Sentencia de Tutela nº 098/16 de Corte Constitucional, 26 de Febrero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 631893181\nSentencia de Tutela nº 098/16 de Corte Constitucional, 26 de Febrero de 2016\nDERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SU RELACION CON EL SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS NO POS. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente se plantea vulneración de derechos fundamentales por parte de E.P.S que se niegan a autorizar la práctica y/o suministro de procedimientos, elementos o insumos excluidos del POS, o a ordenar la exoneración del cobro de cuotas moderadoras, como a brindar atención integral a una persona mayor de 70 años que presenta quebrantos de salud. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud, su relación con el suministro oportuno de medicamentos y la exoneración en la cancelación de pagos moderadores. 2º. La acción de tutela y el cubrimiento de medicamentos y tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y, 3º. El alcance del principio de solidaridad frente a sujetos que merecen especial protección constitucional. En un caso se confirma la decisión de instancia que negó el amparo solicitado y, en el otro, se CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales invocados.\nSentencia citada en: 55 sentencias, una noticia\nReferencia: expedientes T-5187533 y T-5195642 (acumulados).\nAcciones de tutela presentadas por M.E.M.O. y M.A.H.C. contra Coomeva EPS y Emssanar EPS-S, respectivamente.\nAsunto: Procedencia de la acción de tutela para solicitar insumos y tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y exoneración del pago de cuotas moderadoras.\nBogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis (2016).\nLa Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada G.S.O.D., quien la preside, y los magistrados J.I.P.P. y J.I.P.C., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:\nEn el proceso de revisión de las sentencias dictadas en única instancia por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar (T-5187533), y el Juzgado Promiscuo de Orito (T-5195642) que resolvieron las acciones de tutela promovidas por M.E.M.O., como agente oficiosa de J.M.H.R. contra Coomeva EPS, y M.A.H.C. como agente oficioso de Luz Carmelina C.R. contra Emssanar EPS-S, respectivamente.\nLos asuntos llegaron a la Corte Constitucional por remisión que efectuaron los mencionados despachos, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991.\nMediante auto del 28 de octubre de 2015 proferido por la Sala de Selección Número Diez, se escogieron los expedientes T-5187533 y T-5195642 y se acumularon para ser fallados conjuntamente en una sola sentencia, por presentar unidad de materia.\nLa señora M.E.M.O. actuando como agente oficiosa de su suegro J.M.H.R., interpuso acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales de su agenciado a la vida y a la salud.\nEn el escrito de tutela, la agente refirió que el señor J.M.H.R. tiene 76 años de edad y se encuentra afiliado a Coomeva EPS en calidad de beneficiario. Así mismo, sostuvo que padece distintas patologías, a saber: (i) enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC-; (ii) insuficiencia renal crónica; (iii) hipertensión; (iv) dificultades para respirar; (v) es oxígeno dependiente y, (vi) tiene complicaciones con un testículo.\nPara el tratamiento de la enfermedad pulmonar que lo aqueja, Coomeva EPS autorizó el suministro de unos medicamentos prescritos por el neumólogo tratante, previo concepto favorable del Comité Técnico Científico, el cual era requerido por cuanto estos no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud -en adelante “POS”-.\nLas medicinas referidas eran entregadas por un distribuidor ubicado en Valledupar, municipio en el que reside actualmente el señor H.R.. No obstante, el distribuidor cambió y los medicamentos debían ser reclamados en la ciudad de Barranquilla.\nLa agente oficiosa afirmó que solicitó a la EPS suministrar los medicamentos en Valledupar, como lo han hecho con otros pacientes, pero Coomeva EPS negó tal petición. En adición a lo anterior, sostuvo que a su agenciado le corresponde sufragar copagos costosos y no cuenta con recursos suficientes, pues depende económicamente de su hijo, quien a su vez mantiene al resto de su familia.\nPor lo anterior, solicitó al juez de tutela ordenar a la accionada: (i) que autorice la entrega de los medicamentos en Valledupar; (ii) que exonere al señor H.R. del pago de copagos y cuotas moderadoras debido a que no tiene recursos para sufragarlas, y (iii) que preste a su agenciado la atención requerida de forma integral, permanente y oportuna.\nTrámite de la acción de tutela y respuesta de la Entidad Promotora de Salud\nMediante auto del 22 de mayo de 2015, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar avocó el conocimiento de la acción, y ordenó notificar a Coomeva EPS para que se pronunciara sobre los hechos de la acción de tutela.\nMediante escrito radicado el 28 de mayo de 2015 en el Juzgado, la EPS se opuso al reclamo y solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela impetrada, por cuanto se había configurado un hecho superado, toda vez que los medicamentos exigidos por el accionante ya habían sido entregados.\nLa EPS manifestó que la acción de tutela no era procedente porque no sólo se había autorizado el suministro de los medicamentos solicitados, sino que estos fueron efectivamente entregados.\nDe otra parte, en relación con la solicitud relativa a la exoneración del pago de copagos y cuotas moderadoras, la entidad accionada solicitó que fuera negada debido a que se trata de cargas que el accionante debe asumir, por cuanto tiene la capacidad económica para hacerlo. Así, indicó que de conformidad con la información obrante en la base de datos de la entidad, el señor H.R. está vinculado en calidad de beneficiario de su hijo J.H.M., quien figura como afiliado dependiente con un ingreso base de liquidación equivalente a 3.437.000 pesos.\nEn cuanto a la petición consistente en brindar tratamiento integral, Coomeva EPS afirmó que no ha negado ningún servicio de salud al usuario y no es posible conceptuar sobre tratamientos futuros que aún no han sido solicitados, motivo por el cual dicho reclamo no es procedente.\nFinalmente, solicitó que en caso de que se desestimaran las consideraciones y fundamentos expuestos, se autorizara a Coomeva EPS para recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA-.\nMediante sentencia del 4 de junio de 2015, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar, negó el amparo, al considerar que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.\nRespecto de la entrega de los medicamentos, el juez concluyó que las órdenes de servicio aportadas por Coomeva EPS eran suficientes para demostrar que estos sí fueron suministrados al paciente. Por lo tanto, estimó que respecto de este reclamo no se advirtió la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante.\nDe otro lado, en relación con la solicitud de no cancelación de copagos y cuotas moderadoras, el juez consideró que, si bien el actor se encuentra afiliado como beneficiario en el régimen contributivo del sistema general de salud, su hijo cuenta con un ingreso base de liquidación equivalente a 3.437.000 de pesos, lo cual permite inferir que puede asumir los copagos que se requieran para la atención médica de su padre.\nEn ese orden de ideas, determinó que dado el nivel socioeconómico del hijo, la exigencia de pagos moderadores para acceder a los medicamentos no resulta desproporcionada, pues el costo de los mismos es inferior al precio real de dichas medicinas. Por consiguiente, el juez estimó que en este caso el agenciado busca eludir una obligación para los usuarios de sistema general de seguridad social en salud y, en consecuencia, no se han vulnerado sus derechos fundamentales.\nFinalmente, en cuanto a la pretensión relacionada con el tratamiento integral del paciente, el juez de primera instancia estimó que la EPS garantizó todas las prestaciones asistenciales solicitadas de conformidad con las indicaciones del médico tratante. En este sentido, concluyó que al accionante no se le han negado prestaciones relacionadas con el servicio de salud y, por ende, no se lesionaron sus garantías constitucionales.\nActuaciones en sede revisión\nCon el fin de contar con mayores elementos de juicio, mediante auto del 26 de junio de 2015, la Magistrada sustanciadora ofició a la agente oficiosa para que (i) ampliara la información relacionada con la conformación del grupo familiar del señor J.M.H.R. y de su situación socioeconómica actual, e (ii) informara cuál era el procedimiento para reclamar los medicamentos.\nVencido el término para contestar, la agente oficiosa guardó silencio.\nEl señor M.A.H.C., actuando como agente oficioso de su madre L.C.C.R., quien tiene 74 años de edad y está vinculada al sistema general de salud como beneficiaria del régimen subsidiado a través de Emssanar EPS-S, interpuso acción de tutela para que se ampararan los derechos fundamentales de su agenciada a la vida en condiciones dignas y a la salud, en atención a su avanzada edad y a los quebrantos de salud que la quejan.\nEl 29 de julio de 2014, la señora L.C.C.R. sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico que le dejó graves secuelas en su salud. Según el agente oficioso, la señora C.R. tiene parálisis en el 95% de su cuerpo, no tiene control de esfínteres ni capacidad para hablar, no se puede levantar de la cama, presenta úlceras en sus tejidos blandos, y por los daños en su cerebro, en muchas ocasiones, no es consciente de lo que pasa en su entorno.\nAfirmó el agente que su madre es una persona con graves limitaciones físicas y mentales, que demanda la ayuda permanente de un tercero para movilizarse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas. Adicionalmente, sostuvo que la señora C. necesita distintos medicamentos y elementos para llevar su enfermedad en condiciones dignas, entre ellos, pañales, paños húmedos, crema para cuerpo, una silla de ruedas, Ensure e insumos para cuidado de escaras, entre otros, los cuales no han sido entregados por la EPS-S porque no están incluidos en el POS.\nEl señor H.C. refirió que vive con su madre y con su hija de 14 años de edad y no cuenta con un trabajo fijo, en razón a que sus ingresos devienen de la venta de productos. En este sentido, aseveró que no cuenta con recursos económicos suficientes para asumir los gastos en que debe incurrir para el sostenimiento de su madre y hasta el momento la ha sostenido con sus ahorros y la ayuda brindada por amigos y familiares.\nAñadió que debe asistir a su madre de forma permanente para asearla, voltearla periódicamente, darle medicamentos y alimentarla, entre otros, situación que le ha impedido conseguir un trabajo de tiempo completo.\nPor los hechos antes narrados, solicitó al juez de tutela ordenar a la entidad accionada que entregue de manera completa y permanente los medicamentos requeridos para el cuidado de su madre (no especifica cuáles), así como los siguientes insumos: (i) 600 unidades de gasas estériles; (ii) 90 unidades de micropore; (iii) 10 unidades de Furasin (crema para escaras); (iv) Ensure; (v) pañales Tena azul talla M o grande; (vi) pañitos húmedos; (vii) papel higiénico; (viii) guantes para examen; (ix) suplemento alimenticio líquido, y; (x) una silla de ruedas.\nAsí mismo, requirió que se garantizara la prestación de los siguientes servicios de salud: (i) asignación prioritaria de citas; (ii) evaluación de nutricionista para que determine los suplementos alimenticios que necesita su madre; (iii) enfermería medio tiempo; (iv) transporte para desplazarse a la entidad de salud en la que se concedan las respectivas citas, y (v) terapias domiciliarias.\nTrámite de la acción de tutela y respuesta de las entidades accionadas\nMediante auto del 3 de julio de 2015, el Juzgado Promiscuo de Orito (Putumayo) avocó conocimiento, ordenó vincular a la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –en adelante SSDP- y notificar a Emssanar EPS-S para que se pronunciaran sobre los hechos de la acción de tutela.\nRespuesta de Emssanar EPS-S:\nMediante escrito radicado en el juzgado el 9 de julio de 2015, la entidad se opuso al reclamo de la tutelante y solicitó que se reconociera que no había vulnerado los derechos fundamentales de la peticionaria, por cuanto ha prestado todos los servicios de salud demandados por la paciente.\nEn relación con los procedimientos, elementos e insumos que sí están incluidos en el POS, Emssanar EPS-S sostuvo que a la actora se le ha garantizado la prestación de los servicios que han sido formulados por los médicos tratantes. Para probar tal afirmación, aportó una relación de los servicios autorizados y prestados desde el 14 de octubre de 2014 hasta la fecha en que se presentó el escrito de contestación.\nRespecto del suministro de elementos tales como gasas estériles y guantes, así como de la prestación del servicio de enfermería, afirmó que no se evidenciaba fórmula médica o solicitud alguna suscrita por el médico tratante que justificara su entrega. En consecuencia, instó al hijo de la paciente para que aportara los soportes correspondientes con el fin de autorizar lo pedido. En cuanto a la asignación de citas para valoración, la EPS-S adujo que esa función le corresponde a las Instituciones Prestadoras de Servicios –IPS- de la red contratada, las cuales fijan las fechas de conformidad con la disponibilidad de agenda que se tenga al momento de la solicitud.\nPor último, se pronunció sobre la solicitud de servicios e insumos expresamente excluidos del POS, y sostuvo que de conformidad con la Resolución 1479 de 2015 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Resolución 191 de 2015 expedida por la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP-, esa entidad asumió la obligación de suministrarlos. Adicionalmente, indicó que los productos solicitados por el agente hacen parte de la canasta familiar y no guardan relación con los servicios de salud que la entidad está obligada a garantizar.\nRespuesta de la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP-\nEl 13 de julio de 2015, la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP- solicitó su desvinculación del trámite constitucional por considerar que no era responsable de la vulneración de los derechos de la accionante, debido a que a Emssanar EPS-S le corresponde garantizar el otorgamiento las prestaciones solicitadas por la peticionaria.\nLa SSDP adujo que en sus bases de datos no se halló ninguna solicitud de servicios por parte de la señora L.C.C.. Por lo anterior, sostuvo que no se evidenciaba la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la entidad, toda vez que no se le ha negado ningún servicio de salud.\nRespecto del otorgamiento de prestaciones no contempladas en el POS, la SSDP consideró que en atención a los principios de continuidad y prevalencia de la prestación del servicio integral de salud, le corresponde a Emssanar EPS-S garantizar la prestación de los servicios solicitados por la accionante.\nLo anterior, por cuanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que la atención y tratamiento de las personas pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, cuyo estado de enfermedad afecte su integridad personal o su vida en condiciones dignas, debe ser integral.\nDecisión de única instancia\nMediante sentencia del 15 de julio de 2015, el Juzgado Promiscuo de Orito negó el amparo solicitado, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Fundamentó su decisión en que el reclamo constitucional no cumplía con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para suministrar elementos no incluidos en el POS (sentencia T-760 de 2008).\nEn particular, sostuvo que si bien se cumplía con el primer requisito, relacionado con la amenaza de los derechos fundamentales a la vida o a la integridad personal derivada de la falta del medicamento, el examen realizado no superó los demás presupuestos. Lo anterior por cuanto no se probó la necesidad de un medicamento o insumo que no podía ser sustituido por otro que estuviera incluido en el POS, ni la existencia de una orden del médico tratante para su entrega.\nAsí mismo, el juez estimó que tampoco se aportaron pruebas suficientes para determinar que la falta de capacidad económica fuera tal, que le impidiera al agente oficioso sufragar los gastos del tratamiento que se encuentren excluidos del POS.\nMediante auto del 26 de junio de 2015, la magistrada sustanciadora ofició al agente oficioso para que (i) ampliara la información relacionada con la conformación del grupo familiar, así como de su situación socioeconómica actual, y (ii) remitiera la historia clínica actualizada de la señora L.C.C.R. y las solicitudes de servicio y órdenes médicas emitidas desde que se diagnosticó a la paciente. Además, solicitó a la entidad accionada rendir un concepto del médico tratante en el que se determinara si la falta de entrega de los insumos solicitados puede afectar la salud (física y psicológica) y la integridad de la paciente.\nVencido el término para contestar, las partes requeridas guardaron silencio.\nCorresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.\nEn este caso la agente oficiosa interpuso acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales a la vida y a la salud del señor J.M.H.R., los cuales consideró vulnerados por la Coomeva EPS por no entregar unos medicamentos en el municipio en el que reside su agenciado, exigir el desembolso de copagos y cuotas moderadoras y no prestar la atención requerida por el usuario de forma integral.\nLa EPS se opuso al reclamo y solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela impetrada, debido a que (i) se había configurado el fenómeno del hecho superado, por cuanto los medicamentos exigidos ya habían sido entregados; (ii) el accionante puede asumir la cancelación de cuotas moderadoras, por cuanto su hijo tiene capacidad económica para hacerlo, y (iii) la EPS no le ha negado ningún servicio de salud al usuario.\nEl Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar negó el amparo solicitado, debido a que al accionante no se le han negado prestaciones relacionadas con el servicio de salud, ni se ha restringido el acceso a los mismos por la no cancelación de copagos.\nEn el presente asunto el señor H.C., actuando como agente oficioso de su madre, presentó la acción de tutela porque estimó vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la salud de su agenciada, en razón a que Emssanar EPS-S no entregó ciertos insumos no incluidos en el POS, tales como pañales, suplemento alimenticio y una de silla ruedas, entre otros.\nEmssanar EPS-S se opuso al reclamo de la tutelante y solicitó que se reconociera que no había vulnerado ningún derecho fundamental porque, a su juicio, ha prestado todos los servicios de salud demandados por la parte accionante, con fundamento en las indicaciones de su médico tratante. De otro lado, adujo que los procedimientos, elementos e insumos no POS deben ser asumidos por la SSDP.\nA su turno, la SSDP solicitó su desvinculación del proceso, por cuanto corresponde a Emssanar EPS-S garantizar el otorgamiento las prestaciones solicitadas por la peticionaria.\nEl Juzgado Promiscuo de Orito negó el amparo solicitado, al estimar que el accionante no aportó las pruebas necesarias para determinar si en este caso procedía el suministro de elementos que no hacen parte del POS, conforme a las reglas establecidas por la Corte Constitucional, y además, no aportó documentos que probaran la falta de capacidad económica.\nLas situaciones fácticas planteadas exigen a la Sala determinar si procede la tutela para (i) controvertir la decisión de las EPS de no autorizar la práctica y/o suministro de procedimientos, elementos o insumos excluidos del POS; (ii) ordenar que se exonere del cobro de cuotas moderadoras, y (iii) brindar atención integral a una persona mayor de 70 años que presenta quebrantos de salud.\nEn caso de ser procedente(s) la(s) tutela(s) de la referencia, será preciso analizar el fondo del asunto, el cual plantea el siguiente interrogante:\n¿Una entidad promotora de salud –EPS- vulnera el derecho fundamental a la salud cuando no autoriza la práctica o suministro de procedimientos, elementos o insumos excluidos del POS a personas mayores de 70 años que presentan quebrantos de salud?\nPara resolver los problemas jurídicos planteados, es necesario analizar los siguientes temas: (i) el examen de procedencia de la acción de tutela en los casos objeto de análisis; y en caso de ser procedentes, (ii) el derecho fundamental a la salud y su relación con el suministro oportuno de medicamentos y la exoneración en la cancelación de pagos moderadores; (iii) la acción de tutela y el cubrimiento de medicamentos y tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud; (iv) el alcance del principio de solidaridad frente a sujetos que merecen especial protección constitucional; y (v) la carencia actual de objeto por hecho superado. Posteriormente, con base en dichos presupuestos, se resolverán los casos concretos.\nEn relación con la procedencia de una acción de tutela interpuesta por un agente oficioso, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que es posible presentar acciones de tutela a nombre de quien no pueda hacerlo por sí mismo. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la agencia oficiosa busca evitar que, debido a la falta de capacidad del demandante, “se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante.”\nDe igual manera, la Corte ha determinado que la agencia oficiosa encuentra su fundamento en el principio de solidaridad, y como tal, pretende lograr el amparo de personas de especial protección constitucional como los niños, las personas de avanzada edad y las personas en situación de discapacidad, entre otras.\nLa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha fijado unos presupuestos, necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa en el ejercicio de la acción de tutela, estos son: a) la manifestación del agente oficioso de que actúa en dicha calidad y b) la circunstancia real de que el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas para interponer la acción, bien sea porque está dicho expresamente en el escrito de tutela, o se deduzca del contenido de la misma.\nEn los casos objeto de revisión, se acredita que tanto M.A.H.C. –expediente T-5187533-, como M.E.M.O. –expediente T-5195642-, están legitimados para actuar como agentes oficiosos de J.M.H.R. y L.C.C.R., respectivamente, en razón a que la edad y el estado de salud de los agenciados impide que ejerzan directamente la acción de tutela.\nLa legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.\nSegún el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares. En el caso analizado se advierte que en los expedientes T-5187533 y T-5195642 las accionadas son entidades prestadoras del servicio público de salud, motivo por el cual están legitimadas por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 superior y 42 del Decreto 2591 de 1991.\nSegún el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esa previsión corresponde al requisito de subsidiariedad, que descarta la utilización de la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos.\nSobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos e impide el uso indebido de la acción como vía preferente o instancia adicional de protección.\nEn consecuencia, en el análisis de la viabilidad de la solicitud de amparo, corresponde al juez constitucional determinar el cumplimiento de ese requisito, respecto del cual se previeron dos supuestos en los que la existencia de otros mecanismos no frustra el ejercicio de la tutela, a saber: (i) cuando el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) cuando a pesar de ser apto para conseguir el amparo de las garantías invocadas, las circunstancias particulares del caso demuestren que debe ser protegido inmediatamente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.\nEn relación con el primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.\nEn cuanto al segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial principal, se debe demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.\nTal perjuicio se caracteriza: “(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;(ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”\nAhora, respecto de las controversias entre usuarios y entidades prestadores de salud originadas en solicitudes dirigidas a obtener el suministro de procedimientos, tratamientos y medicamentos excluidos del POS, según el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 la Superintendencia Nacional de Salud tiene facultades jurisdiccionales para conocer y resolver controversias relacionadas con: (i) la denegación por parte de las entidades promotoras de salud de servicios incluidos en el POS; (ii) el reconocimiento de los gastos en los que el usuario haya incurrido por la atención que recibió en una IPS no adscrita a la entidad promotora de salud o por el incumplimiento injustificado de la EPS de las obligaciones a su cargo; (iii) la multiafiliación dentro del sistema; y (iv) la libre elección de la entidad promotora de salud y la movilidad de los afiliados.\nDesde que se asignaron las primeras competencias jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, sobre el alcance de dichas atribuciones. En particular, la sentencia C-119 de 2008 estableció que cuando, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la Superintendencia Nacional de Salud conoce y falla en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez los asuntos de su competencia, “(…) en modo alguno estará desplazando al juez de tutela, pues la competencia de este último es residual y subsidiaria, mientras que la de la Superintendencia será principal y prevalente.” (N. fuera del texto).\nTras la modificación del procedimiento que realizó la Ley 1438 de 2011 y la ampliación de las competencias a cargo de la Superintendencia de Salud, este Tribunal exaltó, además de la prevalencia, la idoneidad del mecanismo.\nEn particular, en la sentencia T-825 de 2012, la Corte estudió las acciones formuladas en representación de menores de edad que padecían autismo, en las que los accionantes pretendían que se ordenara el tratamiento en instituciones especializadas, y señaló:\n“El procedimiento introducido por la Ley 1438 de 2011 para tramitar este tipo de conflictos resulta eficaz e idóneo para lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales de los menores L.M.G. y J.R.G.: (i) por su carácter informal, sumario, principal y preferente; (ii) porque le otorga a la Superintendencia, entre otras, la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro del trámite que se surta; (iii) y por la celeridad del proceso previsto, de diez días, para resolver de fondo sobre el problema planteado”.\nAsí mismo, la sentencia T-914 de 2012, se estudió la acción de tutela formulada con el propósito de que la entidad promotora de salud asegurara el transporte de un niño (que padecía parálisis cerebral espástica), hasta el lugar donde recibía las terapias, el cual era un servicio que no estaba cubierto por el POS. En aquella decisión se destacó la competencia a cargo de la Superintendencia de Salud para la solución de ese tipo de controversias y se dijo “(…) que el procedimiento que introdujo la Ley 1438 de 2011 para el trámite de estas cuestiones, es lo suficientemente eficaz y expedito para lograr la efectiva protección de los derechos del peticionario dado su carácter informal, la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro del mismo y la agilidad que contempla”.\nAsí pues, esta Corporación ha establecido que el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud es la vía ordinaria, principal y prevalente para el restablecimiento de los derechos y la solución de las controversias que surgen respecto del aseguramiento y prestación de los servicios en el sistema de seguridad social en salud.\nEn relación con el expediente T-5195642, el peticionario presentó acción de tutela ante la negativa de EPS-S de suministrar ciertos insumos no incluidos en el POS. En ese sentido, en principio, el mecanismo jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud es un medio de defensa idóneo, por los siguientes motivos:\n(i) dentro de su objeto está previsto que las diferencias relacionadas con cobertura de insumos, procedimientos, actividades e intervenciones del POS pueden ser resuelta por dicha entidad;\n(ii) el procedimiento es informal, y es ágil, pues la entidad debe resolver de fondo el problema planteado en un término de diez días y,\n(iii) el resultado del trámite, en caso que proceda la solicitud del usuario, es una orden de suministrar los tratamientos, procedimientos y/o insumos no POS requeridos por el solicitante.\nCabe resaltar que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con oficinas regionales en las principales cabeceras departamentales del país. A pesar de lo anterior, se advierte que la oficina más cercana al municipio de Orito es Cali, ciudad que se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia. En esta medida, aceptar la tesis de la idoneidad del mecanismo jurisdiccional implicaría que el agente oficioso tendría que desplazarse hasta la ciudad de Cali para poder acudir ante la oficina regional de la Superintendencia. La Sala estima que dicha exigencia representa una carga desproporcionada para el agente oficioso y que no está en capacidad de asumir. Por una parte, el desplazamiento impediría que el agente trabaje y por ende que perciba los recursos para la manutención del hogar. De otro lado, porque su hija, quien tiene 14 años, no podría asumir el cuidado de su madre mientras su padre se encuentre ausente.\nEn adición a lo anterior, si bien existe la posibilidad de que el agente oficioso realice el trámite vía internet, para esta Corporación no se encuentra acreditado que éste puede acceder a dicho servicio, por cuanto se trata de un municipio remoto sobre el cual no se tiene certeza respecto del acceso que se tiene a internet. Adicionalmente, aun cuando se presumiera que sí existen condiciones para el acceso al referido servicio, la situación socio económica de la actora y de su núcleo familiar es precaria y, en esa medida, la carencia de medios para acceder a internet permite refuerza el argumento según el cual el mecanismo jurisdiccional no resulta idóneo en el caso objeto de revisión.\nPor los motivos antes indicados, se considera que las circunstancias particulares del caso permiten concluir que el mecanismo jurisdiccional no es idóneo para la protección de las garantías constitucionales de la actora y por ello, la tutela se constituye como el medio principal de protección de sus derechos.\nEn cuanto al expediente T-5187533, la Sala observa que existe una controversia en torno a la entrega de medicamentos no POS que podría ser resuelta por la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la competencia asignada por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011. No obstante lo anterior, si bien en principio el mecanismo jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud es un medio idóneo, en este caso el accionante es una persona de 76 años de edad que padece serios quebrantos de salud y requiere los medicamentos para el tratamiento de las patologías que afectan su respiración.\nEn esa medida, dada la gravedad de la enfermedad, la urgencia y la necesidad de que el suministro de los medicamentos sea continuo, en este caso se acredita que el actor se encuentra ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable a causa de la dificultad para acceder a los medicamentos suministrados por la EPS. Por consiguiente, la Sala considera que en este caso particular, el mecanismo jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud no resulta eficaz para conseguir el amparo inmediato de los derechos del señor J.M.H.R.. En consecuencia, ante la inminencia de que el actor sufra un perjuicio irremediable la tutela es procedente.\nEn síntesis, la tutela es procedente en los expedientes T-5187533 y T-5195642, por cuanto se cumplen los presupuestos para analizar el fondo del asunto.\nPor lo tanto, a continuación se desarrollarán las consideraciones relativas al derecho a la salud, el deber de solidaridad y la carencia actual de objeto con el fin de resolver los casos del señor J.M.H.R. -expediente T-5187533- y de la señora L.C.C.R. - expediente T-5195642-.\nEl derecho fundamental a la salud y su relación con el suministro oportuno de medicamentos y la exoneración en la cancelación de pagos moderadores. Reiteración de jurisprudencia\nEl derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 Superior, y ha sido interpretado como una prerrogativa que protege múltiples ámbitos, tales como la vida, la dignidad humana y la seguridad social, entre otros.\nEn cumplimiento del mandato mencionado, el Congreso profirió la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la cual regula el derecho fundamental a la salud en sus dos facetas: como derecho y como servicio público. Así, de un lado, se consagró como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, y de otro, como servicio público esencial obligatorio que debe ser prestado de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, cuya ejecución se realiza bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.\nEsta Corporación ha reconocido que el suministro de medicamentos es una de las obligaciones que deben cumplir las entidades prestadoras del servicio de salud, para lo cual deben observar los principios de oportunidad y eficiencia. Respecto de este último, en la sentencia T-531 de 2009, se estableció que la prestación eficiente “(…) implica que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir; lo cual incluye por ejemplo, el acceso a los medicamentos en las IPS correspondientes a los domicilios de los usuarios, la agilización en los trámites de traslado entre IPS’s (sic) para la continuación de los tratamientos médicos de los pacientes, la disposición diligente de los servicios en las diferentes IPS, entre muchos otros.” (Subrayas fuera del texto)\nEn este orden de ideas, la Corte reconoce que la dilación injustificada en el suministro de medicamentos, por lo general implica que el tratamiento ordenado al paciente se suspenda o no se inicie de manera oportuna y en esa medida se vulneran los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la dignidad humana y a la vida del usuario. Por ello, la entrega tardía o inoportuna de los medicamentos desconoce los principios de integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud.\nBajo esta perspectiva, los derechos de los usuarios se vulneran cuando existen obstáculos o barreras injustificadas, que impiden al paciente acceder a los servicios de salud o al suministro de los medicamentos. Así, este Tribunal ha dicho que se vulnera el derecho a la salud cuando se reconoce el suministro de los medicamentos en una ciudad diferente a la del domicilio del paciente y éste no tiene las condiciones para trasladarse, bien sea por falta de recursos económicos o porque su estado físico no se lo permite.\nEn adición a lo anterior, cabe resaltar que la obligación de entrega de medicamentos de forma oportuna y eficiente ha sido objeto de desarrollo normativo. Según el artículo 131 del Decreto-Ley 019 de 2012:\n“Las Entidades Promotoras de Salud tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos.\nEn el evento excepcional en que esta entrega no pueda hacerse completa en el momento que se reclamen los medicamentos, las EPS deberán disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y garantice su entrega en el lugar de residencia o trabajo si el afiliado así lo autoriza.” (Subrayas fuera del texto)\nEn consecuencia, es claro que tanto la jurisprudencia constitucional como la normativa que regula la materia, reconocen que una de las obligaciones correlativas al derecho fundamental a la salud, es el suministro de los medicamentos de manera oportuna, eficiente, integral y continua, con el fin de eliminar barreras que impidan su acceso.\nEn cuanto a la exoneración de pago de cuotas moderadoras, según el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, las personas afiliadas cotizantes y los demás beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud están sujetas a la cancelación de este tipo de erogaciones, las cuales se distinguen entre pagos compartidos –copagos-, cuotas moderadoras y deducibles. Por regla general, dichos pagos son cuotas económicas adicionales a las cotizaciones que deben ser cubiertas por las personas usuarias del Sistema General de Seguridad Social en Salud para acceder a los servicios de salud. De ahí que el objeto de los pagos moderadores sea racionalizar el uso de los servicios del sistema y complementar la financiación del POS.\nA causa de lo anterior, tanto la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia constitucional han reconocido que los pagos moderadores no pueden convertirse en barreras de acceso para las personas que se encuentren en situación económica precaria, pues toda persona tiene el derecho a disfrutar del servicio de salud sin ningún tipo de discriminación. Por ende, la Corte ha establecido que en los siguientes escenarios, es posible exonerar a una persona de realizar los pagos moderadores:\nEn consecuencia, si bien la normativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud permite la posibilidad de que las entidades prestadoras de salud exijan el pago por parte de los usuarios para acceder a los servicios de salud, para que una persona sea exonerada del pago de las mismas se debe estar en alguno de los supuestos antes indicados.\nLa acción de tutela y el cubrimiento de medicamentos y tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud\nEn relación con el suministro de elementos, intervenciones e insumos no incluidos en el POS, esta Corporación ha precisado que el derecho a la salud, por su complejidad, suele estar sujeto a restricciones presupuestales y a una serie de actuaciones y exigencias institucionales que tienen que ver con la diversidad de obligaciones a las que da lugar, y a la magnitud y multiplicidad de acciones y omisiones que exige del Estado y de la sociedad. No obstante, la escasez de recursos disponibles o la complejidad de las gestiones administrativas asociadas al volumen de atención del sistema no justifican la creación de barreras administrativas que obstaculicen la implementación de medidas aseguren la prestación continua y efectiva de los servicios asistenciales que requiere la población.\nAsí, el efecto real de tales restricciones se traduce en la necesidad de que los recursos del sistema de seguridad social se destinen a la satisfacción de los asuntos que resultan prioritarios, bajo el entendido de que progresivamente las personas deben disfrutar del nivel más alto posible de atención integral en salud. Bajo este supuesto, la Corte ha admitido que el POS esté delimitado por las prioridades fijadas por los órganos competentes y así ha negado tutelas, que pretenden el reconocimiento de un servicio excluido del POS, en la medida que dicha exclusión no atente contra los derechos fundamentales del interesado.\nCon todo, las autoridades judiciales constantemente enfrentan el reto de resolver peticiones relativas a la autorización de un medicamento, tratamiento o procedimiento excluido del POS. Este desafío consiste en determinar cuáles de esos reclamos ameritan la intervención del juez constitucional, es decir, en qué casos la entrega de un medicamento que está por fuera del plan de cubrimiento, y cuyo reconocimiento afecta el principio de estabilidad financiera del sistema de salud, es imperiosa a la luz de los principios de eficacia, universalidad e integralidad del derecho a la salud.\nPara facilitar la labor de los jueces, la sentencia T-760 de 2008, resumió las reglas específicas que deben ser contrastadas y verificadas en aras de asegurar que la sostenibilidad del sistema de salud se armonice con las obligaciones que están en cabeza del Estado en su condición de garante del goce efectivo del derecho a la salud. Dicha sentencia concluyó que debe ordenarse la provisión de medicamentos, procedimientos y elementos que estén excluidos del POS a fin de proteger los derechos fundamentales de los afectados, cuando concurran las siguientes condiciones:\nSin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que en ciertos casos el derecho a la salud requiere de un mayor ámbito de protección. Así, existen circunstancias en las que a pesar de no existir órdenes médicas, la Corte ha ordenado el suministro y/o autorización de prestaciones asistenciales no incluidas en el POS, en razón a que la patología que padece el actor es un hecho notorio del cual se desprende que su existencia es indigna, por cuanto no puede gozar de la óptima calidad de vida que merece.\nEn virtud de los artículos 5º, 42 y 95 -numeral segundo- Superiores, toda persona está obligada a obrar conforme al principio de solidaridad social, el cual ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “(…) un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo.”\nEn materia de salud, la Corte ha determinado que la responsabilidad de proteger y garantizar este derecho, recae principalmente en la familia y en la sociedad, bajo la permanente asistencia del Estado. En este sentido, el vínculo familiar se encuentra unido por diferentes lazos de afecto, y se espera que de manera espontánea, sus miembros lleven a cabo actuaciones solidarias que contribuyan al desarrollo del tratamiento, colaboren en la asistencia a las consultas y a las terapias, supervisen el consumo de los medicamentos, estimulando emocionalmente al paciente y favorezcan su estabilidad y bienestar; de manera que la familia juega un papel primordial para la atención y el cuidado requerido por un paciente, cualquiera que sea el tratamiento.\nCabe aclarar que lo anterior no excluye las responsabilidades a cargo de las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud ya que, aun cuando la familia debe asumir la responsabilidad por el enfermo, son las entidades prestadoras de salud las que tienen a su cargo el servicio público de salud y la obligación de prestar los servicios médicos asistenciales que sus afiliados requieran.\nLa carencia actual de objeto por hecho superado\nEsta Corporación ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.\nEn primer lugar, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión eventual ante la Corte Constitucional, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que las circunstancias existentes al momento de interponer la acción se transformaron y por lo tanto la parte accionante ha perdido el interés sobre la satisfacción de su pretensión o ésta no puede obtenerse, pues la situación en principio informada a través de la tutela, ha cesado.\nEn segundo lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando no se repara la vulneración del derecho, sino que, a raíz de su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela. En esos casos procede el resarcimiento del daño causado por la violación del derecho fundamental.\nDe acuerdo con el marco constitucional y legal planteado, se pasa a solucionar el problema jurídico formulado.\nLa agente oficiosa interpuso acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales a la vida y a la salud de su agenciado, los cuales estimó vulnerado, por una parte, por no entregar unos medicamentos en el municipio en el que reside el paciente y, por otra, porque debe incurrir en el sufragio de copagos y cuotas moderadoras debido a que no tiene recursos para sufragarlas. Así mismo, solicitó que se garantizara el tratamiento integral para el accionante.\nDe las pruebas allegadas al proceso de la referencia, la Sala evidencia que están probados los siguientes hechos: (i) se trata de una persona de 76 años de edad, que padece quebrantos de salud; (ii) como parte del tratamiento, el actor requiere de ciertas medicinas que eran entregadas por un distribuidor ubicado en Valledupar, pero con posterioridad, la accionada asignó un nuevo distribuidor y los medicamentos debían ser reclamados en la ciudad de Barranquilla; (iii) en el trámite de la tutela la EPS demostró que autorizó el suministro de los medicamentos y estos han sido efectivamente entregados en Valledupar, según consta en las órdenes de servicio 30847 y 32121 del 27 de abril y del 20 de mayo de 2015, respectivamente.\nEn este caso, aunque Coomeva EPS garantizó que el accionante accediera a los medicamentos, lo cierto es que lo hizo mucho tiempo después de ser requeridos, de ahí que incumplió la obligación a cargo de la entidad consistente en suministrar los medicamentos bajo la observancia de los principios de oportunidad, integralidad y continuidad.\nEn efecto, la Sala observa que, con posterioridad a la presentación de la tutela la accionada accedió a lo solicitado por el actor, pues existen pruebas que evidencian que los medicamentos se entregaron en la ciudad de Valledupar y no fue necesario que el actor o su familia se desplazaran a la ciudad de Barranquilla. En este orden de ideas, se evidencia que se configuró un hecho superado respecto de este reclamo, por cuanto se demostró que la entidad entregó los medicamentos en el domicilio del accionante. Por ello, debe advertirse a Coomeva EPS que atienda los requerimientos de medicamentos del accionante en Valledupar.\nEn cuanto a la solicitud de exoneración del pago de cuotas moderadoras, la Sala considera que no se cumplen los requisitos enunciados con anterioridad para que proceda. Lo anterior por cuanto el IBL del hijo del accionante, el señor J.H.M., es bastante más alto que el costo de la cuota moderadora que la EPS le cobra por el suministro de los medicamentos. En esa medida, en este caso particular no se advierte que los pagos moderadores sean barreras que impidan que el actor acceda a los servicios de salud, puesto que su núcleo familiar, en virtud del principio de solidaridad, se encuentra en condiciones adecuadas para asumir dichas erogaciones.\nFinalmente, en cuanto a la petición consistente en brindar tratamiento integral, no hay evidencia alguna que permita inferir que la EPS le ha negado servicios de salud al actor. Por lo anterior no es posible acceder a dicho reclamo pues no se advierte una vulneración actual por esta causa.\nEl agente oficioso presentó el recurso de amparo debido a que consideró vulnerados los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de su madre ante la negativa de las accionadas de suministrar una serie de insumos requeridos para su cuidado\nDe las pruebas allegadas al proceso, la Sala evidencia que están probados los siguientes hechos: (i) se trata de una persona de 74 años de edad, cuyo estado de salud es bastante delicado; (ii) en atención a sus padecimientos, requiere de una serie de insumos no incluidos en el POS que si bien no hacen parte del tratamiento, son necesarios para su pervivencia en condiciones dignas; (iii) la situación del núcleo familiar es precaria por cuanto la accionante tiene parálisis del 90% de su cuerpo, lo que impide que pueda procurarse recursos económicos para su manutención y su hijo no cuenta con un trabajo estable y, (iv) los referidos insumos no fueron autorizados por las entidades accionadas debido a que no existe un concepto médico que justifique su entrega.\nEn este caso la Sala considera que las actuaciones desplegadas por las demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la actora porque a pesar de la ausencia de un concepto médico, el padecimiento de la actora es un hecho notorio que da cuenta de la necesidad de ciertos insumos con el fin de que pueda llevar su vida en condiciones dignas. Sin embargo, para esta Corporación no hay pruebas que demuestren la necesidad de brindar los insumos solicitados en las cuantías específicas requeridas por el agente oficioso. En este orden de ideas, se concederá el amparo pero se ordenará una valoración médica para establecer en qué cantidad y con qué periodicidad se requieren los referidos elementos reclamados.\nAdicionalmente, resulta pertinente advertir que las instituciones encargadas del servicio de salud deben realizar un acompañamiento más garantista por cuanto las condiciones de salud de la agenciada requieren actuaciones más eficientes. Ello, en razón a que no se deben crear obstáculos administrativos en perjuicio de la autorización y entrega oportuna de los insumos no incluidos en el POS.\n- Existen circunstancias en las cuales el mecanismo jurisdiccional no es idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales, por cuanto el usuario no puede acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que reside en un municipio remoto en el que las condiciones para desplazarse a las oficinas regionales de la entidad son complicadas o no puede acceder a recursos informáticos (i.e. internet) para realizar el trámite en línea.\n- El derecho a la salud se vulnera cuando una entidad prestadora de salud incumple la obligación de suministrar medicamentos de manera oportuna, eficiente, integral y continua.\n- El derecho a la salud puede tener un espectro de protección más amplio cuando se trate del suministro de medicamentos, tratamientos e insumos no incluidos en el POS, cuando de las circunstancias fácticas se advierta notoriamente que éstos son necesarios para garantizar la vida en condiciones de dignidad, a pesar de la inexistencia de un concepto médico que justifique su entrega.\n- Se presenta un hecho superado cuando una entidad prestadora de salud entrega los medicamentos en el municipio de residencia del actor, en el trámite de una tutela con la que se reclamaba el cumplimiento de esta obligación, porque si bien se vulnera el derecho a la salud del accionante por dicha circunstancia, se satisface la pretensión de la parte tutelante al suministrar los medicamentos en la ciudad que reside. En esos casos, procede realizar una advertencia a la entidad accionada para que no reitere la conducta vulneradora de derechos fundamentales.\n- Una entidad prestadora del servicio de salud no vulnera el derecho fundamental a la salud por exigir la cancelación de cuotas moderadoras para acceder al servicio de salud, cuando el núcleo familiar del tutelante se encuentra en condiciones socioeconómicas adecuadas para asumir dichas cargas.\n- El derecho fundamental a la salud no es conculcado cuando una entidad prestadora del servicio de salud no accede a la solicitud de brindar tratamiento integral si ha autorizado todos los insumos, elementos y procedimientos ordenados por el médico tratante para el tratamiento de un usuario.\nCon fundamento en estas consideraciones, en el expediente T-5187533, la Sala confirmará las sentencias del 4 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar, pero por las razones expuestas en esta providencia. Así mismo, teniendo en cuenta que se presentó una vulneración al derecho a la salud que cesó, la Sala advertirá a Coomeva EPS que no vuelva a incurrir en conductas como las que dieron origen a la presentación de esta acción de tutela.\nEn el expediente T-5195642 se revocará la sentencia del 15 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo de Orito, por cuanto las circunstancias fácticas del caso permiten a la Sala determinar que los insumos solicitados por el agente oficioso son necesarias para que la tutelante lleve su vida en condiciones dignas. En su lugar, la Sala ordenará a la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP, realizar una valoración médica a la tutelante con el objetivo de establecer en qué cuantía y con qué periodicidad se requieren los referidos insumos. Una vez establecida la cuantía y periodicidad, la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP, deberá suministrar los insumos que como resultado de la valoración médica sean ordenados por el profesional de la salud, a través de la IPS que elija de su listado de prestadores de servicios de salud, para el cumplimiento de esta orden.\nPRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2015 proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar, dentro del expediente T-5187533, mediante la cual se negó la acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia.\nSEGUNDO.- ADVERTIR a Coomeva EPS que no vuelva a incurrir en conductas como las que dieron origen a la presentación de esta acción de tutela y que atienda los requerimientos de medicamentos de los pacientes en el municipio en el que se encuentren domiciliados.\nTERCERO.- REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Promiscuo de Orito, dentro del expediente T-5195642, por medio de la cual se negó la acción de tutela. En consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora L.C.C.R..\nCUARTO.- ORDENAR a la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP- que en un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta providencia, practique una valoración médica a la señora L.C.C.R. para determinar en qué cantidad y con qué periodicidad se requieren las gasas estériles, micropore, crema para escaras, Ensure, pañales, pañitos húmedos, papel higiénico, guantes para examen y suplemento alimenticio líquido solicitados por el agente oficioso.\nQUINTO.- ORDENAR a la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo –SSDP- que suministre los insumos que como resultado de la valoración médica sean ordenados por el profesional de la salud que realice la referida valoración, a través de la IPS que elija de su listado de prestadores de servicios de salud.\nSEXTO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.\n La acción de tutela fue radicada el 22 de mayo de 2015 (Cuaderno 1, folios 1-2).\n Ibídem. Hecho 1º.\n Formato de solicitud de justificación de medicamentos no POS suscrito por el neumólogo H.A.A., en el que se prescribe I.B. y Bromuro de tiotropio (Cuaderno 1, folio 5).\n Para sustentar esta afirmación, la entidad demandada aportó copia de las órdenes de servicio 30847 y 32121 del 27 de abril y del 20 de mayo de 2015 respectivamente (Cuaderno 1, folio 23).\n Fallo de única instancia proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar el 4 de junio de 2015 (Cuaderno 1, folios 29-37).\n En ese auto la Sala solicitó pruebas para ambos procesos. No obstante, para conservar una estructura que diferencie los hechos de cada caso, en esta sentencia se divide el contenido del auto en el título correspondiente a las actuaciones en sede de revisión de cada expediente.\n La acción de tutela fue radicada el 2 de julio de 2015 (Cuaderno 1, folios 1-22).\n Cabe resaltar que en el expediente no hay evidencia de órdenes médicas para recibir los insumos y tratamientos solicitados.\n T-044 de 1996, M.P.J.G.H.G..\n Ver sentencias T-452 de 2001, M.P.M.J.C.E.; T-372 de 2010, M.P.L.E.V.S.; y T-968 de 2014, M.P.G.S.O.D..\nCuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.”\n Constitución Política. Artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.\n Sentencia T-580 de 2006. M.P.M.J.C..\n En la sentencia C-119 de 2008 (M.P.M.G.M.C.) se estudió una demanda formulada contra el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, por la presunta afectación del derecho del debido proceso, pues según el demandante las atribuciones de la Superintendencia de Salud comportaban la usurpación de facultades constitucionales exclusivas de los jueces de tutela.\nVer sentencias C-119 de 2008, M.P.M.G.M.C.; T-206 de 2013, M.P.J.I.P.P. y T-234 de 2013, M.P.L.G.G.P..\nLa oficina principal de la Superintendencia queda en Bogotá, mientras que las oficinas regionales se encuentran ubicadas en Medellín, Barranquilla, Quibdó, B. y Neiva.\n Según la Sentencia T-576 de 2008 (M.P.H.A.S.P..) “(…) se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud. Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo, educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para nombrar sólo algunos aspectos. La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente.”\n De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, una de características del derecho fundamental a la salud es la continuidad, la cual consiste en que “[l]as personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua.” Adicionalmente, la continuidad implica que “[u]na vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”.\n Ver sentencias T-460 de 2012, M.P.J.I.P.P. y T-320 de 2015, M.P.L.G.G.P..\n Ver sentencias T-617 de 2004, M.P.J.A.R.; T-734 de 2004, M.P.C.I.V.H. y T-815 de 2012, M.P.L.G.G.P., entre otras.\n Ley 100 de 1993. Artículo 187.\n De conformidad con el artículo 11, numeral 1, del Acuerdo 260 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en el caso de indigencia y de comunidades indígenas la atención será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos.\n Sentencias T-330 de 2006, M.P.J.C.T.; T-563 de 2010, M.P.G.E.M.M.; T-725 de 2010, M.P.J.C.H.P..\n Ver, entre otras, sentencias T-034 de 2012, M.P.L.E.V.S. y T-017 de 2013, M.P.L.E.V.S..\n Sentencia T-017 de 2013. M.P.L.E.V.S..\n Sentencia T-760 de 2008. M.P.M.J.C..\n Ver sentencias T-099 de 1999, M.P.A.B.S.; T-899 de 2002, M.P.A.B.S.; T-975 de 2008, M.P.H.A.S.P.; T-1024 de 2010, M.P.H.A.S.P.; T-180 de 2013, M.P.J.I.P.C.; T- 955 de 2014, M.P.G.S.O.D., entre otras.\n Sentencia C-503 de 2014, M.P.J.I.P.C..\n Corte Constitucional. T-507 de 2007 M.P.M.G.M.C..\n Corte Constitucional. T-867 de 2008 M.P R.E.G..\n Sobre el particular se pueden ver, entre otras, las sentencias T-1100 de 2004, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, y T-431 de 2007.\n Sentencia T-1130 de 2008 (M.P.M.G.M.C. y T-170 de 2009 (M.P.H.S.P..\nVer la sentencias T-699 de 2008 (M.P.C.I.V.H.); T-170 de 2009 (M.P.H.A.S.P. y T-634 de 2009 (M.P.M.G.C.).\nVer Sentencia T-083 de 2010 M.P.H.S.P..\n Equivalente a COP$3.437.000\n Por una parte, según la orden de servicio número 32121 los medicamentos I.B. y bromuro de tiotropio tienen un costo de COP$262.888 y la cuota moderadora tiene un valor de COP$26.100. De otro lado, de conformidad con la orden de servicio número 30847, dichas medicinas tienen un valor de COP$ 532.888 y la cuota moderadora tiene un valor de COP$9.900.\nSentencia nº 2920030685 01 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 2 de Diciembre de 2003


Gobierno aplaza la inauguración de Punta Catalina y otras obras – El Correo\nInicio/Política/Gobierno aplaza la inauguración de Punta Catalina y otras obras\nGobierno aplaza la inauguración de Punta Catalina y otras obras\nEl programa de inauguraciones de obras que tenía en agenda el Gobierno lunes y martes, entre ellas Punta Catalina, fue suspendido, se encuentra la planta a carbón Punta Catalina.\nLa central termoeléctrica Punta Catalina estaba prevista a ser inaugurada este martes 17 de marzo, durante un acto que se llevaría a cabo a las 10:00 AM, en la comunidad de Catalina, Baní, provincia Peravia.\nLa apertura de la planta había sido pospuesta por los comicios municipales del pasado 16 de febrero para cumplir con los mandatos de la Ley Electoral sobre los plazos que prohíben inauguraciones de obras públicas 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las elecciones congresuales y presidenciales.\nEl presidente Medina también tenía previsto iniciar hoy y mañana un amplio programa de inauguraciones que abarcaría más de 20 obras, entre estas la Circunvalación Santo Domingo en el tramo II-B y la carretera Puerto Plata-Navarrete, cuyo costo asciende a un monto superior a los 30 mil millones de pesos.\nEl Ministerio de Obras Públicas tiene previsto entregar 95 nuevas obras que están a su cargo, como El Riíto de La Vega, Tenguerengue, Nueva Mesopotamia y la Circunvalación en el municipio de San Juan de la Maguana.


Luis Signoris: Hoy es muy difícil invertir en la Argentina – ArgentineWines.Com\nLuis Signoris: Hoy es muy difícil invertir en la Argentina\ndanroc 0 marzo 14 2010 9:41 PM\nFuente: Diario Los Andes | Federico Lorite | Foto: Los Andes.\nA la ya recurrente queja sobre la falta de financiamiento acorde a las necesidades de los potenciales inversores inmobiliarios, se agrega el aumento en los costos de construcción y mano de obra, advierte. Luis Signoris es CEO de Fiducia Capital, una empresa que se dedica al desarrollo inmobiliario con inversiones en real state en Mendoza y Buenos Aires donde administra la Estancia Villa María, considerada una de las más grande en el país con un club de campo. En Luján de Cuyo la firma invirtió $ 22 millones para construir viviendas con viñedos en Agrelo, donde también se construyó un hotel dedicado al enoturismo. La inflación y la falta de financiación es lo que preocupa a los inversores, advierte. – ¿Cómo nace el proyecto y en qué consiste?\n– Santa María de los Andes nace como un proyecto vitivinícola orientado a los amantes del vino para que participen en los procesos de producción, elaboración y comercialización. La idea se gestó en el 2005 con la compra de campos en Agrelo por parte de un socio local, Eduardo Galeano, y Ricardo Bello de Capital Federal.\nSe trata de 819 hectáreas de las cuales 550 son para la producción vitivinícola. El resto es para proyectos inmobiliarios. En la zona se construirán en abril las primeras casas y en el 2014 la bodega para la elaboración de vinos premium.\nEl emprendimiento se ubica al pie de la cordillera y es una zona semidesértica con muy buenas condiciones para la producción vitivinícola. El diseño de todo el proyecto está a cargo del estudio del arquitecto Pablo Sánchez Elía.\n– El proyecto nace con una inversión inicial de $ 22 millones y para el total del emprendimiento se requerirán unos U$S 32 millones incluyendo la bodega y todo el desarrollo de 550 hectáreas de viñedos. La necesidad de inversión va avanzando a medida se desarrolla el emprendimiento. Hoy está consolidada la primera etapa donde se terminó el club house que funciona como un show room y un pequeño hotel de cuatro habitaciones para hospedar a turistas.\nDespués entramos en distinta etapas de desarrollo donde se va invirtiendo a medida que se venden los terrenos. Hasta el momento se han vendido 120 hectáreas y en abril arranca la construcción de las tres primeras casas. La idea es que en dos años tengamos 18 condominios terminados.\n– ¿Quiénes son los principales inversores?\n– Los propietarios están repartidos: un 60% son inversionistas locales y el resto son canadienses, norteamericanos, alemanes, italianos, colombianos y venezolanos. Entre los principales accionistas se encuentran el lord Alain Levenfiche y el grupo norteamericano de emprendimientos inmobiliarios Young Wood que compró el 38% del proyecto por U$S 4 millones.\n– ¿Por qué decidieron invertir en Mendoza?\n– Toda la zona de Agrelo y el Valle de Uco va a tener un desarrollo interesante con proyectos similares al nuestro pero con canchas de polo y golf. En los últimos años, el vino argentino y específicamente Mendoza ha tenido un gran desarrollo vitivinícola porque hemos tenido una inmigración muy importante de enólogos que han traído nuevas prácticas y tecnologías para producir vinos premium de exportación.\nEs un desafío y una apuesta muy importante para capitales argentinos sobre todo apuntando a un proyecto que tiene mucho valor agregado.\n– ¿Cómo les fue con la crisis internacional?\n– La crisis internacional afectó a todos los proyectos de real estate en la Argentina y lo que provocó en Santa María que tiene un target premium y boutique es que cambió el perfil del comprador. Durante toda la crisis tuvimos gente que estaba buscando un resguardo de valor para su dinero.\nEran compradores que venían decepcionados con sus inversiones en acciones o en la bolsa y estaban buscando un lugar donde poder preservar el valor de sus ahorros y tuvimos ventas en un nivel aceptable para lo que fue el período de la crisis. Desde fines del año pasado a esta parte empezó a aparecer nuevamente el consumidor final.\n– ¿Cómo analizan el mercado vitivinícola?\n– A pesar de la crisis internacional, el crecimiento que ha tenido el vino argentino se da en el segmento premium, en los vinos más caros. Esto tiene que ver con un esquema de reemplazo del consumo por parte del consumidor europeo o americano que ha reemplazado el vino francés y español o el de Napa Valley buscando una calidad de producto similar a un costo más accesible y acá es donde empieza a tener mayor protagonismo el vino argentino. Esto se replica en lo que es el valor de la tierra.\n– ¿Cómo les está afectando la inflación?\n– Hoy es muy difícil invertir en la Argentina. La principal problemática que encuentra el inversor en el país es el financiamiento. Hoy la industria de “real estate” tiene dos problemáticas fundamentales que tienen que ver con buscar una ecuación que me permita lograr una optimización del costo de la tierra.\nLa incidencia de la mano de obra sobre la construcción es algo que ha tenido un incremento en dólares y el valor de la propiedad en dólares se mantiene, con lo cual el eje donde se puede trabajar es en el valor de la tierra.\nPor lo cual pasa mucho por la habilidad que tenga el desarrollista en conseguir nichos de tierras a valores aceptables y adecuados para hacer cerrar esta ecuación entre el costo de la incidencia del metro cuadrado sobre el precio de venta y el costo de la mano de obra con un margen de rentabilidad aceptable.\n– Ahí está el desafío…\n– Esto hace que los proyectos viables sean los emprendimientos premium donde yo tengo un valor de venta por metro cuadrado en dólares alto y aquí es donde empieza a afectarme la política de financiamiento del país. Una necesidad muy concreta de la industria es lograr un esquema de financiamiento para el comprador final que nos permita empezar a mover y desarrollar el mercado.\n– Las perspectivas son buenas. De hecho esta semana hemos cerrado una venta muy interesante y empezamos a tener muchas consultas con uno a dos llamados diarios de inversores interesados.\nAWPro 6369 Entrevistas 249 Fiducia Capita 1 Luis Signoris 1\nEntrevista a José Mourelle. Máquinas cosechadoras de vid made in Argentina\nMarcelo Srbovic: Los valores están totalmente fuera de mercado


Geotiles exhibe colecciones con un aire industrial y ‘vintage’ - Noticias Cerámica de Castellón - El Periódico Mediterráneo\nGeotiles exhibe colecciones con un aire industrial y ‘vintage’\nLa firma aúna calidad, estética y funcionalidad en sus nuevas series\nGeotiles apuesta por un aire industrial y toques ‘vintage’ en sus series. - DANIEL NÁGER\nGeotiles, con sede en Onda, confía en la feria de Cersaie en sus renovadas colecciones dotadas de un enfoque con aire industrial y vintage. Unas innovadoras series que destacan por sus formatos en 60x120 y 20x120 centímetros, en diferentes acabados. Además, la firma ha dado a conocer durante esta semana piezas de 30x90 realizadas con pasta blanca rectificada con una serie de gráficas cargadas de movimiento, texturas frescas y naturales que ofrecen la posibilidad de combinarse entre ellas, adaptándose a cualquier tipo de espacio. También cabe destacar el 6x25 tipo brick, que supone un nuevo enfoque de la industria tradicional con una estética con toques vintage.\nDe esta manera, Geotiles apuesta este año por un producto de alto valor estético, de calidad y funcional, con una amplia gama cromática que marca tendencia. Unas series impregnadas de personalidad y elegancia. Y es que calidad, diseño, compromiso e innovación definen la labor desarrollada por la firma.\nLOS OBJETIVOS / Uno de los objetivos de Geotiles es que esta importante cita cerámica sirva para consolidar su situación a nivel internacional, así como continuar creciendo en los países en los que ya mantienen una fuerte presencia e intentar abrir nuevas vías de comercialización. La firma espera mantener este año las perspectivas de crecimiento. H


Comuniti crea en Segovia una 'ciudad para mayores' con 456 viviendas - Brainsre news España\nResidencialCastilla y leónNacionalResidencias Ancianos\nComuniti crea en Segovia una ‘ciudad para mayores’ con 456 viviendas\nEl primero de los complejos de Comuniti para mayores estará ubicado en San Rafael (Segovia), y contará con 120.000 m2 bajo el concepto de lujo asequible y todo incluido.\nUn nuevo concepto inmobiliario aterriza en el mercado residencial español. Se trata de los resort o ‘ciudades residenciales’ para mayores.\n“Se trata de un nuevo modelo inmobiliario para aquellas personas con más de 60 años que quieren disfrutar de la segunda mitad de sus vidas de manera activa, con todos los servicios y actividades a su alcance y en un entorno natural diseñado especialmente para ellos”, explica Augusto Abril, responsable Comercial y de Marketing de Comuniti, la empresa que ha decidido promover estas alternativas a las clásicas residencias para mayores.\nEl primer resort de Comuniti estará ubicado en San Rafael, muy cerca del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a 45 minutos de Madrid y 15 de Segovia. Además de las 456 viviendas, en el centro de las villages habrá una Casa Club.\nSe prevé que su construcción comience en el primer semestre de 2021.\n“Comuniti ofrece una vida de lujo asequible y sin preocupaciones que gira en torno al concepto de ‘todo incluido’, con una cuota mensual que incluye todo lo que necesitas: mantenimiento de tu casa, la restauración, limpieza, la salud, el bienestar… todo incluido”, subraya Augusto Abril, responsable Comercial y de Marketing.\nSegún la proyección del INE, la esperanza de vida continuará incrementando de forma progresiva. En 2069, se prevé que se alcance los 85,8 años de media en los hombres y los 90 en las mujeres. Esto supone un incremento de 4,9 y 3,8 años, respectivamente, respecto a los valores actuales.\nLa tasa de dependencia de la población mayor de 64 años continuará aumentando de manera progresiva, alcanzando el punto máximo en el año 2050 con un 56,9%, momento a partir del cual comienza a descender levemente.


Datos y cifras. Si no se toman medidas de adaptación y el nivel del mar aumenta 1.3 metros, los daños anuales por los desastres costeros supondrán el 4 por ciento del PIB mundial, el equivalente a 50 billones de dólares, hacia finales de este siglo. (Foro Económico Mundial) Consulta el reporte completo de la OCDE aquí.\nLo que pasa con el Brexit. Hace apenas unos días, el Parlamento británico rechazó, de forma abrumadora y por segunda ocasión, el acuerdo de May. (CNN en español) Este jueves, la misma institución votó a favor de solicitar un aplazamiento de la salida de Reino Unido de la Unión Europea hacia el 30 de junio, en vez del 29 de mayo como se preveía. (BBC Mundo)\n¿Se acerca una nueva era económica? La guerra arancelaria es solo la punta de un iceberg que incluye híper endeudamiento, subida de tasas de interés, disminución de gasto público, inflación y un toma y daca entre los sectores público y privado. En resumen, se está formando una tormenta perfecta que podría reconfigurar el mundo. (Forbes)\n¿Ha llegado el fin de la política monetaria? Un ensayo de Rachel y Summers respaldó la hipótesis del estancamiento secular y reavivó un controvertido debate sobre las implicaciones de mantener bajas tasas de interés por largo tiempo. (El Financiero) Mientras tanto, Draghi quedará como el presidente del BCE de la expansión cuantitativa. (El País)\nBoeing, a tierra. Luego de la caída de dos Boeing 737 Max, tanto la compañía como agencias de diferentes países pidieron suspender hasta nuevo aviso el uso de este modelo. (Milenio) El desplome de la aeronave y la caída de las acciones demuestran que la obsesión por el éxito financiero es una ventaja frágil. (Financial Times l Cronista)\nCosta Rica por el cambio climático. El país centroamericano decidió no esperar a que países más grandes y poderosos actuaran primero. Su Plan Nacional de Descarbonización pretende que, para el año 2050, casi todos los vehículos sean eléctricos gracias a que gran parte de la electricidad ya proviene de fuentes renovables. (New York Times)\nBolivia, contra y frente a la pobreza. El país andino anunció una caída de 23% en la pobreza extrema y de 24% en la moderada durante los últimos 13 años. (América Economía) La vejez es sinónimo de pobreza en Bolivia: el 55% de los adultos mayores pertenece a los hogares más pobres de Bolivia y solo el 14% de todos cuenta con una pensión. (El Fulgor)\nEl incierto futuro de Unasur. Lenín Moreno anunció que Ecuador se retira de la Unión de Naciones Sudamericanas —cuya sede se encuentra en Quito— debido a su fracaso regional. (Reuters) Mientras tanto, se levanta cada vez más la idea de Prosur, que promete ser una alternativa para la integración latinoamericana sin Venezuela en el grupo. (DW)\nEntre la injusticia económica y de género. Sólo seis países en el mundo otorgan igualdad de derechos económicos entre hombres y mujeres, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial. (BBC Mundo) El sistema tributario internacional actual es obsoleto e injusto con las mujeres. La desigualdad económica y la fiscalidad son cuestiones feministas. (La Diaria)\nPosturas antivacunas resucitan enfermedades del siglo pasado. Ideologías sin base científica, creencias religiosas e información falsa en redes sociales han resucitado enfermedades controladas hace décadas: rubéola, varicela o tosferina. (El País) Un nuevo estudio re confirmó que la vacuna contra el sarampión no causa autismo. (New York Times)\nPublicada el 15 de marzo de 2019 en el Foro Económico de Mundial.\nPrevious Post: Reconocimiento Facial: Los debates por su uso actual


El 17 de abril de 1973 FedEx Corp. (NYSE: FDX), entonces conocida como Federal Express, comenzó sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Memphis con la entrega de 186 paquetes a 25 ciudades de Estados Unidos. Hoy, FedEx y sus cuatro compañías operadoras, manejan más de 9 millones de paquetes al día a través de una red de alta tecnología diseñada para conectar a los clientes por aire, tierra y mar en más de 220 países y territorios alrededor del mundo.\nLa compañía que dejó su sello con la entrega al día siguiente se ha adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes durante las últimas cuatro décadas; siendo pioneros en los avances del proceso de seguimiento y movimiento de bienes por todo el mundo. Su portafolio incluye ahora una robusta variedad de opciones de envío, incluidos servicios de tierra, carga y marítimo; así como las soluciones empresariales diseñadas para satisfacer las necesidades de los clientes, desde compañías que recién comienzan hasta corporaciones internacionales.\n1984: Se presenta el primer PC basado en sistema de envío automatizado, más tarde llamado FedEx PowerShip®.\n1994: Federal Express lanza fedex.com como el primer sitio web de transporte para ofrecer seguimiento en línea del estado del paquete.\n2009: Federal Express lanza SenseAwareSM, un dispositivo multi-sensor combinado con el seguimiento basado en la web para información sobre el envío en tiempo real.\nEste mes, además de las actividades de aniversario del Mes Mundial de Servicio, más de 600 miembros en Estados Unidos colaborarán en proyectos urbanos de sostenibilidad ambiental en 15 ciudades como parte del programa anual de la compañía EarthSmart Outreach con National Fish & Wildlife Foundation (NFWF). Los miembros del equipo estarán trabajando junto a las organizaciones sin fines de lucro locales que han recibido donaciones de FedEx y NFWF Foundation, para llevar a cabo proyectos de conservación urbana en la comunidad. Las donaciones de FedEx y la NFWF Foundation, de un total de más de 550 mil dólares en 2013, serán igualadas con donaciones de los organismos locales y los municipios para alcanzar más de un millón de dólares en apoyo a estos proyectos ambientales fundamentales.\nPara obtener más información acerca de cómo los miembros del equipo de FedEx se han unido a lo largo de la historia de la compañía para abordar las necesidades de sus comunidades y más allá, visite www.fedexcares.com.


EL FUTURO EN TUS MANOS: 2014-03-09\nDel 31 de marzo al 2 abril: ve al cine por 2,90 €\nVuelve la Fiesta del Cine. Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril puedes utilizarla para ver la película que tú quieras en los cines participantes, por sólo 2.90€ cada entrada. Precios muy bien para esta época de crisis.\nSólo tienes que solicitar tu acreditación en la Web www.fiestadelcine.com de manera gratuita (introduciendo los datos y dejando tu email).\nAdemás, este año podrás comprar tus entradas en taquilla, cajeros de cines y plataformas de venta habitual por Internet (sin moverte de casa).\nPublicado por Loli Leiva en viernes, marzo 14, 2014\nCurso gratuito para aprender al manejo de redes sociales, diseño de blog..\nEl Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un Curso gratuito de Capacitación en las TICS, organizado por la Asociación de Mujeres por la igualdad Azahar.\nDirigido a mujeres que estén interesadas en aprender o ampliar conocimientos en: manejo de redes sociales,diseño de página Web, diseño de blog.\nPresencial,durante cuatro lunes, los días 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril.\nHorario: de mañana y tarde, de 10,00 a 13,00 hs y de 16,00 a 19,00 h\nLugar de impartición: en el Edificio de Usos Múltiples ("Edifico Negro") de la Junta de Andalucía en Málaga.\nPara ver todo el contenido del curso e inscribiros pinchar en la página web de la ASOCIACIÓN\nPara más información 653 84 83 82\nEtiquetas: CURSOS DESEMPLEADOS\nAyudas a las familias y la infancia: informáte\nLas diferentes ayudas sociales a las familias se tramitan a través de diferentes organismos, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria (Hacienda).\nAquí os dejo algunas de las principales ayudas a las familias que conceden las diferentes administraciones en España. Para acceder pincha en cada una de ellas:\nGuía de ayudas sociales para las Familias 2014 (actualizada 12/03/2014)\nSeminario gratuito: Nuevas Tendencias de Internet\nEl Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (IMFE) ofrece este servicio GRATUITO.\nDirigido: empresas, empresarios/as autonomos/as y emprendedores/as del municipio de Málaga con el objetivo de apoyarl@s en la fase de inicio, consolidación y desarrollo.\n1.- Comportamiento del nuevo usuario.\n2.- Revolución de Youtube y Snapchat.\n3.- Declive de Facebook.\n4.- Nuevas reglas en Google.\n5.- Previsiones en Internet.\nInscripción: desde el 13 de marzo hasta 27/03/2014\nLugar de impartición: en Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) (Paseo de Reding 1)\nPara más información y rellenar el formulario de inscripción pinchar AQUI\nLa Fundación AFIES oferta este año cursos gratuitos para Autónomos y desempleados en distintas áreas: Áreas de Administración y Gestión, Área de Comercio y Marketing; Área de Sanidad; Área de Serv. Socioculturales y Comunidad información. A continuación os adelanto alguno de estos cursos, alguno de ellos con certificados de profesionalidad (CP):\n· Redes Sociales,un nuevo poder para tu negocio: 60 h. (Semipresencial)\n· Blogger Profesional:76 h .(Semipresencial)\n· Operaciones Auxiliares de Montaje de componentes:130 h. (Presencial) CP\n· Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Sistemas:70 h. (Presencial) CP\n· Operaciones Auxiliares con Tecnologías de la Información: 90 h. (Presencial) CP\n· Ofimática:190 h.(Presencial) CP\n· Publicación en Página Web:90 h.(Presencial) CP\n· Photoshop:65 h.(On-line)\n· Comercio Electrónico:80h (On-line).\n· Inglés Profesional para Actividades Comerciales:90 h.(Presencial) CP\n· Lengua Extranjera profesional para gestión Administrativa:90 h .(Presencial) CP\nPara ver el resto de áreas, así como obtener más información e instrucciones para la presentación de las solicitudes pinchar AQUI, http://www.afies.com y en el Telf.: 900 36 14 57 .\nPublicado por Loli Leiva en jueves, marzo 13, 2014\nEtiquetas: AUTÓNOMOS/EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, CURSOS DESEMPLEADOS\nRecuerdo a las víctimas del 11 M\nPublicado por Loli Leiva en martes, marzo 11, 2014\nMARKETING MULTINIVEL: aplicacion para los nuevos proyectos empresariales\nDirigido: empresas, empresarios/as autonomos/as y emprendedores/as del municipio de Málaga con el objetivo de apoyarlos/as en la fase de inicio, consolidacion y desarrollo.\nFecha: 19/03/2014 al 19/03/2014\nHorario: Miércoles 19 de marzo de 10.00 h a 13.00 h\nInscripción: desde el 10 de marzo hasta completar plazas.\nLugar de impartición: en Aula de Formación Oficina 5 (calle Victoria 9-11 )\nPublicado por Loli Leiva en lunes, marzo 10, 2014\nI Concurso de Ideas Ecoinnovadoras en Andalucía:1.500€ premio. Empresas,autónomos y emprendedores andaluces.\nEl I Concurso de ideas Ecoinnovadoras de Andalucía patrocinado por el Consejo Andaluz de Cámaras en colaboración con las Cámaras de Comercio andaluzas.\nEste concurso premia las ideas, proyectos e iniciativas de empresas, empresarios autónomos y emprendedores andaluces que ayuden a construir la economía verde de Andalucía.\nLos que participen conseguirán que su idea y su empresa sean conocidas por miles de personas.\nPremios: los 14 finalistas obtendrán una tablet\ny el ganador tendrá un premio en metálico de 1500€.\nPlazo para la inscripción hasta el 28 de Marzo de 2014.\nComo inscribirse: tenéis que acceder a la web del concurso y rellenar el Formulario de INSCRIPCION (pincha el enlace)\nSi decidís enviar vuestro propio vídeo, deberéis hacerlo antes del 22 de Marzo.\nLa votación de los finalistas estará abierta hasta el 22 de Abril de 2014\nLa elección del ganador final se realizará en una Jornada abierta al público que se celebrará antes del 30 de Abril de 2014.\nMás información en: BASES del concurso , VIDEO explicativo\nParticipa y consigue que miles de personas conozcan tu empresa.\n▼ marzo 9 - marzo 16 (9)\nCurso gratuito para aprender al manejo de redes so...\nMARKETING MULTINIVEL: aplicacion para los nuevos p...\nI Concurso de Ideas Ecoinnovadoras en Andalucía:1....


Hong Kong (El Campello) - Restauranteschinos.net\nHome / Restaurantes / Alicante / Hong Kong (El Campello)\nSant Bartomeu, 109 - 03560 El Campello (Alicante)\n¿Quieres reservar mesa en un restaurante chino de El Campello?\nPollo con salsa de ostras, Sopa agripicante o Manzana frita con miel… ¿Con qué platos chinos se te hace la boca agua?\nEn un restaurante chino, comidas familiares, momentos especiales o cenas de empresa… se celebran mejor. Si quieres pasar momentos agradables en un ambiente oriental llama ya a Hong Kong para reservar mesa.\nTemas: celebraciones particulares alicante, celebraciones particulares El Campello, cenas de empresa El Campello, comida china El Campello, comidas de grupos El Campello, comidas familiares alicante, comidas familiares El Campello, eventos de empresa alicante, eventos especiales alicante, restaurante chino El Campello, restaurantes chinos alicante\n¿Quieres disfrutar de la gastronomía asiática en Torrevieja? Precios...\n¿Quieres cenar o almorzar en un restaurante chino de Pilar De La Horadada que combina los...


Nazaret TV - - Yo Rezo el Rosario (juvenil)\n- Yo Rezo el Rosario (juvenil)\nElla es nuestra Madre del Cielo, que nos convierte a todos en hermanos y nos invita a vivir como tal. Pidámosle que interceda por nosotros y escuche los anhelos de nuestro corazón, que nos ayude a comprender aquello de lo que no somos capaces, que nos dé la fuerza y el coraje para dar un paso adelante y que no dejemos las cosas en palabras sino pasar a la acción con el fin de ver un verdadero cambio. Las cosas no se hacen solas, el mundo no puede ser mejor si no nos lo proponemos y actuamos, sin embargo no podemos solos, necesitamos de su fuerza y de su amor de Madre.\nESCUCHAR, DECIDIR Y ACTUAR es a lo que nos invita la Virgen María el día de hoy y qué mejor manera de comunicarnos con ella que a través del Santo Rosario. Regalémosle una rosa a nuestra madre. Dios te salve María….


IVA en roaming internacional | IDC\nIVA en roaming internacional\nEste tipo de servicio prestado a empresas de telecomunicaciones extranjeras grava a la tasa del 16% del IVA\nCobro por segundo en telefonía celular (Foto: Redacción)\nRecientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió gravar a la tasa del 16% del IVA el servicio de roaming prestado por un residente en el país a empresas de telecomunicaciones residentes en el extranjero. Dicho órgano judicial analizó el asunto de la siguiente forma.\nLa naturaleza jurídica de la LIVA es gravar los actos y las actividades realizados en territorio nacional, dentro de los cuales se encuentra la exportación de bienes y de servicios aprovechados en territorio extranjero, mismos que deberán gravarse a la tasa del 0% del IVA (art. 29, LIVA).\nEl concepto de aprovechamiento no debe entenderse en sentido amplio ni como el beneficio obtenido en el extranjero que consiste en la utilidad o en la eventual ganancia que obtenga una persona residente en el exterior, que celebra contrato con la empresa nacional prestataria de servicios. El aprovechamiento se configura con la prestación del servicio de que se trate, es decir, a la par de que éste se brinda, surge la posibilidad de aprovecharlo por quien lo solicitó.\nPor otro lado, el servicio de roaming internacional se presenta cuando el usuario se desplaza a un Estado extranjero, en el que su operador de origen (home), previamente ha contratado con un operador de ese país (visitado), las condiciones técnicas, comerciales y financieras para que su usuario pueda establecer comunicaciones de voz y datos (precio de mayorista).\nDe esto se desprende que el acto jurídico de prestación del servicio de roaming es contratado entre las sociedades nacional y extranjera, cuyo objeto es que los clientes de la segunda puedan entablar comunicación desde México, por ende el servicio se presta y aprovecha en territorio nacional.\nDe ahí que la Sala concluyera que las actividades relacionadas con la exportación o aprovechamiento en el extranjero, si bien se encuentran gravadas con tasa 0%, no son susceptibles de ser reguladas siguiendo un criterio de igualdad respecto de aquellas que se efectúen y aprovechan en territorio nacional.\nSu distinción se origina porque no se realizan en el territorio nacional, mientras que del servicio de roaming internacional su naturaleza técnica se basa en el principio de territorialidad en donde se utiliza.\nEn consecuencia si dicho acto de comunicación es prestado por la empresa mexicana y se aprovecha en el territorio nacional por los clientes de la extranjera, éste se encontrará gravado a la tasa del 16% de la LIVA.\nPor la trascendencia este criterio en cuanto sea publicado en el medio oficial lo pondremos a tu disposición.


Concurso Nacional de Belleza ® - Nuestro apoyo a Ariadna\nNuestro apoyo a Ariadna\nAriadna Gutiérrez asistió al concurso de Miss Universo cumplido en este mes de diciembre, con la determinación y convicción de, una vez más, poner en lo más alto el nombre y prestigio de la mujer colombiana.\nEn la velada de coronación del domingo, fue ascendiendo entre 79 representantes del Planeta, hasta ubicarse entre las 3 finalistas.\nEn el momento crucial, un desafortunado y cruel desenlace puso a prueba su hidalguía, serenidad y don de gentes, asimilando un trance duro que lo que hizo fue agigantarla ante los ojos de sus compatriotas y que despertó justa admiración en los millones de televidentes que siguieron el desafortunado episodio.\nLos seres humanos selectos, se crecen ante la adversidad y esa corona y esa banda que luego le fue arrebatada, sigue sobre sus sienes y en su pecho, ante la convicción que fue la mejor y que se ganó el corazón de quienes la siguieron en su periplo triunfal durante el evento.\nAnte tan conmovedora grandeza de alma, el Concurso Nacional de Belleza no puede menos que inclinarse ante ella con reverente admiración y despertar nuestra perenne gratitud por, una vez más, haber dejado tan alto los preciados valores sobre los que se edifica la grandeza del pueblo colombiano.\nAriadna: serás nuestra reina universal…hoy y siempre.


Motorola lanza cuatro smartphones G7 en México - El Diario de Coahuila\nMotorola lanza cuatro smartphones G7 en México\nEl año pasado, el mercado en general de los teléfonos inteligentes decreció un 4% en el mundo.\nviernes, 8 de febrero de 2019 · 14:33\nCIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Sin embargo, Motorola sí tuvo crecimiento, aseguran representantes de la firma. Ese crecimiento, en gran medida, fue gracias a la familia "G" de dispositivos que, desde su lanzamiento, en 2013, ha estado entre los smartphones más populares (de entre todas marcas) en la categoría de gama media.\nSiguiendo esta tradición, ayer jueves, Motorola hizo el lanzamiento en México de la familia Moto G7 conformada por cuatro smartphones: G7 Play, G7 Power, G7 y G7 Plus. Lo más destacado de esta familia es que todos tienen procesadores de alto rendimiento: Snapdragon de las series 632 y 636.\nLa idea de Motorola al ofrecer cuatro dispositivos de la misma familia (diferenciados en precio por alrededor de mil pesos el uno del otro), obedece a una estrategia para que exista un dispositivo para cada bolsillo, dijo Gustavo Ribeiro, director de Producto de la firma en México, quien agregó que, gracias a la excelente configuración y prestaciones que ofrece, por ejemplo, el Moto G7 Plus, un buen número de consumidores está optando por comprar este tipo de dispositivos en lugar de smartphones que cuestan más de 20 mil pesos.\nRibeiro explicó que hay bastantes innovaciones en este dispositivo pero destacó las funciones de la cámara, la cual, ahora, incluye estabilización óptica de imagen e innovaciones en software que llegan a esta familia como lo es la captura de fotografías, automática, al detectar sonrisas. Otra función que seguramente será muy útil para las personas es la de "composición inteligente" que hace posible que, si una persona no conoce lo que es la "regla de los tercios" con la cual se logran mejores imágenes y, por ejemplo, sitúa a lo fotografiado al centro de una imagen. Entonces, el smartphone capturará esa foto pero también, de manera simultánea, tomará una foto que sí respete dicha regla y se la mostrará al usuario para que él decida si guarda la que él tomo, la que le sugiere el teléfono o almacena las dos.\nAsimismo, en lo referente al Moto G7 Play, está habilitado con un sistema de carga rápida que, en solo 15 minutos, abastece energía suficiente para 11 horas de uso. En términos de sonido, este equipo tiene altavoces instalados en la parte inferior y superior, para ofrecer sonido estéreo. Desde ayer jueves, todos los modelos ya están a la venta.


Construcción de piscinas en Salem\nConstruir una piscina en Salem\nCONSTRUCCIONES DE PISCINAS EN SALEM\nConstruir una piscina en Salem. El mejor material para construir piscinas es el hormigón. Se trata de un elemento adaptable a diversas condiciones funcionales y exigencias estéticas, por lo que podemos adaptarlo a los gustos y necesidades del cliente, al tiempo que nos sirve para hacer una piscina realmente eficiente en el uso del agua, el disfrute que brinda y la seguridad de la misma. Es por eso que Lanto S.L. escogió este material como su principal materia prima para la construcción de las piscinas en Salem y todas sus provincias. Disponemos del equipo técnico formado en la utilización de hormigón para construir piscinas de todo tipo y al gusto de quien nos contrata.\nMONTAJE DE PISCINAS EN SALEM\nCREACION DE PISCINAS EN SALEM\nDel mismo modo, tenemos una eficiente maquinaria dirigida a atender las necesidades de los clientes y a acortar el tiempo de duración de nuestro trabajo. Es una manera de garantizarle a quienes nos contratan que la construcción de nuestras piscinas no implica ni un gasto excesivo ni una modificación engorrosa de la rutina de los lugares en donde las construyamos. Así, los clientes saben cuando comienza y cuando termina una instalación; igualmente, se percatan de que el gasto en la elaboración de las mismas, no es excesivo y que por el contrario, contratar a Lanto S.L. para la construcción de una piscina en Salem y cualquiera de sus provincias es la mejor manera de invertir en el esparcimiento y disfruta, amén de la revalorización de su propiedad.