Primera parte. Informe general principal\nSegunda parte. Informe sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en la República de Moldova\nPartido Acción y Solidaridad\nPartido Democrático Liberal de Moldova\nPartido Comunista de la República de Moldova\nPartido Socialista de la República de Moldova\nLa República de Moldova, país independiente desde 1991, ha ratificado la mayoría de las convenciones fundamentales de derechos humanos, ha aceptado ampliamente las obligaciones derivadas de ellas y ha presentado periódicamente informes nacionales sobre su aplicación.\nDurante los últimos años, la República de Moldova ha avanzado considerablemente en el ámbito de la igualdad de género, lo que se reflejó en el Global Gender Gap Report, elaborado por el Foro Económico Mundial. Sin embargo, de acuerdo con el índice del Global Gender Gap Report, el país presenta un desarrollo positivo pero desigual: pasó del puesto 52º (en 2013) al 25º (en 2014), el 26º (en 2015) y nuevamente el 26º (en 2016).\nEn 2015, la República de Moldova se sumó a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y se comprometió a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.\nDesde que ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la República de Moldova ha presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tres informes nacionales: el informe inicial (2000), dos informes periódicos combinados (2006, 2013) y el informe intermedio sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica en 2015. El presente documento contiene información sobre la aplicación de la Convención desde 2013 hasta el presente, y los datos estadísticos abarcan el período2013-2016 y parte del año 2017.\nCabe señalar la atención especial prestada a las observaciones y recomendaciones formuladas por el CEDAW tras la evaluación de los informes cuarto y quinto combinados de la República de Moldova (véase CEDAW/C/MDA/CO/4-5 de 29 de octubre de 2013). Para aplicar estas recomendaciones, el Gobierno elaboró y aprobó un Plan de Acción para 2014-2015. Las recomendaciones se tuvieron en cuenta en la elaboración de la Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021 (aprobada en la Decisión del Gobierno núm. 259 de 8 de abril de 2017) y la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica 2018-2023 (aprobada en la Decisión del Gobierno núm. 281 de 3 de abril de 2018).\nEl informe fue elaborado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, con la participación de coordinadores de cuestiones de género de los ministerios y otras autoridades de la administración pública central. Se sometió a consulta pública con los representantes de comisiones parlamentarias especializadas, ministerios competentes, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales del país. El proyecto de informe se publicó en el sitio web ministerial www.msmps.gov.md.\nPrimera parte. El documento general principal\nI.Visión global de la República de Moldova\nLa República de Moldova ha sufrido un deterioro profundo y constante de la situación demográfica desde la primera mitad de la década de 1990 en un contexto de cambios políticos, económicos y sociales.\nLa evolución de los procesos demográficos en 2013-2016 se caracteriza por la degradación de los principales indicadores demográficos (cuadro 1, anexo 1). El descenso de la población y el deterioro de su estructura de edad vienen determinados por la tendencia negativa de la fecundidad, la migración exterior y la mortalidad de la población general; la disminución de la tasa de natalidad desequilibró la estructura de edad de la población e intensificó el envejecimiento demográfico.\nDe acuerdo con el censo de 2014, el número de residentes en la República de Moldova ascendía a 2.998.235 personas, de las cuales el 57,3 % viven en zonasrurales, mientras que el 42,7 % viven en zonas urbanas. La distribución delapoblación por género es la siguiente: el 51,8 % son mujeres y el 48,2 % sonhombres.\nDe acuerdo con el censo de 2014, el 96,79 % de la población se declaraba cristiana ortodoxa; en cuanto a la nacionalidad, el 75,1 % eran moldovos, el 7 %rumanos, el 6,6 % ucranianos, el 4,6 %gagaúzos y el 4,1 % rusos.\nLa esperanza de vida al nacer durante el período sobre el que se informa aumentó (cuadro 2, anexo 1). Las mujeres viven ocho años más que los hombres en promedio. Esta discrepancia responde al elevado nivel de mortalidad prematura masculina, causada en gran medida por factores sociales y culturales (figura 1, anexo 1).\nLa esperanza de vida media en las zonas urbanas es 4,7 años más alta que en las zonas rurales: 5 años en el caso de los hombres y 3,7 años en el de las mujeres.\nLa estructura de población por edad está marcada por un proceso de envejecimiento demográfico, provocado principalmente por la baja tasa de natalidad. El porcentaje de ancianos (mayores de 60 años) aumentó de un 15,28 % a un 17,17 % en el período sobre el que se informa (cuadro 3, anexo 1).\nEn el período que abarca el informe se registró un descenso de los nacidos vivos, que pasaron de 37.871 en 2013 a 34.060 en 2017 (cuadro 4, anexo 1). La tasa de natalidad era de 10,5 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. La tasa de natalidad en las zonas rurales (11,8 %) es más alta que en las zonas urbanas (8,8 %). Nacen más niños que niñas al año. La mayoría de los niños nacieron en centrossanitarios.\nLa distribución de los recién nacidos por grupo de edad de la madre muestra que la mayoría de ellos nacieron de madres menores de 30 años. Se registra una tendencia a la baja en el número de alumbramientos de madres menores de 20 años, que representan el 7,2 % de los nacidos vivos, frente al 7,5 % en 2015. El promedio de edad de la madre en el primer parto era 24 años. Las mujeres de las zonas rurales dan a luz a una edad más temprana (23,6 años) que las de las zonas urbanas (25,1 años).\nDurante el período sobre el que se informa se observó una tendencia relativamente estable en el número de hijos nacidos fuera del matrimonio, predominantemente en las zonas rurales. La protección social de todas las familias con hijos se basa en el principio de equidad social y prevé la evaluación de la renta del hogar al conceder ayuda económica.\nDurante el período examinado en el informe, el indicador de mortalidad general en la República de Moldova disminuyó en el contexto del descenso de la tasa de natalidad (cuadro 5, anexo 1). La tasa de mortalidad general era de 10,8muertes por cada 1.000 habitantes. Se mantiene la diferencia entre tasas de mortalidad general por zonas: en las zonas urbanas se registraron 8,4 muertes por cada 1.000 habitantes frente a 12,6 en las zonas rurales.\nLa estructura de la mortalidad por tipos de causa de muerte no ha cambiado significativamente: la mayoría de las muertes (57 %) son provocadas por enfermedades del sistema circulatorio, seguidas por tumores (16,2 %), enfermedades del sistema digestivo (9,6 %), accidentes, intoxicaciones y traumatismos (7 %), enfermedades del sistema respiratorio (4,4 %) y otras (5,8 %).\nLa “supramortalidad” masculina era 2,4 veces más alta en el caso de las enfermedades parasitarias y transmisibles, 3,6 veces más alta en el caso de accidentes, intoxicaciones y traumatismos, 2,3 veces más alta en el caso de las enfermedades del sistema respiratorio y 1,4 veces más alta en el caso de tumores. Esta situación puede explicarse en parte por la especificidad de las profesiones y ocupaciones con mayor riesgo para la vida y en parte por comportamientos antisociales (alcoholismo, etc.). Solo se daba “supramortalidad femenina” en el caso de las enfermedades del sistema circulatorio y era 1,2 veces más alta (figura 2, anexo 1).\nLa tasa de mortalidad específica del grupo de edad de 15 a 29 años es de 64,7muertes por cada 100.000 habitantes de esta edad. Se registran diferencias considerables por género y zona de residencia. La tasa de mortalidad de los varones jóvenes es varias veces más alta que la de las mujeres jóvenes (condicionada en gran medida por factores de comportamiento). Además, la tasa de mortalidad de los jóvenes de las zonas rurales es más alta, especialmente en el caso de los hombres.\nLa reducción de la mortalidad entre la población sin discapacidad es un importante desafío de salud pública. La prevención de traumatismos e intoxicaciones y la detección precoz y el tratamiento adecuado de enfermedades cardiovasculares, oncológicas y transmisibles (tuberculosis) son orientaciones prioritarias en este ámbito.\nEn los últimos años, la mortalidad de niños menores de 5 años, incluida la mortalidad de niños menores de 1 año, ha sido estable (cuadro 6, anexo 1).\nEn los últimos años no se han producido grandes desviaciones en la estructura de la mortalidad de niños menores de 1 año por causas de muerte principales. Durante el período sobre el que se informa, la mortalidad de niños menores de 1 año fue causada por: enfermedades respiratorias (2013 – 35 casos, 2016 – 41 casos); enfermedades parasitarias y transmisibles (2013 – 9 casos, 2016 – 18 casos); enfermedades perinatales (2013 – 153 casos, 2016 – 160 casos). La mortalidad en el primer año de vida (2013 – 98 casos, 2016 – 97 casos) y en los cinco primeros años de vida (2013 – 111 casos, 2016 – 109 casos) por malformaciones congénitas se mantiene elevada y ocupa el segundo puesto en la estructura, por detrás de las enfermedades perinatales.\nLas muertes perinatales y los mortinatos también vienen provocados por una mala salud materna, cuidados inadecuados durante el embarazo y el parto, mala higiene durante el parto y en las primeras horas después del mismo, y falta de atención neonatal adecuada.\nDurante el período sobre el que se informa, el número de matrimonios disminuyó y la tasa de nupcialidad era de 5,9 matrimonios por cada 1.000 habitantes (2017). Asimismo, se redujo el número de divorcios declarados mediante decisiones judiciales (cuadro 7, anexo 1).\nHay diferencias de género en la edad a la que se contrae matrimonio. La mayoría de los hombres que se casan pertenecen al grupo de edad de 25 a 29 años y las mujeres al grupo de edad de 20 a 24 años. El promedio de edad en el primer matrimonio es 28,3 años en el caso de los hombres y 25,6 años en el de las mujeres.\nLa situación demográfica en la República de Moldova se ve influida considerablemente por la migración exterior. La mayoría de los emigrantes, tanto mujeres como hombres, pertenecen a los grupos de edad de 20 a 29 y de 30 a 39años (cuadro 8, anexo 1). La población de las zonas rurales es la más afectada por la migración.\nMigración interior. El índice de movilidad de la población en 2016 era de 9,4personas por cada 1.000 habitantes, frente a 10,9 en 2015. Los migrantes internos (más del 89 %) son principalmente personas en edad de trabajar. Desde la perspectiva de género, el flujo de llegadas/partidas está conformado por un 57 % de mujeres y un 43 % de hombres, respectivamente.\nUna parte de la emigración del país se compensa con la repatriación de personas de la República de Moldova e inmigrantes (cuadro 9, anexo 1).\nEl coeficiente de envejecimiento de la población aumentó de 15,7 en 2013 a 17,7 en 2017 (cuadro 10, anexo 1).\nDurante el período que abarca el informe, las mujeres representaban alrededor del 71 % de los pensionistas, con un porcentaje más alto en el grupo de pensiones de vejez, discapacidad y antigüedad como funcionarias públicas. Representan la minoría entre los antiguos miembros jubilados del Gobierno, el sistema de justicia, los cargos electos locales y los militares desmovilizados.\nLa presión demográfica sobre el sistema de pensiones ha aumentado: el número total de trabajadores en la economía disminuyó un 0,8 % en 2015 con respecto al año anterior, mientras que el número total de beneficiarios del sistema de pensiones aumentó un 1,4 % en 2015.\nExiste un marco jurídico de apoyo en relación con el envejecimiento de la población, que comprende medidas para ampliar la participación de los ancianos en la vida social y económica y concienciar a toda la sociedad sobre sus dificultades y necesidades.\nCon el fin de fomentar el envejecimiento activo, se implantó una nueva reforma del sistema de pensiones, que elevó la edad de jubilación, permitiendo a las personas seguir activas en el mercado laboral. Los objetivos y las medidas dirigidas a los ancianos se incluyeron en la nueva Estrategia Nacional de Empleo para el período 2017-2021.\nLa evolución reciente de la economía del país pone de relieve un modelo de desarrollo basado en el consumo. El análisis del PIB por uso final muestra que, en los últimos años, el crecimiento económico se debió principalmente al consumo final, por lo que durante el período de referencia su valor superó el valor del PIB. Elconsumo final está impulsado en gran medida por el crecimiento del consumo de los hogares debido al aumento de las remesas enviadas por ciudadanos moldovos que trabajan en el extranjero. Al mismo tiempo, la funcionalidad de la economía vino determinada en gran medida por la formación bruta de capital, cuyo crecimiento estuvo estrechamente correlacionado con el crecimiento del PIB (cuadro 11, anexo1).\nAunque el ingreso disponible medio de la población se multiplicó por dos entre 2010 y 2015, la diferencia entre las zonas urbanas y rurales se ha ampliado también. Por lo tanto, la diferencia de ingresos entre las zonas urbanas y rurales se duplicó, pasando del 23,6 % en 2010 al 42 % en 2015. El acceso limitado a servicios públicos de calidad en las zonas rurales amplifica estas desigualdades. En ausencia de un crecimiento económico notado por los residentes rurales, el consumo se cubre únicamente con las remesas (cuadro 12, anexo 1).\nEn el contexto del incremento de los ingresos de la población, el nivel de pobreza registra una tendencia constante a la baja. En los últimos cinco años se ha reducido casi a la mitad, por lo que la tasa de pobreza en 2015 era del 9,6 %.\nLa diferencia entre la pobreza absoluta urbana y rural es considerable: 19 % en las zonas rurales frente a 5 % en las zonas urbanas. Los pobres gastan más en alimentos y servicios públicos, lo que los hace vulnerables a las perturbaciones económicas.\nLa desigualdad de acceso de la población a servicios de calidad se percibe en las grandes diferencias en la dotación de infraestructuras y en el costo de los servicios (electricidad y gas).\nLas desigualdades económicas basadas en el gasto y los ingresos entre la población rural y urbana han registrado un lento descenso inestable durante los últimos años según el coeficiente de Gini (cuadro 13, anexo 1).\nA pesar de que, en los últimos años, la inversión extranjera directa registró un ritmo de crecimiento alentador, el volumen de inversión en activos tangibles a largo plazo cayó un 8,8 % en 2015. Las inversiones financiadas con el presupuesto se redujeron un 28,4 %, una tendencia que se intensificó a finales de año tras la modificación de la ley de presupuesto del Estado, que da prioridad al gasto social en detrimento del gasto económico.\nLos indicadores de la correlación entre el valor mínimo de subsistencia y los ingresos de la población han aumentado (cuadro 14, anexo 1). Además, la difícil situación real de los grupos socialmente vulnerables, en especial los ancianos, constituye otro problema.\nLa delimitación del mínimo de subsistencia por zonas de residencia en 2017 registró un aumento del 15,5 % de los valores totales con respecto a 2013 (cuadro15, anexo 1). Además, se observaron discrepancias entre hombres y mujeres y diferencias considerables entre zonas urbanas y rurales.\nEn cuanto a la dotación de los hogares con bienes duraderos, persisten las discrepancias en la dotación de los hogares urbanos y rurales (cuadro 16, anexo 1).\nPor lo que respecta a los servicios de salud, más del 50 % de los hospitales se concentran en Chisinau, lo que supone un obstáculo para el acceso de la población rural a los servicios.\nAl mismo tiempo, existen desigualdades en relación con la atención primaria de la salud. A nivel nacional, hay 4,8 médicos de familia por cada 10.000 residentes, una cifra muy inferior a la media de la UE.\nEl acceso de los jóvenes menores de 18 años y los que continúan su educación, así como algunas categorías de personas, a los servicios médicos está garantizado por el Estado mediante una póliza de seguro médico gratuito.\nA pesar de las medidas adoptadas en los últimos años para reestructurar el sistema de salud, no se ha logrado el resultado de reducción de la mortalidad materna y la meta de los ODM del 13,3 % (cuadro 17, anexo 1).\nUno de los ámbitos prioritarios en los que se centran los servicios de atención de la salud reproductiva es el aborto sin riesgo. El número total de abortos y miniabortos presenta una evolución desigual a lo largo de los años sobre los que se informa (cuadro 18, anexo 1). Las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables en las zonas rurales se encuentran con dificultades a la hora de acceder al mecanismo de servicios gratuitos de aborto, debido a los problemas sociales a los que se enfrentan.\nLa prevención del VIH sigue siendo una cuestión de salud pública delicada. Los datos estadísticos oficiales muestran un incremento del número casos de VIH, que pasó de 714 en 2013 a 835 en 2017 (cuadro 19, anexo 1).\nEn la República de Moldova, las infecciones por el VIH/sida siguen concentrándose actualmente en los grupos de riesgo.\nLas mujeres corren mayor riesgo de infección por el VIH que los hombres. En 2017, una de cada dos personas a las que se diagnosticó el VIH era mujer, frente a un 16 % a principios de la década de 1990.\nEl tratamiento antirretroviral se administra a todos los pacientes que cumplen los criterios de inclusión en el mismo, y la tasa de cobertura es del 34,11 % del número estimado de personas infectadas por el VIH y el 70,81 % de las personas bajo vigilancia médica (cuadro 20, anexo 1).\nEl Programa Nacional de Prevención y Control del VID/sida y las Infecciones de Transmisión Sexual para el período 2016-2020 se basa en la evaluación de la respuesta nacional a la actualidad de la cuestión del VIH.\nLa situación epidémica de la sífilis y la gonorrea presenta una curva descendente pero desigual (cuadro 21, anexo 1)\nLa aprobación del Programa Nacional de Control del Alcohol para el período2012-2020 corroboró que el consumo excesivo de alcohol es una de laspreocupaciones sanitarias y sociales esenciales. Se crearon servicios de asesoramiento y asistencia para ayudar a reducir el consumo de alcohol pernicioso, así como de rehabilitación y tratamiento. Según los datos estadísticos, la mortalidad global debida al consumo de alcohol fluctuó entre 478 y 622 muertes en el período sobre el que se informa (cuadro 22, anexo 1).\nEl problema de las mujeres y los hombres fumadores es una prioridad tanto para las instituciones del Gobierno como para toda la sociedad. En 2017, el Gobierno aprobó el Programa Nacional de Control del Tabaco, el Plan de Acción para su aplicación en el período 2017-2021, así como el Reglamento Sanitario sobre Advertencias Sanitarias y Etiquetado de los Productos del Tabaco, y se presentaron propuestas para elevar los tipos de los impuestos especiales sobre los productos deltabaco. Una de cada ocho personas mayores de 15 años fuma a diario, el 2,3 %fuma ocasionalmente, mientras que el 71,7 % nunca ha fumado. La proporción de hombres fumadores es casi diez veces más alta que la de mujeres (figura 3, anexo1).\nEn el período que abarca el informe, con el fin de superar las dificultades en el ámbito de la educación, incluidas las relacionadas con la dimensión de género, se aprobó el nuevo Código de Educación y la Estrategia de Desarrollo de la Educación para el período 2014-2020 “Educación 2020”, que prevé una serie de medidas para construir un sistema educativo basado en el acceso, la pertinencia y la calidad.\nLa tasa de matriculación femenina en la educación preescolar muestra una tendencia al alza, del 83,8 % en el curso escolar 2013/2014 al 86,3 % en el curso 2016/2017. Sin embargo, en la enseñanza primaria y el primer ciclo de enseñanza secundaria se observó una ligera tendencia a la baja (cuadro 23, anexo 1). Las diferencias de género en la tasa de matriculación por nivel educativo son considerables.\nDurante el período sobre el que se informa (2013-2016) se redujo el número de alumnos/estudiantes en instituciones educativas y el número de dichas instituciones, una situación provocada por factores demográficos y migratorios (cuadros 24 y 25, anexo 1).\nLos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) confirmaron la calidad de la educación obligatoria. En comparación con 2009, la República de Moldova obtuvo mejores resultados en 2015 en cada uno de los tres ámbitos evaluados (cuadro 26, anexo 1).\nCon el fin de apoyar la formación profesional y la capacitación continua y correlacionar la formación profesional con las necesidades del mercado laboral, se aprobó la Ley núm. 244 sobre Comités Sectoriales de Formación Profesional, que prevé la creación de comités sectoriales en las ramas de la economía, establecidas por el Clasificador de Actividades Económicas de la República de Moldova, por parte de asociaciones de empleadores y sindicatos de dicha rama. Hasta la fecha se ha creado comités de este tipo en cuatro ramas económicas: construcción, agricultura e industria alimentaria, industria ligera y comercio, y hostelería y restauración.\nDurante el período sobre el que se informa, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, la situación en el mercado laboral siguió siendo crítica y los principales indicadores de empleo se mantuvieron bajos (cuadro 27, anexo 1).\nFaltan oportunidades de empleo en sectores no agrícolas, especialmente en las zonas rurales. La ausencia de diversificación económica en las zonas rurales, juntocon el escaso acceso a empleos en las zonas urbanas, ha dado lugar a un aumento de la migración a las zonas rurales y la vuelta a la agricultura de subsistencia. Con el fin de aumentar la tasa de empleo y reducir la tasa de desempleo, las actividades más importantes que se llevaron a cabo fueron las siguientes: se desarrolló el mecanismo para emplear a desempleados en trabajos públicos; se crearon y se sometieron a prueba diez puntos de contacto para migrantes retornados del extranjero en diez agencias piloto; y se crearon tres centros de orientación profesional en tres agencias territoriales de la Agencia Nacional de Empleo (Chisinau, Soroca y Cahul), que organizaron anualmente ferias de empleo, ofrecieron asesoramiento profesional y formación profesional y facilitaron medidas pasivas de protección social (figuras 4 a 7, anexo 1).\nEntre los problemas que afectan al mercado laboral están la prevalencia de empleos de baja calidad y mal remunerados; la migración laboral; los desequilibrios entre las zonas rurales y urbanas; la falta de recursos financieros que afectan al alcance y la cobertura de los programas activos, ya que la cartera de programas activos del mercado laboral solo contiene formación profesional y participación en trabajos públicos; y la falta de programas de incentivo por el lado de los empleadores dirigidos a emplear a grupos vulnerables.\nEn 2017 había 45 partidos políticos registrados, 7 de los cuales se registraron en el Ministerio de Justicia durante el período 2013-2016. Solo hay cuatro mujeres entre los líderes de los partidos registrados/activos (NLP, CP, ASP y PSRM).\nLas elecciones parlamentarias del 30 de noviembre de 2014 fueron los octavos comicios desde la independencia de la República de Moldova y a ellas se presentaron 26 candidatos. La participación electoral fue del 57,28 % y los escaños del Parlamento se distribuyeron de la manera siguiente: 25 para el PSRM, 23 para el PLDM, 21 para el PCRM, 19 para el PDM y 13 para el PL.\nEl Ministerio de Justicia no cuenta actualmente con datos sobre la composición de los partidos desglosada por género, aunque la Ley de Partidos Políticos dispone que la lista de militantes de cada partido, elaborada sobre la base de las solicitudes de afiliación, debe incluir el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el domicilio, la serie y el número del documento de identidad, y la firma del militante.\nEn 2017-2018 se llevó a cabo una reforma electoral que prevé la transición a un sistema electoral mixto paralelo —según el cual se elegirá a 50 diputados del Parlamento por mayoría en las circunscripciones uninominales y a otros 51 diputados con arreglo a los principios de la representación proporcional sobre la base delistas cerradas— y favorece el acceso de las mujeres a la política.\nEl Centro de Formación Electoral Continua se creó en 2015 con el objetivo de capacitar a los funcionarios electorales, el factor más importante para la organización de unas elecciones justas y un proceso electoral de calidad..\nEn el período sobre el que se informa se aprobaron dos Estrategias de Desarrollo de la Sociedad Civil (para los años 2011-2015 y 2018-2020), que reconocen a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como asociados plenipotenciarios en la cooperación con las autoridades públicas y las dependencias institucionales a nivel tanto nacional como local.\nEn la República de Moldova, solo los tribunales administran justicia en nombre de la ley. Durante el período que abarca el informe aumentó la proporción de magistradas (cuadro 29, anexo 1). Por otro lado, en el período 2013-2017, el Tribunal Constitucional estaba compuesto por seis jueces constitucionales, todos ellos hombres, yel Consejo Superior de la Magistratura tenía 12 miembros, de los que 8 eran hombres y 3 mujeres (en el período anterior,el Consejo estaba formado por 11 hombres y 1 mujer).\nEn la Fiscalía General, el porcentaje de mujeres en relación con el número total de fiscales aumentó un 3 %, pasando del 30,7 % en 2013 al 33,7 % en 2017. Existe una discrepancia considerable en la proporción de mujeres fiscales en puestos superiores en comparación con los hombres. Así, en 2017, el porcentaje de mujeres fiscales en puestos superiores era de solo el 9,6 % (cuadro 30, anexo 1).\nDurante el período sobre el que se informa, el marco regulatorio se ajustó a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y los estudios de expertos internacionales en este ámbito. En los últimos cuatro años, la reforma del sistema penitenciario tuvo como objetivos principales: la mejora del marco jurídico de laejecución penal, la mejora de las condiciones de detención de conformidad con las normas internacionales, el fortalecimiento de la capacidad del personal, la garantía de transparencia en las instituciones penitenciarias y la prevención de la tortura y el maltrato.\nEl Gobierno inició la reforma de los servicios psiquiátricos con el fin de cumplir las disposiciones internacionales de derechos humanos, a través del desarrollo del marco jurídico y la red de centros comunitarios de salud mental. El 1 de enero de 2018, la Compañía Nacional de Seguro Médico estableció y contrató 40 centros comunitarios de salud mental.\nEn el contexto de la reforma relativa a la inclusión social de las personas con discapacidad, se aprobaron los planes de transformación de 6 instituciones residenciales: 4 internados y 2 residencias para niños con discapacidad mental (niñosy niñas). Asimismo, en 2016-2017 se crearon 15 servicios sociales alternativos (hogares para grupos pequeños/viviendas protegidas), donde viven 46beneficiarios.\nCon el fin de garantizar la aplicación eficaz y eficiente de los tratados internacionales de derechos humanos y supervisar el cumplimiento de los compromisos, el Gobierno creará el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que presidirá el Primer Ministro y estará integrado por representantes de las autoridades públicas y las OSC.\nNo se registraron casos de mutilación genital femenina, asesinato por honor y uso de ácido, pero si se cometiesen estos delitos, se clasificarían como delitos graves con lesiones.\nLas denuncias por violencia doméstica presentadas ante las autoridades policiales fluctuaron en el período 2012-2017 (figura 10, anexo 1).\nLas órdenes de protección de víctimas de violencia doméstica emitidas por los tribunales y remitidas a las autoridades policiales entre 2010 y 2017 aumentaron progresivamente (figura 11, anexo 1).\nEn 2016 se introdujo la orden de alejamiento de emergencia en el marco jurídico para aumentar la protección de las víctimas de violencia doméstica, que la policía utiliza desde el 16 de marzo de 2017. Durante nueve meses de 2017 se emitieron más de 2.161 órdenes de alejamiento de emergencia.\nDurante el período examinado en el informe, el Ministerio del Interior/la Inspección General de Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social organizaron actividades de formación para especialistas en derechos humanos, que abarcaban temas específicos: violencia de género, trata de personas e igualdad de género.\nEn el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Policía 2016-2020 se desarrolló y se puso a prueba el concepto de policía comunitaria con la participación activa de OSC y asociados para el desarrollo.\nSe registró una evolución positiva en el sector de seguridad y la defensa por lo que respecta al aumento del número de mujeres. Desde 2012 también se permite a las jóvenes matricularse en la enseñanza superior en la Academia Militar de las Fuerzas Armadas “AlexandrucelBun” y alcanzaron el 12 % en 2016.\nPor lo que se refiere a la resolución del conflicto de Transnistria, durante el período 2013-2017 se celebraron cinco reuniones en el formato “5+2”. Además, se crearon diez grupos de trabajo temáticos, incluido uno sobre asuntos sociales y ayuda humanitaria, para reforzar la confianza y la seguridad en el contexto de la resolución del conflicto de Transnistria. Los temas tratados durante la reunión de este grupo temático estaban relacionados con la garantía de la igualdad de género, laprevención y la lucha contra la violencia doméstica y la trata de personas, desdela perspectiva de los tratados internacionales en los que es parte Moldova, y elmarco regulatorio y de política nacional desarrollado de conformidad con susdisposiciones.\nII.El marco general de protección y apoyo de los derechos humanos\nA.Armonización con las normas internacionales de derechoshumanos\nLa República de Moldova ha ratificado la mayoría de los tratados básicos de derechos humanos, aceptando ampliamente las obligaciones derivadas de ellos y presentando periódicamente informes nacionales sobre su aplicación.\nLa República de Moldova firmó el Convenio de Estambul en febrero de 2017.\nLa ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares se suspendió para evaluar los costos de aplicación. La República de Moldova es parte en 3instrumentos internacionales sobre migración y 40 instrumentos internacionales sobre el trabajo.\nLa ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se suspendió temporalmente porque la República de Moldova no se enfrenta a este fenómeno.\nB.Marco jurídico de protección de los derechos humanos anivelnacional\nLa dimensión de los derechos humanos ha avanzado notablemente en los últimos años en el marco regulatorio; sin embargo, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos requiere esfuerzos considerables adicionales.\nLa legislación de la República de Moldova prevé la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.\nDurante 2011-2017, el número de demandas presentadas al Tribunal Superior ha registrado un descenso anual del 10 %. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió en total más de 15.000 demandas de ciudadanos de la República de Moldova. El 95 % de las demandas se declararon improcedentes. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó 14 sentencias, 7 de las cuales se referían a ciudadanos que viven en la región de Transnistria.\nDe conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se presentaron tres demandas contra la República de Moldova al CEDAW.\nDurante los últimos años se han celebrado marchas por la igualdad con la participación del colectivo LGBT sin restricciones por parte de la policía. Al mismo tiempo, este tema es muy sensible entre la población.\nEn el período examinado en el informe se registraron algunos avances en la garantía del derecho a la libertad de expresión, la transparencia en el proceso decisorio y la participación de la sociedad civil (modificación del marco jurídico, acceso de los ciudadanos/OSC a la toma de decisiones a través de plataformas enlínea).\nDurante el período que abarca el informe, el Gobierno ejecutó el proyecto “Transformación Electrónica de la Gobernanza”, cuyo objetivo es fomentar el uso de las TIC en el proceso de gobernanza y facilitar la interacción entre las personas y las instituciones públicas, ampliar los puntos de acceso a los servicios públicos, aumentar el número de plataformas y servicios electrónicos, y rediseñar las plataformas utilizadas por las distintas instituciones públicas y garantizar su interoperabilidad.\nPara aplicar las recomendaciones del CEDAW (2013), en 2013 se creó el Consejo para la Prevención y la Eliminación de la Discriminación y la Garantía de la Igualdad como autoridad pública imparcial, independiente y autónoma. Los miembros del Consejo son nombrados por el Parlamento para un mandato de cinco años. El Consejo está compuesto actualmente por tres hombres y dos mujeres. Su misión consiste en prevenir la discriminación y proteger contra ella, garantizar la igualdad y fomentar la igualdad de oportunidades y la diversidad.\nLos ciudadanos pueden remitir sus quejas sobre casos de discriminación alteléfono de asistencia 0-8003-3388 del Consejo para la Prevención y la Eliminaciónde la Discriminación y la Garantía de la Igualdad. El sitio web del Consejo proporciona información sobre el procedimiento de denuncia y ofrece la posibilidad de presentar denuncias en línea.\nEn el contexto de la prevención y la lucha contra la corrupción, se reforzó el Centro Nacional contra la Corrupción y se garantizó el funcionamiento del teléfono de asistencia.\nEn 2017, el Centro Nacional contra la Corrupción, con el apoyo del PNUD Moldova y el Gobierno de Noruega, puso en marcha la campaña nacional de información y sensibilización pública “Integridad es libertad”, inspirada en las disposiciones de la Ley de Integridad y la nueva Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el período 2017-2020, ambas aprobadas en 2017.\nLa República de Moldova, como Estado poliétnico, realizó esfuerzos continuos para mejorar el marco jurídico y garantizar los derechos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos de todas las personas pertenecientes a una minoría nacional, así como para crear las condiciones adecuadas que les permitan expresar, conservar y desarrollar su identidad.\nLa legislación nacional garantiza el derecho a elegir el idioma de enseñanza y formación en todos los niveles educativos. En la red educativa preuniversitaria, 250de 1.327 instituciones están impartiendo la enseñanza en ruso (escuelas, liceos, institutos, escuelas profesionales, colegios y centros de excelencia).\nCon el fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo sociocultural de los romaníes, el Gobierno elaboró y aplicó dos planes de acción para apoyar a los romaníes en el ámbito de la educación, la atención sanitaria, la cultura, el empleo, etc.\nLa compañía nacional de radiodifusión pública “Teleradio-Moldova” produce programas de televisión y radio, periódicos y revistas en el idioma del Estado y los idiomas de los grupos étnicos (ucraniano, ruso, gagaúzo, búlgaro, hebreo y polaco).\nLa promoción y la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales representa una prioridad del Estado, confirmada por el Gobierno mediante la aprobación de los Planes Nacionales de Acción sobre Derechos Humanos (el primero para el período 2004-2008, el segundo para 2011-2014, y el tercero para 2018-2022).\nSe crearon una serie de estructuras e instituciones de protección de los derechos humanos a nivel nacional, entre ellas:\n•El Consejo de Coordinación de Organizaciones Etnoculturales: un órgano consultivo público de las ONG de las minorías nacionales que depende de la Oficina de Relaciones Interétnicas. Su objetivo principal es garantizar el diálogo continuo entre el Gobierno y las comunidades étnicas;\n•El Consejo Nacional de Participación: creado por iniciativa del Gobierno como órgano consultivo, tiene como objetivo la consolidación de la plataforma de comunicación con la sociedad civil en el diseño, la aplicación, el seguimiento, la evaluación y la actualización de los documentos de planificación estratégica (su actividad se redujo durante 2014-2016, pero se revitalizó en 2017);\n•El Consejo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño: órgano gubernamental que tiene como objetivo asesorar y supervisar a las autoridades públicas centrales y locales y la sociedad civil con el fin de garantizar laobservancia de los derechos del niño. El Consejo recibe asistencia de unasecretaría permanente, que vela por la coordinación y la coherencia desusactividades;\n•El Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas: este órgano consultivo del Gobierno coordina las actividades de prevención y lucha contra la trata de personas y la cooperación de las autoridades con organizaciones internacionales, ONG y otras instituciones. El Comité recibe asistencia de la División de Secretarías Permanentes recientemente creada dentro de la Cancillería del Estado;\n•El Comité Gubernamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: órgano consultivo establecido en el Gobierno con las siguientes obligaciones: fomentar la igualdad de género con un enfoque integral; coordinar la actividad de la administración pública central y local sobre los problemas relacionados con la igualdad de género; desarrollar la cooperación de las estructuras del Gobierno con la sociedad civil sobre los problemas relacionados con la igualdad de género. De acuerdo con los expertos, la actividad de la Comisión se reforzará de manera inclusiva con el establecimiento de una secretaría permanente;\n•El Consejo de Gobierno para las Cuestiones relativas a las Personas con Discapacidad: órgano consultivo creado para elaborar y promover políticas, programas, planes y medidas del Gobierno para la prevención y la rehabilitación de personas con discapacidad y para garantizar su igualdad de oportunidades con otros ciudadanos de la República de Moldova con el fin de hacer efectivos sus derechos y libertades constitucionales;\n•El Comité Nacional de Población y Desarrollo: órgano consultivo creado para coordinar la elaboración de políticas, programas y planes a medio y largo plazo sobre seguridad demográfica;\n•La Comisión Gubernamental para la Reintegración del País, que coordina las medidas destinadas a encontrar soluciones a los problemas relacionados con el problema de Transnistria y garantizar su aplicación;\n•El Consejo Nacional de Derechos Humanos: órgano que coordina, supervisa y evalúa la aplicación del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos (que sustituirá a la antigua Comisión Nacional de Aplicación del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos 2011-2014). Estará asistido poruna subdivisión autónoma de la Cancillería del Estado, con el estatuto dedivisión.\nCon el fin de reforzar la institución nacional encargada de la protección de los derechos humanos, en 2016 se creó la Oficina del Ombudsman. Asimismo, de conformidad con la Ley sobre los Derechos del Niño, el Ombudsman, nombrado por el Parlamento, comenzó su actividad en 2016.\nEntre los logros del Ombudsman en 2016 está la puesta en marcha del mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención de lasNaciones Unidas contra la Tortura: el Mecanismo Nacional de Prevención de laTortura y el Consejo de Prevención de la Tortura (consejo de expertos creado enla Oficina del Ombudsman), ambos compuestos por representantes de la sociedadcivil.\nEn 2016 se llevaron a cabo dos estudios importantes: “Percepción de los derechos humanos en Moldova” y “Observancia de los derechos humanos en la prestación de servicios de atención de emergencia prehospitalaria en Moldova”.\nDurante el período de referencia, la Oficina del Ombudsman recibió 171denuncias de vulneración del derecho a mandamiento judicial de ejecución, una cifra inferior a la de años anteriores (265 denuncias en 2014 y 259 en 2015).\nEl órgano principal que gestiona el sistema de asistencia jurídica garantizada por el Estado es el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica compuesto por 7miembros (5 hombres y 2 mujeres) y sus oficinas territoriales (5), el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados.\nDurante el período que abarca el informe, el número de beneficiarios de asistencia jurídica primaria cualificada garantizada por el Estado se multiplicó por dos (cuadros 32 y 34, anexo 1).\nCon el fin de prestar asistencia jurídica cualificada, en el período sobre el que se informa se contrató un número considerable de abogados especializados en distintos ámbitos (cuadro 34, anexo 1).\nCabe destacar el desarrollo de alternativas para la resolución de litigios mediante mediación y arbitraje, así como el desarrollo de alternativas a la detención mediante la introducción de la libertad condicional, con lo que se ha reducido el número de personas detenidas.\nLa reforma del sector judicial en el país comenzó con la aprobación de la Estrategia de Reforma del Sector Judicial para el período 2011-2016, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2017. El Ministerio de Justicia empezó a elaborar en2017 un nuevo documento de política para continuar la reforma.\nEn los últimos años se ha desarrollado un importante marco jurídico y regulatorio para la protección y promoción de los derechos de la mujer:\n•La Ley núm. 241-XVI de 20 de octubre de 2005 sobre Prevención y Lucha contra la Trata de Personas;\n•La Ley núm. 5-XVI de febrero de 2006 sobre Igualdad de Género;\n•La Ley núm. 45-XVI de 1 de marzo de 2007 sobre Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica;\n•La Estrategia Nacional del Sistema de Remisión para la protección y asistencia a víctimas y posibles víctimas de la trata de personas;\n•El Programa Nacional para Garantizar la Igualdad de Género 2010-2015;\n•La Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la República de Moldova 2017-2021 y el Plan de Acción para su aplicación;\n•La Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica 2018-2023 y el Plan de Acción 2018-2020 para suaplicación;\n•La Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 2018-2023 y el Plan de Acción 2018-2020 para su aplicación; el Programa Nacional de Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad para 2018-2021 y el Plan Nacional de Acción relativo a la aplicación del Programa;\n•El Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2022.\nAunque se ha establecido un marco jurídico y regulatorio, hay algunas dificultades en su aplicación relacionadas con la falta de recursos financieros, la rotación del personal, la escasa cooperación intersectorial y los estereotipos de género persistentes entre los profesionales del sistema y en toda la sociedad, la insuficiencia de servicios especializados para las distintas categorías de población vulnerable, etc.\nEl mecanismo nacional sobre igualdad de género se reforzó a nivel central y local modificando la Ley de Igualdad de Género en 2016.\nCon el fin de aplicar las conclusiones finales del CEDAW de 2013, se elaboró e institucionalizó dentro de la Academia de la Administración Pública el plan deestudios para la formación inicial y continua de funcionarios públicos en igualdad de género.\nIII.Información sobre no discriminación, igualdad y recursoseficaces\nDe conformidad con la legislación nacional, el Estado y la familia están comprometidos a garantizar la crianza, el apoyo, la educación y la protección del niño. El Consejo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y el Ombudsman para los Derechos del Niño son partes interesadas importantes en la promoción, protección y seguimiento de los derechos del menor.\nLos casos de vulneración de los derechos del niño son resueltos en gran medida por las autoridades tutelares que funcionan en cada distrito/municipio. Con arreglo a la legislación, a partir de los 14 años, los niños pueden recurrir directamente a estas instituciones si se vulneran algunos de sus derechos. Los niños también pueden presentar una demanda directamente ante los tribunales de justicia.\nLa Estrategia Nacional de Protección del Niño (2014-2020) prioriza la protección de tipo familiar y comunitaria de los niños con dificultades, aborda los efectos negativos de la migración de los padres en los niños dejados atrás en el país, evita el internamiento de los niños y promueve su desinternamiento, y refuerza la capacidad de los niños para participar en la toma de decisiones, modelos positivos de participación en la comunidad y la sociedad a través de consejos locales de niños, un grupo de seguimiento de los derechos del niño, y el establecimiento de equipos de educadores entre pares para la promoción de una vida saludable.\nLa reforma del sistema de justicia juvenil engloba a todas las categorías de menores, como los menores víctimas y los niños testigos de delitos y se refiere a la mejora del marco jurídico, desarrollando los servicios comunitarios de mediación, libertad condicional y trabajo comunitario como alternativas a la detención y servicios comunitarios aplicados.\nEl acceso de las personas y grupos en riesgo al sistema de garantías sociales es un elemento fundamental para medir el trato no discriminatorio y la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad a la hora de recibir ayuda del Gobierno con el fin de reducir el riesgo de pobreza. El sistema de servicios tiene un papel importante en el sistema de protección social, puesto que complementa, y a veces incluso sustituye, al sistema de prestaciones en efectivo, contribuyendo considerablemente a una inclusión social más eficaz.\nLa protección social en la República de Moldova se encuentra en fase de transición de un sistema de internamiento de personas con necesidades especiales en instituciones residenciales a un sistema de servicios sociales comunitarios.\nEn el período examinado en el informe se crearon organismos especializados para reforzar el sistema de protección social.\nEn el ámbito de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, cabe señalar lo siguiente: la conformidad de los marcos jurídico e institucional actuales con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la existencia de programas y estrategias sectoriales a nivel nacional que incluyen medidas centradas en la inclusión de las personas con discapacidad; la diversificación y el desarrollo continuo de los servicios sociales para personas con discapacidad en los últimos años; las alianzas establecidas entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para la inclusión social de las personas con discapacidad; y la existencia de una práctica positiva de inclusión social de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida a nivel nacional.\nEn 2016, el número de personas con discapacidad ascendía a alrededor de 182.000 personas, incluidos 11.700 niños de entre 0 y 17 años. Las personas con discapacidad representan alrededor del 5,1 % de la población total del país, y los niños con discapacidad representan el 1,7 % del número total de niños (fuente: Oficina Nacional de Estadística).\nEn 2017, el Gobierno aprobó un nuevo Programa Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad para el período 2017-2022, que prevé un enfoque intersectorial de inclusión social de las personas con discapacidad y garantiza la observancia de sus derechos fundamentales iguales a los de otros ciudadanos en todas las esferas de la vida social.\nTras el inicio de la reforma del sistema de pensiones y la modificación de la legislación pertinente, se eliminaron las desigualdades de género relacionadas con la edad de jubilación y el período de cotización de las mujeres y los hombres como condiciones de admisión para beneficiarse de la pensión de vejez. Con arreglo a las nuevas disposiciones, la edad de jubilación estándar de los hombres y las mujeres es 63 años (antes, la edad de jubilación era 57 años en el caso de las mujeres y 62en el de los hombres) y el período de cotización de ambos sexos es 34 años (antes de la reforma, el período de cotización de las mujeres era 30 años y el de los hombres 35 años). Sin embargo, las diferencias de trato de la mujer en comparación con el hombre se mantienen en el sistema de pensiones. Así, debido a los papeles tradicionales asignados a cada género, las mujeres pasan más tiempo de licencia (licencia para cuidado de los hijos y licencia médica), lo que tiene una repercusión negativa en la cuantía de la pensión, puesto que, en el período mencionado, se tieneen cuenta el salario mínimo mensual del país en la fecha de cálculo de la pensión para determinar los ingresos medios mensuales asegurados. Otra cuestión discriminatoria por género se refiere a las posibilidades de beneficiarse de la pensión por jubilación anticipada. (cuadro 35, anexo 1).\nLos seguros sociales del sistema de protección social muestran una disparidad en el importe de la pensión de vejez que reciben las mujeres y los hombres (cuadro36, anexo 1).\nDos leyes marco desempeñan un importante papel en la promoción de los principios de igualdad de género en Moldova: a) la Ley núm. 5-XVI de 9 de febrero de 2006 sobre Igualdad de Género, y b) la Ley núm. 121 de 25 de mayo de 2012 sobre Garantía de la Igualdad.\nEn el período examinado en el informe, la Ley de Garantía de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres se modificó de la siguiente forma: introduciendo nuevas nociones (Grupo de Coordinación de la Igualdad de Género, acoso sexual, lenguaje sexista) y el principio de igualdad de género; ampliando las tipologías de discriminación por razón de género (directa, indirecta, discriminación por asociación o victimización); ampliando la gama de medidas que no se consideran discriminatorias; e introduciendo un nuevo artículo para garantizar la igualdad de trato y acceso de hombres y mujeres a los bienes y servicios.\nCon el fin de aplicar las recomendaciones del CEDAW (2013), el Gobierno tomó medidas para reforzar el mecanismo institucional de promoción de la mujer a nivel nacional y local.\nLos elementos innovadores fundamentales de las nuevas disposiciones están relacionados con la creación de grupos de coordinación sobre género en los ministerios y otras autoridades de la administración central y coordinadores de cuestiones de género en cada autoridad pública local. Los grupos de coordinación sobre género tenían como objetivo garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas públicos de todos los ámbitos y a todos los niveles de adopción y aplicación de decisiones. Los miembros son coordinadores de cuestiones de género de las subdivisiones facultados para elaborar, promover y supervisar la política en el ámbito de actividad de la autoridad pública. El jefe de lainstitución pública/ministerio coordina la actividad del grupo de coordinación sobre género. El coordinador de cuestiones de género a nivel local garantiza laincorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas, actos regulatorios e inversiones financieras.\nLas disposiciones de la Ley de Garantía de la Igualdad prevén un enfoque no discriminatorio mediante la inclusión de nuevas definiciones relacionadas con la política de no discriminación, como por ejemplo: discriminación; discriminación directa; discriminación indirecta; discriminación por asociación; segregación racial; incitación a la discriminación; victimización; medidas positivas; ajustes razonables; y ampliación de la serie de criterios protegidos.\nLa ley especifica las peores formas de discriminación en tres de los ámbitos más sensibles de la actividad humana: el empleo, la educación y la prohibición de discriminación en el acceso a servicios y bienes públicos.\nEl marco institucional para la prevención y eliminación de la discriminación y la garantía de la igualdad incluye los siguientes temas: a) Consejo para la Prevención y Eliminación de la Discriminación y la Garantía de la Igualdad; b)autoridades públicas; c) tribunales de justicia.\nEl marco jurídico también prevé la responsabilidad por actos discriminatorios: disciplinaria, civil, administrativa y penal. Otra innovación consiste en la introducción de la inversión de la carga de la prueba cuando la persona discriminada interpone un recurso ante el tribunal. La tarea de demostrar que los hechos no constituyen discriminación recae en el demandado, excepto los hechos que implican una responsabilidad penal. Las personas que interponen un recurso ante el tribunal por motivo de discriminación están exentas del pago de la tasa de presentación.\nDurante el período sobre el que se informa se introdujeron cambios legislativos y se reforzó la capacidad de docentes, trabajadores sociales y representantes legales en el ámbito de la no discriminación.\nEl Instituto Nacional de Justicia organizó cursos de formación continua relacionada con los derechos humanos, los derechos de la mujer y la práctica judicial en el examen de casos relacionados con la violencia doméstica y la trata de personas dirigidos a jueces, fiscales, secretarios de los juzgados, asistentes judiciales, jefes de cancillerías judiciales, asesores de los fiscales, asesores de libertad condicional, abogados de oficio que prestan asistencia jurídica garantizada por el Estado, y otras personas que trabajan en el sector judicial. En este período se elaboraron materiales y libros de formación para los profesionales y personas mencionadas.\nTeniendo en cuenta las recomendaciones del CEDAW, así como la Agenda2030, se adoptó el segundo documento de política pública, la Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la República de Moldova para el período 2017-2021 y el Plan de Acción, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres y lograr la igualdad de género de facto, utilizando el potencial humano de la sociedad sin discriminación por razón de género.\nSe aprobó el nuevo Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos para el período 2018-2022, con el objetivo de garantizar la aplicación de medidas que permitan el desarrollo y la prosperidad de todos los ciudadanos en pie de igualdad, que abordó los derechos humanos a través de 12 ámbitos de intervención, entre ellos la protección contra la discriminación y la promoción de la igualdad, la prevención y la lucha contra la violencia doméstica y la garantía de la igualdad de género.\nEl marco normativo prevé la igualdad de acceso de las mujeres y los hombres a la asistencia social, la atención sanitaria, la educación, el empleo y la participación en la vida pública y política.\nLa Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova 2020”, aprobada en 2012, representa la visión estratégica del país, que define ocho soluciones para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.\nLa aplicación del objetivo general del capítulo “Sistema de pensiones justo y sostenible” tuvo las mayores consecuencias relativas al género. La reforma de las pensiones de 2016, que tenía como objetivo lograr una mayor equidad en el sistema público de seguro social, contribuyó a: 1) igualar la edad de jubilación de mujeres y hombres en 63 años; 2) unificar el método de cálculo de las pensiones de algunos ciudadanos; 3) excluir la noción de período de cotización especial; 4) ajustar al proceso contributivo las condiciones para conceder la pensión de discapacidad. Conel fin de garantizar la armonización del documento estratégico nacional de política con la Agenda 2030, se aprobó un nuevo documento estratégico: la Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova 2030”. Integra de manera sinérgica los cuatro ámbitos de política que abarca la Agenda 2030: i) económico; ii) social; iii)ambiental; iv) gobernanza y derechos humanos.\nDurante el período indicado se aprobaron tres programas gubernamentales. En dos de ellos (para 2013-2014 y 2015-2018), la política de género era un componente separado de la política social.\nEn 2014-2017, ONU-Mujeres, en colaboración con el PNUD y con el apoyo financiero del Gobierno sueco, ejecutó el programa “Mujeres en la política”, que tenía por objeto apoyar el aumento de la participación femenina en la política y la toma de decisiones creando un entorno favorable a su participación significativa, a fin de respaldar el desarrollo de la capacidad de las mujeres antes, durante y después de las elecciones a nivel central y local.\nEl informe sobre la aplicación del Programa Nacional para Garantizar la Igualdad de Género 2010-2015, elaborado en colaboración con el Centro de Géneroy la Misión de la OSCE en Moldova, señaló las deficiencias y formuló recomendaciones para promover la Ley núm. 71 de 14 de abril de 2016 y elaborar la nueva estrategia.\nEn el marco del proyecto “Refuerzo del Sistema Nacional de Estadística”, encolaboración con cinco organismos de las Naciones Unidas (el PNUD, ONU-Mujeres, el UNFPA, el UNICEF y la OIM), se desarrolló una nueva herramienta en línea: “Gender Pulse”.\nLa Oficina Nacional de Estadística (ONE), en colaboración con organizaciones internacionales, elaboró los “Perfiles de la Mujer de la República de Moldova” (2016), que contiene 10 notas analíticas y 10 infografías.\nTeniendo en cuenta las recomendaciones del CEDAW, se estableció una cuota del 40 % de representación de ambos géneros en las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias y locales y en la formación del Gobierno, así como sanciones por incumplimiento que consisten en la negativa del órgano electoral a registrar las listas de candidatos.\nCon el fin de crear condiciones favorables para el acceso de la mujer a lapolítica, en 2018 se aprobaron nuevas modificaciones legislativas sobre lafinanciación de los partidos políticos con cargo al presupuesto del Estado, con la siguiente distribución de recursos:\na)40 % a los partidos políticos en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias;\nb)40 % a los partidos políticos en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones locales generales;\nc)10 % a los partidos políticos en proporción a su observancia de la cuota mínima de candidatas del 40 % en el número total de candidatos nombrados en todas las circunscripciones uninominales en las elecciones parlamentarias. Este incremento vendrá determinado por la suma asignada al respectivo partido para el ejercicio presupuestario;\nd)5 % a los partidos políticos en proporción al número de mujeres elegidas efectivamente como diputadas en las circunscripciones uninominales;\ne)5 % a los partidos políticos en proporción a los jóvenes elegidos efectivamente en las elecciones parlamentarias y locales generales.\nEn 2017, en el contexto de la reforma de la administración pública central, se excluyeron las disposiciones relativas a la cuota del 40 % de representación de ambos géneros en la formación del Gobierno, estableciendo que el candidato a Primer Ministro debe tener en cuenta la legislación sobre igualdad de género correlacionada con criterios de profesionalidad y meritocracia.\nLa protección de la maternidad sigue siendo un objetivo fundamental de la actividad del Gobierno. El marco jurídico nacional establece las licencias sociales, entre ellas la licencia de maternidad (que incluye el período prenatal y posnatal) y la licencia parental parcialmente remunerada, así como las prestaciones de maternidad, paternidad y parental.\nLa prestación mensual por hijos a cargo hasta la edad de 3 años se concede opcionalmente a petición de uno de los progenitores, el abuelo, la abuela, otro pariente que se encarga directamente del cuidado del niño y el tutor, si son personas aseguradas y cumplen las condiciones legales. El importe de la prestación mensual por hijos a cargo hasta la edad de 3 años constituye el 30 % de la base del cálculo,pero no puede ser inferior a 540 lei por cada hijo. Asimismo, el Estado concedeprestaciones a las personas con hijos menores de 2 años que no trabajan ni están aseguradas.\nLa legislación sobre las relaciones laborales prevé la protección de las mujeres embarazadas, las mujeres que han dado a luz recientemente o las mujeres lactantes: deben ser transferidas a un trabajo más fácil de acuerdo con el certificado médico y no deben ser admitidas en trabajos nocturnos, trabajos extraordinarios, trabajos en turnos continuos y trabajos en festivos no laborables. Al mismo tiempo, la ley prohíbe el uso como mano de obra de mujeres embarazadas, mujeres que han dado a luz recientemente y mujeres lactantes en trabajos subterráneos y mineros y otras actividades que plantean un riesgo para la seguridad o la salud de la mujer o afectan al embarazo o la lactancia.\nEn 2016 se incorporó al marco regulatorio nacional la Directiva núm.92/85/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 1992, sobre la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.\nSe incluyeron disposiciones sobre medidas especiales de carácter temporal para distintos grupos vulnerables en la legislación sobre matriculación en enseñanza secundaria, postsecundaria y formación profesional técnica superior.\nEn cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia de Desarrollo de la Policía 2016-2020, y con el fin de aplicar las medidas previstas en el Programa de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea a la Reforma de la Policía 2017-2020 (componente A.1.2 “Aumento de la participación femenina en la policía”), se elaboró el Plan de Acción para aumentar la proporción femenina y potenciar el papel de las mujeres en la policía. Este plan propone aumentar al 20 % el número de mujeres en el personal policial hasta 2020 y al 15 % el número de mujeres agentes de policía (cuadro 31, anexo 2).\nEl artículo 42 del Código de Radiodifusión prevé la observancia de la cuota mínima de representación del 40 % para ambos géneros en el nombramiento de miembros del Consejo de Coordinación de Radiodifusión.\nSe elaboraron una serie de módulos para el plan de estudios de coordinación de clases y se propusieron como cursos opcionales para los alumnos de los grados I a XII, con el fin de promover los valores de la igualdad de género, las relaciones familiares saludables, la comunicación no violenta y la asociación de géneros.\nA fin de prevenir/eliminar la discriminación por razón de género y la violencia doméstica, se ejecutó el proyecto “Fomento de la igualdad de género” en colaboración con la Asociación Pública del Centro de Género, el Ministerio deEducación, Cultura e Investigación y la Misión de la OSCE en Moldova (2015-2017), que benefició a más de 2.500 alumnos, docentes y directores de escuelas/institutos de formación profesional.\nEn el período examinado en el informe, con el fin de prevenir los casos de maltrato, descuido, explotación y trata de niños en instituciones educativas, el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación desarrolló el procedimiento de organización institucional e intervenciones del personal, que incluyen también las recomendaciones sobre resolución no violenta de conflictos de cualquier tipo, no solo entre niños y niñas.\nEl estudio “Uso del tiempo” de 2013 de la Oficina Nacional de Estadística revela que las mujeres y los hombres utilizan el tiempo de manera diferente en las mismas actividades humanas. Los hombres trabajan en promedio 45 minutos másque las mujeres para obtener ingresos. Las mujeres, a su vez, dedican a las actividades del hogar 2 horas más al día.\nDe acuerdo con el estudio “Los hombres y la igualdad de género en la República de Moldova” de 2015, el 90,5 % de los hombres y el 81,5 % de las mujeres consideran que lo más importante para una mujer es cuidar del hogar y cocinar para la familia. El porcentaje de hombres que considera que cambiar pañales, lavar y alimentar a los hijos es responsabilidad de la mujer es aún más elevado, un 95 %. Este indicador es también bastante alto entre las mujeres: un75,1 % (3 de cada 4 mujeres) está de acuerdo con esta afirmación.\nEl Gobierno actuó en cumplimiento de las recomendaciones del Comité para luchar contra los estereotipos de género y las actitudes patriarcales relativas a los papeles asignados a la mujer y al hombre en la familia y la sociedad trabajando con medios de comunicación para aumentar la cobertura equilibrada por género en losproductos mediáticos y cambiar la percepción pública del papel de las mujeres en la sociedad.\nLas licencias sociales se diversificaron con la inclusión de un nuevo tipo de licencia para el padre, la licencia de paternidad remunerada, concedida por un período de 14 días naturales sobre la base de una solicitud por escrito presentada durante los primeros 56 días tras el nacimiento. Desde 2017, cuando empezó a seraplicable este tipo de licencia, se han beneficiado de ella 2.728 padres en 2017 y2.030 padres en los primeros nueve meses de 2018. Para informar y animar aloshombres a acogerse a la licencia de paternidad, el Ministerio de Salud, Trabajoy Protección Social, en colaboración con ONU-Mujeres Moldova, creó un vídeopublicitario sobre este tema, emitido en canales de televisión nacionales yredessociales.\nCon el fin de aumentar la participación de los progenitores y los representantes legales en el desarrollo del niño, se aprobó la Estrategia Intersectorial para el Desarrollo de las Habilidades y Competencias para la Crianza de los Hijos 2016-2022, se elaboró una guía sobre “Comunicación eficaz con las familias” y se organizaron actividades de desarrollo de la capacidad para equipos comunitarios (docente, enfermero, trabajador social).\nEn la República de Moldova, el 63 % de las mujeres se ven afectadas por violencia doméstica a manos de su marido desde los 15 años y 1 de cada 10 mujeres mencionó que había sufrido violencia económica al menos una vez en su vida.\nEn 2016 se modificó el marco jurídico para prevenir y combatir la violencia mediante la introducción de la orden de alejamiento de emergencia para víctimas de violencia doméstica, penas más severas para los agresores por incumplimiento de la orden de alejamiento y la orden de protección, obligaciones estatales de apoyar los servicios existentes para las víctimas de violencia doméstica y creación de nuevos servicios, el pago de una indemnización a las víctimas, su exención del pago de la tasa estatal y la prestación de asistencia jurídica garantizada por el Estado, etc.\nSe introdujeron tres artículos importantes sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer en el Código de Contravenciones: 781 - Violencia doméstica; 782 - Actos de persecución; 3181 - Incumplimiento de la orden de alejamiento de emergencia.\nEl Código de Procedimiento Civil se complementó con disposiciones sobre situaciones en las que la víctima o los hijos víctimas no pueden presentar una denuncia. Asimismo, se contemplan la responsabilidad de los profesionales en estoscasos y el derecho de la víctima a solicitar asistencia jurídica garantizada porel Estado.\nEl Código Penal se modificó reformulando tres artículos: artículo 1331 - Miembro de la familia; artículo 2011 - Violencia doméstica; artículo 3201 - Incumplimiento de las medidas de la orden de protección de la víctima de violencia doméstica, de conformidad con las normas internacionales.\nLa campaña internacional “Dieciséis días de activismo contra la violencia por razón de género” se desarrolla a nivel nacional a lo largo de 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. El Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, en cooperación con ONG y organizaciones internacionales pertinentes, coordina lacampaña.\nExiste una red de servicios especializados en el país que presta servicios a víctimas de violencia doméstica y sus hijos (diez centros de acogida, centros de díay el teléfono de asistencia para incidentes de violencia contra la mujer y violencia doméstica).\nEn el plan de estudios de la Academia “Stefan cel Mare” del Ministerio del Interior y en los programas de formación inicial y continua de los agentes de policía se incluye el módulo “Violencia doméstica”.\nCon el fin de reforzar la capacidad de los jueces y fiscales para garantizar el acceso de la mujer a la justicia, en el marco de un proyecto regional del Consejo de Europa se llevó a cabo un estudio nacional titulado “Obstáculos, recursos legales y buenas prácticas para el acceso de la mujer a la justicia en la República de Moldova” y se elaboró un manual de formación.\nEl Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, en colaboración con HelpAge Moldova, produjo tres vídeos publicitarios en rumano y ruso que abordan distintos tipos de violencia, a fin de sensibilizar e informar a la población sobre el fenómeno de la violencia contra los ancianos. Se ejecutaron varios proyectos destinados a reforzar la capacidad de los equipos multidisciplinarios territoriales ylos grupos comunitarios de ancianos para prevenir y combatir la violencia contralasancianas.\nEn 2016 se prohibió por ley el uso de lenguaje sexista y publicidad sexista, se establecieron las correspondientes sanciones por infracción y se elaboraron las directrices sobre lenguaje no sexista. El Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, en colaboración con ONU-Mujeres Moldova, creó un vídeo de sensibilización sobre publicidad sexista y promoción/garantía del principio de igualdad y produjo cuatro vídeos temáticos para prevenir y combatir la violencia doméstica y los estereotipos de género, que se están emitiendo en canales de televisión nacionales y redes sociales.\nPara proteger la salud reproductiva de la mujer, el marco regulatorio sobre relaciones familiares prohíbe el uso de mano de obra femenina en trabajos pesados, peligrosos y subterráneos.\nLa masculinización y la feminización de las profesiones sigue siendo un problema en el sistema educativo y el mercado laboral y las mujeres están infrarrepresentadas en ámbitos como las tecnologías de la información, la construcción, la industria y la agricultura. Al mismo tiempo, predominan en el sector servicios, la educación, la sanidad y la asistencia social.\nLa República de Moldova creó un marco jurídico e institucional de prevención y lucha contra la trata de personas, y el Comité Nacional para Combatir la Trata de Personas está coordinando las actividades.\nDurante el período examinado en el informe, el Gobierno reforzó el marco jurídico existente aprobando algunas modificaciones y nuevos actos regulatorios para orientar y generar un impacto en la prevención y lucha contra los delitos de trata de personas y la protección y asistencia a víctimas y posibles víctimas, construyendo también un nuevo sistema de rehabilitación para víctimas de los delitos (cuadros 1 y 2, anexo 2).\nCon arreglo a los artículos 165 y 206 del Código Penal, la trata de personas y la trata de niños se castigan con penas de prisión de 6 a 20 años y de 10 a 20 años, respectivamente, y con la privación del derecho a ocupar determinados cargos o ejercer determinadas actividades durante un período de 2 a 5 años, y la persona jurídica será castigada con una multa de 3.000 a 10.000 unidades convencionales, con la privación del derecho a llevar a cabo determinadas actividades o con su liquidación (cuadro 3, anexo 2).\nCon respecto a la prevención de la trata de personas, el Gobierno, en colaboración con la sociedad civil y los asociados para el desarrollo, llevó a cabo campañas de información a nivel nacional y local con carácter anual. Además, las acciones de prevención proactiva continuaron a través del Sistema Nacional de Remisión para la Protección y Asistencia a Víctimas y Posibles Víctimas de la Trata de Personas ofreciendo apoyo a las posibles víctimas, en especial personas vulnerables, que pueden convertirse en víctimas de la trata.\nDurante el período sobre el que se informa, la Plataforma del Sistema Nacional de Remisión siguió impartiendo formación a equipos multidisciplinarios y profesionales de otros ámbitos: servicio de aduanas; representantes de los cuerpos diplomáticos (cónsules); policía fronteriza; mediadores comunitarios; médicos; asistentes jurídicos; abogados; Agencia Nacional de Empleo/Agencia Territorial de Empleo.\nEn el período que abarca el informe, el Gobierno elaboró y aplicó dos planes de acción para los períodos 2012-2013 y 2014-2016 y también aprobó por primera vez la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas para el período 2018-2023 y el Plan de Acción 2018-2020. Cabe señalar asimismo las actividades en el ámbito de la cooperación internacional, relacionadas tanto con la cooperación de las fuerzas del orden y los organismos de orden público, que posibilitan la capacitación de equipos conjuntos de investigación, como con el abordamiento de la trata de personas en el ámbito de la protección social.\nEn la actualidad no existe una interpretación jurídica o judicial oficial de la noción de “prostitución” en el marco jurídico nacional. Teniendo en cuenta el enfoque prohibitivo del fenómeno de la prostitución, el marco jurídico contiene disposiciones para castigar las respectivas acciones reflejándolas en delitos relacionados con la prostitución: artículo 1351 - Crímenes de lesa humanidad; artículo 165 - Trata de personas; artículo 206 - Trata de niños; artículo 208 - Implicación de menores en actividades delictivas o incitación a cometer actos inmorales; artículo 2081 - pornografía infantil; artículo 2082 - uso de prostitución ejercida por un niño. Al mismo tiempo, la captación o la determinación de ejercer la prostitución o la facilitación de la prostitución o el aprovechamiento de la prostitución de otra persona se consideran delito en el artículo 220 del CódigoPenal, si el hecho no reúne los elementos de la trata de personas, y se castigan conuna multa de 650 a 1.350 unidades convencionales o con penas de prisión de 2 a 10 años.\nAsimismo, el artículo 89 del Código de Contravenciones regula la práctica de la prostitución como un acto que conlleva un grado más bajo de peligro social y es punible con una multa de 24 a 36 unidades convencionales. Se hace hincapié en que no se puede exigir responsabilidad a las personas que utilizan servicios prestados por trabajadores sexuales comerciales. Del mismo modo, la producción, la venta, ladistribución o el almacenamiento de productos pornográficos se sancionan de conformidad con el Código de Contravenciones (artículo 90) con una multa de 24 a 30 unidades convencionales, aplicable a las personas físicas, o una multa de 60 a 90unidades convencionales en el caso de las personas jurídicas.\nDurante el período de referencia se elaboró un proyecto de ley que proponía enmiendas al actual artículo 89 del Código de Contravenciones. Entre ellas se incluyen la definición de la prostitución y un nuevo elemento relativo a la pena impuesta al beneficiario que compró servicios sexuales remunerados, manteniendo la pena impuesta a la persona que prestó dichos servicios.\nTambién cabe mencionar la realización de dos estudios en el ámbito del análisis social y jurídico de la violencia sexual.\nEn el caso de los delitos sexuales cometidos mediante coacción física o mental a una persona o aprovechando su incapacidad para defenderse o expresar su voluntad, el artículo 171 del Código Penal (“Violación”) prevé entre 3 y 20 años o prisión permanente.\nEn 2016 se aprobaron nuevas Directrices sobre la investigación de delitos sexuales de conformidad con los principios de derechos humanos.\nPara supervisar las actividades de las agencias privadas de empleo extranjeras, se aprobó una nueva Ley de Promoción del Empleo que contiene disposiciones relativas al seguimiento de dichas actividades y excluye parcialmente la prohibición del cobro de pagos.\nEn el contexto del seguimiento de los aspectos y el impacto de la migración, el Gobierno aprobó en 2012 la lista de indicadores y la plantilla del perfil migratorio ampliado de la República de Moldova. Se delegó a la Oficina de Migración y Asilo del Ministerio del Interior la producción y actualización anual de los indicadores de este perfil y la elaboración del informe analítico cada tres años sobre la base de la lista de indicadores y la plantilla del perfil y, a partir de 2016, la preparación anual del compendio estadístico del perfil migratorio ampliado.\nDurante el período que abarca el informe se introdujeron enmiendas jurídicas que contribuyeron a la rendición de cuentas de los partidos políticos con respecto a la aplicación del principio de igualdad de género y la obligación de respetar la cuota mínima del 40 % de representación de ambos géneros en los órganos rectores y en las listas de candidatos. Esta disposición se prevé en la Ley de Igualdad de Género, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos.\nAsimismo, el marco jurídico prevé condiciones favorables a las mujeres en relación con el número obligatorio de firmas que deben recopilar para su inscripción como candidatas a diputadas en las circunscripciones uninominales. Así, una candidata puede inscribirse si presenta los avales de al menos 250 y no más de 500simpatizantes (en el caso de los hombres son 500 y 1.000, respectivamente) con derecho de voto pertenecientes a la circunscripción por la que se presenta.\nEn las elecciones parlamentarias de 2014 participaron 1.649.402 votantes, de los cuales el 54 % eran mujeres y el 46 % hombres. En las elecciones locales generales de 2015 participaron 2.269.305 votantes, de los cuales el 54 % eran mujeres y el 46 % hombres. La misma situación se dio en las elecciones presidenciales de 2016, en las que el porcentaje de mujeres (53 %) fue superior al de hombres (47 %) y en las que participaron 3.046.769 votantes.\nDe acuerdo con el estudio “Barómetro de género: ¿cómo participan las mujeres y los hombres en la política y la toma de decisiones?” de 2017, el porcentaje de mujeres militantes en los partidos políticos asciende al 41,1 % y el de hombres al58,9 %.\nEn el poder legislativo, durante el período sobre el que se informa, el número de mujeres en puestos de responsabilidad fue constante. A nivel del Gobierno central se registró un aumento considerable del número de mujeres en el consejo de ministros, que pasó del 20,8 % en 2016 al 38,5 % en 2017, tras la reforma de la administración pública central diseñada para revisar las competencias institucionales y reducir el número de ministerios de 16 a 9. En cuanto a la representación femenina a nivel local, en 2015 se registró un ligero aumento del 2,6 % del número de alcaldesas con respecto a 2011. La representación femenina en los consejos locales, municipales y de distrito aumentó un 1,4 % y un 2,2 %, respectivamente, en 2015 con respecto a 2011 (cuadro 4, anexo 2).\nLos esfuerzos colectivos realizados por el Gobierno en colaboración con ONU-Mujeres/el PNUD encaminados a reforzar la capacidad de las mujeres para presentarse a cargos electos (alcaldesa, consejera local) y de las mujeres ya elegidas hizo que, por primera vez en la historia de Moldova, 7 mujeres romaníes se inscribiesen en las listas electorales de partidos políticos y como candidatas independientes en las elecciones locales, 2 de las cuales fueron elegidas consejeras locales.\nCon el fin de apoyar la participación de la mujer en la vida política, en 2015 se creó la Plataforma de Igualdad de Género, compuesta por 28 ONG y miembros independientes que promueven activamente la igualdad de género, entablando así un diálogo constructivo entre el Estado y las OSC activas en esta materia.\nEn la República de Moldova no hay presas políticas o mujeres que hayan sido víctimas de abuso sexual durante su detención y no se han documentado casos de discriminación contra la mujer por participar en la actividad política.\nDurante el período examinado en el informe, seis mujeres fueron acreditadas como jefas de misiones diplomáticas y oficinas consulares de la República de Moldova en países extranjeros (Israel, Consejo de Europa, Italia, Estonia, España yCanadá).\nEn el período 2013-2017, tres funcionarias del Consejo de Europa trabajaron en la Oficina del Consejo en Chisinau en calidad de Jefa Interina de la Oficina, Asistente de la Jefa de Oficina y Gestora de Proyectos.\nEn el mismo período, el Gobierno nombró a 134 expertos gubernamentales en los órganos de trabajo y comités de seguimiento del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de los cuales 57 son mujeres. Entre los ámbitos de especialización están los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.\nDentro de las estructuras del Consejo de Europa, 36 mujeres de nacionalidad moldova trabajan en Estrasburgo y en las oficinas del Consejo en el extranjero (17de ellas tienen un contrato de trabajo de duración determinada y 19 tienen un contrato indefinido (con renovación mensual)).\nSegún el Informe de las Naciones Unidas sobre la composición de la Secretaría de 11 de julio de 2017, hay 20 empleados de la República de Moldova, 10 mujeres y 10 hombres. Las posibilidades son casi equivalentes para las mujeres y los hombres a juzgar por la proporción de representación femenina en las delegaciones nacionales en las Naciones Unidas o por el nivel de empleo en el sistema de las Naciones Unidas.\nDe conformidad con el marco jurídico nacional, los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas y se benefician de todos los derechos y libertades políticos y socioeconómicos proclamados y garantizados por la Constitución y otras leyes y por los acuerdos internacionales en los que es parte la República de Moldova. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos a adquirir, cambiar y mantener la ciudadanía de la República de Moldova.\nCon arreglo al artículo 7 de la citada ley, el cambio de nacionalidad de uno de los cónyuges o el matrimonio con un ciudadano extranjero o un apátrida no producen efectos en la ciudadanía del otro cónyuge o la nacionalidad de los hijos si no existe una solicitud por escrito de los progenitores. La ciudadanía de la República de Moldova se adquiere por nacimiento, reconocimiento, adopción, recuperación y naturalización. De todas estas maneras, la nacionalidad de la madre tiene la misma importancia que la del padre a la hora de que los hijos adquieran laciudadanía.\nEn 2017 se modificó la Ley de Ciudadanía y ahora incluye los siguientes elementos innovadores: ampliación del derecho a adquirir la ciudadanía a los beneficiarios de protección internacional y ampliación de los criterios para que adquieran la ciudadanía los hijos nacidos en el territorio de la República de Moldova de padres que tienen la nacionalidad de otro Estado o uno de los cuales es apátrida o beneficiario de protección internacional, siempre que, en el momento del nacimiento, alguno de los progenitores tenga derecho de permanencia o se beneficie de protección internacional concedida por las autoridades competentes de la República de Moldova. En la respectiva situación, el legislador especifica que los progenitores del niño decidirán mediante mutuo acuerdo sobre su ciudadanía. Si los progenitores no están de acuerdo en que el niño pertenezca a la República de Moldova, el tribunal decidirá teniendo en cuenta los intereses de este último. Si el niño ha cumplido los 14 años, se exige su consentimiento legalizado por un notario.\nCon arreglo al marco jurídico, los ciudadanos extranjeros y los apátridas tienen los mismos derechos y responsabilidades que los ciudadanos de la República de Moldova, teniendo en cuenta las excepciones previstas por ley.\nLa expedición del pasaporte a ciudadanos de la República de Moldova y el documento de viaje a apátridas que residen en la República de Moldova se basa en la solicitud presentada por sus representantes legales como establece la ley.\nDe conformidad con las disposiciones legales, se expiden pasaportes a los ciudadanos de la República de Moldova y documentos de viaje a los apátridas para poder salir o entrar en el país.\nLos menores de 18 años y las personas bajo protección judicial (tutela) reciben el pasaporte a petición de uno de sus representantes legales. Los niños entre 10 y 18años que se marchan para residir en el extranjero presentan su consentimiento expresado en una declaración en la cual su firma es legalizada por un notario. Si uno de los progenitores del menor de 18 años no acepta que abandone la República de Moldova, la negativa puede recurrirse ante un tribunal competente.\nLos menores tienen derecho a salir y entrar en la República de Moldova únicamente si van acompañados por uno de sus representantes legales o un acompañante, asignado por el representante legal mediante una declaración. La firma del representante legal debe legalizarse. La declaración indica el propósito del viaje, su duración y el país de destino.\nSi el menor se marcha para residir en el extranjero, es necesario disponer de la declaración de consentimiento de ambos progenitores legalizada. Cuando los progenitores no son los representantes legales del niño, se presentará la declaración de consentimiento de los representantes legales expresada mediante decisión de la autoridad tutelar.\nCon arreglo a la Constitución, la educación debe garantizarse mediante el sistema escolar integral obligatorio, la enseñanza secundaria y la formación profesional, el sistema de enseñanza superior y otros tipos de formación y mejora de las cualificaciones. Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho a elegir el idioma de enseñanza, tal como prevé la ley.\nEl derecho a la educación también está regulado por el nuevo Código de Educación, que establece el marco jurídico de las relaciones relativas al diseño, la organización, el funcionamiento y el desarrollo del sistema educativo y el fomento del diálogo intercultural, la tolerancia, la no discriminación y la inclusión social. Con el fin de garantizar el acceso de los niños romaníes y las personas con discapacidad a la formación profesional, se establecieron cuotas para la matriculación en enseñanza secundaria y postsecundaria, formación profesional y enseñanza técnica superior.\nNo existen disciplinas separadas para niños y niñas. La admisión en la enseñanza secundaria y postsecundaria y la formación profesional técnica postsecundaria no terciaria, así como en la enseñanza superior, se basa en la calificación media que figura en el certificado de educación.\nEn cuanto a la proporción de niños y niñas en los distintos niveles educativos, hay un equilibrio de género en la enseñanza primaria y secundaria.\nDe acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la tasa global de alfabetismo es del 99,36 % en total, de la que un 99,60 %corresponde a los hombres y un 99,14 %a las mujeres (cuadro 5, anexo 2).\nNo existen escuelas no mixtas en el sistema educativo de la República de Moldova.\nLa asignatura de “Educación cívica” es obligatoria y se imparte en los grados V a XII. El módulo de “Desarrollo personal y orientación profesional” presenta las profesiones y oportunidades de desarrollo profesional, pero sin especificar si son masculinas o femeninas.\nPor lo que se refiere al porcentaje de graduadas en las distintas especialidades, la mayor discrepancia se da en la formación profesional (cuadro 6, anexo 2).\nLas becas de estudio se conceden sobre la base de los méritos; actualmente no existe una base de datos sobre la distribución por género de las becas de excelencia.\nNo hay programas educativos para niñas o mujeres que han abandonado sus estudios antes de tiempo.\nLas causas más frecuentes de deserción escolar en la República de Moldova son las malas condiciones sociales, la emigración, el empleo no oficial, etc.\nExiste una diferencia mayor en la proporción de personal docente femenino respecto del total en la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria general y la enseñanza superior (cuadros 7 a 10, anexo 2).\nNo se imparte planificación familiar en la enseñanza secundaria general ni en la formación profesional técnica deciclo medio y superior. Tangencialmente, la asignatura opcional “Educación para la salud” en la Universidad Estatal de Medicina y Farmacia “N. Testimitanu” incluye cuestiones de planificación familiar. Asimismo, el tema se trata en la asignatura “Psicosexología y educación sexual” enla Universidad Estatal de Moldova (asignatura del máster en Asesoramiento sobre problemas familiares).\nEl plan de estudios de educación física es común para niños y niñas y participan por igual en las clases de deporte. Al mismo tiempo, no existen prohibiciones con respecto a la ropa deportiva o el equipamiento y los niños y niñas los eligen por sí mismos.\nEn 2015 se creó la iniciativa GirlsGoIT dentro de la alianza entre representantes del sector público y privado y asociados para el desarrollo con el fin de formar a las niñas para cursar estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y acceder al mercado laboral de las TIC mediante prácticas en empresas del sector. Hasta ahora se han organizado dos rondas de escuelas de verano y se han creado 13 clubes de TI dirigidos por graduadas de la escuela de verano para otras niñas de la comunidad.\nCon el fin de facilitar la integración económica de los solicitantes de empleo, incluidas las mujeres jóvenes, la Agencia Nacional de Empleo proporciona información y servicios a través de medidas activas y pasivas aplicadas en el mercado laboral.\nDe conformidad con las disposiciones legales, toda persona tiene derecho a trabajar y a escoger libremente su profesión y lugar de trabajo y se garantiza la igualdad de derechos y oportunidades y la igualdad de trato de mujeres y hombres en el empleo.\nCon arreglo a la Ley de Garantía de la Igualdad, se prohíbe toda diferencia, exclusión, restricción o preferencia basada en los criterios establecidos en la ley que tenga por objeto limitar o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o el despido, durante el propio trabajo y en la formación profesional. Se prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual en el empleo y la ocupación.\nEl Código de Trabajo establece los principios básicos de la regulación de las relaciones laborales y otras relaciones directamente asociadas con ellas, entre los que se incluyen la prohibición del trabajo forzoso (obligatorio) y la discriminación en las relaciones laborales, la garantía de igualdad en el acceso al mercado de trabajo, y la igualdad de derechos y oportunidades de toda la fuerza de trabajo.\nLa Estrategia Nacional de Empleo para el período 2017-2021 tiene como objetivo aumentar el nivel de empleo y su calidad, la competitividad y la empleabilidad de la fuerza de trabajo, además de aumentar el grado de inclusión, en particular de los grupos socialmente vulnerables, en el mercado laboral (cuadros 14 a16, anexo 2).\nEn el período sobre el que se informa, las diferencias en la tasa de empleo, la tasa de desempleo y la tasa de ocupación entre mujeres y hombres no variaron (cuadro 13, anexo 2).\nDe acuerdo con los datos de 2017 de la ONE, la distribución por sectores económicos revela una mayor proporción de trabajadoras en el sector de prestación de servicios (60,3 % de mujeres y 39,7 % de hombres). Las mujeres están menos presentes en los siguientes sectores: agricultura (43,2 %), industria (44,9 %) y construcción (8,2 %). Sin embargo, son mayoría en actividades económicas como el comercio (58,6 %), la hostelería y la restauración (67,5 %), la educación (79,9 %) y la sanidad (84,4 %).\nLa mayor disparidad salarial por razón de género se observa en las actividades financieras, la información y las comunicaciones, el arte, y las actividades recreativas y de ocio. El nivel de remuneración de las mujeres es inferior al delos hombres en la mayoría de las actividades económicas; la diferencia varía entre el 0,4 % en la educación y el 41,4 % en las actividades financieras y de seguros (cuadro 17, anexo 2).\nEl principio de igual salario por trabajo igual o por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres se incluyó en el marco jurídico nacional y el incumplimiento de este principio se considera un acto discriminatorio del empleador.\nCon arreglo a la ley, el salario se establece sin discriminación por motivos de edad, género, raza y nacionalidad, convicciones políticas, culto y situación financiera. La misma disposición figura en el nuevo proyecto de ley sobre el sistema salarial, aprobado por el Gobierno y enviado al Parlamento para su aprobación.\nEl Código de Trabajo dispone que las garantías estatales relacionadas con la remuneración laboral comprenden el salario mínimo establecido por el Estado, los baremos retributivos estatales en el ámbito presupuestario, el importe mínimo garantizado de retribución real, así como suplementos e incrementos compensatorios garantizados por el Estado y regulados por la legislación vigente.\nLos trabajadores están sujetos al seguro social estatal y se benefician de todas las garantías, compensaciones y otros pagos previstos por el sistema de seguro social del Estado de conformidad con las normas de la OIT.\nLa legislación nacional no establece derechos diferenciados por género para mujeres y hombres en relación con el disfrute de las vacaciones anuales remuneradas o en la formación profesional. Así, el Código de Trabajo utiliza la definición “trabajadores” y contiene normas generales y particulares aplicables tanto a mujeres como a hombres.\nDe conformidad con el Código de Trabajo, la licencia médica remunerada se concede a los trabajadores y aprendices sobre la base de un certificado médico expedido con arreglo a la legislación vigente. Las trabajadoras y las aprendices, así como las mujeres dependientes de los trabajadores, tienen derecho a la licencia de maternidad (incluida la licencia prenatal y posnatal) y reciben prestaciones con cargo al presupuesto de seguro social del Estado durante este período. Asimismo, previa solicitud tras la expiración de la licencia de maternidad, las trabajadoras, las aprendices y las mujeres dependientes de los trabajadores (así como otras personas: padre del niño, uno de los abuelos, cualquier otro pariente que cuide directamente del niño) tienen derecho a una licencia parcialmente remunerada para cuidado de los hijos hasta la edad de 3 años. Además de la licencia de maternidad y la licencia parcialmente remunerada para cuidado de los hijos hasta la edad de 3 años, las personas mencionadas tienen derecho, sobre la base de una solicitud por escrito, a una licencia adicional no remunerada para cuidado de los hijos de entre 3 y 4 años, manteniendo el trabajo (puesto) o recibiendo otro trabajo equivalente (puesto).\nEs importante señalar que, en el período examinado en el informe, la licencia no remunerada para cuidado de los hijos de entre 3 y 6 años se redujo 2 años, por lo que actualmente es de 1 año.\nDespués de la reforma del sistema de pensiones, a partir del 1 de julio de 2019, la edad de jubilación estándar de los hombres serán 63 años, y a partir del 1 de julio de 2028, la edad de jubilación estándar de las mujeres serán también 63 años. Esta edad se alcanzará aumentando anualmente la edad de jubilación estándar de acuerdo con el calendario previsto en la Ley del Sistema Público de Pensiones (cuadros 18 y 19, anexo 2).\nAdemás, el cónyuge superviviente es uno de los beneficiarios de la pensión de viudedad concedida por el Estado si, en el momento de la muerte del sostén familiar o durante 5 años después del fallecimiento, alcanza la edad de jubilación o sufre una discapacidad grave o avanzada, ha estado casado al menos 15 años con el fallecido y no se ha vuelto a casar.\nEl porcentaje y la base para el cálculo de la cotización individual al seguro social estatal obligatorio es el 6 % del salario mensual y otra remuneración de todos los asalariados.\nAl mismo tiempo, en el caso de determinadas categorías de pagadores (tanto hombres como mujeres) no pertenecientes a la categoría de asalariados, la Ley del Presupuesto del Seguro Social Estatal establece una cantidad fija anualmente.\nLa asistencia social ofrece prestaciones y servicios sociales a personas necesitadas. Las prestaciones y servicios sociales se establecen sobre la base de la valoración de las necesidades de una persona, que se confirman mediante una investigación social y otros documentos confirmatorios.\nCon arreglo al Código de Trabajo, está prohibido negarse a contratar o reducir el salario por razones de embarazo o existencia de hijos menores de 4 años. El empleador informará por escrito a la persona en cuestión de los motivos de la negativa a contratar a una mujer embarazada o una persona que tiene un hijo menorde 4 años, en un plazo de cinco días naturales desde que se registró la solicitud de empleo en la entidad. La negativa a la contratación puede recurrirse ante los tribunales.\nDe conformidad con la legislación, en caso de que el trabajo realizado por una mujer embarazada, una mujer que ha dado a luz recientemente o una mujer lactante parezca presentar riesgos para su seguridad y salud o pueda afectar a su embarazo o lactancia, el empleador tomará todas las medidas necesarias para excluir la influencia de factores de riesgo en dichas personas mediante un cambio temporal en las condiciones de trabajo. Las mujeres embarazadas, las mujeres que han dado a luz recientemente y las mujeres lactantes serán transferidas del trabajo nocturno al trabajo diurno, manteniendo el salario medio de su anterior lugar de trabajo.\nAl mismo tiempo, se prohíbe el despido de mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 4 años y personas que disfrutan de una licencia parental, excepto en los casos previstos por ley.\nA petición de una mujer embarazada, un trabajador que tiene hijos menores de 10 años o hijos con discapacidad (también bajo su tutela) o un trabajador que cuida de un familiar enfermo, y previa presentación de un certificado médico, el empleador está obligado a establecer la jornada o semana parcial de empleo.\nCon arreglo al Código de Trabajo, el empleador será responsable de indemnizar íntegramente al trabajador por el daño material o moral causado en relación con el desempeño de sus funciones, en caso de discriminación del trabajador en el lugar de trabajo o como resultado de la privación ilegal de la posibilidad de trabajar, salvo que el Código u otros actos regulatorios dispongan locontrario.\nLa legislación garantiza el derecho a vacaciones anuales remuneradas a todos los trabajadores. Todo trabajador sujeto a un contrato de trabajo individual se beneficiará del derecho a vacaciones anuales durante al menos 28 días naturales, sin contar los días no laborables. Asimismo, pueden concederse vacaciones anuales a las mujeres, previa solicitud por escrito, antes de la licencia de maternidad o inmediatamente después, o después de la licencia para cuidado de los hijos, independientemente de los años de antigüedad en la entidad. El padre del niño, uno de los abuelos u otros parientes que cuiden de él pueden beneficiarse también de dichas vacaciones después de la licencia para cuidado de los hijos.\nPuede establecerse mediante ley orgánica otro período de licencia anual para trabajadores de algunas ramas de la economía nacional (educación, sanidad, función pública, etc.).\nLa licencia parcialmente remunerada para cuidado de los hijos nacidos de un embarazo gemelar, de trillizos o múltiple se concede previa solicitud por escrito a ambos progenitores u otras personas aseguradas mencionadas.\nEl porcentaje de hombres que se beneficiaron/benefician de la prestación mensual por hijos a cargo hasta la edad de 3 años aumentó considerablemente, del1,4 % en 2013 al 9,6 % en 2017 (figura 1, anexo 1).\nEl marco regulatorio prevé incrementos compensatorios para los trabajadores por trabajar en condiciones desfavorables, arduas o especialmente nocivas.\nLas personas con discapacidad grave o avanzada, uno de los progenitores (tutor, curador) de niños menores de 4 años o niños con discapacidad, las personas que combinan la licencia para cuidado infantil con trabajo, y los trabajadores que cuidan de un familiar enfermo acreditado por un certificado médico pueden realizar trabajos nocturnos solo con su consentimiento escrito. Al mismo tiempo, el empleador está obligado a informar por escrito a dichos trabajadores sobre su derecho a negarse a realizar trabajos nocturnos.\nCon arreglo al Código de Educación, la educación en la primera infancia incluye dos ciclos: educación previa a preescolar en guardería o centro comunitario de educación temprana para niños de 0 a 3 años y educación preescolar para niños de 3 a 6 (7) años. En este sentido, el Estado ofrece apoyo económico a los niños que asisten a instituciones de educación temprana.\nDe conformidad con el Código de Trabajo, uno de los progenitores (tutor) de niños de hasta 3 años disfrutará, además de la pausa para el almuerzo, de pausas adicionales para la alimentación de los niños, que están incluidas en el tiempo de trabajo y que se pagarán sobre la base del salario medio.\nAsimismo, el empleador está obligado a incorporar disposiciones en el reglamento interno de la entidad sobre la prohibición de discriminación por cualquier criterio, incluido el acoso sexual.\nCon arreglo al Código de Contravenciones, el hostigamiento en el lugar de trabajo se castiga con una multa de entre 130 y 150 unidades convencionales en el caso de las personas físicas y entre 250 y 400 unidades convencionales en el de las personas jurídicas responsables.\nEl acoso sexual se considera un delito, que, con arreglo al Código Penal, se castiga con una multa de entre 650 y 850 unidades convencionales o servicios comunitarios durante entre 140 y 240 horas o pena de prisión de hasta 3 años.\nLos estudios demuestran que 1 de cada 5 mujeres trabajadoras en la República de Moldova es objeto de formas sutiles de acoso sexual en el trabajo y 4 de cada 100 sufren formas graves de hostigamiento.\nCon arreglo al marco jurídico, se garantiza el derecho a la protección de la salud, y los pacientes, hombres y mujeres, tienen el mismo derecho a recibir información, educación y servicios necesarios para una salud sexual y reproductiva normal, sin discriminación.\nLa Ley de Seguro Médico Obligatorio establece un seguro gubernamental para determinadas categorías de personas sin empleo residentes en la República de Moldova y registradas en las instituciones autorizadas del país, entre ellas mujeres embarazadas, parturientas, mujeres en período posparto y mujeres con 4 o más hijos.\nEl marco jurídico garantiza el acceso de todas las personas, hombres o mujeres, a la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación familiar.\nCon el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, durante el período sobre el que se informa, el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social garantizó el acceso de grupos vulnerables a los anticonceptivos adquiridos a nivel de atención primaria de la salud con cargo a los fondos del seguro médico obligatorio. En este sentido, los centros de atención primaria de la salud proporcionan anualmente anticonceptivos a las personas pertenecientes a grupos vulnerables de forma gratuita, en función de sus necesidades estimadas.\nEl marco regulatorio nacional garantiza el acceso de hombres y mujeres a la esterilización quirúrgica voluntaria, practicada solo por deseo expreso o por indicación de un médico con el consentimiento de la persona en centros sanitarios públicos y privados. La esterilización quirúrgica realizada por personas sin una formación médica adecuada y en centros de salud no especializados se castiga de conformidad con la ley.\nCon arreglo al Código Penal, la esterilización forzada se castiga con penas de prisión de entre 10 y 20 años.\nCon el fin de facilitar el acceso de las niñas y las mujeres con problemas de movilidad a los servicios ginecológicos, en 2017 por primera vez se dotaron 30centros de salud orientados a los jóvenes con equipos médicos adaptados a estosgrupos de niñas y mujeres, con el apoyo del UNFPA y la Oficina de Cooperación Suiza.\nEl Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual para el período 2016-2020 comprende actividades específicas para toda la población, incluidos los adolescentes y grupos destinatarios socialmente desfavorecidos (personas detenidas, personas que ofrecen servicios sexuales, etc.).\nEl acceso de las detenidas a los servicios médicos se garantiza durante todo el período de detención. Las detenidas embarazadas se benefician de apoyo sanitario, ginecológico y terapéutico con arreglo a las normas nacionales. Durante el último trimestre de embarazo, las embarazadas son trasladadas a un hospital penitenciario bajo la supervisión de un ginecólogo obstetra. Posteriormente, en el momento del parto, las detenidas son hospitalizadas en un hospital de maternidad civil. En caso necesario, todos los controles médicos necesarios para mujeres embarazadas, madres y niños menores de 3 años se realizan en centros de salud civiles (cuadro 20, anexo 2).\nTras recibir el alta en el hospital, las mujeres son hospitalizadas junto con sushijos durante el período de posparto en el hospital penitenciario “Mother and Child Home” para ser supervisados por un ginecólogo y un pediatra. Después del nacimiento, las mujeres reciben atención médica especializada según las prescripciones médicas. A la edad de 3 años, y con el consentimiento por escrito de la madre y el consentimiento de la autoridad tutelar, el niño es entregado al cuidado de una persona nombrada por ella o a la institución infantil. A petición de la reclusa, la administración penitenciaria puede prorrogar a 6 meses la permanencia del niño con su madre.\nLas personas aseguradas o no aseguradas domiciliadas o residentes en la República de Moldova tienen derecho a recibir prestaciones sociales para familias con hijos, pagadas con cargo al sistema público de seguro social.\nEl importe de la prestación por parto único se establece en proporción al valor monetario de la cesta mínima de bienes necesarios en el momento del nacimiento, calculado para el año anterior al nacimiento. Dicho importe es aprobado anualmente por el Gobierno.\nLas familias con gemelos o más hijos nacidos de un único embarazo se benefician de la prestación mensual por hijos a cargo hasta la edad de 3 años. Además, reciben una prestación para cuidado correspondiente al 50 % de la prestación mensual especificada anteriormente hasta la edad de 2 años.\nLa proporción de hombres que se benefician de la prestación mensual por hijos a cargo hasta la edad de 3 años aumentó del 0,8 % en 2013 al 9,6 % en 2017.\nCon el fin de prestar apoyo a las familias desfavorecidas, se puso en marcha elPrograma de Ayuda Social, que tiene actualmente dos componentes básicos: ayudasocial y prestación para la estación fría. Esta prestación tiene por objeto garantizar unos ingresos mínimos a las familias desfavorecidas y se fija con arreglo a la valoración de los ingresos mensuales medios totales del hogar y la necesidad de asistencia social (cuadro 21, anexo 2).\nEl marco jurídico prevé las prestaciones sociales para algunas categorías de personas que no reúnen los requisitos previstos en la Ley de Pensiones Públicas del Seguro Social.\nDesde 2012 está operativo el Servicio Social de Asistencia Personal, cuyo objetivo es prestar asistencia y cuidados a los niños y adultos con discapacidad grave, con el fin de favorecer su independencia e inclusión en la sociedad. Mediante la creación de este servicio, se ha resuelto un problema relacionado con las familias en las que se crían niños con discapacidad que necesitan atención permanente, prestada principalmente por sus madres o parientes femeninas (cuadro 22, anexo 2).\nLas mujeres detenidas que dan a luz durante el período de cumplimiento de la pena se benefician de la prestación por nacimiento y la prestación por hijos a cargo, de conformidad con la ley de protección de familias con hijos.\nCon arreglo a la legislación vigente, todos los ciudadanos tienen acceso a créditos, independientemente del género, sobre la base de los procedimientos de admisibilidad. Al mismo tiempo, hay deficiencias en las estadísticas desglosadas por género en relación con su uso, importe y propósito.\nEn 2018, el Gobierno puso en marcha el programa estatal “Prima Casa”, basado en la necesidad de facilitar el acceso de las personas a la adquisición de una vivienda mediante la suscripción de préstamos parcialmente garantizados por el Estado, especialmente para familias jóvenes.\nDe conformidad con el Código Tributario, cada contribuyente (residente) tiene derecho a una exención personal, cuyo importe establece el Gobierno anualmente.\nUn residente casado tiene derecho a una exención adicional (de 11.280 lei en2017), siempre que su cónyuge no se beneficie de una exención personal.\nLa ley también prevé exenciones para los contribuyentes con personas dependientes a su cargo (por un importe de 2.520 lei en 2017), excepto personas con discapacidad por un trastorno congénito o de la infancia (en cuyo caso la exención ascendía a 11.280 lei en 2017).\nLa legislación nacional no contiene disposiciones que limiten el derecho de la mujer a acceder a diversos deportes o actividades culturales y de ocio y participar en ellas. Un impedimento significativo en este sentido solo pueden ser las posibilidades económicas de las personas. En las instituciones educativas, las niñas y los niños se benefician del mismo acceso a actividades culturales y programas de educación física y deporte (teniendo en cuenta las peculiaridades de género en la práctica del ejercicio físico).\nSe aprobaron enmiendas del marco regulatorio, mediante las cuales se asignó una nueva competencia a los ayuntamientos: la decisión de crear el puesto de mediador comunitario en las localidades con una población romaní compacta o mixta. Además, se aprobó el Reglamento Marco sobre la Organización de la Actividad del Mediador Comunitario. La ocupación “341206 Mediador comunitario” se incluyó en la Clasificación de Ocupaciones de Moldova (CORM006-14), aprobada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Protección Social núm. 22 de 3 de marzo de 2014.\nEn 2013 comenzó el proceso de contratación de mediadores comunitarios financiado con cargo al presupuesto del Estado. En 2014 solo se contrataron 25mediadores comunitarios (de los 48 puestos previstos en las 44 localidades con población romaní compacta o mixta). Tras la reforma de descentralización, la financiación de los mediadores comunitarios se transfirió a los presupuestos de las autoridades públicas locales, pero esto dio lugar a una disminución del empleo de mediadores, motivada principalmente por la falta de recursos financieros en los presupuestos locales. De este modo, en 2018, el mecanismo de financiación cambió, volviendo a la financiación con cargo al presupuesto del Estado.\nCon arreglo al marco jurídico, los empleadores, independientemente de la forma jurídica de organización, que tengan 20 o más trabajadores están obligados a crear o reservar puestos de trabajo y emplear a personas con discapacidad, para que conformen al menos el 5 % de su número total de trabajadores. En este sentido, también se contemplan sanciones en el Código de Contravenciones para los empleadores que infrinjan estas disposiciones durante un ejercicio económico.\nCon arreglo a la legislación nacional, las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho a poseer tierras, acceder a programas de seguro, servicios médicos y programas educativos, crear y participar en cooperativas agrícolas, desarrollar actividades empresariales, etc. No existen restricciones y diferencias legales entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a participación de la mujer en actividades sociales, económicas y culturales.\nEn la República de Moldova hay 3.446 explotaciones agrícolas con personalidad jurídica, que representan el 0,4 % del número total de explotaciones. El 99,6 % restante se registraron como explotaciones sin personalidad jurídica, es decir, particulares. El 14 % de las explotaciones agrícolas con personalidad jurídica y el 36 % de las explotaciones sin personalidad jurídica están dirigidas por mujeres. A nivel nacional, el 36 % de las explotaciones agrícolas están dirigidas por mujeres y el 64 % por hombres.\nLos hombres administran una superficie mayor que las mujeres tanto en el caso de las explotaciones agrícolas con personalidad jurídica como en el de las explotaciones sin personalidad jurídica. En promedio, los hombres administran 1,21hectáreas frente a 0,86 hectáreas administradas por las mujeres.\nExiste una gran brecha de género relacionada con la posesión de maquinaria y equipos agrícolas. A excepción de los minitractores (17 %), las explotaciones dirigidas por mujeres tienen menos del 12 % de la maquinaria agrícola. Este porcentaje es bastante bajo si tenemos en cuenta que más de un tercio de las explotaciones agrícolas están dirigidas por mujeres.\nLos datos del primer Censo Agrícola General (2011) muestran que no existe una brecha de género significativa relacionada con los subsidios que reciben los administradores de explotaciones agrícolas. También puede observarse que un número muy pequeño de ellas recibieron préstamos de bancos. Por ejemplo, en2010, el 8 % de las explotaciones dirigidas por hombres se beneficiaron de apoyo económico, frente al 6 % de las explotaciones dirigidas por mujeres.\nNo existe una gran brecha de género en relación con el propósito de la actividad agrícola. Los datos revelan que la gran mayoría de las explotaciones agrícolas producen únicamente para consumo propio, mientras que el 16 % de las explotaciones dirigidas por hombres y el 12 % de las explotaciones dirigidas por mujeres producen tanto para consumo propio como para venta. Varios indicadores estadísticos ponen de relieve las diferencias sociodemográficas entre las mujeres rurales y urbanas. Las mujeres rurales constituyen casi el 30 % de la población total del país y el 51 % de la población residente en las zonas rurales. Entre las mujeres que migran por motivos laborales, su proporción en las zonas rurales asciende a casi el 70 %. La esperanza de vida al nacer de las mujeres rurales es inferior a la de las mujeres urbanas en más de 3 años y su promedio de edad es 1,2 años más bajo. Enlos últimos cinco años, esta diferencia ha registrado una tendencia al alza. El envejecimiento de la población es mayor en las zonas rurales y el coeficiente de envejecimiento entre las mujeres rurales, en continuo ascenso, es especialmente elevado y alcanzó el 19,4 % (el 1 de enero de 2015), superando en 1,3 puntos porcentuales el respectivo valor registrado entre las mujeres de las ciudades y en 3,2puntos porcentuales a la media nacional (era del 16,2 % el 1 de enero de 2015).\nEl Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social puso en marcha en 2017 y 2018 el Programa de Pequeñas Subvenciones destinado a apoyar y fomentar el envejecimiento activo en la República de Moldova. La duración de la ejecución de los proyectos son 10 meses y 7 meses, respectivamente, y el importe total son 100.000 lei al año, concedidos con cargo al presupuesto del Estado.\nEl nivel educativo de las mujeres de las zonas rurales es mucho más bajo que el de las mujeres en las ciudades. Solo el 46,4 % de las mujeres rurales activas han cursado educación superior, educación secundaria especializada o educación secundaria profesional y el porcentaje ha registrado una tendencia constante a la baja en los últimos años.\nLas estadísticas muestran que el acceso de las mujeres rurales a los servicios sanitarios es más bajo que el de las mujeres de las zonas urbanas, y el número medio anual de visitas al médico es 3,4 en las zonas rurales frente a 4,4 en las zonas urbanas, mientras que una quinta parte de las mujeres rurales considera su estado de salud malo o muy malo frente al 14,5 % de las mujeres urbanas. Al mismo tiempo, más de una cuarta parte de las mujeres rurales no tienen una póliza de seguro médico, frente a solo el 15 % de las mujeres urbanas.\nLas razones del limitado acceso a los servicios sanitarios son diferentes; sin embargo, los motivos principales esgrimidos son los relacionados con cuestiones económicas.\nLas personas de las zonas rurales son los principales solicitantes del Programa de Ayuda Social.\nCon el fin de elevar la tasa de empleo, incluida la de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, en 2013 se aprobó el Reglamento Marco sobre Organización y Creación de la Oficina Conjunta de Información y Servicios. Durante 2013-2016, alrededor de 49.324 personas se acogieron a los servicios prestados por la Oficina.\nEn las comunidades con una alcaldesa, el nivel de confianza (entre quienes tienen mucha confianza) es del 34 %, frente al 6 % en las comunidades con un alcalde. Se observa la misma tendencia cuando se mide la tasa de ciudadanos satisfechos con la actividad de su alcalde/alcaldesa: el 27 % están plenamente satisfechos con la actividad de las alcaldesas y el 6 % están plenamente satisfechos con la actividad de los alcaldes.\nEl número de puestos ocupados por mujeres aumentó ligeramente en las últimas elecciones locales. La proporción de alcaldesas es de algo más del 20 %. Lasmujeres ocupan menos del 20 % de los escaños en los consejos de distrito y el30 % de los escaños en los ayuntamientos (cuadro 4, anexo 2).\nEn 2014-2017, en el marco del programa “La mujer en la política”, aplicado por ONU-Mujeres en colaboración con el PNUD, con el apoyo financiero del Gobierno de Suecia, se respaldó el desarrollo de la capacidad de las mujeres antes, durante y después de las elecciones locales.\nLa legislación nacional es en su mayor parte compatible con las mejores prácticas internacionales de prevención y lucha contra la discriminación y garantiza a todos los ciudadanos, extranjeros y apátridas que viven en su territorio los derechos y libertades.\nAdemás, la Ley de Garantía de la Igualdad tiene como objetivo prevenir y combatir la discriminación y garantizar la igualdad de todas las personas en la República de Moldova en los ámbitos político, económico, social, cultural y otros ámbitos de la vida, con independencia de la raza, el color, la nacionalidad, el origen étnico, el idioma, la religión o creencia, el sexo, la edad, la discapacidad, la opinión, la afiliación política o cualquier otro criterio similar.\nEl marco regulatorio relacionado con el Catastro prevé los mismos derechos y obligaciones para las mujeres y los hombres y no contiene ninguna forma de discriminación contra la mujer.\nDesde el 28 de abril de 2014 se ha liberalizado el régimen de visados para los ciudadanos moldovos mediante la modificación del Reglamento núm. 539/2001 de la UE sobre la abolición del requisito de visados en el espacio Schengen para viajes de corta distancia de moldovos que tengan pasaportes biométricos.\nAsí, más de 300.000 ciudadanos de la República de Moldova se beneficiaron, sin restricciones basadas en el género, de la exención de visado en el espacio Schengen, mientras que se registraron pocos casos de no admisión de la entrada al EMUE, de devolución desde la frontera, de superación del período de 90 días y de solicitudes de asilo.\nHabida cuenta del aumento de la movilidad laboral entre países y la migración de la población en edad de trabajar —un problema al que ha enfrentado la República de Moldova durante las últimas décadas— la coordinación de los sistemas de seguridad social se ha convertido en un componente importante de la política social promovida por el Gobierno. De este modo, en 2018, el Gobierno había celebrado 13acuerdos en el ámbito de la seguridad social (con Rumania, Portugal, Bulgaria, Luxemburgo, Austria, Estonia, la República Checa, Polonia, Hungría, Bélgica, Lituania, Alemania y Turquía). Se están negociando acuerdos con Letonia, Israel, Belarús e Italia. Hasta ahora se han celebrado acuerdos sobre migración laboral conla Federación de Rusia, Ucrania, Belarús, Azerbaiyán, Italia, Israel, Francia yBulgaria.\nCon el fin de armonizar el marco regulatorio con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2017 se modificó el Código Civil y se complementó con disposiciones destinadas a aplicar medidas de protección judicial a las personas con enfermedades mentales o con una discapacidad física, mental o psicológica. Las medidas de protección pueden ser contractuales (contrato de asistencia, mandato de protección futura) y judiciales (protección provisional, administración fiduciaria, tutela) y perseguir el interés y bienestar de la persona para la que se establece y se favorece la autonomía, en la medida de lo posible. Al tomar cualquier decisión relativa a la persona respecto dela cual se establece una medida de protección o relativa a sus intereses patrimoniales, el tribunal, la autoridad tutelar y la persona a cargo de la protección (el asistente, el representante autorizado a la protección en el futuro, el protector provisional, el fideicomisario, el tutor, los miembros del consejo de familia) darán prioridad a los deseos y sentimientos de la persona protegida, expresados por ella misma o, a petición suya, con la ayuda de la persona de confianza.\nSiguiendo las recomendaciones del CEDAW, se han establecido nuevos procedimientos transparentes para registrar casos de violencia en las instituciones estatales que ofrecen acogimiento de por vida a los beneficiarios. Así, en 2017 se registraron 26 casos de violencia, entre ellos 14 casos de violencia entre beneficiarios del centro de acogimiento temporal de personas con discapacidad (adultos) de Branzeni (incluidas cuatro beneficiarias); 6 casos en el centro de acogimiento temporal de personas con discapacidad (adultos) de Balti, incluidas 2mujeres (1 beneficiaria y 1 enfermera); y 6 casos en el centro de acogimiento temporal de niños con discapacidad de Orhei, incluida 1 mujer (enfermera). Durante los 6 primeros meses del año 2018 se registraron 7 casos de violencia en Branzeni, incluidas 2 mujeres, y 1 caso en Balti. En todos los casos se notificó a las fuerzas de seguridad y se llevó a cabo una investigación interna. Se organizaron sesiones de trabajo con el personal de las instituciones para prevenir casos similares. Los padres de los beneficiarios también participaron en la solución de algunos casos en Orhei.\nLa relaciones de parentesco se regulan de acuerdo con el principio de monogamia, el matrimonio basado en el consentimiento libre del hombre y la mujer, la igualdad de derechos de los cónyuges en la familia, el apoyo material y moral mutuo, la fidelidad conyugal, la prioridad de la educación del niño en la familia, el cuidado de la manutención, la educación y la protección de los derechos e intereses de los menores y otros miembros de familia que son incapaces de trabajar, la solución amistosa de todos los problemas de la vida familiar, la inadmisibilidad de la injerencia deliberada en las relaciones de parentesco, y el acceso libre a la protección judicial de los derechos e intereses legales de los miembros de la familia.\nTodas las personas casadas tienen igualdad de derechos y obligaciones en las relaciones de parentesco, independientemente del género, la raza, la nacionalidad, el origen étnico, el idioma, la religión, la opinión, la afiliación política, el patrimonio y el origen social.\nSolo el matrimonio oficiado por los servicios de registro civil del Estado crea los derechos y obligaciones entre cónyuges previstos en el Código de Familia. Para celebrar el matrimonio, es necesario el consentimiento mutuo incorrupto expresado personalmente y de manera incondicional por la mujer y el hombre que van a contraer matrimonio, si han cumplido la edad para casarse (18 años).\nTodos los problemas de la vida familiar son resueltos por los cónyuges de manera conjunta, de acuerdo con el principio de igualdad en sus relaciones de parentesco. Cada cónyuge tiene derecho a seguir ejerciendo o escoger de manera independiente su ocupación y profesión. Los cónyuges establecen su residencia de manera libre e independiente.\nLos progenitores tienen los mismos derechos y obligaciones hacia los hijos, independientemente de que estos hayan nacido dentro o fuera del matrimonio o de que vivan con sus padres o por separado. Al mismo tiempo, los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos y obligaciones hacia los padres y parientes que los hijos nacidos de personas casadas.\nLos hijos nacidos por inseminación artificial o fecundación in vitro tienen los mismos derechos que los hijos nacidos por reproducción natural.\nLos derechos del niño no se ven afectados por el divorcio, la nulidad del matrimonio o la vida por separado de los progenitores. Cuando los progenitores viven separados, el niño tiene derecho a comunicarse con ambos.\nEn cumplimiento de la legislación nacional, los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son bienes conjuntos, salvo que, con arreglo a la legislación o un contrato celebrado entre ellos, se establezca otro régimen jurídico para dichos bienes. Se presume que los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son bienes comunes, a menos que se demuestre lo contrario.\nAsimismo, cabe señalar que el procedimiento de disolución del matrimonio no discrimina por razón de género, y el matrimonio puede terminarse mediante divorcio, basado en la petición de uno o ambos cónyuges. Sin el consentimiento de la mujer, el marido no puede solicitar el divorcio durante el embarazo y en el plazo de un año después del nacimiento si el niño nació vivo y sigue viviendo.\nSi los progenitores viven separados, el domicilio de los niños que no hayan cumplido 14 años será determinado con el consentimiento de los primeros. Si no se obtiene el consentimiento, un tribunal de justicia decidirá el domicilio del menor, teniendo en cuenta los intereses y opiniones del niño (si ha cumplido 10 años).\nEn el caso de los menores de 16 años, tanto el menor como su representante legal expresan el consentimiento voluntario para recibir servicios de atención de la salud reproductiva. Cuando es imposible obtener el consentimiento del representante legal del menor y cuando los servicios sanitarios están indicados para preservar su vida y su salud, basta con su consentimiento voluntario.\nLa persona o personas que han dado su consentimiento informado por escrito al uso de tecnologías médicas de reproducción humana asistida, en caso de nacimiento mediante este método, son inscritas como progenitores del niño de la manera establecida por el Código de Familia y no tendrán derecho a impugnar la maternidad y paternidad haciendo referencia a estas circunstancias.\nAl mismo tiempo, el Gobierno aprobó el Programa Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para el período 2018-2022, que tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios y la información y su calidad. De este modo, se prevé el derecho de toda persona a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos y el momento del nacimiento y a contar con la información y los medios necesarios para poder ejercer este derecho.\nEl nuevo marco jurídico sobre la libertad de circulación y la inmigración de ciudadanos extranjeros en la República de Moldova, que garantiza un mecanismo integral, uniforme y continuo para regular el régimen de los extranjeros en el territorio del país, se aprobó en cumplimiento con el Derecho comunitario.\nUn extranjero que tenga un permiso de estancia temporal o permanente en laRepública de Moldova puede solicitar autorización para la reagrupación familiar. La Ley de Asilo establece que las autoridades competentes respetarán el principio de unión familiar de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los miembros de la familia del beneficiario de una forma de protección disfrutarán del mismo tipo de protección y la misma condición que el beneficiario.\nA.Avances en el fomento de la igualdad de género/la garantía de losderechos de la mujer\nDurante el período sobre el que se informa, la República de Moldova se ha esforzado por garantizar la aplicación Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y las recomendaciones del CEDAW.\nEl Estado presta especial atención al cumplimiento de los compromisos contraídos como resultado de la adhesión a tratados internacionales de derechos humanos, lo que queda patente con el hecho de que el principio de igualdad se garantiza a través de una serie de leyes orgánicas y ordinarias. La legislación nacional se complementó con numerosas disposiciones, que establecen el principio de igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos.\nActualmente existe un mecanismo institucional estatal estructurado en el ámbito de la igualdad de género (el Comité Gubernamental para la Igualdad de Género, el Departamento de Políticas para la Garantía de la Igualdad de Género/Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, coordinadores de cuestiones de género/grupos de coordinación sobre género en los ministerios y otras autoridades de la administración pública central), lo que es un indicador positivo en el proceso de democratización.\nCon el fin de cumplir las recomendaciones del CEDAW, la República de Moldova adoptó tres estrategias en este ámbito: la Estrategia para la Igualdad de Género 2017-2021, la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica 2018-2023 y la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 2018-2023. Además, se mejoró el marco regulatorio en el ámbito referido mediante modificaciones y adiciones en el marco normativo en los ámbitos de garantía de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención y lucha contra la violencia doméstica y la trata de persona con el fin de ajustar el marco normativo a las normas internacionales: Ley núm. 71/2016 y Ley núm. 196/2016. Se adoptaron medidas para supervisar las políticas aplicadas, se desarrolló el sistema de datos estadísticos sensibles a las cuestiones de género, etc.\nLos esfuerzos para fomentar la igualdad de género se orientaron a la solución de problemas específicos relacionados con la aplicación de la política de género y la eliminación de la discriminación por razón de género en diversos ámbitos, especialmente en el mercado laboral. Como resultados esenciales, cabe señalar la elaboración de la nueva Ley de Empleo, la aprobación de la estrategia en este ámbito para el período 2017-2022, la creación del puesto en el Observatorio del Mercado Laboral y la creación de comités de formación profesional sectorial en cuatro sectores económicos: agricultura e industria alimentaria, industria ligera y comercio, hostelería y restauración.\nLas medidas adoptadas por las autoridades estatales en el ámbito de la atención sanitaria, con el apoyo de proyectos internacionales, contribuyeron a reducir las tasas de mortalidad materna y en menores de 1 año, garantizando el acceso de las mujeres y las niñas con discapacidad a los servicios de salud reproductiva.\nLas medidas estatales en el ámbito de la educación dieron lugar al fomento de la igualdad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).\nEn los últimos años ha aumentado el diálogo entre las estructuras estatales y las OSC en este ámbito mediante su participación directa en la elaboración de documentos de política y actividades específicas a nivel social/comunitario.\nCon el apoyo de asociados internacionales, se han realizado numerosos estudios en términos de género en el ámbito de la sanidad, la protección social, el mercado laboral, la trata de personas, la violencia doméstica, etc., que contribuyeron a la percepción exhaustiva de los fenómenos abordados y la determinación de las dificultades y las necesidades de las mujeres y los hombres en los segmentos mencionados. Algunas de las conclusiones y recomendaciones se tuvieron en cuenta durante la elaboración de políticas públicas y documentos sectoriales.\nDurante el período sobre el que se informa, las estructuras estatales competentes autorizadas entablaron un diálogo constructivo con los asociados internacionales: el UNFPA, ONU-Mujeres, la OIM, la OSCE, la Misión en Moldova, ONUSIDA, el PNUD, etc. con el fin de explorar la dimensión de género en la ejecución de las actividades previstas.\nSe realizaron esfuerzos considerables para promover el principio de igualdad de género en el sector de la seguridad y la defensa: se llevaron a cabo estudios y análisis desde la perspectiva de género, se elaboraron materiales didácticos y recursos de información para profesionales del ámbito, y se aprobó el Programa Nacional de Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad para el período 2018-2021, y el Plan de Acción para aplicar el programa.\nEn colaboración con los asociados para el desarrollo, el Gobierno ha llevado a cabo una serie de actividades para reforzar la capacidad de los encargados de formular políticas, los profesionales de diversos ámbitos, los representantes de la sociedad civil y las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables en materia de dimensión de género, prevención y lucha contra la trata de personas.\nB.Obstáculos y limitaciones\nA pesar de las tendencias de reducción de la pobreza, el ingreso disponible medio por miembro de la familia solo cubre el 92 % del mínimo de subsistencia. El éxodo de población en edad de trabajar en busca de empleos mejor remunerados tiene una incidencia negativa en la seguridad demográfica de la población.\nLa situación de las mujeres es contradictoria. A pesar de tener la misma cualificación profesional que los hombres, incluso mayor en algunos sectores, las mujeres a menudo desempeñan trabajos que requieren baja cualificación, con salarios más bajos que los hombres. La masculinización y la feminización de los empleos todavía persisten en el mercado laboral. Por otro lado, la insuficiencia de servicios de educación preescolar temprana impide que las mujeres con hijos pequeños se integren en el mercado laboral.\nMás allá de la tendencia positiva de aumento del número de mujeres en puestos decisorios, están infrarrepresentadas en los puestos jerárquicos superiores. Apesar de la adopción de medidas de acción afirmativa (cuota del 40 %), su aplicación sigue siendo difícil debido a la falta de mecanismos de aplicación y supervisión de la cuota.\nLos fenómenos de violencia contra la mujer, violencia doméstica y trata de personas siguen siendo un problema considerable para el estado de derecho y la democracia en el país. Son necesarias las siguientes medidas: ajuste de los mecanismos de aplicación del marco jurídico y regulatorio existente, creación de una respuesta multidisciplinaria coordinada de todas las estructuras competentes a estos fenómenos, asignación de recursos suficientes, ejecución de programas educativos/informativos para la población, desarrollo de servicios adecuados y formación de especialistas.\nLa escasa información de las personas sobre la igualdad de género, sus derechos y las posibilidades de reivindicarlos sigue siendo un segmento insuficientemente explotado. Es necesaria la participación activa de los medios de comunicación en la educación de la sociedad en el espíritu de la igualdad de género mediante la eliminación del sexismo del lenguaje y la publicidad, los estereotipos degénero, etc.\nLas oportunidades y posibilidades de poner en marcha un negocio en las zonas rurales son limitadas, en el contexto de la migración económica y los problemas demográficos. El desarrollo y el apoyo de programas de emprendimiento, en particular para mujeres, jóvenes y ancianos, mejoraría la lamentable situación socioeconómica, reduciría los flujos migratorios y mitigaría las consecuencias negativas del envejecimiento de la población.\nEl sistema de protección social, que está insuficientemente armonizado con las tendencias demográficas y los importantes problemas sociales, no es sensible a la dimensión de género y requiere un ajuste a estas dimensiones.\nOtro problema es la escasa aplicabilidad de los mecanismos de aplicación del marco regulatorio y su falta de armonización con las normas internacionales, incluidas las directivas de la UE. La falta de programas institucionalizados de formación previa al empleo y en el empleo de los funcionarios públicos sobre cuestiones de género limitaron su eficiencia.\nLa reticencia de las autoridades a garantizar un enfoque integral de igualdad de género en documentos de política sectorial, incluida la implantación de una elaboración de presupuestos con perspectiva de género, afecta al desarrollo sostenible de la sociedad y requiere mayores esfuerzos en este ámbito.\nAl mismo tiempo, es necesario ajustar los programas financiados por donantes a las necesidades del país incluyendo la dimensión de género y coordinando los recursos existentes.