Sobre la justificación última de la ética de la propiedad privada | Instituto Mises\nHome | Wire | Sobre la justificación última de la ética de la propiedad privada\nTags Propiedad Privada\n[Capítulo 13 de Economics and Ethics of Private Property]\nLudwig von Mises, en su obra maestra La acción humana, presenta y explica todo su cuerpo de teoría económica como implícita y deducible de una comprensión conceptual del significado de la acción (además de unos pocos supuestos generales explícitamente introducidos acerca de la realidad empírica en la que tiene lugar la acción). Llama a este conocimiento conceptual el “axioma de la acción” y demuestra en qué sentido el significado de acción a partir del cual se desarrolla la teoría económica, es decir, de valores, fines y medios, de decisión, preferencia, beneficio, perdida y coste, debe considerarse un conocimiento a priori. No deriva de las impresiones sensitivas, sino de la reflexión (no se ven acciones, sino que más bien se interpretan ciertos fenómenos físicos como acciones). Y lo que es más importante, no es posible invalidarlas por ninguna experiencia, porque cualquier intento de hacerlo ya presupondría la existencia de acción y de un actor que comprenda las categorías de la acción (experimentar algo es, después de todo, una acción intencional en sí misma).\nAsí que, habiendo reconstruido la economía como, en último término, derivada de una proposición verdadera a priori, Mises puede afirmar haber proporcionado un fundamento definitivo para la economía. Llama a la economía así fundamentada “praxeología”, la lógica de la acción, para destacar el hecho de que sus proposiciones pueden de mostrarse de forma definitiva en virtud del indiscutible axioma de la acción y las igualmente indiscutibles leyes del razonamiento lógico (como las leyes de la identidad y la contradicción), es decir, completamente independiente de cualquier tipo de prueba empírica (como las empleadas, por ejemplo, en física). Sin embargo, aunque su idea de la praxeología y su construcción de todo un cuerpo de pensamiento praxeológico le coloca entre los más grandes de la tradición occidental moderna del racionalismo en su búsqueda de ciertos fundamentos, Mises no piensa que pueda aceptarse otra afirmación de esta tradición: la afirmación de que hay asimismo fundamentos en asuntos éticos. Según Mises, no existe una justificación definitiva para las proposiciones éticas en el mismo sentido en que existe una para las proposiciones económicas. La economía puede indicarnos si ciertos medios son o no apropiados para producir ciertos fines, pero el si estos fines pueden considerarse como justos es algo que no puede determinar la economía ni ninguna otra ciencia. No hay justificación para elegir un fin en lugar de otro. En último término, el fin que se elija es arbitrario desde un punto de vista científico y es un asunto de capricho subjetivo, imposible de justificar más allá del mero hecho de que sencillamente se prefiere.\nMuchos libertarios han seguido a Mises en este punto. Como Mises, han abandonado la idea de un fundamento racional de la ética. Igual que él, aprovechan todo lo posible las proposiciones económicas de que la ética de la propiedad privada libertaria produce un nivel de vida en general superior a cualquier otro; de que la mayoría la gente realmente prefiere mejores niveles de vida a peores y de que, por tanto, el libertarismo debería resultar muy popular. En último término, como indudablemente sabía Mises, esas consideraciones solo pueden convencer sobre el libertarismo a alguien que ya haya aceptado el objetivo “utilitarista” de la maximización general de la riqueza. Para quienes no comparten este objetivo, no resultan en absoluto convincentes. Así que, en el análisis final, el libertarismo no se basa nada más que en un acto arbitrario de fe.\nA continuación esbozo un argumento que demuestra por qué esta postura es insostenible y cómo puede justificarse definitivamente la ética de la propiedad privada esencialmente lockeana de libertarismo. En la práctica, este argumento se apoya la postura de los derechos naturales del libertarismo expuesta por el otro maestro pensador del movimiento libertario moderno, Murray N. Rothbard (sobre todo en su Ética de la libertad). Sin embargo, el argumento que establece la justificación última de la propiedad privada es distinto del que normalmente ofrece la tradición de los derechos naturales. Más que esta tradición, es Mises y su idea de la praxeología y las pruebas praxeológicas el que proporciona el modelo.\nDemuestro que solo puede justificarse argumentativamente la ética de la propiedad privada libertaria, porque es la de su posición praxeológica de la argumentación como tal, y que cualquier propuesta desviada o no libertaria puede demostrarse que viola esta preferencia demostrada. Puede hacerse una propuesta así, por supuesto, pero su contenido proposicional iría en contradicción con la ética para la que alguien ha demostrado una preferencia, en virtud del propio acto de realizar la proposición, es decir, por el acto de iniciar una argumentación como esa. Por ejemplo, se puede decir “la gente es y siempre será indiferente hacia hacer cosas”, pero esta proposición se basará en el mismo acto de hacer propuestas, lo que en realidad demostraría una preferencia subjetiva (al decir esto en lugar de decir alguna otra cosa o no decir nada en absoluto). Igualmente, las propuestas éticas no libertarias se ven falsadas por la realidad de proponerlas en la práctica.\nPara llegar a esta conclusión y entender correctamente su importancia y fuerza lógica, son esenciales dos ideas.\nPrimero, hay que advertir que la cuestión de lo que es justo o injusto (o, en ese sentido, la cuestión más general de qué es una proposición válida y qué no) solo aparece en la medida en que yo y otros seamos capaces de intercambios proposicionales, es decir, de argumentar. La cuestión no se plantea frente a una piedra o un pez, porque son incapaces de realizar dichos intercambios y producir proposiciones que reclamen validez. Pero si es así (y no se puede negar que es así sin contradecirse, ya que no se puede argumentar que no se puede argumentar), entonces cualquier propuesta ética, así como cualquier otra proposición, debe asumirse que afirma que puede validarse por medios proposicionales o argumentativos. (También Mises, en la medida en que formula proposiciones económicas, debe asumirse que afirma esto). De hecho, al producir cualquier proposición, abiertamente o como un pensamiento interno, uno demuestra sus preferencias por la voluntad de confiar en medios argumentativos para convencer de algo a otros o a uno mismo. Por tanto, resulta bastante trivial ver que no hay manera de justificar nada, salvo mediante una justificación por medio de intercambios de argumentos proposicionales. Sin embargo, debe considerarse la derrota definitiva de una propuesta ética si se puede demostrar que su contenido es lógicamente incompatible con la afirmación del proponente de que su validez es evaluable por medios argumentativos. Demostrar esa incompatibilidad equivaldría a una prueba de imposibilidad y dicha prueba constituiría la derrota más mortal posible en el ámbito de la investigación intelectual.\nSegundo, debe advertirse que la argumentación no consiste en proposiciones aisladas, sino que es una forma de acción que requieren empleo de medios escasos y que los medios que una persona demuestra preferir al dedicarse a intercambios proposicionales son de propiedad privada. Para empezar, nadie podría proponer nada ni nadie podría convencerse de ninguna proposición por medios argumentativos si no se presupusiera el derecho de una persona a hacer un uso exclusivo de su cuerpo físico. Es el reconocimiento del control mutuamente exclusivo de cada uno sobre su propio cuerpo lo que explica el carácter distintivo de los intercambios proposicionales de que, aunque se pueda estar en desacuerdo con lo que se haya dicho, sigue siendo posible estar de acuerdo al menos con el hecho de que hay desacuerdo. También es evidente que el derecho de propiedad al propio cuerpo debe estar justificada a priori, pues cualquiera que trate de justificar cualquier norma tendría que haber presupuesto o antes el derecho exclusivo de control sobre su cuerpo como una norma válida simplemente para poder decir “propongo esto y aquello”. Cualquiera que discuta ese derecho se vería atrapado en una contradicción práctica, ya que argumentarlo ya implicaría la aceptación de la misma norma que está discutiendo.\nAdemás, sería igualmente imposible sostener una argumentación durante un tiempo y confiar en la fuerza proposicional de los argumentos propios si no se nos permitiera apropiarnos, además de nuestro cuerpo, de otros medios escasos a través de la acción de ocupación (poniéndolos en uso antes de que lo haga otro) y si dichos medios y los derechos de control exclusivo con respecto a ellos no estuvieran definidos en términos físicos objetivos. Pues si nadie tiene el derecho a controlar nada en absoluto excepto su propio cuerpo, todos dejaríamos de existir y el problema de justificar normas sencillamente no existiría. Así, en virtud del hecho de estar vivos, deben de suponerse los derechos de propiedad a otras cosas para ser válidos. Nadie que esté vivo podría argumentar otra cosa.\nAdemás, si una persona no adquiriera el derecho de control exclusivo sobre dichos bienes mediante una acción de ocupación, es decir, estableciendo un enlace objetivo entre una persona concreta y un recurso escaso concreto antes de que lo haga cualquier otro, sino que por el contrario se supusiera que quienes llegaran después tendrían derechos de propiedad sobre bienes, no se permitiría a nadie hacer nada con nada, ya que uno tendría que tener el consentimiento de todos los que hubieran llegado después antes de poder hacer lo que se quiere hacer. Ni nosotros, ni nuestros antepasados, ni nuestra progenie podríamos sobrevivir, sobrevivimos, ni sobreviviríamos si se siguiera esta norma. Para que cualquier persona (pasada, presente o futura) argumente algo debe ser posible sobrevivir entonces y ahora y para hacer precisamente esto no pueden concebirse los derechos de propiedad como algo fuera del tiempo e inespecíficos con respecto al número de personas implicadas. Más bien debería pensarse en los derechos de propiedad como originados como resultado de personas concretas actuando en momentos concretos en el tiempo. De otra manera sería imposible que nadie dijera nada en primer lugar en un momento concreto, ni que nadie fuera capaz de replicar. Decir sencillamente que la norma “primer usuario, primer propietario” del libertarismo puede ignorarse o no se justifica implica una contradicción, pues para que alguien pueda decir eso se debe presuponer la existencia propia como una unidad independiente de toma de decisiones en un momento concreto.\nFinalmente, actuar y realizar proposiciones también sería imposible si las cosas adquiridas mediante ocupación no se definirán en términos objetivos y físicos (ni si, correspondientemente, las agresiones no se definieran como una invasión de la integridad física de la propiedad de otra persona), sino en términos de valores y evaluaciones subjetivas. Aunque cualquier persona puede tener control sobre si sus acciones causan o no un cambio en la integridad física de algo, el control sobre si las acciones propias afectan o no al valor de la propiedad de alguien se basa en otras personas y sus evaluaciones. Habría que interrogar y llegar un acuerdo con toda la población mundial para asegurarse de que las acciones planeadas no cambiarían las evaluaciones de cualquier otra persona con respecto a su propiedad. Es verdad que todos estaríamos muertos antes de que se logra esto. Además, la idea de que los valores de las propiedades deberían estar protegidos es argumentativamente indefendible, pues incluso para argumentar eso debe presuponerse que deben permitirse acciones antes de ningún acuerdo real. (Si fuera así, nadie podría ni siquiera hacer esta proposición). Sin embargo, si se permiten, esto solo es posible debido a límites objetivos de la propiedad, es decir, límites que toda persona puede reconocer como tales por sí misma sin tener que acordar primero con todos los demás en relación con el sistema propio de valores y evaluaciones.\nEstando vivo y formulando cualquier proposición, uno demuestra que cualquier crítica que no sea la ética de la propiedad privada libertaria es inválida. Si no fuera así y los posteriores ocupantes obtuvieran derechos legítimos sobre las cosas o las cosas poseídas se definieran en términos subjetivos, nadie podría sobrevivir como una unidad físicamente independiente de toma de decisiones en ningún momento del tiempo. Por tanto, nadie podría plantear nunca ninguna proposición que reclame validez.\nEsto concluye mi justificación a priori de la ética de la propiedad privada. Unos pocos comentarios con respecto a un tema ya tocado anteriormente, la relación de esta prueba “praxeológica” de libertarismo con la postura utilitarista y la de los derechos naturales, ha de completar la explicación.\nCon respecto a la postura utilitarista, la prueba contiene su refutación definitiva. Demuestra que, sencillamente, para proponer una postura utilitarista, deben presuponerse como válidos derechos exclusivos de control sobre el propio cuerpo y los bienes ocupados por uno. Más en concreto, con respecto al aspecto consecuencialista de libertarismo, la prueba demuestra su imposibilidad praxeológica: la asignación de derechos de control exclusivo no puede depender de ciertos resultados. No se puede actuar y proponer nada si no existen derechos de propiedad privada anteriores a un resultado posterior. Una ética consecuencialista es un absurdo praxeológico. Cualquier ética debe por el contrario ser “apriorística” o instantánea para hacer posible que se pueda actuar aquí y ahora y proponer esto o aquello en lugar de tener que suspender a la acción hasta un momento posterior. Nadie que defienda una ética de esperar al resultado podría decir nada si siguiera seriamente su propio consejo. Asimismo, en la medida en que los proponentes utilitaristas siguen existiendo, demuestran través de sus acciones que su doctrina consecuencialista es y debe considerarse como falsa. Actuar y hacer proposiciones requiere derechos de propiedad privada ahora y no puede esperar a que se asignen solo posteriormente.\nCon respecto a la postura de los derechos naturales, la prueba praxeológica, generalmente comprensiva como es con la postura anterior con respecto a la posibilidad de una ética racional completamente acuerdo con las conclusiones alcanzadas dentro de esta tradición (en concreto, por Murray N. Rothbard), tiene al menos dos características ventajosas. Para empezar, ha habido una disputa común con la postura de los derechos naturales, incluso por parte de observadores simpatizantes, en que el concepto de la naturaleza humana es demasiado difuso como para permitir la deducción de una serie determinada de normas de conducta. La aproximación praxeológica resuelve este problema reconociendo que no es el concepto más amplio de naturaleza humana, si no el más estrecho de los intercambios proposicionales y la argumentación el que debe servir como punto de partida para deducir una ética. Además, existe una justificación a priori para esta elección en la medida en que el problema de lo verdadero y lo falso, de lo correcto y lo incorrecto, no aparece independientemente de los intercambios proposicionales. Así que nadie podría enfrentarse a dicho punto de partida sin contradicción. Finalmente, es la argumentación la que requiere el reconocimiento de la propiedad privada, así que un enfrentamiento argumentativo a la validez de la ética de la propiedad privada es praxeológicamente imposible.\nSegundo, está la diferencia lógica entre las declaraciones “es” y “tendría que ser” que los defensores de los derechos naturales no han conseguido salvar con éxito, excepto para exponer algunos comentarios críticos generales con respecto a la validez última de la dicotomía hecho-valor. Aquí la prueba praxeológica de libertarismo tiene la ventaja de ofrecer una justificación completamente libre de valores de la propiedad privada. Se mantiene completamente en el ámbito de las declaraciones “es” y nunca trata de deducir un “tendría que ser” de un “es”. La estructura del argumento es esta: (a) la justificación es justificación proposicional, una declaración “es” verdadera a priori; (b) la argumentación presupone propiedad del propio cuerpo y el principio de ocupación, una declaración “es” verdadera a priori; (c) por tanto, no puede justificarse argumentativamente ninguna desviación de esta ética, una declaración “es” verdadera a priori. La prueba también ofrece una clave para comprender la naturaleza de la dicotomía hecho-valor: las declaraciones “tendría que ser” no pueden deducirse de declaraciones “es”. Pertenecen a ámbitos lógicos distintos. Sin embargo, también está claro que no se podría ni siquiera decir que haya hechos ni valores si no existieran intercambios proposicionales ni que esta práctica de intercambios proposicionales presuponga a su vez la aceptación de la ética de la propiedad privada como válida. En otras palabras, la cognición y la búsqueda de la verdad como tales tienen un fundamento normativo y el fundamento normativo sobre el que se basa la cognición y la verdad es el reconocimiento de los derechos de propiedad privada.


De la Vega, obsesionada con 'exportar' abortos\nEspaña promueve salud sexual y reproductiva en la cumbre de las africanas. De la Vega, en su salsa. Inés Alberdi, esposa de MAFO, plantea el problema de cargarse de hijos.\nEste fin de semana se han reunido en Valencia las Mujeres por un Mundo Mejor. Hace cuatro años les permitió a De la Vega y a Leyre Pajin vestirse de autóctonas en Maputo. Esta vez, la anfitriona ha sido De la Vega, en su salsa en un aquelarre feminista. Este año, les ha permitido hacerse la foto y vender empoderamiento de la mujer que, la verdad en inglés suena mucho mejor: 'empowerment'.\nEl caso es que la propuesta española consistía en promover el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas con un enfoque de género, generacional y étnico. Se lo traduzco: el Gobierno está empeñado en exportar el aborto a aquellas culturas y poblaciones que afortunadamente- lo rechazan. Todo el sarao consistía en eso. No en otra cosa.\nAl fin y al cabo, la gran obsesión de De la Vega es exportar aborto donde le dejen. La otra pata del aquelarre feminista es Inés Alberdi, esposa del gobernador del Banco de España. Alberdi es la presidenta de ONUFEM, el chiringuito de la mujer de Naciones Unidas. Pues bien, en el sarao feminista llegó a afirmarse que si las mujeres se cargan de hijos no es posible su empoderamiento. Los hijos son una carga, un problema. Todo muy femenino\nTodo ello aderezado con una gran mentira por mucho que se repitiera mil veces: las mujeres sólo gestionan el 1% del patrimonio mundial. Se olvidan estas feministas que las mujeres normalmente viven en pareja (antes llamado matrimonio) y que es en el matrimonio donde se gestiona el patrimonio familiar. Por otra parte, son las mujeres las que suelen tomar las decisiones de gasto y que disfrutan del patrimonio familiar al menos a partes iguales. Pero esto no parece terminar de convencer a las feministas de tomo y lomo. Lo único que les preocupa es exportar abortos.


Sentencia 1994-00840 de febrero 12 de 2014\nSENTENCIA 1994-00840 DE 12 DE FEBRERO DE 2014\nCONTENIDO:SILENCIO ADMINISTRATIVO. SE ESTUDIA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL EN VIGENCIA DE LA LEY 80 DE 1993.\nTEMAS ESPECÍFICOS:SILENCIO ADMINISTRATIVO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ADMINISTRATIVO\nSentencia 1994-00840 de febrero 12 de 2014\nRad. 05001-23-24-000-1994-00840-01 (21.576)\nDemandante: Sumar Ltda.\nAdvierte la Sala, con la anticipación que corresponde a esta clase de cuestiones, que declarará de oficio la excepción de inepta demanda, lo que impedirá estudiar de fondo el recurso de apelación, para lo cual expondrán las siguientes razones que conducen a ello: i) la competencia de la corporación para conocer del presente asunto; ii) lo probado en el proceso; iii) la excepción de inepta demanda y la competencia para declararla oficiosamente, y iv) el caso concreto.\nDe acuerdo con lo establecido en el artículo 129(3) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado —modificado por el Acuerdo 55 de 2003(4) —, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en las controversias de naturaleza contractual.\nAdicionalmente, en el asunto que ocupa a la Sala, se presentó la demanda el 1º de julio de 1994, y para que un proceso fuera de doble instancia su cuantía debía exceder de $ 9.610.000, y la pretensión mayor superaba tal monto, por lo que podía impugnarse.\n2. Lo probado en el proceso, que impone declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda.\nPara enfocar el alcance de la controversia, pero sobre todo el sentido de la decisión que se anunció, la Sala hará un recuento detallado de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, que resultan relevantes para el caso bajo estudio.\nSe destaca la existencia de un contrato de obra —folios 5 y siguientes, cuaderno 1— celebrado el 1º de noviembre de 1991, entre Sumar Ltda. —la demandante— y el municipio de Envigado —el demandado—, cuyo objeto consistió en la ejecución, por el sistema de precios unitarios y globales, de todas las obras que fueran necesarias para la construcción del canal de la Quebrada la Ayurá y sus vías laterales y/o parciales entre el Puente San Mateo y el Puente la Sebastiana (trans. 36 sur y transv. 34D sur) de acuerdo a los planos y especificaciones suministrados por el municipio y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.\nEl valor inicial fue de $ 460.211.999, y el plazo de 300 días solares, contados a partir de la fecha de iniciación indicada por la interventoría. No obstante, el contrato se adicionó en plazo y cuantía.\nNo existe prueba de que el contrato se haya liquidado, pero sí que Sumar Ltda. le presentó una reclamación al municipio de Envigado, el 12 de noviembre de 1993 —meses después de su vencimiento—, donde formalizó su inconformidad frente a todos los hechos generadores del incumplimiento que le imputa. En esta petición —que obra a folios 182 a 232 del cuaderno 1.— le manifestó lo siguiente:\ni) Se refirió a la falta de suministro de las fajas de terreno, y adujo que la obra tuvo que “... encausarse en forma ‘desordenada’, esto es, sin sujeción al programa de trabajo inicialmente proyectado...” —folio 189, cuaderno 1— como consecuencia de la falta de entrega de terrenos para ejecutar el contrato. Afirmó que como consecuencia de su incumplimiento, específicamente por no entregar a tiempo las fajas de terreno, no trabajó 66 días —sin contar sábados, domingos y festivos— motivo por el que se le generaron perjuicios en cuantía de $ 17.644.440 —folio 191, cuaderno 1—.\nLa Sala advierte, frente a esta reclamación, que a folios 17 y 18 de la demanda se presentó al juez exactamente la misma solicitud, y por el mismo concepto, en los siguientes términos: “la incidencia en el incumplimiento en la entrega de fajas de terreno sobre el rendimiento de las máquinas y el personal, se puede constatar en el hecho que durante 66 días, sin contar sábados, domingos y festivos, no se pudo trabajar” —folio 17, cuaderno 1—, igualmente los perjuicios ascendieron a $ 17.644.440.\nii) En el derecho de petición se precisó, además, que el municipio entregó las fajas de terreno en desorden, lo que provocó que Sumar Ltda. realizara los vaciados de concreto “al revés”, cuando lo programado era iniciarlos de abajo hacia arriba, es decir del Puente San Mateo hacia el Puente La Sebastiana, pero en realidad iniciaron en el medio de los dos tramos. En el mismo sentido, manifestó que “cada vez que se iba a hacer un vaciado de concreto se tenía que bombear agua, cuando lo que se había previsto era totalmente diferente, mientras se vaciaba en una margen, por la otra se desviaba la quebrada, para que cuando tocará vaciar en ella, ya la otra estuviera terminada y por allí se pudiera encausar el agua”. —folio 194, cuaderno 1—. También le señaló al municipio que para solucionar el problema encausó la quebrada por el centro y vació el concreto a lado y lado. Por lo expuesto, adujo que se hicieron bombeos “innecesarios” —folio 194, cuaderno 1— y se modificó significativamente el programa de vaciados. Finalmente, afirmó que estas circunstancias le generaron daños patrimoniales, que debían compensarse junto con los causados por la creciente de la Quebrada la Ayurá, el 7 de octubre de 1992, que ocasionó la pérdida de andamios, formaletas y bombas, dispuestas para los vaciados —que seguían allí por razones imputables al municipio toda vez que para entonces el plazo inicial ya estaba vencido—.\nLos perjuicios por la irregularidad de los vaciados de concreto ascendieron a $ 18.724.485 —folio 195, cuaderno 1—, resultantes de dos conceptos: i) por el bombeo: $ 8.625.839 —folio 198, cuaderno 1— y, ii) por sobrecostos a partir de septiembre 1º, comoquiera que en la fecha de terminación del plazo no se ejecutó la totalidad del negocio, $ 10.098.646 —folio 198, cuaderno 1—.\nSin embargo, nuevamente la Sala advierte que estos perjuicios son los mismos reclamados en la demanda que ahora se estudia, incluso con identidad de concepto y cuantía, porque a folio 18 del cuaderno 1 se estima por concepto de “perjuicios por la irregularidad de los vaciados de concreto” la suma de $ 18.724.485, que se discriminan en: i) bombeo y ii) sobrecostos de concreto a partir del 1º de septiembre de 1992, fecha en la que terminó el plazo de ejecución de las obras.\niii) En los cálculos del contratista, las bombas “innecesarias” —en caso de cumplimiento por parte del municipio— fueron utilizadas por 707 días —folio 197, cdno 1—; extra-costos que también reclamó en la demanda, como se advierte a folio 19 del cuaderno 1.\niv) Sumar Ltda. también reclamó en el derecho de petición que presentó el 12 de noviembre de 1993, los perjuicios causados por la creciente de un quebrada, el 7 de octubre de 1992, valorados en $ 6.582.964 —folio 199—. Esta cifra es la misma requerida, en igual monto, a folios 20 y 21 de la demanda.\nv) En la petición también se refirió a los “equipos y andamios” que se llevó la creciente, cuantificados en $ 4.734.308 —folio 199, cuaderno 1—. No obstante, también se solicitaron en la demanda, en los siguientes términos: “Equipos y andamios que se llevó la quebrada el 7 de octubre de 1992: (...)\n“Total. $ 4.743.308” —folio 20, cuaderno 1—.\nvi) Igualmente, en el derecho de petición del 12 de noviembre de 1993, Sumar Ltda. requirió del municipio el pago de la madera perdida, por valor de $ 248.840 —folio 199 y 200, cuaderno 1—. El mismo pago se solicitó a folio 20 de la demanda.\nvii) En la vía administrativa —el 12 de noviembre de 1993— Sumar Ltda. reclamó: el “pago de personal”, por valor de $ 1.061.400; el pago de la “comisión topográfica” por día, que ascendía a $ 28.800 —folio 200, cuaderno 1— La Sala hace notar que nuevamente estos conceptos se reclaman en la demanda, como se acredita a folio 22 del cuaderno 1.\nviii) El derecho de petición también se refirió a la “modificación del material de llenos y al incumplimiento en el correspondiente suministro”, así que calculó los perjuicios en $ 406.360 diarios, “por no llegar a la obra, como mínimo, los setenta (70) viajes exigidos para realizar los llenos con tierra suministrada por el municipio y por frente de trabajo” —folio 212, cuaderno 1—; cifra que también solicitó en la demanda, y por el mismo concepto —folio 23, cuaderno 1—.\nAhora bien, el contratista totalizó estos perjuicios, de acuerdo con el número de viajes y los días en los que recibió suministro de material, y la suma ascendió a $ 40.188.015, tanto en la reclamación administrativa —folio 215, cuaderno 1— como en la demanda —folios 23 a 27, del cuaderno 1—.\nix) Precisó, por otra parte, que como la “maquinaria estuvo disponible” en la obra los domingos y días festivos, desde agosto 20 de 1992 hasta enero 25 de 1993, los perjuicios que se le causaron ascienden a $ 6.600.000 —folio 215, cuaderno 1—; concepto y monto que también solicitó, del mismo modo, en la demanda —folio 27 del cuaderno 1—.\nx) Manifestó que el valor de la arenilla depositada en la obra y no utilizada por el cambio de material de llenos detrás de las estructuras fue de $ 2.908.973 —folio 216, cuaderno 1—; ítem que también solicitó, en los mismos términos, en la demanda —folio 28, cuaderno 1—.\nEn este sentido, el contratista también calculó —en la reclamación del 12 de noviembre de 1993— la utilidad dejada de percibir por no realizar la actividad de “llenos detrás de estructuras” con arenilla en $ 7.018.363 —folio 216, cuaderno 1—; que también coincide en la demanda, por la misma cuantía —folio 28, cuaderno 1—.\nxi) A través del derecho de petición también se le reclamó al municipio la utilidad dejada de percibir si las obras se hubieran terminado, que calculó en 8.175.382 —folio 217, cuaderno 1—; monto que solicitó, a folio 29 del cuaderno 1, en el escrito de la demanda.\nEn el mismo sentido, señaló en la reclamación del 12 de noviembre de 1993 que el municipio le generó perjuicios en la actividad de “cargue y botada de la tierra” —folio 217 y siguientes, cuaderno 1—; que también requirió en la demanda —folio 15 y 16, cuaderno 1—.\nxii) En la reclamación administrativa también se refirió al “retardo en la elaboración de las actas mensuales de obra”, a su ilegal aprobación y a la mora en el pago; que cuantificó en $ 21.752.701. La Sala encuentra que también se incluyeron en la demanda, como se advierte a folios 29 y 30 del cuaderno 1.\nxiii) El contratista le manifestó al municipio, en la petición del 12 de noviembre de 1993, que debía restituirle el descuento del Acta 13, cuyo valor ascendió a $ 951.136 —folio 224, cuaderno 1—; concepto que también solicitó en la demanda, pero lo cuantificó en $ 400.000 —folio 22, cuaderno 1—.\nxiv) En la vía administrativa, Sumar Ltda. reclamó los perjuicios causados “por la no presencia de la interventoría”, cuantificados en $ 13.277.352 —folio 227, cuaderno 1—; pero igualmente se solicitaron, en idéntica forma y por el mismo valor, en la demanda —folio 31, cuaderno 1—.\nxv) El contratista también señaló, en el derecho de petición, que como consecuencia de las exigencias de la interventoría tuvo que pintar unos muros en la cara que queda en contacto con el agua, y pagó por ese trabajo $ 4.489.875 —folio 227, cuaderno 1—; los mismos que reclama en la demanda —folio 31 del cuaderno 1—.\nxvi) Finalmente, por los extracostos causados solicitó: i) el pago de las columnas mellizas en muros especiales de placas prefabricadas, en cuantía de $ 2.897.172,67 —folio 228, cuaderno 1—; ii) el sobrecosto del hierro con relación a la sociedad Induferro, por $ 5.349.145 —folio 230, cuaderno 1—; iii) el pago por el alquiler de andamios y madera, después del 31 de julio de 1992, por $ 5.886.648 —folio 230, cuaderno 1—; y el pago realizado a la sociedad Vías y Vías Ltda. para ejecutar actividades que no fue posible realizar, por valor de $ 772.211 —folio 231, cuaderno 1—. La Sala constata que en la demanda se solicitan los mismos extracostos, y en idéntica cuantía —fls. 32 a 35, cuaderno 1—.\nA modo de conclusión, la Sala observa que las pretensiones reclamadas en el proceso sub iúdice corresponden, en su mayoría, a las mismas solicitadas en el derecho de petición que Sumar Ltda. presentó al municipio de Envigado, el 12 de noviembre de 1993, cuando el contrato ya había terminado.\nClaro está que los perjuicios derivados de la “disponibilidad del k” y las “respectivas actualizaciones” no se encuentran en la reclamación administrativa, pero sí en la demanda; no obstante esta falta de identidad, lo cierto es que se trata de dos aspectos que son una consecuencia del reconocimiento o no que se haga de los demás, cuyas consecuencias jurídicas se estudiarán a continuación.\n3. El silencio administrativo en las reclamaciones contractuales presentadas a la administración.\nPara enfocar la solución del problema que ofrece el caso sub iúdice habrá de tenerse en cuenta que el régimen jurídico del silencio administrativo ha variado entre los estatutos contractuales contenidos en los decretos leyes 150 de 1976 y el Decreto-Ley 222 de 1983 —que tenían la misma regulación de este tema—, de un lado; y la Ley 80 de 1993, del otro. La diferencia consiste en que si bien, en los dos primeros era posible que el contratista presentara peticiones o reclamaciones a la administración, en caso de configurarse el silencio administrativo se entendía que lo pedido se negaba; en cambio, con la Ley 80 de 1993, procediendo también el derecho de petición, en caso de silencio lo pedido se entiende concedido.\nEn el proceso sub iúdice, se sabe que la reclamación que Sumar Ltda. le presentó al municipio de Envigado no se resolvió, así que se configuró el acto administrativo presunto negativo, porque este contrato lo rige el Decreto 222 de 1983.\n3.1. El silencio administrativo contractual en vigencia del Decreto 222 de 1983.\nPese a la extensión y densidad que tuvo el Decreto-Ley 222, porque trató de regular demasiados temas de la contratación, lo cierto es que no reguló la institución del silencio administrativo que surgía en caso de falta de respuesta de la administración a una petición que presentara el contratista, lo que significó que ante el vacío se debía acudir al Código Contencioso Administrativo, que en el inciso segundo del artículo 1º dispuso que cuando un tema de procedimiento administrativo carecía de regulación especial, se aplicaba subsidiariamente dicha normativa(5). Precisamente, como el Decreto-Ley 222 no trató el tema, esto significaba:\ni) Que, desde luego, procedía el ejercicio del derecho de petición al interior de la actividad precontractual, contractual y postcontractual, porque la naturaleza y origen de ese derecho es constitucional —artículo 45 de la Constitución Política de 1886; y artículos 23 y 74 de la Constitución Política de 1991—.\nii) Por la razón anterior, las entidades públicas tenían el deber de responder las solicitudes, pero como no existía plazo especial el vacío lo cubría el Código Contencioso Administrativo, así que en el caso concreto era de 15 días hábiles, conforme lo dispuso el artículo 6º.\niii) No obstante, si pasado el término anterior la administración no contestaba, surgía la responsabilidad disciplinaria del funcionario, pero el contratista debía esperar la respuesta para controvertir la decisión que se le notificara, si fuera necesario.\niv) Sin embargo, en caso de que transcurrieran tres (3) meses desde que se presentó la reclamación, sin que se notificara la respuesta, se entendía negada la petición(6), decisión ficta o presunta cuya naturaleza corresponde a la de un acto administrativo.\nv) De otro lado, el régimen analizado no discriminaba entre las peticiones o reclamaciones presentadas durante las etapas: precontractual, de ejecución del contrato y postcontractual, así que los términos de respuesta y de configuración del silencio eran los mismos en cualquier de ellas.\n3.2. El silencio administrativo contractual en vigencia de la Ley 80 1993.\nEl artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993 modificó parcialmente el régimen preexistente en materia contractual. Estableció un supuesto especial de silencio administrativo positivo, teniendo en cuenta que la regla general que regía era el silencio negativo, salvo norma legal especial que establezca lo contrario(7). Dispone la norma:\n“ART. 25.—Del principio de economía. En virtud de este principio:(...)\n16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley”.\nEsta disposición la reglamentó en su momento por el artículo 15 del Decreto 679 de 1994, que estableció:\n“ART. 15.— Del silencio administrativo positivo. De conformidad con el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993, las solicitudes que presente el contratista en relación, con aspectos derivados de la ejecución del contrato y durante el período de la misma, se entenderán resueltas favorablemente a las pretensiones del contratista si la entidad estatal contratante no se pronuncia durante de los tres (3) meses a la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.\nPara que se configure el acto ficto positivo, las normas trascritas establecieron varios requisitos: i) la solicitud la debe presentar el contratista, ii) debe hacerlo ante la administración, iii) durante la ejecución del contrato y iv) la entidad ha debido guardar silencio frente a ella, por un lapso de tres (3) meses.\nSin embargo, esta norma no contempla toda la estructura jurídica formal y material del silencio administrativo, toda vez que una buena parte de su regulación se mantiene en el Código Contencioso Administrativo, al cual se debe acudir, nuevamente por aplicación del inciso segundo del artículo 1º del Decreto 01 de 1984 —hoy del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011—, que dispone: “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”.\nEn virtud del primer requisito, la solicitud la debe “presentar el contratista”, lo que parece obvio, aunque solo en forma aparente, porque en realidad eso no lo establece el artículo 25.16 de la Ley 80. Lo que dispone es que “las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato...” si la entidad no se pronuncia en 3 meses se configura el silencio positivo, y resulta que en esa etapa perfectamente pueden formular peticiones, relacionadas con el contrato, la compañía de seguros que ampara al contratista, otras entidades estatales o los ciudadanos —por ejemplo las veedurías, y en general cualquiera persona—. De entenderse literalmente la norma, toda petición en esta etapa, sin importar de quien provenga, produciría el silencio positivo.\nSin embargo, el artículo 15 del decreto reglamentario citado, interpretando correctamente el espíritu de la ley, establecía que la solicitud debe provenir del contratista, para que, eventualmente, produzca el silencio positivo. La Sala comparte este criterio, porque es razonable y consulta el sentido natural de la norma. Por tanto otra solicitud, en caso de mora de la administración en responderla, dará lugar a que se configure el silencio administrativo negativo, que es la regla general que contempla el Código Contencioso Administrativo.\nEl segundo requisito, establece que la solicitud se debe “presentar a la administración”, lo que parece obvio, porque así lo establece, expresamente, el artículo 25.16 de la Ley 80, y también su decreto reglamentario. Por tanto, las peticiones, reclamaciones u observaciones que también suele presentar el Estado al contratista, por distintas razones derivadas de la celebración del contrato, no configurarán este silencio, y ni siquiera el negativo, simplemente porque este régimen no cubre las respuestas que también debe dar el contratista a las comunicaciones de la entidad.\nSe trata de un sistema jurídico diferencial, donde el Estado, como parte del contrato, tiene una carga mayor que la del contratista, como integrante del negocio jurídico; estableciendo la ley un beneficio exclusivamente para este.\nEl tercer requisito exige que la petición se presente durante la ejecución del contrato, y excluye la configuración de esta modalidad de silencio frente a las solicitudes presentadas durante las etapas precontractual, de perfeccionamiento del contrato y de liquidación(8). En estos tres casos, el silencio que se configura ante una petición es el negativo —en el evento de no responderse—, pasados 3 meses de presentada la petición, por aplicación del artículo 40 del Código Contencioso Administrativo(9) —hoy del artículo 83 de la Ley 1437 de 2011—, pues no existiendo norma especial en la Ley 80 que regule estos supuestos, entonces rige este código.\nEn estos términos, la Ley 80 restringió a una etapa muy precisa del iter contractual la posibilidad de que se configure el silencio positivo, momento cuya existencia tiene variables que afectan su concreción. Pero antes de analizar ese aspecto es importante considerar que lo determinante para el artículo 25.16 no es tan solo que se esté en la etapa de ejecución, sino que la petición se presente durante ella, sin importar cuándo se resuelva o deba resolver. En estos términos, lo definitivo es la presentación de la solicitud, no la fecha o momento de la respuesta. En tal sentido, dispone claramente la norma que “las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato...” son las que tienen la posibilidad de configurar este silencio, haciendo abstracción de la etapa en la cual se respondan.\nSin embargo, la identificación de la fase de ejecución de un contrato estatal es un aspecto que en la praxis presenta usualmente variables, si se quiere distinguirla adecuadamente. El criterio inicial lo ofrece el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que establece:\n“ART. 41.—Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.\nPara la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto” (destacado fuera de texto).\nFormalmente hablando, cuando se cumplan las condiciones previstas en el inciso segundo ya es posible iniciar la fase de ejecución contractual. No obstante, se acostumbra pactar condiciones especiales para ello, por ejemplo: i) que la iniciación queda sujeta a la suscripción de un “acta de iniciación” del contrato —luego de cumplir los requisitos del artículo 41—, o ii) que será tan pronto se aprueben las garantías —es decir, que no se suscribe un “acta de inicio”—, y, en fin, iii) se acuerdan fórmulas semejantes, que contribuyen a determinar el inicio del plazo del contrato.\nCuando el contrato no regula el tema, a las partes y/o al juez les corresponde interpretar el problema, a la luz de la ley y del negocio jurídico mismo, para determinar cuál es el momento de iniciación de esta etapa.\nEl cuarto requisito que establece la ley, destacado atrás, exige de la administración responda oportunamente la petición.\n4. El caso concreto, a partir de las normas que regulan el silencio administrativo y la configuración de la excepción de inepta demanda.\nLa demanda es el instrumento a través del cual se ejercita el derecho de acción, es decir, que inicia el proceso judicial para obtener —mediante la sentencia— la resolución de las pretensiones que formula el demandante(10). Considerando, entonces, la importancia que tiene la demanda como mecanismo introductorio del proceso, es preciso tener en cuenta que la ley ha establecido diversos requisitos para el cumplimiento del presupuesto procesal denominado “demanda en forma”.\nDe acuerdo con esto, no cualquier escrito denominado demanda pone en funcionamiento la jurisdicción, toda vez que se debe cumplir con los requisitos dispuestos por la ley para estructurar la demanda en debida forma. Es así como, el Código Contencioso Administrativo reguló su contenido mínimo en los artículos 137 a 139(11) y, por tanto, para estructurarla de conformidad con las normas legales, es necesario acudir, únicamente, a lo establecido en esas disposiciones. En este sentido, los artículos 137 y 138 prescriben:\n6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia” (destaca la Sala).\nART. 138.—Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.\nSi se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren” (destacado fuera de texto).\n“La acción se dirige al juez, y por eso los sujetos de ella son únicamente este y el actor; la pretensión va dirigida a la contraparte, necesarios para que pueda originarse el proceso, debe contener lo que se pide, con sus fundamentos de hecho y de derecho; es decir, la pretensión y su razón. Para que el objeto de la acción se cumpla y haya proceso, basta que se reúnan los presupuestos procesales (competencia, capacidad de las partes, debida representación, ausencia de vicios de nulidad, condiciones de forma para toda demanda y las especiales para la clase de proceso de que se trata; véanse nums. 157-162); pero para que prospere la pretensión y la sentencia sea favorable, se requiere, además, que el actor pruebe el derecho en que la funda, que ese derecho no sea desestimado por consecuencia de una excepción del demandado, que se tenga legitimación en la causa e interés sustancial para obrar y que se reúnan los demás presupuestos materiales y sustanciales estudiados en el capítulo XV.”(12) (destacado fuera del texto).\nConforme a lo anterior, y teniendo presente que este análisis se realiza para estudiar la procedencia de la excepción de inepta demanda, analizada —aunque no declarada— por el a quo, es preciso considerar que esta se constituye, exclusivamente, cuando falta alguno de los presupuestos expresados, esto es, cuando no se cumple con lo prescrito en los artículos 137 a 139 del Código Contencioso Administrativo.\nAplicadas estas ideas al caso concreto, la Sala recuerda que la legislación aplicable a este contrato es el Decreto-Ley 222 de 1983, pues se celebró el 1º de noviembre de 1991, entre Sumar Ltda. y el municipio de Envigado.\nPor tanto, la reclamación presentada por Sumar Ltda., el 12 de noviembre de 1993, se debió responder dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, y en todo caso a más tardar pasados tres (3) meses desde esa fecha, es decir, el 12 de febrero de 1994. Como ninguna de las dos cosas sucedió, pese a que está demostrado en el proceso que se hizo la reclamación —prueba que aportó la misma parte actora—, entonces se configuró el silencio administrativo negativo, es decir, se produjo un acto administrativo ficto, que se presume legal, y por eso mismo es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que se anule la decisión negativa y se conceda lo pedido.\nAl revisar las pretensiones de la parte actora, la Sala encuentra que no demandó el acto administrativo que resolvió la reclamación, es decir que la definición administrativa del tema —así sea ficta— quedó sin control, y con presunción de legalidad. Por esta razón, la Sala declarará, oficiosamente, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, porque así fuera cierto que el municipio de Envigado incumplió el contrato de obra, lo determinante para este procesos es que los efectos del acto administrativo presunto derivado del silencio negativo —por la falta de respuesta a la reclamación que hizo Sumar Ltda., el 12 de noviembre de 1993—, quedarían incólumes, porque la parte actora no solicitó su nulidad, así que aún se presume válido.\nEn efecto, hay que precisar, en primer lugar, que el demandante presentó al municipio de Envigado una reclamación, que contenía los mismos ítems que se reclamaron en la acción contractual iniciada luego, es decir, se alegó el incumplimiento del contratista y la consecuente pérdida de la ecuación económica del contrato por la falta de entrega de las fajas de terreno, falta de suministro y suministro inadecuado del material de llenos, sobrecosto en materiales para los vaciados en concreto, entre otros.\nEn este sentido —como lo señaló la Sala—, la reclamación presentada antes de la demanda coincide en su objeto y cuantía con las pretensiones de reconocimiento y pago de perjuicios solicitados en la acción contractual. Por ende, si el mismo demandante intentó definir el conflicto en la vía administrativa, debió desvirtuar la presunción de validez de la respuesta ficta negativa que se produjo.\nEntonces, como el demandante acudió voluntariamente a la administración para reclamar los perjuicios, teniendo la posibilidad de demandar directamente ante la jurisdicción contenciosa, es decir, sin necesidad de agotar la vía gubernativa —como el mismo apelante lo expuso en su recurso—, al haberlo hecho quedó atado a la respuesta ficta negativa que se produjo, por tanto, al demandar luego el incumplimiento contractual debió solicitar la nulidad del acto administrativo que le negó exactamente las mismas prestaciones(13).\nEsto significa que si bien, es verdad que para ejercer la acción contractual no es requisito acudir previamente a la administración para discutir el derecho, y luego demandar el acto —artículo 135 del Decreto 1 de 1984(14)—; lo cierto es que Sumar Ltda. lo hizo, y por actuar así obtuvo una respuesta presunta negativa, que constituye un acto administrativo —inciso 2º del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo—, y por eso ya era necesario demandarlo, para removerlo del ordenamiento.\nAdemás, adquiere la mayor importancia saber que la reclamación presentada al municipio era idéntica en contenido y cuantía a las pretensiones formuladas en la demanda, y si Sumar Ltda. conocía la respuesta negativa de la administración, debió demandar la nulidad de ese acto, y además el incumplimiento y la liquidación del contrato. Basta observar el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, para constatar que la pretensión anulatoria no excluye otras, y que, contrario sensu a lo expuesto por el a quo, bien podía el demandante solicitar la nulidad del acto, la liquidación y el incumplimiento del negocio(15).\nEsta situación es muy frecuente en materia contractual, pero la legislación(16) y la jurisprudencia de esta corporación han sido enfáticas en señalar que es necesario individualizar y determinar con claridad el acto administrativo que define una situación jurídica contractual, so pena de que la demanda sea inepta, y el estudio de las pretensiones inocuo. Por ejemplo, la Sección Tercera, en sentencia del 9 de diciembre de 2011, Expediente 20.410, estableció, en esta línea argumentativa, que(17):\n“Esta exigencia tiene su explicación lógica, pues si se trata de excluir del tráfico jurídico una decisión ilegal que se halla contenida, como ya se explicó, en dos actos materialmente diferentes, los dos tienen que ser objeto de la declaratoria de nulidad, pues perviviendo uno de ellos, resulta inane la decisión judicial y se produce una situación contradictoria en virtud de la cual, subsistiría un acto que en esencia resulta ilegal, pero que por no haber sido demandado, no fue declarada su nulidad. Al respecto, el Consejo de Estado, en sus distintas secciones, se ha pronunciado sobre la necesidad de la correcta individualización del acto y las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicho deber...”.\nCabe advertir que lastimosamente al juez contencioso administrativo no le está permitido, oficiosamente, estudiar la validez de un acto administrativo contractual como este, por ende, quien pretenda dejarlo sin efectos tiene la carga de demandarlo, en los términos que exigía el Código Contencioso Administrativo, para garantizar el derecho de defensa de la contra parte.\nPor esta razón, la Sección Tercera, en eventos como el relatado, y de manera uniforme y sistemática, ha declarado, oficiosamente, la ineptitud sustantiva de la demanda, porque resulta inocuo estudiar el asunto de fondo si el acto administrativo que resolvió la situación jurídica está vigente, y no se demandó. En este sentido, se pronunció en la misma sentencia del 9 de diciembre de 2011, Expediente 20.410(18):\nEn conclusión, reitérese esta idea, si Sumar Ltda. pretendía en este proceso el pago de perjuicios, reclamados con antelación en la vía administrativa, debió solicitar la anulación del acto administrativo presunto que le negó la petición. Ahora, la Sala puede declarar de oficio esta excepción, incluso en la segunda instancia, porque la facultad-obligación la confiere en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:\nIncluso, la ley especial vigente para la fecha de celebración y ejecución del negocio —Decreto 01 de 1984—, también facultó al juez para declarar la excepción. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo estableció:\n“ART. 164. Excepciones de fondo. (...)\nFinalmente, si bien, es verdad que las pretensiones reclamadas en el proceso sub iúdicecorresponden, en su gran mayoría, a las mismas solicitadas en el derecho de petición que Sumar Ltda. presentó al municipio de Envigado; también es cierto que los perjuicios reclamados por: “disponibilidad del k” y las “respectivas actualizaciones” no se encuentran en la reclamación, pero sí en la demanda; así que frente a estas dos pretensiones en principio no se configura la ineptitud sustantiva de la demanda, porque la jurisprudencia ha expresado —Sección Tercera, sentencia de enero 24 de 2011, Expediente 16.492—:\n“No obstante lo anterior, la Sala ha dicho también que si bien lo anterior es correcto, como tesis general, es decir que siempre que se liquida unilateralmente un contrato se debe demandar su validez para formular, a su vez, otras pretensiones; esto tiene una excepción, lógica por demás: Esta tesis opera siempre y cuando lo pretendido esté ligado inescindiblemente a la liquidación unilateral, de modo que sin remover el acto administrativo de liquidación unilateral no sea posible —sin contradicción lógica— acceder a otras pretensiones.\nNo obstante, se dan supuestos —quizá sean pocos— donde, pese a existir una liquidación unilateral del contrato, una de las partes pretende en la demanda algo que no está resuelto directa o indirectamente en ella. Tal es el caso en que se solicite la declaración de nulidad del negocio. En este evento dicha pretensión puede y debe estudiarse, pese a que no se haya pedido también la nulidad de la liquidación. La razón es apenas evidente: En tal hipótesis lo pretendido no se definió en la liquidación, y no habría presunción de legalidad qué remover para acceder a la pretensión anulatoria”.\nAplicada la jurisprudencia citada, se advierte que en el caso concreto las dos pretensiones diferentes tienen una relación inescindible con lo decidido en el acto presunto negativo, ya que si allí se negó que la entidad estatal incumplió el contrato, obviamente resulta imposible acceder a una indemnización por “disponibilidad del k”, cuando el incumplimiento no existe, toda vez que no se demandó el acto que así lo dice; y lo mismo sucede con la pretensión de pago de las “respectivas actualizaciones”, pues sin condena a un capital mal puede actualizarse.\nEn consecuencia la ineptitud de la demanda incluye estas dos pretensiones, porque según lo expresa la sentencia citada: “Esta tesis opera siempre y cuando lo pretendido esté ligado inescindiblemente a la liquidación unilateral, de modo que sin remover el acto administrativo de liquidación unilateral no sea posible —sin contradicción lógica— acceder a otras pretensiones”, y esto es aplicable al caso, porque no obstante esta falta de identidad formal, lo cierto es que se trata de dos aspectos que son una consecuencia del reconocimiento o no que se haga de las demás pretensiones.\n1. REVÓCASE la sentencia proferida el 27 de abril de 2001, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Caldas y Chocó, que negó las pretensiones de la demanda.\n2. En su lugar, inhíbase para fallar, por estar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.\n(3) “ART. 129.— El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (...).”\n(4) “ART. 13.— Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (...)\n“Sección tercera (...)\n“Las controversias de naturaleza contractual.”\n(5) “ART. 1º—Campo de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de ‘autoridades’.\n“Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción” (destacado fuera de texto).\n(6) “ART. 40.—Silencio negativo. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.\n“La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto”.\n(7) Sobre el tema expresa Eduardo García de Enterría que: “El silencio positivo tuvo siempre un sentido y una funcionalidad diferentes. El artículo 95 LPA lo refirió a los supuestos de autorizaciones y a los de aprobaciones que hubieran de acordarse en ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores, es decir, a casos de control, preventivo o a posteriori, de la regularidad de ciertas actuaciones de los particulares o de órganos o entidades administrativas inferiores cuya voluntad debiera ser integrada por otra administración superior. En este marco se comprende sin dificultad que el silencio de la administración llamada a otorgar la autorización o aprobación pudiera sustituir a estas pura y simplemente, suavizando así el rigor propio del control policial o de tutela, instrumentado por la norma, pues conocida la actividad a controlar y transcurrido un tiempo prudencial sin que se formúlase objeción alguna por el órgano llamado a ejercerla, era lógico suponer el nihil obstat, la inexistencia del veto.” (Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas. Madrid. 1997. Pág. 588 y ss.)\nEl Profesor Fernando Garrido Falla “Afirma que es base de partida del silencio postivo: “que la disponibilidad sobre la actividad de que se trata pertenece al sujeto que se dirige en petición a la administración y que lo que a esta compete es un poder o facultad de veto que responde a su papel de vigilante del interés público; que dispone de un determinado lapso de tiempo para ejercerlo y que, si no lo ejerce, la actuación del peticionario surte plena eficacia jurídica.\n“Las entidades u organismos sometidos a cierto tipo de tutela o fiscalización superior, (.) actuaban en el ejercicio de su competencia, por lo que el principio era el de la validez y eficacia de sus actos ( aunque sometidos a la condición suspensiva y resolutoria de que no fuesen desautorizados por la autoridad superior). Obviamente, si la desautorización no se producía, surtían plenamente sus efectos. En eso consistía la técnica del silencio positivo.\n“Y es este, cabalmente, el régimen del silencio positivo en la Ley 30/92. ¿Qué significa, si no, hablar de derechos preexistentes? Pues si el derecho preexiste, es decir, si es anterior que la administración lo conceda, está claro que lo que a esta puede conceder la ley —en el mejor de los casos— es un derecho de veto a utilizar durante un plazo determinado y cuyo no uso —al igual que ocurre con otras instituciones de derecho público y constitucional— determina automáticamente la eficacia jurídica de los actos del “peticionario Pues[sic] si el derecho preexiste, es decir, si es anterior que la administración lo conceda, está claro que lo que a esta puede conceder la ley —en el mejor de los casos— es un derecho de veto a utilizar durante un plazo determinado y cuyo no uso —al igual que ocurre con otras instituciones de derecho público y constitucional— determina automáticamente la eficacia jurídica de los actos del “peticionario” ( en realidad peticionario de qué?) (Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos. Madrid. 1994. Pág. 490)\n(8) Esta Sección ha sostenido invariablemente esta tesis, entre muchas otras sentencias en la de 7 de octubre de 1999 —Expediente 16.165—, donde expresó: “Se destaca de la ley que el silencio u omisión de la administración contratante respecto de las peticiones del contratistas por fuera del término de ejecución contractual, de otra parte, no originan presunta respuesta positiva. Recuérdese que la ley condicionó la formulación de la petición a que se haga dentro “en el curso de la ejecución del contrato”.\nEn el mismo sentido la sentencia de esta misma Sección de 16 de febrero de 2001 —Expediente 18.063—: “Es cierto que el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone que en las solicitudes que se presenten en la ejecución del contrato, si la entidad no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Sobre el particular, la norma es aplicable a las diferencias presentadas dentro de la ejecución del contrato y con ocasión de su desarrollo. En cambio, en el caso sub examine el contrato había sido ejecutado, las obras entregadas y en fase de liquidación”.\nIgualmente en el auto de diciembre 13 de 2001 —Expediente 19.818— “b) Sin perjuicio de lo anterior, es especialmente relevante para el caso advertir, que las peticiones respecto de las cuales la entidad demandante pretende la ejecución del silencio administrativo positivo, fueron elevadas por esta a la entidad demandada luego de que tuviera lugar la ejecución de los respectivos contratos, según aparece expresamente consignado en la segunda de las declaraciones que contiene la respectiva escritura pública de protocolización (fl. 3 vlto. y 4, cdno. 1), circunstancia bajo la cual no tiene aplicación la figura jurídica que sobre el particular consagra el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, ya que el silencio administrativo positivo establecido en dicha norma se predica respecto de las peticiones que los contratistas dirigidas a las entidades estatales ‘en el curso de la ejecución del contrato’, mas no frente a toda clase de solicitudes, como ocurre en el presente caso, en donde las peticiones de Coopguanentá Ltda. fueron presentadas con posterioridad a dicha ejecución”.\n(9) “ART. 40.—Silencio negativo. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.\n“La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto.”\n(10) Devis Echandía definió la demanda en los siguientes términos: “El derecho de acción abstracto, subjetivo y público a que se realice un proceso y se dicte una sentencia, debe ejercitarse por medio de un instrumento adecuado. Es decir, como la acción es un derecho y como por su ejercicio se impone al funcionario público, sujeto pasivo del mismo en representación del Estado, la obligación de proveer, es obvio que ese derecho debe ser ejercitado mediante la comunicación de su titular con el juez y que solo mediante este medio se surten sus efectos. Pero esto no quiere decir que la acción se origine con el proceso, porque ella existe antes de ser ejercitada (véase num. 106).\n“Desde este punto de vista, la demanda es el instrumento para ejercitar la acción, y no se la debe confundir con esta; pues en la demanda se contiene, además, la pretensión del demandante (véase num. 127). En efecto, quien presenta una demanda no se limita a pedirle al juez que mediante un proceso dicte una sentencia, sino, además, que en esta sentencia le resuelva favorablemente determinadas peticiones para satisfacer su interés, lo que no constituye objeto de la acción, sino de la pretensión. Esta no puede formularse sin la demanda.” (Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso Tomo I, Sexta edición. Editorial ABC. Bogotá, 1978. Pág. 373\n(11) Cabe advertir que, considerando que el Código Contencioso Administrativo reguló lo concerniente al contenido de la demanda, no es necesario acudir, de acuerdo con el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, a lo dispuesto sobre la materia en el Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo dispone: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”\n(12) Devis Echandía, Hernando. Ob. Cit. Pág. 374.\n(13) Esta tesis se ha reiterado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia de diciembre 19 de 1990 —Exp. 3.351—, la Sección Tercera se inhibió para fallar debido a que, existiendo un acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, el demandante no impugnó su legalidad. Al respecto sostuvo: “Existe otro impedimento para el pronunciamiento de fondo de la controversia, cual es la no impugnación del acto de liquidación, dictado unilateralmente por el Fondo. Está bien probado que ese acto se produjo y que no fue suscrito por el contratista. Esta no suscripción le abrió también la puerta para su impugnación, pero se omitió también esa salida. Ha dicho la jurisprudencia, con apoyo en el estatuto contractual, que cuando la administración no logra acuerdo de liquidación con el contratista o este no interviene en esa operación, debe hacerlo unilateralmente mediante acto administrativo debidamente motivado, contra el cual, luego de su notificación, podrá agotarse la vía gubernativa. Acto administrativo que, como tal, tendrá que impugnarse cuando la pretensión del contratista parta de realidades diferentes”.\nd) Pero puede suceder que el contratista no comparezca a la liquidación o se niegue a suscribir el acta por tener objeciones en cuanto a su contenido. Aquí, la administración tendrá que liquidar el contrato mediante resolución motivada, o sea por acto administrativo. En esta hipótesis, como la lesión al contratista la produce dicho acto, para efectos del resarcimiento deberá pedirse expresamente su nulidad; petición que no convierte esta acción en una de restablecimiento, porque su índole estrictamente contractual no se pierde con la existencia de la aludida resolución.” (destaca la Sala) —Sección Tercera. Sentencia de marzo 15 de 1991, Exp. 6.053—.\n“En las anteriores condiciones, si se toma en cuenta que las resoluciones mediante las cuales se liquidó unilateralmente el contrato y se confirmó la liquidación, por tratarse de típicos actos administrativos, luego de su ejecutoria quedaron en firme y amparados por la presunción de legalidad, de tal forma que solo eran susceptibles de impugnación mediante el ejercicio de la acción contractual ante esta jurisdicción. No obstante, como se deduce del examen del expediente, en este proceso no se demandó la nulidad de ninguno de tales actos, omisión que indefectiblemente conduce a concluir que los mismos se encuentran vigente (sic) y que, por consiguiente las determinaciones tomadas por la administración en este proceso deben mantenerse sin modificación.” —Sección Tercera. Sentencia de marzo 5 de 1994, Exp. 8857—\nY en sentencia de febrero 8 de 1996 —Exp. 8.827—, analizando la controversia surgida entre la sociedad Gutiérrez Contreras Ltda. contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja, y a título de obiter dicta, la Sección reiteró la obligación de controvertir —en la acción contractual— el acto administrativo de liquidación. Allí sostuvo: “Aunque con lo anteriormente expuesto, sería suficiente para desestimar las súplicas de la demanda, la Sala agrega que el demandante, en el presente proceso no impugnó la Resolución 0622 del día 28 de agosto de 1989, que contiene la liquidación del contrato. Esta realidad lleva al sentenciador a dejar incólume la legalidad del mismo, pues este aspecto no fue cuestionado a lo largo del informativo (...). Pues bien, dentro del anterior marco jurisprudencial, es verdad que la liquidación que hicieron las partes del negocio jurídico debe ser mantenida, pues si bien es cierto, el actor solicita que se declare el incumplimiento del contrato, guardó silenció (sic), en cuanto hace relación a la impugnación del acto administrativo que recoge la liquidación del contrato, y como el a quo, lo observó:\n“‘Aquí no se ha cuestionado, no se ha demandado, en ningún momento la Resolución 00672 del 28 agosto de 1989, que contiene la liquidación. Entonces ese es un acto administrativo que tiene plena presunción de legalidad y que permanece intacto por no haber sido cuestionado’”.\n“En el sub iúdice la contratista no firmó el acta de liquidación por no estar de acuerdo con ella; habría podido firmarla y mencionar en el acto sus objeciones, lo que le hubiera permitido demandar directamente.\n“El hecho de que la acción sea contractual, como el mismo demandante lo advierte en su escrito de alegaciones, no impedía la impugnación de los actos comprensivos de dicha liquidación, ya que la presencia del acto contractual que en alguna forma incida o afecte la relación negocial, no convierte la acción en una de nulidad o de nulidad y restablecimiento, como lo ha reiterado la jurisprudencia.” —Sección Tercera. Sentencia de agosto 15 de 1996, Exp. 9.818—.\n(14) La exigencia procesal comentada para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no admite discusión, pero no se extiende a las acciones de: simple nulidad, reparación directa, electoral o contractual, entre otras, según se deduce de la siguiente norma:\n“ART. 135.—Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.\n‘Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos’” (destacado fuera de texto).\nEste mismo requisito para demandar se conserva idéntico en el artículo 161.2 del CPACA.\n(15) En un proceso donde fue parte la misma demandante del caso sub iúdice se llegó a la misma conclusión, al analizar una controversia contractual entre la sociedad Sumar Ltda. y Empresas Públicas de Medellín ESP., donde se inhibió para fallar de fondo el asunto, considerando que el demandante no controvirtió el acto administrativo de liquidación proferido por la entidad pública, por tanto, consideró que no era posible realizar un juicio de legalidad frente a dicho acto, el cual, luego de notificado, alcanzó su ejecutoria. Al respecto se expresó: “Si como se indicó, la entidad adoptó mediante acto administrativo la liquidación que la contratista se negó a suscribir precisamente porque no contenía el reconocimiento de los valores que reclamó directamente a la entidad y que ahora reclama ante esta jurisdicción, fácil resulta inferir que su petición quedó claramente definida mediante un acto administrativo que se presume legal y goza de propiedades como las de tener carácter ejecutorio y ejecutivo, por virtud de las cuales, una vez en firme, ‘es suficiente por sí mismo para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento’ (CCA art. 64).\n“La anterior consideración ha sido reiterada en diversas providencias, en las que se afirmó que si el contratista no impugna el acto administrativo por medio del cual la administración liquidó el contrato unilateralmente, ya sea mediante los recursos de la vía gubernativa o de las acciones contencioso administrativas, las decisiones adoptadas en tal acto son intangibles y se tornan inmodificables:” — Sección Tercera. Sentencia de diciembre 5 de 2007, Exp. 14.460—.\n(16) El inciso primero del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, establece que “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión”.\n(17) Respecto a la correcta individualización del acto y las consecuencias derivadas de su incumplimiento Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, Rad. 11001032400020030032301; Sección Segunda, sentencias de: 19 de junio de 2008, Exp. 6336-05; 19 de junio de 2008, Exp. 0963-07 y 18 de mayo de 2011, Exp. 1282-10; Sección Tercera, sentencias de: 14 de abril de 2005, Exp. 11849; 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099; Sala Plena sentencia de 12 de diciembre de 1988, Exp. S-047.\n(18) Sobre la carga del demandante de individualizar el acto demandado, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 37513.


Las autodefensas en Guerrero: avanzan en su lucha ante un nuevo orden en el crimen organizado - Infobae\n(Foto: Facebook/Policia Comunitaria Gral. Heliodoro Castillo)\nSiempre a punto de explotar, el estado de Guerrero, parece prepararse cada fin de semana para el final.\nEl municipio Heliodro Castillo sobrevive sitiado desde hace años por el grupo criminal Guerreros Unidos. No es una mafia cualquiera, éste cártel es señalado por las autoridades como el responsable de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.\nAhora, los habitantes de Heliodro Castillo han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones que les imponen los Guerreros Unidos. Salvador Alanis, nacido ahí, es su jefe. Lleva pantalón blanco, gorra y una camisa color azul. Dice a Milenio Noticias que su movimiento, Frente Unidos de Policías Comunitarias ha tomado el control del 60 por ciento de estado , por lo que su siguiente paso será buscar a los normalistas desaparecidos.\nHombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan las calles casi desiertas del municipio. Aquí, como en todo México, creen que los estudiantes fueron sacados de Cocula por caminos rurales ante la sierra hasta llegar a las inmediaciones del presunto criminal el “Tequilero”, entonces bajo el mando de Guerreros Unidos.\nLos pistoleros a cargo del Tequilero se movían entre las comunidades de otro pueblo de la zona, San Miguel Totolapan. En 2016 perpetraron un secuestro masivo. Se llevaron a 22 personas que iban a una bodega, días más tarde reportaron a cinco maestros de Ajuchitlán. Todos aparecieron con vida menos dos.\nSegún la versión de Alanis, recogida por Milenio Noticias, el “Tequilero” habría asesinado a quien era su jefe en Guerreros Unidos, Vicente Popoca.\nAutodefesas de Heliodoro Castillo\nGuerrero es un hervidero de rumores, entre ellos la fusión de las policías comunitarias con el narcos. Alanís asegura que su organización es social yu que acabará con el Cártel del Sur\nEl surgimiento de esta policía comunitaria ocurre en medio de la situación de violencia que atraviesa esta región, donde los grupos criminales Guerreros Unidos y otras células delictivas que se disputan el control de esta zona.\nLas autodefensas se originaron en la entidad hace más de dos décadas, pero comenzaron a surgir nuevos grupos a partir de 2013. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaba que en más de la mitad de los municipios de la entidad había presencia de estos grupos ante el vacío de poder en esa región del sur del país.\nLa mutación del narco en Guerrero: del crimen organizado a las autodefensas\nNarco en MéxicoMexicoMEXICO-NARCOGuerreroCrimen Organizado


“Los pecados de la carne no son los más graves sino la soberbia y el odio”, expresó el papa Francisco\nFrancisco hizo esta reflexión tras explicar ante los periodistas que le acompañaron en el avión de vuelta de su viaje a Chipre y Grecia los motivos por los que decidió aceptar la renuncia del ya exarzobispo de París, según informa Vatican News.\nEl Papa reveló que monseñor Aupetit había practicado “pequeños masajes y caricias” a su secretaria. “¿Qué ha hecho Aupetit tan grave para darme la renuncia? Si no conocemos la acusación no podemos condenar. Hagan la investigación”, ha interpelado el Pontífice a los periodistas.\nA este respecto, ha destacado que “hubo un fallo hacia el sexto mandamiento, no total: de pequeños masajes que le hacía a la secretaria”. “Esto es pecado. Pero no de los más graves. Los pecados de la carne no son los más graves”, ha sostenido el Pontífice. “Los más graves son aquellos que tienen más carácter angelical: la soberbia, el odio. Así que Aupetit es un pecador como lo soy yo (…). Se ve que nuestra Iglesia no está acostumbrada a tener un obispo pecador, hacemos de cuenta para decir: mi obispo es un santo… No, este pequeño birrete rojo… todos somos pecadores”, ha apuntado.\nPara el Pontífice, cuando la charlatanería “crece, crece, crece” y le quita la fama a una persona, no podrá gobernar porque ha perdido su fama, “no por su pecado, que es pecado” sino por el “parloteo” de las personas. “Por esto acepté su dimisión, no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía”, ha explicado.\nEl Papa también ha hablado sobre el informe CIASE que destapó decenas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia católica francesa durante 70 años. Así, ha invitado a ver esos casos con la óptica de aquella época. “Cuando se hacen estos estudios hay que estar atentos a las interpretaciones realizadas en un arco de tiempo tan largo. Hay riesgo de confundir el modo de afrontar un problema 70 años antes. Una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. La esclavitud, por ejemplo, los abusos de hace 100 años, nos parecen una brutalidad. El mundo era otro, había otra hermenéutica. En el caso de la Iglesia se encubría… Era una cosa que pasaba en las familias y en los barrios. Hoy decimos que no funciona. Pero hay que interpretar con la hermenéutica de cada época”, ha señalado.


1:1 | 1era edición – Reproducción Asistida - Relieve Contemporaneo\nGaleria Jaqueline Martins, São Paulo, Brasil – 2018.\nCurador: Bruno de Almeida.\nEl proyecto 1: 1 presenta su primera edición en Jaqueline Martins, el cual explora la relación entre la galería y su contexto urbano a través de la conexión entre el espacio de exposición y otros lugares preexistentes en su vecindad. En cada una de las ediciones del proyecto, se invita a un artista a concebir una obra bipartita, que ocupa una sala de exposiciones en la galería y, simultáneamente, un segundo espacio dentro del barrio de Vila Buarque, en el centro de São Paulo. Esta otra ubicación, que ya alberga sus propios usos y funciones, es elegida por el artista y situada a una distancia caminable de la galería.\nEl proyecto crea un circuito entre la galería y otro espacio atípico de exposición, como en este caso un Supermercado, colocando las propuesta en “escala 1:1” con la realidad. De esta manera se descontextualiza la producción contemporánea, evidenciando las tensiones, paradojas y potencialidades del contexto urbano como campo para la creación.\nEn palabras de Bruno de Almeida, curador del proyecto, “el circuito propuesto, en el barrio de Vila Buarque, transcurre en un área donde hay una gran variedad de establecimientos, servicios, instituciones con una diversidad de clases y dinámicas sociales. Tal pluralidad produce un vasto repertorio de formas de apropiación y experiencia del espacio que van desde la convivencia hasta la fricción entre sus diversos agentes, como la iniciativa civil, la política pública, la especulación privada u otras”.\nPara el curador, la reciprocidad entre la galería y un espacio fuera de ella sirve como precondición para el proceso de los artistas y como base para una reflexión crítica sobre el proyecto y sobre las especificidades, potencialidades y paradojas de un estado de arte que, en su discurso y / o actuación, está en 1: 1 con la «realidad». Esta reflexión se desarrolla no solo a través de una secuencia de obras de arte, sino también a través de la correlación entre ellas y un cuerpo de investigación estructurado en dos grupos de textos que se presentan en cada edición: uno que analiza individualmente las obras expuestas, y otro que explora las diversas implicaciones de la noción de 1: 1 en relación con el campo del arte. “En lugar de proporcionar un punto de entrada simple a ideas complejas o cumplir un rol exclusivamente contextual, mediador o justificador, la sinergia entre los próximos textos y las obras de los artistas intenta abrir un campo de relaciones y preguntas que amplifica el encuentro con cada una de las obras de arte, y también con el proyecto en su totalidad, sin prescribir, sin embargo, una sola comprensión o rechazar un grado esencial de opacidad.”\nEl artista João Loureiro es el protagonista de la primera acción del proyecto, el cual correlaciona el espacio de exhibición de la galería con una carnicería en un supermercado llamado Futurama. En lugar de ocupar ambos espacios con un conjunto de obras, Loureiro concibe una serie de acciones vinculadas que se repiten cíclicamente a lo largo del período de la exposición y que acumulativamente constituyen el trabajo, día tras día.\nLos expositores de Futurama están prácticamente vacíos, lo que da la impresión de que, en cualquier momento, el supermercado puede cerrarse irreversiblemente, siguiendo el destino de algunas de sus otras sucursales, ya que el año pasado, el Procurador General del Estado de São Paulo bloqueó parte de la facturación de esta cadena de supermercados por investigación de malversación de dinero.\nEn la carnicería, un armario congelador contiene varias esculturas hechas con carne picada. Las esculturas son reproducciones en pequeña escala de la obra de arte «Figura reclinada de dos piezas: puntos» (1969-1970) de Henry Moore (1898-1986). Una vez a la semana, una de estas esculturas se coloca junto a las otras carnes en la vitrina refrigerada principal. Luego es transportado a una cría cautiva de moscas domésticas donde se convierte en alimento para estos insectos.\nEl artista va cada semana a la carnicería y recoge las moscas muertas de la trampa de luz de insectos justo encima de la vitrina de la carne. Los cadáveres de las moscas son llevados al espacio de exhibición y se incorporan, con alfileres entomológicos, en una escultura de espuma de poliestireno, una reproducción a escala completa de la obra «Formas únicas de continuidad en el espacio» (1913) del artista italiano Umberto Boccioni (1882 -1916). Durante el período de exhibición se repiten los mismos procesos y la escultura de espuma de poliestireno acumula más moscas muertas.\n«Formas únicas de continuidad en el espacio» no solo es el punto culminante de la trayectoria artística de Boccioni, sino también uno de los principales símbolos del futurismo, un movimiento proto-fascista originado en Italia a principios del siglo XX, y dotado de una estética y ideología política que se jactó del progreso moderno, rompiendo ferozmente con cualquier tipo de nostalgia por el pasado.\nEl hombre que marcha representado en la obra «Formas únicas de continuidad en el espacio» sintetiza este cuerpo mutante, que es el paradigma del futurismo. La matriz original de esta escultura realizada en yeso, con la que fueron creadas las versiones en bronce, pertencen al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC USP). La cuarta y última pieza se realizó a petición de TATE Gallery y se intercambió con MAC USP por el trabajo «Figura reclinada de dos piezas: puntos» de Henry Moore. Ambas piezas sintetizan las trayectorias artísticas de sus autores, y sus imágenes se han inmortalizado en un inconsciente colectivo que trasciende la Historia del Arte.\nLas moscas, que en la obra de Joao Loureiro son los agentes de conexión entre los dos espacios, no tienen ninguna apariencia individual distinguible, una representa a todas y todas tienen la misma banalidad e insignificancia que les ha garantizado, durante siglos, el mismo desdén en cualquier parte.\nIndividual de Felipe Seixas\nFelipe Seixas, Brasil.


Niñas y niños de Conchalí desplegaron toda su creatividad para ser parte de este festival de color y asombro.\nEl concurso que surgió por parte del Municipio y la Corporación Municipal para conmemorar el Día de los Derechos de los Niños y Niñas llamado “Mi Animal Imaginario” finalmente concluyó luego de una muy difícil deliberación.\nDurante estos meses, llegaron al correo del concurso decenas de criaturas fantásticas de los más diversos tipos, colores e historias que asombraron al jurado compuesto por funcionarios de la Municipalidad.\nEn sus croquis, los niños y niñas plasmaron con su creatividad animales magníficos y únicos. Y que por la calidad y cariño que nuestros jóvenes talentos depositaron en sus dibujos, el jurado decidió reconocerlos a cada uno de ellos, ilustrándolos. A lo cual, surgió un hermoso trabajo realizado por el ilustrador Daniel Cifuentes que inspirado con cada una de estas ideas, interpretó de manera personal respetando la espontaneidad de las creaciones. El resultado fue un asombroso libro recopilatorio que puedes ver y disfrutar en este link:\nFelicitamos a todos los concursantes de esta muestra de animales fantásticos y especialmente a los tres ganadores y la mención honrosa.\n1° Lugar: Ignacio Contreras con su creación “Cerdoalado”.\n2° Lugar: Lizbeth Lufy con su creación “Marioso”.\n3° Lugar: Antonella Fernández con su creación “Lisa”.\nMención Honrosa: Elanie Guajardo con su creación “Drake”.\nPróximamente, desde el Municipio se pondrán en contacto con los primeros lugares para hacerles llegar su set de dibujo.


Limpiar la garganta con bicarbonato y limón | Salud\nLas gripes, los resfriados y la mucosidad que estas afecciones provocan hacen que sea necesario limpiar la garganta varias veces al día para aliviar la molestia que causan los mocos y las infecciones y acabar con el dolor y el malestar.\nAlgo que podrás conseguir si utilizas este sencillo remedio casero que se prepara en unos pocos segundos.\nY es que, para ponerlo en práctica, tan solo necesitarás unas gotitas de zumo de limón, agua y un poco de bicarbonato de sodio; unos ingredientes fantásticos para limpiar la garganta y eliminar los gérmenes.\nCalienta el agua hasta que esté templada, pero procura no pasarte con la temperatura o te quemarás la garganta.\nAñádele las gotas de zumo de limón y el bicarbonato de sodio y remuévelo todo muy bien para que los ingredientes se disuelvan en el agua.\nUtiliza el compuesto para hacer varias gárgaras y limpiar la garganta de un modo efectivo y natural.\nAl encontrarnos ante un remedio totalmente casero, puedes ponerlo en práctica todas las veces que desees.\nAdemás de limpiar la garganta y aliviar el dolor que provoca la mucosidad propia de los resfriados y las gripes, el bicarbonato y el limón también te darán la oportunidad de gozar de un aliento fresco durante todo el día. Los beneficios a destacar de este truco de salud casero centrado en mantener la garganta limpia usando bicarbonato y limón son los siguientes:\nSu precio es muy bajo debido al bajo importe de los ingredientes que lo componen.\nSe ocupa de limpiar la garganta y de acabar con los gérmenes y bacterias debido a las propiedades antimicrobianas del limón y el bicarbonato de sodio.\nReduce los dolores de garganta y palia algunos de los síntomas propios de las gripes y los resfriados. Si deseas hallar más remedios caseros para cuidar la garganta solo tienes que echar un vistazo a nuestro post titulado Remedios para la garganta irritada: cúrcuma.\n¿Qué opinas sobre los remedios caseros para limpiar la garganta con limón y bicarbonato de sodio?\nEtiquetas: remedios caserosbicarbonato de sodiodolor de gargantalimónremedios caseros para los resfriadosbicarbonatocuidar la gargantagargantagarganta limpialimpiar la gargantasalud


Economía: Gaceta Oficial: Exoneración de alquileres por COVID-19 en Venezuela no aplica a negocios abiertos\nGaceta Oficial: Exoneración de alquileres por COVID-19 en Venezuela no aplica a negocios abiertos\nEn consecuencia debe quedar claro que «en el plazo previsto en este artículo (N°1) no resultará exigible al arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan, ni los cánones vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento inmobiliario.\nA pesar que el decreto es explícito en el establecimiento de la exoneración de pagos, en su artículo 3 abre la posibilidad de que «las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan. En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de suspensión.\nIgualmente, hay que prestar atención a lo previsto en el Artículo 5: La suspensión a que se refiere este Decreto será desaplicada en aquellos casos de reinicio de la actividad comercial, con anterioridad al término máximo previsto en este Decreto; así como a los establecimientos comerciales que por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ejecutivo Nacional, se encuentren operando o prestando servicio activo de conformidad con alguna de las excepciones establecidas al cese de actividades decretado con ocasión al Estado de Alarma.


Tag: British Airways — MercoPress\nViernes, 20 de mayo de 2022 - 16:19 UTC\nJueves, 28 de octubre de 2021 - 09:37 UTC\nBritish Airways reanudará la ruta de Buenos Aires\nBritish Airways ha anunciado la reanudación de sus servicios directos entre Londres y Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre, aunque con escala en Sao Paulo, aumentando así la cantidad de asientos semanales disponibles entre las ciudades más grandes de Argentina y Brasil.\nMartes, 24 de marzo de 2020 - 06:23 UTC\nReino Unido considera medidas para salvar la industria aerocomercial\nEl gobierno del primer ministro británico Boris Johnson está considerando un plan de rescate para British Airways (BA) y otras aerolíneas que no están pudiendo hacer frente a las medidas de contingencia de coronavirus que mantienen a sus flotas en tierra, lo que impide la venta de billetes y el consecuente ingreso de recursos.\nMartes, 28 de mayo de 2019 - 09:13 UTC\nCorte Suprema de Chile tira abajo acuerdo de Latam, American e ICAG\nLa Corte Suprema de Chile rechazó un acuerdo para negocios conjuntos entre Latam Airlines Group y American Airlines e International Consolidated Airlines Group (ICAG). Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, había anunciado en 2016 los Joint Business Agreements (JBA) con American Airlines e IAG, pero dependían de la aprobación de organismos antimonopolios en el mundo.\nViernes, 1 de febrero de 2019 - 11:33 UTC\nTormentas de nieve y frío paralizan a las Islas Británicas\nLos fuertes nevazones que han afectado desde el miércoles por la noche en varias regiones británicas han provocado el cierre de escuelas, retraso en servicios ferroviarios y cancelación de vuelos.\nMartes, 28 de marzo de 2017 - 09:24 UTC\nBritish Airways suspende vuelos a Lima entre octubre y marzo\nMartes, 16 de agosto de 2016 - 10:48 UTC\nBritish Airways elimina comida a los viajeros de clase turista o económica\nLa aerolínea British Airways anunció este domingo que dejará de servir comida a los pasajeros que viajen en clase turista, también llamada “económica”, en vuelos de menos de ocho horas y media de duración.\nMartes, 2 de agosto de 2016 - 08:58 UTC\nQatar Airways expande su participación en IAG aprovechando libra más barata\nQatar Airways, la aerolínea nacional de Qatar, anunció este lunes que ha ampliado hasta el 20,01% su participación accionarial en el grupo hispano-británico IAG, aprovechando la caída del precio de los títulos tras el voto favorable al Brexit.


Semana ‘grande’ de Campillo - Noticias Deportes - El Periódico Extremadura\nEL BUEN MOMENTO DEL DEPORTISTA EXTREMEÑO\nSemana ‘grande’ de Campillo\nEl golfista cacereño disputa desde el jueves en Nueva York el US PGA Championship, su primer ‘major’ de una temporada en la que aspira a participar en dos más, el US Open y el Abierto Británico\nEn el podio 8 Jorge Campillo, durante el Volvo Open China, su último torneo, en el que acabó tercero. - GETTY IMAGES\nTras haberse deshecho hace 16 días de la presión de ganar su primer torneo, Jorge Campillo acude esta semana a su primer ‘major’ (torneo grande) de la temporada, el US PGA Championship que este año celebra su edición 101 y se disputa en el Bethpage Black Course de Long Island, en Nueva York. Hasta allí ha acudido el extremeño con dos objetivos: sacarse la espinita que le dejó su discreta participación en los grandes –dos– la campaña pasada y conseguir el billete para el US Open, el siguiente major en el calendario mundial de golf, porque el del Abierto Británico ya sabe que lo tiene desde que cerró el último ejercicio entre los 30 mejores del Circuito Europeo (Race to Dubai).\nCon la máxima confianza e ilusión ha acudido Campillo a Estados Unidos, donde pasó su etapa de universitario. Su juego está siendo muy sólido este año. Y no por su primera victoria, la que consiguió el último fin de semana de abril en Marruecos en el Trofeo Hassan II, sino por su gran regularidad. Antes y después de Marruecos firmó dos terceros puestos (India y China), a los que hay que sumar los subcampeonatos de principios de marzo en Oman y Qatar.\nEn China se le escapó la victoria en los últimos hoyos por problemas con su drive, que estaba roto desde Marruecos. Campillo, que no compitió la semana pasada, ha estado unos días en Cáceres antes de irse a Estados Unidos y ha aprovechado para reparar el drive junto a su entrenador. Y el US PGA Championship será la prueba de fuego para ver si han logrado una buena puesta a punto.\nEl objetivo de Campillo en Nueva York es, mínimo, pasar el corte, algo que no logró la temporada pasada. Si lo consigue se metería entre los 50 primeros del ranking mundial de golf y lograría así una plaza en el US Open el major que se disputa en un mes. Podría incluso conseguirlo sin pasar el corte. Actualmente, y a pesar de no jugar la semana pasada, ocupa el puesto 59 en ese ranking. También conserva el segundo lugar del Race to Dubai.\nAdemás de Jorge Campillo, en el US PGA Championship habrá otros cuatro golfista españoles, Sergio García (que disputará así su torneo grande número 83), Jon Rahm, Rafa Cabrera Bello y Adrián Otaegui.


Después de su salida abrupta y polémica de «Castle» de ABC, Stana Katic quería un control más creativo sobre su próximo proyecto de televisión, «Absentia«.\n«Estaban abiertos a la idea de que yo participara como productor ejecutiva«, dice sobre su nueva serie de Amazon. «Fue realmente agradable tener una voz. En el panorama actual de Hollywood, creo que le corresponde a una mujer, cuando tenemos la oportunidad de tomar asiento en la mesa, tomarlo«.\nAl igual que «Castle«, «Absentia» trata sobre el crimen, aunque ahí es donde terminan sus similitudes. Mientras que «Castle«, en la que Katic coprotagonizó con Nathan Fillion, fue un drama trágico, «Absentia» es un thriller. Katic interpreta a la agente del FBI Emily Byrne, quien reaparece seis años después de haber sido declarada muerta. Para empeorar las cosas, ella ha perdido la memoria sobre el tiempo que estuvo cautiva. A su regreso, descubre que su marido se ha vuelto a casar y que está implicada en una nueva serie de asesinatos.\nDespués de la octava temporada de «Castle«, ABC anunció que Katic no sería parte de una novena temporada potencial con Fillion, según informes debido a «razones presupuestarias». Fue una sorpresa desagradable para Katic. (Y «Castle» nunca regresó por novena temporada).\nPero Katic dice que el cine es también uno de sus intereses desde hace mucho tiempo, otra razón por la que se sintió atraída por «Absentia«. «Independientemente de cualquier experiencia en el pasado, para mí es realmente importante estar absorta tanto como pueda en el proceso creativo«, dice ella. «Me sorprendió lo mucho que pasaron los ocho años que pasé en ‘Castle’. Terminé, de alguna manera, teniendo una educación gratuita en ese programa.»\n«Siempre hacía muchas preguntas a los productores y a los directores. Fue una sutil absorción de información que pude cambiar y, creo, que creó un valor agregado para este nuevo proyecto«.\nSin embargo, un aspecto inesperado de su papel de «Absentia» es el hecho de que Emily es una madre. Aunque Katic tenía muchas ofertas después de «Castle«, tenía límites específicos en mente.\n«Le dije a mi agente, ‘Esto suena terrible, pero no quiero ser una madre y no quiero tener novio o esposo.’ En muchas historias, esos personajes solo se preocupan y eso es todo«, dice. «Ese es su papel en toda la película o serie: simplemente se preocupan y no son parte del arco o motor real que mueve la historia«.\nPero cuando «Absentia» llamó su atención, se animó.\n«Este es uno de los pocos papeles que vi donde, sí, esta mujer tiene un niño y eso juega con la historia, pero ella tiene una relación increíble con este niño. Ella es mucho más. Ella es ruda, ella es una sobreviviente de algo extremo. Ser capaz de interpretar con todas esas dimensiones fue realmente emocionante«.\n«Me encanta el personaje de Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders’ y Tom Hardy en ‘Taboo’: son personajes que, como miembros de la audiencia, seguimos y enraizamos«, dice. «Pero nuestra propia moralidad se pone a prueba a lo largo de esa aventura, porque estos personajes se mueven en una delgada línea entre la moralidad y la amoralidad.»\n«Creo que eso es realmente interesante«.\nEntrevista: Stana Katic, de visita en España (Supertele)