor agregado para nuestros clientes.\nLograr certificaciones que garanticen la calidad de los procesos, aumentando la satisfacción de nuestros clientes.\nLograr satisfacción del cliente con la entrega de producto software de alta calidad.\nConformar un equipo de trabajo sólido, capacitado y 100% efectivo que nos permita prestar un servicio de alta calidad que sobrepase las. expectativas de nuestros clientes.\nImplementar la infraestructura necesaria que permita la innovación tecnológica requerida para el desarrollo del negocio.\nContar con altos estándares de seguridad en los servicios tecnológicos ofrecidos.\nMejorar constantemente la calidad del servicio.\nPromover el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la compañía garantizando el cumplimiento de la política de calidad.\nProductores Asociados S.A.S es una empresa de Tecnología, innovadora y dinámica, reconocida por brindar soluciones de alta calidad para la gestión empresarial en los frentes de Infraestructura, desarrollo de software, procesamiento transaccional y en general en todos los frentes relacionados con las Tecnologías de la Información y las comunicaciones.\n© PRODUCTORES ASOCIADOS. Todos los derechos reservados. Diseño


Ismael Rescalvo: "Estoy contento con este reto" - VAVEL.com\nEl técnico del Deportivo Independiente Medellín dio sus primeras sensaciones entrenando al club paisa, antes de afrontar los compromisos amistosos.\nEl Deportivo Independiente Medellín comenzó esta semana su preparación para la Liga Águila 2018-I, con una serie de entrenamientos previos a los duelos de pretemporada.\nDurante esta etapa de preparación, el técnico español Ismael Rescalvo habló en diálogo con Win Sports sobre las expectativas que tiene con el club antioqueño:\n"Tenemos muchos objetivos, estoy contento con este reto tan importante y esta oportunidad que se nos presenta al cuerpo técnico. Veo muy alegre al equipo, hay caras nuevas, jugadores que empezaron de cero un nuevo año con nuevas expectativas y eso genera motivación".\nDentro de las nuevas incorporaciones está la de Rivaldo Correa, el joven jugador que llega para proyectar su vida profesional: "tiene futuro y esperamos mucho de él. Tiene grandes condiciones, está muy centrado mentalmente y, aunque debemos tenerle paciencia, sabemos que nos va a aportar".\n"La intención es traer un '9' que dé por cerrada la plantilla. En estos momentos, está complicado lo de Cano, porque nuestro presupuesto no llega y las pretensiones son altas, pero aún quedan muchos días para cerrar el mercado", agregó el DT, respecto al tema del delantero argentino, muy pedido por la afición.\nDurante este año, el DIM tendrá varios retos, como su participación en la Copa Sudamericana, torneo en el que debutará ante el Sol de América: "hemos visto algunos partidos de ellos, pero quedan algunos meses para seguir conociéndolo, desde sus jugadores más interesantes hasta el estilo de juego del técnico".\n"Hemos intentado buscar rivales de alto nivel como Deportivo Táchira, Universitario de Perú y los tres partidos en Cartagena, para que nos vayan dando la forma", complementó el estratega sobre la preparación para dicho duelo.\nEl Medellín continuará con los entrenamientos durante esta semana, mientras llega el compromiso del sábado contra Deportivo Táchira en la sede Raúl Giraldo.


Intel lanza su primer procesador específicamente diseñado para portátiles | Hormigatv\nInicio Noticias Intel lanza su primer procesador específicamente diseñado para portátiles\nIntel lanza su primer procesador específicamente diseñado para portátiles\nIntel ha presentado este martes en Pekín (China) un procesador Intel Core i9 de octava generación específico para ordenadores portátiles, que se convertirá en su primer modelo para este tipo de equipos, como ha explicado la compañía en un comunicado. El fabricante ha defendido que este chip es el de “mayor rendimiento” que ha producido para portátiles, y está encaminado al uso de estos ordenadores para la creación de contenidos y el ‘gaming’ de alto rendimiento.\nEsta versión del Intel Core i9 forma parte de una nueva gama de procesadores para portátiles también formada por los modelos i7 e i5. Todos ellos están basados en la lataforma Coffee Lake y en la tecnología de procesado 14nm++, que les garantizan, según Intel, hasta un 41% más de fotogramas por segundo en experiencia de juego y una edición de vídeo 4K hasta un 59% más rápida que la anterior generación.\nLa gama está encabezada por el modelo Intel Core i9-8950HK de octava generación, que es “el primer procesador móvil” de Intel con seis núcleos y 12 hilos. Este componente incorpora la tecnología Intel Thermal Velocity Boost (TVB), que incrementa de forma automática su frecuencia de reloj hasta 200 megahercios si la temperatura es lo suficientemente baja, lo que se traduce en un aumento de la frecuencia de hasta 4,8 gigahercios.\nIntel ha explicado que ha detectado una demanda “creciente” de ordenadores portátiles “increíblemente rápidos” para jugar a videojuegos, que aporten un rendimiento “similar al de los equipos de sobremesa” y que permitan retransmitir y grabar partidas. Además, la empresa ha defendido que el nivel de rendimiento para consumir y crear nuevo contenido “también ha aumentado”. Su nueva familia de procesadores para portátiles permite, entre otras tareas, disfrutar de experiencias en realidad virtual o basadas en la plataforma Windows Mixed Reality.\nLa compañía estadounidense ha habilitado las etiquetas Intel Core i5+, i7+ e i9+,que estarán presentes en modelos como esta nueva gama de procesadores de octava generación para portátiles. Según ha explicado Intel, este identificador especificará que el equipo combina el rendimiento de Intel Core con la memoria Intel Optane.\nArtículo anteriorCuatro heridos y un muerto en ataque a sede de Youtube\nArtículo siguienteAcer presenta su nueva portátil gaming Nitro 5


Diodos - Trabajos finales - 1807 Palabras\nPáginas: 8 (1807 palabras) Publicado: 18 de diciembre de 2011\nDOCENTE\t: ING. OSCAR AMADO RUIZ TORRES\nCURSO\t:\tCIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS\n* DAZA MORALES,NEMIAS\n* ORIHUELA IZQUIERDO, ELOY ANGEL\n* PIÑA LOAYZA, CLEYDI KAROL\nEl siguiente trabajo va dedicado al esfuerzo de cada uno de los que contribuyeron en el desarrollo del siguiente trabajo de investigación; así como padres, docente entre otros.\nEl Diodo, es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solosentido. Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, que consistían en un receptáculo de vidrio o de acero al vacío que contenía dos electrodos: un cátodo y un ánodo. Ya que los electrones pueden fluir en un solo sentido, desde el cátodo hacia el ánodo. Los diodos más empleados en los circuitos electrónicos actuales son los diodos fabricados con material semiconductor. Elmás sencillo, el diodo con punto de contacto de germanio, se creó en los primeros días de la radio, cuando la señal radiofónica se detectaba mediante un cristal de germanio y un cable fino terminado en punta y apoyado sobre él. En los diodos de germanio (o de silicio) modernos, el cable y una minúscula placa de cristal van montados dentro de un pequeño tubo de vidrio y conectados a dos cables quese sueldan a los extremos del tubo.\nEstos y muchos más conceptos de definición de los Diodos, lo veremos en el estudio profundizado de los siguientes capítulos, en el que pondremos de conocimiento los tipos de Diodos, sus campos de aplicación y su evolución a través del tiempo.\nUn diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación dela corriente eléctrica a través de él, en un solo sentido.\nEn 1873 Frederick Guthrie descubrió el principio de operación de los diodos térmicos. Guhtrie descubrió que un electroscopio cargado positivamente podría descargarse al acercarse una pieza de metal caliente, sin necesidad de que este lo tocara. No sucedía lo mismo con un electroscopio cargado negativamente, reflejando estoque el flujo de corriente era posible solamente en una dirección.\nIndependientemente, el 13 de febrero de 1880 Thomas Edison re-descubre el principio. A su vez, Edison investigaba porque los filamentos de carbón de las bombillas se quemaban al final del terminal positivo. El había construido una bombilla con un filamento adicional y una con una lámina metálica dentro de la lámpara,eléctricamente aislada del filamento. Cuando uso este dispositivo, el confirmó que una corriente fluía del filamento incandescente a través del vació a la lámina metálica, pero esto solo sucedía cuando la lámina estaba conectada positivamente.\nEdison diseño un circuito que reemplaza la bombilla por un resistor con un voltímetro de DC. Edison obtuvo una patente para este invento en 1884. Aparentemente notenía uso práctico para esa época. Por lo cual, la patente era probablemente para precaución, en caso de que alguien encontrara un uso al llamado Efecto Edison.\nAproximadamente 20 años después, John Ambrose Fleming (científico asesor de Marconi Company y antiguo empleado de Edison) se dio cuenta que el efecto Edison podría usarse como un radio detector de precisión. Fleming patentó el primer diodotermoiónico en Britain el 16 de noviembre de 1904.


Concentración contra la privatización de la sanidad - Noticias Aragón - El Periódico de Aragón\nLa Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, se concentrará mañana jueves en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para protestar contra la política sanitaria que pretende llevar a cabo la Administración.\nPor un lado, la plataforma, integrada por asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, trabajadores del sistema sanitario y usuarios, denuncia que este mes "se cumplen dos años desde que el PSOE se comprometió a modificar la ley de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión, que propicia la entrada de empresas privadas hasta lo que ahora era público". El colectivo advierte de que esta ley "fue aprobada con los votos del PP, PSOE, CIU y PNV y su vigencia implica que cualquier gobierno autonómico puede seguir privatizando la sanidad".\nAdemás, la plataforma pretende denunciar "el plan de choque" presentado este mes por el Gobierno de Aragón. "Este plan supone un nuevo ataque a la sanidad pública ya que aumentará los conciertos con los hospitales privados".\nEl acto denunciará que ese plan del Ejecutivo se presentó "con la excusa de reducir las listas de espera, pero experiencias anteriores nos demuestran que esas medidas no solo no acortan las listas, sino que provocan un grave deterioro del servicio", apuntaron desde el movimiento.\nLa plataforma contra la privatización de la sanidad exige, pues, la "derogación de la ley" que ahora cumple su segundo aniversario, "la eliminación de los conciertos con la privada y el rescate de los centros y servicios ya privatizados".\nPor BH-JP\t16:19 - 09.11.2011\nLa progresiva privatización de la Sanidad es un hecho. Ignoramos hasta qué punto llegará. La Plataforma quiere que todo sea sanidad pública. Pero para eso hay que defender y dotar de recursos a los profesionales de la pública, y también exigir y controlar su eficiencia, claro. Pero los médicos, enfermeras, celadores, administrativos, estamos vendidos. Y mientras se permita la actividad privada al profesional que trabaja en la pública, esto no mejorará. Menos con un gobierno de derechas, en el que lo preocupante no es que haga esto, sino que acababa de anunciar que iba a hacer justo lo contrario. Más peonadas, más concertación, más derroche y más despropósitos, en mi opinión. Y el resultado se verá enseguida. De momento en seis meses han aumentado las listas de espera y los servicios deficitarios en personal lo siguen siendo mientras que los que menos/peor trabajan son indirecta o directamente premiados con dinero y prebendas por nuestros gestores.