ACUERDOS DE COMITÉ SANITARIO\nMEDIDAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON COLILLAS DE CIGARRILLOS Y FACILITAR SU RECICLAJE O REUTILIZACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA\nEXTRACCIÓN DE REMANENTES DE CUOTAS NO CONSUMIDAS POR PESCA ARTESANAL DURANTE AÑO 2021\nEXCLUSIÓN DE BENEFICIO DE REBAJA DE PENA A CONDENADOS POR CRÍMENES DE CARÁCTER SEXUAL CONTRA MENORES DE EDAD\nNUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE DENUNCIANTE DE ACTOS CONTRA LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA\nSUSPENSIÓN DE LICITACIÓN DE LITIO POR VEINTINUEVE AÑOS PARA QUE GOBIERNO ENTRANTE DECIDA SOBRE SU REALIZACIÓN\nMEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y APOYO A PRODUCTORES DE REGIÓN DE ÑUBLE AFECTADOS POR SINIESTROS Y PLAGAS. OFICIOS\nMEDIDAS PARA EVITAR ATOCHAMIENTOS VEHICULARES EN ACCESO A REGIONES DE ÑUBLE Y BIOBÍO. OFICIOS\nSesión 112ª, en miércoles 5 de enero de 2022\n(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:26 a 18:32)\nConcurrieron, además, presencialmente, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer, y Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.\n--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 16 señoras Senadoras y señores Senadores.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Las actas de las sesiones 106ª a 109ª, en diciembre de 2021, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, para su aprobación hasta la próxima sesión ordinaria.\n-artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981; y 4°, del Decreto Ley N° 2.067 (Rol N° 12470-21 INA; Rol N° 12471-21 INA; Rol N° 12491-21 INA; Rol N° 11763-21 INA).\n-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12532-21 INA; Rol N° 12638-21 INA; Rol N° 12638-21 INA; Rol N° 11980-21 INA).\n-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216 (Rol N° 11877-21-INA; Rol N° 11946-21; Rol N° 11949-21; Rol N° 11930-21-INA; Rol N° 12035-21; Rol N° 12043-21; Rol N° 11973-21-INA; Rol N° 12046-21; Rol N° 11983-21-INA; Rol N° 11988-21-INA; Rol N° 11992-21-INA; Rol N° 12056-21; Rol N° 12017-21-INA; Rol N° 12069-21; Rol N° 12075-21; Rol N° 12105-21; Rol N° 12096-21; Rol N° 12086-21; Rol N° 12112-21; Rol N° 12117-21; Rol N° 12153-21; Rol N° 12106-21; Rol N° 12161-21; Rol N° 12169-21; Rol N° 11441-21; Rol N° 11128-21; Rol N° 11130-21.\nSegundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Boletines N° 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").\n--Se declara inadmisible por incidir en materias de ley de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, N° 2° de la Constitución Política de la República.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, señor Prosecretario.\nA solicitud del señor Vicepresidente y de la señora Presidenta del Senado, informo a la Sala que el día de hoy se llevó a cabo una sesión del Comité Sanitario de la Corporación, presidido por el Vicepresidente, Honorable Senador señor Jorge Pizarro Soto, en la que este organismo se abocó a considerar el cambio de fase de la comuna de Valparaíso en el plan Paso a Paso, acordando reforzar el cumplimiento de los protocolos de las medidas COVID-19 implantados en el Senado en razón de que, a contar del día de hoy, la ya mencionada comuna de Valparaíso, así como la de Viña del Mar, retroceden a fase 3.\nEn términos generales, los acuerdos adoptados son los siguientes:\n-Primero, reiterar, a las señoras y señores Senadores, el cumplimiento de las medidas tomadas anteriormente por el Comité Sanitario de concurrir al recinto con el mínimo de asesores y personal parlamentario, misma exigencia que se efectuará para los asesores de Ministros o Ministras que concurran en representación del Ejecutivo.\n-Segundo, contar con el pase de movilidad habilitado.\nA contar del 1º de enero de 2022, se debe tener la tercera dosis de refuerzo para mantener habilitado el referido pase.\nActualmente en la Corporación se tienen registrados 265 pases de movilidad, de los cuales 9 fueron inhabilitados por no disponer de la tercera dosis. Conforme a informaciones de prensa y medios de comunicación, más de 1 millón de pases de movilidad quedaron inhabilitados a contar del 1º de enero recién pasado.\n-Tercero, realización de test de antígeno cada quince días en el policlínico del Senado, previo al ingreso o inmediatamente de producido el ingreso al edificio.\n-Cuarto, a este respecto y como dato importante, se debe señalar que de abril a diciembre de 2021 se realizaron por la Corporación 4.781 test. Los casos positivos testeados fueron enviados a su domicilio a realizar cuarentena y se efectuó la trazabilidad de todos los contactos estrechos, resultando todos negativos.\n-Quinto, restringir el ingreso de visitas o de personas extrañas al edificio y comunicar la invitación de personas que concurran a él, todas las cuales deberán concurrir con su pase de movilidad al día.\n-Sexto, registrar, al momento de ingresar a los edificios de la Corporación, la temperatura, debiendo llenar, además de la aplicación de datos, el estado de síntomas en el formulario que se encuentra habilitado a través de un link o mediante el código QR ubicado en los accesos del Senado.\n-Séptimo, evitar reuniones donde se otorgue algún tipo de alimentación con el fin de impedir el retiro de las mascarillas.\n-Octavo, prohibir el consumo de alimentos sólidos tanto en el Hemiciclo de la Corporación como en las salas de las Comisiones.\n-Noveno, respetar los aforos de cada oficina según el plan Paso a Paso.\n-Décimo, evitar aglomeraciones de personas en la cafetería, sector de fumadores y sector de prensa.\n-Undécimo, el Departamento de Relaciones Públicas coordinará la realización de los puntos de prensa respetando el espacio habilitado y demarcado para tal finalidad.\n-Duodécimo, cumplimiento del aforo en ascensores, con un máximo de dos personas por cabina.\n-Decimotercero, cumplir las medidas básicas de autocuidado: uso adecuado y permanente de mascarillas, lavado frecuente de manos y distanciamiento físico con un mínimo de 1,5 metros.\n-Decimocuarto, ventilar permanentemente las oficinas y las salas donde se realicen trabajos presenciales, aprovechando la ventilación natural de puertas y ventanas.\n-Finalmente, reiterar todas las medidas de prevención de COVID-19 a través del Área de Comunicaciones.\nEs todo, señora Presidenta, respecto de este punto.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- A continuación, les daré la palabra al Senador Rabindranath Quinteros, a la Senadora Allende y al Senador Moreira, en ese orden.\nCon respecto a la declaración de inadmisibilidad del proyecto de ley presentado por miembros de la Comisión de Pesca, la misma Comisión solicita que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que haga suyo y patrocine el referido proyecto de ley.\nLa industria acuícola, Presidenta, lleva más de treinta y cinco años desarrollándose en el sur de nuestro país. Se trata de una industria que genera más de 61 mil empleos, directos e indirectos, en las Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y sus exportaciones contribuyen con más de 4.500 millones de dólares para nuestro país.\nEn la década de los noventa, para mejorar la calidad de vida de las miles de familias que comenzaban a trabajar en la industria del salmón y en la industria acuícola en general, las inversiones en servicios de parte del Estado (electrificación, agua potable rural, caminos, escuelas, postas, rampas, etcétera) en localidades de alta intensidad acuícola fueron transformando poblados en ciudades, alcanzando niveles de desarrollo económico nunca antes vistos en el sur de Chile.\nEste planificado proceso de política pública atrajo una fuerte inversión nacional y extranjera, consolidando a la industria del salmón como el segundo producto de exportación nacional después del cobre.\nParalelamente, se ha creado todo un ecosistema de emprendedores, con más de 4 mil pymes vinculadas a la actividad salmonera. Sin embargo, esta industria no está exenta de externalidades (sedimentación de materia orgánica en el fondo marino, uso de antibióticos, escapes, mortalidades masivas, patógenos, residuos en playas, etcétera), las que, sumadas a una compleja relación con las comunidades, son algunos de los efectos que esta industria genera en los cuerpos de agua y el litoral de las tres regiones australes.\nEs por ello que el primer asunto que busca regular el proyecto de ley presentado por la Comisión es la creación de una nueva categoría de concesiones de acuicultura llamada "concesiones sustentables", que se explica en el texto. ¡No los voy a latear con el detalle...!\nPor eso, Presidenta, pensamos que la iniciativa es muy importante para el desarrollo de las tres regiones antes aludidas.\nY en segundo lugar, ya que el Presidente de la Comisión de Seguridad, Senador José Miguel Insulza, aún no puede integrarse a esta reunión, solicito postergar la discusión del proyecto que figura en el primer lugar de la tabla para el final de la sesión, por si alcanzare a llegar el referido colega, y si no fuere así, dejarlo para la sesión del próximo martes.\nHe conversado con el Comité de la UDI, que no tendría problemas. El de Renovación Nacional no se encontraba presente.\nEs lo que solicitamos como bancada, Presidenta.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Quinteros.\nSobre lo primero, un planteamiento más que atendible que ya habíamos conversado en alguna oportunidad en la Comisión de Pesca, vamos a oficiar al Gobierno para que haga suya la iniciativa.\nY sobre lo segundo, pediría el acuerdo de la Sala para proceder de la manera que nos ha solicitado el Senador Quinteros, vale decir, dejar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública en tercer lugar, y si no alcanza a incorporarse oportunamente el Senador Insulza, dejarlo para la sesión del próximo martes, en primer lugar.\nLa señora EBENSPERGER.- En primer o segundo lugar.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Bueno, ir bajándolo en la medida en que se integre o no el Senador Insulza.\nEl señor COLOMA.- ¡Muy generoso el sector de acá...!\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Estamos haciendo un ejercicio de generosidad de ambas partes, para lo que viene.\nEl señor COLOMA.- ¡Muy generoso, Presidenta...!\nDígalo y anótelo.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Anote: ¡la generosidad de ambas partes...!\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Allende, y luego, el Senador Moreira.\nLa señora ALLENDE.- Presidenta, lo que alcanzamos a escuchar de lo que leyó el Secretario -estaba un poco bajo el volumen- es bastante preocupante.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Se refiere a la parte sanitaria?\nLa señora ALLENDE.- Sí, Presidenta.\nCreo que debiéramos tomar conciencia de que lamentablemente, si bien es cierto que la variante ómicron no parece ser más letal ni producir probablemente hospitalizaciones agudas o casos graves, la verdad es que su nivel de contagio es muy alto. Y aquí nosotros tenemos a Valparaíso, Viña del Mar y Concón con retrocesos que implican aforos menores.\nSi no escuché mal, incluso me pareció oír del Secretario que habría nueve personas sin el pase de movilidad actualizado. ¡Eso es inaceptable! A este edificio no puede entrar nadie que no tenga su pase de movilidad vigente. ¡Nadie, Presidenta! Estamos poniendo en riesgo a mucha gente. Es simplemente inaceptable que estén en el Congreso, que incluso tengamos un solo caso sin su pase de movilidad actualizado. Quiere decir que esa persona no se esforzó en reforzar su vacuna, y creo que eso no lo podemos aceptar.\nYo no sé si se hará una investigación al respecto, si habrá algún tipo de sanción, pero no puede ser que alguien circule por este edificio sin tener reforzada su vacunación.\nY lo segundo, Presidenta -se lo digo sinceramente a los Comités, a la Mesa y a los colegas-, es que nos anticipemos -ojalá no sea así- a la posibilidad de que los casos sigan aumentando y, frente a esa situación, evaluemos la opción de trabajar también por Zoom, al menos en las Comisiones, si fuere necesario. Ya lo hicimos perfectamente bien. Nadie faltó, incluidos los invitados, y se avanzó muchísimo.\nPor lo tanto, Presidenta, sugeriría tomar las medidas necesarias para anticiparse, para prevenir; considerar muy en serio que estamos llegando a un nivel de contagio muy alto. Se ha hablado de que a mediados o fines de enero se estaría llegando a más de 3 mil casos diarios. Y debemos estar conscientes de lo que está pasando, como dije, en Concón, Valparaíso y Viña del Mar.\nEn consecuencia, pido que ojalá este tema sea visto por los Comités y se tomen medidas para flexibilizar el funcionamiento de las Comisiones, que es distinto del de la Sala.\nY sobre lo que señalaba el Secretario, Presidenta, espero que usted tome las acciones correspondientes, pues pienso que nadie puede circular en este Congreso, ¡nadie!, que no tenga actualizado su pase de movilidad.\nSobre el primer punto, efectivamente había nueve personas que no tenían sus vacunas al día y por eso no pueden circular por el Senado. No podemos tomar sanciones contra ellas, porque la vacunación es voluntaria, pero no pueden estar en el edificio, que es algo que ya se había instruido. Obviamente, vamos a ver qué ocurre con esos nueve casos.\nRespecto a lo segundo, Senadora Allende, es un tema que nosotros, como Oposición, hemos conversado más de una vez y hemos planteado en reuniones de Comités, pero se requiere la unanimidad de estos para que las Comisiones puedan funcionar de manera telemática, acuerdo que no hemos logrado, aunque sí para las Comisiones Mixtas, donde participan los Diputados, que sí tienen consenso al respecto. Obviamente, la situación actual amerita que lo volvamos a conversar, pero ello se debe hacer en reunión de Comités.\nEn cuanto al funcionamiento de la Sala, hay una reforma constitucional, presentada por el Senador Elizalde y quien habla, para volver a las sesiones mixtas. Sin embargo, no sé en qué estado se encuentra esa moción en la Comisión de Constitución, pero es una materia que obviamente requiere una reforma constitucional.\nRespecto a los temas que usted ha mencionado, tendrán que verlos los jefes de bancadas, pero no es nuestra intención que las sesiones de Sala, al menos, sean telemáticas. Creo que no corresponde. No hay voluntad para aquello en la mayoría de la UDI. No puedo hablar por todos.\nEl señor MOREIRA.- Por otra parte, Presidenta, pido ampliar el período de indicaciones para el boletín N° 13.588-07, correspondiente al proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, que vence mañana. Solicitamos ampliarlo hasta el próximo lunes 10 de enero, al mediodía.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Senador Moreira.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Coloma.\nEl señor COLOMA.- Presidenta, brevemente, en atención a la alusión que usted ha hecho respecto de que algunas bancadas opositoras -entre ellas la del Senador Montes- estarían a favor de cambiar las reglas para que en estas circunstancias pudiéramos funcionar en forma telemática, yo quiero ratificar nuestra posición, que podrá gustar o no, pero que tiene sentido: hoy día existe una norma constitucional -hay un informe muy completo de la Secretaría sobre el particular- que establece la obligatoriedad de la presencialidad en las sesiones de Sala, que solo puede exceptuarse (se hizo una reforma constitucional en este Congreso) cuando hay estado de excepción y cuarentena. Si se dan esos dos escenarios, obviamente existe amparo constitucional para proceder de esa manera.\nA mí me parece -yendo al fondo del asunto- que el Parlamento es justamente para parlamentar; tiene una naturaleza presencial evidente y esencial.\nPor eso, frente a algunas peticiones formuladas para generar unanimidades en esta materia, quiero señalar que nosotros somos un partido que cree que una parte muy importante de la representación comprende también la capacidad de entenderse y de discrepar, pero físicamente, no por vía virtual.\nDicho sea de paso, hay un informe internacional que señala que la mayoría de los parlamentos han estado volviendo a la presencialidad precisamente por esta clase de argumentos. La lógica va en ese sentido.\nCon las Comisiones ocurre lo mismo, sin perjuicio de lo cual hemos accedido a que en las Mixtas -donde hay Diputados y, por tanto, una dificultad en los aforos, cuestión que es distinta- se pueda emplear el sistema telemático como una forma de poder legislar, pero de manera excepcionalísima.\nYo entiendo que hay que tener cuidado y prevenir los contagios, y siempre vamos a estar dispuestos a revisar la situación. Si esta se hace insostenible, se establecerán el estado de excepción y la cuarentena pertinentes. Ojalá que no ocurra. Si bien es cierto que ha habido un aumento muy grande en los contagios, afortunadamente la nueva variante es mucho menos letal que las anteriores, lo cual es una buena noticia dentro de todo lo malo.\nPero como se hizo referencia al tema, Presidenta, yo por lo menos quería precisar los fundamentos de por qué nosotros somos partidarios de la presencialidad, por el sentido último que tiene, por el aspecto constitucional involucrado, y la razón de por qué mantenemos nuestra posición, sin perjuicio de estar siempre alertas respecto a que si hay un cambio de circunstancias se pueda evaluar de forma diferente.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador Coloma.\nAgregaría solo un punto, que creo que no mencionó usted, y es que en el último acuerdo de Comités se resolvió autorizar a las Comisiones para sesionar de manera telemática, hasta el 31 de diciembre del 2021, cuando uno o más de sus integrantes tuvieran un resultado positivo de COVID-19, lo que se prorrogó hasta el 10 de marzo.\nVale decir, cuando hay algún integrante que tiene resultado positivo, es declarado contacto estrecho por la autoridad sanitaria o se ve impedido de desplazarse al lugar donde se celebra la respectiva sesión por motivo de salud que sea factor de riesgo en relación con la enfermedad, ese integrante puede sesionar de manera telemática. Esto se prorrogó hasta el 10 de marzo de 2022.\nEl señor SANDOVAL.- ¿Por quién?\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Está prorrogado y aprobado por Comités.\nEl señor SANDOVAL.- ¿Dónde? ¿En Comisiones?\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Sí, en Comisiones.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Navarro, y después la Senadora Provoste.\nPresidenta, la Comisión de Pesca envió a la Sala el proyecto de ley boletín Nº 14.715-21, que establece la remanencia de las cuotas de pesca, de manera excepcional, que no hayan sido capturadas el 2021.\nQuiero preguntarle a la Mesa si hay posibilidad de incorporar este proyecto de ley, que viene con una pequeña...\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Está en Fácil Despacho, Senador Navarro.\nEl señor SANDOVAL.- ¡Se incorporó!\nEl señor NAVARRO.- ¿Está en Fácil Despacho para ahora?\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- El proyecto de colillas de cigarrillos y el de pesca.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Lo vimos con el Presidente de la Comisión.\nLa señora PROVOSTE.- Presidenta, hoy en la Comisión de Minería y Energía, de manera unánime, acordamos aumentar la cantidad de sesiones para sacar adelante el proyecto de royalty.\nPor lo tanto, queremos solicitar a la Sala que nos autorice, a partir del próximo miércoles, para sesionar en paralelo desde las 18:00.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Si les parece, entonces,...\nLa señora EBENSPERGER.- Hay varias votaciones que debemos hacer, Presidenta.\nEl señor COLOMA.- Pero hay nombramientos la próxima semana.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- No. Dice la Senadora Provoste que a partir de las 18:00. Los nombramientos, entiendo, son antes.\nLa señora PROVOSTE.- De la próxima semana.\nEl señor COLOMA.- Tenemos nombramientos martes y miércoles.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- En la medida que no entorpezca la sesión no hay problema.\nLa señora PROVOSTE.- Nos ajustamos.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Respecto de los proyectos de ley de colillas de cigarrillos y de pesca se consultó a todos los jefes de Comités para poder incluirlos en la tabla, y, de manera unánime, se aceptó incorporarlos como Fácil Despacho.\nLes pediría, para poder avanzar en las otras iniciativas, que ocupemos el procedimiento que hemos estado utilizado en estos proyectos, esto es: el relato del Secretario, la intervención del Presidente de la Comisión y la votación.\nBoletín N° 12407-12\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Partimos, entonces, por el proyecto de ley de colillas.\nLe pido al Secretario que haga la relación, y luego que se prepare el Presidente de la Comisión.\nLa señora Presidenta pone en discusión el informe de la Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y facilitar su reciclaje o reutilización.\n--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 12.407-12 y 12.821-12, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- El proyecto inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la que aprobó el texto compuesto de dos artículos permanentes, el primero de los cuales consta de seis numerales.\nPosteriormente, en el segundo trámite constitucional, el Senado introdujo diversas enmiendas a la iniciativa, las que fueron aprobadas por la Cámara de origen, con la salvedad de aquella que eliminó el número 1 del artículo 1º, norma que exigía que los filtros y las colillas de cigarrillos que se comercializaran dentro del territorio nacional fueran fabricados con materiales biodegradables.\nDicha modificación fue rechazada dando lugar a la formación de una Comisión Mixta, la que por unanimidad de sus miembros presentes propuso, como forma y modo de resolver las divergencias, lo siguiente:\nPrimero, aprobar la modificación propuesta por el Senado en cuanto a eliminar el número 1 del artículo 1º, que se encuentra en la página 3 del comparado elaborado al efecto.\nSegundo, aprobar el inciso segundo, nuevo, que se formula respecto del artículo 11 de la ley y que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, con el texto contenido en la letra a), del numeral 3, del artículo 1º del proyecto, que se encuentra entre las páginas 5 a 7 del comparado.\nCabe señalar que, en sesión de 4 de enero de 2022, la Cámara de Diputados, Cámara de origen, aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta.\nEl Senado debe pronunciarse respecto de las proposiciones efectuadas por la referida Comisión.\nEn el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional, rechazadas parcialmente por la Cámara de origen; la proposición de la Comisión Mixta, y el texto final de aprobarse dicha propuesta de la Comisión.\nLe damos la palabra al Senador Quinteros.\nSenador Quinteros, ¿usted va a hacer este informe o no? ¿O Medio Ambiente?\nEl señor QUINTEROS.- Medio Ambiente.\nSenadora Órdenes, tiene usted la palabra.\nLa Comisión Mixta, formada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, se constituyó el día martes 14 de diciembre de 2021, con la asistencia de la mayoría de sus miembros, Honorables Senadores señoras Isabel Allende Bussi y Ximena Órdenes Neira y señores José Miguel Durana Semir y Rafael Prohens Espinosa, y Honorables Diputados señores Ricardo Celis Araya, Camilo Morán Bahamondes, Gastón Saavedra Chandía y Daniel Verdessi Belemmi, para abordar la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.\nLa Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y que facilita su reciclaje o reutilización, el que contemplaba dos artículos permanentes, el primero de ellos compuesto por seis numerales.\nEl Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados, las cuales fueron aprobadas por la Cámara, con excepción de la enmienda recaída en el numeral 1 del artículo 1º, que no fue respaldado por esa rama del Congreso Nacional en el tercer trámite constitucional.\nEl mencionado numeral 1 del artículo 1º, aprobado por la Cámara de Diputados y que el Senado rechazó en el segundo trámite constitucional, incorporaba en el artículo 9º de la ley Nº 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, el siguiente inciso tercero, nuevo: "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables.".\nLa eliminación por parte del Senado del referido numeral se fundamentó en la necesidad de evitar profundizar la errónea creencia de que las colillas de cigarrillos, por el hecho de ser biodegradables, son inocuas, en circunstancias de que no lo son, y de que, por el contrario, son de alta toxicidad.\nEn tanto, según explicó el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Honorable Diputado señor Celis, la moción iniciada en esa Cámara señalaba, originalmente, que las colillas de cigarrillos debían ser reciclables, disposición que fue desechada y reemplazada por la que establece la obligación para que las colillas y filtros que se comercialicen en el país sean fabricados con material biodegradable.\nDurante el debate en la Comisión Mixta hubo consenso en cuanto a que, si bien los filtros pueden ser biodegradables en su origen, una vez que se aspira el cigarro y se produce la combustión, el filtro o la colilla recogen la totalidad de sus elementos contaminantes, por lo que la mantención de la norma podría producir un grave daño a la salud de las personas y al medio ambiente.\nLa Comisión Mixta estuvo conteste en que la norma controvertida produciría ambigüedades, y no descartó que la industria del tabaco pudiera obtener beneficios de la norma aprobada en primer trámite, aduciendo que es posible fabricar filtros biodegradables y publicitarlo como algo beneficioso.\nOtro aspecto considerado por la Comisión Mixta se refiere a la inconsistencia de la norma propuesta en el numeral 3 del artículo 1º, que incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 11 de la ley Nº 19.419, que obliga a instalar recipientes o contenedores en lugares en los que está prohibido fumar, ya que por una parte prohíbe fumar y por la otra obliga a disponer de basureros para depositar las colillas de cigarrillos, contradicción que se resolvió por la Comisión Mixta en el modo que se indica en su informe.\nComo forma de resolver la controversia suscitada entre ambas Cámaras, la referida Comisión Mixta acordó lo siguiente: primero, aprobar la modificación propuesta por el Senado al numeral 1 del artículo 1° en el segundo trámite constitucional, y segundo, intercalar en la letra a) del N° 3 del artículo 1°, entre las expresiones "h) del inciso anterior," y "si estos lugares", la expresión "salvo en los lugares en que se prohíbe fumar,".\nSe deja constancia de que, en sesión celebrada el 4 de enero en curso, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta.\nPor lo anterior, y en atención a que los acuerdos transcritos se acordaron por la unanimidad de sus miembros, ya que permiten solucionar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, vengo en proponer a la Sala acoger el informe de la citada instancia bicameral.\nBoletín N° 14715-21\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos al segundo proyecto de Fácil Despacho.\nLa señora Presidenta pone en discusión el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanentes no consumidos de cuotas anuales de captura durante el año 2021 para los recursos y regiones que indica.\n--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.715-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- El proyecto de ley tiene por objeto establecer una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de los remanentes de cuotas no consumidas por la pesca artesanal durante el año 2021 para los recursos sardina común (Strangomera bentincki), sardina austral (Sprattus fuegensis) y anchoveta (Engraulis ringens), en la Región de Atacama, en la Región de Coquimbo y en las Regiones de Valparaíso a Los Lagos, y en el caso de la merluza común (Merluccius gayi gayi) y merluza austral (Merluccius australis), entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos.\nLa Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único, y acordó unánimemente proponer que la Sala lo considerara del mismo modo.\nLa referida Comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval, y lo propio hizo en particular, por la misma unanimidad, con la enmienda que consigna en su informe.\nEl texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 5 y 6 del referido documento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.\nLe ofrecemos la palabra al Presidente de la Comisión de Pesca, para que rinda el correspondiente informe.\nEste proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, se inició por moción de los Honorables Diputados señores Leonidas Romero y Gastón Saavedra.\nSe hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión lo discutió en general y en particular por tratarse de un proyecto de artículo único, y acordó, unánimemente, proponer que en la Sala fuera considerado del mismo modo.\nEl proyecto en informe no requiere quorum especial de aprobación.\nSu principal objetivo es establecer una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanentes de cuotas no consumidas por la pesca artesanal durante el año 2021 para los recursos de sardina común, sardina austral y anchoveta, en la Región de Atacama, en la Región de Coquimbo y en las Regiones de Valparaíso a Los Lagos, y en el caso de la merluza común y la merluza austral, entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos.\nEl proyecto fue aprobado tanto en general como en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval, incorporando a la Región de Coquimbo en lo relativo al remanente del recurso anchoveta.\nLa Comisión propone a la Sala la aprobación general y particular de la iniciativa.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Rabindranath Quinteros.\nSometo el proyecto a la consideración de la Sala.\n--Se aprueba en general y en particular el proyecto.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos al Orden del Día.\nBoletín N° 13046-07\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Tal como lo solicitó el Senador Rabindranath Quinteros, corresponde ocuparse del proyecto que figura en el segundo lugar del Orden del Día.\nLa señora Presidenta pone en discusión particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad.\n--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.046-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este asunto calificándola de "discusión inmediata".\nEl proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado en su sesión de 11 de agosto de 2021 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos o numerales de la iniciativa que no hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones.\nAdemás, la mencionada Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.\nSus Señorías tienen a disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.\nVamos a darle la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución para que rinda el informe, y luego nos han pedido intervenir los Ministros de Justicia y de la Segprés.\nDon Pedro Araya, tiene usted la palabra.\nEn mi calidad de titular de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar acerca del proyecto que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (boletín N° 13.046-07), iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y en segundo trámite constitucional.\nPara su despacho se ha hecho presente la calificación de urgencia con el carácter de "discusión inmediata".\nEl análisis de este asunto por parte de la Comisión contó con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, quien vino acompañado por el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela; el Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinoza; la Jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo; la Jefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, señora Marcela Corvalán, y los abogados de la División Jurídica señores Ignacio Gaete y Felipe Rayo.\nEl proyecto de ley tiene por objeto excluir a quienes sean condenados por delitos que atenten contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente de la posibilidad de acceder a los beneficios regulados en la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.\nEsta iniciativa, mediante un artículo único conformado por cuatro numerales, introduce diversas enmiendas a la mencionada ley, que en definitiva agregan a los condenados por los referidos tipos penales a aquellos que estarán impedidos de acceder al beneficio de la rebaja de condena.\nLa Comisión introdujo una serie de modificaciones, todas aprobadas por la unanimidad de sus miembros presentes, entre las que destacan las siguientes.\nPrimero, se suprime la integración de un abogado nombrado por el Ministerio Público, a través de la respectiva Fiscalía Regional, de la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena, órgano competente para efectuar la calificación de comportamiento necesario para acceder a los beneficios previstos en la ley.\nSegundo, se establece que la referida Comisión deberá tener en consideración informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas, elaborados previamente para la postulación a algún beneficio intrapenitenciario o la libertad condicional. En caso de no contar con ellos, deberá solicitar informes confeccionados especialmente para los fines de la presente ley, los que deberán ser realizados por profesionales que se desempeñen en Gendarmería de Chile.\nEn tercer lugar, se elimina la regulación de la reclusión parcial contenida en el artículo 16 de la ley N° 19.856.\nPor último, se incorpora un artículo transitorio que dispone que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el artículo 16 de la ley N° 19.856, sobre reclusión parcial, continuará vigente para la aplicación de los beneficios ahí señalados respecto de los condenados cuyo comportamiento fuere presentado a calificación a la Comisión de beneficio de reducción de condena con anterioridad a la publicación de esta ley.\nEs cuanto puedo informar, señor Presidente, proponiendo que se apruebe este proyecto.\nMuchas gracias, Senador señor Araya.\nMe ha solicitado la palabra a distancia el señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.\nAprovecho de saludarlo y de saludar asimismo a las Senadoras y Senadores que asisten a esta sesión; al Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan José Ossa, quien tuvo amplia participación en esta iniciativa cuando era Subsecretario de Justicia.\nMuy brevemente, porque ya el Presidente de la Comisión ha informado lo sustantivo de lo que se trata, el presente proyecto busca excluir de los beneficios de rebaja de condena, establecidos en la ley N° 19.856, a las personas que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de dieciocho años.\nEsta iniciativa se inscribe, como lo explicaba cuando se presentó en la discusión general, dentro de una política que ha desarrollado el Gobierno, en un trabajo mancomunado con el Congreso, para fortalecer la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y les recuerdo el trabajo que desplegamos con la ley que finalmente se aprobó de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de dieciocho años de edad; lo mismo respecto del proyecto que se despachó no hace mucho, y que fortalecía el Registro de Ofensores Sexuales y establecía la inhabilidad perpetua para trabajar con menores de edad en caso de que se cometieran delitos sexuales en contra de menores de dieciocho años.\nEn esa misma línea se inscribe el presente proyecto, porque resulta bastante violento enterarse de que hace algunas semanas se produjera precisamente el otorgamiento de una rebaja de condena porque se cumplían los requisitos. Y cada vez que nosotros hemos rechazado a alguien es porque no consideramos, por la naturaleza del delito que cometió, que pueda ser favorecido con un beneficio que a veces puede alcanzar a los seis meses. En el caso mencionado, una persona que había violado a cuatro menores recibió treinta meses de rebaja de condena, porque cumplía con todos los requisitos. ¡Y no se pudo evitar!\nSi no otorgamos el beneficio, las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema nos obligan a hacerlo, por lo que nos pareció que había que cortar de cuajo esta posibilidad.\nEs lo que persigue el proyecto, que aprobó en forma unánime la Cámara de Diputados, y ahora el Senado -como ha dicho el Senador Araya, quien preside la Comisión de Constitución- le introdujo algunos cambios que no voy a repetir, que nos parecieron extraordinariamente valiosos para fortalecer y mejorar la iniciativa, y así vamos construyendo en conjunto una política pública para la protección de niños, niñas y adolescentes.\nPor eso que estamos muy agradecidos del trabajo de la Comisión y esperamos que estas modificaciones, que han logrado perfeccionar el proyecto, nos permitan aprobarlo también por unanimidad, para que muy pronto sea ley de la república y que no tengamos en nuestras conciencias el peso de la responsabilidad de estar otorgando un beneficio a personas que difícilmente puedan tener rehabilitación.\nVamos a proceder a ofrecer la palabra.\nPero como estamos en la discusión en particular, lo que podríamos hacer para ir avanzando es abrir la votación, si hubiera acuerdo, y otorgar la palabra para la fundamentación del voto.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Entiendo, señor Secretario, que vamos a realizar una sola votación.\nTiene la palabra para fundamentar su voto el Senador Iván Moreira.\nEn verdad, como padre, como hermano, como hijo, como ser humano, como político, como cristiano, solo puedo compartir el horror, el sufrimiento, la pena que puede significar que un ser querido, en especial un niño, sea víctima de un crimen tan horroroso como aquellos que afectan su indemnidad sexual.\nAun tan grave y revictimizador puede ser que ese violador o ese asesino salga libre, en virtud de beneficios carcelarios, y vuelva a cometer esos delitos asquerosos: nuevas víctimas, nuevas familias destrozadas por algo que se pudo prevenir. Y esto lo hemos vivido con múltiples casos en el país, sobre todo en la Región de Los Lagos y en Puerto Montt, donde estos verdaderos delincuentes salen libres gracias a estos beneficios.\nLos gravísimos casos que hemos conocido en los últimos años nos obligan a enfrentarnos a una dura realidad y a plantearnos dudas para las que incluso la ciencia no ofrece respuesta categórica: los criminales condenados por delitos sexuales rara vez se rehabilitan y, por lo mismo, son un peligro continuo para la sociedad; en tal sentido, no pueden obtener beneficios. Eso debiera ser así, y es lo que está proponiendo de alguna manera este proyecto de ley.\nTodo nuestro sistema penal se basa en la premisa de que la pena busca rehabilitar al delincuente. No tiene sentido encerrar a las personas solo para alejarlas del resto de la sociedad. Lo que el Estado busca es reinsertar al ofensor, darle una nueva posibilidad de ser una persona útil para sí y para la sociedad.\n¿Pero qué pasa con los delincuentes sexuales? ¿Se pueden rehabilitar? ¿Se pueden reincorporar a la sociedad de manera completa? En otros países existen registros en línea de los domicilios de los agresores sexuales, con el fin de tenerlos siempre vigilados, porque hasta donde indica la evidencia, su rehabilitación es muy improbable.\nDados los crímenes por los que se ha condenado a estas personas, es del todo lógico que se tomen todas las precauciones posibles. No podemos permitir que, dentro del Estado de derecho, delincuentes sin control de impulsos, enfermos, caminen libres por las calles. El Estado tiene una responsabilidad con los millones de niños chilenos que van cada día al colegio, y con sus padres, que solo esperan que sus hijos vuelvan al hogar sanos y salvos.\nObviamente voy a apoyar este proyecto y las modificaciones introducidas por nuestra Comisión de Constitución.\nLos informes de Gendarmería no pueden ser opcionales al momento de revisar la posibilidad de otorgar un beneficio de esta naturaleza, sino que su consideración debe ser obligatoria: siempre habría que considerarlos. Pero aún más relevante sería dejar sin posibilidad de beneficios a quienes han afectado la indemnidad sexual de nuestros niños y niñas cuando no concurren las atenuantes del caso.\nNuestros niños son nuestro mayor tesoro y nuestro futuro; protegerlos no es solo un deber, sino una obligación esencial que nos compete como políticos, como parlamentarios, como ciudadanos, como chilenos y como padres.\nYo apruebo las modificaciones realizadas por la Comisión de Constitución de manera unánime y espero que este proyecto salve vidas inocentes, porque entonces estaremos salvando el futuro de nuestro país.\nSeñor Presidente, creo que es un proyecto importantísimo y debiéramos haberlo aprobado mucho tiempo atrás, porque ya se les dieron facilidades a muchos delincuentes sexuales que arruinan la vida a muchas familias.\nPor las razones que he expuesto, voto a favor.\nSenadora Isabel Allende, tiene la palabra para fundamentar su voto.\nLa señora ALLENDE.- Presidente, tal como aquí han señalado tanto el Ministro de Justicia como quien me antecedió en el uso de la palabra, claramente los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son de los crímenes más deleznables que existen en nuestra sociedad.\nY quizás lo más grave es que normalmente, o en la mayoría de los casos, no los realizan desconocidos, sino que quienes los cometen incluso suelen ser personas del entorno de esos niños, niñas o adolescentes, o alguien que goza de la confianza de la víctima o de la familia, y que se aprovecha justamente de esa confianza para abusar del desamparo en que se pueda encontrar un menor.\nY por eso que en el 85 por ciento de los casos los victimarios son parte del entorno de la víctima, familiares o, como decíamos, amigos que gozan de confianza y que manipulan psicológicamente para lograr su objetivo, e incluso para evitar futuras denuncias.\nEn tal sentido, resulta evidente que existe una cifra negra, porque no necesariamente van a llegar a la fiscalía todas las denuncias, por lo cual debe haber muchos más niños que han sufrido de estos crímenes, de estos abusos y a los cuales no los tenemos contabilizados.\nLa PDI informó en julio del año pasado haber detectado un aumento en los delitos contra los menores de catorce años durante la pandemia: en el primer semestre del 2021 existieron 1.686 denuncias, lo que significa un aumento del 5 por ciento si uno lo compara con períodos anteriores.\nY explicaban en su oportunidad que esto se debía a los confinamientos, ya que existe un mayor espacio temporal entre víctima y victimario, y, por desgracia, no se llega a tiempo para protegerlos.\nCreo que hemos avanzado fuertemente junto al Gobierno en la protección de la infancia en el caso de tales delitos. El Ministro de Justicia mencionaba algunos proyectos despachados. Por supuesto, no podemos dejar de reconocer lo importante que fue avanzar en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y en el fortalecimiento del Registro de Ofensores Sexuales, pero todavía nos queda ver cómo mejorar la prevención, a los efectos de que ojalá no siempre estemos actuando sobre la base del delito en sí, sino en cómo prevenir, en cómo lograr detectar la posible ocurrencia de casos, en cómo informarnos previamente. Y ahí es muy importante trabajar con el entorno, desde el programa Chile Crece Contigo hacia delante, para tener siempre conocimiento de cualquier conducta diferente que se observe en un niño, de si presenta trastornos o cambios en el comportamiento que pudieran dar luces para, en este caso, saber exactamente si hay algún caso de abuso sexual infantil, porque todos conocemos las consecuencias que eso acarrea para ese futuro adulto, y lo difícil que es su reparación.\nEl miedo, la agresividad, el aislamiento, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima son efectos que el abuso sexual va a acarrear hacia la vida futura. Y por eso que es tan grave el daño que causan estos delincuentes.\nY de ahí que es tan importante, como se ha señalado, que avancemos para prohibir la reducción de la pena efectiva para estos pedófilos abusadores sexuales. Lo considero correcto. Porque no puede ser que no exista un sistema de reinserción para estas personas, como se expuso; o sea, alguna vez van a ser libres. Pese a quitarles el beneficio, tienen la posibilidad de reincidir si no es tratado su problema.\nTenemos que buscar la mejor manera de proteger a nuestros niños y niñas, y, en tal sentido, no se puede otorgar beneficio alguno a este tipo de delincuentes, pero, como decía anteriormente, ojalá podamos avanzar más en la prevención.\nEn la discusión en particular se eliminó a los abogados como integrantes en la comisión que resuelve la reducción de la condena, además de exigir un informe social y psicológico relativo a las personas condenadas, elaborado previamente para la postulación a algún beneficio intrapenitenciario o para la libertad condicional. Hay que ser extremadamente rigurosos para no permitir que los abusadores sexuales vuelvan a salir libres.\nPor eso, Presidente, voto a favor de esta reforma, que la considero un avance porque tenemos que buscar la forma de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.\nVamos a dejar con la palabra para fundamentar su voto a la Senadora Luz Ebensperger.\nSegún información recogida por la Unicef el año 2015, un 8,7 por ciento de los niños chilenos declaró que fue víctima de abuso sexual, cifra que se considera, no obstante, que podría ser considerablemente mayor; un 24 por ciento de los menores de la muestra de Unicef declaró que fue víctima en más de una ocasión de abusos sexuales, y un 12,2 por ciento mencionó una frecuencia aún mayor. Hay que considerar que el 75 por ciento de la muestra la conformaban niñas.\nSe ha estimado que en Chile, treinta niños son víctimas de delitos sexuales en forma diaria. Y algunos estudios estiman que, considerando una cifra negra que no se denuncia, hasta seis niños por hora podrían ser víctimas de delitos sexuales.\nEn cuanto a los autores de los delitos sexuales contra menores, sean que se cometan en el ámbito intrafamiliar, donde el autor pertenece al medio familiar de la víctima, o en un ambiente extrafamiliar, aunque generalmente no son totalmente desconocidos para las víctimas, un 75 por ciento son hombres; de ellos, un 88,5 por ciento eran conocidos de los niños y un 50 por ciento eran familiares, con una edad promedio de treinta años.\nPor lo tanto, el riesgo para los niños, o la reiteración de las conductas en nuevas víctimas justifican, sin duda, la exclusión del beneficio carcelario que este proyecto persigue y al que hoy día muchos se acogen.\nEn cuanto a los efectos del abuso sexual infantil, entendido en un sentido amplio, no son lineales ni predecibles, sino que dependen de una variedad de factores interdependientes, tales como la relación de la víctima con la persona agresora y la vinculación emocional entre ellos; las características del acto abusivo; la frecuencia y la duración; la intensidad y el tipo de abuso; el uso de violencia física; el empleo de fuerza y amenaza; el contexto familiar de la víctima; el ambiente familiar disfuncional con conflictividad y falta de cohesión; lo que ocurre tras la develación del abuso, con existencia o no de apoyo familiar, en especial de la figura materna, y las consecuencias derivadas de la develación; las habilidades propias del niño o niña para afrontar las situaciones adversas, etcétera.\nNo hay duda, Presidente, que es importante que este proyecto sea aprobado, sobre todo cuando uno ve que hoy día en las cárceles estos agresores sexuales obtienen rápidamente los beneficios que establece la ley N° 19.856, porque mantienen una buena conducta. Y, a todas luces, no es recomendable aquello.\nPor tanto, con mucha convicción vamos a votar favorablemente la iniciativa, y creo que es una convicción generalizada.\nQuiero recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados; que en nuestra Comisión de Constitución fue aprobado en general por unanimidad, y que las indicaciones presentadas fueron rechazadas o aprobadas por unanimidad, excepto una, que obtuvo una abstención.\nPresidente, voy a votar favorablemente en particular el proyecto.\nVamos a dejar con la palabra para fundamentar su voto al Senador Alejandro Navarro.\nLa verdad es que limitar beneficios a quienes han cometido un delito ampliamente rechazado, condenable, criminal, es una vía que busca aumentar la penalidad. La exclusión de beneficios significa aumentar la penalidad.\nYo quiero reiterar que todos los estudios señalan que los agresores sexuales siempre están cerca del núcleo familiar y que son personas conocidas de las familias y no gente ajena, en la inmensa mayoría de los casos. Por eso, se debe fortalecer el apoyo psicológico a las víctimas y también a las familias.\nSuperar un trauma de esta naturaleza para los pequeños implica toda la vida, y establecer una conducta que la familia tiene que asumir con las víctimas y ante sí necesita también un apoyo psicológico.\nY en Chile existe una falta de psicólogos infantiles que significa, cuando se pide hora tanto en el sistema público como en el sistema privado, meses de espera. ¡No hay psicólogos infantiles! ¡Y no contamos con una política pública en salud mental desde el año 2000!\nLo hemos conversado con el Ministro Paris. Es una herencia de varios gobiernos. Pero cuando establecemos este aumento de penas por la vía de la exclusión de beneficios debemos tener siempre presente que debemos ir en apoyo de la víctima, niño o niña, y de la familia que sufre este agravio, este daño profundo, para que efectivamente haya protección.\nAumentar las excepciones a los violadores, cuando hay una enfermedad psiquiátrica o de cualquier tipo de por medio, no va a provocar un cambio en la conducta, sino que va a fortalecer la pena en advertencia a la reiteración.\n¿Pero qué dicen las estadísticas? Aquellos que han cometido alguna vez abuso lo vuelven a hacer; salen de la cárcel y lo hacen de nuevo. Y ahí viene el ámbito de la calificación no solo a lo largo del período de la pena, porque durante este se van a suspender los beneficios. ¿Pero qué pasa cuando el victimario sale de la cárcel y repite la conducta de agresión sexual?\nNo basta la existencia de los listados de los agresores sexuales, que son públicos. Allí tiene que haber un seguimiento a aquellos que han egresado por cumplir su pena, para evitar que vuelvan a cometer esa agresión y, en algunos casos, incluso apoyarlos para que no la repitan.\nSin una política de seguimiento a los agresores sexuales y con solo mantenerlos en la cárcel por el tiempo de la condena no se libra a los niños y niñas de la amenaza permanente de que estos agresores o agresoras puedan volver a cometer un ataque sexual.\nEntonces, Presidente, yo voy a votar a favor.\nSin embargo, me parece que existe un vacío tremendo que debe ser llenado con una política de salud pública -reitero- hacia los niños y niñas víctimas, hacia las familias que han sufrido esta tragedia, y también con un seguimiento de aquellas personas que, habiendo cometido esta terrible agresión, egresan de la cárcel, pagan con la sociedad su deuda, pero vuelven a cometer este mismo tipo de delitos porque no hay mayor seguimiento.\nEntonces -y está el Ministro de Justicia presente-, la pregunta es: cuando salen los agresores por haber cumplido su pena sin haber obtenido ninguno de los beneficios penitenciarios, ¡ni uno solo!, ¿cuál es el seguimiento y el apoyo? Porque lo que interesa es corregir esa conducta, si es posible, dado que hay un gran debate en la comunidad científica con respecto a si es factible corregir o no esas conductas. Y algunos opinan que no es posible.\nEntonces, si vamos a estudiar las tesis para aquellos cuya conducta no es posible corregir, creo que se debiera hacer un seguimiento permanente o aplicar una penalidad que lo incorpore para saber si hay grupos de riesgo en la vida diaria de aquel agresor o en su inserción al medio laboral o social.\nMe parece adecuado dar una señal fuerte respecto de los agresores, pero quiero hacer presentes los vacíos que enfrenta hoy día una política pública más amplia para evitar lo que todos queremos: que no haya más agresiones sexuales y que los agresores no vuelvan a cometer estas conductas contra niños o niñas.\nTiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador David Sandoval.\nSin duda que todo delito de carácter sexual debe ser condenado absoluta y totalmente. Y cuando se trata de menores para qué decir.\nEste es un delito de tal gravedad que afecta al desarrollo y la integridad sexual de menores de edad, con consecuencias psicológicas de por vida. Es absolutamente cuestionable y condenable en todo sentido.\nPor eso yo quiero destacar, haciéndose parte del concepto de poner a los niños primero, como bien me recordaba mi vecina Senadora Luz Ebensperger, el trabajo encomiable del Ministro Juan José Ossa, aquí presente, quien con su entusiasmo y su perseverancia está llevando adelante un proyecto que, sin duda, debe marcar un cambio sustantivo en las conductas mediante este tipo de condenas.\nPero también está -y no puedo dejar de mencionarlo- mi amigo Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, aquí también presente, porque sabemos igualmente de su persistente, permanente y constante compromiso con el perfeccionamiento de normas que permitan hacer ejemplares aplicaciones de la ley y de los castigos.\nEsta ley establece cambios sustantivos: la obligación para los efectos de la calificación del condenado; cambios en la composición de la comisión que otorga los beneficios, que hasta el día de hoy -como bien señalaba el Senador Alejandro Navarro- es cuestionable.\nLa reincidencia permanente, la reiteración de noticias por la prensa cada vez que acontecen hechos o circunstancias de esta naturaleza, indican que los hechores tienen un historial de conductas repetidas, reiteradas e, incluso más, en la mayoría de los casos las medidas cautelares no han cumplido o no han ejercido ninguna función.\nY estoy hablando de los delitos sexuales en términos globales, porque acá estamos discutiendo respecto a los menores, pero también pasa esta situación con relación a las mujeres.\nTambién se establece la obligación en el sentido de que para otorgar los beneficios la comisión deberá tener en consideración los informes sociales y psicológicos que mandan a practicar. Cuántas veces hemos escuchado que, cuando se otorgan estos beneficios, había informes psicológicos previos que nunca fueron tomados en cuenta por la respectiva comisión para el otorgamiento de este tipo de beneficios.\nSe agregan, asimismo, exclusiones para la concesión de este beneficio, consistentes en los siguientes delitos: secuestro con violación; sustracción de menores con violación; tortura con violación; violación; violación impropia; estupro; abuso sexual; producción de material pornográfico; robo con violencia y violación contra víctima menor de edad. Y se excluye también a aquellos que hoy día están cumpliendo cadena perpetua, toda vez que ese beneficio no los alcanza en la ley vigente.\nSin duda, en consideración a la gravedad, al impacto y al enorme efecto que este tipo de delitos tan graves tienen para el desarrollo de una comunidad, de un niño y de una sociedad, creo que debiéramos impulsar medidas ejemplares para casos dramáticamente terribles.\nReitero mis felicitaciones a los Ministros Juan José Ossa, aquí presente, y Hernán Larraín.\nCreo que hoy día nuestro país da un paso relevante, importante, hacia delante en lo que respecta a hacer frente a este flagelo y a esta vergüenza que significan los delitos de abusos contra menores.\nVamos a dejar con la palabra para fundamentar su voto al Senador José Miguel Durana.\nEstamos claros que el gran objetivo de este proyecto es continuar con el perfeccionamiento de las normas que protegen a nuestros menores de edad.\nSu idea matriz se circunscribe a la particular gravedad de los delitos cometidos contra menores de edad. Son delitos muy graves, que afectan el desarrollo e integridad sexual de menores de edad con consecuencias psicológicas perdurables.\nLa ley N° 19.856, cuya modificación hoy votamos en particular, tiene por objeto un elemento esencial de la política criminal, que es el sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de la buena conducta que estos tengan.\nEl fenómeno delictivo y la necesaria protección de la sociedad nos llevan a que, para los efectos de la calificación de la conducta de quienes cumplan condena, deba considerarse con carácter imperativo y obligatorio tanto el nivel de integración y de apoyo familiar del condenado como el grado de adaptación social demostrado en el uso de los beneficios intrapenitenciarios que le hayan sido otorgados.\nPor otra parte, al momento de la concesión de estos beneficios, se deberán tener en consideración los informes sociales y psicológicos relativos a las personas condenadas, elaborados previamente para la postulación a beneficios intrapenitenciarios o a la libertad condicional, y, a falta de ellos, estos deberán ser confeccionados por profesionales que se desempeñen en Gendarmería de Chile.\nEstos beneficios, gracias a Dios, no podrán ser aplicados a los condenados por delitos de carácter sexual contra menores de edad, salvo que en la sentencia condenatoria se hubiera aplicado a su respecto la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del Código Penal.\nFinalmente, este proyecto de ley termina por precautelar el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, toda vez que esta norma va a operar de forma inmediata, es decir, no solo para quienes sean condenados desde su publicación, sino para todos los que quieran acceder al beneficio de la libertad condicional.\nEstas normas se van a aplicar para toda postulación al beneficio de rebaja de condena que se efectúe una vez publicada la ley, en el entendido de que al momento de postular se debe cumplir con lo que la ley exige en el momento, ya que finalmente ella rige desde su publicación en el Diario Oficial y, por lo tanto, no existe algo así como un derecho adquirido con respecto al beneficio de rebaja de condenas por una ley anterior.\nPor las razones antes señaladas, obviamente me sumo a votar a favor de todos los artículos propuestos en la discusión particular.\n--Se aprueban las enmiendas acordadas unánimemente por la Comisión de Constitución (27 votos a favor), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.\nVotaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Alvarado, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Lagos, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- Se han registrado, además, los siguientes pareos: el del Senador señor Quinteros con la Senadora señora Sabat, y el de la Senadora señora Von Baer con el Senador señor De Urresti.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.\nAntes de terminar la discusión del proyecto, vamos a darle la palabra al Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan José Ossa.\nPor su intermedio, parto por saludar a todos quienes participan en esta sesión, particularmente al Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, quien fue mi jefe durante los tiempos en los cuales se empezó a fraguar este proyecto, una iniciativa muy sentida no solo por los niños.\nA título personal, con el Ministro Larraín siempre nos preocupó e inquietó mucho la obligación legal que existía, y digo "obligación legal que existía", de entregarles rebaja de condenas a quienes han abusado sexualmente de menores.\nEl 25 por ciento de estas rebajas de condenas recaen en este tipo de delitos. Y realmente nos temblaba la mano cuando había que entregar esta clase de beneficios, pues era una situación muy dolorosa.\nEstudiamos jurídicamente el tema, encargamos informes en derecho para tratar de no otorgar estas rebajas de condena, y llegamos a la conclusión de que se requería el cambio legislativo que hoy da un paso muy importante.\nPor lo tanto, aprovecho, con mis breves palabras, de agradecerles a los Senadores y las Senadoras por este gran paso que estamos dando.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, se consigna la intención de voto favorable de la Senadora señora Carvajal en este proyecto.\nHago presente que por acuerdo de la Sala, tal como me informó la Presidenta, estamos a la espera de que el Senador José Miguel Insulza obtenga su pase de movilidad y nos pueda informar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.\nEntonces, pasaríamos al proyecto signado con el número 3 en la tabla de hoy.\nBoletín N° 13115-06\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Corresponde discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".\n--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 13.115-06 y 13.565-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.\nEste proyecto fue aprobado en general en sesión de 29 de julio de 2021.\nLa Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 6; 7; 10; 12; 13; 16 (que pasó a ser 17); 17 (que pasó a ser 18), numerales 1, 3 y 5; 18 (que pasó a ser 19), numerales 1, 3 y 5; 19 (que pasó a ser 20); 20 (que pasó a ser 21); 21 (que pasó a ser 22), permanentes, y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.\nCabe hacer presente que los artículos 10; 12; 13, y 20, número 2, del proyecto corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.\nPor su parte, los artículos 7 y 20, número 1, requieren 22 votos a favor para su aprobación, por tratarse de normas de quorum calificado.\nTambién deben darse por aprobados los artículos 1, letra a); 3; 8 y 15 de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.\nCabe consignar que los mencionados artículos 1, letra a), y 3 requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de carácter orgánico constitucional.\nAdemás, el referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de cuatro de ellas, que fueron acordadas por mayoría de votos y que serán puestas en discusión y votación oportunamente.\nLa Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, los artículos 3; 5, inciso segundo; 21, numerales 1 y 3, permanentes; y el artículo cuatro transitorio, respecto de los cuales no introdujo modificaciones respecto del texto despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en su segundo informe.\nCabe recordar a Sus Señorías que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.\nCon relación a las enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 5 y 9 requieren de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.\nFinalmente, las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización corresponden a las siguientes:\n-La supresión de la letra d) del artículo 1, que se encuentra en la página 1 y 2 del comparado.\n-El reemplazo del artículo 14, que se encuentra en la página 17 y 18 del comparado.\n-La sustitución del número 4 del artículo 17, que pasó a ser artículo 18, que está en las páginas 22, 28 y 29 del comparado.\n-La sustitución del número 4 del artículo 18, que pasó a ser artículo 19, que se encuentra en las páginas 31, 36, 37 y 38 del comparado.\nSus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado, el cual transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el Senador Elizalde por un tema de reglamento.\nEl señor ELIZALDE.- Sí, Presidente. Punto de reglamento.\nQuiero pedir el acuerdo de la Sala para que pase directamente a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios, eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19, y establece subsidios a los clientes vulnerables.\nEste proyecto fue aprobado en la mañana por la Comisión de Economía, donde se acordó que la Sala lo viera en general y en particular.\nReglamentariamente, el proyecto tendría que venir a Sala para que se vote en general y después pase a Hacienda.\nEntonces, lo que pido es que pase directamente a la Comisión de Hacienda para que dicha instancia lo discuta en general y particular. El proyecto fue aprobado conforme a la propuesta del Ejecutivo, sin modificaciones.\nY si la Comisión de Hacienda lo despacha próximamente se podría ya votar la próxima semana para que pase a la Cámara.\nEntonces, solicito el acuerdo de la Sala para que el proyecto pase directamente a la Comisión de Hacienda.\n"Si le parece", Presidente.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senador Elizalde, yo entiendo que eso estaba acordado: que pase a Economía y después a Hacienda.\nEl señor ELIZALDE.- Sí, lo que pasa es que el Secretario de la Comisión nos informa que, aun con ese acuerdo, el proyecto tendría que venir a Sala nuevamente.\nEntonces, yo quiero obviar ese trámite para que cuando se vote en Sala la iniciativa se despache en general y en particular.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Yo entendí que lo habíamos acordado así, pero si es mejor ratificarlo para clarificar cualquier duda, así lo haremos.\nEl señor ELIZALDE.- Muchas gracias, Presidente.\nEl señor COLOMA.- ¿Me permite, Presidente?\nEl señor COLOMA.- Presidente, obviamente damos el acuerdo, pero solo quiero dejar constancia de que tiene razón el Secretario de la Comisión, porque, de lo contrario, el proyecto tendría que ir a la votación general en la Sala y después pasar a Hacienda, en su caso. O sea, en esta ocasión era el caso.\nY lo que se ha pedido es justamente para agilizar el proyecto; de otra suerte, no se habría podido hacer.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias por su acotación, Senador.\nEl señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien, vamos a pedir, entonces, al Presidente de la Comisión de Gobierno que dé cuenta del proyecto.\nEntonces, tiene la palabra la Senadora Ebensperger para tal fin.\nMe corresponde dar cuenta del segundo informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos en contra de la probidad administrativa, correspondiente a los boletines 13.115-06 y 13.565-07, refundidos.\nLos boletines señalados ingresaron a tramitación en el Senado para su segundo trámite constitucional el 13 de enero de 2021, teniendo su origen en una moción parlamentaria y en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, respectivamente, con urgencia calificada de "discusión inmediata".\nEl objetivo de la iniciativa legal es establecer un nuevo sistema de recepción de denuncias a cargo de la Contraloría General de la República y reforzar las medidas de protección a favor del denunciante de actos en contra de la probidad administrativa.\nLos principales cambios en el segundo informe son los siguientes.\nSe suprime el concepto de denunciante, porque es muy conocido dentro del Derecho, y cualquier interpretación sistémica de la jurisprudencia permitirá entender qué se entiende por denunciante.\nEl Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, aseguró que la definición resulta restrictiva, porque solo se refiere a los casos de acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como corrupción pública o privada, de naturaleza penal o de infracciones del deber de probidad, todo lo cual no incluye acciones que no son constitutivas de corrupción o infracciones disciplinarias, o faltas administrativas que vulneran el deber de probidad, de modo que acota el ámbito. Señaló que conociéndose lo que es un denunciante, se debe ser lo más abierto posible para tal definición.\nSe elimina la idea de que solo se deben denunciar actos de corrupción y se considera una protección general respecto de cualquier denunciante.\nSe trata de que quienes utilicen el canal, que se está creando en la Contraloría para tal efecto, tengan la protección que les brinda esta ley, principalmente conforme al artículo 9. Se crea un estatuto para que aquellas personas que realicen denuncias a través de este canal, sean funcionarios públicos o privados, tengan las protecciones que allí se señalan.\nSe precisa que el ámbito de acción es para el personal de la Administración del Estado o que tenga participación en ella, y que en el caso de los particulares que pudieran desempeñarse en algún organismo de la Administración del Estado, estos tendrán un trato determinado. En tanto que donde tal relación no exista, tales particulares no deberán serconsiderados, salvo que una ley expresamente así lo señale.\nSe repone el señalamiento del medio electrónico a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones, pudiendo para estos efectos indicar una dirección de correo electrónico, cuestión que había sido eliminada en la Cámara de Diputados.\nSe precisa el concepto de cooperación eficaz, considerándola como una circunstancia atenuante, siempre que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados o permita la identificación de los responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración de nuevos hechos.\nEn sintonía con lo anterior, se hacen las adecuaciones normativas tanto en el Estatuto Administrativo como en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.\nSe considera que la denuncia a través del canal que se crea en esta ley también pueda realizarse en contra de las personas e instituciones privadas que perciban fondos fiscales por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado con una finalidad específica y determinada, entre otros cambios que se precisan en el informe respectivo.\nHago presente que, en general, la mayoría de las indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión, de acuerdo al detalle contenido en el informe.\nVamos a ofrecer la palabra al señor Ministro, y luego vamos a abrir la votación.\nEl señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y de Derechos Humanos).- Ahí, sí.\nAcogiendo la solicitud de la Mesa, trataré de hablar brevemente, para avanzar en el desarrollo del trabajo de la Sala.\nPrimero, agradezco el apoyo unánime que hubo al proyecto que excluye de la rebaja de condenas a los autores de delitos sexuales que se cometan en contra de menores de dieciocho años. Creo que este es un paso muy importante, y vamos marcando puntos claves que para el Gobierno, desde luego, pero también para el Congreso son objetivos de una política pública prioritarios. Me alegro mucho de que estemos avanzando en esa dirección.\nAhora, en el ámbito de la presente iniciativa, existe una inquietud, que ha sido también compartida con este Congreso, y particularmente con el Senado, en donde a comienzos de esta gestión, con urgencia y con una indicación sustitutiva pusimos en movimiento el proyecto que finalmente terminó siendo un Estatuto Anticorrupción, exigido por la OECD para cumplir con las metas que nos han impuesto desde allá, y así ir avanzando en las distintas áreas del compromiso que el país asumió, cuando se incorporó a dicha institución.\nEso fue un hito muy importante, porque permitió que los delitos de cuello y corbata tuvieran pena de cárcel, particularmente cuando la corrupción y otros delitos fueran cometidos por altas autoridades de los distintos poderes públicos, y con esto se garantizó que eso efectivamente iba a ocurrir.\nSin embargo, las exigencias de estos organismos apuntan cada vez a nuevos instrumentos para ir garantizando que efectivamente se erradique la corrupción. Y uno de esos es precisamente este. Que haya un estatuto que proteja a cualquier persona, no solo del ámbito público, sino también del particular que pueda hacer una denuncia por actos de corrupción en el más amplio sentido de la palabra, como bien decía la Senadora informante, señora Ebensperger, respecto de qué es lo que se puede entender por corrupción, de modo de poder realmente asegurar la probidad administrativa.\nEste canal de denuncias es abierto. Estamos incorporando no solamente a las personas de planta o a contrata, sino que a cualquiera que tenga algún tipo de relación jurídica con el Estado: que son contratadas a honorarios o que cuentan con otro tipo de contratos que las vincula con el Estado y que sean susceptibles de denuncias por corrupción. Y también se amplía el deber funcionario de hacer estas denuncias respecto de este personal.\nEsto está incluyendo a toda la Administración del Estado, también a la administración denominada "invisible", como la de las Corporaciones que crean los municipios, por ejemplo, en donde se ha detectado con una cierta frecuencia el mal uso de esos recursos, y, por lo tanto, actos de corrupción que también van a poder ser denunciados.\nEn definitiva, lo que importa es garantizar la reserva de quien haga la denuncia, y de que pueda ser protegido, y que quien sea sancionado, por haberse hecho la denuncia, tenga las penas que corresponde. Por supuesto, con la debida cautela para evitar que se abuse de la denuncia como un método también de hostigamiento en contra de alguna persona o en contra de una autoridad. Para esto se han aumentado las penalidades a las denuncias que no tienen ningún fundamento y que cuentan con un objetivo diferente al que estamos buscando.\nEn el Senado se corrigieron algunas modificaciones que habían sido introducidas en la Cámara de Diputados o que habían sido eliminadas de la propuesta del Ejecutivo y también otras indicaciones que se incorporaron por los propios Senadores o Senadoras. De ellas ha dado debida cuenta la Senadora informante, y por eso no tengo nada más que agregar.\nSolamente quiero señalar que así estamos avanzando realmente en asegurar una Administración Pública que tenga más capacidad, más musculatura para poder combatir la corrupción, que lamentablemente no pareciera haber disminuido.\nNecesitamos hacer esfuerzos adicionales. Y uno de los que más se privilegia, precisamente en los organismos internacionales y en la experiencia pública, es permitir que las personas puedan denunciar. Porque quienes lo hacen hoy día se exponen a todo tipo de sanciones que no tienen cómo controlarse.\nTener un canal reservado ante la Contraloría, que mantenga la reserva de las personas, y que en el caso de que se llegue a saber y se tomen medidas en su contra, le permite a esa persona defenderse ante la Contraloría, gracias precisamente a esa denuncia reservada que hizo en su debida oportunidad.\nPor ese motivo, Presidenta, estimadas Senadoras y Senadores, creemos que esta es una iniciativa necesaria en el paso que hemos estado dando como país, para fortalecer el... (falla de audio en la transmisión telemática)... a la corrupción.\nProbablemente, como es habitual, uno puede seguir buscando otras medidas para avanzar en este combate a la corrupción. Pero por lo menos avanzamos en concreto y en serio con esta iniciativa. Y estamos seguros de que con las innovaciones y correcciones que ha hecho la Comisión de Gobierno del Senado, a quienes agradecemos: a su Presidente, el Senador Carlos Bianchi, que no está aquí presente, y a todos los integrantes de esta Comisión, se hizo de aquella un mejor proyecto para combatir la corrupción e instalar con fuerza la probidad en el ámbito público en Chile.\nLa verdad es que todo mecanismo que fortalezca el combate a la corrupción en la Administración del Estado es oportuno, necesario y viene a llenar, por cierto, vacíos, mediante los cuales, a pesar de las denuncias que se hacían, muchos funcionarios públicos eran perseguidos políticamente y expulsados, sancionados, hostigados; en definitiva, había acoso laboral.\n¿Qué es lo que ocurre hoy? Hoy ocurre eso dentro de los municipios, dentro de los ministerios, servicios públicos, y también dentro de las Fuerzas Armadas. Porque en la definición que se establece, que busca proteger al denunciante de actos contra la probidad administrativa, no se incorpora a las Fuerzas Armadas. Y tenemos -y el Ministro lo sabe- innumerables casos de denuncias en Carabineros, de denuncias del Ejército, de denuncias en diversos servicios que no son de la Administración del Estado, en el caso de las Fuerzas Armadas, que terminan con la expulsión y procesamiento no por la vía de decirle "a usted lo estoy echando porque ha denunciado la corrupción en la oficialidad", sino porque está calificado en lista 4.\nEntonces, mi primera observación al proyecto de ley es que, si queremos que la Administración del Estado y las Fuerzas Armadas sean financiadas con recursos del Estado, por qué se aplica esto a todos los funcionarios públicos y no al interior de las Fuerzas Armadas, las cuales también son financiadas con recursos del Estado,\nDe hecho, no hay ningún solo estatuto que proteja a los denunciantes. Que se atreva un cabo o un teniente o un capitán a denunciar a un general; todos sabemos que su destino es que jamás va a ascender, que su carrera está en riesgo y que es mirado como un traidor por sus pares.\nPorque, en definitiva, así es la cultura que se ha instalado. Yo no sé cómo era esto antes del 73, porque las Fuerzas Armadas cambiaron mucho el 73. Pero lo primero que se me viene es la desigualdad que va a existir entre el funcionario público de cualquier servicio público y el miembro de las Fuerzas Armadas.\nEn segundo lugar, Presidente, quiero señalar que el 17 de marzo de 2017 ingresé un boletín, un proyecto de ley, el Nº 11.152-07, sobre la imprescriptibilidad del delito de cohecho, una modificación al Código Penal.\nLa verdad es que los límites de esta persecución, Presidente, están fijados en cinco años. Yo quiero decirle al Ministro Hernán Larraín, que fue Senador por largo tiempo, que este proyecto de ley es uno de mis setenta proyectos de ley que están en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hace ya varios años -más de una década-, y que no han podido ser tratados porque tiene quinientas iniciativas. No es que los Senadores no trabajen, trabajan arduamente en dos sesiones, tres sesiones a la semana; pero el Ejecutivo bien podría, paralelo a decir que hay que sancionar y dotar a la Contraloría de un mecanismo o un conducto de denuncias, tener presente que el cohecho tiene que ser declarado imprescriptible.\nLa Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 29, recomienda a los Estados que el soborno, que tiene bajas penas en toda América Latina, tenga un plazo de prescripción amplio. Hoy día el plazo de prescripción para el cohecho es estrecho. ¡Y ahí está Penta!, ¡está Soquimich!, ¡ahí está todo lo que tiene a este Parlamento y a la institucionalidad del Estado en el piso! Porque, en definitiva, cuando ocurren hechos graves de corrupción en el sector privado o dentro de determinadas instituciones como las Fuerzas Armadas y, lamentablemente, en Carabineros, la verdad es que o hay pocas penas o hay procesos que no terminan de ser transparentes; hay poca capacidad de prevención. Uno quisiera prevenir estos actos de corrupción, anticiparse a ellos.\nEn tercer lugar, la Contraloría tiene una característica importante: sus más de seiscientos funcionarios lo son de confianza directa del Contralor General de la República; los pone y los saca. De hecho, la actividad gremial adentro es muy compleja. Y yo me pregunto si la Contraloría sigue haciendo recomendaciones, porque la Contraloría "recomienda" sanciones, y quienes llevamos varios años sabemos lo que pasa con los sumarios administrativos de los municipios o de los servicios públicos. Y yo tuve la ilusión de creer que con este proyecto de ley la Contraloría dejaría de recomendar, y si bien no la aplicara, pudiese insistir en aquella acción... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).\nGracias, Presidenta. Termino.\nPorque por mucho que la Contraloría haga una recomendación, por mucho que existan canales, por mucho que haya protección para el denunciante, al final esto depende de una autoridad que ha sido nombrada políticamente -dos mil novecientos cargos del Estado se nombran políticamente-. Y esta autoridad, que tiene que imponer la sanción, el jefe del Servicio, aun cuando haya sido elegido por la Alta Dirección Pública, no la aplica, sino que la cambia o la suaviza, y la verdad es que el efecto se diluye.\nPor tanto, Presidenta, vamos a votar a favor del proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional. Pero estas observaciones es bueno señalarlas para que efectivamente haya un cambio conductual.\nY reitero mi preocupación, porque dentro del proyecto de refundación de Carabineros, por ejemplo, o de adecuación de las Fuerzas Armadas a las normas de probidad y transparencia administrativa, estos hechos también deben tener la misma protección para ser denunciados al interior de las Fuerzas Armadas.\nMe ha pedido la palabra el Ministro Hernán Larraín, para hacer una aclaración.\nEstá muteado, Ministro.\nEl señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Sí, ahora sí.\nSolo para precisar la inquietud que ha manifestado el Senador que recién hizo uso de la palabra, el Senador Navarro.\nEfectivamente, este es un proyecto muy amplio, que ha ensanchado lo que se entiende por "los órganos del Estado" lo más que se puede. Y, desde luego, ha tomado como base el concepto de "órganos del Estado" de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su inciso segundo define cuáles son los órganos que constituyen la Administración del Estado.\nY quiero decirle, para su tranquilidad, Senador Navarro, estimado Senador, que se encuentran incorporadas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dentro de los organismos que pueden ser denunciados por este canal. De manera que la idea es, precisamente, extenderlo todo lo que se pueda. Y no solamente a los municipios, sino, como decía, a las corporaciones que crean los municipios, que, en rigor, son órganos privados porque son constituidas como corporaciones, pero están sujetas también a esta capacidad de denunciar, como cualquier otro órgano del Estado.\nMuy corto, pero solamente para precisar que compartimos la inquietud, pero que se encuentra resuelta en el proyecto de ley que estamos discutiendo.\nVamos, entonces, a abrir la votación, colegas, para que puedan emitir su voto.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- En esta votación, señores colegas, estamos votando todos los artículos, salvo los cuatro que fueron de mayoría, que no son de quorum.\nFalta la Senadora Carvajal.\n¿Todos los señores Senadores y las señoras Senadoras han emitido su voto?\nFaltan los Senadores Kenneth Pugh y Francisco Chahuán.\n--Se aprueban las enmiendas acordadas en forma unánime en la Comisión (28 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.\nVotaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Alvarado, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde ahora proceder a las votaciones de cada una de las enmiendas que fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Gobierno.\nHay cuatro votaciones. No sé si las vamos a someter por separado o bastaría la explicación de ellas, porque están todas relacionadas, para votarlas todas en conjunto en un solo acto.\nA lo mejor la Senadora Ebensperger puede explicarlas, porque las cuatro modificaciones están relacionadas\nLa señora EBENSPERGER.- Sí; vótelas juntas.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Entonces, podríamos pronunciarnos respecto de todas ellas en una sola votación, y hacemos economía procesal.\nYo no me opongo.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Si le parece a la Sala, entonces, las votaremos en un solo acto.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- En una votación, entonces.\nEl señor GUZMÁN (Secretario).- Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización son las siguientes.\nLa primera corresponde a la supresión de la letra d) del artículo 1, que se encuentra en las páginas 1 y 2 del comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.\nLa segunda tiene que ver con el reemplazo del artículo 14, que figura en las páginas 17 y 18 del comparado.\nLa tercera corresponde a la sustitución del número 4 del artículo 17, que pasó a ser artículo 18, cuyo texto se inicia en la página 22, y la sustitución se halla particularmente contenida en las páginas 28 y 29 del comparado.\nY la cuarta dice relación con la sustitución del número 4 del artículo 18, que pasó a ser artículo 19. Su texto se inicia en la página 31, pero el que se sustituye en particular se encuentra en las páginas 36, 37 y 38 del comparado.\nEsas son las cuatro modificaciones que fueron acordadas por mayoría de votos en la referida Comisión.\nEl señor GUZMÁN (Secretario).- Se encuentra abierta la votación.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores han votado?\n--Se aprueban las cuatro modificaciones acordadas por mayoría en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (20 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.\nVotaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Castro, Galilea, Girardi, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.\nSe abstuvieron los señores Chahuán, Durana y García.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Aprobadas, entonces, según nos indica el Secretario, las cuatro modificaciones.\n¡A confesión de parte, relevo de prueba, dicen...!\nSeñoras y señores Senadores, con el despacho de este último asunto se ha dado cumplimiento al Orden del Día, pues respecto del otro proyecto se acordó dejarlo para la sesión del martes próximo en primer lugar.\nLa señora GOIC.- Presidenta, en cuanto a la tabla, nosotros entregamos el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre el proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad.\nNo sé si habría disposición de la Sala para verlo ahora.\nNosotros incorporamos una indicación, que fue acordada. Es un proyecto que viene con apoyo bastante unánime, y tenemos quorum para proceder a su votación.\nCreo que esa sería una buena noticia.\nIncluso, se encuentra en la Sala la Secretaria de la Comisión.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Este es el proyecto respecto del cual un Senador en una sesión pasada pidió que se abriera plazo para presentar indicaciones. Entiendo que ese compromiso se cumplió y se aprobó.\nEntonces, si le parece a la Sala, podemos proceder a su tratamiento y aprobarlas de manera unánime.\nLa señora GOIC.- ¡Genial!\nSeñora Senadora, tenemos que esperar a que nos llegue...\n¡Ahí viene la carpeta!\nEste proyecto lo revisamos en la Sala y al parecer no tiene ninguna modificación.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo para que informe sobre las dos modificaciones acordadas por unanimidad en dicha instancia. Luego de ello, solicitaremos el parecer de la Sala para los efectos de su aprobación.\n--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.\nHaré un breve informe.\nComo ya señalé, la Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó el segundo informe recaído en el proyecto de ley sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, aprobando con enmiendas las dos indicaciones que fueron formuladas en la Sala por el Senador Quinteros al artículo 157 ter del Código del Trabajo, de modo que se establece la posibilidad del cumplimiento alternativo a la contratación laboral de las personas mencionadas mediante la donación en dinero al Fondo Mixto de Apoyo Social, al cual podrán acceder las organizaciones comunitarias, funcionales o territoriales regidas por la ley N° 19.418.\nEs conveniente recordar que las organizaciones comunitarias, funcionales o territoriales tienen por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva.\nAsimismo, se especifica que las donaciones se dirigirán a proyectos de dichas organizaciones comunitarias, además de proyectos de asociaciones, corporaciones y fundaciones que consideren la inclusión laboral, la intermediación laboral, la capacitación, la rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad, posibilitando a las organizaciones comunitarias funcionales desarrollar estos proyectos financiados por las donaciones que se realicen al Fondo Mixto de Apoyo Social, como es el caso de las organizaciones de personas con discapacidad visual de Osorno, que fue el ejemplo puntual que nos planteó el Senador Quinteros, en una enmienda al artículo 157 ter del Código del Trabajo.\nEllo quedó incorporado obviamente no específico respecto de esa agrupación, sino que de todos.\nPor último, quiero destacar el trabajo que hicimos en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social.\nLas referidas enmiendas en comento fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, por lo cual recomendamos a la Sala hacer lo mismo y continuar con la tramitación del proyecto.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Muchas gracias a la Presidenta de la Comisión.\nPediremos el acuerdo de la Sala para dar por aprobadas estas enmiendas unánimes.\nEl señor Secretario solicita que se registre la votación, por favor.\nEl señor GALILEA.- ¿Hay quorum, Presidenta?\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Sí; hay quorum.\nLa señora EBENSPERGER.- ¿No las aprobaremos por unanimidad?\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- No; como el proyecto no estaba en tabla preferimos registrar la votación.\n¿Todos los señores Senadores y todas las señoras Senadoras han votado?\nEl señor CHAHUÁN.- Aún no, Presidenta.\n--Se aprueban las enmiendas unánimes acordadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social (19 votos a favor).\nVotaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro y Sandoval.\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- Se encuentran pareados el señor Quinteros con la señora Sabat y la señora Von Baer con el señor De Urresti.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Habiéndose cumplido su objeto,...\nEl señor GUZMÁN (Secretario General).- Presidenta.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- ¡Perdón! ¡Perdón!\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para que entregue una cuenta agregada.\nCorresponde, entonces, entrar a la hora de Incidentes.\nDel señor HUENCHUMILLA:\nAl Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informe sobre ACCIONES Y AVANCES QUE HASTA LA FECHA HAYA ACUMULADO EL PLAN NACIONAL DE SEQUÍA ANUNCIADO EL 29 DE AGOSTO DE 2021 POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEÑOR SEBASTIÁN PIÑERA.\nAl Ministro de Obras Públicas, a fin de que indique MEDIDAS PARA NORMALIZAR NIVEL HÍDRICO EN LAGO CABURGUA, COMUNA DE PUCÓN (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA), DECLARADA EN EMERGENCIA CLIMÁTICA POR ESTE MOTIVO.\nY al Ministro de Obras Públicas, pidiéndole antecedentes respecto de ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE RUTA S-61 MELIPEUCO-ICALMA.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- En Incidentes, en el tiempo del Comité de Independientes, tiene la palabra el Senador Navarro.\nTambién le he solicitado el tiempo al Comité del Partido Socialista, pero no están en la Sala.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- No están presentes, pues, Senador Navarro: ¡lo abandonaron...!\nEl señor NAVARRO.- Entonces, le pido a la Senadora Órdenes el tiempo del Comité PPD.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- ¿El PPD le otorga su tiempo al Senador Navarro?\nLa señora CARVAJAL.- Yo voy a intervenir, Presidenta.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Va a usarlo la Senadora Carvajal.\n¿Podría darle la mitad?\nLa señora CARVAJAL.- Pero solo la mitad.\nEl señor NAVARRO.- La mitad.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- Perfecto.\nEl señor NAVARRO.- Entonces, parto.\nPresidenta, Sebastián Piñera Echenique no se quiere ir de este Gobierno sin dejar amarrado el último negocio para él y sus amigos.\nPresidente Piñera, debe entender que su sospechosa licitación a última hora del litio por veintinueve años debe realizarla el Gobierno entrante, de Gabriel Boric, quien ha obtenido la más alta votación en la historia. Lo que usted está haciendo no tiene explicación: que sea efectuada por el Gobierno saliente, que hoy cuenta con 11 por ciento de aprobación.\nEs lamentable presenciar, como tantas veces hemos visto, la incontinencia financiera del Presidente Sebastián dinero... digo Piñera -Sebastián dinero no: Sebastián Piñera-, por ganar dinero, que actualmente busca dejar un multimillonario negocio amarrado a dos meses de abandonar el Gobierno, de dejar su mandato, entregando a precio de huevo a consorcios internacionales todos nuestros recursos naturales referidos al litio.\nSi bien se señala que se trata del 4 por ciento del litio que contiene Chile, la pregunta es: ¿Cuánto se está invirtiendo en investigación y desarrollo?\nNo olvidamos que la plata que Santiago Valdés reunió para financiar su campaña presidencial, junto a Soquimich y Penta, nunca se usó para ese fin, sino que la invirtieron en fondos mutuos para ganar más.\nAsimismo, gracias al terminal Bloomberg -ya lo denunciamos, pues tenemos la convicción- Exalmar fue comprada por las empresas de Piñera. Mientras estaba en un juicio en La Haya y perdíamos territorio (28 mil kilómetros cuadrados de mar territorial chileno en el norte del país), había una adquisición de una pesquera peruana por parte de empresas relacionadas directamente con el Presidente Piñera.\nHoy Piñera insiste en cerrar el proceso de licitación del litio chileno antes del 14 de enero, es decir, en once días más, amarrando contratos de explotación de este mineral por 400 mil toneladas por casi tres décadas, hasta el año 2050.\nEllo claramente resulta un contrasentido, por cuanto hoy día estamos plasmando una nueva Constitución, y, por cierto, los recursos naturales van a estar ligados al desarrollo integral de nuestro país. No se trata de un negocio de entrada y salida.\nHay una creciente oposición a esta sospechosa licitación, que a todas luces busca entregar el mineral al mejor postor, sin ninguna inversión en ciencia e innovación: simplemente van a depredar los salares del norte, manteniendo el statu quo de Chile como un país subdesarrollado.\nPor ello hoy miércoles hubo una reunión con el Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, e integrantes del comando del Presidente electo, Gabriel Boric, para buscar una solución sobre el particular.\nTras ese encuentro, Izkia Siches, cercana al Presidente, planteó la necesidad "de poder construir una política de Estado que pueda transitar los distintos Gobiernos; que nos permita dar claridad a los mercados internacionales, pero también tomar el mandato de nuestro presidente electo, Gabriel Boric, que está incorporado en nuestro programa y que plantea mantener una visión de desarrollo para Chile en relación a este mineral tan importante, como también avanzar en materia de desarrollo y visión estratégica, más allá de la mera labor extractiva de la misma".\nPor su parte, el Biministro Jobet dijo que "es una preocupación muy importante de nuestro Gobierno y también del equipo del Presidente electo, y la vamos a considerar".\nLlaman todos los días al diálogo, y el Presidente electo les hace una petición y solo responden: "La vamos a considerar, igual como vamos a considerar el resto de las aprensiones; y esperamos muy pronto tener una respuesta más concreta que nos permita ojalá poder avanzar, destrabar este tema".\nEs decir, no quedó nada claro tras la reunión. La única salida, Presidente Piñera, es que suspenda la licitación y deje al Presidente electo, Gabriel Boric, que en base a lo que su Gobierno va a ajustar en torno a la Nueva Constitución, decida qué va a hacer Chile con su litio.\nSí hoy es muy clara la necedad de este Gobierno. Hay profesionales de los Departamentos de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción que ya diseñaron y construyeron una planta piloto de carbonato de litio, la que fue comprada por una minera e instalada en Argentina, confirmando que es factible producir este mineral a alta calidad comercial: ¡podemos hacerlo con tecnología chilena!\nLa Universidad de Chile, por su parte, creó la primera batería de litio del país, que tiene el potencial de poder producirse a escala industrial.\nMientras tanto, una empresa en Valdivia, Andesvolt, que se dedica a fabricar sistemas para respaldar energía eléctrica con baterías de litio, debe adquirir la materia prima a países extranjeros que le revenden a Chile.\nEs un absurdo completo: ¡queremos producir tecnología avanzada, pero tenemos que comprar el litio que exportamos, el mismo que Chile vende y que hoy se licita a empresas internacionales!\nEl alto costo hace imposible realizar dicho proceso en nuestro país; por lo tanto, lo que debemos buscar es innovación e investigación.\nAl mismo tiempo, recién ahora, en diciembre de 2021, se anunció en Argentina que se invertirán 500 millones de pesos a fin de avanzar en materia prima para la elaboración de baterías de litio, lo que significa la instalación de la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio, cuestión que se lleva a cabo entre la empresa Y-TEC y la Universidad Nacional de La Plata.\nEntonces, ¿ignora el Gobierno que hay tecnología y capacidad profesional e intelectual en Chile para desarrollar este proceso tecnológico con el litio? No; no lo ignora: ¡no le interesa!\nEs claro, pues, que esta licitación del Presidente Piñera tiene que ser suspendida, de manera de incluir la inversión necesaria en ciencia, innovación y tecnología que permita a las empresas, junto a las universidades de nuestro país, desarrollar tecnología y productos de litio hechos en Chile, tal como las baterías.\nYo sueño con una batería de litio hecha en Chile. Este es el elemento central de los automóviles eléctricos. Pero vamos a seguir comprando automóviles eléctricos, y vamos a seguir vendiendo este recurso y comprándoles a China o a Estados Unidos las baterías de litio, las que podemos producir en Chile.\nPresidenta, por ello me he sumado al proyecto de reforma constitucional presentado por la Senadora Yasna Provoste que prohíbe a cualquier Presidente de la República licitar noventa días antes del término de su mandato cualquier mineral concesible.\nAquello es fundamental. No parece apropiado que el Presidente a última hora -¡a última hora!- pretenda hacer esa licitación a contrapelo, a pesar de la oposición señalada por el equipo y por el propio Presidente electo, Gabriel Boric.\nEl Presidente Piñera lo invita a La Moneda; se dan la mano; le dice que hay que cooperar; lo invita a Colombia -en buena hora el Presidente Boric se niega, pero queda claro que quieren dialogar-, y a la primera petición razonable -porque esto es razonable en la academia, en la política, en la calle-, en el sentido de que suspenda esta licitación por la transparencia necesaria en el manejo de los recursos naturales, el Ministro Jobet dice que "lo van a considerar". ¡Y quedan once días!\nMinistro Jobet, ¿usted en once días va a tener una respuesta, o solo ha ganado tiempo para, por la vía de los hechos consumados, aquello se produzca en Chile, en contra de la oposición de la mayoría de los chilenos?\nPresidenta, la incontinencia financiera del Presidente Piñera debe parar, y el primer paso para que pare es que suspenda la licitación internacional del litio chileno, que es por veintinueve años.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- En el tiempo del Comité PPD, le ofrezco la palabra a la Senadora Loreto Carvajal.\nSolo voy a usar estos minutos, primero, para solidarizar con la comuna de Quillón, a la que me toca representar con mucho orgullo, pero donde los últimos acontecimientos relacionados con incendios forestales han dejado lamentables cifras, como las más de 2.300 hectáreas quemadas, con los efectos que ello genera.\nEsto, de una u otra manera -lo quiero señalar con bastante claridad-, ha sido una constante en los incendios forestales de los últimos años, particularmente en la Región de Ñuble.\nCon lamentación, Presidenta, deseo manifestar que, pese a que el último incendio comenzó el 24 de diciembre, más o menos a las cero horas, recién el día 27 se apersonaron en la comuna de Quillón tanto el Ministro del Interior como la Ministra de Agricultura, cuando los efectos del siniestro, obviamente, eran imposibles de abordar si no hubiese sido por la capacidad técnica de muchos cuerpos de bomberos de distintas comunas -a los cuales aprovecho de agradecer su constante solidaridad, apoyo, valentía y, por supuesto, la entrega que siempre demuestran sus voluntarios- y por la concurrencia de brigadas de Conaf y de otros estamentos que hicieron posible contener un poco el fuego.\nPero quisiera observar en esta Sala, señora Presidenta, la falencia y la falta de prevención que ha existido con respecto a estos incendios, por ejemplo en materia de cómo se aborda el tema de la disponibilidad de agua cuando son las sanitarias finalmente las que determinan, a propósito de tener que enfrentar siniestros de este tipo, la cantidad apropiada de agua para poder contener las llamas y abastecer a toda la maquinaria en lo que significa el combate de un incendio.\nDeseo de esta forma graficar lo que ha ocurrido y, por supuesto, solicitar un informe acerca de cuáles son las acciones preventivas que se prevén para la época estival, básicamente, y que además contenga un diagnóstico actualizado de las pérdidas que ha habido, sobre todo en hectáreas frutícolas, que son parte del entorno y, obviamente, de la vocación natural que tienen Quillón, Coelemu y la Región de Ñuble.\nLo digo porque es necesario que, más allá de la declaratoria de emergencia, que permitió llegar con alimentación para los animales, tengamos también un componente que pueda abordar una emergencia en relación con todos los productores, especialmente cereceros y, por cierto, productores de hortalizas, que fueron afectados por el incendio.\nAquí hay dos diagnósticos. Uno tiene que ver con las consecuencias, de las que quisiera que el Ministerio de Agricultura se hiciera cargo hoy día (ojalá), junto con adoptar medidas que vayan en ayuda y colaboración directa de aquellos productores. Pero también hay un componente que va aparejado y que profundiza la crisis económica y social en el rubro cerecero, cual es la grave plaga que ha afectado tanto a la Séptima Región como a la Región de Ñuble y cuyos efectos se han traducido en que mucha producción cerecera, cientos de hectáreas y de huertos no puedan ser cosechados dado que no hay comercialización.\nTodo ello a propósito del incendio, pero además porque no hubo el incentivo apropiado para haber contenido con anterioridad las plagas. No ha habido un manejo apropiado de la situación. Hicimos eco insistentemente en la Comisión de Agricultura del Senado respecto de esta problemática, donde finalmente se generó una mirada muy muy limitada y se nos dijo que eran focos aislados. Sin embargo, hoy vemos que hay cientos de cereceros de Quillón que, sumados los efectos desastrosos que les produjo el incendio, no tienen cómo salir adelante debido a la escasa compra, la poca comercialización y, por supuesto, el reducido apoyo que hubo para contener este tipo de plagas en la región.\nPor tanto, quisiera solicitar, Presidenta, que se dirigiera una comunicación, a través del medio que corresponda, al Ministerio de Agricultura, a la Dirección Nacional del Indap y ciertamente al SAG, para que se informe acerca de cuáles son las acciones preventivas que se tienen a la vista de aquí para adelante y qué medidas se adoptarán para ir en apoyo directo de nuestros productores y en especial de aquellos que lo han perdido todo, tanto por el incendio como, obviamente, por las plagas.\nLa señora CARVAJAL.- Mi segundo planteamiento, señora Presidenta, es para que se informe sobre los accesos que hoy día tenemos en la principal comuna de la Región de Ñuble, que es Chillán.\nHemos sido testigos de cómo en época de fiestas de Navidad y Año Nuevo se han podido, a través del Ministerio de Obras Públicas, generar acciones, como rebaja de peajes, que no se implementan en otras regiones ni en el resto de la ruta 5 sur.\nEn los accesos tanto a las comunas como a otros lugares de la Regiones del Biobío y de Ñuble no hay ningún incentivo y tampoco ninguna acción concreta del MOP que permita dar más viabilidad e impedir que la gente tenga que permanecer muchas horas en sus vehículos, con bastante calor, con niños menores, etcétera, en los atochamientos y los tacos kilométricos que ahí se generan.\nCreo que ya es tiempo de que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, no mire solo la ciudad de Santiago y la Quinta Región, sino también las Regiones del Biobío y de Ñuble, donde los fines de semana, y sobre todo en época estival, tenemos que sufrir los tremendos atochamientos que se forman y para los cuales no existen hoy medidas que se puedan implementar.\nConsidero necesario que se informe si aquello va a seguir siendo así -espero que no-, y si hay medidas, que ojalá se puedan dar conocer y aplicar.\nEsa es la información que solicito, señora Presidenta.\nSe enviarán los oficios por usted solicitados, de los cuales nos hacemos parte en lo que puedan incidir en el Maule, donde se viven situaciones muy parecidas, por ser, junto con las mencionadas, regiones agrícolas, forestales y además contiguas.\n--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en los términos indicados, de conformidad con el Reglamento.\nLa señora RINCÓN (Presidenta).- No habiendo más solicitudes de palabra, se levanta la sesión.