CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 74/2020\n(Sesión celebrada el día 28 de mayo de 2020).\n–Corresponde analizar el capítulo xvi, «Mercado de petróleo crudo y derivados».\nSEÑOR CARRERA.- Señor presidente: solicitamos el desglose de este artículo.\nCuando consideremos el capítulo siguiente, hará uso de la palabra el señor senador Bergara, quien ha trabajado mucho en el tema de la Ursec y de la Ursea durante el desarrollo de la comisión.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Me consta, señor senador.\nA solicitud de la bancada del Frente Amplio, queda desglosado el capítulo xvi, «Mercado de petróleo, crudo y derivados», artículo 230 y las hojas sustitutivas.\nEn consideración el capítulo xvii, «Modificación del régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)».\nSEÑOR BERGARA.- Proponemos que se vote en bloque el capítulo entero, que va hasta el artículo 247, considerando los aditivos y sustitutivos correspondientes.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar en bloque los artículos en sus hojas sustitutivas: artículo 231 en la hoja 195; el artículo 232 en la hoja 410; el artículo 233 en la hoja 197; el artículo 234 en la hoja 198; el artículo 235 en la hoja 199; el artículo 236 en la hoja 200; el artículo 237 en la hoja 201; el artículo 238 en la hoja 202; el artículo 239 en la hoja 203; el artículo 241 en la hoja 205; el artículo 242 en la hoja 206; el artículo 243 en la hoja 207; el artículo 244 en la hoja 208; el artículo 245 en la hoja 209; el artículo 246 en la hoja 210; el aditivo 246/1 en la hoja 211, y el artículo 247 en la hoja 212.\nSe van a votar todos los artículos del capítulo en sus respectivas hojas, salvo el artículo 240 que tiene dos hojas, tal como señaló la señora senadora Asiaín.\nEn consideración el artículo 240 en la hoja 421.\n«Artículo 240.- (Derogación del artículo 9 de la Ley n.º 17.598. Derógase el artículo 9.º de la Ley n.º 17.598, de 13 de diciembre de 2002, y sus modificativas».\nSEÑOR GANDINI.- En este artículo se prohibía ser candidato por un período de cinco años a quienes ocuparan los cargos directivos de la Ursea. Al pasar esta unidad a ser un servicio descentralizado, esa prohibición choca con una disposición constitucional que establece cuáles son las limitaciones para los directores de servicios descentralizados y entes autónomos. No se les puede establecer esa prohibición por un período; se les debe prohibir, como a todos, que sean candidatos si no renunciaron equis tiempo antes.\nEntonces, se está proponiendo derogar esa disposición, que rige para quienes hoy son miembros de un organismo que no es un ente autónomo, quedando vigente la prohibición regular que existe para todos los directores de entes autónomos y servicios descentralizados.\nPor lo tanto, no votamos el artículo en su texto de la hoja 204, que sustituye, sino que acompañamos la hoja 421, que deroga esa disposición.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 240 que figura en la hoja 421.\nSEÑOR BERGARA.- Quisiera saber si en el listado de artículos que se votaron se incluye el artículo de recursos, que era un aditivo. ¿Está incluido en lo que ya votamos?\n–Perfecto. Me quedo tranquilo entonces.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el capítulo xviii, «Modificación del régimen jurídico de la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicaciones (Ursec)», artículos 248 a 269.\nSEÑOR BERGARA.- Solicito la votación en bloque de los artículos 248 y 249.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar el artículo 248, cuyo sustitutivo figura en la hoja 213, y el artículo 249, cuyo sustitutivo figura en la hoja 214.\nEn consideración el artículo 250, cuyo sustitutivo figura en la hoja 215.\nSEÑOR BERGARA.- Estoy seguro de que simplemente fue un olvido de inconsistencia. El Poder Ejecutivo aceptó nuestra sugerencia de modificar el planteamiento referido a la aplicación de tarifas de estas unidades, pero se incluyó solamente en el listado de competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. En el caso de este órgano gemelo –digámoslo así–, el literal G) del artículo 250 debería tener exactamente la misma redacción que el artículo 232.\nDe manera que en la hoja 428 presentamos un sustitutivo del literal G) del artículo 250, que no hace más que replicar la redacción que el Poder Ejecutivo dio al artículo 232 en el caso de la Ursea.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 250 con sus sustitutivos, que figuran en las hojas 215 y 428.\nSEÑORA ASIAÍN.- A los efectos aclaratorios, el literal G) está siendo sustituido; no es un aditivo, sino que la hoja 428 sustituye el literal G) de la hoja 215.\nLo aclaro para que no queden dudas.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa considerar el artículo 251, que figura en la hoja 216.\nSEÑOR BERGARA.- Nos gustaría hacer un muy pequeño aditivo, que iría entre comas, porque nos parece importante.\nApoyamos, en general, lo que dice el artículo, dado que tuvo su rol a la hora de la defensa de los intereses del Estado uruguayo en algunas contiendas, sobre todo a nivel internacional. Entendemos que se derogue el segundo inciso del artículo 73, porque ya no tiene sentido que sea el Poder Ejecutivo el que reglamente ciertos procedimientos cuando la Ursec, ahora, pasaría a ser un servicio descentralizado. Sin embargo, nos gustaría que se mantuviera algo en lo cual seguramente todos estamos de acuerdo porque es consistente con la Constitución, en el sentido de que las competencias que en este caso se asignan a la Ursec se cumplan de conformidad con los objetivos y las políticas definidas por el Poder Ejecutivo. Sé que, en general, eso va de suyo para todos los entes autónomos y servicios descentralizados, pero de todas maneras –reitero– nos gustaría que esa frase estuviera en la nueva redacción. No se trata necesariamente de agregar un inciso, pero proponemos que el artículo 73 comience: «En materia de telecomunicaciones, y de conformidad con los objetivos y las políticas definidas por el Poder Ejecutivo, compete a la unidad reguladora», etcétera.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 251 que figura en la hoja sustitutiva 216, con la modificación propuesta por el señor senador Bergara.\n–15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.\nEn consideración el artículo 252 sustitutivo, que figura en la hoja 217.\nSEÑOR BERGARA.- Proponemos votar en bloque hasta el artículo 256 inclusive, porque entendemos que cuando tratemos el artículo 257 se van a hacer las mismas consideraciones con respecto a las inhibiciones de los directores para ser candidatos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los siguientes textos sustitutivos: artículo 252 de la hoja 217, artículo 253 de la hoja 218, artículo 254 de la hoja 219, artículo 255 de la hoja 220 y artículo 256 de la hoja 221.\nEn consideración el sustitutivo del artículo 257, que figura en la hoja 422.\nSEÑOR GANDINI.- La hoja 422 sustituye a la hoja 222, que era la original. Aquí se reproduce lo que dijimos para la Ursea en materia de las prohibiciones para los subdirectores. Entonces, se propone derogar la actual prohibición a fin de que quede vigente la que rige para todos los miembros de los entes autónomos y servicios descentralizados.\nSe va a votar el artículo 257 en la redacción de la hoja 422.\nEn consideración el artículo 258, que figura en la hoja 223.\nSEÑOR BERGARA.- Propongo votar en bloque hasta el artículo 263.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los siguientes textos sustitutivos: artículo 258 de la hoja 223, artículo 259 de la hoja 224, artículo 260 de la hoja 225, artículo 261 de la hoja 226, artículo 262 de la hoja 227 y artículo 263 de la hoja 228.\nEn consideración el artículo 264, contenido en la hoja 411, que sustituye la hoja 229.\nSEÑOR BERGARA.- Queremos hacer la siguiente acotación.\nEl literal Q –entiendo que en la nueva versión no está– originariamente refería a una formulación general de la aplicación de las tarifas de determinados servicios, que estaba dentro de las competencias del Poder Ejecutivo. Con respecto a los servicios postales, el Poder Ejecutivo no fija precios porque es un mercado en competencia, es decir, no le fija los precios a la Administración Nacional de Correos ni a las empresas privadas. Sin embargo, tiene que fijarlo regulatoriamente para el Servicio Postal Universal. Eso fue lo que comentamos cuando compareció el señor subsecretario, pero se ve que nuestra formulación no quedó clara, porque si bien se avinieron a quitar el inciso tal como estaba, no hubo ningún agregado con respecto a este tema.\n¿Qué pretende el Servicio Postal Universal? Que ciertos servicios postales básicos lleguen a todo el territorio del país; si fuera solamente por criterios de rentabilidad, conveniencia y demás, habría un montón de circunstancias en las que ciertos servicios postales básicos no llegarían.\nEn general, ese es un régimen que ya está diseñado. Ese rol se le asigna a la Administración Nacional de Correos, y el sobrecosto que implica se financia con aportes de todos los operadores. Creo que debemos estipular que la Ursec sea la que proponga, asesore y evalúe las responsabilidades y los parámetros del régimen del Servicio Postal Universal. Esto es lo que tiene que definir el Poder Ejecutivo para ese servicio que, de hecho, ya existe.\nPor lo tanto, hemos redactado un aditivo que vamos a presentar como literal Q), en el cual proponemos, justamente, que sea el Poder Ejecutivo el que defina las responsabilidades y los parámetros para el Servicio Postal Universal.\nSEÑOR GANDINI.- Me parece que es correcta la observación que hace el senador Bergara.\nPropongo el desglose de este artículo para analizarlo con un poco más de atención, a los efectos de no legislar acá y traer una redacción apropiada.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 264, hoja 411.\nEn consideración el artículo 265, hoja 230.\nSEÑOR BERGARA.- Propongo votar en bloque los artículos 265, 266 y 267.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración, entonces, los artículos 265, 266 y 267, hojas 230, 231 y 232, respectivamente.\nSEÑOR BERGARA.- Sospecho que la derogación del artículo 267 se da por el artículo 264, en el que está el listado de competencias. Si aún no votamos el artículo 264, no podemos aprobar el 267, que deroga el 92 de la ley anterior.\nSEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor senador propone que se desglose el artículo 267 de la hoja 232?\nSEÑOR BERGARA.- Sí, porque creo que estaríamos derogando lo que aún no sustituimos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 265 y 266, hojas 230 y 231 respectivamente.\n–15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD\nEn consideración los artículos 268 y 269, que no tienen hoja sustitutiva. Es decir, nos remitimos a los artículos originales.\nSEÑOR GANDINI.- El señor ministro de Industria, Energía y Minería propuso retirar estos dos artículos. Por lo tanto, nosotros no vamos a votarlos. No sé si la oposición los va a votar afirmativamente.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 268 y 269 en conjunto.\nIngresamos en el capítulo xix, «Del control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado».\nEn consideración el sustitutivo del artículo 270, hoja 233.\nSEÑOR CARRERA.- Nosotros vamos a acompañar en general este capítulo. En principio, podríamos votar en conjunto los artículos 270 y 271. En el artículo 272, el inconveniente nuestro es con la última oración, que hace referencia a una potestad que ya tiene el Poder Ejecutivo en mérito a los artículos 197 y 198 de la Constitución.\nSEÑOR PRESIDENTE.- ¿Esos son los dos únicos artículos que están en condiciones de votar afirmativamente?\nSEÑOR CARRERA.- No, señor presidente. Estamos en condiciones de votar afirmativamente los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277 y 278.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 270 de la hoja 233; el artículo 271 que figura en la hoja 234; el artículo 273 que figura en la hoja 236; el artículo 274 que figura en la hoja 237; el artículo 275 que figura en la hoja 238; el artículo 276 que figura en la hoja 419; el artículo 277 que figura en la hoja 240, y el artículo 278 que figura en la hoja 241.\nEn consideración el artículo 272.\nSEÑOR BERGARA.- Nosotros señalamos, en oportunidad de la comparecencia respectiva, que obviamente nadie duda que el Poder Ejecutivo tiene la potestad que le da la Constitución de activar los mecanismos de control establecidos en los artículos 197 y 198. En el marco de este planteo, nos parece excesivo –y digo excesivo por la elegancia que amerita la versión taquigráfica– instalar algo que suena más a amenaza que a una disposición que agregue algo. Realmente nos parece un exceso esa frase. No debería ser de estilo, porque la potestad el Poder Ejecutivo la tiene.\nPor lo tanto, estaríamos acompañando el artículo 272 en la medida en que esa última frase se elimine.\nSEÑOR GANDINI.- Que tiene esta potestad, quedó demostrado el otro día con respecto a la presidencia de Antel.\nCreo que no está de más esta frase. Las leyes hacen referencias de cómo deben aplicarse algunas disposiciones. No me parece que esté de más ni que sea excesivo recordar esto. Es más, varias de estas normas refuerzan otras que ya existen. Pero en todo caso no es una cuestión de principios dejar esa frase ni retirarla. Simplemente me parece conveniente dejar establecido que hay un mecanismo que el Poder Ejecutivo puede utilizar desde afuera en la gestión de las empresas públicas.\nSEÑOR BERGARA.- En nuestro caso discrepamos con esa idea, porque si así se procediera cada vez que uno quiere reforzar algo que no es otra cosa que repetir lo que ya está en la Constitución, estaríamos ampliando todas las leyes. Pero si realmente no es de principios y no hay mayor diferencia entre dejar esta frase o sacarla, en la medida en que creo que es importante que estas cosas cuenten con el más amplio respaldo desde el punto de vista del sistema político, volvemos a solicitar que se retire.\nSEÑOR ANDRADE.- Creo que esto está en el terreno de la discrecionalidad política de las cosas que puede hacer el Poder Ejecutivo. No son las únicas, pero si para cada norma tenemos que construir las referencias respecto al área correspondiente que están en la Constitución de la república, entraríamos en un terreno inacabable. O sea, esta, que es una orientación política programática, parece sensato que el Poder Ejecutivo la establezca mediante decreto, vía administrativa, y no que en la ley general y abstracta tengamos que hacer un árbol de definiciones de todas las cosas que el Poder Ejecutivo puede hacer sobre esa norma. Me parece que legislar así nos genera más problemas que soluciones.\nSEÑOR GANDINI.- En aras de la concordia, el acuerdo, el entendimiento, sin cuarto intermedio, vamos a retirar esa última frase.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 272 que figura en la hoja 235, con el punto final luego de «que éste proceda a su rectificación».\nEn consideración el artículo 279 que figura en la hoja 242.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos en la consideración del Capítulo «De la transparencia en la información de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y sociedades comerciales vinculadas».\nEn consideración el artículo 280 que figura en la hoja 243.\nSEÑORA ASIAÍN.- En su momento el Tribunal de Cuentas hizo una serie de observaciones. Algunas las hizo aquí, en forma presencial, y otras las hizo llegar.\nEn este caso la propuesta es que se incluya una frase antes del comienzo del artículo –es decir, antes de la frase que se inicia en «Los Entes»–, que dice: «Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016».\nSEÑOR CARRERA.- Si bien este capítulo, que va del artículo 280 al 284, se puede votar en bloque, nosotros no vamos a acompañar estas normas, porque de la visita del Tribunal de Cuentas y de los estudios que hemos realizado queda muy claro que ya existe un régimen que refiere a la transparencia de los entes autónomos y de los servicios descentralizados. Creemos que está bien ir por un camino diferente, pero consideramos que es necesario más estudio y hay que compatibilizar las diferentes normas que existen en la materia.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 280 en la redacción sustitutiva de la hoja 243, con la incorporación realizada por la señora senadora Asiaín que recomienda el Tribunal de Cuentas.\nEn consideración el artículo 281 que figura en la hoja 244.\nSEÑORA ASIAÍN.- En este caso la sugerencia del Tribunal de Cuentas es hacer un agregado. El artículo 281 actual dice: «Quedan comprendidas en el Artículo 280 de esta ley, las sociedades comerciales respecto de las cuales una entidad pública, estatal o no estatal, sea tenedora de acciones o sea titular de participaciones sociales ...». Aquí el Tribunal de Cuentas propone que se agregue «en forma directa o indirecta».\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 281 de acuerdo a lo establecido en la hoja 244 con la incorporación que acaba de ser leída por la señora senadora Asiaín.\nEn consideración el artículo 282 que figura en la hoja 245.\nEn consideración el artículo 283 que figura en la hoja 246.\nSEÑORA ASIAÍN.- En este caso hay otra sugerencia de incorporación por parte del Tribunal de Cuentas. Concretamente, se propone agregar como último inciso: «Derógase el artículo 2 de la ley Nº 17.040, de 20 de noviembre de 1998».\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 283 que figura en la hoja 246, con el agregado leído por la señora senadora Asiaín.\nEn consideración el artículo 284 que figura en la hoja 247.\nSEÑOR BERGARA.- En su momento habíamos desglosado, a pedido del señor senador Gandini, los artículos 264 y 267. Me gustaría, antes de pasar al capítulo siguiente, ver la posibilidad de que los reconsideremos, en la medida en que ya se distribuyó la redacción de un agregado en el literal Q) del artículo 264. Si hay acuerdo al respecto, eso nos permitiría también votar el artículo 267. Por lo tanto, estamos proponiendo ese modificativo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- El literal Q) del artículo 264 que figura en la hoja 411 quedaría redactado, entonces, de la siguiente manera: «Q) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia del régimen de servicio postal universal, incluyendo responsabilidades y parámetros del mismo».\nSi no se hace uso de la palabra, se van a votar el artículo 264 que figura en la hoja 411 con la modificación indicada –que incorpora la hoja 441– y el artículo 267 según lo establecido en la hoja 232.\nIngresamos en el capítulo «Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible».\nSEÑOR CARRERA.- En este caso proponemos que se voten en bloque los artículos 285 al 297, con los sustitutivos, que estuvimos revisando y van en la línea de los compromisos que asumieron la señora ministra y su equipo cuando nos visitaron, así como el señor prosecretario de la Presidencia de la República.\nNosotros vamos a acompañar este conjunto de disposiciones porque creemos que son un avance respecto al proyecto de ley original. En la discusión en comisión hicimos aportes que fueron escuchados, y creemos que corresponde señalarlo.\nSEÑORA ASIAÍN.- Solicito el desglose del artículo 287. No tengo inconvenientes en votar el resto de los artículos en bloque.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quiero señalar que el mundo va hacia una consideración muy particular del ambiente y viene bien marcar específicamente este tema también en nuestra legislación y en nuestra estructura ministerial.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar el artículo 285 que figura en la hoja 248; el artículo 286 que figura en la hoja 249; el artículo 288 que figura en la hoja 251; el artículo 289 que figura en la hoja 252; el artículo 290 que figura en la hoja 253; el artículo 291 que figura en la hoja 254; el artículo 292 que figura en la hoja 255; el artículo 293 según su redacción original; el artículo 294 que figura en la hoja 256; el artículo 295 que figura en la hoja 257; el artículo 296 que figura en la hoja 258, y el artículo 297 de la hoja 259.\nIngresamos en el capítulo «Creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas».\nSEÑOR OLESKER.- Nosotros vamos a acompañar los artículos 298 a 303, por lo que solicitamos que se voten en bloque.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 298 de la hoja 260; el artículo 299 con la redacción original; el artículo 300 con la redacción original; el artículo 301 de la hoja 261; el artículo 302 con la redacción original, y el artículo 303 con la redacción original.\nSEÑOR BERGARA.- Disculpe, pero estaba chequeando los sustitutivos y en el artículo 302, que refiere a la definición del director ejecutivo, en oportunidad de la comparecencia habíamos planteado que, entre otras exigencias, se incorporara: idoneidad moral y técnica; y entendimos que había acuerdo sobre eso, aunque no encuentro un sustitutivo que lo incorpore. Por lo tanto, lo propongo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- ¿Eso debería figurar en el artículo 302?\nSEÑOR BERGARA.- Exactamente.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a votar los artículos referidos, salvo el 302 que lo votaremos inmediatamente después con las correcciones de redacción.\n– En consideración el artículo 302.\nSEÑORA ASIAÍN.- Recuerdo perfectamente –y tengo anotada– la sugerencia del señor senador Bergara; fue una omisión involuntaria. Por lo tanto es bienvenida esa propuesta. Le pido al señor senador que reitere la redacción.\nSEÑOR BERGARA.- No la tengo, pero la podemos realizar rápidamente. Se refiere a incorporar la exigencia de idoneidad moral y técnica para el director ejecutivo y el subdirector que el Poder Ejecutivo defina. Es lo mismo que se dice para todos los entes autónomos y servicios descentralizados.\nSEÑORA ASIAÍN.- Puede ser al final, cuando establece que ambos serán designados por el presidente de la república en calidad de cargos de particular confianza, entre personas que cuenten con la idoneidad moral y técnica.\nSEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estamos de acuerdo con esa redacción?\nSi no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 302 del mensaje original, con la incorporación propuesta por el señor senador Bergara, leída y redactada por la señora senadora Asiaín.\nSEÑOR OLESKER.- Solamente quiero recordar lo que dijimos en la comparecencia del prosecretario de Presidencia. Compartimos la visión de generar una agencia de evaluación y monitoreo en el seno de Presidencia, de carácter macro. En esa misma oportunidad también se nos hicieron algunas aclaraciones sobre sus funciones.\nQuiero mencionar que allí planteamos tres preocupaciones; en realidad fueron cuatro, pero una era la de la idoneidad moral y técnica. La primera era la permanencia, –incluso la expansión, como ha venido sucediendo en estos años– de las direcciones de evaluación y monitoreo de los propios ministerios y organismos del 220, o la exhortación a los entes autónomos y servicios descentralizados –después veremos eso–; o sea, el mantenimiento y fortalecimiento de esas direcciones.\nEn segundo término, como lo dije en la comparecencia, entendemos la necesidad de que una agencia central tenga características integrales en su análisis, o sea, ex ante, ex jure y ex post.\nPor último, debe existir cierta correlación entre las políticas públicas y los resultados que arrojan esas evaluaciones en términos de la revisión o ratificación de esas políticas.\nQueremos que esas tres observaciones vayan a quienes luego van a estar en la dirección de esta agencia de evaluación y monitoreo.\nSEÑOR VIERA.- Quiero dejar constancia de que nosotros, el Partido Colorado, mantenemos nuestra posición en cuanto a que las agencias no dependan de Presidencia de la república porque no es el mejor lugar; siempre lo hemos afirmado y continuamos pensando lo mismo. Por eso celebramos la solución encontrada para, en definitiva, no crear una nueva agencia en la órbita de Presidencia sino transformar o mantener algo que ya existía.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 304, que tiene un sustitutivo en la hoja 262.\nSEÑOR BERGARA.- Quisiera hacer un planteo.\nEs exactamente lo mismo que en el caso anterior. La última frase dice: «El Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones conferidas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República». Si se elimina, estaríamos en condiciones de votar afirmativamente los artículos 304 y 305.\nSEÑORA ASIAÍN.- Traslado la acalorada defensa de este artículo que había hecho el señor senador Andrade; estamos de acuerdo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 304 y 305. El artículo 304 será votado con la redacción de la hoja 262 en la que se le elimina la última frase que comienza en «El Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones conferidas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República».\nSEÑORA ASIAÍN.- Tengo una duda: ¿el artículo 305 que se votó es del proyecto original?\nSEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señora senadora.\nSEÑORA ASIAÍN.- Entonces, voy a solicitar que se reconsidere la votación del artículo 305. Propongo eliminar «creada por la presente norma». Entiendo que no se crea, sino que se transforma, tal como decía el señor senador Viera; esto no fue incorporado.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 305.\n–En consideración el artículo 305.\nSi no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación sugerida por la señora senadora Asiaín.\n–Ingresamos en la consideración del capítulo «Contratación administrativa», artículo 306.\n–En consideración el artículo 307, hojas 263 y 439.\nSEÑOR CARRERA.- Creemos que el sustitutivo que presenta la bancada de Gobierno es bueno. Hay algunos aportes que han sido planteados por diferentes organizaciones sociales, instituciones públicas e, incluso, por nosotros mismos desde la oposición.\nSin embargo, tenemos algunas preocupaciones en torno a este artículo y vamos a pedir que se desglose, porque queremos tener un diálogo en lo que tiene que ver con el numeral 1). Creemos que hay que mantener la legislación actual, ya que aquí está prohibiendo que se contraten las empresas del Estado que tienen ciento por ciento del paquete accionario. Pensamos también que se elimina la excepción de las empresas públicas que se encuentran en régimen de libre competencia.\nPor todo lo expuesto, entonces, solicitamos el desglose de este artículo para tener un diálogo al respecto.\nSe desglosa el artículo 307, en las hojas 263 y 439.\nSEÑORA ASIAÍN.- Sin entrar en el fondo del asunto, solo queremos hacer un reconocimiento que corresponde.\nNosotros habíamos recibido la inquietud presentada por la Universidad de la República sobre el traslado –cuestión excepcional este año– de la Facultad de Veterinaria y teníamos nuestras dudas sobre cómo solucionar el problema para que ello fuera posible. La contadora Gorfain había diseñado una solución, pero como manteníamos dudas al respecto llamé al señor senador Bergara, quien proporcionó su solución que era coincidente con la planteada por la contadora. De ahí mi reconocimiento y agradecimiento en este momento.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 307, de las hojas 263 y 439.\nEn consideración el artículo 308, que no tiene sustitutivo.\nSEÑOR CARRERA.- Vamos a tratar de hacer un bloque que comprende del artículo 308 al 312, normas que vamos a acompañar.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 308, que no tiene hoja sustitutiva; el artículo 309, que no tiene hoja sustitutiva; el artículo 310, que tampoco tiene hoja; el artículo 311 en su hoja 409 y el artículo 312, que no tiene hoja sustitutiva.\nSEÑOR BOTANA.- Quiero dejar constancia de que en el artículo 311, en la modificación dada en la hoja 409, queda contemplada la posibilidad de un diferencial de precio que comprenda los costos de transporte y de comercialización de mercaderías en el interior de la república. Esta situación se salva estableciendo que la Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá establecer precios máximos de adquisición diferenciales en las distintas regiones y localidades.\nEra cuanto quería señalar a los efectos de una futura interpretación de la norma.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 313, que tiene dos hojas: 264 y 429.\nSEÑOR BERGARA.- No tengo en mi poder la hoja 429 pero supongo que referirá a una formulación nuestra en la que, en realidad, el punto de discordia –y realmente lo queremos poner sobre la mesa porque nos gustaría acompañar la disposición– está en que se estaría derogando la posibilidad de que esto también se celebre por parte de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el Conicyt. Si se mantuvieran en este punto las referencias a la Udelar, la UTEC y el Conicyt, estaríamos en condiciones de acompañar el artículo.\nSEÑORA ASIAÍN.- ¿Podríamos desglosarlo para conversarlo?\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 313 con las hojas 264 y 429.\nSEÑOR CARRERA.- Proponemos que se voten en bloque los artículos 315 al 319.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 315 en la hoja 265; el artículo 316 en su mensaje original; el artículo 317 en la hoja 266; el artículo 318 en la hoja 267, y el artículo 319 en su mensaje original.\nEn consideración el aditivo 319/1 de la hoja 268.\nEn consideración el aditivo 319/2 de la hoja 269.\nSEÑORA ASIAÍN.- Solicito que se reconsidere el artículo 319 porque faltó hacer una referencia y no figura en los sustitutivos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 319.\nSEÑORA ASIAÍN.- No encontramos la hoja del artículo. ¿Podríamos desglosarlo para perder tiempo?\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 319.\nEn consideración el capítulo referido a la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, artículo 320 que tiene las hojas 270 y 438. En este caso, como en los anteriores, sugeriría el desglose por tener dos hojas.\nSEÑOR CARRERA.- En principio, no vamos a acompañar este capítulo que comprende los artículos 320 al 331, así como están redactados.\nSi bien entendemos que la creación de este tipo de agencias de compras estatales es una buena herramienta, consideramos que no debería estar en el inciso de Presidencia de la república porque allí perderíamos el control parlamentario. Razón por la cual no lo podemos acompañar.\nEn referencia al artículo 320 presentamos un sustitutivo en el que proponemos que la creación de la agencia sea bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Si se diera ese cambio, estamos dispuestos a acompañar la iniciativa.\nCreemos que hay que avanzar en materia de compras estatales; es correcto el camino de fusionar diferentes unidades ejecutoras ya existentes. Ya pasó el tiempo de la Unidad Centralizada de Adquisiciones, UCA. Reitero que si bien pensamos que hay que avanzar en el tema, de ninguna manera podemos acompañar que la agencia esté bajo la órbita de Presidencia de la república porque estaríamos creando una repartición que tendrá una gran incidencia en materia de compras públicas por fuera del control parlamentario. No podemos acompañar este bloque que creemos que va en la dirección correcta.\nSEÑORA ASIAÍN.- Esto fue fruto de un acuerdo entre las bancadas de la coalición de Gobierno y así fue diseñado después de haberlo negociado detalladamente. En ese sentido, está firme nuestra voluntad de que se apruebe de esta manera.\nPor otra parte, aclaro que estamos en condiciones de votar el 319.\nSEÑOR VIERA.- En cuanto a la agencia de monitoreo, siguiendo siempre la línea de nuestra opinión, el Partido Colorado tenía algunos reparos –nos llama la atención la postura del Frente Amplio, que creó varias agencias y unidades en la Presidencia de la República–, pero finalmente se encontró la solución de no crearla, sino transformar una agencia que ya estaba creada desde octubre del año 2008 durante el gobierno del Frente Amplio.\nPor lo tanto, al transformarse y no crearse esa agencia, estamos en condiciones de acompañar este artículo.\nSEÑOR CARRERA.- Me gustaría tener clara la argumentación del porqué. Es cierto que el Frente Amplio creó alguna agencia que colaboraba en la elaboración de la política pública, pero no ejecutaba.\nA mí me tocó estar en la dirección general de un ministerio y esa agencia me ayudó a planificar, pero no estaba en la ejecución de la política.\nNos gustaría tener la argumentación. La señora senadora Asiaín decía que fue un proceso trabajoso; nos gustaría tener la fundamentación.\nLa UCA fue una creación del Partido Nacional en la década de 90, cuando el doctor Lacalle –padre– fue presidente. Creemos que ya llegó la hora de la UCA, que hay que avanzar y evolucionar, pero sostenemos que no se puede poner una agencia en la órbita de la Presidencia de la República que ejecute la política pública. Acá se van a manejar muchos recursos y hay que defender el control parlamentario, por eso nosotros no podemos acompañar este artículo.\nNos gustaría que nos dijeran cuál es la argumentación de fondo de este artículo.\nSEÑORA ASIAÍN.- Ante la intimación del señor senador Carrera a que proporcione una fundamentación, lo hago. La fundamentación de quienes diseñaron este instrumento en el proyecto de LUC radica en que no hay funciones ejecutivas. Se puede discutir. Esa es la fundamentación que proporciona el Gobierno: se trata de –como los verbos lo ilustran– asesorar, desarrollar, instrumentar un registro, elaborar guías, elaborar y difundir, etcétera. Si bien en el ordinal 11 se habla de imponer sanciones, esa facultad ya estaba asignada, así que no hay una innovación. Ese es el fundamento.\nYo podría intimar al señor senador Carrera a que fundamente su postura, pero dejamos la discusión para el plenario.\nCreo que cumplí con la intimación.\nSEÑOR BERGARA.- Quiero entender. Si a nosotros nos dejan en claro que esa agencia no ejecuta, no compra, es otra historia. La UCA se inserta en esa agencia y lo que hace esta unidad es comprar. Es decir que quiero entender; no estoy en la pelea, sino a favor del entendimiento.\nSi ese artículo incorpora las funciones y actividades que hoy tiene la UCA, no se podría fundamentar que no hay ejecución, porque la UCA compra.\nSEÑOR ABREU.- Con la serenidad que hemos ganado con el tiempo, aclaro que lo importante aquí es saber qué características tiene esta oficina. No se trata de lo que compre esta oficina, sino de la evaluación de los resultados, del monitoreo de políticas, que es lo que realmente debe hacer un gobierno, es decir ver cuándo tiene recursos escasos y cuándo tiene recursos excesivos.\nEl hecho de tener control parlamentario o no puede ser un argumento, pero ya está respondido de acuerdo con las competencias que se vienen adjudicando.\nAhora bien, hay que destacar la importancia que tenemos nosotros en el derecho comparado –y que nadie se vaya a sentir aludido– en un mundo en el que hay presidentes que están más cerca de la monarquía que de la república, presidentes que están más cerca de la anarquía que de la república y presidentes que están más cerca de los resultados que implican llevar adelante determinados proyectos, sobre todo, en tiempos en que los recursos son escasos y cada día más menguados –como en el caso del Uruguay–, por las razones que todos conocemos.\nPara nosotros lo más importante es la concentración y la evaluación de los resultados. Como dice la señora senadora Asiaín, si las competencias que hemos definido están claras, lo relevante es el tema de la evaluación, o sea que se centralice y que se evalúe. Si es porque realiza compras y demás, siempre va a haber temas de casuística –a los que a veces se apela por argumentos más inductivos que por otra cosa– y se podrá hablar, pero a mi juicio es muy importante tener un Poder Ejecutivo que evalúe y un presidente que quiera hacerlo. Podemos llenar esta pieza de casuísticas, pero creo que es relevante no discutir, sino construir y sobre todo desarrollar ideas. Insisto en que, señor presidente, es importante que el Gobierno y el presidente de la república puedan tener –y la van a tener– una evaluación. Y aclaro que acá no se va a escapar nadie de responsabilidades políticas, por más que se establezca allí, porque la ejecución es de manera gradual. Ahora bien, en otros países, aunque tuvieran una oficina de evaluación, los presidentes no se ocuparían de eso.\nSEÑOR CARRERA.– En primer lugar, señor presidente, quiero señalar que nosotros no intimamos a nadie, sino que queremos entender.\nEn segundo término, hace unos minutos votamos la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Acompañamos lo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas y nos parece que es el camino correcto. Hay que evaluar las políticas públicas. Pero, señor presidente, el artículo 329 refiere a la supresión de la UCA. La pregunta es quién va a desarrollar los cometidos que hoy desarrolla esa unidad. ¿Por qué se suprime la UCA? Esa es nuestra preocupación.\nCreemos que hay que ir por el camino de la centralización de las compras públicas –lo compartimos–, pero no tienen que estar en la órbita de la Presidencia de la República sino en la del Ministerio de Economía y Finanzas.\nSi no nos pueden responder, avancemos y nosotros vamos a votar en contra.\nSEÑOR ABREU.- Señor presidente: ya le respondimos.\nSEÑOR CARRERA.– No, no respondieron; no sean malos, no lo hicieron.\nSEÑORA DELLA VENTURA.– Sin estar en los órganos internos del Gobierno, entiendo que la inquietud no fue respondida. Aparentemente, había una unidad que hacía las compras estatales que ahora desaparece; se supone que se crea una agencia que se encarga de las compras estatales y se dice que las funciones no son hacer las compras. Entonces, la pregunta que no ha sido respondida es quién va a comprar en el Estado. Antes lo hacía la UCA y ahora supuestamente eso pasa a la agencia. Si se creara un artículo que dijera que la parte de compras pasa al Ministerio de Economía y Finanzas –como se está pidiendo–, lo acompañaríamos. En realidad, si se habla tanto de que se busca la transparencia, preguntamos por qué no se quiere que figure en un ministerio que luego va a tener un control parlamentario. No se entiende mucho.\nSEÑORA ASIAÍN.– Las respuestas pueden satisfacer o no, pero fueron dadas. Rechazo la alusión respecto a que no se respondió. No hay que confundir la ausencia de respuestas con no compartirlas.\nInsisto en algo que ha sido dicho y que queda claro del texto propuesto. La agencia reguladora es la que hace el procedimiento en el convenio marco —me acota la contadora el término—, pero los que compran son los distintos ordenadores. Esa es la respuesta. Por lo tanto, la responsabilidad frente al Parlamento va a corresponder a quien haga el desembolso, el gasto. Quería reiterarlo.\nSEÑOR VIERA.- Comparto el objetivo de la explicación que hace la senadora Asiaín y, en ese sentido —pensando en voz alta—, tal vez sería bueno desglosar el artículo para mejorar la redacción y otorgar mayor claridad.\nEn la línea de lo que muchos hemos conversado, si mejoramos el último inciso del artículo 320, propuesto en la hoja 270 –, que establece la supresión de la Unidad Central de Adquisiciones y que sus bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones se transferirán de pleno derecho a esta nueva agencia–, creo que podríamos brindar una respuesta contundente y el Frente Amplio podría votarlo.\nSEÑOR CARRERA.- Acompañamos la propuesta del senador Viera, porque va en la línea correcta.\nSEÑOR BONOMI.- Justamente, el desglose brinda una salida.\nEstoy de acuerdo con la señora senadora Asiaín respecto a que las respuestas se dieron, pero no nos conformaron en el sentido de que, en lugar de haber una superación —como habíamos interpretado— de la UCA, existe una negación. Esto es un retroceso. Con el desglose, capaz que se supera.\nSEÑOR BOTANTA.- Quiero dejar constancia de una posición: jamás pensaré que centralización es transparencia. La descentralización es la que produce la transparencia, cuando las cosas se hacen a los ojos de todos. Ese es el principal control todavía no superado por ningún sistema. Lo debatiremos ampliamente en algún otro momento, pero no creo en la centralización de las compras públicas ni por el beneficio concentrado y mucho menos por la transparencia.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 320 de las hojas 270 y 438.\n–En consideración el artículo 321.\nLa propuesta de desglose que se ha hecho es sobre todo el capítulo. Entonces, queda desglosado el capítulo, «Creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales».\nIngresamos al capítulo, «Fortalecimiento del Servicio Civil de la República».\nSEÑOR OLESKER.- Nosotros vamos a votar en contra los artículos que van desde el inicio del capítulo hasta el artículo 342 —previo al sector portuario—, incluyendo los sustitutivos que están en las páginas 277, etcétera, por la mismas fundamentaciones que hicimos cuando comparecieron los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Prosecretaría de la Presidencia de la República.\nEn primer lugar, no los votamos porque creemos que en varios de estos artículos la Constitución da normativas para requerir mayorías especiales y, por lo tanto, no podrían estar formando parte de un proyecto de ley de urgente consideración. Los artículos de la Constitución sobre normas de funcionarios públicos son muy claras en ese sentido.\nEn segundo término –lo dije ayer y lo reiteraré el resto de los días en que se discutan estos temas–, se establecen en la ley normas de función pública y funcionarios públicos que no están incluidas ex ante –o sea previamente– ni está previsto en el proyecto que se discutan en el marco de la ley de negociación colectiva en el sector público del año 200,8 que obliga a debatir estas cuestiones.\nPor otra parte, si bien se quitó de la LUC inicial el tema de las vacantes de tres por uno, como ya dijimos en la comparecencia, eso está en un decreto y se entronca con estas limitaciones que implican, por un lado, la contratación por la vía de redistribución de funcionarios y, por otro, la redistribución y la definición de restructuras, que figuran en los artículos 340 y 342, que se hacen de manera unilateral.\nCreemos que esto forma un bloque que afecta notablemente la función pública y que va a tener efectos sobre el personal. El señor senador Andrade ayer señaló que luego de las tres incorporaciones de excepción –salud, educación y seguridad– se incorporó defensa, pero no otras políticas mucho más relevantes para la función pública. Pensamos que esto va a afectar al Estado, que va en la línea de un rol diferente, achicado y desregulado del Estado.\nPor lo tanto, solicitamos que se haga un bloque con estos artículos y los vamos votar en contra.\nSEÑORA ASIAÍN.- Se había propuesto votar en contra de los artículos 339, 340 y 342, por lo tanto, estamos de acuerdo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se ha propuesto que se voten en bloque el artículo 332 en su redacción original, el artículo 333 contenido en la hoja 275, el artículo 334 en su redacción original, el artículo 335 en su redacción original, el artículo 336 en su redacción original y el artículo 337 contenido en la hoja 276.\nEn consideración todos estos artículos.\nSEÑORA ASIAÍN.- El título del capítulo debería cambiarse por «Normas sobre reclutamiento y selección de funcionarios».\nPido disculpas por este planteamiento, porque me acaban de acotar que ya se cambió.\nSEÑOR PRESIDENTE.- El título quedará establecido como «Normas sobre reclutamiento y selección de funcionarios».\nEn consideración el artículo 338, que está contenido en la hoja 277, y el artículo 341, contenido en la hoja 278.\nEn consideración los artículos 339, 340 y 342.\nIngresamos en el capítulo relativo a eficiencia administrativa en el sector portuario.\nSolicitamos el desglose del artículo 343.\nEn consideración el artículo 344 que figura en la hoja 280.\nSEÑOR BERGARA.- Nosotros estamos en condiciones de votar en bloque los artículos 344 a 348, relacionados con el tema de la eficiencia administrativa en el sector portuario, en el entendido de que a partir del intercambio que tuvimos con el señor ministro, se fueron tomando las consideraciones y modificando.\nTenemos una duda, que la vamos a soslayar, con respecto al artículo 346. Si bien hay una formulación diferente, nos sigue quedando claro que la forma de hacerlo es dar de baja –en la instancia presupuestal– recursos en el ministerio y asignarlos por alguna vía de transferencia a la Administración Nacional de Puertos porque, obviamente, la ANP no tiene su presupuesto en el presupuesto nacional. Pero entendemos que es algo totalmente instrumental y no haríamos cuestión en ese punto.\nSuponemos que se van a corregir los números de artículos referenciados en el artículo 348, en el que no tenemos sustitutivos.\nSEÑORA ASIAÍN.- El artículo 348 será votado negativamente por nuestra parte.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los siguientes artículos: 344, contenido en la hoja 280; 345, contenido en la hoja 281; 346, contenido en la hoja 282 y 347, en la hoja 283.\nEn consideración el artículo 348.\nSe ingresa en el capítulo relativo al sistema de participación público-privada y concesiones.\nEn consideración el artículo 349 que figura en la hoja 284.\nSEÑOR BERGARA.- Proponemos votar en bloque los artículos que van desde el 349 al 352. Aunque reconocemos que cambiaron algunos detalles y la formulación, nosotros no estaríamos en condiciones de acompañar estos artículos. De todas maneras, proponemos votarlos en bloque en el entendido de que, en general, no son cosas necesarias para incorporar en la ley, ya que el Poder Ejecutivo tiene las potestades de hacerlo. Reitero, a pesar de reconocer que hay algunos detalles que se corrigieron, no vamos a acompañar este bloque.\nEntonces, reitero, proponemos votar en bloque los artículos que van del 349 al 352.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 349, contenido en la hoja 284; 350, contenido en la hoja 285; 351, contenido en la hoja 286, y 352, contenido en la hoja 287.\nIngresamos en la sección referida al sector agropecuario.\nEn consideración el capítulo relativo al Instituto Nacional de Colonización, específicamente el artículo 353, que figura en la hoja 288.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Señor presidente: nos parece que esto es un retroceso para el Instituto Nacional de Colonización. En realidad, por lo que expresaron quienes nos visitaron, no está bien desafectar esas parcelas ni facilitar a quienes no están residiendo el tener los derechos que aquí se les otorgan. Tampoco entendemos mucho las causas por las cuales se pretende este cambio. Realmente, no estamos de acuerdo.\nSEÑOR ANDRADE.- Creo que en el debate de la comisión se ha expresado una coincidencia –que quiero resaltar– en el sentido de la preocupación por una tendencia que es universal, pero problemática, respecto a la concentración de la tierra, esa relación concentración–extranjerización, y la necesidad de encontrar caminos, siempre complejos, para una perspectiva que vincule a la población de la campaña con una estrategia de soberanía alimentaria. En esa línea, el Instituto Nacional de Colonización es algo que todos hemos reivindicado. Creo que no cabría decirnos que no se le otorga al instituto un rol importante.\nPero ustedes comprenderán que, aun teniendo en cuenta aspectos que han sido fundados seriamente por parte de la coalición de Gobierno respecto a las disposiciones en la Constitución, no podemos votar este artículo sin tener en cuenta un conjunto de medidas que impliquen preguntarnos adónde van esas tierras y qué medidas de política podemos aplicar a los efectos de que esta disposición no genere condiciones que signifiquen retroceder desde el punto de vista general. Deberíamos permitirnos un tiempo más para un diálogo político y social que pueda poner en línea las decisiones con los resultados que en teoría todos perseguimos. Esto es lo que no nos permite acompañar esta medida.\nPor otro lado, no es un cambio menor el que se aplica en el artículo que, dicho sea de paso, había sido sacado en primera instancia y después ubicado. Es más, hubo distintas expresiones políticas –y no sólo de los que hoy estamos en la oposición– contrarias a este cambio; hablo de la residencia y de la necesidad de trabajo directo de los colonos. Además, se niega que esa posibilidad hoy existe cuando está debidamente fundada por parte del directorio. O sea, no es imposible que esa excepción de que el colono no se radique ni trabaje la tierra –que, para nosotros, claramente tiene que ser la excepción– pueda ser atendida. Esto ya existe, entonces, no puede argumentarse la casuística de una excepcionalidad, dado que actualmente el instituto tiene las posibilidades y facultades para otorgarla. Y como parto de la base de la referencia principal, esto es, la necesidad de pensar de manera sostenida en políticas agropecuarias y de tierras que cumplan el objetivo, reitero, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, la posibilidad de la residencia, pensando en la producción familiar y en la pequeña producción –que siempre requieren políticas diferenciales para que sean sustentables–, vamos a reivindicar nuevamente, como Frente Amplio, que estos dos artículos deberían ser desglosados y tratados con mayor profundidad para encontrar consensos sociales y políticos, que parecieran existir en una mirada a largo plazo.\nSEÑOR CAMY.- Debo confesar que este es el tema en el que más me cuesta cumplir el compromiso que todos asumimos en el sentido de no debatir en profundidad en esta instancia y hacerlo, sí, en el plenario. ¿Por qué? Porque para mí es un tema de enorme importancia y trascendencia.\nCreo que todos coincidiremos –algunos partidos porque tienen una vinculación muy fuerte con la Ley n.º 11029 y otros porque tenemos la convicción en ese sentido– en que incluso antes de 1948, con lo que fue aquel congreso que hizo la Comisión Nacional de Fomento Rural en el teatro Larrañaga de Paysandú, en 1945, y aún antes, en la ciudad de Minas, se comenzó a pergeñar una concepción sobre el tema de la tierra en Uruguay. No vacilo en afirmar y reafirmar que ello permitió que este país, como ningún otro de la región, pudiera procesar sin estridencia una reforma agraria. Se hizo en el marco de una realidad muy distinta a la de hoy, lo que hay que tener muy claro. Y esa ley constituye una pieza de enorme valor legislativo, tal vez, la de más alto valor en el país.\nCuando habla de residencia y otras veces de radicación, cuando se analiza el artículo 61 en su profundidad o los dos primeros artículos de la ley, se advierte que hay conceptos mucho más profundos que los que manejamos a veces, sin intención, con cierta ligereza. No tengo dudas, me animo a decir que todos tenemos una misma concepción de la trascendencia e importancia del tema –ni hablar–, así como de la necesidad de potenciar, preservar e impulsar a la luz de la nueva demanda y realidad mundial y nacional que se vive en el siglo XXI, el Instituto Nacional de Colonización. No tengo dudas de ello.\nDel tema de la tierra hay que hablar –y así lo haré en el plenario, estamos totalmente de acuerdo–, de la Ley n.º 11029 y las leyes modificativas –de la que yo fui redactor y que fue votada por unanimidad en el Senado–, de la ley de repoblamiento de la campaña y de las modificaciones que tuvo después en la Cámara de Representantes que generaron, a su vez, una nueva modificación, con acuerdos políticos de los cuales fuimos protagonistas. Es un tema muy profundo y que debe ser analizado, efectivamente, en el plenario.\nAhora bien, con mucho respeto, me parece que este artículo se está evaluando en el marco de consideraciones que no tienen que ver con lo que él establece. Concretamente, en el artículo 353 que figura en la hoja 288 se agregan las promesas en venta; las suma a las enajenaciones de la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, que es de 1923, que tiene el antecedente de 1903 y que –como también hablaremos en el plenario– tiene antecedentes institucionales en la segunda mitad del siglo XIX. Y hoy tiene nombre propio, para los que conocen de verdad el interior del país y les importa esto. Es hablar de la Colonia San Javier –en las proximidades de San Javier, departamento de Río Negro–, que es de 1913, o de Santa Kilda y Santa Blanca, en las orillas del Chapicuy en Paysandú, que sé que hay gente que conoce estas zonas. Es hablar de la migración alemana, de la Colonia Kennedy o de la Colonia Gartental en las proximidades de Young, de las colonias privadas también alemanas y helvéticas de la primera colonización del suroeste del Uruguay. ¡Es un tema bien importante!\nEntonces, lo que no voy a aceptar –y lo digo con profundo respeto– es que se diga que esto es contra colonización. Advierto que no lo voy a aceptar porque no es contra colonización. ¡Esto no es contra el Instituto Nacional de Colonización! Esto es una modificación legal de un organismo, que tanto no perjudica al INC, que el instituto, en el proceso desde el 12 de enero de 1948 cuando se sancionó la Ley n.° 11029 hasta hoy, ha tenido tres grandes olas de inversión en tierra, de crecimiento de tierra, de capitalización del organismo, de poner en manos estatales y de ese organismo más tierra y capital para que sea más activo. Uno de esos ha sido el amparo de normas que hemos votado muchos y se han sancionado en los gobiernos de los últimos tres períodos del Frente Amplio. Como ocurrió anteriormente en el gobierno del presidente de Pacheco Areco y como ocurrió en el proceso fundacional. Es muy interesante leer las versiones taquigráficas porque seguramente sea una de las piezas legislativas, en materia de discusión de una ley, más profundas e importantes.\nEn Uruguay nacieron grandes e importantes estancias de mucha población que trabajaba esa tierra que no era de su propiedad y ahí empieza la explicación de por qué a veces se separa, en la propia ley, residencia de radicación, que es muy diferente a lo de hoy. Me parece que en algunas opiniones que se vierten –no en todas–, se habla –no quiero adjetivar hoy, pero lo voy a hacer en el plenario– con liviandad cuando se dice que esto perjudica al Instituto Nacional de Colonización.\nEl Instituto Nacional de Colonización está mucho más capitalizado. Miren: dejé de ser vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización en el año 2004. Cuando me fui había –permítanme apelar a mi memoria, puedo errar– 193 colonias, hoy hay muchas más. Creo que había 5100 colonos, hoy hay casi 7000. Las 16.000 hectáreas que, creo, había en 12 campos de recría, hoy son muchas más. Esto no va a afectar negativamente en nada al Instituto Nacional de Colonización.\n¿Cómo afectará esto, en todo caso? Va a consolidar la seguridad jurídica en el Uruguay y va a afectar a propietarios, y tal vez a algún promitente comprador, a los que les vamos a asegurar la validez y la titularidad de lo suyo, que viene de antes de 1948. ¡Prueba de esto es que hay sentencias de inconstitucionalidad! Entonces, francamente, en todo caso esto es dar certezas e incorporar a propietarios, más allá de los que no han cumplido antes de 1948 –puede haber algún caso–, es darles certeza de que compraron lo que hicieron, sin estar al amparo de un sistema que no existía antes de 1948 cuando ellos adquirieron la propiedad de la tierra.\nTambién tenemos que hablar de la tierra. Hay otro artículo que vamos a tener que desglosar –veremos– que también tiene que ver con la tierra, con la tenencia de la tierra y la explotación agropecuaria. En Uruguay, desde 1967 cuando se sancionó la Ley n.° 13608, después se modificó en el gobierno del doctor Batlle en 1999 y se sancionó la Ley n.° 17124 y, luego, en el gobierno del presidente Mujica se sancionó la Ley n.° 18092, fue variando una concepción que hay que discutir en profundidad porque, ¡para eso es el Parlamento! Esa es mi impresión. ¡Ahí hay cambios y concepciones que seguramente van a ser distintos! También tenemos sancionada –y tenemos que reconocerlo– posteriormente a la ley de 2007 que está vigente, la Ley n.° 19484, que la conoce muy bien el señor senador Bergara. Es la ley que registra en el Banco Central del Uruguay e identifica la titularidad de los tenedores de tierra hasta el último, más allá de las personas jurídicas propietarias.\nEntonces, estamos en un tiempo histórico en el que las definiciones legales que tomemos en torno al tema de la tierra –que a veces es un titular que los políticos manejamos con amplitud– van a depender de definiciones que deben estar ajustadas a estos tiempos.\nMi estimado amigo, el señor senador Carrera, recién hablaba de la unidad de compras que se había planteado en el gobierno del presidente Lacalle Herrera, señalando que la veía como algo bueno pero tal vez desajustado a los tiempos y que debíamos tener el desafío de analizar en los tiempos nuevos.\nSi hay algo que tenemos que analizar a la luz de los nuevos tiempos es el tema de la tierra, de su tenencia, de su propiedad, y de todas esas definiciones que hoy no tienen la misma concepción que en el siglo pasado.\nPor lo tanto, el tema del artículo 353 lo vamos a discutir en el plenario con mucha convicción. Esto da certeza jurídica, corrige en la misma dirección de las inconstitucionalidades –todas han sido a favor de esta línea– y no tiene absolutamente nada que ver –y lo vamos a debatir– con debilitar al Instituto Nacional de Colonización; insisto, no tiene absolutamente nada que ver.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Voy a formular una pregunta. El Instituto Nacional de Colonización, una vez que esto se apruebe ¿va a tener más, o menos tierras? Lo concreto es eso: va a tener menos tierra. Para mí –será chiquito o será que ahora tiene mucha tierra–, de alguna forma lo va a debilitar. Así lo creo yo; capaz que no es así.\nSEÑOR CAMY.- El Instituto Nacional de Colonización no es propietario de ninguna de estas tierras afectadas.\nSEÑOR BOTANA.- Creo que el Frente Amplio quiere comprender estos artículos porque no quiere debilitar al instituto y, seguramente, tampoco que todos los colonos que hoy están esperando para acceder a un crédito del Banco de la República, para poder trabajar, sigan en esta situación de indefinición, ya que para poder pedir el crédito tienen que pedir autorización al directorio del banco, que demora varios meses.\nEn el artículo siguiente se da una situación similar que es bueno que la discutamos con serenidad para tratar de entendernos entre todos. Por lo tanto, vamos a pedir el desglose de los artículos para ver si podemos mantener una política de Estado en este sentido.\nConcretamente, solicito el desglose de los artículos 353 y 353 bis.\nSEÑOR PRESIDENTE.- A solicitud del señor senador Botana quedan desglosados los artículos 353 y 353 bis, del capítulo «Instituto Nacional de Colonización».\nSEÑOR BONOMI.- Si bien ya fue desglosado, quiero hacer algunas consideraciones en el entendido de que antes ya se dieron opiniones.\nMe voy a referir al artículo 353, que es lo que se está debatiendo.\nCreo que en esta norma se desafectan tierras –algunas, como se dijo, de hace muchísimo tiempo–, pero se saca del régimen de colonización a gente que accedió a esa tierra con determinados criterios y beneficios, y luego quedan como propietarios individuales que pueden hacer con la tierra lo que quieran. Entonces, puede ser que no afecte al instituto, pero sí a sus objetivos, que es el poblamiento de la campaña.\nEn distintas ocasiones, varias veces, diferentes senadores han hablado de la extranjerización de la tierra y han acusado al Gobierno anterior de favorecer esa extranjerización. De alguna manera, la extranjerización se ha dado por distintas causas como la concentración económica en determinados procesos y no por la voluntad del Gobierno. Ahora bien, liberar productores –que accedieron a la tierra con determinados criterios y beneficios– a que puedan hacer lo que quieran con sus tierras, de alguna manera es favorecer esa extranjerización. Ese es el elemento central del artículo 353, y no si habitan o no la tierra; eso viene después. Nosotros también contradecimos eso. Aunque creo que, luego del debate, hubo alguna respuesta en este sentido. Sin embargo, en este artículo no hubo respuesta.\nNosotros estamos dispuestos a votar en contra de este artículo; veremos qué pasa con el desglose. Anuncio también que estamos dispuestos a discutir, fuera de la LUC, cualquier iniciativa que vaya contra la extranjerización y consolidación de la tierra en nuestro país. Reitero el anuncio de que estamos dispuestos a discutir el tema, pero este artículo lo vamos a votar en contra.\nSEÑOR DOMENECH.- En reiteradas ocasiones hemos declarado que estamos absolutamente consustanciados con los pequeños productores rurales.\nEstas tierras a las que alude la Ley n.º 18756 no fueron enajenadas en el régimen de colonización, sino que estaban a libre disposición de las personas que las adquirieron. Es cierto que la adquisición se hizo por un régimen especial, pero no estaban incluidas en el régimen de colonización. Y la Suprema Corte de Justicia ha declarado reiteradamente –como lo dijo el señor senador Camy– que esta ley es inconstitucional, porque es una norma retroactiva que afecta las posibilidades de pequeños productores rurales, que ahora se ven apretados en una pinza, porque le hemos permitido a dueños de grandes extensiones vender tierras a multinacionales; de esta manera, ponemos en una situación de desventaja a estos pequeños productores que, a veces por razones de edad, deben desprenderse de la tierra, y prácticamente la tienen que regalar, dado que nadie quiere comprar algo que esté bajo el régimen de colonización.\nLe concedo una interrupción al señor senador Carrera.\nSEÑOR CARRERA.- Quiero dejar la siguiente constancia.\nTengo en mi poder un conjunto de sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema y no veo una posición firme, sino que hay discordias. No es un tema en que haya unanimidad de los cinco ministros del organismo; hay miradas diferentes al respecto. Por eso nos parece bien la propuesta del señor senador Botana, en el sentido de que esto sea desglosado.\nEn cuanto a lo propuesto por el señor senador Camy, entiendo que esto habría que mirarlo en un proyecto de ley aparte; es decir, si nos proponemos actualizar la Ley del Instituto Nacional de Colonización, estamos de acuerdo, ¡ese es el camino!\nQuiero dejar sentado que se van a desafectar entre 92.000 y 122.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización y ello tendrá un impacto muy grande. Hay que tener plena conciencia de lo que estamos haciendo.\nSEÑOR DOMENECH.- Quiero decir que votaré con la más absoluta tranquilidad. Estoy dispuesto a conversar sobre este artículo y el siguiente –que, como viene, tenemos alguna discrepancia– y apoyar el desglose.\nSEÑOR CAMY.- Brevemente, porque el compromiso es no polemizar aquí.\nEn referencia a lo que expresado por el señor senador Bonomi, creo concordar con él sobre la visión del instituto, en el sentido de defenderlo y preservarlo; no tengo dudas en afirmarlo. Seguramente tenemos –o no– diferencias en cuanto a si la situación ideal de tenencia, dentro del amparo y la afectación de la Ley n.º 11029, es el régimen de propiedad o de arrendamiento del Estado, pero en cuanto a la defensa del organismo y a la afectación de tierras, establecida en dicha ley, yo estoy de acuerdo y lo voy a defender. Lo quiero dejar planteado, porque seguramente pueda ser lo que se dé en la discusión futura y haya algunos librepensadores enancados en la defensa de la libertad que quieran llevarse por delante la Ley n.º 11029. ¡Yo no estoy en eso! El tema aquí es distinto. Es verdad que una parcela se puede desafectar de la ley por disposición de cuatro votos en cinco del directorio del Instituto Nacional de Colonización, o una colonia entera por cinco votos en cinco, pero acá no está hablando de desafectar de colonización cosas que sean de colonización. Si leemos el artículo 5, se podrá apreciar que no figura el instituto, pues dice: «las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay». Es decir que la enajenación o la promesa en venta no la hizo el Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué? Porque no existía el instituto; esto fue antes de la creación del Instituto Nacional de Colonización. Cuando nació se incorporó lo que venía de ahí, y sí supone un vínculo; pero la tenencia, el compromiso y el vínculo jurídico del tenedor con ese bien no fue con el instituto de colonización porque, repito, no existía.\nMe parece que ese es el concepto y por eso lo quiero reafirmar: siempre van a encontrar –por lo menos con quien habla, no tengan dudas– coincidencias en la defensa de colonización –¡siempre!– y de la ley, como seguramente en la reforma que debemos hacer, aunque tal vez tengamos ese es tipo de diferencias.\nRecuerdo con mucho cariño las largas charlas que tuve con el exsenador Agazzi, con quien no siempre estuve de acuerdo, sobre todo en la posición filosófica respecto a la tenencia de la tierra por parte de privados. Los dos somos defensores del organismo. ¡Por algo la ley de Repoblamiento de la Campaña se votó por unanimidad!, independientemente de las posteriores modificaciones que tuvo.\n¡¿Y por qué hoy el instituto de colonización compró más tierras?! ¿Por qué hoy el Frente Amplio puede decir –sería muy simple decirlo así, pero es cierto que sucedió su gobierno– que durante su mandato se acrecentó el capital de tierras en colonización? ¡Porque el ITP –que lo propusimos nosotros– a la intervención en la compra-venta de campos de tierra pasó de rentas generales a colonización! ¡Después, se cambió y el ejecutivo le dio el ficto, el equivalente a lo que generaba el ITP! Entonces, hoy colonización recibe más plata en forma directa. ¡Capaz que esto, dentro de poco, se cuestiona! ¡Aviso a los navegantes! ¡Y ahí sí vamos a ver quién defiende a colonización y quién no! Pero, ¿esto? ¡Esto no es contra colonización! ¡Y no es contra colonización! Insisto: ¡esto no es contra colonización! ¡Y lo vamos a defender con esa convicción, respetando al que piensa distinto! ¡Pero no es contra colonización!\nSEÑOR ANDRADE.- Entiendo el enfoque del señor senador Camy, pero creo que no comprende nuestra preocupación.\nLo que decimos es que parece existir un consenso político importante en profundizar las políticas diferenciales que atienden a la producción familiar. La producción familiar no llega al millón y medio de hectáreas de los dieciséis millones. Hay una discusión acerca de que las medidas que estamos tomando pueden abarcar –prima facie del estudio que hacen las actuales autoridades de colonización– setenta mil hectáreas, y hay valoraciones que pueden abarcar ciento veinte mil hectáreas.\nAun en la hipótesis de que el resultado final sea la desafectación, generar la desafectación sin crear al mismo tiempo un conjunto de políticas que prevean qué va a pasar con esas tierras si se vuelcan al mercado, sin considerar los instrumentos que permitan profundizar esta primera definición política en la que parece que hay consenso, en apoyar una estrategia que tenga como centro la producción familiar, profundizando las políticas diferenciales y fortaleciendo al instituto de colonización como instrumento privilegiado –aquí estuvieron representantes de la producción familiar que se manifestaron fuertemente en esa dirección– nos parece que no es correcto.\nEn principio, comparto el planteo del señor senador Botana de discutir el tema aparte. En definitiva para tomar una decisión pensando en que no va a afectar directamente, cuando en teoría todos estamos en contra –no adjudico intencionalidades a priori– de que la tendencia sea la mayor concentración y la extranjerización, deberíamos darnos un tiempo, y desglosar este artículo y el que viene para discutirlos. A la vez damos señales de fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que tenemos y de la institucionalidad para potenciar que el resultado no sea la mayor concentración de la tierra. Esa es nuestra posición y queremos dejarla expresada.\nSi no lo hacemos, nuestra pregunta es: ¡¿a dónde van a ir a parar las tierras que estamos desafectando del régimen de colonización?! ¡¿Cuál es el resultado más probable?! El resultado será que empeore una situación que ya es compleja. Hoy lo alertamos. Y que después cuando discutamos, lo hagamos en una situación peor que la que tenemos ahora, aunque el resultado sea el de la desafectación. Creo que si consideramos el tema ahora y solo, el resultado será contrario a los propósitos que decimos defender.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Quedan desglosados los artículos 353 y 353/1 en las hojas 288 y 289.\nIngresamos en el tratamiento del capítulo «Fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes».\nSe pasa a considerar el artículo 354, que figura en la hoja 290.\nSe pasa a considerar el artículo 355, que figura en la hoja 402.\nSEÑOR BOTANA.- Solicito desglosar el numeral 6).\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se desglosa el numeral 6) del artículo 355, que figura en la hoja 402.\nSEÑOR CARRERA.- Ya que el señor senador Botana solicitó un desglose, manifiesto que estamos preocupados porque se elimina algo que antes estaba en el numeral 3) del artículo 3.º de la vieja ley de creación del INAC, que decía: «La autorización previa y la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables para habilitar la exportación».\nSEÑOR PEÑA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador Carrera?\nEso fue recuperado y figura en el numeral 4) del artículo 355 que estamos analizando. Aparece allí en el último inciso que la autorización previa a la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables para habilitar la exportación.\nSEÑOR CARRERA.- Muchas gracias al señor senador Peña, porque para nosotros ese era un tema muy importante. Nos quedamos tranquilos y gustosos.\nTambién nos preocupa que en el artículo que nos pasaron se elimina el viejo numeral 10) que dice: «La adopción de las previsiones necesarias para asegurar la satisfacción de las necesidades del consumo en períodos de baja oferta, como así también cuando fuere necesario para mantener el abasto, realizar faenas utilizando la o las plantas que mejores condiciones ofrecieren». Estamos preocupados porque eso estaba en la versión que vino y ahora se elimina.\nPara tener tranquilidad –porque, además, estamos para acompañar los demás artículos–, solicitamos que se desglose todo el 355. Así podremos ver y sacarnos las preocupaciones que tenemos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado todo el artículo 355, que figura en la hoja 402.\nSe pasa a considerar el artículo 356, que figura en la hoja 291.\nSEÑOR CARRERA.- Proponemos votar en bloque desde el artículo 356 hasta el 365.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 356, que figura en la hoja 291; el artículo 357, que figura en la hoja 292; el artículo 358, que figura en la hoja 293; el artículo 359, que figura en la hoja 294; el artículo 360, que figura en la hoja 295; el artículo 361, que figura en la hoja 296; el artículo 362, que figura en la hoja 297; el artículo 363, que figura en la hoja 298; el artículo 364, que figura en la hoja 299, y el artículo 365, que figura en la hoja 300.\nSEÑOR BOTANA.- Hay que desglosar el artículo 362, que figura en la hoja 297, en función del desglose del numeral 6).\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar en bloque los artículos que mencioné, sin el artículo 362, que figura en la hoja 297, que queda desglosado, al igual que el artículo 355, de la hoja 402.\nSe pasa a considerar el artículo 366, que figura en la hoja 301.\nSEÑOR CARRERA.- Según el artículo 366, se estaría derogando la Ley n.° 15838, que refiere a la competencia del INAC en relación con las carnicerías, y en el artículo 365 votamos una nueva redacción que hace mención a esta norma que ahora estaríamos derogando. Quiere decir que no podemos derogar esa ley; hay que suprimirlo o votarlo negativamente.\nSEÑOR BOTANA.- Propongo reconsiderar el artículo 365 y desglosarlo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 365.\nQueda desglosado el artículo 365, contenido en la hoja 300.\nSEÑOR CARRERA.- Señor presidente: tendríamos que desglosar también el artículo 366.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 366, contenido en la hoja 301.\nPasamos al capítulo iii, «De la titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias».\nEn consideración el artículo 367, que no tiene hoja sustitutiva.\nSe está solicitando el desglose de los artículos 367 y 368; por tanto, quedan desglosados.\nSe pasa al capítulo iv, «Modificaciones al Código Rural».\nEn consideración el artículo 369, hoja sustitutiva 302.\nSe ingresa al capítulo v, «Creación del Instituto Nacional de la Granja».\nEn consideración el artículo 370, hoja sustitutiva 303.\nSEÑOR PEÑA.- Aquí debe decir solamente «Créase, como persona de derecho público no estatal, el Instituto Nacional de la Granja»; el resto fue un error.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Quiere decir que del artículo 370, contenido en la hoja 303, solamente quedaría el siguiente texto: «Créase, como persona de derecho público no estatal, el Instituto Nacional de la Granja».\nSEÑOR CARRERA.- ¿Se va a acompañar el artículo 371? Cuando discutimos en comisión la creación del Instituto Nacional de la Granja dijimos que esa era una necesidad del sector, y el señor senador Peña propuso que se creara y quedara en suspenso hasta la próxima ley de presupuesto a los efectos de que se pudiera trabajar con las diferentes organizaciones sociales.\nNosotros estamos en condiciones de votar, si los artículos 370 y 371 van juntos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Van juntos.\nSEÑOR CARRERA.- En ese caso, vamos a acompañarlos.\nSEÑOR PEÑA.- Quisiera hacer una aclaración con respecto al artículo 370, que comienza: «Sustitúyese el artículo 8 de la Ley N° 16.105, de 23 de enero de 1990, y sus modificativas, el que quedará redactado de la siguiente forma:». Ese artículo 8 crea la Junta Nacional de la Granja. Esto se pensó en oportunidad de la creación del instituto, pero hoy no estamos creando nada; le estamos dando al ministerio un plazo para que envíe un proyecto de ley.\nEntonces, si lo votamos tal cual vino, estaríamos dejando sin institucionalidad a la granja porque estamos derogando a la Junta Nacional de la Granja. El punto es no derogarla, así la institucionalidad se mantiene como está, hasta que tengamos la nueva. Ese es el único cambio, lo demás es lo que se había acordado.\nSEÑOR CARRERA.- El Frente Amplio va a acompañar los sustitutivos de las hojas 303 y 304. Y proponemos votarlos en conjunto, con esa observación.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 370, hoja 303, en la redacción leída por la presidencia.\nSe va a votar el artículo 371, en la redacción de la hoja 304.\nSEÑOR MAHÍA.- Simplemente para celebrar la decisión política que ha anunciado el señor senador Peña. Como el señor presidente y los colegas comprenderán, dadas las características del departamento que tenemos el privilegio de representar, para nosotros este es un tema de alta sensibilidad. Cuando concurrieron las autoridades del ministerio planteamos que era de especial interés tener un proceso un poco más largo de consideración de estos temas y tomar en cuenta la opinión que generan los actores sociales –que, por suerte, son muchos y tienen una opinión técnica y social muy importante– en un entramado en el que es determinante la producción del departamento en sí y para el país en su conjunto.\nLo digo simplemente a modo de constancia, puesto que sobre estos temas y en esta sección en particular no vamos a hacer uso de la palabra porque vamos a reservar la opinión para el plenario de la semana próxima.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a los senadores del frente Amplio si estamos en condiciones de hacer algún bloque con respecto a la creación del Instituto Nacional de la Granja. Ya se votaron los artículos 370 y 371, le siguen el 372 al 379.\n–Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 372 a 379.\nIngresamos al capítulo v, «Creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal».\nSEÑOR BERGARA.- En general, estamos de acuerdo –obviamente– con la creación de este instituto por toda la temática que implica. Creemos que es un avance que apunta a una mayor sensibilización de toda la sociedad en este tema.\nHabíamos manifestado en sala nuestras dudas con respecto a que el ministerio de referencia de este órgano fuera el de Ganadería, Agricultura y Pesca; nos daba la sensación de que, si bien podía estar en la órbita de diversas carteras –la de Ganadería, Agricultura y Pesca; la nueva de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la de Educación y Cultura–, definir cuál de ellas debería ser referente, pondría énfasis en alguno de los aspectos que tiene esta problemática. Según nuestra visión, que estuviera bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ponía el foco en uno de los puntos –que quizás sea importante pero no el principal– relativo a las jaurías y, obviamente, a la matanza de animales en el sector agropecuario. Por supuesto que este tema es muy importante, pero nos generaba la duda acerca de si poner el énfasis en esta definición no soslayaba otros aspectos también relevantes del bienestar animal.\nEntonces, estaríamos proponiendo en la hoja 430 una alternativa, que sería la creación de este instituto pero en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.\nSEÑOR BOTANA.- Creo que el artículo que vamos a votar es fundamental porque da al instituto la jerarquía de órgano desconcentrado, en este caso, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, entre los organismos que lo componen, suma a los profesionales veterinarios. También mejora los niveles de coordinación y elimina algunas obligaciones con bastante costo y nulo resultado que, además, son persecutorias de la gente responsable y liberatorias de la irresponsable; organiza el registro de animales de compañía, habilita la tarea de control del equilibrio de las poblaciones a través de la habilitación de las castraciones y también genera la coordinación con los refugios. Obviamente, además, toma algunas precauciones, como eliminar la posibilidad de contratar personal por sí y ante sí, y para salvar el riesgo que señaló el señor senador Bergara de la acción de las jaurías o de algunos animales que pudieran ser peligrosos porque atacan a las personas –lamentablemente hay varios casos–, agrega la posibilidad de confiscar esos animales. Después, hay algunas correcciones de texto en algunos aspectos risueños –diría– de la normativa vigente.\nCreemos que estamos ante un articulado inteligente y adecuado. Si bien estamos de acuerdo con que debemos votarlo, no cae en saco roto la inquietud planteada por el señor senador Bergara; en lo personal, comparto esa duda. Es más, tengo la convicción de que debería estar en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que no podemos posponer esa votación ni dejar de incluirlo en algún organismo, por lo que significa la creación en cuanto a la mejora del tratamiento de este tema. El camino va a ser de provecho para el país pero, lamentablemente, no tenemos tiempo para zanjar ese debate, que seguro daremos en breve porque compartimos la inquietud y creemos que es en ese otro ámbito que debería estar.\nDe todas maneras, es importante la creación del instituto –sea donde fuere– y próximamente –insisto– daremos ese debate para ajustar su funcionamiento y definir el lugar donde debe estar.\nSEÑOR BERGARA.- Habiendo comprendido el punto, aclaro que no planteamos este tema como un asunto de principios, sino que entendíamos que podía estar en diversos lugares institucionales. Creo que esta intervención abre el espacio a que este tema pueda replantearse en un futuro cercano y nos parece importante la creación del instituto.\nPor lo tanto, por más que tengamos esa prevención, vamos a acompañar los artículos 380 y 381, que proponemos se voten en bloque.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 380 y el 381, contenidos en la hojas sustitutivas 305 y 306.\nEn consideración el artículo 382, contenido en dos hojas sustitutivas, la 307 y la 431, que incorpora un literal H).\nSEÑOR BERGARA.- En general, estamos de acuerdo con lo planteado en el artículo 382, pero nos parece importante no abandonar una parte de la redacción que está vigente, que refiere a la aplicación de los medios no eutanásicos. Esto, en la redacción propuesta, se estaría erradicando.\nBásicamente, planteamos como texto sustitutivo mantener lo que establecía la redacción del literal I) de la ley vigente, que pasaría a ser literal H): «Disponer y ejecutar, cuando a su juicio correspondieren, las acciones conducentes a la limitación de la reproducción de los animales de compañía, procediendo para tal fin a su esterilización, a la aplicación de otros medios no eutanásicos –aquí vendría la redacción agregada– o a la realización de campañas de adopción de animales abandonados por parte de tenedores responsables». Obviamente, hay que dejar lo que decía la ley vigente: «Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3) del literal B) del artículo 12 de esta ley». Esto quiere decir, básicamente, que es sin perjuicio de recurrir a matar animales cuando presentan amenaza o peligro para las personas o para otros animales. Creo que esto salva un poco la circunstancia de la que hablábamos hoy, por ejemplo, de las jaurías que atacan animales en el sector rural, ya que incorpora la posibilidad de aplicar otros métodos no eutanásicos, que en la versión propuesta por el Gobierno no estaría contemplada.\nPor lo tanto, proponemos que en el literal H) se tome en consideración la redacción planteada en la hoja 431.\nSEÑOR ANDRADE.- Creo que la redacción que se encontró para el literal H) es un tanto confusa porque al comienzo se refiere a las acciones conducentes a la limitación, y después, a un solo numeral del literal B). Lo primero que uno podría preguntarse es por qué no refiere a todos los numerales del literal B) de la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, que evidentemente son de claro sentido común. Si uno mira ese literal B) ve, por ejemplo, que el numeral 1) habla de las actividades productivas; el numeral 2), de poner fin al sufrimiento, y el numeral 4), de evitar o paliar situaciones epidémicas. O sea, todo esto refiere solo al tema de las jaurías. Como decía recién el señor senador Bergara, la redacción anterior no solo incorporaba la doble condición, sino que refería a todos los numerales que estaban en la ley, y era mucho más precisa porque colocaba un concepto que creo que nosotros queremos defender: la no aplicación de métodos no eutanásicos.\nEn este caso, creo que lo que el artículo genera es una enorme confusión, porque abandona el método no eutanásico, pero después no refiere a todos los numerales que estaban en el literal B) del artículo 12 de la ley anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda vigente cuando se habla de acciones conducentes a la limitación de la reproducción de animales? Creo que claramente el aditivo que presentamos es mucho más preciso.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador Peña, vamos a encomendarle a usted la consulta pertinente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la propuesta realizada por los senadores del Frente Amplio.\nDe manera que el artículo 382 que figura en la hoja 307 y la hoja 431, que refiere al literal H) del mismo artículo, quedan desglosados.\nSEÑOR BERGARA.- Proponemos que se voten en bloque los artículos 383 a 386 y 388 a 396.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 383 en la redacción dada por la hoja 308; el artículo 384 en la redacción de la hoja 309; el artículo 385 en la redacción de la hoja 310; el artículo 386 en la redacción de la hoja 311; el artículo 388 en la redacción de la hoja 313; el artículo 389 en la redacción de la hoja 314; el artículo 390 en la redacción de la hoja 315; el artículo 391 en la redacción dada por la hoja 316; el artículo 392 en la redacción de la hoja 317; el artículo 393 en la redacción dada por la hoja 318; el artículo 394 en la redacción de la hoja 319; el artículo 395 en la redacción de la hoja 320, y el artículo 396 en la redacción de la hoja 321.\nEn consideración el artículo 387 en la redacción de la hoja 312.\nSEÑOR BERGARA.- Nosotros estamos afines a acompañar este artículo, pero habíamos hecho en su momento una consideración y nos gustaría reiterarla. Estamos seguros de que es una propuesta que va a poder ser acompañada.\nEn los literales A) a D) se realiza una enumeración de personas físicas y jurídicas y luego con respecto a esas personas físicas y jurídicas se faculta al Poder Ejecutivo a crear una tasa de habilitación de servicios animales. Nos parece bien la creación de esa tasa, pero nos gustaría que no incluyera a los refugios o albergues para animales. Creemos que, más allá de que no es una cuestión de gran magnitud ni nada por el estilo, es bueno dar una señal clara a todos aquellos que trabajan de manera tan intensa, honorariamente, desinteresadamente, en materia de refugios y albergues para animales. Por más, reitero, que la tasa no sea tan onerosa, es una cuestión de dar una señal de apoyo para ese tipo de actividades.\nDe manera que propongo un cambio: que en el inciso que faculta al Poder Ejecutivo a crear la tasa, se haga referencia a las personas físicas o jurídicas mencionadas en los literales B), C) y D) de este artículo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Nosotros estamos de acuerdo. La única constancia que quiero dejar es que hay una diferencia también entre refugios y albergues. Hay albergues que son rentados para que, por ejemplo, las personas puedan dejar su animal cuando se van de viaje.\nSEÑOR BERGARA.- Podríamos separarlos en dos literales.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Otra posibilidad es eliminar la palabra refugio.\nSEÑOR BERGARA.- No, porque está bien que se inscriban. La idea es no incluirlos en la tasa.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, el literal A) diría «Refugios»; el literal B), «Albergues para animales»; el literal C), «Criaderos de Animales»; el literal D), «Servicios de paseadores o adiestradores de animales», y el literal E), «Empresas dedicadas a la fabricación o comercialización de alimentos ...», etcétera.\nY más adelante el artículo diría: «El cobro de la tasa y la aplicación y cobro de las multas se hará por intermedio [...] en los literales B), C), D) y E)».\nSi no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 312 con las modificaciones que acaban de hacerse en sala.\nSEÑOR PEÑA.- Estamos en condiciones de votar el artículo 382 con la redacción de la hoja 307, sustituyendo el literal H) por el propuesto por el Frente Amplio.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 382 con la redacción dada por la hoja 307, excluyendo el literal H) que allí figura e incorporando el literal H) presentado en la hoja 431.\nLa Mesa consulta –dado que hay algunos senadores que se encuentran en una reunión–, si hay posibilidades de votar lo relativo a la Agencia Reguladora de Compras Estatales porque se me informa que se llegó a un acuerdo que era lo que reclamaba el Frente Amplio para acompañar la propuesta.\nSEÑORA ASIAÍN.- Justamente iba a plantear eso. He de advertir que fue propuesto por el senador Bergara, en representación de su bancada, pero el acuerdo también ha incluido al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, con quienes estuvimos reunidos.\nSi les parece, propongo lo que acordamos que sería suprimir el segundo inciso del artículo 320, relativo a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que figura en la hoja 270.\nSeñor presidente: ¿quiere que comente las modificaciones para que los artículos se voten en bloque o prefiere tratarlos de a uno?\nSEÑOR PRESIDENTE.- ¿Las modificaciones se refieren solamente al artículo 320 o hay más en otros artículos?\nSEÑORA ASIAÍN.- No; son varias porque el capítulo tenía cierta lógica.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Entonces trataríamos artículo por artículo.\nEn consideración el artículo 320 que figura en las hojas 270 y 438.\nSEÑORA ASIAÍN.- Lo que se propone es votar el artículo 320 de la hoja 270 eliminando el segundo inciso que comienza diciendo: «Suprímese la Unidad Central de Adquisiciones».\nSEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, votaríamos el artículo 320 tal como está redactado en la hoja 270, el que terminaría con la expresión: «Presidencia de la República».\nEn consideración el artículo 321 tal como está en el texto original.\nSEÑORA ASIAÍN.- El Tribunal de Cuentas realizó una observación a este artículo. Tengo aquí el texto propuesto; lo podría decir in voce.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Léalo y después lo acerca a la Mesa.\nSEÑORA ASIAÍN.- El numeral 11) del artículo original dice: «Imponer las sanciones». El Tribunal de Cuentas estima que es necesario aclarar la gradación y hacer referencia a las sanciones aplicables. Entonces, propone el siguiente agregado: «Imponer las sanciones de advertencia, multa económica, ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato y suspensión ante incumplimiento de proveedores». Después, continúa tal como está.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 322 con las incorporaciones sugeridas por el Tribunal de Cuentas, que han sido leídas por la señora senadora Asiaín.\nEn consideración el artículo 323 del proyecto de ley original.\nSe van a votar en bloque los artículos 324 y 325 de la hoja sustitutiva 271; 326 del documento original; 327 de la hoja sustitutiva 272, y 328 del documento original.\nEn consideración el artículo 329 de la hoja 273.\nSEÑORA ASIAÍN.- Lo votaríamos de forma negativa para ser coherentes con lo anterior.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 329 que tiene un sustitutivo que figura en la hoja 273.\n–0 en 11. Negativa.\nEn consideración el artículo 330, que tiene un sustitutivo en la hoja 274.\nSEÑORA ASIAÍN.- Para que este artículo tenga armonía con el resto del articulado, habría que suprimir algunas cosas.\nPara que quede más claro lo leería. El artículo dice: «(Recursos humanos). Los funcionarios públicos que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren prestando funciones en la "Unidad Centralizada de Adquisiciones” del Ministerio de Economía y Finanzas y aquellos que se encuentren prestando funciones en…», y debería decir: «(Recursos humanos). Los funcionarios públicos que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren prestando funciones en la "Agencia de Compras y Contrataciones del Estado" de Presidencia de la República pasarán a desempeñar sus tareas en la Agencia Reguladora de Compras Estatales». Luego hay que hacerle unas pequeñas modificaciones al inciso segundo que diría: «La transformación en Agencia Reguladora de Compras Estatales operada por la presente ley no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de la entidad estatal que se transforma o mediante los procedimientos…» y continúa sin modificaciones hasta el final.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 330 con las modificaciones realizadas recientemente in voce por la señora senadora Asiaín.\n¿Este artículo no tiene modificaciones?\nSEÑORA ASIAÍN.- Sí, tiene modificaciones. Habría que eliminar la referencia a la Unidad Centralizada de Adquisiciones. Entonces diría: «A partir de la vigencia de la presente ley todas las referencias normativas a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, se entenderán realizadas a la Agencia Reguladora de Compras Estatales» y se eliminaría: «y de la Unidad Centralizada de Adquisiciones».\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 331 con las modificaciones realizadas por la señora senadora Asiaín.\n–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIAD.\nQueda aprobado el capítulo referido a la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.\nSEÑOR BERGARA.- Quiero reconocer, en este intercambio de opiniones, la apertura y la disposición que tuvieron el Poder Ejecutivo y la coalición de Gobierno para tomar los planteamientos hechos por nuestra bancada que entendía que era dificultoso no mantener una unidad ejecutiva de compras que tuviera la chance de ser controlada parlamentariamente a través del llamado a sala de un ministro. Por lo tanto, repito, queremos reconocer la apertura y la flexibilidad. Esto ha sido sano, porque nos permite votar por unanimidad la creación de una instancia muy importante.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Quedó hecha la constancia.\nSEÑOR BERGARA.- Volviendo un poco atrás, en el último inciso del artículo 310 original se planteaba que quedaba en la órbita de la Agencia Reguladora de Compras Estatales el manejo de los convenios marcos, que obviamente era consiste con el hecho de que todo pasaba a la nueva agencia. En realidad lo de los convenios marco lo maneja la UCA. El último inciso del artículo 310 decía: «La Agencia Reguladora de Compras Estatales desarrollará y administrará en forma directa el instrumento del Convenio Marco.” Esto iba en el sentido de que desaparecía la UCA. Entonces, nos gustaría plantear la reconsideración y que ese inciso no se vote, de tal manera que quede el statu quo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 310.\nAgradeceríamos al senador Bergara que hiciera llegar a la Mesa las modificaciones. Hacemos confianza en el señor senador y vamos a votar el artículo 310 con las modificaciones que él propuso.\n–Vamos a ingresar en la sección de Relaciones Laborales y Seguridad Social. Comenzaremos analizando el capítulo I, Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa.\nEn consideración el artículo 397, que tiene un sustitutivo en la hoja 322.\nSEÑORA ASIAÍN.- Habida cuenta que este artículo fue más que debatido y que han quedado clarísimas las posiciones, respetables y discrepantes, propongo pasar directamente a la votación y diferir el debate para la oportunidad del plenario. Además, creo que el hecho de que no se dejen constancias en este momento no implica, de modo alguno, que se consienta con el tenor del artículo; simplemente, lo que intentamos es evitar un debate que ya se dio y que se volverá a dar en el Senado.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Agradezco mucho la sugerencia y el aporte de la señora senadora, y debo decir que lo comparto, pero los señores senadores tienen derecho a hacer uso de la palabra.\nSEÑOR BONOMI.- Si bien el debate más fuerte lo vamos a dar en el plenario, queremos dejar constancia de varios puntos, más allá de que ya hemos hecho referencia a ello. Se hicieron consultas y en este punto unimos al artículo 397 con los artículos 492, 493 y 494, pues tienen la misma intencionalidad. Según planteó el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social cuando acudió aquí, esto no reglamentaba los piquetes, sino el derecho de huelga. Él lo aclaró porque para el Frente Amplio los piquetes y la ocupación son parte de la huelga, pero para ellos no es así y reglamentan la huelga para llegar a los piquetes. Esa fue la explicación que se brindó, y para nosotros no corresponde. Concretamente en el artículo 397, la reglamentación se hace por la calificación de «pacífica» que no lo hace la Constitución. Nosotros partimos de la base de que la huelga es pacífica y no impide el ingreso a los no huelguistas, que pueden entrar. Por lo tanto, presuponer que puede no ser pacífica y reglamentarla en ese sentido, no corresponde. Se hace lo mismo con el piquete, pues se presupone que no va a ser pacífico, entonces, antes de que se produzca le se encomienda a la Policía que lo impida. Todo esto parece ser un paquete que no corresponde.\nEn definitiva, vamos a votar negativamente el artículo 397.\nA la vez, quiero volver a señalar que aquí se viola el convenio de trabajo n.°144, que obliga, antes de introducir cambios laborales, a hacer la consulta formal en los organismos pertinentes para ello, que en este caso es el consejo superior de salarios; aclaro que no me refiero a una consulta telefónica, ni nada por el estilo. Quedó claro cuando vino el PIT-CNT que esa consulta no se hizo. También vino aquí a dar su opinión un integrante del consejo asesor de la OIT. Cabe señalar que no consultamos a la OIT, sino a la comisión de expertos que la asesora. Aclaro esto porque no es lo mismo, y cuando la OIT toma posición lo hace a partir de sus organismos tripartitos. El representante del consejo asesor señalaba, entonces, que –además, sumando al comité de libertad sindical, que ese sí es tripartito– efectivamente se debe hacer la consulta. Entonces, en este caso, no se hizo la consulta, se modifica el concepto de garantizar el derecho de huelga y por esas razones nosotros lo vamos a votar en contra. Y lo unimos, como decía, a otros tres artículos, sobre los que haremos referencia más adelante.\nSEÑOR ANDRADE.- Quedan diez días de tratamiento del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración en el Senado. Por lo tanto, estamos a tiempo de tomar una medida que a todas luces parece responsable: no legislar de esta manera en un área de esta magnitud. A diferencia de lo que se ha manifestado acerca de que sobre este tema se ha debatido lo suficiente, me parece que ni siquiera se ha iniciado una discusión profunda, seria, como la que reclaman disposiciones internacionales que el país suscribe. El país tiene la obligación de consultas abiertas y francas antes de que lleguen los proyectos de ley que alteren las relaciones laborales, tal como se comprometió ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no puede ser que estemos a diez días de terminar el tratamiento de una norma que afecta un derecho humano fundamental y el tema no haya pasado ni un minuto por el consejo superior de salarios. Si uno ve las convocatorias a este consejo, puede constatar que recién ahora está empezando una discusión sobre la ronda de consejos de salarios, pero esta norma no ha pasado por ahí ni un minuto, ni siquiera está en el orden del día de la comisión preparatoria. La violación a este principio es flagrante; no admite doble motivo.\nLa Constitución de 1934 declara el derecho de huelga –no lo crea– porque entiende que es un derecho fundamental que ya existía y nos mandata a reglamentar su efectividad sobre la base de que es un derecho gremial. Eso es lo que mandata la Constitución de la república. No hay nada en este artículo que pueda referir remotamente a la efectividad del derecho de huelga. Comparto la opinión del Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República que cuando estuvo en esta casa sostuvo que era obvio que el dispositivo que estamos discutiendo tiene elementos que intentan restringir un derecho tan importante. Lo hace, señor presidente, porque la mayoría que integra la coalición de Gobierno, a diferencia de la OIT –que fue muy contundente en ese plano–, no reconoce a la ocupación como una de las formas del ejercicio del derecho de huelga. Es un artículo que tiene sentido si se salvan los elementos previos: tiene que ser considerado por las partes, debe tener un tratamiento amplio de discusión tripartita y componentes que respeten la autonomía. Ahí sí puede ser una norma que reglamente una de las formas complejas del ejercicio de huelga, como es la ocupación, que es la forma del ejercicio del derecho de huelga donde hay problema entre la libertad de trabajo, el derecho de los empresarios a ingresar a la empresa y el derecho de los trabajadores a manifestarse con huelgas. ¿Por qué hay problema? Lo primero que pasa cuando uno ocupa –yo he participado de unas cuantas ocupaciones– es que la empresa llama a un escribano y te transfiere la responsabilidad de todo lo que hay adentro. Es más, me tocó vivir esta situación en Montes del Plata y puedo contarles lo que fue el inventario: íbamos cuarenta cuadras para acá y para allá con el escribano. Desde el momento en que la empresa delega en el sindicato que está en medio de la huelga todo lo que hay adentro, ¿cómo se respeta el ejercicio del no huelguista, si cada cosa que hay adentro pasa a ser responsabilidad del sindicato que está ejerciendo esa medida? ¡Es muy complejo! Se intenta abordar un tema muy complejo desde esta característica. ¿Cómo se aplica la norma que la coalición de Gobierno quiere hacer que votemos cuando hay un corte en una sección de trabajo, por ejemplo, en el suministro del hormigón premezclado en una obra en construcción que entra en huelga y los demás trabajadores de esa obra en construcción no participan de esa huelga? ¿Cómo se les garantiza el trabajo a los trabajadores que no participan de esa huelga y no adhieren si no tienen materiales? ¿Cómo se aplica lo que estamos redactando acá? Esto es de una extraordinaria complejidad y quiere votarse a marcha forzada faltando diez días para culminar el tratamiento del proyecto.\nRepito que estamos hablando de un derecho humano fundamental que, en su momento, fue tratado como delito, luego pasó a ser un derecho individual y ahora se ejerce como derecho colectivo en un triángulo de derechos que son imprescindibles para cualquier Estado democrático: el derecho de los trabajadores a tener sindicatos, el derecho a huelga y el derecho a la negociación colectiva.\nEn una sociedad en conflicto uno podría decir que es necesario tratar esto porque es un tema urgente –¡urgente!– y podría colocar arriba de la mesa un estado de anarquía, de huelgas desorbitadas, expropiadoras y violentas y fundamentar que estamos obligados –según entiende la Constitución de la república– a abordar con este instrumento de urgente consideración una realidad que nos tiene desbordados, pero no es así y no lo es porque las relaciones laborales en el Uruguay son reconocidas mundialmente como maduras. Cualquier estudio profundo de la conflictividad laboral encuentra en ella razones que están muy alejadas de los desbordes sindicales; la conflictividad laboral en el Uruguay se explica mayoritariamente por incumplimientos patronales, algunos muy groseros.\nLo otro a lo que quiero referirme es el contexto, que también nos preocupa. Es obvio que el articulado que estamos tratando hoy es menos grosero que el que se presentó en enero, pero alguien escribió lo de enero, ¿no? O sea, tenemos derecho a sentir preocupación cuando alguien escribe que la amplitud de libertades sindicales que se entiende se recortan es la que estaba en el artículo original. Se cambió ese artículo, pero simultáneamente a que estamos discutiendo esto, una de las fuerzas políticas integrantes de la coalición –los legisladores de Cabildo Abierto– presenta un proyecto de ley en la Cámara de Representantes calcado de la ley de Bolentini. A los cinco artículos que lo forman le cambian alguno de los literales y es prácticamente calcado del decreto ley de 1981, que en la dictadura reglamentaba fuertemente la actividad sindical.\nEn este contexto estamos discutiendo este tema, dando mensajes y enviando una señal pésima. ¿En qué beneficia esta señal las relaciones laborales que necesitamos para desarrollar procesos de negociación colectiva que incorporen al trabajo calidad, formación profesional y desarrollo productivo para pensar bases de acuerdo que apunten a sacar al Uruguay de un momento muy complicado como es este, con 220.000 trabajadores en el seguro de desempleo total o parcial? En nada. Es más, ninguna de las urgencias laborales está contenida en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. No está contemplada la siniestralidad laboral ni la informalidad laboral ni los sectores que tienen dificultades en la negociación colectiva ni la formación profesional ni el trabajo juvenil; no se aborda ninguno de los problemas del trabajo.\n¿Cuál es la señal que se pretende dar? La de limitar un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución sin pasar por una negociación previa. Se ahorra un problema la coalición de Gobierno –y también todos nosotros– si despejamos este tema de la discusión del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.\nSEÑOR OLESKER.- Tengo poco para agregar a lo que los señores senadores Bonomi y Andrade plantearon; solamente quiero hacer tres comentarios. El primero de ellos tiene que ver con el contexto. Creo que el que plantea el señor senador Andrade es tal cual, pero agregaría que el contexto no solo hay que mirarlo para atrás y en el momento, sino también para adelante. Esta norma va a aprobarse casi simultáneamente a una difícil ronda de consejos de salarios, que va a tener una dura discusión de fondo. Las cámaras empresariales ya han adelantado su opinión –la hemos escuchado–, por ejemplo, contraria a que haya correctivos en el próximo consejo de salarios a pesar de que estamos con una inflación en crecimiento.\nEn ese contexto van a aprobarse e implementarse no solo esta norma –que no puede verse fuera de todo el proyecto de ley–, sino también los artículos 491, 492, 45 y 7.º sobre la disolución de las manifestaciones, del que ya hablamos en el día de ayer.\nEl segundo comentario que quiero hacer es que Uruguay no tiene una norma legal que permita comparar el carácter pacífico de una huelga. El artículo 38 de la Constitución garantiza las reuniones pacíficas. Si a las reuniones se les pone apellido es porque se quiere garantizar ese derecho. Si a la huelga no se le pone apellido es porque, al menos en la intención de quienes reglamentaron este derecho, se priorizó el ejercicio del derecho de huelga a cualquier apellido que se le pudiera poner. Como no se le puso apellido, no entendemos por qué es necesario ponérselo ahora, con qué parámetros se va a medir y respecto a qué se va a considerar pacífica o perturbadora del orden público.\nComo tercera reflexión voy a poner un ejemplo de discrecionalidad. El señor senador Andrade ha puesto varios en el día de hoy, pero también lo hemos hecho en varias oportunidades en que tratamos este tema. Pensemos en una relación entre distintos trabajadores, como aquellos del transporte público que efectivamente afectan el derecho de otros trabajadores a ir a trabajar. En este marco, ¿se podrá considerar como perturbadora y, por lo tanto, no ser clasificada como legal? La actual interpretación indica que sí, tal como hemos dicho en todo momento. Nosotros no aseguramos que las cosas vayan a pasar, pero aventuramos los riesgos de lo que puede pasar.\nPor lo tanto, creemos que esta norma es claramente restrictiva y nuestra principal conclusión es que inclina la balanza de las relaciones laborales en favor de los empleadores.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Nuestro país es reconocido en América Latina y en el mundo como democrático y respetuoso de los derechos. En realidad, el tema de los derechos sindicales –y en este caso de la huelga– ha servido para ajustar esa imagen. De hecho, no se puede decir que en Uruguay el ejercicio de esos derechos haya sido exorbitante, desajustado o violento, ya que siempre ha habido madurez de parte de los sindicatos y de los uruguayos al momento de ejercer esos derechos.\nCuando un trabajador va a la huelga tiene claro que está perdiendo su salario y que está luchando por una reivindicación que, de lograrse, mejorará su situación, pero también sabe que trae consecuencias. No puede decirse que un trabajador hace huelga porque simplemente no le gusta trabajar; nunca ha sido así en nuestro país. Cada decisión es meditada –para eso están las asambleas– colectiva y democráticamente. Soy testigo de ello porque es uno de los ámbitos en los que evidentemente me he desempeñado.\nAsimismo, consideramos que va a haber retrocesos en este sentido porque, en vez de avanzar y reivindicar la negociación colectiva y los derechos sindicales, se quiere retacearlos. Eso no tiene mucha explicación más allá de lo que decía el señor senador Olesker en cuanto a desequilibrar la balanza en bien de los empleadores. Hasta ahora el ejercicio ha sido equilibrado y justo. Creemos que es peligroso el camino de enfrentamiento porque, de alguna forma, el movimiento sindical no va a quedar contento con lo que se vote. Además, se perjudican los vínculos como sociedad y las relaciones laborales. Esperamos que, así como se llegó a tantos acuerdos en el capítulo pasado, en este también suceda, porque creemos que están en juego muchas cosas en este artículo.\nSEÑOR GANDINI.- En atención a la recomendación que nos hiciera la senadora Asiaín, hemos escuchado con paciencia y respeto las intervenciones de los señores senadores de la oposición. Por lo tanto, vamos a dar como respuesta y a hacer nuestra la intervención que hizo vía Zoom la OIT, donde hizo nuestro el argumento y el fundamento porque dijo varias veces –y contestó a los señores senadores intervinientes– que el artículo estaba en línea con las resoluciones de la OIT, así que damos por resuelto eso.\nEso sí, pedimos que se lea con atención esta disposición porque se han hecho algunas reflexiones y valoraciones sobre el artículo anterior, pero en este creo que queda bastante claro cuál es el derecho de los no huelguistas.\nPor último, queremos hacer una consulta a la mesa porque hemos buscado en las hojas aditivas y no hemos encontrado el artículo por el cual el Frente Amplio estaría derogando por ley el decreto que prohíbe y autoriza la represión en las ocupaciones de los espacios públicos. Luego de todas sus intervenciones, deberíamos tener esa disposición para ponerla a consideración; además, estamos hablando de una norma que fue aprobada en un Gobierno del Frente Amplio. Reitero que no encuentro esa hoja.\nSEÑOR BOTANA.- Me parece muy acertado el pedido de antecedentes del señor senador Gandini. Tal vez el senador tenga por ahí la legislación comparada para ver cómo funciona el tema de las ocupaciones en los lugares de trabajo en Cuba y nos lo pueda explicar. Creo que cuando busquen ese papelito, también pueden buscar ese otro.\nSEÑOR ANDRADE.- Me gustaría que se aprovechara el ámbito parlamentario. Me parece que hay cosas para responder a los efectos de despejar dudas. El artículo dice que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga y el derecho de los no huelguistas. Me pregunto cuál es el Estado. ¿Es el Poder Judicial? ¿Es el Poder Ejecutivo? Dentro del Poder Ejecutivo, ¿es el Ministerio del Interior o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Pregunto esto para saber porque, en definitiva, si van a votarlo, estaría bueno que quienes lo hagan nos digan qué es lo que piensan. Si es el Ministerio del Interior, ¿es represión lo que están votando? Como acaba de decir recién el senador Gandini, ¿es una norma represiva? Me parece muy bueno que se diga claramente que lo que se busca es que sea el Ministerio del Interior, si es eso lo que se piensa desde el punto de vista de la instrumentación. Capaz que es como el decreto de las ocupaciones que establecía que primero tenía que negociar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, una vez agotadas las negociaciones, podía habilitar otra intervención, pero nada de eso está. Lo único que dice es: «El Estado garantizará», punto, nada más. ¿Quién interpreta esto mañana? ¿Cómo se interpreta un tema de esta sensibilidad en este contexto? Estamos hablando de 220.000 trabajadores en seguro de desempleo y pautas salariales que plantean rebajas salariales que la coalición de Gobierno les está colocando a los sindicatos ahora, en este momento. Es más, me gustaría preguntar de pasada –porque es más interesante de discutir que Cuba– dónde quedó la parte del programa de Gobierno que decía que el poder de compra de los trabajadores era un objetivo irrenunciable y con eso se ganaron las elecciones. ¿Dónde quedó? Capaz que después me contestan.\nVoy a lo que decía el señor senador Gandini con respecto a la OIT. Nos mandaron el informe esta semana y es muy ambiguo porque dice: «Pareciera que», pero arriba, cuando refiere a la ocupación del lugar de trabajo dice que se debe respetar la libertad de trabajo de los huelguistas. O sea que el mismo informe de la OIT cuando viene por escrito refiere a la ocupación del lugar de trabajo, pero la mayoría, la coalición, entiende que no es una forma del ejercicio del derecho de huelga; sí lo es, de manera textual, para la Organización Internacional del Trabajo. ¿En qué se basan para decir que pareciera que está en línea? ¿Qué falta para que esté en línea de manera plena? Que se hable de la ocupación del lugar de trabajo, como dice la OIT en el informe documentado que nos mandó este martes a todos los legisladores que estamos acá discutiendo. Coloquemos todo en contexto. ¡Cómo no! Hablemos del tripartismo, ¡cómo no! Nosotros salimos bien parados. Uruguay está entre los mejores países del mundo desde el punto de vista de la cantidad de convenios internacionales aprobados. Esa es una buena señal. ¡Ojalá podamos mantenernos así en el futuro!\nCreo que la imprecisión de este artículo cuando se habla de un derecho humano fundamental y sin consulta, porque son temas que no se han podido despejar, es una pésima señal, sobre todo en este contexto. Ni hablar de las normas que se están colocando por el costado y que van en la misma dirección.\nSEÑOR BONOMI.- Para tratar de que no haya debate hay que tomar la constancia como tal y no responderla. Nosotros dejamos constancia de por qué votamos en contra. Eso fue lo que hicimos y vamos a dar el debate fuerte en el plenario. Pero cuando uno responde, obliga, por lo menos, a tener en cuenta lo que se dijo. Se quiso poner en un plano de igualdad esto con un decreto del Gobierno anterior respecto a las ocupaciones, pero son sustancialmente distintos. En el Gobierno anterior no se reglamentaba el derecho de huelga sino que se trataba de establecer un criterio para las ocupaciones y para los cortes de rutas, y se ponía en manos del ministerio de trabajo la resolución de si era o no legítimo. Si el ministerio de trabajo consideraba que no era legítimo, le pedía al Ministerio del Interior que interviniera. Acá directamente por ley se le pide al Ministerio del Interior que intervenga en todas las situaciones. Es el árbitro de si algo es violento o no es violento, si algo es legítimo o no legítimo. En lo laboral, el Ministerio del Interior pasa a ser el que resuelve. Es completamente diferente. Como muchas veces lo que se dice acá –estando a cinco metros y medio, no a cuatro– después se pone en Tweeter, yo lo respondo acá para poder después decirlo en Tweeter –aunque no tengo–, en las redes, afuera. Es así. Si uno habla, por lo menos que lo oigan; no pido que lo compartan sino que lo oigan y no salgan a decir lo que no se dijo.\nTampoco me queda claro si el modelo laboral de algún señor senador es el de Cuba. Nosotros no tenemos un modelo; elaboramos nuestro modelo considerando nuestras propias condiciones. Sin embargo, hemos visto hasta en las películas a los obreros con un cartelito pidiendo que no entren a trabajar y eso se llama piquete. Esas películas inglesas o norteamericanas demuestran que en esos lugares lo autorizan y por eso la OIT también considera legítimo el piquete. Lo considera ilegítimo cuando deja de ser pacífico, pero acá a priori lo consideran ilegítimo porque es violento. Entonces estamos hablando de cosas medio entreveradas.\nNosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo por avanzar. Hemos dejado constancia de nuestra posición. Para avanzar hemos votado en bloque diez o quince artículos juntos, cuando estamos a favor y cuando estamos en contra; pero cuando fundamentamos nuestra posición de votar en contra no solo se responde de forma polémica sino que también se deforma lo que se dice, se desconoce lo que se dijo y se trata de establecer la polémica sabiendo que hay cosas que nosotros no vamos a dejar pasar. Aclaro que yo dejo pasar muchas, pero hay algunas que no puedo. En este caso vamos a seguir dejando constancias, vamos a tratar de seguir avanzando rápidamente y vamos a intentar no poner palos en la rueda desde el punto de vista del procedimiento. Sin embargo, en cuanto a los contenidos, vamos a marcar en lo que discrepamos y en lo que compartimos.\nSEÑOR MAHÍA.- Señor presidente: en la línea que ha marcado el señor senador Bonomi, simplemente a modo de constancia, nosotros queremos señalar nuestra posición contraria a este artículo. Consideramos que, igual que otros en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, genera un desbalance en contra de los derechos de los trabajadores. En nuestra opinión, en este capítulo se genera un desbalance para los trabajadores, como también se genera con aquellos que están relacionados con la inclusión financiera y sus derechos.\nEntonces, hay varios artículos en este proyecto de ley –particularmente estos–, que transversalizan algunos conceptos, y estos –porque no los consideramos aislados– son de aquellos que, en lo referido a las relaciones y al mundo del trabajo, generan la inclinación de la balanza en contra de los derechos de los trabajadores.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 397 de la hoja 322.\nIngresamos al capítulo «Seguridad social – Comisión de expertos».\nEn consideración el artículo 398, que tiene un sustitutivo en la hoja 432, presentada por senadores del Frente Amplio.\nSEÑOR BERGARA.- Señor presidente: nos gustaría hacer referencia a todo el bloque relativo a la comisión de expertos, porque si se dan algunos cambios en los otros artículos, eso condicionaría nuestro apoyo al bloque entero. Por lo tanto, no estaríamos en condiciones de considerar artículo por artículo sin saber otros posicionamientos.\nEn el sustitutivo de este primer capítulo proponemos un cambio de nombre que no hace a la cuestión, y en el numeral 5), que refiere a recabar la opinión de las diferentes partes interesadas, agregamos «en forma preceptiva». Como sabemos que la intención es que esto, de todas maneras, sea aprobado, nos parece que estos cambios no generarían ningún problema.\nEn el artículo siguiente –este sería el punto central–, «Integración», compartimos que la integración sea amplia, de 15 miembros, como se planteaba originalmente, pero tomamos en cuenta la conversación que tuvimos en oportunidad de la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien garantizaba la participación de representantes con variedad y diversidad de visiones sobre el tema de la seguridad social y con representatividad de las distintas organizaciones sociales involucradas en el tema. Por eso presentamos un sustitutivo al artículo 399, y reitero que esta formulación –o alguna otra que se pueda plantear– es la que nos va a llevar a definir el voto del conjunto de artículos.\nNos permitimos agregar que este consejo –con un total de quince miembros– se integrará de la siguiente manera: nueve miembros del Poder Ejecutivo –o sea, el Poder Ejecutivo va a tener la amplia mayoría y va de suyo que va a ser quien va a presidir la comisión–, dos representantes por los trabajadores, dos por los pasivos y dos por los empresarios. Esta es una forma de garantizar la diversidad de visiones y la representatividad que habíamos planteado y sobre lo que entendimos que de parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social había receptividad. Esta sería una forma de plasmarlo.\nEn el otro sustitutivo, el del artículo 402, proponemos algo que también creemos que es de recibo y es que los informes producidos por esta comisión no solamente se presenten a la Prosecretaría de Presidencia de la República, sino también a la Asamblea General. Creo que, al respecto, tampoco habría problema.\nEs decir que el punto central, obviamente, está en cómo formulamos la integración de este comité, y en la medida en que haya apertura para eso estaríamos dispuestos a votar en bloque todo el capítulo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Voy a proponer que desglosemos estos artículos para hacer la consulta pertinente al Poder Ejecutivo; una vez que recibamos la respuesta, con mucho gusto lo ponemos a votación. A priori, no habría inconvenientes.\nSe desglosan los artículos 398, en la hoja n.º 432; los artículos 399, 400, 401; el artículo 402, en la hoja n.º 434, y el artículo 403.\nPasamos al capítulo, «Seguridad Social. Adecuaciones al sistema que administra el Banco de Previsión Social». Artículo 404.\nEn consideración el artículo 404, para el cual no hay hojas sustitutivas.\nSEÑORA ASIAÍN.- La bancada de la coalición va a votar negativamente los artículos 404 y 405.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar los artículos 404 y 405.\nAhora pasamos a considerar el capítulo «Elección de los Directores Sociales del Banco de Previsión Social».\nPasamos a la consideración de la sección V, «Desarrollo Social y Salud. Capítulo I, Nuevo escenario para el desarrollo de las políticas sociales». Como es de público conocimiento, el Ministerio de Desarrollo Social solicitó que fueran retirados los artículos que van del 407 al 415.\nPasamos a la consideración del artículo 416, que tiene dos hojas: la 323 y la 435.\nSEÑOR OLESKER.- Vamos a proponer un sustitutivo al artículo 416 por entender que tiene dos problemas.\nLos que estuvimos en ministerios y nos tocó la tarea de hacer dos reestructuras – en mi caso fue en los dos ministerios en los que me tocó estar–, en ambas, luego de ser aprobadas, se tenía que dar cuenta a la Asamblea General que, obviamente, tenía un plazo para expresarse y si no lo hacía, la reestructura quedaba aprobada Nosotros proponemos que eso se mantenga y, por lo tanto, en el artículo 416 –nuestro sustitutivo–, cuando en el primer párrafo habla de la nueva estructura organizativa, se agregue una coma, y a continuación diga: «dando cuenta a la Asamblea General».\nEl otro aspecto es que nuevamente hay una modificación en las relaciones laborales, en este caso entre el inciso 15, Ministerio de Desarrollo Social y sus trabajadores. Nosotros recibimos a los trabajadores de Utmides en el marco de la subcomisión de audiencias por lo cual volvemos a plantear que en el párrafo que termina en derechos funcionales se agregue: «y se desarrollarán en el marco de lo dispuesto por la Ley n.º 18508 de 16 de julio de 2009 (Ley de negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público)». En la medida en que este artículo 416 incorpore la rendición a la Asamblea General y que tenga como condición desarrollarse en el marco de la negociación colectiva –en este caso entre el inciso 15 y Utmides, en el marco de la negociación colectiva pública–, estaríamos en condiciones de votarlo.\nSEÑOR BOTANA.- Respecto de la primera modificación propuesta, quería aclarar que la redacción del sustitutivo de la hoja 323 se la coloca en el mismo sentido, pero en la última frase. Este texto dice: « Las modificaciones de las estructuras escalafonarias de puestos de trabajo no podrán causar lesión de derechos funcionales. Culminada la adecuación organizativa, se comunicará a la Asamblea General».\nSEÑORA BIANCHI.- Hoy nosotros reconocimos que era redundante poner –no me acuerdo los artículos porque por suerte hemos avanzado mucho– cosas que estaban establecidas en un caso en una norma y, en otro, en la Constitución. La ley de negociación colectiva en el ámbito público está vigente. No entiendo por qué en algunos casos nosotros nos avinimos a sacarlo –porque es obvio que tiene que respetarse la Constitución o alguna ley vigente hasta que se derogue– y en este caso hay que ponerlo expresamente. Esa es la constancia o pregunta que quiero plantear.\nSEÑOR ANDRADE.- Entiendo lo que dice la senadora Bianchi pero el problema es que en este caso tiene un contexto de medidas que están modificando actualmente el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social y no todas –puede verificar esto en las versiones taquigráficas de la Cámara de Representantes en oportunidad de la comparecencia de los ministros– han respetado el proceso de negociación colectiva. Entonces, ese contexto nos condiciona a que sea necesario hacer hincapié en que un reestructura general deba tener en cuenta el proceso de negociación colectiva que, en este caso, es un requerimiento de una contraparte que entiende que ese derecho no está siendo debidamente considerado. Por eso le damos un valor diferente a las referencias de los artículos que hacían anclaje en decisiones constitucionales. Reitero que entiendo el planteo de la senadora Bianchi pero nosotros sentimos que no vamos a poder acompañar el artículo si no se hace una referencia al aspecto de la negociación colectiva, aunque pueda ser redundante. Por otra parte, si se piensa hacerlo por la vía de la negociación colectiva –y es bueno que esa señal tenga consenso político–, no veo los motivos para que, en este caso en especial, que tiene sus particularidades –no voy a abundar en todas ellas–, se incorpore.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 416 de la hoja 323. En caso de ser votado afirmativamente, queda descartada automáticamente la hoja 435.\nPido al señor senador Carrera que ocupe la presidencia porque me interesa fundamentar el voto.\nSEÑOR PENADÉS.- Quiero dejar constancia de que hace treinta años que soy legislador y he votado un sinnúmero de reestructuras como la que aquí se está autorizando al Mides, en todos los gobiernos de todos los partidos. En ninguno se incluyó la referencia a la ley sobre negociación colectiva. Por lo tanto, el objeto no es que no se respete esa ley sino la coherencia que reclamaba la señora senadora Bianchi cuando nosotros retiramos de los artículos lo que era sobreabundante; eso hería la sensibilidad, legítimamente, del Frente Amplio. En ese sentido, queremos decir que el Gobierno de la coalición va a respetar absolutamente la ley de negociación colectiva en el plano del sector público, pero quería dejar constancia de que en ninguna de las restructuras que se han votado se incorporaba, a texto expreso, la vigencia de esa ley.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 417, contenido en la hoja 324.\nEn consideración el artículo 418, contenido en la hoja 325.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero hacer el siguiente comentario.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora para fundar el voto.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- No acompañamos este artículo; también está enmarcado en otras disposiciones vinculadas al tema del Mides.\nEn su comparecencia, las autoridades hicieron referencia a que hacían falta estos 115 pases en comisión y que se había dado igual situación cuando se habilitó la creación del Mides. Recuerdo que en ese momento intervine y dije que, en realidad, había sido así porque era un ministerio que se estaba creando y que no tenía funcionarios. Al día de hoy, esos pases en comisión se regularizaron o ya no están; por lo que supe, quedan nada más que treinta pases en comisión dentro del Mides. Realmente, no comprendemos la necesidad de este número tan alto de pases en comisión para este ministerio.\nSEÑORA RODRÍGUEZ.- Con referencia a los 115 pases en comisión queda claro que es algo transitorio y por un tiempo limitado. Luego de que se apruebe la restructura del Mides van a cesar. Reitero: es algo transitorio. Si leemos atentamente, queda claro cuál es el motivo de la solicitud de los 115 pases.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos al capítulo II, «Mejoras al régimen de adopciones».\nEn consideración el artículo 419, que tiene un sustitutivo en la hoja 326.\nSEÑOR CARRERA.- No vamos a acompañar los artículos 419 y 420, pero sí el 421 y 422.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 419, que consta en la hoja 326, y el artículo 420, que está en la hoja 327.\n–8 en15. Afirmativa.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 421 y 422, que figuran en las hojas 328 y 329, respectivamente.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos al capítulo III, «Creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Tecnologías Sanitarias».\nEn consideración el artículo 423, que tiene un sustitutivo en la hoja 331.\nSEÑOR OLESKER.- En primer lugar, valoramos muy positivamente que en un cambio estructural de esta dimensión, que además –por la experiencia mundial– significa un cambio cualitativo en las políticas de medicamentos y tecnologías sanitarias, el ministro haya planteado, en su comparecencia ante esta comisión, su disposición a retirarlo del proyecto de ley y haya asumido el compromiso de enviarlo en la próxima instancia presupuestal.\nCreemos que los dos artículos en cuestión, si bien cumplen el objetivo de ser programáticos en el sentido de generar el compromiso para después, ya incorporan algunos conceptos que pueden ser de debate en el propio proceso.\nPor lo tanto, vamos a presentar un sustitutivo, señor presidente, que unifica los dos artículos. Básicamente, dice: «El Poder Ejecutivo incluirá en la primera instancia presupuestal posterior a la aprobación de la presente ley todo lo relativo a la organización, actividad y recursos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias». A continuación, se deja lo que ya decía el artículo original: «Se entiende por tecnologías sanitarias los medicamentos, dispositivos, procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención de la salud humana».\nConsideramos que esta redacción es bastante neutra –nada es totalmente neutro– respecto a las definiciones posteriores. Arranca definiendo cuándo se va a hacer, le da el título y define las tecnologías sanitarias. Por lo tanto, nos parece que cumple con el objetivo que planteó el ministro en su comparecencia y no abre discusiones, que seguramente sí se van a generar en el futuro y sobre las que vamos a tener diferentes puntos de vista.\nSEÑOR ABREU.- Hemos accedido a la propuesta sustitutiva del artículo pero, como el señor presidente y los señores senadores recordarán, en su momento tuvimos una posición reticente –por decirlo de manera diplomática– sobre la decisión de retirar todo ese capítulo. Lo hacemos en función de las necesidades que se tienen –no vamos a entrar a discutirlo ahora; lo haremos en profundidad en el plenario, con todo lo que podamos fundamentar, porque de eso se trata– y como compensación a esta inquietud, que además es compartida por el Sindicato Médico. Hemos leído la versión taquigráfica y ahí se puede apreciar la necesidad de que se cree una unidad independiente.\nHay algunos aspectos que, obviamente, el derecho comparado maneja en forma distinta y esto está muy vinculado al tema de la regulación y del control. Con respecto al control, depende un poco de la forma en que cada uno analice e interprete lo que significa, pero desde nuestro punto de vista es evidente que la independencia no puede quedar reducida exclusivamente al asesoramiento. El control y la regulación –tal como se establece en el artículo sustitutivo que presentamos– se realizarán en función de lo que establezca el Poder Ejecutivo –por supuesto, en la primera instancia presupuestal posterior a la aprobación de la presente ley– como «medicamentos, dispositivos terapéuticos, procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención de la salud humana». Este es un tema que ha sido técnicamente discutido.\nCon esta concesión que hemos hecho –con absoluto respeto al retiro de todo ese capítulo– queremos mantener viva esta inquietud, porque es muy importante. Nuestro país es uno de los pocos que no tienen esa agencia independiente, más allá de las competencias que nosotros le podamos adjudicar.\nEn la próxima instancia presupuestal vamos a discutir en profundidad y hablaremos con el ministerio y el Poder Ejecutivo para tratar de dar un paso adelante en temas que están muy vinculados con los aspectos médicos, los tratamientos, las empresas farmacéuticas y sobre todo el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública y –por decirlo en términos muy respetuosos, pero objetivos– los intereses corporativos, que nunca están ausentes más allá de que puedan ser legítimos o a veces exageradamente apreciados.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 423 que figura en la hoja 331 y que ha sido repartida, por lo que está en conocimiento de los señores senadores.\nEn consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 330.\nSEÑOR CARRERA.- Solicito que se voten nuevamente los artículos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar nuevamente, juntos, el artículo 423, que figura en la hoja 331, y el aditivo 423 en la hoja 330.\nEn consideración los artículos 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 y el aditivo 431, que figura en la hoja 436.\nIngresamos al capítulo IV, «Recursos para financiar tratamientos de alto costo».\nEn consideración el artículo 432, que tiene un sustitutivo en la hoja 332.\nSEÑOR OLESKER.- En primer lugar, corresponde hacer un reconocimiento. En la comparecencia del señor ministro hicimos tres tipos de observaciones: de forma, de contenido y de riesgos que tenía esta propuesta.\nRespecto a las observaciones de forma queremos reconocer que efectivamente se tomó en cuenta lo que hace tiempo el Fondo Nacional de Recursos modificó de la vieja terminología de «medicamentos de alto costo» por «medicamentos de alto precio». No se incluyó –pero para nosotros no era esencial– el formulario terapéutico de medicamentos, dado que está incluido en el PIAS, Programa de Atención Integral en Salud. De cualquier manera, esto es redundante, pero no era un problema central. Así que, en primer lugar, queremos reconocer que las diferencias de forma fueron contempladas.\nSin embargo, en ese momento dijimos –y lo repetimos ahora– que no vamos a votar este artículo. La estrategia de financiamiento de los medicamentos de alto precio ingresa al Fondo Nacional de Recursos en el año 2007. Pese a que tiene una larga historia en el país –dicho fondo nació en el año 1980 para el tratamiento de procedimientos de alto costo y baja prevalencia–, los medicamentos se incorporan a partir del año 2007. El proceso que ha seguido el financiamiento de los medicamentos de alto precio ha sido doble: por un lado, cuando son incorporados al Plan de Atención Integral en Salud y, luego, cuando se produce una ampliación del financiamiento de este fondo que ha crecido de manera muy relevante desde el año 2007 hasta ahora.\nComo dijimos el día de la comparecencia del ministro, entendemos que el camino más adecuado es seguir ampliando el financiamiento de este fondo –que es mixto, pues se financia en parte con un plus sobre las cápitas y en parte por rentas generales, en el caso de los procedimientos para ASSE–, como se ha hecho hasta ahora con estos procedimientos, pero no creemos que sea útil este artículo de las donaciones. Además, creemos que tiene riesgos porque afecta la universalidad de las prestaciones. Se nos aclaró –y tomamos esa aclaración– que no es una donación particular para una persona, pero sí para un fondo que seguramente cubrirá algunas prestaciones y otras no. Dijimos además que tenía riesgos de efecto multiplicador porque se puede financiar un medicamento, pero eso incluye una serie de prestaciones posteriores que deben financiarse.\nFinalmente, dijimos que las normas en Uruguay son muy claras, que un organismo puede ingresar al sistema presupuestal de subsidios y subvenciones –Inciso 21 del presupuesto– o a este artículo 79 de las donaciones, pero no se puede estar en ambas tribunas, por decirlo de alguna manera.\nEl Fondo Nacional de Recursos ya tiene una dotación presupuestal del 5 de Oro, por norma presupuestal de 2010, por lo que no podría acogerse a esto o, en su defecto, debería renunciar a lo otro, cosa que es una lógica presupuestal muy difícil.\nPor lo tanto, por oportunidad, por universalidad, por el sistema de financiamiento, por cómo ha funcionado hasta ahora –a nuestro juicio, debería seguir funcionando así– y por los riesgos que esto trae, no vamos a votar este artículo 432.\nSEÑOR CARRERA.- Solicito un cuarto intermedio de quince minutos.\nLa comisión pasa a cuarto intermedio hasta las 16:15.\n(Son las 16:21).\nSEÑOR OLESKER.- Señor presidente: nosotros pedimos este cuarto intermedio para evaluar el sustitutivo de este artículo en la hoja 332 y habiendo considerado que todas las observaciones de los riesgos implícitos este artículo son válidas –ya han quedado registradas en la versión taquigráfica y, seguramente, volveremos sobre ellas en el Plenario–, hemos entendido que, en el afán de generar los mayores consensos posibles, vamos a acompañar este artículo, no sin antes manifestar que mantenemos con fuerza los riesgos planteados en nuestra intervención anterior. Incluso vamos a agregar uno más y queremos dejar constancia de ello ahora y después.\nEn general, como todos saben, el Fondo Nacional de Recursos se financia –lo dije en la intervención anterior– a través de un mecanismo captador con tarifa plana, por parte de los afiliados al Fondo Nacional de Salud, y un complemento de Rentas Generales; es lo que utilizan los usuarios de ASSE que solicitan el uso de dicho Fondo. Nosotros queremos advertir y dejar sentada nuestra preocupación a fin de que en un contexto de restricción presupuestal –como la que ha planteado la propia señora ministra en su comparecencia y en todo el proceso previo a esta discusión– estas donaciones no signifiquen simplemente un cambio de figuritas –por decirlo de alguna manera– y que finalmente tengan como objeto la reducción del presupuesto. Además, como generalmente esa parte del presupuesto atiende a la población de ASSE, puede terminar perjudicando la atención del Fondo Nacional de Recursos, orgullo del país del que ya hablamos y lo haremos detenidamente en el Plenario. No queremos que esto termine afectando la atención de alta complejidad para los sectores más débiles, que al no haber ingresado todavía a la cobertura contributiva del Fondo Nacional de Salud se atienden en ASSE y reciben las prestaciones del Fondo a través de Rentas Generales.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 432 de la hoja 332 y el artículo 433 de la hoja 333.\nSEÑOR GANDINI.- Solo quiero confirmar que también se modifica el título: «Recursos para financiar tratamientos de alto precio».\nSEÑOR PRESIDENTE.- Es correcto lo que dice el señor senador Gandini, el título ha sido modificado.\nIngresamos en el tratamiento del capítulo I, «Fortalecimiento del ministerio de vivienda» de la sección VI, «Normativa sobre la emergencia en vivienda».\nEn consideración el artículo 434, que tiene un texto sustitutivo en la hoja 334.\nSEÑOR CARRERA.- Queremos proponer a la presidencia que se voten en bloque algunos sustitutivos que tenemos en la mesa. De este capítulo vamos a acompañar los sustitutivos de los artículos 437, 438, 439, 440, 441 y 442. Estamos hablando de que el Frente Amplio va a acompañar este capítulo que refiere al fortalecimiento del ministerio de vivienda y que crea una nueva unidad ejecutora, que es la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Así que lo que proponemos, señor presidente, es votarlo en bloque.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Formulo una consulta a este respecto. Como el señor senador Carrera finalizó su enumeración de los artículos en el 442, pregunto si los aditivos que siguen también los votarían en bloque.\nSEÑOR CARRERA.- Lo que no vamos a acompañar es lo que tiene que ver con el nuevo sistema de arrendamiento sin garantía.\nSEÑOR PRESIDENTE.- No, señor senador. Me refiero al capítulo I, que va del artículo 434 al 442; después figuran tres aditivos.\nSEÑOR CARRERA.- Así, es, señor presidente. Vamos a acompañar el ter y el quater.\nSEÑOR ANDRADE.- Para aclarar, quiero decir que se eliminarían los artículos 436 y 440; eso venía de la postura del ministerio de vivienda.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, el Frente Amplio estaría dispuesto a acompañar los artículos 434 de la hoja 334, 435 de la hoja 335, 437 de la hoja 336, 438 de la hoja 337, 439 de la hoja 338, 440 tal cual estaba en el proyecto de ley original, 441 de la hoja 339 y 442 de la hoja 340.\nSEÑORA BIANCHI.- Señor presidente: no creo que haya corrimiento de artículos.\nPor nuestra parte, vamos a pedir el desglose del artículo 441 –que habla de herencias yacentes–, al igual que del 442 quater, para que ya queden fuera de cualquier paquete de votación.\nSEÑORA RODRÍGUEZ.- Señor presidente: voy a ser muy breve.\nSimplemente quiero saludar a la bancada del Frente Amplio por acompañar la creación de esta dirección tan importante y necesaria, más aún por los momentos que estamos viviendo, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Hay una duda que me gustaría que me aclararan porque alguien hizo referencia a que el artículo 436 fue retirado o que se debería votar en contra.\n–En Secretaría también figura como retirado.\nEn definitiva, se van a votar los artículos 434 de la hoja 334, 435 de la hoja 335, 437 de la hoja 336, 438 de la hoja 337, 439 de la hoja 338, 440 en el mensaje original, 442 de la hoja 340, el aditivo 442 de la hoja 341 y el aditivo 442 de la hoja 342. Aclaro que el aditivo 443 de la hoja 343, que se retiró.\nPor otra parte, propongo que el artículo 436 se desglose hasta que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial nos confirme si se retiró o no.\nAsimismo, la señora senadora Bianchi solicitó el desglose del artículo 441 de la hoja 339.\nIngresamos al capítulo II «Régimen de arrendamiento sin garantía».\nEn consideración el artículo 443 de la hoja 344.\nSEÑORA ASIAÍN.- A raíz de la comparecencia del Instituto de Derecho Civil, se reformuló la redacción de todo este capítulo, no solo para mejorar el texto en lo que tiene que ver con la técnica legislativa –agregando términos más jurídicos y propios de los procesos de arrendamientos, como desalojos, garantías, etcétera–, sino que además se eliminaron varias inconstitucionalidades –aspecto que compartíamos– que afectaban al debido proceso. Por ejemplo, iniciado el proceso de desalojo, ya sea por falta de pago o por vencimiento de plazo, se decía que las excepciones no iban a tener efecto suspensivo, pero eso se eliminó porque evidentemente atentaba contra el debido proceso.\nDe la misma manera se eliminó que no fuera preceptiva la intimación previa al inquilino. En el tipo de arrendamiento propuesto se mantiene que la intimación previa va a ser preceptiva, de acuerdo con el régimen general.\nAsimismo, se eliminaron incongruencias marcadas por el Instituto de Derecho Civil. Nos dijeron que no correspondían por su estructura, porque se remitía a procesos de estructura extraordinaria, cuando correspondía hacerlo a la monitoria. Además, el Instituto de Derecho Civil aconsejó incorporar una norma antiabuso para preservar o proteger a los inquilinos del posible abuso de un arrendador que simulase que no existía garantía para aprovecharse de plazos más exiguos.\nPor estas razones proponemos el aditivo de la hoja 444, que iría al final y remite al procedimiento del Decreto Ley n.º 14219, de arrendamientos, por el cual el juez determina la pena pecuniaria a ser aplicada a quien incumpla el régimen de garantía o a quien cometa alguna infracción. Precisamente, queda a criterio del juez establecer una multa, que puede ser de uno a cinco meses de arriendo. Insisto en que es una norma tuitiva de los derechos de los inquilinos; el que comete la falta es el arrendador y no el inquilino.\nEsa es la explicación y la razón por la cual se ha reformulado todo este capítulo.\nSEÑOR OLESKER.- Nosotros estamos en contra de este capítulo y no lo vamos a votar.\nVamos a realizar cuatro reflexiones que en parte ya habíamos hecho durante la comparecencia de la ministra, incluso con preguntas que no nos fueron respondidas.\nEn primer lugar, afirmamos que el sistema de arriendos, de alquileres, en el Uruguay debe ser rediscutido y reformulado. Nosotros hoy somos oposición pero, de hecho, en nuestro programa de Gobierno se habían incluido algunas medidas en ese sentido. O sea que consideramos que debe ser reformulado, pero debe serlo en aras de la expansión del sistema regulado y no de su flexibilidad y precarización.\nEn segundo término, quiero recordar que en su momento preguntamos si existía un estudio que diera la magnitud de este problema, ya que en la exposición de motivos se dice que hay un conjunto muy amplio de personas cuyo principal escollo para conseguir un alquiler es la garantía, pero no se nos respondió. Por lo tanto, debo asumir que no hay un estudio que fundamente esta causa.\nEn tercer lugar, nosotros dijimos que en los últimos tiempos el sistema de arriendo había avanzado mucho en el Uruguay a partir de tres mecanismos: el primero es la incorporación de una mayor flexibilidad y rapidez a los sistemas de garantías públicas, en particular en lo que respecta a la contaduría; el segundo, la incorporación de otros sectores sociales y económicos en estos sistemas de garantías y, el tercero, los alquileres subsidiados a través del llamado Mvotma-Mides, ya que el propio director general del ministerio comentó que se otorgaron cerca de diez mil.\nPor lo tanto, proponíamos que los mecanismos con los que debería actuarse en este sector deberían ser la continuidad de los utilizados hasta ahora, que amplían los sistemas públicos de sustento a las garantías para los que no disponen de ella.\nEn cuarto y último lugar hay un tema que quizás sea el más preocupante para nosotros. Cuando analizamos del artículo 452 en adelante –y en ese sentido no hay cambios en los artículos– encontramos algo que es la contracara de lo que hace atractivo a un sistema de arrendamientos sin garantías, que es lo que denominamos –en la comparecencia de la ministra y ahora nuevamente– «desalojo express». Esto implica que al vencimiento del plazo, si se cumplen todos los requisitos legales, el desalojo correspondiente es de treinta días, cuando todos sabemos que el sistema de desalojo en Uruguay, dependiendo de la reglamentación, puede ser de seis meses o de un año. Además, esto hay que manejarlo con ejemplos concretos. Como el sistema no regula ningún otro componente alguien termina su plazo y quiere continuar en el lugar, pero el arrendador le ofrece duplicarle el precio. La persona en treinta días debe dejar la casa. En otros casos al vencerse el contrato, obviamente, el arrendador tiene libertad para fijar un nuevo precio, pero el plazo por buen pagador es por lo menos de un año para encontrar una solución habitacional. En el caso de los no pagadores la mora se registra a los tres días –esto también es un cambio bastante significativo– y luego, una vez que el juez dicta el desalojo, el alguacil tiene seis días para retirarlos. Nos parece que esta es una caída importante de las garantías. Otra vez decimos que no sabemos si va a pasar, pero nuestra tarea es advertir los riesgos y uno de los que vemos es que mucha gente atraída por esta oportunidad de arrendar sin garantías, va a terminar peor de lo que estaba inicialmente.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Como los señores senadores del Frente Amplio han anunciado que van a votar en contra la totalidad de este capítulo, sugiero que votemos el capítulo entero de la siguiente forma. El artículo 443 en la hoja 344; el artículo 444 en la hoja 345; el artículo 445 en la hoja 346; el artículo 446 en la hoja 347; el artículo 447 en la hoja 348; el artículo 448 en la hoja 349; el artículo 449 en la hoja 350; el artículo 450 en la hoja 351; el artículo 451 en la hoja 352; el artículo 452 en la hoja 353; el artículo 453 en la hoja 354; el artículo 454 en la hoja 355; el artículo 455 en la hoja 356; el artículo 456 en la hoja 357; el artículo 457 en la hoja 358; el artículo 458 en la hoja 359; el artículo 459 en la hoja 360; el artículo 460 en la hoja 361; el artículo 461 en la hoja 362; el artículo 462 en la hoja 363; el artículo 463 en la hoja 364; el artículo 464 en la hoja 365; el artículo 465 en la hoja 366; el artículo 466 en la hoja 367; el artículo 467 en la hoja 368; el artículo 468 en la hoja 369; el artículo 469 en la hoja 370; el artículo 470 en la hoja 371; el artículo 471 en la hoja 372; el artículo 472 en la hoja 373; el artículo 473 en la hoja 374; el artículo 474 en la hoja 375; el artículo 475 en el mensaje original; el artículo 476 en la hoja 376; el artículo 477 en la hoja 377; el artículo 478 en la hoja 378; el artículo 479 en la hoja 379; el artículo 480 en la hoja 380 y la hoja 444 que es un artículo nuevo que acaba de repartirse.\nLa comisión pasa considerar el capítulo III, «Ampliación del ámbito de actuación de Mevir.».\nEn consideración el artículo 481 en la hoja 381.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- Señor presidente: quiero dejar una constancia muy breve.\nNo se mencionan las viviendas por sistema cooperativo, que fue algo que se planteó desde los ámbitos específicos, desde Fucvam y Fecovi.\nMe parecía que había que dejar esa constancia.\nSEÑOR VIERA.- Solicito el desglose del artículo 481.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el artículo 481 a solicitud del señor senador Viera.\nIngresamos a la sección X, «Modificaciones al Código Civil».\nEn consideración el artículo 482, hoja 382.\nSEÑOR CARRERA.- Señor presidente: nosotros, como bancada, presentamos un sustitutivo.\nNo podemos acompañar estas normas, a pesar de tener opinión favorable. Creemos que tenemos que ir por el camino de la reducción de los plazos de prescripción, consideramos que es lo correcto, pero no sin un estudio del impacto de la norma. Esto va a tener incidencia en diversos regímenes, como el Código Civil, el Código Tributario y lo que tiene que ver con la prescripción del patrimonio del Estado, en definitiva.\nEntonces, la bancada de senadores del Frente Amplio, como una oposición responsable, constructiva, hace la siguiente propuesta. Dado que queremos desarrollar una política pública en esta materia durante esta legislatura –que comenzó el 15 de febrero–, vamos a proponer la creación de una comisión de reforma, seguimiento y actualización del Código Civil, que deberá trabajar en forma sistemática las modificaciones legislativas con posterioridad a la Ley n.º 16603, que fue la gran actualización del Código Civil.\nCreemos que se debe crear una comisión de reforma, seguimiento y actualización a los efectos de actualizar el Código Civil y que debe estar en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General e integrada por un representante del Colegio de Abogados del Uruguay, un representante de la Asociación de Escribanos del Uruguay, un representante de la Asociación de Magistrados del Uruguay, un parlamentario de cada uno de los partidos políticos aquí representados, un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.\nAsimismo, proponemos que la comisión disponga de un plazo de un año desde su instalación para elaborar un anteproyecto de ley que deberá ser remitido a la Asamblea General para su discusión y eventual aprobación.\nNosotros creemos que este capítulo que nos remitió el Poder Ejecutivo en la LUC 3.0 busca actualizar algunas normas del Código Civil. La coalición oficialista ha ido por un camino, que es el de reducir los plazos de prescripción. Nosotros, en principio, tenemos opinión favorable, creemos que es lo correcto, pero tenemos un poco de temor de hacerlo sin el estudio de impacto de la norma.\nEntonces, nos parece que esta sería una buena oportunidad para que nos pusiéramos de acuerdo en crear una comisión para trabajar e iniciar el proceso de actualización, ya que desde el año 94 nuestro Código Civil no ha sido revisado. Esa es la propuesta que hace la bancada de senadores del Frente Amplio.\nSEÑORA BIANCHI.- Señor presidente: la coalición de gobierno va a acompañar todos los artículos que refieren a los distintos tipos de prescripción, porque, además, así fue recomendado por la cátedra de Derecho Civil de la Udelar. Es un tema puntual, no desequilibra el resto del código y hace aproximadamente treinta años o más que se está discutiendo el mismo tema. Creo que fue uno de los integrantes de la cátedra quien dijo que si creamos una comisión especial para estos temas, estaremos treinta años más sin resolverlos. En el caso de la acción de las donaciones inoficiosas, los artículos 484 y 485, que la coalición de Gobierno decidió no votar –es decir, los vamos a votar negativamente– se llegó a un acuerdo que esos artículos se van a discutir en la Comisión de Constitución y Legislación de cada una de las Cámaras, en primer lugar, en la del Senado. Son temas que hace tantos años que han sido estudiados que no necesitan mucho más de lo que se dijo, incluso la cátedra de Derecho Civil –me olvido de la Asociación de Escribanos y del Colegio de Abogados– votaron en mayoría y en minoría, lo que significa que hay consenso desde hace mucho tiempo. Esto no es obstáculo para que se cree una comisión especial para reformar el Código Civil, pero no con los artículos de la prescripción que vamos a acompañar.\nSEÑOR CARRERA.- Quiero hacer una aclaración, porque este parece un diálogo de sordos. Nosotros hicimos una propuesta y no entendí a la señora senadora Bianchi si está dispuesta a acompañarnos o no.\nNosotros creemos que sería una muy buena iniciativa del sistema político uruguayo crear un ámbito de trabajo para actualizar el Código Civil. No tenemos ningún inconveniente en que se vote la prescripción porque creemos que es el camino correcto, pero tuvimos una discusión y nos dieron temor los diferentes impactos. Está bien lo defina la coalición de Gobierno más allá de que no lo vamos a acompañar, pero hicimos una propuesta concreta que nos parece que es importante, y es iniciar un ámbito de trabajo para la actualización del Código Civil, ya que desde el año 1994, con la Ley n.º 16603, no hay una reforma integral y sería oportuno que esta legislatura iniciara ese camino.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador Carrera: lo que voy a decir no es en mi calidad de presidente, sino de coordinador de los senadores del Partido Nacional, sobre la voluntad que refiere en la hoja n.º 437, la señora senadora Bianchi manifestó que estamos de acuerdo. Lo que tenemos que definir –nosotros entendemos que no es el momento, pero sí existe el compromiso– es si será en una subcomisión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado o en la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General. Ese es el detalle. Con respecto a lo demás hay voluntad política de la bancada de gobierno –espero representar a todos–, en el sentido de constituir un ámbito de trabajo en dirección de lo que plantea la hoja n.º 437 a la que hace referencia. Nosotros en este momento no estamos en condiciones de votar la hoja n.º 437, pero tenemos la voluntad política de trabajar en esa dirección.\nSEÑORA BIANCHI.- No me gusta que se empiece agrediendo; este no es un diálogo de sordos porque me referí exactamente a todas las posibilidades. En consecuencia, voy a obviar esa agresión y a repetir que vamos a cambiar todo el régimen de las prescripciones siguiendo lo manifestado por la cátedra de Derecho Civil. No vamos a acompañar los artículos 484 y 485. Vamos a tratar, porque este es un acuerdo político de la coalición de Gobierno que hoy tiene la mayoría, estos dos artículos que se refieren a la acción de las donaciones inoficiosas que no es para los escribanos, es para la gente que quiere donar y no puede, y no ponerlo en la comisión especial para tratar la reforma integral del código que sí estamos dispuestos a instalar, pero no para las donaciones inoficiosas que vamos a tratar en la Comisión de Constitución y Legislación que está más que probado. Lo que pasa es que como nosotros somos respetuosos del Derecho –y lo fuimos siempre–, como había algunas dudas muy pequeñas de la Cátedra, que está dispuesta a trabajar con nosotros, estamos en condiciones de tratarlos en la Comisión de Constitución y Legislación. Luego acompañaremos sin problema la formación de una subcomisión especial en el ámbito de la Asamblea General para la reforma integral del Código Civil. Si efectivamente se produce algún problema por haber hecho antes estas dos modificaciones de institutos, uno ahora y otro dentro de unos meses, nada mejor que la subcomisión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General para arreglarlo en esa reforma integral del Código Civil.\nSEÑOR CARRERA.- Entendí lo que dijo la señora senadora y concluyo que tenemos tiempo para trabajar en la formación de esta comisión que creo sería un gran aporte de todo el sistema político.\nPor otro lado, como integrante de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, con mucho gusto voy a trabajar en el tema de las donaciones porque pienso que allí tendríamos los tiempos necesarios para escuchar a los diferentes actores involucrados. De todos modos, quiero hacer una única corrección. En esta comisión escuchamos únicamente el Instituto de Derecho Civil II y III, que tiene que ver con obligaciones y contratos, así que cuando vayamos a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado vamos a tener la oportunidad de escuchar al Instituto de Derecho Civil VI, que tiene que ver con sucesiones y derecho de familia.\nSEÑOR PEÑA.- También queremos dejar la constancia de que apoyamos la idea de trabajar en una comisión especial que analice los cambios en el Código Civil. Por nuestra parte, analizaremos exactamente el ámbito, será materia de trabajo y una vez propuesto lo acompañaremos en el marco de un acuerdo general de los partidos.\nEn la línea de lo que propone la senadora Bianchi, que es un acuerdo de la coalición, quiero plantear formalmente que los artículos 484 y 485 sean enviados a la Comisión de Constitución y Legislación para ser analizados rápidamente.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 482 que figura en la hoja sustitutiva 382.\nEn consideración el artículo 483 que figura en la hoja sustitutiva 383.\nSe va a votar el envío de los artículos 484 y 485 del texto original de la presente ley a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.\n–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIAD.\nSe van a votar los artículos 484 y 485.\nEn consideración el artículo 486 que figura en la hoja 384.\nEn consideración el artículo 487 que figura en la hoja 385.\nEn consideración el artículo 488 que figura en la hoja 386.\nSEÑORA ASIAÍN.- Parecería que hubo un error y el numeral que dice 4) debería ser 5).\nSEÑOR PRESIDENTE.- Como recordará la señora senadora, habíamos facultado a la secretaría para realizar las correcciones en todo lo referente a redacción y corrección de la numeración y eventuales errores de ubicación numérica o terminológica.\nSi no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 488 que figura en la hoja 386.\nSEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 489 de la hoja 387.\nEn consideración el artículo 490 de la hoja 388.\nEn la hoja 437 existe un aditivo presentado por el Frente Amplio.\n–Retomamos la consideración de la hoja 437 sobre la creación de la Comisión de Reforma, Seguimiento y Actualización del Código Civil. No sé si se esa hoja se va a mantener o a retirar.\nSEÑOR CARRERA.- Antes de tomar una decisión vamos a esperar para ver si llegamos a un acuerdo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, la mantenemos desglosada hasta mañana.\nEn consideración el artículo 491, de la sección XI, «Otras disposiciones», del capítulo «De la protección a la libre circulación», que tiene un sustitutivo en la hoja 389.\nSEÑOR ANDRADE.- Primero tengo que hacer una concesión. Una de las cuestiones más graves que traía el articulado general, que refería al término «afecten», es su imprecisión, porque criminalizaba toda la protesta. No es posible que una manifestación social que adquiera la forma de piquete no afecte. De hecho, la razón de una manifestación de esas características es afectar. De todas formas, creo que esta terna de artículos va en la dirección de la criminalización de la protesta. Esa es una opinión. No encuentro argumentos –quizás me los pueden dar en comisión– para reiterar los hechos de apariencia delictiva.\nEn el capítulo sobre el procedimiento policial –que acabamos de votar– ya se establece qué hacer ante hechos de apariencia delictiva. Sin embargo, ahora reforzamos el concepto diciendo que hay hechos de apariencia delictiva referidos al piquete. Si esto es así, deberíamos incluirlos en todo tipo de circunstancia.\nAdemás, ya se votó el artículo 47, sobre seguridad en el procedimiento policial, que también habla de los hechos de apariencia delictiva. En realidad, nosotros votamos en contra, porque nos parece que tener retenido veinticuatro horas al implicado en un hecho de apariencia delictiva genera la posibilidad de abuso desde el punto de vista de las libertades individuales.\nPor otra parte, entiendo que en el artículo 493 se refuerza una vez más este concepto –supongo que relacionado al piquete, o en el aire; si está en el aire, no lo entiendo– de hecho de apariencia delictiva por participar de la manifestación piquete.\nEsta terna sigue teniendo márgenes de imprecisión. Una acción colectiva –sea por lo que sea, por un reclamo de género, de seguridad, sindical, social, cooperativo–, ¿cuánto impide la circulación? A nuestro juicio, tiene márgenes de imprecisión.\nLa segunda referencia que se incorpora es el uso de la fuerza pública y, la tercera, relacionar esa manifestación equis con hechos de apariencia delictiva.\n¿En qué se inspira esto, señor presidente? En realidad, no lo podemos comprender, salvo que se utilice la lógica por la que muchas veces se considera a las manifestaciones sociales casi desde la perspectiva del delito. He encontrado referencias teóricas que clasifican, por ejemplo, la ocupación de un centro de trabajo como un copamiento. Creo que estos tres artículos van en línea –hoy lo dijo muy bien el senador Mahía– con un conjunto de artículos que transversalizan la ley de urgente consideración y que van en la dirección –a nuestro entender; es una consideración política– de generar riesgo para las libertades individuales. No encuentro el sentido de reiterar algo –me refiero a los hechos de apariencia delictiva– que está en el capítulo sobre el procedimiento policial, salvo que se priorice el mensaje a la norma, porque no se necesita en una ley de estas características.\nSEÑOR BONOMI.- Simplemente quiero dejar constancia de que, cuando fundamenté en general, mencioné estos artículos.\nTambién quiero reafirmar que la determinación de hasta dónde impide o no el tránsito queda en el Ministerio del Interior cuando, por ser una manifestación laboral, debería estar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, reconozco que cambiaron los verbos y los acercaron a una posición distinta, por lo que tendría que ser valorado por esta última Cartera.\nSEÑOR GANDINI.- Estos artículos se pueden leer desde muchos puntos de vista. Personalmente pediría que se lean desde el lado de su propia definición. El capítulo se llama «De la protección a la libre circulación» y no «De la prohibición del derecho de protesta». Reitero: toda la ley de urgente consideración está atravesada por la idea de proteger los derechos que la Constitución consagra para todos, sin poner a uno por encima de los otros y trata de resolver adecuadamente la convivencia pacífica de los uruguayos.\nEstos tres artículos protegen el derecho de las personas a circular y a que no sea impedido por otras personas que tienen derecho a protestar. Es la búsqueda de los equilibrios de los derechos que consagramos. El artículo no dice que declaran ilegítimos todos los piquetes, dice: «Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios». Por ejemplo, si una persona entra a trabajar a las cinco de la tarde y va en ómnibus, en auto o a pie y se encuentra con un piquete que no lo deja pasar para ir a trabajar lo vamos a proteger, porque vamos a buscar la manera de que ese piquete deje pasar a las personas, a los ómnibus, a los vehículos, a los bienes y a los servicios.\nEsto es lo que dice el artículo y no otra cosa. Un piquete en la puerta de una fábrica, en una plaza o donde no interrumpa la libre circulación de las personas está dentro del derecho a protestar consagrado en otra cantidad innumerable de normas.\nCon respecto artículo 493: léase al revés. La policía solo podrá intervenir en un piquete cuando haya hechos de apariencia delictiva; de lo contrario no puede arrestar a nadie, porque el artículo 492 dice que el Ministerio del Interior podrá disponer de las medidas pertinentes a efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar. Es decir que el Ministerio del Interior no podrá actuar presumiendo delito si se está impidiendo la libre circulación, sino que deberá actuar para asegurarla. Ahora, si en ese piquete se están cometiendo hechos de apariencia delictiva el Ministerio del Interior podrá actuar deteniendo a esas personas. Parece bastante claro que donde empiezan los derechos de uno terminan los derechos del otro.\nEste es de los temas más apasionantes para discutir, porque nosotros venimos a hacer estos cambios y el Frente Amplio los resiste. Este es uno de los aspectos que nos ha dividido.\nQuiero dar el debate y ponerme del lado de los que no tienen sindicato ni voz para que los defiendan, que son los pobres desgraciados que salen a trabajar y hay 20 que no los dejan pasar. Repito: ¡vamos a dar ese debate! Ahora que no se pretenda atribuirnos violación de derechos porque es lo contrario: venimos a defenderlos. El derecho de protesta está garantizado, pero también el derecho a circular. Son derechos que están en la Constitución. Los voy a marcar, subrayar y leer en sala porque hace falta recordar la Constitución de la república, que está por encima de todas las leyes y tenemos que hacerla cumplir. Cuesta hacerla cumplir, pero venimos a hacerla cumplir. Esa es la idea, señor presidente.\nSEÑOR ANDRADE.- Tenemos diferencias sustanciales. Jamás me referiría a los trabajadores como «pobres desgraciados». ¡Jamás! En ninguna circunstancia.\n–Le voy a pedir, señor presidente, que me ampare en el uso de la palabra.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Lo amparo en el uso de la palabra.\nSEÑOR ANDRADE.- Es una diferencia filosófica profunda que tenemos con el señor senador Gandini y con la mirada que tiene el resto de la coalición. Repito: jamás me referiría a los trabajadores como «pobres desgraciados». No es como pienso ni como entiendo la vida. Tenemos una diferencia sustantiva.\n–Y vaya si tendremos credenciales por lo que hemos hecho por los trabajadores que no tienen sindicato, en la práctica, no en el discurso, porque el discurso a veces es berreta. En el artículo 52 que se acaba de votar y que habla de cuándo se puede conducir a la persona eventualmente implicada, se dice: «La policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona cuando existan indicios fundados de que ésta ha participado en un hecho con apariencia delictiva y puede fugarse». Esa es la circunstancia general, es decir, debe haber indicios fundados y además que pueda fugarse. Esa es la perspectiva que acabamos de votar para la generalidad. En el caso del piquete, no se habla de indicios fundados ni de posibilidad de fuga, sino simplemente de apariencia delictiva. Parece que en el caso del piquete la circunstancia para llevar a una persona detenida no es tan exigente como la generalidad. Eso es lo que acaba de votar la coalición que está en el Gobierno ahora.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Sugiero votar en bloque, junto al artículo 491, los artículos 492 y 493, ya que descarto que en todos ellos no hay acuerdo.\nSi no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 491 de la hoja 389, el artículo 492 de la hoja 390, y el artículo 493 de la hoja 391.\n–7 en 11. Afirmativa.\nSEÑOR DOMENECH.- Votamos estos artículos afirmativamente para consagrar el respeto a la libertad de los individuos que tienen derecho a circular libremente por el país. Cuando se impide el paso se puede estar impidiendo pasar a alguien que simplemente quiere circular por un motivo egoísta, pero también se puede estar impidiendo el paso de una ambulancia, un carro de bomberos o la Policía, que va a impedir un hecho ilícito. Además, estoy seguro de que la Policía no le va a pasar por encima con una tanqueta a nadie, a ningún piquete en este país, tal como hemos visto que sucede en otros regímenes cercanos a los nuestros en donde, dolorosamente, la gente es vapuleada y atropellada por la fuerza pública. Cabildo Abierto no va a permitir, dentro de sus fuerzas, que eso suceda. Vamos a tratar de defender la libertad en su más amplia expresión y el que quiera protestar, que proteste, pero que lo haga sin afectar el derecho de los demás.\nSEÑOR BOTANA.- Estoy en el Senado de la República para defender las libertades individuales y no los corporativismos, del signo que sea.\nEstoy aquí para defender el derecho y no la prepotencia.\nEstoy aquí para defender a las personas y no a las patotas.\nSEÑOR ABREU.- Simplemente, quiero decir que los que hemos estudiado con mucho esfuerzo derecho, siempre tenemos como referencia a Immanuel Kant, quien escribió un libro que es cabecera para todos los que tratamos de tener la seguridad jurídica y las libertades de respaldo, que se llama Crítica de la razón pura. Con todo respeto y con todo lo que vamos a discutir, creo que hoy deberíamos escribir otro libro, frente a la oposición, que se llame la Crítica a la razón corta.\nSEÑORA DELLA VENTURA.- En referencia a otro artículo hice mención a la madurez del movimiento sindical, que no es corporativismo. Me pregunto qué antecedentes hay, de los que se mencionan de no dejar pasar ambulancias o a los bomberos. Quizás yo estoy muy equivocada, pero no recuerdo un ejemplo en ese sentido. Comparto lo que se dice sobre el derecho de las personas. Pero el tema se centra, aparentemente, en cómo se ve desde las filas oficialistas al movimiento sindical. Como ya dije, creo que no se actúa con irresponsabilidad. Si hay muchos argumentos y se me dice tal día pasó esto, tal día pasó esto otro, etcétera, quizás me convenzan, pero al día de hoy esto no es así.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos en el Capítulo II, «Portabilidad numérica».\nEn consideración el artículo 495 de la hoja 393.\nEn consideración el artículo 496 de la hoja 394.\nEn consideración el artículo 497 de la hoja 395.\nEn consideración el artículo 498 de la hoja 396.\nEn consideración el artículo 499 de la hoja 397.\nEste capítulo acaba de ser votado. El señor senador Carrera me planteó que había una instancia de negociación sobre todo este capítulo. Entonces, hagamos lo siguiente: si en el día de mañana podemos llegar a algún tipo de acuerdo en cuanto a estos temas, no vamos a tener ningún inconveniente en plantear la reconsideración y votar los artículos en los que eventualmente podamos llegar a un acuerdo. Pregunto al señor senador si está de acuerdo con el planteo o quiere reconsiderarlo y lo desglosamos. Estamos abiertos a cualquiera de las dos opciones.\nSEÑOR CARRERA.- Como el señor presidente disponga.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Creo que la señora senadora Cosse no sabía que podía hacer uso de la palabra y quizás por eso no hizo el planteo.\nSEÑORA COSSE.- Sabía que podía hacer uso de la palabra, pero no que podía pedir el desglose, que era lo que íbamos a abordar. Entonces, solicitamos que se desglose.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del Capítulo II, «Portabilidad numérica».\nSEÑOR CARRERA.- Solicito el desglose de este capítulo.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Queda desglosado el Capítulo II.\nIngresamos en el Capítulo III, «De las áreas naturales protegidas», que es el último del proyecto de ley.\nEn consideración el artículo 500 de la hoja 398 y el 501 de la hoja 399.\nSEÑOR LOZANO.- Solicitamos el desglose de estos artículos.\nSEÑOR PRESIDENTE.- Quedan desglosados los artículos 500 y 501.\nDe esta forma finalizamos el tratamiento de las secciones, los capítulos y los artículos del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.\nAhora bien; vamos a combinar un plan de trabajo para el día de mañana. La mesa informa que a las 9 de la mañana van a estar en la Secretaría a disposición de los señores senadores los 83 artículos desglosados –el artículo o la hoja sustitutiva correspondiente– para ser analizados. Me permito sugerir que empecemos las reuniones de las bancadas de la coalición de Gobierno y del Frente Amplio a las 9:30 y a las 11 de la mañana sería convocada la reunión plenaria extraoficial de esta comisión para iniciar la negociación final sobre los artículos desglosados. A la tarde, eventualmente, estaríamos votando esos artículos y dando por finalizada la sesión de esta comisión especial.\nQuiere decir que a las 11 las dos bancadas trabajarían en conjunto –pero en forma extraoficial y sin versión taquigráfica– para llegar a los acuerdos que eventualmente podamos lograr y de tarde votaríamos los artículos que quedan desglosados.\nEstando de acuerdo en ese sentido, se levanta la sesión.