saveSave AGUA Y LIBRE COMERCIO 3.pdf For Later\nPRIMERA PARTE. ASPECTOS FISCALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PDF).pdf\nProntuario TLCAN 2017\nMarco Normativo sobre Aguas e Impactos del TLC en Ecuador, Bolivia y Per\nPRESENTACIN p.3 AGUA Y TLC EN ECUADOR p.4 Juan Fernando Tern La lgica del rgimen jurdico del agua en vigencia Creacin de un ambiente adecuado para la inversin extranjera Ecuador no protegi al agua en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS) La expresin domstica de los compromisos ante la OMC Los acuerdos bilaterales de inversin firmados por Ecuador Impactos Previsibles del ALCEUSA Participacin privada en agua y saneamiento VINCULOS DEL AGUA CON EL TLC ANDINO EN EL CASO DE BOLIVIA p.17 Carlos Crespo y Oscar Campanini Compromisos y Riesgos en la Aplicacin del TLC Andino en el Sector Agua Impactos previsibles del TLC Andino en el Marco Legal del Agua en Bolivia Sobre la exportacin de agua: La Experiencia del Sudoeste de Potos Sobre las restricciones a la comercializacin de agua Generalizacin de Derechos por el Principio de Trato Nacional o de Nacin Ms Favorecida Mecanismos de Examen Normativo y de Resolucin de Controversias Marco Regulatorio y Jurisdiccional Tratados Bilaterales de Inversin (TBI con Holanda y Francia) Conclusiones MARCO NORMATIVO SOBRE AGUAS E IMPACTOS POSIBLES DEL TLC EN EL PERU p.31 Guillermo Rebosio Arana El marco constitucional Las principales polticas sobre gestin y uso del agua TLC Andino y Agua: Impacto sobre las polticas pblicas Captulo de Inversiones del TLC Un balance preliminar: Qu nos exige el TLC Andino?\nGLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS p.39\nEl Proyecto Visin Social del Agua desarrollado por la institucin AGUA SUSTENTABLE con el apoyo de International Development Research Centre (IDRC) ha desarrollado varias guas sobre el tema de Agua y Libre Comercio en base a diversas investigaciones realizadas principalmente en pases andinos entre 2004 y 2007. El objetivo de estas investigaciones fue determinar el tratamiento que los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio hacen del agua y los servicios de agua potable. Los resultados de las investigaciones permitieron disear una serie de documentos didcticos destinados principalmente a operadores pblicos, negociadores estatales en acuerdos de libre comercio, autoridades pblicas nacionales e internacionales con facultades para tomar decisiones sobre el tema, acadmicos y asesores, y representantes o lderes de la sociedad civil. La presente Gua contiene tres documentos sobre Agua y TLC en Ecuador, Bolivia y Per, los mismos que son resmenes de las siguientes investigaciones: El Acuerdo de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos: Una Aproximacin a sus Eventuales Consecuencias para la Gobernanza de Los Recursos Hdricos Ecuatorianos. Diciembre de 2005, Juan Fernando Tern, con la Asistencia de Alex Zapata. Efectos del Tratado de Libre Comercio Andino en el Uso y Gestin del Agua en los Pases de Los Andes. Caso Bolivia, 2005, Carlos Crespo y Oscar Campanini. Efectos del TLC Andino en el Uso y GesMarco Normativo sobre Aguas e Impactos del TLC en Ecuador, Bolivia y Per\ntin del Agua. Caso Per. Guillermo Rebosio Arana. Los documentos de investigacin fueron elaborados en calidad de consultoras encomendadas a los citados investigadores en el marco del Proyecto Visin Social del Agua. Los resmenes fueron editados por un equipo de Agua Sustentable, en coordinacin con los autores. Las opiniones y anlisis de los mencionados autores expresadas en esta publicacin, corresponden exclusivamente a los mismos. La presente Gua denominada Marco Normativo sobre Aguas e Impactos del TLC en Ecuador, Bolivia y Per, tiene como objetivo central abrir debate sobre los siguientes temas: i) el marco jurdico e institucional sobre aguas en los tres pases; ii) estado de situacin de las negociaciones respecto al TLC en los tres pases; iii) anlisis sobre los impactos previsibles de los TLC en los regmenes de derechos, el marco institucional y legal de los tres pases. Las investigaciones que constituyen la fuente documental de los resmenes aqu presentados por los autores concluyeron en 2005, por lo que corresponde circunscribir las conclusiones y los antecedentes sobre los temas tratados a ese momento histrico.\nY TLC EN EL ECUADOR 2 AGUA Juan Fernando Tern\nLa lgica del rgimen jurdico del agua en vigencia Para fines analticos, los actuales cuerpos jurdicos ecuatorianos sobre aguas podran ser diferenciados en tres niveles: i) el dominio sobre los recursos hdricos; ii) los derechos de uso y aprovechamiento de las aguas; y iii) la prestacin de los servicios emanada del aprovechamiento del agua. De manera formal, el derecho de los ciudadanos al agua parecera estar suficientemente consagrado en la normativa ecuatoriana. El artculo 247 de la Constitucin de la Repblica, los artculos 2, 3 y 4 de la Ley de Aguas y el artculo 42 de la Ley de Desarrollo Agrario definen a los recursos hdricos como bienes nacionales de uso pblico. No obstante, esta consagracin doctrinaria suele entrar en contradiccin con las leyes, reglamentos y prcticas estructuradas en funcin de garantizar el beneficio privado de los recursos hdricos. En los ltimos aos, esta contradiccin se ha expresado a travs de las disputas en torno a las sutiles modificaciones introducidas a las normas vigentes por la Comisin de Legislacin y Codificacin del Congreso Nacional. Originalmente, el Artculo 5 de la Ley de Aguas defina por derecho de aprovechamiento a la AUTORIZACIN ADMINISTRATIVA para el uso de las aguas. El ao 2004, en virtud de una codificacin publicada en el Registro Oficial No. 339 del 20 de mayo, aquel artculo adquiri la siguiente formulacin: Por DERECHO DE APROVECHAMIENTO se entender la autorizacin administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso de transferencia de dominio, con la sola presentacin del ttulo de propiedad del predio por parte del adquirente, el Consejo Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) traspasar automticamente la concesin del derecho de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular (...) Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrn ser usadas por el mero tenedor de stas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de aprovechamiento (...) Se respeta el derecho adquirido de las actuales concesiones legalmente otorgadas, las mismas que estn sujetas a los derechos y condiciones establecidas en la presente Ley y sus Reglamentos. Mediante estas formulaciones, se acomod la Ley de Aguas a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, un instrumento jurdico cuyos propsitos son, por un lado, facilitar la transferencia automtica de los derechos de agua y, por el otro, crear soportes para el concepto de seguridad jurdica sobre los derechos de agua.\nDISPUTAS POR CONCESIONES DE AGUA En Ecuador, una vez que la reforma agraria fue clausurada formalmente, el conflicto redistributivo ha tendido a estructurarse bajo la forma de disputas por las concesiones de agua entre los grandes y los pequeos productores agrcolas. De esta manera, los agentes econmicos oligoplicos pudieron consolidar jurdicamente la inequidad del sistema de distribucin de aguas por el acaparamiento de facto de tierras, pues entre el 50 y 60% de los caudales disponibles estaban controlados por el 1-4% del nmero de los beneficiarios, grupo ste compuesto bsicamente por grandes hacendados (Tern J., (2005). La sequedad del ajuste. Implicaciones de la gobernanza global del agua para la seguridad humana en Ecuador, CEN, Quito, Ecuador)\npor tiempo indefinido. En 1993, se promulg la Ley de Modernizacin del Estado, Privatizacin y Prestacin de Servicios Pblicos por parte de la Iniciativa Privada, crendose as la entidad encargada de la privatizacin de las empresas y servicios pblicos, a saber, el Consejo Nacional de Modernizacin del Estado (CONAM). Esta ley institucionaliz como poltica de Estado la delegacin a la empresa privada de la prestacin de\nPRIVATIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS La Ley de Modernizacin del Estado, Privatizacin y Prestacin de Servicios Pblicos por parte de la Iniciativa Privada establece en su artculo 42, dos procedimientos para su aplicacin: (a). la reestructuracin administrativa y reforma financiera de aquellas entidades, e instituciones de derecho pblico que deban permanecer como parte del Estado, incluyendo la reforma de sus directorios, cambio de su adscripcin, nombre y ejercicio de sus competencias; y, (b). la delegacin total o parcial, o la transferencia definitiva al sector privado, de la gestin que desarrollan.\nEn enero del 2005, con el apoyo del Foro Nacional de los Recursos Hdricos, las organizaciones ecuatorianas de usuarios urbanos y rurales demandaron la inconstitucionalidad de la codificacin, argumentando que la comisin legislativa haba reformado la ley, e introducido figuras inexistentes como aquella relacionada con los derechos adquiridos. En respuesta a la reaccin ciudadana, el Consejo Consultivo de Aguas resolvi aclarar lo dispuesto previamente y emiti una nueva disposicin segn la cual los derechos de aprovechamiento de aguas perdurarn mientras dure la vida econmicamente til de la empresa. Empero, esta nueva resolucin amplific an ms la controversia pues mantena el mismo espritu de la disposicin anterior, a saber, garantizar las concesiones de agua\nservicios pblicos. Para implementar estos procedimientos, el Artculo 43 de la mencionada Ley, establece las siguientes modalidades: 1) aporte total o parcial al capital de sociedades por acciones; 2) arrendamiento mercantil; 3) concesin de uso, de servicio pblico o de obra pblica, licencia, permiso u otras figuras jurdicas reconocidas por el derecho administrativo; 4) venta; 5) transformacin, fusin, escisin y liquidacin de empresas estatales o mixtas; y, 6) cual-\nquier otra modalidad efectuada mediante decreto ejecutivo y amparada por la ley ecuatoriana. En 1998, la Asamblea Constituyente le confiri sustento constitucional a la Ley de Modernizacin. El Artculo 249 de la nueva Constitucin seala que: Ser responsabilidad del Estado la provisin de servicios pblicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza elctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podr prestarlos directamente o por delegacin a empresas mixtas o privadas, mediante concesin, asociacin, capitalizacin, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrn modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones En 2000, la Ley para la Inversin y Participacin Ciudadana complement el marco legal favorable a la participacin privada en la prestacin de servicios pblicos. Gracias a este cuerpo jurdico, se ratific la posibilidad de conformar asociaciones pblico-privadas a nivel subnacional en el sector hdrico. En 2004, se comenz a debatir la propuesta de Ley Orgnica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, un instrumento que permitira introducir tres sistemas de prestacin de servicios, a saber: 1) la prestacin directa por intermedio de las unidades municipales de gestin desconcentrada, 2) la prestacin indirecta mediante concesiones al sector privado, y 3) la prestacin comunitaria por intermedio de entidades prestadoras comunitarias.\nCreacin de un ambiente adecuado para la inversin extranjera Desde principios de los noventa, Ecuador inici un proceso de adaptacin anticipada de sus leyes e instituciones en consonancia con un enfoque de atraccin de inversiones. Por ello, las empresas estadounidenses ya tienen un clima adecuado, a pesar del fracaso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), del estancamiento de las negociaciones del ALCA o del atraso en la concrecin del GATS. A fines del 2005, el rgimen ecuatoriano para inversiones extranjeras estaba definido bsicamente a partir de la Ley de Promocin y Garanta de las Inversiones (Ley PGI), la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (Ley CEI) y las Decisiones 291 y 292 de la CAN.\nFUENTES DE AGUA Y CONCESIONES EN AREAS PROTEGIDAS > Se han otorgado concesiones para actividades privadas al interior de las reservas naturales y reas protegidas, establecindose as precedentes que podran ser esgrimidos por los inversionistas estadounidenses para reclamar derechos de operacin en los ecosistemas generadores de flujos hdricos. > La Constitucin no contempla explcitamente las nociones de seguridad ambiental y/o seguridad hdrica. Tampoco considera que la actividad privada sea contraria a objetivos de sustentabilidad pues admite la participacin privada en la gobernanza del sistema nacional de reas protegidas.\nCon respecto al tratamiento de las inversiones extranjeras, la Ley PGI concede a los inversionistas extranjeros las mismas facilidades otorgables a las personas naturales o jurdicas ecuatorianas, entre las cuales se encuentra la exoneracin de autorizaciones gubernamentales previas al establecimiento de una inversin. Por otra parte, en lo relativo a la proteccin de los inversiones externas, se observa que: > Los inversionistas extranjeros pueden someterse al rgimen de estabilidad tributaria y, de esa manera, congelar su impuesto a la renta al monto existente al momento del registro de la inversin. > Los inversionistas extranjeros pueden suscribir un contrato de inversin con el Estado que les permite: asegurar que sus derechos no sern perjudicados en ninguna forma y sern garantizados incluso mediante convenios internacionales; y, obtener garantas de estabilidad jurdica especfica que congelan la aplicacin de la ley al marco legal vigente al momento de realizar la inversin. Ecuador no protegi al agua en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS) Hasta fines del 2005, Ecuador no haba expresado su voluntad de participar en ninguno de los acuerdos plurilaterales de la OMC. Tampoco haba presentado su oferta para las negociaciones de servicios dentro del programa de Doha. Estas abstenciones y retrasos pareceran insinuar que Ecuador todava cuenta con\nmrgenes de maniobra para definir las obligaciones que desea asumir sin perder capacidades para estructurar una gobernanza del agua favorable a sus necesidades e intereses nacionales. Sin embargo, cuando se observan los compromisos ya adquiridos por Ecuador en el GATS, tal apariencia se desvanece. Y ello en razn de que, debido a la incidencia de las normativas no ambientales admitidas por los gobiernos ecuatorianos, no queda mucho por hacer para evitar la apertura a la inversin extranjera y al libre comercio de la provisin de agua, saneamiento y riego. En el sector de servicios relacionados con el medio ambiente, en los modos de suministro 1, 2 y 3, Ecuador se comprometi a ofrecer pleno acceso a mercados y pleno trato nacional en: alcantari-\nllado, eliminacin de desperdicios, saneamiento y similares, limpieza de gases de combustin, amortiguamiento de ruidos, proteccin del paisaje y otros. Consecuentemente, gracias a los compromisos especficos ante el GATS, las empresas estadounidenses ya cuentan con pleno acceso a mercados y pleno trato nacional si su actividad est relacionada con la provisin de servicios en los subsectores antes mencionados. En lo relativo a los sectores en los cuales\nSERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. MODOS DE SUMINISTRO En el GATS, el modo de suministro 1 corresponde a suministro transfronterizo, el modo 2 versa sobre consumo en el extranjero y el modo 3 refiere a presencia comercial.\nnicos al Comercio (TBTA por su sigla en ingls) ante la OMC, se entiende que la normalizacin, metrologa, certificacin y verificacin debern efectuarse tomando como referencia a normativas tales como: la Ley Orgnica de Defensa del Consumidor, la Ley de Pesas y Medidas, la Decisin 419 sobre el Sistema Andino de Normalizacin, Acreditacin, Ensayos, Certificacin, Reglamentos Tcnicos y Metrologa, la Decisin 506 sobre Reconocimiento y Aceptacin de Certificados de Productos que se Comercialicen en la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y la Decisin 562 sobre Directrices para la Elaboracin, Adopcin y Aplicacin de Reglamentos Tcnicos en los Pases Miembros de la CAN y a nivel Comunitario (OMC, Ecuador: examen de las polticas comerciales. Informe de la Secretara 2005: 51). Este conjunto de leyes podra ser importante para controlar los abusos en la provisin de servicios de agua potable y saneamiento. Sin embargo, en este aspecto, Ecuador se adelant tambin a las eventuales demandas estadounidenses pues: (a). desde el 2003, los reguladores ecuatorianos no adoptan medidas tcnicas obligatorias; (b). hasta el ao 2006, las medidas obligatorias preexistentes sern convertidas en normas voluntarias; y, (c). las actuales normativas permiten que los importadores presenten un certificado de conformidad con una norma extranjera de reconocido prestigio, sin demandarse la verificacin de equivalencia de esta norma extranjera a la norma ecuatoriana. Queda pendiente la pregunta sobre si la concesin de trato nacional a empresas\nEcuador NO estableci ningn compromiso bajo el GATS, se observa que la mayora de protecciones todava utilizables por el pas refieren al modo de suministro transfronterizo de servicios. La expresin domstica de los compromisos ante la OMC Ecuador adquiri compromisos ante la OMC que aparecern necesariamente reflejados en los anexos del Acuerdo de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos (ALCEUSA). Con respecto a normas y reglamentos tcnicos, dado que Ecuador no ha presentado su notificacin sobre la aplicacin del Acuerdo sobre Obstculos Tc-\nextranjeras de servicios implica que stas podran recibir los subsidios que el Estado ecuatoriano conceda a los proveedores domsticos de servicios.\nvas de la libre competencia; empero, adems de ser demasiado laxas, tales disposiciones no estn acompaadas por la existencia de alguna institucin especializada en la vigilancia de los monopolios ni por una ley de competencia. Por tanto, no existen las condiciones institucionales y jurdicas adecuadas para evitar la conformacin de situaciones oligoplicas en agua, saneamiento y riego. En lo relativo a fijacin de precios, si bien las normativas existentes no le permiten al Estado establecer precios, la Ley Orgnica de Defensa del Consumidor faculta fijar temporalmente los precios de bienes y servicios en casos especiales de excepcin. Estas situaciones excepcionales, empero, no estn claramente delimitadas. Con respecto a regulacin de actividades econmicas que consumen ingentes cantidades de agua, en Ecuador, las normas e instituciones no son suficientes para evitar impactos severos en la calidad y cantidad de los recursos hdricos. En las actividades relacionadas con la minera, la electricidad y el petrleo, las instituciones ambientales tienen un papel regulatorio y punitivo bastante limitado. Propiamente, la definicin de las polticas mineras, energticas y petroleras suele realizarse desde instituciones como el Ministerio de Energa y Minas, el Consejo Nacional de Electricidad, el Banco Central y el Ministerio de Economa y Finanzas. Estas polticas adquieren objetivos delimitados en funcin de la provisin de servicios para el desarrollo econmico, la promocin de la competitividad y de las inversiones privadas, la proteccin de los derechos de\nCon respecto a la tributacin, gracias a la Ley de Facilitacin de las Exportaciones y del Transporte Acutico, los exportadores estn exentos del pago del impuesto a los consumos especiales y del impuesto al valor agregado. De manera ms general, los exportadores se benefician de diversos regmenes de concesiones fiscales. En el caso de la maquila, Ecuador puede suspender temporal o definitivamente su operacin si producen sustancias o elementos contaminantes o nocivos para la salud y el medio ambiente. No obstante, el rgimen de maquilas permite la importacin de desperdicios al territorio aduanero del Ecuador, despus del pago de derechos arancelarios y otros impuestos. Ntese que, debido a su carcter laxo y tributarista, esta disposicin facilita la generacin de externalidades ambientales. En lo que se refiere a promocin de la competencia, la Constitucin, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Compaas y otras leyes sectoriales contienen disposiciones para evitar las prcticas restricti-\nlos consumidores. Los objetivos de sustentabilidad ambiental estn subordinados a estos propsitos. Adicionalmente, la operacin de empresas extranjeras extractivas puede ser autorizada si stas estn domiciliadas en Ecuador. Debido al relajamiento de las normativas, a su vez, se aprecian concesiones privadas en reas de reserva minera y en zonas restringidas. Los acuerdos bilaterales de inversin firmados por Ecuador Hasta fines del 2005, Ecuador mantena tratados bilaterales de inversin con Alemania, Argentina, Bolivia, Canad, China, Chile, Cuba, El Salvador, Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaa, Nicaragua, Paraguay, Per, Ruma-\nnia, Suiza, Uruguay y Venezuela. En su mayora, los acuerdos ecuatorianos duran diez aos y se renuevan automticamente por un perodo similar. Ecuador se compromete a proteger a las inversiones realizadas por diez aos despus de la notificacin. En el acuerdo con Alemania, las inversiones quedarn protegidas hasta despus de quince aos.\nAPLICACIN DE LOS CONCEPTOS DE INVERSION/INVERSIONISTA Con respecto a tipos de personas cubiertas por el concepto de inversion, en general, Ecuador aplica el trmino inversionista a personas, empresas, sociedades, compaas, asociaciones, establecimientos, fundaciones u otras organizaciones extranjeras que: (a). realicen actividades con fines de lucro o sin fines de lucro; (b). tengan su domicilio en el territorio de una de las partes; y (c) sean constituidas conforme a la legislacin de una de las partes. En el acuerdo con Chile, se especfica que el trmino inversionista se aplicar a quienes realicen actividades econmicas reales. En el acuerdo con China, no se explicita si el inversionista debe tener efectivamente su sede en ese pas ni, tampoco, si debe realizar actividades econmicas reales.\nLas inversiones extranjeras suelen ser protegidas mediante clusulas relacionadas con: la concesin de trato justo y equitativo en todo momento; la concesin de plena proteccin legal a las inversiones una vez que stas han sido admitidas en el pas; y, la concesin de tratamiento no menos favorable. Sobre los conflictos comerciales entre Es-\nEXPROPIACION Y ARBITRAJE Los acuerdos firmados por Ecuador incluyen las figuras de expropiacin directa y expropiacin indirecta, emplendose las formas internacionales convencionales sobre: las razones para la expropiacin, los procedimientos de compensacin, y las valoraciones de mercado para la expropiacin. En el acuerdo con Espaa, se aclara que el arbitraje deber basarse en las disposiciones del tratado bilateral de inversin, en el derecho nacional de cada parte contratante, y en las reglas y principios de Derecho Internacional generalmente admitidos.\ninternacionales; y (c). las sentencias arbitrales sern definitivas y obligatorias. Sobre las potestades otorgadas al tribunal arbitral, en la mayora de sus acuerdos, Ecuador le concede al tribunal facultades para fijar su propio procedimiento.\nEL TERMINO INVERSION Y SUS IMPLICACIONES EN EL MARCO DEL TRATADO ECUADOR-EE.UU. DE 1997 Desde 1997, se encuentra vigente el Tratado entre la Repblica del Ecuador y los Estados Unidos de Amrica sobre Promocin y Proteccin de Inversiones (ABIEUSA), un instrumento enmarcado dentro de la filosofa del Programa Estadounidense de Tratados Bilaterales de Inversin (TBI). Se especifica que el trmino inversin abarca a: todo tipo de inversin tales como el capital social, las deudas y los contratos de servicio y de inversin, que se haga en el territorio de una Parte y que directa o indirectamente sea propiedad de nacionales o sociedades de la otra Parte, est controlada por dichos nacionales o sociedades, y comprende: i). los bienes corporales e incorporales, incluso derechos tales como los de retencin, las hipotecas y las prendas; ii). las sociedades o las acciones de capital u otras participaciones o en sus activos; iii). el derecho al dinero o alguna operacin que tenga valor econmico y que est relacionada con una inversin; iv). la propiedad intelectual que, entre otros, comprende los derechos relativos a: las obras artsticas y literarias, incluidas las grabaciones sonoras, los inventos en todos los mbitos del esfuerzo humano, los diseos industriales, las obras de estampado de semiconductores, los secretos comerciales, los conocimientos tcnicos, la informacin comercial confidencial, las marcas registradas, las marcas de servicio, los nombres comerciales; y v).todo derecho conferido por la ley o por contrato y cualesquiera licencias y permisos conferidos conforme a la Ley.\ntados, se permite remitir a un Tribunal Arbitral las controversias relacionadas con la aplicacin e interpretacin del acuerdo. El procedimiento de remisin sigue los cnones acostumbrados, a saber: (a). inicialmente, las controversias intentarn solucionarse por la va diplomtica; (b). si la controversia no pudiere ser dirimida as en un plazo de seis meses, aquella ser sometida a un Tribunal Arbitral a peticin de cualquiera de las Partes; (c). el Tribunal Arbitral ser constituido para cada caso particular; y (d). cada parte designar un miembro del Tribunal. Cuando las controversias se dan entre inversionista y Estado, se acoge el procedimiento tpico de los acuerdos bilaterales, establecindose que: (a). en la medida de lo posible, se intentar resolver la controversia mediante consultas amistosas; (b). si la controversia no hubiera sido resuelta en seis meses, el inversionista extranjero podr someterla a tribunales\nEn cuanto a restricciones no permitidas por el acuerdo, en general, los tratados no permiten ninguna forma de trato desigual o trato menos favorable a las inversiones extranjeras, es decir, se aplican el principio de la Nacin Ms Favorecida y el principio del Trato Nacional. A su vez, las prohibiciones sobre los requisitos de desempeo podran ser utilizadas por los inversionistas estadounidenses para evitar que sus inversiones se alineen con objetivos de poltica social. Si se consideran simultneamente los principios sobre trato nacional y nacin ms favorecida, los inversionistas estadounidenses no podran ser excluidos de participar en ciertas intervenciones de poltica pblica encaminadas a generar efectos macroeconmicos. Los gobiernos ecuatorianos no podran realizar programas preferenciales de poltica pblica sin extender las preferencias a las empresas estadounidenses. Ms concretamente, la construccin, rehabilitacin u operacin de sistemas de riego no podra concedrseles exclusivamente a los empresarios nacionales, a las empresas comunitarias o a los pequeos proveedores de servicios. Impactos Previsibles del ALCEUSA En ninguno de sus compromisos internacionales, Ecuador acept compromisos previos al establecimiento de una inversin extranjera. Por ello, si Estados Unidos presiona lo suficiente,en el marco del ALCEUSA podra demandar que los inversionistas estadounidenses que aspiran, pretenden o buscan invertir reciban plenos derechos en acceso al mer-\ncado, Trato Nacional (TN) o tratamiento de la Nacin Mas Favorecida (NMF).\nEn el caso del ALCESUSA, las potestades para generar una gobernanza domstica del agua podran disminuir si la definicin de compromisos previos al establecimiento del acuerdo, no est acompaada por una Lista Positiva en virtud de la cual Ecuador delimite claramente que la concesin de compromisos previos slo opera para ciertos sectores econmicos. Supongamos que los gobiernos ecuatorianos intentaran generalizar los esquemas de pagos por servicios ambientales, creando para tal efecto un fondo para la proteccin de una cuenca hdrica, un fondo para la reduccin de gases invernadero o un fondo para la conservacin de la belleza escnica de los pramos. Operativamente hablando, estas intervenciones podran implicar un esquema de servidumbre hdrica en el cual, por un lado, los campesinos localizados en las zonas de montaa reciben una retribucin econmica a cambio de modificar el uso de sus tierras suprimiendo o limitando la produc-\ncin agrcola y adoptando la produccin forestal; y, por el otro, los compradores de este servicio ambiental son los usuarios del agua ro abajo, entre los cuales podran encontrarse las empresas primarias, secundarias o terciarias, as como los consumidores domsticos de agua. Una vez firmado el ALCEUSA, tal esquema de servidumbre hdrica no podra ser ejecutado sin incurrir en controversia entre inversionista y Estado. Usualmente, en los acuerdos de inversin y de comercio bilaterales de ltima generacin, se encuentra la prohibicin de exigirles a las empresas extranjeras comprar bienes o usar servicios proporcionados en el territorio del pas receptor de la inversin. Interpretando en su propio beneficio esta normativa relacionada con los requisitos de desempeo, una empresa estadounidense podra rehusarse a contribuir al financiamiento del esquema de pago por servicios ambientales, ello en razn de que los servicios proporcionados por los campesinos ro arriba son, por definicin, servicios producidos localmente. Si este conflicto tiene una resolucin favorable para el inversionista extranjero, se establecer un precedente que reducir las capacidades de los gobiernos ecuatorianos para obligarles a las empresas a que contribuyan a la reforestacin de laderas, a la recuperacin de cuencas, al manejo de bosques o a la conservacin de pramos. Pero eso no es todo. Veamos ahora un ejemplo en sentido contrario. Supongamos que Ecuador adopta normativas que les otorgan a las personas y empresas jurdicas el derecho a recibir una retribucin\npor implementar medidas de conservacin de los ecosistemas generadores de servicios hidrolgicos. En la prctica, esta retribucin tendra que ser concedida a quienes posean propiedades o concesiones dentro o cerca de los ecosistemas. En virtud de los principios de trato nacional y similares, las autoridades ecuatorianas podran ver limitada la posibilidad de otorgar esas retribuciones exclusivamente a los pueblos indgenas, a las comunidades de pramos, a los pequeos campesinos o a los empresarios nacionales. Acogindose al ALCEUSA, una empresa estadounidense podra demandar que se le retribuya tambin por haber plantado rboles o por haber colocado guardiana en zonas ambientalmente frgiles. En este caso, aprovechando la indefinicin conceptual sobre lo que constituyen bienes y servicios ambientales, la empresa en cuestin podra apropiarse de rentas extraordinarias mediante la confusin entre quien ofrece un servicio ambiental (el ecosistema) y quien es propietario de los activos naturales generadores del servicio (la empresa).\nTRATAMIENTO DE SERVICIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS DE LEY En el proyecto de Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable de Ecuador, se reconoce que se debern pagar los bienes de los bosques (madera y productos no maderables), as como los servicios generados por los bosques (captacin de carbono, produccin de agua, conservacin de la biodiversidad). En segundo lugar, en el artculo 101 del anteproyecto de Ley Especial para la Conservacin y uso sustentable de la Biodiversidad, presentado pblicamente en mayo del 2001, se establece que se promover y regular el pago a los propietarios de predios donde existan bosques y otros ecosistemas nativos por los servicios ambientales que generen con su conservacin. Tambin, en el artculo 105 y 106, se contempla la creacin del Fondo para conservacin y uso sustentable de la biodiversidad, para el financiamiento de las actividades de conservacin y manejo sustentable de la biodiversidad. En ninguna de estas dos propuestas se efectan mayores precisiones.\npblicas sobre: 1) adquisicin de terrenos; 2) arrendamiento de tierras con proteccin de cuencas; 3) arrendamientos o concesiones para conservacin; 4) canjes de deuda por naturaleza; 5) contrato de restauracin de los hbitat de especies acuticas; 6) contratos de manejo; 7) contratos de mejor prctica de administracin de tierras; 8) crditos de calidad del agua; 9) crditos de hbitat de especies acuticas; 10) crditos o compensaciones para la biodiversidad; 11) crditos para reducir la salinidad del agua y el suelo; 12) derechos de agua; 13) derechos de bioprospeccin en ecosistemas especiales; 14) derechos de desarrollo; 15) emisin de acciones de empresas dedicadas a operaciones comerciales de biodiversidad; 16) licencias o permisos para realizar operaciones econmicas que reducen la disponibilidad de agua para usuarios ro abajo; 17) permisos para la investigacin; En todos estos mbitos, el ALCEUSA podra crear condiciones para una menor capacidad regulatoria domstica. Participacin privada en agua y saneamiento Debido a estos u otros factores similares, en Ecuador, las polticas e iniciativas p-\nEcuador ha estado preocupado bsicamente por establecer su posicin con respecto a los servicios relacionados con el ambiente proporcionados por las empresas. Pero, no ha expresado mayor preocupacin por los servicios de los ecosistemas. En la mayora de sus modalidades existenciales, estos servicios ecosistmicos podran ser convertidos en mercancas. Los servicios ecolgicos relacionados con las cuencas hdricas aparecen implicados en actividades econmicas o en polticas\nblicas suelen devenir fcilmente en mecanismos para facilitar la acumulacin privada y entorpecer la provisin de bienes pblicos. Por ello, los ciudadanos deberan impulsar reformas institucionales y jurdicas encaminadas a: 1) impedir asignaciones de agua que discriminen a los consumidores rurales, agrcolas y domsticos; 2) fomentar una gobernanza de los recursos hdricos basada efectivamente en una participacin ciudadana informada; 3) mantener los subsidios mientras las condiciones macroeconmicas sean contrarias al acceso al agua por parte de las familias de bajos ingresos y de los productores campesinos. 4) asegurar que la representacin de los intereses del sector pblico y de la sociedad civil sea mayoritaria en los programas, proyectos, empresas o asociaciones pblico-privadas; 5) garantizar la presencia campesina e indgena en cualquier proyecto que vincule la oferta hdrica para las ciudades con la conservacin de reas rurales generadoras de agua; 6) garantizar el financiamiento de las empresas pblicas de servicios utilizando fondos generados con los ingresos petroleros y no petroleros del gobierno central. Para evitar mayores perjuicios a los pobres a partir de las actuales o futuras con-\ncesiones de servicios de agua potable, se plantea que los contratos de participacin privada no incluyan disposiciones para: 1) obligar a las instituciones pblicas a compensar a las empresas privadas por aquellas inversiones realizadas que no pudieron ser recuperadas mediante los ingresos por tarifas; 2) definir los objetivos de las polticas tarifarias en funcin de la eliminacin de subsidios cruzados; 3) utilizar mecanismos discrecionales, poco transparentes y no concertados para la revisin de tarifas; 4) fijar criterios laxos o renegociables para la localizacin de las nuevas conexiones; 5) permitir a las empresas concesionarias definir sus propios criterios de desempeo para la provisin de servicios; 6) desautorizar a las instituciones y leyes domsticas mediante la estipulacin de un arbitraje internacional; y 7) vincular el financiamiento de las agendas reguladoras a los ingresos obtenibles por la concesionaria.\nDEL AGUA CON EL TLC ANDINO EN EL CASO DE BOLIVIA 3 VINCULOS Carlos Crespo y Oscar Campanini\nEl TLC-andino (AFTA por sus siglas en ingls) fue diseado como un conjunto de acuerdos comerciales que EEUU negoci con Colombia, Ecuador y Per desde el 18 de mayo de 2004, como una medida sustitutiva para una aplicacin gradual del ALCA (rea de Libre Comercio para las Amricas). Bolivia, asisti, hasta antes del gobierno de Evo Morales, a las rondas de negociacin en calidad de observador, sin voz ni voto, debido a que EEUU condicion la firma del TLC a cambio de que se sancione una Ley de Hidrocarburos que refleje seguridad jurdica para la inversin extranjera, entre otras exigencias, tema que fue parte de la agenda de los ltimos aos. Los gobiernos anteriores a Evo Morales (particularmente de Carlos Mesa y Rodrguez Beltz), constituyeron un organismo llamado Oficina del Programa del TLC dependiente del Ministerio de Desarrollo Econmico; esta Oficina funcion desde octubre de 2004, aunque oficialmente fue establecida a travs del Decreto Supremo 28083 de 13 de abril de 2005. Compromisos y Riesgos en la Aplicacin Del TLC Andino en el Sector Agua Como se sabe, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por su sigla en ingls) abarca todos los servicios y es el marco en el que algunos gobiernos andinos y estadounidense elaboran el horizonte del TLC en lo referido a servicios. El agua no est explcitamente considerada en los compromisos que Bolivia asumi en el AGCS, sin embargo, el objetivo del AGCS, segn la propia pgina web oficial de la OMC, es hacer avanzar el proceso de liberalizacin de los servicios.  (http://www.wto.org/spanish/tratop_ s/serv_s/s_negs_s.htm). Las directrices subrayan la importancia de la liberalizacin en general y de que los proveedores extranjeros de servicios tengan un acceso efectivo a los mercados. De comprometerse el agua, el camino sera irreversible, ya que dentro el GATS los compromisos claramente definidos estn consolidados: al igual que los aranceles consolidados en el caso del comercio de mercancas; estos compromisos nicamente pueden modificarse tras celebrar negociaciones con los pases afectados. En una palabra: la idea de la progresiva liberalizacin de los servicios no excluye los recursos hdricos, ms bien los incluye de una forma general y ambigua que permitir el ingreso del agua, en sus mltiples usos, a la lgica del mercantilismo. Los ltimos seis aos, Bolivia ha modificado varios aspectos del marco legal e institucional del sector agua y sus servicios, a partir de presiones, gestiones y propuestas de movimientos sociales, orientados fundamentalmente a proteger los derechos de los usuarios y mejorar la transparencia en la gestin. En el marco del TLC Andino, estos avances corren el riesgo de ser revertidos. Impactos previsibles del TLC Andino en el Marco Legal del Agua en Bolivia En Bolivia la ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas tiene origen en un De-\ncreto del 8 de Septiembre de 1879, y elevado a rango de Ley el 28 de Noviembre de 1906, es decir, la principal norma sobre el recurso hdrico tiene mas de un siglo desde su elaboracin. La ley de aguas de 1906 ha sido, sin embargo, derogada a lo largo de los ltimos cien aos en varias de sus disposiciones por diferentes normas sectoriales y modificaciones constitucionales, al punto que en la prctica no existe una norma para el recurso hdrico sino una multiplicidad de disposiciones en diferentes normas sectoriales o principios constitucionales dispersos, incompletos y no interrelacionados. El uso del agua en Bolivia est concentrado en el uso agrcola y domstico. En el primer caso compuesto en su mayor parte por pequeos productores agropecuarios y en el segundo caso por los centros urbanos grandes e intermedios. En ambos casos la participacin del Estado ha sido efectivamente nula o muy dbil. En el sector de riego los diferentes sistemas de riego son sistemas tradicionales, construidos con esfuerzo de las propias comunidades campesinas. En el caso de los sistemas de agua potable en los grandes centros urbanos s existi inversin del Estado, pero la gestin se desarrolla principalmente a nivel regional o municipal, mientras que en los centros intermedios y algunos grandes centros urbanos las iniciativas son esfuerzo de los usuarios (a travs de cooperativas y comits de agua potable). Son estas razones que caracterizan la gestin del agua en Bolivia como una gestin principalmente local, desarrollan-\ndo derechos en muchos casos basados en principios y valores culturales locales. Sobre la exportacin de agua: La Experiencia del Sudoeste de Potos En Bolivia no existe la figura legal de exportacin de aguas, ni tampoco un marco legal explcito sobre sta, constituyndose as en un vaco legal que podra ser completado por el TLC, si Bolivia lo firmara tal como est diseado. Sin embargo, el frustrado intento de exportacin de aguas subterrneas del Sudoeste de Potos constituye la nica experiencia en la que se conform un marco legal de exportacin de aguas, siendo ste derogado, dejando as nuevamente el vaco mencionado. En base a la vigencia parcial de la Ley de Aguas de 1906 y los derechos que el Cdigo Minero otorga a los concesionarios mineros, la empresa CORPORACION BOLIVIANA DE RECURSOS HIDRICOS (COBOREH S.A.), como parte de un ambicioso proyecto de comercializacin de aguas subterrneas del sudoeste de Potos a Chile para uso domstico y minero, promovi la aprobacin de una norma que autorice esta exportacin. Estas gestiones generaron conflictos regionales y nacionales que resultaron en la aprobacin de la Ley 2267 de Prioridad Nacional de Estudios de prospeccin, cuantificacin, evaluacin, aprovechamiento ptimo de los recursos hdricos en el Sudoeste del Departamento de Potos. No obstante los eufemismos de estudios y aprovechamiento ptimo, esta Ley estableca la posibilidad de exportar aguas en caso de existir remanentes de aguas. Ante el des-\nacuerdo de las organizaciones campesinas y originarias de la regin (organizadas en la Federacin Regional nica de Trabajadores Campesinos del Sudoeste de Potos, FRUTCAS) y con el apoyo de organizaciones nacionales (como la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB) se logr promulgar la Ley 2704 que abrog la Ley 2267. En esta nueva ley se determin declarar como Prioridad Nacional el Desarrollo Integral del Sudoeste Potosino, estipulando la prohibicin de comercializacin o exportacin de las aguas subterrneas o superficiales de esta zona.\nAGUA Y MINERIA El Cdigo Minero confiere a los concesionarios mineros no solo derechos al uso y aprovechamiento del agua que pasa por el rea de la concesin minera sino incluso la facultad de cambiar el curso de los ros cuando as lo precisen las actividades productivas. Cdigo Minero. Artculo 36.- Los concesionarios mineros, para la realizacin de sus actividades pueden usar y aprovechar las aguas de dominio pblico y las que se alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligacin de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural, cumpliendo con lo establecido en el presente Cdigo, la Ley de Aguas, la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos y otras disposiciones referentes a los recursos hdricos. Artculo 38.- Cuando el concesionario minero necesite variar un curso de aguas lo har saber por escrito a los propietarios del suelo, a los concesionarios mineros colindantes, a los propietarios de plantas de beneficio o fundicin y a los colindantes y vecinos, si los hubiere. Si en el transcurso de noventa das de su notificacin ninguno de ellos se presentare ante el Superintendente de Minas de la jurisdiccin a reclamar su derecho a usarlas, se entender que renuncian a ste.\nLa aplicacin del TLC no obligara de inmediato a la exportacin de aguas, no obstante, una vez que el agua entrara en el comercio, no se podra restringir este ni imponer condiciones de exportacin. La Ley 2267 hubiera sido ya considerada una restriccin al libre comercio de aguas al establecer como condicin de exportacin los resultados de estudios por razoMarco Normativo sobre Aguas e Impactos del TLC en Ecuador, Bolivia y Per\nnes ambientales, econmicas y sociales y al aplicarse slo a una empresa.\nPROHIBICION DE EXPORTACION DE AGUAS ESTABLECIDA EN LA LEY 2704 Art. 2.- Por razones de proteccin ambiental, las aguas subterrneas y superficiales del Sudoeste del Departamento de Potos, no podrn ser comercializadas ni exportadas, debiendo ser utilizadas exclusivamente en proyectos de desarrollo de la regin. Ley 2704 Prioridad Nacional el Desarrollo Integral del Sudoeste Potosino. EL AGUA ENTRA EN LOS TLC CUANDO YA ES COMERCIALIZADA EN ALGUNA DE SUS FORMAS Cuando el agua es comercializada es un bien, todas las provisiones de los tratados comerciales de bienes aplican. (Declaracin del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Mickey Kantar en 1993) A menos que el agua, en cualquiera de sus formas, entre en el comercio y se transforme en mercanca, no est cubierto por ninguna de las provisiones de ningn tratado de comercio, incluyendo el TLCAN. (Declaracin de los presidentes de Mxico, Canad y EE.UU. realizaron en 1993)\nque buscan convertir el agua en un bien que se comercialice libremente. La ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 1906 estableca que el agua era un bien accesorio a la tierra, adquiriendo el carcter de propiedad privada al igual que sta. Si bien las disposiciones en este sentido fueron modificadas por la CPE de 1938 y por la Ley de Reforma Agraria de 1953 que prohiba la venta o comercializacin, los ltimos proyectos de Ley de Aguas impulsados por el gobierno de Banzer Surez a finales de los aos 90, establecan la libre comercializacin de concesiones de aguas, la creacin de un mercado de derechos de aguas y de un mercado de aguas.\nLEY DE AGUAS DE 1906 Todo lo dispuesto en este Reglamento es sin perjuicio de los derechos legtimamente adquiridos con anterioridad a su publicacin, as como tambin del dominio privado que tienen los propietarios de acequias y de fuentes manantiales, en virtud del cual las aprovechan, venden o permutan como propiedad particular. Art. 293 LEY 3464 DE REFORMA AGRARIA DE 1953 Se prohbe la venta o comercializacin de las aguas, debiendo, las que resultasen sobrantes en una zona o propiedad, pasar libremente a beneficiar las zonas o propiedades que, careciendo de agua propia, se hallen en condiciones de aprovechar tales sobrantes. Art. 154\nSobre las restricciones a la comercializacin de agua La Constitucin Poltica del Estado de Bolivia (CPE) establece que el agua es de dominio originario del Estado, razn por la cual, en nuestra interpretacin, no se podra comercializar este recurso, no obstante, existen intenciones o tendencias\nAlgunas organizaciones han avanzado aun ms all de la suspensin del trata-\nmiento de estos proyectos de ley e iniciaron un largo proceso de construccin de propuestas de ley de derechos de aguas y Ley de Riego. Estas propuestas finalmente se concretizaron en la Ley 2878 de de Promocin y Apoyo al Sector Riego para la Produccin Agropecuaria y Forestal correspondiente a 2004, que establece la prohibicin de la comercializacin del agua.\nMERCADOS DE DERECHOS DE AGUAS EN EL PROYECTO DE LEY DE AGUAS DE 1999 II. Las concesiones podrn ser objeto de transferencia previa autorizacin de la Superintendencia de Aguas dentro de los limites, condiciones y procedimientos establecidos en la presente ley y disposiciones legales conexas. Asimismo podrn ser objeto de pignoracin Art. 53 del Anteproyecto de Ley de Aguas La concesin podr ser transferida a cualquiera ttulo previa autorizacin de la Superintendencia de Aguas, manteniendo su uso actual y los derechos y obligaciones establecidas en el Ttulo de Aguas, acreditando el pago de patentes, tasas y dems obligaciones pecuniarias, con las restricciones previstas en la presente ley y su reglamento.Art. 56 del Anteproyecto N 32 de Ley de Aguas.\nsubvenciones, atribuciones o medidas especficas que alguna instancia pueda asumir podran ser consideradas restricciones al comercio o tratos no iguales en los que se aplicaran los principios de Trato Nacional y de Nacin Mas Favorecida. En este sentido las incongruencias en los marcos legales sobre el agua de los diferentes sectores (tanto de produccin como de servicios) quedaran consolidadas, generalizndose la norma mas favorable entre usuarios (por ejemplo mineros) y los respectivos derechos (concesiones o autorizaciones). En este sentido los derechos sobre los recursos hdricos que otorga el Cdigo Minero para el caso de empresas explotadoras de minerales y la Ley de Electricidad para empresas generadoras de electricidad, derechos que les otorga a los titulares facultades como las de desviar el curso de ros o solicitar la declaratoria como rea protegida de la cabecera de cuenca de la cual aprovechan el agua, podran ser generalizados a otros los sectores.\nGeneralizacin de Derechos por el Principio de Trato Nacional o de Nacin Ms Favorecida Algunas medidas tanto restrictivas, normativas o de apoyo a la gestin del agua mediante el uso, derechos, impuestos,\nLEY 1604 DE ELECTRICIDAD Art. 37. (DECLARATORIA DE AREA PROTEGIDA).- En aplicacin a lo dispuesto en la Ley 1333 (Ley del Medio Ambiente) de fecha 15de junio de 1992, el titular de Licencia de Generacin tiene derecho a solicitar la declaratoria de rea protegida a la zona geogrfica de la cuenca aguas arriba de las obras hidrulicas para el uso y aprovechamiento de los recursos hdricos inherentes a la respectiva Licencia. El titular tendr la obligacin de administrar y preservar a su costo el rea protegida. Asimismo el titular podr solicitar el derecho de uso a ttulo gratuito de los bienes de dominio pblico y la imposicin de servidumbres sobre bienes de propiedad privada de entidades pblicas o de entidades autnomas en el rea protegida.\nConcepto de Inversin La definicin de inversin en el TLC (versin )es la siguiente: inversin significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las caractersticas de una inversin, incluyendo caractersticas tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o el asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una inversin incluyen: (a) una empresa; (b) acciones, capital y otras formas de participacin en el patrimonio de una empresa; (c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y prstamos; (d) futuros, opciones y otros derivados; (e) contratos de llave en mano, de construccin, de gestin, de produccin, de concesin, de participacin en los ingresos y otros contratos similares; (f) derechos de propiedad intelectual; (g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la legislacin interna (Art. 10.28) En el caso del agua vemos que esta definicin incluye los derechos de aguas que se pueda otorgar a un inversionista extranjero. Derechos no slo referidos a servicios en los que el agua natural es el insumo principal como es el caso de agua potable, sino a los dems sectores: riego, industrial, minero, electricidad, forestal, etc. Como en el caso de mercancas y servicios, en lo relativo a inversiones, se aplicaran los principios de Trato Nacional (Art. 10.3), Trato de Nacin Mas Favorecida (Art. 10.4) y Nivel Mnimo de Trato (Art. 10.5) adems de establecer como derechos del inversionista las prohibiciones sobre los requisitos de desempeo (Art. 10.9) y las prohibiciones sobre la expropiacin (Art. 10.7).\nUna de las crticas ms importantes de los movimientos sociales a los enfoques legislativos sobre aguas de los gobiernos anteriores al de Evo Morales, es que stos planteaban un tratamiento homogenizante de los usuarios y sectores de uso, estableciendo un solo tipo de condiciones de acceso a derechos, y de regulacin; no se puede tratar de la misma forma a un pequeo comit de agua potable, a una empresa transnacional o a una comunidad del rea rural. Por esta razn se aprob, despus de una ardua negociacin durante la Guerra del Agua, la Ley 2066 de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (que modific 36 artculos de la Ley 2029 del perodo neoliberal en el sector de agua potable), establecindose derechos diferenciados pensando justamente en la diversidad de prestadores de servicios e intentando compensar las diferencias que en el momento de acceder al derecho o en el momento de la regulacin se convertan en desventajas; estos derechos son la concesin, la licencia y el registro. Las figuras jurdicas que otorgan ventajas a algunos sujetos (por ejemplo, los comits de agua potable que obtienen licencia o los sistemas comunitarios campesinos que obtienen registro, no pagan tasa de regulacin a diferencia de las empresas que tienen concesin) podran ser derogadas en base a los principios de trato nacional. As la concesin es el nico derecho al cual se accede va licitacin pblica, se paga una tasa de regulacin y tiene un tiempo mximo de duracin, mientras que la licencia y el registro, no pagan ningn tipo de tasa y son prcticamente indefinidos. Algunas condiciones que exi-\ngen cierta eficiencia y control adicional para la concesin como es la obligacin de solicitar Opinin Tcnicamente Fundamentada (OTF) al Gobierno Municipal antes de definir estructuras tarifarias, comisiones revisoras con cierta participacin social durante el proceso de licitacin, entre otras condiciones, igualmente podran ser modificadas o convertidas en reglas para todas las entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado o, a la inversa, podran ser eliminadas generalizando los derechos de titulares de licencia y registro, a los de la concesin.\nEn el caso de la ley 2878 de Promocin y Apoyo al Sector Riego producto de un largo proceso de discusin y anlisis de organizaciones regantes, se establecen como derechos la autorizacin (aplicable a empresas agropecuarias, por ejemplo) y el registro (aplicable a organizaciones campesinas e indgenas); eliminando la concesin. La autorizacin establece condiciones ms estrictas para su otorgacin. Aqu tambin podra plantearse el mismo criterio dado el trato discriminatorio, en sentido positivo, que hace la ley a favor de Registros. Mecanismos de Examen Normativo y de Resolucin de controversias Otro elemento importantsimo del captulo X del frustrado TLC Andino, es la resolucin de controversias ya que instaura instancias de arbitraje internacional. Con el argumento de lograr transparencia entre las partes firmantes del TLC, se establece la obligatoriedad de instituir como procedimientos administrativos, mecanismos de informacin sobre leyes, decretos, reglamentos o procedimientos administrativos que puedan afectar a la otra parte o sus intereses en el marco del Tratado, e incluso cuando no sea compatible con este (Art. 18.3 y 18.4 del TLC). Se establece tambin que en caso de revisin y/o impugnacin de cualquiera de estas medidas (leyes, normas, etc. por promulgar), las decisiones que tomen los tribunales sean consideradas como resoluciones definitivas y se apliquen conforme a este carcter (Prrafo 3 Art. 18.5 del TLC). De esta forma cualquier decisin plasma-\nda ya sea en leyes, modificaciones constitucionales, decretos o simples decisiones administrativas producto de un largo proceso de discusin y consenso entre la multiplicidad de actores nacionales deber ser consultada con instancias internacionales; en caso de considerar que cualquiera de estas que afecte sus intereses se resolver el conflicto en instancias arbitrales internacionales. Marco regulatorio y jurisdiccional El actual marco regulatorio en Bolivia fue creado por la ley 1600 del Sistema de Regulacin Sectorial SIRESE el ao 1993 durante el gobierno de Gonzalo Snchez de Lozada. Esta ley crea las Superintendencias constituyndose en rganos autrquicos que cubren prcticamente los mbitos mas importantes de la economa, controlndolos, supervisndolos y regulndolos, definiendo tarifas, patentes, tasas, distribuyendo derechos de acceso y aprovechamiento de recursos a travs de concesiones, autorizaciones, permisos y licencias; adems tienen atribuciones jurisdiccionales y administrativas, esto significa que tienen la capacidad de tomar decisiones y de resolverlas en caso de desacuerdos o conflictos. En el caso de resolucin de controversias o conflictos, la mencionada norma establece un mecanismo con 3 instancias: superintendencia sectorial, superintendencia general y finalmente Corte Suprema de Justicia. En lo que se refiere a la Ley 2878 de Promocin y Apoyo al Sector Riego, como resultado de las propuestas de las organizaciones regantes se constituy un marco institucional regulatorio con funciones si-\nmilares a las Superintendencias pero con amplia participacin de organizaciones sociales en el Directorio marcando diferencias con el modelo de superintendencias, nos referimos a los Servicios Nacional y Departamentales de Riego (SENARI y SEDERI respectivamente).\nrior ante la superintendencia general o el servicio nacional de riego; y finalmente iii) contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, donde se agotara el caso. Este procedimiento que primero agota el marco institucional administrativo para luego ingresar a la institucionalidad judicial (directamente a la mxima autoridad de este poder), implica de manera formal la existencia de tribunales independientes de los organismos administrativos (es decir, de las Superintendencias). Las disposiciones del TLC establecen que las controversias no pueden resolverse en los dos primeros niveles mencionados, con el argumento que no podran establecerse en una misma instancia las funciones administrativas y las de resolucin de conflictos.\nENFOQUE SOBRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN EL TLC Cada Parte establecer o mantendr tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales, o de naturaleza administrativa para efectos de la pronta revisin y, cuando se justifique, la correccin de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado. Estos tribunales sern imparciales y no estarn vinculados con la dependencia ni con la autoridad encargada de la aplicacin administrativa de la ley, y no tendrn inters sustancial en el resultado del asunto. Art. 18.5\nTanto en las Superintendencias como en el caso de los Servicios de Riego, se establecen tres pisos en el procedimiento de resolucin de controversias, cuando el procedimiento conciliatorio no es viabilizado por las partes: i) recurso de revocatoria ante la superintendencia sectorial o el servicios departamental de riego correspondiente; ii) recurso jerrquico supe-\nIMPACTOS PREVISIBLES DE LA APLICACIN DEL TLC SOBRE LA NORMATIVA DE AGUAS QUE DICE?\nSobre la propiedad El agua es de dominio originario del Estado (Art. 136 de la CPE)\nQUE NO DICE?\nSi bien el agua es de dominio originario de Estado, los derechos de uso y aprovechamiento (concesiones, autorizaciones, por ejemplo) pueden constituirse en una forma de propiedad imperfecta transferible o sujeto a comercio.\nSobre los derechos de uso y aprovechamiento del recurso hdrico\nSector minero: (Cdigo de Minera) Otorga un derecho de aguas con la facultad de cambiar el curso de ros o vertientes si as requiere la actividad productiva (art. 36 y 37) Sector saneamiento bsico: (Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) Otorga derechos de uso y aprovechamiento mediante autorizaciones y registros de uso de recursos hdricos de forma conjunta con los derechos de prestacin de servicios de agua potable.(Art. 31, 47 y 50) Sector de generacin de electricidad (Ley de Electricidad) Otorga un derecho de aguas con la facultad de solicitar la declaracin de reas protegidas en cabecera de cuenca. (Art. 37) Sectores elctrico, minero, agrario, saneamiento bsico Se establecen tasas o patentes para los derechos especficos de cada actividad.\nNo hay un solo tipo de derecho ni de adjudicacin de este, la normativa de cada sector establece el tipo de derecho, as como las caractersticas de ste y la forma de adjudicacin. No existe una priorizacin en cuanto a los diferentes usos\nPor el principio de trato nacional cualquier inversor podra exigir un derecho con las caractersticas ms favorables actualmente establecidas para determinados sectores o entidades adjudicatarias de este. Algunas de estas caractersticas son: - Tiempo indefinido - Capacidad de cambiar el curso de ros o vertientes. - Adjudicacin por simple solicitud o reconocimiento de forma automtica al adjudicarse derechos para otras actividades donde el agua es un insumo (minera, hidrocarburos, industria, agricultura, turismo) - Exencin de pago de cualquier tasa o patente por el uso del agua. - Transferibilidad del derecho. - Capacidad de solicitar la declaratoria de reas protegidas en cabecera de cuenca (el caso de operadores hidroelctricos) y ajudicarse la administracin de la misma. Estos derechos construidos a partir de las leyes sectoriales podran generalizarse a otros operadores amparados en el TLC.\nSobre las obligaciones de tasa o patente\nSector elctrico, minero, agrario, servicios: En el caso de los diferentes sectores, el derecho al agua es un derecho accesorio. En el sector agrario se diferencia como sujeto de reconocimiento del derecho del territorio o Tierra Comunitaria de Origen (en el cual se incluyen los recursos naturales) a los pueblos indgenas (Art. 3 ley INRA). Sector servicios bsicos: Se identifica claramente un tipo de derecho para determinado tipo de usuarios: as, el registro o licencia se aplica a pueblos y comunidades Indgenas, Originarias, Campesinas, Comits de Agua, pequeos sistemas urbanos independientes, juntas vecinales (art. 8 ley 2066).\nNo se precisa una tasa o patente por el uso del recurso hdrico en la mayor parte de los sectores\nSe generalizara el no pago de cualquier tasa o patente por los principios de trato nacional.\nSobre los medios y sujetos de adjudicacin de estos derechos Sector de riego: De igual forma se diferencia el tipo de sujeto del derecho entre pueblos y comunidades indgenas, Originarios, comunidades campesinas y grandes empresas agropecuarias ajustndose el registro para los primeros y la autorizacin para el ltimo tipo de sujeto de derecho. Existen normas y proyectos de normas que establecen la prohibicin de la comercializacin del recurso hdrico, incluyendo su exportacin (art. 2 ley 2704, art 11, 15 y 20 de la propuesta de reglamento de la ley 2878) Sobre la comercializacin y exportacin de aguas En cada sector existe una superintendencia. Las competencias referidas al agua se repiten en cada superintendencia. Se permite la transferencia de autorizaciones y concesiones de fuentes de agua asociadas a derechos otorgados para operaciones mineras, petroleras, etc. No existen disposiciones sobre la comercializacin del agua\nNo existe una diferenciacin en todos los sectores de los sujetos de derechos. Si bien de forma mas o menos generalizada el reconocimiento de pueblos indgenas y de sus derechos est presente en varias normas; no ocurre lo mismo con el resto de lo sujetos\nLa definicin amplia de empresa y de inversin o inversor, puede incluir a otras entidades como ser asociaciones, agrupaciones productivas, comits de agua potable, y otras formas organizativas incluso pueblos indgenas y originarios. Este concepto podra conllevar la homogeneizacin de derechos, sin que se pueda mantener diferencias o preferencias dado el enfoque de igualdad jurdica de inversores en el marco del principio del trato nacional.\nExiste el riesgo que las normas y propuestas que impidan la comercializacin y exportacin de aguas sean modificadas o se introduzcan otras que viabilicen la exportacin. No se podran establecer restricciones o prohibiciones futuras para la libre transferencia de derechos de uso y aprovechamiento de aguas, consolidndose el rgimen existente.\nSobre transferencias de derecho\nLas diferentes normas sectoriales no establecen restricciones sobre la trasferencia de derechos de aguas. En casi todos los sectores se permiten transferencias de derechos para el sector especfico (minero, elctrico, agua potable, etc.) sin que exista disposicin especfica sobre los derechos de aguas relacionados a estos.\nTratados Bilaterales de Inversin (TBI con Holanda y Francia) Los TBI con Francia y Holanda fueron aprobados en el contexto del Ajuste estructural, aprovechando las mayoras parlamentaras de los gobiernos de turno, y excluyendo a la sociedad civil de su consulta y discusin pblica. Los TBI tienen la funcin de facilitar y promover las inversiones a travs de mecanismos como el tratamiento justo y equitativo, el trato similar a nacionales y tratamiento de la nacin ms favorecida. Pero fundamentalmente estos BITs buscan proteger las inversiones extranjeras, mediante la aplicacin de medidas de Proteccin en caso expropiaciones/nacionalizaciones o de conflictos, la libre transferencia de ganancias y dividendos, introducir los panel arbtrales como mecanismo de resolucin de controversias en los mismos trminos que os TLC. Amparndose en el BIT entre Bolivia y Holanda, Aguas del Tunari- Bechtel, habiendo cambiado de residencia jurdica, de las Islas Caimn (lugar donde originalmente se cre AT) a Holanda el ao 2002 inici una demanda al gobierno boliviano ante el CIADI, demandando una compensacin por $US 25 millones por las prdidas econmicas, presentes y futuras (bajo la figura de lucro cesante o ganancias expectables), ocasionadas por la rescisin del contrato de concesin de agua potable en Cochabamba, producto de la llamada Guerra del Agua de abril de 2000. Esta decisin gener una gran solidaridad internacional, demandando transparentar el proceso. Si bien Bechtel\nacept negociar la compra de las acciones por parte del gobierno boliviano a un precio simblico, el proceso resultante del conflicto es muy aleccionador al momento de analizar los vnculos del agua con los tratados de libre comercio. En algn momento incluso, Aguas del Illimani S.A. (AISA), cuyo socio mayoritario es la empresa francesa Suez, envi una carta a la Superintendencia anunciando que inicia el plazo de seis meses, sealado en el BIT con el gobierno de Francia, antes de llevar el caso ante el CIADI. El argumento es que Bolivia habra decidido unilateralmente terminar el contrato, vulnerando los trminos del contrato de concesin. Ambos casos muestran que los BITs funcionan como dispositivos de poder, orientados a proteger, en este caso los intereses de las inversiones privadas en el sector agua.\nConclusiones Legislacin Nacional con TLC: pulseta internacional y prdida de soberana Algunos de los efectos sobre la normativa referida al agua que conllevara una modificacin o derogacin de la legislacin existente, la inviabilidad de proyectos de legislacin aun en discusin y la inviabilidad de propuestas de diferentes sectores, son los siguientes: 1.- Trato Nacional: desaparicin de conquistas sociales y generalizacin de las concesiones El Trato Nacional obliga a dar a las empresas extranjeras, al menos el mismo trato que a las empresas nacionales. Por tanto las condiciones diferenciadas impuestas a los tipos de derechos ya sean de proteccin, apoyo, control, etc., pueden ser consideradas un trato no favorable; exigiendo de esta forma que el comercio de productos, servicios transfronterizos o inversiones sean liberados de restricciones y se les aplique beneficios. Esto implicara que los derechos y las condiciones impuestas a estos deberan ser normalizados. 2.- Legislacin, Marco institucional regulatorio y judicial nacional sujeto a decisiones internacionales La aplicacin del TLC podra transformar la estructura institucional regulatoria, reduciendo sus atribuciones y dejando las funciones referidas a resolucin de controversias al mbito judicial que adems no necesariamente comprende la jurisdiccin nacional sino tambin instancias internacionales, transformando de esta\nforma la jurisdiccin nacional en opcional. La participacin social y la aplicacin de mecanismos de resolucin de conflictos propios de organizaciones que gestionan el agua. Esta facultad de elegir las instancias arbitrales internacionales como la comisin de las Naciones Unidas para el desarrollo Mercantil internacional (CNUDMI) o el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde las inversiones transnacionales tienen un panorama mas favorable, quita a los Estados y a instancias judiciales y administrativas nacionales la facultad de exigir a inversores extranjeros que agoten la jurisdiccin nacional; en otras palabras los Estados nacionales, una vez ingresados en el TLC, pierden soberana jurdica, administrativa y judicial; decimos prdida de soberana jurdica porque no slo se limita a la resolucin de conflictos sino incluso a la posibilidad de establecer cambios en la legislacin especfica o relacionada a las inversiones, e incluso polticas que impliquen ciertas determinaciones (a manera de ejemplo normas o polticas ambientales, impositivas, etc.) podrn ser sujetas de demanda arbitral en instancias internacionales. 3.- Libre comercializacin y exportacin de aguas y derechos de aguas El TLC se convertira en el marco legal de exportacin de aguas por los vacos legales en Bolivia; esto implicara la imposibilidad de restringir su comercializacin. Al liberar estas restricciones existe la posibilidad que no se pueda limitar la exportacin de aguas por razones de carcter ambiental o social. Esta posibilidad\ntendra graves impactos en situaciones similares a la vivida en el Sudoeste Potosino donde la regin tiene un ecosistema sensible (la precipitacin pluvial es bajsima y por tanto la recarga de acuferos subterrneos bastante lenta) y la exportacin de aguas subterrneas proyectada en algn momento hubiera provocado un impacto ambiental considerable.\nLas consideraciones realizadas sobre la restriccin de comercio o inversin por razones ambientales o sociales tiene tambin validez para diversos productos y actividades en cuya produccin el agua interviene de forma directa o indirecta. Nos referimos principalmente a los productos agrcolas, pisccolas y otros (manufacturas, minera, etc.).\nNORMATIVO SOBRE AGUAS E IMPACTOS POSIBLES DEL TLC 4 MARCO EN EL PERU Guillermo Rebosio Arana\nEl marco constitucional La Constitucin peruana vigente fue aprobada en 1993, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, y profundiza los principios bsicos del modelo aplicado desde 1990. Es importante ubicar los textos constitucionales en el entorno poltico que los gener. Mientras que la posibilidad de otorgar concesiones en las constituciones de 1933 y 1979 no planteaba la creacin de un mercado de derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales, en la Constitucin de 1993 los artculos incorporaban conceptos en este sentido, como parte de un proceso de reformas estructurales encaminadas a promover la privatizacin del agua y a convertirla en un recurso susceptible de ser transado libremente en el mercado. En tal sentido, se habla directamente de la concesin a particulares para su aprovechamiento econmico. Las principales polticas sobre gestin y uso del agua No obstante las modificaciones constitucionales efectuadas en el ao 1993, la Ley de Aguas vigente data de 1969, y se elabora en el marco de la Constitucin de 1933. La Ley General de Aguas (Ley N 17752, 25.07.1969) establece el rgimen de aprovechamiento de este recurso, siendo aplicable a las aguas martimas (comprendiendo las 200 millas de mar territorial), terrestres y atmosfricas del territorio nacional, en todos sus estados fsicos. En su Artculo 1, la Ley declara que las aguas, sin excepcin alguna, son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible y que no hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. De acuerdo al Artculo 26 de la Ley General de Aguas, el orden de preferencia para el uso de las aguas es el siguiente: 1) Necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones; 2) Cra y explotacin de animales; 3) Agricultura; 4) Usos energticos, industriales y mineros; y, 5) Otros usos. Sin embargo, la Ley General de Aguas contempla la posibilidad de modificar el orden (a partir del tercer lugar), de acuerdo a una evaluacin especial de las necesidades y factores como: caractersticas de la cuenca, disponibilidad de aguas, inters social y econmico, entre otros. El aprovechamiento del recurso requiere un permiso, autorizacin o licencia (segn el caso), emitida por la Autoridad de Aguas, en tanto no impida la satisfaccin de requerimientos establecidos anteriormente, no contamine o deteriore el recurso, las aguas sean apropiadas al uso al que se destinarn y no afecten otros usos pblicos contemplados en la Ley. Del mismo modo, es preciso que las actividades que requieran el uso de aguas cuenten con la aprobacin de las obras de infraestructura que sean necesarias para el uso solicitado. El Estado asume directamente la responsabilidad de formular la poltica para el\naprovechamiento de los recursos hdricos, de manera que se logre un uso racional y econmicamente eficiente, teniendo en cuenta los mltiples sectores que demandan este recurso. Ello implica adems llevar a cabo acciones o programas para conservar, preservar o incrementar dichos recursos, requirindose inventarios y evaluaciones actualizadas permanentemente.\nFACULTADES DEL ESTADO SOBRE AGUAS Es importante destacar que el Estado, aparte de reservarse la propiedad del recurso, segn el Artculo 7 de la Ley General de Aguas tiene ciertas facultades para: 1).- Reservar aguas para cualquier finalidad de inters pblico; 2).- Reorganizar zonas, cuencas o valles para mejorar o hacer ms eficiente el uso del agua; 3).- Declarar zonas de proteccin donde se podr regular o prohibir cualquier actividad que afecte el recurso; 4).- Autorizar el desvo de aguas de una cuenca a otra; 5).- Sustituir fuentes de abastecimiento, garantizando a los usuarios similar cantidad y calidad, para promover un aprovechamiento ms eficiente del agua; 6).- Declarar estados de emergencia cuando sea necesario, por razones de escasez, exceso de contaminacin u otras causas.\ntienen la responsabilidad de velar por la preservacin del recurso, especialmente en lo que se refiere al control de emisiones de residuos contaminantes que causen daos a los seres humanos o al medio ambiente. Establece las condiciones para manejar estos desechos y, si es necesario, puede solicitar a la Autoridad de Aguas que suspenda el suministro de agua al infractor, en tanto se toman las medidas correctivas.\nAplicar este marco legal la Ley crea dos tipos de Autoridad: Sanitaria y de Aguas. > La Autoridad Sanitaria es el Ministerio de Salud y sus dependencias, quienes\n> La Autoridad de Aguas est a cargo de los Ministerios de Agricultura y de Pesquera, aunque en la prctica el primero asumi esta funcin a travs de su Direccin General de Agua, Suelos e Irrigaciones. En este sentido, el Artculo 19 dice que la Autoridad de Aguas dictar las providencias y aplicar las medidas necesarias para evitar la prdida de agua por escorrenta, percolacin, evaporacin, inundacin, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la mxima disponibilidad de los recursos hdricos y ma-\nyor grado de eficiencia en su utilizacin. Actualmente esta funcin ha recado en la Intendencia de Recursos Hdricos (creada mediante Decreto Supremo N 0662002-AG, 01.01.2003), perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA. Esta autoridad tiene tambin la funcin de sealar las prioridades para la inversin segn sistemas hidrogrficos, cuencas, valles y distritos de riego, en el marco de las polticas de desarrollo nacionales y los factores econmicos y sociales. Bajo estas condiciones, los sectores que representan la mayor parte de los usos consuntivos del agua son agricultura y saneamiento. Uso Agrcola del Agua La gestin del agua para uso agrcola se basa en dos normas principales: la Ley General de Aguas y la Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario (Decreto Legislativo N 653, 30.07.1991). El Administrador Tcnico del Distrito de Riego es la Autoridad Local de Aguas, teniendo como funciones administrar las aguas de uso no agrario y agrario, de acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego aprobados, teniendo en cuenta las realidades hidrolgicas, agrolgicas y climatolgicas en el mbito geogrfico de su competencia (Artculo 54 del D.L. N 653). El espacio geogrfico que le corresponde ser determinado por el Ministerio de Agricultura. El otorgamiento de cuotas de agua por parte de la Autoridad Local est sujeto a las disponibilidades del recurso y las necesidades reales del objeto al que se destinen. Todo otorgamiento de\nnuevos derechos requerir del incremento previo de la disponibilidad del recurso agua (Artculo 51 de la Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario). Los usuarios del agua, por su parte, en cumplimiento del Artculo 136 de la Ley General de Aguas, deben organizarse en juntas en las que la mayora se computar por personas, teniendo representacin la minora. El D.L. N 653 recuerda que es obligatorio organizarse. Si bien los usuarios de un Distrito de Riego deben organizarse en una Junta de Usuarios, aquellos que utilizan agua con fines agrarios deben conformar adems una Comisin de Regantes para cada sector y subsector de riego. Ambas organizaciones tienen como objetivo promover la participacin activa y permanente de sus integrantes en la operacin, mantenimiento, desarrollo y uso racional de los recursos agua y suelo, en concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aguas a nivel local y nacional. Actualmente, muchos detalles de aspectos relacionados a la gestin del agua y las organizaciones de usuarios estn normados por el Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua (Decreto Supremo N 057-2000-AG, 08.10.2000), que modifica algunos puntos muy precisos de la normatividad hasta entonces vigente. De acuerdo a esta norma, la Junta de Usuarios debe incluir a uno o dos representantes de las Comisiones de Regantes de su mbito, as como a representantes\nde cada uno de los otros usos no agrarios (Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, mineros, etc.). Destaca, sin embargo, el nfasis en la distincin entre usuario de agua y usuario de agua hbil, donde este ltimo es aquel que est al da en el pago de su tarifa por uso de agua (Artculo 1). Esto es importante, porque ms adelante la norma precisa las obligaciones de los usuarios en general pero slo reconoce derechos al usuario hbil. Esta diferenciacin tiene efectos decisivos en aspectos de organizacin interna como el funcionamiento de la Asamblea General, cuyo qurum se computa exclusivamente de acuerdo a los\nusuarios hbiles. Igualmente es importante lo que determina el Artculo 50 de este Reglamento para los usuarios agrarios: el nmero de votos a que tiene derecho cada usuario de agua hbil, est nicamente en relacin a la suma total de hectreas bajo riego con rgimen de licencia que figuren en el Padrn Electoral. A stos se les aplica una escala diferenciada para diversos rangos, fijando adems un mnimo para aquellos que poseen menos de una hectrea. El rgimen anterior puede variar en ciertos casos, ya que el D.L. N 653 contempla la posibilidad de crear una Autoridad Autnoma de Cuenca Hidrogrfica.\nNORMAS SOBRE INVERSIN PRIVADA EN OBRAS PBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PBLICOS\nDecreto legislativo N 758 Decreto legislativo N 839 Decreto Supremo N 059-96-PCM Decreto Supremo N 060-96-PCM Decreto Supremo N 132-97-EF Ley N 26885 Ley N 27332\nDicta normas para la promocin de inversiones privadas en la infraestructura de servicios pblicos. Aprueba ley de promocin de la inversin privada en obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos. Texto nico ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesin al sector privado de las obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos. reglamento del texto nico ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesin al sector privado de las obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos. Aprueban reglamento de los beneficios tributarios para la inversin privada en obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos. Aprueban ley de incentivos a las concesiones de obras de infraestructura y de servicios pblicos. Ley marco de los organismos reguladores de la inversin privada en los servicios pblicos.\nSe deben destacar las siguientes normas especficamente dirigidas a la reformulacin de la poltica de saneamiento: Decreto Legislativo N 697 (07.11.1991).- Promueve la inversin privada en el campo del saneamiento, a nivel de explotacin de los servicios, dejando la decisin del otorgamiento del correspondiente permiso a los Municipios. Decreto Ley N 25965 (19.12.1992).Crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como el organismo encargado de proponer las normas para la prestacin de los servicios de saneamiento, fiscalizar la prestacin y promover el desarrollo de los\nmismos, as como resolver en ltima instancia los reclamos de los usuarios. Ley N 26338 (24.07.1994).- Establece las competencias de las instituciones involucradas en el sector, determina los deberes y derechos de los usuarios y las Entidades Prestadoras, define el rgimen tarifario, establece las condiciones y modalidades de la participacin privada, entre otras cosas. Decreto Legislativo N 908 (03.08.2000).- Denominada Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento, establece un nuevo esquema de regulacin para el sector y ampla las modalidades de participacin del sector privado en saneamiento.\nSe puede observar, en el caso del servicio de saneamiento, que se cuenta con un marco legal y programas que tienen como objetivo captar la participacin del sector privado en esta actividad.\nTLC Andino y Agua: Impacto sobre las polticas pblicas Teniendo en cuenta los antecedentes reseados anteriormente, es posible intentar una aproximacin a los posibles impactos que tendra el TLC Andino sobre la gestin del agua, debindose sealar que el caso peruano parece guardar algunas diferencias sustanciales con los otros pases andinos, ya que varios principios de la posicin promovida por OMC y/o EE.UU. ya han sido asimilados. El contexto para el inversionista extranjero en el marco del TLC se caracteriza entonces, por lo siguiente: 1. El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional. 2. La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportacin e importacin. 3. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. 4. El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el tipo de operacin cambiaria que se trate. 5. El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones.\n6. El acceso irrestricto al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversionista nacional. 7. Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas. 8. Libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales. 9. Posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin. 10. Posibilidad de suscribir con el Estado, Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas. Sin embargo, esto no significa que el TLC Andino no incluya algn efecto negativo marginal que debilite nuestros instrumentos de poltica o exponga a nuestros usuarios de agua a situaciones donde el inters privado predomine sobre el social, como podra ocurrir en los casos de servicios pblicos que constituyen un tipo de monopolio. Captulo de Inversiones del TLC El Captulo de Inversiones de un Tratado de Libre Comercio intenta garantizar un conjunto de garantas mnimas al inversionista de una de las partes que intenta desarrollar actividades en la otra parte. Entre los principios mnimos que se busca establecer podemos mencionar: a) Trato Nacional: Cada Parte otorgar a los inversionistas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a\nsus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisicin, expansin, administracin, conduccin, operacin y venta u otra forma de disposicin de las inversiones en su territorio. b) Trato de Nacin Ms Favorecida: Cada Parte otorgar a los inversionistas de la otra Parte trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier pas que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisicin, expansin, administracin, conduccin, operacin y venta u otra forma de disposicin de inversiones en su territorio. Un balance preliminar: Qu nos exige el TLC Andino? El TLC Andino no slo implica cambios en los mecanismos comerciales sino que tambin impone una serie de restricciones a las polticas pblicas. Pese a su importancia, el tema del agua no ha tenido mayor protagonismo en el debate de este tratado, que se ha centrado preferentemente en temas como propiedad intelectual y agricultura. Esto se explica por las diferentes exigencias del TLC en cada rea. Sin embargo, no puede obviarse la sensibilidad de la ciudadana frente a este recurso imprescindible para la vida humana, por lo que lo ms recomendable es sumar este elemento a los otros puntos crticos del TLC.\nComo resultado de una decisin unilateral y su participacin en espacios multilaterales como la OMC, el Pru adopt tempranamente muchas de las disciplinas y principios promovidos por la OMC y ahora exigidos por los EE.UU. Estas polticas incluyeron el otorgamiento de trato nacional a los inversionistas extranjeros, el establecimiento del Artculo 55: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Sin embargo, algunas reas de la gestin del agua difcilmente sern objeto de cambios sustanciales en su manejo, como el uso agrario, que gira alrededor de una compleja estructura de Juntas de Usuarios con un grado de organizacin y capacidad de movilizacin relativamente altos.\nEn cambio, s se han observado avances significativos en la aprobacin de un marco legal que permite la participacin privada en reas como infraestructura hidrulica y servicios de saneamiento. Si este marco no ha sido plenamente aplicado ha sido por falta de voluntad poltica y la extrema sensibilidad de la ciudadana ante el temor de una elevacin de las tarifas de agua. El gobierno peruano, en este lapso, ha optado por reducir sus esfuerzos para rescatar o fortalecer a las Empresas Pres-\ntadoras de Servicios de Saneamiento, a cargo de las municipalidades, propiciando el surgimiento de corrientes de opinin que propugnan la privatizacin de esas empresas como nica salida a la crisis de abastecimiento de agua a nivel local. Bajo estas condiciones, el TLC Andino no exige un cambio sustantivo en las polticas hdricas en el rea de saneamiento, puesto que la apertura del sector al capital privado se acept previamente y viene avanzando lentamente.\n5 GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS\nABIEUSA - Acuerdo Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamrica AGCS - Acuerdo General sobre Comercio de Servicios ADPIC - Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio ALCEUSA - Acuerdo de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamrica AMI - Acuerdo Multilateral de Inversiones GATT - Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles de la OMC W/120 - Lista de Clasificacin Sectorial de los Servicios CAFTA - Central America Free Trade Agreement, Acuerdo de Libre Comercio de Centro Amrica CAN Comunidad Andina de Naciones CCP - Clasificacin Central Provisional de Productos CIADI - Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIAMA - Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dubln de 1992. CNRH - Consejo Nacional de Recursos Hdricos de Ecuador. CNUDMI - Comisin de las Naciones Unidas para el desarrollo Mercantil internacional CONAM - Consejo Nacional de Modernizacin del Estado del Ecuador Dec. 291 - Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias. Dec. 292 - Rgimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas Dec. 510 - Adopcin del Inventario de Medidas Restrictivas del Comercio de Servicios Dec. 634 - Modificacin de plazos previstos en la Decisin 629 Dec. 507 - Actualizacin de la Nomenclatura NANDINA FMI - Fondo Monetario Internacional GWP - Global Water Partenership HTS - Harmonized Tariff Schedule de Estados Unidos IED - Inversin Extranjera Directa INRENA - Instituto MERCOSUR - Mercado comn del Sur NAFTA - North America Free Trade Agreement, Acuerdo de Libre Comercio de Norte Amrica\nNANDINA - Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacin Para la Cooperacin Econmica y el Desarrollo OMC - Organizacin Mundial de Comercio PDESC - Pacto de Derechos Econmicos Sociales y Culturales\nRADDHH - Reunin de Altas Autoridades de Derechos Humanos () SA - Sistema Arancelario TBI - Tratado Bilateral de Inversin TLC - Tratado de Libre Comercio TLCAN - Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte UNCITRAL - Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional\nSerie: Agua y Libre Comercio - Gua n 3: Marco Normativo sobre Aguas e Impactos del TLC en Ecuador, Bolivia y Per. Elaboracin y edicin: Agua Sustentable (www.aguasustentable.org) Tapa y contratapa: Pedro Guereca - Visual design: Pedro Guereca (www.taller64.com)\nDocuments Similar To AGUA Y LIBRE COMERCIO 3.pdf\nMatriz Modificada 1.b\nBalotario de Preguntas - Instituto\nArchivos Revista Diciembre04 Analisis\nFormulario juicio de nulidad\nRibla 30-Economia y Vida Plena\n2. Economía Colonial\nGarrido, Antonio - Floresta española.pdf\nCtto. de Compraventa\nirresponsabilida por perdida de conciencia\nTrabajo de Derecho Civil Sucesiones\n4.- Los Bienes - Rene Ramos\nCondom in Ios\nValuacion de Servidumbre


Autónomos y Segurdidad Social - ayudalaboral - 03\n¿Cuándo se pagan las cotizaciones?\n¿Hay recargo si no se pagan en la fecha prevista?\n¿Hay recargo de prestaciones para los autónomos?\nCon la publicación de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, se ha dado forma a otra antigua aspiración de los trabajadores autónomos, como es poder compatibilizar la prestación por desempleo con los primeros meses del alta por cuenta ajena, de forma que facilite la subsistencia durante los inicios de la nueva actividad. Siendo los detalles y peculiaridades de esta nueva prestación los siguientes:\n¿Qué es la Acción Protectora?\n¿Que sucede si se tienen cuotas pendientes de pago?\nAplicables al cónyuge y familiares por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado\nHasta ahora un inconveniente de los trabajadores autónomos era la contratación de familiares que colaboran con él en su actividad de forma habitual, que no podían tener una relación laboral por cuenta ajena, y para los que el estar de alta en el RETA podía resultar demasiado costoso.


Archivos de cómics y animación: hechos fantásticos\nInicio » Arte y entretenimiento » Cómics y animación\n¿Quién hace la voz de Woody de Toy Story para comerciales, programas y juegos?\nArte y entretenimiento, Dibujos animados, Noticias de celebridades y entretenimiento, Cómics y animación, Industria del entretenimiento, Industria del cine y la televisión / October 28, 2021 10 de noviembre.\nTodos conocemos al Sheriff Woody, el adorable vaquero de la franquicia Toy Story. ¿Pero sabías que los dos hermanos Hanks le dieron voz al personaje? El hermano menor de Tom Hanks, Jim, es un conocido actor de doblaje que hizo la voz de Woody en los spin-offs, comerciales y juegos de Toy Story. Tom Hanks hizo la voz de Woody en ...\n¿Quién hace la voz de Woody de Toy Story para comerciales, programas y juegos? Leer más »\n¿Por qué la mayoría de los personajes de Hanna-Barbera tenían collares y corbatas?\nArte y entretenimiento, Dibujos animados / October 26, 2021 October 31, 2021\nSi creciste viendo Scooby-Doo, Los Picapiedra, Los Supersónicos, Top Cat y Yogi Bear, probablemente te hayas preguntado por qué los personajes se dibujaron de manera bastante similar. ¿Pero sabías por qué tenían collares específicamente? Los personajes de Hanna-Barbera tenían collares y corbatas para ahorrar dinero en animación. Al crear una pieza entre la cabeza y el cuerpo, uno ...\n¿Por qué la mayoría de los personajes de Hanna-Barbera tenían collares y corbatas? Leer más »\n¿Quién diseñó el plato de Ratatouille para la película de animación?\nArte y entretenimiento, Dibujos animados, Cómics y animación, Alimentos, Películas / October 15, 2021 October 25, 2021\nLa película Ratatouille presentó el plato ratatouille en sí. Con la animación agradable a la vista y apetitosa de la comida basada en el título, muchos espectadores se intrigan sobre quién diseñó el famoso ratatouille. Thomas Keller, un chef aclamado que es propietario del famoso restaurante The French Laundry, diseñó el plato de ratatouille, incluyendo las capas elegantes y modernas del…\n¿Quién diseñó el plato de Ratatouille para la película de animación? Leer más »\nCómics y animación / 7 de septiembre 2021 10 de septiembre 2021\nSi ha sido fanático de la serie animada; Bob Esponja, sabrías que el Krusty Krab es conocido por sus deliciosas Krabby Patties. Con su receta perfecta de masa para hamburguesas, no es de extrañar que siempre haya clientes llenando los asientos del Krusty Krab. Su supuesta delicia es suficiente para picar uno ...\n¿De qué está hecha la Krabby Patty? Leer más »\nComic, Películas / 28 de abril de 2021 22 de junio de 2021\nCon todas las películas de Spider Man, es muy difícil mantenerse al día. En la serie más reciente, Tom Holland interpreta el papel de nuestro amigable superhéroe del vecindario. ¿Pero sabías que en realidad había una campaña para que Donald Glover interpretara el papel antes? En 2010, una campaña en las redes sociales para conseguir que Donald…\n¿Se suponía que Donald Glover interpretaría al Hombre Araña? Leer más »


La fiscalía tendrá hasta el 10 de mayo para atender la petición de la comisión. Caso de Debanhi: CEDH presenta quejas por irregularidades\nCaso de Debanhi: CEDH presenta quejas por irregularidades; encuentran identificación de la joven\nLa fiscalía tendrá hasta el 10 de mayo para atender la petición de la comisión.\nmayo 5, 2022, 11:13 am PST\n(NOTICIAS YA).-Durante una conferencia de prensa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que interpuso dos quejas contra la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.\nLa primera queja fue fundamentada en la información difundida por medios de comunicación y la segunda por las declaraciones de Mario Escobar, padre de la joven.\nLa comisionada de la CEDH, Olga Susana Méndez, expresó que las quejas son por presunta demora en acciones de búsqueda de la joven y solicitó información para verificar si existió alguna violación de derechos.\nEncuentran identificación de Debanhi Escobar\nDurante las primeras horas de este jueves, distintos medios de comunicación difundieron información sobre el hallazgo de una identificación de la joven en unos condominios ubicados en la Nuevo León.\nSegún Milenio, la identificación fue localizada en los Condominios Constitución, entre los edificios 16 y 18, del municipio de Monterrey. Autoridades fueron alertadas sobre el hecho.\nLa credencial localizada es del servicio médico del SNTE, expedida en abril de 2021 y con fecha de vencimiento de agosto del mismo año. Se encontraba en unas de las jardineras a las afueras de los edificios.\n🔴 ENCUENTRAN CREDENCIAL DE #DEBANHI ESCOBAR EN CONDOMINIOS DE MONTERREY\nEsta mañana se reporta un nuevo hallazgo cerca de un domicilio que previamente había sido cateado por la Fiscalía de Nuevo León.\nLa credencial estaba en una jardinera, presuntamente la encontró un vecino. pic.twitter.com/w79bf9n0Ff\n— Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) May 5, 2022\nVecinos del inmueble fueron entrevistados por autoridades locales. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado mayores detalles sobre el hallazgo.\nCabe destacar que este lugar ya había sido cateado por las autoridades para buscar rastros de Debanhi; sin embargo, en ese momento no localizaron ninguna pertenecía o algún indicio que ayudara a la investigación.


Rasoulof: el director iraní premiado en Berlín y condenado a prisión -\nEl director iraní Mohammad Rasoulof, flamante ganador del Oso de Oro de la Berlinale por su película No existe el mal, ganó el premio e inmediatamente fue condenado por el gobierno de su país a cumplir una sentencia de un año de cárcel, según anunció su abogado a la agencia Associated Press.\nRasoulof viene siendo perseguido por su país debido a que su cine tiene la costumbre de mostrar la represión y la tiranía del gobierno iraní.\nAsí, por ejemplo fue arrestado en mitad de un rodaje o acusado de “rodar sin permiso” o de “realizar propaganda” contra el régimen. Lo cierto es que al ser legitimado en Berlín, el estado de su país se expidió sentenciándolo a seis años de cárcel, pena que se rebajó finalmente a uno.\nRasoulof no puede irse del país porque le sacaron el pasaporte y tiene prohibido salir del país. ¿Pero irá efectivamente preso? No, Rasoulof vive en libertad bajo fianza. Debido al problema de pasaporte no pudo estar presente en festival de cine de Berlín.\nSu premio lo recogió su hija, que es la protagonista de la película galardonada. No existe el mal es una obra episódica que trata sobre la fortaleza moral y la pena de muerte. Lo definen como un filme que indaga acerca de cómo las personas pueden vivir sometidas a una perpetua libertad condicionada bajo regímenes despóticos.\nEl actor Reza Akhlaghirad,el director Mohammad Rasoulof y la actriz Soudabeh Beizaee, en el Festival de Cannes, en 2017. Foto: AFP/Anne-Christine Poujoulat\nLa persecución no es novedad para el realizador de 48 años. El creador de películas como Un hombre íntegro, largometraje por el que también fue condenado, todavía espera el fallo de otra causa a raíz de su polémica obra.\nEn 2011 Rasoulof había sido detenido junto al también director Yafar Panahi. Ambos fueron condenados a seis años de cárcel. Además, se les impuso una prohibición de hacer películas “durante 20 años”, cosa que evidentemente no ocurrió.