DERECHO EN GENERAL: LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN DETERMINADOS SUPUESTOS DE EUTANASIA\nLA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN DETERMINADOS SUPUESTOS DE EUTANASIA\nLA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN DETERMINADOS SUPUESTOS DE EUTANASIAJOSE MANUEL VALLE MUÑIZ Catedrático de Derecho Penal Universidad de Cantabria "Cuadernos Jurídicos". Año 2, Nº 25, diciembre 1994, Barcelona.\nSUMARIO: Introducción. RELEVANCIA JURIDICO-PENAL DE LA EUTANASIA. EUTANASIA ACTIVA: Eutanasia activa directa. Eutanasia activa directa consentida. Eutanasia activa directa no consentida. Eutanasia activa indirecta. EUTANASIA PASIVA: Eutanasia pasiva voluntaria. Eutanasia pasiva no consentida.\nLa eutanasia es un asunto espinoso como pocos. En él se mezclan en dosis variables desde análisis de impecable racionalidad hasta consideraciones enraizadas en las creencias más atávicas. Es un debate para corredores de fondo que carece de una solución fácil. Posiblemente, va siendo hora de que nos enfrentemos a cara descubierta con nuestros propios fantasmas y afrontemos con seriedad y rigor un tema tan delicado.\nEn la problemática jurídica de la eutanasia subyace el debate sobre la disponibilidad de la propia vida y sus límites. A mi juicio, la criminalización de múltiples supuestos de eutanasia a través de las figuras de auxilio al suicidio recogidas en el artículo 409 CP no es sensible al cuadro axiológico constitucional. Esencialmente, podría afirmarse que una protección de la vida, incluso contra la voluntad de su titular, no se encuentra amparada por nuestra Constitución. Comparto la opinión, por tanto, de que sólo la vida libremente deseada encuentra reconocimiento en nuestra Norma Fundamental y, en consecuencia, sólo ella alcanza los presupuestos necesarios para convertirse en un bien jurídico-penal merecedor de tutela(1).\nEste trabajo no versará, sin embargo, sobre la apremiante y necesaria reforma de la tutela penal de la vida humana en nuestra legislación. Antes bien, será mi propósito analizar, de lege lata, los posibles supuestos donde a pesar de la tipificación penal pudiera afirmarse la ausencia de responsabilidad.\nAnte la evidente ausencia de una regulación específica de la eutanasia en nuestro Código Penal, se hace preciso un estudio de las diferentes categorías típicas de aplicar. Esta tarea exige, no obstante, dada la diversidad estructural de conductas reconducibles a la eutanasia, algunas precisiones conceptuales.\nEl tema debe ubicarse en el derecho a una muerte digna. Ello implica, no un menosprecio de la protección de la vida, sino una protección de la misma --la única legítima-- respetuosa con el valor fundamental de la dignidad del hombre. Estas coordenadas permiten --a mi juicio, con mayor solidez que los motivos a que pudieran obedecer las conductas eutanásicas, por ejemplo, altruistas, de compasión, solidaridad, etc.-- excluir del ámbito de la eutanasia, y calificarlas sencillamente como vulgares homicidios o asesinatos, las conocidas como eugenésica (eliminación de niños, individuos con deficiencias físicas o psíquicas con la finalidad de mejorar la raza), económica (eliminación de enfermos incurables, ancianos, deficientes mentales, con la finalidad de evitar a la sociedad una carga económica inútil), criminal (eliminación de personas socialmente peligrosas), experimental (para la que la provocación de las muertes posee una finalidad científico-experimental) y solidaria (eliminación de seres humanos para salvar vidas ajenas)(2).\nSin embargo, aun ciñendo el ámbito de operabilidad de la eutanasia a supuestos en que una persona presenta un cuadro clínico irreversible, esto es, enfermedades incurables y en la mayoría de supuestos sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, cabe distinguir diversas situaciones. Ante todo, es preciso subrayar que la eutanasia puede responder a los deseos más o menos expresos del sujeto, o bien a otro tipo de consideraciones (respecto a la dignidad del hombre, médico-científicas). Al ser el consentimiento de la víctima esencial en la tipificación penal, en cada una de las diferentes formas de eutanasia habrá que distinguir entre las dos posibles hipótesis: eutanasia voluntaria y eutanasia no voluntaria.\nA partir de aquí, me parece esencial no caer en la trampa de la casuística y, por tanto, recoger una clasificación de los diferentes supuestos que, por una parte, sea capaz de aglutinar en su seno todas las especificidades posibles y, por otra, sea compartible por la mayoría de la doctrina. Así pues, diferenciando en la realización de cada una de ellas la hipótesis de que se cuente o no con el consentimiento del sujeto, distinguiré las siguientes clases de eutanasia:\n- Eutanasia activa: actos ejecutivos que suponen un acortamiento de la vida del paciente.\n- Eutanasia activa directa: la conducta va dirigida directamente a producir la muerte (dolo directo).\n- Eutanasia activa indirecta: aceptación de que los medios terapéuticos empleados causarían, con una alta probabilidad, la muerte (dolo eventual).\n- Eutanasia pasiva: la no adopción de medidas tendentes a prolongar la vida o la interrupción del tratamiento médico, en ambos casos, claro está, con resultado de muerte.\nRelevancia jurídico-penal de la eutanasia\nNos encontramos ante la conducta de un sujeto que ejecuta de manera directa e intencional la muerte de otro. La tipificación penal parece, en principio, clara. Nos hallaremos ante un homicidio (artículo 407 CP), asesinato (artículo 406 CP) o parricidio (artículo 405 CP), según la apreciación de circunstancias concurrentes. Sin embargo, la calificación penal no será tan clara si la ejecución directa e intencional de esa muerte obedece a los deseos expresos de la víctima. La presencia del consentimiento de la víctima, o por lo menos de un determinado consentimiento, ubica la eutanasia activa directa y voluntaria en el seno del tipo recogido en el inciso segundo del artículo 409 CP; esto es, se trataría de un auxilio ejecutivo al suicidio. Ello, no obstante, no siempre es así. En efecto, por un lado, se discute si la presencia en la conducta descrita de alguna de las circunstancias caracterizadoras de los delitos de parricidio o asesinato harían mudar en su favor la calificación típica. Pero, aun cuando esto se niegue --solución que estimo correcta--; esto es, aun entendiendo que el artículo 409 desplaza a los artículos 405 y 406, todavía está por ver que esta modalidad de eutanasia cumple todos los requisitos exigidos por el delito de auxilio al suicidio. En concreto, debemos demostrar que nos encontramos ante un suicidio o, de manera más precisa, ante un auxilio ejecutivo al suicidio.\nEn virtud del artículo 409 CP, "el que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide será castigado con la pena de prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de reclusión menor". Es decir, el legislador eleva a delito autónomo lo que no son más que formas de participación en un hecho ajeno. Es evidente que, ante la atipicidad de la conducta suicida, era ésta la única forma de incriminar comportamiento de instigación o auxilio al suicidio. También en el caso en que sea el auxiliador el que ejecute la muerte, nos encontramos ante una conducta de participación, si bien en este caso asimilable a la del número 1 del artículo 14 ("los que toman parte directa en la ejecución del hecho"), pues entiendo que este supuesto, siguiendo a Quintero Olivares, expresa ya una causa de extensión de la responsabilidad criminal(3). No comparto la tesis, por tanto, de que en el inciso 2º del artículo 409 se castiga "un homicidio caracterizado por el elemento de que la víctima está de acuerdo con que el autor le quite la vida"(4). También en el auxilio ejecutivo nos encontramos ante un suicidio, es decir, ante la participación en un hecho ajeno(5).\nCon todo lo anterior sólo se quiere subrayar que para que la eutanasia activa directa sea encuadrable en el inciso 2º del artículo 409, el comportamiento debe poder ser calificado como suicidio. Pues bien, a juicio de Torio, "suicidio es la muerte querida por una persona imputable", siendo el eje de la definición "la aceptación de la muerte por el suicida"(6).\nEn lo que ahora nos ocupa --esto es, la eutanasia activa directa en su modalidad consentida--, no plantearía problema alguno el elemento de la voluntad de morir, pues nos encontramos ante una estructura de dolo directo. Sin embargo, participo de la opinión de que la aceptación de la propia muerte no es suficiente para afirmar la presencia de un suicidio. Por otro lado, es también discutible la asimilación de la capacidad para consentir con la imputabilidad. Analizaré las dos cuestiones por separado.\nEl suicidio implica que es el propio sujeto, y no un tercero, quien dispone de su vida. Es decir, la causación de la muerte se configura como un hecho propio, no como un hecho ajeno aceptado. En la doctrina alemana, donde, como se sabe, no es punible la participación en el suicidio, pero sí el homicidio a petición u homicidio consentido ("será castigado con prisión de seis meses a cinco años el que cometa un homicidio determinado por la petición expresa y seria de la víctima", parágrafo 216 StGB), un sector de la misma acude al criterio del dominio del hecho: habrá participación en un suicidio (impune) si el suicida ostenta el dominio del hecho; por el contrario, si éste es ejercido por el tercero, habrá homicidio consentido. Trasladado esto al Derecho español, significaría que el suicidio exige el dominio del hecho por el suicida(7). Se trata, sencillamente, de configurar el suicidio como una conducta de autoría.\nAhora bien, en el auxilio ejecutivo al suicidio, el dominio del hecho por el suicida no puede interpretarse como la capacidad de interrumpir el curso causal puesto en marcha por el tercero. Tal restricción del concepto de suicidio no se compadece con una interpretación teleológica del tipo y, en honor a la verdad, no es mantenida por ningún autor en nuestra doctrina. En realidad, si con dominio del hecho nos queremos referir al control de la ejecución, en el caso del suicidio, éste se dará cuando el suicida mantenga en todo momento la propiedad sobre la decisión de su muerte. Es decir, en el auxilio ejecutivo al suicidio es preciso un consentimiento expreso y actual, o sea, con eficacia permanente hasta el último instante de la ejecución. Sólo el dominio sobre la decisión final, en el sentido de que hasta el último momento fuere exigible el desistimiento activo, configura la conducta del sujeto como suicida, y la aportación del tercero como participación en hecho ajeno.\nSin embargo, ello no significa que el consentimiento carezca de relevancia. Más bien supone que, en el caso de que no sea el propio suicida quien se dé muerte, la afirmación de la libre disponibilidad sobre su vida exige la presencia hasta el último momento de su voluntad inequívoca de morir. Pues la razón última de la existencia del artículo 409 no puede ser otra, a la luz de nuestro texto constitucional, que dotar de relevancia atenuatoria --aun cuando insuficiente-- al consentimiento de la víctima, esto es, a su deseo de morir.\nEn otro orden de consideraciones, es de vital importancia para la aplicación del artículo 409.II el hecho de que el suicida tenga capacidad para consentir. Tal requisito suele ser asimilado en nuestra doctrina al carácter imputable del suicida. De tal forma que, cuando el sujeto se halle inmerso en una de las causas contempladas en los números 1º, 2º y 3º del artículo 8 CP, el suicidio será considerado como no libre y la conducta del auxiliador como un homicidio o asesinato en autoría mediata.\nEn realidad, si de lo que se trata es de saber cuándo el tercero domina el hecho mediante el dominio de la voluntad del suicida, hemos de reconocer que el criterio de la inimputabilidad no es infalible. Tanto porque podría afirmarse la autoría mediata con instrumento parcialmente imputable, cuanto porque la imputabilidad del instrumento no implica per se la exclusión de dicha autoría mediata. Es decir, parece que debe entenderse que el consentimiento del suicida exige que se apoye en una resolución propia y capaz de advertir la trascendencia real de su acto.\nPara ello, evidentemente, no están pensadas las elaboraciones dogmáticas de la inimputabilidad y semiimputabilidad. Sería posible como hipótesis, por tanto, tal capacidad de consentir en un inimputable y no, en cambio, en un semiimputable. A mi juicio, estamos todavía muy lejos de encontrar un criterio general de solución ... El de la capacidad natural de comprensión y juicio me parece vago e impreciso. Puestos a buscar una orientación, me parece más convincente y, sobre todo, más respetuoso con la seguridad jurídica, el de la inimputabilidad.\nPor tanto, en principio, cuando un sujeto no esté inmerso en una causa de inimputabilidad, deberá afirmarse el suicidio libre; sólo excepcionalmente, cuando los medios de prueba así lo certifiquen, podrá negarse el carácter libre del suicidio a un semiimputable. Esta conclusión --aun con sus reconocidas deficiencias-- es tremendamente importante, pues, los enfermos con pronóstico infausto que soportan procesos física o psíquicamente dolorosos con frecuencia pueden presentar síntomas de alteración psicológica (depresión, arrebato, agresividad). Sin embargo, me atrevería a decir que ello, antes de ser un síntoma de anormalidad, es todo lo contrario. Es decir, la respuesta psicológica normal a una enfermedad incurable, o incluso a la inminencia de la muerte, no puede llevarnos a negar la capacidad de tomar una resolución propia y capaz del sujeto sobre el momento de su muerte. Con el deslizamiento hacia la semiimputabilidad como criterio para negar el carácter libre del suicidio se corre ese riesgo(8).\nEn conclusión, en los supuestos de eutanasia activa directa consentida, si el sujeto controla hasta el final la ejecución de su propia muerte y si no está inmerso en causa alguna de inimputabilidad (como criterio base), la tipificación general correcta será la de auxilio ejecutivo al suicidio del artículo 409.II.\nComo ya se ha señalado, la ausencia de consentimiento en la eutanasia activa directa deja el camino libre para su tipificación como asesinato o parricidio. Sin embargo, ante la injusticia material que pudiera representar tal respuesta punitiva, algunos autores han sostenido, en todo caso, la calificación típica de homicidio: "[...] la presencia del móvil piadoso en toda muerte eutanásica es incompatible con la culpabilidad propia de los delitos de parricidio y asesinato y que, por ende, los supuestos de muerte eutanásica no son subjetivamente adecuados a las figuras delictivas diseñadas en los artículos 405 y 406"(9).\nA mi juicio, y a pesar de lo discutible que pudiera resultar la argumentación dogmática, desde una perspectiva político-criminal y valorativa no puede despreciarse. Ahora bien, tal interpretación tendría como consecuencia algo inaceptable: implicaría en muchos casos (eutanasia voluntaria) la irrelevancia atenuatoria del consentimiento, pues el cómputo de pena terminaría siendo el de reclusión menor tanto si se ejecuta una muerte sin consentimiento pero con móvil piadoso, como si se auxilia ejecutivamente a un suicidio. Tal incongruencia, sin embargo, no se subsana con calificar la muerte piadosa como parricidio o asesinato. Lo que sin duda aparece evidente es la injustificada desproporcionalidad del castigo en la regulación vigente. Es absolutamente insostenible, amén de suponer una flagrante desobediencia de los mandatos constitucionales, mantener el mismo castigo para el homicidio y para el auxilio ejecutivo al suicidio(10). Sin duda, el problema es mucho más amplio y, por lo mismo, inabarcable en este contexto. Se trata de replantearse a nivel general la respuesta jurídico-penal a los ataques contra el bien jurídico vida.\nSea como fuere, la severa e injustificada respuesta penal a las conductas encuadrables en la eutanasia activa directa obligan al jurista, por mor de un afán de justicia material, a forzar todos los instrumentos de la dogmática a su alcance en aras a posibilitar una deseable atenuación o exclusión de la responsabilidad criminal.\nEutanasia activa directa consentida\nEl punto de partida, sin duda, será la ineludible tipificación penal. Pues, habiendo sido elevado el consentimiento a elemento típico, no es posible que proyecte su eficacia como causa de atipicidad. A partir de aquí, ciertamente, la doctrina no ha dedicado excesivo esfuerzo a estudiar las posibles causas de atenuación o exclusión de la responsabilidad en la categoría de la antijuricidad.\nContrariamente, se entiende que cualquier atenuación o exclusión de la responsabilidad penal debe ser discutida en el ámbito de la culpabilidad. En efecto, es fácil advertir en los supuestos de eutanasia una alteración emotiva importante que podría influir considerablemente en el proceso motivacional del autor(11). En esta medida, por resultar afectada su imputabilidad, sería posible la afirmación de la eximente de trastorno mental transitorio (artículo 8.1 CP, también en forma incompleta, artículo 9.1 CP), y la atenuante de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan provocado arrebato, obcecación u otro estado pasional de semejante entidad (artículo 9.8 CP). Incluso, de manera más amplia, se ha hablado de inexigibilidad de conducta en supuestos en que, por ejemplo, el hijo no puede soportar más el sufrimiento del padre enfermo incurable(12). No me parece que haya objeción alguna a tales consideraciones. No obstante, en lo que sigue intentaré demostrar la posibilidad de justificación de la eutanasia activa directa en su forma voluntaria, atendiendo a la apreciación de un estado de necesidad ajeno o auxilio necesario (artículo 8.7 CP).\nEn esta línea se encamina la posición de Gimbernat. El autor entiende que los distintos casos de eutanasia, en el supuesto probable de que serán típicos en virtud de los artículos 409 ó 489 ter CP, estarán justificados por la eximente de estado de necesidad. Argumenta el profesor de Madrid que la acción eutanásica es la única posibilidad de salvaguardar los siguientes derechos constitucionales: "libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 CE), dignidad de la persona (artículo 10.1 CE) y prohibición de tratos inhumanos (artículo 15 CE)". Contrariamente, se lesiona el derecho fundamental a la vida (artículo 15 CE), pero, a su juicio, "esa vida que se lesiona está devaluada, en cuanto que su titular renuncia a ella, en cuanto que su final está próximo y/o se ha convertido en un mero padecimiento físico, y en cuanto que, por consiguiente, muchas veces es incompatible la coexistencia de los derechos garantizados por el mismo artículo 15 de la Constitución: el derecho a la vida y el derecho a no soportar tratos inhumanos". Y concluye afirmando que "[...] ese comportamiento [el de eutanasia] está justificado por un estado de necesidad, porque, junto a la lesión de un único (y, en el caso concreto, devaluado) derecho fundamental, supone también una defensa masiva --y prevalente-- de otros numerosos intereses constitucionales (libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, etcétera)"(13).\nA mi juicio, sin embargo, la anterior argumentación no puede ser compartida, por las siguientes razones:\n- Primero: Ni los derechos constitucionales son realidades normativas inconexas que permiten una comparación en abstracto, ni es posible comparar al mismo nivel derechos fundamentales y principios inspiradores de los mismos, fundamento del orden político y la paz social (por ejemplo, dignidad humana). Tal proceder no evitaría el cuestionamiento de por qué han de primar unos derechos sobre otros (por ejemplo, la libertad sobre la vida).\n- Segundo: La resolución del conflicto de intereses no siempre es necesariamente a favor del mayor número de ellos. Es posible que uno solo prevalezca sobre varios. De lo que se trata es de demostrar el o los preferentes.\n- Tercero: No comparto la opinión de que la vida está devaluada "en cuanto que su final está próximo". La protección de la vida es idéntica para todos, para el que goza de una salud envidiable y para el enfermo terminal, para el inocente y para el condenado a muerte. Toda argumentación que se apoye en una pérdida del valor vital de la vida es, como ha subrayado Kaufmann, un salto en el vacío(14).\n- Cuarto: Por último, la afirmación de que la eutanasia supone la defensa prevalente de otros numerosos intereses constitucionales no es un argumento válido, pues dicho carácter prevalente es lo que se pretende demostrar, en cuanto fundamento de la admisibilidad de la justificación, pero nunca argumento para tal fin.\nY, sin embargo, sigo creyendo que la eutanasia activa directa consentida pudiera ser una conducta justificada por la eximente de estado de necesidad. Veamos cómo puede llegarse a esta conclusión.\nEn el estado de necesidad existe un conflicto de intereses que exige una ponderación. La regulación legal presupone la existencia de un mal que sólo puede ser evitado mediante el ocasionamiento de otro mal jurídico-penalmente relevante, de tal forma que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Es preciso, por tanto, una comparación entre males, no entre bienes jurídicos dañados, lo cual amplía, evidentemente, los términos de la comparación.\nLa ponderación de los males no es más que el reflejo de la ponderación de los intereses que el Derecho pretende tutelar(15). Por tanto, el juicio debe nutrirse de valoraciones jurídicas --no de consideraciones ético-sociales, que, por otra parte, están presentes en las valoraciones jurídicas--, cobrando entonces especial importancia las contenidas en el texto constitucional, de cuyo carácter normativo deriva la obligatoriedad de su apreciación.\nLas situaciones que abonan las conductas de eutanasia activa directa consentida suelen ser muy trágicas, pues el enfermo, por sí solo, se ve imposibilitado para darse muerte. Veamos los males objeto de comparación: por una parte, tenemos a una persona que, víctima de una enfermedad incurable e impedido para disponer libremente de su propia vida, se ve abocado en el tiempo que le reste de existencia a una vida penosa e insufrible por los gravísimos dolores físicos y/o psíquicos que debe soportar; por otro lado, tenemos la destrucción del bien jurídico vida. Estos males son expresión de intereses jurídicamente apreciables. Así, por una parte, el derecho de la persona a disponer libremente de su vida, el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a una muerte digna; por la otra, el interés jurídico de proteger la vida contra la voluntad de su titular.\nLa primera apreciación en el examen de los intereses en juego es que, mientras que los que afectan al enfermo tienen todos un reflejo en el texto constitucional, consistiendo incluso en la expresión de derechos y libertades fundamentales, el interés jurídico de proteger la vida contra la voluntad de su titular no puede encontrar apoyo en el carácter garantista(16) del artículo 15 CE.\nPues bien, es preciso subrayar que los derechos y libertades fundamentales no son realidades normativas aisladas e inconexas, sino que se articulan y sistematizan de manera dinámica para dotar de contenido y eficacia al principio de la dignidad de la persona, todo ello con un único objetivo: garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Esta articulación dinámica supone que las posibles tensiones y conflictos entre los derechos y libertades fundamentales deben resolverse en todo caso bajo el prisma del respeto a la dignidad de la persona.\nA mi juicio, en el supuesto que nos ocupa, la ponderación de intereses debe decantarse por la primacía de los que afectan al enfermo, el de no soportar tratos inhumanos y degradantes (que, por cierto, como ha subrayado Díez Ripollés, también puede entenderse como limitativo del derecho a la vida) y el derecho a una muerte digna, desde luego expresión máxima del reconocimiento de la dignidad humana y del respeto al libre desarrollo de la personalidad. La solución opuesta, esto es, estimar preponderante el interés de proteger la vida contra la voluntad de su titular, no respetaría el propio fundamento de este derecho fundamental: la dignidad de la persona.\nAsí pues, entiendo que la modalidad consentida de eutanasia activa directa es encuadrable en el tipo del inciso 2º del artículo 409 CP, pero su realización podría estar justificada por la eximente de estado de necesidad en su forma de auxilio necesario (artículo 8.7º CP).\nLa ausencia del consentimiento del enfermo o paciente hace perder validez a la argumentación justificante desarrollada con anterioridad. Entiendo, por tanto, que esta modalidad de eutanasia nunca podrá ser justificada; sólo el titular de la vida puede disponer libremente sobre ella. No obstante, generalmente serán aplicables a este supuesto las consideraciones antes descritas sobre la disminución o incluso exclusión de la culpabilidad del autor.\nBajo esta denominación viene entendiéndose el comportamiento del médico que, para aliviar los sufrimientos del paciente, le suministra medios analgésicos que, sin embargo, con casi total seguridad o con una alta probabilidad provocan la muerte. Así pues, como afirma Zugaldía, "[...] en la práctica se refiere a los casos en que la medicación calmante de los dolores crea un círculo vicioso entre el hábito y el permanente aumento de la dosis, de tal modo que no se puede excluir ni una lesión tóxica mortal como efecto secundario ni el caso extremo en que una inyección individualizada en la fase terminal conduzca (con dolo eventual) al resultado de muerte"(17).\nRespecto a la calificación típica de estos comportamientos, puede afirmarse que, aparentemente, la modalidad no consentida cumpliría el tipo de homicidio (artículo 407 CP), y la consentida, el del auxilio ejecutivo al suicidio (artículo 409.II CP). Esta última tesis --la del suicidio-- encuentra obstáculos en la posición de algunos autores que entienden que el suicidio exige una voluntad de morir análoga a la estructura de dolo directo ("intención de morir")(18). A mi juicio, la psicología del enfermo es distinta en los supuestos de eutanasia directa y de eutanasia indirecta; pero esta diversidad no constituye argumento suficiente para desfigurar la construcción dogmático-penal de la voluntad. Y desde la perspectiva penal, la voluntad, en este caso de morir, existe tanto si hay intención como si el resultado se produce como consecuencia necesaria o con la aceptación de su alta probabilidad(19).\nComo en todo tipo de eutanasia, la voluntad del paciente es fundamental. Por ello, si ésta expresa su deseo de soportar la agonía y rechaza todo tipo de analgésico que pudiera provocarle colateralmente la muerte, el médico deberá respetar esa voluntad. Ciertamente, no será frecuente este comportamiento heroico ante la inminencia de una muerte segura. En cualquier caso, el problema se plantea cuando, ante los dolores insufribles del paciente, el médico no tiene otra alternativa que o su mitigación, con peligro de muerte, o la mera inactividad, con el mantenimiento de los dolores (tanto si existe consentimiento como si no es posible su obtención).\nEste supuesto de eutanasia es el que menos problemas plantea en orden a excluir la penalidad. Y ello, porque parece indudable que el uso de sedantes o drogas analgésicas en procesos terminales no sólo se adecua al correcto tratamiento médico, sino que, como afirma Kaufmann, "[...] según los casos, cabe que sea punible la actitud del médico que niega a un moribundo con intensos dolores el alivio de los mismos"(20).\nBasta con citar aquí el artículo 116 del Código de Deontología Médica de 1979, donde se afirma que "el médico debe esforzarse por aliviar el sufrimiento del enfermo", y los derechos que el artículo 10.1º y 6º de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, reconoce a los enfermos: "respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad; derecho a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, etc.".\nDesde luego, el ordenamiento jurídico no puede exigir del paciente un comportamiento sobrehumano, ni siquiera puede permitir el trato inhumano que supondría la negativa a un tratamiento mitigador del sufrimiento. Es indudable que el reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona comprende un derecho a la muerte digna y se podría afirmar que también un deber hacia los servicios médicos de hacerla posible.\nEntiendo, por tanto, que se trata de una conducta acorde con la lex artis médica, esto es, un tratamiento médico adecuado. Ello podría llevarnos a sostener la justificación de la eutanasia activa indirecta con base en la eximente de obrar en ejercicio legítimo de un derecho u oficio (artículo 8.11 CP). Y, no cabe duda, a su modalidad consentida le es aplicable todo lo dicho para la eutanasia activa directa en orden a la eximente de estado de necesidad.\nSin embargo, estas conclusiones me parecen insatisfactorias. Pues no encuentro justo afirmar la tipicidad de comportamientos que, dentro del más exquisito respeto a la lex artis, no hacen más que cumplir con el mandato constitucional de no infligir tratos inhumanos, de respetar la dignidad de la persona, de hacer posible, en fin, el derecho de todo ser humano a una muerte sin sufrimiento, a una muerte digna.\nA mi juicio, la conducta del médico no será típica, no alcanzará relevancia jurídico-penal. Pues la administración de analgésicos en las situaciones descritas no supone la creación de un riesgo no permitido. Esto es, la conducta será atípica por ausencia de imputación objetiva. Esta requiere que la acción cree un riesgo jurídicamente desaprobado de lesión del bien jurídico, riesgo que deberá materializarse en el resultado típico. Pues bien, la conducta del médico, respetuosa con la lex artis (lo cual implica la obligatoriedad del consentimiento cuando ello sea posible), no sobrepasa el límite de lo social y jurídicamente tolerado.\nRecordemos que este supuesto va referido a los casos de omisión del tratamiento tendente a prolongar la vida a enfermos terminales. Bien por negativa a su iniciación, bien porque en un momento dado se decide su interrupción. La posible calificación típica varía en función, entre otras cosas, de la presencia del consentimiento del paciente. Así, la modalidad no consentida pudiera colmar las exigencias típicas del homicidio en comisión por omisión o bien de la omisión del deber de socorro (artículo 489 ter CP). Por su parte, la eutanasia pasiva a petición del enfermo o accidentado podría suponer auxilio al suicidio en comisión por omisión (artículo 409 CP) o bien, al igual que la anterior, omisión del deber de socorro.\nEutanasia pasiva voluntaria\nEl primer problema que plantea este supuesto es el de su propia calificación típica. En efecto, un amplio sector doctrinal opina que la negativa a la iniciación o prolongación del tratamiento médico no es asimilable a un comportamiento suicida, sin duda en la loable intención de eludir la severa respuesta punitiva(21).\nSin embargo, tal proceder no se asienta en una sólida construcción dogmática. A los que evocan la ausencia de intención de morir, ya hemos respondido con anterioridad que el artículo 409 requiere voluntad de morir; esto es, jurídico-penalmente es también suicida el que desea su muerte con dolo de consecuencias necesarias o con dolo eventual. Tampoco me parece convincente la tesis que niega la asimilación basándose en la existencia de un derecho a morir y la inexistencia de un derecho a matarse: "[...] en los casos de eutanasia pasiva, el enfermo terminal, que desea directamente la muerte para poner fin a sus sufrimientos o por una finalidad religiosa trascendente y que por ello rechaza que se le prolongue artificialmente la vida, no es suicida pese a la voluntad directa de morir, pues lo que quiere es una muerte según el curso natural de la enfermedad, no provocada ni acelerada artificialmente"(22). Y no me parece convincente porque la distinción derecho a morir y derecho a matarse adolece de asidero legal alguno. Jurídicamente, entiendo que la Constitución reconoce el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida. Además, no existe ninguna, absolutamente ninguna norma jurídica que prohíba el suicidio.\nEntiendo por ello que, desde esta perspectiva, no existen obstáculos para afirmar la tipicidad de la eutanasia pasiva voluntaria por morir del artículo 409 CP. Ahora bien, de lo que se trata es de ver si la conducta del médico cumple las exigencias típicas del artículo 409 en comisión por omisión. Para lo cual, será preciso demostrar dos cosas: a) que el médico tenía el deber jurídico de evitar el resultado de muerte, esto es, que ostentaba la posición de garante; b) que la no evitación de ese resultado se corresponde (equivale) a su realización activa.\nEn este sentido, es mayoritaria la doctrina que niega la posibilidad de comisión por omisión del auxilio ejecutivo al suicidio basado en el segundo criterio de equivalencia. Es decir, la presencia del verbo ejecutar en el inciso II del artículo 409 no permitiría equivalencia en comportamientos omisivos(23). No obstante, dado que tal inconveniente no parece tan claro en el primer inciso del citado artículo 409 ("auxilio no ejecutivo al suicidio")(24), la tipicidad o atipicidad de la conducta guiará esencialmente en torno a la presencia o ausencia de un deber jurídico de actuar que convertiría al médico en garante del bien jurídico tutelado. Caben por supuesto otros planteamientos; y así, con independencia de la presencia de "posición de garante", Del Rosal Blasco sostiene la atipicidad de la participación omisiva en el suicidio basándose en argumentos constitucionales: "El acto suicida es un acto libre, y lo único que podría llevar a fundamentar el castigo de los comportamientos de participación en él sería el que el tercero interviniente, de alguna manera, hubiera contribuido de forma decisiva o definitivamente en la formación de la voluntad suicida [...]. Fuera de esta excepción, no podemos fundamentar un castigo para un comportamiento que no consiste sino en no impedir un acto totalmente libre; es decir, que no consiste sino en no impedir una lesión en un bien jurídico causada por quien tiene todo el derecho a causarla. Incluso aunque, respecto a ese sujeto, el omitente tenga una posición de garante. El garante no puede estar obligado, frente a la comunidad jurídica, a garantizar el bien jurídico contra los actos de plena y libre disposición del mismo por parte de su titular"(25).\nDesde la perspectiva general de que la responsabilidad del garante se basa en un compromiso adquirido de afrontar los riesgos que amenazan al otro sujeto y de que, por tanto, este compromiso es remediable, se ha rechazado la posición de garante ante suicidios libres: "Para ello basta con fijar la atención en el acto del suicidio como expresión de una voluntad del paciente de poner fin a la relación de garantía que le vincula al médico [...]; si el paciente, expresa o concluyentemente --con el intento libre de suicidio--, hace patente su voluntad de no ser atendido en lo sucesivo, parece evidente que decaerá cualquier relación de garantía entre médico y enfermo".\nPor mi parte, entiendo que no es posible afirmar un deber de actuar del médico cuando el paciente expresa su voluntad contraria al tratamiento. No parece necesario insistir en exceso sobre la configuración garantista de los derechos fundamentales en nuestra Constitución, sobre el debido respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; en definitiva, sobre el derecho de la persona a disponer libremente de su vida. Salvo casos excepcionales, cualquier intervención médica requiere el previo consentimiento del paciente, hasta el punto de que su ausencia podría hacer responsable al médico a título de coacciones.\nEn el caso concreto de la eutanasia pasiva, es indiscutible el derecho del enfermo terminal a una muerte natural y digna, sin tener que soportar medidas de prolongación artificial de su vida. Otra conclusión, no sería más que la instrumentalización del individuo amparada en consideraciones morales o religiosas, todos puntos incompatibles con su dignidad (sin entrar ahora en que ello supondría, además, un trato inhumano y degradante específicamente vetado por el artículo 15 CE).\nLa tesis que se defiende encuentra refrendo en la Ley General de Sanidad de 1986. Esta disposición normativa, respetuosa con los valores y principios constitucionales que informan nuestro ordenamiento jurídico, reconoce el derecho de los enfermos "al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad" (artículo 10.1); decreta imprescindible el previo consentimiento del paciente para cualquier tipo de intervención (artículo 10.6), y además reafirma expresamente el derecho a negarse al tratamiento (artículo 10.9).\nEn conclusión, la voluntad contraria del paciente a la intervención médica destruye el pretendido deber de actuar y, en consecuencia, por no existir posición de garante, el médico no responderá por un delito de auxilio al suicidio en comisión por omisión.\nQueda por dilucidar, todavía, si la omisión del médico en cuanto tercero pudiera realizar el delito de omisión del deber del socorro del artículo 489 ter CP. Entiendo que no, por dos órdenes de consideraciones. La exigencia típica de una persona desamparada supone un obstáculo insoslayable para afirmar la tipicidad de los supuestos que nos ocupan. Mientras el paciente tenga a su disposición todos los medios asistenciales, terapéuticos y curativos adecuados no procede hablar de desamparo. Antes bien, como se ha subrayado, "[...] aquí la persona desamparada no es aquélla a la que dejan, sino aquélla a la que las sondas, los cables y los entubamientos no le dejan morir"(27). Desde otra óptica, cabe afirmar que sería absolutamente incongruente que el respeto al derecho del paciente a una muerte natural y a no sufrir injerencias tendentes a prolongar su agonía constituya una conducta típica. La ley penal no puede crear deberes cuyo cumplimiento suponga la violación del ejercicio legítimo de derechos constitucionalmente amparados.\nEutanasia pasiva no consentida\nNos encontramos ahora ante una omisión o no prolongación del tratamiento médico sobre enfermos incurables en fase terminal, e inconscientes. Sin embargo, lejos de lo que pudiera parecer, la ausencia del consentimiento del enfermo no cambiará esencialmente la base de la argumentación, en todo caso tendente a afirmar la irrelevancia penal de la conducta. En otros términos, el derecho a una muerte natural, respetuosa con la dignidad del hombre, subsiste aun cuando el enfermo irreversible no pueda manifestar su voluntad.\nLos avances de la ciencia y técnica médicas permiten hoy el mantenimiento y prolongación artificial de la vida hasta límites inverosímiles. El hecho de que el enfermo no pueda manifestar su voluntad no es óbice para constreñir el uso de esas posibilidades médicas. En caso contrario, estas condiciones distanásicas supondrían un encarnizamiento terapéutico desde todo punto injustificable. A decir verdad, tal proceder se situaría fuera del ámbito del ejercicio legítimo de la medicina. Como afirma el artículo 117 del Código de Deontología Médica: "El médico debe evitar emprender acciones terapéuticas sin esperanza cuando supongan molestia o sufrimiento innecesario para el enfermo. Respetará profundamente el derecho que tiene el enfermo a una muerte digna, acorde con su condición humana".\nTodas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que, en estos supuestos, no es posible configurar un deber de actuar del médico ni, por tanto, realizar el tipo de homicidio en comisión por omisión. Asimismo, tampoco será aplicable el artículo 489 ter CP, tanto porque no existe persona desamparada, cuanto, y sobre todo, porque no es posible socorro alguno; en otras palabras, el único socorro sería la ayuda a bien morir y no la prolongación irracional y degradante del estado de agonía\nPara terminar con el análisis de la eutanasia pasiva no voluntaria, es preciso hacer mención, aunque sucinta, al supuesto conocido bajo el nombre de desconexión del reanimador. Nos encontramos ante una persona que, sin estar cerebralmente muerta en el sentido que marca el artículo 10 del Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos ("[...] constatación y concurrencia, durante 30 minutos desde el comienzo del coma, de los siguientes signos: 1. Ausencia de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia. 2. Ausencia de respiración espontánea. 3. Ausencia de reflejos cefálicos, con hipotonía muscular y midriasis. 4. Electroencefalograma plano, demostrativo de la inactividad bioeléctrica cerebral"), se halla en coma irreversible sin posibilidad alguna de recuperar la conciencia, y se mantiene su actividad cardiorrespiratoria mediante un reanimador. La pregunta es si la desconexión de la máquina engendra algún tipo de responsabilidad penal.\nLa doctrina niega mayoritariamente tal responsabilidad. Si bien la argumentación será diferente en función de la consideración del supuesto como una conducta comisiva (Bockelmann, Sax, Samson; en nuestro país, recientemente, Zugaldía) o, por el contrario, omisiva (Geilen, Roxin; en nuestra doctrina, Bajo Fernández y Silva, entre otros). Particularmente, entiendo que se trata de un comportamiento omisivo; esto es, estamos ante la ausencia de prolongación de tratamiento médico.\nEn este supuesto, al igual que en los anteriores, no existe un deber médico de mantener artificialmente una vida humana, sin la mínima expectativa de curación. Por otra parte, la desconexión del reanimador es una posibilidad contemplada por el Código de Deontología Médica en su artículo 118: "La decisión de poner término a la supervivencia artificial de un coma irreversible sólo se tomará en función de los más rigurosos conocimientos y con la colaboración de una comisión apropiada que autentifique y acepte la irreversibilidad del coma". Son aplicables aquí, por tanto, los argumentos expresados para los otros supuestos de eutanasia pasiva no consentida tendentes a afirmar su irrelevancia penal.\n(1) Sobre ello, ya tuve ocasión de pronunciarme con un trabajo anterior, Vide, Valle Muñiz, J.M.: "Relevancia jurídico-penal de la eutanasia", Cuadernos de Política Criminal, 37, 1989, p. 155 y ss.; un planteamiento constitucional correcto puede verse en estas mismas páginas a cargo de Carbonell Mateu, J.C.: "Constitución, suicidio y eutanasia", Cuadernos Jurídicos, 10, julio-agosto de 1993, p. 26 y ss. En esta línea se ha desarrollado la propuesta de reforma del Grupo de Estudios de Política Criminal: Una alternativa al tratamiento jurídico de la disponibilidad de la propia vida, editado por el mismo Grupo, 1993.\n(2) Véase Giusti, G.: L'etuanasia, Diritto di vivere - Diritto di morire, Padua, 1982, p. 13 y ss.; Mantovani, F.: "Aspetti giuridici della eutanasia", en Archivio Giuridico, Filippo Serafin, Moderna: Muchi editore, 1998, p. 67 y ss.\n(3) Quintero Olivares, G.: Los delitos especiales y la teoría de la participación, Barcelona, 1974, p. 73 y ss.\n(4) Gimbernat Ordeig, E.: "Inducción y auxilio al suicidio", en Estudios Penales, Madrid, 1990. p. 275; recientemente, Díez Ripollés, J.L.: Delitos contra bienes jurídicos fundamentales, Valencia, 1993, p. 220.\n(5) A partir del entendimiento de que el artículo 14.1 CP expresa una situación de coautoría, Silva Sánchez, J.M.: "Causación de la propia muerte y responsabilidad penal de terceros", en ADPCP, 1987, p. 451 y ss., considera "[...] que el llamado auxilio ejecutivo al suicidio describe un supuesto en que el suicida mantiene el dominio del hecho (por eso hay un suicidio y no meramente un homicidio), pero el tercero que ejecuta también lo tiene: se da una situación análoga a la del dominio del hecho compartido o cuasi-coautoría entre ambos sujetos" (p. 464).\n(6) Torio López, A.: "La noción jurídica de suicidio", en Estudios de Derecho público y privado. Homenaje a D. Ignacio Serrano y Serrano, II, Universidad de Valladolid, 1965, p. 663.\n(7) Véase Muñoz Conde, F.: "Provocación al suicidio mediante engaño: un caso límite entre autoría mediata en asesinato e inducción y ayuda al suicidio", en ADPCP, 1987, p. 310: "La aplicación del artículo 409 descansa en la existencia del suicidio como un hecho autónomo y dependiente de la voluntad del suicida, que es quien, en definitiva, decide hasta el último momento sobre su muerte".\n(8) Las consecuencias irreversibles del consentimiento en estos casos obligan a ser extremadamente cautos cuando se trata de menores de edad civil (18 años). En efecto, entre 16 y 18 años (por debajo de 16, su inimputabilidad le excluye para otorgar eficazmente el consentimiento) existe responsabilidad penal, por lo que se tiene la tentación de afirmar que si el menor es capaz para delinquir y, por tanto, soportar la imposición de una pena, es también capaz para consentir. Sin embargo, no debe olvidarse que entre los 16 y 18 años se considera que la capacidad para comprender y acatar los mandatos y prohibiciones penales está disminuida. Entre otras cosas, ello fundamenta el trato diferenciado para estos casos, donde el juez aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley, pudiendo, en atención a las circunstancias del menor y del hecho, sustituir la pena impuesta por internamiento en institución especial de reforma (artículo 65 CP).\n(9) Del Rosal / Cobo / Rodríguez Mourullo: Derecho Penal español, Madrid: PE, 1963, p. 278.\n(10) Una argumentación tendente a demostrar indicios de inconstitucionalidad en Carbonell Mateu: "Constitución, suicidio y eutanasia", op. cit., p. 26 y ss.\n(11) En este sentido. Romeo Casabona, C.M.: "El marco jurídico-penal de la eutanasia en el Derecho español", y Zugaldía Espinar, J.M.: "Eutanasia y homicidio a petición: situación legislativa y perspectivas político-criminales", ambos trabajos en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 1987.\n(12) Del Rosal Blasco, B.: "La participación y el auxilio ejecutivo en el suicidio: un intento de reinterpretación constitucional del artículo 409 del Código Penal", en ADPCP, 1987, p. 88.\n(13) Todo ello en Gimbernat Ordeig, E.: "Eutanasia y Derecho Penal", en Estudios de Derecho Penal, Madrid. 1990, p. 51 y ss.\n(14) Kaufmann. A.: "¿Relativización de la protección jurídica de la vida?", trad. de Silva Sánchez, Cuadernos de Política Criminal, 31, 1987, p. 46.\n(15) Véase por todos, Carbonell Mateu, 1.C.: La justificación penal, Madrid, 1982, p. 58 y ss.\n(16) En realidad, todos los derechos fundamentales se configuran en un sentido garantista, en la medida que son normas que vinculan a todos los poderes públicos (artículos 9 y 53 CE). Evidentemente, este dato no agota la argumentación tendente a precisar los límite de tutela; por ello, en el texto se continúa con una explicación más detallada y ambiciosa.\n(17) Zugaldía Espinar: "Algunas consideraciones ...", op. cit., p. 4.\n(18) Rodríguez Mourullo, G.: La omisión de socorro en el Código Penal, Madrid, 1966, p. 247; Bajo Fernández: Manual de Derecho Penal, PE, p. 90; Roldán Barbero: "Estado de necesidad y colisión de intereses", en CPC, 1983, p. 525.\n(19) Romeo Casabona: El médico y el Derecho Penal, Barcelona, 1981, p. 375; Díez Ripollés: "La huelga de hambre en el ámbito penitenciario", CPC, 1986, p. 610; desde la óptica de dominio del hecho, entiende que el dolo eventual basta para conducir el proceso que ha de llevar hasta la muerte, Silva Sánchez: "Causación de la propia muerte ...", op. cit., p. 457.\n(20) Kaufmann: "¿Relativización ...?", op. cit., p. 47.\n(21) Vide Giusti: L'eutanasia ..., op. cit., p. 13 y ss.; Eusebi: "Omissione dell'intervento terapéutico ed eutanasia", Archivo Penale, 4, diciembre, 1985, p. 523 y ss.\n(22) Luzón Peña: "Estado de necesidad e intervención médica (o funcionarial, o de terceros) en casos de huelga de hambre, intentos de suicidio y de autolesión: algunas tesis", Revista de Estudios Penitenciarios, 238, 1987, p. 52.\n(23) En contra Muñoz Conde: "Derecho Penal. Parte Especial", p. 69: "Creo que si ambos sujetos, el que mata y el que no quiere vivir, se ponen de acuerdo en que la forma de producir la muerte sea dejando de suministrar uno al otro (enfermero-enfermo) una medicina, por ejemplo, no hay inconveniente en admitir la comisión por omisión, siempre que el enfermero tenga el deber, jurídico de suministrar la medicina y la posición de garante respecto a la vida del que quiere morir".\n(24) Entienden sin embargo, que el prestar auxilio, por ser sinónimo de dar auxilio, supone también una conducta activa, Díez Ripollés: "La huelga de hambre ...", op. cit., p. 628; Del Rosal Blasco: "La participación ...", op. cit., p. 96.\n(25) Del Rosal Blasco: op. cit., p. 96.\n(26) Silva Sánchez: "La responsabilidad penal del médico por omisión", La Ley, 23-I-1987, p. 4; con el argumento de la inexistencia de un deber de impedir la muerte del que es perfectamente capaz de decidir libremente sobre su vida, niega la posición de garante, Huerta Tocildo: "Problemas fundamentales de los delitos de omisión", Madrid, 1987, p. 182 y ss.\n(27) Gimbernat: "Eutanasia ...", op. cit., p. 53.


El número de guerras en el mundo cae en 2012 tras el máximo histórico de 2011\nEl año pasado se contabilizaron un total de 18 guerras, frente a las 20 del ejercicio anterior y las 16 guerras de 1993, el anterior máximo\nSegundo premio del World Press Photo en la categoría 'spot news' para el turco Emin Özmen. La fotografía muestra un interrogatorio en Aleppo, Siria. (Propias)\n21/02/2013 17:24 | Actualizado a 21/02/2013 17:42\nBerlín (Efe).- El número de guerras se redujo en 2012 respecto a 2011, año en el que se registró la mayor cifra de conflictos bélicos desde la II Guerra Mundial, según el informe "Barómetro de conflictos 2012" difundido hoy en Alemania por el Instituto de Investigación de Conflictos de Heidelberg (HIIK).\nEn 2012 se contabilizaron un total de 18 guerras, frente a las 20 de 2011 y las 16 guerras de 1993, el anterior máximo histórico, precisa el HIIK. Según el instituto, 17 de estas guerras fueron civiles, mientras que, por primera vez desde 2008, se registró una guerra entre dos estados, la que libran en el continente africano Sudán y Sudán del Sur.\nMientras que los conflictos en Libia, Egipto y Yemen dejaron de ser considerados el año pasado como guerras, el HIIK pasó a catalogar la India y Birmania (Myanmar) como países en guerra. Así, en el noreste de la India, la guerra entre grupos combatientes ha dejado 400.000 refugiados, precisa el instituto. El mayor número de guerras se registraron en África, al sur del Sahara, un total de nueve.\nAsí, sólo en la guerra civil que vive Siria se contabilizaron en 2012 alrededor de 55.000 muertos. Los expertos que elaboran el "Barómetro de conflictos" distinguen en cinco los conflictos según su nivel de intensidad, escala en la que "guerra" ocupa el máximo lugar en el ránking.\nSon decisivos en esta catalogación aspectos como los medios militares utilizados, así como las consecuencias de los conflictos, desde el número de muertos hasta las grandes oleadas de refugiados. A pesar de que en 2012 el HIIK contabilizó menos guerras en todo el mundo, el número de conflictos catalogados como "guerras limitadas" aumentó, según subrayaron los expertos. "En consecuencia, no se puede decir que el mundo se haya convertido en un lugar más pacífico", puntualizó Simon Ellenrbrock, miembro de la junta directiva del instituto.


Una flor venenosa atrapada en ámbar de hace 30 millones de años | Ciencia | EL MUNDO\nHallazgo en República Dominicana\nUno de los únicos fósiles de la familia de las astéridas descubierto. G.POINAROREGON STATE UNIVERSITY\nEl descubrimiento de dos flores fosilizadas en ámbar de hace entre 20 y 30 millones de años, de una especie desconocida hasta ahora, ha revelado que las junglas prehistóricas de lo que hoy es la República Dominicana escondían el origen biológico de algunos de los venenos más conocidos del mundo.\nLos autores del hallazgo afirman que se trata del primer fósil encontrado perteneciente a la familia de las astéridas. Estos dos especímenes forman parte del género Strychnos, en el que se encuentran varias flores que producen venenos muy utilizados: la estricnina y el curare.\nEn el estudio, publicado en la revista Nature Plants, se han analizado más de 500 fósiles recogidos en una mina de ámbar en República Dominicana en 1986, de los que la mayoría eran insectos. Lena Struwe, de la Universidad de Rutgers, en EEUU, y coautora de la investigación, es la que ha descubierto que estas dos flores no pertenecían a ningunas de las 200 especies conocidas de esta familia, por lo que suponen una nueva especie bautizada como Strychnos electri.\nEl entomólogo George Pinar, de la Universidad del Estado de Oregón, también en EEUU, fue el que hizo llegar estos fósiles de flor a manos de Struwe. "Pensé que podrían ser Strychnos y se las envié a Lena porque sabía que era una experta en ese género". Los ejemplares estaban intactos, algo poco habitual cuando se trata de flores fosilizadas. Lo habitual es que sólo se encuentre un pétalo, un estambre... "Parecía que estuvieran recién caídas del árbol", indica Pinar.\nStrychnos electri atrapada en ámbar. GEORGE POINAR\nStruwe recibió varias fotos en alta resolución y tardó varios meses en confirmar que pertenecían a ese género, que suelen ser árboles arbustos y lianas tropicales. Después hizo una comparación taxonómica con especies vivas de Strychnos de ejemplares secos recogidos en los últimos 200 años con los nuevos ejemplares atrapados en ámbar. Pinar afirma que muestras como estas brindan conocimientos sobre los ecosistemas del pasado más lejano. "Demuestran que las astéridas, que más tarde dieron a los humanos todo tipo de alimentos y otros productos, ya estaban evolucionando hace millones de años", añade.\nLas astéridas se encuentran entre las plantas más diversas del planeta: 10 órdenes, 98 familias y unas 80.000 especies. Representan alrededor de un tercio de las plantas con flores, o angiospermas, de la Tierra.\nLa mayoría de las especies de este grupo ha desarrollado distintos grados de toxicidad como defensa ante los herbívoros. No obstante, hoy el día los seres humanos utilizan dos extractos de estas plantas como veneno e incluso por sus propiedades medicinales. La estricnina se ha utilizado como pesticida y como componente letal del raticida. En pequeñas dosis, puede aumentar la actividad cerebral y muscular. Por su parte, el curare se utilizaba en Sudamérica como veneno en las puntas de flecha y en los dardos de las cerbatanas para paralizar a la presa durante la caza. En pequeñas dosis, se ha utilizado como relajante muscular en cirugía.\nActualmente hay 200 especies de plantas Strychnos en el mundo, la mayoría en los trópicos, y aún se están estudiando por sus propiedades medicinales, como por ejemplo para el tratamiento de los parásitos intestinales o para la malaria. Este descubrimiento pone de manifiesto que aún hay muchas especies sin clasificar en las colecciones de Historia Natural, lo que indica que es posible que existan muchas otras familias de plantas en los bosques tropicales que hayan evolucionado del Cretácico Superior.\n15/02/2016 23:11 horas\nartículo perfecto para los creacionistas... a ver si de una vez se convencen de que la fauna y flota del planeta evoluciona.\nVolver a la noticia 'Una flor venenosa atrapada en ámbar de hace 30 millones de años'


As ficha a Gomaespuma\nSantillana el Sáb Nov 13, 2010 5:59 pm\nGrandísima noticia para mí. Soy seguidor de Gomaespuma desde que era casi niño, creo que Coliseum no había cumplido ni los 30. Los echaba de menos.\nRe: As ficha a Gomaespuma\nAleHop el Mar Dic 07, 2010 5:02 pm\nYo era fan hasta hace unos años, cuando hacían el programa de las tardes en Onda Cero el amor se fue muriendo. Espero que en As retomen la época de Antena 3 Radio, tendría yo unos 14 años.\nSi vuelven a hacer algo que te mole como entonces postealo por aquí amigo.\nSantillana el Miér Dic 08, 2010 3:39 am\nAleHop escribió: Yo era fan hasta hace unos años, cuando hacían el programa de las tardes en Onda Cero el amor se fue muriendo.\n¿No será porque se metían con Federico?\nAleHop el Miér Dic 08, 2010 9:29 am\nLa verdad es que no les he oído meterse con Federico, aunque no me sorprende, tal vez sea por mi memoria selectiva, sí recuerdo que sacaban siempre temas de progre moderno como lo del calentamiento global y rollos así. Mucha demagogia. Estaban en un plan progre insoportable. Luego llamaban los oyentes y eran más graciosos que ellos.\nEscucho las viejas cintas y todavía me hace gracia, hoy les he oído sobre el tema de Benzema y no estaba mal, pero no para troncharse como antes. Seguro que no son de los de la ceja?\nSantillana el Miér Dic 08, 2010 4:42 pm\nMi sensación es que Juan Luis Cano es un poco más de izquierdas, pero a Guillermo Fesser lo veo más en la línea del PP. En cualquier caso no creo que ninguno sea del de la ceja.\nEn cuanto a su humor, a mí me han hecho gracia siempre, pero sí es cierto que lo mejor eran sus primeros tiempos, cuando eran más jóvenes e irreverentes. Habré escuchado 30 veces cosas como "Gomaespuma regional" y cada vez que lo vuelvo a oír lloro de risa\n60segundos el Miér Dic 08, 2010 5:12 pm\nYo nunca he escuchado su programa en directo, pero he oído algunas bromas muy buenas.\n¿Qué tal si vamos poniendo las mejores que recordemos?. Yo creo que en youtube estarán metidas la mayoría.\nEmpiezo con esta del niño que escribe la carta a Santa Claus.\nAleHop el Miér Dic 08, 2010 6:59 pm\nSeguramente éste es el más gracioso para mi, creo que es el que pondría el amigo Santillana también y así le obligo a poner otro.\nSantillana el Miér Dic 08, 2010 10:34 pm\nPues nada, será por cosas buenas. Voy a poner un vídeo del programa de muñecos que hicieron en la tele. Siempre me han hecho gracia sus imitaciones de gitanos, de hecho creo que Cruz y raya los copiaron.\n60segundos el Vie Dic 10, 2010 7:42 pm\nEsta de Luis Moya no estoy seguro si la hiceron en el programa de gomaespuma, pero me descojono siempre que la oigo.\nAleHop el Vie Dic 10, 2010 9:03 pm\nEsos son los del Grupo Risa en el Radiador del Tirachinas. Yo me descojonaba con ellos. Me ha pasado alguna vez con gomaespuma que me he dormido con la radio encendida y me he despertado de la risa, verídico. Y con el Grupo Risa 3/4 de lo mismo.


Rajoy tacha de mentiras las cifras de Zapatero\nel 28 abr 2010 / 08:26 h.\nEl presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió ayer en que hay datos para pensar que se empieza "a dejar atrás la recesión" económica, una afirmación que no convenció al líder del PP, Mariano Rajoy, quien acusó al jefe del Ejecutivo de mentir con las cifras.\nLa credibilidad de Zapatero, según Rajoy, "ha tocado suelo" al no decir la verdad sobre datos como los ingresos o el déficit, y hacer con esta actitud un "daño descomunal" a la economía.\nZapatero, por su parte, volvió a insistir en que la posible tasa de paro del 20% en el primer trimestre será la más alta y empezará a bajar a partir del segundo, al tiempo que apuntó que es "posible" que la economía haya crecido ya entre enero y marzo, aunque la recuperación del empleo, admitió, vaya a "ser más lenta".\nEl presidente del Gobierno y el líder del PP volvieron a centrar en la economía su cara a cara semanal en la sesión de control del Congreso, en la que el líder de la oposición enumeró varios datos como la caída de la bolsa, el aumento del déficit público y el del diferencial de la deuda pública con la alemana para justificar su ataque al presidente.\n"Se le está acabando el tiempo para hacer lo que debe hacer". Con esta advertencia inició Rajoy el debate, y tras su lista de malos resultados acabó preguntando al presidente si va a hacer "igual que la semana pasada, la anterior, la anterior o la anterior".\nEntre las cifras aportadas por Rajoy estuvo el aumento del 15% en el déficit público en términos de contabilidad nacional y del 37% en términos de caja, que, subrayó, generan "más desconfianza" sobre la deuda pública, lo que hace subir su diferencial, mientras también se eleva el coste por el seguro de su impago.\nZapatero respondió al presidente del PP con más datos, como el del primer aumento de los ingresos del Estado en dos años, la subida en marzo de las afiliaciones a la Seguridad Social, "que será mejor en abril" y en meses sucesivos o el incremento del consumo energético.\nEn la contrarréplica del líder de los populares se elevó la temperatura del debate, porque Rajoy acusó a Zapatero de "no haber dicho la verdad" y le reprochó haber destacado un aumento de los ingresos públicos que sólo se ha debido, advirtió, al ajuste de las devoluciones.\nAdemás, advirtió a Zapatero de que su credibilidad "ha tocado suelo" y le está haciendo un "daño descomunal" a la economía. Pese a este ataque, el presidente del Gobierno pidió a Rajoy que los leyera bien en lugar de "tocar de oído".


COCEMFE reivindica inclusión en la vuelta a las clases - Plataforma del Voluntariado de España\nCOCEMFE reivindica inclusión en la vuelta a las clases\nPortada » COCEMFE reivindica inclusión en la vuelta a las clases\nCOCEMFE reivindica inclusión en la vuelta a las clases2020-05-072020-05-18/wp-content/uploads/2018/08/logo-pve-color.pngPlataforma del Voluntariado de Españahttps://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/trabajando-valores-en-los-coles-3.jpeg200px200px\nAnte la posibilidad de que el curso escolar reduzca la ratio a 15 estudiantes por docente, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide que tengan en cuenta las necesidades del alumnado con discapacidad.\nPiden que en la ‘vuelta al cole’ se garantice su derecho a una educación inclusiva.\nEl presidente de COCEMFE Anxo Queiruga, explica que en nuestro país hay cerca de 220.000 niños y niñas con discapacidad escolarizados. Debido al cierre de los centros educativos por la crisis generada por el COVID-19, encuentran múltiples dificultades que inciden en mayor medida que en el resto del alumnado. Y dificultan la progresión del aprendizaje y del seguimiento eficiente del currículum escolar”.\nEntre los problemas más importantes que se están produciendo está la dificultad para proporcionar apoyos por parte de los equipos multiprofesionales. Y de especialistas para atender las necesidades de los/as estudiantes con discapacidad.\nTambién la carencia productos de apoyo y de las tecnologías adecuadas para seguir las clases desde casa. Y las dificultades para la conciliación familiar que esta situación está suponiendo.\nAsimismo su efecto sobre el apoyo educativo, los cuidados y la atención personal que debe recibir cada estudiante y la ausencia de socialización y relación entre iguales que proporciona la escuela.\nTodo ello se acentúa con las dificultades económicas y déficit de rentas que afecta a muchas familias con niños o niñas con discapacidad.\nPor ello y ante el incierto futuro que se plantea de cara a un inicio de curso, COCEMFE pide al Ministerio de Educación que destine todos los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios. El objetivo es que ningún alumno/a con discapacidad pueda quedar fuera de la opción presencial en el aula. Que evalúen todas las necesidades específicas del alumnado con discapacidad y establezcan las condiciones técnicas y sanitarias que permitan su retorno a las aulas con todas las garantías y condiciones de seguridad.\nPor otro lado, COCEMFE pone de manifiesto que la comunidad educativa es más consciente que nunca de la imperiosa necesidad del uso de las tecnologías y la ventana de oportunidad que supone su utilización en la educación para facilitar la accesibilidad. Así como del uso de metodologías inclusivas, la personalización de los ritmos de aprendizaje y la atención a las necesidades de todo el alumnado. Por ello, la entidad se pone a disposición de todo el sistema educativo para avanzar de forma colaborativa hacia una educación inclusiva. Para no dejar atrás a ningún estudiante y que promueva su derecho a un desarrollo personal, educativo y profesional en igualdad de condiciones.\n“La vuelta a las clases también debe ser inclusiva. Para ello, es imprescindible respetar todos los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. E implantar un sistema educativo que promueva la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad”, concluye Queiruga.\n#educación, cocemfe, coronavirus, discapacidad, vuelta al cole\n‘Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un pacto para cambiar el mundo’Noticias, PVE\nLa PTS pide participación en el gran pacto para la reconstrucción tras la pandemiaNoticias, Otras entidades


Camara Salina BGD880/S | TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx\nBGD880/S Camara Salina ASTM B117 de 108L\nNúmeros de Catálogo: BGD880/S\nDescripción General: Camara de Niebla Salina ASTM B117 Sirve para medir la corrosion en recubrimientos de pinturas a la salinidad\nManual version 2018\nISO 4611 , ISO 7253 , ISO 9227, ASTM B 117,\nASTM B368 , ASTM B 380 , ASTM G85 - 11\nLa prueba de niebla salina es un método de prueba estandarizado que se utiliza para verificar la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas. Los recubrimientos proporcionan resistencia a la corrosión de las partes metálicas de acero, zamak o latón. Dado que los recubrimientos pueden proporcionar una alta resistencia a la corrosión durante la vida útil prevista de la pieza en uso, es necesario verificar la resistencia a la corrosión por otros medios. La prueba de niebla salina es una prueba de corrosión acelerada que produce un ataque corrosivo a las muestras recubiertas para predecir su idoneidad en el uso como acabado protector. La apariencia de los productos de corrosión (óxidos) se evalúa después de un período de tiempo. La duración de la prueba depende de la resistencia a la corrosión del recubrimiento; cuanto más resistente a la corrosión es el recubrimiento, mayor es el período de prueba sin mostrar signos de corrosión.\nLa prueba de niebla salina es popular porque es barata, rápida, bien estandarizada y razonablemente repetible. Sin embargo, solo existe una correlación débil entre la duración en la prueba de niebla salina y la vida útil esperada de un recubrimiento (especialmente en acero galvanizado en caliente donde los ciclos de secado son importantes para la durabilidad), ya que la corrosión es un proceso muy complicado y puede verse influenciado por muchos factores externos. Sin embargo, la prueba de niebla salina se usa ampliamente en el sector industrial para evaluar la resistencia a la corrosión de superficies o piezas acabadas.\nEl aparato para la prueba consiste en una cámara de prueba cerrada, donde una solución salada (principalmente, una solución de cloruro de sodio al 5%) se atomiza por medio de una boquilla. Esto produce un ambiente corrosivo de niebla salina densa en la cámara, de modo que las partes expuestas en ella están sujetas a condiciones severamente corrosivas.\nLas pruebas realizadas con una solución estandarizada de NaCL al 5% se conocen como NSS (nebulización de sal neutra). Los resultados se representan generalmente como horas de prueba en NSS sin aparición de productos de corrosión (por ejemplo, 720 h en NSS de acuerdo con ISO 9227). Otras soluciones son el ácido acético (prueba ASS) y el ácido acético con cloruro de cobre (prueba CASS), cada uno elegido para la evaluación de recubrimientos decorativos, como cobre-níquel-cromo galvanizado, cobre-níquel electrochapado o aluminio anodizado.\nAlgunas fuentes no recomiendan usar los gabinetes de prueba ASS o CASS de manera intercambiable para las pruebas NSS, ya que se afirma que una limpieza a fondo del gabinete después de la prueba ASS o CASS es muy difícil. ASTM no aborda este problema, pero ISO 9227 no lo recomienda y, si se va a hacer, aboga por una limpieza a fondo.\nBiuged ofrece varios gabinetes de niebla salina con capacidad desde 150L hasta gabinetes personalizados de acuerdo con diferentes requisitos. Todos los cainets no solo pueden ejecutar la prueba NSS sino también la prueba CASS o ASS\nSAL PARA CAMARA SALINA\nOpcional: BGD 2309 --- Paneles de acero CR-4 para calibración de spray de sal （Cumple con ISO 3574, 20 piezas para un paquete）\nENVIO Camara salina ASTM B 117 de 108 Litros\nInstalacion de camara salina BGD880\nEnvio CDMX Fuera de area metropolitana se cotiza aparte\nNota nuestro negocio es vender la maquina (viene con el manual de uso) En el mejor precio ; La instalacion y capacitacion corre por cuenta de cliente el cual podemos recomendar a la persona experta en el tema


Un presunto milagro pone a Esquiú a un paso de ser beato\nUn tribunal eclesiástico estudiará una curación inexplicable para la ciencia ocurrida en Tucumán. Para ser santo se necesita otro milagro.\nTucumán vuelve a ser cuna de un presunto milagro. Es el tercero, después del intercedido por la venerable Madre Camila Rolón, fundadora de las Hermanas Josefinas, el año pasado; y del que beatificó a la Madre Catalina de María Rodríguez, fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Esta vez el intercesor es un fraile catamarqueño que ya goza de la veneración popular en Argentina, fray Mamerto Esquiú. El milagro que se le atribuye es la curación de una persona de manera extraordinaria, es decir, sin explicación científica. De ser aprobado por el Papa, Esquiú será declarado beato. Luego tendrá que aparecer otro milagro para ser considerado santo.\nEl hecho sucedió hace más de dos años en Tucumán, pero se mantuvo en secreto para no despertar expectativas. Se recabaron las pruebas médicas y se determinó que podía ser incorporado a la causa de beatificación iniciada en 1946. Ayer la Iglesia de Tucumán nombró y tomó juramento a un tribunal que estudiará el caso y determinará si se trató de un milagro. Forman parte del tribunal el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, el padre Marcelo Lorca Albornoz, rector del Seminario Mayor y delegado episcopal, fray Oreste Mateo Krupsky OFM, promotor de Justicia; el doctor Guillermo Recúpero, profesor de Infectología de la Facultad de Medicina de la UNT, como perito médico; y el padre Julio Javier Suárez y Aldo Fabián Sánchez, notarios. El vicepostulador de la causa es el franciscano fray Marcelo Méndez.\nLa ceremonia se inició con una oración de invocación al Espíritu Santo, a la que accedió LA GACETA aunque sólo en parte, porque hubo un momento en que tuvo carácter privado. Se rezó el Credo completo y luego el padre canciller, Darío Monteros, leyó el decreto de conformación del tribunal. A continuación el arzobispo tomó juramento a las personas que integrarán ese grupo y él también puso su mano sobre la Biblia, prometiendo actuar siempre con la verdad, con prudencia y silencio mientras dure la investigación.


¿YANKEES GO HOME ?\nGobierno y General Motors miden fuerzas y ésta amenaza con retirarse del país\nExiste una frase muy famosa pronunciada por un ministro del Presidente Eisenhower, según la cual "lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos". De ser esto cierto, a los Estados Unidos les está yendo muy mal en Colombia en estos dias. Efectivamente la firma Colmotores, filial de la General Motors para el ensamblaje de vehículos en el país, se encuentra hoy en dia en la encrucijada de retirarse o no, como consecuencia de una serísima crisis financiera a la cual se ha visto abocada.\nSerísima es apenas la palabra adecuada, pues Colmotores fue la empresa privada que más perdió durante 1984: 3 mil 516 millones de pesos y las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre pasado alcanzaron la cifra de 6 mil 306 millones de pesos. ¿Cómo pudo llegarse a esta fantástica suma? Aun cuando la crisis como tal se configuró en los últimos tres años, la historia es larga y comenzó hace 28 años. En 1956, se constituyó la firma Colmotores S.A., que con la participación mayoritaria de la compañía inglesa Austin, habría de encargarse del ensamblaje de automóviles de esa marca en el país. Este era el nacimiento de la industria automotriz en Colombia y en diez años se había desarrollado tanto, que la Austin, como socio internacional, se quedó chiquita y fue reemplazada por una multinacional del calibre de la Chrysler. La nueva sociedad funcionó con buenos resultados hasta finales de los años setenta, cuando se presentó la crisis de Chrysler en los Estados Unidos y, para evitar un colapso económico, se vio obligada a llevar a cabo recortes drásticos que incluyeron un repliegue en gran parte de sus mercados internacionales. Uno de éstos fue Colombia. Tan pronto Chrysler anunció su retiro, la General Motors, primera productora de vehículos en el mundo, se interesó en reemplazarla. Sin grandes complicaciones. en 1979 la GM compró las acciones de Chrysler en Colmotores por 22 millones de dólares y entró a dominar la empresa con el 73% de las acciones. Salieron del mercado los Simca y los Dodge y entraron 106 Chevette y los Celebrity sin embargo, el fuerte de la GM más que sus automóviles son sus vehículos comerciales de carga y pasajeros. Estos últimos representan cerca del 60% de las ventas de la compañía, única en ensamblar este tipo de vehículos en el país.\nDurante dos años, las cosas continuaron normalmente. Pero en 1982, todo cambió. Durante ese año se perdieron alrededor de 500 millones de pesos, que pudieron ser cubiertos con reservas. Al año siguiente, la pérdida ascendió a 2 mil 400 millones. Esta cifra creaba un problema nuevo: cuando el patrimonió neto de una empresa es inferior al 50% de su capital suscrito y pagado, la firma está obligada por el Código de Comercio a declarar su quiebra técnica. Para evitar que esto sucediera, fue necesario revaluar en 900 millones de pesos los terrenos de la compañía que habían sido adquiridos 30 años antes. Con la pérdida que se avecinaba para 1984, se recurrió a la revaluación de maquinaria y equipos, por cerca de m;l 900 millones de pesos. También debió la GM realizar una inyección de 7 millones de dólares para capital de trabajo aumentando su participación en la empresa del 73% al 82.5%\nNo obstante todos esos esfuerzos, el hueco se volvió infinito y los 3 mil 500 millones de pesos perdidos durante el 84 dejaron de nuevo a la compañía en estado de bancarrota técnica. Sólo que en esta ocasión ya no quedaban ni reservas ni activos revaluables para enjugar las pérdidas. En la asamblea extraordinaria de socios celebrada el pasado 9 de febrero, esta situación se protocolizó.\nMAS PLATA, PERO...\nAnte las nuevas circunstancias, la única posibilidad de sacar adelante a la empresa es una inyección directa de capital de 15 millones de dólares. Pero 15 millones de dólares es mucha plata, y ni siquiera la General Motors (ver recuadro) se puede dar el lujo de meterlos en un pozo sin fondo. De ahí que la GM haya condicionado esa inversión a la definición por parte del gobierno de una política de precios que permita saber si, al menos a largo plazo, el negocio puede llegar a ser rentable.\nAlrededor de esta exigencia se ha presentado un enfrentamiento entre el gobierno y la General Motors que ha llegado al punto que la multinacional amenaza con retirarse de Colombia. El gobierno alega que la GM está solicitando un tratamiento bilateral y preferencial que no se le puede otorgar, puesto que las políticas del gobierno son globales para todo el sector automotriz. La GM señala que el tratamiento que el gobierno le está dando al problema no le da garantia alguna de que la inversión necesaria no se perderá como sucedió con la anterior de 7 millones de dólares.\nEn toda esta polémica, en la cual ambas partes tienen algo de razón, ha aparecido un conflicto de personalidades que ha complicado la posibilidad de cualquier arreglo. El personaje central de este episodio es el presidente de Colmotores, David Herman, ejecutivo norteamericano de 39 años, quien se encuentra desde hace casi dos años al frente de la compañía. A Herman, un hombre reconocido como competente, le han faltado sin embargo las dotes de diplomacia necesarias para manejar una situación tan delicada. Locuaz, abrupto y, en cierta forma, imprudente, ha llegado hasta el punto de golpear el escritorio del ministro de Desarrollo como señal de disgusto cuando se le comunicó un alza que él consideró insatisfactoria.\nHabla mal de todo el mundo: del gobierno, de la administración anterior de Colmotores, de la burocracia oficial, de sus colegas de las demás ensambladoras y, sobre todo, del país.\nSu temperamento algo arrogante, en lugar de utilizar el guante de seda requerido para estos casos, lo ha llevado a recurrir al desafío y al ultimatum. Esto ha tocado las sensibles fibras de nacionalismo de uno que otro funcionario, incluyendo de pronto al Presidente de la República, propenso de por sí a hacerse el duro ante "los místeres". Tales circunstancias han radicalizado las posiciones de ambas partes. Y ni siquiera una visita a Colombia del vicepresidente de General Motors responsable de los mercados internacionales y una cordial entrevista suya con el Presidente Betancur, lograron distensionar el ambiente. En este momento, las actividades de Colmotores se encuentran prácticamente suspendidas, a un costo de 250 millones de pesos mensuales. A una porción importante de sus trabajadores se le ha decretado un período de vacaciones colectivas y se les ha comunicado a los proveedores de autopartes que Colmotores respetará sus compromisos de compra únicamente hasta el 1° de mayo. El gobierno ha interpretado estas medidas como una especie de chantaje y a su turno ha manifestado que si la General Motors decide irse de Colombia Ya existen otras compañías automotrices extranjeras dispuestas a reemplazarla. En este enfrentamiento entre el "imperialismo yanqui" y la "dignidad nacional" se encuentra la situación en la actualidad.\nEl problema, sin embargo, es mucho más complejo. Independientemente de si al señor Herman le gusta el bocadillo o carece de sutileza, lo importante es establecer de quién es la culpa de lo que pasa en Colmotores y qué tan válidas son las exigencias de su presidente. En cuanto a lo primero, el agua sucia se le está echando en estos momentos a la administración anterior de la empresa y a la política de precios del gobierno. A la administración anterior se le atribuyen dos pecados: un excesivo nivel de inventarios y un excesivo nivel de trabajadores que se mantuvieron durante 1983, con base en una expectativa de producción de 15 mil vehículos, que sólo llegó a 9 mil. El cargo es válido técnicamente, pero en la práctica resulta injusto. La baja en ventas tuvo sin duda los efectos económicos nocivos que se le atribuyen, pero se necesitaba ser un clarividente para anticiparla. El presidente de Colmotores de aquella época, Germán Montoya, es considerado el pionero de la industria automotriz en Colombia y dificilmente se podria tildar de incompetente una gestión de 26 años a la cabeza de la compañía, que, con la excepción de sus últimos dos años, casi siempre dio utilidad.\nOtro capítulo que ha jugado un papel importante en las pérdidas es una importanción de 1.500 CKD (conjunto del material importado para el ensamblaje de un vehículo) para camperos Luv-Wagon. La importación se hizo bajo la clasificación de "derivado de Pick-up", pero la Aduana lo clasificó en la categoría de "otros camperos". La confusión alrededor de esta clasificación ha impedido que los 1.500 vehículos sean comercializados, arrojando mil millones de pesos de pérdidas en el balance.\nPero aun, teniendo alguna validez la acusación de que se pudieron cometer algunos errores en el pasado, esto no explicaría sino una parte relativamente pequeña de los 6 mil 300 millones de pesos en pérdidas acumuladas. Para la actual administración, el grueso del problema sigue siendo la falta de una política de precios.\n¿Qué se entiende por política de precios? Allí parece centrarse la discusión,ya que el gobierno sostiene que en la actualidad ésta ya existe. ¿Cuál de los dos lados está en lo correcto? Colmotores y las otras dos ensambladoras, C.C.A. y Sofasa, señalan que en los últimos 15 meses ha habido tres políticas de precios diferentes, lo cual en la práctica significa que no ha existido una política de precios.\n"De la libertad total pasamos a la libertad vigilada, de allí al control total y ahora a la libertad con topes", manifestó a SEMANA un alto ejecutivo de una de las ensambladoras, quien además explicó que "en estas condiciones es imposible hacer planeación a largo plazo". El ministro de Desarrollo, Iván Duque, señaló por su parte que "si bien la libertad de precios puede ser una meta, con el cierre de las importaciones de automóviles fue necesario implantar un control,ya que las tres ensambladoras se quedaron sin la competencia de los vehículos importados".\nPero el meollo del asunto no radica ni en el nombre que se le dé a la modalidad de control, ni siquiera en el hecho de que haya control, sino en los criterios que se apliquen para los ajustes de precios. Es difícil determinar qué es un alza de precios justa, puesto que hay un conflicto de intereses entre la rentabilidad que exige la operación de una ensambladora y los límites impuestos por la política antiinflacionaria que todo gobierno debe adelantar. Esto ha hecho que cada vez que se decreta un aumento, como sucedió la semana pasada, el gobierno lo considere adecuado y las ensambladoras, aunque lo toman porque no hay alternativa,piensen que es insuficiente.\nEste conflicto ha sido tradicional en la historia de Colombia en todo lo que se refiere a productos con precios controlados. No otra cosa sucede con el cemento, las gaseosas, la cerveza, etc. Sin embargo, en esta oportunidad, en lo referente a las ensambladoras, la situación parece ser especial.\nComo el ensamblaje de vehículos depende en un 60% de partes importadas, los costos de la producción de automóviles están afectados, más que en ninguna otra industria, por la tasa de devaluación. El gobierno, que generalmente fija precios teniendo como parámetro el alza en el costo de la vida, parece estar tomando en cuenta esta circunstancia sólo parcialmente.\nAl otorgar los aumentos, agrega al indice de inflación dos o tres puntos correspondientes a la devaluación, lo cual es insignificante si se tiene en cuenta que ésta muy probablemente será superior este año al 3%. Otro factor que ha hecho aumentar los costos son medidas arancelarias que, según Colmotores, han elevado por si solas, los costos de producción en más del 8%.\nColmotores y las otras dos ensambladoras se la pasan presentándole al gobierno una infinidad de informes y gráficos para demostrar que los ajustes de precios para la industria automotriz se han quedado rezagados frente a cualquier parámetro con el cual se les mida. Citan ejemplos como el salario mínimo, el índice de precios de los bienes de capital, el índice de precios de las materias primas y productos intermedios, el índice de precios de los alimentos, etc. Por ejemplo, un bus de pasajeros que en 1970 costaba el equivalente de 75 mil 300 litros de leche, puede adquirirse hoy por el equivalente de sólo 34 mil 800 litros. Pero el problema de todas estas cifras es de credibilidad. El mecanismo tradicional para la fijación de aumentos de precios es un tire y afloje y un regateo entre las dos partes. El gobierno siempre cree que las cifras son infladas y acaba tomando sus propias decisiones. Sin embargo, puede que en este caso la industria automotriz tenga la razón. Los datos generales y en particular el argumento de la devaluación parecen apuntar en ese sentido. De ahi que, no obstante los errores de manejo que pueda haber cometido el señor Herman, sus planteamientos parecen válidos.\nEl retiro de la General Motors puede ser simplemente una amenaza, utilizada como instrumento de presión. Pero no debe descartarse del todo como una alternativa real, pues las realidades económicas hacen que, desde el punto de vista de la empresa, de seguir las cosas como van, liquidar sus inversiones en Colombia sea una opción válida. Un experto de la industria automotriz consultado por SEMANA considera que los pasivos totales de Colmotores, incluyendo los laborales, ascenderían a unos 80 millones de dólares. De esta cifra, la GM podría recuperar la mitad a través del mecanismo de deducción de impuestos en los Estados Unidos.\nOtros 20 millones de dólares podrían recuperarse con la venta de activos en Colombia. Esto significaría que el costo total de la liquidación de las operaciones de GM en el país podría ser del orden de 20 millones de dólares. Si se compara esta cifra con los 35 millones de dólares que perdió Colmotores en el 84, cantidad que podría repetirse este año, la amenaza de retiro podría ser más que un bluff.\nLo que es indudable es que el retiro de la General Motors, o el cierre de Colmotores, tendría graves consecuencias para el país. Actualmente, la ensambladora genera cerca de 1.500 empleos directos y más de 20 mil indirectos. Sus compras de partes nacionales llegaron en 1984 a la suma de 5.893 millones de pesos y, según Acolfa, podrían ascender a los 9 mil millones en 1985. De los cerca de 400 proveedores de autopartes que existen en el país, se estima que 140 producen exclusivamente para Colmotores y por lo menos un número similar, destinan no menos de la tercer parte de sus ventas a la ensambladora. "Alrededor de 200 productores se quebrarían si de la noche a la mañana desaparece Colmotores", afirmó a SEMANA un ejecutivo del sector.\nA las cifras anteriores hay que sumar el cierre de los 40 concesionarios, y las dificultades de mantenimiento para los 63 mil propietarios de vehículos Chevrolet. También se presentaría el problema de tener que importar todos los vehículos de carga y pasajeros, ya que en la actualidad Colmotores tiene el monopolio de ese mercado.\nEl gobierno ha indicado que si GM decide retirarse, ya existen "precandidatos" para su reemplazo. Se ha mencionado, entre otros, el nombre de la Ford, que tiene las mismas líneas de producción. Sin embargo, la sustitución de General Motors es muchc más complicada de la impresión que dan las declaraciones oficiales. Bajo ninguna circunstancia, éste podría concretarse en menos de dos años, período en el cual se puede venir abajo la industria de autopartes en Colombia. Más grave aún, sería la pérdida de imagen internacional de Colombia, si la GM, que es el "buque insignia" de los Estados Unidos, decide retirarse por falta de garantías. "Si yo estuviera en la junta directiva de una compañía internacional que tuviera pendiente una decisión de inversión en Colombia, la salida de GM pesaría mucho en contra", afirmó a SEMANA un banquero colombiano.\nPor otra parte, las implicaciones no se limitan solamente a la inversión privada. La General Motors tiene toda suerte de ramificaciones que se extienden hasta otras esferas. Por ejemplo, el presidente del Chemical Bank, entidad que encabeza el pool de instituciones financieras que estudian la posibilidad de otorgarlo nuevos créditos al país, es miembrc de la junta directiva de GM. Así mismo, la compañía tiene nexos "informales" con el Fondo Monetario In ternacional, cuya misión se encuentra ahora en el país.\nEn todo caso, el enfrentamiento entre el gobierno y la General Motor sólo va en el primer round el conflicto simplista entre el mister y el país Lamentablemente, el asunto tiene implicaciones de mucho más fondo, que hacen que la decisión no será nada fácil.\nGM: LA MAS GRANDE DEL MUNDO\nEs, simplemente, la compañía más grande del mundo. Con ventas que en 1984 se acercaron a los noventa mil millones de dólares (equivalente a la producción de toda la economia colombiana durante tres años), la General Motors ha vuelto a ser en la década actual el simbolo por excelencia del capitalismo norteamericano. Después de que en 1980 registrara la primera pérdida en toda su historia, la compañía ha vuelto por sus fueros, registrando utilidades récord, que el año pasado ascendieron a la nada despreciable suma de cuatro mil quinientos veinte millones de dólares.\nPese a que la mayoria de sus negocios se derivan del mercado interno de los Estados Unidos, GM tiene intereses en más de 50 países del mundo civilizado y genera unos 657 mil empleos directos. Aparte de automóviles, el conglomerado produce camiones, buses, locomotoras diesel, motores de avión y componentes para los misiles nucleares. Posee acciones de bancos y corporaciones financieras, y está asociada con varias firmas japonesas y europeas, dedicadas a la venta de vehículos, tales como Isuzu, Suzuki y Opel.\nLa resurrección de la General Motors está basada en la recuperación de la economía norteamericana a partir de 1982. Bajo la dinámica labor de su presidente Roger B. Swith, la compañía oriunda de Detroit controla el 43% del mercado de automóviles en los Estados Unidos, cuyo total supera los once millones de unidades. Tal como está estructurado, el conglomerado se reparte en cinco divisiones, cada una con sus propios modelos y orientada a un segmento específico del mercado. Los nombres de Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac representan unidades de pro ducción de la General Motors. En comparación, Ford y Chrysler, los otros "dos grandes", tienen sólo dos divisiones cada una, y ambas compañías juntas apenas venden la mitad de los autos que vende General Motors En lo que hace a Latinoamérica General Motors tiene dos grandes plantas en México y Brasil que, a par te de abastecer el mercado interno de ambos países, le venden motores y otras partes a las divisiones Chevrolet y Pontiac. En total, la compañía emplea a unas 60.000 personas en el área latina y ha sobrevivido con relativa facilidad las dificultades económicas de los países de la zona. Las operaciones internacionales le dejaron a la General Motors una jugosa tajada de 650 millones de dólares en 1984. El área de mayor problema sigue siendo Europa donde la mayoría de empresas dedicadas a la producción de automotores, incluida la General Motors, perdieron de nuevo en sus operaciones.\nPero aparte de esos minor problems(entre los que se incluye Colombia), la compañía ha adoptado un nuevo estilo y requisitos de calidad que le deberán asegurar su lugar de privilegio en los años venideros. Atrás han quedado las malas épocas ocasionadas por la crisis del petróleo de 1973 y ahora la General Motors compite en avances tecnológicos con las firmas japonesas y europeas. Como prueba se espera que el próximo 13 de junio se empiece a vender el nuevo Chevrolet Nova, el cual es resultado de una asociación entre General Motors y Toyota del Japón.\nSin embargo, el juego central para General Motors es el nuevo "proyecto Saturno", el cual debe simbolizar el reto de la compañía a sus competidores. Anunciada a principios del año, la idea consiste en la creación de una nueva empresa que llevará el nombre de Saturn Corporation, la cual funcionará como una entidad independiente y cuyo primer modelo deberá estar en venta a finales de 1988. Según los cálculos actuales, la inversión requerida es de unos 5 mil millones de dólares (casi dos veces el proyecto de Cerrejón), y la planta principal tendrá el tamaño de 129 campos de fútbol. En su etapa inicial, producirá medio millón de autos al año y generará seis mil empleos directos y unos veinte mil indirectos. Las proyecciones indican que la corporación acabará siendo más grande que Chrysler y puede poner en problemas a Ford.\nEl tamaño de General Motors le permite asumir gastos que para otras empresas serían mortales. Apenas la semana anterior se estaba discutiendo la posibilidad de que la compañía tuviera que reparar los problemas de frenos que se han presentado en unos tres millones de unidades del tipo A y X. La cuenta, que podría ascender a más de cincuenta millones de dólares, constituiría apenas el 1% de las utilidades en 1984. No obstante, es claro que el conglomerado no desea perder dinero en sus operaciones y menos en las que tiene en el exterior. Ante tales cifras, no es un misterio el por qué para la General Motors, sus inversiones en Colombia pueden ser canceladas sin el menor titubeo.\nLA SITUACION DE SOFASA Y CCA\nLas turbulencias que ahora vive Colmotores han sido sentidas, aunque no en grado similar, por sus competidoras en el país: la Compañía Colombiana Automotriz, asociada con Mazda, y Sofasa, asociada con Renault. Cada una produce tres modelos básicos y el año anterior abastecieron entre las dos casi un 80% del mercado de automóviles, el cual llegó a 33.777 vehículos vendidos. Del grupo de ensambladoras existentes en el país, la más sólida en el momento actual es Sofasa, la cual dio cerca de 150 millones de pesos de utilidad en 1984. La permanencia de sus modelos en el mercado nacional llega ahora a los 16 años, constituyéndose en la marca de mayor tradición. De sus vehículos, el campeón indiscutido es el Renault-4, que en alguna época llegó a ser visto como el carro popular de los colombianos. En contraste con Colmotores, Sofasa ha tenido suerte con las fluctuaciones de las divisas internacionales. Es así como el franco francés y la peseta española, monedas en las cuales se negocian las partes que se compran del exterior, se han devaluado con respecto al peso colombiano en los últimos dos años, abaratando el costo del material CKD. Aparentemente esa circunstancia explicó los buenos resultados del año anterior. Los especialistas le reconocen a Sofasa, el ser la ensambladora mejor administrada de las existentes en el país y tener la red de concesionarios y el servicio más eficiente.\nFuera de lo anterior, Sofasa tiene la ventaja de tener un 49% de participación accionaria del Estado, lo cual le asegura cierta tranquilidad. Paradójicamente, la casa matriz francesa es la única de las tres que sigue en hondos problemas financieros y sus pérdidas en 1984 alcanzaron los cientos de millones de francos.\nEn lo que tiene que ver con el país, se sabe que Sofasa se está inclinando hacia la producción de vehículos como el R-9 GTS y el R-18 GTX, los cuales le dejan márgenes de utilidad mucho más altos. A su vez, el R-4 está siendo producido cada vez menos, pues se alega que deja pérdidas, y es así como en 1984 se fabricaron 1.715 unidades, contra 3.026 en 1983.\nPor su parte, la CCA sigue en el proceso de ajuste que le dejara el cambio de la Fiat por la Mazda y la nueva administración del industrial Salomón Kassim. Pese a dejar 200 millones de pesos de pérdida en 1984, los especialistas le ven un gran futuro a la CCA, la cual ha logrado ponerse a la zaga de la Renault en escasos dos años de haber entrado. Curiosamente, aun cuando la compañía vendió sólo 212 autos menos que Sofasa durante el año anterior (15.227 contra 15.439), el total de ventas fue inferior en unos dos mil millones de pesos.\nEmpero, no hay duda de que el Mazda ha pegado. Como ejemplo, se cita el caso del Mazda 323, cuya producción está vendida con cuatro meses de anticipación, o la acogida que ha recibido el 626 LX, con todo y su precio de dos millones y medio de pesos. Las perspectivas de la CCA se consolidaron la semana pasada, cuando los japoneses, que poseen el 30% de las acciones de la empresa, accedieron a ampliar el plazo de financiación del CKD, de seis meses a un año, lo cual equivale a un crédito de 36 millones de dólares. Si bien los orientales han manifestado su descontento con el frecuente cambio en las reglas del juego con que se tiene que trabajar en Colombia, se estima que, para la Mazda, el país constituye la punta de lanza que le permitirá entrar de llenc al mercado suramericano.\n¿POR QUE SON TAN CAROS LOS CARROS EN COLOMBIA?\nEs de las frases más repetidas en Colombia: "el carro ya no es un lujo, sino una necesidad". Sin embargo, si usted supo de los aumentos en precios de la semana pasada, es muy posible que esté convencido de que un gasto de varios cientos de miles de pesos, supere el campo de las primeras necesidades. Y es que los carros en Colombia son increíblemente caros. Un Renault-4, que en 1979 costaba 274 mil pesos, hoy cuesta 863 mil pesos; un Chevette, que en diciembre de 1981 costaba 725 mil pesos, hoy vale un millón 245 mil pesos, casi dos veces más de su precio en los Estados Unidos .\nDesde el momento mismo en que entraron las ensambladoras a Colombia, los consumidores se han quejado de los altos precios. Lamentablemente, las respuestas a tales protestas son muchas. En primer lugar, está el tema de los impuestos. Funcionarios de la ensambladoras sostienen que entre un 42% y un 50% del precio de venta de vehículo va a parar a las arcas del gobierno. Desde el momento en que se importan los componentes, se debe pagar una sucesión impresionante de tributos, que acaba con un IVA del 25% para los carros de menos de 1.400 centímetros cúbicos y uno de 35% para los de más de 1.400 c.c.\nComo segundo punto, se cita la escasa integración de partes nacionales en el auto terminado, que apenas llega a un 40%. Los componentes más importantes de un vehículo (motor, caja y tansmisión) son traídos del exterior y los esfuerzos por disminuir esa dependencia han sido vanos.\nAdemás de lo anterior, está el problema de las ineficiencias en la producción. Una planta "normal", fabrica alrededor de 100 mil vehículos al año, con menos de mil quinientos trabajadores. En contraste, las ensambladoras colombianas tienen un tope cercano a los 20 mil cada una, con una cantidad similar de obreros. Si a los planteamientos señalados se suman los costos laborales, los del endeudamiento externo, la onerosa transferencia de tecnología de las casas matrices y los errores administrativos, no es raro el por qué los precios de los vehículos estén donde están y el consumidor colombiano tenga que aceptar que, por lo que en Colombia le cuesta un Chevette, un ciudadano alemán puede adquirir en su país un Mercedez 190.


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