Mejores Bancos de trabajo de acero - Mascampo.es\nMejores bancos de trabajo de acero baratos\nEn nuestro portal de jardinería, uno de los productos más deseados son los bancos de trabajo de acero. 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Venezuela - Jueces, juezas, fiscales y cía. en España - Página 27\nPablo Hasél se encierra en la Universidad de Lleida tras vencer el plazo para que entrara en prisión: "Tendrán que reventarla para encarcelarme"\nAnibal 15/2/2021, 3:09 pm\nUn juez considera que una actuación policial se puede grabar, pero no subir en directo a redes\nmateria 17/2/2021, 2:36 am\nUn juez de Iruñea ha dictado una sentencia en la que considera que un ciudadano puede grabar con su móvil una intervención policial como garantía para evitar un abuso de autoridad, pero no la puede subir en directo a las redes al suponer «una exposición mediática sin motivo alguno» de los agentes.\nUna actuación policial se puede grabar con el móvil, pero no se puede subir en directo a las redes sociales al suponer «una exposición mediática sin motivo alguno» de los agentes intervenientes. Así lo considera el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Iruñea, que, en una sentencia, ha condenado a un acusado a tres meses de prisión por un delito de resistencia con la concurrencia de la atenuante de embriaguez, así como a indemnizar a una agente de la Policía Municipal con 125,28 euros.\nEn la sentencia, sobre la que ha informado el TSJN y que puede ser recurrida ante la Audiencia de Nafarroa, el magistrado explica que «la grabación no era en ese momento una garantía para evitar un posible abuso policial, sino una exposición mediática sin motivo alguno de los agentes actuantes y, más en concreto, de la agente a la que el acusado grabó de cerca y cuya identidad puede correr como la pólvora por las redes sociales sin motivo para ello».\nTodo ello hace, según la sentencia, que la orden de dejar de grabar no sea arbitraria, supuesto que sí que hubiera ocurrido si el inculpado se hubiera limitado a grabar la actuación sin hacer mención a su divulgación en las redes sociales y si su conducta no hubiera sido violenta con insultos a los agentes actuantes.\n«Por lo tanto, insistimos, la conducta del acusado hubiera sido conforme a la normativa administrativa si se hubiera limitado a grabar la actuación policial para prevenir cualquier posible abuso policial», reitera el magistrado.\nSobre las 23.30 horas del 7 de noviembre del pasado año, el acusado, J. P. B., se encontraba con un grupo de personas tomando cervezas en la confluencia entre la calle Erletokieta y la avenida de Zaragoza de Iruñea. Por el lugar patrullaban agentes de la Policía Municipal que, al observar la situación, se acercaron a identificar a los participantes y proceder a sancionarlos administrativamente.\nEl inculpado comenzó a grabar la intervención policial con su teléfono móvil al tiempo que increpaba los agentes y les decía que iba a subir la actuación a las redes sociales. Ante esta circunstancia, los policías le separaron del resto del grupo para identificarlo, lo que fue aprovechado por él «para grabar con su móvil de cerca a una agente de la Policía Municipal, quien le requirió para que se apartara de ella y dejara de grabarla».\n«Al hacer caso omiso a la agente, ésta le pidió el teléfono, comprobó que se encontraba grabando un vídeo, detuvo la grabación y se lo devolvió al acusado», recoge la sentencia, que añade que el encausado, en ese momento, «propinó un fuerte empujón a la agente en el pecho», por lo que tuvo que ser reducido por los policías actuantes. La víctima sufrió un traumatismo ungueal y dolor en la región cubital de la mano derecha. Requirió una primera asistencia facultativa y se recuperó en cuatro días.\nEn el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 21 meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones, así como una indemnización de 125,28 euros para la agente agredida. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.\nEn la sentencia, el magistrado considera que el acometimiento violento, el empujón en el pecho que provocó la caída al suelo de la agente, «no tuvo carácter grave, pues afortunadamente ninguna lesión sufrió la perjudicada, por lo que estamos en sede de delito menos grave de resistencia» y, por tanto, no de atentado.\nTampoco considera el juez que las lesiones sufridas fueran consecuencia de la acción violenta del procesado, sino que las mismas fueron causadas en su posterior detención, por lo que decreta la absolución del delito leve de lesiones imputado.\nUna vez determinado el delito, el juez analiza profusamente «por su importancia» la «importante cuestión» planteada por la defensa de si la acción de la agente, al retirar el teléfono móvil de su cliente, tiene soporte legal, ya que, a su entender, ella se excedió en sus funciones. En ese supuesto, siempre según la defensa, la reacción posterior del inculpado no constituiría delito de atentado, ni tampoco de resistencia, puesto que los hechos no serían punibles.\nAl respecto, el magistrado deslinda la conducta imputada de la labor desarrollada por los medios de comunicación cuando graban intervenciones policiales, puesto que éstos están ejerciendo el derecho a la información.\n«Uso irregular de las imágenes»\nEl juez estima que un particular puede grabar una actuación policial como «una posible garantía en aras a evitar o poder alertar de algún abuso policial, pero con los límites fijados en la normativa reguladora».\n«Sin embargo, prosigue el magistrado, lo que no se puede hacer es un ulterior uso irregular de los datos o imágenes, auténtico elemento objeto de discusión como veremos pues la referencia a la incorporación inmediata de la grabación a las redes sociales puede, en determinadas situaciones como en este caso, constituir un uso irregular de las imágenes», sostiene el magistrado.\nEn cuanto al hecho en sí de las grabaciones en las actuaciones policiales, el juez apunta que existe una corriente que aboga por que sean los propios agentes quienes graben, por sí o por dispositivos incorporados a su uniforme o a sus vehículos, las actuaciones practicadas, así como por la colocación de sistemas de grabación en las dependencias comunes de las distintas comisarías.\nDesde luego, argumenta el magistrado, sería «una práctica sana» que serviría de garantía tanto para los agentes como para los ciudadanos y, de hecho, las pistolas táser (eléctricas) llevan la cámara incorporada para cuando entran en funcionamiento.\nLa Guardia Civil pilla a un juez en una fiesta ilegal en Lanzarote: «¿Saben que soy el juez instructor?»\nAnibal 20/2/2021, 9:29 pm\nLa fiscal general defiende en el Senado cambiar la cárcel por multas o trabajos a la comunidad en delitos de odio\nAnibal 23/2/2021, 7:57 pm\nAnibal 27/2/2021, 9:44 am\nSusana Gisbert (València, 1966) es fiscal delegada de Delitos de Odio en València y fiscal de violencia de género, además de ser escritora y muy activa en redes sociales en temas de feminismo. Mantiene actualizado el blog ‘Con mi toga y mis tacones’, donde acerca el mundo del Derecho a la ciudadanía.\nLa Fiscalía lo solicita y el juez excarcela al comisario Villarejo.\nmateria 3/3/2021, 3:54 pm\nEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la puesta en libertad del excomisario José Villarejo, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, por lo que en las próximas horas saldrá de la prisión de Estremera (Madrid) en la que permanece desde noviembre de 2017.\nLa Fiscalía no ve delito en el chat de militares que querían fusilar a 26 millones de personas\nmateria 3/3/2021, 4:02 pm\nLa Fiscalía ha decidido archivar la causa contra los militares retirados que hablaban de «fusilar a 26 millones de hijos de puta» en un chat privado, ya que ha valorado que los mensajes se produjeron «en la confianza de estar entre amigos».\nLa Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre un chat de militares retirados en el que hablaban de «pronunciamientos» y de «fusilar a 26 millones de hijos de puta», al entender que no son constitutivos de un delito de discurso de odio.\nSegún ha informado la Fiscalía de Madrid, los mensajes que aparecen en un chat «privado» formado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire no suponen delito porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.\nPor esa razón, considera que «no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo».\nSolo una crítica «dura»\nEl Ministerio Público abrió diligencias el pasado mes de diciembre a raíz de un escrito enviado por el Ministerio de Defensa que daba cuenta de una información relativa al citado chat, en el que se hablaba, entre otras cuestiones, de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra la Gobierno o de «fusilar a 26 millones de hijos de puta»\nAdemás, subraya que, según la información recibida por Defensa, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, «algunos hace más de 40 años», sin que ninguno esté en activo ni en la reserva, ni siquiera en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa.\nAsí «la actuación del grupo quedaba fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria», y además la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado «La XIX del Aire» es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los mensajes que se han hecho públicos.\nEl Ministerio Público pone de manifiesto que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, que «aisladamente» contemplados «constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno»\nEs más, los entiende como una crítica «dura» enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre».\nLa Fiscalía archiva la investigación sobre militares que en un chat hablaban de dar un golpe de Estado contra la Gobierno o de "fusilar a 26 millones de hijos de puta".\nEl Ministerio Público abrió diligencias el pasado mes de diciembre a raíz de un escrito enviado por el Ministerio de Defensa que daba cuenta de una información relativa al citado chat, en el que se hablaba, entre otras cuestiones, de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra la Gobierno o de "fusilar a 26 millones de hijos de puta".\nSubraya que, según la información recibida por Defensa, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, "algunos hace más de 40 años", sin que ninguno esté en activo ni en la reserva, ni siquiera en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa.\nAnibal 5/3/2021, 12:33 pm\nEl cuento del mes: la irresistible independencia del poder judicial\nEl Congreso aprueba la reforma que limita al Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ no podrá hacer nombramientos una vez expirado su mandato.\nAnibal 12/3/2021, 10:34 am\nAyer, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial, de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril. Es un paso importante pero no de tanto calado como la reforma anunciada primero y luego congelada que pretendía que el Poder Judicial pudiese ser renovado con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), en lugar de los tres quintos (225) que exige la ley actual.\nLa propuesta presentada ayer por el PSOE necesitaba un amplio respaldo de la Cámara, que consiguieron los socialistas con holgura hasta sumar 196 diputados. En contra han votado el PP, Vox y Ciudadanos, 150 parlamentarios, y también hubo una abstención.\nEl objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación». En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.\nPP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el Poder Judicial pero encallaron por el veto de los populares a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.\nEntretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, este mismo jueves escuchó a la primera decena de candidatos para ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego.\nUna cuestión judicial estrambótica (explicación para no juristas). (Javier Pérez Royo. Catedrático de Derecho Constitucional)\nmateria 15/3/2021, 2:09 am\n(Estrambótico: Extravagante, irregular y sin orden. Diccionario RAE).\nEl Juez Pablo Llarena ha actuado como si fuera el juez belga que tiene que tomar la decisión sobre la orden de detención y entrega. Lo que pretende con ello es que el TJUE le diga al juez belga cómo tiene que resolver.\nEste pasado lunes el Parlamento Europeo acordó levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. A partir de este momento se puede proceder penalmente contra ellos. Esto es indiscutible.\n¿Qué órgano u órganos judiciales y a través de qué procedimientos pueden hacerlo? Este es el interrogante al que hay que dar respuesta.\nEn principio contra el acto del Parlamento Europeo solo pueden actuar los parlamentarios cuya inmunidad ha sido levantada. Los tres pueden recurrir dicho acto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluyendo o no en el recurso la solicitud de medidas cautelares, con la finalidad de dejar en suspenso el levantamiento de la inmunidad hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. Parece que es lo que van a hacer los tres por la información que se publicó el pasado martes en todos los medios de comunicación.\nEl levantamiento de la inmunidad reactiva la orden de detención y entrega que dictó el Juez Pablo Llarena ante la justicia belga contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig. El juez belga dejó en suspenso la tramitación de la orden contra Puigdemont y Comín por ser miembros del Parlamento Europeo y resolvió respecto de Lluis Puig de la forma que doy por supuesto que el lector conoce. Tras la decisión del pasado lunes del Parlamento Europeo la justicia belga tiene que dejar sin efecto la suspensión y pronunciarse sobre la orden cursada contra Puigdemont y Comín. Justamente para eso y solamente para eso fue para lo que levantó la inmunidad el Parlamento Europeo. La decisión del Parlamento Europeo está indisolublemente vinculada a la tramitación de la orden de detención y entrega ante la justicia belga. Puigdemont y Comín siguen siendo parlamentarios europeos a todos los efectos excepto para este concreto de que la justicia belga dé respuesta a la orden de detención y entrega cursada por el juez instructor español.\nObviamente, si el TJUE admite a trámite los recursos de Puigdemont y Comín y adopta las medidas cautelares solicitadas, la justicia belga tendría que esperar hasta que el TJUE hubiera resuelto el fondo del asunto para dar respuesta a la orden de detención y entrega. Si no se adoptan las medidas cautelares, tendría que resolver de manera inmediata.\nEstas son las dos únicas actuaciones judiciales que se derivan del acto del Parlamento Europeo de levantamiento de la inmunidad de Puigdemont y Comín.\nPero a estas dos se ha añadido una tercera, que, en mi opinión, no solo no es pertinente, sino que se podría calificar de estrambótica. Me refiero a la cuestión prejudicial que el Juez Pablo Llarena ha elevado al TJUE en la forma de siete preguntas, a fin de que el TJUE indique qué respuesta debería dar la justicia belga a la orden de detención y entrega dictada por el juez español.\nEn buena lógica jurídica, sería el juez belga que tiene que dar respuesta a la orden de detención y entrega el que podría plantear la cuestión prejudicial en el supuesto de que tuviera dudas acerca de qué respuesta debería dar. Pero el juez instructor español no puede hacerlo. Él ya ha dictado la orden de detención y entrega. Ya ha tomado la "decisión judicial" que puede tomar. No puede, por tanto, plantear una cuestión "pre-judicial". Lo único que puede hacer es esperar la respuesta de la justicia belga y, en el supuesto de que no esté de acuerdo con dicha respuesta, impugnarla ante el TJUE.\nEl Juez Pablo Llarena ha actuado como si fuera el juez belga que tiene que tomar la decisión sobre la orden de detención y entrega. Lo que pretende con ello es que el TJUE le diga al juez belga cómo tiene que resolver. En lugar de esperar a que el juez belga resuelva y recurrir a continuación contra su decisión, si no está de acuerdo con ella, el Juez instructor español pretende "madrugar" al juez belga y privarlo de su independencia para decidir, imponiéndole la decisión del TJUE con base en las preguntas que él le ha formulado.\nEl TJUE respondería no a la preguntas del juez belga que tiene que tomar la decisión, sino a las preguntas del juez español, que ya ha tomado la decisión que puede tomar y que ya no puede volver a tomar ninguna otra hasta que el juez belga no haya tomado la suya.\nDesde un punto de vista procesal es un disparate. El TJUE no puede pronunciarse sobre una orden de detención y entrega ya cursada antes de que lo haga el órgano judicial receptor de dicha orden. El TJUE no puede hablar respecto de la orden de detención y entrega contra Puigdemont y Comín antes de que lo haga la justicia belga. El orden de los factores en este caso sí altera el producto.\nCon el planteamiento de esta "singular" cuestión pre-judicial, lo que el Juez Pablo Llarena viene a decir es lo siguiente: como no me fío de la justicia belga, me dirijo al TJUE, a fin de que éste le imponga a la justicia belga la respuesta que tiene que dar a la orden de detención y entrega que yo le he dirigido. Y que se lo imponga con base en las preguntas que yo le formulo. No con base en las preguntas del juez belga, que es el que tiene que tomar la decisión, sino con base en las preguntas del juez español, que no tiene ni puede tomarla. Es la mayor manifestación de "desconfianza" imaginable en la puesta en aplicación de un instrumento de cooperación judicial, como es la orden de detención y entrega, que descansa justamente en la "confianza". No me fío de la justicia belga y, por ello, solicito al TJUE que le imponga la decisión que tiene que tomar. Es decir, que imponga la decisión del juez español al juez belga. Y que lo haga a priori. Antes de que el juez belga haya estudiado la orden de detención y entrega y haya podido formarse una opinión sobre la misma.\nEl Juez Pablo Llarena le está pidiendo al TJUE que tome partido por el juez español frente al juez belga. Y que lo haga antes de que el juez belga haya tenido posibilidad de estudiar el asunto, oír a las partes afectadas y pronunciarse.\nEstá visto que la capacidad del Juez Pablo Llarena para actuar erráticamente no tiene límites.\nLa Audiencia Nacional exime al Estado de culpa en el macroaccidente múltiple de la A-8 causado por la niebla\nAnibal 17/3/2021, 9:20 am\nUno de los reclamantes es la familia de la mujer fallecida en el 2014, que responsabilizaba al Ministerio de Transportes de escoger un trazado inseguro para la autovía del Cantábrico. Hubo 39 vehículos implicados\nLos técnicos y responsables del Ministerio de transportes, decidieron el trazado más directo y menos costoso, aún a sabiendas de que en esa zona son frecuentes y recurrentes fuertes episodios de niebla...Sume y siga....\nVeamos parte del infame pasado:\n"La niebla en el alto de O Fiouco no es solo consecuencia de la altitud. Se produce sobre todo en primavera y en verano, cuando las altas presiones provocan un viento del noroeste que llega cargado de la humedad del Cantábrico. El aire choca contra las montañas de la Marina Central para convertirse en una densa niebla que dificulta el tráfico, cuando no lo impide directamente. Ningún estudio realizado por Fomento detectó el problema. Y si lo hizo, pasó por la trituradora o duerme en un cajón". (id)\nProblema con la niebla que las gentes del lugar, camioneros, viajantes, panader@s, transportistas.....conocen desde siempre...Por eso preferían otro trazado , de fondo de valle....\nLa Audiencia Nacional absuelve a Teddy Bautista del supuesto saqueo de la SGAE\nAnibal 17/3/2021, 3:08 pm\nLa sentencia no aprecia delito y declara que los 10 acusados nunca actuaron al margen de los órganos de la entidad\nConsidera que los productos cuestionados por la fiscalía eran "absolutamente imprescindibles" para lograr los fines del organismo\nLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo impone ocho días de sanción al teniente coronel que en relación a Catalunya publicó "nos quedaría la solución armada con toda su contundencia".\nmateria 22/3/2021, 5:36 pm\nLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha impuesto ocho días de sanción económica al teniente coronel del Ejército español. «No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia», escribió en un artículo.\nLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha impuesto una sanción económica disciplinaria de ocho días al teniente coronel del Ejército de Tierra, Enrique Área Sacristán, por «quebrantar el deber de neutralidad política» al amenazar en un artículo publicado en un medio de comunicación con «una solución armada en Catalunya».\n«El teniente coronel Área advierte a los dirigentes separatistas: No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia», escribió el 30 de agosto de 2018.\nLa Sala considera «una falta grave» efectuar «manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política», prevista en el artículo 7, apartado 32, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.\nEl Teniente Coronel sancionado también hacía referencia a Euskal Herria, la memoria histórica o Podemos. Afirmaba textualmente que «a medida que las nuevas circunstancias pluralistas han ido descomponiendo la unidad de los sistemas de valores, han aparecido diversas reacciones posibles a las que pueden recurrir las sociedades y sus dirigentes políticos responsables para lograr la cohesión social que tú estás dilapidando con la Ley de la Memoria Histórica, el conflicto catalán, el conflicto vasco y tus alianzas con la extrema morada izquierda que quiere dilapidar la nación española como los artistas políticos del sexenio revolucionario».\nLa Sala afirma que el artículo en cuestión, publicado en el medio de comunicación social de acceso libre en la red en la dirección «www.alertadigital.com», fue firmado por el recurrente en su condición de «Teniente Coronel de Infantería y Doctor por la Universidad de Salamanca», cuando se encontraba, según él mismo reconoce, en la situación de reserva, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la expresada ley disciplinaria, en relación con el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, estaba sujeto al régimen disciplinario de los miembros de las fuerzas Armadas, al no implicar la situación administrativa de reserva la suspensión de su condición militar.\nLa Sala estima parcialmente el recurso contencioso-disciplinario militar ordinario interpuesto por el teniente coronel frente a la resolución de la ministra española de Defensa de fecha 16 de julio de 2019, que fijó una sanción económica disciplinaria de quince días, como autor de la citada falta grave.\nPor qué los tribunales anulan la mitad de las multas que pone la DGT. En los últimos 20 años la DGT ha formulado 70 millones de denuncias, con una recaudación en torno a los 6.500 millones de euros\nAnibal 30/3/2021, 9:54 am\nLa Audiencia Nacional restituye al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil, después de que Marlaska lo destituyese por «pérdida de confianza».\nmateria 31/3/2021, 5:36 pm\nEl Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos y ha condenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto.\nDe los Cobos no comunicó a sus superiores jerárquicos que agentes a sus órdenes habían entregado a la juez un informe sobre la presunta responsabilidad penal de la convocatorio del 8-M en Madrid, lo que conllevó a su destitución por parte de el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.\nAhora, el magistrado de la Audiencia Nacional Celestino Salgado afirma que «no consta en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid» por lo que declara «ilegal» el motivo.\nEn su sentencia, el magistrado señala que «estamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo -propuesta de cese y resolución del recurso de alzada-, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales».\nPara el magistrado, «la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad», sino que, por el contrario, «las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad».\nHistorial en Euskal Herria y Catalunya\nPérez de los Cobos coordinó el dispositivo policial con motivo del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.\nPreviamente estuvo destinado en Euskal Herria, donde llegó a ser juzgado por torturas. Resultó absuelto de las torturas a Kepa Urra en 1992, porque no se pudo acreditar que él mismo las infligiera, pero en la misma causa la Audiencia de Bizkaia sí que se condenó a tres agentes del instituto armado por practicar las torturas.\nCondenadas 20 personas por una "expropiación de alimentos" a un supermercado en 2012 por robo con violencia.\nmateria 2/4/2021, 3:12 pm\nLa Audiencia de Sevilla confirma íntegramente la sentencia de hace 13 meses que recurrieron cinco de los sindicalistas participantes en la acción-protesta en el Mercadona de la localidad de Écija\nLa Audiencia de Sevilla ha confirmado íntegramente la sentencia de febrero del año pasado por la autodenominada "expropiación de alimentos" de 2012 en un Mercadona de Écija (Sevilla) en la que resultaron condenadas una veintena de personas por robo con violencia. Cinco de los condenados habían presentado recurso de apelación alegando lesión del derecho a la tutela judicial efectiva y, subsidiariamente, que los hechos no fueran constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación sino de un delito de hurto.\nArgumentaba el recurso que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla no hacía referencia a que el plan de los organizadores de aquella acción era simplemente llevarse del mismo productos de primera necesidad sin abonarlos pero sin emplear en ningún momento la violencia, algo que no se había recogido en el relato fáctico de la sentencia. "Lo importante no es el plan que tenían ideado llevar a cabo sino la conducta realmente desplegada por los acusados durante la comisión de los hechos y la misma resulta descrita en el relato de hechos de la sentencia", señala ahora la Audiencia de Sevilla.\nPara el tribunal, la sentencia del juzgado estuvo "debidamente motivada y no se omite en la misma hechos relevantes para fundamentar el fallo por el que son condenados los recurrentes", que cuestionaban la valoración de la prueba realizada por la jueza al entender que, de las pruebas practicadas, no se desprendía que los cinco recurrentes hubieran hecho uso de la violencia o la intimidación para llevar a efecto el apoderamiento de los efectos o productos del Mercadona.\nParticipación "no solo activa, sino decisiva"\nDice la nueva sentencia que "la participación de los cinco recurrentes en el delito de robo con violencia e intimidación por el que han sido condenados resulta no solo activa sino decisiva, llevando a cabo una acción directa y eficaz bien para que cesara la resistencia de los empleados y sacar los carros con los productos al exterior, bien para conseguir llevarse del lugar los efectos cargándolos en una furgoneta y llevándoselos en ella". "Con independencia de que inicialmente el acuerdo fuera el apoderarse de los productos de Mercadona sin empleo de violencia ni de intimidación, lo cierto es que el plan cambió cuando los empleados de Mercadona formaron una barrera para impedir que salieran del establecimiento con los carros llenos de comida sin abonarlos", explica la Audiencia.\n"Nos encontraríamos ante un supuesto de un inicial delito de hurto, en cuya dinámica surgen actos de violencia e intimidación en las personas cuando a los autores les impiden abandonar el establecimiento sin abonar los productos cargados en los carros, transformándose entonces el delito hurto en un delito de robo con violencia", argumenta la Audiencia.\nLas costas de esta alzada se declaran de oficio, apunta los jueces en la sentencia, que es es firme y contra la que no cabe recurso alguno. Pese a ello, Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), unos de los condenados que había recurrido, ha escrito en su perfil de Twitter que "ahora toca recurrir de nuevo, esta vez ante el Tribunal Constitucional y después, si no nos dan la razón, vendría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí no se rinde nadie".\n«El poder judicial está desbocado, ha olvidado el principio de autocontención» (Entrevista a Iñaki Lasagabaster, Catedrático de Derecho Administrativo).\nmateria 10/4/2021, 1:27 pm\nIñaki Lasagabaster (Gasteiz, 1953) aborda en su último libro la injerencia de los tribunales en la actividad parlamentaria, que ha condicionado, señala, de forma indebida. Destaca en concreto la actuación del Constitucional sobre Catalunya y Euskal Herria.\nEl título del libro, “Parlamento, Tribunal Constitucional, separación de poderes (con obligada referencia a Cataluña)” da una pista sobre su contenido, ¿Qué le ha llevado a escribirlo?\nLa situación actual, desde una perspectiva jurídica y política, convierte a la democracia española en una especie que no aguanta la comparación, en lo que se refiere a las instituciones propias de una democracia, con la organización institucional de los estados europeos democráticamente mejor consolidados. La intervención estatal en Cataluña así lo ha puesto de manifiesto, y yo lo evidencio con un análisis jurídico.\n¿A quién va dirigido este trabajo? ¿A profesionales del Derecho? ¿A estudiantes?\nEl libro es jurídico. En este sentido, es un poco “txapa”, especialmente para no juristas. Aunque, a parte de esta consideración, quisiera decir que el Derecho contiene instrumentos de organización de la sociedad que la ciudadanía debe conocer, porque, si funcionan mal, funciona mal la democracia misma. Las personas deberían conocer mejor las instituciones y los derechos que tienen. Deberíamos tener una mayor cultura jurídica.\nDebería tenerla la ciudadanía... ¿Y los poderes públicos?\nTambién los poderes públicos, sí. Por ejemplo, en las formas de someter a Derecho las intervenciones de la Policía. También hay que decir que tanto los políticos como los politólogos tienen una cultura jurídica insuficiente, olvidando la importancia que debe tener el Derecho en la organización de la sociedad, especialmente después de una dictadura tan larga como el franquismo.\nComienza el libro con un punto de partida claro: «Al hablar de democracia es inexcusable referirse a la separación de poderes». ¿Cree que esta premisa no se está cumpliendo?\nHoy en día, claramente diría que no. Los Parlamentos están siendo condicionados por un poder judicial desbocado, que ha olvidado el principio de autocontención en el ejercicio de su poder. Los tribunales tienen un gran poder y deben medir bien cómo utilizarlo. Hemos podido ver la falta de respeto a este principio de contención por parte de los tribunales en algunos de los autos dictados en contra de las medidas adoptadas durante la pandemia.\nLa democracia española no aguanta la comparación con los estados europeos democráticamente más consolidados\nSeñala asimismo que al Tribunal Constitucional se le han reconocido unas potestades desorbitadas para la ejecución de sus sentencias, que permiten a su vez acudir al Derecho Penal como instrumento de intervención frente a las autoridades de las comunidades autónomas. Y cita los casos de Catalunya, y antes de la CAPV. ¿Se ha utilizado al TC para mediatizar la función legislativa de los Parlamentos de Barcelona y Gasteiz?\nSin duda, tal como se ha puesto de manifiesto en la realidad. Los tribunales han condicionado la potestad legislativa de los parlamentos indebidamente. Pero no solamente eso, también han condicionado el funcionamiento del propio Parlamento, su organización interna, cuándo y cómo puede constituir grupos parlamentarios, o cuál es el orden del día de las sesiones.\nDice que «el Parlamento es el único órgano constitucional que tiene garantizada la inviolabilidad». Una afirmación que ha chocado con la realidad en más de una ocasión…\nEl Rey también es inviolable según la Constitución, y le ha valido. Se dice que no puede ser procesado por lo que ha hecho durante su mandato, pero eso es claramente discutible. La inviolabilidad solamente se aplica al ejercicio de sus funciones como rey. Si el rey mata a una persona, la viola o le roba sus bienes, el rey no debería ser inviolable, creo yo, y es lo razonable. Debería ser procesado como otra persona. Por contra, el Parlamento es inviolable, pero no ha servido para evitar el procesamiento de la Mesa del Parlamento vasco o del Parlamento catalán por haber ejercido sus funciones.\nEl requerimiento por parte del Tribunal Supremo de disolver los grupos municipales, forales y parlamentarios de la izquierda abertzale en 2003 a raíz de la Ley de Partidos, ¿sentó un precedente? ¿En qué sentido?\nEl precedente fue que se produjo la imposición de un tribunal ordinario sobre el Parlamento. Por cierto, con un papel protagonista del exjuez (Baltasar) Garzón, y luego del Tribunal Supremo. Se abrió la puerta a esa arrogancia judicial en el ejercicio de sus potestades. Y esto es muy peligroso desde una perspectiva democrática. El nazismo tuvo una gran colaboración de la judicatura y de la doctrina jurídica apoyándose en una Constitución democrática como la de Weimar. Recuérdese a Schmitt, Maunz, Larenz y muchos otros. Por eso es tan importante la cultura jurídica y la defensa de algunas instituciones y categorías jurídicas. Es especialmente cierto si pensamos en el Parlamento, que es nuestra representación democráticamente elegida.\nEn el caso del Parlamento de Gasteiz aquello acabó además con tres miembros de la Mesa (Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao) en los juzgados. ¿Aquel fue un asunto jurídico o un pulso político?\nEvidentemente político, para dar vía libre a una estrategia de prohibición de una corriente política de opinión, para lo que no se ahorraron medios, como el cierre judicial de periódicos, “Egin” y “Egunkaria”, su agotamiento económico, el procesamiento de personas que solamente usaban medios pacíficos, como Arnaldo Otegi y Rafa Díez…, ahora con el esperpento del “caso Bateragune”. En ese camino de conculcación de derechos, los tribunales no se arredraron para amenazar penalmente y condenar a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones o a la Mesa del Parlamento.\nLo acaba de citar, ¿qué opina del “caso Bateragune”?\nJurídicamente me parece inaceptable. Son varias las razones, pero me parece fundamental, desde una perspectiva general, decir que es una bomba de relojería contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque ¿quién va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si luego se repite el juicio a pesar de que tú, que eres la víctima, no lo deseas? ¿Tienen que aguantar Otegi y los demás procesados un nuevo enjuiciamiento? Me resulta increíble.\nVolviendo a lo que apunta en el libro sobre la injerencia de los tribunales en el Legislativo: ¿El Tribunal Constitucional puede impugnar todo tipo de decisiones o solamente las leyes?\nEl problema actual se sitúa en la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando el TC dice que una ley es inconstitucional, esa sentencia se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la ley resulta derogada. La ley desaparece de la vida jurídica y la función del TC se acaba. Por ejemplo, la ley de referéndum catalana se declara inconstitucional; eso se publica en el BOE y se acaba el procedimiento. Sin embargo, ahora el Constitucional se ha inventado una cosa más: prohíbe que se vuelva a aprobar una ley sobre esa materia o que se hable de ese tema en el Parlamento. Se prohíbe tratar en el Parlamento un tema por mandato del Constitucional; es decir, una vez interviene el TC y declara una ley inconstitucional, ya no se puede hablar de ella otra vez. Esto es una subversión del sistema de separación de poderes.\nAlguien podría argumentar que tiene su lógica, porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la ley es inconstitucional y que no puede dictarse una nueva en esa materia...\nEse argumento es falaz. El Parlamento puede aprobar una ley que repita otra anteriormente declarada inconstitucional. Las razones son diversas: si se repite la ley y se recurre al Constitucional otra vez, este igual ha cambiado de opinión; o puede ser que la ley nueva no se recurra.\nSupongamos que se aprueba una nueva ley de consulta como la aprobada en la época de Ibarretxe, y nadie la recurre al Tribunal Constitucional, o el Tribunal la juzga ahora conforme con la Constitución. Esto podría ser teóricamente posible. Por otra parte, si no puede aprobarse nada contrario a una sentencia del Tribunal Constitucional, su doctrina sería la misma para siempre, solamente modificable por una reforma constitucional.\n¿Dónde queda en ese caso la autonomía en el ejercicio de sus funciones por el Parlamento?\nExactamente, esa es la cuestión. ¿Qué competencias y qué soberanía tiene la representación de la ciudadanía si un tribunal le puede prohibir debatir sobre un tema? Los tribunales no pueden interferir en el procedimiento legislativo, en el funcionamiento ordinario del Parlamento, porque sería inconstitucional. Iría frontalmente en contra del principio democrático.\n¿Hay algún modo de atajar esa injerencia constante? ¿Qué recursos tienen los Parlamentos dentro del marco actual?\nHabría que cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero, sobre todo, habría que cambiar la cultura jurídica de los tribunales españoles. Por otra parte, habría que recordar que el Código Penal prevé el delito contra la separación de poderes, y los magistrados y magistradas también podrían ser reos de ese delito.\nMás de 2.500 jueces reclaman a la UE que actúe ante el "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España\nAnibal 13/4/2021, 12:30 am\nEl CGPJ rechaza sancionar al presidente del TSJ de Castilla y León.\nmateria 24/4/2021, 8:27 pm\nEl presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. José Luis Concepción. EFE/Archivo.\nLa comisión disciplinaria del CGPJ decide no incoar un expediente disciplinario a José Luis Concepción por haber manifestado en una televisión que "la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista (...) forma parte del Gobierno", al estar amparado en su libertad de expresión.\n"La democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor [por Pablo Iglesias], forma parte del Gobierno", afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, en uno de los canales de la televisión autonómica, el pasado 15 de febrero. Pues bien, el órgano Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar las diligencias y no incoar expediente disciplinario para el juez Concepción.\nLa vocal del CGPJ Concepción Sáez y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas y la asociación Red de abogados democrátas pidieron a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que abriera un expediente sancionador por falta grave o muy grave al presidente del Tribunal Superior de Castilla y León por, entre otras cosas, mostrar en público, siendo juez, su animadversión al Partido Comunista.\nA juicio de los denunciantes, el juez incurrió en una "aseveración subjetiva y negativa sobre el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general del partido político Podemos". Además, explican que, según la RAE, poner algo en solfa es "presentarlo bajo un aspecto ridículo". "Ese algo sobre el que opina el magistrado es la democracia española", consta en la denuncia de Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas.\nTanto Concepción Sáez como las asociaciones de abogados consideraban que las declaraciones de José Luis Concepción podrían encajar en la consideración de falta grave para los miembros de la judicatura, al "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición".\nSin embargo, para el Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ las declaraciones del presidente del TSJ de Castilla y León no vulneran ningún precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La resolución indica que desde ese organismo "se ha venido manteniendo una posición respetuosa con el derecho de libertad de expresión de jueces y magistrados, pese a que esté sometido a unos límites específicos y más estrictos, derivados de la naturaleza de la función jurisdiccional que se desempeña por los miembros de la Carrera Judicial".\nEl Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta a Juana Rivas por sustracción de menores\nAnibal 26/4/2021, 5:20 pm\nUn juzgado archiva la denuncia contra la jueza que se negó a casar a una pareja por su vestimenta.\nmateria 29/4/2021, 6:13 pm\nEl Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo ha acordado el archivo de la denuncia presentada el lunes por Alberto Carreira, el vigués al que el pasado fin de semana se le impidió el acceso al Registro Civil para casarse disfrazado de pirata con su pareja, que iba vestida con un traje tradicional gallego.\nLa pareja denunció a la jueza encargada de esa oficina, pero el magistrado ha declinado enviar la causa al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde correspondería investigar a la jueza, ya que es aforada.\nSegún el TSXG, la negativa del magistrado del Juzgado de Instrucción se basa en que de la denuncia "no se desprenden hechos con relevancia penal" que pudieran justificar la elevación de la causa al alto tribunal gallego.\nPor otra parte, el juez aclara en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que tampoco cumple el requisito formal de haberse presentado a través de una querella.\nAlberto y su pareja, María, saltaron a los periódicos de media España el pasado fin de semana cuando se conoció que se les negó la entrada en el Registro Civil para contraer matrimonio por ir disfrazados.\nÉl iba vestido de pirata, con una peluca y un sombrero parecido al que se cala Johnny Depp en su personaje de Jack Sparrow en la famosa saga de Piratas del Caribe, lo que imposibilitaba que se le reconociese, según los funcionarios.\nElla vestía una traje de gallega con muchos años confeccionado por su madre.\nLa negativa de la administración de justicia a oficiar la boda encendió los ánimos del novio, que escribió una carta a la jueza que colgó en las redes sociales, generando un notable debate alrededor de este suceso.\n"Nos juzgó sin siquiera vernos. Insultó al traje regional de nuestra comunidad llamándole disfraz e insultó al trabajo de una modista que hizo mi traje basado en el siglo XIV como disfraz. Nos juzgó escondida en su despacho, ese que pagamos todos con nuestros impuestos", escribió.\nPosteriormente presentó la denuncia contra la jueza que el juzgado de Instrucción acaba de archivar en un auto que no es definitivo, por lo que es bien posible que ambos continúen peleando por casarse tal y como fueron vestidos al Registro Civil.\nLa pareja, minutos antes de la boda fallida. CRTVG\nVigo (Galicia): Una jueza se niega a casar a una pareja por su vestimenta.\nmateria 27 Abr 2021\nUna pareja viguesa recibió la negativa de los juzgados de la localidad a casarlos. ¿El motivo? La vestimenta de ambos. Él iba con el traje del pirata Jack Sparrow, y ella con el traje tradicional gallego. Un vestuario que significa mucho para ambos pero que impidió que la boda se celebrase.\nBerto y María se encontraban felices, a 15 minutos de darse el sí quiero. Todo parecía encaminado a que ambos viviesen su gran día, pero una funcionaria los avisó de que no iba a ser posible. La jueza, cuentan, se negó a recibirlos.\n"Nós queriamos casar así porque ten un sentido e un simbolismo sentimental. Non nos parece que estiveramos ofendendo a ninguén", cuenta María en declaraciones a la Televisión de Galicia. Berto, de hecho, visitó el campo de refugiados de Idomeni con esa vestimenta, y sus propios hijos le llaman Jack Sparrow.\nEsta negativa, sin embargo, no ha frenado sus deseos de casarse así. Este pasado domingo regresaron a los juzgados vigueses para denunciar los hechos y el trato recibido, y su intención es iniciar nuevamente los trámites para casarse con un vestuario tan importante para la pareja y su proyecto solidario.\nEl juez tumba el proyecto de dentista municipal de Colau .Toni Muñoz\nAnibal 6/5/2021, 12:59 pm\nEl Ayuntamiento de Barcelona carece de competencia para crear una clínica odontológica pública. Así lo establece el juzgado de lo contencioso administrativo 7 de Barcelona, que da la razón al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, que había denunciado la falta de potestad del Ayuntamiento para crear un operador municipal que prestase este servicio al considerar que solapaba las competencias con respecto a la Generalitat, que es la administración responsable.\nEl joven de Linares herido por postas de la Policía lleva un mes esperando que se admita su denuncia\nmateria 7/5/2021, 10:52 pm\nCon 12 orificios de entra y salida, aún no se ha recuperado. La investigación policial no halló al agente responsable.\nLa tercera muerte de Montesquieu\nAnibal 8/5/2021, 8:20 am\nEl Supremo confirma la condena a entidades de derechos humanos por acusar a Societat Civil Catalana de apología del nazismo\nAnibal 14/5/2021, 12:44 pm\nDeberán indemnizar con 15.000 euros a la entidad constitucionalista\nEl Registro Civil de Badajoz emite un auto en el que confirma que la Judicatura extremeña otorgó la custodia provisional de una niña a un hombre con el que no tiene reconocida ninguna relación paterno filial, puesto queéste nunca la reconoció como hija.\nmateria 23/5/2021, 4:03 pm\nEl Registro Civil de Badajoz ha emitido un auto en el que viene a confirmar que la Justicia extremeña otorgó la custodia provisional de una niña a un hombre con el que no tiene reconocida ninguna relación paterno filial, puesto que éste nunca la reconoció como hija.\nSe trata del procedimiento judicial por la custodia de las hijas de Sara B. B. que este medio avanzó hace unas semanas y por el que esta madre acabó sin la custodia de sus hijas, primero, y posteriormente fue condenada a cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad de las dos niñas (hoy de seis y cuatro años) al encontrarla culpable de dos delitos de sustracción de menores. Esta sentencia fue dictada en enero pasado por el tribunal de lo penal número 2 de Badajoz y posteriormente confirmada el pasado me de abril por la Audiencia Provincial, que en duro escrito confirmó las penas. Desde hace ya más de dos años Sara B. B. no tiene ningún contacto con sus hijas a pesar de que no existe ninguna orden de alejamiento ni de prohibición de comunicación.\nLa defensa de la madre argumentó que no se podía condenar a Sara B. B. por sustracción, puesto que nunca se ocultó ni dejó de hacer su vida habitual con sus hijas y que, además, la hija menor no tenía filiación con la expareja de Sara, por lo que ni pudo sustraerla ni es legal que el tribunal de primera instancia de Zafra le hubiera concedido la custodia de la niña a su expareja.\nNo existe relación paterno filial\nA primeros de abril de 2019, un año después de que le hubiesen concedido la custodia y tres desde el nacimiento de la niña menor, la expareja de Sara B. B. solicitó al Registro Civil que se le reconociera la filiación de la hija menor de ésta. Esta petición ocurrió sólo unos pocos días antes de que Sara B. B. fuera detenida por la policía y separada de forma violenta de sus hijas, a las que no ha vuelto a ver o comunicarse. La solicitud de la expareja de la madre fue rechazada por el Registro Civil, que emitió un auto en el que acordaba "no autorizar el reconocimiento". El documento señalaba, además, que "contra la presente resolución no cabe recurso de clase alguna". El auto, al que ha tenido acceso Público, fue emitido a mediados de mayo de 2019.\nA pesar de este rotundo auto, tres instancias judiciales no encontraron problema en darle la custodia de la niña al hombre. La Audiencia Provincial en su sentencia afirma que el padre reconoció a la menor en septiembre de 2016, poco tiempo después de nacer y que las pruebas de ADN demuestran la paternidad. Pero la realidad es que la menor sólo figura inscrita con los apellidos maternos y la partida de nacimiento, a la que ha tenido acceso este medio, no refleja ninguna relación con el hombre.\nEl auto emitido ahora por el Registro Civil afirma que tras la decisión de este órgano en mayo de 2019 se realizaron actuaciones en pro de reconocer la filiación del hombre hacia la menor y afirma que supo de la "existencia de un expediente duplicado con idéntico número de registro en el que, no constaban todas las comparecencias" realizadas Sara B. B.\nLa jueza del Registro afirma que esto "supuso una evidente infracción\nde normas" que no sólo originó "la indefensión" de la madre" sino que además, ni procedía su tramitación ni mucho menos su finalización".\nPor todo esto la jueza del Registro declara nulas todas las actuaciones que se hayan podido realizar ante el Registro Civil desde el auto emitido en mayo de 2019, reafirmando la negativa a "autorizar el reconocimiento" de la filiación y afirmando a las partes que contra este auto "no cabe recurso alguno". Fuentes de la defensa de Sara B. B. afirmaron a este diario que aún no tienen el expediente completo de las actuaciones que se realizaron en el Registro Civil para valorar exactamente qué ocurrió y cómo se explica la aparente duplicidad de expedientes mencionados en el auto.\nJuicio de custodia y recurso al Supremo\nTodas estas actuaciones han ocurrido mientras aún no se ha celebrado el juicio definitivo por la custodia de las menores. Las medidas son provisionales desde hace cinco años, cuando se produjo la separación de Sara B. B. de su expareja y el juicio ha sido retrasado ya en cuatro ocasiones. La próxima vista esta fijada para el próximo 18 de junio.\nParalelamente, ya se han iniciado los trámites para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condena a Sara por dos delitos de sustracción de menores.\nEl Tribunal Supremo afirma que cabe restringir la movilidad sin estado de alarma.\nmateria 24/5/2021, 9:35 pm\nEl Tribunal Supremo ha desestimado este lunes el recurso del Gobierno de Canarias contra el fallo del TSJC que impedía el cierre perimetral de las islas con alta incidencia por covid-19, pero ha admitido que la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la movilidad en algunas condiciones.\nEl Tribunal Supremo considera que, aun sin contar con la cobertura del estado de alarma, se puede restringir la movilidad de los ciudadanos por razones sanitarias tomando como base los supuestos de «extraordinaria gravedad y urgencia» que describe la Ley de Salud Pública de 2011.\nEl Supremo ha hecho pública este lunes la sentencia por la que desestima el recurso del Gobierno de Canarias contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que le impidió decretar el cierre perimetral de aquellas islas que entraran en los dos niveles más altos de la alerta por covid-19 (3 y 4).\nEl Alto Tribunal no tiene nada que objetar a las razones por las que el TSJC no consideró justificado ni proporcionado el sistema de cierres y excepciones que planteaba el Gobierno de Canarias para prohibir entrar y salir de los territorios en semáforo rojo o marrón (niveles 3 y 4), situación que no se da hoy en ninguna isla.\nEn este litigio concreto, solo se cuestionaba un derecho: la libertad de desplazarse por todo el Estado español, que el Gobierno canario quería restringir, o condicionar, en determinadas circunstancias, por islas y con amplias excepciones.\nAl respecto, los magistrados subrayan que ese «conjunto de preceptos» de la Ley General de Salud Pública «ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, temporales y cuantitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad de circulación".\nSegún la lectura que el Supremo hace de la Ley General de Salud Pública, estas medidas se pueden dictar ante hechos «siempre de extraordinaria gravedad y urgencia», de forma motivada por parte de la Administración y teniendo en cuenta que las restricciones han de ser «temporales y proporcionadas».\nEl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde hace un año y diez meses tiene paralizada una demanda de Greenpeace en la que reclama el derribo del hotel El Algarrobico, símbolo del urbanismo expoliador.\nmateria 25/5/2021, 10:26 pm\nEl caso siguió su tramitación normal desde que se presentó la petición, en mayo de 2018, hace tres años, hasta que el 24 de julio de 2019 la sala de lo contencioso de Granada dictó una diligencia en la que se decía que había finalizado "la fase de conclusiones", y que el caso quedaba ya solo pendiente "de votación y fallo", cuando "el orden de señalamientos lo permita".\nSin embargo, hoy, casi dos años después, según Greenpeace y del TSJA consultadas por Público, el asunto sigue sin resolverse. No se ha movido un papel. Los retrasos acumulados, según las fuentes del tribunal, han impedido hasta ahora emitir una sentencia.\nLos asuntos de la jurisdicción contenciosa que llegaron al TSJA en 2019 tardaron en resolverse una media de 14 meses, según los datos del Poder Judicial. Pero en lo que afecta a los asuntos relacionados con el medio ambiente, asciende a 84 meses, la friolera de 7 años; los urbanísticos, 21 meses, y los sancionadores, 42 meses.\nLicencia y derribo\nEste asunto es una de las posibles vías abiertas para demoler el hotel. La otra es que la Junta de Andalucía logre hacerse con los terrenos en que se ubica la edificación y luego derribarla.\nLa demanda de Greenpeace reclama al TSJA tres cosas. Por un lado, que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a que incluya en el Plan Urbano del terreno donde está El Algarrobico como suelo no urbanizable; por otro, que anule la licencia municipal de obras que el consistorio concedió en su momento al hotel, y, por último, que abra "expediente de demolición y se proceda a su derribo".\nLa Audiencia de Málaga confirma la condena a una mujer por una procesión de una vagina de plástico en 2013.\nmateria 9/6/2021, 7:14 pm\nLa sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, mantiene probado que la acusada participó en esa manifestación por el 8M, lo que fue admitido por ella en el juicio; ataviada "con una peineta y con una vela grande en la mano, portaba, en compañía de otras personas no identificadas que vestían túnicas, mantillas o peinetas, lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina" de plástico.\nEl cortejo llegó a detenerse ante la Catedral y el Palacio Episcopal, portando en ese momento el trono la acusada, "quien en compañía de los otros participantes emitía proclamas como 'vamos a quemar, vamos a quemar la Conferencia Episcopal'". Durante el acto, la acusada, no solo portaba la vagina gigante, "sino que a viva voz, leyó, usando el móvil, un texto" basado en el Credo, pero modificado, según la resolución ahora confirmada.\nLa Sala de apelación señala que es "innegable" que en un estado democrático de derecho, "la libertad de expresión tiene un carácter constitutivo y esencial cuando se trata de una manifestación del derecho a participar en la formación de la voluntad política de la comunidad en tales condiciones, pudiendo, por tanto, tener una jerarquía superior a otros derechos también constitucionalmente protegidos".\nPero, añade que "ni el artículo 20 de la Constitución ni el 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos hacen una proclamación absoluta e incondicionada del derecho a la libertad de expresión, sino que admite límites a su ejercicio por la necesidad de respetar los demás derechos que la propia Constitución", apuntando que hay que analizar si entra en conflicto con estos.\nAl respecto, considera que "ni la referencia a partes del cuerpo y efectos placenteros de algunas de ellas ni la versión ridiculizada de las oraciones del Credo y el Ave María ni la referencia a la quema de la Conferencia Episcopal, tachada de machista y patriarcal, cabe entender persiguieran el interés aludido" de la defensa del aborto y el feminismo, estimando estas expresiones como "innecesarias" para la crítica o la información.\nPor tanto, el Tribunal de la Sección Tercera señala que "no constan objetivados hechos en que sustentar la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre la libertad de religión y culto y su salvaguardia de acciones susceptibles de ser tenidas como escarnio de creencias motivadoras de ofensa de los sentimientos religiosos", indicando que no se puede escudar en el pretendido derecho a expresarse libremente.\n"No puede sostenerse en modo alguno que la acusada obrara guiada por un interés público y colectivo de la crítica, sino con la intención o propósito de vilipendiar o escarnecer sentimientos religiosos de los integrantes de la Iglesia Católica", dice la resolución, apuntando un "exceso en su uso" de la libertad de expresión que "hace innecesaria e intolerante la lesión del derecho de los referidos integrantes de la Iglesia Católica".\nDesde la defensa de la procesada, su letrada ha lamentado la sentencia y ha considerado que "sienta un peligroso precedente en cuanto a establecer los límites de la libertad de expresión", por lo que ha asegurado que se van a estudiar los recursos extraordinarios que puedan proceder.\nAsí, ha indicado que es "nuestra responsabilidad llegar a las últimas instancias de cara a defender que en todo momento los hechos se llevaron a cabo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y no se tuvo intención en modo alguno de ofender los sentimientos religiosos".\nAsimismo, en declaraciones a Europa Press, la letrada ha dicho que lamentan "que a día de hoy siga existiendo en el Código Penal la calificación como delito la ofensa a los sentimientos religiosos", indicando que "eso es lo que permite que sentencias de este tipo tengan cabida con lo que urgen la reforma en tal sentido".\nPor su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, organización que presentó la denuncia inicial, ha asegurado que "con este caso queda acreditado que es necesaria la protección de los sentimientos religiosos que regulan prácticamente todos los países de la UE". "Si se permiten ataques de este tipo, no podremos vivir en democracia cuando no existe un mínimo respeto a los católicos", ha concluido.\nAnibal 15/6/2021, 8:49 am\nTribunal Supremo. La policía puede acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa.\nmateria 18/6/2021, 4:44 pm\nEl Tribunal Supremo ha avalado el acceso a datos bancarios por parte de las autoridades sin necesidad de autorización judicial previa en circunstancias especiales.\nEn una reciente sentencia (disponible aquí), el Alto Tribunal aclara que, cuando las cuentas no revelen detalles de la esfera privada de los investigados, el acceso sin conformidad previa del juez puede estar justificado.\nEl tribunal apunta que no hay vulneración de la "intimidad económica" si la consulta "no permite trazar una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una determinada persona desarrolla su vida privada".\nCuando se dan estas premisas, y si hay sospechas de que se están cometiendo delitos graves, la policía no necesita "la previa intervención judicial autorizante" para revisar información financiera de un sospechoso.\nCon este razonamiento, los magistrados confirman la legalidad de una investigación policial que llevó a destapar una trama de blanqueo de capitales en Madrid. Según los hechos, un grupo de conocidos y familiares utilizaba un entramado de empresas ficticias para evitar pagar a Hacienda y llevarse el dinero a China.\nLos condenados denunciaron que la policía había vulnerado su derecho a la intimidad, al investigar sin permiso los datos de varias cuentas bancarias, donde habían ingresado de forma recurrente dinero en efectivo destinado a distintas sociedades fantasma. Según su recurso, las autoridades invadieron su esfera privada y el derecho al secreto bancario al no solicitar una autorización del juez para llevar a cabo sus pesquisas.\nLa ley permite a los Cuerpos de Seguridad del Estado invadir la intimidad de personas que están siendo investigadas bajo dos premisas básicas. Primero, deben existir sospechas de que se está cometiendo un delito grave y el acceso a la infromación debe resultar esencial para esclarecer las sospechas de crimen; segundo, hay que sopesar en la balanza la magnitud de la vulneración de los derechos afectados y la gravedad de los crímenes que se investigan.\nPonderados los derechos en juego, el Supremo determina, para el caso, que el acceso a los datos bancarios de los sospechosos se realizó a efectos de "identificación de números de cuentas y de titularidades". En otras palabras, los agentes no accedieron a datos de índole personal, como los hábitos de consumo, las nóminas o a importes como facturas de la luz. En estas circunstancias, los magistrados valoran la actuación como "proporcional" y "necesaria". La aprobación del juez, subrayan, no era imprescindible.\nLos tribunales europeos han respaldado las investigaciones sobre información bancaria sin autorización del juez en el seno de la lucha contra el blanqueo de capitales, si se cumplen unas premisas básicas y la gravedad del caso lo justifica.\nAsí, en 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcó los límites para que la policía pueda sobrepasar la conocida intimidad bancaria. Para estos casos, la institución distinguió, por un lado, la información meramente financiera, y por otro, los datos que reflejan cómo se desenvuelve la vida privada de la persona, que requieren de mayor protección.\nSiguiendo la jurisprudencia internacional, el Supremo concluye que la actuación de la policía, en vista de las sospechas de delito y de la naturaleza de los datos consultados (no era información personal), venía "suficientemente amparada en normas legales de habilitación".\nEl tribunal también niega que la captación de imágenes de los investigados en espacios públicos suponga una vulneración de derechos constitucionales. Para la Sala, la intromisión se realiza en el "círculo más externo del derecho a la vida privada"; estas actuaciones, por tanto, tampoco requieren de conformidad judicial previa.\nAnibal 26/6/2021, 11:57 am\nEl abogado de los sindicalistas, Evaristo Bango, avanza que recurrirán “hasta el final” porque “son inocentes”. A primera hora de la tarde de ayer, se hizo público el fallo del magistrado del Juzgado nº1 de lo Penal, Lino Rubio Mayo.\nEl Tribunal Supremo ratifica la condena de 19 meses de cárcel para Isa Serra por atentado a la autoridad en un desahucio.\nmateria 6/7/2021, 1:12 pm\nIsa Serra recurrirá la sentencia del Supremo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos\nLos abogados de la portavoz de Podemos también estudian la posibilidad de poner una queja ante el Alto Tribunal por la filtración la pasada semana de la sentencia a 'Okdiario'. La dirigente pide trabajar para desbloquear la renovación del CGPJ para que "la derecha no siga utilizando al Poder Judicial como ariete".\nEl Tribunal Constitucional español ha declarado parcialmente nulo el primer estado de alarma.\nmateria 20/7/2021, 3:00 pm\nEl TC defiende la opción del estado de excepción por la grave afección al «orden público»\nAunque el fallo se conoció el miércoles, ha sido este viernes cuando se han conocido las razones que han dado lugar a la sentencia por la que Tribunal Constitucional español ha declarado parcialmente nulo el primer estado de alarma. Sostiene que debería haberse optado por el estado de excepción\nLa sentencia del Tribunal Constitucional español (TC) que estima parcialmente el recurso de Vox contra el primer estado de alarma argumenta que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción atendiendo a la «gravedad y extensión» de la pandemia, que imposibilitó de facto un normal funcionamiento de las instituciones, mientras que la ciudadanía vio afectado el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas «y las de casi cualquier otra naturaleza».\nEsto es lo que sostienen los seis magistrados que apoyan la sentencia, que aunque hoy ha sido difundida por agencias y varios medios se notificará oficialmente en los próximos días junto a los votos particulares. Han formulado votos particulares los otros cinco componentes del Pleno: el presidente del TC, Juan José González Riva, y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.\nEn la votación fue decisiva la posición de la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, ya que en principio se produjo un empate y esta magistrada se inclinó finalmente por la inconstitucionalidad del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.\nLa sentencia, que aún no ha sido firmada por todos los magistrados, afecta principalmente a las medidas que dieron lugar a las restricciones en la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como a la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press.\n«Restricción» o «vaciamiento» de derechos\nEn su resolución, el tribunal de garantías pone de relieve que el problema excedió lo sanitario y afectó al «orden público», por lo que hubiera estado legitimada «la declaración del estado de excepción en cumplimiento de la norma que regula su funcionamiento». «Otra cosa implicaría aceptar el fracaso del Estado de Derecho, maniatado e incapaz de encontrar una respuesta ante situaciones de tal gravedad», añade.\nEsta afectación al orden público es una de las claves del auto, que considera inconstitucionales algunos de los puntos del decreto del estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo de 2020, una vez declarada la pandemia de covid-19, lo que tuvo como consecuencia el confinamiento general de la población con algunas excepciones.\nLa ponencia que ha dado lugar a la sentencia, defendida por el magistrado conservador Pedro González Trevijano, utiliza la expresión «altísima intensidad» para referirse a la restricción de derechos aplicada, por lo que entiende que se superó lo previsto en la norma de 1981 para el estado de alarma. A diferencia de éste, el estado de excepción hubiera requerido control previo del Parlamento para aplicar el recorte de derechos a la ciudadanía.\nEs precisamente este nivel de restricción el punto en el que pivota toda la sentencia y choca con la visión de los cinco magistrados discrepantes. Estos razonaron durante las deliberaciones que, dadas las excepciones que contenía el propio decreto de estado de alarma, solo debería hablarse de «limitación de derechos» y, por lo tanto, no se habría excedido lo que la ley contempla para el estado de alarma, que además cita expresamente las pandemias como posible escenario para aplicar esta figura jurídica.\nLa mayoría, sin embargo, califica lo ocurrido de «vaciamiento» de derechos, «a menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término ‘suspensión’», al señalar que la norma en cuestión «prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados».\nLo ocurrido con la covid-19, según los magistrados de la mayoría, alcanzó unas dimensiones imprevisibles para el legislador de 1981, y en este caso «lo relevante pasan a ser los efectos, y no su causa»; es decir, la restricción de derechos que se produjo y no la propia pandemia.\nEstos efectos, concluyen, hubieran legitimado «incluso la adopción de medidas que impliquen una limitación radical o extrema de los derechos aquí considerados», y eso está previsto en el artículo 116.3 de la Constitución española, pero con previa autorización del Congreso de los Diputados. El estado de alarma, sin embargo, es declarado por el Gobierno estatal y debe ser validado posteriormente por las Cortes.\n«Amputación material» de las reuniones privadas\nSobre la «limitación de la libertad de circulación» de las personas de la que hablaba el artículo 7 del decreto de estado de alarma, la mayoría del TC señala que fue más allá de una «acotación» del ámbito de esta libertad y restringió este derecho «de modo drástico, hasta el extremo de alterar o excepcionar pro tempore su contenido esencial».\nAñade que es «inherente» a esta libertad constitucional de circulación «su irrestricto despliegue y práctica en las ‘vías de uso público’» a que se refería el decreto de estado de alarma, y ello fue lo que quedó «cancelado» pese a que el acotamiento concluyera con las cláusulas generales referidas a «fuerza mayor o situación de necesidad». Se trataba de excepciones a la regla doblemente condicionadas por su finalidad y circunstancias, llevando a una restricción general de este derecho, afirma.\nEn todo caso, la sentencia asume que esta limitación fue una medida «razonablemente adecuada y necesaria para la consecución de los objetivos señalados», pues se adoptó sobre la base de las informaciones, investigaciones y datos entonces disponibles o que se confirmaron de inmediato. A ello se unió la «relativa escasez de recursos sanitarios apropiados para hacer frente a la expansión inicial» de la enfermedad.\nEn otro momento, la sentencia llega a decir que «la naturaleza totalmente imprevista de esta pandemia, la dudosa respuesta que frente a ella ofrecía la legislación vigente y el importante debate doctrinal que su interpretación ha suscitado pueden explicar el inicial recurso a la figura del Real Decreto declarativo del estado de alarma para combatirla».\nNo obstante, incide en que el «vaciamiento» de este derecho a la libertad de circulación conllevó también la «amputación material de la posibilidad, constitucionalmente protegida por el juego combinado de los artículos 21.1 y 18 de la Constitución, de mantener reuniones privadas, por razones familiares o de amistad, incluso en la esfera doméstica».\nEl primer confinamiento por la covid-19, que se extendió de marzo a junio de 2020, ha sido declarado ilegal después de que el Tribunal Constitucional español haya estimado parcialmente un recurso de Vox. Se sustenta en que la aplicación del estado de alarma debía ser aprobada primero en el Congreso.\nEl Tribunal Constitucional español ha declarado ilegal el primer estado de alarma, como había reclamado Vox. Se trata del periodo de confinamiento extremo que se extendió de marzo a junio de 2020, tras el estallido de la pandemia.\nLa votación ha sido muy ajustada, por seis votos frente a cinco, y se ha adoptado tras dos plenos específicos pródigos en argumentos técnicos. Se sustenta sobre todo en una consideración procedimental: que para aplicar el estado de alarma había que aprobar primero el de excepción, algo que tenía que pasar por el Congreso y no ser validado posteriormente.\nEn concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.\nTambién ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para «modificar» o «ampliar» las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.\n«En todo lo demás», el tribunal ha acordado desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación liderada por Santiago Abascal. Desde Vox insistían en que el decreto incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución, dado que –a su juicio– sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción.\nEste asunto ha mantenido dividido hasta ahora al tribunal, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta semana, en la que los jueces han analizado la ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movilidad –como el confinamiento domiciliario– aplicadas por el Ejecutivo español al inicio de la pandemia.\nLa decisión tendrá como principal repercusión probable la anulación de todas las multas impuestas en ese periodo de confinamiento extremo. Y habrá que ver qué ocurre con las demandas de sectores afectados por el cierre impuesto por esta vía de la alarma, en caso de que la sentencia del TC allane el camino a reclamaciones.\nNo obstante, la sentencia y los votos particulares no se conocerán hasta próximos días, por lo que hará falta tiempo para calibrar el impacto de esta decisión.\nMás allá de valorar si las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción, una de las claves del debate ha pasado por dilucidar si el primer estado de alarma supuso una suspensión total de los derechos fundamentales afectados o una mera limitación de los mismos que sí podría estar amparada por la figura del estado de alarma.\nSegún fuentes del TC consultadas por el periódico ‘El Mundo’, esta decisión dejaría sin cobertura legal las multas impuestas durante el primer confinamiento. Además, los ciudadanos sancionados podrán reclamar la nulidad de las multas, excepto si ya se inició un procedimiento contenciosos y este concluyera de manera firme. En cuanto a los procedimientos por «desobediencia a las autoridades» aún abiertos, deberán ser archivados o concluirse con la absolución.\nSolo en Hego Euskal Herria, durante el primer confinamiento se impusieron unas 45.000 multas que iban desde los 600 euros por «desplazamientos no autorizados» hasta los 10.400 por «organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio».\nGobierno español: «Absolutamente imprescindible»\nPor su parte, el Gobierno español ha expresado este miércoles su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha mostrado su «sorpresa por su carácter inédito» y se ha reafirmado en la necesidad de esa medida.\nEl Gobierno señala que va a estudiar la sentencia y, tras hacerse eco de la ajustada votación, resalta que eso da a entender el debate interno que ha suscitado el fallo.\nAnte la decisión del TC, el Ejecutivo se ha reafirmado en el real decreto que aprobó el estado de alarma porque ha considerado que era «absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma».\n«Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia», añade el Gobierno.\nPor ello, defiende que sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de sesenta días.


Siempre hay una mano: Carnaval, segunda parte: Invasión vikinga!!!!!!!\nBueno, qué... ¿este año de qué nos disfrazamos en carnaval? ¡¡de vikingos!! La conversación tuvo lugar allá a primeros de enero, apenas salíamos de la navidad... ¡dejar una fiesta y pensar en la siguiente, ese es el ritmo de vida que nos gusta!\nPues nada, vikingos, que siempre viene bien un tema que dé pie a dar gritos y comportarse como bárbaros... sólo por carnaval! Se supone que uno se disfraza de lo que no es, verdad? pues nos disfrazamos de cosas así, a ver si nos vamos convirtiendo en gente civilizada ¿no es de lógica?\nEn nuestra línea de no comprar disfraces ni complementos, había bastante que hacer: capas de vikingo, cascos con cuernos (que por más que digan ahora que nada de cuernos en los cascos, a nosotros nos gustaban los vikingos de toda la vida ¡con una buena cornamenta!), armamento pesado, escudos... ¡apuf, qué estrés!\nPrimero fueron las capas. Rectángulos, sin complicarse, ya sabéis cómo enfoco yo el tema disfraces: cero complicaciones, mucha risa. Un snap para abrochar, un cráneo de bicho con cuernos hecho de fimo para tapar el snap (que no hacía falta, ya lo tapaba el pelo de la tela, pero...), y una costura en la zona del cuello para que no nos rasque el borde de la tela. Porque la tela hubo que chamuscarla por el borde antes de que la casa se convirtiera en una gran bola de pelusa marrón, y claro, lo chamuscado muy suave no queda!\nLuego venían los cascos, es decir, tomarse la medida de las cabezas, inflar un globo de cada talla, y empezar a pegar papel de periódico con cola blanca. Una capa, otra... un alambre para dar soporte a los cuernos... más periódico y más cola alrededor del alambre... dar forma a esos cuernos, que queden vistosos... más periódico y más cola... y al tendal a secar!\nAntes de que secasen del todo nos los pusimos, y los amoldamos a la forma de las cabezas ¡que no, no tenemos cabeza de globo! Cascos a medida, completamente personalizados!\nYa que estábamos en modo periódico y cola, aproveché para preparar las espadas y un hacha. Tubos de cartón (de esos que vienen rodeados de papel de aluminio o film de cocina, es un poco rollo tener que gastar el material de fuera pero al final consigues un tubo de cartón que siempre viene bien), cajas de galletas para las partes planas, y periódico y cola, periódico y cola, periódico y cola... ¡y al tendal!\n¡¡Escudos, que nos faltan los escudos!! Bueno, bueno, es que no tenía cartón! Hubo que esperar a que llegara un pedido de cartón, esta vez en forma de caja llena de naranjas ¡qué vida tan dura la de reciclantes! Pues eso, cartón de caja de naranjas, periódico y cola, más periódico y más cola, más periódico y más cola... ¡y al tendal! Ay, no, al tendal no, que estos secaron encima de la mesa...\nPues un par de días más tarde, con toda la cola seca y todo el periódico endurecido, sesión de maquillaje: témpera de colores, un poco de alkyl, brochas y pinceles... ¡¡al ataque!!\nLo último que hicimos fue el cuerno del jefe, para llamar a la tribu. Se nos olvidó hasta la hora de comer del día C (de Carnaval), así que no hubo tiempo de andarse con finuras: papel de periódico, sin cola ni nada, y témpera. Y que aguante lo que pueda!\nY con todo preparado, nos hicimos a la mar en busca de botines fabulosos. Porque ya se sabe, la familia que asalta poblados unida, permanece unida!!\nEtiquetas: cartón, costura, disfraces, niños, papel, reciclar\nYolanda pandielleando 18/2/15 8:54\nMuy buenos!! Lo d quemar el borde d la tela ya se me podía haber ocurrido a mi cuando use ese tipo d tela... Puaaaaghhhh\nAnónimo 18/2/15 9:33\nQue chulos!! Me lo apunto para otro año\nWendy 18/2/15 10:06\nQue trabajo! Y todo hecho a mano, impresionante! Me encantan las familias que asaltan poblados unidas! (Solo en el día de carnaval)\ndiario de naii 18/2/15 21:39\nQue chulada de disfraces! Todo multiplicado por 5!!! Agotaste el periodico del quiosco!\nAlba 19/2/15 16:42\njejeje... por 4, sólo por 4!! el padre de familia no es pro-disfraces!! (y el periódico más reciente era de 2012... creo que necesito actualizarme!)\nmisperendengues 19/2/15 17:05\nDi que sí: ¡totales!\nJirafa 20/2/15 17:56\nHa quedado genial! eres un crack!\nLoreto 22/2/15 2:11\nMe encantan!! Esas trenzas... Todo genial!


Review Shampoo Tresemmé Hidratación Intensa | Petite & Trendy\nReview Shampoo Tresemmé Hidratación Intensa\nPublicado en Barcelona, Beauty & Makeup, reviews\tpor Ale Luces\nHola bonitas ❤ hoy les comparto mi experiencia y opinión sobre este champú de Tresemmé “Hidratación Intensa” para cabellos secos o dañados.\nUna de las tantas cosas por las que debes pasar cuando emigras es adaptarte al nuevo lugar: el clima, las estaciones, el agua, la comida, son elementos “nuevos” al que tu cuerpo se debe acostumbrar.\nEn nuestro caso llegamos en Verano, así que la transición no fue tan complicada, pero un par de meses después cuando iba entrando el otoño TODOS en casa comenzamos con problemas en la piel y el cabello: mucha resequedad, caspa y descamación en la piel.\nEl más afectado de todos fue Sergio (mi esposo) ya que no dábamos con algún champú que resolviera el problema de caspa y comezón en la cabeza; el clásico Head & Shoulders (que aquí se llama H&S 😅) tan popular en Venezuela le cayó fatal y estuvo así un tiempo hasta que probó este champú que yo había comprado para mí, el “Hidratación Intensa” de Tresemmé, que aunque no es un champú para la caspa, resolvió sus problemas del cuero cabelludo.\nSiempre había escuchado hablar de Tresemmé en la tele (uno de los patrocinantes de Project Runway) aunque la verdad no recuerdo haberlo visto en Venezuela. Como estaba buscando un champú nuevo y este estaba de oferta en el supermercado decidí llevarlo a casa para probarlo.\nDebo decir que lo amé desde el día que lo probé. Una de las cosas que detesto de un champú es que te deje el pelo digamos que “rechinante” de limpio, me refiero a esa sensación de que el cabello queda como un poco seco y tirante (si es que eso tiene algo de sentido jaja) como un poco difícil de manejar.\nNo es para nada el caso de este champú de Tresemmé ya que deja el cabello limpio pero a la vez muy suavecito y manejable, para nada pesado, lo cual es muy importante para mi, ya que mi cabello es muy fino y quebradizo.\nMirando sus ingredientes noté que su cuarto ingrediente es Glicerina, la cual ayuda a mantener la hidratación dentro del cabello y el 5to es Vitamina E la cual es antioxidante, previene y reduce la caída, regula la producción de grasa y también Hidrata el cabello.\nDebido a que los 6 primeros ingredientes enlistados son los que están en mayor proporción en cualquier producto me parece importante mencionar los otros cuatro de este champú:\n2) Lauril Sulfato de Sodio (es el agente espumante presente en el 90% de los champús y jabones)\n3) cocamidopropyl betaina: es un derivado del coco, emoliente y con propiedades de limpieza suave.\n4) Cloruro de hidroxipropiltrimonio de Guar: aunque su nombre suene un poco abrumador, permite la libre respiración del cuero cabelludo por lo que genera buena protección, hidratación y acondicionamiento.\nCon ver sus ingredientes no es de extrañar que este champú sea tan bueno dejando limpio pero a la vez muy suave el pelo.\nEl único contra que le veo es que si tiene siliconas (Dimeticonol) aunque en muy muy baja proporción porque es casi de los últimos en la lista.\nOtro pro es que es bastante económico, alrededor de 5€ el envase de casi 1 litro.\nLo recomiendo muchísimo para las personas que se lavan el cabello todos los días y para las personas con pelo muy grasoso, por lo suave de la fórmula ya que las agresivas lo que hacen es estimular más la producción de grasa.\nCuéntenme Uds chicas? Lo han probado? U otros de la marca? Como fue su experiencia? Las leo ❤\nRecuerden seguirme por Instagram @petiteandtrendy ya que ahora estoy muy activa por Stories compartiendo recomendaciones y tips ❤🤗\nbeautyblogger, review, Spain blogger, Tresemmé, tresemméshampoo\t1 comentario\n« DIY Chaqueta Denim con forro de pelo\nArreglos de última hora: Como ajustar vestidos, blusas, jerseys o camisetas en la cintura en 5 minutos |DIY »\nUn comentario en “Review Shampoo Tresemmé Hidratación Intensa”\n18 diciembre, 2018 a las 9:39 pm\nOhh que buena recomendación 👏yo utilizo la mascarilla de la marca


¿Qué es una Dark Store y cuál es el beneficio para el usuario?\nLa Pandemia hizo que gran parte de Santiago volviese a estar en cuarentena. Esto provocó que no solamente de los habitantes de 21 comunas deban permanecer en su casas sino que tampoco puedan abrir su atención a público los supermercados… pero muchos de ellos abrirán de todas formas sus puertas.\n¡Wait! No esperes que te atiendan especialmente (tampoco se extenderán permisos especiales para salir de casa) o pienses que lo harán en un acto de rebeldía. En estricto rigor abrirán las puertas pero solo a los repartidores de delivery que gestionarán los pedidos de los usuarios de distintas plataformas, tanto propias como de otras compañías.\nEs aquí donde nos detenemos para aclarar que esta modalidad no es nueva en el mundo y particularmente en nuestro país. Se trata de las DarkStores o Tiendas Oscuras, las que no atienen a público y solamente se puede utilizar si se trata de personas que gestionen pedidos mediante la red o desde diferentes apps.\nBásicamente se trata de tiendas que dejaron de atender al público para sacar provecho a sus grandes extensiones construidas para funcionar como almacenes o Warehouse en las que no solo destacan los supermercados, sino que también las tiendas del retail.\n¡Es más! Tú mismo puedes comprobar la existencia de ellas en -al menos- dos grandes exponentes del comercio electrónico y físico. Durante la pandemia, la tienda Falabella ubicada a un costado del centro comercial Apumanque cerró sus puertas al público y comenzó su funcionamiento en el “modo oscuro”.\nOtro de las tiendas es Jumbo de Portal La Reina, donde casi el 25 por ciento de su espacio físico fue destinado a esta modalidad donde solo tienen acceso los proveedores de Delivery.\n¿Solo funcionan con despacho?\nJustamente. Es una de las premisas de esta modalidad. Claro que hay variaciones operativas en su uso. Pueden ser empleados de la misma cadena quienes recolectan los pedidos de los usuarios y los envían a través de su cadena de distribución o bien pueden recolectarlos para ser entregados a servicios tercerizados e incluso ser preparados por los mismos adherentes a una App específica (Uber, Rappi, Pedidos Ya o Cornershop, por nombrar algunos).\nPrincipalmente podríamos nombrar dos: el primero tiene que ver con la posibilidad de recibir sus pedidos aún en un período de confinamiento obligatorio debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial por la que atravesamos y -segundo- no solo estar a resguardo sino que también recibirlos el mismo día debido a los avances en logística y la ubicación de estas Dark Stores.\n¿Cómo nacen las DarkStore?\nPrincipalmente con el auge del eCommerce, varios operadores se dieron cuenta que el auge de esta modalidad de compra podría incluso superar las ventas físicas (se espera que en 2040 el 95 por ciento de las ventas sea a través de la red). Esto llevó a sus expertos logísticos a idear la solución que permitiese a los usuarios tener sus productos en el menor tiempo posible y -a las aplicaciones- satisfacer dicha necesidad.\nPero todo comenzó con la adaptación de otra modalidad que también nació a raíz de una necesidad en un área de delivery pero muy distinta: la comida. Varios dueños de restaurants de comida se dieron cuenta que sus cocinas no daban abasto para atender los pedidos telemáticos y las visitas reales, por lo que crearon las DarkKitchens, que se preocupaban solo de las solicitudes a distancia.\nParte de una transformación digital que se aceleró debido a la Pandemia que afecta a todo el mundo y que -muchos de ellos- vieron una obligación de reinventarse para adaptarse a la “nueva normalidad”.\nAquí nos detenemos para hacer una reflexión: ¿Alguien desea retroceder a la “antigua normalidad”? Este nuevo escenario se ha transformado en el “desde” y es aquí donde Minga Digital puede ayudarte.\nLas nuevas costumbres de los usuarios obligan a que tus campañas de marketing sean ingeniosas, que lleguen al corazón y a la mente de las audiencias y -justamente- para lograr ese objetivo tenemos AdsHouse, una novedosa forma de producir grandes volúmenes de banners, de forma rápida, ágil y eficiente mediante tecnología especialmente desarrollada para optimizar la gestión y producción de piezas gráficas.\n¿Es hora de cambiar la estrategia? Solo tú lo sabes y si decides hacerlo… ¡Aquí estamos!


[Petición] Elemento Youton, Técnicas de lava.\npor Brahmaa. el Dom Jun 07, 2015 9:40 pm\nElemento Lava: Youton\nTÉCNICAS - ROCA FUNDIDA\nUna de las variedades de este Kekkei genkai, perteneciente a la aldea de la niebla. El usuario adquiere la habilidad de escupir lava en forma de roca fundida y espesa por doquier, pudiéndole dar también un toque 'artístico' por el cual libera la lava con una forma determinada. Los daños pueden ser muy graves, provocando quemaduras de forma inmediata al contacto con el elemento, se caracteriza por abarcar mucho radio en sus ataques.\nHabilidad de escupir lava.El usuario es capaz de concentrar chakra en su garganta, uniendo sus dos elementos, para expulsar una bocanada de lava desde su boca.\nYōton: Yōkai no Jutsu.[color=#ffffff]El usuario libera una inmensa cantidad de roca fundida y espesa por la boca, que se extiende en forma de lamina ancha y delgada. La técnica hace una parábola de arriba hacia abajo, impidiendo que el usuario pueda evadir la técnica saltando, o por algún método similar. Al igual que una de las anteriores técnicas, se puede usar para impedir el escape de enemigos sellando algún pasadizo.