DERECHOS DEL CONSUMIDOR-Garantía mínima presunta relativa a calidad y características de bienes y servicios\nCONSUMIDOR-Restablecimiento de igualdad frente a productores y distribuidores/CONSUMIDOR-Protección/DERECHOS DEL CONSUMIDOR-Ley precisa contenido específico\nDERECHOS DEL CONSUMIDOR-Calidad mínima de bienes y servicios\nCALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS-Responsabilidad del productor/BIENES Y SERVICIOS-Control proceso de producción/CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS-Acciones de garantía del consumidor\nLas condiciones de calidad e idoneidad son las que establece el propio productor o son las que obligatoriamente se imponen a éste. El control del proceso de producción y el diseño del bien o del servicio, incumben de manera directa al productor profesional. El productor obtiene su ganancia por su papel en el proceso de producción y, como contrapartida, asume los riesgos derivados de la misma. En definitiva, suprimir al productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía equivale a anular las garantías concedidas o presupuestas, sean éstas de orden legal o convencional. La regulación procesal que produzca este efecto, en lugar de promover la realización del derecho sustancial, lo aniquila. Se puede afirmar, sin vacilación, que en lo que atañe a la conformación de los elementos reactivos del derecho del consumidor, el papel del legislador - por ende el campo de su libertad configurativa -, no consiste en eliminar la responsabilidad del productor en razón de la calidad de sus productos o servicios, sino en determinar los procedimientos más idóneos para hacerla efectiva.\nPRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR-Responsabilidad independiente de vínculo contractual\nEn el plano constitucional, el régimen de responsabilidad del productor y del distribuidor corresponde al esquema ideado por el constituyente para poner término o mitigar la asimetría material que en el mercado padece el consumidor o usuario. Este propósito constitucional no podría nunca cumplirse cabalmente si los supuestos de responsabilidad sólo pudieran darse entre partes de un mismo contrato, máxime si solo en pocos casos el fabricante pone directamente en la circulación el bien y lo coloca en manos del consumidor final. La responsabilidad del productor y del distribuidor surge ex constitutione y puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario, con independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros. En este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y los servicios, no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente; ellas se disponen frente a la categoría de los consumidores y usuarios.\nCONSUMIDOR Y USUARIO-Derecho a resarcimiento daños causados por defectos de productos o servicios\nLa protección del consumidor y usuario sería incompleta si ella se limitara a las garantías sobre la calidad de los productos y servicios en función del uso específico y normal al que se destinan y, de otro lado, al complejo de derechos instrumentales - información y participación -, necesarios para intervenir en las distintas esferas de la vida económica y poder ver traducidas sus exigencias legítimas en imperativos del interés público que deben por igual realizar el Estado y la comunidad. Los defectos de los productos y servicios, no son indiferentes para el consumidor y el usuario, pues las lesiones que generan pueden afectar su vida, su integridad física y su salud. De ahí que el derecho del consumidor reconozca como elemento de su esencia el derecho a obtener de los productores y distribuidores profesionales, el resarcimiento de los daños causados por los defectos de los productos o servicios, con el fin de garantizar su uso seguro.\nLEGISLADOR-Protección a consumidor y usuario\nPRODUCTOR-Garantía de calidad de bienes y servicios\nLa Corte constitucional declarará la exequibilidad de las disposiciones demandadas bajo el entendido de que ellas se interpreten en el sentido de que el consumidor o usuario puede de manera directa exigir del productor el cumplimiento de las garantías de calidad y el pago de los perjuicios por concepto de los daños derivados de los productos y servicios defectuosos.\nSantafé de Bogotá, D.C., agosto treinta (30) de dos mil (2000)\nEn ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Sigifredo Wilches Bornacelli y Pablo José Vásquez Pino demandaron los artículos 11 y 29 del Decreto 3466 de 1982 "por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones".\nA continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 36143 de diciembre 3 de 1982 y, se subraya lo demandado:\n"por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones"\nARTICULO 11.- GARANTIA MINIMA PRESUNTA. Se entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la oficialización de normas técnicas o de la modificación del registro, así como las condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro.\nPara efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, es requisito obligatorio de todo registro indicar el término durante el cual se garantizan las condiciones de calidad e idoneidad que se ofrecen, cuando la autoridad competente no haya fijado mediante resolución el término de dicha garantía mínima presunta, según la naturaleza y clase de los bienes y servicios; cuando el término señalado por la autoridad afecte algún término ya registrado, este último se entenderá modificado automáticamente de acuerdo con aquél, a menos que el término registrado previamente sea mayor al fijado por la autoridad competente, caso en el cual prevalecerá el registrado por el productor.\nARTICULO 29. PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS. En caso de incumplimiento total o parcial de la garantía mínima presunta o de las demás garantías de un bien o servicio, el consumidor afectado podrá solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garantía o garantías o, si fuere procedente de acuerdo con el artículo 13° del presente decreto, a cambiar el bien por otro o, si se manifestare que se desea desistir de la compraventa del bien o de la obtención del servicio, a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio. En todo caso se podrá también solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que hubiere lugar.\nLa solicitud formulada conforme al inciso precedente se tramitará por las autoridades jurisdiccionales competentes, de conformidad con las reglas propias del proceso verbal previsto en el Título XXIII del libro 3° del Código de Procedimiento Civil y las adicionales señaladas en el artículo 36. La sentencia mediante la cual se decida la actuación sólo podrá ser favorable al expendedor o proveedor si este demuestra que ha habido violación de los términos o condiciones de la garantía o garantías por parte del consumidor o que no ha podido dar cumplimiento a la garantía o garantías debido a la fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando no haya podido satisfacerla por intermedio de un tercero.\n"[P]ese a la aparente claridad de las normas citadas (artículos 11, 12, 26, 29 y 36 del Decreto 3466 de 1982), el Gobierno Nacional, por razones que no conocemos, deslegitimó al consumidor para ejercer las acciones legales de que en principio se encuentra investido en contra del productor, pudiendo hacerlo únicamente contra el proveedor y el expendedor".\nSegún los demandantes, "la Constitución Nacional de 1991 no limita el ejercicio de las acciones de los consumidores frente a la cadena que va de los productores a los comercializadores". La rápida evolución y la globalización de los mercados mundiales colocan "a los consumidores en grave peligro y los deja inermes frente a quienes hacen parte de la producción y comercialización de los bienes que adquieren". A fin de enfrentar tales peligros, en el artículo 78 de la Carta se han establecido los parámetros generales que regulan las relaciones entre consumidores y productores, los cuales están "claramente anclados en la tradición jurídica de la responsabilidad y especialmente en el tema de la SOLIDARIDAD", y obligan a productores, comercializadores y distribuidores a responder frente al consumidor.\nEsta limitación del sujeto pasivo favorece los intereses del productor en desmedro de los derechos del consumidor, pues usualmente aquel está en mejor capacidad de responder frente a las reclamaciones que el proveedor o comercializador, quien en no pocas ocasiones es insolvente. Si a ello se le suma la posibilidad del comercializador de renunciar a solicitar la presencia del productor en el proceso, "se hace nugatorio el ejercicio de los derechos del consumidor".\nEn concepto de los demandantes "en la actualidad no es de competencia del congreso mediante ley, restringir los derechos de los ciudadanos expresamente amparados por la Constitución Nacional, ni mucho menos autorizar al ejecutivo para ello". Por lo tanto se presenta el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente.\nAdemás, el artículo 78 de la Constitución no permite al legislador definir quienes son los responsables, sino que su competencia se limita a establecer la manera en que los afectados pueden ejercer sus derechos, "ya que dicho artículo 78 se limita a consagrar la responsabilidad solidaria de productores y comercializadores frente a los consumidores "(...) de acuerdo con la ley (...)". (Cursivas en el original).\nEl artículo 78 de la Carta debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 229 del mismo estatuto, de suerte que se entienda que los consumidores tienen derecho a "ejercer las acciones de responsabilidad solidaria contra todos los que participen en la producción y comercialización de los productos que adquieren", de manera que resulta inconstitucional impedirles que demanden "a todos o a quienes escojan, a su libre arbitrio".\nEl Ministerio de Salud, por intermedio de su apoderado, interviene para defender la constitucionalidad de los preceptos acusados. En su concepto, el artículo 78 de la Carta establece una regla general - responsabilidad de productores y comercializadores por "perjuicios a la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de bienes y servicios de consumidores y usuarios"- correspondiéndole al legislador señalar "en concreto quiénes, dentro de las actividades de producción y comercialización de esos bienes y servicios, responden directamente a los usuarios y consumidores". En ejercicio de la libertad de configuración, el legislador determinó que quienes coloquen los bienes o servicios en manos de los usuarios o consumidores debían responder ante estos, sin perjuicio de que pudiesen demandar a sus proveedores o productores, de manera que se ha consagrado una "responsabilidad objetiva", ya que no importa "determinar el origen ni el autor real del daño causado a los potenciales usuarios y consumidores, probando su culpa o dolo, sino que basta probar quién puso en manos de los usuarios los bienes que lo causaron o quién prestó el servicio perjudicial".\nCosa distinta es, apunta el interviniente, que el legislador haya tomado en consideración las dificultades propias de la defensa de los derechos difusos, que exigen garantizar a la parte débil (usuarios o consumidores) la posibilidad de intentar las acciones judiciales contra alguno de los partícipes en la cadena productiva. Así, considera que no puede tacharse de inconstitucional "la loable intención de la ley acusada al tratar de racionalizar el espectro procesal, mediante una clarificación en el punto de la persona demandada, de las acciones de los consumidores interpongan para proteger o reparar sus derechos".\nLa Comisión Nacional de Televisión interviene, a través de apoderado, para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. Antes de responder a los cargos, señala que la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas tendrían por efecto eximir de responsabilidad a los proveedores y expendedores de las obligaciones frente a los consumidores afectados. Por tal motivo, asegura que "los apartes de las normas demandas deben conservarse por cuanto en la forma en que está concebida, representa una garantía para el consumidor, en razón a que los proveedores o expendedores son quienes por su experiencia en el asunto, llámese negocio o comercio, son conocedores de las condiciones, calidad e idoneidad de los productos que se comercializan, y por lo mismo, pueden ejercer un control previo sobre ellos" (Negrilla en el original).\nEn cuanto a la supuesta eliminación de la responsabilidad de los productores sobre la que se estructura la demanda, la Comisión señala que las disposiciones acusadas no tienen el mencionado efecto. La norma "pretende proteger al consumidor para que acuda a reclamar el cumplimiento de la garantía mínima ante su directo proveedor, con lo cual se obliga a este, a que a su vez, sea aún más responsable, exigiendo al productor el mismo cumplimiento".\nEl artículo 78 de la Carta, sostiene la Superintendencia, coloca en cabeza del productor la obligación de "garantizar el acceso eficiente a bienes y servicios". El desarrollo legal de esta obligación constitucional pasa por la comprensión del principio de conmutatitividad, propio del derecho privado, en virtud del cual se genera una obligación a cargo del vendedor de un bien o servicio de asegurar que "la cosa comprada reúna las calidades esperadas y valga lo que paga [el comprador] por ella". Siguiendo este principio, el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982 establece la existencia de una garantía mínima presunta que puede ser exigida por el consumidor ante el proveedor o expendedor, "sin excluir obviamente al productor quien en todo caso está obligado a responder solidariamente por la calidad de los bienes que produce, esto como resultado del citado principio de conmutabilidad también presente en la relación productor, proveedor, consumidor". De igual manera, los artículos 12 y 13 del mencionado decreto establecen la responsabilidad solidaria de los productores, en virtud de la posibilidad de otorgar garantías superiores a la mínima presunta (art. 12) y por el hecho de que las garantías - mínima presunta o extralegal - se extienden hasta cubrir las necesidades post-venta de los consumidores.\nAsí las cosas, existen fuentes normativas - Constitución y estatuto del consumidor - y contractuales - "en la que como manifestación de la voluntad convergen tanto el productor como el proveedor al otorgamiento de garantías mínimas o adicionales de calidad e idoneidad de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio"- que determinan la existencia de una responsabilidad solidaria entre productores y proveedores o expendedores.\nEl legislador previó que corresponde al proveedor o expendedor responder ante el consumidor por la garantía mínima presunta. Ello no le resta responsabilidad a los productores, sino que tiene por objeto garantizar el debido acceso de los consumidores ante la justicia, a fin de hacer efectiva su garantía. Para tal efecto, el consumidor debe acudir en primera medida ante el proveedor, sin perjuicio de que si no lo satisface, el productor deba atender el requerimiento.\nEl Ministerio de Transporte, por intermedio de su apoderada, interviene para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. En su concepto, los apartes acusados en ningún momento limitan la posibilidad del consumidor para reclamar directamente al productor. Lo que ha previsto el régimen de protección de los derechos de los consumidores es que éstos pueden "recurrir al que le sea más fácil en su inmediatez para hacer efectiva la garantía mínima", esto es, a los proveedores o expendedores. Ello no obsta para que el consumidor acuda directamente al productor o que los proveedores y expendedores repitan o llamen a aquellos en garantía.\nLas normas acusadas, por otra parte, buscan generar una relación de confianza entre consumidores y proveedores o expendedores, quienes se presumen "conoce[n] la seriedad del productor y a su vez sabe de que los bienes a distribuir o vender están amparados por las garantías que exige la Ley".\nEl Ministerio de Desarrollo Económico acude al proceso, por intermedio de su apoderado, para defender las normas acusadas. En su concepto, "de la interpretación armónica y sistemática del Decreto-Ley 3466 de 1982, se tiene que entre el productor, fabricante, distribuidor y comercializador existe solidaridad frente a los bienes y servicios ofrecidos y adquiridos por los consumidores o usuarios".\nLos consumidores o usuarios, asegura el Ministerio, pueden acudir tanto a los proveedores o expendedores como ante los productores para que les sea satisfechas las garantías de idoneidad y calidad de los bienes y servicios adquiridos. Cabe señalar que si bien las relaciones entre los proveedores o expendedores y los productores se rigen por las normas del derecho mercantil, por tratarse de relaciones comerciales, entre consumidores y productores se generan "relaciones de consumo, tanto de derecho constitucional (art. 78), como de derecho público (Decreto-Ley 3466 de 1982)".\nAhora bien, en cuanto a la posibilidad que tienen los consumidores de acudir directamente ante los proveedores o expendedores, lo que el legislador ha buscado "es un mecanismo ágil para los usuarios, en cuanto a que si el reclamo se dirige frente al distribuidor o proveedor, se facilita de manera inmediata que se resarzan los prejuicios ocasionados por el productor, ya que los distribuidores tienen puntos de venta o sitios de fácil acceso para efectuar tales reclamos".\nFinalmente, siguiendo las pautas jurisprudenciales fijadas en la sentencia C-155 de 1999, no existe inconstitucionalidad sobreviniente. Antes bien, "con antelación a 10 años, el legislador extraordinario de 1982 consagró mecanismos de defensa a favor de los consumidores y eventualmente en contra de los productores y de los comercializadores".\nA través de su apoderado, el Ministerio de Comercio Exterior interviene para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. El artículo 11° del Decreto 3466 de 1982 establece que corresponde al productor (se incluye entre este concepto a los importadores) responder por la garantía mínima presunta. Con todo, esta asignación de responsabilidad no implica que el legislador "se sustraiga de la realidad y no le proporcione [al consumidor] los mecanismos legales que le permita materializar la protección que a su favor consagra".\nPara la efectiva protección de los derechos de los consumidores, el legislador quiso que éstos intentaran sus acciones directamente contra los proveedores o expendedores de los bienes y servicios, "ya que para éste es más fácil acceder a su proveedor o expendedor que acceder a donde comienza el proceso: el productor".\nEn suma, "contrariamente a lo que creen los demandantes, la posibilidad que el legislador delegado le da al consumidor, en caso de que no se le haga efectiva la garantía por parte del proveedor o expendedor, de solicitar que se reconozca por parte del productor la satisfacción de la garantía, no es otra cosa que la efectividad de la protección que al consumidor se le reconoce, es decir con ello se busca la eficacia de la protección, de manera que si los inmediatos responsables no lo hacen, luego entonces deberá hacerlo el productor".\nAhora bien, en cuanto a la tesis de los demandantes - "la Constitución Nacional de 1991 no limita el ejercicio de las acciones de los consumidores frente a la cadena que va de los productores a los comercializadores" -. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Carta, corresponde al legislador, de manera libre, definir la responsabilidad de quienes incurran en los hechos previstos en el mismo precepto.\nPor otra parte, las disposiciones acusadas no niegan el acceso de los consumidores a la justicia. Por el contrario, "se le está proporcionando un mecanismo eficaz para lograr la protección que lo cobija, como bien se infiere no solamente del inciso tercero del artículo 11 ibídem sino también del último inciso del artículo 29, el que claramente dispone que el productor responde por la satisfacción de la garantía cuando no se satisface por el expendedor o proveedor del bien o servicio, siempre y cuando así lo haya solicitado el reclamante".\nMediante apoderado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interviene para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Como argumento previo al análisis de los cargos presentados por los demandantes, el Ministerio considera que la Corte debe abstenerse de conocer del presente proceso, pues los cargos se basan en una errada interpretación de las normas legales y, por lo mismo, no contiene un argumento de constitucionalidad. En efecto, el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982 establece que en todos los contratos de compraventa y de prestación de servicios se entiende pactada "la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente", razón por la cual no existe duda en que, contrario a la interpretación de los demandantes, "el productor es ... el responsable de garantizar la calidad e idoneidad previstas en el bien distribuido".\nPara responder a los cargos de la demanda, el interviniente divide su escrito en tres partes. En el acápite dedicado al análisis del Decreto 3466 de 1982 señala que de sus disposiciones se desprende claramente que el legislador radicó en cabeza de los productores la responsabilidad por la calidad e idoneidad de los productos ofrecidos a los consumidores. Así, el artículo 11 de manera expresa consagra dicha responsabilidad, la que es refrendada en el artículo 23, el cual, además, "introduce la responsabilidad solidaria del importador y el productor". El artículo 26, por su parte, señala que las causales de exoneración de responsabilidad corresponden al productor.\nCosa distinta es que el mismo legislador haya optado por proteger al consumidor, garantizando que de la relación jurídica que se entraba en el último eslabón de la cadena (consumidor-distribuidor) se desprenda la obligación de la parte profesional de responder ante la débil - consumidor -. No se trata de eximir al productor de responsabilidad, sino determinar que "el distribuidor (o como quiere denominársele) no pueda oponer que es tarea del productor garantizar una normalidad en calidad e idoneidad en el producto, pues es él quien lo registró con tales características. El accionante no se precave de ello y desestima su importancia, no obstante que ello resulta de vital valor en el régimen de responsabilidad".\nEn este orden de ideas, lo dispuesto en el artículo 29 en el sentido de que el productor debe suplir la solicitud presentada por el consumidor cuando el distribuidor no la atiene, que implica una "restitución de carácter integral", es suficiente argumento para desestimar una presunta violación al derecho de acceso a la justicia.\nLa garantía mínima presunta no busca preservar a los consumidores de las situaciones de riesgo previstas en la Carta (salud, seguridad y adecuado aprovisionamiento), sino enfrentar los problemas de calidad e idoneidad de los productos ofrecidos a éstos, como lo define el mismo Decreto 3466 de 1982.\nEl coordinador general de la comisión de regulación de telecomunicaciones interviene para coadyuvar a la demanda. En su concepto, se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente, pues el régimen previsto en el Decreto 3466 de 1982 estableció un nexo de responsabilidad "únicamente entre los dos actores finales del circuito - expendedor y consumidor - sin hacerlo extensivo hasta el productor o fabricante", cuando el artículo 78 de la Carta expresamente indica que la responsabilidad recae tanto en estos como en los comercializadores.\nDe otra parte, considera que se viola el artículo 13 de la Carta, puesto que se establece "un trato diferente para proveedores y expendedores frente a los productores y en relación con los consumidores".\nIntervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG-\nLa Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interviene, a través de apoderado, para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Según su concepto, los demandantes no sustentan debidamente sus cargos pues basan sus argumentos en supuestos proyectos de ley y en consideraciones sobre el derecho comparado que, en últimas, lo único que buscan es que la Corte "declare inexequibles algunos apartes del Decreto-ley 3466 de 1982, para que la redacción y de ámbito de aplicación de las normas demandadas varíe de conformidad con las nuevas escuelas de pensamiento jurídico".\nDe acuerdo con el interviniente, el Estatuto del Consumidor hace referencia a los proveedores o expendedores en razón a que son ellos quienes establecen la última relación jurídica con el consumidor. Por lo mismo, "son a ellos con quienes el consumidor tiene trato y acceso rápido, de manera permanente y oportuna para reclamar sus derechos frente a los comerciantes por la debida calidad de sus productos". A su vez, los distribuidores tienen oportunidad de exigir al productor que responda por la garantía mínima.\nDe otra parte, no puede sostenerse que se exima de responsabilidad a los productores por el hecho de que el consumidor no pueda reclamarles directamente por la garantía mínima. Por el contrario, a través del proceso verbal se puede vincular al productor, pues no es cierto que se impida llamar en garantía al productor dado que "de modo alguno la norma limita el uso de las acciones de responsabilidad civil contractual o extracontractual".\nLa Confederación Colombiana de Consumidores, a través de su representante legal, interviene para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. En su opinión, el artículo 11 acusado en ningún momento excusó a los productores por la garantía mínima presunta. En efecto, el citado precepto dispone que en todos los contratos de compraventa y de prestación de servicios se encuentra pactada la garantía mínima a cargo del productor. Por otra parte, un juicio analítico, que no se detiene en el sentido "equívoco" de los términos, basado en el sentido genérico de las normas permite concluir que es posible llamar directamente a los productores, pues "en caso de que la garantía mínima no haya sido fijada por la autoridad competente, prevalecerá la registrada por el productor, lo que indica que este también puede ser llamado por el consumidor, para que responda por la garantía registrada de los bienes y servicios puestos en circulación dentro del mercado".\nFinalmente sostiene que "el hecho de que en todo contrato de compraventa o prestación de servicios exista la obligación, a cargo del productor, de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes o servicios puestos a disposición de los consumidores, está de manera expresa facultando a estos para ejercer acciones de carácter administrativo, civil o penal contra aquéllos".\nPor último, anota que el artículo 78 de la Carta difiere al legislador la regulación atinente a la responsabilidad de los productores y distribuidores de bienes y servicios. En su opinión, el régimen establecido en el Decreto 3466 de 1982 ofrece reales mecanismos de protección de los derechos de los consumidores. Además, "acusar de inconstitucional un procedimiento legal por la vía de un derecho colectivo o de los denominados de la tercera generación es improcedente. El inciso atacado [del artículo 29] consagra un procedimiento y como tal en nada vulnera o desconoce el artículo 78 de la Carta."\nIntervención de la Asociación Nacional de Industriales - ANDI-\nEn representación de la Asociación Nacional de Industriales - ANDI -, interviene Luis Carlos Villegas Echeverry, quien defiende las normas acusadas. En concepto de la ANDI, la definición de la responsabilidad de productores y comercializadores es, a la luz del artículo 78 de la Carta, un asunto de rango legal y no constitucional.\nFinalmente, sostiene que las normas acusadas son razonables, puesto que "el que el proveedor o expendedor sea el que inicialmente responda frente al consumidor tiene su explicación en la proximidad entre uno y otro, ya que usualmente la relación jurídica contractual tiene lugar entre el consumidor y expendedor o proveedor, rara vez entre consumidor y productor. Dicha proximidad... no solo es jurídica, también es física, de tal suerte que desde el punto de vista procesal es más práctico al usuario demandar al cercano proveedor o expendedor, que al lejano productor".\nEn su comunicación, informan a la Corte que se abstienen de intervenir pues consideran que las normas acusadas "en modo alguno se relacionan con la actividad registral o notarial que desarrolla esta superintendencia".\nSi se interpretan las expresiones acusadas respetando el ámbito normativo en el cual están inmersos, resulta claro que el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982 desarrolla cabalmente el artículo 78 de la Carta, "al ubicar la obligación de garantizar el adecuado y eficiente acceso a bienes y servicios de calidad, de manera principal en cabeza de los productores", como claramente lo establece el mismo artículo 11 y lo reiteran los artículos 23 y 25.\n2. Los artículos 11 y 29 del D.L 3466 de 1982, se refieren a un conjunto de garantías que la ley consagra a cargo de los productores de bienes o de servicios y en favor de los consumidores. La garantía mínima presunta, a la que se contrae el artículo 11, se entiende pactada, por ministerio de la ley, en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios. El productor - precisa la disposición citada -, asume la obligación de garantizar “plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la oficialización de normas técnicas o de la modificación del registro, así como las condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro”. El artículo 29, por su parte, se ocupa de las “demás garantías de un bien o servicio” y de la solicitud de indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.\n3. El cargo de los demandantes, sin embargo, no se dirige contra el régimen de garantías que sirve de salvaguarda al consumidor, sino contra el diseño procesal establecido para hacerlo efectivo. Los actores aducen que las normas demandadas radican en los proveedores o expendedores las responsabilidades derivadas de las garantías, lo cual impide a los consumidores obrar directamente contra el productor del bien o el prestador del servicio. La única posibilidad de que en un proceso judicial - instaurado para hacer cumplir la garantía mínima presunta, las otras garantías y obtener el pago de los perjuicios por productos o servicios defectuosos -, se vincule al productor o suministrador del servicio, según los demandantes, dependerá exclusivamente del eventual llamamiento en garantía que contra éstos formulen los proveedores o expendedores demandados.\nSegún los demandantes se verifica un cercenamiento procesal que viola los artículos 78 y 229 de la C.P., puesto que se obstruye el acceso a la justicia a los consumidores afectados contra los autores últimos de las lesiones que sufren por causa de los productos o servicios, pese a que la Constitución no excluye de la condigna responsabilidad a los productores. Si los productores deben, en primer término, responder ante los consumidores, por expreso mandato de la Constitución, desacata esta prescripción la norma que restringe a los comercializadores la legitimación pasiva en los procesos judiciales en los que se ventila la responsabilidad por la calidad de productos o servicios, las obligaciones derivadas de otras garantías provenientes del productor y la determinación y pago de los perjuicios causados por los productos defectuosos.\nSe concluye que sólo una interpretación parcial, no sistemática y completa de las normas, puede explicar la tesis de los demandantes que se edifica sobre un ostensible error de apreciación, que la simple lectura del artículo transcrito se encarga de esclarecer. La legitimación pasiva de los distribuidores, corresponde a una opción procesal que cabe dentro del margen de libre configuración normativa del legislador, y, además, consulta el mejor interés del consumidor que ha tenido un trato material y jurídico inmediato con su respectivo proveedor o expendedor, de modo que se torna más fácil y expedito dirigir contra éstos las demandas y, por este medio, activar la entera cadena de intermediarios hasta llegar al productor final. En suma, se replica a los demandantes con dos argumentos. Se afirma que el consumidor puede en todo caso demandar directamente al productor y, de otro lado, se sostiene que la legitimación pasiva de los distribuidores, en lugar de reducir las garantías del consumidor las acrecienta y facilita la defensa de sus intereses y derechos.\n5. La confrontación constitucional no es ajena a la correcta inteligencia de las normas demandadas. Aunque la interpretación de la ley es menester propio de la jurisdicción ordinaria y de la administración, no deja de ser incidental a la tarea de control de constitucionalidad, como lo ha reiterado esta Corte en otras providencias. En fin de cuentas, la comparación abstracta de la norma legal con el canon constitucional, supone un ejercicio de interpretación de las normas que se examinan. En este caso, debe determinarse si las normas demandadas niegan o entraban injustificadamente la acción directa del consumidor contra el productor o suministrador de un servicio, cuando quiera que se proponga hacer efectivas las garantías legales o convencionales otorgadas o reclamar la indemnización de perjuicios por los daños infligidos, principalmente originados por los productos y servicios defectuosos. No obstante, precisar este dato legal sólo sería relevante constitucionalmente si la propia Constitución garantizara al consumidor, en los eventos trascendentales de la relación de consumo - responsabilidad por la calidad de los bienes y servicios y responsabilidad por los productos y servicios defectuosos -, una acción judicial directa contra el productor, o si sólo un mecanismo autónomo de defensa resulta capaz de satisfacer las exigencias que demanda su adecuada protección. Despejado este punto, según los resultados que arroje el análisis de la Corte, se pasará a establecer el sentido de la ley.\n6. Para los efectos de este proceso, no es necesario plantear la relación distribuidor-consumidor, como quiera que las normas demandadas brindan a este último, respecto del primero, medios suficientes de defensa. El reproche de los actores, no tiene que ver con los proveedores o expendedores, como eslabones del proceso de distribución, sino con la aparentemente nula o escasa protección judicial que se reconoce a los consumidores frente a los productores. Luego, la relación consumidor-productor debe ser objeto de estudio por parte de la Corte en el plano constitucional. No obstante lo anterior, las conclusiones a que se arribe pueden, en lo pertinente, predicarse de la relación consumidor-distribuidor, dado el tenor del segundo inciso del artículo 78 de la C.P.\n7. La garantía mínima presunta relativa a la calidad y características de los bienes y servicios, consagrada en la disposición demandada, a la cual se agregan otras garantías pactadas por encima de los presupuestos básicos de la ley, aunque cronológicamente consagrada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política, corresponde a un imperativo que se inscribe en la órbita de los derechos del consumidor a los que alude la Carta en el artículo 78. “[L]a ley - ordena esta norma - regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. De otro lado, el concepto de “adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, relativo a los bienes y servicios, no se limita a su dimensión cuantitativa y temporal; también comprende un mínimo de requerimientos de calidad aplicable a los elementos que componen la oferta.\n8. Sentadas las premisas anteriores, en lo atinente a la pretensión de una calidad mínima predicable de los bienes y servicios - que como se ha dicho es uno de los elementos esenciales del derecho del consumidor -, resulta oportuno establecer si la regulación legislativa es libre o no de postular como legitimado pasivo al productor, cuando el consumidor decide por la vía judicial exigir el cumplimiento de la garantía que asegura los susodichos estándares mínimos de calidad.\nLa configuración sustancial y procesal de este aspecto - calidad de los bienes y servicios - del derecho del consumidor, según la Constitución Política, es del resorte del legislador. De una parte, el artículo 78 de la C.P., atribuye a la ley la función de regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. De otra parte, la misma norma constitucional hace responsables a los productores - además de los distribuidores - por “[e]l adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, pero esta responsabilidad se establece “de acuerdo con la ley”. Adicionalmente, las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes, aunque fundamentalmente se ocupan de determinar la aptitud o conformidad de los productos en relación con el uso específico para el cual se destinan, pueden en ciertos eventos tener repercusiones sobre la salud y la seguridad de consumidores y usuarios. Esto último contribuye a fundamentar, aún con más vigor, la competencia del legislador.\nPodría sostenerse que dentro del margen de libertad normativa atribuida al legislador, éste bien podría perfilar la faceta procesal del derecho del consumidor, excluyendo al productor como sujeto pasivo de las acciones judiciales enderezadas a hacer efectivas las garantías de calidad y aptitud de los bienes y servicios. En este sentido, la responsabilidad podría radicarse en cabeza de los empresarios que participan en el circuito distributivo del bien o del servicio respectivo. Finalmente, el bien o servicio entran al mercado por conducto de los comercializadores y el consumidor - por lo general - adquiere el bien o recibe el servicio no del fabricante sino de aquéllos. Apoya este punto de vista, el principio de relatividad de los contratos, que impide a terceros ejercer los derechos derivados del vínculo jurídico. En este orden de ideas, salvo que el consumidor sea parte del contrato de compraventa en el que figure como parte el productor, no podría encaminar de manera directa contra éste ninguna pretensión de garantía, legal o convencional, sobre calidad e idoneidad del bien o servicio adquiridos.\nLa eliminación legal del productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía conectadas con la pretensión de que los bienes y servicios se sujeten a unos parámetros mínimos de calidad, no podría ser objetada si no obstante su pretermisión se conservase en esta materia un margen razonable de protección para el consumidor o usuario. Sin embargo, esto no es posible en absoluto. Las condiciones de calidad e idoneidad son las que establece el propio productor o son las que obligatoriamente se imponen a éste. El control del proceso de producción y el diseño del bien o del servicio, incumben de manera directa al productor profesional. El productor obtiene su ganancia por su papel en el proceso de producción y, como contrapartida, asume los riesgos derivados de la misma. En definitiva, suprimir al productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía equivale a anular las garantías concedidas o presupuestas, sean éstas de orden legal o convencional. La regulación procesal que produzca este efecto, en lugar de promover la realización del derecho sustancial, lo aniquila. Se puede afirmar, sin vacilación, que en lo que atañe a la conformación de los elementos reactivos del derecho del consumidor, el papel del legislador - por ende el campo de su libertad configurativa -, no consiste en eliminar la responsabilidad del productor en razón de la calidad de sus productos o servicios, sino en determinar los procedimientos más idóneos para hacerla efectiva.\nEn el plano constitucional, el régimen de responsabilidad del productor y del distribuidor corresponde al esquema ideado por el constituyente para poner término o mitigar la asimetría material que en el mercado padece el consumidor o usuario. Este propósito constitucional no podría nunca cumplirse cabalmente si los supuestos de responsabilidad sólo pudieran darse entre partes de un mismo contrato, máxime si solo en pocos casos el fabricante pone directamente en la circulación el bien y lo coloca en manos del consumidor final. La responsabilidad del productor y del distribuidor surge ex constitutione y puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario, con independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros. En este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y los servicios, no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente; ellas se disponen frente a la categoría de los consumidores y usuarios. El productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado. En este caso, el mercado está constituido por los consumidores y usuarios. La responsabilidad de mercado - secundada por la Constitución y la ley -, no contractual, acredita la reivindicación igualitaria que ha querido la Constitución introducir bajo el concepto de consumidor o usuario.\n9. La protección del consumidor y usuario sería incompleta si ella se limitara a las garantías sobre la calidad de los productos y servicios en función del uso específico y normal al que se destinan y, de otro lado, al complejo de derechos instrumentales - información y participación -, necesarios para intervenir en las distintas esferas de la vida económica y poder ver traducidas sus exigencias legítimas en imperativos del interés público que deben por igual realizar el Estado y la comunidad. Los defectos de los productos y servicios, no son indiferentes para el consumidor y el usuario, pues las lesiones que generan pueden afectar su vida, su integridad física y su salud. De ahí que el derecho del consumidor reconozca como elemento de su esencia el derecho a obtener de los productores y distribuidores profesionales, el resarcimiento de los daños causados por los defectos de los productos o servicios, con el fin de garantizar su uso seguro. El artículo 78 de la C.P., completa el repertorio de mecanismos de defensa del consumidor y usuario, de manera diáfana: “[S]erán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad (...)”.\nEl empresario profesional, en este caso, es el sujeto que debe enfrentar y soportar un juicio de imputación de responsabilidad, no por tratarse propiamente de un riesgo de empresa, sino fundamentalmente por el hecho de haber puesto en circulación un producto defectuoso. El defecto cuya prueba compete al perjudicado, no es el error de diseño o intrínseco del producto, cuyo conocimiento difícilmente puede dominar o poseer el consumidor; lo es la inseguridad que se manifiesta con ocasión del uso al cual está destinado. Probado el defecto resulta razonable suponer que la responsabilidad corresponde al empresario que controla la esfera de la producción, la organiza, dirige y efectúa el control de los productos que hace ingresar al mercado y, por ende, para liberarse debe éste a su turno demostrar el hecho que interrumpe el nexo causal.\nComo ya se ha expresado, la razón de ser de este régimen estriba en la necesidad de compensar con medidas de distinto orden la posición de inferioridad con que consumidores y usuarios, por lo general dispersos y dotados de escasos conocimientos y potencialidades, enfrentan a las fuerzas de la producción y comercialización de bienes y servicios, necesarios en orden a la satisfacción de sus necesidades materiales. Cuando la Constitución encomienda al legislador el desarrollo de un cierto régimen de protección, no está simplemente habilitando una competencia específica para dictar cualquier tipo de normas. Lo que el Constituyente se propone que la finalidad de la protección efectivamente se intente actualizar y se imponga en la realidad política y social - por lo menos en un grado razonable y en la medida de las posibilidades y recursos existentes -, articulando de la manera más armoniosa y eficaz dentro de las políticas públicas las justas demandas de los sujetos merecedores de dicha protección especial.\nLa posición del consumidor no le permite conocer en detalle el proceso de producción, más aún si éste se desarrolla en condiciones técnicas que solamente son del dominio del empresario industrial. La ley, por lo tanto, desconoce las circunstancias de inferioridad del consumidor cuando, en estos supuestos, exige a la persona perjudicada con un producto defectuoso, puesto en circulación por un empresario profesional, cargas adicionales a la prueba del daño, del defecto y del nexo causal entre este último y el primero, puesto que acreditado este extremo, corresponderá al empresario demostrar los hechos y circunstancias que lo eximan de responsabilidad y que, en su caso, conforme a las reglas legales y a las pautas jurisprudenciales, le permitan excluir la imputabilidad causal del hecho dañoso sufrido por aquélla.\nDilucidado el problema inicialmente planteado, en el sentido de que el legislador debe respetar, mantener y demandar determinados criterios mínimos de protección que integran el derecho del consumidor - lo que implica que la libre configuración normativa está sujeta a ciertos límites constitucionales -, pasa la Corte a examinar las normas demandadas.\n10. Es evidente a juicio de la Corte que las normas legales demandadas, por haber sido dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política, no constituyen un desarrollo que encaje perfectamente dentro del nuevo marco constitucional de defensa de los derechos del consumidor. El principio constitucional de adecuada protección del consumidor - que debe ponderarse de manera razonable y armoniosa con las exigencias igualmente legítimas de la producción y de la comercialización y de otros bienes constitucionales -, no menos que el principio de conservación del derecho, requieren que la Corte se esfuerce por hallar una interpretación que se ajuste a la Constitución y promueva su máximo cumplimiento. Ahora, si agotadas las posibilidades hermenéuticas que brindan las normas demandadas, no se obtiene un resultado plausible, la Corte tendría que declarar su inexequibilidad.\nLas personas que han participado en el proceso constitucional, han ofrecido diversas interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas demandadas. La lectura del texto ciertamente permite llegar a conclusiones distintas. La opción hermenéutica que suscriben los demandantes, no puede desestimarse puesto que los artículos 11 y 29 del D-L3466 de 1982, señalan que las acciones de garantía y de responsabilidad instauradas por los consumidores y usuarios se enderezan contra los proveedores y expendedores, sin perjuicio de que éstos - no aquéllos - puedan a su turno exigir el cumplimiento de las garantías de rigor a sus proveedores, sean o no productores. No queda claro, sin embargo, si en el evento de que se intente la indemnización de perjuicios, también contra el proveedor o expendedor respectivo, éstos puedan hacer idéntico llamamiento en garantía a sus respectivos proveedores o expendedores, sean o no productores. En la medida en que el mecanismo de defensa de los consumidores - tanto para las acciones de garantía como de responsabilidad -, se restringe a la relación procesal entre las partes involucradas en la respectiva transacción u operación económica, la interpretación de los demandantes bien puede resultar atendible.\nSin embargo, la ambigüedad del texto normativo, no puede negarse. En efecto, la interpretación que formulan los defensores de la exequibilidad no está exenta de fundamento, dado que el último inciso del artículo 29 apoya la idea de que el perjudicado podría solicitar al juez que ordene al productor hacer efectiva las garantías y el pago de los perjuicios que se decreten a su favor. Esta alternativa interpretativa encuentra acomodo a los dos modelos aparentemente diferentes de garantía y aseguramiento contra los daños por los productos defectuosos. De una parte, mantiene un esquema de defensa estructurado sobre las relaciones contractuales directas que se traban entre el consumidor y su correspondiente proveedor o expendedor, sea éste o no productor; pero, a la vez, permite al consumidor trascender la secuencia de responsables vinculados con la comercialización, y, de este modo, poder enderezar la acción de garantía o la indemnización de perjuicios contra el productor.\nLa supresión del productor como sujeto pasivo de las referidas acciones, equivale a una inmunización contra todo tipo de responsabilidad, lo que contraviene de manera flagrante el texto del artículo 78 de la Carta. De otro lado, supeditar a la voluntad de los expendedores o proveedores de la cadena de comercialización del bien o servicio, la intervención del productor en el proceso, desconoce el papel que debe jugar por sí sólo el consumidor, justamente gracias al régimen de protección legal que debe homologarlo como sujeto titular de la plenitud de sus derechos frente al productor y demás actores económicos, sin necesidad de recurrir a ningún género de mediatización. Pese a presentarse esta solución como expediente práctico que facilita el cumplimiento de los derechos del consumidor, el llamamiento en garantía al productor que puede formular el distribuidor demandado, consulta más su interés de escapar a la condena patrimonial que el propio del consumidor a quien se dificulta obtener directamente su comparecencia procesal.\nSi el agravio lo sufre directamente el consumidor y su causa se radica en la esfera del productor, no se entiende por qué debe ordenarse la reclamación siguiendo la misma secuencia de las transacciones entre las partes inmediatas, cuando la fuente de la responsabilidad la ofrece directamente la Constitución y se sujeta a la realidad objetiva del mercado. Algunas pretensiones y facultades que conforman el núcleo esencial del derecho del consumidor, particularmente las que tienen carácter defensivo, tienen una estructura compuesta por un sujeto activo (el consumidor o usuario) y un sujeto pasivo (el productor o autor de una específica lesión). La tesis que se censura elimina el sujeto pasivo o subordina su intervención a la voluntad de un tercero - el distribuidor -, con lo cual debilita y reduce las oportunidades de defensa del consumidor y rompe la estructura de este derecho constitucional. Al mismo tiempo que se afecta el indicado derecho, este género de defensa mediada por la voluntad del tercero, se erige en barrera virtual que impide o dificulta el acceso a la justicia, especialmente cuando es la víctima del daño causado por el producto defectuoso la que pretende obtener resarcimiento de parte de quien lo puso en circulación.\nEn cambio, si en lugar de la interpretación precedente, que por lo expuesto enfrenta serias objeciones constitucionales, se asume aquella que combina el esquema tradicional de la responsabilidad entre las partes inmediatas del contrato, con la que le permite al consumidor o usuario final de un producto o servicio, adicionalmente, alternativamente, subsidiariamente, o directamente demandar al productor, sea éste o no parte del respectivo contrato, se superan las contradicciones con el texto constitucional y se avanza una interpretación que responde al principio superior de adecuada defensa del consumidor. Si son varios los demandados - distribuidores y productor -, compete desde luego al juez, en los términos de la ley, establecer y graduar la responsabilidad que grava a cada uno de estos sujetos.\nLas garantías del fabricante, de este modo, se extienden frente al universo de los consumidores, con independencia de la existencia de un contrato directo con aquél. Por lo que respecta a la responsabilidad por el hecho ilícito vinculado con la puesta en circulación de productos defectuosos, se mantiene el rigor de esta institución que obliga a responder al productor no solamente frente al adquirente inmediato, sino frente a todos los siguientes que en su condición de consumidores pueden sufrir un perjuicio por ese concepto. De otro lado, en atención del principio que postula la adecuada defensa del consumidor, éste recupera plena autonomía procesal para actuar liberado de la mediación paternalista de los sujetos que participan en la cadena de comercialización, con lo cual se asegura su efectivo acceso a la justicia y se conserva el rol activo y autónomo que la Constitución reserva a los consumidores y a sus organizaciones para promover el cumplimiento de sus derechos y la garantía de sus intereses legítimos.\nDeclarar EXEQUIBLES las expresiones acusadas de los artículos 11 y 29 (parciales) del Decreto 3466 de 1982, bajo el entendido de que el consumidor o usuario también puede exigir de manera directa del productor el cumplimiento de las garantías de calidad y el pago de los prejuicios por concepto de los daños derivados de los productos y servicios defectuosos.\n GALLEGO SANCHEZ, Helmuth, Las garantías de eficiencia de bienes y servicios, Política del Derecho y del consumo. Citado por el interviniente.


OroyFinanzas.com Evolución y rumbo del ecosistema Bitcoin en las remesas\nPosted By OroyFinanzas.com On 30 marzo 2015 @ 8:52 am In Modelos de Uso de Bitcoin | Comments Disabled\n(OroyFinanzas.com) – Las remesas es un mercado en el que Bitcoin podría abrirse un hueco. Son muchas las voces que apuntan en esta dirección  y la constante evolución del ecosistema Bitcoin con multitud de proyectos y startups con diferentes visiones de implantación del uso de las criptomonedas  no ha dejado tampoco de lado el ámbito de las remesas. Si Bitcoin es algo relativamente nuevo, tan solo tiene 6 años de vida, el desarrollo de empresas relacionadas con la criptomoneda por ende también lo son. Y aquellas empresas que además se han especializado de alguna manera en las remesas o transferencias internacionales también tienen poco tiempo de existencia. Sin embargo, y a pesar de su breve historia, se pueden ya delinear tendencias y direcciones comunes en el camino para conquistar un hueco en este mercado, que según cifras del Banco Mundial en 2013 alcanzó los 551.000 millones de dólares y que podría llegar a alcanzar los 636.000 millones en el año 2016 .\nDesde OroyFinanzas.com hemos querido hacer un análisis de la evolución del ecosistema Bitcoin en las remesas y en los próximos días iremos analizando las empresas Bitcoin más características de este campo.\nModelos iniciales de Bitcoin para remesas\nEn un principio, la mayoría de servicios de remesas Bitcoin se basaban en un mismo modelo, basado en el funcionamiento estándar de Bitcoin. La persona que quería hacer el envío, compraba bitcoins con la divisa local del lugar de residencia. Enviaba entonces los bitcoins desde su cartera Bitcoin a la cartera del destinatario, normalmente un familiar o conocido en su país de origen, y éste último cambiaba los bitcoins recibidos por dinero en efectivo en su divisa local.\nSin embargo la complejidad técnica que trae consigo Bitcoin, hace que este tipo de uso requiera de ciertos elementos (conexión a Internet, móvil de última generación u ordenador…) y conocimientos (conocer el funcionamiento de Bitcoin, acceso a una cartera Bitcoin , utilización de los sistemas necesarios de seguridad…) que limitaban el uso de este sistema a muchas de las personas que envían y reciben remesas de manera habitual, y por tanto, el usuario potencial de estos servicios y los mayores beneficiarios de su uso.\nEvolución de los servicios de remesas Bitcoin con empresas como BitPesa\nSegún se iba avanzando en el desarrollo de nuevos conceptos, se instauró el sistema que se podría denominar efectivo de extremo a extremo, que han implementado Coins.ph y BitPesa , por ejemplo, y que hace que el uso del sistema sea más sencillo, ya que replicaría los sistemas de transferencia de dinero tradicionales. La persona que quiere enviar el dinero entrega su divisa local en efectivo o digitalmente, a través de la empresa Bitcoin, y el destinatario lo recibe en efectivo en su divisa local. En este sistema, los usuarios no tienen por qué conocer Bitcoin y su funcionamiento y, aunque la criptomoneda es el medio utilizado para la transacción, el cliente no tiene que lidiar directamente con ello. En este sentido, los clientes no necesitan tener acceso a una cartera Bitcoin, y puede atraer por tanto a mayor cantidad de usuarios.\nEvolución en la recepción de remesas en países de destino\nLa manera de recepción de los fondos en el país de destino también están en evolución. Cada vez es más común encontrar la opción de recibir los fondos directamente en las cuentas bancarias, algo que es importante, pero hay que tener en cuenta que, en muchos casos, los ciudadanos receptores de las remesas no tienen acceso a una cuenta bancaria. Por ello, encontrar alternativas para la recepción de los fondos, que se adapte a la realidad de los destinatarios es un paso fundamental para la instauración de remesas con Bitcoin. La recogida de efectivo en oficinas de correos, casas de empeño, o la red de cajeros automáticos han sido algunos de los ejemplos que encontramos. Esto último funciona ya en Filipinas, por ejemplo, Coins.ph ha logrado crear esta alianza con cajeros automáticos y está teniendo una interesante acogida. En España, dos startups Bitcoin, Bit2me  y BTCPoint, ofrecen la posibilidad de retirar efectivo de la red de cajeros automáticos convencionales. Y es que parece que la unión entre la criptomoneda y los cajeros automáticos está en pleno auge ya que también Robocoin, la empresa líder en fabricación de cajeros Bitcoin, anunció hace poco que estaba desarrollando una cartera Bitcoin con esta funcionalidad. La tendencia por parte de las empresas de cajeros Bitcoin parece indicar que van en esa dirección.\nUnión entre dinero móvil y Bitcoin para remesas en Kenia\nSin duda, es bastante relevante el desarrollo que se está llevando a cabo en Kenia, país en el que la potente implantación del uso de dinero móvil a través de M-Pesa , ha llevado a empresas del ecosistema Bitcoin, como BitPesa o Igot a permitir la transferencia directa a las carteras móviles. La expansión del uso de dinero móvil hacia otros países, algo que ya está ocurriendo por ejemplo en Uganda, Tanzania o Ghana, donde habitualmente se puede pagar con dinero móvil, puede arrastrar a Bitcoin a convertirse en el futuro dinero móvil global.\nAlternativas para comprar bitcoins para enviar remesas\nEn cuanto a la compra de los bitcoins también se están encontrando maneras alternativas que facilitan la forma de obtener los fondos en bitcoins. Si bien es cierto que, por el momento, la compra de bitcoins suele realizarse en países desarrollados, que habitualmente son el origen de envío de las remesas, y que en estos países el desarrollo de Bitcoin está más instaurado y por tanto más sencillo acceder a su compra, también es un aspecto que hay que tener en cuenta, ya que de la facilidad de acceso a la criptomoneda depende en gran medida la expansión de su uso. Y ya encontramos soluciones creadas por empresas Bitcoin que van en esta dirección. Una de ellas es la oferta de tarjetas prepago con la que los usuarios están ya familiarizados, ya que con frecuencia es utilizado para cargar el saldo de sus teléfonos móviles, y por ejemplo, en España es habitual encontrar una gran y variada oferta de estas tarjetas prepago para llamadas de larga distancia. Ejemplos de este servicio serían la empresa filipina Rebit o la argentina SatoshiTango. Las tarjetas se compran en la moneda local, y el intercambio a bitcoins se realiza en tiempo real en el momento de efectuar la compra de la tarjeta. El usuario, más tarde inserta el código que tiene la tarjeta y puede hacer uso de su saldo en bitcoins.\nLos Uber del mundo de las remesas con Bitcoin\nTambién están surgiendo otras alternativas como HelloBit o Abra, a las que se ha llamado la uberización de las remesas bitcoin y que básicamente replican el sistema originario de transferencias entre pares que ha hecho posible Bitcoin, pero con un sistema de uso más sencillo. Y se sirven de intermediarios, personas particulares que hacen las funciones de transmisión del dinero entre particulares. Replican de alguna manera el sistema Hawala, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII, y que consiste en un sistema informal de transferencia de fondos. Los proveedores del servicio se denominan Hawaladars. Son personas que recogen un depósito de dinero en persona, junto con un número de teléfono y una dirección del receptor. Luego, a través de sus corresponsales en el lugar de destino, se pone en contacto con el destinatario para que pague la suma acordada. Una contraseña o algo similar es lo único que el destinatario necesita mostrar para recibir los fondos en persona. El Hawala es ilegal en muchos países, ya que la ley no permite retener o remitir dinero en nombre de otra persona sin ser un transmisor de dinero autorizado. A pesar de ello, es popular entre la población inmigrante para enviar dinero a sus familiares y también en envíos nacionales en países como India.\nCorredores de remesas para empresas del sector Bitcoin\nTambién son relevantes las sinergias que están surgiendo entre empresas Bitcoin con sede en diferentes países, que abren la puerta a posibilitar los corredores de remesas entre ambos estados. Es, por ejemplo el caso de Rebit (Filipinas) y Bitspark (Hong Kong), o VolaBit (México) y SatoshiTango (Argentina).\nTambién interesante es el ejemplo de Monumus, aún en desarrollo pero que está creando una tecnología a través de la cual los usuarios podrán utilizar Bitcoin sin necesidad de conectividad a Internet, sino a través de mensajes de texto con el teléfono móvil, lo que permitirá el envío de bitcoins entre pares. O Mondome , que ofrece una comparativa de precios dirigida a los usuarios de remesas para conocer el canal más económico a la hora de realizar un envío de dinero entre dos países. Y Bicambi.io, un proyecto aún en desarrollo, dirigido a las empresas de remesas tradicionales de tamaño pequeño y medio, para que puedan incorporar entre sus servicios las transferencias con Bitcoin, de manera cómoda y eficaz, a través de una base de datos que recoge los precios de varias casas de cambio Bitcoin.\nDe momento, lo que es indudable es que las iniciativas existen y que la confianza del potencial de las criptomonedas como un posible cambio de paradigma en el mercado de las remesas es el espíritu que imprime la robustez a estas iniciativas. Además, tampoco podemos pasar por alto los importantes nombres propios del capital de riesgo que han invertido en este ámbito, como Pantera Capital, Bitcoin Opportunity Corp, Crypto Currency Partners… Ahora habrá que esperar a ver cuál es la acogida de todas esta iniciativas para evaluar la viabilidad de las mismas, teniendo en cuenta las características particulares de los usuarios, de los países de recepción, de los países de envío, y claro está, la evolución misma de Bitcoin, para poder sacar las conclusiones finales. Pero para eso habrá que esperar. De momento, podemos conformarnos con conocer estas iniciativa, y seguir su evolución paso a paso.\nURL to article: https://www.oroyfinanzas.com/2015/03/evolucion-tendencias-rumbo-ecosistema-bitcoin-remesas/\n muchas las voces que apuntan en esta dirección: http://www.oroyfinanzas.com/2015/03/bitcoin-propulsor-cambio-mercado-remesas/\n 2013 alcanzó los 551.000 millones de dólares y que podría llegar a alcanzar los 636.000 millones en el año 2016: http://www.oroyfinanzas.com/2015/03/remesas-mercado-mundial-transformacion-digital/\n cartera Bitcoin: http://www.oroyfinanzas.com/2014/02/carteras-bitcoin-monederos-wallets-ordenadores-moviles-online/


DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS: 1 DE DICIEMBRE DE…\nDía del Ama de Casa. Es un día en el que se homenajean a las amas de casa por la labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con su familia.\n1951: Fidel Núñez, comienza la enseñanza de natación en el Club de Regatas Resistencia. Vinculado a la institución desde su fundación, demostró pasión por este deporte. Formó innumerables deportistas. Impartió enseñanza hasta poco antes de fallecer en 1961. Enseñó a nadar a numerosos socios. Incansable, braceó durante muchos años junto a cientos de aprendices, a los que con inmensa satisfacción contemplaba luego, cuando en vigoroso avance surcaban el río en busca de la orilla opuesta.\n1979: Mauricio Ismael Dorín, con solo 19 años se consagra campeón provincial de Ajedrez de mayores. Nacido en Mercedes, Corrientes, y radicado en nuestra provincia, tuvo entre sus rivales a destacadas figuras de la talla de Molo, Cánepa, Cañete, Rodríguez e incluso al legendario Julio Luna.\n1985: La posta 4x100 damas de la Federación Chaqueña de Atletismo clasifica tercera en el Argentino de Córdoba, con un tiempo de 52”, con el equipo integrado por Patricia Stefanoff, Fernanda Combas, Carolina Gutiérrez y Teresa Spellmeyer. Víctor Sánchez de Sportivo Zapallar fue tercero en garrocha con 3 metros; Carolina Gutiérrez tercera en 80 con vallas con 12” 6/10.


La CE autoriza la compra del checo Kovosrot por Scholz AG y voestalpine\n04/02/2010 16:22\t0 Comentarios Lectura: ( palabras)\nLa Comisión Europea autorizó hoy el proyecto de compra del checo Kovosrot Group por la alemana Scholz AG y la empresa siderúrgica austriaca voestalpine, al llegar a la conclusión de que la operación no obstaculiza la competencia en el espacio económico europeo.\nLa alemana Scholz AG es una empresa de recogida, tratamiento y comercialización de chatarra que junto a la austriaca voestalpine controla Scholz Austria, una compañía que también se dedica al negocio de la chatarrería y gestiona varias obras de derribo en Austria y la República checa.\nKovosrot, especializada en el comercio, recogida y tratamiento de residuos metálicos es actualmente una filial al 100% de Scholz AG. Una vez culminada la compra, Scholz AG y Scholz Austria se harían con el control conjunto de Kovosrot. El único cambio que introduce la operación es que voestalpine se convierte indirectamente en accionista de control de Kovosrot.\nTeniendo en cuenta la cuota relativamente pequeña del mercado de la chatarrería que tienen las partes y la posición de voestalpine como productor de acero, la CE ha llegado a la conclusión de que no hay riesgo alguno de que otros productores de acero y metales no férreos tengan dificultades en el mercado.


Luis Salaya se felicita porque el equipo de Gobierno se sume a su propuesta de crear un espacio cultural en Aldea Moret - Agrupación Local PSOE de Cáceres\nFue una propuesta del PSOE para las próximas elecciones, anunciada públicamente en una asamblea con vecinos, lo que demuestra que es tan buena que el PP se suma a ella\nEl portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Luis Salaya se ha felicitado porque el PP se sume a su propuesta sobre la creación de un espacio cultural en Aldea Moret, “lo que demuestra que nuestras propuestas son tan objetivamente buenas que los propios concejales populares se empiezan por fin a sumar a ellas”, aunque llega un poco tarde ya que durante toda la legislatura el equipo de Gobierno lo ha tenido abandonado.\nSalaya recuerda que hace una semana anunciaba en Santa Lucía la creación de un centro social y cultural de referencia para toda la ciudaden el entorno de la escuela y el antiguo Ayuntamiento, “enmarcado dentro de nuestro proyecto de cultura en los barrios”.\nDentro de este proyecto, explica el portavoz, “transformaremos la manzana del Antiguo Ayuntamiento en un centro social y cultural. Las antiguas Escuelas volverán a estar llenas de vida y cultura. Vamos a recuperar los espacios municipales para su uso social y cultural».\nAnunciamos este compromiso en una Asamblea Abierta con vecinos y vecinas del Barrio Santa Lucía, “y ahora nos encontramos que el concejal Víctor Bazo lo anuncia como una propuesta propia”.\nNos parece bien, añade, “pero preferiríamos que se citase que la propuesta es nuestra, aunque nos alegramos mucho que el PP por fin se sume a nuestras iniciativas para mejorar la vida de los barrios”.\n“A lo mejor también se han sumado a quienes piensan que el PSOE tiene que gobernar en esta ciudad, para liberarla de la parálisis a la que la tiene sometida este equipo de Gobierno”, concluye Salaya.


Reprochan a socialdemócratas alemanes traición a programa electoral - HERMES\nPublicado por Virgilio PONCE el diciembre 16, 2013 a las 9:42am\nBerlín, 15 dic (PL) La presidenta del Partido de la Izquierda de Alemania (Die Linke), Katja Kipping, calificó el contrato de coalición de los socialdemócratas con la conservadora Unión Democristiana (CDU) como traición abierta al programa electoral de los primeros.\nEl acuerdo aprobado por las tres cuartas partes de los miembros del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) permite a la canciller Angela Merkel formar la próxima semana una nuevo gobierno.\n"Tengo respeto por todos los que resistieron la enorme presión (dentro del SPD) para aprobar este contrato de coalición", dijo Kipping, al llamar el convenio de gobierno una capitulación ante las tareas actuales de nuestro tiempo.\nEl copresidente de Die Linke, Bernd Riexinger, apeló a todos en los sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, incluidos los socialdemócratas que quieren una nueva política social.\n"Juntos podemos formar una fuerte oposición a este gobierno", agregó Riexinger.\nEl jefe del grupo parlamentario de Die Linke, Gregor Gysi, dijo que con la aprobación de 54 por ciento de los miembros, los ministros socialdemócratas no tienen bula para apoyar sin restricción la política de Merkel.\nTambién el partido de Los Verdes criticó la futura gran coalición entre el CDU y el SPD por no implementar reglas para la protección del ambiente.\nLa Gran Coalición produce tres perdedores, dijo la presidenta del grupo parlamentario de Los Verdes en el Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán: la generación joven, la protección del clima y los derechos civiles liberales.\nEn tanto, el secretario general del CDU, Hermann Groehe dijo que le alegraba que el trabajo gubernamental conjunto pueda empezar pronto, al calificar el contrato de coalición de un buen fundamento.\nLos grandes sindicatos que participaron en la elaboración del contrato de coalición apoyan el nuevo gobierno.\nEl presidente del sindicato de los trabajadores metalúrgicos (IG Metall), Detlef Wetzel, expresó su satisfacción porque la mayoría de los miembros del SPD hayan aprobado este convenio de coalición.\nEl funcionario, que también es miembro del SPD, demandó establecer tan pronto como sea posible una salario mínimo garantizado de 8,50 euros la hora en todo el país.


Estudio revela que en Estados Unidos los médicos hombres ganan más que sus colegas mujeres\nURL Corta: http://rbb.cl/2y2n\nLos médicos hombres en Estados Unidos ganan unos 12.000 dólares más por año que sus colegas mujeres, según un estudio publicado el martes en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés).\nLas diferencias persisten incluso después de ajustar factores como especialidad, grado académico y horas de trabajo, indicaron los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan (norte).\n“La brecha salarial de género que encontramos en este grupo talentoso y selecto de médicos fue aleccionadora”, dijo la autora principal del estudio, Reshma Jagsi, profesora asociada de oncología de radiación.\nEl estudio examinó 800 médicos que habían recibido una subvención para la investigación al inicio de su carrera profesional de los Institutos Nacionales de Salud (NHI) en el período 2000-2003. Al evaluar sus salarios, todos fueron considerados en un nivel relativo a la mitad de su carrera.\n“Después de ajustar una serie de factores que podrían explicar las diferencias salariales, quedó en evidencia una brecha salarial de 12.001 dólares al año, o más de 350.000 dólares a lo largo de una carrera profesional”.\nEn general, el salario anual promedio fue de 200.422 dólares para los hombres y de 167.669 dólares para las mujeres, una diferencia de 32.764 dólares.\nCuando los investigadores ajustaron las diferencias por especialidad médica, la brecha salarial quedó en 17.874 dólares para los hombres.\nUn ajuste de todos los factores variables determinó una diferencia final de 12.001 dólares.\n“Por lo que sabemos, a las mujeres se les paga menos, en parte, porque no negocian con tanta firmeza como los hombres, o porque los empleos de sus cónyuges hacen que se más difícil para ellas considerar ofertas laborales de la competencia”, dijo Ubel.\n“Sin embargo, cualquiera sea la razón de la disparidad salarial, los centros médicos académicos deben esforzarse en pagar de manera más justa. El sueldo de una persona no debe depender de si tiene o no un cromosoma Y”.


La modelo acudió a la justicia y el próximo 3 de abril a las 11 de la mañana se fijó la primera audiencia de conciliación con el economista,a quien le impuslsó una demanda civil y otra penal.\nSol Pérez arregló su continuidad en el magazine de Las Rubias, que conduce Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand, en la nueva señal de aire Net TV. Había tenido un arranque bravo, casi un debut y despedida, con pelea y llanto, tras discutir con el economista Javier Milei, quien fue el invitado en el estreno del ciclo el lunes pasado. El excéntrico hombre del peinado batido no pudo con su carácter y degradó a Sol cuando ellas quiso opinar sobre la realidad económica del país.\nSol no soportó el maltrato y se quebró. La reacción de Tinayre fue instantánea al echar del set de televisión a Milei. La modelo acudió a la justicia y logró que para el próximo 3 de abril a las 11 de la mañana se fije la primera audiencia de conciliación con el economista,a quien le impuslsó una demanda civil y otra penal.\nLa panelista de Chismoses en Net TV, Laura Ubfal, arrojó la primicia e informó que Sol instruyó a su abogado, Martín Francolino, para que lleve al economista al fuero penal “por injurias y por violación de la Ley 26.485”. También agregó que el letrado está analizando denunciar a Milei por “incitación a la violencia colectiva, porque siendo una figura pública en su continuo maltrato a la mujer, ya que no la es la primera vez que lo hace, las coloca en un lugar que lleva a que muchos seguidores tuiteen contra ellas textos agresivos que él luego retuitea y que dejan mucho que desear”.\nTras esa instancia judicial, Sol Pérez regresó a Las Rubias, programa en el que debutó junto a Marcela Tinayre tras su paso el año pasado por Pampita Online en Telefé. Cuando éste ciclo pasó a Net TV sin Pampita, ella siguió junto a Luis Piñeyro. La modelo es una de las mujeres muy queridas por la productora Kuarzo que la tiene como una figura del staff a tal punto que hoy mismo conduce otro magazine llamado Gossip (que significa “chimnento” en inglés) también de Kuarzo, en la web de Luis Piñeyro por la web de KZO.\nLa modelo quiso poner punto final a un ataque reiterado, ya que en el verano Sol Pérez y Javier Milei coincidieron en otro ciclo de Net Tv, Gente Opinando, con la conducción de Pollo Alvarez y se dijeron de todo. El la tildó de “chorra y violenta” y ella lo trató de “misógino”. Ahora la justicia dará su veredicto.


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Rescata Naval a 16 personas de dos embarcaciones menores en Baja California | Central de Noticias Mx\nRescata Naval a 16 personas de dos embarcaciones menores en Baja California\nDeja un comentario en Rescata Naval a 16 personas de dos embarcaciones menores en Baja California\nEsta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada en la Sala de Mando y Control de esta Región Naval, donde se reportó que una embarcación tipo Yate quedó a la deriva debido a la falta de combustible con tripulación a bordo.\nLa Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que ayer, personal adscrito a esta Segunda Región Naval rescató a 16 tripulantes de dos embarcaciones menores que se encontraban aproximadamente a 42 millas náuticas (77.7 kilómetros) al noroeste de la costa de Ensenada B.C.\nPor lo que de manera inmediata se activó el Plan Regional de Búsqueda y Rescate, coordinando el despliegue de unidades donde participó el Escuadrón Aeronaval (ESCAN 221), la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Ensenada y la Segunda Flotilla de Unidades de Superficie.\nUna vez que la aeronave localizó la embarcación menor, se realizó la coordinación con las unidades de superficie mismas que se dirigieron al área indicada. Al arribar, se observó una segunda embarcación con dos personas a bordo que estaban apoyando a los 14 tripulantes del Yate, sin embargo, ésta también fue auxiliada ya que se quedó sin combustible.\nDebido a lo anterior, una Patrulla Interceptora arribó al área, embarcando a los 16 tripulantes para trasladarlos al muelle de la Segunda Región Naval, donde personal de Sanidad les brindó atención médica.\nAsimismo, la Defender y MLB efectuaron el remolque de las dos embarcaciones a citado muelle, donde personal de la Capitanía Regional de Puerto asistió para realizar los trámites administrativos correspondientes.\nCon estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, haciendo énfasis que el Personal Naval se encuentra altamente capacitado en la atención humana y responsable. De igual forma pone a disposición de la ciudadanía el número (646)172-4000 para atender cualquier emergencia en la mar.\nEtiquetas: Baja California Nacional\nEntrada anterior Muere hombre tras ser atropellado en Yecapixtla\nSiguiente entrada Salvaguarda Renovación el respeto a pueblos indígenas: Salgado Peña