Las otras noticias + PPOPULARES: nº 500 : Del 10 al 16 de Octubre 2009\nDel 10 al 16 de Octubre 2009\n1. CASO GÜRTEL. RAJOY CONGELA SU RELACIÓN CON CAMPS Y FULMINA A COSTA\n2. CASO GÜRTEL. RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA\n3. CASO GÜRTEL. RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA\n4. CASO GÜRTEL. COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS\n5. 'TRIVIAL' GÜRTEL\n6. CASO GÜRTEL. EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP\n7. CASO GÜRTEL. EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA\n8. CASO GÜRTEL. FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE\n9. CASO GÜRTEL. JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN "SOBRE LA LEALTAD"\n10. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA\n11. CASO GÜRTEL. EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M\n12. AZNAR Y OTROS 30 DIPUTADOS DEL PP ACUDIRÁN A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO\n13. PAÍS VASCO. BASAGOITI SE SIENTE "ALGO DESAUTORIZADO" POR SU PARTIDO EN MADRID\n14. CATALUÑA. UN EXCANDIDATO DEL PP EN RIPOLL SE CONVIERTE AL SECESIONISMO\n15. GALICIA. CASO GÜRTEL. FEIJÓO DICE QUE CRESPO DIMITIÓ EN 2003, PERO SU CESE ES DE 2005\n16. GALICIA. FEIJÓO AVALA LA COMPRA DE LA SEDE DE LA FEGAS POR 4 MILLONES\n17. GALICIA. EL HIJO DE BALTAR SE POSTULA PARA SUCEDER A SU PADRE EN EL PP DE OURENSE\n18. GALICIA. EL PP CONDENA EL TRANSFUGUISMO MIENTRAS JUSTIFICA UNA NUEVA MOCIÓN\n19. ANDALUCÍA. MARBELLA PAGARÁ 1.500 EUROS MÁS AL MES A UN EDIL POR EL ALQUILER DE UN EDIFICIO\n20. ANDALUCÍA. LOS ÚLTIMOS DEL GIL DESAPARECEN TRAS RECALAR EN EL PARTIDO POPULAR\n21. ANDALUCÍA. UN JUZGADO EMBARGA POR IMPAGO LA SEDE DEL PP DE CÁDIZ\n22. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ANIMA A RAJOY A SEGUIR SUS PASOS CON BÁRCENAS Y MERINO\n23. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD\n24. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP\n25. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS\n26. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY\n27. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVO REVÉS JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MADRID\n28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A RAJOY LA CABEZA DE COSTA PERO POSPONE LA EJECUCIÓN\n29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS\n30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN "CUARENTENA" Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR\n31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL 'ZAPLANISMO' PEDIRÁ EXPLICACIONES\n32. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. GÉNOVA DA POR CESADO A RICARDO COSTA Y PONE EN EVIDENCIA A CAMPS\n33. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. "PIDIERON QUE NO HABLÁRAMOS NINGUNO Y QUE APLAUDIÉRAMOS"\n34. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA DICE HABER SEGUIDO LAS "DIRECTRICES" QUE LE MARCARON\n35. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LOS ENGAÑOS HACEN TAMBALEARSE A CAMPS\n36. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CRONOLOGÍA DE UNA DESTITUCIÓN\n37. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL "SARAMPIÓN" PRONAZI DEL NUEVO 'NÚMERO DOS'\n38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007\n39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA UNA RECALIFICACIÓN DEL PP EN CALP\n40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN HIZO LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS DE FABRA\n41. REGIÓN DE MURCIA. LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE MORALES NO PUEDE JUSTIFICAR 647.592 EUROS Y QUE ES DUEÑO DE LA VIVIENDA DE IGUAZÚ\n42. REGIÓN DE MURCIA. "EN VEZ DE UNA, EMITIMOS DOS FACTURAS POR CIFRAS MÁS BAJAS Y A TOMAR POR CULO"\n43. REGIÓN DE MURCIA. PIDEN QUE LA FISCALÍA TOME DECLARACIÓN AL CONSEJERO DE CULTURA Y SOBRINO DE VALCÁRCEL\n44. ISLAS BALEARES. IMPUTADO EL EX PRESIDENTE BALEAR JAUME MATAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN\n45. ISLAS BALEARES. MATAS ALEGÓ PARA APLAZAR EL PAGO DEL ´PALACETE´ QUE NO TENÍA FONDOS\n46. ISLAS BALEARES. EL PP DESCARTA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA A SU ANTERIOR JEFE POR HABER DEJADO LA POLÍTICA ACTIVA\n47. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DEL 'CASO FUNERARIA' INVESTIGA A LA MUJER DE COLLADO Y LA PROPIEDAD DE TRECE TUMBAS\n48. ISLAS BALEARES. EL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX PIDE CASI 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO Y 5 PARA UN CONSTRUCTOR\nHay quien define la situación de forma muy gráfica. "Es como cuando te ponen los cuernos... Tú puedes perdonar, pero no olvidas. Y a Mariano Rajoy no se le olvida nada", cuentan quienes le conocen. En la campaña de las europeas, Rajoy se presentó en la Plaza de Toros de Valencia para demostrar su lealtad a Francisco Camps. "Siempre estaré a tu lado, delante o detrás", dijo respaldándole ante el caso Gürtel. Cuatro meses más tarde, ha sometido a Camps y la relación es más que tensa.\nLa grieta entre el PP nacional y el valenciano se ensancha día a día. Y más desde que Rajoy decidió dar, por una vez, un puñetazo encima de la mesa e imponer al presidente de la Generalitat el cese de su mano derecha, Ricardo Costa. El líder conservador no lo quería ver ni como secretario general ni como portavoz en las Cortes autonómicas, y menos después del ridículo que había hecho el día anterior su partido con un cruce de comunicados sin precedentes, en el que la dirección nacional daba por destituido a Costa de todos sus cargos y la valenciana desmentía esa versión.\nMaría Dolores de Cospedal fue la encargada de transmitir el enfado de la cúpula. La secretaria general dijo a primera hora de la mañana en la Cope que si Costa se sentaba en su escaño parlamentario y se "encastillaba", se pondrían de inmediato en marcha "unos procedimientos disciplinarios". El coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas, advertía que "mantener un pulso" con Rajoy era "físicamente imposible" para un secretario regional. Según algunos dirigentes del PP, ya para entonces Rajoy le habría dado a Camps un ultimátum: si Costa seguía resistiéndose, él se encargaría de suspenderle de militancia.\nEn el PP creen que los acontecimientos de los últimos días han deteriorado "bastante" la amistad entre Rajoy y Camps. Algunos colaboradores dicen que su jefe de filas ha asistido a todo este "espectáculo chulesco" entre "atónito" y "decepcionado". Varios asistentes a la la reunión del Comité Ejecutivo valenciano del martes confirmaron a la dirección del PP nacional que Camps "les engañó claramente", cuando les dijo que había pedido a Costa que abandonara.\nAsí que a Rajoy le quedaban dos opciones: "O cargarse a Camps o desautorizarlo haciendo realidad lo que no había ocurrido". "Optó por los hechos consumados", explican. Para quienes observan la situación desde fuera está claro que el presidente del PP "sabe ahora muy bien hasta dónde se puede fiar de Camps". Y creen que es una señal que ahora la dirección hable "a menudo" con los presidentes provinciales, cuando antes "todo" lo trataba con Camps.\nA pesar de todo lo ocurrido, los que rodean a Rajoy tratan de apaciguar este desencuentro. Hay quien recuerda que el jefe de la oposición le debe mucho al presidente de la Generalitat por su apoyo tras la derrota en las generales de 2008. Y también quien incide en que dada la falta de conexión con Madrid, Rajoy no se puede permitir el lujo de perder el respaldo valenciano.\nEn las filas conservadoras se vivía todo con preocupación. Había quien calificaba lo acontecido de "veneno" para el futuro del partido y quien se quejaba de que se había actuado "tarde". Con la cabeza de Costa sobre la mesa, algunos se daban por satisfechos, pero otros reconocían que "el problema" no estaba "resuelto".\nCreen que ahora el tiro se desvía directamente hacia Camps, quien ya no tiene ningún " blindaje" y está "en manos de Costa". Varios diputados creen que "los hermanos Costa se vengarán". Piensan que, como ahora Ricardo ha perdido su poder en la Comunidad Valenciana y Juan se mantiene en un segundo plano desde que rivalizó con Rajoy por la Presidencia del partido, ya "no tienen nada que perder". Pero desde su círculo dicen que no es "el estilo" de ninguno de los dos. Y que Costa, a pesar de estar "realmente dolido emocionalmente", sólo piensa en descansar y ver qué hace con su vida.\nPor lo visto, no le aguarda ningún futuro dentro del PP. Cospedal se mostró tajante. Mientras los suyos seguían confiando en que fuese una salida "temporal", ella decía que veía "imposible" que Costa fuese restituido en sus cargos y le recriminó que hubiese utilizado "los medios de comunicación en contra de los intereses del partido".\nEn la cúpula del PP creen que es importante adoptar decisiones ejemplares ante asuntos "éticamente inadmisibles". Pero algunos opinan que es igual de reprobable la conversación en la que Camps llamaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" y no se hizo nada. Ahora todos los ojos están puestos en Camps y dentro del partido no se descarta que le impute el Supremo o nuevas filtraciones que le pongan contra las cuerdas. Se duda de que llegue vivo a las elecciones de 2011. Si las cosas se tuercen, el PPCV piensa en Gerardo Camps como recambio. El PP nacional, en Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.\nEn la formación regional están nerviosos y muchos temen una "descomposición". Y los zaplanistas mueven ficha. Uno de sus representantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, pidió un gabinete de crisis porque con el caso Gürtel su partido tiene "un problema" y cuanto más tarde en resolverlo "más grande será".\nEn plena campaña de las europeas, Mariano Rajoy muestra su respaldo a Francisco Camps. "Creo en ti, en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, la inmensa mayoría de los españoles creen en ti… Y yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me es igual. Pero quiero que lo oigan todos".\nTras la victoria de las europeas, Rajoy vuelve a Valencia para agradecer el apoyo popular. "Gracias por estar aquí. Esto yo no lo voy a olvidar", señaló emotivo. Francisco Camps, crecido por el resultado, describió el 7-J como el "desembarco de Normandía" que precederá la toma de la Moncloa. Rajoy acusa al PSOE de actuar "con crueldad infinita". Camps le da las gracias: "La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias".\n"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta idea, defendida por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia.\nGénova pidió y obtuvo -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006.\nMariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada . El presidente del PP pronunció en un momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: "Sigo manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años". Y confirmó su voluntad de que repita como candidato en el 2011.\nEl jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.\nEl zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse en "el único culpable" del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: "No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir", sentenció.\nA Rajoy, que se sometió a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba al empresario citado su "amiguito del alma". El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis.\nEn primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente había ocurrido con Costa, ese "señor" al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse voluntariamente. "El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará", afirmó Rajoy.\nPues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que quedó en evidencia es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un "el cargo de secretario general exige un plus de responsabilidad política". Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su "honradez personal".\nEl que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien admitió en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a Camps. "Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá", se limitó a comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando "respeto" por quien le había dedicado tan polémicas palabras.\nEn cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. "¿No toma medidas un poco tarde?", se le planteó. Él se defendió. "He actuado con prudencia y sin precipitación, cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos", espetó.\nY, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber "manipulado" el caso Gürtel en prejuicio del PP.\nLa secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy horas después de que Mariano Rajoy compareciera ante los medios ante la gravedad de los hechos del caso Gürtel en la que no aclaró por qué se tomó la decisión de cesar a Ricardo Costa y no se adoptó la misma medida con Francisco Camps. Además, a la pregunta directa de Carles Francino sobre si Mariano Rajoy vincula su futuro político al de Camps, la número dos de los populares lo niega.\nSobre la justificación para destituir a Costa y no a Camps, De Cospedal insiste en los argumentos de Rajoy, señalando que "un secretario general tiene que tener un comportamiento determinado hacia su militancia y que no ha cumplido en este sentido Ricardo Costa", algo que sí ha hecho en su opinión Francisco Camps. "Un secretario general tiene que saber muy bien dónde está. Son cargos de confianza y se les exige un plus de responsabilidad", al tiempo que ha criticado las declaraciones a la prensa de Ricrdo Costa. Camps, sin embargo, está haciendo una "gran labor" según la dirigente popular.\nLa dirección del PP salió en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.\nEsa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.\nLa conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".\nEl PP se agarró a este episodio y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.\nSegún Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".\nSin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara. Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso. Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.\nSáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".\nA Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.\nEl presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, alabó la figura de Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha". Sin embargo, "no diría lo mismo", añadió, de Camps. En declaraciones a la Cope, expuso que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas". Señaló que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". "No entro en su moral privada y ante su confesor, pero es evidente que la moral para hacer las cosas con energía no da la impresión que la haya tenido, y ha tenido que ser Madrid quien resolviera el tema del señor Costa", destacó.\nLa opinión laudatoria de Barberá no la compartía Fraga en 1989. Entonces, su regreso a la dirección de la AP tras la caída de Hernández Mancha conllevó que Barberá, presidenta del grupo popular en las Corts (había sido la candidata a la presidencia de la Generalitat en 1987), ca en desgracia. En el mitin central de Fraga en las elecciones europeas de 1989, celebrado el 13 de junio, a Barberá no se le permitió intervenir. Para colmo, la dirección nacional designó a Pedro Agramunt, pese a que aún faltaban dos años para los comicios de 1991, como candidato a la Generalitat, dejando a Barberá a los pies de los caballos. El 4 de septiembre del 89 la hoy alcaldesa dimitió como presidenta del grupo ante la desautorización. Siete meses después, el 11 de abril de 1990, volvió al puesto, ya con Aznar en la dirección y tras un "sondeo" entre los diputados del "enviado" de Madrid, el actual Síndic de Greuges, José Cholbi.\nA Fabra le contestó el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra. Éste dijo que respeta mucho al presidente fundador, pero que "en este partido uno se tiene que retirar cuando llega el momento".Según dijo, "respeto mucho al presidente Fraga, pues creo que es el presidente que más ha hacho por unir el centro-derecha en España, pero me parece que, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones es una frivolidad". Al respecto, apuntó que pone "la mano en el fuego" por Rita Barberá y por Camps, "el cual ha sido respaldado por más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP".\nEl diputado del PP y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, aseguró que los proyectos colectivos y los partidos "se construyen sobre la base de la lealtad y la confianza mutua". El político no quiso valorar la situación de su hermano, pero aseguró que "cuando llevas muchos años en política, dedicando muchas horas, esfuerzo y sacrificio, la lealtad y el compañerismo es una de las pocas gratificaciones que te llevas a casa cuando vuelves".\nCosta aseguró que cuando esa lealtad no existe, surge la tentación de "arrojar la toalla y pensar que algunas cosas no valen la pena", y advirtió de que un liderazgo sólo es fuerte cuando es capaz de "generar ilusión y confianza en la sociedad".\nEl diputado popular calificó como "importante" la rueda de prensa de Rajoy y le animó a prodigarse más en sus escasos contactos abiertos con los medios: "Es un ejercicio que debe hacerse de manera permanente, recurrente y con normalidad en política, lo que no puede hacerse es no dar explicaciones".\nCosta participaba en una tertulia de RNE, recogida por Europa Press, en la que también estuvo el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El dirigente socialista defendió que el golpista Antonio Tejero fue "más decente" que lo que lo ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de haber "dejado tirada a su gente simplemente por salvar su cara", en alusión al ex secretario general de los populares valencianos y ex portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Ricardo Costa.\nEasy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.\nPor ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.\nAl empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.\n, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.\nA la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".\nPero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.\nEmpeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.\nLa dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.\nEl informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.\nEl PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda "embolados". Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.\nUna treintena de diputados del PP acudirá el próximo sábado a la manifestación contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo que tendrá lugar en Madrid y en la cual también está previsto que participen el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja.\nAunque el PP como partido no ha apoyado expresamente la convocatoria, sí admite que sus militantes y dirigentes puedan respaldar, a título personal, el acto convocado por diversas organizaciones sociales, como el Foro Español de la Familia y apoyado por la Conferencia Episcopal.\nEntre la treintena larga de parlamentarios que han confirmado su asistencia figuran el vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, el secretario tercero de la Mesa de la Cámara, Ignacio Gil Lázaro, y los diputados Vicente Martínez Pujalte y Sandra Moneo, según han anunciado ellos mismos.\nPor otra parte, fuentes de la fundación FAES, que preside José María Aznar, han señalado que el presidente de honor del PP también asistirá a la manifestación, acompañado por Jaime Mayor Oreja. Ambos viajarán a Madrid desde Viena, donde el mismo sábado participarán en la clausura de la octava reunión anual de la Red Europea de Ideas, que preside Mayor Oreja en su calidad de vicepresidente del Grupo Popular Europeo (PPE).\nEl presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que se siente "algo desautorizado" por su partido en Madrid a raíz del Concierto vasco, que "en ningún caso es un privilegio" o una forma de "tocar las narices".\nBasagoiti ha explicado que en los próximos meses intentará convencer a su presidente, Mariano Rajoy, y a la opinión pública de la necesidad de equiparar las normas fiscales vascas y defender el Concierto.\nAdemás, aseguró que los tres diputados vascos que abandonaron el salón de plenos del Congreso cuando el resto de diputados del PP iban a votar en contra de la tramitación no fueron "desleales" con su partido y dice que, si se les impone una multa, la pagará el Partido Popular en el País Vasco.\nEn una entrevista concedida a TeleBilbao, Basagoiti ha afirmado que se siente "bien" por haber mantenido "la coherencia" con lo que piensa porque siempre ha creído que el Concierto Económico "es bueno para Euskadi y es algo que es justo".\nEn cuanto a su partido en Madrid, aseguró que él les ha explicado este tema "con todos los papeles, los argumentos, la historia, la tradición, la Constitución, el Estatuto y con todo, y aún así" su posición "ha sido menos fuerte que la que manejaban ellos, que era la de que éste era un chantaje del PNV y el PSOE para unos presupuestos". "A veces, y esta ocasión es una de ellas, es más importante quedarse en el fondo, en lo importante, en lo que se defiende, que en el momento o en las formas", señaló.\nTras destacar que él es "muy peleón", apuntó que lo hace "sin maldad" y no supone "ninguna deslealtad" con su formación. "Que no comparta la decisión de mi partido en Madrid de votar en contra del blindaje no supone ninguna deslealtad porque lo digo a la cara, porque voy de frente, porque lo argumento, porque digo, además, que formo parte de esta organización y estoy muy orgulloso", indicó. En este sentido, afirmó que prefiere defender lo que cree, decir lo que no comparte y "no andar por detrás, sino ir de frente y decir las cosas".\nEl líder de los conservadores vascos señaló que "en todos los partidos, quien dice amén a todo, nunca tiene problemas", mientras que "aquel que es como quiere ser él, manteniendo líneas de lealtad y coherencia, tiene posibilidades de que se confíe en él".\nAdemás, dijo que el PP vasco no han roto la disciplina de voto porque no han votado lo contrario a lo que el partido ha dicho. "Lo que se ha hecho al salir de la sala del salón de plenos cuando se votaba es demostrar que no se está de acuerdo", manifestó.\nPere Munell, excandidato del Partido Popular en Ripoll (Ripollès) en las pasadas elecciones municipales, sopesa crear una lista independentista cara a los próximos comicios locales. La nueva fuerza política primaría la vertiente nacionalista y englobaría simpatizantes procedentes tanto de la derecha como de la izquierda.\nMunell tiene 45 años y regenta una gestoría familiar. En el 2007, encabezó la lista del PP en Ripoll, una población de 11.000 habitantes. Logró solo 183 votos (3,26%) y se quedó sin representación en el consistorio. En Ripoll, ERC y PSC gobiernan con seis y tres regidores respectivamente. En la oposición está CiU, con ocho.\nEl político justificó su decisión porque dijo sentirse "muy decepcionado con el PP", ya que no ha entendido "nada" de la idiosincrasia de una Catalunya que es "diferente" del resto de las autonomías. "Pensaba que eso podría empezar a cambiarse desde dentro del partido, pero no fue posible", se lamentó el excandidato conservador, que se autositúa en la órbita política de Josep Piqué.\nOtro representante municipal del PPC que flirtea con el independentismo es el único edil en Cardedeu (Vallès Oriental), Alfredo Preñanosa, quien se abstuvo en una moción de ERC y la CUP a favor de una consulta independentista. El partido le ha abierto un expediente y estudia su expulsión por reincidente, ya que en marzo presentó una moción que pedía un referendo similar.\nEl presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en marcar distancias con el ex dirigente del PP y número dos de la trama Gürtel , Pablo Crespo, al que mantuvo en su puesto de consejero del ente público Portos de Galicia durante los dos años y medio que desempeñó el cargo de conselleiro de Política Territorial del último Gobierno de Manuel Fraga (2003-2005). Feijóo explicó, en declaraciones a la cadena Ser, que ante, "por fin" habían conseguido aclarar este asunto al hallar un documento según el cual Crespo presentó su dimisión como consejero de Portos "a las pocas semanas" de la llegada de Feijóo a la Xunta. "Está registrada su dimisión", subrayó Feijóo para desvincularse de uno de los principales dirigentes de la trama corrupta.\nPero, haya o no presentado su dimisión, lo cierto es que Crespo siguió siendo consejero del ente público Portos de Galicia hasta 2005, año en que fue cesado por el Gobierno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño. Así consta en la página 20.550 del Diario Oficial de Galicia del 30 de diciembre de aquel año, que recoge el decreto 571/2005 "por el que se dispone el cese de los vocales del Consejo de Administración de Portos de Galicia". Entre ellos está el de Pablo Crespo, que hasta ese momento figuraba "en representación de la Consellería de Política Territorial".\nHoras más tarde, Feijóo explicó a los periodistas esta paradoja diciendo que se trataba de una cuestión "meramente administrativa".\nUna vez más, Feijóo intentó desvincularse de las irregularidades contables de su partido, recogidas en el sumario, aludiendo a su tardía incorporación al PP, que situó hace ocho años. "Yo empecé a militar en 2001", por lo que no entiende que alguien pretende decir que está "implicado en una trama en la que no estaba". Crespo, insistió, fue "apartado" del PP en 1999, fecha a partir de la cual, explicó citando el sumario, comenzó a trabajar con los dirigentes de la trama corrupta. Esto, subrayó, "es lo que sabemos. Si tenemos conocimiento de más, daré explicaciones", concluyó el presidente de la Xunta.\nEn 2001, fecha en la que Feijóo asegura que comenzó a militar en el Partido Popular, ya llevaba diez años de carrera política en cargos de responsabilidad en administraciones de los conservadores. Primero con Manuel Fraga, como número dos de las consellerías de Agricultura y Sanidad, y después con José María Aznar, como secretario general del Ministerio de Sanidad, presidente del Insalud y director de Correos. Fue entonces cuando se hizo con el carné del PP, justo a tiempo de ser llamado por Manuel Fraga para ocupar el puesto de José Cuiña en plena catástrofe del Prestige (2003)\nEl portavoz del PSOE en el Parlamento de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, abundó en el currículum del presidente. El propio Feijóo "presume" de que "le salieron los dientes en la Administración", así que ahora "no es coherente" que diga "que no tiene nada que ver". Si, tras la salida de Crespo del PP, realizaron una auditoría que reveló deudas no justificadas con la trama, Feijóo "no puede decir que no sabía nada". "¿Han puesto las conclusiones en manos de la Fiscalía o del Tribunal de Cuentas? ¿Están dispuestos a hacerlo ahora?", preguntó.\nLeiceaga cree que Feijóo mantuvo a Crespo en Portos porque "seguramente sabía muchas cosas".\nFeijóo avaló con sus palabras la compra de la sede de la Fegas, la fundación del Sergas que en 2003 pactó un sobreprecio de un millón de euros con la misma inmobiliaria que construía el local del PP. Lejos de parecerle exagerado el gasto (3,9 millones, incluyendo el acondicionamiento), lo estimó "conforme a los precios de mercado".\nEl presidente de la Xunta obvió un informe de Tinsa que cifra en 1,7 millones de euros el precio de mercado, y citó en cambio una auditoría que encargó el Gobierno anterior con el fin de abortar la compra. Según el único párrafo hecho público por Sanidade de ese informe, no había "causa de nulidad" de la operación, pero sí posibles "responsabilidades contables", por la "ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral". Feijóo hizo una lectura distinta de la auditoría, que, según él, "confirma que la compra se efectuó conforme a los precios de mercado".El presidente de la Xunta criticó al bipartito por "no hacer público" el informe jurídico sobre la operación de compra, incrementada en un millón de euros 18 días después de ser firmada ante notario. Según Alberto Núñez Feijóo, esa auditoría avala el precio pagado. Pese a las reiteradas peticiones de este periódico, la Consellería de Sanidade no facilitó el documento al que aludió Feijóo ni el pasaje en el que supuestamente se respalda el precio.\nBaltar Blanco dijo que mucha gente, incluido Núñez Feijóo, sabían de su "voluntad", pero ninguno de ellos conocía su "decisión" de presentar la candidatura para aspirar a presidir el partido en la provincia "en estos tiempos difíciles". "Son ustedes los primeros en saberlo y quienes transmitirán la noticia", incluso a su padre y al líder del partido en Galicia, aseguró a los periodistas.\nBaltar Blanco ve clara la victoria (suya o de su padre). Sabe que sólo hay posibilidad de candidato alternativo si él se presenta y retó a sus compañeros de partido a que se postulen y a debatir con ellos "en público o en privado, donde quieran". Pero ya adelantó que la junta provincial, controlada por el baltarismo, decidirá el número de compromisarios que asistirá al congreso en una combinación "entre el nivel de participación en las elecciones y el resultado de las mismas en cada municipio". Esto es, que quienes elegirán al próximo presidente provincial serán los alcaldes y concejales de los municipios que controla José Luis Baltar, la mayoría empleados -ellos y sus familiares- en la Diputación.\nLa misma mañana en que se presentaba una nueva moción de censura, esta vez contra el alcalde socialista de Folgoso do Courel (Lugo) -la quinta en lo que va de año en Galicia y que el PP no critica-, todos los grupos votaban en el Parlamento una iniciativa para combatir el transfuguismo. En ella se insta a los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo a publicar una lista de tránsfugas que no podrán volver a figurar en las candidaturas de sus partidos y deberán ser vigilados para que no se aprovechen de su condición política.\nDespués de cerca de media hora lanzándose acusaciones, haciendo rebotar el caso de Benidorm con los escándalos que afectan al PP valenciano, los tres grupos de la Cámara votaron a favor de la propuesta, que refuerza el pacto contra los tránsfugas. No salió adelante, sin embargo, el texto original del PSdeG. El PP volvió a pedir que se resuelva el transfuguismo devolviendo la alcaldía al partido más votado. Los socialistas creen que esta solución, que fue descartada, demuestra que a los populares "les importa matizar el pacto antitransfuguismo según sus necesidades".\nTanto PSdeG como BNG remarcaron que el transfuguismo en Galicia "beneficia al PP". El nacionalista Alfredo Suárez Canal avisó: "No habría transfuguismo si no hubiera voluntad de beneficiarse del transfuguismo". Primero, Mos. Después, Gondomar. Silleda y Láncara están en proceso y le tocó a Folgoso do Courel. El PP no ha condenado ninguna de estas mociones de censura. Incluso ha evitado aclarar si volverá a incluir en sus listas a los tránsfugas de Silleda. Hace una semana, Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, no descartó que los cinco ediles que presentaron su renuncia a la militancia en el partido tras firmar la moción de censura en Silleda vuelvan algún día.\n"Si su modo de hacer política es que sigan personas tránsfugas", espetó la socialista Beatriz Sestayo a Antonio Rodríguez Miranda, del PP, "entonces no merecen estar donde están". Tampoco ahora, con la nueva moción de censura en Folgoso do Courel, el PP se compromete a excluir a los concejales que han promovido la operación de futuras listas electorales. Justifica su comportamiento al entender que antepusieron "por encima de todo" los intereses de los vecinos.\nEl conservatorio municipal de Marbella (Málaga) vuelve a sonar a música celestial para el concejal del PP Antonio Eulalio Maíz y sus familiares. El edil y otros parientes suyos recibirán conjuntamente casi 1.500 euros más cada mes por el arrendamiento del edificio en el que se alberga la escuela de música y danza, después de alcanzar un "acuerdo transaccional" con el Ayuntamiento para prorrogar la ocupación del edificio. El pacto con el Consistorio, alcanzado el pasado 15 de septiembre y aprobado por la Junta de Gobierno Local, eleva de 6.000 a 7.482 euros mensuales la renta mensual que percibirán Maíz y su familia por el alquiler, al menos hasta septiembre de 2010. El precio final acordado es inferior al solicitado por los propietarios, que reclamaban 8.287 euros al mes.\nLos hermanos Maíz Martín arrendaron el edificio, ubicado en la plaza del Puente de Ronda, en pleno casco histórico de Marbella, el 1 de enero de 1994 por un periodo de 15 años. En estos tres lustros estaba previsto que el Ayuntamiento construyera unas nuevas instalaciones para albergar a los estudiantes de música, sin embargo, las obras del nuevo conservatorio, un edificio de 1.400 metros cuadrados en el parque de la Constitución, no se contrataron hasta el pasado 30 de julio.\nEl contrato de arrendamiento para el centro actual finalizaba el 31 de diciembre de 2008 y la familia Maíz Martín anunció al Ayuntamiento que no tenía intención de renovarlo, lo que en teoría obligaba a desalojar el edificio y dejar a estudiantes y profesores sin instalaciones. En noviembre de ese año, la Junta de Gobierno Local decidió dar por concluido el contrato en su fecha pero mantener el uso del inmueble hasta julio de 2009. Para ello, el Ayuntamiento invocó el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este precepto permite mantener en vigor las condiciones de un contrato cuando su nulidad -en este caso, su finalización- produzca "un grave trastorno al servicio público".\nEste movimiento iba en contra de los intereses particulares del concejal Antonio Maíz y de sus hermanos. Por ello, en diciembre de 2008, presentaron un escrito de reclamación. La familia solicitaba una indemnización de 8.287 euros por cada mes de prórroga del contrato. Esta cifra, que suponía aumentar la cuota mensual un 38%, era una actualización de la renta del edificio realizada por un agente de la propiedad inmobiliaria.\nEn junio de 2009, el Ayuntamiento rebajó estas pretensiones con un informe de su servicio técnico de Patrimonio. El perito municipal tasó el valor del alquiler en 7.482 euros al mes. Finalmente, el concejal y su familia aceptaron este precio, un 25% superior al que venían cobrando hasta diciembre de 2008 gracias al contrato logrado cuando el fallecido Jesús Gil gobernaba Marbella.\nEl alquiler del edificio no sólo ha supuesto el cobro de un alquiler que arrancó en 750.000 pesetas (4.500 euros) mensuales, sino también una revalorización del edificio, ya que durante los tres lustros de arrendamiento, el Ayuntamiento ha invertido 2,4 millones de euros en reformas del inmueble. En diciembre de 2008, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recibió más de 2.000 alegaciones contra la decisión del equipo de Ángeles Muñoz de cambiar su calificación urbanística de equipamiento público -lo que permitía su expropiación- a suelo residencial privado.\nSegún los cálculos municipales, las obras del nuevo conservatorio y el acondicionamiento del edificio no estarán listas hasta septiembre de 2010. Este retraso de 20 meses le costará al municipio 149.640 euros en alquiler, que acabarán en parte en los bolsillos de su concejal delegado de Salud y Servicios. En su declaración de bienes, firmada en junio de 2009, Antonio Maiz reseñó tener seis viviendas en la provincia de Málaga así como un saldo total en sus cuentas bancarias de 137.525 euros.\nEl Juzgado número uno de Barbate (Cádiz) ha ordenado el embargo de la sede provincial del PP de Cádiz. La decisión llega después de la denuncia de la empresa Procogades, que había arrendado una oficina al partido para la sede local de Barbate, que estuvo en funcionamiento entre 2002 y 2007. En estos cinco años, el PP dejó a deber 31.652,20 euros.\nComo el PP de Barbate no ha respondido al pago, el juzgado se ha dirigido a la dirección provincial, a la que embarga su principal sede, en la calle Cánovas del Castillo. El presidente provincial, José Loaiza, explicó que habían recurrido el fallo previo de la Audiencia Provincial que reconocía la deuda contraída y que, de momento, no conocía el auto que ordena el embargo.\nLoaiza anunció que el partido buscará "fórmulas para pagar" y tratará de evitar el desalojo forzoso. Además del dinero adeudado, el PP tiene que pagar otros 7.000 euros por intereses y costas.\nCada vez que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, toma la palabra sobre el caso Gürtel, se forma un revuelo en el seno de su propio partido: , la que amagó con disputar el liderazgo del PP a Mariano Rajoy, daba una nueva campanada al dejar caer ante los periodistas que está "segura" de que el actual presidente conservador terminará por seguir la senda que ella ha abierto y, una vez se conozca todo el sumario, expulsará del grupo popular en el Congreso y en el Senado al diputado Jesús Merino y al senador Luis Bárcenas, si se demuestra que hay indicios delictivos contra ambos, tal y como apunta el Supremo. Habrá que esperar a que llegue ese momento para ver si esa "seguridad" de Aguirre es o no acertada ya que, al menos por ahora, a la dirección popular no se le pasa por la cabeza tomar semejantes medidas. "La de Aguirre es buena decisión. Pero cada situación es cada situación", aseveró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.\nSe da la circunstancia de que Aguirre fue la primera en adoptar medidas contra los políticos madrileños imputados por un juez y, tras el levantamiento del secreto judicial sobre un tercio de sumario Gürtel, ha vuelto a ser la primera en tomar decisiones: el jueves, acaparó la atención de todos los medios de comunicación al forzar que sus cinco implicados en la trama corrupta –tres parlamentarios y dos exalcaldes– dejasen el grupo popular, bien en la Asamblea regional o bien en sus respectivos consistorios. Con mayor o menor intención, ha dejado a Rajoy y al presidente valenciano, Francisco Camps, en evidencia.\nY siendo obvio que es la dirigente del PP que más rápidamente toma decisiones en torno a este asunto, Aguirre se permite dejar consejos en el aire a Rajoy, como el que concierne a Bárcenas y Merino. Trato distinto da a Camps, al quien dice que no puede servirle "en absoluto" de ejemplo, ya que ella se ha encontrado con cargos imputados en el caso. "En Valencia, en este momento, no hay nadie imputado y los que lo estaban [en referencia al propio Camps y a su número dos, Ricardo Costa], han sido exonerados", remachó. En este contexto, no dudó en manifestar que "confía plenamente" en el presidente de la Generalitat valenciana y que está convencida de que "hará lo que tiene que hacer".\nPero Aguirre, que estuvo locuaz tras el comité de dirección del PP de Madrid, habló tanto de los ajenos como de los propios y confesó sentirse "muy dolida" con su exconsejero Alberto López Viejo –que se encargaba personalmente de organizar los actos de la presidenta– ya que, según ella, le engañó. "En el 2005 le di instrucciones clarísimas, ante la aparición de unas denuncias relativas a Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esa empresa. Me dijo que no me preocupara, pero contratábamos a otras que eran de los mismos dueños", relató.\nAsimismo, explicó a los periodistas que ya en su día remitió al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón todas las facturas que se habían encontrado en la comunidad ligadas a compañías que formaban parte de la red de corrupción. Y en lo que concierne a los diputados que el jueves expulsó del grupo popular, Aguirre señaló que va a impulsar la modificación del reglamento de la Asamblea de Madrid para que puedan ser diputados no adscritos. Tanto PSOE como IU apoyan esa propuesta.\nEsperanza Aguirre recurrió a la misma estrategia que ha utilizado desde que en febrero de este año estallara la trama Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos cargos imputados en el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear, esta vez en la Asamblea, de ser la campeona contra la corrupción. Defendió que lo importante no es que haya "corruptos o incluso delincuentes", sino que "la diferencia está en lo que se hace cuando se ponen de manifiesto".\nAguirre ha creído encontrar un punto flaco en la portavoz de IU y , por segunda vez, le reprochó una supuesta cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre, Sabanés le hace el "trabajo sucio" al PSM al preguntar por el caso Gürtel. "Usted sigue hablando de Correa y del Bigotes", recriminó la presidenta. "Haga su trabajo de oposición y deje que los jueces hagan el suyo". Sabanés no tuvo ocasión de responder.\nEn su respuesta final, Aguirre vinculó la trama Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de Correa dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la presidenta en referencia a las escuchas policiales del sumario. Y se contestó a sí misma que es porque ella paralizó la operación de venta de suelo que se conoció en 2005 como el caso Majadahonda, donde se pretendía vender terrenos públicos por debajo de su precio de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de otras".\nPero el discurso de Aguirre no aguanta un asalto de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que ha sido ella la que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los responsables. En cambio, el pasado 9 de febrero, cuando los medios le pedían explicaciones por el cese de López Viejo, afirmó: "Desconozco las razones que tiene para dimitir". Y también: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid".\nHasta llegó a insistir varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También aseguró ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". Es cierto que ella estuvo detrás de las dimisiones de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Pero también que ha tardado ocho meses en echar a los diputados imputados del grupo popular, pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.\nLa reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y de esa manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del grupo popular la semana pasada por su implicación en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP— comenzó anoche al filo de las diez con una votación unánime para admitirla a trámite. En ella no estuvieron ni los diputados imputados en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la presidenta Esperanza Aguirre. Era un resultado esperado, pero la sorpresa la dio la bancada de la izquierda (PSM e IU), por la virulencia con la que salió a defender su voto a favor "por responsabilidad" y para evitar que los diputados imputados se beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del grupo popular.\nSobre todo, la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco, acusaron a los populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los implicados y que mantengan su condición de aforados. "Tienen ustedes un acuerdo de gestión de crisis en esta Asamblea", espetó Sabanés. "Hacen expulsiones a la carta y fariseísmo político", recriminó Franco. El diputado socialista tachó de "aberración jurídica" el texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación".\nEnfrente, como a lo largo de todo el pleno, quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los imputados en la trama. Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz adjunto del PP Benjamín Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch acudieron al pleno, igual que tampoco lo hicieron la semana pasada, cuando fueron expulsados. Y eso que la Cámara regional se dio prisa en colocar las placas con sus nombres en la última fila de la bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular, pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que tiene la Cámara, porque sólo los ocupan 120 diputados. Ahora que no están adscritos a ningún grupo –la Mesa de la Asamblea los ha asignado al mixto, mientras se tramita la reforma del reglamento–, la única obligación de estos parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Y, aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808 euros mensuales.\nDiez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa. Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.\nAsí se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos. La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.\nEl ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.00 vecinos) Jesús Sepúlveda, uno de los tres ex regidores madrileños imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP dejó por la mañana su acta de concejal en el Ayuntamiento. Sepúlveda lo comunicó a sus ediles, tras mantener una conversación el día anterior con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que le pidió que abandonase su puesto como concejal.\nCuando ganó las elecciones, se rodeó de asesores y cargos de confianza. Quienes trabajaron con él le definían como alguien amable, plano, gris y acostumbrado a glosar las bondades de los vecinos de Pozuelo. Ningún mensaje de altura. El ex edil es próximo al secretario de organización, Juan Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis Bárcenas.\nTodo el mundo daba por hecho que el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, sería forzado a dejar la vida política, aunque existían dudas sobre el día y la hora a la que tendría lugar el suceso. Pero, ya entrada la noche, el entorno del presidente autonómico, Francisco Camps, movió ficha y comunicó a la prensa, a través de un SMS, que será el martes, en el seno del comité ejecutivo del PP valenciano, cuando se haga efectivo su "cese temporal", pese a que insisten en que "en ningún caso se pone en entredicho ni su capacidad ni su trayectoria política".\nPor tanto, Camps cede por fin a las intensísimas presiones ejercidas desde Madrid y otras autonomías para que, una vez levantado el secreto judicial del sumario del caso Gürtel, tomase alguna medida ejemplarizante sobre aquellos que, como Costa, habían quedado en evidencia por su estrecha relación con los empresarios corruptos. Según parece, el presidente autonómico prefería no enturbiar el día de la Comunidad Valenciana, que se celebró , pero resultó imposible ante las jugadas que fueron protagonizando unos y otros. Hubo populares como Esteban González Pons que, tirando de reloj, intentaron ponerle hora al anuncio del cese o destitución de Costa desde primera hora de la mañana. Pero, para sorpresa de algunos y bochorno de casi todos, el propio Costa intentó romper ese plan anunciando que, lejos de dimitir, su proyecto inmediato era aprovechar el puente del Pilar para hacer el Camino de Santiago.\nLo que resultaba indisimulable es que Rajoy esperaba noticias por la tarde. Sin falta. Solo eso explica que enviara a la recepción del día de la Comunidad Valenciana a su portavoz, el también valenciano Esteban González Pons, a subir la presión sobre el dubitativo presidente Camps al máximo límite: "Ha llegado el momento de hacer algo o de hacer algo [...]. La fiesta en Valencia acaba a las cuatro de la tarde". Gracias a González Pons y al goteo de teletipos y crónicas que se fueron colgando en páginas webs admitiendo las intenciones de Rajoy, quedó claro que la dirección del PP no estaba dispuesto a esperar más para obtener la cabeza de Costa, después de que hubieran salido a la luz comprometedoras conversaciones suyas con el empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, imputado en el caso Gürtel.\nAdemás, conviene tener en cuenta que a las continuas peticiones de explicaciones y medidas que le han estado llegando a Camps desde Madrid y otras comunidades, se unieron el jueves las palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, uno de los símbolos del poder popular en esta región. Seguramente, la amenaza de fractura interna en su propia organización hizo reaccionar al presidente valenciano, quien, al parecer, estaba dispuesto a actuar pero no a que le ridiculizaran en público subrayándole el cuándo. "La fiesta no termina esta tarde", aclaró, marcando sin disimulos distancias con las directrices que González Pons traía desde Madrid.\nY mientras se producía ese tenso pulso declarativo entre Camps y González Pons, Costa aceptó tener un tú a tú con los periodistas. "¿Le ha pedido Camps que dimita?". Sin perder su habitual sentido del humor, bromeó con lo directo que había sido su interlocutor. "He mantenido varias conversaciones con el presidente y, en todas ellas, me ha trasladado su confianza en mi persona y mi gestión", respondió. "¿Pero le ha pedido o no que dimita?", se insistió. "A nosotros no hace falta que nadie nos pida la dimisión. Cuando alguien comete algún tipo de irregularidad y esta se demuestra, de forma automática abandona sus responsabilidades", añadió. Y es precisamente en esta última respuesta donde radica la explicación de lo que está ocurriendo: él no cree ser culpable de nada o, al menos, no considera que sea más culpable que otros compañeros de filas, como el vicepresidente autonómico Vicente Rambla.\nEl caso es que llegaron las cuatro de la tarde. Las cinco, las seis, las siete... y no había cabeza política servida en ninguna bandeja valenciana. En el entorno de Rajoy crecía la tensión. Y en Valencia se repetían una pregunta: ¿qué hacer si Costa había difundido sin pudor que se iba de puente y que, al menos hasta el martes, no estaría disponible para estos temas? Al final, decisión salomónica de Camps: el cese "temporal" se oficializará el martes, gracias a la treta vacacional de su secretario general. Pero se confirmó , por si alguien, incluido Costa, todavía tenía alguna duda.\nEl secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no dejará su cargo voluntariamente, pero si aceptará su cese cuando, tal y como está previsto, sea destituido por la dirección regional del partido. Costa se va, pero antes ha dejado claro que nunca actuó al margen de Camps ni de Rajoy. "Siempre he cumplido mis responsabilidades y he trabajado con absoluta lealtad, cumpliendo la ley y ciñéndome a las directrices de la dirección regional del PP. He actuado con lealtad a Camps y a Rajoy", ha reiterado el dirigente mientras ha leído un comunicado en la sede del PP en Valencia. Costa ha insistido una y otra vez en que tiene la conciencia tranquila y en que no va a permitir que nadie lo utilice de chivo expiatorio: "Tampoco sería procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir presuntas responsabilidades de terceros, que no me constan".\nCosta ha retado a la dirección nacional del PP a que abra una investigación interna si tiene alguna sospecha. "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación de esto. Espero que el PP nacional defienda mi honorabilidad y lo haga de forma pública", ha asegurado el secretario regional del PP valenciano. El dirigente valenciano ha recordado que lleva 20 años en el partido y que en ese periodo los populares han obtenido los mejores resultados de su historia.\nEl todavía número dos del PP valenciano sí ha querido dejar claro tres aspectos: que nunca ha tenido responsabilidades en la dirección de las campañas electorales en la Comunidad Valenciana, que Orange Market, la empresa elegida por el PP para la organización de la mayoría de los actos de campaña, trabajaba con el partido antes de llegar él a la dirección del PP valenciano, y que él no tiene responsabilidad alguna sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market. "Nunca tomé esa decisión. Además la dirección nacional nunca nos ha pedido que dejásemos de trabajar con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio nunca se materializó en una instrucción", ha declarado.\nEl secretario regional del PP ha pedido perdón a los militantes de su partido por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel que ha visto reflejadas en los medios de comunicación. Costa ha asegurado sentirse avergonzado por su contenido y ha aclarado que su coche, marca Infiniti, se lo compró él y que la trama no tuvo nada que ver con la compra. También ha aludido al reloj Frank Müller, que le regaló a título personal el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, valorado en 20.000 euros. "Me lo hizo cuando no era ya alcalde. En otras circunstancias no lo habría aceptado. He pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello", ha subrayado. Costa no hizo mención alguna a dejar de ser portavoz de su partido en las Corts.\nEn Castellón, el dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sorprendido con unas declaraciones en las que afirmaba que Ricardo Costa no tenía por qué presentar su dimisión porque el partido no tiene capacidad para adjudicar contratos y, por tanto, su cese no sería responsable.\nEl Comité Ejecutivo de los populares valencianos se reúnen esta tarde para confirmar el anuncio que ya hiciera el partido por la presión ejercida por el propio Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha empleado a fondo este fin de semana, ya sea directamente o a través de otros miembros del Gobierno valenciano, para hacerle llegar a su número dos que su retirada es temporal, que se lo ha exigido el propio Rajoy y que tiene toda su confianza. En el mensaje por teléfono móvil con el que Presidencia de la Generalitat comunicó el pasado viernes que Costa sería destituido, se evitó poner en entredicho a este dirigente: Su cese "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Costa durante este tiempo al frente del partido".\nUna "cuarentena" hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las "alcantarillas" del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución "temporal" como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos.\nCosta, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía "número"?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ.\nEl presidente, que no acudió al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del "número" dos como coordinador del partido y su trayectoria "intachable". Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja.\nLa propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La "cuarentena" de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El "acuerdo" serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un "problema de estética" en los comportamientos.\nHabrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal "no existe"— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar.\nSi algo ha quedado claro en la crisis provocada por el caso Gürtel, es que Francisco Camps ha dejado de tener el control del partido en la Comunidad Valenciana. Los zaplanistas, a los que Camps parecía haber controlado en los últimos años, piensan aprovechar la reunión de hoy para buscar que no sólo Ricardo Costa, sino también el propio Camps asuma su responsabilidad por haber fichado a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, líder de este sector, tiene previsto pedir explicaciones a Camps. Los zaplanistas, que tienen una representación pequeña en el órgano de dirección del PP de la Comunidad Valenciana, no defenderán a Costa -quien llegó a bromear con El Bigotes con meter a todos los seguidores de Ripoll en un furgón policial-, pero tampoco se conformarán con su cese.\nA todos los efectos, Ricardo Costa parecía haber ganado anoche su pulso a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Unos anotaban un "20 a cero" en el marcador, y otros, los más desconcertados, apenas reconocían que lo único que había ganado el popular valenciano era "tiempo" ante la dirección nacional. El caso es que ése era el veredicto en el PP, no sólo a la vista de lo sucedido en el Comité Ejecutivo del partido en Valencia, sino a la de las propias caras que desfilaban a la salida del Pleno del Congreso: los diputados más críticos con Rajoy, con una sonrisa de sarcasmo; los marianistas, con auténtico gesto de cabreo.\nFue entonces, en medio aún de la mayor confusión, cuando la dirección nacional dio lo que quiso ser un golpe de autoridad. En un comunicado enviado a última hora, se aferró como a un clavo ardiendo a la versión que le "comunicó" Camps sobre el pretendido cese temporal de Costa al frente de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario.\nEs decir, dio por "suspendido" al secretario general y portavoz del PP en la Comunidad, pese a saber, a través de sus propios delegados en el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que el pretendido cese no se había producido formalmente y que de la portavocía ni siquiera se habló.\nPor dos veces, y precisamente por eso, el texto se refería a la versión recibida de Camps, de manera que, según fuentes próximas a la dirección, Génova ponía en evidencia al hasta ahora intocable barón de Rajoy: "El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente, y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de las Corts, a Ricardo Costa".\nEl enfado de Génova sólo trascendió a última hora. Las fuentes consultadas se quejaban de las dudas y largas del presidente valenciano. Aseguraban que el cese estaba "firmado" desde el viernes y que si Génova había esperado a la reunión del Comité Ejecutivo regional de fue por expreso deseo de Camps. No daban crédito al hecho de que, una vez más, éste hubiera postergado la decisión acordada. Pero no querían esperar más.\nLa conversación telefónica de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no pudo ser más explícita. Según fuentes del PP valenciano, la número dos le dijo al dirigente zaplanista tras el Comité Ejecutivo lo que Camps dijo a Rajoy. Ripoll le contestó que no se había destituido a Costa y que éste sólo aceptaba la suspensión si Génova abría una comisión de investigación. La respuesta de Cospedal, -siempre según estas fuentes- fue: "De investigación interna, nada; como mucho, irá al Comité de Derechos y Garantías".\nEl caso es que ése fue, ciertamente, el segundo mensaje del breve comunicado de Génova, en el que se venía a rechazar de plano la demanda explicitada por el propio Costa y se emplazaba a éste ante el citado Comité -que bien podría llamarse de disciplina- para que, una vez relevado en sus funciones, "pueda ser escuchado, y explicar su posición". El pretendido golpe de autoridad de Génova dejó, no obstante, claramente insatisfechos a los populares afines a Rajoy que, durante todo el día, sufrieron con evidente sonrojo la debilidad del aparato del partido.\nLos más marianistas se preocuparon durante toda la jornada de propagar la idea de una nueva conspiración interna. Aseguraban que la ensayada comparecencia pública de Costa estaba sostenida por su hermano Juan y por el actual directivo de Telefónica Eduardo Zaplana, en lo que entendían como una reedición de la brecha abierta en el Congreso de Valencia. Una teoría aderezada por las manifestaciones de Juan José Güemes, consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, en favor de ser "más cautos" en las decisiones: "Yo no defiendo a Costa", decía a este diario, "ni a ninguna persona, sino que pido principios de general aplicación para todos los casos, y lo hago a título exclusivamente personal".\nLa teoría de la conspiración fue palideciendo, sin embargo, a medida que avanzaba la tarde: "Estoy avergonzado", decía un genovita, "porque en el fondo, hemos aceptado la estrategia de Camps, que está en el alambre, y Costa ha impuesto su solución".\nCon Francisco Camps a la cabeza, el PP se ha acostumbrado a sonreír y callar ante la adversidad. Es su terapia para la felicidad. volvió a suceder, aunque el silencio de los disidentes vino impuesto por el discurso del presidente regional -"una sola disensión aquí dentro y los de fuera habrán ganado", dijo- y por una maniobra que impidió el turno de preguntas. Todavía sonaba en el altavoz la última palabra del discurso de Camps, y el diputado Rafael Maluenda -toda una vida mostrándose fiel al líder que toque- arrancó en aplausos.\nPor mímesis, de acuerdo con la consigna que pasó discretamente de boca a boca, la mayoría secundó la ovación. Siguió un gesto cómplice de Camps a uno de sus colaboradores y se abrieron las puertas para que accedieran los periodistas en tromba. "Nos han pedido que no interviniéramos ninguno y que aplaudiéramos. Unos han aplaudido y otros no", confesó después el presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, que evitó aplaudir.\nEl plan obtuvo su resultado. Nadie levantó la mano para pedir que se votara algo que ni siquiera se había propuesto oficialmente. "Camps, como hace siempre, ha pasado el trago, pero esta vez se atragantará", comentaba airado uno de los dirigentes críticos. La reunión más importante de los últimos años se quedó desierta de opiniones y sólo Camps y Costa pudieron hablar. Ripoll se quedó con las ganas.\nEl dirigente zaplanista tenía intención de poner de manifiesto que hay un "evidente problema" dentro del partido y que no se puede estar de brazos cruzados. Además, iba a reprochar al presidente sus cantos a la unidad cuando, según él, las conversaciones destapadas con el levantamiento del secreto del sumario ponen de manifiesto que la dirección regional intentó destronarle en el congreso provincial del pasado año. Todavía duele en el entorno de Ripoll la conversación en la que Costa, irónicamente, le pide a El Bigotes un furgón policial para llevarse a sus partidarios.\nCon los aplausos, y silenciadas las voces críticas, la escenificación del "todos juntos y felices" -Ricardo Costa estaba exultante - se había completado. Pero no todos salieron sonrientes. El vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons, y el diputado nacional Federico Trillo-Figueroa salieron de manera apresurada y con semblante muy serio y se refugiaron en uno de los despachos desenfundando el teléfono. Los emisarios de la dirección nacional debían pasar el parte a Génova.\nMás tardó en salir Camps, que intentó esquivar a los periodistas sin éxito (la sala de prensa no tiene puerta trasera). Ante la insistencia de los medios, se paró tres minutos. Volvió a repetir la teoría de la cacería política y reiteró que los populares siguen "unidos, contentos y felices".\nLas cartas sobre la mesa. Ricardo Costa no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio exigido por la dirección del PP sin oponer resistencia, así que, apenas unas horas antes de acudir a la reunión de la ejecutiva regional del partido en Valencia, convocó a la prensa y se despachó a gusto. En un comunicado que él mismo leyó al borde de las lágrimas, aseguró que no veía ninguna razón para presentar la dimisión, argumentó que siempre ha cumplido las "directrices" que le han marcado sus superiores, reprochó a la dirección nacional del PP que no le haya dado ninguna explicación sobre las causas de su destitución y aclaró que la decisión de contratar a la empresa Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido y que, en cualquier caso, ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente dieron instrucción alguna para que se dejara de trabajar con ella.\nEl alegato de Costa tuvo un efecto sísmico en la cúpula del partido conservador. Era previsible que el hasta ahora número dos del PP valenciano presentara batalla antes de abandonar su cargo, pero la magnitud del desafío superó las previsiones.\nEl dirigente valenciano expuso su caso como si se tratara de un despido improcedente: "Mi dimisión solo podría producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular –subrayó–, y creo honestamente que eso no se ha producido". Costa fue incluso más allá e insinuó que la obediencia a sus jefes le ha llevado a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. "Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos haya sido muy difícil desde el punto de vista personal –declaró–. He antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración".\nEl pulso con la dirección nacional se hizo especialmente duro en los párrafos que dedicó a las contrataciones con la empresa de la trama corrupta Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Costa destacó que la decisión de trabajar con Pérez no la tomó él y dejó en evidencia a Rajoy al afirmar que la dirección nacional del PP nunca pidió que se dejase de contratar a Orange Market. "Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción. Si se hubiera materializado, la habríamos cumplido, como siempre". Cuando el pasado febrero estalló el escándalo, Rajoy aseguró que en el 2004 había ordenado cortar las relaciones con las empresas de la trama.\nPero no todo fue exculpatorio en el discurso de Costa. El dirigente valenciano admitió que algunas de las conversaciones que mantuvo con el Bigotes y que aparecen transcritas en la parte del sumario difundida fueron "desafortunadas" y pidió disculpas. "Debo reconocer –dijo– que cuando he leído esas conversaciones en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente". También asumió que fue "un error" comprar un coche de lujo en plena crisis, pero reiteró que lo adquirió con su dinero.\nLas risas y los aplausos de Francisco Camps y Ricardo Costa en la noche del martes, cuando pensaban que habían sorteado las exigencias de Génova de afrontar con contundencia los escándalos del caso Gürtel, se tornaron crispación y lágrimas. La dirección nacional del PP desplegó toda su contundencia para acabar con la confusión generada por el presidente valenciano y forzar la destitución fulminante del secretario regional del PP. Ricardo Costa se convierte así en la primera víctima del caso Gürtel del PP en la Comunidad Valenciana.\nAdemás, la intervención de Génova para solucionar los enredos de Camps, coloca al presidente valenciano en la picota. Las críticas arreciaron en público y en privado. Dirigentes valencianos y nacionales coincidían en el enfado por la gestión de la crisis. Camps, señalaban, ha llevado al partido a una situación absurda, casi ridícula. El futuro del líder valenciano, a quien pese a todo Mariano Rajoy, muy molesto con él, sigue apoyando, según fuentes marianistas, está en cuestión entre otras cosas porque los dirigentes consultados asumen que seguirá habiendo revelaciones del caso Gürtel y ahora las críticas irán directamente contra él, que ya no tiene el cortafuegos de Costa.\nSi durante toda la noche del martes, el PP valenciano y Génova emitieron mensajes contradictorios acerca de la situación de Costa -implicado en la supuesta financiación irregular del partido-; en la mañana de se cercenaron todas las dudas. "Es imposible que Costa vuelva a sus cargos", aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "La dirección nacional del PP no va a permitir que un secretario general autonómico decida lo que esta dirección tiene que hacer", dijo Cospedal, que dejó claro que no estaba dispuesta a que el PP valenciano pusiese en jaque a Mariano Rajoy. Cospedal fue durísima con Costa, pero evitó apoyar expresamente a Camps. La número dos explicó al fin por qué han echado a Costa: por sus "relaciones poco recomendables". Pero esas relaciones eran con El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps. Cospedal no respondió a la pregunta de si el presidente valenciano debería dimitir por los mismos motivos por los que se va Costa.\nAcuciado por la dirección nacional del PP, Camps acudió a primera hora de la mañana al despacho que Costa tiene en las Cortes Valencianas. Allí le comunicó que, so pena de que Génova lo expulsase de manera fulminante del PP, no tenía más remedio que destituirlo de todos sus cargos. Acto seguido, Camps hizo llamar al despacho a todos los diputados, que estaban convencidos de que Costa seguía siendo portavoz, y les comunicó su sustitución por la del adjunto Rafael Maluenda.\nEl presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, muñidor del acuerdo, se mostraba incrédulo con lo sucedido. Fabra argumentó que es "posible" la vuelta de Costa a la secretaría general. La indignación -y la sensación de ridículo- de varios cargos del PP castellonense por su papel en el conflicto era evidente.\n- 11.00. El PP ya tiene nuevo secretario general y nuevo portavoz. Camps: "La decisión que tomamos , ya está tomada".\nEl secretario general "temporal" del PP valenciano pidió disculpas por ese "error de adolescencia" y atribuyó la diatriba a "un sarampión de juventud, influido por personas mayores y algunas lecturas". Asencio era entonces miembro de la Organización Juvenil Española (OJE), "como otros eran militantes de la [maoísta] ORT". "Cuando llegué a la Universidad y estudié Derecho Político me incorporé plenamente a la democracia", explicó. "Mi trayectoria política me avala. Me afilié a Alianza Popular en 1981, en una campaña que organizó el partido para captar afiliados, pero no me dieron el carné hasta 1983. Desde entonces he sido concejal y alcalde de Crevillente. He pasado por el tamiz democrático y he logrado ser alcalde de un pueblo que sociológicamente es de izquierdas".\nLa tradición del PP valenciano de contratar a las empresas de Francisco Correa y pagar una parte en negro se remonta al menos a 2002 -en concreto al congreso celebrado en septiembre- y se ha sostenido regularmente en el tiempo en los años previos a las autonómicas 2007, cuando el negocio de Orange Market se disparó. Los documentos encontrados por la policía judicial en el piso de la calle Serrano lo acreditaban y las declaraciones del contable José Luis Izquierdo en el juzgado corroboran la práctica del doble flujo contable. Entre el citado acto y diciembre de 2006, los populares pagaron al menos 1,4 millones a las firmas de la trama Gürtel, sobre todo a Special Events y a Orange Market.\nEntre 2004 y 2006, sin existir ninguna campaña autonómica de por medio, el partido abonó 46 facturas a la franquicia valenciana de Correa por un total de 905.504 euros, según las cuentas de este diario. A esa cantidad hay que sumar los 218.637 euros que el PP abonó en negro por organizar 26 actos en 2005, algunos de ellos con motivo de la campaña de las europeas. Antes, en noviembre de 2004, el "PP de Valencia" hizo una provisión de fondos en negro por 84.000 euros, según consta en el documento "Caja B de Orange Market" que figura entre los 17.000 folios del sumario cuyo secreto se ha levantado.\nOtros 240.582 euros se pagaron por el citado congreso de 2002, el que reeligió a Eduardo Zaplana como presidente por cuarta y última vez y a Francisco Camps, secretario general. Orange Market no había nacido y faltaban cinco años para que Ricardo Costa se convirtiera en secretario general. En una de sus declaraciones judiciales, José Luis Izquierdo apunta a Álvaro Pérez como la persona que gestionó el abono de 150.430 euros en negro, pero dice desconocer quién, por el PP, hizo el pago ilegal.\nEn el informe de la Udef ya se daba cuenta del pago de esos 150.430 euros en negro a una cuenta personal de Correa. Se da la circunstancia de que en ese mismo 2002, el 18 de diciembre, figura un apunte de salida de la Caja B de la trama en Madrid de 420.000 euros que va a parar a "PP VLC", según recogía ya el auto de Garzón y el informe de la policía judicial. "Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", dice la policia. Esto es, una comisión al partido. Es el único flujo registrado, en negro, desde la trama de Correa hacia el PP. Que se sepa.\nTras recibir la denuncia de manos de los socialistas, la Sindicatura apreció en el comportamiento de Morató, en la actualidad primer teniente de alcalde, indicios de presunto delito, por lo que a finales de 2008 decidió elevar el asunto al Tribunal de Cuentas en Madrid. Este último organismo abrió expediente en marzo de 2009 y en la actualidad está instruyendo la fase de diligencias preliminares, en la que debe tomar testimonios a los implicados y analizar todos los datos del caso, entre los que se encuentra la famosa grabación del pleno en el que el propio Morató admitió parte de los hechos. El Tribunal tomará una resolución antes de que finalice el año, según señalaron fuentes del organismo a este diario.\nEl titular del juzgado nº 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, ha llamado a declarar a una veintena de trabajadores de 8 entidades bancarias distintas, con el fin de aclarar quién y cómo hacía los ingresos de talones y efectivo en las cuentas del presidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que está siendo investigado, desde hace más de 5 años, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias y la prevaricación. Además, está imputado por un presunto fraude fiscal, tras una denuncia presentada por Hacienda.\nLos empleados de las oficinas bancarias, que acudirán a declarar en calidad de testigos, ejercieron labores de cajeros entre 1999 y 2004, años sobre los que se extiende la investigación. De esta manera, el juez podrá indagar sobre cómo y quiénes ejecutaron los cientos de movimientos en las cuentas de Fabra en las que se hicieron innumerables ingresos.\nLa providencia, dictada por el noveno juez del caso Fabra, titular del juzgado desde este verano, solicita, además, otra información. En su escrito señala que, pese a que en el mes de marzo se dictó un auto judicial para que las distintas entidades bancarias aportaran las identidades de los cajeros, Bancaja aún no ha facilitado esta información, por lo que "al objeto de agilizar la entrega de la información solicitada", reclama la presencia de la policía judicial en esta entidad para que recoja, en mano, dichos datos.\nLa Guardia Civil sostiene que el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, "no puede justificar la procedencia" de 647.592 euros, parte de los cuales fueron transferidos a Brasil. Asimismo, asegura que es "el verdadero propietario" de la vivienda y del local comercial construidos en Foz de Iguazú, donde el político tenía previsto retirarse con su novia brasileña, Vaneide Freita. Así se recoge en el informe patrimonial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.\nDespués de prestar declaración ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado que instruye la causa por posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de dinero a raíz de la Operación Totem, el ex alcalde de Totana manifestó que la Guardia Civil había elaborado "un informe falso" que habla de cantidades en las que él no tiene nada que ver. Dicho informe está basado en las declaraciiones efectuadas en Brasil a nueve testigos, entre ellos la madre y el hermano de Vaneide Freita; así como al director y al gerente del Banco de Bradesco y del Banco de Brasil, respectivamente.\nLos investigadores concluyen que Morales envió a Brasil un total de 347.592 euros, y que para ello "utilizó a Vaneide Freita y a Claudia Rodrigues", esta última amiga del diputado murciano antes de conocer a su novia actual. De esta cantidad, 288.159 euros fueron enviados a una cuenta del Banco de Brasil de las que son titulares Vaneide Freita y su madre Nair Dos Santos. Otros 47.933 euros se transfieron a otra cuenta del Banco de Bradesco a nombre de Vanilson Dos Santos y su madre Nair Dos Santos. Por su parte, Claudia Rodrígues recibió 11.500 euros de Juan Morales.\nEn relación a la vivienda construida en Foz de Iguazú, la Unidad Central Operativa sostiene que Morales "es el verdadero propietario". Explica que según el ingeniero civil que realizó el proyecto de construcción, el inmueble sstá valorado en 250.000 reales brasileños (unos 86.565 euros) y que la propietaria nominal es Vaneide Freita. En el balance patrimonial, el informe señala que Morales no puede justificar la procedencia de las remesas enviadas a Brasil ni otros 300.000 euros detectados en el curso de las diligencias.\nEn las declaraciones realizadas en Brasil, la UCO señala que la madre y el hermano de Vaneide no pudieron justificar cómo la vivienda fue sufragada por la familia. Asimismo, un corredor de inmuebles brasileño, Jilson José Pereira, manifestó que fue Morales quien dirigió la negociación para alquilar el bajo comercial del inmueble. Explicó que el ex alcalde "daba órdenes a los empleados sobre la mejor manera de colocar ciertas reformas, cristales y pasamanos".\nEn un correo electrónico que Isabel Durante envía a Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce y pareja de Miguel Tebar, el 4 de diciembre de 2008, le explica: "Reina, hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo. Yo sabía que reaccionaría así. Ahora, tenéis que conseguir que firme el compromiso. Efectivamente, es una cobarde. Luego os llamo".\nEn este correo, del 3 de diciembre de 2008, Vanessa-Sara Salvo, aconsejada por Isabel Durante, le explica a la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura: "No comprendemos muy bien que una fundación (entidad privada), que no está sujeta a las mismas obligaciones que la Administración pública, tenga problemas en realizar una subcontratación teniendo que realizar una licitación pública".\nDicho correo de la administradora de Emasce concluye con la siguiente frase: "A título personal, te ruego le comentes al consejero Pedro Alberto Cruz que lamentamos mucho esta situación, en particular Miguel Tébar Almansa, que ha mantenido y sigue manteniendo una óptima relación con él". Miguel Tébar, además de socio de Emasce fue nombrado por Cruz director de la discográfica Tres Fronteras.\nYolanda Martínez contestó el mismo día a la administradora de Emasce pidiéndole más tiempo para aclarar el posible problema derivado de los límites monetarios legales para contratar con una empresa privada. Tras ser informada por Salvo, la asesora del consejero le explica al día siguiente, el 4 de diciembre, lo que hay que hacer: "Hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo". Durante emplea la primera persona del plural ("emitimos") en su respuesta a la administradora de Emasce, lo que da idea de su implicación en la sociedad y en el negocio que tratan de cerrar.\nQuince días después, Emasce se sale con la suya y la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura les adjudica el contrato de más de 20.000 euros. "Eureka, tenemos el presupuesto firmado de la directora-gerente", informa Salvo por correo el 19 de diciembre a sus socios, Miguel Tébar e Isabel Durante.\nUna denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia solicita que se tome declaración al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, y sobrino del máximo responsable del Partido Popular en la región, Ramón Luis Valcárcel, por las presuntas corruptelas hechas públicas los últimos días por la prensa murciana. La asociación cívica Gulliver, constituida hace un mes y en la que se agrupan ciudadanos murcianos contra la corrupción, se estrena presentado esta denuncia ante la Fiscalía murciana en la que solicita que se investiguen una serie corruptelas llevadas a cabo en la Consejería de Cultura, por si pudieran ser constitutivas de delito.\nEn estas presuntas corruptelas aparece la asesora del consejero, Isabel Durante y su amiga Vanessa-Sara Salvo y su pareja, Miguel Tébar Almansa, al que Cruz lo elevó a alto cargo nombrándole director del sello discográfico Tres Culturas de carácter público, y que lograron contratos en el último año por unos 40.000 euros a través de la empresa privada Emasce que montaron. "Hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo", se dice en uno de los correos electrónicos que ha publicado la prensa murciana.\nEl ex presidente de Baleares y ex ministro de José María Aznar Jaume Matas (PP) fue imputado por presunta corrupción en relación con el caso Palma Arena (el velódromo que costó más del doble de lo previsto) y la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular. El valor de su vivienda es de 2,47 millones de euros y él pagó menos de un milón.\nEl ex presidente balear comparecerá ante el juez en marzo de 2010 para responder sobre un posible delito de cohecho impropio por recibir supuestas dádivas. Asimismo, han sido imputados su mujer, María Teresa Areal; su cuñado y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, y el presidente de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus. Matas manifestó a través de un comunicado de su abogado que "rechaza cuantas imputaciones puedan formularse contra él, que en todo caso tienen su origen en informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas" y expresó su intención de colaborar con la Justicia. El Partido Popular se alegró de que "al fin podrá defender su honor".\nEl ex tesorero del PP y apoderado de los negocios de Matas, su cuñado Fernando Areal, declaró como imputado al desvelarse que él manejó tres partidas de dinero negro para abonar parte de la campaña electoral del PP y de Matas a Nimbus, cuyo dueño, Miguel Romero, fue detenido e imputado en la causa. La esposa del ex ministro, Maite Areal, comparecerá también como imputada por sus presuntas responsabilidades en el manejo de más de 70.000 euros en dinero en efectivo en sus cuantiosas adquisiciones de joyas. Un ex consejero del PP y presidente del consejo de Gesa-Endesa, Bartolomé Reus, ha sido imputado como supuesto testaferro de los Matas en la compra de una vivienda en Madrid.\nJaume Matas, el ex president del anterior Govern del PP, justificó su demora en el abono de los 900.000 euros por la compra de la planta primera de la antigua casa señorial de la calle San Felio, 8 de Palma en que carecía de fondos, incluso para abonar el IVA de dicha operación, 63.000 euros, según la promotora Nova Labritja S.L., que se ha desvinculado completamente de la reforma y equipamiento de la vivienda. Matas, a pesar de carecer de dinero, emprendió en 2004 las obras de rehabilitación del piso conocido coloquialmente como "el palacete" y lo dotó de un lujoso ajuar.\nNova Labritja, vinculada al matrimonio de abogados formado por Juan Buades y María Teresa Castellá, ha revelado a los investigadores del caso Palma Arena datos sobre el patrimonio de Matas que se ignoraban. La empresa afirma que pactó verbalmente con Matas en abril del 2004 la compra del primer piso, o planta noble, de la antigua casa señorial por 900.000 euros. La fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria tenían hasta ahora como fecha de la operación la de 25 de octubre de 2006, día en que se firmó la escritura de compraventa por Matas. La empresa vendió de palabra en marzo-abril de 2004 el resto de viviendas en las que se iba a dividir la vetusta casa señorial.\nLos compradores, Matas incluido, pudieron disponer inmediatamente de sus casas para poder reformarlas, decorarlas y ponerlas en condiciones de ser habitadas. El entonces president invirtió decenas de miles de euros en la reforma y decoración del piso entre 2004 y 2008. La mayoría de las facturas por esos servicios no fueron abonadas hasta finales del 2006 por él y su esposa Maite Areal.\nMatas encargó a un constructor de sa Pobla, Juan Serra Cladera, en 2004 que iniciara las obras de rehabilitación de su piso. Los albañiles empezaron a hacer catas en las paredes para averiguar el estado del edificio y suscitaron la alarma en los técnicos que dirigían la reforma de las zonas comunes del "palacete" y coordinaban todo el proyecto. Todos los vecinos de San Felio, 8, menos el president del Govern, firmaron las escrituras de compraventa entre octubre del 2004 y enero del 2005, según los planes previstos por la promotora. Nova Labritja para emprender el negocio había suscrito una hipoteca con la Caja de Arquitectos (Arquía), con la posibilidad de que los compradores se subrogasen después en la parte de este préstamo correspondiente a sus viviendas. El también presidente insular del PP anunció que asumiría la hipoteca de Arquía, pero no firmó esa escritura hasta octubre del 2006. Matas y Areal tenían que abonar 900.000 euros, más otros 63.000 euros del IVA, pero alegaron a la promotora que no disponían de dinero ni para el impuesto.\nEl matrimonio explicó que tenían a la venta su casa de Cas Catalá, operación que esperaban materializar en breve para poder comprar el piso de San Felio. "La realidad es que el matrimonio Matas-Areal no vendió su vivienda con la rapidez que habían anunciado, generando un aumento de onerosidad y coste para la promotora", ha explicado Buades al juez. Esa demora fue penalizada con un incremento de 50.000 euros para Matas, que acabó pagando por la casa 1.016.500 euros.\nLos portavoces del PP, Carlos Simarro y Antoni Fuster, descartaron abrir una investigación interna sobre las actividades que han llevado a la imputación judicial de su ex presidente, Jaume Matas.\nA diferencia de la disciplina aplicada por el partido en el caso del valenciano Ricardo Costa, el ex president de Balears no verá escudriñada su gestión, dado que –según Fuster– Matas "hace dos años que ha dejado la política". En rigor, Matas ha estado cobrando durante los dos últimos años el salario que los ex ministros reciben como compensación a las incompatibilidades que se acumulan durante ese período, de manera que, en rigor, tal alejamiento es más reciente.\nSin embargo, y a pesar del supuesto alejamiento de la política, Simarro no dudó en asegurar que el partido está dispuesto a prestarle su sala de actos en el caso que quiera comparecer para "defenderse del juicio paralelo" de los medios de comunicación. El portavoz recordó que el ex president aún no ha sido formalmente acusado, y pidió "prudencia" a los representantes de los medios, para no "hacer sobrasada cuando el lechón no ha nacido".\nLa Fiscalía Anticorrupción le incrimina por lucrarse con la venta de tumbas, despilfarrar un millón de euros en ataúdes, falsificar facturas y sustraer dinero de la caja entre 2003 y 2007. Han declarado ante el juez la ex gerente de la EFM Marina Sans, el ex portavoz del PP en Cort Rafael Durán, entre otros. El juez libra oficio a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional para que emita un informe sobre el extracto de cuentas bancarias y posible vinculación de la esposa de Óscar Collado, Francisca Moll, en la trama delictiva. También, el magistrado Manuel-Vicente Penalva pide que se practiquen gestiones de averiguación de la forma de pago de los vehículos propiedad de Oscar Collado y Francisca Moll.\nSegún los elementos indiciarios investigados en la causa, el ex gerente de la EFM alteraba al alza, al parecer, el precio de las sepulturas y se quedaba con el "diferencial". Además, evitaba sacar a concurso las inversiones más importantes de la Funeraria, como cuando destinó un millón de euros a la adquisición de ataúdes, cantidad que habría despilfarado, según Anticorrupción.\nCollado admitió en su primera declaración ante la policía y el fiscal anticorrupción Pedro Horach una "deuda" con las arcas municipales inferior a 20.000 euros y aseguró que iba a proceder a devolver esa cantidad "muy pronto". Dijo que, a pesar de contar con un sueldo mensual de 6.000 euros, tenía deudas y que por eso sacaba dinero de la caja pero que luego lo reponía.\nEl Ayuntamiento de Andratx reclama casi 9 años de cárcel y el abono de más de un millón de euros para el ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, acusado de varios delitos relacionados con una serie de negocios inmobiliarios y con supuestos cohechos. La acusación particular también solicita 5 años de prisión para el constructor Manuel Zapata y una pena de multa de seis meses para Jaime Gibert, el suspendido celador municipal de obras de Andratx.