InternetCómo escoger las palabras clave para optimizar tu portal web\nEn la técnica de redacción SEO (Search Engine Optimization), o las técnicas de redacción para la optimización de sitios y páginas web, la correcta selección de palabras clave será fundamental. No se trata tan sólo de determinar por cuenta propia las palabras que mejor describen al sitio en forma sintética, sino de determinarlas según su preferencia de uso por parte de los navegantes web que queramos dirigir hacia nuestro portal web.\tTambién te puede interesar\nCómo elegir las palabras clave.\tArma tu lista de claves.\tCómo elegir palabras clave con Google Keyword Search Tool.\tArma tu lista de claves\nPara seleccionar adecuadamente las palabras clave de mayor relevancia, primero se comienza por especificar correctamente aquellas características que mejor definen a nuestro sitio web. Pudiera tratase del rubro industrial o comercial del negocio al que el portal web representa, o bien el servicio que se presta. Una vez determinado este concepto, confeccionaremos un listado de palabras (quizás, incluso, combinaciones de palabras o frases cortas) que logren transmitir aquellos contenidos especificados arriba. Cuando tengamos el listado de palabras clave, definiremos cuáles consideramos que son las secundarias, y cuál es la palabra clave principal, que será aquella a la que daremos preferencia, mayor presencia y mayor relevancia, y la que será incluida en la etiqueta de palabra clave principal. Luego, debemos contrastar nuestra selección con las de los usuarios.\nEsta herramienta permite, además, contrastar la palabra elegida con las de mayor uso, mientras sean relevantes o pertinentes. Cuando hagas el contraste, vas a ver que por debajo de los resultados de tu palabra hay un listado de palabras semejantes. Sólo tienes que leer, y especificar tu nuevo listado de palabras clave, a partir de los resultados de esta herramienta del buscador de mayor uso a nivel mundial."No se trata tan sólo de determinar por cuenta propia las palabras que mejor describen al sitio en forma sintética, sino de determinarlas según su preferencia de uso por parte de los navegantes."\n'"La mejor palabra clave será aquella de mayor relevancia de uso, y con menor presencia en páginas web actualmente."\nGracias por leer Cómo escoger las palabras clave para optimizar tu portal web, si te gustó este artículo, suscribete a cualquiera de nuestras redes sociales y recibe publicaciones destacadas todos los días. Comparte


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El entusiasmo de Silva y Verza en largada simbólica del Dakar 2019 | Sport Chaco\nEl entusiasmo de Silva y Verza en largada simbólica del Dakar 2019\nLos chaqueños Juan Manuel Pato Silva (especialidad UTV) y Carlos Verza (cuatriciclos) fueron de la partida en la largada simbólica del Dakar 2019 en Perú. Los dos tienen como meta cumplir el recorrido luego de afrontar otras experiencias en la competencia más riesgosa del mundo.\nLos aventureros pilotos y tripulantes que participarán del Dakar 2019, incluidos los 31 argentinos que buscarán la gloria, tuvieron hoy su largada simbólica en la capital peruana de Lima.\nDesde las arenas del distrito limeño de Magdalena, y ante una buena cantidad de público, uno a uno fueron desfilando por la pasarela los participantes de una edición especial del Dakar, ya que por primera vez en la historia tendrá un recorrido exclusivo dentro de un mismo país.\nLa arena monopolizará el 70 por ciento de los caminos de esta edición 41, que tendrá un total de 334 vehículos inscritos, entre motos, quads, camiones, autos y SxS, con 534 pilotos y copilotos -17 mujeres, un récord- dispuestos a desafiar a los 5.000 kilómetros entre enlaces y especiales.\nDe 64 en la edición 2018, serán 26 pilotos argentinos los que compitan a partir de este domingo, una suma que asciende a 31 si se le agregan los navegantes de nacionalidad argentina (copilotos de conductores extranjeros).\nCon nombres como Loeb, Peterhansel, Al Attiyah, Carlos Sainz o Nani Roma, el Dakar 2019 presenta un cartel de lujo, en una edición más corta que de costumbre.\nEste lunes se abrirán los caminos y el parate de descanso recién llegará el sábado 12, tras la doble y desgastante Etapa Maratón, donde cada piloto o tripulación se las arreglará sin asistencia de los equipos.


La santa cuyo cráneo casi se vende en El Rastro | Madridiario\nEscultura de Santa María de la Cabeza en el puente de Toledo. (Foto: Juan Luis Jaen)\nviernes 08 de septiembre de 2017, 07:52h\nMaría Toribio, nacida en Caraquiz (Guadalajara) y con ascendencia mozárabe, vivió en Torrelaguna destinando su tiempo a realizar las labores de la casa. Mujer religiosa, conoció en esta localidad a San Isidro Labrador, que huía de la conquista almorávide, y con el que se casó posteriormente.\nLa pareja seguía a rajatabla la máxima ‘ora et labora’, dedicándose ella a los trabajos del hogar y él a la faena en el campo. La leyenda cuenta que noche tras noche, María soñaba con la Virgen cruzando el río Jarama extendiendo su manto por las aguas para pasar de una orilla a otra y un buen día, este sueño se hizo realidad.\nMaría de la Cabeza sobre las aguas y otros milagros\nIllán fue el nombre que dieron a su hijo María e Isidro. El pequeño es el protagonista de uno de los milagros más importantes de San Isidro. Illán cayó a un profundo pozo del que era prácticamente imposible rescatarle. Ante la gravedad de la situación, María de la Cabeza comenzó a rezar y le pidió a su marido que salvase a su hijo. Nada más comenzar las plegarias, el agua comenzó a elevarse trasladando al niño hasta la boca del pozo junto a sus padres.\nTras ocurrir este milagro, la pareja acordó separarse y María se trasladó a la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, cercana al río Jarama. Consagrarse a la Virgen, meditar y orar a Dios, junto con mantener la capilla en orden, fueron los quehaceres diarios de la santa en su retiro.\nUn día, con el grave motivo de perjudicar la imagen de María, varios sembradores comentaron a Isidro que su mujer llevaba una mala vida, viéndose con diferentes pastores del lugar. Ante tales calumnias, Isidro, a pesar de saber que el amor de su mujer y su fidelidad a él seguían intactos, decidió durante varios días imitar los pasos de María sin que ella lo supiese.\nEl labrador se llevó una grata sorpresa al ver durante varios días que la imagen que todas las noches se repetía durante el sueño de su esposa se había hecho realidad cuando vio a María de la Cabeza extendiendo su mantilla sobre la corriente del río Jarama –abundante después de producirse lluvias torrenciales– y cruzando el río varios días.\nIsidro, tras ver la pureza en su mujer, se quitó de la cabeza aquellas malas ideas que le infundieron y ambos volvieron a Madrid, poniendo fin al pequeño sacrificio y, tras la muerte de su marido, María continuó con su religiosa vida hasta el día de su muerte el 8 de septiembre de 1175.\nSanadora de dolores de cabeza\nMaría de la Cabeza fue enterrada por petición propia en la misma ermita donde llevó a cabo su retiro. Allí, se separó su cabeza del cuerpo y se expuso en el altar de la Virgen para ser venerada. Se le atribuyen diferentes milagros, relacionados la mayoría con la curación de dolores de cabeza. Inocencio XII aprobó su culto inmemorial y la canonizó en 1752.\nA día de hoy, sus restos descansan junto a los de su esposo desde el siglo XVI en el altar mayor de la colegiata de San Isidro en Madrid y se celebra su festividad el 9 de septiembre.\nUna vida que ha dado de qué hablar\nLa fama de Santa María de la Cabeza como hacedora de milagros llevó a cometer locuras tales como la que realizó un señor de 32 años en 1995, cuando intentó vender varios huesos de la cadera y un trozo de cráneo de la santa un domingo cualquiera en El Rastro de Madrid. Al ser detenido por la Policía Municipal, el hombre aseguró haberse encontrado los restos en un cofre en el que podía leerse “Reliquia de Santa María de la Cabeza”.\nAnécdotas aparte, Rafael J. Salvia llevó al cine la vida de María Toribio y su marido en la película ‘Isidro, el labrador’ (1964). María Mahor fue la actriz elegida para interpretar a la santa y Javier Escrivá fue San Isidro.


Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 47/1990\nSENTENCIA 47/1990, de 20 de marzo\nEn el recurso de amparo núm. 1609/1987, promovido por la Asociación de Profesores de Religión de Centros estatales, representada por el Procurador don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, y asistida por el Letrado don Eduardo García de Enterría. contra Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia de 3 de junio de 1986 y contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1987. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.\n1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 5 de diciembre de 1987, el Procurador don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, en nombre de la Asociación de Profesores de Religión de Centros estatales, interpuso recurso de amparo contra la Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia de 3 de junio de 1986 por la que se prohíbe que los Profesores de Religión de Centros públicos estatales puedan ser candidatos al cargo de Director de sus respectivos Centros, y contra Sentencia de la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1987 por la que, en apelación, se declara inadmisible el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la demandante de amparo contra la mencionada Instrucción.\nEl Subsecretario de Educación y Ciencia, en respuesta, según parece, a consultas evacuadas por algunas Direcciones Provinciales del Departamento, dispuso el 13 de junio de 1986 que los Profesores de Religión en Centros públicos estatales «no pueden ser candidatos al cargo de Director por no reunir el requisito de destino definitivo, y lo que el mismo comporta, establecido en el art. 6 del Reglamento de los órganos de gobierno de los Centros públicos», decisión difundida por télex a los Directores provinciales de Educación. La Asociación hoy demandante de amparo planteó recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión por la vía especial establecida en la Ley 62/1978, que terminó por Sentencia desestimatoria de la Sala competente de la Audiencia Nacional de 8 de noviembre de 1986. Apelada dicha Sentencia, la Sala Quinta del Tribunal Supremo la revocó, declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con el voto particular del Magistrado ponente.\n3. Los fundamentos de derecho del recurso de amparo son los siguientes:\na) La Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo mencionada vulnera el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, al declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo planteado, fundando dicha inadmisibilidad en que el recurso va dirigido contra una Instrucción o norma particular de carácter interno que no puede quebrantar de manera directa y frontal los derechos fundamentales de los administrados. Pero las Instrucciones, tanto si se consideran actos administrativos como disposiciones de carácter general, admiten su impugnabilidad, incluso a través del procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, como se desprende de la STC 26/1986, y, si se las califica de disposiciones generales, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la STC 31/1984. Por ello, al lesionar la citada Instrucción derechos fundamentales se ha producido indefensión a la recurrente, en infracción de los arts. 24.1 y 53.2 de la Constitución y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.\nb) La Instrucción del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia recurrida vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14, 23.2 y 27.7 de la Constitución, con especial incidencia en cuanto al derecho fundamental de acceso a cargo público. Discrimina arbitrariamente y sin ampararse en ley orgánica alguna a una categoría de Profesores, vulnerando además la equiparación legal de los mismos «a todos los efectos» con los demás Profesores del claustro, impuesta por el art. 3 del Acuerdo entre la Santa Sede y España sobre enseñanza, ratificado el 4 de diciembre de 1979. A este respecto hay que tener en cuenta el art. 45 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según el cual el Claustro de Profesores estará integrado por la totalidad de los Profesores que presten servicio en el Centro, sin establecer distinción alguna. Como consecuencia de la Instrucción combatida los Profesores de Religión se han visto en la imposibilidad de ser elegidos Directores de Centro o de tomar posesión en ese cargo cuando habían sido elegidos, pese a no discutirse su condición de electores. La citada Instrucción ha tenido, ella misma, virtualidad lesiva para los derechos fundamentales de los Profesores de Religión, sin precisar necesariamente de actos de aplicación singular, afectando a los intereses colectivos de aquéllos, que está perfectamente legitimada para defender la Asociación recurrente, conforme al art. 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.\nPor consiguiente, se solicita de este Tribunal que declare la nulidad de la Instrucción y Sentencia recurridas, reconozca los derechos de los Profesores de Religión invocados en el recurso y los restablezca, ordenando la anulación de las elecciones a Directores de Centros estatales de enseñanza celebradas bajo la prohibición contenida en la Instrucción impugnada y demás actos adoptados en su aplicación, así como la celebración de nuevas elecciones en las que puedan ser elegibles los Profesores de Religión.\n4. Admitida a trámite la demanda de amparo, por providencia de 13 de enero de 1988, una vez recibidas las actuaciones a que se refiere el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y habiéndose personado el Abogado del Estado, se dio vista de aquéllas a este último, al Ministerio Fiscal y a la representación de la parte demandante, por providencia de 7 de marzo de 1988, para que pudieran formular alegaciones.\n5. El Ministerio Fiscal se pregunta, en primer lugar, si tiene algún significado práctico un pronunciamiento sobre la declaración de inadmisibilidad del recurso previo efectuada por la Sentencia recurrida dado que, en todo caso, el Tribunal Constitucional ha de examinar el fondo de la cuestión planteada en aquel recurso previo y en este proceso de amparo, es decir, si la Instrucción también recurrida ha vulnerado o no algún derecho fundamental, lo que hace superflua cualquier declaración sobre aquel fallo de inadmisibilidad. A continuación expone que la alegación sobre la supuesta infracción del art. 23.2 de la Constitución por la referida Instrucción absorbe la de violación del art. 14, por lo que se limita a examinar si se han infringido en el presente caso los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución. Respecto del primero de ellos alega que lo que la Asociación recurrente pretende, en nombre de sus asociados, es que no se prive a éstos del derecho a acceder a ciertos puestos dentro de la función pública. Pero el derecho reconocido en el art. 23.2 de la Constitución es un derecho personalísimo, cuyo ejercicio queda limitado a las personas físicas, por lo que su preservación en vía de amparo no puede ser accionada más que por los propios interesados y no por una Asociación que, según sus Estatutos, actúa en defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Por tanto, la recurrente carece de legitimación para interponer el presente recurso de amparo. A mayor abundamiento, y con independencia de la naturaleza jurídica de la Instrucción recurrida, cuestión ésta de legalidad ordinaria, lo cierto es que mientras la misma no se aplique a un caso concreto no origina una lesión actual y presente de ningún derecho fundamental, requisito este último necesario para la admisión del recurso de amparo. Dice la demanda, y así resulta de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, que a algunos Profesores se les impidió presentarse como candidatos a Directores de Centros y que incluso una elección fue anulada en virtud de la citada Instrucción. Pero en tales supuestos la posible lesión está producida por la aplicación de la Instrucción mediante actos concretos que deberían haber impugnado los propios interesados, pretendiendo el restablecimiento de sus derechos individuales, petición esta que no se contiene ni podía contener en la presente demanda de amparo. Por otra parte, del art. 23.2 de la Constitución no nace el derecho a ocupar cargos o desempeñar funciones determinadas, derecho este que tiene un inequívoco significado de legalidad y que debe hacerse valer en un proceso ordinario, pero no en sede constitucional. Por último, la alegación de que se ha vulnerado el art. 27.7 de la Constitución es inacogible ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que no se invocó anteriormente en momento oportuno. De cualquier manera, no puede aceptarse que del derecho de participación en el control y gestión de los Centros públicos que reconoce aquel precepto constitucional se derive el derecho a ser nombrado Director de un Centro público de enseñanza, pues los padres y alumnos también tienen aquel derecho constitucional y no por ello pueden ser elegidos Directores. En mérito a tales alegaciones, entiende el Ministerio Fiscal que procede la desestimación del amparo solicitado.\n6. El Abogado del Estado se refiere en primer término a la alegada violación del art. 24.1 de la Constitución por la Sentencia impugnada, alegación en la que se centra la demanda de amparo. Entiende el Abogado del Estado que si el Tribunal Constitucional estimara esta alegación se debería devolver el asunto al Tribunal Supremo, para que éste se pronunciara sobre el fondo. No obstante, considera que tal infracción del art. 24.1 de la Constitución no se ha producido. Sin discutir la impugnabilidad in genere de las instrucciones o circulares, niega que la Instrucción ahora combatida afecte directa y frontalmente a los derechos de los administrados, por lo que la apreciación de la inadmisibilidad del recurso previo de la Ley 62/1978 efectuada por el Tribunal Supremo no es irrazonable ni arbitraria y no vulnera el art. 24.1 de la Constitución, sin que a través del recurso de amparo se pueda revisar in toto la aplicación de una causa de inadmisibilidad de un recurso por un órgano judicial ordinario, ya que ésta es una cuestión de legalidad ordinaria, según la constante jurisprudencia constitucional. En efecto, la Instrucción recurrida sólo puede afectar a los interesados indirectamente, siendo recurribles en cambio por éstos los actos concretos de aplicación de aquélla e incluso el Real Decreto de 18 de diciembre de 1985, que es el apoyo legal de dicha Instrucción, pero no la instrucción misma, de la que no son destinatarios los Profesores de Religión, que no dependen del Ministerio de Educación y Ciencia, como reconoce la recurrente. A efectos dialécticos, el Abogado del Estado se refiere también a la supuesta vulneración del art. 23.2 alegada en la demanda, no sin antes precisar que el objeto del amparo no puede extenderse a todo lo que se solicita en el suplico del mismo, sino sólo a lo solicitado en el recurso judicial previo, es decir, a la nulidad de la instrucción y de los actos dictados en su aplicación, y que sólo procede discutir si la citada Instrucción es conforme a la Constitución y no si lo es o no a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y al Real Decreto de 18 de diciembre de 1985, cuestiones éstas de legalidad ordinaria. Pues bien, la limitación operada en el sentido de que sólo los Profesores funcionarios con destino definitivo puedan acceder a la condición de Director de un Centro público no es contraria al art. 23.2 de la Constitución. Tal restricción es fundada, razonable y proporcionada por ser acorde con las funciones de Director y exigirla la naturaleza del cargo y el ámbito del mismo. Las funciones de Director implican una proyección universal sobre todas las actividades del Centro, que implica un conocimiento de normas, planes de estudio, actividades docentes, etcétera, que en modo alguno está asegurado por los Profesores de Religión. Estos no son Profesores funcionarios, nombrados por principios de mérito y capacidad, sino designados por el ordinario entre «profesores y personas» que sean «consideradas competentes para dicha enseñanza», según el art. III del Acuerdo entre España y la Santa Sede de 3 de enero de 1979. Se trata de una habilitación concreta y específica que para nada contempla otros aspectos de la docencia que tiene que asegurar el Director. Sólo a través de los principios de mérito y capacidad (art. 103 de la Constitución) puede asegurarse la capacitación general necesaria para estos cargos, lo que no impide la participación de los Profesores de Religión, en términos de igualdad, en el Claustro de Profesores, como integrantes de un órgano colegiado y para los fines del mismo que prevé el citado Acuerdo entre España y la Santa Sede. En segundo lugar, sólo los Profesores con destino definitivo gozan de la protección derivada de su situación estatutaria para desempeñar el cargo con objetividad e imparcialidad, mientras que la renovación anual de los Profesores de Religión, aparte de la inestabilidad en el cargo, conforma materialmente una relación de confianza con autoridades ajenas al Consejo Escolar y a la Administración educativa. Por último, no resulta desproporcionado e irrazonable que, siendo el ámbito propio de las funciones del Director el profesorado del Centro y siendo los Profesores de Centros estatales funcionarios, por regla general, se exija de aquél la misma condición. Por todo ello, la representación del Estado solicita la desestimación del amparo.\n7. La parte recurrente se ratifica en lo expuesto en la demanda acerca de la violación del art. 24.1 de la Constitución por la Sentencia impugnada. Asimismo se ratifica en lo allí expuesto sobre la violación de los arts. 14, 23.2 y 27.7 de la Constitución por la Instrucción recurrida. A este último respecto refuta las razones que, según informe del Servicio Jurídico del Ministerio de Educación y Ciencia, se oponen a la elegibilidad de los Profesores de Religión como Directores de los Centros respectivos, a saber, que carecen de nombramiento definitivo para el puesto que ocupan, que carecen de la condición de funcionarios públicos y que el Acuerdo entre España y la Santa Sede sólo prevé la pertenencia de dichos Profesores al Claustro de Profesores, pero no su derecho a ser nombrados Directores de sus Centros. La exigencia de destino definitivo y de la condición de funcionario público no son requisitos recogidos en el art. 37 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, ni siquiera implícitamente, y carece de toda cobertura legal. La primera de ellas se contiene en el Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre, pero éste es un Reglamento de ejecución de aquella Ley Orgánica, que sólo puede establecer, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las reglas precisas para la explicación, aclaración o puesta en práctica de los preceptos de la Ley, pero no introducir mandatos nuevos y, menos todavía, restrictivos de los contenidos en el texto legal. Cuando un reglamento ejecutivo restringe el tenor legal introduciendo, en materia de acceso a un cargo o función pública, una diferenciación sin base en la Ley, no sólo infringe el art. 53.1 de la Constitución, por infracción de la reserva de ley en materia de derechos fundamentales, sino también el art. 23.2, ya que la restricción reglamentaria de trascendencia discriminatoria no podrá ser considerada «requisito que señalen las leyes». Además, el art. 27.7 de la Constitución no confiere el derecho de participación en el control y gestión de los Centros de enseñanza sólo a los Profesores que tengan la condición de funcionarios públicos y tampoco el art. 37.2 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece esta distinción en cuanto al derecho de sufragio pasivo para la dirección del Centro, sino que sólo exige que los candidatos tengan un año de permanencia en el Centro y tres de docencia. En cuanto a que el Acuerdo con la Santa Sede prevé sólo la pertenencia de los Profesores de Religión al Claustro de Profesores pero no al Consejo Escolar, basta decir que este último órgano no existía cuando se firmó aquel Acuerdo, por lo que lo estipulado en su art. 3 ha de entenderse con la plenitud de los derechos inherentes a la pertenencia al Claustro de Profesores, sin limitación o restricción alguna, y sin que la Ley interna pueda modificar dicho Acuerdo. Por ello, reitera la parte actora el petitum de su demanda de amparo.\n8. Por providencia de 12 de marzo de 1990 se fijó para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 siguiente.\n1. La presente queja de amparo se dirige tanto contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1987, a la que se le imputa la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24.1 de la Constitución, como contra la Instrucción del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia de 3 de junio de 1986, a la que reprocha la vulneración de los arts. 14, 23.2 y 27.7 de la Constitución. Todas estas alegaciones relativas a la pretendida lesión de derechos fundamentales deben analizarse sucesivamente. Pero antes es preciso examinar la alegación del Ministerio Fiscal, que considera inadmisible el recurso de amparo por falta de legitimación activa de la Asociación que lo promueve.\n2. Esta objeción previa debe ser rechazada. Si bien es cierto que no se tiene legitimación activa para interponer un recurso de amparo por el solo hecho de haber sido parte en el proceso judicial correspondiente, como establece el art. 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino que es necesario invocar el interés legítimo de la persona natural o jurídica que lo promueva, según dispone el art. 162.1 b) de la Constitución, no lo es menos que no puede confundirse este concepto de interés legítimo con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho fundamental o libertad pública cuyo amparo se pide ante este Tribunal. El interés legítimo a que alude el art. 162.1 b) de la Constitución es un concepto más amplio que el de interés directo, según declaramos en la STC 60/1982, y, por tanto, de mayor alcance que el de derecho subjetivo afectado o conculcado por el acto o disposición objeto del recurso. Sin necesidad de definir ahora en toda su extensión aquel concepto de interés legítimo, es evidente que en el mismo hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos, individualmente considerados, sino también cualquier asociación o Entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines. En la medida en que dicho interés legítimo puede verse también afectado directamente por un acto o disposición recurrible en amparo, por haber infringido un derecho fundamental o libertad pública, debe reconocerse a las personas naturales o jurídicas que invoquen aquel interés legítimo como propio de la legitimación para interponer el recurso, a tenor de lo dispuesto en el art. 162.1 b) de la Constitución. No es óbice a esta conclusión que a través del amparo constitucional sólo pueda pretenderse el restablecimiento o preservación de algún derecho fundamental, ni el carácter personalísimo que el derecho invocado pueda tener, cuando la defensa de estos derechos personalísimos sea precisamente un medio hábil y necesario para la tutela del interés legítimo afectado por el acto recurrido. Así ocurre en el presente caso en que la Asociación de Profesores de Religión de Centros Estatales impugna una Instrucción y una resolución judicial que considera lesivas de derechos fundamentales de sus miembros, a los que atañen directamente, y que afectan también directamente a la promoción profesional de los mismos, lo que constituye un fin estatutario de la Asociación. De ahí que no pueda negarse a la demandante la legitimación para interponer este recurso de amparo.\n3. La primera alegación de la recurrente se funda en la supuesta infracción del art. 24.1 de la Constitución cometida por la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1987, al haber declarado inadmisible el recurso contencioso-administrativo especial interpuesto contra la mencionada Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia. En opinión de la demandante esta declaración de inadmisibilidad es improcedente y de ello colige que se le ha privado de su derecho a la tutela judicial efectiva. Frente a esta alegación aduce el Abogado del Estado que la Sentencia impugnada no vulnera el art. 24.1 de la Constitución, pues se limita a inadmitir un recurso en virtud de una causa legal que así lo dispone y que ha sido aplicada al caso de manera razonada, razonable y proporcionada; en consecuencia, lo que la parte actora plantea, a juicio de la representación del Estado, es una simple cuestión de legalidad ordinaria sin dimensión constitucional, insusceptible de enjuiciamiento en un proceso de amparo.\nTiene razón el Abogado del Estado cuando afirma que no ha sido lesionado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, ya que, con arreglo a la reiterada doctrina de este Tribunal, tal derecho fundamental se satisface siempre que el órgano judicial competente haya resuelto en Derecho y razonadamente sobre las pretensiones deducidas en el proceso, incluso si declara la inadmisibilidad de la acción o recurso instado, en aplicación, asimismo fundada en Derecho, de una causa legal de inadmisión. Esta última circunstancia concurre en la Sentencia impugnada. No obstante, este Tribunal no puede limitarse en el presente caso a la sola comprobación de que el Tribunal Supremo no infringió el art. 24.1 de la Constitución porque aplicó razonadamente una causa legal de inadmisión del recurso contencioso-administrativo del que conoció en apelación. Y no puede hacerlo por el simple hecho de que este último recurso tenía por objeto la tutela de derechos fundamentales y constituía, por tanto, el presupuesto ineludible para poder deducir la queja de amparo constitucional ante esta jurisdicción. Esta circunstancia determina que este Tribunal no pueda permanecer indiferente ante la interpretación y aplicación que de la legalidad ha realizado el Tribunal ordinario. No sólo eso, sino que si se estimara procedente en el caso ahora examinado la causa de inadmisión aplicada en la vía judicial previa, esto es, que la Instrucción recurrida es insusceptible de vulnerar por sí misma los derechos fundamentales que la recurrente invoca, habría que declarar inadmisible por la misma razón el recurso de amparo, aunque se entendiera agotada aquella vía previa. Todo lo cual nos obliga a examinar si la referida Instrucción de 3 de junio de 1986 era o no atacable tanto a través del recurso contencioso-administrativo especial de la Ley 62/1978 como a través del recurso de amparo.\n4. La cuestión que plantea la presente demanda de amparo no consiste en saber si las instrucciones o circulares administrativas, en cuanto categoría general de actos jurídicos de la Administración en sentido lato, pueden o no impugnarse en la vía contencioso-administrativa y en sede de amparo constitucional, lo que admite fácilmente una respuesta afirmativa, pues se trata con toda evidencia de actuaciones jurídicas de la Administración sujetas al Derecho Administrativo y vinculadas también al respeto de los derechos fundamentales, tengan o no carácter normativo en sentido estricto. La cuestión que la queja suscita consiste más bien en determinar si la Instrucción combatida ha podido producir o no una lesión real y actual de algún derecho fundamental de los Profesores de Religión en Centros públicos, que es precisamente lo que la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo niega por entender que no tiene un efecto directo sobre la situación jurídica de aquellos Profesores, efecto que sólo se produciría mediante concretos actos de sujeción individual, los cuales sí serían, en cambio, recurribles por los interesados.\nEn nuestra STC 26/1986 señalábamos que las denominadas instrucciones son «directivas de actuación que las autoridades superiores imponen a sus subordinados en virtud de las atribuciones propias de esa jerarquización... cuyos efectos jurídicos consisten en su cumplimiento por los destinatarios ... bastando que la Instrucción llegue a conocimiento del inferior jerárquico al que se dirige», el cual está obligado a cumplirla, incurriendo en responsabilidad disciplinaria en caso contrario. Es cierto que los destinatarios directos de la Instrucción que ahora se recurre eran los Directores provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, y que era susceptible de aplicarse por éstos mediante actos concretos de requerimiento individual. Pero tratándose de relaciones de sujeción especial que se traban en el ámbito organizativo interno de la Administración, es evidente también que la Instrucción constituye un mandato u orden que todos y cada uno de los subordinados afectados por ella están llamados a observar. Por eso decíamos en la mencionada STC 26/1986, en relación con un supuesto semejante, que «en puridad» las Instrucciones entonces contempladas «tienen también como destinatarios a todos y cada uno de los trabajadores dependientes de la Administración» (en aquel caso militar), e incluyen «auténticas órdenes o mandatos que éstos vienen obligados a cumplir, sin aguardar acto concreto alguno de aplicación», de lo que inferíamos que la propia Instrucción podía producir una lesión de derechos fundamentales.\nA esta misma conclusión cabe llegar ahora. En efecto, los Profesores de Religión, nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia, se hallan bajo la dependencia de los órganos superiores de este Ministerio en el ejercicio de las funciones propias de su quehacer profesional, con independencia ahora de las peculiaridades de su relación estatutaria. En consecuencia, están vinculados directamente al cumplimiento de una Instrucción que ordena textualmente que «no pueden ser candidatos al cargo de Director», y ello sin perjuicio de que pudieran recibir actos concretos de prohibición o de anulación de sus candidaturas por parte de la autoridad competente del Departamento. En realidad, sólo desde una interpretación rigurosamente formalista cabe entender que habrían de esperar, pasivamente o forzando la producción de actos concretos de contenido predeterminado por la Instrucción misma, para considerar efectivamente lesionados sus derechos fundamentales cuya violación imputan a la prohibición que aquélla establece. Por el contrario, dicha lesión, de existir, tendría su origen directo en la propia Instrucción, sin mengua de que se consumara o no a través de actos concretos de aplicación o por el cumplimiento individual de la misma. De todo lo cual cabe inferir que la Instrucción ahora recurrida es un acto de los poderes públicos contra el que puede interponerse el recurso de amparo, en los estrictos términos que establecen los arts. 41.2 y 43.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, para «restablecer o preservar» (art. 41.3 de la citada Ley Orgánica) los derechos o libertades por razón de los cuales se formula el recurso.\nObtenida esta primera conclusión, no resulta procedente, sin embargo, como quiere el Abogado del Estado, devolver las actuaciones a la Sala Quinta del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión debatida en el recurso contencioso-administrativo que declaró inadmisible. Antes bien, puesto que dicha cuestión se refiere estrictamente a supuestas lesiones de derechos fundamentales de las que es competente para conocer este Tribunal y respecto de las que también se solicita amparo, ha de considerarse agotada la vía judicial previa y expedita la del amparo constitucional, como señalábamos, entre otras, en las SSTC 12/1982, 31/1984, 148/1986 y 35/1987, pues aquella vía previa ha quedado frustrada, siendo indiferente que así haya sucedido en razón de estimaciones procesales y no de pronunciamientos sobre el fondo.\n5. Entrando, pues, en la cuestión de fondo que se plantea en este recurso, conviene recordar que la parte demandante sostiene que la precitada Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia menoscaba los derechos fundamentales de los Profesores de Religión en Centros públicos, reconocidos por los arts. 14, 23.2 y 27.7 de la Constitución, con singular referencia al derecho de acceder a cargos públicos -en este caso, los de Directores de aquellos Centros- en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes. El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado niegan que de los referidos preceptos constitucionales se derive derecho alguno de los Profesores de Religión a ocupar el cargo de Director en sus respectivos Centros. Analizaremos a continuación las razones y los argumentos en que cada parte funda sus respectivas posiciones.\n6. El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado ponen especial énfasis en mostrar que la exclusión de los Profesores de Religión como candidatos al cargo de Director no tiene carácter discriminatorio ni por lo mismo rompe el principio de igualdad ante la Ley y en su aplicación, que con carácter general consagra el art. 14 de la Constitución y, más específicamente por lo que se refiere al acceso a funciones y cargos públicos, el art. 23.2 del mismo Texto constitucional. En especial, el Abogado del Estado subraya que la Instrucción combatida no se propone excluir en sentido discriminatorio a los Profesores de Religión en cuanto tales, es decir, en virtud de su condición personal o profesional, sino que constituye una aplicación estricta de lo dispuesto en el art. 6 del Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos de gobierno de los Centros públicos de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional, según el cual los candidatos al cargo de Director «deberán ser Profesores con destino definitivo en el Centro»; y como quiera que los Profesores de Religión son designados por la autoridad académica «para cada año escolar», entre las personas que proponga el Ordinario diocesano, conforme estipula el art. 3 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, ratificado el día 4 de diciembre de 1979, es evidente para esta parte que tales Profesores de Religión no cumplen el requisito de destino definitivo en el Centro. En opinión del Abogado del Estado, este requisito es tan objetivo como razonable, pues con él se trata de satisfacer una elemental exigencia de estabilidad en el centro de las personas elegibles para ocupar su dirección; a ello debe añadirse que no es igual la situación de los Profesores de Religión que la de los restantes Profesores de centros públicos, ya que estos últimos han accedido a la función pública en virtud de procedimientos de selección fundados en los principios de mérito y capacidad, pudiendo por lo mismo desempeñar el cargo en condiciones de objetividad e imparcialidad, lo que no es posible asegurar, en cambio, en el nombramiento de los Profesores de Religión, basado como está en una relación de confianza con autoridades eclesiásticas ajenas al Consejo Escolar y a la Administración educativa.\nEn efecto, enfocado el problema constitucional desde este ángulo, la prohibición a los Profesores de Religión de presentarse como candidatos al cargo de Director del Centro no podría considerarse como discriminatoria, puesto que, como observa el Ministerio Fiscal, el art. 23.2 de la Constitución no confiere a ningún ciudadano el derecho a ocupar determinadas funciones y cargos públicos y no impide, antes bien prevé expresamente, que puedan establecerse en cada caso ciertos requisitos para acceder a los mismos. Estos requisitos, sin embargo, por imperativo del principio de igualdad establecido en el art. 14 de la Constitución, que el propio art. 23.2 especifica, han de tener una justificación objetiva y razonable, pues lo que este último precepto ordena es que no se produzcan acepciones o pretericiones ad personam en el acceso a las funciones públicas (SSTC 8/1985, 148/1986 y 18/1987). Sin duda, la condición objetiva del destino definitivo en el Centro, de la que deriva directamente la imposibilidad de que los Profesores de religión accedan al cargo de director, no es, en sí misma, una exigencia discriminatoria, pues se trata de un requisito enunciado en términos generales y abstractos, que atiende razonable y proporcionalmente a finalidades de estabilidad en el cargo, de imparcialidad y de capacidad, lícitamente perseguibles en, la definición del estatuto de los Directores de Centros escolares públicos. En consecuencia, debe afirmarse que el art. 6 del Real Decreto 2.376/1985 y la Instrucción de 3 de junio de 1986, que lo aplica directamente, no infringen, por razón de su contenido material, los arts. 14 y 23.2 de la Constitución. De la misma manera, tampoco vulneran, por su contenido, el art. 27.7 de la Constitución, ya que no cabe deducir directamente de este precepto que los Profesores -por no decir los padres y los alumnos- puedan participar en el control y en la gestión de los Centros de enseñanza, precisamente accediendo al cargo de Director o, en otros términos, presentando su candidatura para acceder al mismo, ni que gocen de este último derecho por su mera condición de Profesores que prestan sus servicios en el respectivo Centro, sin otros requisitos.\n7. No obstante, la parte demandante no funda su alegato en consideraciones contrarias a aquellas evidencias, sino en argumentos de distinto orden, en concreto, y con especial detenimiento en su último escrito de alegaciones, la Asociación recurrente señala que los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución obligan a que los requisitos o condiciones para ocupar el cargo de Director se establezcan por Ley, en la medida en que se trata de un cargo público («con los requisitos que señalan las leyes», reza el art. 23.2) a través del cual se articula una de las formas de participación de los Profesores en la gestión de los Centros («en los términos que la Ley establezca», precisa el art. 27.7). Sentada esta premisa, se intenta demostrar, por un lado, que el derecho de los Profesores de Religión a ser candidatos en las elecciones a Director está reconocido en una norma con rango de Ley, como es el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre Enseñanza, que el legislador español no puede desconocer o modificar unilateralmente; por otro, se sostiene que la Instrucción impugnada y el requisito del destino definitivo en el Centro, establecido en el art. 6 del Real Decreto 2376/1985, que resulta así indirectamente impugnado también, carecen de la necesaria cobertura legal, por lo que infringen la reserva de Ley que establecen los citados arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución, y no pueden añadir un requisito nuevo para el acceso al cargo de Director sin lesionar al tiempo los derechos fundamentales que aquellos preceptos constitucionales enuncian.\nEl examen de estas alegaciones exige, ante todo, indagar el alcance de las remisiones a las leyes que se contienen en los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución. El primero de estos preceptos no configura un derecho fundamental sustantivo de acceso a las funciones y cargos públicos, por lo que no es lícito concluir que queda infringido si los requisitos que condicionan dicho acceso no se regulan exclusivamente por normas con rango de Ley o, menos aún, por Ley Orgánica, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 53.1 y 81.1 de la Constitución. El derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 garantiza una situación jurídica de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos y funciones públicas, con la consecuencia de que no pueden establecerse requisitos para acceder a los mismos que tengan carácter discriminatorio. Por lo que se refiere a la regulación de tales requisitos, en cada supuesto concreto de acceso a un cargo o función pública, la remisión a las leyes que dicho precepto contempla ha de ponerse en conexión con las previsiones que la propia Constitución establece en cuanto a la normación sustantiva de unos u otros cargos y funciones públicas y, muy en especial, en lo que concierne al rango o tipo de norma que deba regular el acceso a toda clase de cargos y funciones. Es así claro, por ejemplo, que los requisitos para acceder a cargos electivos de representación política, a través de procesos electorales generales, debe regularse mediante Ley Orgánica, no porque esta exigencia se deduzca expresamente del art. 23.2 de la Constitución, sino porque deriva manifiestamente del art. 81.1, de igual manera que la designación de los miembros de las Mesas de las Cámaras Legislativas ha de regularse en los Reglamentos de las mismas, o el acceso a la función pública de las Cortes Generales en el Estatuto de Personal a que se refiere el art. 72.1 de la Constitución. En lo que atañe al acceso a cargos y funciones en la Administración Pública, la remisión a las leyes que efectúa el art. 23.2 debe ponerse en relación con lo que al respecto se establece en el art. 103 de la Constitución, particularmente en su apartado 3. Pero, según señalamos en la STC 99/1987, «no puede afirmarse, sin más, que el límite de la reserva de ley presente en el art. 103.3 de la Constitución impida, en términos absolutos, todo tipo de remisión legislativa al reglamento». Por el contrario, según se declara también en aquella Sentencia, las disposiciones del Gobierno pueden, cuando así lo requiera la Ley, «colaborar con ésta para complementar o particularizar, en aspectos instrumentales y con la debida sujeción, la ordenación legal de la materia reservada», si bien «la potestad reglamentaria no podrá desplegarse aquí ignorando o sustituyendo a la disciplina legislativa, no siéndole tampoco posible al legislador disponer de la reserva misma a través de remisiones incondicionadas o carentes de límites ciertos y estrictos, pues ello entrañaría un desapoderamiento del Parlamento en favor de la potestad reglamentaria que sería contrario a la norma constitucional creadora de la reserva».\nEstas consideraciones, expuestas en la citada STC 99/1987 al hilo de la aplicación del art. 103.3 de la Constitución, deben tenerse en cuenta en el presente caso al interpretar y aplicar el art. 23.2, dada la directa conexión existente entre uno y otro precepto. Por consiguiente, no cabe admitir que el último inciso del art. 23.2 de la Constitución resulte vulnerado por el solo hecho de que los requisitos para el acceso a la promoción a un determinado cargo o función dentro de la Administración Pública se establezcan por norma reglamentaria, ya que ello es lícito y posible según la Constitución, en los término arriba expresados. No sólo eso, sino que, como declaramos también en la Sentencia antes citada, «sería ilógico exigir del legislador una previsión casuística» del contenido de los requisitos para acceder a cualquier cargo o función en el seno de la Administración, pues dichos requisitos «habrán de variar sustancialmente en cada caso». Todo lo cual no excluye, claro está, que pueda ser vulnerado el art. 23.2 de la Constitución (y no simplemente la reserva de Ley establecida en el art. 103.3, cuestión ésta que en sí misma sería ajena al recurso de amparo) cuando el titular de la potestad reglamentaria introduce nuevos requisitos o condiciones que limitan el acceso a un cargo a determinados ciudadanos, sin contar para ello con la necesaria habilitación legislativa.\nEn efecto, esta conclusión, por lo que aquí interesa, tiene también trascendencia desde la perspectiva estricta del principio de igualdad ante la Ley, que incorpora y especifica el art. 23.2 de la Constitución como contenido de derecho fundamental que reconoce y garantiza. Es cierto, como aduce el Ministerio Fiscal que, si los requisitos para el acceso a los cargos y funciones administrativas pueden regularse también por normas reglamentarias, siempre que tales requisitos sean objetivos y razonables carece de trascendencia constitucional, en principio, que no se establezcan por Ley. Debe entenderse incluso que los problemas relativos a si la norma reglamentaria tiene o no suficiente cobertura legal, si excede o no de la correspondiente remisión legislativa, y si infringe o no una norma o mandato legal, son cuestiones que no traspasan el umbral de la legalidad ordinaria y que por lo mismo no pueden dilucidarse en un proceso de amparo al socaire del art. 23.2 de la Constitución. Ahora bien, cuando el legislador establece los requisitos que han de concurrir en los candidatos al acceso a un cargo o función pública, sin prever que su regulación pueda ser desarrollada o complementada por disposiciones infralegales, en realidad está sancionando un criterio igualatorio que las disposiciones reglamentarias no pueden desconocer, restringiendo o agravando las condiciones legales en perjuicio de determinados ciudadanos o grupos, sin conculcar al tiempo el principio de igualdad y, por consiguiente, sin lesionar el derecho fundamental proclamado en el art. 23.2 de la Constitución. En este supuesto el plano de la legalidad y el de la constitucionalidad se cruzan o entreveran, ya que, según señala la STC 209/1987, que aplica el art. 14 de la Constitución, «no puede el reglamento excluir del goce de un derecho a aquéllos a quienes la Ley no excluyó», cuando -debe añadirse- ni siquiera esta última ha previsto la posibilidad de que por vía complementaria el reglamento pueda eventualmente excluirles.\nEl razonamiento anterior se refuerza aún más, si cabe, si se tiene en cuenta la singular remisión a la Ley que se contiene en el artículo 27.7 de la Constitución. Este precepto reconoce un derecho fundamental de participación de los Profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de todos los Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, «en los términos que la Ley establezca». El alcance de esta reserva de Ley es distinto y más estricto que el que incorpora el art. 23.2 de la Constitución, pues, tratándose de un derecho sustantivo y no de la garantía de una situación jurídica de igualdad, es claro que corresponde al legislador, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 de la Constitución, regular su ejercicio. No se quiere con ello afirmar que en este ámbito esté vedada toda colaboración del reglamento con la Ley. En la medida en que aquel derecho de participación se ejerza a través de órganos de la Administración educativa, es lógico entender que el reglamento puede complementar la regulación legal de tales órganos, disciplinando determinados aspectos de su estatuto, o del procedimiento de designación de sus titulares, sobre todo cuando ello sea indispensable por motivos técnicos o para lograr el mejor cumplimiento de las finalidades perseguidas por la Constitución y la propia Ley, siempre que se haga de acuerdo con ésta (art. 103.2 de la Constitución). Pero nada de ello ocurre cuando una norma reglamentaria restringe los derechos de participación establecidos por la Ley, añadiendo requisitos nuevos y más gravosos para acceder a órganos a través de los cuales se ejercen tales derechos fundamentales, máxime cuando la propia Ley ni siquiera ha previsto la colaboración del reglamento para la regulación particularizada o de detalle de aquellos requisitos. En tal caso no habría una regulación complementaria de la Ley, en el sentido arriba indicado, sino pura y simplemente un desplazamiento o contradicción de la configuración legal del derecho fundamental en cuestión, y con ello una conculcación del derecho fundamental consagrado en el art. 27.7 de la Constitución.\n8. Las consideraciones anteriores nos permiten entrar ya en el análisis de las alegaciones formuladas por la parte recurrente en defensa de su pretensión de amparo.\nEn primer lugar, debemos declarar que no es posible otorgar el amparo que se nos pide por el hecho de que tanto la Instrucción recurrida como el art. 6 del Real Decreto 2376/1985, infrinjan, según se afirma, el art. 3 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza. En sí misma considerada, es ésta una cuestión ajena al recurso de amparo. Con independencia de que el derecho reconocido en el art. 27.7 de la Constitución está regulado en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE), y no en el mencionado Acuerdo, no es dudoso que en el ámbito del recurso de amparo la jurisdicción de este Tribunal debe limitarse a comprobar si las disposiciones impugnadas han vulnerado o no el contenido de aquel derecho fundamental según resulta de su definición por la Constitución, siendo aquí indiferente si el legislador estatal ha cumplido o no los compromisos derivados de aquel Acuerdo internacional, pero incluso si se entendiese que este Acuerdo, en cuanto forma parte del ordenamiento interno, puede desarrollar válidamente en algún aspecto el art. 27.7 de la Constitución, y que así lo ha hecho efectivamente, la alegación de la parte recurrente tampoco podría ser acogida, ya que en realidad dicho Acuerdo no establece que los Profesores de Religión tengan derecho a acceder al cargo de Director de los Centros públicos de enseñanza. Y tampoco podría entenderse infringido el art. 23.2 de la Constitución en virtud de aquel razonamiento, toda vez que el citado art. 3 del Acuerdo con la Santa Sede no incorpora un criterio igualatorio entre los Profesores de Religión y los restantes Profesores del Centro, en lo que concierne a la posibilidad de ser candidatos a ocupar el cargo de Director. El citado art. 3 dispone sólo que «los Profesores de Religión formarán parte, a todos los efectos, del claustro de Profesores de los respectivos Centros», pero ello no quiere decir que hayan de tener los mismos derechos que los demás Profesores, a otros efectos que no sean los de formar parte del claustro y, por consiguiente, de ejercer las funciones propias de los miembros del claustro. Incluso si se entendiera, mediante una interpretación no ajustada al tenor de aquel precepto, y a todas luces excesiva, que se ha pretendido igualar los derechos de los Profesores de Religión y de los restantes Profesores en todos los aspectos de la gestión de los respectivos Centros, tampoco de ello resultaría una lesión de los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución, pues nada impediría al Estado establecer ciertos requisitos generales y objetivos para acceder al cargo de Director, tales como, por ejemplo, que los candidatos deban ser Profesores del Centro con al menos un año de permanencia en el mismo y tres de docencia, según exige el art. 37.2 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación o, en su caso, que tuvieran destino definitivo en el Centro. En resumidas cuentas, este último requisito no es incompatible con el criterio igualatorio que deriva del art. 3 del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales.\n9. Llegados a este punto de nuestro razonamiento, queda por examinar finalmente si la Instrucción impugnada y el art. 6 del Real Decreto 2.376/1985, cuya aplicación conjunta impide que los Profesores de Religión puedan optar al cargo de Director, han respetado o no la regulación de los requisitos que para acceder a dicho cargo público contiene la Ley Orgánica 8/1985. El art. 37.2 de esta Ley Orgánica dispone, como ya se ha dicho, que los candidatos al cargo de Director de un Centro docente público habrán de ser «Profesores del Centro con al menos un año de permanencia en el mismo y tres de docencia». Por su parte, el art. 6 del Real Decreto arriba mencionado señala que los citados candidatos al cargo de Director «deberán ser Profesores con destino definitivo en el Centro, con al menos un año de permanencia en el mismo y tres de docencia en los Centros del nivel docente de que se trate». Y con apoyo en este último precepto reglamentario, la Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia aquí combatida ordena que los Profesores de Religión en Centros Públicos estatales «no pueden ser candidatos al cargo de Director por no reunir el requisito de destino definitivo, y lo que el mismo comporta». El problema estriba, por tanto, en saber si la referencia al destino definitivo en el Centro que la Instrucción y el Real Decreto recogen constituye, como la demanda sostiene, una innovación restrictiva del precepto legal que implica una vulneración del mismo y que por lo mismo lesiona los derechos fundamentales que a los Profesores de religión les reconocen los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución; o si, por el contrario, aquellas disposiciones no han introducido ningún requisito suplementario para poder optar al cargo de Director y no han regulado nada que no lo estuviera ya por el precepto legal que desarrollan y aplican, limitándose a exigir en términos más precisos lo que la norma de rango legal ya exigía en un lenguaje más concentrado pero igualmente expresivo de la voluntas legis.\nNuestra respuesta ha de ser contraria también en este extremo a la tesis de la Asociación demandante. En efecto, analizando en su contexto el art. 37.2 de la LODE, no es difícil comprobar que el concepto de «Profesor del Centro» que dicho precepto legal utiliza es jurídicamente equivalente al de Profesor que, previos los trámites procedimentales correspondientes, ha sido nombrado con destino permanente o definitivo en dicho Centro, pues sólo así se es efectivamente Profesor del Centro y no Profesor que transitoria o temporalmente presta sus servicios docentes en ese Centro. Este último concepto de prestación de servicios en el Centro, bien distinto del anterior, es el que luce en el art. 45.1 de la propia LODE al regular el Claustro de Profesores -que es otro de los órganos de gobierno de los Centros docentes públicos-, señalando a este propósito que dicho órgano colegiado estará integrado por la totalidad de los Profesores que presten servicio en el Centro, lo que da a entender que en este caso la aptitud para ser miembro de aquel órgano colegiado de gobierno alcanza tanto a los Profesores del Centro como a todos los demás Profesores que, sin serlo del Centro en sentido propio, prestan servicios temporales o sin nombramiento y destino permanente en dicho Centro, incluidos, aquí sí, los Profesores de Religión y cualesquiera otros Profesores interinos o temporalmente vinculados al Centro público de enseñanza. Pero es claro que esta equiparación entre una y otra categoría del profesorado -Profesor del Centro, de un lado, y Profesor que presta servicio en el Centro, de otro- sólo rige en lo que concierne a la composición del claustro y no puede ser extendida a la dirección del Centro, puesto que el artículo 37.2 de la LODE reserva en términos inequívocos el cargo de Director a la sola categoría de Profesores del Centro. Esta reserva que, como antes se dijo, no es discriminatoria, pues responde razonablemente, entre otros fines, a una lícita exigencia de estabilidad en el cargo, resulta confirmada por el art. 46.1 de la propia Ley, el cual dispone que la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno -entre ellos, el de Director- será de tres años, plazo éste cuyo cumplimiento sólo es posible por los Profesores del Centro y no, en cambio, por quienes presten servicios en el mismo con nombramientos interinos o temporales inferiores a dicho período de tiempo, como es el caso, en concreto de los Profesores de Religión que son designados para cada año escolar a propuesta del ordinario diocesano.\nDe cuanto antecede se desprende que el art. 6 del Real Decreto 2.376/1985 y la Instrucción impugnada no han introducido ex novo ningún requisito distinto o suplementario a los ya señalados por la Ley para poder acceder al cargo de Director, pues la condición de Profesor del Centro exigida por aquélla comporta con toda evidencia el destino definitivo en dicho Centro, como así se afirma con naturalidad y estricto respeto a la voluntad del legislador en las mencionadas disposiciones administrativas,\nDesestimar el presente recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Profesores de Religión de Centros Estatales.\nTipo y número de registro Recurso de amparo 1609-1987\nFecha de resolución 20/03/1990\nAsociación de Profesores de religión de Centros Estatales contra Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia de 3 de junio de 1986 por la que se prohíbe que dichos profesores puedan ser candidatos al cargo deDirector de sus respectivos centros y contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.\nSupuesta vulneración de los arts. 14, 23.2, 24 y 27.7 C.E.\nSi bien es cierto que no se tiene legitimación activa para interponer un recurso de amparo por el solo hecho de haber sido parte en el proceso judicial correspondiente, sino que es necesario invocar el interés legítimo de la persona natural o jurídica que lo promueva, no lo es menos que no puede confundirse este concepto de interés legítimo con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho fundamental o libertad pública cuyo amparo se pide ante el Tribunal. [F.J. 2]\nEn el concepto de interés legítimo hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos individualmente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines. En la medida en que dicho interés legítimo puede verse también afectado directamente por un acto o disposición recurrible en amparo, por haber infringido un derecho fundamental o libertad pública, debe reconocerse a las personas naturales o jurídicas que invoquen aquel interés legítimo como propio de la legitimación para interponer el recurso. [F.J. 2]\nLas instrucciones o circulares administrativas son actuaciones jurídicas de la Administración sujetas al Derecho administrativo y vinculadas también al respeto de los derechos fundamentales, tengan o no carácter normativo en sentido estricto. [F.J. 4]\nLa Constitución no confiere a ningún ciudadano el derecho a ocupar determinadas funciones y cargos públicos y no impide, antes bien prevé expresamente, que puedan establecerse en cada caso ciertos requisitos para acceder a los mismos. Estos requisitos, sin embargo, por imperativo del principio de igualdad establecido en el art. 14 de la Constitución, que el propio art. 23.2 C.E. especifica, han de tener una justificación objetiva y razonable, pues lo que este último precepto ordena es que no se produzcan acepciones o pretericiones «ad personam» en el acceso a las funciones públicas. [F.J. 6]\nPor lo que se refiere a la regulación de los requisitos exigibles en cada supuesto concreto de acceso a un cargo o función pública, la remisión a las leyes que dicho precepto contempla ha de ponerse en conexión con las previsiones que la propia Constitución establece en cuanto a la normación sustantiva de unos u otros cargos y funciones públicas y, muy en especial, en lo que concierne al rango o tipo de normas que deba regular el acceso a cada clase de cargos y funciones. [F.J. 7]\nCuando el legislador establece los requisitos que han de concurrir en los candidatos al acceso a un cargo o función pública, sin prever que su regulación pueda ser desarrollada o completada por disposiciones infralegales, en realidad está sancionando un criterio igualatorio que las disposiciones reglamentarias no pueden desconocer, restringiendo o agravando las condiciones legales en perjuicio de determinados ciudadanos o grupos, sin conculcar al tiempo el principio de igualdad y, por consiguiente, sin lesionar el derecho fundamental proclamado en el art. 23.2 C.E. [F.J. 7]\nEn la medida en que el derecho de participación se ejerza a través de órganos de la Administración educativa, es lógico entender que el reglamento puede complementar la regulación legal de tales órganos, disciplinando determinados aspectos de su estatuto, o del procedimiento de designación de sus titulares, sobre todo cuando ello sea indispensable por motivos técnicos o para lograr el mejor cumplimiento de las finalidades perseguidas por la Constitución y la propia ley, siempre que se haga de acuerdo con ésta (art. 103.2 de la Constitución). [F.J. 7]\nEn el ámbito del recurso de amparo, la jurisdicción de este Tribunal debe limitarse a comprobar si las disposiciones impugnadas han vulnerado o no el contenido del derecho fundamental contenido en el art. 27.7 C.E., según resulta de su definición por la Constitución, siendo indiferente que el legislador estatal haya cumplido o no los compromisos derivados de un acuerdo internacional. [F.J. 8]\nArtículo 23.2, ff. 1, 5 a 9\nArtículo 27.7, ff. 1, 5 a 9\nArtículo 37.2, ff. 8, 9\nArtículo 45.1, f. 9\nArtículo 46.1, f. 9\nArtículo 6, ff. 6 a 9\nDerecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, ff. 6, 8\nAcuerdos con la Santa SedeAcuerdos con la Santa Sede, f. 8\nCentros docentes públicosCentros docentes públicos, ff. 6, 7\nCirculares administrativasCirculares administrativas, Naturaleza, f. 4\nDirección de centros docentesDirección de centros docentes, ff. 6, 7\nDirectores de centros docentes públicosDirectores de centros docentes públicos, ff. 6, 7\nEnseñanza de religiónEnseñanza de religión, f. 8\nInstrucciones administrativasInstrucciones administrativas, f. 4\nProfesores de religiónProfesores de religión, ff. 6, 7, 8


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Creditos Financieros | Creditos en México\nTag Archives: creditos financieros\nDiferencia entre créditos financieros y créditos bancarios\n¿Cuál es la diferencia entre los créditos bancarios y los créditos financieros? Esa no es una cuestión carente de interés, ni poco relevante, menos aun cuando lo que está en juego es la estabilidad financiera propia. Es básico conocer en la medida de lo posible la mecánica de los productos bancarios, sus alcances y sus […]\nCréditos autorizados y Buró de Crédito\n¿Es posible tener créditos autorizados, aun estando en el Buró de Crédito? Cuando se habla acerca de créditos financieros estamos mencionando aquellos financiamientos que son otorgados por compañías especializadas en esta clase de operaciones. Hay una gran variedad de créditos financieros disponibles en el mercado, los cuales ofrecen distintos beneficios como también negativos aspectos para […]\nAgresivo programa de crédito prepara el Infonavit\nDavid Penchyna Grub, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dio a conocer que en breve el instituto preparará un novedoso esquema de créditos, el más agresivo en la historia del organismo. Será un programa de financiamientos que ofrecerá nuevas alternativas a los trabajadores para la construcción y compra […]


Procuraduría de Hidalgo atribuye masacre en Tizayuca a ajuste de cuentas\nConfirma que entre los muertos hay dos menores de edad, además de un policía de la Ciudad de México; el propietario de la vivienda había sido ingresado en el penal de Barrientos por el delito de secuestro\nEstados 13/07/2017 17:52 Dinorath Mota López / Corresponsal Pachuca Actualizada 23:02\nEl procurador Javier Ramiro Lara Salinas calificó la ejecución de 11 personas, en un domicilio de Tizayuca, como un ajuste de cuentas.\nInformó que el dueño de la vivienda tenía antecedentes penales en el Estado de México.\nAl leer un comunicado, ya que no se permitieron preguntas, el funcionario aclaró que en estos hechos las víctimas fueron siete mujeres y cuatro hombres, contrario a las primeras versiones que señalaban que la cifra mayor era de hombres.\nExplicó también que entre los muertos hay dos menores de edad y un policía de la Ciudad de México, identificado como Edgar M.\nAdemás de que todos fallecieron por heridas de arma blanca, y no de disparos.\nLos hecho se registraron alrededor de la medianoche en la colonia Villa de los Milagros, en una fiesta donde se celebraba el cumpleaños de la hija menor de los dueños de la vivienda.\nEl procurador indicó que el propietario de la vivienda había sido ingresado en el penal de Barrientos por el delito de secuestro.\nLara Salinas aseguró que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y no hubo disparos.\nTambién dijo que 10 de los cuerpos fueron encontrados en la sala de la casa y uno en una habitación superior.\nEn este ataque resultaron ileso cuatro menores de edad.


Lebronch presenta... De Chow!\n10/03/2012 14:20\t0 Comentarios Lectura: ( palabras)\nLebronch… Caracas, Venezuela… 2 años y medio han pasado… Fiesta, alegría, gritos, sonrisas, pero también mucho trabajo, frustración e infinitos obstáculos! La música en Venezuela: Difícil y con un futuro incierto, pero acreedora de un público único, capaz de mover montañas y de crear esperanzas para que los músicos continúen su camino hacia sus sueños. De este fenómeno nace un nuevo hijo: "DE CHOW", 2da producción discográfica de la agrupación Lebronch.\nDE CHOW es una carga energética producto de 2 años y medio de gira por las tierras venezolanas, que viene a explotar en este 2012, para darse a conocer al público como el nuevo producto de Lebronch. Es un disco con una energía increíble que maneja géneros como el ska, rock, reggae, rocksteady, punk, balkan, country, tarantella, etc... ¡un arroz con mango, caraota y palmito!\nEl 1er single (Sencillo) promocional elegido por la banda será "El Juez", el cual será estrenado con video a través de la web, los primeros días de Abril. Podrán disfrutar de este nuevo tema a través de los perfiles en las redes sociales de la banda.


Viajes IES – iesoundtherapy\nFormadores y Graduados\nFormación Profesional de Cuencos Tibetanos\nFormación profesional Gong\nFormación de Monocordio y resonancia sonora\nSeminario de Handpan\nPerfeccionamiento integral en cuencos tibetanos\nUn país que mezcla magia, cultura, experiencia y espiritualidad a flor de piel. Vijar a la India es conocer otro mundo, uno que te regala el conocimiento de los sabios iniciados para vivir en armonía y equilibrio en tu interior.\nEn la IES tenemos un gran respeto y cariño por La India, un país de enseñanzas milenarias y cuna las enseñanzas que impartimos orgullosamente desde hace 8 años.\nPara nosotros es muy importante estar en contacto con nuestras raíces espirituales y compartir esta magia con todos los alumnos del IES y sus familias.\nHemos creado un tour para conocer una India Mágica desde una perspectiva distinta, enfocada en la musica, la cultura y la religión.\nUna visita guiada que enriquecerá tu concepto de este gran país y tu profundización de la práctica adquirida con nosotros.\n¡No te pierdas esta gran aventura!\nSi conoces la música, formaciones y terapias del sonido de Ramji Singh, ven a explorar estos beneficios del yoga, sonidos sagrados y viaje cultural a través de la India Mágica. Hoy en día hay muchos diferentes tours que se ofrecen en el mercado.\nSi deseas viajar conmigo, entonces debes decir adiós a todos los paquetes que están disponibles en otras partes. Nuestros viajes, no es principalmente a las atracciones de la ciudad, sino la experiencia de vida.\nNosotros ofrecemos tres temas importantes al viajar, la cultura de la región, la yoga y la música de las diferentes regiones. En otra parte del viaje, es la capacidad de proceso de acompañamiento del sonido con la experiencia y de aprender así para sus propias vidas. Un requisito importante es la disposición a la aventura juntos y apoyando durante el viaje y la experiencia.\nQuiero viajar con la IES


Tendencias tecnológicas a seguir en 2018-SeaCCNA al Día - SeaCCNA\nPublicado por gerardo.reyes en 5 noviembre, 2017\nGartner destaca las principales tendencias tecnológicas estratégicas que tendrán mayor impacto y afectarán en la mayoría de la empresas en 2018. [caption id="" align="aligncenter" width="648"] Tendencias 2018[/caption] El tsunami digital que amenaza con asolar a las empresas que pasen de subirse a la ola de la transformación lo tendrán muy crudo para sobrevivir. Así que en plena marejada se pueden pescar algunas tendencias que bien vale la pena seguir. Las que más cobran impacto desde hace un tiempo y que cobrarán mayor relevancia a partir del año que viene se centran, en su base, en apretar el gatillo de los modelos de Inteligencia Artificial, el apoyo sin pretensiones de la robótica, el comienzo de la explosión de la era bautizada como «Internet de las Cosas» o el pedaleo constante de servicios «blockchain».\nEn los próximos años, destaca el estudio, prácticamente todas las aplicaciones, aplicaciones y servicios incorporarán algún nivel de Inteligencia Artificial. Algunas de estas herramientas empresariales serán, por ejemplo, aplicaciones inteligentes que no podrían existir un sistema de aprendizaje automático. Este tipo de servicios crearán una nueva capa intermedia entre personas y sistemas gracias a su potencial de transformar la naturaleza del trabajo tradicional. «Explorar aplicaciones inteligentes como una forma de aumentar la actividad humana y no simplemente como una camino para reemplazar a los empleados», destaca el analista. En su opinión, el poder de una analítica inteligente será, además, un área de gran crecimiento y que permitirá automatizar algunos procesos como la recopilación de datos o el intercambio de ideas. El reto será, por tanto, utilizar la Inteligencia Artificial para agregar «valor empresarial».\nLa era de la hiperconectividad no ha hecho más que empezar. Con el impulso que tomarán las redes 5G, que se encuentran ahora en una fase de desarrollo, se alcanzará esa llamada era del «Internet de las Cosas». El planteamiento es simple; conectar objetos electrónicos para que «hablen» entre sí. Los expertos vaticinan un gran despliegue de modelos empresariales basados en estos objetos inteligentes. Gracias a ellos se podrá, entre otras cosas, interactuar de manera más natural con el entorno, cambiará la relación entre ser humano-máquina y aparecerán negocios basados en otras tecnologías como el uso de drones o el coche autónomo. Todo ello se traducirá, a juicio de los analistas, en una eficiencia energética y un negocio más sostenible. Servicios de transporte y desplazamientos serán los principales beneficiados. «En la actualidad, el uso de vehículos autónomos en entornos controlados es un área de rápido crecimiento.Es probable que veamos ejemplos de coches autopilotados en algunos tramos de carreteras en 2022, pero su uso general todavía requerirá a una persona en el asiento del conductor en caso de que la tecnología falle de manera inesperada», sostiene Cearley.\nEsta idea se refiere a la representación digital de una entidad o sistema del mundo real. consiste en un modelo virtual idéntico al producto o espacio que deseamos. De esta forma, estos «gemelos digitales», en el contexto de los proyectos inteligentes, serán muy necesarios en los próximos tres años. Bien definidos, tendrán potencial para lograr una mejor y más eficiente toma de decisiones dentro de la empresa. Es crear productos desde el mundo virtual. «Con el tiempo, las representaciones digitales de nuestro mundo estarán conectadas con una figura existente en el mundo real que ofrecerán capacidades basadas en IA para permitir la simulación y el análisis de los comportamientos humanos», añade. Empresas de comercio electrónico, servicios de salud o departamentos de estrategia digital podrán beneficiarse de este cambio a largo plazo hacia el mundo gemelo digital integrado.\nLas plataformas de conversación impulsarán el siguiente gran cambio de paradigma en cómo los seres humanos interactúan con el mundo digital. La plataforma toma una pregunta o un comando del usuario y luego responde ejecutando alguna función, presentando algún contenido o pidiendo información adicional. En los próximos años, las interfaces de conversación se convertirán en un objetivo primordial de diseño para la interacción del usuario y se entregarán en hardware dedicado, características principales del sistema operativo, plataformas y aplicaciones. «Las plataformas de conversación han alcanzado un punto de inflexión en cuanto a la comprensión del lenguaje y la intención básica del usuario, pero todavía queda trabajo», sugiere Cearley. «El desafío que enfrentan las plataformas de conversación es que los usuarios deben comunicarse de una manera muy estructurada y esto es a menudo una experiencia frustrante».


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Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía “Tocororo” condena el bloqueo de EE.UU a Cuba. | Nación y Emigración\nSevilla, 26 de septiembre de 2016. En el marco de la batalla en que se encuentran inmerso el pueblo cubano contra el genocida Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de los EE.UU impuesto a Cuba y, previo a la votación que se llevará a cabo en la ONU condenando el mismo, la Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía “Tocororo” emitió una Declaración de condena. En dicho documento los integrantes de Tocororo denuncian la ilegalidad de esa política hostil contra nuestro pueblo y exigen su cese inmediato.\nPor la presente declaración reafirmamos: nuestro más enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el Derecho In¬ter¬na-cional, incluidas aquellas acciones unilaterales aplicadas por motivos políticos contra nuestro pueblo, que afectan su bienestar y está concebida para impedir que se ejerza su derecho a la libre determinación del pueblo de Cuba, su sistema político, económico y social.\nRechazamos enérgicamente la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional como la Ley Helms - Burton y Torricelli, y sus efectos extraterritoriales y exigiendo al Gobierno de los Estados Unidos de América el fin del bloqueo impuesto a nuestro pueblo, así mismo rechazamos al recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, lo que es contrario a la voluntad política de Cuba.\nPor lo que en aras de lo anterior exigimos al Gobierno de los Estados Unidos de América el cumplimiento de las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se atienda a los reiterados llamados del pueblo cubano y la comunidad internacional para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, que es contrario al Derecho In¬ter¬na¬cional, causando daños cuantiosos e injustificables, y violando los derechos humanos del pueblo Cubano.


La lectura como recompensa | Colaboraciones | Gaceta de Castilla y León\nHome / Opinión / Colaboraciones / La lectura como recompensa\nMaria Esther Duque Martín 10 mayo 2016\tColaboraciones 68 Visitas\nAsí comienza un folleto escrito por una extremeña, natural de Navaconcejo, en el Valle del Jerte: Irene Sánchez Carrón, que lleva por título “LA LECTURA COMO RECOMPENSA”. Ella asegura que desde niña leía todo lo que caía en sus manos. Llegan los recuerdos y me siento protagonista en esta hermosa historia porque yo fui una de esas niñas que disfrutaba del placer de la lectura y, también, leía todo lo que podía y que, puedo asegurarlo, no fue poco.\nEn la década de los sesenta, en muchas casas habitaba una familia numerosa, algo bastante normal entonces. Años sin televisión ni dinero para viajes turísticos. Los días de vacaciones, en verano, se cambiaba la casa por la de otros familiares y se visitaba el pueblo o, en caso de suerte, si ellos vivían en zona costera, la playa, de ese modo los gastos eran mínimos y todos tan contentos. Me gustaba mucho leer y acudía a la biblioteca que los Padres Antonianos tenían en su iglesia, La Sagrada Familia, en el Paseo de Zorrilla, en Valladolid; la biblioteca era pequeña y primaban los temas religiosos y las vidas de santos. Me hice cargo de forrar cada libro y me quedaba un par de horas para prestarlos a las personas que acudían un día a la semana. A cambio, podía llevarme a casa para leer lo que elegía. Luego, al estudiar Magisterio, también atendí la biblioteca y allí tuve más oportunidades: novelas, historia, libros de viajes, teatro, narraciones, poesía…\nHoy la lectura resulta accesible. Si no queremos comprar libros, la Biblioteca Pública de Eduardo Dato, la de Diputación, Miguel de Unamuno, las universitarias, incluso en algunos bares y peluquerías, los prestan. Y los libros electrónicos se descargan, pagando, evitemos la piratería…\nPuedo decir, como Irene Sánchez Carrón, que para mí leer sigue siendo una RECOMPENSA a la que no renunciaría por otras muchas.\nDejo escrita una frase que se me quedó grabada para siempre: “Quien no lee vive únicamente su vida, pero quien lee puede vivir muchas otras vidas”. Está claro que si un personaje de relato, novela o historia, nos gana y mantiene el interés, acabamos sintiendo su dolor, su alegría, y comprendemos su modo de reaccionar ante cada situación, en pocas palabras: lo hacemos “nuestro” y lo amamos. ¿Quién no recuerda a nuestro universal don Quijote y a Sancho, a Aureliano Buendía, o alguno de los personajes de Fedor Dostoiewski en su magnífica obra Los hermanos Karamazov?


Remedios caseros contra el mal aliento | Dionisio\nEl mal aliento o halitosis, se caracteriza por generar un mal sabor en la boca, que suele ser agrio o amargo de mal olor, donde la boca y la lengua suelen estar secas o recubiertas por una mucosidad de mal color y olor amarillento.\nEl mal aliento puede deberse a varios factores:\nUna mala digestión,\nLa dieta estricta,\nIntolerancia de la leche\nEl mal aliento crónico es aquel que aun después del cepillado el mal olor continua.\nLos tratamientos son simples y la condición es curable a través de una serie de remedios caseros.\nMuchas personas que sufren de halitosis puede generar un complejo de inferioridad o aislamiento, ya que suelen evitar las interacciones con las personas.\nCiertos alimentos, especialmente la cebolla, el ajo y las especias son a menudo responsables del mal aliento de un individuo.\nLos remedios caseros pueden eliminar el mal aliento por completo, siempre que se sigan con regularidad:\nRemedios caseros para solucionar el mal aliento :\nAvellana: al masticarlas absorben el mal aliento.\nLimón: mas allá que te deje la boca fresca, si mezclas una cucharada de limón con una pizca de sal después de haber comido algo con ajo y cebolla, se quita rápidamente el olor de tu boca.\nClavo de olor: clavo tiene muy fuertes propiedades antisépticas. 3 o 4 dientes deben ser molidos, agregar a una taza de agua y se dejan hervir hasta que se consigue la extracción completa. Esto se cuela luego con una malla fina y se utiliza para hacer gárgaras.\nPerejil, Menta, Albahaca: al masticar sus hojas se reduce la producción de gas intestinal e inducen un aliento fresco durante un período prolongado de tiempo.\nCanela: mantener un palito de canela en la boca durante un tiempo para que absorba el olor sulfuroso de ajo y la cebolla.\nManzanas, zanahorias y peras: estas frutas producen abundante saliva cuando se mastican y ayudan a limpiar los dientes mientras se come.\nMenta y Wintergreen: Ambos neutralizan el mal aliento y dan frescura dentro de la boca. Es por eso que están presentes en la mayoría de las cremas dentales y enjuagues bucales.\nVinagre de manzana: tomando antes de las comidas un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana mejora la digestión, lo que mejora la digestión.\nTé de perejil y Mirra: se hace un té con las hojas de perejil y la mirra en polvo (1 cucharadita) y 2 clavos de olor enteros. Esto se puede tener preparado ya que dura varios dias, se usa como como enjuague bucal de 2 a 3 veces al día.\nBicarbonato de sodio: si te cepillas los dientes con un poquito de bicarbonato (no abusar) reduce la acidez en la boca, mejorando el olor de su aliento.\nA estos remedios caseros se los tiene que acompañar con una correcta higiene bucal (con hilo dental inclusive) y una revisión razonable del dentista para rellenar posibles cavidades en la dentadura.\nCausas y Síntomas de la...


El Idiota Preferido de Dios (2022). Estreno Serie en Netflix - Martin Cid Magazine\nEl Idiota Preferido de Dios (God’s Favorite Idiot) es una serie dirigida por Michael McDonald protagonizada por Melissa McCarthy y Ben Falcone.\nNueva interpretación de esta chica tan simpática y a la que tanto queremos por aquí ()mañana cuando dé visitas, aún más).\nUna gamberrada “a la Americana” de esas para pensar poco y simplemente disfrutar.\nDónde Ver El Idiota Preferido de Dios\nEsta vez, Melissa McCarthy interpretará a una chica que tiene que lidiar con un tipo bastante poco espabilado que, por accidente, se convierte en el mensajero de Dios.\nMelissa McCarthy. Depostiphotos\nMelissa McCarthy es una actriz conocida por las comedias Bridesmaids (2011), Spy (2015) y otras muchas.\nMelissa Ann McCarthy nació el 26 de agosto de 1970 en Plainfield, Illinois, Estados Unidos.\nFue considerada hace algunos años como una de las mejores actrices para este siglo XXI (por el New York Times, nada menos).\nActriz principalmente de comedia, también ha actuado en algún que otro drama como St. Vicent.\nEsta chica tiene innumerables premios, como un Emmy Primetime por Mike & Molly (2010-2016) y ha sido nominada a los BAFTA, a los Globos de Oro e incluso a dos Oscars…\nPor aquí la hemos visto en varias películas que… recomendamos si os gusta su humor. Es este tipo de actrices con personalidad que por sí mismas eclipsan un poco el argumento y el papel va acorde con su personalidad y sus películas anteriores.\nSus pelis incluyen: Superintelligence (2020), una comedia romántica; El Estornino (2021), un drama; una muy de su estilo, para que se hagan una idea, Patrulla Trueno (2021); y La Cocina del Infierno (2019).\nY acaba de estrenar serie en Netflix (comedia, desmadrada, claro), El Idiota Preferido de Dios (2022).\nTítulo: God's Favorite Idiot\nDescripción: Esta vez, Melissa McCarthy interpretará a una chica que tiene que lidiar con un tipo bastante poco espabilado que, por accidente, se convierte en el mensajero de Dios.


La cotización libre mantuvo su tendencia a la baja y se vendió por debajo de los $150 | Nexofin\nPor onceava rueda seguida, la divisa informal continuó en retracción y perdió 24% desde el récord de 195 pesos registrado en octubre.\nmartes 10 de noviembre de 2020 - 1:51 pm\nLa divisa norteamericana acumuló once ruedas seguidas cotizando a la baja en el mercado informal y se vendió por debajo de los 150 pesos, a $149. En ese sentido, desde el 23 de octubre último -cuando logró tocar los 195 pesos- acusa una caída constante y al día martes contabilizó una pérdida del 23,5%, o 46 pesos.\nEn la plaza formal, el oficial mayorista se ofreció con una suba de siete centavos a 79,42 pesos, por lo que la brecha cambiaria en comparación con el dólar blue se redujo al 87,6%, luego de tocar los 150 puntos porcentuales el pasado mes.\nEn los bancos, el billete fue ofrecido al público a $140,16 para la venta, un valor que comprende el gravamen del 65% por la aplicación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y la percepción como adelanto del Impuesto a las Ganancias.\nEn lo que respecta a las cotizaciones bursátiles, contado con liquidación y MEP, se transaron con escasas variantes a 147 y 142 pesos, respectivamente.\nSiguiente: El blue revirtió su tendencia bajista y subió trece pesos en un día, a $162


Son innumerables los testimonios históricos que nos ha dejado el Fondillón, quizá el más conocido sea el referido en las memorias del Duque de Sant Simón, que fue el cronista oficial de la corte del Rey Luis XIV de Francia, apodado «El Rey Sol», dado que en sus dominios no se ponía el Sol. Aquejado de una larga enfermedad, se retiró al Palacio de Versalles (que años antes ordenó construir), para languidecer lentamente. Cuando sentía a la muerte cercana, dice el cronista, que su último deseo fueron unos bizcochos bañados con vino Fondillón. La anécdota en sí no reúne demasiado mérito, puesto que el Fondillón y los bizcochos, eran por prescripción médica, y constituyeron casi su única alimentación durante los últimos meses de vida del gran monarca. Pero esto sucedía en 1.715, cuando el Fondillón ya era uno de los más afamados vinos del mundo. Giremos un poco la vista atrás para ver como se fraguó esta leyenda.\nPero la época de oro de la región llegó en el siglo XIX cuando el oidio primero y la filoxera después arrasaron los viñedos franceses. Francia llegó a firmar un tratado de comercio preferencial de vinos de procedencia alicantina. Muchísimos vinos de Burdeos estaban «regados» con vinos de Alicante elaborados con la variedad Monastrell. Esta situación tan favorable produjo un fuerte desarrollo en la elaboración y comercio del vino en la región, llegándose a las 93.000 hectáreas de cultivo y a 1.200.000 hectolitros de producción de vino anual.\nEl vino Fondillón, fue ensalzado en el París de la exposición universal. El Fondillón se entremezcla en las novelas de Alejandro Dumas, Dernboswski, Salgari, Davillier y Quinet, entre otros célebres literatos. En el «Conde de Montecristo«, la obra cumbre de Dumas, en el pasaje de la visita al mayor Cavalcantí, éste le da a elegir entre un Jerez, un Oporto y un Vino de Alicante, escogiendo el protagonista sin dudar el noble vino que nos ocupa, curioso pasaje literario que ilustra acerca de la calidad de un producto, el Fondillón, que llegó a pagarse a 800 francos el hectolitro, mientras que el Jerez se vendía a 204, el Oporto a 153, el Málaga a 135 y vino de Valdepeñas a 60.\nPara su elaboración, se parte de una uva muy madura, casi pasificada a la que posteriormente se le somete a un asoleado breve sobre unas esteras de esparto llamadas en la zona «Safareig» (en Málaga les llaman «Zafarich» y en Montilla y Jerez, «Estores», «Redores» o «Valeos»). Aunque algunas bodegas no asolean las uvas, o niegan que las asolean. Antiguamente también se añadían algunos racimos de Garnacha tintorera en su elaboración. Una vez pasificados los granos, alcanzan cerca de los 20 grados alcohólicos probables a veces más.\nPosted in Noticia\tTagged Alicante, D.O. Alicante, enología, Fondillón, Variedad Monastrell, vino, vino tinto, viticultura\nEncuentro muy interesante este articulo. Por cierto en Madrid en varios comercios he intentado comprar vino «rancio» que por cierto no lo he conseguido, lo intentare con el nombre que figura en su articulo «Fondillón».