GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y EL DERECHO DE LA MUJER.pdf | Derecho Constitucional | Habeas Corpus\nsalvarSalvar GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y EL DERECHO DE LA MUJE... para ler mais tarde\nQué Hacer Con La Tutela\nY DERECHOS DE LAS MUJERES:\nEn la actualidad, recuerda Bobbio, el grave problema que enfrentan los derechos humanos es precisamente\nel de protegerlos; el problema real que se nos presenta es el de las medidas pensadas y pensables para su efectiva\nproteccin1. Y es que no basta con lograr su reconocimiento normativo, a nivel interno o en el plano internacional,\nsino que se requiere con urgencia fortalecer los instrumentos e instituciones que brinda cada ordenamiento jurdico\npara tratar de alcanzar su sincera vigencia.\nAsumiendo esta postura, nos parece de especial relevancia examinar el conjunto de herramientas\nconstitucionales, o garantas, que en los ltimos aos vienen introduciendo los distintos ordenamientos jurdicos en la\nmira de contribuir a la proteccin de los derechos humanos. En este sentido, analizaremos en el presente ensayo el\nfuncionamiento del Ombudsman, Procuradura de los Derechos Humanos, Defensora del Pueblo o Defensora de\nlos Habitantes, y de dos procesos claves para la tutela de los derechos humanos, el hbeas corpus y el amparo. En\nambos casos, incidiremos desde una perspectiva comparada, en su posible empleo para la defensa de los derechos\nhumanos de las mujeres, a fin de evaluar en qu medida pueden ser tiles y constituyen avances con posibilidades de\nII. GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS DE LAS MUJERES\nComo punto de partida, debemos precisar que entendemos por garantas constitucionales a los procesos e\ninstituciones cuyo objetivo principal es proteger los derechos constitucionales y velar por el respeto del principio de\nsupremaca de la Constitucin. En palabras de Manuel Aragn, son los medios a travs de los cuales se asegura el\ncumplimiento de la Constitucin2. La precisin efectuada nos sirve, adems, para diferenciar las garantas de los\nderechos, pues no se trata de expresiones sinnimas como algunos ordenamientos jurdicos todava suelen utilizar por ejemplo Mxico-, sino marcadamente distintas.\nUna interesante clasificacin de las garantas diseadas para la proteccin de los derechos humanos, es la\npropuesta por Antonio Prez Luo3. Esta distingue tres bloques diferentes: garantas normativas, jurisdiccionales e\n1) Las garantas normativas, sostiene Prez Luo, se presentan cuando una Constitucin contiene expresos\ndispositivos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales, evitar su modificacin, as\ncomo velar por la integridad de su sentido y funcin. Aqu podemos referirnos a la fuerza vinculante de los\nderechos constitucionales frente a los poderes pblicos e incluso los particulares, la rigidez del procedimiento de\nreforma constitucional que evita la fcil alteracin del contenido de estos derechos, la reserva de ley segn la\ncual el legislador es quien debe desarrollar su contenido y no el Ejecutivo, as como la clusula que exige al\nlegislador el respeto del contenido esencial de los derechos constitucionales4.\n2) Las garantas jurisdiccionales, son los procesos destinados a la proteccin de los derechos humanos que se\nventilan ya sea ante el Poder Judicial o ante un rgano especializado, sea una Corte o un Tribunal\nConstitucional. Hctor Fix Zamudio ha propuesto, incluso, una clasificacin de estos procesos al distinguir los\nremedios procesales indirectos (su finalidad es proteger derechos ordinarios pero que en ocasiones podran\ntutelar derechos humanos, v.g. el proceso ordinario); los instrumentos complementarios (sancionan la violacin\nde los derechos cuando sta ha sido consumada, vg. el juicio poltico a los altos funcionarios); y los\ninstrumentos procesales especficos (cuya finalidad es proteger los derechos humanos en forma inmediata y\ndirecta, v.g. el hbeas corpus y el amparo, tutela o recurso de proteccin)5.\n3) Las garantas institucionales, son los instrumentos de proteccin institucional destinados a la tutela de los\nderechos humanos. En tal sentido, pueden distinguirse instrumentos genricos e instrumentos especficos6.\nEntre los primeros, destaca el control parlamentario para verificar que los actos del Poder Ejecutivo sean\nrespetuosos de los derechos reconocidos por la Constitucin. Entre los segundos, el intrumento especfico por\nexcelencia es el Ombudsman, Defensora del Pueblo o Procuradura de los Derechos Humanos, cuyo objetivo\nprecisamente es velar por el respeto y la promocin de los derechos humanos frente a los poderes pblicos.\nLos distintos conceptos de garanta empleados nos permiten detectar los esfuerzos que se vienen\nadoptando por tratar de velar por el respeto de los derechos humanos. Se trata de un proceso de avance en la lucha\npor la proteccin jurdica de estos derechos, an inacabada, cuyas expectativas pueden llegar a ser alentadoras y cuyo\nmbito de proteccin debe involucrar a todas las personas sin excepcin, sean hombres o mujeres. Sin embargo, hay\nque reconocer, que en su conceptualizacin inicial no se pens que estas garantas podran ser utilizadas\nespecficamente para la proteccin de los derechos humanos de las mujeres. En efecto, desde sus orgenes las\ngarantas fueron diseadas como instrumentos de defensa de la Constitucin y de los derechos que ella reconoce, al\nmargen de su posible contribucin para revertir la situacin desfavorable de las mujeres.\nNo obstante, es evidente que en las ltimas dcadas se viene destacando la importancia de reconocer y\ndefender los derechos humanos de las mujeres, como forma de garantizar una convivencia pacfica entre los seres\nhumanos. As por ejemplo, la Declaracin y Programa de Accin de Viena (1993) ha reconocido en forma expresa\nque los derechos humanos de la mujer son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos\nuniversales; en el mismo sentido, la reciente Declaracin de Beijing (1995) sostuvo que los derechos de la mujer\nEn esta direccin, los diversos Estados deben contribuir a garantizar el respeto de los derechos humanos de\nlas mujeres. A estos fines, no puede escapar una moderna concepcin de las garantas constitucionales, pues su\nfuncin de velar por la vigencia de los derechos humanos, exige, sin duda, tomar en consideracin que gran parte de\nlas violaciones a estos derechos afectan precisamente a las mujeres. Por ello en las siguientes lneas nos dedicaremos a\nexaminar los retos y limitaciones que presenta el funcionamiento de las garantas en estos casos.\nIII. OMBUDSMAN O DEFENSORIA DEL PUEBLO\nLa figura del Ombudsman, expresin que puede traducirse como el representante de otra persona7,\naparece por vez primera en la Constitucin sueca de 1809, aunque con antecedentes que datan de principios del siglo\nXVIII8. Posteriormente se introduce en Finlandia (1919) -pas que antes haba formado parte de Suecia-, y\nDinamarca (1953). Como bien anota Fix Zamudio, a partir de la primera posguerra el Ombudsman ha inspirado el\nnacimiento de organismos similares en los restantes pases escandinavos, y, con posterioridad a la segunda guerra\nmundial, ha logrado universalizarse al ser incorporada en los diversos ordenamientos jurdicos9.\nCon posterioridad a su inicial introduccin en pases escandinavos como Suecia, Finlandia y Dinamarca, as\ncomo las variaciones introducidas por Gran Bretaa (Parliamentary Commissioner for Administration), Francia\n(Mediateur), Portugal (Proveedor de Justicia) y Espaa (Defensor del Pueblo); en Amrica Latina paulatinamente\nviene tomndose conciencia sobre su importancia. En efecto, a partir de la dcada de los noventa, etapa que cuenta\ncon puntuales antecedentes, se aprecia un especial inters por incorporar al Ombudsman\ndenominaciones como Defensora del Pueblo, Procuradura de los Derechos Humanos, Defensora de los\nHabitantes o Comisin Nacional de Derechos Humanos- a los ordenamientos nacionales por lo general en el marco\nde sendos procesos de reforma institucional10.\nEsto ltimo ha sucedido en pases como Puerto Rico (1977), Guatemala (1985), Brasil (1986 en el Estado\nde Paran), Mxico (1990), El Salvador (1991), Colombia (1991), Costa Rica (1992), Paraguay (1992), Honduras\n(1992), Per (1993), Argentina (1993), Bolivia (1994), Nicaragua (1995) y se encuentra en agenda en los procesos de\nreforma constitucional de Venezuela (desde 1992) y Ecuador (desde 1994).\nA ello han contribuido organizaciones que han surgido con la finalidad de promover la introduccin del\nOmbudsman en los pases de Amrica Latina. Una de ellas es el Instituto Latinoamericano del OmbudsmanDefensor del Pueblo que cuenta con partida de nacimiento en Caracas, Venezuela (junio de 1983), y que surgi con\nel objeto de coordinar los esfuerzos dedicados al estudio, promocin y creacin del Ombudsman en los distintos\npases de Amrica Latina, Asimismo, existe la Asociacin Iberoamericana del Ombudsman-Defensor del Pueblo,\nfundada en la ciudad de Buenos Aires (agosto 1992), uno de cuyos objetivos esenciales es precisamente promover la\ndifusin e institucionalizacin del Ombudsman o Defensor del Pueblo en Iberoamrica.\nA nivel de Naciones Unidas se viene desarrollando un importante trabajo sobre las denominadas\ninstituciones nacionales de proteccin y promocin de los derechos humanos, una de las cuales es, precisamente, la\nDefensora del Pueblo. En esta direccin, en octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas\norganiz un primer encuentro, en el que se propuso a los gobiernos que incluyeran en sus legislaciones internas\ndeterminados principios generales adoptados con motivo de tal reunin11.\nEsto fue ratificado en la Declaracin y Programa de Accin de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial\nde Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, al solicitarse que se creen o refuercen instituciones nacionales,\nteniendo en cuenta los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales, reconociendo, por cierto, que\ncada Estado tiene derecho a elegir el marco que mejor se adapte a sus necesidades nacionales especficas12.\nDe esta manera, puede apreciarse que en el plano internacional, existe una fuerte y activa corriente que\nviene promoviendo la introduccin de instituciones de esta naturaleza en los pases de Amrica Latina, pues\nconstituye una seal positiva de que se vienen dando los pasos necesarios para respetar los derechos de las personas y\nfortalecer su institucionalidad democrtica.\nNaturaleza jurdica y facultades\nPese a su notable difusin y a las modificaciones que paulatinamente van siendo introducidas para adaptar\nla institucin a la realidad de cada pas, existen algunos rasgos esenciales que caracterizan al Ombudsman. El profesor\nDonald C. Rowat los ha sintetizado del modo siguiente:\n1) es un funcionario independiente y no influido por los partidos polticos, representante de la legislatura, por lo\ngeneral establecido en la Constitucin, que vigila a la administracin.\n2) se ocupa de quejas especficas del pblico contra las injusticias y los errores administrativos; y\n3) tiene el poder de investigar, criticar y dar a la publicidad las acciones administrativas, pero no el de revocarlas13.\nA los elementos sealados debe agregarse que es fundamental que el contexto en el cual esta institucin se\ndesenvuelva debe ser un rgimen democrtico14. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir a dicho rgano en\nuna institucin que sirva ms bien para legitimar el rgimen vigente y que sea utilizado para demostrar que en\ndeterminado pas se respetan los derechos humanos.\nEsta institucin carece de atribuciones coercitivas, el control que ejerce lo hace a travs de la recomendacin, la\ncrtica, la elaboracin de informes peridicos y la sugerencia de modificacin de conductas; es decir el Defensor del\nPueblo no dicta sentencias ni impone sanciones. El respeto de sus decisiones se debe a su elevada y reconocida\nautoridad moral15. Como anota Vctor Fairn el xito de la figura depende de la persona que se nombre, de su\nauctoritas16. Su estrecho vnculo con los medios de comunicacin social contribuye a dotarlo de una activa\npresencia pblica, publicidad vital para el adecuado desempeo de su labor. De ah que tradicionalmente haya sido\nconcebido como una magistratura de simple persuasin17.\nCabe anotar que pases, como Guatemala, El Salvador y Colombia dan prioridad al trabajo en derechos\nhumanos -promocin, defensa, investigacin y denuncia-, que incluso llega a explicar el propio nombre de la\ninstitucin pues los dos primeros lo bautizan expresamente como Procurador de los Derechos Humanos. Y es que,\ncomo bien se sostuvo en una declaracin de los Defensores del Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos de\nAmrica Latina (San Jos de Costa Rica, junio de 1994) en Amrica Latina la misin de esta institucin tiene un\nnfasis especial en la defensa, promocin y divulgacin de los derechos humanos en su sentido ms amplio.\nPara el ejercicio de sus competencias, -que por ejemplo, de acuerdo con la Constitucin peruana de 1993\nson las de defender los derechos constitucionales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administracin\nestatal y la prestacin de los servicios pblicos-, los distintos ordenamientos jurdicos dotan a esta institucin de\npuntuales facultades. Si bien no son las mismas en todos los pases, podemos agruparlas de la siguiente manera:\na) Orientacin a las personas que acuden a la institucin respecto a sus derechos y a las vas institucionales\nexistentes para hacerlos valer.\nb) Investigacin, de oficio o a pedido de parte, de los excesos de la Administracin estatal o de sus agentes,\nincluyendo a las personas jurdicas no estatales que ejerzan prerrogativas pblicas y la prestacin de servicios\npblicos por particulares.\nc) Legitimacin para interponer los procesos de hbeas corpus, amparo, accin de inconstitucionalidad, entre\nPosibilidad de participar en cualquier procedimiento administrativo en defensa de los derechos de las personas.\nIniciativa legislativa para el perfeccionamiento de la legislacin en materia de derechos humanos, as como\npromocin de la firma, ratificacin, adhesin y difusin de los tratados internacionales sobre derechos humanos\nPromocin y difusin de los derechos humanos\nElaboracin de informes peridicos y anuales al Congreso y, adems, cuando la situacin as lo exige.\nRealizacin de funciones de conciliacin para solucionar las quejas que se le presenten.\nElaboracin de resoluciones y formulacin de recomendaciones\nPresentacin de denuncias penales cuando existen conductas presumiblemente delictivas.\nLa Defensora del Pueblo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres\nComo hemos indicado, las diversas instituciones del Estado deben de contribuir a garantizar la defensa de\nlos derechos humanos de las mujeres. Esto se viene apreciando en la labor de la Defensora del Pueblo o\nProcuradura de los Derechos Humanos en los pases de Amrica Latina en donde se encuentra en pleno\nfuncionamiento, tal como sucede en Guatemala, Mxico, El Salvador, Costa Rica y Colombia. Si bien, las\nexperiencias de dichos pases no son idnticas, demuestran como primer paso importante haber tomado en cuenta la\nmagnitud de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, as como tratar de darles, desde la Defensora,\npuntuales alternativas de solucin.\nEs ms, en la Primera Conferencia Tricontinental de Instituciones de Defensa y Promocin de Derechos\nHumanos realizada en Canarias, Espaa, en noviembre de 1995, que congreg a ciento treinta y cinco representantes\nde instituciones y asociaciones de defensa y promocin de derechos humanos (Defensores, Ombudsmen,\nComisiones Nacionales, entre otros), se adopt la siguiente declaracin:\nEsta Conferencia Tricontinental suscribe la Plataforma de Accin de Beijing, de 1995, como Carta que recoge los\nderechos de la mujer como derechos humanos fundamentales, y demanda que sus reivindicaciones sean\ntenidas en cuenta en la actividad de los Defensores de Derechos Humanos.\nVale la pena anotar que el reconocimiento de la situacin de discriminacin de la mujer, condujo a la\nreforma legislativa en Costa Rica de la Ley 7319 del 17 de noviembre de 1992 que bautiz a esta institucin como el\nDefensor de los Habitantes. Dicha denominacin produjo severos cuestionamientos pues bien poda suceder que su\ntitular sea una mujer y porque adems, como se indic en el Informe Anual 1995 de la Defensora de los Habitantes:\nla utilizacin de trminos masculinos para denominar instituciones y cargos pblicos es una de las causas ms\nfrecuentes de reproduccin de las relaciones de discriminacin que viven las mujeres en todo el mundo,\npues constituye un mensaje subliminal dirigido a ambos sexos para que se considere como normal que los\njerarcas de las instituciones sean varones18.\nTodo ello propici que el Defensor de los Habitantes y la Defensora Adjunta presentaran un proyecto de\nley proponiendo el cambio de la denominacin original que se cristaliz en la Ley 7423 de 17 de agosto de 1994. De\nesta manera, se modific el nombre de dicho rgano por el de Defensora de los Habitantes.\nDe otro lado, el reconocimiento de la importante labor que puede desarrollar la Defensora del Pueblo en\ndefensa de los derechos de las mujeres explica que el proyecto de reforma constitucional N. III-94-130 presentado el\n3 de octubre de 1994 al Congreso ecuatoriano haya propuesto explicitar que el Procurador de los Derechos\nHumanos -denominacin tomada de los pases de Centroamrica para bautizar a la Defensora del Pueblo- tiene la\npromover acciones para garantizar la plena participacin de la mujer en la vida nacional, especialmente en contra de\nla discriminacin en el acceso, conservacin y promocin del empleo, igualmente en lo que concierne al\nabuso y maltrato fsico y mental de la mujer, el menor, el anciano y el minusvlido.\nCon ello, se trata de reconocer desde el plano constitucional la misin asignada a una institucin de esta\n3.1. Facultades de la Defensora y estrategias de actuacin para la defensa de los derechos de las mujeres\nUna precisin inicial es que la Defensora slo investiga las violaciones cometidas por los poderes pblicos,\nes decir, no examina las quejas que se formulen directamente contra los particulares. Esto significa, por ejemplo, que\nen los casos de violencia contra la mujer en las relaciones familiares la Defensora no podr intervenir directamente\ncontra la conducta del cnyuge o conviviente agresor. En tales situaciones puede actuar de modo indirecto, es decir,\ncontra la autoridad o funcionario que no atiende debidamente la denuncia formulada por la mujer afectada. Otra\nposible intervencin, le permitira presentar el caso a la autoridad judicial -por ejemplo, a travs de un hbeas corpuso formalizar una denuncia ante la autoridad policial competente o ante el Ministerio Pblico19.\nAsumidas las funciones que en general puede cumplir la Defensora, resulta conveniente sistematizar y\nevaluar las estrategias de actuacin que en la experiencia comparada se vienen desarrollando para la defensa de los\na) Investigacin de quejas.\nEs evidente, que la Defensora del Pueblo puede brindar atencin y resolver las quejas presentadas contra las\nviolaciones cometidas por agentes estatales, tanto por accin (v.g. discriminacin, acoso sexual, etc), como por\nomisin (v.g. no implementacin de leyes o polticas favorables a la mujer).\nEn Espaa, por ejemplo, se iniciaron investigaciones, incluso de oficio, ante situaciones de discriminacin\nlaboral. Esto sucedi, por ejemplo, cuando el Alcalde del Ayuntamiento de Cabezas Rubias (Huelva) sostuvo que no\ncontratara mujeres porque no eran aptas para las tareas de construccin. Ante la intervencin de la Defensora del\nPueblo, el Ayuntamiento acord que en perodos sucesivos contratara para plazas similares a mujeres20.\nEn Amrica Latina, la Defensora de los Habitantes (Costa Rica) ha tramitado diversas quejas ante situaciones\nde discriminacin a los derechos laborales de las mujeres como consecuencia de estar embarazadas, o por haber sido\nEn la misma lnea de tutela destaca la actuacin de la Defensora del Pueblo de Colombia. Dicha institucin,\npor ejemplo, intervino en una queja presentada por una mujer separada, madre de tres hijos que consideraba\ndiscriminatorio el mayor puntaje asignado por el Fondo Nacional de Ahorro para el otorgamiento de viviendas a las\nmujeres casadas o que tienen pareja (50 puntos), que a las mujeres separadas (20 puntos). La Defensora ante la queja\nformulada, recomend al Fondo revisar la poltica de crdito indicndole que de acuerdo con la Constitucin y la ley\n82 de 1993, la mujer cabeza de familia tiene especial proteccin. Ante tal recomendacin el Fondo elimin del\nproceso de calificacin la mencin al estado civil21.\nPor su parte, la Comisin Nacional de Derechos Humanos (Mxico) en uno de sus materiales de divulgacin ha\nprecisado que Cuando alguien no respete sus derechos a una mujer y cuando las autoridades administrativas que\ndeban protegerla no cumplan con ese deber; o cuando sea precisamente una autoridad la que viole esos derechos, la\nmujer podr acudir a una de las Comisiones de Derechos Humanos a presentar su queja contra la autoridad\ninvolucrada. En esta direccin, la referida Comisin conoci el caso de una mujer que habia acudido al Instituto\nMexicano de Seguridad Social para someterse a un examen mdico debido a su estado de embarazo, donde se le\ncoloc un dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Ante tal situacin, la Comisin recomend llevar a cabo el\nprocedimiento administrativo interno para determinar la probable responsabilidad en que incurrieron los servidores\npblicos participantes en los hechos, e imponer las sanciones que resultaren aplicables. Asimismo, recomend\nindemnizar a la agraviada por los gastos en que haba incurrido al acudir a un mdico particular que le detect y retir\nel dispositivo intrauterino22.\nb) Intervencin en procesos constitucionales.\nLa Defensora est legitimada para interponer procesos constitucionales en defensa de los derechos humanos de\nlas mujeres. En Colombia, por ejemplo, interpuso una accin de tutela o amparo en favor de una estudiante del\nColegio del Norte, de Sincelejo a la que se le negaba la posibilidad de continuar sus estudios de bachillerato por haber\nquedado embarazada indicndose que se haba violado el reglamento del centro educativo. En este caso, el juez\nacogi el pedido del Defensor y ampar los derechos de la estudiante23.\nc) Elaboracin y presentacin de informes.\nLa elaboracin de informes sobre la vigencia de los derechos humanos en un pas determinado es una\natribucin fundamental de la Defensora. En este sentido una pieza clave de los mismos ser la indicacin de la\nsituacin de los derechos humanos de la mujer.\nAlgunos pases incluyen en sus respectivos informes un acpite destinado a dar cuenta sobre la labor\ndesarrollada en defensa de los derechos de las mujeres, tal como sucede en Mxico, Costa Rica, El Salvador y\nGuatemala. Aqu es justo reconocer que piezas importantes que demuestran el relevante inters que se concede a la\nproteccin de los derechos humanos de las mujeres, son los Informes Anuales correspondientes al perodo 19941995 elaborados por la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, as como por la Procuradura de los Derechos\nHumanos de El Salvador.\nIniciativa legislativa y promocin de aprobacin de tratados internacionales.\nLa iniciativa legislativa para la formulacin de normas que garanticen los derechos de las mujeres, as como la\npromocin para la suscripcin por parte de los Estados de tratados favorables a las mujeres (v.g. la Convencin\nInteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), son tambin facultades de la\nEn este sentido, en Espaa como consecuencia de una recomendacin del Defensor del Pueblo se dej sin\nefecto el Decreto de 26 de julio de 1957 que estableca determinadas prohibiciones para el trabajo de las mujeres24.\nEn Amrica Latina, la Defensora de la Mujer (Costa Rica), propuso la reglamentacin del art. 30 de la Ley de\nPromocin de la Igualdad Social de la Mujer que modific el art. 152 del Cdigo de Procedimientos Penales. La\nCorte Suprema design una Comisin encargada de elaborar el proyecto que fue aprobado y publicado en diciembre\nde 199425. Por su parte, en El Salvador, la Procuradura elabor un proyecto de ley preventiva de la violencia familiar\nque present a la Asamblea Legislativa el 25 de noviembre de 1994; asimismo se pronunci por la pronta firma y\nratificacin de la Convencin Interamericana contra la Violencia contra la Mujer26.\ne) Funcin de asesora y orientacin.\nLa asesora y orientacin gratuita para que las personas que acudan a la Defensora se dirijan a las autoridades\ncompetentes a travs de las vas legales establecidas, constituye una alternativa que cobra especial relevancia cuando\nse trata de violaciones a los derechos de las mujeres. As ejemplo, si una mujer acude a la Defensora quejndose\nespecficamente por los maltratos cometidos por su pareja, el funcionario que la atienda -pese a carecer de\ncompetencia para resolver la queja formulada- puede orientarla para llevar su denuncia a una Comisara de Mujeres.\nEn estos casos, la cercana y colaboracin del personal de la Defensora con las vctimas contribuye a alcanzar una va\nde solucin a los problemas suscitados.\nReconociendo la importancia de esta funcin, en algunos pases, como El Salvador, se dota a la Procuradura de\nuna Seccin de Orientacin Jurdica y Asistencia Social, que puede brindar a las personas primeros auxilios\npsicolgicos, jurdicos y hasta laborales en los casos que no son de su competencia y luego canalizar a la vctima ante\nla dependencia estatal competente27. Una funcin como esta de orientacin y asesora respecto al trmite\nadministrativo o judicial que debe seguir la victima para procurar solucionar sus problemas tambin se presenta en la\nProcuradura de Guatemala28. En Colombia, sucede lo mismo, pues la Defensora orienta a las mujeres que acuden a\nella sobre el uso de los mecanismos policiales o judiciales existentes ante situaciones de violencia familiar29.\nf) Resoluciones y recomendaciones.\nLa experiencia comparada demuestra la importante labor que viene cumpliendo la Defensora para contribuir a\nsolucionar los conflictos llegados a su conocimiento.\nAs por ejemplo, en Espaa se present una queja porque la identificacin de las personas en diversos\ndocumentos oficiales contena las siglas V referida al varn y H relativa a la hembra. Luego de la intervencin del\nDefensor se detect que ello significaba un incumplimiento del Real Decreto 782/1993 y se recomend sustituir la\nexpresin hembra por la de mujer a fin de hacer efectivo el principio de plena igualdad30.\nPor su parte, la Defensora de los Habitantes de Costa Rica ha emitido diversas recomendaciones sobre casos\nde hostigamiento sexual. En este sentido, la Recomendacin del 11 de abril de 1994 (Exp. 279-01-94) consider:\nQue la Junta de Relaciones Laborales realice las gestiones necesarias con el fin de incluir un captulo en el\nreglamento de servicio interno del Banco con normas que tipifiquen y sancionen el hostigamiento sexual,\nas como sus procedimientos31.\nDe modo similar, en el expediente 2158-01-94, con fecha 23 de setiembre de 1994 se recomend tomar en\npese a la inexistencia de una ley especifca aprobada sobre el tema, existen normas generales en el Cdigo de Trabajo\nsusceptibles de ser aplicadas para el caso de que en va administrativa se logre comprobar el hecho, tales\ncomo el (...) artculo 69 inciso c) que le impone la obligacin al patrono de un trato considerado al\ntrabajador, abstenindose de maltrato de palabra32.\nDe otro lado, en Argentina, el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento del cupo previsto por la Ley 24012\nsobre participacin de la mujer en listas de candidatos a cargos electivos en un mnimo de 30% por el Partido\nRenovador del Salta, resolvi el 14 de marzo de 1995:\nExhortar al seor Procurador General de la Nacin para que instruya a los representantes del Ministerio Pblico\nFiscal, a fin de que adopten los recaudos tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 24012\ny el Decreto 379/93, en la etapa de oficializacin de las listas que presenten los partidos polticos33.\nDel mismo modo, ante el incumplimiento de la referida norma resolvi:\nExhortar a la Cmara Nacional Electoral para que, por las vas que estime conducentes, inste a los juzgados\nfederales con competencia electoral en los diferentes distritos del pas, a efectos de verificar que las listas\nde candidatos presentadas para su registro por los partidos polticos, en vista a los comicios a realizarse el\n14 de mayo de 1995, cumplan con los porcentajes de participacin femenina prevista en la Ley 24012 y el\nFinalmente, en Mxico, la Comisin Nacional de Derechos Humanos propuso a los Procuradores Generales de\nJusticia del Distrito Federal y de las entidades federativas, entre otros aspectos, que se instalen agencias especializadas\nde atencin a las vctimas de violencia domstica y de delitos sexuales35.\ng) Observacin preventiva\nEsta funcin de investigacin y monitoreo de situaciones sociales de especial relevancia tiene singular\nimportancia para el caso de los derechos de las mujeres. La experiencia comparada da cuenta de ello.\nEn Colombia se realiz un estudio sobre la situacin de las mujeres en las crceles, para determinar las\nlimitaciones al ejercicio de su sexualidad, salud, maltratos, requisas ntimas, etc. Un estudio similar se llev a cabo en\nCosta Rica, donde adems se examin la situacin de las mujeres que requieren ser esterilizadas. En este pas,\ntambin se llev a cabo una investigacin sobre la aplicacin judicial de la Ley de igualdad real, en concreto de su\nart. 30 que reforma el art. 152 del Cdigo de Procedimientos Penales y que contempla una nueva figura para la\nproteccin de las vctimas de violencia, la cual demostr su poca aplicacin y las limitaciones del dispositivo en\ncuestin36. Por su parte, la Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador llev a cabo\ndurante 1994 una investigacin sobre violencia domstica.\nEn Mxico, la Comisin Nacional de Derechos Humanos realiz un estudio a partir de las quejas presentadas\nsobre las causas que originan violaciones sistemticas a los derechos humanos de las mujeres, elaborando un\ndiagnstico y planteado propuestas de solucin a los mismos37.\nh) Promocin y difusin de los derechos de las mujeres y las formas de su proteccin.\nLa promocin y difusin para contribuir al cambio de patrones culturales y prcticas sociales que discriminan a\nlas mujeres es una funcin que corresponde a esta institucin.\nEn este sentido, la elaboracin de diversos folletos38, materiales audiovisuales o radiales39, y publicaciones40\ndestinados a la difusin de los derechos humanos de las mujeres es una estrategia frecuente en las Procuraduras o\nDefensora de pases como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Mxico.\nAsimismo, se han llevado a cabo diversos programas de formacin y capacitacin, como el que se realiz en\nColombia bajo el ttulo El servidor pblico y los derechos de la mujer, proyecto que en 1994 lleg a 35 ciudades y\ncapacit a 2,373 funcionarios y cuya finalidad era sensibilizar a los servidores pblicos frente a la situacin de la\nmujer41. Por su parte en El Salvador, en 1994, se realizaron cursos de capacitacin sobre derechos de la mujer y teora\nde gnero. En la misma direccin, el Programa sobre asuntos de la mujer, el nio y la familia de la Comisin\nNacional de Derechos Humanos de Mxico, ha llevado a cabo diversos Seminarios (por ejemplo uno sobre Los\nnuevos saberes en materia de violencia intrafamiliar, en colaboracin con la Universidad Autnoma Metropolitana\nen agosto de 1994); es ms, incluso ha diseado el Diplomado en violencia intrafamiliar en colaboracin con la\nreferida Universidad, el cual est dirigido a funcionarios pblicos, jueces y fiscales42.\n3.2. Hacia una institucionalizacin de la defensa y promocin de los derechos de las mujeres\nEl reconocimiento de la importante labor que compete a la Defensora del Pueblo en la defensa y\npromocin de los derechos de las mujeres, ha conducido a que diversos pases incorporen en la estructura orgnica\nde la Defensora determinadas Oficinas especializadas encargadas de esta labor. As ha sucedido, en el Salvador con\nla Procuradura Adjunta de los derechos de la mujer, en Mxico con la creacin del programa sobre asuntos de la\nmujer, el nio y la familia, e igualmente en Colombia. En estos dos ltimos pases, la propuesta, si bien resulta\ninteresante, no deja de ser polmica pues introduce una defensora para asuntos de la mujer, el nio y la familia -en\nColombia incluyen a los ancianos-, vinculando a sujetos que no se encuentran en la misma situacin.\nEn todo caso, podemos distinguir dos posibilidades de diseo institucional destinadas a contribuir a la\nproteccin de los derechos humanos de las mujeres.\na) La creacin de un rgano especializado.\nSi bien algunas Defensoras del Pueblo no brindan atencin institucional especializada en la defensa de los\nderechos de la mujer, tal como sucede en Argentina cuya estructura orgnica asigna a los dos Adjuntos del Defensor\nel control de reas especficas (tres cada uno), ninguna dedicada exclusivamente a los derechos de la mujer43; otras\nDefensoras acojen opciones distintas.\nAs por ejemplo en Guatemala, la Procuradura de los Derechos Humanos cuenta con un Departamento de\nla Defensora de la mujer que desarrolla labores de formacin, capacitacin, publicacin, difusin, formulacin de\npropuestas y de coordinacin con instituciones gubernamentales y no gubernamentales de proteccin de los\nderechos de las mujeres44\nDe otro lado, como antes indicamos, en Colombia existe una Defensora Delegada para los derechos del\nnio, la mujer y el anciano. La Resolucin N 159 de la Defensora del Pueblo de 1 de febrero de 1994 precisa las\nsiguientes funciones de dichos defensores delegados:\nPrestar asesora al Despacho del Defensor del Pueblo.\nAsesorar al Defensor del Pueblo en la presentacin de propuestas legislativas.\nMantener informado al Defensor del Pueblo sobre el curso de las propuestas legislativas sobre sus reas de\nEvaluar la situacin de los derechos humanos y sugerir las observaciones, recomendaciones o denuncias\nEstablecer comunicacin permanente y compartir informacin con las organizaciones gubernamentales y las\nONGs de derechos humanos.\nApoyar y asesorar a las dems dependencias de la Defensora.\nLas dems que le sean asignadas por el Defensor del Pueblo.\nDe modo similar, El Salvador cuenta con una Procuradura Adjunta para la Defensa de los Derechos\nHumanos de la Mujer, cuyo papel durante 1994 estuvo destinado a vigilar que se administre justicia ante la violencia\nfamiliar, debido a que estos casos no son considerados de importancia por muchos jueces, la elaboracin de la ley\npreventiva de la violencia familiar, la capacitacin y difusin de los derechos humanos de las mujeres y teora de\ngnero, entre otros aspectos45. Cabe anotar que la referida Procuradura adjunta inici sus labores en 1992 con la\npromover, garantizar y supervisar el respeto de los derechos de la mujer; adems debe vigilar el cumplimiento de los\nmismos, dentro del marco de una defensa integral; y propiciar, de manera especial toda legislacin\nencaminada a obtener y asegurar la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley46\nPrecisamente, en el ltimo informe anual presentado por la Procuradora de los Derechos Humanos de El\nSalvador, se precisan las polticas y estrategias propuestas por la Defensora Adjunta para la Defensa de los Derechos\nHumanos de la Mujer. En el referido informe se destaca que su funcin ser la de:\nInvestigar y evaluar la situacin de los derechos de la mujer en El Salvador y realizar los recursos legales\nCrear lugares para prevenir la violencia familiar.\nInvestigar las denuncias de violaciones a los derechos de las mujer.\nTramitar las denuncias de violacin a los derechos de la mujer y proponer a la seora Procuradora las\nresoluciones que correspondan.\nPromocin y difusin de los derechos de la mujer a diferentes sectores de la poblacin salvadorea a\ntravs de diferentes medios de comunicacin.\nAsesorar y orientar a las vctimas de violaciones a los derechos de la mujer e indicarle las acciones legales\nque corresponden para hacer valer sus derechos.\n7. Establecer coordinaciones con entidades gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan por el rescate de la\ndignidad de la mujer, para aunar esfuerzos en esta labor47.\nPor su parte, en Mxico, el 5 de julio de 1993, el Consejo de la Comisin Nacional de Derechos Humanos\nacord crear un Programa de Asuntos de la Mujer que inicialmente tena por nico objeto, conforme se precisa en\nel Informe Anual 1993-1994:\nel estudio, la proteccin, la promocin y la divulgacin de los derechos humanos de las mujeres en razn de su\ngnero. Pretende lograr una eficaz atencin de las quejas que se presenten sobre violaciones a los\nderechos humanos de las mujeres, en virtud de su condicin femenina. Al mismo tiempo busca promover\nmodificaciones tanto a la legislacin como a las prcticas administrativas que propician dichas violaciones\ny realiza, por diversos medios, actividades de difusin y divulgacin tendientes a modificar los patrones\nculturales que sustentan la discriminacin de la mujer y la violencia que se ejerce contra ella48\nUn ao despus, el Consejo en su sesin del 4 de julio de 1994, ampli las atribuciones del referido\nprograma para atender las violaciones de los derechos humanos de los nios y de los dems miembros de la familia49.\nDe esta manera, como hemos cuestionado, se incluy en un mismo programa a sujetos que presentan una distinta\nnaturaleza. Mejor hubiera sido mantener el criterio inicialmente adoptado.\nOtra posibilidad de renocimiento de un rgano al interior de esta institucin se ha presentado en Costa\nRica, pues la Defensora de los Habitantes cuenta con una Direccin encargada de los derechos humanos de las\nRecogiendo parcialmente esta tendencia el proyecto de ley boliviano elaborado por la Comisin de\nDerechos Humanos de la Cmara de Diputados, dispone que El Defensor del Pueblo organizar y desarrollar\nprogramas especiales para la defensa de los derechos humanos, en temas especficos de inters, tales como (...)\nviolencia intrafamiliar (art. 17 inc. h)50. Hubiramos preferido que el texto aluda expresamente a los derechos\nhumanos de las mujeres y no lo restrinja slo a la violencia intrafamiliar, tal como en su momento lo propuso la\nComisin Andina de Juristas51.\nCabe por ltimo precisar que la introduccin de una Defensora especializada en derechos de la mujer no\nsignifica que ella sea la encargada de canalizar todas las quejas o denuncias presentadas por la violacin de los\nderechos humanos de las mujeres, pues para esto existe la Direccin u Oficina General de recepcin de Quejas. En\ntodo caso, la Defensora de la mujer puede, si lo considera oportuno, dar un seguimiento y asesoramiento especial a\naquellas quejas que considere especialmente relevantes.\nb) Comit Consultivo o de Asesoramiento\nEn la legislacin de algunos pases se ha planteado la conveniencia de contar con un Comit Consultivo o\nde Asesoramiento de las labores de la Defensora. Un rgano de esta naturaleza, propuesto por la Comisin Andina\nde Juristas para la implementacin de la Defensora del Pueblo en el Per52, puede resultar conveniente en la medida\nque sus integrantes sean designados por el propio Defensor del Pueblo.\nA nuestro juicio, si se opta por implementar un Comit Consultivo de esta naturaleza al interior de la\nestructura orgnica de la Defensora, sera conveniente que est conformado entre otros por una o ms especialistas\nen derechos humanos de las mujeres y/o por representantes de las organizaciones no gubernamentales especializadas\nDe esta manera, podemos apreciar una tendencia a nivel internacional por reconocer la labor que puede\ncumplir la Defensora del Pueblo en la proteccin y promocin de los derechos humanos de las mujeres, as como el\ninters institucional por reflejar este desarrollo al interior de la estructura orgnica del referido organismo.\nIV. PROCESOS O GARANTIAS CONSTITUCIONALES\nAl examinar estos procesos constitucionales slo nos referiremos al hbeas corpus y al amparo -o tutelapues su finalidad es proteger los derechos humanos en forma inmediata y directa. Debemos precisar que los alcances\nde ambos procesos no son idnticos en todos los pases de Latinoamrica. As sucede con el amparo mexicano que\ncomprende tambin al hbeas corpus. Incluso en los pases que distinguen el amparo del hbeas corpus, el objeto de\nproteccin no resulta ser el mismo. En Colombia, por ejemplo, el hbeas corpus slo protege la libertad personal\n(derecho a no ser detenido en forma arbitraria o ilegal); la integridad personal se defiende por medio de la tutela o\namparo. En cambio, en Per y Costa Rica, el hbeas corpus protege tanto la libertad fsica como la integridad\npersonal. Se trata pues de diferencias que hay que tomar en cuenta al momento de efectuar un estudio comparativo\nsobre la posibilidad de acudir a estos procesos en defensa de los derechos de las mujeres53.\nAmparo o tutela contra actos de particulares\nEn apretada sntesis podemos recordar que el amparo nace en Mxico en la Constitucin del Estado de\nYucatn -vigente desde el 16 de mayo de 1841-, a travs de la intervencin de Manuel Crescencio Rejn. A nivel\nfederal se introdujo en el Acta de Reformas de 1847, que se nutri de las ideas de Mariano Otero, y se mantuvo en la\nConstitucin Federal de 1857, as como en la Carta vigente de 1917, que cuenta con varias reformas54.\nHa sido frecuente que en el anlisis del amparo contra actos de particulares no se distingan dos aspectos\nestrechamente relacionados pero esencialmente diferentes. Un examen detenido de la cuestin, como sugieren\nGarca Torres y Jimnez Blanco55, exige diferenciar el mbito y alcances de los derechos fundamentales -si slo se\nejercen frente a los poderes pblicos o tambin en las relaciones privadas-, de la competencia de un rgano\njurisdiccional determinado (sea Poder Judicial o Tribunal Constitucional, o ambos) de conocer el proceso de amparo.\nY es que si bien los derechos fundamentales histricamente nacen como facultades consistentes en\npretensiones de hacer, intervenir, o participar, o recibir prestaciones alegables slo frente a los poderes pblicos56, es\ndecir, como derechos pblicos subjetivos, actualmente existe consenso sobre a su necesaria vigencia en las relaciones\nentre particulares. De ah que tanto en Europa, a travs de la expresin alemana drittwirkung der grund-rechte,\ncomo en Amrica -por ejemplo en la experiencia argentina con la doctrina jurisprudencial fijada en 1958 en el caso\nKot57- se incida en la indispensable eficacia de los derechos fundamentales no slo en las tradicionales relaciones\nverticales con los poderes pblicos, sino tambin en un plano horizontal, es decir, en el orden privado.\nAceptada la extensin de los alcances de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares,\nhabr que determinar los instrumentos procesales necesarios para lograr su proteccin, ya sean comunes, vale decir,\nlos procesos judiciales sumarios, ordinarios o especiales fijados por cada ordenamiento jurdico, o extraordinarios\ncomo el amparo. La decisin de determinar si los derechos fundamentales gozarn de la proteccin reforzada del\namparo, incluso contra particulares, o bastar para ello con la tutela que le puedan brindar los procedimientos\njudiciales comunes, le corresponder a cada ordenamiento jurdico y a la interpretacin que del mismo hagan los\n1.1. Improcedencia del amparo contra particulares\nEn Amrica Latina el caso tpico lo representa el amparo mexicano. El art. 103 de la Constitucin de 1917\ncircunscribe la procedencia del amparo contra los actos de autoridad y no lo consiente contra los atentados\ncometidos por particulares. La ley de amparo y la jurisprudencia as lo corroboran.\nLa doctrina mexicana se encuentra de acuerdo respecto a la improcedencia del amparo cuando el agresor es\nun particular. Autores como Burgoa se muestran muy crticos respecto a la experiencia argentina que s lo admite58.\nOtros, como Gngora Pimentel entienden que si bien, pueden presentarse actos de particulares violatorios de\ngarantas individuales, deben reclamarse ejercitando los medios de defensa que las leyes establecen para proteger a las\npersonas contra tales actos59.\nPor su parte, en Europa, tanto Alemania, Austria y Espaa no consienten el empleo del amparo de modo\ninmediato y directo contra actos de particulares.\n1.2. Procedencia del amparo contra particulares\nArgentina puede ser considerado el caso modelo de procedencia del amparo contra particulares. Como se\nsabe el amparo argentino surgi a partir de una elaboracin jurisprudencial en el leading case Angel Siri (1957),\naunque circunscrito a las agresiones provenientes de los poderes pblicos.\nPosteriormente en el caso Samuel Kot, resuelto en octubre de 1958, la Corte Suprema de Justicia entendi\nque los derechos fundamentales tambin gozan de eficacia en las relaciones privadas y que el texto constitucional de\n1853 no restringe el amparo a los actos de autoridad pues aquel debe ser viable incluso cuando la lesin provenga de\nLa ley reglamentaria (1966) se refiri solamente a las autoridades pblicas (art.1). Ms adelante, en 1967, el\nCdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin (Ley 17454) aclar el panorama, fijando (arts. 321 y 498) un\nprocedimiento sumarsimo en materia de amparo contra particulares. La reciente reforma a la Constitucin argentina\n(1994) no slo ha constitucionalizado al amparo sino adems ha precisado su procedencia en tales casos (art. 43).\nOtros pases de Amrica Latina tambin acogen esta tendencia. As lo dispone el art. 2 de la Ley orgnica de\namparo sobre derechos y garantas constitucionales de Venezuela (Ley 33,891 de enero de 1988). Lo mismo sucede\nen Uruguay (art. 1 de la Ley 16,011 de 1988). El Per tambin consiente el amparo en tales circunstancias (art. 200\ninc. 2 de la Constitucin de 1993). Lo propio acontece en Chile con el recurso de proteccin, Costa Rica (art. 48 de la\nLey de la Jurisdiccin Constitucional), Colombia (art. 86 de la Constitucin de 1991) y Guatemala.\nAmparo contra particulares y su vinculacin con otros procesos de defensa de los derechos humanos de las\nA nuestro juicio el amparo debe ser excepcional, es decir, slo debe ser utilizado si se ha agotado la va\nadministrativa (va previa) o si el trnsito por la va judicial existente -que la doctrina bautiza como va paralelapudiera causar al afectado un agravio irreparable60.\nTratndose de las relaciones entre particulares no existirn vas previas (procedimientos administrativos\ninternos), salvo como excepcin el posible procedimiento que en ejercicio de la autonoma de la voluntad se pueda\nhaber establecido al interior de una persona jurdica (v.g. en los estatutos de una asociacin); en cambio, si ser\nfrecuente la existencia de vas paralelas o judiciales.\nEn este ltimo caso, la exigencia de acudir al procedimiento judicial paralelo resulta especialmente\nimportante pues de lo contrario muchas pretensiones podran terminar canalizndose a travs del amparo\ncontribuyendo as a su desnaturalizacin.\nPor ello, consideramos como regla general que cuando se violan o amenazan los derechos de las mujeres y\nse cuenta con una va judicial especfica para su proteccin, por ejemplo, un proceso para los casos de violencia\nfamiliar, debera acudirse a dicho proceso y no al amparo. Slo se podr acudir directamente al amparo cuando no\nexista va judicial especial o cuando ella -debido a su mala regulacin o inoperancia prctica- no garantice a la persona\nafectada una tutela eficaz.\nDe esta manera, la va judicial especfica para casos de violencia domstica constituira una va paralela a la\nque debera acudirse. Es ms, muchas veces los resultados de un proceso de tal naturaleza pueden ser ms favorables\nque los que se podran conseguir en el amparo (v.g. la salida temporal del marido o conviviente del hogar conyugal\npara evitar la repeticin de este tipo de conductas). Recurdese que en los momentos actuales existe una tendencia en\nlos pases de Amrica Latina por regular procedimientos especficos de proteccin ante situaciones de violencia\ncontra la mujer. En efecto, Chile (Ley 19325 de agosto de 1994), Ecuador (Ley 839 de diciembre de 1995), Per (Ley\n26260 de diciembre de 1993) cuentan con sendas leyes de la materia, mientras que en Bolivia, Colombia y Venezuela\nel debate se encuentra a nivel de proyectos de ley61.\nEl amparo (o tutela) en defensa de los derechos de las mujeres: el caso colombiano\nAunque por lo general no hemos detectado experiencias relevantes en los pases de Amrica Latina, destaca\ncomo un desarrollo aleccionador los avances jurisprudenciales de la tutela o amparo colombiano que demuestra su\nrelevante utilidad para la defensa de los derechos constitucionales de las mujeres.\nLa Constitucin colombiana de 1991, introdujo por vez primera el amparo o tutela (art. 86), proceso\nconstitucional que ha sido desarrollado por el Decreto 2591, as como por una creativa y abundante jurisprudencia\nemanada fundamentalmente de la Corte Constitucional, institucin tambin introducida por el texto de 1991.\nPrecisamente, uno de los temas que han motivado intensos pronunciamientos de la Corte se han referido a la tutela\nfrente a actos de particulares y en general en defensa de los derechos humanos de las mujeres. En las lneas siguientes\nexaminaremos algunos de estos casos62.\n2.1. Tutela y derecho a la igualdad de la mujer\nLa Corte Constitucional ha fijado el criterio que rechaza todo tipo de discriminacin basada en el estado de\nembarazo de la mujer. As por ejemplo en las sentencias de tutela T 420/92 y T 079/94 concedi la proteccin a las\nestudiantes que haban sido expulsadas de sus Colegios debido a encontrarse embarazadas.\nUn caso que lleg a conocimiento de la Corte fue la impugnacin de la ley 100 de 1993 que estableci un\nrgimen ms favorable a la mujer para gozar de la pensin de vejez (57 aos las mujeres y 62 los hombres). La Corte\ndict la sentencia C-410 de 1994 declarando constitucional la ley cuestionada. En uno de sus considerandos sostuvo:\nel tratamiento jurdico de la discriminacin no puede ignorar una realidad social que se muestra claramente distante\nde la igualdad, y que, por lo mismo, amerita la adopcin de medidas positivas favorables a la poblacin\nfemenina trabajadora y dirigidas a promover la mejor participacin de las mujeres en el mundo laboral y\ncompensar los efectos nocivos de esa realidad social generadora de una desigualdad63\nDe otro lado, la Corte ante la dificultad de probar en sede procesal la discriminacin por razones de sexo ha\ntrasladado la carga de la prueba al demandado. En este sentido, en la sentencia de tutela T 230 del 13 de mayo de\n1994, sostuvo que la demandante que alega discriminacin slo necesita probar la existencia del trato desigual y\naportar las pruebas que por lo menos indiciariamente vinculen tal conducta con un propsito especfico de\ndiscriminacin. A juicio de la Corte:\nCuando la diferencia de trato se enmarca dentro de una de las razones, explcitamente sealadas por el artculo 1364\nde la Carta como discriminatorias, quien la lleve a cabo asume la carga de la prueba que justifique su\nactuacin, pues si ello no es as, se mantiene la presuncin de trato inequitativo. En todo caso el trato\ndiferenciado es de recibo si el mismo se orienta a promover la igualdad real de una categora de personas\nubicadas en situacin de desigualdad (T 230)\nDe lo contrario, es decir, si se debe acreditar todos los elementos del trato desigual, sera prcticamente\nimposible que la pretensin pudiera prosperar.\n2.2. Tutela y violencia contra la mujer.\nLa Corte Constitucional ha fijado una jurisprudencia slida y constante que habilita el empleo de la tutela en\ndefensa de la mujer maltratada por su pareja. Para conceder esta proteccin no interesa si se trata de una unin\nmatrimonial o no, pues a juicio de la Corte tanto la una como la otra gozan de amparo constitucional (T-552 de 2\nde diciembre de 1994). Este criterio, por ejemplo, fue esgrimido, entre otros casos, en las sentencias de tutela T\n529/92, T 382/94, T 487/94 y T 552/94. En esta ltima sentencia, se sostuvo que:\nLos principios constitucionales resultan flagrantemente desconocidos cuando uno de los cnyuges o compaeros\npermanentes ataca fsicamente al otro, pues ello no slo significa agravio (...) sino que repercute en la\nesfera de la integridad fsica y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su vida.\nSin embargo, lo interesante y creativo de estas decisiones no slo se refiere a reconocer esta clase de violaciones\ncomo atentados a los derechos humanos de las mujeres, sino adems los especiales efectos que le conceden a las\nsentencias estimatorias de tutela. La Corte en casos de esta naturaleza ha dispuesto:\ntutelar los derechos a la vida e integridad de la demandante ordenando al demandado que se abstenga\ninmediatamente de todo acto que ponga en peligro tales derechos, as como los de sus hijos ((T-529 de 18 de\nsetiembre de 1992, T-382 de 31 de agosto de 1994, T-487 de 2 de noviembre de 1994, T-552 de 2 de diciembre\nb) ordenar que la polica ejerza vigilancia permanente sobre la conducta del demandado a fin de proteger los\nderechos de la demandante, y que presten mayor y eficaz atencin a sus solicitudes de apoyo (T-529 de 18 de\nc) ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que realice las medidas de proteccin necesarias para\nproteger a la demandante (T-529 de 18 de setiembre de 1992, T-487 de 2 de noviembre de 1994, T-552 de 2 de\ndiciembre de 1994);\nd) prevenir al demandado que se abstenga de efectuar agresiones y amenazas a la demandante y a sus hijos,\nadvirtindole que el desacato acarrea una sancin de arresto hasta de seis meses y una multa de hasta veinte\nsalarios mnimos mensuales (T-382 de 31 de agosto de 1994, T-487 de 2 de noviembre de 1994, T-552 de 2 de\nPese a reconocer la importancia de los efectos que se concede a la sentencia que acoge la tutela, todava\nexisten algunos aspectos que la distinguen de los procedimientos especficos de proteccin de los derechos de las\nmujeres ante situaciones de violencia familiar. Nos referimos a que dichas legislaciones admiten, adems, la\nsuspensin temporal del deber de cohabitacin, la salida del agresor del hogar comn, as como la suspensin de\ntodo tipo de visitas a la persona agraviada. As por ejemplo en el Per, el art. 9 de la Ley 26260, Ley sobre la poltica\ndel Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, dispone que el Juez puede ordenar la suspensin temporal\nde la cohabitacin y hasta de toda clase de visitas a la persona agraviada. Estos especiales efectos, se encuentran\nausentes en los fallos de tutela.\n2.3. Tutela y educacin sexual\nUn caso peculiar que amerita especial comentario fue resuelto por la Corte a travs de la sentencia T 440 de\n1992, interviniendo como magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muoz.\nEn tal ocasin, se cuestion la decisin de la Oficina Seccional de Escalafn Docente del Departamento de\nBoyac que sancion a la profesora Lucila Daz por haber cometido aberraciones sexuales al ensear a sus alumnos\nalgunos aspectos vinculados a la vida sexual del ser humano.\nLa Corte conoci el caso y orden se abra una nueva investigacin contra la docente sancionada, y adems\nsolicit al Ministro de Educacin que en un plazo de doce meses ordene las modificaciones necesarias para dictar\nclases de educacin sexual a los alumnos en los diferentes centros educativos del pas.\nComo se puede apreciar, la labor de la Corte Constitucional de Colombia se ha mostrado particularmente\nsensible a la situacin de las mujeres. Esta importante actuacin demuestra las posibilidades de intervencin de los\nrganos jurisdiccionales no slo en la proteccin sino incluso en la promocin de los derechos de la mujer, y\nconstituye, sin duda, una experiencia susceptible de ser tomada como modelo para el funcionamiento de instituciones\nsimilares en otros pases de Amrica Latina.\n3. Hbeas corpus contra particulares\nAunque algunos autores, como el profesor espaol Vctor Fairn Guilln encuentran semejanzas entre el\nrecurso aragons de manifestacin de personas y el ingls de hbeas corpus65, se acepta en trminos generales que\nesta institucin aparece en Inglaterra hacia el siglo XIII, trasladndose luego a los Estados Unidos y de ah a diversos\npases de Amrica Latina66.\nEn Inglaterra su desarrollo inicial se produjo al margen de una ley, hasta formalizarse con la famosa\nHabeas corpus Act en 1679. Dicha norma contempl bsicamente la posibilidad de acudir al hbeas corpus contra\nlas autoridades pblicas. Por ello, fue necesario dar una nueva ley (Act de 1816) que reconociera en forma expresa su\nempleo para los casos de personas ilegalmente detenidas en custodia privada pues la experiencia previa ya admita\nsu empleo en tales casos67. Desarrollando este precepto, en una etapa inicial, la jurisprudencia inglesa habilit el\nhbeas corpus entre particulares ante los casos, por ejemplo, de abuso del derecho de custodia que ejerce el marido\nsobre su esposa. Se trataba de un instrumento de la esposa contra el marido, cuando ste abusa de su derecho legal,\ny tambin un medio en manos del marido para exigir la custodia de su mujer, cuando ha sido privado de la misma\ncontra su voluntad y la de su propia esposa. De lo que resulta que el hbeas corpus en esta modalidad tanto puede ser\nsolicitado por la esposa como por el marido68.\nAs las cosas, conviene mencionar que no todos los ordenamientos jurdicos han seguido el ejemplo ingls.\nEntre los pases que admiten el hbeas corpus contra particulares destacan Inglaterra y Estados Unidos; en Europa,\nEspaa hace lo propio (art. 1 inc. a de la ley orgnica 6/1984, de 24 de mayo), mientras que en Amrica Latina, Per\n(Constitucin, art. 200 inc.1), Venezuela (art. 2 de la Ley 33,891 de enero de 1988), Bolivia (Constitucin, art. 18),\nHonduras, El Salvador y Nicaragua69 habilitan el hbeas corpus en tales supuestos.\nForman parte de los pases que rechazan su empleo contra particulares, Argentina, Guatemala, Uruguay,\nChile, Costa Rica y Panam. En algunos pases, como Colombia, existen posiciones dismiles, habiendo la\njurisprudencia de la Corte Constitucional evidenciado una ambigua posicin70. Las teoras que cuestionan el empleo\ndel hbeas corpus contra particulares sostienen que en la prctica ello resulta superfluo pues basta con la va\nordinaria para el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado71; es decir, consideran que en estos casos sera\nsuficiente con acudir a la va penal. No compartimos tal opinin, no slo porque confunde los fines distintos que\ncorresponden tanto al proceso de hbeas corpus como al proceso penal, sino porque a la vez olvida la necesidad de\ncontar con un remedio procesal muy rpido y flexible ante las violaciones a la libertad individual.\nPosibilidad de acudir al hbeas corpus para defender los derechos de las mujeres\nPlanteado as el tema, debemos hacer dos precisiones iniciales. En primer lugar, la inquietud por el posible\nempleo del hbeas corpus para la defensa de los derechos de la mujer, tendr especial inters en los pases que\nconsienten su procedencia frente a particulares. Y, en segundo lugar, habr que evaluar los alcances del hbeas\ncorpus, es decir si slo procede en defensa de la libertad fsica o si tambin puede ser empleado cuando se trata de\nderechos diferentes (v.g. integridad personal, incomunicacin, seguimientos y otras restricciones indebidas a la\nlibertad individual). Por esta ltima razn, conviene efectuar un anlisis diferenciado que examine cada uno de estos\nEn estos casos, no podr alegarse la existencia de otras vas judiciales destinadas a la defensa de la libertad\nindividual de trnsito preferente (vas paralelas), pues cuando se trata del hbeas corpus puede acudirse libremente a\nl sin que exista obligacin de ir a otro proceso judicial.\n4.1. Hbeas corpus amplio comprensivo de derechos distintos a la libertad fsica\nEsta modalidad comprende dentro de sus alcances la tutela de la integridad personal. Tambin puede ser\nutilizado cuando se restringe la libertad como consecuencia de seguimientos permanentes y hostiles, o ante\nsituaciones de incomunicacin dispuestas por el marido o conviviente. Otro supuesto en el cual podra ser utilizado\nse presenta en los casos de violacin del derecho a la visita sexual del cnyuge o conviviente de quien permanece en\nprisin, hbeas corpus que en pases como Argentina ha motivado polmicos pronunciamientos judiciales72.\nUn caso trascendente en el que vlidamente podra acudirse al hbeas corpus se presenta ante situaciones de\nviolencia familiar. Sin embargo, por ejemplo en el Per, no ha sido utilizado en tales supuestos73. Es ms, pocos han\nsido los procesos de hbeas corpus iniciados contra actos de particulares. As por ejemplo, entre enero de 1983 y julio\nde 1990, de las 1,671 resoluciones expedidas y publicadas, slo 129 casos se referan a tales actos74. Una causa a\nresaltar fue la iniciada por Nicolasa Ccopa y otras (El Peruano 10-10-84), empleadas del hogar que haban sido tradas\ndel interior del pas y que eran vctimas de agresiones fsicas continuas por parte de su empleadora. Esta demanda fue\ndeclarada fundada, y si bien no se trata precisamente de situaciones de violencia por la pareja, evidencia la posibilidad\nde su empleo frente a hechos similares.\nEn relacin a las acciones iniciadas para la proteccin del derecho a la integridad, en el mismo perodo se\nresolvieron 169 causas, amparndose slo 19. Si bien estas cifras pueden parecer desalentadoras, creemos que los\nresultados en tales casos no deben ser trasladados hacia una posible ineficacia en supuestos de agresin por la pareja,\nya que la experiencia citada se refiere bsicamente a maltratos de personas detenidas.\nDeterminar en que circunstancias procede el hbeas corpus para el caso planteado exige, entonces,\nexaminar los probables actos lesivos. En este sentido, si se trata de agresiones continuas, cabe utilizarlo y el Juez\ndispondr el cese inmediato de la agresin, declarando fundada la demanda. Este es un caso de hbeas corpus\ncorrectivo, pues est destinado a la proteccin frente al trato indebido.\nDe otro lado, si se trata de agresiones futuras, ciertas e inminentes (amenazas), quedar habilitado el empleo\ndel llamado hbeas corpus preventivo para evitar su consumacin. En cambio, si ya se produjo el maltrato, el juez\nde hbeas corpus debera ordenar que el agresor se abstenga de continuar cometiendo conductas de esa naturaleza,\npudiendo incluso luego de identificar al responsable de la agresin, remitir copias al Ministerio Pblico para el inicio\ndel proceso penal correspondiente.\nEste posible uso del hbeas corpus ante manifestaciones de violencia contra la mujer podra enfrentarse con\nlimitaciones de tipo procesal que deberan ser superadas con un rol ms activo de las autoridades judiciales. En\nefecto, el procedimiento peruano previsto por la Ley 23506 para estos casos, consiste en la citacin judicial al\ndemandado para que explique la razn que motiv la agresin, debiendo resolverse en el trmino de un da (art.18).\nVemos, pues, que no ha sido prevista en forma expresa la inmediata presencia del Juez en el lugar donde se estn\nefectuando los maltratos, lo que trae como consecuencia la ineficacia de la garanta porque cuando el demandado\nacuda a la citacin judicial la agresin ya habra cesado. Ante esta situacin, lo razonable sera que el Juez asimilando\nel trmite para los casos de detencin arbitraria, se apersone de inmediato al lugar donde se ha cometido la lesin a\nlos derechos de la mujer. De lo contrario, el hbeas corpus carecera de sentido.\nPrecisamente, un caso de conocimiento pblico que demostr las limitaciones del hbeas corpus ante\nsituaciones de poder, fue el presentado el 26 de agosto de 1994 (Exp. N25-94) por el Movimiento Manuela Ramos y\notras instituciones a favor de la Sra. Susana Huguchi de Fujimori contra el Sr. Alberto Fujimori. Sucede que a la Sra.\nHiguchi no se le permita ingresar y salir libremente de su domicilio en Palacio de Gobierno en un afn de hostilizarla\npara que lo abandone; se alegaba, tambin, una situacin de violencia psicolgica; ella, adems, permaneca aislada, y\nno se le permita ver ni hablar con sus hijos y tampoco recibir visitas de familiares o amigos. Es ms, pblicamente se\nhabia clausurado la puerta de acceso a su despacho. La Jueza del 29 Juzgado Penal admiti la demanda y en vez de\ntramitarla de inmediato como legalmente corresponda, dej pasar cinco das y recin al sexto acudi a realizar la\ndiligencia para constatar los hechos alegados. Es decir, si bien correctamente se aperson al lugar de los hechos no lo\nhizo -como corresponda- de inmediato. Das despus, declar infundada la demanda porque a su juicio no se haba\nacreditado la existencia de violacin o amenaza a la libertad individual. Incluso, afirm que la integridad personal no\nera un derecho susceptible de tutela por el hbeas corpus. Posteriormente, el 22 de mayo de 1994, la 3 Sala Penal\ndeclar improcedente la demanda pues consider que el Presidente de la Repblica no poda ser demandado\njudicialmente. Olvid as que en este supuesto se estaba demandando al ciudadano y no al Presidente como tal. Este\ncaso, demuestra la necesidad que el hbeas corpus se tramite rpidamente para que pueda ser efectivo y, tambin, la\nnecesidad de contar con jueces independientes que puedan enfrentar todo tipo de excesos de poder.\n4.2. Hbeas corpus circunscrito a la proteccin de la libertad fsica\nEn este supuesto, tambin podra resultar til acudir al proceso de hbeas corpus, por ejemplo, ante\nsituaciones en las cuales el marido o conviviente no deja salir del hogar comn a su pareja vulnerando as su derecho\na la libertad fsica. En este caso, la posibilidad legal de acudir al hbeas corpus -al que un sector de la doctrina\ndenomina clsico o reparador- podra servir para revertir este tipo de conductas lesivas a la libertad de la mujer.\nNo se trata, por cierto, de una propuesta basada en la jurisprudencia inglesa que habilit el hbeas corpus\nentre particulares ante los casos, por ejemplo, de abuso del derecho de custodia que ejerce el marido sobre su esposa,\nfundamentalmente porque los supuestos de los que partimos no permiten hablar de un derecho de custodia del\nmarido sobre la mujer, sino ms bien de relaciones de pareja en un plano de igualdad.\nEn las ltimas dcadas se viene destacando la importancia de reconocer y defender los derechos humanos\nde las mujeres, como forma de garantizar una convivencia pacfica entre los seres humanos. As por ejemplo, la\nDeclaracin y Programa de Accin de Viena (1993) ha reconocido en forma expresa que los derechos humanos de la\nmujer son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales; en el mismo sentido, la\nreciente Declaracin de Beijing (1995) sostuvo que los derechos de la mujer son derechos humanos.\nSin embargo, es evidente que en los momentos actuales no es suficiente con reconocer derechos a las\npersonas. El problema ms serio y trascendente se presenta al tratar de encontrar y potenciar los instrumentos\nnecesarios que puedan contribuir a su proteccin. En este sentido, la existencia de las garantas, en tanto medios a\ntravs de los cuales se trata de hacer cumplir la Constitucin, cobra especial relevancia.\nLa Defensora del Pueblo, como garanta institucional o no jurisdiccional, y los procesos de amparo y\nhbeas corpus, en tanto garantas jurisdiccionales, constituyen herramientas que pueden convertirse en elementos\nfundamentales para la proteccin de los derechos humanos. Su funcin de velar por el respeto de los mismos, exige\ntomar en consideracin que buena parte de las violaciones a estos derechos afectan precisamente a las mujeres.\nLa experiencia de aquellos pases que cuentan con la Defensora del Pueblo no slo aconseja la\nintroduccin de dicha institucin, sino a la vez que en el ejercicio de sus funciones destaque la necesidad de una\ntutela especial a los derechos de las mujeres. Esta apertura, puede evidenciarse tanto a nivel de sus estrategias de\nactuacin, como de su diseo institucional que permita, por ejemplo, contar con un organismo especializado defensora adjunta de la mujer- dentro de su estructura orgnica.\nFinalmente, no slo es posible acudir al empleo del amparo o tutela y del hbeas corpus cuando se\nviolan o amenazan los derechos humanos de las mujeres, sino que existen experiencias aleccionadoras como la\ntutela colombiana que demuestran los altos niveles de eficacia a los que puede conducir su ejercicio por\norganismos jurisdiccionales creativos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.\n* Abogado, investigador de la Comisin Andina de Juristas, Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia\n1 BOBBIO Norberto,Presente y provenir de los derechos humanos, Anuario de Derechos Humanos, Instituto de\nDerechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, N1, 1982, p.20.\n2 ARAGON REYES Manuel,La interpretacin de la Constitucin y el carcter objetivado del control jurisdiccional, Revista\nEspaola de Derecho Constitucional, Madrid: CEC, N 17, 1986,p.99.\n3 PEREZ LUO Antonio E.,Los derechos fundamentales, 3 ed., Madrid: Tecnos, 1988, p.66\n4 PEREZ LUO Antonio E., ob. cit., pp.66-77\n5 FIX ZAMUDIO Hctor,La proteccin jurdica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales,\nMadrid: Universidad Nacional Autnoma de Mxico y Editorial Civitas, 1982, pp.32-34\n6 PEREZ LUO Antonio, ob. cit., p.93\n7 FAIREN GUILLEN Vctor,El Defensor del Pueblo. Ombudsman, Tomo I, Parte General, Madrid: CEC, 1982, p.33.\n8 GIL ROBLES Y GIL DELGADO Alvaro,El control parlamentario de la administracin (El Ombudsman), Madrid:\nINAP, 2 ed., 1981, pp.38-39.\n9 FIX ZAMUDIO Hctor,Reflexiones comparativas sobre el Ombudsman, en el libro Proteccin jurdica de los derechos\nhumanos. Estudios comparativos, Mxico: Comisin Nacional de Derechos Humanos, 1991, p.212.\n10 La tarda recepcin del Ombudsman en Amrica Latina, como anota Fix Zamudio, puede explicarse por diversos factores,\nentre los que se puede sealar, lo escaso y reciente de los estudios en castellano sobre dicha institucin, la reducida difusin de esta\nfigura, la complejidad de la expresin Ombudsman que no es explicativa de sus alcances, as como por ser ajena a la tradicin\njurdica de nuestros pases (FIX ZAMUDIO Hctor,Posibilidad del Ombudsman en el Derecho Latinoamericano, en el libro La\nDefensora de los Derechos Universitarios de la UNAM y la institucin del Ombudsman en Suecia, Mxico: UNAM, 1986, pp.\n11 Cfr. Documento de la Comisin de Derechos Humanos de Naciones Unidas E/CN.4/1992/43, 16 de diciembre de 1991,\npp. 52-56. Asimismo, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS,Instituciones nacionales de\nderechos humanos, Serie de capacitacin profesional No. 4, Nueva York y Ginebra 1995.\n12 NACIONES UNIDAS, Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaracin y Programa de Accin de Viena, junio\nde 1993, prrafo 36, p.46\n13 ROWAT Donald C.,El Ombudsman. El defensor del ciudadano, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1986, p.39.\n14 GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO Alvaro,El Defensor del Pueblo y su impacto en Espaa y Amrica Latina, Revista\nde la AIO, N3, 1994, p.81\n15 En Colombia, esta modalidad de control ha sido bautizada como control defensorial (CORDOVA TRIVIO Jaime,\nPrimer Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia 1994, Serie de Documentos 7, p.18).\n16 FAIREN GUILLEN Vctor, ob. cit., p.48\n17 LA PERGOLA Antonio, Ombudsman y Defensor del Pueblo: apuntes para una investigacin comparada, Revista de\nEstudios Polticos, Madrid: CEC, 1979, N 7, p.75.\n18 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA, Informe anual 1994-1995, presentado a la Asamblea\nLegislativa el 7 de junio de 1995, San Jos: Imprenta Nacional, p.29\n19 En Guatemala, por ejemplo, ante una denuncia telefnica respecto a una situacin de maltrato y abandono de cuatro\nmenores de edad (Caso de los hermanitos Rojas), la Procuradura intervino comprobando los hechos denunciados y presentando el\ncaso a la autoridad judicial competente. Una estrategia similar, creemos, podra utilizarse antes situaciones de maltrato a una mujer\n(PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe circunstanciado de actividades y de la situacin de los\nDerechos Humanos durante 1992", Guatemala, C.A., 1992, p.45).\n20 DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe anual 1994 y debates en las Cortes Generales, I. Informe. Volumen 1, Madrid:\nCortes Generales, 1995,\n22 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual 1993 - 1994", Mxico, 1994, pp.166-167\n23 DEFENSORIA DEL PUEBLO,Segundo Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia 1995",\n21 DEFENSORIA DEL PUEBLO, Segundo Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia 1995",\nSantaf de Bogot, pp.235-236\nDEFENSORIA DE LOS HABITANTES. Informe Anual 1995, p.115\nPROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,Informe 94-95", El Salvador, C.A.,\n27 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Ob. cit. p.60\nPROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS,Primer perodo constitucional 1987 - 1992", Guatemala, C.A.,\n29 CORDOBA TRIVIO JAIME,Discurso de apertura en el Seminario Internacional Avances en la construccin de la\nigualdad para las mujeres colombianas, Defensora del Pueblo, Serie Fmina 4, Bogot, 1995, p.11\n30 DEFENSOR DEL PUEBLO,Informe anual 1994 y debates en las Corte Generales, I. Informe. Volumen 1,p.13\n31 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA. DEFENSORIA DE LA MUJER.Hostigamiento\nsexual. Algunas consideraciones tericas y jurdicas, San Jos, julio, 1995, p.11\n32 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA. DEFENSORIA DE LA MUJER.Hostigamiento\nsexual. Algunas consideraciones tericas y jurdicas, p.12\n33 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. Primer Informe Anual 1994, Repblica Argentina, Tomo I, p.283\n34 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. Primer Informe Anual 1994, Repblica Argentina, Tomo I, p.287\n35 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual, mayo 1993 - mayo 1994, Mxico D.F.,\n36 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA. DEFENSORIA DE LA MUJER,Violencia en las\nrelaciones de pareja. Alternativas legales para enfrentarla, San Jos, febrero de 1995, pp.11-12\n37 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual, mayo 1993 - mayo 1994, Mxico D.F.,\n38 As por ejemplo en Colombia, la Defensora del Pueblo public un folleto sobre Mecanismos de proteccin de la mujer\nvctima de la violencia intrafamiliar y sexual, Serie Fmina N 1, Bogot, 1995.\n39 La Comisin Nacional de Derechos Humanos de Mxico cuenta con videos para la promocin de los derechos de las\nmujeres, as como cpsulas para programas de radio.\n40 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS,Derechos de la Mujer, Guatemala, 1992. Se trata de un\nfascculo que forma parte del proyecto de difusin de derechos humanos en el sistema escolar que contiene incluso una\nmetodologa de enseanza.\n41 DEFENSORIA DEL PUEBLO,Segundo Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia 1995", p.45\n42 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual, mayo 1994 - mayo 1995, Mxico D.F.,\n43 DEFENSOR DEL PUEBLO, Primer Informe Anual 17/10/94 al 31/12/94, Tomo I, pp. 169 y ss.\n44 PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS,Informe circunstanciado de actividades sobre la situacin de los\nDerechos Humanos durante 1993, Guatemala, 1994, p.250\n45 MOLINA FONSECA Carlos Mauricio, Informe de la Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos, en\nConciencia, Febrero de 1995, Ao 2, N 006, p.7\n46 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe 94-95, El Salvador, C.A.,\n47 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe 94-95, El Salvador, C.A.,\n48 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual, mayo 1993 - mayo 1994, Mxico D.F.,\n49 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,Informe Anual, mayo 1994 - mayo 1995, p.701\n50 CAMARA DE DIPUTADOS,Defensor del Pueblo. Proyecto de Ley, elaborado por la Comisin de Derechos\nHumanos de la Cmara de Diputados, La Paz, Bolivia, 1996, p.36\nCOMISION ANDINA DE JURISTAS,Anlisis del Proyecto de Ley del Defensor del Pueblo: Repblica de Bolivia,\nLima, marzo, 1996, p.5\n51 COMISION ANDINA DE JURISTAS,Anlisis del Proyecto de Ley del Defensor del Pueblo: Repblica de Bolivia,\n53 Un interesante trabajo inicial que propona el empleo del hbeas corpus y el amparo para defender los derechos de las\nmujeres, fue elaborado por Giulia TAMAYO LEON,Las garantas constitucionales en una estrategia para la defensa de los\nderechos de la mujer, Lecturas sobre Temas Constitucionales 4, Lima: CAJ, 1990, pp.265-276\n54 BURGOA Ignacio,El juicio de amparo, 32 ed., Mxico: Porra, 1995, pp, 115-130.\n55 GARCIA TORRES Jess y Antonio Jimnez-Blanco,Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, Madrid:\nCivitas, 1986, pp.15-16.\n56 SOLOZABAL ECHAVARRIA Juan Jos,Algunas cuestiones bsicas de la teora de los derechos fundamentales, Revista\nde Estudios Polticos, Madrid: CEC, 1991, N 71, p.92.\n57 La Corte Suprema de Justicia de la Nacin sostuvo en su fallo de 5 de octubre de 1958 que nada hay, ni en la letra ni en el\nespritu de la Constitucin, que permita afirmar que la proteccin de los llamados derechos humanos (...) est circunscrita a los\nataques que provengan solo de la autoridad (Cit. por SAGUES Nstor, ob. cit. pp.12-13).\n58 BURGOA Ignacio, ob. cit. p.88.\n59 GONGORA PIMENTEL Genaro,Introduccin al estudio del juicio de amparo, Mxico: Porra, 1989, p.112.\n60 Cfr. ABAD YUPANQUI Samuel B.,Accin de amparo y vas paralelas, Lecturas sobre Temas Constitucionales 4, Lima:\nCAJ, 1990, pp.119-150\n61 BERMUDEZ VALDIVIA Violeta,Legislacin y violencia contra la mujer: visiones desde el derecho comparado, en el\nlibro Violencia contra la mujer: reflexiones desde el derecho, Lima: Movimiento Manuela Ramos, Serie: Mujer y Derechos\nHumanos, 1996, p.78\n62 Para el desarrollo de estas lneas adems de la Gaceta de la Corte Constitucional, rgano oficial de divulgacin de la\njurisprudencia constitucional, nos hemos basado en el valioso ensayo elaborado por el magistrado Eduardo CIFUENTES\nMUOZ sobre La mujer en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en Avances en la construccin jurdica de la igualdad\npara las mujeres colombianas, Defensora del Pueblo, Bogot, Colombia, Serie Fmina 4, 1995, pp. 40- 52.\n63 Citada por CIFUENTES MUOZ Eduardo, ob. cit. p. 47\n64 El citado dispositivo alude a supuestos especficos de discriminacin por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,\nlengua, religin, opinin poltica o filosfica.\n65 FAIREN GUILLEN Vctor,El proceso aragons de manifestacin y el britnico de hbeas corpus, en Temas del\nordenamiento procesal, Tomo I, Madrid: Tecnos, 1969, p.166\n66 GARCIA BELAUNDE Domingo,El hbeas corpus en Amrica Latina. Algunos problemas y tendencias recientes, Ius\net Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima, N 9,\n67 SAGUES Nstor,Derecho Procesal Constitucional. Hbeas corpus, 2a. ed., Buenos Aires: Astrea, 1988, p.30\n68 SORIANO Ramn,El derecho de hbeas corpus, Madrid: Congreso de los Diputados, 1986, p.72\n69 CODEHUCA,El hbeas corpus en Centro Amrica, San Jos, 1992, p.158\n70 AVILA ROLDAN Myriam,El estado actual del hbeas corpus, en Su Defensor, peridico de la Defensora del Pueblo\npara la divulgacin de los derechos humanos, Bogot, N 24, julio de 1995, p.20\n71 GIMENO SENDRA Vicente,El proceso de hbeas corpus, Madrid: Tecnos, 1985, p.62\n72 SAGUES Nstor, ob. cit. p. 223\n73 Cfr. BERMUDEZ VALDIVIA Violeta y Samuel B. ABAD YUPANQUI,Hbeas corpus y violencia domstica.\nPosibilidades y lmites, Diario La Repblica, 25 de noviembre de 1991, p.14\n74 EGUIGUREN Francisco,El hbeas corpus en el Per: enero 1983-Julio 1990. Anlisis Cuantitativo, Lecturas\nConstitucionales Andinas 1, Lima:CAJ, p.138\nDocumentos semelhantes a GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y EL DERECHO DE LA MUJER.pdf\nDerecho a la identidad personas\nDerechos Fundamentales en Colombia Finalllllllllllllll


Suspenden a un jugador inglés por orinar en público durante carrera hípica\nEl jugador Samir Carruthers, del equipo de segunda división Milton Keynes Dons, fue sorprendido junto con 2 compañeros.\nPublicado: 16/03/2016 - 09:30 pm\norinar en un vaso\norinó en público\nsancionan a futbolista inglés\nEl Milton Keynes Dons, club de la segunda división inglesa, suspendió a su jugador Samir Carruthers después de publicarse una fotografía en la que se ve al futbolista orinar en público durante una reciente carrera de caballos.\nEl centrocampista fue castigado con una multa equivalente a dos semanas de empleo y sueldo después de que el diario The Sun le fotografiase orinando en un vaso de cerveza en el hipódromo de Cheltenham.\nEn la fotografía también se ve al jugador del Shrewbury James Collins lanzar el contenido de un vaso de cerveza a la grada, por lo que su club también le impuso la misma sanción.\nLos dos jugadores se disculparon públicamente por su comportamiento.


¿PORTAL INTERDIMENSIONAL DESCUBIERTO POR ERROR? - Ufo y Misterios\n¿PORTAL INTERDIMENSIONAL DESCUBIERTO POR ERROR?\nMuchas teorías sugieren que uno de los secretos mejor guardados de la élite mundial fue descubierto en el 2009 por un error. Según algunos informes, se menciona un portal que puede bloquear ondas electromagnéticas y que, además, permitiría el paso de otras entidades. Aunque los medios de comunicación se hicieron eco en su momento, pronto desapareció de los círculos informativos al alcance del público de a pie.\nEuropa Press se hacía eco de esta noticia el día 13 de agosto del 2009 con el siguiente titular: «El portal secreto de Harry Potter ya tiene base científica». Ignorando el intento de satirizar la noticia, lo cierto es que una de las agencias de noticias más importantes de Europa comentaba que «los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de Fudan en Shanhai (China) han desarrollado una tecnología que podría dar lugar a la primera puerta electromagnética adaptable.»\nLos autores de la noticia describen esta tecnología como una puerta que podía bloquear las ondas electromagnéticas pero, que además permitía el paso de otras entidades, como en Harry Potter.\nHuanyang Chen, del departamento de Física de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, señala que «en el rango de frecuencias en el que el metamaterial posee un índice de refracción negativo, las personas que se mantienen fuera de la puerta podrían ver algo similar a un espejo. Su capacidad para bloquear toda la luz visible depende de si se puede producir un metamaterial con un índice de refracción negativo de entre los 300 y los 800 nanometros».\nEn intentos anteriores de desarrollar este tipo de puerta electromagnética se vieron obstaculizados por su estrecha onda de banda, que sólo capturaba un pequeño rango de luz visible y otras formas de radiación electromagnética. Esta nueva configuración de metamateriales sin embargo pudo ser manipulada para aislar el campo magnético que la rebase con una reacción magnética apropiada.\nSegún los investigadores, debido a la respuesta de la configuración a los campos magnéticos la puerta tiene la ventaja añadida de su adaptabilidad y por ello puede ser activada o desactivada a distancia.\nA día de hoy, el Dr. Chen está apartado de esta investigación de la que, actualmente, no queda ni rastro en la red. Nada.\nDescubierta la puerta al inframundo maya\nMisterioso "portal del inframundo" en Turquía\nImágenes de la NASA muestran un supuesto portal estelar en…\nNEWER POST¿VIAJEROS EN EL TIEMPO OBSERVANDO PRIMERA GUERRA MUNDIAL? EL INCREÍBLE CASO DE AGNES WHITELAND\nOLDER POSTEste humanoide volador captado en Phoenix se viraliza rápidamente en Internet


Víctor Martínez se quedará en la banca - Beisbol - EL UNIVERSAL\nVíctor Martínez se quedará en la banca\nLos Tigres de Detroit jugarán una serie interliga sin bateador designado\nLos Tigres de Detroit jugarán esta semana una serie interliga contra los Nacionales de Washington bajo las reglas de la Liga Nacional.\nEl hecho que los Tigres sean visitantes perjudica a Víctor Martínez debido a que en el viejo circuito no existe la figura del bateador designado.\n"Estará disponible para salir como emergente", explicó el manager Jim Leyland a mlb.com. "Después de algunos innings podría sacar a Prince Fielder y colocar a V-Mart en primera base. Por ahora no lo será receptor".\nEl manager lamentó no poder contar con el bate de Martínez en la alineación en los juegos en Washington ni en los del 29 y 30 de mayo cuando se medirán ante los Piratas de Pittsburgh.\n"No quiero dejarlo en la banca pero no puedo hacer nada. No puedo crear nuevas reglas", bromeó con la prensa.\nSobre la posibilidad de que el venezolano actúe como receptor cuando la temporada esté más avanzada (los Tigres tienen otra serie de interligas como visitantes contra los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami) el estratega no rechazó la idea. "En algún momento algo así puede pasar".


“Éste es un buen año para profundizar y debatir cuestiones de fondo”, dijo Hugo Sager – Chaco en linea informa\nInicio / POLÍTICA / “Éste es un buen año para profundizar y debatir cuestiones de fondo”, dijo Hugo Sager\n“Éste es un buen año para profundizar y debatir cuestiones de fondo”, dijo Hugo Sager\nEl presidente del bloque del PJ en Cámara de Diputados, Hugo Sager, charló con Chaco En Línea Radio y propició definiciones de lo que será el año legislativo. “La agenda se enriquece con la tarea de los legisladores”, afirmó. También adelantó que la impronta de la tarea en Diputados la otorgará el mensaje del gobernador Domingo Peppo en la apertura de sesiones, el jueves 1 de marzo.\nEl diputado peronista sostuvo que hay tres ejes que determinarán el hacer de la Cámara: la discusión del nuevo Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia, que pretenden tratar en la segunda mitad del año; la presencia de las sesiones en el interior provincial, que permitirá que la Legislatura siga, como ya lo hace desde 2016, se involucre aún más en los temas de la región y habilite a la ciudadanía a la participación; el tercer eje será el discurso que dará el próximo 1° de marzo, el gobernador Domingo Peppo como parte de la apertura de sesiones.\nSager indicó sobre el mensaje del mandatario provincial que “ya ha planteado públicamente ejes que hacen a la búsqueda de inversiones y la generación de trabajo genuino. El gobernador pretende que los jóvenes chaqueños, fundamentalmente, encuentren su lugar en la provincia. También nos convoca la discusión sobre la temática de género”. En este punto y consultado sobre la necesidad de un presupuesto con mirada de género, Sager sostuvo que “este año se debe elaborar el presupuesto del 2019 a partir de agosto y hay que salvar cuestiones esenciales porque muchas veces las leyes chocan con la real posibilidad de concreción. Debemos dar la discusión y entender que el presupuesto lo debemos elaborar entre todos”.\nTambién sostuvo que la agenda de trabajo incluye una mirada sobre la temática medio ambiental. “No sólo nos plantearemos el cuidado de bosques y ríos, sino también los criterios de producción. Es cierto que hay legislación pero siempre es imprescindible actualizarla”, dijo Sager.\nEl legislador también recordó que “éste es un buen año para profundizar y debatir cuestiones de fondo, porque el 2019 ya nos encontraremos nuevamente con un cronograma electoral que siempre marca la agenda legislativa”.\nRespecto de la chance de que el Chaco sea incluido en los anuncios que hará el presidente Macri ante el Congreso el próximo 1 de marzo, el diputado sostuvo que “somos altamente dependientes de la economía nacional y hoy las medidas del Gobierno Nacional han cambiado radicalmente respecto de años anteriores. Este fin de semana leímos en la prensa que de cada 10 pesos que ingresan a la provincia, 9 se destinan a cuestiones salariales. Es por eso que necesitamos generar herramientas que le den valor agregado a nuestra producción. Eso se logra con energía barata, que mejore el nivel transporte, que haga competitivo a lo que aquí producimos. Eso me gustaría escuchar del Presidente, que incluya una mirada especial para el Norte argentino y sobre todo para el NEA”.\nSager recordó que la presencia del Estado Nacional es una necesidad de toda la región que hasta ahora no ha tenido respuesta. “Nuestra industria textil está sufriendo mucho por la apertura de las importaciones y vemos cómo el famoso Plan Belgrano no termina de concretarse. Oportunamente, insistimos con el Ramal C3 porque permitiría mejorar la realidad portuaria de Barranqueras y la competitividad de la producción provincial y todo quedó en anuncios o se desarticuló”, concluyó.


Buscan crear la ‘Ley Andrea’ para que golpeadores sean castigados – Yucatán a la mano\nHome›destacado›Buscan crear la ‘Ley Andrea’ para que golpeadores sean castigados\nBuscan crear la ‘Ley Andrea’ para que golpeadores sean castigados\nBuscan que se castigue de manera más enérgica la violencia contra las mujeres.\nMÉRIDA.- Con el fin de que se castigue de manera más enérgica y no existan “lagunas legales” para la violencia en contra de las mujeres, el “Colectivo Mujeres sin Maquillaje” propone crear la “Ley Andrea”, para modificar el Código Penal del Estado. Esto, debido a la agresión que recibió la joven Andrea Marisol por parte de su pareja en días pasado, la cual se dio a conocer mediante las redes sociales.\nLa integrante del “Colectivo”, María Eugenia Núñez Zapata, explicó que es importante realizar cambios a la ley, debido que en el caso de la joven estudiante hay algunos términos que no existen y podrían dejar en libertad a su agresor. De igual manera solicitarán que la edad sea una agravante, esto, al referirse que se han suscitado dos casos en los últimos meses en donde las víctimas han sido menores de edad.\n“Lo que se va buscar es reformar el Código Penal del Estado porque no existe el término que se está manejando actualmente en el caso de Andrea (feminicidio en grado de tentativa), por lo que no hay forma de llevarlo a cabo. Lo que estamos buscando es que toda la sociedad se interese en realizar un cambio para que se tengan sanciones más justas”, explicó la estudiante en Derecho Emiré Arellano Escalante, quien en conjunto con compañeros buscan incentivar dicha iniciativa, la cual presentarán al Congreso local, pero aclaró que este tipo de procedimientos llevan varias etapas, por lo que estarán trabajando de manera constante para que los legisladores la discutan y, en su caso la aprueben.\nNúñez Zapata, de igual manera solicitó al Gobierno del Estado realizar estudios en donde se indique cuáles son las zonas más violentas de Yucatán, es decir, llevar a cabo un registro de quiénes fueron violentadas, en dónde viven, quién las violentó, cuál fue el grado de lesión, para atender de raíz este flagelo social.\n“Muchas de estas mujeres han acudido a las clínicas en más de una ocasión víctimas de violencia y el único registro que se tiene es el que lleva la Secretaría de Salud a nivel federal, en donde son atendidas por violencia”, señaló.\nEn la rueda de prensa dieron a conocer que en el 2017 la Secretaría de Salud Federal registró mil 567 casos de violencia contra mujeres, perpetuándose 8 feminicidios; respecto al 2018 hasta el mes de septiembre la dependencia contabilizo 864 agresiones y se han llevado a cabo 5 feminicidios.\nConato de incendio en centro comercial La Isla\n¿Reconciliación? Brad Pitt y Jennifer Aniston se reúnen en importante fecha\nEl programa para jóvenes de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz “Leading ...


Interpretación y significados de Soñar con orinar\nOrinar o también llamado de manera popular como “hacer pipí”, es un proceso fisiológico para nuestra vida y es importante señalar que prácticamente todos los seres vivos, tienen está necesidad. Una vez esto, quiero decirte que los sueños relacionados con la orina son algo que necesitas conocer, aunque no es un sueño recurrente, si tiene un significado importante. Por eso es que antes, quiero decirte que este es un sueño premonitorio para que después de esto, comprenderás todo lo que viene para tú vida.\nEl significado de soñar con orinar se entiende como una perspectiva donde quieres tener el control de las cosas y es que no permites que nadie se meta en cada una de tus decisiones. Tienes que tratar que todo siga de esta forma. Aunque en algunas ocasiones caes ante algunas complicaciones por catalogarte como perfeccionista pero no puedes dejar de considerar, la clave de éxito.\nInterreptación de soñar con orinar\nSoñar con orinar en público sobre este sueño, nos habla de que estás pasando por algunas dudar y tienes a personas que sólo desean causarte problemas pero no puedes dejar que alguien más quiera afectarte. Así mismo, tienes que intentar buscar y hacer todo de tú parte para que las decisiones que tomes, sean las adecuadas y estén bajo tú control.\nSoñar con ver orina habla de que tienes muchas ambiciones y con esto, es que es probable que si lo que buscas es querer encontrar la forma de que todo salga bien, pues entonces, ahora demuestra todas tus ganas y potencial para que veas como se dan las cosas.\nSoñar con orina turbia lo podemos ver como una temporada que podría causarte problemas, así que tienes que hacer todo lo posible para encontrar una solución, acude con un médico antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que primero tú salud y después irás mejorando poco a poco.\n¿Qué significa soñar con orina transparente?\nEn este caso quiero decirte que estás pasando por una temporada de armonía con las cosas de tú trabajo, todo va en orden, sientes el control de las cosas. Así que tienes que tratar desde este momento, seguir con tú astucia para que todo vaya dándose de una forma positiva.\nSoñar con orina amarilla todo va normal, nada es malo pero tampoco hay mucha cosas por celebrar, así que tienes que tratar de ver la vida, desde una etapa positiva y llena de mejores cosas, no lo dudes, todo es para bien.\nSignificado y Origen del nombre masculino Ángel\nSignificado del nombre masculino Arcángel


Asamblea responsabiliza al Gobierno de retraso del Fomilenio\nVotos del FMLN a la izquierda y de Arena a la derecha, dos del PDC y dos del PCN. Imagen: Asamblea Legislativa.\njueves 17, diciembre 2020 • 6:57 pm\nLa Asamblea Legislativa se pronunció hoy ante la omisión del poder Ejecutivo de programar fondos de contrapartida para las obras del Fondo del Milenio (Fomilenio II) de la cooperación de la Corporación del Reto del Milenio (MCC).\nEl pronunciamiento fue aprobado con 53 votos de FMLN, Arena y algunos del PCN.\n"El retraso del Fomilenio es consecuencia directa de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno", indica el pronunciamiento, que rechaza "la campaña electoral de desinformación, a fin de encubrir el manejo ilegal" financiero.\nSeñalaron que el uso desordenado y poco transparente de los fondos por el Gobierno actual se traduce en el encarecimiento del endeudamiento, situación que, sostienen, afecta a las familias salvadoreñas.\nLa Asamblea detalla que:\nEl 9 de septiembre, la Asamblea incorporó $55 millones para el Fomilenio en el presupuesto general de 2020.\nEl 26 de noviembre, la Asamblea incorporó otros $50 millones para el Fomilenio. Este último decreto fue vetado por el presidente de la República pero el veto fue superado.\nEn el dictamen, los diputados reclaman al Ejecutivo que no incorporó los fondos en el proyecto de presupuesto de 2020 que envió a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2019.\nLas obras de Fomilenio II fueron suspendidas durante la pandemia covid-19 por las cuarentenas nacionales que desde marzo de 2020 incluyeron al sector construcción.\nLa cooperación asciende a $277 millones de la MCC más una contrapartida de $88.20 millones que debe ser aportada por el Estado de El Salvador.\nEl convenio inició el 9 de septiembre de 2015 y tenía como fecha cierre el 9 de septiembre de 2020.\nEl 9 de septiembre era la última fecha para recibir fondos de la MCC.\nSin embargo, el pasado 15 de diciembre, la MCC decidió extender el cierre de Fomilenio II hasta el 30 de abril de 2021.\nEl Ejecutivo culpa a la Asamblea Legislativa del atraso en la aprobación de las contrapartidas para el Fomilenio.


Nuevo canal de aportación de cuentas de Iberinform - detalle\nNuevo canal de aportación de cuentas de Iberinform\nIberinform, la compañía del Grupo Crédito y Caución especializada en información comercial, facilita a sus clientes la actualización de información financiera.\nMadrid - 01-feb-2011\nEn el contexto actual es muy frecuente que las empresas condicionen sus relaciones con clientes a la disponibilidad de información financiera actualizada, por lo que es importante que la información que Iberinform facilita a sus clientes y a Crédito y Caución, para su gestión de riesgos y otras decisiones empresariales, esté correctamente actualizada.\nLa transparencia aporta confianza a los socios comerciales, y puesto que el acceso a las Cuentas Anuales depositadas en los Registros no llega con la rapidez que demanda el mercado, es habitual que las empresas nos adelanten dicha información.\nCon el fin de hacer más sencilla la actualización de esta información financiera [balances de situación, cuenta de pérdidas y ganancias], Iberinform ha desarrollado una nueva funcionalidad en www.iberinform.es que permite a cualquier firma facilitar sus cuentas. Y es que colaborar con Iberinform le abrirá muchas puertas.