Síntesis traducida al español del texto: “Costos Ambientales y Humanos del Negocio de Tierras”, documento elaborado por FIAN Brasil: “ Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas”\nEl caso de MATOPIBA*\nPublicado en Junio de 2018 por FIAN International , Rede Social de Justicia y Derechos Humanos y Comissão Pastoral da Terra (CPT).\nEl trabajo de investigación y elaboración de este informe fue hecho por medio del esfuerzo colectivo de académicos, movimientos sociales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y desarrollo.\nPresentación de la traducción -parcial- del texto al español, realizada por Juan Luis Berterretche:\nPrácticamente este es el primer texto -difundido mundialmente- dedicado al nefasto y avanzado proceso de expropiación/explotación/financiera de la tierra , con todas sus consecuencias destructivas en las poblaciones empobrecidas de las comunidades originales del Cerrado** brasileño, al mismo tiempo que esta financierización produce el envenenamiento y la contaminación con agrotóxicos de la naturaleza, atacando directamente la biodiversidad de la región.\n*“MATOPIBA” es un Acrónimo utilizado para referirse a la región cubierta por una vegetación típica del Cerrado en los cuatro estados brasileños de Marañón, Tocantins, Piauí y Bahía.”\n**Cerrado: llanura propia de zonas tropicales, albergue de tres cuencas hidrográficas que abastecen de agua prácticamente todo Brasil. Es la mayor sabana de América del Sur, cubre 25% del territorio brasileño y abriga 30% de la biodiversidad del País. Pero viene sufriendo la más amplia tasa de desforestación del territorio de Brasil y el intenso envenenamiento de sus tierras con agrotóxicos.\nSubtítulos traducidos al español de “Costos Ambientales y Humanos del Negocio de Tierras”; FIAN Brasil:\nLa apropiación de tierras y la financierizaci ón de la naturaleza\nLa Apropiación y Especulación de Tierras en la región de MATOPIBA en los días actuales.\nEnvolvimiento de Fondos de Pensión internacionales en la cuestión de la apropiación de tierras en la región de MATOPIBA.\nFondo de pensión de Estados Unidos, TIAA\nFondo de Pensión de Alemania, Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL)\nFondo de Pensión de Holanda, ABP\nAP2, Segundo Fondo de Pensión Nacional de Suecia.\nLos impactos sociales y ambientales de la apropiación de tierras en la Región de MATOPIBA\nLas Localidades y Comunidades Visitadas\nLas disputas por agua y sus medios de uso\nLa inseguridad alimentar y nutricional\nTodos los textos entre comillas son traducciones al español del documento “Costos Ambientales y Humanos del Negocio de Tierras”, de FIAN Brasil.\n“La región ha sido víctima de una expansión agresiva del agro negocio en particular de mono culturas de soja, que traen consigo la expropiación de comunidades rurales y destrucción ambiental. La expansión del agro negocio y la creciente especulación de tierras han sido alimentados por fondos de origen de agentes financieros internacionales, en particular por fondos de pensión de EEUU, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Suecia y Holanda.”\n“La Misión de Investigación se centralizó sobre el envolvimiento de los fondos de EUA, Suecia y Holanda. Compuesta por 30 especialistas en movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, la misión se concentró sobre una región al sudeste de Piauí, en la frontera con Marañón. Esta área fue escogida por ser un ejemplo perfecto del proceso que afecta a toda la región.”\n“El equipo de la misión se reunió con moradores de las comunidades rurales en los municipios de Santa Filomena y Gilbués, son ellas: Melancias, Baixão Fechado, Sete Lagoas, Brejo das Meninas y Santa Fé. Representantes de otras veinte comunidades de la región también participaron de las reuniones. Esas visitas fueron sucedidas por una serie de audiencias públicas y reuniones con representantes del gobierno, promotores de justicia, miembros del Ministerio de los Derechos Humanos, miembros del congreso y jueces de Bom Jesus (Piauí), Teresina (Piauí) y Brasilia.”\n“La misión de investigación fue un trabajo colectivo de 30 representantes de movimientos sociales y de representantes de organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, nacionales e internacionales.”\n“La primera misión ocurrió entre los días 3 y 15 de setiembre de 2017 en la región de MATOPIBA, en Brasil.”\n“La segunda misión de investigación ocurrió entre 22 y 31 de enero de 2018, en Holanda, Alemania y Suecia. Esos son los países de origen de tres de los fondos de pensión que, de acuerdo con nuestra investigación, estuvieron envueltos en las adquisiciones de tierras para la expansión del agro negocio en la región de MATOPIBA. En los tres países se hicieron reuniones con representantes del gobierno, miembros del parlamento y representantes de los fondos de pensión implicados, y también con periodistas y el público en general durante eventos públicos. La misión de investigación también se encontró con representantes de la Unión Europea y miembros del Parlamento Europeo. Esta misión profundizó la investigación sobre la implicación de fondos de pensión de Holanda, Alemania y Suecia en la expansión del agro negocio y apropiación de tierras en la región de MATOPIBA, y también contribuyó para la identificación de la responsabilidad de los fondos y autoridades gubernamentales en los casos relacionados a abusos y violaciones de los derechos humanos.”\n“La misión de investigación fue compuesta por representantes de la CPT ( Comissão Pastoral da Terra ) y del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos (NAEA) de la UFPA (Universidad Federal de Par á ), en coordinación con la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, de FIAN INTERNACIONAL, de FIAN Alemania, de FIAN Holanda, de FIAN Suecia y de Latinamerikagrupperna/Solidaridad Suecia – América Latina.”\n“La reciente convergencia de múltiples crisis -alimenticia, energética, climática, ambiental y financiera- trajo la cuestión de la tierra de vuelta al centro de las discusiones sobre políticas de desarrollo. Al mismo tiempo una conjunción de factores ha aumentado el interés de empresas, fondos, élites locales y gobiernos en tierras como un bien económico y financiero, de forma a desencadenar una onda de apropiación de tierras y recursos, cuya escala amplitud y ritmo representan una grande amenaza al disfrute actual y futuro de los derechos humanos en todo el mundo.”\nLos agentes envueltos en la apropiación de tierras (corporaciones, autoridades estaduales en diferentes niveles, élites locales, instituciones internacionales, etc.) crean una narrativa en la cual esas tierras son ‘desocupadas', ‘estatales', ‘ociosas' o entonces ‘subutilizadas' o utilizadas de forma ‘ineficiente'. Esta narrativa omite a propósito el hecho de que tales tierras son el hogar de comunidades rurales, que desarrollaron sofisticados sistemas de coexistencia con la naturaleza. De acuerdo con ese discurso, el acto de transferir esas tierras para entidades ‘más eficientes' y/o ‘más productivas' -para empresas con sus modelos de producción comercial, por ejemplo- se torna algo no apenas deseable y benéfico, como también necesario.”\n“De esta forma, la tierra y los recursos naturales a ellas relacionados son cada vez más tratados como bienes económicos y financieros globalizados. Recursos técnicos (como cálculos estadísticos o cálculos sobre uso de la tierra y productividad con base en imágenes de satélite, etc.) son utilizados para envasar ese discurso y tornar la tierra disponible para todo tipo de ‘inversionista'.\nEste proceso redefine de manera fundamental el concepto de tierra. En vez de un bien natural, con un fuerte componente local y cuyo control y uso es principalmente una relación social, la tierra es redefinida como un recurso globalizado, posible de ser manejado como una ‘inversión'…\nLa actual dinámica alrededor de la cuestión de la tierra y recursos naturales relacionados precisa ser vista bajo un contexto de financierización de los bienes naturales, así como los sistemas de producción agrícola y alimentar.\nAmpliamente visto como la base del poder y de la influencia de la industria financiera, la financierización de la tierra es uno de los elementos primordiales en la reciente y brutal corrida por recursos naturales.\nExiste una relación muy íntima, pues la tierra es un elemento esencial en el acceso del capital a la naturaleza y los recursos naturales, como el suelo arable, agua, recursos genéticos, madera, entre otros…\nLa financierización puede ser definida como ‘una influencia cada vez mayor de los mercados financieros, de las instituciones financieras y de las élites en el funcionamiento de la economía y de las instituciones que la gobiernan, tanto a nivel nacional como internacional.' “\n“Vale resaltar que eso incluye el control de los intereses financieros no apenas sobre el nivel material, sino también sobre la forma como la tierra es comprendida y debatida…\nA pesar del proceso de financierización no ser algo completamente nuevo (por ejemplo, el mercado de zafras ya está financierizado hace años y diversos mecanismos para mitigar el factor de las mudanzas climáticas son basados en atribuir un valor monetario a las florestas, océanos, etc.) lo que mudó en los últimos años es el ritmo en que el proceso está avanzando y cuales comunidades están siendo expropiadas…\nUna expresión de la financierización de la naturaleza es el hecho de que los agentes financieros (como bancos, empresas de corretaje, aseguradoras, fondos de pensión, fondos de inversión, agencias de inversión y fondos de capital de riesgo) están cada vez más viendo a la tierra como una buena opción de inversión, sumándose a los agentes más obvios envueltos directamente en la producción, como el agro negocio y las compañías energéticas. Esos agentes financieros canalizan sus fondos para la compra de tierras y para actividades relativas al uso de la tierra, de forma a diversificar sus inversiones, aumentar los lucros y disminuir los riesgos. Tales inversiones no son necesariamente direccionadas a la producción, pero si hacia la especulación , para formar una reserva de fondos o para obtener el control sobre la tierra de forma de ejercer un poder estructural, entre otros motivos.\nLos fondos de pensión están entre los principales grupos envueltos en este contexto de financierización de la tierra y apropiaciones de tierras, en el papel de grandes agentes financieros.”\n“Los activos globales de los planes de pensión llegan a más de 41 trillones de dólares lo que los torna los agentes de mayor peso en la industria financiera.”\nLa búsqueda de la diversificación de los portafolios y arrendamientos con bajas tasas de interés llevó a cada vez más inversiones por parte de los fondos de pensión.”\n“Debido a dificultades inherentes a determinar cuáles agentes envueltos son responsables por abusos y violaciones de derechos humanos, la financierización representa un desafío significativo para la defensa de la tierra y los territorios. Como resultado, el desafío de remediar la situación es igualmente complicado. Eso no es una coincidencia, sino el fruto de una estrategia deliberada para ‘distanciarse de la responsabilidad' que está siendo utilizada por diversos de los agentes envueltos en la apropiación de tierras.”\nLa conexión inseparable entre la tierra y los derechos humanos ha sido cada vez más reconocida por las instituciones de derechos humanos, y otras, a lo largo de los últimos veinte años. Particularmente para los pueblos del medio rural, el acceso, control y uso de la tierra y otros recursos naturales han sido indispensables para la realización de varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al techo, el derecho al agua, el derecho a un padrón de vida adecuado, o el derecho a participar en la vida cultural, o el derecho al trabajo, o el derecho a la autodeterminación, los derechos de las mujeres, entre otros.\nEl concepto de la tierra como un derecho humano concreto ha sido desenvuelto, y, hasta el momento explícitamente codificado en lo que dice respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Además un cuerpo creciente de instrumentos jurídicos de casi-derecho y recomendaciones/observaciones en tratados de la ONU sobre derechos humanos o, como el CDESC ( Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -ONU), contribuyeron para esclarecer las conexiones entre la tierra y otros recursos naturales, por un lado, y reconocer los derechos humanos y obligaciones de los Estados, por otro. Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también contribuyeron para el desarrollo del derecho humano a la tierra.”\n“Hoy la región de MATOPIBA es marcada por la pobreza y por la desigualdad social. En lo que se refiere a la agricultura, existe una disparidad significativa en la distribución de tierras y de rentas, que tienen su origen en la historia de Brasil y que es reproducida hasta la actualidad.\nDel total de establecimientos, 80% son clasificados como muy pobres (responsables por 5,22% de la renta bruta de la región), 14% son pobres (y generan 8,35% de la renta bruta de la región), 5,79% son de clase media (y contabilizan 26,74 de la renta bruta de la región) y 0,42% son de clase rica (produciendo 59,78% de la renta bruta de la región). La pobreza y la desigualdad aumentaron considerablemente como resultado de la expropiación de los pueblos rurales por la expansión del agro negocio.\nEn lo que se refiere a la estructura de la propiedad territorial, el Censo Agropecuario (el ultimo disponible), reveló que del total de 324 mil establecimientos agropecuarios, en un área de 34 millones de hectáreas, 36% tenían área menor que 10 ha (área media de 2 ha) y ocupaban apenas 0,7% del área de la región (246 mil hectáreas), 36% de los establecimientos tenían áreas mayores que 10 ha y menores que 100 ha y ocupaban el 13% del área. Ya 10% de estos establecimientos tenían áreas entre 100 ha y 500 ha, y ocupaban 21% del área. Por ultimo 4% tenían más de 500 ha y ocupaban 63% del área.\n“La especulación de tierras continuó mismo después del fin del boom de las commodities y de la queda de sus precios en el mercado mundial debido a la crisis financiera de 2007/2008. De acuerdo con un estudio de la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, mismo en un contexto de queda de los precios en el mercado internacional de commodities en los últimos anos , el precio de las tierras continuó a subir en la región de MATOPIBA, estimulando todavía más la apropiación de tierras, la expropiación de campesinos y la destrucción del Cerrado. Varias empresas y agentes financieros comenzaron a ver el precio de la tierra como un bien separado del producto y pasaron a lucrar con la especulación. De acuerdo con la investigación, 19.000 km2 de tierras mudaron de manos en la región de MATOPIBA entre 2013 Y 2015.”\n“Con una diferencia cada vez mayor entre el precio de las commodities y el precio de las tierras. La tierra ha sido en muchos casos, un negocio más lucrativo que la producción agropecuaria. La investigación muestra que empresas del agro negocio transnacionales comenzaron a actuar en el mercado de tierras por vuelta de los años 2008 y 2009.\nAlgunas de esas empresas crearon filiales para tratar específicamente negocios sobre tierras. Un ejemplo es la empresa SLC ( Schneider Logemann Company ), cuya filial SLC Agrícola es uno de los mayores productores de soja en Brasil y su filial SLC Land Co. se tornó en una de las grandes empresas del negocio de tierras. La SLC controla casi medio millón de hectáreas de tierra en Brasil, siendo que 300.000 de esas hectáreas son plantaciones de soja.\nEn 2015, SLC gener ó más rentas con la compra y venta de propiedades agrícolas que por medio de sus emprendimientos tradicionales con soja, por primera vez.\nOtras empresas inmobiliarias creadas recientemente no se envuelven más con la producción agropecuaria y se concentran exclusivamente en la adquisición, venta, arrendamiento y/o gestión de tierras.\nEl primer paso del negocio de tierras es la creación de nuevas haciendas. Eso generalmente es hecho en tierras que pertenecen oficialmente al Estado (las tierras denominadas “devolutas”) por cercar un área que no posee un título de propiedad registrado. Cuando una área es apropiada – muchas veces por medio de falsificación de títulos de propiedad, cercamiento del área y expulsión de la población local (generalmente con uso de la fuerza) – nuevas haciendas son creadas y preparadas para la producción agropecuaria incluso por medio de la desforestación. Esas haciendas son entonces vendidas para las empresas del agro negocio o inmobiliarias, que las arriendan o revenden. De acuerdo con las informaciones obtenidas en las reuniones con representantes de las empresas envueltas en el negocio de tierras en la región de MATOPIBA, crear una hacienda nueva cuesta por vuelta de R$ 5.000 por hectárea, y esa puede ser posteriormente vendida por cerca de R$ 15.000 por hectárea.\nLa falsificación o fraude de títulos de propiedad es una parte fundamental de ese negocio, como una forma de ‘legalizar' (o al menos simular) la propiedad de tierras que fueron obtenidas ilegalmente. En Brasil esa forma de apropiación ilegal de tierras es conocida como “grilagem”.\nEl término surgió de una antigua técnica de guardar los documentos falsos con grillos, para que los insectos hiciesen que esos documentos adquirieran un aspecto envejecido, y por tanto con una apariencia más legítima. De acuerdo con las leyes brasileñas el “grilagem” es un crimen y generalmente envuelve la participación de funcionarios del gobierno corruptos, como abogados y jueces responsables por registrar y legalizar la propiedad de las tierras. El área es entonces vendida varias veces. Por medio de esas transacciones, el título obtenido de esa manera se torna ‘limpio' y ‘legal' y se presenta atrayente para los inversores internacionales.\nEn muchos casos, tierras que fueron adquiridas de esta forma son entonces expandidas ilegalmente por medio de fraudes, violencia y falsificación de documentos en un método conocido como ‘abrazo'.”\n“Es importante notar, que aquellos que operan en la región son apoyados por agentes financieros internacionales y empresas transnacionales que invierten grandes sumas en el negocio de tierras y alimentan el actual proceso de especulación. Varias de las empresas envueltas en las transacciones y especulación de tierras en la región de MATOPIBA tienen vínculos con empresas extranjeras lo que las torna empresas inmobiliarias transnacionales.\nAlgunos ejemplos más destacados incluyen: a Radar, un emprendimiento conjunto de COSAN (la mayor productora de azúcar de Brasil) con TIAA (fondo de pensión de EUA); SLC ( Schneider Logemann Company ) Agrícola S.A. (productora de soja) que posee una filial inmobiliaria llamada SLC Land Co. que, en sociedad con Valiant Assets Manager (fondo de inversión británico) posee haciendas en la región; BrasilAgro S.A., que está registrada en la Bolsa de Valores y tiene sociedad con inmobiliarias urbanas y empresas del agro negocio brasileñas y argentinas; Sollus Capital, que recibe inversiones indirectas de empresas japonesas y argentinas; Insolo, que recibe inversiones de Harvard University Endowment Fund.\nTodas las empresas mencionadas están presentes en el área visitada por la misión de investigación y muy probablemente poseen tierras y haciendas en la región.\nLa región también ha sido víctima de inversiones japonesas por medio de Agrícola Xingu S.A., una subsidiaria brasileña de Mi\nMitsui & Co. S.A., y de Agrex/Mitsubishi.\nA pesar de ni siempre estar interligados por medio de una relación formal de negocios, todos los diversos agentes son\nparte necesaria de este modelo específico de obtención de riqueza, que causa enormes impactos sociales y ambientales.\nEntre ellos están los “grileiros” locales, las inmobiliarias rurales que adquieren tierras con el propósito de especular o arrendarlas para la producción, las empresas del agro negocio que explotan la tierra (y las personas locales que terminan por trabajar en las plantaciones debido a la pérdida de sus medios de subsistencia) y los agentes financieros internacionales, que pueden tener vínculos con cualquiera de esos otros agentes, y aseguran la entrada del capital necesario para que esos negocios continúen operando.\nComo será detallado más adelante, los fondos de pensión de EUA, Alemania, Holanda y Suecia invirtieron cuantiosos fondos en el negocio de tierras en la región de MATOPIBA.”\nEl fondo de pensión de Estados Unidos, TIAA\n“ TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association, o\nAsociación de Seguros y Anualidades para Profesores) es un fondo de pensión privado, sin fines lucrativos, que administra las cuentas de jubilación de cerca de 5 millones de profesores y profesionales del área de servicios sociales de 16.000 organizaciones. TIAA posee escritorios en todo EUA y el resto del mundo, pero su sede está en New York. TIAA es el mayor inversor internacional en tierras agrícolas del mundo, además del tercer mayor administrador de inmuebles comerciales.\nDe acuerdo con TIAA, cerca de 43% de sus tierras (294.901 hectáreas) están en Brasil en cuanto 40% de sus tierras agrícolas (277.097 hectáreas) están localizadas en Australia, TIAA también posee emprendimientos menores en Chile y Polonia. Casi 15% de sus tierras agrícolas están en EUA, totalizando 101.641 hectáreas, y a pesar de ser menos de un sexto de sus tierras cultivadas, los retornos de las tierras agrícolas en EUA constituyen casi la mitad del total de activos.\n“La grande mayoría de los cultivos producidos por TIAA se destinan a la venta en los mercados de commodities para producir alimentos procesados, biocombustibles, o alimentar animales en las haciendas industriales.\nEl Estado de São Paulo es donde se encuentra la mayor parte de las tierras de TIAA en Brasil, 133.941 hectáreas, cercano al 45%.\nComo dicho anteriormente, la mayor parte de las tierras agrícolas en Brasil son de propiedad y administradas por dos fondos TCGA I y TCGA II. De acuerdo con la descripción de propiedades agrícolas de TIAA de octubre de 2016, el área total de propiedades agrícolas bajo TCGA en Brasil era 132.904 hectáreas siendo que 3.177 hectáreas estaban en Piauí, 47.346 hectáreas en Maranhão, 2.960 hectáreas en Tocantins y 10.367 hectáreas en Bahía. Bajo TCGA II el área de las propiedades agrícolas en Brasil totalizaban 64.733 hectáreas, de las cuales 2.460 hectáreas estaban en Maranhão y 14.431 en Bahía.\n“Como ya fue mencionado, las inversiones de TIAA en propiedades agrícolas están bajo supervisión de su división de gestión de activos globales, Nuveen. Las inversiones son administrados por Westchester Group Investment Management, Inc., una firma de gestión de activos afiliada a TIAA/Nuveen, que ‘identifica, adquiere y monitorea las inversiones en tierras agrícolas, además de cuidar la negociación de contratos de arrendamiento y la administración de cosechas'.\nUn tercer nivel administrativo es compuesto por los operadores de las haciendas, que ‘administran las propiedades día a día.' En muchos casos eso ocurre por medio de contratos de arrendamiento o posee y administra propiedades agrícolas por otros medios. De hecho, con base en las informaciones aportadas por TIAA/Nuveen sobre sus propiedades agrícolas, también existen otros fondos llamados Radar I y II que poseen haciendas propias en la región de MATOPIBA.”\n“TIAA se presenta como una empresa líder en relación a su portafolio de inversiones atractivas para los inversores financieros, en particular para los inversores institucionales.\nEn una carta enviada a FIAN en respuesta a la versión preliminar de este informe TIAA/Nuveen declaró que: ‘acreditamos que nuestro compromiso financiero a largo plazo, riguroso proceso de habilidad previa y prácticas bien documentadas de sustentabilidad definieron las normas para inversores institucionales en tierras agrícolas.' El fondo también afirmó ‘que varias medidas fueron tomadas para convertirnos referencia en inversiones responsables.'\nEl Fondo resalta en especial que es uno de los signatarios originales de los Principios para la Inversión Responsable (PRI) y estuvo envuelto en la elaboración de los Principios\nPara la Inversión Responsable en Tierras Agrícolas. Ambas iniciativas fueron lideradas por inversores con el objetivo declarado de mejorar la sustentabilidad, la transparencia y la prestación de cuentas de sus inversiones, incluso los hechos en tierras agrícolas.\n“TIAA destaca que hace informes anuales de sus actividades en relación a esos principios.\nTIAA justifica sus inversiones en tierras agrícolas por la necesidad de diversificar su portafolio, asegurar un apoyo para los planos de jubilación, generar una fuente de apoyo estable y sin inflación. En uno de sus informes el Fondo declara: ‘Creemos que tierras agrícolas son excelentes activos financieros a largo plazo que adicionan valor y diversificación a las inversiones de muchas instituciones.' TIAA destaca que es un inversor a largo plazo, que normalmente adquiere sus ‘activos en tierras agrícolas considerando un plazo de hasta 20 años.' Ellos también afirman que sus inversiones ‘son una fuente vital de capital que ayuda a los operadores locales a practicar la agropecuaria en forma sustentable, mejorar el rendimiento de las cosechas y aumentar la oferta mundial de alimentos.' El Fondo reconoce que las inversiones en tierras agrícolas son ‘un asunto complejo (…) con muchas implicaciones ambientales y sociales', pero afirma que lidia con eso por medio de sus procedimientos de habilidad previa.”\n“Pero, la auto descripción de TIAA como un líder global en materia de inversiones sustentables y responsables contradice con la investigación hecha sobre sus inversiones agrícolas en Brasil. La investigación muestra como el Fondo creó una estructura elaborada para adquirir tierras agrícolas en la región de M ATOPIBA. m uchas de sus haciendas fueron compradas por una empresa llamada Radar Inmobiliaria Agrícola S/A, que fue creada como un emprendimiento en conjunto entre TIAA y la mayor productora de azúcar de Brasil: Cosan. Inicialmente TIAA tenía 81% de Radar por medio de su subsidiaria brasileña Mansilla Participações Ltda., en cuanto Cosan poseía 19% y administraba las inversiones.\nUno de los objetivos de Radar es obtener lucros futuros por medio de la tierra -o sea adquirir tierras a bajo costo, creando haciendas en esas tierras, y entonces venderlas, en varios casos por medio de transacciones de carácter especulativo.\nEn setiembre de 2016, Cosan anuncio la venta de la mayor parte de sus cuotas (equivalente a centenas de millares de hectáreas) a Radar para Mansilla Participações Ltda., la subsidiaria de TIAA en Brasil.\nA pesar de TIAA ahora poseer 97% de Radar después de la adquisición de las acciones de Cosan, Cosan continua administrando a Radar oficialmente y TIAA figura apenas como un inversor, en cuanto afirma que la tierra no pertenece a extranjeros.\nLas leyes brasileñas determinan responsabilidades para los propietarios, pero no lo hacen de forma clara para inversores, lo que es utilizado por los mismos para refutar cualquier responsabilidad por abusos y crímenes.\nCuando el Juez Heliomar Rios Ferreira, del sector agrario de Bom Jesus, en Piauí, publicó su decisión de cancelar, por cuenta de “grilagem” de tierras, las matriculas de un total de 124 mil hectáreas de tierras en el sur de Piauí en nombre de Euclides de Carli, él se refirió al mismo como “Senhor das terras do Piauí” y declaró: ‘Lo que fue demostrado hasta ahora es un verdadero ejemplo de un inmenso ‘grilagem' de tierras, tal vez el mayor del Estado de Piauí.' . Las actividades de Euclides de Carli también fueron investigadas por la Asamblea Legislativa de Maranhão.\nLa investigación sobre el negocio de tierras en la región de MATOPIBA también descubrió que Radar compró tierras en Piauí que estaban bajo disputa judicial, desmató el área y luego arrendó para SLC Agrícola/LandCo para la producción de soja. De acuerdo con una indagación de sus haciendas en Maranhão (Catuaí Norte) de SLC Agrícola.\nEsto indica que las diferentes empresas que actúan en el negocio de tierras en la región de MATOPIBA tienen relación de negocios entre sí. La relación de negocios entre ellas ayuda a mantener el mercado fluctuante.\nLa hacienda Ludmila, que cubre 2.300 hectáreas en el municipio de Santa Filomena es una de las haciendas de propiedad de TIAA, por medio de TCGA I en Piauí, y es adyacente a la hacienda Parnaguá de SLC Agrícola) que causó disputas por tierra con las comunidades locales.\nEl Trabajo reciente de investigación hecho por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos no pudo probar que esas tierras fueron adquiridas de forma ilegal. Pero, los procedimientos de cancelamiento de las escrituras de una buena parte de las tierras alrededor de la hacienda fueron iniciados por la Justicia Agraria de Bom Jesus . Dos haciendas localizadas en la misma meseta de la hacienda Ludmila también tiene intervención de inversores extranjeros, son ellas la hacienda Parnaguá (de SLCAgrícola/Land Co., con el apoyo financiero del Fondo de inversión británico Valiance Capital ) y la hacienda de la empresa de agro negocio InSolo Agroindustrial (en la cual Harvard University Endowment Fund invirtió). Todas estas haciendas fueron creadas en tierras que pertenecen oficialmente al Estado (“ terras devolutas ”) y no es claro como ellas pudieron ser adquiridas por medios legales.\nINCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) también tiene registrado un pedido por el título de propiedad de la hacienda Ludmila por parte de la hija de Euclides De Carli, lo que indica que Radar posiblemente compró esa hacienda de Euclides de Carli.\n“En 2011, el Fondo de Pensiones de los médicos alemanes ‘Ärzteversorgung Westfalen-Lippe' (ÄVWL), que ofrece planos jubilatorios para más de 56 mil médicos y administra más de 10 billones de euros, invirtió US$ 100 millones en la empresa de inversiones TCGA I.\nDe acuerdo con las informaciones recibidas durante un encuentro con ÄVWL, el Fondo tiene el compromiso de mantenerse en TCGA I por más de 10 años, pero su parte puede ser vendida para otros grupos que participan de la inversión.\nEn la estructura que rige el sistema de planes de pensión de profesionales (“berufsständische Versorgungswerke”), como ÄVWL, son parte del ‘primer pilar' de los planes de jubilación estatutarios. ÄVWL es una institución del consejo regional de los médicos profesionales (‘Ärztekammer Westfalen-Lippe') y es regido por los comité de supervisión y administración (‘Aufsichtsausschuss' and ‘Verwaltungsausschuss').\nPor eso, ÄVWL es una entidad de derecho público, con atribuciones de naturaleza pública. De acuerdo con el sistema político federal de Alemania, la competencia sobre esos planes de pensión pertenece exclusivamente a los estados (Bundesländer). Por lo tanto ÄVWL está bajo supervisión, en el ámbito jurídico, del Ministerio de las Finanzas de Renania del Norte-Vestfália (NRW). De acuerdo con las leyes estaduales, el papel de supervisión también incluye asegurar que los planes de pensión deben reportarse regularmente al respecto de sus inversiones y riesgos financieros relacionados.\nUna directriz reciente para los fondos de pensión de funcionarios públicos de Renania del Norte-Vestfália contiene algunas medidas adicionales para reglamentar el uso de dinero de pensiones. De acuerdo con esa disposición, aspectos relativos a la sustentabilidad (como aspectos ecológicos y sociales, deben ser considerados al evaluar la seguridad y la rentabilidad de una inversión. Títulos no deben ser adquiridos en caso de que existan indicaciones claras de que existen violaciones de los principios de buen Gobierno Corporativo en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y combate a la corrupción contenidos en los principios del Pacto Global de la ONU. Pero no se prevé un control independiente, y la decisión sobre cuestiones de sustentabilidad generalmente es hecha con base en declaraciones del proveedor o empresa de administración de fondos.\nÄVWL también posee un Código de Gobierno Corporativo, que cita aspectos éticos de sus inversiones pero no menciona los derechos humanos y prevé auditorías internas por el comité administrativo en base a los Principios para la Inversión Responsable. Una directriz reciente para los fondos de pensión de funcionarios públicos de Renânia de Norte-Vestfália contiene algunas medidas adicionales para reglamentar el uso del dinero de las pensiones. De acuerdo con esa directriz, aspectos relativos a sustentabilidad (como aspectos ecológicos y sociales) deben ser considerados al avaluar la seguridad y rentabilidad de la inversión. Títulos no deben ser adquiridos en caso de que existan indicaciones claras de que existen violaciones de los principios de buen Gobierno Corporativo en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y combate a la corrupción contenidos en los principios del Pacto Global de la ONU.\nPero esta disposición no prevé un control independiente, y la decisión sobre cuestiones de sustentabilidad generalmente es hecha con base en declaraciones del proveedor o empresa de administración de los fondos.”\n“Stichting Pensioenfonds ABP es un fondo de pensión para funcionarios del gobierno y profesionales de la educación de Holanda. Con activos por el valor de € 403 billones en noviembre de 2017, ABP es el mayor fondo de pensión de Holanda y está entre los cinco mayores del mundo. Como otros Fondos europeos, ABP por medio de su firma de gestión de activos, APG, aumentó sus inversiones en tierras agrícolas después de la crisis financiera y de precios de alimentos de 2007/2008 y, desde entonces expandió su portafolio agrícola para centenas de millares de euros. En 2010 Jos Lemmens, entonces gerente senior de commodities de APG afirm ó que ‘el mundo es básicamente nuestra hacienda'. La elección de un país o región para invertir ‘depende apenas del proyecto específico y de las condiciones adecuadas de retorno/riesgo.\nDe acuerdo con registros de TIAA, ABP posee US$ 200 millones en activos invertidos en TCGA II. En abril de 2017 ABP también poseía acciones de Cosan, (una empresa dueña de parte de Radar) valiendo cerca de € 32 millones.\nAdemás de sus acciones de Cosan, ABP no divulg ó nada respecto de cualquier otra de sus inversiones en Brasil, una vez que solo es obligado a reportar sus inversiones en empresas que cotizan en la Bolsa de Valores.\nNotablemente, el gobierno holandés posee asientos en el Consejo de Empleadores y en el Consejo de Prestación de Cuentas de ABP, en donde puede intervenir y pedir esclarecimientos. La Ley de Pensiones en Holanda contiene una serie de exigencias legales que los fondos de pensión deben cumplir. La mayor parte de ellas están relacionadas a gestión de riesgos y buena función de acuerdo a los intereses de los beneficiarios. Desde 2014 los fondos de pensión también son obligados a informar sobre cómo abordan cuestiones ambientales y climáticas, de derechos humanos y relaciones sociales en sus políticas de inversión. Pero cabe a los fondos de pensión decidir sobre como informar sobre estas cuestiones. ABP publica una relatoría anual de responsabilidad social corporativa, en la cual, entre otras cosas, describe sus intenciones y directrices, además de aportar una lista de empresas consultadas sobre cuestiones de responsabilidad social corporativa.\nElla también mantiene una lista actualizada de sectores y empresas que fueron excluidas de las inversiones de ABP.”\n“En 2013, el sector de los fondos de pensión estableció un código de conducta con una breve sección sobre inversiones sustentables, que refleja en gran parte la responsabilidad de informar prevista en la Ley de Pensiones. En 2017, el sector abrió negociaciones con el gobierno y otros agentes para decidir sobre normas internacionales de responsabilidad social corporativa, basadas en el actual código de conducta, en la Ley de Pensiones en las estipulaciones de la OCDE para empresas multinacionales, en los Principios para Inversión Responsable (PRI) y en los principios de ONU sobre Comercio y Derechos Humanos. Como será mostrado con más detalles en el capítulo V, esos principios y directrices no establecen reglas de carácter obligatorio sobre las responsabilidades corporativas legales de las inversiones de los fondos de pensión, y dependen de un compromiso voluntario de las empresas e inversores.”\nEl segundo Fondo AP es uno de los cinco fondos complementarios del sistema de pensiones de Suecia.\nEl papel que cumplen esos fondos es lidiar con las fluctuaciones en el sistema de pensiones. AP2 administra un total de € 30 billones para todos los ciudadanos suecos.\nAP2 invierte 2,4% de su capital en tierras agrícolas, por medio de emprendimientos conjuntos con otras empresas e inversores. Más del 85% de las inversiones del Fondo en tierras agrícolas fueron hechas (o comprometidas futuramente en TCGA I (US$ 450 millones) y en TCGA II (US$ 750 millones), y 27% (2018) de las tierras agrícolas del Fondo están en Brasil.\nDe acuerdo con AP2, su estrategia es invertir en grandes propiedades agrícolas en países con una estructura jurídica clara, a pesar que representantes del Fondo han admitido que eso puede ser un problema en lo referente a Brasil. Ellos declaran que prefieren invertir en países que tienen pocos subsidios, y que el país en cuestión debe tener un superávit en la exportación de productos agrícolas.\nAdemás, la estrategia oficial del Fondo es la de comprar tierras y arrendarlas para empresas agrícolas con el objetivo principal de cultivar plantas que puedan ser cosechadas de forma mecanizada (como maíz, soja, trigo y caña de azúcar). Las tierras agrícolas son vistas por AP2 como sus inversiones en activos a mayor plazo, pudiendo durar hasta 20 años. AP2 exige que sus administradores tengan una experiencia bien documentada en inversiones semejantes, compartan sus opiniones sobre sustentabilidad y perspectivas de largo plazo y tengan una presencia y conocimiento del local. AP2 prefiere los llamados ‘club deals' que tratan de colaboración con otros inversores para tener un mejor entendimiento de sus preferencias y posesionarse de manera mejor para influenciar las inversiones.\nLa estructura jurídica que reglamenta las inversiones de los fondos de pensión públicos es de competencia del parlamento sueco. El sistema actual fue adoptado después de un acuerdo entre cinco partidos en 1999. Representantes de esos partidos (Social Demócratas, Partido Moderado, Partido de Centro, Liberales y Demócratas Cristianos), junto con otro partido (Partido Verde) forman el grupo en el parlamento sueco que es responsable por negociar cambios en el sistema público de pensiones, incluyendo las reglas generales de los fondos de pensión públicos.\nEl papel del gobierno se limita al nombramiento de los consejos de fondos y a la designación de auditores externos que evalúen las actividades de los fondos. Esas evaluaciones componen la base de los informes al parlamento sueco, donde el gobierno (por medio del Ministerio de Finanzas) presenta los resultados y su visión sobre las actividades del fondo. Cada año el Consejo del fondo a dopta una política de propiedad de activos y re recibe un informe en cada reunión sobre sustentabilidad de las actividades del fondo. Hasta el momento el gobierno no mencionó los Fondos AP en su Plano de Acción para Negocios y Derechos Humanos.\nHoy existe un proceso en andamiento de actualización de la estructura jurídica que se aplica sobre el sistema público de pensiones. Una propuesta inicial fue presentada en Junio de 2017, que se refería de forma más enérgica sobre cuestiones de sustentabilidad, definidas en la propuesta de gobierno como sustentabilidad social, ambiental y económica. Los derechos humanos son citados como un componente fundamental de la dimensión social. Pero el principal foco de la propuesta todavía es la obtención de altos rendimientos. El proceso se atrasó, pero el gobierno espera presentar la propuesta al parlamento en 2018.\nMás allá de la estructura jurídica actual, AP2 posee una propia estructura para orientar el fondo sobre cuestiones de sustentabilidad. En esa estructura, AP2 se refiere al instrumento de gobierno sueco (que es parte de la Constitución de Suecia y se basa en valores democráticos y derechos fundamentales) las Convenciones de ONU firmadas por Suecia, las directrices internacionales de OCDE para Empresas Multinacionales y los posicionamientos de Suecia sobre derecho internacional.\nAP2 también declara que espera que las empresas actúen de acuerdo con las leyes, pactos y normas internacionales independientemente del país en el cual actúan. Esa responsabilidad de aplica mismo si el país en cuestión no hubiera firmado una convención o posea una legislación más débil.”\n“La misión internacional de investigación en la región de MATOPIBA, que recabó informaciones de primera mano para este informe, se realizó en la región sudoeste del Estado de Piauí, en la frontera con el estado de Maranhão y se concentró en dos municipios: Gilbués y Santa Filomena.\nEsta es una de las regiones en que TIAA/Nuveen adquirió tierras por medio de sus socios locales, en particular RADAR Inmobiliaria Agrícola S/A., la hacienda Ludmila, específicamente está situada en el municipio de Santa Filomena. El tamaño de las propiedades agrícolas en la región de MATOPIBA, la distancia entre ellas y la mala infraestructura, hicieron que la misión se concentrase en un área específica. Además es difícil identificar la localización exacta de las haciendas de TCGA. La hacienda Ludmila fue una de las primeras a ser localizadas. Considerando que la apropiación de tierras en la región de MATOPIBA sigue un padrón que ya fue descripto en este texto (envolviendo diversos agentes que, en muchos casos, están interligados por medio de relaciones de negocios), el caso específico de esos dos municipios puede ser considerado como un ejemplo emblemático de un proceso que afecta toda la región y causa impactos graves y extensos en la población local.\nEl equipo de la misión internacional de investigación visito las siguientes comunidades entre los días 6 y 11 de setiembre de 2017.”\n“Melancias: Esta comunidad esta situada en el municipio de Gilbués. Ella está compuesta por 53 familias que se identifican como costeros “brejeiros” (personas que cometen actos infantiles) y viven en las márgenes del rio Uruçuí Preto. Ellos afirman que la comunidad inició su asentamiento hace 104 anos. Ellos dependen de la cosecha del buruti ( Mauritia flexuosa ), de la mangaba ( Hancornia speciosa ) del pequi ( cariocar brasiliense ), además de la pesca y de sus plantaciones como medios de subsistencia.\nLa comunidad de encuentra muy perjudicada por cuenta de las nacientes de agua que secaron en los últimos años debido la disminución de los niveles de agua del acuífero. Miembros de la comunidad afirman que hace cinco anos que el agua comenzó a escasear y los lugares bajos donde hay nacientes (“brejos”), donde están las plantas de buriti empezaron a secar. Consecuentemente los árboles dejaron de dar frutos. Otras plantas utilizadas en la elaboración de medicamentos también están desapareciendo. De acuerdo con sus testimonios el rio también está secando y las abejas y peces están desapareciendo.\nVarios moradores relatan el uso excesivo de agrotóxicos por\nLas haciendas en las proximidades. Los agrotóxicos son fumigados por aviones sobre las llanuras y el viento y el agua llevan los productos hasta los bajos desbastando sus cosechas y plantaciones. Existe la presencia de agrotóxicos en el rio, en las nacientes y en los arroyos lo que causa graves perjuicios a los recursos pesqueros. El agua de los ríos queda anaranjada en el periodo de lluvias conforme corre para los bajos, trayendo con ella la erosión y los agrotóxicos usados en las plantaciones.\nLas comunidades están tentando formalizar sus derechos a la tierra, pues los “grileiros” presentan documentos falsos para apropiarse de sus tierras. Además fueron hechas diversas solicitaciones por el reconocimiento de propiedad de esa misma tierra. La comunidad dio entrada en un proceso de justicia agraria para defender sus derechos. Como parte de esos esfuerzos la comunidad contrató un técnico para hacer un trabajo de geo-referenciamiento, pero el ingreso en el programa de regularización no puede ser concluido por cuenta del litigio en andamiento en la justicia agraria. Durante las reuniones quedó claro que las amenazas constantes de los “grileiros” causan mucho miedo en la comunidad.”\n“Baixão Fechado : Esta comunidad está situada en el municipio de Santa Filomena y vive en las márgenes del nacimiento del Sucruiu. Sus ancestrales poblaron el área hace aproximadamente 170 años. La comunidad relató que ellos sufren constantemente con la acción de “grileiros”, tiroteos y mucha violencia debido a disputa por tierras en la región. Los “grileiros ocuparon no apenas área de tierras planas que eran utilizadas colectivamente por las comunidades, y las transformaron en plantaciones de soja, pero también han avanzado sobre los ‘baixões' de las comunidades De acuerdo con el uso tradicional de la tierra, las planicies eran utilizadas para criar animales, cazar y coger plantas. Los moradores de las comunidades destacan que el conflicto con la hacienda Ludmila de Radar es particularmente nocivo, pues están en una disputa judicial por la propiedad de la tierra co esta hacienda hace 8 anos. Tres haciendas ya sacaron tierras de la comunidad: Japura, Fortaleza y Ludmila. Los moradores afirman que el poder público está ausente y no toma medidas para garantir los derechos de la comunidades, y como resultado de eso la comunidad se ha reducido poco a poco pues los pobladores abandonan la región por cuenta de las frecuentes amenazas y perdida de sus medios de subsistencia.\nEl suministro de agua, que antes era abundante y de buena calidad, está disminuyendo hace años debido a la desforestación y uso abusivo del suelo por parte de las haciendas llegando al punto de ser preciso obtener camiones-tanque para el abastecimiento de agua. La comunidad no posee acceso a la red pública de energía, y obtiene su electricidad solamente por medio de generadores.\nSin energía eléctrica es muy difícil transformar las frutas locales en pulpa, que es una actividad que podría generar alguna renta para las familias. También faltan carreteras para facilitar la salida de la producción local.”\n“Sete Lagoas : Esta comunidad también se localiza en el municipio de Santa Filomena. Ellos se identifican como parte del pueblo indígena Gamela. Evidencias de ocupación antigua pueden ser encontradas en un cementerio antiguo y en las memorias de aquellos que descienden de los pueblos indígenas de la región. La comunidad se estableció en la región como poseedores, sin títulos formales de sus territorios tradicionales.\nEl conflicto se exacerbó a partir del año 2010 con la llegada de la empresa Damha en la región. Parte de la comunidad de Sete Lagoas es vigilada constantemente por una empresa de seguridad privada, y por cuenta de eso algunas familias tuvieron que salir de la región porque no conseguían más plantar sus cosechas bajo frecuentes amenazas. Miembros de la comunidad alegan que las familias están siendo impedidas de trabajar y de cuidar sus terrenos con plantaciones, siendo que algunas de estas y sus casas fueron destruidas. Damha alega que el área donde esta levantada la comunidad es un área de reserva legal de propiedad de la empresa e ingresó con una acción de posesión contra la comunidad.\n(Proceso 0000335-90.2015.8.18.0042 TJ/PI). Esto nos lleva al hecho de que la legislación brasileña, que exige dos propietarios que mantengan parte de sus tierras con la cobertura vegetal nativa como reserva legal, está llevando al aumento del “grilagem verde” en la región.”\nBrejo das Meninas: Esta comunidad vive en las márgenes del rio Riozinho y está situada en el municipio de Santa Filomena. Ellos se identifican como “ribeirinhos” es decir pobladores costeros del Riozinho. Las mujeres de la comunidad dependen de la extracción del buriti y otras frutas del Cerrado, como sus medios de subsistencia y también producen diversos productos artesanales, como redes y tapetes de croché, óleo y dulce de buriti, oleo de pequi, dulce de leche, dulce de caju y otro productos hechos con frutos de la región, la vacaba y el pequi. Esas actividades fueron las más afectadas por la expansión del agro negocio en la región. Después de la destrucción de los ‘buritizeiros' por las monoculturas, las mujeres de la comunidad tienen que andar distancias cada vez mayores enfrentando los peligros y amenazas impuestos por los “grileiros”, dueños de haciendas y sus empleados.\nDurante la visita, diversos moradores enfatizaron los problemas causados por el ‘desmatamiento' como la disminución del número de animales silvestres, que perjudica la posibilidad de caza. Algunas de las áreas usadas por las monoculturas fueron quemadas y por eso no producen más nada. Los moradores ven eso como una tentativa de expulsarlos de sus tierras. Ellos también afirman que los gobiernos municipales están cerrando las escuelas rurales como más una forma de forzarlos a dejar sus tierras.”\n“Santa Fe: Esta comunidad está localizada en el municipio de Santa Filomena y junto con las comunidades de Brejinho, Angical, Brejo Feio, e Brejo Seco, componen el territorio de Riozinho. Ella está compuesta por cerca de 100 familias que se identifican como “ribeirinhos” y han vivido en esas tierras desde hace más de 200 años. Es una comunidad grande que consiguió consolidar una infraestructura significativa, reflejando claramente el gran trabajo de la comunidad catalizado por el trabajo misionario del Padre João, con el apoyo de ONGs internacionales. La comunidad todavía posee muchos recursos, en grande parte por cuenta de su rio de gran caudal. Eso trae una cierta seguridad y aumenta el potencial de la comunidad. Esta comunidad se organizó para oponerse al agro negocio y resistir el avance de los ‘grileiros' en defensa de sus tierras. Como parte de sus esfuerzos la comunidad dió entrada a un proceso de formalización de sus derechos a las tierras junto al Instituto de Tierras de Piauí (INTERPI) que es el órgano publico responsable por regularizar las propiedades de tierras en el Estado de Piauí. Ellos están preocupados de regularización, pues el INTERPI ya regularizo grandes propiedades privadas de individuos y empresas en la misma región.”\nLo Descubierto: Los impactos en las Comunidades y en la Población Local\nLas Apropiaciones de Tierras y la Expropiación de las Comunidades: Antiguo Problema, Nuevas Formas\nLa tierra y sus diversos usos, es lo que sustenta las familias y ha servido de base para los medios de subsistencia de la población local hace generaciones. La mayoría de los miembros de las comunidades visitadas en Gilbués y Santa Filomena relató que son ‘nacidos y criados' en aquella tierra, se sienten fuertemente ligados a la región, allí pretenden permanecer y gustarían de tener sus medios de subsistencia y modos tradicionales de vida respetados. Varias comunidades relatan que sus antepasados habitan la región desde el inicio del siglo XX. Los modos tradicionales de vida generalmente envolvían la morada en los llamados ‘ baixões', donde se realizaba la roça, (‘tierra sembrada'), la pesca y la caza de animales de la región, la cría de animales sueltos en los lugares poco elevados (‘baixões') y en las planicies (‘chapadas'), y la colecta y manejo de los frutos, como el buriti, para la preparación de dulces y aceites, actividades desenvueltas principalmente por las mujeres. Las planicies acostumbraban ser usadas como un espacio comunitario, donde se ponían animales para pastar, cazaban y colectaban leña y plantas silvestres. Juntos los lugares poco elevados y las planicies formaban el territorio de las comunidades, lo que sustentó sus vidas por generaciones.\nA pesar de ser habitantes antiguos de esas tierras los derechos de las comunidades sobre ellas nunca fue oficialmente reconocido o registrado (individual o colectivamente) y la mayor parte de las tierras son oficialmente del Estado (llamadas tierras ‘ devolutas '). Muchas de estas poblaciones locales poseen derechos adquiridos debido a la ocupación de esas tierras a largo plazo, por generaciones. En muchos casos las comunidades usan y administran la fierra de manera tradicionalmente comunitaria. Pero el hecho de posesión de las comunidades no haber sido asegurado por el Estado significa que ellos están vulnerables a expropiaciones por parte de ‘grileiros' y empresas de agro negocio. De acuerdo con relatos de miembros de las comunidades, desde 1990 ellos han sufrido presiones directas (como amenazas, acciones judiciales posesorias, destrucción de casas y plantíos y violencia contra las personas) e indirectas (perdida de la fauna y la flora, contaminación del suelo y del agua por agrotóxicos, disminución de la cantidad de agua disponible, entre otras) debido al avance del agro negocio y a la especulación inmobiliaria en la región, especialmente e después que el capital internacional decidió invertir en tierras en la región. Como resultado, el plantío, la caza, la pesca y la creación de animales sueltos se tornaron prácticamente imposibles debido a la presión especulativa y a la destrucción ecológica causada al desforestar y por el modelo industrial de agricultura.\nCon la expulsión de esas comunidades de las mesetas donde hoy existen plantaciones de soja y caña de azúcar después de la desforestación de la vegetación nativa del Cerrado las tierras se tornaron insuficientes para la sobrevivencia y mantenimiento de esas comunidades. Muchos se vieron forzados a abandonar sus tierras de forma permanente, migrando para las ciudades donde viven en ‘favelas' en las periferias de las grandes y medias metrópolis, como fuerza de trabajo precaria. Las comunidades que consiguieron permanecer solo pueden hacerlo si trabajan en condiciones muy precarias, muchas veces en condiciones análogas a la esclavitud, y muchas veces para los propios propietarios del agro negocio que ocuparon sus antiguas tierras.\nLos conflictos territoriales en el sur de Piauí ocurren en un contexto de gran inseguridad en relación a la propiedad de las tierras. De acuerdo con informaciones oficiales Piauí es el segundo estado brasileño con más reivindicaciones por las mismas tierras e inseguridad por los derechos de posesión. Durante el proceso de apropiaciones de tierras para la creación de plantaciones del agro negocio o para fines especulativos los agentes envueltos buscan obtener un reconocimiento legal de sus propiedades lo que aumenta las reivindicaciones por las mismas áreas. De acuerdo con informaciones oficiales para la misión, existen casos de tierras con más de 20 títulos de propiedad. Los registros locales de títulos de propiedad (privados) son utilizados como una de las principales herramientas de fraude de títulos de propiedad y maniobras que legalizan las apropiaciones de tierras. Una investigación reciente del Ministerio Público llevó al cierre de 10 registros, incluidos los de Bom Jesus y Santa Filomena . De acuerdo con fuentes oficiales muchos de los registros suspendidos, volvieron a funcionar bajo la responsabilidad de las mismas personas de antes por ‘falta de alternativas' en esas localidades.\nDe acuerdo con varios testimonios existe una conspiración entre las autoridades públicas y las grandes empresas del agro negocio que facilita la apropiación de tierras y la expropiación de comunidades tradicionales. La desvergüenza del poder público es evidente. Conflictos territoriales gravísimos ocurren (como, por ejemplo, lo que ocurrió en 2007 en Bom Jesus , en Piauí – actual asentamiento Rio Preto - que hasta hoy no fue investigado) sin ninguna investigación por parte de los órganos estatales competentes (como Policía, INCRA, o INTERPI entre otros).\nLas comunidades vienen tentando regularizar sus tierras y formalizar sus derechos de posesión. Con todo ellas están enfrentando una serie de dificultades. El gobierno no ofrece auxilio jurídico o técnico de forma accesible para las comunidades tradicionales en las áreas que desean regularizar sus tierras. La Comissão Pastoral da Terra (CPT) y los sindicatos. de trabajadores rurales asumieron ese papel de aconsejar y orientar. Algunas comunidades como la de Sete Lagoas están tentando regularizar sus tierras, pagando con su dinero para hacer un trabajo de geo- referenciamiento y registrarlo en el Cadastro Ambiental rural (CAR). Pero en muchos casos las comunidades descubrieron en el proceso que sus tierras ya habían sido registradas a nombre de otros, en particular de empresas del agro negocio.”\n“El creciente uso de agrotóxicos fue apuntado por las comunidades como uno de los principales problemas causados por las actividades del agro negocio en la región. Como dicho anteriormente las comunidades relataron la contaminación de ríos, regatos, riachuelos y nacientes por agrotóxicos usados en las plantaciones. Como resultado el acceso de las comunidades al agua que es esencial para mantener sus medios de subsistencia y prácticas agrícolas se encentra altamente comprometido. En muchos casos los agrotóxicos son rociados por aviones. Los ríos están contaminados por los suelos corroídos de las plantaciones. La contaminación de los recursos hídricos causa la destrucción de los recursos pesqueros y de las plantaciones de los pueblos locales además de comprometer el acceso al agua potable. En Melancias, Sete Lagoas y en la Chacra Xícara en Alto Parnaíba (MA) fueron registrado testimonios de contaminación de los ríos por agrotóxicos de varias haciendas y proyectos agrícolas. Una moradora de Melancias relató que se enfermó con nauseas, mareos y vómitos, entre otros síntomas compatibles con la intoxicación con agrotóxicos. Ella tuvo que pasar dos meses bajo observación médica en Teresina. Varias personas relataron síntomas similares que se agravan cuando el uso de agrotóxicos es más intenso en las haciendas más cercanas. En Baixão Fechado, los moradores relataron que síntomas como tos, mareos y dolor de estómago y presión baja se ha hecho más común en los últimos anos. También apuntaron un aumento en los casos de cáncer. Ellos atribuyen todo eso al agua envenenada.”\n“En 2015 la comunidad de Melancias registro una denuncia contra los grandes productores de soja en las planicies por la contaminación causada en el Rio Uruçuí Preto, pero la denuncia no llevaron a las autoridades a tomar medidas efectivas para garantizar a la población al acceso seguro a los recursos hídricos.”\n“La contaminación del agua también condujo a la escasez de agua potable de calidad no solo en las comunidades sino también en las propias haciendas del agro negocio. SLC Agrícola empezó a contratar camiones tanque para abastecer de agua a los funcionarios de las haciendas.”\n“Los moradores también relatan que los pájaros que comen las mangas de la región mueren de inmediato, lo que puede ser un indicio de contaminación por productos químicos. También fue relatado que no existen más, ‘ araras-vermelhas' o papagayos en la región, lo que denota un desaparecimiento de especies y una consecuente pérdida de biodiversidad. La desforestación, las mono culturas y el uso excesivo de agrotóxicos llevaron a declinar la población de abejas. Lo mismo ha acontecido en los últimos anos con diferentes insectos. Moradores de la comunidad de Sete Lagoas relataron que no consiguen más plantar muchos de sus cultivos tradicionales, como habas, maíz, arroz y porotos por cuenta del aumento de plagas como la mosca blanca y el ‘bicudo'. De la misma forma la comunidad de Baixão Fechado relató que perdió sus cosechas de zapallos.”\n“Relatos de las comunidades indican que las grandes empresas desmataron prácticamente todo en su camino para crear sus plantaciones sin dejar un único árbol de pie del Cerrado en muchas áreas. Para hacerlo utilizan métodos altamente destructivos como los llamados ‘correntão liso' e ‘correntão de faca' que consisten en remover la vegetación por medio de dos tractores ligados a una gruesa cadena que arrastra y derriba hasta los mayores árboles en su camino. Además de eliminar toda la vegetación, animales de todo tipo quedan aprisionados en la barrida y son destrozados por los árboles o cortados por las cadenas. De esa forma el ‘correntão' extermina en pocas horas la extraordinaria diversidad social y ambiental del Cerrado que llevaron siglos y milenios para formarse y establecerse.\nAdemás de varios testimonios recibidos de las comunidades visitadas sobre el ‘desmatamiento' es posible confirmar parcialmente los alegatos por medio del análisis de fotos del satélite. De acuerdo con las fuentes consultadas, fotos del satélite muestran que hubo una desforestación significativa en el área desde que la hacienda Ludmila, situada en el municipio de Santa Filomena, y de propiedad de TIAA/Radar fue adquirida entre 2012 y 2013. (Fotos de las cadenas utilizadas en el ‘correntão' y del satélite sobre la desforestación en la hacienda Ludmila se pueden apreciar\nen las páginas 54 y 55 del original en portugués de FIAN: Os-Custos-Ambientais-e-Humanos-do-Nego´cio-de-Terras- pdf\nLos relatos de las comunidades visitadas indican claramente que la destrucción del Cerrado para la expansión del agro negocio alteró los padrones de lluvia en la región, que ahora sufre con la sequía. Eso perjudica mucho los medios de subsistencia de la población local, porque la agricultura familiar se torna cada vez más difícil.”\n“Los recursos pesqueros disminuyeron mucho, así como la cantidad de animales silvestres para la caza. Plantas y hierbas medicinales también desaparecieron. La escasez de agua llevó a un disminución en la producción de frutas, como el buriti, impactando directamente en los medios de subsistencia de las mujeres que las colectan y procesan. Por ejemplo el procesamiento de buritis en aceites y dulces disminuyó drásticamente. La escasez de agua también afecta el cultivo de otros alimentos.”\n“El uso abusivo de agrotóxicos está perjudicando todavía más la colecta de las comunidades y llevó al desaparecimiento de habas y otros alimentos, así como la incidencia de plagas que vienen de los plantíos industriales y destruyen las plantaciones de arroz, zapallo, entre otros cultivos. Miembros de diferentes comunidades también afirmaron que las empresas de seguridad que trabajan para las empresas del agro negocio impiden a la población local de plantar sus alimentos o criar sus animales en las tierras que ahora están en disputa. En otros casos, la presencia de miembros de seguridad armados, que hacen incursiones para depredar los campos, forzó a los moradores a mudar sus plantíos para cada vez más lejos de sus comunidades. En algunos casos, los plantíos de las comunidades quedan a kilómetros de sus casas, para impedir su destrucción.”\n“Además de la violencia infligida contra las comunidades por medio de la destrucción de la naturaleza que los cerca y sustenta, todas las comunidades visitadas por la misión viven en circunstancias perturbadoras. Esas circunstancias envuelven diferentes grados de intimidación, asedio y violencia física. De acuerdo con la Comissão Pastoral da Terra (CPT), ocurrieron 636 conflictos por tierra y 109 conflictos\nrelacionados al agua en 2016 apenas en la región de MATOPIBA. Esos números son los más altos en 20 años.\nEn Sete Lagoas, por ejemplo, casas y plantíos de moradores fueron destruidos, hecho que fue verificado por miembros de la misión. La comunidad también relata casos constantes de asedio, por parte de personas armadas y otros individuos ligados al agro negocio, como amenazas de muerte. Intimidación de líderes comunitarios, violencia contra niños, amenazas contra la cría de animales y la presencia de grupos armados en las localidades. Ellos tienen dificultad en presentar quejas pues la oficina policial más próxima está a 240 km de distancia. Mismo así fueron registrados 10 ‘boletines de ocurrencia' desde enero de 2016 por moradores de Sete Lagoas . Sin embargo ninguna de estas ocurrencias fue investigada por la policía, que, de acuerdo con los relatos de los miembros de las comunidades ni siquiera compareció al local para averiguar los hechos. Algunos moradores afirman que policías de la región trabajan en milicias controladas por los propietarios de las haciendas.\nEn la comunidad de Brejo das Meninas , la misión recibió relatos de moradores sobre un incidente reciente en que hubo disparos de armas de fuego, que balearon algunas casas y un ómnibus con pasajeros. Existe un miedo constante de forasteros armados que circulan por la región.\nAlgunas mujeres han mostrado señales de depresión, relacionada principalmente a los asedios sufridos, como las secciones nocturnas de entrenamiento de tiro conducidas por ‘grileiros' y funcionarios de empresas de seguridad en las cercanías de la comunidad. Para tornar más grave la situación, existen también indicios de conflicto entre diferentes grupos de ‘grileiros' en la región y la tensión sentida por la comunidad es tanta que llega al punto de muchos tener miedo de siquiera hablar sobre estos acontecimientos.\nLa complicidad del Estado con el uso de la violencia y amenazas contra las comunidades tradicionales también fue relatada. Varios moradores afirmaron que había policiales en las escoltas armadas que amenazaron las comunidades en diferentes ocasiones. Así mismo esas comunidades no tienen acceso a la protección de la policía y de los órganos de justicia pues la Promotoria de Justiça, la Defensoria Pública y las oficinas policiales generalmente se encuentran a centenas de kilómetros de distancia.\nDurante una protesta el 30 de setiembre (2017) en Balsas de Maranhão, contra la destrucción de sus medios de subsistencia y del Cerrado por el agro negocio, manifestantes que ocuparon las vías de la Transamazónica durante horas exhibían una faja que ilustraban como los pueblos locales ven la actuación de la policía en la región: ‘ la policía es paga y utiliza todo el aparato del Estado en defensa del agro negocio en cuanto los pobres quedan sin medios de defensa'\nDe hecho las declaraciones de las comunidades indican que el Estado se torna presente solamente para atender las reivindicaciones y las necesidades de los propietarios de grandes plantaciones, en cuanto ignora las quejas de las comunidades populares.\nUno de esos casos de violencia contra líderes comunitarios se agravó poco después de la visita de la misión de investigación a la región. Adaildo José da Silva, morador de la comunidad Morro D'água , relató a la misión que un abogado tentaba expulsarlo de sus tierras hace años por medio de amenazas, documentos falsos y hasta mismo violencia. El día 19 de setiembre (2017) Valdimar Delfino dos Santos, que es funcionario del abogado en cuestión, agredió físicamente al Sr. Silva y lo amenazó de muerte. El Sr. Silva registró queja en la policía en diversas ocasiones, pero sin resultado. En febrero de 2018, hombres armados entraron otra vez en la comunidad procurando por Adaildo José da Silva, que felizmente no estaba en la casa. Las amenazas contra su familia continúan.”\n“La expansión agresiva del agro negocio, en particular de las monoculturas de soja y caña de azúcar en los municipios visitados por la misión desencadenó graves violaciones de los derechos humanos y destrucción de la naturaleza. La expansión del agro negocio y la especulación de tierras que la acompaña han modelado la economía política en el sur de Piauí y en la región de MATOPIBA, y alterado de forma dramática las relaciones sociales con la naturaleza, además del propio tejido social. Los crímenes ambientales y violaciones de derechos humanos son innumerables y están íntimamente interligados.\nBrasil ratificó los Pactos e instrumentos de derechos humanos internacionales, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inclusive su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y Culturales. Por cuenta de esas obligaciones bajo estas normas, el Estado brasileño debe tomar medidas inmediatas para respetar, proteger y realizar los derechos humanos, y evitar cualquier acto u omisión que pueda dificultar el disfrute de estos derechos. El Estado brasileño también es Estado-parte en diversas convenciones y acuerdos sobre protección ambiental (Declaración de Rio, o Convención de Naciones Unidas para el combate a la desertificación en los Países experimentando Secas Severas y/o Desertificación), preservación de la biodiversidad (en específico la Convención sobre Diversidad Biológica, o CDB) y mudanzas climáticas (Convención central de Naciones Unidas para las Alteraciones Climáticas, o Acuerdo de Paris).\nLos acuerdos y convenciones sobre derechos humanos poseen un carácter constitucional en la estructura jurídica brasileña y deben ser implementados inmediatamente. Las leyes brasileñas también ofrecen una estructura jurídica para asegurar la realización de los derechos humanos. Son de interés los artículos 6 al 11 de la Constitución Federal, que tratan de los derechos sociales, considerados como clausulas no enmendables del texto constitucional.\nBrasil también posee instrumentos jurídicos y constitucionales que se concentran particularmente en la protección de derechos de grupos más marginalizados, en particular los pueblos indígenas y comunidades quilombolas, con una atención especial para sus derechos sobre sus territorios y recursos naturales.\nEn el Decreto N 6.040 del 7 de febrero de 2007, reconoce de forma clara, los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales, estableciendo como objetivo de las políticas nacionales en este sentido el ‘reconocimiento, fortalecimiento y garantía de sus derechos territoriales, sociales, ambientales, económicos y culturales, on respecto a la valorización de su identidad, sus formas de organización y sus instituciones. Este decreto enfatiza especialmente la garantía de sus territorios así como el acceso a sus recursos naturales que tradicionalmente para su reproducción física, cultural y económica. El también resalta la importancia de asegura el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos concernientes a lo pueblos y comunidades tradicionales, sobre todo en las situaciones de conflicto o amenaza a su integridad.”\n“Las violaciones de los derechos humanos de las comunidades y pueblos locales es sistemática y afecta una serie de derechos:\nLa degradación de las nacientes y lechos de los ríos; la destrucción por medio de deforestación de la capacidad de las capas freáticas de acumular agua, lo que perjudica la capacidad de recarga de las nacientes y amenaza sus propias existencias; y la contaminación del agua por el uso excesivo de agrotóxicos.\nLa destrucción de flora y fauna incluso los recursos pesqueros del Cerrado\nLa degradación de la salud de las personas y del medio ambiente debido al uso de agrotóxicos.\nLa degradación de los recursos alimenticios y los cambios forzados en los hábitos de alimentación.\nLa expropiación de las comunidades tradicionales de sus territorios.”\nTanto el Estado brasileño como los gobiernos estaduales y el sistema Judicial estadual y nacional del país, no han garantizado los derechos humanos de los pobladores de las comunidades del Cerrado. En el caso de Piauí se comprobó además la complicidad de diputados y senadores apoyando las haciendas del agro negocio.\nLas violaciones de los derechos humanos de las comunidades y pueblos rurales al sur de Piauí en la región de MATOPIBA son resultado de la expansión del agro negocio y de la especulación de tierras , que fueron posibles gracias a las inversiones de agentes financieros internacionales. Este informe se concentró específicamente en el envolvimiento de los Fondos de Pensión: TIAA (USA) AP2 (Suecia), ÄVWL (Alemania) y ABP (Holanda).