El Sistema de Asistencia Integral a las víctimas de terrorismo en el Ordenamiento Español\nEl Sistema de Asistencia Integral a las víctimas\nde terrorismo en el Ordenamiento Español\nThe System of Integral Assistance to the victims of\nterrorism in the Spanish Legal System\nSumario.- I. Introducción.- II. Las oficinas de asistencia a las víctimas.- 1. Evolución normativa.- 2. Naturaleza jurídica.- 3. Ámbito territorial.- 4. Ámbito subjetivo.- 5. Personal.- 6. Funciones.- 7. Las fases de asistencia.-A) Acogida-orientación.- B) La labor de información.- C) Fase de intervención.-III. Régimen de ayudas e indemnizaciones a las víctimas de terrorismo.- 1. Previsiones generales.-A) Naturaleza jurídica.- B) Ámbito subjetivo.- C) Ámbito espacial.- D) Ámbito temporal.- E) Régimen de compatibilidad.- F) Exenciones.- G) Actualización de la cuantía resarcitoria.- 2. Régimen ordinario de ayudas.- A) Daños personales.- B) Daños materiales.- C) Procedimiento para la concesión de la ayuda por daños personales y materiales.- 3. Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia.- A) Ámbito de cobertura.- B) Ámbito subjetivo.- C) Cuantía indemnizatoria.-D) Acción de subrogación.- E) Plazo de presentación de la solicitud.- 4. Régimen extraordinario de ayudas.- A) Asistencia sanitaria.- B) Adaptación de viviendas.- C) Educación.\nLos efectos de un delito no son siempre materializables en dinero, sino que revisten, también, carácter moral, psicológico y social; de ahí la necesidad de articular un sistema integral de asistencia a las víctimas, en este caso del terrorismo, que prevea ayudas económicas así como la prestación de atención psicológica, social, jurídica, etc. Es a esta finalidad a la que responde la promulgación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.\nÉsta tiene por objeto "el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar; en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista" (art. 1 Ley 29/2011). Así, se declaran como fines a perseguir mediante su promulgación, los siguientes (art. 2.2 Ley 29/2011): el reconocimiento y promoción de la dignidad y de la memoria de las víctimas del terrorismo; su protección integral; su resarcimiento, mediante las indemnizaciones y las ayudas previstas en esta ley, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción terrorista; el fortalecimiento de las medidas de atención; el reconocimiento de los derechos de las víctimas del terrorismo; el establecimiento de mecanismos de flexibilización y coordinación en el conjunto de trámites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y prestaciones previstas en la Ley; el establecimiento de un marco específico en el tratamiento procesal; y, el reconocimiento y apoyo a las personas objeto de amenazas y coacciones de los grupos terroristas y de su entorno.\nPara la consecución de estos fines, la cita ley contempla, por un lado, la implementación y consolidación de una oficina de apoyo a las víctimas de terrorismo en la Audiencia Nacional así como oficinas específicas para su atención personalizada y, por otro, articula un nuevo régimen indemnizatorio y de ayudas para este tipo de víctimas. Al estudio de ambas cuestiones se dedicarán las siguientes páginas.\nI. Evolución normativa.\nLa implantación de oficinas de asistencia a las víctimas de delitos (en adelante OAVD) constituye, a este respecto, una de sus principales manifestaciones, fenómeno que se inició en España en la década de los 80. En concreto, fue en 1985 cuando se puso en marcha, en Valencia, la primera de ellas, dependiente de la Dirección General de justicia de la Generalitat. La iniciativa fue continuada, en abril de 1989, por el ayuntamiento de Barcelona, poniendo en funcionamiento el Servicio de Atención a las víctimas de la ciudad de Barcelona. Este mismo año también se creó la oficina de asistencia de Palma de Mallorca, dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consellería Adjunta a la Presidencia del Gobierno Balear; y en 1991, la de Bilbao, dependiente de la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.\nNo será, no obstante, hasta la promulgación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (en adelante Ley 35/1995) cuando se impulse de forma definitiva su creación, al mandatarse al Ministerio de Justicia, en su art. 16, "la implantación de OAVD en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan". En atención a dicha previsión, se establecieron dichas oficinas en las capitales de provincia de todas las Comunidades Autónomas y en las localidades de Gijón, Ponferrada, Cartagena, Plasencia, Mérida, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.\nEste mandato es reiterado, ahora, en el art. 27.1 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito (en adelante LEVD), ordenando su organización -la gestión de las ya existentes2 y la creación de nuevas OAVD allí dónde se estime necesario3-al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. Ello sin perjuicio, claro está, de las oficinas o servicios más especializados que puedan ser creados para dar respuesta a las necesidades específicas que determinados colectivos de víctimas tales como, en lo que a nosotros aquí interesa, las de terrorismo. Su asistencia especializada corresponde, en principio, a la OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional creada por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas de terrorismo (en adelante Ley 29/2011), sin perjuicio de que, subsidiariamente, puedan acudir; como veremos, a las OAVD genéricas.\nNo obstante, la Ley 29/2011 se limita, en su art. 51, a enunciar; de forma excesivamente amplia, las funciones de la Oficina4, sin concreción alguna de su modelo de actuación. Esta genérica previsión no fue, por otro lado, objeto de desarrollo normativo en el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, de forma tal que se posibilitase la plena aplicación del marco de atención integral a las víctimas del terrorismo que se pergeña en la citada ley. Es por ello que, de forma supletoria, resultan predicables, respecto del régimen de funcionamiento de la OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional, las previsiones contempladas, a este respecto, en la LEVD y su reglamento de desarrollo, con relación a las OAVD genéricas5.\nEste último fue el inicialmente adoptado en España al incardinarse estas oficinas, como unidades administrativas, en la estructura orgánica de la Administración de Justicia7. Se articulan, de este modo, como un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito (art. 15.1 RD 1109/2015). Su organización, dirección y control corresponderá, en atención al ámbito territorial en que éstas se sitúen, bien al Ministerio de Justicia -v. gr. OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional-, bien a las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia en materia de Administración de Justicia (art. 15.2 y 3 RD 1109/2015).\nLa OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional tiene competencia a nivel nacional (art. 33.1 RD 1109/2015). Por el contrario, el ámbito territorial de actuación de las OAVD se circunscribe, salvo regulación expresa, a la provincia en la que se radiquen (art. 16.2.a RD 1109/2015). Pese a esta delimitación territorial, las OAVD podrán asistir a cualquier víctima, independientemente del lugar de comisión del delito, siempre que existan motivos justificados que dificulten su asistencia en la sede donde se tramita el proceso (art. 16.3 RD 1109/2015). Tratándose de víctimas de terrorismo, cuando razones de urgencia o cercanía así lo aconsejen, podrán acudir a la OAVD de su provincia que se coordinará con la OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional (art. 33.1 RD 1109/2015).\nLos titulares del derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo ofrecidos por la OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional o, en su defecto, por las OAVD son: a) las víctimas directas -las personas físicas que hayan un daño o perjuicio, sobre su propia persona o patrimonio, directamente causado por la actividad terrorista-e indirectas10 - de producirse su fallecimiento de la víctima directa, ostentarán la condición de víctimas indirectas, salvo que se tratare de los responsables de los hechos, las siguientes personas: el cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición forzada hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar; en defecto de los anteriores, los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia", entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima-; b) los familiares de las víctimas12, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las necesidades y daños sufridos como consecuencia de la victimización sufrida (art. 13.5 RD 1109/2015)13.\nLas OAVD estarán integradas, entre otros profesionales, por personal al servicio de la Administración de Justicia14, psicólogos, juristas y trabajadores sociales. Todo ellos deberán contar con formación general en materia de asistencia y protección a las víctimas, así como formación especializada entendemos, pese a que nada se diga, en el ámbito de los delitos de terrorismo15.\nPor lo que respecta al concreto modelo asistencial a adoptar16, las OAVD creadas al amparo de la Ley 35/1995 se inclinaron por uno híbrido, entre el asesoramiento legal y el asistencial, denominado modelo criminológico17, a que apunta, también, el art. 28 LEVD. Así, éstas tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas y dar respuesta a sus necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social (art. 17 RD 1109/2015), con el fin último de minimizar la victimización primaria y evitar, en la medida de lo posible, la secundaria (art. 20 RD 1109/2015).\nLa anterior regulación de las OAVD, limitada al art. 16 de la Ley 35/1995, no permitió, sin embargo, definir un modelo unitario de oficina. A ello contribuyó, también, la falta de concreción de lo que debe entenderse por tarea asistencial, que llevó a que, dependiendo del lugar de residencia de la víctimas, éstas recibieran unas u otras prestaciones asistenciales. Es en este contexto en el que adquiría todo su sentido las declaraciones de quienes abogaban por la necesidad de establecer unos mínimos asistenciales18. Esta demanda es satisfecha en la actual regulación en que se articulan las prestaciones que, como mínimo19, debe ofertar toda OAVD -tanto las generales (art. 28 LEVD) como la de terrorismo (art. 33.2 RD 1109/2015)-, independientemente de su dependencia orgánica. Esta asistencia básica comprenderá los siguientes aspectos: a) informar a las víctimas sobre sus derechos y, en particular; sobre la posibilidad de acceder a un sistema público de indemnización; b) dar información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestarles, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito sufrido; c) dar soporte emocional; asesorar sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en particular, el procedimiento para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos y el derecho a acceder a la justicia gratuita; d) asesorar sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimización secundaria, la intimidación o represalias; valorar las circunstancias particulares de la víctima con la finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia y apoyo deben serle prestadas; e) coordinar los diferentes organismos, instituciones y entidades competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima.\nEl modelo de actuación general de las OAVD, predicable, también, como ya hemos dejado sentado, con relación a la OAV del terrorismo de la Audiencia Nacional (art. 33.3 RD 1109/2015), consta de cuatro fases (art. 25 RD 1109/2015): la acogida-orientación, la información, la intervención -jurídica, psicológica y social- y el seguimiento.\nLa acogida-orientación se realiza a través de una entrevista, presencial o telefónica20, que tiene como fin que la víctima plantee sus problemas y necesidades de forma tal que se posibilite su orientación inicial, el análisis de la intervenciones a realizar y, si procede, su derivación a recursos especializados (art. 26 RD 1109/2015). Entendemos que, tratándose de víctimas necesitadas de especial protección21, el primer contacto debería ser realizado, en todo caso, a instancia de la propia OAVD22. Ello exigiría el establecimiento de canales adecuados de colaboración entre éstas y las autoridades o funcionarios con los que la víctima entre en contacto.\nLas OAVD informarán a las víctimas sobre los derechos de que son titulares, tomando en consideración, entre otros aspectos, sus circunstancias y condiciones personales, la naturaleza del delito cometido y los daños y perjuicios sufridos26. Esta información -que podrá facilitarse de forma oral, por escrito27 o por medios electrónicos- abarcará los siguientes extremos28: a) las medidas de asistencia y apoyo disponibles -sean médicas, psicológicas o materiales- y el procedimiento para obtenerlas; b) los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la víctima, así como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles; c) su derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia29; d) la posibilidad de reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción, en aquellos casos en los que la policía judicial no logre identificar, en el plazo de 72 horas, al autor del delito (art. 282.4 LECr); e) su derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación; f) el procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y las condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente; g) la posibilidad de solicitar medidas de protección y el procedimiento para hacerlo; h) las indemnizaciones a las que pueda tener derecho y el procedimiento para reclamarlas30; i) los servicios de interpretación y traducción disponibles31; j) las ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles; k) el procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España; I) los recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos; m) los datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y los cauces para comunicarse con ella; n) los servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible; o) los supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y el procedimiento para reclamarlo; p) su derecho a que se les comunique la resolución de sobreseimiento y la posibilidad de recurrirla; q) el derecho a solicitar ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el art. 7 LEVD32, así como dejar sin efecto esta solicitud33, y a solicitar que dichas resoluciones también se comuniquen a la OAV de terrorismo de la Audiencia Nacional o, en su caso, a la OAVD radicada en su provincia de residencia34.\nAsimismo, se pondrá en conocimiento de la víctima la labor tuitiva que, con relación a sus derechos, desempeña el MF. Así, conforme al art. 773.1 LECr "el Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado o encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito [...]". En este mismo sentido, el art. 3.10 EOMF encomienda al MF la labor de "velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas". A estas previsiones se añade la reciente creación, por Decreto de la FGE, de 20 diciembre de 2004, de una fiscalía específica para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.\nLas OAVD asistirán a las víctimas en las áreas jurídica, psicológica y social. La determinación de qué concretas medidas de asistencia y apoyo deben ser acordadas a favor de la víctima, en aras a evitar o reducir los posibles perjuicios que, de otro modo, se pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares (arts. 20 y 30.2 RD 1109/2015). En dicha evaluación se tomarán en consideración los siguientes elementos:\nEn primer lugar; se valorarán las características personales de la víctima, prestándose especial atención a circunstancias tales como su discapacidad, su relación de dependencia con el autor; su menor edad, etc. (art. 30.3.a RD 1109/2015). A reglón seguido se establece que se tendrá también en cuenta el hecho de que se trate de víctimas necesitadas de especial protección o en las que concurran factores de vulnerabilidad. Obsérvese lo absurdo de esta previsión -sobre la que el legislador no ofrece, por otro lado, pista alguna en cuanto a su posible significado- si tenemos en cuenta que, lo que estamos tratando de determinar es, precisamente, quienes integran esa específica categoría de víctimas. En este sentido, compartimos la opinión de quienes estiman que hubiese resultado más clarificadora la inclusión en el precepto de un listado de características personales que, a estos efectos, debieran ser tomadas especialmente en consideración35. Éstas serían, siguiendo la propuesta interpretativa prevista en la Directiva 2012/29/UE, su edad, su identidad o expresión de género, su etnia, su raza, su religión, su orientación sexual, su estado de salud, su discapacidad, su estatuto de residente, sus dificultades de comunicación, su relación con el infractor o dependencia del mismo y su anterior victimización (cdo. 56).\nEn segundo lugar, se atenderá a la naturaleza del delito, a la gravedad de los perjuicios causados a la víctima y al riesgo de reiteración de nuevas agresiones contra aquélla (art. 30.3.b RD 1109/2015). A tales efectos, se tomará en consideración, especialmente, las necesidades de protección de, entre otras, las víctimas de terrorismo36.\nLa víctima, desde el primer contacto con las OAVD y, durante todo el procedimiento, será informada, en un lenguaje comprensible y de forma actualizada, de los derechos de que son titulares en el marco del proceso penal y contencioso-administrativo que le afecte así como el modo de ejercitarlos (art. 21.3.a RD 1109/2015). De forma específica, se instruirá a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, asistiéndola en la tramitación de la correspondiente solicitud (art. 21.4 RD 1109/2015)37. A este respecto, las solicitudes para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá presentarse, conforme al art. 16 LEVD, bien ante el funcionario o autoridad que les facilite la información sobre este extremo, bien ante las OAVD, que procederán, en ambos casos, a su remisión al Colegio de abogados que corresponda38.\nEl régimen de ayudas de indemnizaciones a las víctimas de terrorismo se haya regulado, actualmente, en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo41 que, como explícita su Exposición de Motivos, viene a conformar "un cuerpo legal unitario que regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas [...]" que, hasta ese momento, eran reguladas de forma separada en los Reales Decretos 288/2003, de 7 de marzo y 1912/1999, de 17 de diciembre. Su desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo por el Real Decreto 671 /2013, de 6 de septiembre.\nLas posturas que tradicionalmente se han sustentado con respecto al fundamento de la compensación estatal han sido dos: la que la concibe como una responsabilidad patrimonial del Estado derivada del incorrecto funcionamiento de sus servicios, de un lado, y la que la considera como una manifestación de los principios de solidaridad social y de equidad, de otro42. En el primer caso se predicaría una naturaleza indemnizatoria de esta compensación estatal, en tanto que, conforme a la segunda de las posturas, estaríamos ante una ayuda pública concedida por el Estado de manera graciosa.\nEl legislador español ha optado por la segunda las construcciones al señalar; en la exposición de motivos de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, que "no cabe admitir que la prestación económica que el Estado asume sea una indemnización, ya que éste no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el culpable del delito [...]"43.\nNos hallamos, pues, ante una obligación prestacional asistencial que el Estado se impone a sí mismo, en aras a socializar el riesgo derivado de la delincuencia violenta y sexual como muestra de solidaridad con las víctimas. Más explícitamente la Circular FGE 2/1998, de 27 de octubre, cataloga a estas ayudas como un tertium genius o figura sui generis de obligación resarcitoria de naturaleza especial que el Estado se impone a sí mismo, y que no puede identificarse, ni con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, ni con las prestaciones asistenciales de la Seguridad Social. Hablamos, en suma, de un derecho de previsión legislativa44, cuyo fundamento se encuentra en los principios de equidad y solidaridad social. Esta misma naturaleza es predicable respecto del régimen general de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo45, pese a que en los arts. 20 y 21 de la Ley 29/2011 sí se articula un auténtico sistema indemnizatorio, pero sin que ello implique la asunción por el Estado de responsabilidad subsidiaria alguna.\nLa concesión de las ayudas y prestaciones aquí contempladas se someterá, en todo caso,"a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos" (art. 3 bis Ley 29/2011)47. Pues bien, de entre los principios del citado Convenio contemplados en su Título 1 (arts. 1-11), queremos llamar la atención sobre la excepción contemplada en el art. 8.248. Dicho precepto habilitada para que los Estados puedan reducir o suprimir las correspondientes indemnizaciones a aquellas víctimas que hayan participado en la delincuencia organizada o pertenezcan a un grupo dedicado a la comisión de delitos violentos. Haciendo uso de dicha facultad, el gobierno ha optado por la solución extrema, excluyendo de su ámbito de aplicación, a los miembros de ETA que han sido víctimas de los GAL, del Batallón Vasco Español o de la Triple A -grupos parapoliciales contraterroristas y de extrema derecha que actuaron en España, básicamente, entre 1976 y 1986-49. Las resoluciones del Ministerio del Interior dictadas a este respecto han venido siendo ratificadas por la sección 5a de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional50. La válida exclusión requerirá, en todo caso, que conste acreditada la pertenencia de la víctima a una organización de delincuencia organizada o grupo dedicado a la comisión de delitos violentos51 y que la solicitud se haya formulado con posterioridad a la entrada en vigor para España del citado Convenio52.\nPor lo que respecta a su ámbito de aplicación espacial, éste viene delimitado en su art. 6, resultando de aplicación no sólo a los actos terrorista cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española, sino también con respecto a los actos terroristas cometidos fuera del territorio nacional del que sean víctimas personas de nacionalidad española. Esta previsión representa una excepción al principio de territorialidad que con carácter general rige en las leyes sobre compensación estatal53, que viene complementado en este caso, como se establece en su Exposición de motivos, por el principio de ciudadanía. En este sentido se distinguen tres supuestos (art. 6.2 Ley 29/2011): a) personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen habitualmente en España o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o los interese españoles; b) a los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista54; c) españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, en que no concurran las circunstancias anteriores. No obstante, la ley no trata estos tres supuestos de forma igualitaria estableciéndose, como veremos, diferencias en cuanto a la cuantía de la indemnización y los daños indemnizables.\nEl principio de solidaridad alcanza su máxima expresión en la regulación de este régimen ordinario de las ayudas a las víctimas del terrorismo al exigirse, únicamente, como título habilitador para su otorgamiento, la mera condición de víctima. No se requiere, por tanto, que medie una sentencia firme en que se les reconozca el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños a los que esta ley resulta de aplicación. Tampoco que se reserve acción de repetición alguna por parte del Estado. Sólo se requiere la acreditación del nexo causal entre las actividades delictivas terroristas y el resultado lesivo producido, extremo que se llevará a cabo a través de la valoración de las pruebas aportadas o practicadas en la instrucción del expediente administrativo indemnizatorio.\nLa indemnización por daños personales derivados de actos de terrorismo es regulada en los arts. 17 a 22 de la presente ley. En el concepto de daños personales se engloban tanto los daños físicos como los psíquicos siendo, no obstante, únicamente indemnizables por el Estado, aquéllos que den lugar a un fallecimiento, una gran invalidez, una incapacidad permanente absoluta, una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente parcial o lesiones permanentes no invalidantes; asimismo, también resultan indemnizables los actos de secuestro (art. 18 Ley 29/2011). La principal nota diferenciadora de las indemnizaciones por daños personales es su compatibilidad con cualesquiera otras ayudas a que tuvieran derecho la víctima o sus causahabientes. Las características y peculiaridades propias de cada una de las modalidades indemnizatorias por daños personales hacen necesario su estudio autónomo.\nLos titulares del derecho resarcitorio cuando como consecuencia de la actividad delictiva se produce el fallecimiento de la víctima directa serán, por orden de preferencia (art. 17.2 Ley 29/2011): a) el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviera separado legalmente, o la persona con la que hubiera venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida; b) en ausencia de los anteriores, serán destinatarios de dichas ayudas, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida; c) y, finalmente, en defecto de todos los sujetos anteriores, siempre y cuando dependieran económicamente de la persona fallecida59, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente.\nLa ley ha articulado un sistema de distribución de la indemnización para los casos de concurrencia de varios beneficiarios (art. 17.3 y 4 Ley 29/2011).Así, en el primero de los supuestos, la cuantía se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge no separado legalmente o conviviente y otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales60. En el segundo caso, la cuantía se repartirá por partes iguales entre las personas con el mismo parentesco. Por último, de resultar beneficiarios los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente, el reparto se llevará a cabo entre ellos a partes iguales.\nPor lo que respecta a la cuantificación de la indemnización por fallecimiento, ésta asciende a 250.000. A esta cuantía se le aplicará un coeficiente corrector que tiene por objeto la toma en consideración en la determinación del montante indemnizatorio final de las cargas familiares de la persona fallecida. En este sentido, dicha cantidad se verá incrementada en una cantidad fija de veinte mensualidades del IPREM que corresponda61, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima (art. 7 RD 671/2013)62.\nAsimismo, se procederá a abonar los gastos de traslado, sepelio e inhumación o incineración de la persona fallecida como consecuencia de un atentado terrorista, siempre que ello no se halle cubierto por una póliza de seguro y, en todo caso, hasta el límite de 6.000 (art. 8 RD 671/2013).\nLas víctimas que, como consecuencia de los daños físicos o psíquicos derivados de un acto terrorista, sufran una incapacidad permanente tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones, moduladas en función de la gravedad de la incapacidad (art. 6.1 RD 671/2013): a) gran invalidez (500.000); b) incapacidad permanente absoluto (18O.OOO); c) incapacidad permanente total (100.000); d) incapacidad permanente parcial (75.000).\nAl igual que con relación a la indemnización por fallecimiento, su cuantía verá incrementada en una cantidad fija de veinte mensualidades del IPREM que corresponda, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima (art. 10.2 RD 671/2013)63.\nLas indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, correspondientes a las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de un acto terrorista, se determinarán, de un lado, conforme al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y, de otro, con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de seguridad social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional (art. 18 Ley 29/2011).\nLos beneficiarios de esta indemnización serán las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de un acto terrorista, determinándose su cuantía mediante la multiplicación por dos del IPREM por cada día que permanezca la lesión, hasta el límite de 18 mensualidades (art. 10.1.f RD 671 /2013).\nAquellas personas que hayan sido víctimas de un secuestro por actos terroristas tendrán también derecho a ser indemnizados (art. 18 Ley 29/2011). Procederá el abono de 12.OOO por el acto del secuestro y el triple del IPREM diario por cada día de duración del mismo, hasta el límite de la indemnización establecida por incapacidad permanente parcial, fijada en 75.000 (art. 14 RD 671/2013).\nEn la sección 2a del Capítulo II se regula el resarcimiento por daños materiales, que comprenderán, los causados en las viviendas de las personas físicas, en los establecimientos mercantiles, industriales o en elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y los producidos en vehículos (art. 23.2 Ley 29/2011). No están incluidos en su ámbito de aplicación los daños causados en bienes de titularidad pública (art. 23.4 Ley 29/2011).\nLos beneficiarios de esta indemnización serán las personas que sufran los daños materiales, siempre que no fueran responsables de aquéllos (art. 23.1 Ley 29/2011). No obstante, la Administración General del Estado podrá encargar la reparación de los inmuebles afectados por la acción terrorista a empresas constructoras o a otras Administraciones Públicas, siendo en este caso abonado a éstas el importe de la indemnización. En estos supuestos, los damnificados no podrán reclamar al Consorcio de Seguros las indemnizaciones correspondientes a los daños reparados en los bienes asegurados, las cuales serán percibidas por la empresa ejecutora de las obras o por la Administración actuante mediante convenio, conforme a las peritaciones oficiales de dicho Consorcio (art. 23.2 Ley 29/2011).\nEstos resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad recibida por estos conceptos y sin que, en ningún caso, en su conjunto, puedan superar el valor del daño producido (art. 23.2 RD 671 /2013).\nSi la vivienda no tiene carácter de residencia habitual el resarcimiento comprenderá el 50% de los daños sufridos, siendo el límite actual de 113.680. Asimismo, también podrá contribuirse al abono de los gastos generados como consecuencia de tener que abandonar temporalmente su vivienda mientras se efectúan las obras de reparación (art. 25 RD 671/2013). Para ello, la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con otras administraciones públicas o con organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de siniestro o catástrofe, en el cual se fijarán el porcentaje de la contribución de las partes a los gastos de alojamiento así como el límite temporal cubierto por estas ayudas (art. 25.2 RD 671/2013). En defecto de dicho convenio, la Administración General del Estado podrá otorgar una subvención para sufragar el alquiler de una vivienda similar a la siniestrada o los gastos de hospedaje, con un máximo de cobertura de 90 diarios por persona si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hostelero o de 1.500 si se trata del alquiler de una vivienda. En ambos casos, estos límites se modularán en atención a la composición de la unidad familiar (art. 25.1 RD 671/2013).\nEn el caso de establecimientos mercantiles o industriales, siempre que no sean de titularidad pública, el resarcimiento por los daños sufridos comprende, hasta el límite de 113.680, el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado (art. 26.1 RD 671/2013). Asimismo, y con independencia del resarcimientos por daños previstos en los artículos anteriores, la Administración General del Estado podrá, en supuestos excepcionales y, en particular; cuando como consecuencia del acto terrorista, se produzca la interrupción de la actividad productiva de una empresa con el consiguiente riesgo de regulaciones de empleo, acordar la subsidiación de préstamos -abono a la entidad de crédito de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses al tipo de interés fijado por la entidad prestamista y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que será el del interés legal del dinero en el acto de formalización del préstamo menos tres puntos- destinados a la reanudación de dicha actividad (art. 26.2 RD 671/2013). También la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con entidades de crédito al objeto de que éstas establezcan modalidades de créditos a bajo interés con dicha finalidad (art. 26.3 RD 671/2013).\nTratándose de actos terroristas contra las sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento se cuantifica en el valor total de las reparaciones necesarias -incluyendo la reposición del mobiliario y equipo siniestrado-para que puedan reanudar su actividad. Entre los daños indemnizables se incluirán, a estos efectos, los producidos en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas (art. 27 RD 671/2013).\nFinalmente, también serán resarcibles los daños causados tanto en vehículos particulares como en los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siempre y cuando estos no sean de titularidad pública y tengan vigente la póliza del seguro obligatorio del vehículo en el momento del siniestro. El resarcimiento comprenderá los gastos necesarios para su reparación, sin que, en el reglamento, se establezca límite alguno en cuanto a la cuantía. En caso de destrucción del vehículo, o cuando la reparación resulte superior al valor venal, la indemnización será equivalente al importe de adquisición de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso al siniestrado, hasta el límite de 3O.5OO (art. 28 RD 671/2013).\nEl procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, que se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciará siempre a solicitud de la persona interesada, directamente o por medio de un representante acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, impulsándose posteriormente de oficio en todos sus trámites (art. 48.1 RD 671/2013). Ésta deberá acompañarse de la documentación acreditativa de la condición de víctima de terrorismo66 o, en su caso, del grado de parentesco con la víctima.\nEl plazo para la presentación de las solicitudes prescribirá una vez transcurrido un año desde que tuvo lugar el acto terrorista causante del daño (art. 28.1 Ley 29/2011). El inicio del cómputo del plazo difiere, no obstante, según el tipo de daño: a) en caso de daño corporal el inicio del cómputo de dicho plazo será desde la fecha de alta o consolidación de secuelas. No obstante, si como consecuencia directa de las lesiones, se produjese un agravamiento de secuelas o el fallecimiento del afectado, se abrirá de nuevo el plazo de un año para solicitar la diferencia cuantitativa que proceda; b) en los casos de daños psicológicos, el inicio del cómputo empezará a contar desde el momento en el que exista un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.\nLa calificación de las lesiones consecuencia de los actos terroristas, a efectos de valorar el nexo causal, será llevada a cabo por un equipo de valoración de incapacidades, cuya composición se establezca reglamentariamente. El equipo que proceda a tal valoración será determinado por el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que, en todo caso, se integrará un representante de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior (art. 11.1 RD 671/2013). Por lo que respecta a las víctimas no residentes en el territorio nacional, estipula el art. 11.3 del RD 671/2013 que "el dictamen se emitirá a la vista de los informes periciales evacuados con motivo de las actuaciones penales seguidas y de los informes y pruebas complementarias que sea preciso recabar de la delegación consular más próxima al lugar de la residencia de la víctima". En el caso de los miembros de las FFCCSE, esta calificación se efectuará por sus respectivos tribunales debiendo estar presente, en todo caso, un representante de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (art. 11.4 RD 671/2013). Finalmente, la calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su caso, por la Asesoría Médica adscrita a la Unidad Administrativa instructora de los resarcimientos (art. 11.5 RD 671/2013).\nLas sentencias judiciales que reconozcan a los perjudicados daños indemnizables por la comisión de un acto terrorista y que no hayan sido objeto de un reconocimiento administrativo anterior; reabrirán el plazo de solicitud por el plazo de un año desde la notificación al órgano instructor de la firmeza de la sentencia judicial.\nSu instrucción corresponderá al órgano competente en materia de atención a víctimas dependiente del Ministerio del Interior; que actuará como ventanilla única de cualquier otro procedimiento que el interesado pueda deducir ante la Administración General del Estado (art. 51.1 RD 671/2013). Estará presidida por los principios de celeridad y trato favorable a la víctima, no requiriéndose la aportación documental, por parte del interesado, de hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los antecedentes o archivos de la Administración actuante (art. 51.2 RD 671/2013). El órgano competente para la resolución de las solicitudes será la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo del Ministerio del Interior El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de 12 meses, a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en registro del Ministerio del Interior (art. 28.6 Ley 29/2011). Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la petición de la concesión de la ayuda se considerará estimada (art. 28.6 Ley 29/2011). Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición o impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 28.5 Ley 29/2011).\nLa previsión del abono, con carácter extraordinario, por parte del Estado, de las indemnizaciones impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil ex delicio es heredera de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. El principio de solidaridad queda, en este caso, ciertamente mediatizado, siendo Ia connotación principal de su regulación, la asunción por el Estado de una posición de garante del pago de la indemnización debida, ante la insolvencia del responsable civil. Se articula, de este modo, un auténtico sistema indemnizatorio, pero sin que ello implique la asunción, por el Estado, de responsabilidad subsidiaria alguna (art. 20.7 Ley 29/2011).\nLa cuantía máxima de la indemnización a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil, diferirá en atención a sí en la sentencia firme se fija o no una cantidad en este concepto.\nEn el primer supuesto, la cantidad a abonar será la efectivamente fijada en la sentencia (art. 16.2 RD 671/2013), no pudiendo superar; en ningún caso, según el tipo de contingencia, las siguientes cuantías (art. 16.3 RD 671/2013): a) fallecimiento (500.000); b) gran invalidez (750.000); c) incapacidad permanente absoluta (300.000); e) incapacidad permanente total (200.000); f) incapacidad permanente parcial (I 25.000); g) lesiones no invalidantes (100.000); h) secuestro (125.OOO).\nEste es uno de los cambios más significativos del actual régimen con respecto a la previsión contenida en el art. 6 de la Ley 32/1999. En el anterior sistema, la cuantía a satisfacer en concepto de responsabilidad civil era la fijada en la sentencia judicial firme, salvo que esa cantidad fuese inferior a la indemnización mínima que, en todo caso, deberían percibir las víctimas. El legislador ha optado, en la regulación vigente, por el establecimiento de las cantidades máximas a abonar; de forma extraordinaria, por el Estado, con la finalidad de garantizar "un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares".\nNo obstante, en aquellos casos en los que la cuantía de la indemnización fijada en la sentencia sea superior al importe satisfecho por el Estado, el beneficiario conservará la acción civil para reclamar la diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños (art. 18.2 RD 671/2013).\nEl plazo para solicitar; de acuerdo al procedimiento ya visto, el abono con carácter extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia firme será de un año desde la notificación al interesado de la sentencia o, en su caso, de la resolución judicial que fije la cuantía indemnizatoria (art. 49.2 RD 671/2013).\nLas personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de un acto terrorista así como, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios, podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas (art. 32.1 RD 671/2013). Para ello deberán acreditar su necesidad y que la concreta prestación requerida no se halla cubierta, bien por el sistema público sanitario o un seguro privado, bien por el régimen ordinario de ayudas a las víctimas de actos terroristas (art. 32.1 RD 671/2013). A efectos de corroborar estos extremos, la solicitud se acompañará de un informe médico acreditativo de su necesidad y una certificación de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor podrá recabar; por sí mismo, la certificación anterior; previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de aseguramiento o previsión sea público (art. 32.2 RD 671/2013).\nAsimismo, también será objeto de financiación el coste de la atención psicológica que, previa prescripción facultativa, requieran las víctimas, los amenazados68, sus familiares o personas con quienes convivan. El límite de la ayuda será, en este caso, de 3.600 por tratamiento individualizado (art. 33.1 RD 671/2013). A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia (art. 33.2 RD 671/2013).\nÉstas podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas, en los distintos niveles, en las siguientes cuantías (art. 36.1 RD 671/2013): primer infantil (l.000), segundo ciclo de educación infantil y educación primaria (400), bachillerato (l.000), formación profesional de grado medio y superior (l.500), grado o equivalente (1.500), máster (1.500), otros estudios (750) y enseñanzas de idiomas en centros oficiales (300). Estas cantidades se incrementarán en un 20%, si el centro de estudios se ubica, al menos, a 50 km de la localidad en la que se encuentra su domicilio familiar, y en un 40%, si la asistencia al citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio familiar (art. 36.2 RD 671/2013).\nLas ayudas pueden otorgarse, tanto para el pago de la matrícula de estudios, como del material escolar, el transporte, la residencia, así como en concepto de atención compensatoria a la familia por la dedicación al estudio de alguno de sus miembros. Los tipos de estudios cubiertos por las ayudas, las clases y cuantías de las mismas, los requisitos económicos y académicos, y las obligaciones de sus beneficiarios, su concesión y renovación se ajustarán al sistema establecido en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio (art. 37.2 RD 671 /2013).\nNo obstante, a efectos de calcular los rendimientos académicos mínimos exigidos a los beneficiarios de las ayudas al estudio, se corregirán las calificaciones medias señaladas con la multiplicación por un coeficiente reductor del 0,60 a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran de una adaptación curricular o de un aumento de tiempos para realizar los estudios en los supuestos de incapacidad física o psíquica (art. 37.2 RD 671/2013). Asimismo, de forma motivada, se podrá eximir del cumplimiento de los requisitos académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión del atentado terrorista o a su repercusión en el propio solicitante y/o en su ámbito familiar (art. 37.3 RD 671/2013).\nEl plazo para la presentación de la solicitud a la que se le deberá adjuntar; además de la documentación que al efecto establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una certificación del Ministerio del Interior acreditativa de la cualidad de víctima o beneficiario (art. 48.1 RD 671/2013) será de tres meses desde la formalización de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda (art. 49.3 RD 671/2013).\n1 PRADO CAZORLA, J. C: "La victimoasistencia: el papel del criminólogo", Reviste Españole de Psiquiatría forense, psicología forense y Criminología, 1997, n° 2, p. 51.\n2 Así se deduce de la afirmación que se contiene en la Memoria de análisis de impacto normativo del anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, elaborado por el Ministerio de Justicia, el 23 de julio de 2014, en cuanto que "la modificación en la organización de las OAVD no supone incremento de gasto, puesto que las OAVD ya existen como tales".\n4 De conformidad con el art 51 Ley 29/2011, entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se encuentran: a) facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terrorismo; b) asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten; c) ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados; d) promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ¡legítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración; e) establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados.\n5 De esta op¡n¡ón, ALBA FIGUERO, Ma. C.:"La oficina de asistencia e información a las víctimas del terrorismo de la Audiencia Nacional. Luces y sombras de la asistencia a la víctima del terrorismo en el seno de la Administración de Justicia", Lo Ley Penal, n° 111, 2014, p. 10. A este respecto, el grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA presentó una enmienda -n° 27- proponiendo la adición de un nuevo párrafo al art. 28 en que se hiciese constar que "las oficinas de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y las oficinas de información y asistencia a las víctimas del terrorismo, creadas conforme a lo previsto, respectivamente, en la Ley 35/1995 y en la Ley 29/2011, asumirán todas las funciones de las OAVD previstas en este artículo".\n6 VILLACAMPA ESTIARTE, C.:"Los modelos de asistencia a las víctimas del delito: situación en España y perspectiva comparada", Reviste General de Derecho Penal, núm. 13, 2010, pp. 10-11.\n7 Este modelo es el que rige, por ejemplo, en Bélgica. VILLACAMPA ESTIARTE, C.:"Los modelos de asistencia", cit, pp. 29-31.\n8 VILLACAMPA ESTIARTE, C.:"Los modelos de asistencia", cit, pp. 11-29.\n9 Sobre el proceso de privatización del SAVA y sus implicaciones, DAZA BONACHELA, Ma. M.: Escuchar a las victimas. Victimología, derecho victimal y atención a las victimas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 358-370.\n10 Se critica por la FGE -"Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica al Estatuto de la Víctima del Delito", de 14 de noviembre de 2013, p. 6- la utilización de la terminología víctimas directas e indirectas, al estimar que ello "puede hacer pensar que hay víctimas de primer grado y víctimas subsidiarias, y ha de tenerse en cuenta que el lenguaje tiene, en estas definiciones programáticas, una carga emocional para quien se ve incluido en esas categorías".\n11 En opinión de TAMARIT SUMALLA, J. Ma.: "Los derechos de las víctimas", en TAMARIT SUMALLA, J. Ma. (coord.): El estatuto de las víctimas de delitos. Comentarlos a la Ley 4/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 42,"[...] resulta cuestionable que se produzca con carácter general y se vincule a la definición de víctima, dado que la condición de víctima no puede depender de la existencia o no de otras personas con mejor derecho. Hubiera sido preferible incluir las restricciones oportunas tan solo respecto a aquellos derechos en los que ello sea razonable, como se hace en la Ley 35/1995, cuyo art. 2 establece un orden de prelación para recibir las ayudas, en la lógica propia de la asignación de recursos escasos".\n12 Se entenderá por familiares "las personas unidas a la víctima en matrimonio o relación análoga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad" (arts. 8.2 y 1 3.4 RD 1109/2015).\n13 Desde el CGPJ -"Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de las OAVD y se implementan otras medidas en desarrollo del Estatuto de la víctima del delito", de 13 de octubre de 2015, p. 40- se abogaba por una mayor concreción de los supuestos en que este derecho a la asistencia y apoyo se ha de hacer extensivo a los familiares de las víctimas.\n14 Ello es conforme a la previsión contenida en el art. 439.3 LOPJ en que se dispone que "los puestos de trabajo de estas unidades Administrativas, cuya determinación corresponderá al Ministerio de Justicia y a las CC.AA con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, podrán ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de la Administración del Estado y de las CC.AA que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva relación de puestos de trabajo".\n15 El art. 18 RD 1109/2015 sólo hace mención, por su parte, a la necesidad de formación especializada en los ámbitos de familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Un análisis de las distintas OAVD en función de la composición multidisciplinar o no del personal que las atiende puede consultarse en DAZA BONACHELA, Ma. M.: Escuchar a las victimes, cit, pp. 383-392.\n16 Los modelos asistenciales sobre los que se pueden articular las OAVD son tres: el modelo centrado en la atención legal, el modelo centrado en el bienestar social y el modelo criminológico. VALEIJE ÁLVAREZ, I.:"La víctima en los delitos contra la libertad sexual", Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXII, 1999-2000, p. 330.\n17 Esta nomenclatura es empleada por VALEIJE ÁLVAREZ, I.:"La víctima", cit., pp. 330-332, quien expone una síntesis de las ventajas del modelo criminológico frente a los restantes modelos asistenciales conforme a los cuales se pueden configurar las OAVD.\n18 RODRÍGUEZ PUERTA, Ma.J.: "Sistemas de asistencia, protección y reparación de las víctimas", en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E.,TAMARIT SUMALLA, J. Ma.: Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 411.\n19 A este respecto, la FGE -Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las oficinas de asistencia a las victimes y se implementan medidas en desarrollo de! Estatuto jurídico de la victima del delito, de 21 de octubre de 2015, p. 17- apuntaba que "hoy por hoy no tienen capacidad para llevar a cabo la extensa labor que se dibuja, ello contando con que se reinstauren en todas las provincias las actuales Oficinas y que se dote a las mismas de suficientes profesionales especializados".\n20 Los datos derivados del estudio desarrollado por TAMARIT SUMALLA, J. Ma.,VILLACAMPA ESTIARTE, C. y FILELLA GUIU, G.: Informe sobre l'atenció a las victimes per part del sistema penal a Catalunya, Universitat de Lleida, 2008, p. 45, muestran como el 63.5% de las víctimas entrevistadas contactaron con las OAVD vía telefónica.\n23 Deber que el art 35 RD 1109/2015 impone, de forma expresa, a los Letrados de la Administración de Justicia.\n24 Esta referencia a la gravedad del delito debe entenderse hecha no sólo a los delitos, sino también a las consecuencias que, de su comisión, se hayan derivado para la víctima. En opinión de TAMARIT SUMALLA, J. Ma.:"Los derechos", cit., p. 34, toda víctima de un delito violento, contra la libertad o contra la libertad sexual, debería ser informada sobre este extremo.\n25 Buena muestra de esta realidad es el hecho de que en un estudio realizado en Cataluña se constató que el 97.3% de los encuestados desconocían la existencia de las OAVD. TAMARIT SUMALLA, J. Ma., LUQUE REINA, E., GUARDIOLA LAGO, Ma. J. y SALINERO ECHEVARRÍA, S.:"La victimización de migrantes. Una encuesta a colombianos en Cataluña", Reviste Electrónica de Ciencia Penal y Criminoíogía, 2011, 13-11, p. 18.\n27 Se subraya por el CGPJ -Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se apruebe el reglamento de las OAVD y se implementan otras medidas en desarrollo del Estatuto de la víctima del delito, de 13 de octubre de 2015, p. 59- la conveniencia de que la información que se facilite a la víctima sobre sus derechos se recoja documentalmente.\n28 La enumeración contenida en dicho precepto peca de imprecisa debido a la forma general en que se hallan redactadas sus proposiciones. Serrano Masip, M.: "Los derechos de información", en TAMARIT SUMALLA, J. Ma. (coord.): El estatuto de las víctimas de delitos. Comentarios a la Ley 4/2015. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 79; Gómez Colomer, J. L.: Estatuto jurídico de la víctima del delito, Aranzadi, Navarra, 2015, p. 301.\n29 En este punto, en atención a la trascendencia que el acto de la interposición de denuncia tiene en el régimen de procedibilidad de ciertos delitos, entendemos que la víctima debería ser informada, no sólo de los aspectos básicos regulados en los arts. 259 a 269 LECr, sino también del hecho de que en los casos de delitos privados o semipúblicos la previa denuncia de la víctima es un presupuesto para su persecución. SERRANO MASIP, M.:"Los derechos", cit., pp. 83-84.\n30 La obligación de informar a las víctimas sobre las ayudas que le son reconocidas se contemplaba ya en el art 15.1 de la Ley 35/1995, si bien limitada a las víctimas de delitos dolosos violentos o contra la libertad sexual.\n31 Entendemos que, en coherencia con la nueva redacción del art. 124 LECr, la prestación de servicios de interpretación y traducción a las víctimas deberá realizarse por profesionales inscritos Registro Oficial de traductores e intérpretes judiciales. En esta línea apuntaba las enmiendas n° 1, 2 y 3 formuladas por IU, ICV-EUiA, CHA (La Izquierda Plural) durante la tramitación parlamentaria de la LEVD.\n32 En atención a lo preceptuado en el art. 7 LEVD, las víctimas que así lo soliciten serán informadas sobre los siguientes aspectos: a) la fecha, hora y lugar del juicio; b) el contenido de la acusación contra el infractor; c) la resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento; d) las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima; e) la información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa; f) la sentencia recaída.\n33 La víctima no personada podrá modificar, en cualquier fase del procedimiento, su decisión sobre si desea o no recibir esa información sobre la causa penal quedando sin efecto, en su caso, la solicitud previamente realizada (art. 7.2 LEVD). Tal manifestación de voluntad debe constar igualmente, por escrito, en el formulario elaborado ad hoc (art. 7.2 RD 1109/2015). En cuanto al derecho de la víctima a no ser informada, Pérez Rivas, N.:"EI derecho de la víctima a olvidar", Lo Ley Penal, n° 122, 2016, pp. 7-11.\n36 Consejo de Estado, "Dictamen núm. 360/2014, al anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito", de 29 de mayo de 2014, p. 20; CGPJ, Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica el Estatuto de la Victime del Delito, de 31 de enero de 2014, pp. 42-43; FGE, "Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica al Estatuto de la Víctima del Delito", de 14 de noviembre de 2013, pp. 21-22.\n37 Las víctimas de terrorismo (art 48.1 Ley 29/2011) -incluidas las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo (art. 2.i LAJG)- tienen derecho a que se les preste, en todo caso, inmediatamente, asistencia jurídica gratuita, con independencia de que tengan suficientes recursos para litigar, en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su victimización (art. 2.g LAJG). Este derecho se extenderá a sus causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor.\n40 La determinación de qué víctimas integran la categoría de "víctimas necesitadas de especial protección" exige el sometimiento de la víctima a un proceso de evaluación (art 23 LEVD).\n41 Esta ley es la primera norma española que adapta y desarrolla las disposiciones contenidas en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos de 1983, desde su entrada vigor en el estado español el 1 de febrero de 2002. MUÑAGORRI LAGUÍA, I. y PÉREZ MACHÍO, A. I.:"Aproximación al sentido y alcance del art. 8.2 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos de 1983. Tensiones con el principio de legalidad", Revista Vasca de Administración Pública, núm. especial 99-100, 2014, p. 2117.\n42 FERREIRO BAAMONDE, X.: Lo víctima en el proceso penal, La Ley, Madrid, 2005, p. 522; ROIG TORRES, M.: Lo reparación del daño causado por el delito: aspectos civiles y penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 338, nota 117.\n43 Ello también ha sido confirmado por la jurisprudencia, siendo la primera de ellas la STS 19 diciembre 1997 (RJ 1997\_8799), en cuyo FJ 6o establece que "[...] el concepto legal de ayudas públicas, contemplado en esta Ley debe distinguirse de figuras afines y, señaladamente, de la indemnización. No cabe admitir que la prestación económica que el Estado asume, sea una indemnización, ya que, éste no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el culpable del delito ni, desde otra perspectiva, es razonable incluir el daño moral provocado por el delito. La Ley por el contrario, se construye sobre el concepto de ayudas públicas -plenamente recogido en nuestro ordenamiento- referido directamente al principio de solidaridad en que se inspira". Como pone de relieve ROIG TORRES, M.: Lo reparación, cit., pp. 338-339, ello determina que las disposiciones de la Ley 35/1995 no sean aplicables, ni afecten, a la responsabilidad civil del delito así como que la concesión de estas ayudas se circunscriba exclusivamente a los delitos violentos y dolosos. Autores como SOLÉ RIERA, J.: Lo tutela de la víctima en el proceso penal, J.M. BOSCH Editor, Barcelona, 1997, pp. 212-215, se postulan a favor de considerar la compensación estatal como un deber del estado ostentando ésta, en consecuencia, naturaleza indemnizatoria, si bien es consciente de que no es éste el criterio seguido por el legislador. En este mismo sentido se pronuncia FERREIRO BAAMONDE, X.: La víctima, cit., pp. 524-525, para quien desde un plano teórico sería perfectamente factible la exigencia al Estado del resarcimiento de los daños causados por su falta de diligencia en la protección de sus ciudadanos, en la medida en que al asumir la protección del orden público ostenta una situación de garante respecto de éste.\n44 SOLÉ RIERA, J.: La tutela de la victima, cit., pp. 225-226.\n45 Véase, en este sentido, la STS 1 junio 1999 (RJ 1999\_5637); HERRERA MORENO, M.: La hora de la víctima. Compendio de Victimología, Edersa, Madrid, 1996, pp. 291-292, para quien la Ley 35/1995 solventa cualquier duda al respecto de su naturaleza residiendo las diferencias entre un régimen y otro en "la percepción estatal de una especial solidaridad y concienciación de nuestra sociedad ante las víctimas de terrorismo que obliga así, al establecimiento de privilegios y prioridades en la distribución de los recursos públicos [...]".\n47 Es ésta la primera referencia que se contiene en una norma española a la Convenio de 1983 desde su ratificación por España en el 2002. MUÑAGORRI LAGUÍA, I.: y PÉREZ MACHIO, A. I.:"Aproximación al sentido y alcance del art 8.2", cit, pp. 2107-2128.\n48 En cuanto al sentido y alcance de las excepciones del citado precepto vid. MUÑAGORRI LAGUÍA, I.: y PÉREZ MACHIO, A. I.:"Aproximación al sentido y alcance del art. 8.2", cit., pp. 2 110-2116.\n51 En cuanto a la forma de acreditación de esta circunstancia resulta sumamente ilustrativa, entre otras, la SAN 15 julio 2015 (JUR 2015\_202788), en cuyo FJ 4° dispone que "es principio jurídico procesal que los órganos jurisdiccionales gozan de competencia para valorar y apreciar el supuesto de hecho en los que se asienta la consecuencia jurídica de la norma jurídica que han de aplicar para resolver la cuestión jurídica sometida a su conocimiento, sin perjuicio del principio general que los hechos declarados probados en sentencia penal firme son de obligado respeto por el resto de los tribunales de justicia de los restantes órdenes jurisdiccionales. Pero ante la ausencia de pronunciamiento penal, los tribunales de justicia gozan, a la vista de las pruebas existentes en el proceso, de la facultad de determinar los datos fácticos en los que se asienta la proyección de la norma jurídica que están llamados a aplicar [...]". De otra opinión, MUÑAGORRI LAGUÍA, I.: y PÉREZ MACHIO, A. I.: "Aproximación al sentido y alcance del art 8.2", cit, pp. 2112-2114 y pp. 2120-2123, a cuyo juicio, este extremo "sólo quedará constatado, en caso de que exista una sentencia condenatoria firme que así lo determine".\n52 A este respecto, conforme al art. 96.1 CE, "los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno [...]". El Instrumento de Ratificación del referido Convenio se publicó en el BOE el 29 de diciembre de 2001, pero en aplicación de lo preceptuado en su art. 15.2, su entrada en vigor se produjo, en este caso, el 1 de febrero de 2002. Por tanto, como se explícita, entre otras, en la SAN 24 junio 2015 (JUR 2015\_191237),"desde el 1 de febrero de 2002 el repetido Convenio forma parte del ordenamiento jurídico español y, en consecuencia, es plenamente aplicable, por lo que su empleo en resoluciones administrativas dictadas con posterioridad a esa fecha y referidas a supuestos que entran en su ámbito de aplicación", con independencia -continua diciendo la sentencia- de que "faltara una remisión expresa (al Convenio) en la Ley 29/2011 o una prevención específica al respecto". En sentido contrario se pronuncian MUÑAGORRI LAGUÍA, I.: y PÉREZ MACHIO, A. I.:"Aproximación al sentido y alcance del art. 8.2", cit, pp. 2115-2116, p. 2118 y pp. 2123-2127, para quienes la eficacia jurídica de las excepciones del citado precepto, en el ámbito del ordenamiento español, se condiciona a la concurrencia de dos presupuestos: en primer lugar, a la entrada en vigor del instrumento de ratificación interno y, en segundo lugar,"al desarrollo normativo expreso y motivado del concreto contenido del indicado precepto". Y ello porque, en su opinión, "[...] no se debe olvidar que este artículo, lejos de contemplar un mandato internacional de cumplimiento obligatorio, prevé una disposición de naturaleza potestativa que puede o no ser atendida por el Estado concreto y que precisará, ahora sí, de una referencia expresa y motivada a la misma en el ámbito del Ordenamiento jurídico interno".\n55 En atención a lo dispuesto en la disp. fin. 5a, su entrada en vigor tuvo lugar el 24 de septiembre de 2011.\n56 Véase disp. adic. 1a Ley 29/2011 y disp. trans. 2a RD 671/2013.\n58 Hasta el momento, un total de ocho Comunidades Autónomas han aprobado normativa autonómica en materia de víctimas de terrorismo: Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo (Andalucía); Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo (Aragón); Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz (Extremadura); Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo (Región de Murcia); Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo (Madrid); Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo (Navarra); Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo (País Vasco); Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo (Comunidad Valenciana). Un estudio detallado sobre esta normativa autonómica puede ser consultado en SEMPERE NAVARRO, A. V., y KAHALE CARRILLO, D.T. (coords.): Reconocimiento y protección integral de las victimas del terrorismo, Ed. Eolas, 2014, pp. 229-535.\n59 Conforme al art. 6.3 RD 671/2013 "se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del IPREM que correspondiera en aquel momento, también en cómputo anual".\n62 El RD 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, preveía, además, en su art 8.7a, un factor de corrección que permitía incrementar, en un 30%, las cantidades establecidas como resarcimiento en casos de fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones no permanentes invalidantes e incapacidades temporales atendiendo a las circunstancias o situaciones de especial dificultad o necesidad, personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima. ROCA AGAPITO, L.:"Análisis del nuevo régimen jurídico-económico de las víctimas del terrorismo", Diario La Ley, n° 7776, 2012, p. 10, defendía la inclusión de una previsión del mismo tenor en el desarrollo reglamentario de la ley, sin que ello haya sido, finalmente, observado.\n63 Critica ROCA AGAPITO, L:"Análisis del nuevo régimen", cit, p. 10, que únicamente se haya previsto este factor de corrección con respecto a los supuestos de fallecimiento e incapacidad permanente, abogando por su extensión, en el desarrollo reglamentario de la ley, a los casos de lesiones permanente no invalidantes y de incapacidades temporales, hecho que no ha sucedido.\n65 Conforme al art. 24.2 RD 671/2013, por vivienda habitual se entenderá "[...] la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de al menos seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta desde tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación".\n67 ROIG TORRES, M.: Lo reparación, cit., p. 330; FAIRÉN GUILLÉN, V.:"Acción, proceso y ayuda a las víctimas del delito", La Ley: Revista jurídica españole de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n° 3, 1991, p. 886.\n68 Tendrán la consideración de amenazados, de acuerdo con el art 5 de la Ley 29/2011 ,"las personas que acrediten, en los términos del art 3 bis de la Ley, sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas".\nDAZA BONACHELA, Ma. M.: Escuchar a las víctimas. Victimología, derecho victimal y atención a las víctimas. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016. [ Links ]\nFAIRÉN G, V.: "Acción, proceso y ayuda a las víctimas del delito", La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 1991, n° 3, pp. 863-881. [ Links ]\nFERRERO BAAMONDE, X.: La víctima en el proceso penal, La Ley, Madrid, 2005. [ Links ]\nLANDROVE DÍAZ, G.: La moderna victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. [ Links ]\nMUÑAGORRI LAGUÍA, I. y PÉREZ MACHÍO, A. I.: "Aproximación al sentido y alcance del art. 8.2 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos de 1983. Tensiones con el principio de legalidad", Revista Vasca de Administración Pública, 2014, núm. especial 99-100, pp. 2107-2128. [ Links ]\nROCA AGAPITO, L.:"Análisis del nuevo régimen jurídico-económico de las víctimas del terrorismo", Diario La Ley, 2012, n° 7776, pp. 1 -17. [ Links ]\nRODRÍGUEZ PUERTA, Ma. J.: "Sistemas de asistencia, protección y reparación de las víctimas", en Baca Baldomero, E., Echeburúa Odriozola, E.,Tamarit Sumalla, J. Ma.: Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 407-438. [ Links ]\nROIG TORRES, M.: La reparación del daño causado por el delito: aspectos civiles y penales, Ed. Tirant lo Blanch,Valencia, 2000. [ Links ]\nSEMPERE NAVARRO, A. V. y KAHALE CARRILLO, D.T. (coords.): Reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, Eolas, 2014. [ Links ]\nSERRANO MASIP, M.: "Los derechos de información", en Tamarit Sumalla, J. Ma. (coord.): El estatuto de las víctimas de delitos. Comentarios a la Ley 4/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 69-100. [ Links ]\nSOLÉ RIERA, J.: La tutela de la víctima en el proceso penal, J. Ma Bosch Editor; Barcelona, 1997. [ Links ]\n- "Los derechos de las víctimas", en TAMARIT Sumalla, J. Ma. (coord.): El estatuto de las víctimas de delitos. Comentarios a la Ley 4/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 15-68.\n- "Paradojas y patologías en la construcción social, política y jurídica de la victimidad", Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 2013, pp. 1-31.\nTAMARIT SUMALLA, J. Ma., LUQUE REINA, E., GUARDIOLA LAGO, Ma. J. y SALINERO ECHEVARRÍA, S.:"La victimización de migrantes. Una encuesta a colombianos en Cataluña", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2011, 13-11, pp. 117-140. [ Links ]\nTAMARIT SUMALLA, J. Ma., VILLACAMPA ESTIARTE, C. y FILELLA GUIU, G.: Informe sobre l' atendió a les victimes per part del sistema penal a Catalunya, Universitat de Lleida, 2008. [ Links ]


Blansat Pilar de la Horadada - Chalet Semiadosado con jardín y Jacuzzi a sólo 800 metros de la playa.\nChalet Semiadosado con Jacuzzi a 800 metros del mar\nMAGNÍFICO CHALET EN TORRE DE LA HORADADA CON JARDÍN Y JACUZZI\nSi te gusta el mar y disfrutar de un lugar tranquilo, ¡aquí tienes tu vivienda!\nMagnífico chalet semiadosado de 3 dormitorios y 2 baños, con un espectacular jardín con jacuzzi y vegetación, con garaje cerrado y espacio para varios coches, a escasos 800 metros del mar, situado en Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada-Alicante).\nSe trata de una vivienda muy amplia y luminosa, con una orientación muy fresca en verano, y situada en una zona residencial tranquila, con vecinos todo el año, y con vistas despejadas.\nTiene un gran jardín con porche cubierto, el cual lo puedes cerrar con un acristalamiento para así disfrutarlo también durante el invierno. Es un jardín precioso donde comer, cenar o pasar las tardes de verano, con espacio ideal para que los niños jueguen. Y, por supuesto, la joya de la corona, ese JACUZZI de auténtico lujo, para descargar las tensiones del día a día. Por supuesto, tienes una zona de garaje cerrado.\nUna vez dentro, en la planta baja dispones de un gran salón comedor muy luminoso, un dormitorio, un baño con bañera, cocina independiente equipada con todos los electrodomésticos y con salida a un patio interior que se conecta por el lateral al jardín de la parte delantera. Este patio está preparado para disfrutar a tope de él, ya que dispone de una caseta para poder hacer tus barbacoas con los amigos... ¡es una pasada!\nEn el patio, además, hay una ducha para esos días en los que llegas de la playa y no quieres manchar toda la vivienda.\nEn la primera planta se encuentra un baño con ducha y dos habitaciones grandes con salida a una terraza con total intimidad.\nToda la vivienda tiene ventanas de aluminio blanco con rejas y mosquiteras.\nEn Torre de la Horadada dispones de cualquier cosa que necesites. Además, si te gusta la naturaleza, tienes grandes paseos de madera, espacios naturales y protegidos, y numerosas playas de arena fina y aguas limpias.\nLa vivienda se encuentra muy cerca de todos los servicios, supermercado, farmacia, centro médico, bares, restaurantes…. Además, a tan sólo 1 km del Polideportivo Municipal, donde podrás hacer cualquier deporte que te guste.\n¿Buscas un centro comercial? A tan sólo diez minutos en coche puedes encontrar La Zenia Boulevard o CC Dos Mares.\n¿Aeropuertos? A tan sólo 25 minutos del Aeropuerto de Murcia y 40min del de Alicante.\nUn entorno ideal para pasar temporadas de vacaciones o vivir todo el año y disfrutar del mar y la tranquilidad.\nNo se puede pedir más!!!\n¡¡Decídete hoy a conocer tu nuevo hogar!!\n¡¡A qué esperas!! ¡¡Te invitamos a que vengas a conocerlo!!!


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COMICS FAN FILES: SR. SINIESTRO: UN NOMBRE SINGULAR PARA SEMEJANTE SER.\nSR. SINIESTRO: UN NOMBRE SINGULAR PARA SEMEJANTE SER.\nCuando Sr. Siniestro fue presentado por Chris Claremont, la idea en verdad, fue que el personaje adulto era un producto de la mente mutante de un niño. Un niño que no podría madurar. Esencialmente una versión torcida de la relación entre Billy Batson y Capitán Maravilla. Claremont puso en marcha este plan principalmente en las páginas de los relatos cortos publicados en HOMBRES-X CLASICOS, donde aparecían historias de la faceta de Scott (Cíclope) Summers como huérfano en un orfanato. Allí existía un niño que estaba fascinado con Scott y cualquier cosa que el niño quería que sucediese, de improviso aparecía Sr. Siniestro para hacer lo que el niño quería que sucediese.\nLa revelación seria que ese niño ERA el Sr. Siniestro, un villano producto de la mente del chico. El único problema era que el chico nunca crecería, dejando a Sr. Siniestro convertirse más y más en su personalidad publica.\nAl final, cuando Claremont dejó de escribir los Hombres-X, los siguientes escritores completamente cambiaron este rumbo del argumento. Las historias del orfanato ahora significan que el Sr. Siniestro se disfrazaba como un joven niño.\nBastante extravagante, ¿eh?\nPublicado por HASG en 8:09


Preocupación: ¿Cómo están las pymes en este contexto económico? | El blog del Contador LoCane\n13 de mayo de 2018 by Contador LoCane\nCrédito caro y una mochila impositiva que pesa toneladas. Y, además, el FMI en el horizonte ¿Como solución o como problema?. Un escenario de mediano plazo con tasas de interés astronómicas y reducción de acceso al crédito, podría significar el certificado de defunción para miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y con ello el agravamiento del desempleo y de la vulnerabilidad social. Castigo: A ello se agrega el castigo que significa una AFIP que se ha convertido en un verdadero instrumento de tortura para el pequeño y mediano contribuyente, con embargos, suspensiones, exclusiones y una completa batería de medidas que en definitiva limitan o directamente impiden el derecho a … Sigue leyendo →\n19 de abril de 2018 by Contador LoCane\nUna cosa son las tarifas, y otra cosa es el IVA sobre las tarifas. Si sube una, sube la otra y la consecuencia es, muchas veces, insoportable. El gobierno tomó nota del malestar con el aumento de las tarifas de luz y gas. La mayor preocupación está vinculada con las boletas de gas: de no haber modificaciones, a medida que baje la temperatura comenzarán a llegar a los hogares con sumas “explosivas” para el presupuesto familiar, lo que recalentará el malhumor social. BAJAR LA TASA DEL IVA YA: Una de las alternativas que se estudia para reducir el impacto de las boletas será modificar la carga impositiva que los consumidores pagan junto con las tarifas. Concretamente: Bajar la … Sigue leyendo →\n1 de marzo de 2018 by Contador LoCane\nLa gran mayoría las empresas del país son del tipo familiar, poco adaptables a las figuras que define la vieja ley 19.550 para sociedades de capital (S.A. S.R.L.). Una muy acertada legislación para otro tipo de capitalismo. Nuestra historia empresaria ha demostrado que las llamadas Sociedades Cerradas o de Familia, tienen su propia cultura, cierta forma de ser y cierta normas no escritas, a las que les “calza” mucho mejor a esta nueva figura societaria, la SAS, creada recientemente por la nueva ley de fomento al capital emprendedor. El presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, resumió en una nota, sus principales características. Elenco cerrado de socios: La empresa familiar no admite que su … Sigue leyendo →\nComo parte de la campaña desburocratizadora que anunció el presidente y poniendo un mínimo freno al espíritu “hiper- sancionatorio” e “hiper-controlador” que impera en muchas reparticiones de la administración pública, se terminaría, en esos días, con los efectos negativos y anticonstitucionales de una absurda ley sancionada durante el gobierno anterior. Efectivamente, se supo que el actual Gobierno reducirá las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados. Será parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de publicación inminente que incluirá un extenso abanico de medidas bajo la premisa de “desburocratización del Estado” y que, en el aspecto relacionado con el empleo informal, reemplazará parte de los postulados … Sigue leyendo →\n23 de diciembre de 2017 by Contador LoCane\nEl “famoso” Mínimo No Imponible (y la tabla de liquidación del Impuesto) ahora se actualiza automáticamente. Ya no hay que esperar más que el Presidente o la Presidenta de turno se digne a modificar esos valores. Ahora las deducciones y las escalas la ley 27.346 se corrigen por el coeficiente que sale de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año previo. La evolución del índice produjo un aumento del 28,77% en las deducciones personales y en los tramos de las escalas para el año 2018. La AFIP, a través de un … Sigue leyendo →\nEl crecimiento del sector público en la Argentina invita a graficar el tamaño del Estado con comparaciones que, si bien odiosas, son imprescindibles para comprender cómo afecta a la economía privada. Medido por la cantidad de empleados cada legislador es mucho más que una pyme. Para 2018 el Senado tendrá una dotación de personal de 5779 agentes para un total de 72 senadores, es decir 80 empleados por cada uno. Para el mismo período la Cámara de Diputados tendrá 6220 empleados para 257 legisladores, es decir, 24 por cada uno. Si agregamos todas las dependencias del Congreso el total de empleados será de 16.196 lo cual representará 49 por cada … Sigue leyendo →\n13 de diciembre de 2017 by Contador LoCane\nRigen a partir del primero de enero de 2018. El componente impositivo, para el rubro de prestación de servicios irá desde $87,04 a $3.584,17. En tanto para venta de cosas muebles irá desde $87,04 a 6.048,30 pesos. Si se le suma el aporte al SIPA y a las obras sociales, la cuota para servicios irá desde $1.007,41 a 4.868,86 pesos. En tanto, la cuota total, para venta de cosas muebles irá desde $1.007,41 a 7.580,69 pesos. El portal i.profesional hizo un cuadro que reproducimos a continuación:\nEn el próximo año 2018, el monto del salario a partir del cual se paga impuesto a las ganancias será mayor que en 2017 en aproximadamente un 29% o sea que menos personas pagarán el gravamen y los que estén alcanzados deberían sufrir menores retenciones (al menos hasta que las nuevas paritarias traigan mayores salarios) por efecto de un MNI incrementado en ese porcentaje. Esto sobre la base de la variación de un índice salarial que, a partir del año próximo, definirá ajustes al esquema del impuesto. Todos los alcanzados por el tributo tendrán un alivio en su carga. ¿De donde sale ese aumento del MNI? En diciembre de 2016 el … Sigue leyendo →\nUna dura sanción (extralimitada) está aplicando la AFIP a las empresas que no hayan presentado una información de control. La información es la declaración jurada sobre operaciones internacionales alcanzadas por el régimen de precios de transferencia en el Impuesto a las Ganancias. La sanción es no permitir a esas empresas la liberación en Aduana de la mercadería importada, por lo que muchas compañías se quedan sin insumos. El problema es el normal desenvolvimiento productivo. Una reciente novedad en materia de Precios de Transferencia es que AFIP está intimando a los contribuyentes que no hayan presentado las declaraciones juradas sobre operaciones internacionales alcanzadas por dicho régimen. Eso no tendría nada de … Sigue leyendo →\n23 de noviembre de 2017 by Contador LoCane\nA continuación, brindamos una reseña de las modificaciones que trae el Pacto Fiscal, firmado por la Nación la Ciudad de Buenos Aires y todas las Provincias (excepto San Luis) Impuesto a los Sellos – Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente. – No incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. – Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,50 a partir del 1º de enero … Sigue leyendo →


Noticias | Salesianos Linares\nSegundo Pregón de las Glorias de M. Auxiliadora en Linares a cargo del profesor D. Juan Marín Garzón\nAlgunos momentos del pregón en el que hubo emotivos momentos de la vida del pregonero en los que ha sentido la presencia de M. Auxiliadora. En la segunda parte del acto contamos con la actuación musical de Joaquín Robles como tenor y su hijo al piano.\nII Pregón de las Glorias de María Auxiliadora\nEl jueves 10 de mayo a las 19.30h tendrá lugar el II Pregón de las Glorias de María Auxiliadora en la Casa-Museo Andrés Segovia. El pregonero será nuestro querido Juan Marín y el presentador será don Jesús Botella. Esperamos contar con la presencia de todos vosotros...\nEnlace al artículo en el que se detallan las actividades llevadas a cabo en Salesianos Linares la pasada semana: ARTICULO SEMANA ACTIVIDAD FISICA\nII Pregón de las Glorias de Mª Auxiliadora\nEl próximo 10 de mayo a las 19.30h tendrá lugar el II Pregón de las Glorias de Mª Auxiliadora en la Casa Museo Andrés Segovia. El pregonero será don Juan Marín Garzón y el presentador don Jesús Botella Guerrero. Ambos son compañeros del centro y devotos de nuestra...\nGran final de la Semana Curricular\nAyer realizamos una gran marcha por la salud a lo largo del Paseo de Linarejos, en bicicleta y a pie. Finalizando con un acto en el que participaron alumnos, padres y profesores. Los stands se organizaron en las distintas aulas, haciendo partícipe a todo el alumnado...\nII Pregón de Las Glorias de M. Auxiliadora\nEn la noche de ayer asistimos a la presentación del cartel y pregonero del II Pregón de Las Glorias de M. Auxiliadora\nOs esperamos en el Paseo de Linarejos\nEl viernes 20 de abril, tendrá lugar la presentación del trabajo realizado por todo el centro sobre Hábitos Saludables. Durante la mañana, los alumnos expondrán en distintos stand los trabajos realizados y sobre las 12.00h tendrá lugar una marcha a pie y bicicletas de...\nPresentación del cartel y pregonero del II Pregón de las Glorias de María Auxiliadora\nEl próximo jueves 19 de abril, a las 20.00h tendrá lugar la presentación del cartel del Pregón y presentación del pregonero del II Pregón de las Glorias de María Auxiliadora en la Casa - Museo Andrés Segovia. El cartel ha sido elaborado por una alumna del centro y...\nParticipación de los alumnos de 4ESO en la Semana de la Ciencia en Úbeda\nSegundo de Educación Primaria realiza sus propios juegos de “¿Quien es Quien?” con animales como actividad del área de Natural y Lengua, realizando descripciones y clasificándolos.


Dos filetes de carne de ternera. Pixabay\nAunque la mayoría de los españoles toman más proteína de la que necesitan, quienes hacen deporte pueden estar descuidando este aporte esencial.\nEl 'boom' de la leche con proteínas del Mercadona: radiografía del último éxito del 'súper'\nHuevo: todos los beneficios y propiedades del 'rey' de las proteínas\nEn los últimos años, el azúcar se ha convertido en uno de los principales enemigos de quienes quieren llevar un estilo de vida saludable. Se ha relacionado con enfermedades, malacostumbra a nuestro paladar, pero, lo peor de todo, es que se encuentra oculto en un sinfín de alimentos industriales que se consumen en España.\nPor suerte, hace ya casi 4 años apareció en las redes sociales Sinazucar.org: un proyecto que consiste en una serie de fotografías donde aparece un producto alimenticio acompañado de una columna de terrones de azúcar que equivale, exactamente, a la cantidad de este ingrediente que lleva el alimento que se señala. Ahora, Antonio Rodríguez Estrada, consultor tecnológico, fotógrafo y fundador de este proyecto, se ha aventurado con otro: Proteinas.org.\n¿Alguien busca una pantera? pic.twitter.com/9eR7O7yuab\n— sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) September 17, 2020\nEl objetivo es el mismo: visualizar los productos del supermercado de una manera más gráfica y, esta vez, para ser consciente de cuántas proteínas llevan los alimentos que consumimos. La estética de las fotos es idéntica: un producto del súper acompañado, esta vez, de una columna de bloques tipo Lego que equivale al número de gramos de proteína que contiene.\nEspañoles y proteínas\nLos españoles solemos pasarnos de proteínas en la dieta, según recoge la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (Enide). "El estilo de alimentación en el mundo occidental es alto en ultraprocesados y en proteínas: se consume mucha carne roja y alimentos hiperproteicos como el fiambre o el queso", explica Estrada. ¿Cuántas proteínas deberíamos consumir? La cantidad es relativa porque va en función a nuestro peso corporal y el grado de actividad física diaria que realicemos.\nSi buscas proteínas vegetales de calidad, en lugar de una hamburguesa vegetal ultraprocesada son más saludables unos garbanzos.\nIncluso puedes hacerte tus propias hamburguesas. pic.twitter.com/Ya9mAc29d2\n— Proteinas.org (@ProteinasOrg) October 6, 2020\nPrecisamente, en este enlace a la página de Proteinas.org podemos encontrar una calculadora en la que averiguar los gramos de este nutriente que deberíamos tomar al día. Esta herramienta sigue las recomendaciones de los principales organismos de salud de referencia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todos ellos coinciden en que una persona sedentaria debería consumir unos 0,8 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso corporal al día.\n"Sin embargo, esto cambia cuando hacemos ejercicio. No es lo mismo salir a pasear que hacer un deporte de alta intensidad como el CrossFit. El desgaste muscular y la necesidad de reponer las proteínas consumidas puede exigirnos tener que tomar hasta 2,5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día", dice el fundador del proyecto. De hecho, Estrada explica que algunas personas que realizan ejercicio no son conscientes de que deberían consumir más proteína y pueden quedarse cortos de este nutriente.\nSobre las proteínas existen muchas creencias populares que han resultado ser falsas. Una de las más arraigadas es pensar que sólo pueden obtenerse de los alimentos de origen animal. En este sentido, las legumbres pueden sorprendernos por su alto contenido en este macronutriente. "Un bote pequeño de garbanzos, que equivale más o menos a una ración de cocido, tiene unos 20 gramos de proteínas. Los filetes de ternera tienen, en este sentido, casi el mismo contenido de este macronutriente".\nUn bote pequeño de garbanzos (345g) contiene 19,7g de proteínas, equivalente a 4,9 bloques. pic.twitter.com/93mkOJZXaF\n— Proteinas.org (@ProteinasOrg) October 1, 2020\nEso sí, aunque todas las proteínas son válidas en la dieta, unas son absorbidas de manera más eficaz en el organismo que otras. Las proteínas vegetales, como las de las legumbres y los cereales, se absorben peor y contienen menos aminoácidos esenciales que las de origen animal. "Este proyecto no pretende favorecer unas proteínas frente a otras, pero también pretende explicar que algunas deben ser complementadas. Por ejemplo, las proteínas de las lentejas son interesantes, pero para que sean completas pueden acompañarse de arroz". Es decir, los aminoácidos esenciales que faltan en un alimento los contiene el otro.\nTambién es muy posible que hayamos escuchado que la gelatina es el alimento que más cantidad de proteínas tiene. Sin embargo, si lo que nos interesa es este nutriente la gelatina no es la mejor opción: "Es verdad que la gelatina está hecha de colágeno, una proteína animal. Pero existen dos problemas: el primero es que viene en vasitos con una dosis muy pequeña de proteínas y, el segundo, que es una proteína de baja calidad porque no se absorbe bien", afirma Estrada.\nUna gelatina sabor frutos silvestres +Proteínas de Hacendado (100g) contiene 6g de proteína, equivalente a 1,5 bloques. pic.twitter.com/8LZojWcDaV\n— Proteinas.org (@ProteinasOrg) October 3, 2020\nDeja los ultraprocesados\nAdemás, una gran cantidad de las gelatinas que podemos encontrar en el supermercado son edulcoradas o, directamente, llevan un exceso de azúcares. En caso de tomar alimentos proteicos que sean procesados, debemos observar el producto de manera global y no sólo centrarnos en su contenido en este nutriente. Puede ser más interesante, en estos casos, consumir alimentos que conocemos en mayor medida como el queso fresco, la leche o, incluso, un yogur.\nDe todas formas, el fundador de Proteinas.org recuerda que la mayoría de nosotros alcanzamos la cantidad recomendada de proteínas en la dieta y, por tanto, no es necesario preocuparse. Eso sí, explica que merece la pena observar lo que consumimos para saber si sobrepasamos las recomendaciones o nos quedamos cortos.\nDel murciélago vampiro a las musarañas: cuatro mamíferos que están cargados de veneno


Windsurf y Surf Spot: diciembre 2015\nEs curioso como una sensación de dependencia total te puede llevar a sentir una libertad pura.\nSe acercaba el puente de Diciembre y con él, la posibilidad de un CIAO en Galicia, pronto toda la maquinaria se ponía en marcha... Mientras se definían los pormenores de la expedición, el parte se iba desvaneciendo por la zona Noroeste, por contra, en el Sur de la península se asomaba un buen swell acompañado de viento, así que lo único que había que hacer era dejar de pensar en meigas y pensar en pescaíto frito.\nCon tranquilidad, el viaje daba comienzo:\nalguna parada técnica, un gps mudo y unas tertulias entretenidas hicieron que las 7 h. de camino se convirtieran en unas 10 h. , eso sí, Sevilla en esta época esta preciosa jejeje.\nLa promesa de un buen swell y de viento side off shore compensa el kilometraje. Ahí estábamos, sintiéndonos ajenos a horarios convencionales, bailando con las mareas y sintiéndonos libres bajo su estricta dictadura.\nDesayunar, chequear spots, surfear, comer algo, volver al agua,\ncon el cambio de marea volver a chequear spots, comer algo, surfear, comer algo, hablar, reír, soñar y repetir.\nPublicado por Jose Sepulcre en 11:00\nEtiquetas: BOLONIA, bubble, bubble boards, BUBBLECUTOMBOARDS, CADIZ, CAÑOS DE MECA, CONIL, secret sails, SECRET SAILS WINDSURF, Surf, surfaris, surfing, tarifa, viajes, windsurf, windsurfing


Toda la previa del TRL | Pedí Palos\n← Tablas de Reserva y Pre\nEl TRL, a un paso de las semis →\nToda la previa del TRL\nPublicado el julio 26, 2013 por sgochemes\nMañana se juega la penultima de la Zona Campeonato y muchas cosas van a quedar definidas. Los equipos de la ciudad, SFRC y CRAI, van por un triunfo para mantener la ilusión de entrar a las semifinales. En la Reclasificación se juega la fecha 3.\nCómo se dijo más arriba, muchas cosas comienzan a definirse en estas últimas dos fechas de la ZC. Para los equipos santafesinos será una visagra ya que de ganar obtendrán una vida más mientras que de perder quedaría sin chances de acceder a las instancias decisivas.\nLos de Tocho Quirelli recibirán a Universitario de Rosario que siempre es un equipo complicado y que –al igual que SFRC- los últimos años ha sido protagonista de las semis. Este será el primer enfrentamiento entre ambos en lo que va del año. El Santa llega luego de caer ante Jockey por apenas 3 puntos mientras Uni viene de ganarle a Loga y por ahora comparte la 4° posición con GER (los dos tienen 11 puntos).\nCRAI, el otro equipo de Santa Fe que disputa la ZC, viaja a Ibarlucea para enfrentar a Loga en lo que será el 3 partido entre los dos en este TRL. Los dos encuentros anteriores fueron uno para cada uno, con la particularidad que los dos ganaron en condición de visitante. Al partido de mañana los dos equipos llegan con la obligación de ganar para seguir en carrera. CRAI viene de empatar contra CAE un partido en el que tenía todo para ganar y que le puede terminar costando muy caro. Además del resultado, un tanto agridulce, el equipo de Francisco Miño sufrió algunas bajas sensibles como la de su capitán Ignacio Giombi. En tanto Loga llega tras caer con Uni aunque juega con la ventaja de ser la cenicienta del campeonato, lo cual le quita algún tipo de presión.\nEl partido de la jornada sin duda será el que protagonicen Duendes y Jockey, ambos ya clasificados. Los de Las Delicias rosarinas vienen con puntaje ideal y demostrando un juego que está un escalón por encima de la mayoría de los equipos que componen el torneo. Jockey, por su parte, es el único que hasta el momento no perdió ningún partido en el año.\nEl cuarto partido será el que jueguen Estudiantes y Gimnasia y el mismo será fundamental ya que el ganador puede asegurar su clasificación. Hasta el momento los dos equipos ocupan puestos de clasificación (GER comparte el 4° lugar con Uni) aunque seguramente el perdedor será superado comprometiendo, de esa manera, su pase a la siguiente ronda.\nSFRC vs. Universitario (R). Árbitro: Jorge Caino – UER\nLogaritmo vs. CRAI. Árbitro: Carlos Poggi – URR\nEstudiantes vs. Gimnasia. Árbitro: Juan Pablo Spirandelli – URR\nDuendes vs. Jockey. Árbitro: Juan Hernán Sylvestre – URR\nUniversitario (SF) vs. Los Pampas. Árbitro: Martín Rodríguez – USR\nProvincial vs. Paraná Rowing. Árbitro: Alejandro García – URR\nLa Salle vs. CRAR. Árbitro: Exequiel Adrover – USR\nOld Resian vs. Los Caranchos. Árbitro: Mauro Rivera – URR\nPublicado en Rugby litoral\t| Etiquetado como Jockey vs. Duendes, la previa de la fecha, Logartimo vs. CRAI, se juega la 6° de la Zona Campeonato, SFRC vs Uni de Rosario, Torneo Regional del Litoral, TRL 2013