guardarGuardar Legislación Comparada para más tarde\nREGLAMENTO CANCIÓN POR LA PAZ 2018\nTaller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (TPMIAAP): “Las mujeres indígenas del Perú al Gobierno Peruano, en ocasión de la 49° Sesión de la Comisión del Status de la Mujer –ONU”\nDerechos de Las Personas Mayores 1\nLegislacin comparada sobre personas mayores en Centroamrica y la Repblica Dominicana\nEste documento fue elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa (CELADE) - Divisin de Poblacin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), gracias al financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (ASDI), en el marco del programa conjunto CEPAL-ASDI 2010-2011 Proteccin e inclusin social en Amrica Latina y el Caribe, Componente 3: Estrategias de proteccin social para una poblacin que envejece, y con el apoyo del Proyecto Annual Work Plan 2011 UNFPA-LACRO. Fue realizado bajo la supervisin de Dirk Jaspers_Faijer, Director de la Divisin. Su redaccin estuvo a cargo de Sandra Huenchuan, asistente de investigacin y experta en envejecimiento del CELADE. La investigacin cont tambin con el apoyo de Pablo Tapia y Fernanda Stang, ambos consultores de la misma Divisin. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y pueden no coincidir con las de la organizacin ni con las de la ASDI.\nDiseo de portada: Alejandro Vicua Leyton\nLC/W.432 Copyright Naciones Unidas, septiembre de 2011. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile\nLegislacin comparada sobre personas mayores en Centroamrica\nPresentacin.................................................................................................................................... 5 I. Referencias sobre la proteccin internacional de los derechos de las personas de edad ......................................................................................................... 7 A. Los tratados de las Naciones Unidas .............................................................................. 7 B. Normas interamericanas de derechos humanos ............................................................. 9 C. Las polticas mundiales y regionales ............................................................................... 9 1. Los principios de las Naciones Unidas..................................................................... 9 2. Planes de accin internacional sobre el envejecimiento........................................ 10 3. Las polticas regionales .......................................................................................... 11 Avances en los procesos de adecuacin legislativa en Centroamrica y la Repblica Dominicana .................................................................................................... 13 A. La proteccin constitucional de los derechos de las personas de edad........................ 13 B. Leyes especiales de proteccin de los derechos en la vejez ........................................ 15 1. Los derechos protegidos ........................................................................................ 17 2. Las garantas para hacer efectivos los derechos................................................... 22\nConclusiones ................................................................................................................................. 29 Bibliografa ..................................................................................................................................... 31 Anexos........................................................................................................................................... 35 Anexo 1: Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales: contenidos de la Observacin general N 6.............................................................................. 36 Anexo 2: Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer: algunos contenidos de la Observacin general N 27 ........................................... 37 Anexo 3: La legislacin sobre las personas mayores en Centroamrica y la Repblica Dominicana ............................................................ 39 Anexo 4: Resumen ejecutivo / Executive summary............................................................... 47 Anexo 5 Resolucin sobre armonizacin legislativa sobre el tema de la persona adulta mayor .................................................................................... 53\nndice de cuadros Cuadro 1 Cuadro 2 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad y aspectos implicados ............................................................................................ 10 Principales recomendaciones de la Estrategia regional de implementacin para Amrica Latina y el Caribe del Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2003 ............................................................................... 11 Centroamrica y la Repblica Dominicana: derechos protegidos en las normas nacionales dedicadas a las personas mayores, 2011......................... 22\nndice de recuadros Recuadro 1 Recuadro 2 Recuadro 3 Recuadro 4 Belice: la situacin de las personas mayores en el mbito legal ........................... 16 Los objetivos de las leyes especiales de proteccin de los derechos en la vejez.................................................................................... 17 El presupuesto y la garanta de los derechos en la vejez...................................... 24 Acceso a la justicia en Costa Rica ......................................................................... 26\nndice de diagramas Diagrama 1 Diagrama 2 Declaracin de Brasilia: principales recomendaciones para la accin .................. 12 Amrica Latina: cronologa de la aprobacin de las leyes de proteccin de los derechos de las personas mayores............................................................. 15\nEste informe fue elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa (CELADE)Divisin de Poblacin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), a solicitud del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamrica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) y la Comisin de Poblacin, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional de Nicaragua, con la finalidad de servir de base para los trabajos que se desarrollaron en el I Encuentro interparlamentario sobre las personas mayores como titular de derecho, efectuado el 9 de septiembre de 2011 en Managua, Nicaragua. Como resultado de esta reunin, los miembros de la Comisin Interparlamentaria sobre Cohesin Social y Lucha contra la Pobreza del FOPREL adoptaron una resolucin relativa a la armonizacin legislativa sobre el tema de la persona adulta mayor. En ella se acord proceder al diseo y la elaboracin de una propuesta de ley-marco regional que se ocupe de la temtica, para ser sometida a la consideracin de los Presidentes miembros del Foro con el propsito de que sirva de referencia para la armonizacin, modernizacin y homologacin de las legislaciones nacionales pertinentes (vase el anexo 5). Este documento contiene dos partes. En la primera seccin se presentan de manera sinttica las principales referencias internacionales sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos de las personas mayores. En este apartado se desarrollan el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y el interamericano. Junto con ello, se realiza una revisin de las polticas mundiales y regionales a favor de las personas mayores, las que a pesar de ser parte del derecho blando (soft law), tienen un evidente valor jurdico para su proteccin. En la segunda parte se presenta un anlisis comparado del marco de proteccin jurdica de los derechos de las personas mayores en Centroamrica y la Repblica Dominicana, especficamente, se estudia el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas de edad y su posterior desarrollo normativo por medio de una legislacin especfica en la materia. En ambos casos se examina la adecuacin de los instrumentos legales a la doctrina internacional de derechos humanos, en particular al Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, la Convencin sobre la Eliminacin de Todas de las Formas de Discriminacin contra la Mujer, la Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, as como la interpretacin progresiva realizada por los rganos encargados de su supervisin. El acercamiento a las leyes especiales se hace, por una parte, a travs de la identificacin de los derechos de las personas mayores y su desarrollo normativo, y por la otra, por medio del examen de las 5\ngarantas institucionales y ciudadanas que las leyes proporcionan para el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos. Se confa en que este documento aporte elementos para mejorar las normas actuales de proteccin de los derechos de las personas mayores, y que de su utilizacin surjan recomendaciones para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en todas las edades.\nI. Referencias sobre la proteccin internacional de los derechos de las personas de edad\nA. Los tratados de las Naciones Unidas\nLas primeras referencias a las personas de edad en los instrumentos internacionales de derechos humanos son solo indirectas, y generalmente se limitan a la seguridad social y al derecho a un nivel de vida adecuado. Por ejemplo, en la Declaracin Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho a las prestaciones sociales en la vejez. De forma anloga, en el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales se considera el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. El primer convenio de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en el que se prohibi explcitamente la edad como un motivo de discriminacin fue la Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer, en la que se proscribe la discriminacin en su acceso a la seguridad social en caso de vejez. El alcance de la prohibicin de la discriminacin a causa de la edad fue ampliado despus en la Convencin internacional sobre la proteccin de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y, posteriormente, en la Convencin sobre los derechos de las personas con discapacidad, en relacin con cuestiones como la eliminacin de los prejuicios, los estereotipos y las prcticas nocivas, el acceso a la justicia y la proteccin contra la explotacin, la violencia y el abuso (Rodrguez-Piero, 2010). La proteccin limitada a los derechos de las personas de edad que proporcionan las convenciones existentes se ha reforzado parcialmente gracias a su interpretacin progresiva, realizada por los rganos encargados de su supervisin. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Comit de Derechos Humanos, que ha desarrollado el principio de no discriminacin por la edad en algunos casos examinados en el marco de su procedimiento contencioso. La prctica del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales tambin es pertinente en este campo, puesto que ha desarrollado en mayor medida el contenido de esos derechos mediante distintas disposiciones o cuestiones abarcadas por la convencin, que incluyen la salud, la seguridad social y la discriminacin. En 1995, el Comit aprob su Observacin general N 6 sobre los derechos econmicos, sociales y culturales de las personas de edad, en la que se especifican las obligaciones que corresponden en este mbito a los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos\nEconmicos, Sociales y Culturales (vase el anexo 1). Ms tarde adopt otras tres observaciones que tratan cuestiones de particular inters para las personas mayores. En la Observacin general N 14 de 2000, sobre el derecho a la salud, se reafirma la importancia de un enfoque integrado de salud que abarque la prevencin, la curacin y la rehabilitacin. Esas medidas deben basarse en evaluaciones peridicas para ambos sexos, medidas de rehabilitacin fsica y psicolgica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonoma de las personas mayores y la prestacin de atenciones y cuidados a los enfermos crnicos y en fase terminal, ahorrndoles dolores y permitindoles morir con dignidad. En la Observacin general No 19 de 2008, sobre el derecho a la seguridad social, se centra en el contenido normativo de este derecho, las obligaciones de los Estados, las violaciones y la aplicacin en el plano nacional. Por ltimo, en la Observacin general No 20 de 2009, sobre la no discriminacin y los derechos econmicos, sociales y culturales, se aclara la interpretacin del artculo 2.2 del Pacto, incluidos el alcance de las obligaciones de los Estados, los motivos prohibidos de discriminacin y su aplicacin al mbito nacional.\nEl Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer tambin ha prestado particular atencin a la situacin de las mujeres de edad en sus observaciones finales sobre determinados Estados partes, tratando cuestiones como la violencia contra ellas, la educacin, el analfabetismo y el acceso a las prestaciones sociales. En 2000, como contribucin a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid, el Comit aprob la Decisin 26/III, basada en la sistematizacin y el desarrollo de su propia jurisprudencia con respecto a las mujeres mayores. Luego, en 2009, elabor una nota conceptual relativa a la mujer de edad y la proteccin de sus derechos humanos (CEDAW, 2009). En ella se reconoce que los cambios en la estructura etaria de la poblacin tienen profundas consecuencias para los derechos humanos y aumentan la necesidad de solucionar el problema de discriminacin que sufre la mujer mayor. Por ltimo, en 2010, el Comit adopt la Recomendacin general N 27 sobre las mujeres mayores y la proteccin de sus derechos humanos. Su propsito es identificar las mltiples formas de discriminacin que ellas sufren y entregar lineamientos acerca de las obligaciones de los Estados partes de la Convencin, desde la perspectiva del envejecimiento con dignidad y los derechos de las mujeres. Tambin se incluyen recomendaciones en materia de polticas, que apuntan a integrar sus preocupaciones en las estrategias nacionales, las iniciativas de desarrollo y de accin positiva, para que puedan participar plenamente, sin discriminacin y en pie de igualdad con los hombres. Junto con ello, entrega una gua para incluir la situacin de las mujeres mayores en los informes que presentan los Estados partes de la Convencin (vase el anexo 2). Otro Comit que ha abordado la cuestin de las personas mayores es el de la Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en el prrafo 15 de su Observacin general No 2, de 2008, indica que los Estados Partes deben prohibir, impedir y castigar los actos de tortura y los malos tratos en todas las situaciones de privacin o de limitacin de libertad, por ejemplo, en las crceles, los hospitales, las escuelas, las instituciones que atienden a nios, personas de edad, enfermos mentales o personas con discapacidades, as como durante el servicio militar y en otras instituciones y situaciones en que la pasividad del Estado propicia y aumenta el riesgo de daos causados por particulares. La aplicacin de esta recomendacin puede ser especialmente til para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores que viven en instituciones de cuidado o estn encarceladas.\nB. Normas interamericanas de derechos humanos\nLos instrumentos esenciales de derechos humanos en el mbito interamericano la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos no incorporan ninguna referencia a los derechos de las personas de edad. No fue hasta 1988, con la aprobacin del Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econmicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), que los derechos de las personas de edad se reconocieron explcitamente en este contexto, aunque limitados a la esfera del bienestar y las polticas asistenciales. De conformidad con el artculo 17 del Protocolo, toda persona tiene derecho a una proteccin especial durante su ancianidad. Los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la prctica, y en particular para: proporcionar instalaciones adecuadas, as como alimentacin y atencin mdica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionrsela por s mismas; ejecutar programas laborales especficos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocacin o deseos; estimular la formacin de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.\nAdems, se ha identificado a las personas de edad como un grupo social que requiere proteccin especial en otros instrumentos de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), entre los que figuran la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencin de Belm do Par), la Declaracin de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no-violencia y la Declaracin Interamericana sobre la Familia. En la resolucin de la Asamblea General de la OEA sobre la situacin de los refugiados, repatriados y desplazados internos en las Amricas tambin se presta particular atencin a sus derechos humanos, as como en el Proyecto de Declaracin Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, actualmente en negociacin (Rodrguez-Piero, 2010).\nC. Las polticas mundiales y regionales\n1. Los principios de las Naciones Unidas\nAdems de las referencias concretas en los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, los derechos de las personas de edad han sido reconocidos en repetidas ocasiones por numerosas resoluciones de la Asamblea General. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominacin de derecho blando (soft law), tienen evidentemente un valor jurdico distinto al de los tratados. Sin embargo, eso no significa que carezcan de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el rgano ms representativo de las Naciones Unidas, con el propsito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad internacional en relacin con los derechos de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse un reflejo autorizado del consenso normativo emergente en torno a sus contenidos mnimos. En 1991 la Asamblea General adopt la resolucin 46/91 sobre los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad en cinco temas: independencia, participacin, cuidados, autorrealizacin y dignidad (Naciones Unidas, 1991). Pese a tener una correspondencia estrecha con los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales 9\ny Culturales, estos principios no estn redactados como derechos en s. No obstante, la resolucin ha hecho una enorme contribucin a la comprensin de los intereses y necesidades de las personas mayores (vase el cuadro 1).\nCUADRO 1 PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD Y ASPECTOS IMPLICADOS\nPrincipios Independencia Contenido Acceder a alojamiento adecuado, comida, agua, vivienda, vestido y atencin en salud. Realizar un trabajo remunerado. Acceder a la educacin y la informacin. Ser incluido activamente en la formulacin y aplicacin de las polticas que afecten su bienestar. Compartir conocimientos y aptitudes con las generaciones ms jvenes. Fundar movimientos o formar asociaciones. Disfrutar de la atencin familiar y contar con asistencia mdica. Tener garantizados los derechos humanos y libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de cuidado y tratamiento. Acceder a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. Vivir dignamente y con seguridad. No sufrir explotacin y malos tratos fsicos y mentales. Ser tratados decorosamente, con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, situacin socioeconmica o cualquier otra condicin social.\nCuidados Autorrealizacin Dignidad\nFuente: Elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolucin 46/91, Ejecucin del Plan de Accin Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas, 16 de diciembre de 1991.\nEl contenido de los derechos de las personas de edad tambin se ha desarrollado en otras resoluciones de la Asamblea General. Entre ellas se destaca la Proclamacin sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas, el Conjunto de Principios para la proteccin de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencin o prisin, las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), la Declaracin sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Vctimas de Delito y del Abuso de Poder, la Declaracin sobre la Eliminacin de la Violencia contra la Mujer y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas (Rodrguez-Piero, 2010).\n2. Planes de accin internacional sobre el envejecimiento\nEn 1982, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Accin Internacional de Viena en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria. En l, los Estados asistentes reafirmaron su creencia en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos se aplican plenamente y sin menoscabo a las personas de edad, y reconocieron que la calidad de vida no es menos importante que la longevidad y que, por consiguiente, las personas de edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de una vida plena, saludable y satisfactoria y ser estimados como parte integrante de la sociedad (Naciones Unidas, 1982). Veinte aos despus, los Estados Miembros adoptaron el Plan de Accin Internacional de Madrid en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, efectuada en Espaa. Este Plan prest especial atencin a la situacin de los pases en desarrollo, y defini como temas centrales: la realizacin de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas de edad, y\nla garanta de los derechos econmicos, sociales y culturales de las personas mayores, as como de sus derechos civiles y polticos, y la eliminacin de todas las formas de violencia y discriminacin en contra de las personas de edad (Naciones Unidas, 2002).\nLa Declaracin Poltica de Madrid y el Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento contribuyeron tambin a aumentar el entendimiento con respecto a los derechos de las personas de edad en el contexto de las polticas internacionales y nacionales. El seguimiento del Plan de Accin de Madrid, en el que las comisiones regionales de las Naciones Unidas han desempeado un papel fundamental, ha aportado adems a la elaboracin de recomendaciones sobre esos derechos.\n3. Las polticas regionales\nEn el plano de la accin regional de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la CEPAL adoptaron en 2003, en la primera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento, la Estrategia regional de implementacin para Amrica Latina y el Caribe del Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que fue ratificada mediante la resolucin 604 del trigsimo perodo de sesiones de la Comisin (vase el cuadro 2). La Estrategia regional plantea como primer objetivo del rea relacionada con las personas de edad y el desarrollo promover los derechos humanos de las personas mayores, y recomienda la elaboracin de legislaciones especficas que definan y protejan estos derechos de conformidad con los estndares internacionales y la normativa aceptada por los Estados al respecto (CEPAL, 2004).\nCUADRO 2 PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE IMPLEMENTACIN PARA AMRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PLAN DE ACCIN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE EL ENVEJECIMIENTO, 2003\nrea Personas de edad y desarrollo Recomendacin Proteccin de los derechos humanos. Acceso a oportunidades de crdito. Acceso a un empleo decente. Aumento de la cobertura de las pensiones (contributivas y no contributivas). Fomento de la participacin de las personas mayores. Acceso universal a los servicios de salud integral. Promocin de conductas y ambientes saludables. Regulacin de los servicios de cuidado de largo plazo. Formacin de recursos humanos en geriatra y gerontologa. Seguimiento del estado de salud de la poblacin adulta mayor. Accesibilidad del entorno fsico. Sostenibilidad y adecuacin de los sistemas de apoyo. Promocin de una imagen positiva de la vejez y el envejecimiento.\nEntornos propicios y favorables\nFuente: Dirk Jaspers, Informe sobre la aplicacin de la Estrategia regional de implementacin para Amrica Latina y el Caribe del Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, segunda Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento en Amrica Latina y el Caribe, Brasilia, 4 al 6 de diciembre de 2007.\nEn 2007, la CEPAL organiz la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento en Amrica Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de diciembre. En esa oportunidad los pases adoptaron la Declaracin de Brasilia, que reafirma el compromiso de los Estados Miembros de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas de edad, trabajar por la erradicacin de todas las formas de discriminacin y violencia y crear redes de proteccin de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos (CEPAL, 2008a). Asimismo, en los prrafos 25 y 26 de la Declaracin se comprometieron a: 11\nsolicitar a los pases miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalen la posibilidad de designar un relator especial encargado de velar por la promocin y proteccin de los derechos humanos de las personas de edad; realizar las consultas pertinentes con los gobiernos para impulsar la elaboracin de una convencin sobre los derechos humanos de las personas de edad en el seno de las Naciones Unidas (CEPAL, 2008a).\nLa Declaracin incorpora tambin recomendaciones especficas en los mbitos de la seguridad econmica, la salud y los entornos (vase el diagrama 1). Su importancia fue reafirmada en la resolucin 644 del trigsimo segundo perodo de sesiones de la CEPAL, realizado en Santo Domingo, Repblica Dominicana, en junio de 2008 (CEPAL, 2008b)1.\nDIAGRAMA 1 DECLARACIN DE BRASILIA: PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA LA ACCIN\nSeguridad econmica Acceso al trabajo decente en la vejez Aumento de la cobertura de los sistemas de seguridad social (contributivos y no contributivos) Salud Atencin de personas de edad con discapacidad Acceso equitativo a los servicios de salud Supervisin de las instituciones de larga estada Creacin de servicios de cuidados paliativos Acceso a la atencin en salud para las personas de edad con VIH Entornos Fomento de la educacin continua Accesibilidad del espacio pblico y adaptacin de las viviendas Erradicacin de discriminacin y violencia en la vejez Aporte de las personas de edad en la economa del cuidado\nFuente: Jos Luis Machinea, Envejecimiento y desarrollo en Amrica Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de proteccin social basada en derechos, 46o perodo de sesiones de la Comisin de Desarrollo Social, Nueva York, 2008.\nOtro aporte de importancia lo ha realizado la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) a travs de la poltica de envejecimiento activo adoptada en 2002, por medio de la que hace operativos los derechos humanos fundamentales consagrados en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad en el contexto de las polticas de salud pblicas y privadas (OMS, 2002). Este ejemplo fue seguido el mismo ao por su organizacin homloga a nivel interamericano, la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS, 2002). Ambas organizaciones han participado en la elaboracin de normas sobre cuestiones de particular inters para la salud de las personas de edad desde la perspectiva de los derechos humanos, y tambin han acompaado otras iniciativas similares. En 1993 apoyaron la aprobacin de la Carta del Caribe para la Promocin de la Salud por parte de los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En 2002, la OMS promovi la aprobacin de la Declaracin de Toronto para la Prevencin Global del Maltrato de las Personas Mayores, y en 2009 esta cuestin fue considerada por la OPS en el Plan de accin sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable (OPS, 2009).\nII. Avances en los procesos de adecuacin legislativa en Centroamrica y la Repblica Dominicana\nA. La proteccin constitucional de los derechos de las personas de edad\nLa titularidad de los derechos tiene como referentes los acuerdos y normas internacionales sobre esta materia. Sin embargo, la exigencia de asegurar su proteccin se plantea en primer lugar en el mbito nacional, impuesto especficamente a cada Estado, que es el primer responsable de garantizar los derechos a sus propios ciudadanos y a toda persona sometida a su jurisdiccin mediante sus diferentes instituciones (Marie, s/f)2. Todo el sistema de proteccin de los derechos humanos supone, en primer lugar, su reconocimiento en los textos fundamentales. En este marco, la constitucionalizacin de los derechos implica la incorporacin dentro de los fines estatales de una serie de mandatos destinados a lograr su plena efectividad, y obliga plenamente a los poderes pblicos encargados de su realizacin (Abramovich y Courtis, 2006). En el caso especfico de las personas mayores, la incorporacin de sus derechos en las constituciones nacionales significa que el ordenamiento jurdico, las polticas pblicas, su institucionalidad y los actos de las autoridades de gobierno deberan ajustarse y ser compatibles con ellos (Huenchuan, 2009). Si bien todos los derechos y las libertades reconocidos en los textos constitucionales son, por supuesto, aplicables a las personas mayores, existen pases en que se les reconocen de manera expresa. En las cartas constitucionales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam y la Repblica Dominicana se hace explcita la obligacin del Estado de proteger a las personas mayores. En Costa Rica, Honduras y Panam la constitucin reconoce la proteccin especial de las personas de 60 aos y ms. En Guatemala, en tanto, el Estado garantiza la proteccin integral de los\nEsta responsabilidad se afirma explcitamente en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que ha subrayado en su Declaracin y en su Programa de Accin la obligacin que tienen todos los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de desarrollar y de alentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distincin de raza, sexo, idioma o religin (Marie, s/f).\nancianos especficamente, su derecho a la alimentacin, la salud, la educacin, la seguridad y la previsin social. El Estado panameo, por su parte, protege la salud fsica, mental y moral de los ancianos y les garantiza el derecho a la alimentacin, la salud, la educacin, la seguridad y la previsin social. En Nicaragua se seala el derecho de los ancianos a medidas de proteccin por parte de la familia, la sociedad y el Estado. En la Constitucin de la Repblica Dominicana se brinda proteccin a las personas de la tercera edad y se establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirn para su proteccin y asistencia y promovern su integracin a la vida activa y comunitaria. Junto con ello, el Estado debe garantizar los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Por ltimo, en El Salvador el Estado se obliga a cuidar a los indigentes considerando su edad o discapacidad. A lo anterior se suma el derecho a la seguridad social, presente en la mayora de las constituciones analizadas, aunque el alcance de las disposiciones vara de un pas a otro. El tratamiento es menos frecuente cuando se considera la discriminacin, puesto que nicamente la Constitucin de la Repblica Dominicana incorpora la edad como motivo expreso de discriminacin en el derecho a la igualdad. En Nicaragua y Honduras, la edad es un motivo implcito comprendido dentro de la categora de cualquier otra condicin social. En ambos casos, de acuerdo a lo expresado por el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (2009), la inclusin de cualquier otra condicin social estara indicando que la lista no es exhaustiva y que pueden incorporarse otros motivos de discriminacin en esta categora, entre los que figura la edad. No ocurre del mismo modo en Panam, donde la no discriminacin por edad se circunscribe al mbito del trabajo, y en Guatemala, que si bien no la incluye, establece el trato adecuado para los trabajadores mayores. Otras disposiciones constitucionales consideradas solo en algunos pases son la prohibicin de la sentencia de muerte para los mayores de 70 aos en Guatemala y los lmites de edad para el ejercicio de cargos pblicos en Belice y Nicaragua. En el primer caso, la prerrogativa es congruente con el artculo 4 inciso 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, que alude al derecho a la vida3, mientras que en el segundo, la disposicin debe ser examinada, puesto que otorga un trato diferencial a los trabajadores mayores. En este sentido, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales ha insistido que el trato diferencial por alguno de los motivos prohibidos se considerar discriminatorio, a menos que exista una causa razonable y objetiva para dispensarlo. Ello supone evaluar si el fin y los efectos de las medidas o las omisiones de que se trate son legtimos y compatibles con la naturaleza de los derechos, y si el nico propsito que se persigue es promover el bienestar de una sociedad democrtica (Comit DESC, 2009). Hay que llamar la atencin sobre el hecho que solamente tres pases hacen mencin explcita a la proteccin de derechos econmicos, sociales y culturales, y que incluso hay normas en las que se los restringe a las personas en situacin de indigencia. Al igual que en el caso anterior, es preciso evaluar estas disposiciones para adecuarlas a la norma de los tratados. En el prembulo del Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales se destaca que los derechos son iguales e inalienables para todos, y se reconoce el derecho de todas las personas al ejercicio de las distintas garantas previstas en relacin con el trabajo, las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, la seguridad social, un nivel de vida adecuado, la salud y la participacin en la vida cultural, entre otras (Comit DESC, 2009). En resumen, la proteccin de las personas mayores que brindan las constituciones analizadas exige a los Estados que se las resguarde de las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, ya sea de manera individual o como grupo. Esta obligacin incluye, entre otras cosas, la de adoptar las medidas legislativas o de otra ndole que sean necesarias y eficaces para impedir que terceras partes denieguen el acceso en condiciones de igualdad a los servicios, beneficios o\nNo se impondr la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisin del delito, tuvieren menos de dieciocho aos de edad o ms de setenta, ni se le aplicar a las mujeres en estado de gravidez (artculo 4, inciso 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos).\nprestaciones que suponen los derechos constitucionales, sean administrados por el Estado o por otros; impongan condiciones injustificadas de admisibilidad; interfieran arbitraria o injustificadamente en el ejercicio de los derechos o impongan obstculos que vayan en contra de la igualdad y la dignidad de las personas mayores. Con frecuencia, el contenido de la obligacin de proteger se olvida y no se despliegan todos los esfuerzos para su cumplimiento, dejando en la ms completa arbitrariedad el ejercicio de los derechos constitucionales, que depende finalmente de factores externos ajenos al principio de la igualdad. As, cuando las normas existen pero en la prctica estn desprovistas de su carcter operativo, son los Estados los que no responden a su exigencia primaria de ser garantes de los derechos humanos.\nB. Leyes especiales de proteccin de los derechos en la vejez\nPara promover el enfoque de los derechos humanos en los asuntos de las personas mayores, los Estados deben crear las condiciones jurdicas, polticas, econmicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo ntegro. Esto significa que un Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que adems debera realizar acciones positivas, es decir, tomar medidas administrativas, legislativas y financieras para que el ejercicio de esos derechos no sea ilusorio. Respecto de las medidas legislativas, los Estados pueden reconocer algunos derechos de las personas mayores al incluirlos en leyes generales o sectoriales como ocurre en el caso argentino (Roqu, 2010) o mediante la creacin de normas que los protejan especficamente. Las primeras legislaciones destinadas a las personas mayores en la regin datan de inicios de la dcada de 1990, y cada vez hay mayor nmero de pases que han considerado necesario establecer un marco jurdico especfico para proteger los derechos de las personas de edad o para regular la atencin integral de este grupo social, o para ambos propsitos (vase el diagrama 2).\nDIAGRAMA 2 AMRICA LATINA: CRONOLOGA DE LA APROBACIN DE LAS LEYES DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES\n1999 Ao Internacional delaspersonas de edad 2003 Estrategiaregional sobre envejecimiento\n2002 Plande Accin Internacionalde Madridsobre Envejecimiento\n1991 Principiosde las NacionesUnidas en favordelas personasdeedad\nGuatemala (1996) Repblica Dominicana (1998)\n2007 Declaracinde Brasilia\nFuente: Elaboracin propia sobre la base de la legislacin nacional especfica.\nSeis de los pases en estudio cuentan con una norma especfica en la materia Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la Repblica Dominicana. En otros, como Panam, el proceso de legislar est en marcha (Panam, MIDES, 2010). Belice ha tenido una trayectoria diferente, que se resume en el recuadro 1.\nRECUADRO 1 BELICE: LA SITUACIN DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MBITO LEGAL En 1999, el Gobierno de Belice empez un proceso nacional de consulta destinado a desarrollar una poltica para las personas de edad, que concluy el 21 de junio de 2002 cuando el gabinete adopt la Poltica Nacional para las Personas Mayores. Una de las reas delineadas en la poltica fue el establecimiento de un mecanismo nacional que fuera responsable de su promocin, implementacin, monitoreo y evaluacin. As es como el 10 de febrero de 2003 se cre el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCA por su denominacin en ingls). El NCA rpidamente desarroll el Plan Nacional de Accin para las Personas Mayores 20032008, que promova las reas de inters establecidas en la poltica y aada otros dos mbitos de accin: el VIH/SIDA y el manejo y la preparacin para los desastres. El mismo ao, el NCA desarroll un Plan Estratgico que lo complement, y que detallaba las actividades y programas necesarios para su implementacin. Actualmente se estn debatiendo reformas constitucionales a la Novena Enmienda a la Constitucin de Belice que pueden afectar los derechos y libertades de las personas mayores. Para ello se est llevando a cabo un proceso de consulta en todo el pas, en el que el pblico puede asistir y expresar sus inquietudes sobre los cambios. El proceso terminar en octubre de 2011, antes de volver al gabinete para su revisin.\nFuente: Elaborado sobre la base de National Council on Ageing (NCA), Situational Analysis of Older Persons Belize, 2010; Belize, Ninth Amendment to the Constitution of Belize: Tracking the Trails, 2010, [en lnea], http://www.slideshare.net/MyrtleP/ninth-amendment-to-the-constitution-tracking-the-trails?from=share_email_logout3, fecha de consulta: 29 de agosto 2011, documentacin enviada por la Directora Ejecutiva del NCA de Belice, Lindy Jeffery.\nLa mitad de estas legislaciones surgieron antes de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento la de Guatemala en 1996, la de la Repblica Dominicana en 1998 y la de Costa Rica en 1999. Le siguieron en orden cronolgico la de El Salvador en 2002 y la de Honduras en 2006, siendo la legislacin ms reciente la de Nicaragua (2010), que fue creada con posterioridad a la Declaracin de Brasilia (2007), cuando las personas mayores ya se abran paso dentro de la agenda regional e internacional de derechos humanos. Aunque los objetivos y contenidos de las leyes difieren entre s, en todas ellas se aprecia la intencin de promover y garantizar los derechos humanos de las personas mayores, aunque los mecanismos que establecen para lograrlo difieren entre unas y otras (vase el recuadro 2). Con independencia de la fecha de su gestacin y promulgacin, las leyes analizadas tienen un enorme valor a escala nacional porque permiten estandarizar los derechos y sus contenidos, convirtindose en una herramienta fundamental para hacer efectivos los derechos constitucionales. De acuerdo a los antecedentes recopilados, se podra decir que las leyes existentes son parte de una primera generacin de normas dirigidas a las personas mayores, las que seguramente se perfeccionarn a medida que haya avances internacionales y regionales que promuevan la proteccin de los derechos en la vejez.\nRECUADRO 2 LOS OBJETIVOS DE LAS LEYES ESPECIALES DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS EN LA VEJEZ En Costa Rica, la Ley 7935 determina que las instituciones pblicas y privadas a cargo de programas sociales para las personas mayores debern proporcionarles informacin y asesorarlas tanto sobre las garantas consagradas en esta ley como sobre los derechos establecidos a favor de las personas mayores. En El Salvador, la Ley de Atencin Integral para la Persona Adulta Mayor determina que deben ser informadas de sus derechos y de las leyes que los protegen, y que gozarn de los derechos que les reconocen la Constitucin, los tratados internacionales ratificados por el pas y dems leyes que les garanticen su proteccin. En Honduras, la Ley 199 tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, evitar la discriminacin por motivos de edad y contribuir al fortalecimiento de la solidaridad entre las generaciones, adems de crear una Poltica Nacional para el Adulto Mayor y jubilados y la Direccin General del Adulto Mayor (DIGAM). Paralelamente, busca promover la incorporacin a los sistemas previsionales, el acceso a los servicios mdico-hospitalarios, propiciar la formacin de recursos humanos en las reas de gerontologa y geriatra y fomentar en la familia, el Estado y la sociedad una cultura de aprecio a la vejez. En Guatemala, la Ley de Proteccin para las personas de la tercera edad tiene por objeto y finalidad tutelar los intereses de las personas de edad avanzada que el Estado garantice y promueva. En Nicaragua, la Ley del Adulto Mayor tiene como objetivo garantizar a las personas de edad el pleno ejercicio de sus derechos a travs de la proteccin integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle, para propiciar una mejor calidad de vida para ellas y su plena integracin al desarrollo social, econmico, poltico y cultural. En la Repblica Dominicana, la Ley 352-98 garantiza los derechos del envejeciente y establece acciones tendientes a que el Estado, la comunidad y la familia realicen actividades encaminadas a prestar apoyo a todas aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven sus derechos.\nFuente: S. Huenchuan y L. Rodrguez-Piero, Envejecimiento y derechos humanos: situacin y perspectivas de proteccin, serie Documentos de proyectos, N 353 (LC/W.353), Santiago, CEPAL, 2010.\n1. Los derechos protegidos\na) Discriminacin por edad y discriminacin mltiple\nLa discriminacin por razn de la edad es uno de los problemas ms habituales que enfrentan las personas mayores y, con frecuencia, esta causa se suma a otras categoras como el gnero, el origen tnico y la discapacidad (Mokhiber, 2011). Como resultado, la discriminacin por edad y la discriminacin mltiple colocan a las personas mayores en una situacin de desigualdad sustantiva respecto al ejercicio de los derechos humanos generalmente reconocidos y las hace ms vulnerables que otros grupos a violaciones especficas de estos derechos (Rodrguez-Piero, 2010). Aunque esta situacin es ampliamente conocida, la discriminacin sigue estando profundamente arraigada en el comportamiento y la organizacin de la sociedad, y son pocos los Estados que han emprendido acciones concretas para erradicarla. En los pases estudiados, solo hay tres que establecen el derecho a la no discriminacin por edad en el marco de sus leyes especficas El Salvador, Nicaragua y la Repblica Dominicana. La norma de El Salvador indica que la no discriminacin en razn de la edad, el sexo o cualquier otra condicin social es uno de los derechos fundamentales de las personas mayores. En Nicaragua y la Repblica Dominicana, en tanto, la ley busca eliminar cualquier forma de discriminacin hacia las personas mayores por motivo de edad, capacidad fsica, credo poltico, razn, sexo, idioma, religin, posicin econmica o condicin social. 17\nEn la norma dominicana se incorpora adems la no discriminacin por edad en el trabajo y en la educacin (artculos 19 y 15 respectivamente).\nLa integridad personal constituye per se un derecho fundamental de cualquier ser humano, protegido por las convenciones generales en la materia. Sin embargo, a pesar de que en el ltimo perodo las Naciones Unidas han insistido en que se debe realizar una vigilancia mayor de su cumplimiento, son pocos los pases que incorporan la integridad personal como un derecho explcito en las legislaciones que protegen a las personas mayores. En rigor, solamente la ley de Costa Rica lo hace de manera expresa por medio del artculo 6 sobre integridad fsica, psquica y moral de las personas mayores, la que comprende la proteccin de su imagen, autonoma de pensamiento, dignidad y valores. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y la Repblica Dominicana, aunque se reconoce el carcter daino de los actos de negligencia, violencia o explotacin de las personas mayores, la proteccin de su integridad personal se circunscribe a la promocin del buen trato o al resguardo frente al maltrato, dejando de lado otras dimensiones importantes de este derecho como son, por ejemplo, no ser objeto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, o el consentimiento libre, previo e informado en el caso de experimentos mdicos y cientficos. Actualmente, se est llamando la atencin sobre estos aspectos en todo el mundo, a partir de las recurrentes denuncias de violencia o maltrato contra las personas mayores o la ocurrencia de actos de negligencia en las instituciones de cuidados de largo plazo.\nNivel de vida adecuado y servicios sociales\nEl nivel de vida adecuado y los servicios sociales representan un mbito ampliamente desarrollado en las legislaciones vigentes, aunque sus contenidos varan de un pas a otro. En Costa Rica son varios los artculos que aluden a diversos aspectos vinculados con este derecho. Algunos de ellos se relacionan con la alimentacin, el acceso a las prestaciones, el transporte y la accesibilidad. En Guatemala, por su parte, el Estado tiene el deber de garantizar y promover el derecho de las personas mayores a un nivel de vida adecuado, en condiciones que les permitan acceder a educacin, alimentacin, vivienda, vestuario, asistencia mdica geritrica y gerontolgica integral, recreacin y esparcimiento y los servicios sociales necesarios para una existencia til y digna. Llama la atencin, sin embargo, que por lo general este derecho se garantiza principalmente a las personas mayores desamparadas o en riesgo social, es decir, a aquellas que se encuentren desempleadas, con alguna discapacidad o que hayan perdido sus ingresos, y no se concibe como una garanta extensiva a todas las personas de edad avanzada.\nEl derecho a la salud est protegido en prcticamente toda la legislacin existente. En El Salvador las personas mayores tienen el derecho a recibir asistencia mdica, geritrica y gerontolgica en forma oportuna y eficaz, lo mismo que en Costa Rica. Quizs como ningn otro, este derecho tiene un desarrollo bastante amplio en las leyes vigentes. Incluso en varios casos, como el de Nicaragua y la Repblica Dominicana, se explicitan las obligaciones de los organismos pblicos. Otra diferencia con los dems derechos analizados es que tambin se busca regular a las instituciones privadas, a las que se obliga a brindar atencin a las personas mayores. No obstante estos importantes avances en el derecho a la salud, su inclusin en las legislaciones nacionales es an limitada e insuficiente. Segn la Observacin general N 14 del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (2000), el derecho a la salud entraa libertades y derechos. Las libertades aluden a la capacidad de tomar decisiones independientes sobre\nla salud propia. En el caso de las personas mayores, implican cuestiones como el consentimiento informado, la autonoma y la tutela. Los derechos ataen a las obligaciones positivas del Estado, por ejemplo, incluir una prestacin especfica en el sistema de salud y de proteccin social, en la que se reconozcan y tengan en cuenta los elementos relacionados con la edad (Naciones Unidas, 2011). En virtud de ello, se deberan poner a disposicin de las personas mayores instalaciones, productos y servicios de salud accesibles, asequibles, aceptables y de buena calidad4, aspectos que deben constar de manera explcita en las leyes.\nEl Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, en su Observacin general N 13 sobre el derecho a la educacin, seala que debe hacerse hincapi en que el goce del derecho a la educacin fundamental no est limitado por la edad ni el sexo; se aplica a nios, jvenes y adultos, incluidas las personas mayores. La educacin fundamental, por consiguiente, es un componente integral de la educacin de adultos y de la educacin permanente. Habida cuenta de que la educacin fundamental es un derecho de todos los grupos de edad, deben formularse planes de estudio y los correspondientes sistemas que sean idneos para alumnos de todas las edades (Comit DESC, 1999). En los pases analizados, la educacin y la cultura estn garantizadas en prcticamente todas las leyes, con excepcin de la de Honduras. Sin bien se refieren al acceso a la educacin en todos sus niveles, el contenido de las normas es bastante restringido y carece de un desarrollo amplio como el que propone la observacin citada. Se distingue la ley de la Repblica Dominicana, que incorpora de manera explcita las obligaciones en torno a este derecho, y la de Costa Rica, que adems de los enunciados generales incluye la preparacin adecuada para la jubilacin.\nComo lo ha expresado el Relator especial sobre la vivienda en su informe de 2007 (Naciones Unidas, 2007), el derecho a una vivienda y a un entorno saludable debera garantizarse como una prioridad para las personas mayores, y como tal est resguardado en las legislaciones nacionales de manera muy similar entre un pas y otro. En este mbito, la norma de Nicaragua incorpora el trato preferencial, lo que se traduce en una medida positiva para que las personas de edad accedan a facilidades para financiar, adquirir o remodelar sus viviendas. Lo mismo hace la ley de la Repblica Dominicana, que llama al Instituto Nacional, la Administracin General de Bienes Nacionales y dems entidades pblicas a brindar facilidades para que las personas mayores accedan a una vivienda de calidad. Pese a que todas las leyes hacen referencia a una vivienda digna y a entornos seguros para las personas mayores, hay dos temas que han tenido poca visibilidad en la agenda legislativa de los pases estudiados. Uno de ellos son los derechos sobre la tierra y el otro los desastres naturales. Los derechos sobre la tierra tienen efectos particulares en grupos tales como los pueblos indgenas, las comunidades que histricamente han sido discriminadas, las minoras, los desplazados internos y los migrantes cuando regresan a su lugar de origen. Tiene importancia tambin para las mujeres cuando se trata de la cuestin de la herencia y los problemas de acceso, tenencia y subsistencia (Naciones Unidas, 2007; CEDAW; 2010). Por su parte, los desastres naturales ocurridos en distintos lugares del mundo han dejado en evidencia la desproteccin en que se encuentran las personas mayores. Tanto los terremotos que afectaron recientemente a Hait y Chile como el tsunami que experiment el Japn han demostrado que uno de los sectores ms expuestos a estos riesgos son las personas de edad. En Hait, la encuesta coordinada por la Oficina de Coordinacin para Asuntos Humanitarios (OCHA) y el gobierno mostr\nPara un mayor detalle acerca de los elementos esenciales del derecho a la salud, vase Huenchuan (2011).\nque las personas mayores estn particularmente en riesgo durante las emergencias, porque les es ms difcil salir y buscar ayuda. En el Japn, ms de la mitad de las vctimas tena 65 aos o ms; en Chile, del total de fallecidos informados por el Ministerio del Interior, casi el 60% correspondi a personas mayores y menores de edad. Durante 2010 se produjeron en Amrica Latina 98 desastres naturales, en los que hubo 225.684 muertos y 13.868.360 personas afectadas, y todo indica que este tipo de emergencias seguirn afectando a la regin (Zapata, 2010). Es de suma importancia entonces que las personas mayores estn protegidas frente a estas situaciones y que exista suficiente desagregacin de los datos por sexo y edad para facilitar la identificacin y el abordaje apropiado de todos los efectos que estos fenmenos pueden tener sobre su bienestar.\nEl Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales recuerda en su Observacin general N 6 la necesidad de adoptar medidas para evitar toda discriminacin fundada en la edad en materia de empleo y ocupacin (Comit DESC, 1995). Este aspecto es recogido en la legislacin de la Repblica Dominicana, en la que tambin se establecen las obligaciones especficas de las instituciones del Estado y de las organizaciones de los trabajadores dirigidas a generar condiciones satisfactorias y seguras para los trabajadores mayores, y a tomar medidas positivas destinadas a que las personas de edad que quieran trabajar puedan reubicarse. Un desarrollo distinto se realiza en la ley de Costa Rica, que garantiza a las personas mayores la posibilidad de ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para desempearlo; no ser discriminadas por razn de su edad; contar con los horarios laborales y los planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuacin no perjudique la buena marcha de la entidad empleadora; disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores y no ser explotadas fsica, mental ni econmicamente. En pases menos envejecidos, como Nicaragua y Honduras, la legislacin tambin brinda proteccin en este mbito, aunque de manera diferente. Por ejemplo, en Nicaragua las instituciones del Estado y el sector privado deben hacer todos los esfuerzos necesarios para facilitar el acceso pleno al trabajo, sin menoscabo del ejercicio y disfrute de los derechos y beneficios que derivan de la condicin de persona mayor.\nEl derecho a la seguridad social, por su amplitud y complejidad, es regido por lo general en normas especficas en la materia, las que establecen los planes de jubilacin a partir de una determinada edad. De acuerdo al Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, los Estados partes deben establecer, hasta el mximo de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas, servicios sociales y otros tipos de ayuda para todas las personas mayores que, al cumplir la edad de jubilacin prescrita en la legislacin nacional, no tengan cubiertos los perodos mnimos de cotizacin exigidos, o que por cualquier otra causa no tengan derecho a disfrutar de una pensin de vejez o de otro tipo de prestacin o ayuda de la seguridad social y carezcan de cualquier otro ingreso (Comit DESC, 2008a). Entre los pases estudiados, solo Costa Rica se adhiere a esta norma por medio del artculo 3 de la ley dirigida a proteger a las personas mayores, en la que establece el derecho a una pensin concedida oportunamente, que ayude a las personas de edad a satisfacer sus necesidades fundamentales, hayan contribuido o no a un rgimen de pensiones, as como la asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o prdida de sus medios de subsistencia. En el otro extremo se ubica El Salvador, que solo reafirma el derecho de las personas mayores a recibir oportunamente una pensin por retiro o cuotas subsidiarias para gastos personales, y a que se revise peridicamente su pensin a fin de adecuarla al costo de vida vigente.\nLos cuidados de largo plazo adoptan dos formas generales: atencin domiciliaria o residencial. Esta ltima es el alojamiento y el cuidado de una persona en una institucin de atencin especializada. Dado el crecimiento de estas instituciones en un contexto caracterizado por la ausencia de mecanismos institucionales y de medidas para proteger a las personas mayores en el mbito de la atencin externa y no familiar (Naciones Unidas 2011), es de suma importancia examinar la forma en que los derechos y libertades de las personas mayores estn protegidos en las legislaciones actuales. Los derechos de las personas que viven en instituciones de cuidado de largo plazo tambin suelen ser objeto de normas particulares, que en general son complementarias de las leyes especiales de proteccin de los derechos de las personas mayores. Solo dos pases de esta subregin incluyen disposiciones en tal sentido en las leyes especiales para las personas de edad: Costa Rica y la Repblica Dominicana. En la norma costarricense hay un desarrollo bastante detallado. El artculo 5 alude a los derechos de las personas institucionalizadas en el mbito privado la denominacin general del artculo es derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados. Su texto sostiene que, adems de lo comprendido en el derecho a la integridad, toda persona mayor que resida permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra modalidad de atencin tiene los siguientes derechos: a) relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que desee compartir, y recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados; b) recibir informacin previa de todos los servicios que presta el establecimiento y de su costo; c) ser informada respecto de su condicin de salud y la participacin en el tratamiento que requiere; d) oponerse a recibir tratamiento mdico experimental y con exceso de medicamentos (polifarmacia); e) no ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo consentido; f) no ser aislada; g) administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que se las administre y recibir informes trimestrales del responsable de manejarlas; h) gozar de privacidad durante las visitas de su cnyuge o compaero; i) circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de l. Como recomendacin, las normas que protegen a las personas mayores que reciben cuidados de atencin residencial de largo plazo deben tener especialmente en cuenta las repercusiones que tiene el internamiento en una institucin para la autonoma y la dignidad. La prdida de la independencia plena, las restricciones a la libertad de movimiento y la falta de acceso a las funciones bsicas pueden ocasionar profundos sentimientos de frustracin y humillacin a cualquier persona si no cuenta con el resguardo debido. Por este motivo, junto con establecer los derechos de los residentes en instituciones de cuidado de largo plazo, es de suma importancia que se instauren los mecanismos de denuncia de las prcticas que coarten la libertad y la autonoma de las personas mayores (Naciones Unidas, 2011).\nSituacin de detencin o prisin\nLos derechos de las personas mayores en situacin de detencin o prisin estn desarrollados nicamente en la norma de la Repblica Dominicana, que los aborda en sus artculos 5 y 6, estableciendo que la polica nacional deber brindar la mayor consideracin y respeto al envejeciente detenido y notificar la detencin a sus familiares en un plazo de 24 horas, en tanto que las autoridades judiciales tramitarn sus casos con especial cuidado y debern garantizarles condiciones mnimas de salud y alimentacin durante el proceso. En situacin de incomunicacin, el poder judicial deber ordenar un examen mdico diario. Finalmente, el artculo 6 afirma que: La Procuradura General de la Repblica instruir a los responsables del sistema penitenciario para que ofrezcan un trato preferencial a la persona mayor que permanezca en prisin preventiva, de manera que la prdida de su libertad, hasta donde sea posible, no implique tambin la prdida de su trabajo, ni de los servicios de salud que recibiere y que tampoco implique el desamparo de su cnyuge o compaero(a).\nCUADRO 3 CENTROAMRICA Y LA REPBLICA DOMINICANA: DERECHOS PROTEGIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES DEDICADAS A LAS PERSONAS MAYORES, 2011\nDerechos/pas y ao de la ley Igualdad y no discriminacin Vida y muerte dignas Integridad fsica, psquica y emocional y trato digno Nivel de vida adecuado y servicios sociales Salud fsica y psquica Educacin y cultura Vivienda y entorno saludable Trabajo Seguridad social Derechos y libertades fundamentales de las personas institucionalizadas Derechos de las personas mayores en situacin de detencin o prisin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Costa Rica (1999) El Salvador (2002) X Guatemala (1996) X Honduras (2006) X Nicaragua (2010) X Rep. Dominicana (1998) X X X X X X X X\n2. Las garantas para hacer efectivos los derechos\nLos derechos pueden ser tutelados en las constituciones y en un marco legislativo especfico, pero ese reconocimiento no necesariamente es suficiente para que sean efectivos. Por ello es imprescindible contar con mecanismos especiales de proteccin garantas, para que sus destinatarios puedan satisfacer realmente la necesidad o el inters protegido (Wilhelmi y Pisarello, 2008). Las formas de garanta pueden distinguirse de acuerdo al sujeto o los sujetos que ofician como actores principales del resguardo del derecho (Abramovich y Courtis, 2006). Por una parte estn las garantas institucionales, y por la otra, las garantas ciudadanas.\nSon aquellos mecanismos de proteccin y tutela de los derechos encomendados a los rganos institucionales como el gobierno, el legislador, el administrador o los jueces. Para su anlisis se pueden dividir en garantas polticas y jurisdiccionales. Las primeras corresponden a aquellas vas de tutela cuya implementacin se asigna al poder legislativo ordinario o constitucional, al gobierno o a la administracin, mientras que las segundas se confan a los tribunales ordinarios o especiales, como los tribunales constitucionales (Wilhelmi y Pisarello, 2008). En los pases analizados con la excepcin de Belice, la garanta primaria de los derechos de las personas mayores est expresada en la decisin del legislador de incluirlos en la norma con ms valor dentro del ordenamiento jurdico nacional, es decir, la constitucin. Se trata de un contenido mnimo o esencial, que es complementado con un desarrollo posterior por medio de una legislacin especfica. Ahora bien, aunque la importancia de este tipo de garanta est fuera de toda duda, es indiscutible que confiar el cumplimiento de los derechos a su mera existencia dentro de una norma no asegura su realizacin (Wilhelmi y Pisarello, 2008). Es por eso que, en el caso de Costa Rica, se 22\nindican claramente los mecanismos que los poderes pblicos deben implementar para proteger los derechos de las personas mayores. Los artculos 12 al 15 de la ley costarricense establecen los deberes del Estado, las instituciones y organizaciones sociales y la familia para el cumplimiento de la norma. Especficamente en el artculo 12 se indica que: el Estado deber garantizar las condiciones ptimas de salud, nutricin, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Este desarrollo se profundiza para cada uno de los derechos contemplados por la ley. As, por ejemplo, respecto del derecho a la salud se detallan en el artculo 18 las acciones que debe emprender el Ministerio de Salud, entre las que se encuentran garantizar la existencia de programas dirigidos a las personas mayores, la realizacin de programas de capacitacin, la acreditacin para que funcionen los establecimientos y los programas y garantizar el presupuesto necesario para cubrir los servicios respectivos. Lo mismo se hace en relacin al derecho a la educacin y la cultura, el deporte y la recreacin, la vivienda y el trabajo. En la Repblica Dominicana, la ley tambin establece los deberes de cada una de las secretaras del Estado y otros rganos del poder ejecutivo, y agrega en el mismo nivel al sector privado, no gubernamental e incluso a la familia. Por ejemplo, respecto del derecho al empleo, en el artculo 19 se indica que es deber de la secretara de Estado a cargo del rea del trabajo, de las organizaciones empresariales, centrales sindicales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la comunidad y la familia, tomar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas mayores jubiladas o pensionadas un nivel mnimo de recursos adecuados para su subsistencia y la de su familia, entre otras varias obligaciones. En este caso en particular habra que evaluar si, pese a la exhaustiva delimitacin de obligaciones, el hecho de extenderlas a una amplia variedad de sujetos desde el Estado hasta la familia conlleva el riesgo de diluirlas en la prctica, confundindose adems el rol del Estado en la supervisin y el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los actores privados. En Guatemala, la ley igualmente establece obligaciones para el Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, las universidades, el Ministerio de Trabajo y Previsin Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros organismos, aunque centra la responsabilidad principal en el Comit Nacional de Proteccin a la Vejez (CONAPROV), inscrito en la Secretara de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP). En Costa Rica y la Repblica Dominicana las instituciones que crea la ley el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), respectivamente tambin comparten el hecho de tener deberes especficos con respecto al cumplimiento de la normativa, pero no son exclusivos y, como se dijo en los prrafos anteriores, se extienden de manera expresa a otros rganos del Estado. En los dems pases estudiados, las garantas polticas se concentran casi exclusivamente en la institucin que se crea por medio de la ley especfica. De este modo, en Honduras recae en la Direccin General del Adulto Mayor (DIGAM), adscrita a la Secretara de Estado en los Despachos de Gobernacin y Justicia, la que tiene el propsito de garantizar la finalidad y objetivos de la norma. En Nicaragua, el Consejo Nacional del Adulto Mayor (CONAM), perteneciente al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez, es el que tiene que velar por el cumplimiento no solo de la ley 720, sino adems por el de todas las declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y dems disposiciones conexas relativas a los derechos de las personas mayores. Otra garanta que comparten todas las leyes es la de atencin preferencial, cuyo mayor desarrollo se encuentra en la norma de Costa Rica: toda institucin pblica o privada que as lo acuerde que brinde servicios al pblico deber mantener una infraestructura adecuada, asientos preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas mayores que los requieren, adems, deber ofrecerles los recursos humanos necesarios para que realicen procedimientos alternativos en los trmites administrativos, cuando tenga alguna discapacidad.\nCumpliendo con esta norma, la Sala Constitucional de Costa Rica ha acogido algunos recursos de amparo para hacer efectiva la atencin preferencial. Es el caso de la sentencia 11.170 del 8 de octubre de 2004, fallada a favor del recurrente, entre otras razones porque no respetar la atencin preferencial de las personas mayores tiene consecuencias constitucionales, es decir se lesiona con tal omisin el Derecho de la Constitucin, concretamente el rgimen de derechos fundamentales. El fallo impuso al demandado que en este caso era un organismo de Estado que debe tomar las medidas necesarias para garantizar a las personas mayores, el acceso con preferencia, para atender sus gestiones y trmites (Costa Rica, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2004)5. Por ltimo, una de las garantas que con frecuencia es omitida u olvidada en las legislaciones es la provisin y aseguramiento de partidas presupuestarias que permitan satisfacer los derechos en cuestin. Ningn servicio destinado al cumplimiento de los derechos sociales educacin, salud, vivienda, seguridad social, entre otros puede funcionar sin partidas presupuestarias adecuadas (Abramovich y Courtis, 2006), por ello, en algunas de las leyes analizadas se han incorporado disposiciones para asegurar el financiamiento; en otras, en cambio, el tema est completamente acotado (vase el recuadro 3).\nRECUADRO 3 EL PRESUPUESTO Y LA GARANTA DE LOS DERECHOS EN LA VEJEZ El presupuesto es un asunto fundamental para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas mayores, ya que las prerrogativas consideradas en la legislacin nacional requieren del financiamiento de servicios o prestaciones que no pueden brindarse sin partidas presupuestarias adecuadas. En el marco del nuevo pacto propuesto por la CEPAL, los derechos de las personas de edad deberan incorporarse en el presupuesto para financiar la proteccin social. Esto conlleva, adems, la necesidad de estudiar e implementar los mecanismos necesarios para asegurar que no exista un retroceso en los servicios y prestaciones para el ejercicio efectivo de los derechos, en un escenario de solidaridad y universalidad. Sin embargo, en la mayora de las leyes especiales de proteccin de las personas mayores de la regin no se menciona el presupuesto que se debera asignar para garantizar los derechos establecidos en ellas. Solo algunas incorporan las normas usuales, que aluden a que el Estado determinar los fondos en la ley de presupuesto anual del ejercicio fiscal, o facultan a las instituciones a gestionar o utilizar los recursos que provengan de donaciones o recaudados por multas y loteras, entre otros. En El Salvador se establece que la institucin rectora estar autorizada para gestionar fondos ante organizaciones pblicas y privadas, nacionales e internacionales. En la reglamentacin de la ley se seala que esta institucin o los miembros del Consejo debern incluir en sus presupuestos las partidas requeridas para cumplir las disposiciones de la ley. La normativa dominicana establece que ser sustentada con una asignacin anual no menor al 0,5% del presupuesto asignado a la Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social. Adems, indica que en las provincias donde funcionan hogares de ancianos y centros diurnos debidamente inscritos y reconocidos por el Consejo, al menos el 10% del presupuesto destinado por los respectivos ayuntamientos al rea de la salud deber ser distribuido con equidad entre estos centros, para lo que los ayuntamientos debern coordinarse con el Consejo. (contina)\nEn Costa Rica, la Sala Constitucional tiene como fin regular la jurisdiccin constitucional, cuyo objetivo es garantizar la supremaca de las normas y principios constitucionales, el derecho internacional vigente en la repblica (interpretacin y aplicacin), as como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitucin Poltica o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el pas. Para cumplir con este objetivo, la Ley de la Jurisdiccin Constitucional establece 6 recursos: el hbeas corpus, el amparo, la accin de inconstitucionalidad, la consulta legislativa, la consulta judicial y el conflicto de competencia (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, s/f).\nRecuadro 3 (conclusin) Un mecanismo diferente de financiamiento se aplica en Costa Rica, donde mediante la ley 7.972 de creacin de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos se asignan recursos econmicos al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para su operacin y mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atencin de los hogares, albergues y centros diurnos pblicos o privados; para financiar programas de atencin, rehabilitacin o tratamiento de personas mayores en estado de necesidad o indigencia, as como para financiar programas de organizacin, promocin, educacin y capacitacin que potencien las capacidades en la vejez, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y la comunidad.\nFuente: S. Huenchuan (ed.), Envejecimiento, derechos humanos y polticas pblicas, Libros de la CEPAL, N 100 (LC/G.2389-P), Santiago, CEPAL, 2009.\nLas garantas jurisdiccionales comportan la posibilidad de vulneracin, por accin u omisin, de las garantas polticas que recin se revisaron, pudindose impugnar ante un tribunal. En las leyes analizadas, las sanciones son explcitas cuando se trata de violencia y maltrato contra las personas mayores. En Costa Rica se establecen sanciones penales, administrativas y civiles para los abusos en contra de las personas de edad. En El Salvador, las medidas de proteccin remiten a la ley de violencia intrafamiliar y la normativa de la familia, penal y procesal penal. En Nicaragua solo la violencia contra las personas mayores se sanciona por la va penal, en concordancia con la ley de violencia domstica. Para los dems derechos, lo ms usual son las sanciones de orden administrativo amonestacin escrita, suspensin de apoyo financiero y tcnico o clausura de un establecimiento, como ocurre en la Repblica Dominicana, o monetario, como sucede en Honduras. En ambos casos, la ejecucin de las sanciones es confiada a la institucin rectora creada por la ley (CONAPE y DIGAM, respectivamente). En Honduras se remite a la Ley de Servicio Civil, Cdigo del Trabajo o legislacin especial aplicable cuando la infraccin es cometida por servidores pblicos. En Nicaragua, las infracciones por violaciones hechas por servidores pblicos son consideradas una falta grave, y sancionadas conforme el rgimen laboral aplicable que corresponda. En el caso que la infraccin sea cometida por empresas privadas, la norma indica que se pondrn en conocimiento de la Direccin de Atencin al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niez, la que debe formular las disposiciones reglamentarias para tal efecto. En el texto legal de Guatemala se efecta un amplio desarrollo de las garantas jurisdiccionales, ya que se remite al Cdigo Penal en caso de que se le niegue auxilio o asistencia a las personas mayores, cuando las personas o instituciones no cumplan con lo establecido en la ley de proteccin o en caso de maltrato de una persona de edad, incluyendo el abuso patrimonial. Las personas mayores que sean objeto de malos tratos, ofensas, humillaciones o lesiones tambin tienen derecho a solicitar proteccin ante el juez competente o pueden iniciar juicios de alimentos ante el tribunal. En este pas, las sanciones jurisdiccionales se suman a otro mecanismo de proteccin secundario: el Procurador de los Derechos Humanos, quien est obligado a aportar antecedentes sobre un caso cada vez que sea necesario. Lo mismo se hace en Costa Rica, por medio del artculo 69 de la ley 7935, que reforma la ley 7319 en su artculo 11, para incluir en la Defensora de los Habitantes una Defensora para la proteccin de las personas mayores que cuente con los rganos especiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias. La reforma seala que: La Defensora para la proteccin de la persona adulta mayor deber estar abierta las veinticuatro horas del da, todos los das del ao, y ser la encargada de velar por la no discriminacin y la exigencia de trato preferencial para las personas adultas mayores en las instituciones del Estado y en la prestacin de los servicios pblicos, as como cualquier otra situacin o queja relativa a este sector de la poblacin. 25\nDebido a la gran variedad de derechos protegidos, obligaciones y obligados, las garantas jurisdiccionales deberan estar ampliamente desarrolladas en los textos legales estudiados. Sin embargo, se aprecian debilidades importantes en varios pases, que sumadas a las dificultades para acceder a la justicia, pueden derivar en la desproteccin de los derechos. En Nicaragua, la ley llama a los jueces o tribunales competentes a ofrecer a las personas mayores un proceso sencillo, con prelacin, celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantas procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos. En Honduras, el artculo 7 indica que toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrn denunciar ante los rganos competentes todo hecho, acto u omisin que produzca o pueda producir dao o afectacin a los derechos y garantas que establece la presente ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los dems ordenamientos que regulen materias relacionadas con los adultos mayores y jubilados. Este tipo de disposiciones pueden convertirse en papel mojado si no hay mecanismos que favorezcan el acceso de las personas mayores a la justicia (vase el recuadro 4). El diagnstico del Poder Judicial de Costa Rica es iluminador en este sentido, al identificar los principales obstculos a los que hay que hacer frente en la actualidad con respecto a este grupo social: No se brinda informacin sobre los servicios, trmites y procedimientos judiciales en general, y en especial los dirigidos a la persona adulta mayor. Aunque ya se han definido algunas acciones para sensibilizar a la poblacin judicial, an falta materializar algunos esfuerzos que permitan disponer de personal capacitado y sensibilizado para prestar una atencin personalizada al adulto mayor. Ausencia de asesora jurdica especializada. Carencia de una poltica para adecuar los servicios que se brindan a la especificidad etaria y las necesidades particulares de la persona adulta mayor usuaria. Inexistencia de mecanismos institucionales que permitan a la poblacin adulta mayor una simplificacin de los trmites y requisitos, dentro del marco de la Ley de Proteccin al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trmites Administrativos, considerando la condicin etaria de la persona. Falta de acciones que promuevan el principio de autonoma de las personas adultas mayores a nivel institucional, de manera tal que se garantice la proteccin necesaria en caso de presentarse situaciones de vulnerabilidad (Repblica de Costa Rica, Poder Judicial, en lnea, http://www.poder-judicial.go.cr).\nRECUADRO 4 ACCESO A LA JUSTICIA EN COSTA RICA La Comisin de Accesibilidad del Poder Judicial de Costa Rica fue diseada para visibilizar las barreras y obstculos, lograr el acceso efectivo y promover acciones y polticas pblicas para las poblaciones en condicin vulnerable, entre ellas la de edad avanzada. La poltica de accesibilidad tiene, entre otros, los siguientes objetivos: i) establecer lneas de accin para cumplir con la poltica en todos los mbitos que conforman el poder judicial, ii) identificar y erradicar obstculos dando especial atencin al acceso a los servicios y las decisiones judiciales, y iii) garantizar a la poblacin adulta mayor el acceso a la justicia y establecer responsables para su seguimiento y cumplimiento. La poltica establece acciones concretas como: (contina)\nRecuadro 4 (conclusin) Identificacin clara y accesible de los expedientes judiciales en los que figure como parte una persona mayor. Habilitacin de una casilla especial para el trmite gil y la resolucin de los expedientes judiciales en que intervenga una persona mayor. Traslado de diligencias al sitio donde reside o se encuentra la persona mayor, para atenderla o realizar el trmite judicial que corresponda. Habilitacin de la lnea de informacin gratuita de la Contralora de Servicios, para que las personas mayores, sus familiares o personeros de instituciones que velan por sus derechos realicen consultas. Capacitacin al personal judicial para la atencin de esta poblacin y una estrategia de informacin y campaas para sensibilizar sobre el tema. Se han desarrollado varias acciones tiles en el marco de la aplicacin de la poltica, entre ellas: El Organismo de Investigacin Judicial (OIJ) incorpor en su sistema de gestin alarmas para la identificacin de una persona mayor en la recepcin, por medio del nmero de cdula. Con ello se instruye mediante avisos en la pantalla sobre la poltica que debe aplicarse para la debida atencin del caso. Se ha extendido la buena prctica que dise el OIJ al resto de los sistemas de gestin, con el fin de que detecten cuando en un asunto est involucrada una persona mayor y se activen alarmas y recordatorios para el operador. Los despachos judiciales han generado estadsticas e informes de la cantidad de personas mayores atendidas y el trato preferente que le han brindado. Se realiza un seguimiento a los administradores del circuito en la aplicacin de la poltica.\nEsta iniciativa ha facilitado la elaboracin de estadsticas sobre los problemas que ms afectan a las personas mayores. Por ejemplo, de las denuncias interpuestas en el OIJ en el primer semestre de 2010, ms de un tercio (37%) correspondieron a San Jos. El 65% de los casos (811) fueron por delitos contra la propiedad, la mayora de ellos por robo (306) y hurto (257). Tambin se han generado informes de la cantidad de expedientes activos y resueltos en materia laboral, de pensiones, familiar y violencia domstica. Todos estos antecedentes sern de mucha utilidad para el desarrollo de acciones de prevencin y promocin de los derechos de las personas mayores.\nFuente: Lupita Chaves Cervantes, presentacin realizada en el foro Por una vida sin maltrato. La dignidad es un derecho que se construye con hechos, organizado por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en coordinacin con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y la Contralora de Servicios del Poder Judicial, San Jos, Costa Rica, 16 de junio de 2010.\nLas leyes pueden hacer uso de varios tipos de garantas institucionales, sin embargo, todos estos mecanismos tienen una paradoja: se encomiendan a rganos de poder, que precisamente por su carcter se encuentran en una situacin propicia para vulnerarlos. Por ello, hay que acompaarlas de garantas ciudadanas que vayan ms all de los mecanismos clsicos de tutela y que involucren a los afectados en la construccin y proteccin de sus derechos (Wilhelmi y Pisarello, 2008). Las garantas ciudadanas son instrumentos de defensa y tutela de derechos que dependen directamente de los titulares (Abramovich y Courtis, 2006), y pueden asumir diferentes formas. Una de ellas es la garanta de participacin institucional, es decir, instrumentos de incidencia directa o indirecta en la construccin de las garantas institucionales, en cuyo caso el acceso a la informacin es fundamental. Este acceso supone la posibilidad de informarse y evaluar las polticas. Para ello, el Estado debe producir y poner a disposicin de los ciudadanos informacin relativa a la situacin de las 27\ndiferentes reas de trabajo, el contenido de las polticas pblicas desarrollas o proyectadas, con expresa mencin de sus fundamentos, objetivos, plazos de realizacin y recursos involucrados (Abramovich y Courtis, 2006). En las leyes analizadas, las garantas ciudadanas estn menos desarrolladas que las institucionales. Nuevamente Costa Rica es el nico pas que establece la participacin como objetivo y los mecanismos mediante los que debe hacerse efectiva. Para ello, en el artculo 14, sobre informacin, la ley establece que: Las instituciones pblicas y privadas, a cargo de programas sociales para las personas adultas mayores, debern proporcionarles informacin y asesorarlas tanto sobre las garantas consagradas en esta ley como sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El Consejo [CONAPAM] se encargar de coordinar las acciones necesarias en este campo. Asimismo, en el artculo 15, sobre deberes de instituciones y organizaciones sociales, se indica que las instituciones y organizaciones ejecutoras de la poltica social debern  suministrar los servicios sociales dirigidos a fomentar la promocin, participacin e integracin social de las personas adultas mayores. Ms adelante, la ley indica las tareas especficas que el CONAPAM debe desarrollar en este sentido. En la Repblica Dominicana, la participacin de las personas mayores est contenida en disposiciones sobre la educacin, los programas de autogestin de ingresos y los servicios sociales, pero no hay mecanismos especficos para lograr su cumplimiento. En El Salvador se circunscribe al mantenimiento de los valores y las costumbres en el mbito comunitario, sin desarrollar tampoco los dispositivos para asegurarla. En Honduras tambin se rescata la participacin de las personas mayores en la comunidad y en la definicin de los servicios de salud. Adems, en los principios de la ley se incluye la posibilidad de que las personas de edad sean consultadas y tomadas en cuenta. Lo mismo ocurre en Nicaragua, que incorpora la participacin en los principios de la ley, pero en ambos casos las vas para hacer efectivas estas disposiciones estn ausentes. En definitiva, la falta de mecanismos para asegurar el cumplimiento de la garanta de participacin es comn en todos los pases, con la excepcin de Costa Rica.\nEn este estudio se ha presentado el desarrollo normativo de los derechos de las personas mayores en Centroamrica y la Repblica Dominicana, analizado a la luz de las referencias obligatorias existentes en los tratados y polticas mundiales y regionales de las Naciones Unidas. Las principales conclusiones del informe son las siguientes: 1. Se ha avanzado en el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas de edad en la mayor parte de los pases analizados, lo que supone estndares esenciales de proteccin. En la mayora, este reconocimiento se concentra en ofrecer una proteccin mnima en la vejez. Solo algunos pases consideran la discriminacin por edad y muy pocos garantizan los derechos econmicos, sociales y culturales. En algunos casos, incluso, la proteccin de las personas mayores en el texto constitucional se restringe a los sectores ms vulnerables. No obstante, el hecho que los derechos de las personas de edad se hayan reconocido constitucionalmente es un primer paso, que puede desarrollarse con mayor amplitud en el marco normativo nacional. 2. La proteccin constitucional conlleva obligaciones de conducta y de resultado. De acuerdo a las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, las primeras se refieren al desarrollo de acciones racionalmente concebidas con el propsito de asegurar el ejercicio de los derechos leyes, polticas, programas, entre otras, y las obligaciones de resultados requieren que los Estados cumplan objetivos concretos que satisfagan la norma sustantiva. Ambas obligaciones deben estar muy claras para los Estados y los ciudadanos, puesto que de lo contrario el reconocimiento constitucional se transforma en un ejercicio puramente terico, sin consecuencias prcticas para los derechos que se busca proteger. 3. En los pases estudiados, las leyes especiales de proteccin de los derechos de las personas mayores se desarrollaron durante la segunda mitad de la dcada de 1990. En algunos casos su promulgacin obedeci al reordenamiento de las fuerzas polticas dentro del pas, en otros respondi al impulso dado por las primeras damas o al inters genuino de los poderes pblicos por responder de manera concreta a los desafos que conlleva el crecimiento vertiginoso de la poblacin adulta mayor en el contexto nacional. La influencia externa, principalmente en la forma de cooperacin internacional, ha tenido tambin un efecto impulsor en el desarrollo de las legislaciones. 4. Las leyes especiales tienen un enorme valor, debido a que pueden desarrollar de manera pormenorizada el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas mayores, 29\npermiten organizar la accin de los Estados a favor de este grupo por medio del cumplimiento de obligaciones y establecen los lmites y posibilidades de la accin de los poderes pblicos para el ejercicio de los derechos y las libertades en la vejez. 5. De la revisin de las leyes especiales surge que la esencia y estructura de los derechos de las personas mayores es todava una arena de discusin. As, el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado o al trabajo no tienen el mismo significado en un pas que en otro. La falta de homogenizacin tiene como resultado que los Estados, en mayor o menor medida, se aparten de los estndares mnimos universales de derechos humanos. En este marco, urge adecuar las legislaciones existentes a la norma de los tratados, la interpretacin de los rganos de supervisin y, por cierto, a las polticas mundiales y regionales a favor de las personas mayores. 6. Una segunda debilidad de las legislaciones analizadas es la falta de garantas institucionales tanto de orden poltico como jurisdiccional para el cumplimiento de los derechos. Varias normas carecen de mecanismos especficos de proteccin para que sus destinatarios puedan satisfacer realmente la necesidad o el inters protegido. 7. Las garantas institucionales, con notables excepciones, tienen su principal debilidad en que la norma no establece de manera explcita las obligaciones ni los sujetos obligados para los derechos que son protegidos. De este modo, se enumeran prerrogativas a favor de las personas mayores, pero no est claro qu rgano de gobierno, legislativo o judicial debe responder para hacer efectivo el derecho. Lo mismo ocurre con las sanciones, que generalmente son de tipo administrativo, concentrando la responsabilidad de su ejecucin en las instituciones creadas por la misma legislacin, muchas de las cuales no cuentan con el personal calificado, la ubicuidad institucional, el presupuesto o los procedimientos para hacerlas efectivas. 8. Unido a lo anterior, y con excepcin de algunos pases, existen dificultades para el acceso de las personas mayores a la justicia. En la mayora de los pases analizados no hay una poltica clara de accesibilidad para las poblaciones vulnerables, y cuando existe, no siempre incluye a las personas de edad. Hay enormes obstculos en este mbito que deben ser superados para que las garantas de las leyes sean implementadas. 9. Es de suma importancia fortalecer las garantas ciudadanas en las leyes analizadas. En varios casos, los principios de las leyes o sus objetivos incorporan la participacin de las personas mayores; sin embargo, no se establecen dentro del mismo texto legal instrumentos de defensa y tutela de los derechos que dependan directamente de los titulares. De este modo, la falta de canales institucionales de participacin en los asuntos que afectan a las personas mayores o las dificultades de acceso a la informacin pblica son parte de los obstculos a superar, puesto que para una efectiva implementacin de las leyes se necesita involucrar a los propios afectados en la construccin y proteccin de sus derechos. En resumen, es evidente que las legislaciones existentes para la proteccin de las personas mayores se pueden mejorar. Sus actuales imperfecciones son parte de un proceso en construccin. Hay que recordar que en Centroamrica y la Repblica Dominicana se originaron las primeras leyes de proteccin de los derechos de las personas mayores de la regin. Son parte de una primera generacin de normas, cuyo valor e influencia impulsaron procesos legislativos en el resto de los pases. Hoy en da, la tarea es otra y el contexto en que se analizan y discuten los derechos de las personas mayores tambin. En este nuevo escenario, los legisladores tienen un rol fundamental para mejorar los marcos normativos vigentes, dotando a los derechos de las personas mayores de mecanismos eficaces de proteccin.\nAbramovich, Vctor y Christian Courtis (2006), El umbral de la ciudadana: el significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, Buenos Aires, Editores del Puerto. CEDAW (Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer) (2010), General recommendation N 27 on older women and protection of their human rights (CEDAW/C/2010/47/GC.1), Forty-seventh session, 4 22 October. _____ (2009), Nota conceptual relativa al proyecto de recomendacin general sobre la mujer de edad y la proteccin de sus derechos humanos (CEDAW/C/2009/II/WP.1/R), 44 perodo de sesiones, 20 de julio al 7 de agosto. CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe) (2008a), Declaracin de Brasilia (LC/G.2359), Santiago. _____ (2008b), Resoluciones aprobadas por la CEPAL en su trigsimo segundo perodo de sesiones, [en lnea], http://www.cepal.org/pses32/noticias/paginas/4/33374/2008-434SES32-Resoluciones.pdf. _____ (2004), Estrategia regional de implementacin para Amrica Latina y el Caribe del Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (LC/G.2228), Santiago. Comit DESC (Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales) (2009), Observacin General N 20: La no discriminacin y los derechos econmicos, sociales y culturales (artculo 2, prrafo 2) (E/C.12/GC/20), 42 perodo de sesiones, Ginebra, 4 al 22 de mayo. _____ (2008a), Observacin General N 19: El derecho a la seguridad social (artculo 9) (E/C.12/GC/19), 39 perodo de sesiones, Ginebra, 5 al 23 de noviembre. _____ (2008b), Observacin general N 13: El derecho a la educacin (artculo 13), reproducido en: Instrumentos internacionales de derechos humanos. Volumen I. Recopilacin de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por rganos creados en virtud de tratados de derechos humanos [HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)]. _____ (2000), Observacin general N 14: El derecho al disfrute del ms alto nivel posible de salud (artculo 12), 22 perodo de sesiones, reproducido en: Instrumentos internacionales de derechos humanos. Volumen I. Recopilacin de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por rganos creados en virtud de tratados de derechos humanos [HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)]. _____ (1999), Aplicacin del Pacto Internacional de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Observacin general 13. El derecho a la educacin (artculo 13 del Pacto) (E/C.12/1999/10), 21 perodo de sesiones, 15 de noviembre al 3 de diciembre. _____ (1995), Observacin General N 6: Los derechos econmicos, sociales y culturales de las personas mayores (E/1996/22), 13 perodo de sesiones, 24 de noviembre. Costa Rica, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2004), Sentencia: 11170. Expediente: 03-005351-0007-CO. Recurso de amparo interpuesto por Francisco Arias Morales, mayor,\nagente aduanero, vecino de Aserr, portador de la cdula de identidad nmero 1-226-219, contra la Administracin Aduanera de la Aduana Central, San Jos, [en lnea], http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=2 &tem1=sentencia 11170&nValor1=1&nValor2=300308&param7=0&strTipM=T&lResultado= 11&strLib=LIB. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional (s/f), Funciones y Competencias de la Sala, [en lnea], http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional, San Jos (Costa Rica), fecha de consulta: agosto de 2011. Huenchuan, Sandra (2011), La proteccin de la salud en el marco de la dinmica demogrfica y los derechos, serie Poblacin y desarrollo, N 100 (LC/L.3308-P), Santiago, CEPAL. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.11.II.G.27. _____ (ed.) (2009), Envejecimiento, derechos humanos y polticas pblicas, Libros de la CEPAL, N 100 (LC/G.2389-P), Santiago, CEPAL. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.08.II.G.94. Marie, Jean-Bernard (s/f), Sistemas nacionales de proteccin de los derechos humanos, [en lnea], http://www.iin.oea.org/iin/cad/sim/pdf/mod1/Texto%2010.pdf. Mokhiber, Craig (2011), Open-ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the Human Rights of Older Persons (GA res. 65/182), Second working session, New York, 1-4 August, [en lnea], http://social.un.org/ageing-working-group/documents/Mokhiber%20Panel%201-Aug%20session-rev.pdf. Naciones Unidas (2011), Estudio temtico sobre el ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores realizado por el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental, Anand Grover (A/HRC/18/37), Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 18 perodo de sesiones, 4 de julio. _____ (2007), Aplicacin de la resolucin 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari (A/HRC/4/18), Consejo de Derechos Humanos, cuarto perodo de sesiones, 5 de febrero. _____ (2002), Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 al 12 de abril. _____ (1991), Resolucin 46/91 Ejecucin del Plan de Accin Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas, 16 de diciembre. _____ (1982), Resolucin 37/51 Cuestin del envejecimiento, 3 de diciembre. OMS (Organizacin Mundial de la Salud) (2002a), Active Aging: A Policy Framework, Ginebra [traduccin no oficial al castellano de Pedro J. Regalado Doa (2002), Envejecimiento activo: un marco poltico, Revista Espaola de Geriatra N 37(2), pp. 94-105]. _____ (2002b), Declaracin de Toronto para la Prevencin Global del Maltrato de las Personas Mayores, Ginebra. OPS (Organizacin Panamericana de la Salud) (2009), Plan de accin sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable (CE144.R13), junio. Panam, MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) (2010), Informe de Panam en la sesin Proteccin jurdica en materia de envejecimiento: Momento actual y proyeccin futura, X Conferencia Riicotec De la necesidad a los derechos en las polticas pblicas de discapacidad y envejecimiento, Asuncin, 22 al 24 de septiembre. Rodrguez-Piero, Luis (2010), Los desafos de la proteccin internacional de los derechos humanos de las personas de edad, coleccin Documentos de proyecto N 305 (LC/W.305), Santiago, CEPAL. Roqu, Mnica (2010), Informe de Argentina en la sesin Proteccin jurdica en materia de envejecimiento: Momento actual y proyeccin futura, X Conferencia Riicotec De la necesidad a los derechos en las polticas pblicas de discapacidad y envejecimiento, Asuncin, 22 al 24 de septiembre.\nWilhelmi, Marco Aparicio y Gerardo Pisarello (2008), Los derechos humanos y sus garantas: nociones bsicas, en Jordi Bonet Prez y Vctor M. Snchez (comps.), Los derechos humanos en el siglo XXI. Continuidad y cambios, Barcelona, Huygens Editorial. Zapata, Ricardo (coord.) (2010), Desastres y desarrollo: El impacto en 2010. (Cifras preliminares), Boletn N 2, Santiago, CEPAL.\nAnexo 1 Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales: contenidos de la Observacin general N 6\nArtculo del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Igualdad de derechos para hombres y mujeres (artculo 3) Interpretacin del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (CDESC) Los Estados partes deberan prestar atencin especial a las mujeres de edad avanzada y crear subsidios no contributivos u otro tipo de ayudas para todas las personas que, con independencia de su gnero, carezcan de recursos. Los Estados partes deben adoptar medidas que eviten la discriminacin por edad en el empleo y la profesin; garanticen condiciones seguras de trabajo hasta la jubilacin, y otorguen a los trabajadores de edad avanzada empleos que les permitan hacer un mejor uso de su experiencia y conocimientos, adems de poner en marcha programas reparatorios de jubilacin.\nDerecho al trabajo (artculos 6, 7 y 8)\nLos Estados partes deben fijar regmenes generales para un seguro de vejez obligatorio; establecer una edad de jubilacin flexible; proporcionar subsidios Derecho a la seguridad social de vejez no contributivos y otras ayudas a todas las personas que, alcanzada la edad (artculo 9) establecida en la legislacin nacional, no hayan finalizado el perodo de calificacin contributivo y no tengan derecho a una pensin de vejez u otro tipo de prestacin de seguridad social o ayuda y carezcan de ingresos. Derecho de proteccin de la familia (artculo 10) Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deben crear servicios sociales para apoyar a la familia cuando existan personas mayores en el hogar, y aplicar medidas especiales destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen mantener en su seno a las personas de edad avanzada. Las personas mayores deberan lograr satisfacer sus necesidades bsicas de alimentacin, ingresos, cuidados y autosuficiencia, entre otras. Tambin deben desarrollarse polticas que favorezcan la permanencia en sus hogares por medio del mejoramiento y la adaptacin de sus viviendas. Supone efectuar intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida. Debe ser abordado desde dos ngulos diferentes y a la vez complementarios: i) el derecho de la persona de edad a disfrutar de programas educativos, y ii) poner sus conocimientos y experiencias a disposicin de las generaciones ms jvenes.\nDerecho a un nivel de vida adecuado (artculo 11) Derecho a la salud fsica y mental (artculo 12) Derecho a la educacin y la cultura (artculo 13)\nFuente: Elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Los derechos econmicos, sociales y culturales de las personas de edad, Observacin general No 6 (E/C.12/1995/16/Rev.1), Ginebra, Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, 1995.\nAnexo 2 Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer: algunos contenidos de la Observacin general N 27\nTema Recomendaciones Los Estados partes deben tomar medidas adecuadas, incluyendo aquellas de orden legislativo, dirigidas a eliminar la discriminacin contra las mujeres mayores. Deben implementar polticas y medidas sensibles al gnero y a la edad, que aseguren a las mujeres mayores participar plena y efectivamente en los mbitos poltico, social, econmico, cultural, civil o cualquier otro. Los Estados partes tienen la obligacin de asegurar el pleno desarrollo y el avance de las mujeres a lo largo del ciclo de vida, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto o desastre. Los Estados partes deben recolectar, analizar y difundir datos desagregados por edad y sexo y proporcionar informacin sobre la situacin de las mujeres mayores, incluyendo aquellas que viven en reas rurales, zonas de conflicto, las que pertenecen a grupos minoritarios o tienen alguna discapacidad. Los Estados partes deben proporcionar a las mujeres mayores informacin sobre sus derechos y la forma de acceder a los servicios legales, junto con velar, entre otros aspectos, por su derecho de propiedad y asegurarles que no sean privadas de su capacidad legal de forma arbitraria o discriminatoria. Los Estados partes tienen la obligacin de combatir los prejuicios negativos y modificar los patrones culturales de conducta que perjudican a las mujeres mayores. Deben, adems, reducir el abuso y maltrato en todas sus formas. Los Estados partes tienen la obligacin de reconocer y prohibir la violencia contra las mujeres mayores, incluyendo aquellas con discapacidad, en la legislacin sobre violencia domstica, sexual e institucional. Deben investigar, procesar y penar todo acto de violencia contra las mujeres de edad, incluyendo aquellos que son resultado de creencias o prcticas tradicionales. Tambin deben prestar especial atencin a la violencia sufrida por las mujeres mayores en tiempos de conflicto armado, el impacto de tales conflictos en sus vidas y su contribucin tanto al establecimiento de la paz como a los procesos de reconstruccin. Los Estados partes tienen la obligacin de asegurar a las mujeres mayores las oportunidades para participar en la vida pblica y poltica, as como en los puestos pblicos en todos los niveles, incluyendo los procesos eleccionarios. Los Estados partes tienen la obligacin de asegurar la igualdad de oportunidades educativas para las mujeres de todas las edades y su acceso a la educacin de adultos y a las oportunidades de aprendizaje. Los Estados partes deben facilitar la participacin de las mujeres mayores en el trabajo remunerado sin discriminacin basada en el sexo o la edad. Tienen adems la obligacin de asegurar que no se discrimine a las mujeres mayores respecto de las edades fijadas para la jubilacin, sea en el sistema pblico o privado, y deben proporcionar pensiones no contributivas adecuadas a todos los hombres y mujeres que no tengan acceso a la seguridad social, sobre una base igualitaria. Los Estados partes tienen que asegurar que las mujeres mayores, incluyendo aquellas con responsabilidades en el cuidado de nios, tengan acceso a beneficios econmicos y sociales como cuidadoras, y a que reciban todo el apoyo necesario cuando cuidan a padres ancianos o parientes. Los Estados partes deben proporcionar medicamentos para el tratamiento de enfermedades crnicas y no transmisibles, atencin social y de salud de largo plazo, incluyendo el cuidado que permita una vida independiente y el de tipo paliativo, entre otras acciones.\nEducacin Trabajo y beneficios de pensin\nEmpoderamiento econmico Beneficios sociales Los Estados partes deben remover las barreras en el acceso a crditos agrcolas basadas en la edad y el sexo, y asegurar el acceso de las mujeres mayores productoras y campesinas a la tecnologa. Deben tambin facilitar el transporte apropiado para que las mujeres mayores, incluyendo aquellas de reas rurales, puedan participar en la vida econmica y social. Los Estados partes deben asegurar a las mujeres mayores el acceso a una vivienda adecuada acorde a sus necesidades y eliminar las barreras arquitectnicas y de movilidad que obstaculizan su vida. Tienen tambin que prestar servicios sociales que les permitan mantenerse en su hogar y vivir de manera independiente el mayor tiempo posible. Los Estados partes deben facilitar a las mujeres mayores el acceso al agua, a la electricidad y otros servicios. Deben tambin asegurar su proteccin con el estatus de refugiadas, aptridas, internamente desplazadas, trabajadoras migrantes, a travs de la adopcin de leyes y polticas sensibles al gnero y la edad. Los Estados partes tienen que derogar la legislacin que discrimine a las mujeres de edad en el matrimonio y su disolucin, incluyendo la propiedad y la herencia. Junto con ello, deben derogar la legislacin que discrimine a las mujeres mayores viudas con respecto a la propiedad y la herencia, y protegerlas contra la apropiacin indebida de sus tierras.\nMujeres rurales y otras vulnerables\nFuente: Elaborado sobre la base de United Nations, General recommendation N 27 on older women and protection of their human rights (CEDAW/C/2010/47/GC.1), Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2010.\nAnexo 3 La legislacin sobre las personas mayores en Centroamrica y la Repblica Dominicana\nEn este apartado se presentan los contenidos de las leyes especiales de proteccin de los derechos de las personas mayores vigentes en la actualidad en seis pases de Centroamrica y la Repblica Dominicana. El objetivo es mostrar sintticamente la cobertura legal y sustantiva de los derechos de las personas de edad. Para su elaboracin se han analizado de manera minuciosa los contenidos de las leyes, particularmente en la seccin relativa a los derechos que garantiza cada una de ellas, los que se han clasificado siguiendo el mismo criterio que se emplea en el captulo II de este documento.\nLey integral para la persona adulta mayor, 7935 (1999) Derecho a la integridad fsica, psquica y emocional y a un trato digno\nEntre los derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que considera esta ley, de los que se ocupa el artculo 3, se contempla la creacin y ejecucin de programas que promuevan: La proteccin jurdica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia fsica, sexual, psicolgica y patrimonial (inciso j). A su vez, el artculo 6 se ocupa explcitamente del derecho a la integridad, sosteniendo que: Las personas adultas mayores tendrn derecho a que se respete su integridad fsica, psquica y moral. Este derecho comprende la proteccin de su imagen, autonoma, pensamiento, dignidad y valores.\nDerecho a participar en la vida social, cultural y poltica de la comunidad\nVarios aspectos de este derecho general estn incluidos en el artculo 3, que se ocupa de los derechos para mejorar la calidad de vida: el de participacin en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado (inciso b). La participacin en el proceso productivo del pas, de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condicin, vocacin y deseos (inciso i). La unin con otros miembros de su grupo etreo, en la bsqueda de soluciones para sus problemas (inciso l).\nDerecho a un nivel de vida adecuado y a los servicios sociales\nEl artculo 3 abarca diversos aspectos de lo que se considera un nivel de vida adecuado, y en su prrafo inicial sostiene justamente que: Toda persona adulta mayor tendr derecho a una mejor calidad de vida. En la enumeracin de derechos que realiza este artculo, hay algunos que se relacionan de manera directa con un nivel de vida adecuado y con los servicios sociales que pueden ayudar a lograrlo. El inciso h considera la creacin y ejecucin de programas que promuevan: La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o prdida de sus medios de subsistencia. El inciso e prev: El acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atencin, con el fin de que se vele por sus derechos e intereses, si se encuentra en riesgo social, y finalmente el inciso d garantiza: El acceso al crdito que otorgan las entidades financieras pblicas y privadas.\nDerecho a la salud fsica y psquica\nEl artculo 3 alude a la salud entre los derechos que se propone garantizar, cuando considera: La atencin hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clnica y de rehabilitacin (inciso f). 39\nDerecho a la educacin y a la cultura\nEste derecho est garantizado mediante el artculo 3, que considera la creacin y ejecucin de programas que promuevan: El acceso a la educacin, en cualquiera de sus niveles, y a la preparacin adecuada para la jubilacin (inciso a).\nDerecho a la vivienda y a un entorno saludable\nLa ley costarricense estipula este derecho, cuando considera crear y ejecutar programas que promuevan: La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables (artculo 3, inciso c).\nEl artculo 4 de esta norma est dedicado a los derechos laborales, que comprenden: a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para desempearlo. No podrn ser discriminadas por razn de su edad. b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuacin no perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No sern explotadas fsica, mental ni econmicamente.\nEl artculo 3 establece para las personas adultas mayores el derecho a: La pensin concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un rgimen de pensiones (inciso g), y el de: La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o prdida de sus medios de subsistencia (inciso h).\nEl artculo 5 alude a los derechos de las personas institucionalizadas en el mbito privado (la denominacin general del artculo es derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados). Su texto sostiene que, adems de lo comprendido en el derecho a la integridad citado anteriormente, toda persona adulta mayor que resida permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra modalidad de atencin, tiene los siguientes derechos: a) Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que desee compartir, asimismo, recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados. b) Recibir informacin previa de todos los servicios que presta dicho establecimiento y del costo de estos. c) Ser informada respecto de su condicin de salud y la participacin del tratamiento que requiere. d) Oponerse a recibir tratamiento mdico experimental y con exceso de medicamentos (polifarmacia). e) No ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo consentido, excepto si se le informa, por escrito y con un mnimo de treinta das de anticipacin, de que se le va a dar de alta o de la existencia de otras razones para el traslado o la remocin. En ambos casos, las razones del traslado deben quedar fundamentadas en el expediente que, obligatoriamente, deben tener de cada residente o usuario. f) No ser aislada, excepto por causas teraputicas, para evitar que se dae a s misma o perjudique a otras personas. Si se requiriere el aislamiento, deber ser respaldado por una orden extendida por un equipo profesional competente. La condicin de aislamiento deber revisarse peridicamente. Dicha revisin se har constar en los expedientes clnicos. g) Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que se las administre y recibir informes trimestrales del responsable de manejarlas. Cuando resida en forma permanente en un hogar o albergue, deber contribuir con el costo de su estancia hasta con un mximo del noventa por ciento (90%) de su ingreso por concepto de pensin mensual. h) Gozar de privacidad durante las visitas de su cnyuge o compaero. Cuando ambos cnyuges o compaeros sean residentes, deber suministrrseles un dormitorio comn, siempre que las facilidades del establecimiento lo permitan. i) Circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de l, siempre que las condiciones fsicas y mentales se lo permitan.\nLey de Atencin Integral para la Persona Adulta Mayor (2002) Derecho a la igualdad y a la no discriminacin\nPara la normativa salvadorea: Son derechos fundamentales de las personas adultas mayores, los siguientes: No ser discriminado en razn de su edad, sexo o cualquier otra condicin (artculo 5, inciso 1).\nDerecho a la integridad fsica, psquica y emocional y a un trato digno\nEntre los derechos fundamentales de las personas adultas mayores considerados por esta ley se mencionan varios ligados al derecho a la integridad fsica, psquica y emocional y a un trato digno: Recibir buen trato, consideracin y tolerancia por parte de la familia, la sociedad y el Estado (artculo 5, inciso 6); [r]ecibir proteccin contra abuso o malos tratos de cualquier ndole; asistencia especializada de cualquier tipo para su bienestar y asistencia jurdica gratuita para la defensa de sus derechos (artculo 5, inciso 9); y [n]o ser obligados a realizar labores o trabajos que no sean acordes a sus posibilidades o condiciones fsicas que menoscaben su dignidad (artculo 5, inciso 11).\nSe considera el derecho a: Disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento (artculo 5, inciso 7). Otro derecho enunciado, y vinculado con este mbito de la vida, es el de: Ser odos, atendidos y consultados en todos aquellos asuntos que fueren de su inters y asegurarles la participacin y comunicacin en actividades de la Comunidad que preserven su autoestima de personas tiles a la Sociedad (artculo 5, inciso 10).\nLa ley proclama el derecho fundamental a: Recibir asistencia mdica, geritrica y gerontolgica, en forma oportuna y eficaz (artculo 5, inciso 5).\nSe establece el derecho de las personas adultas mayores a: Ocupar su tiempo libre en educacin continuada (artculo 5, inciso 8).\nPara esta ley, son derechos fundamentales de las personas adultas mayores: tener vivienda adecuada (artculo 5, inciso 3) y [v]ivir al lado de su familia, con dignidad, en un ambiente que satisfaga plenamente sus diversas necesidades y les proporcione tranquilidad (artculo 5, inciso 4).\nSe establece el derecho a: Recibir oportunamente pensin por retiro o cuotas subsidiarias para gastos personales y a que se revise peridicamente su pensin a fin de adecuarla al costo de vida vigente (artculo 5, inciso 12).\nLey de Proteccin para las personas de la tercera edad, Decreto N 80 (1996) Derecho a participar en la vida social, cultural y poltica de la comunidad\nLa normativa guatemalteca considera un aspecto de este derecho en el artculo 6, que sostiene que: Toda persona de la tercera edad tiene derecho a que se le d participacin en el proceso de desarrollo del pas y a gozar de sus beneficios.\nEl derecho a un nivel de vida adecuado y al acceso a los diversos elementos que pueden asegurarlo est considerado en los objetivos de esta norma, cuando se sostiene que [l]a presente ley tiene por objeto y finalidad tutelar los intereses de las personas de la tercera edad, que el Estado garantice y promueva el derecho de las ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan educacin, alimentacin, vivienda, vestuario, asistencia mdica geritrica y gerontolgica integral, recreacin y esparcimiento, y los servicios sociales necesarios para una existencia til y digna (artculo 1). El artculo 31, en tanto, determina que [e]n caso de desamparo o abandono, corresponde al Estado promover la atencin de las personas de la tercera edad, ya sea en forma directa o por medio de instituciones establecidas o creadas para el efecto, tales como asilos o casas de asistencia social.\nEl artculo 13 afirma que es [u]n derecho fundamental de la vejez el de tener buena salud por lo que tienen derecho a tener asistencia mdica, preventiva, curativa y de rehabilitacin oportuna, necesaria y adecuada a su edad y requerimientos por lo que quedan obligados los hospitales de Seguridad Social; as como los nacionales, a prestar en forma gratuita el tratamiento necesario para cada caso. A su vez, el artculo 16 establece que [e]l Estado, por medio del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, deber desarrollar programas especiales de educacin nutricional, salud bucal y salud mental del anciano en forma gratuita.\nEl derecho a la educacin est contemplado en el artculo 20, que sostiene que [t]oda persona de la tercera edad, debe tener acceso a la educacin formal e informal sin que la edad sea un limitante, con el objeto de que siga cooperando con el desarrollo del pas.\nEl artculo 22 estipula que toda persona en la tercera edad tiene el derecho a tener un ingreso econmico seguro, mediante el acceso sin discriminacin al trabajo, siempre y cuando la persona se encuentre en buen estado de salud, as como pensiones decorosas a su retiro, que le permitan un buen nivel de vida adecuado y a la satisfaccin de sus necesidades mnimas.\nLey integral de proteccin al adulto mayor y jubilados, Decreto legislativo N 199 (2006) Derecho a la igualdad y a la no discriminacin\nEl derecho a la no discriminacin est considerado en el artculo 5 de esta norma, que establece los derechos del Adulto Mayor y Jubilados, y entre ellos alude a: No ser discriminado y no ser calificado como enfermo por su condicin de adulto mayor o jubilado (inciso 6).\nSe considera este aspecto de las garantas de las personas mayores cuando se alude a los siguientes derechos: Ser siempre tratado con el respeto y con la dignidad que merecen por su mera condicin de personas (artculo 5, inciso 5); Ser respetado en su privacidad e intimidad y a conservar la sanidad de su cuerpo y la atencin de sus temores (artculo 5, inciso 7).\nEl derecho a la participacin puede considerarse recogido en el inciso 11 del artculo 5, que garantiza al adulto mayor: Una actuacin protagnica en los espacios de participacin comunitaria y toma de decisiones del sistema de salud.\nEl derecho a la salud, en sus dimensiones fsica y psquica, se proclama en esta ley a travs de algunos derechos especficos: Tener acceso a los servicios pblicos de promocin, prevencin, tratamiento y rehabilitacin (artculo 5, inciso 2). Desarrollar actividades y ocupaciones en bien de su salud integral (artculo 5, inciso 4). Ser respetado en su privacidad e intimidad y a conservar la sanidad de su cuerpo y la atencin de sus temores (artculo 5, inciso 8). Ser informado sobre su situacin de salud y a recibir un tratamiento adecuado y que se respete su consentimiento para la prestacin de los mismos (artculo 5, inciso 12).\nEl artculo 5 establece el derecho de: Tener trabajo digno que les permita alcanzar una mejor calidad de vida (inciso 3).\nLey del Adulto Mayor (2010) Derecho a la igualdad y a la no discriminacin\nEl derecho a la igualdad est establecido en el artculo 4 de esta norma, cuando sostiene que son fines y objetivos de esta ley [g]arantizar al adulto mayor, igualdad de oportunidades, calidad de vida y dignidad humana en todos los mbitos (inciso 5). En el mismo artculo hay un reconocimiento del derecho a la no discriminacin, cuando la ley se propone [e]liminar cualquier forma de discriminacin hacia el adulto mayor por motivo de su edad, capacidad fsica, credo poltico, raza, sexo, idioma, religin, opinin, origen, posicin econmica o condicin social. Todo en base a lo establecido en el artculo No. 27, prrafo primero de la Constitucin Poltica de la Repblica de Nicaragua (inciso 10).\nEn el ttulo de la ley dedicado a los derechos del adulto mayor se menciona el de [r]ecibir un trato justo, humano, respetuoso y digno por parte del Estado, el Sector Privado y la Sociedad, respetando su integridad fsica, psquica y moral (artculo 6, inciso 1).\nAlgunas dimensiones del derecho a la participacin estn consideradas en el artculo 6, cuando se reconoce el derecho a [p]articipar en forma dinmica en actividades recreativas, culturales y deportivas (inciso 4) y a [p]articipar en actividades comunitarias y productivas del pas de acuerdo a su condicin de adulto mayor (inciso 14).\nCiertos aspectos de lo que se entiende por un nivel de vida adecuado y el derecho de acceder a los servicios sociales son atendidos por la norma nicaragense, por ejemplo, cuando se garantiza [e]l acceso a un hogar alternativo a personas adultas mayores expuestas a riesgos (artculo 6, inciso 7) y la [g]ratuidad en el transporte urbano colectivo (artculo 7, inciso 2).\nEl artculo 6 considera la dimensin de la salud, cuando garantiza el derecho a [r]ecibir atencin de calidad, digna y preferencial en los servicios de salud a nivel hospitalario, Centros de Salud y en su domicilio. Se procurar dar atencin especial a las enfermedades propias de su condicin de adulto mayor, para lo cual el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragense de Seguridad Social, en consulta con el CONAM, debern adecuar en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el listado de enfermedades a ser atendidas para el adulto mayor con la correspondiente dotacin de medicamentos. Hay alusiones a este derecho en el artculo 7, cuando entre los beneficios que se aseguran al adulto mayor se alude al de [r]ecibir atencin de calidad en salud, suficiente y preferencial, en las unidades hospitalarias, centros de salud y su domicilio, mediante programas de promocin, prevencin, curacin y rehabilitacin (inciso 5) y de [r]ecibir atencin gerontolgica y geritrica en las unidades de salud pblica y privada, contando con un personal especializado (inciso 6).\nSe lo alude en el inciso 3 del artculo 6, al mencionarse entre los derechos del adulto mayor: [e]l acceso a la educacin, en cualquiera de sus niveles.\nEl mismo artculo garantiza el derecho de adquisicin de una vivienda digna, diciendo: En los proyectos de vivienda de inters social, se les dar trato preferencial al adulto mayor para la adquisicin y disfrute de una vivienda digna. As mismo se les procurar proveer facilidades de financiamiento para la adquisicin o remodelacin de su vivienda (artculo 6, inciso 5).\nEst garantizado el derecho al trabajo, al sostenerse que las Instituciones del Estado y el Sector Privado desarrollen todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso pleno al trabajo sin menoscabo del goce y disfrute de los derechos y beneficios que derivan de su condicin de adulto mayor. Todo sin perjuicio de lo establecido o regulado por normas jurdicas propias de la materia (inciso 16).\nLey 352-98 Sobre Proteccin de la Persona Envejeciente (1998) Derecho a la igualdad y a la no discriminacin\nEl derecho a la no discriminacin del envejeciente est contemplado entre los considerandos de esta ley, cuando se sostiene que no puede ser objeto de discriminacin alguna en razn de su edad, salud, religin, credo poltico o razones tnicas. A su vez, el artculo 19 considera la no discriminacin en el trabajo, cuando plantea: [e]liminar todo tipo de discriminacin en el mercado de trabajo y garantizar una autntica igualdad de trato en la vida laboral (inciso f), y el artculo 15, dedicado al derecho a la educacin, determina que su acceso deber darse en condiciones de igualdad de oportunidades.\nEn los considerandos se sostiene que [l]a familia, la comunidad, la sociedad en general y el Estado tienen el deber de garantizar, con absoluta prioridad y efectividad, la proteccin de los derechos relativos a la vida.\nEste derecho est contemplado en los considerandos de la ley, cuando se afirma que [l]as personas envejecientes no pueden ser perjudicadas en sus derechos fundamentales por negligencia, explotacin, violencia, ni podrn ser castigadas o vctimas de cualquier atentado, sea por accin u omisin.\nEl derecho a la participacin es abordado en varios de sus aspectos especficos. El artculo 9 afirma que: El(a) envejeciente tiene derecho a constituir o formar parte de cualquier asociacin. Se promover la organizacin de envejecientes en el nivel comunitario y nacional, especialmente de aquellas formas que velen, representen y defiendan los derechos del mismo, y que tiene derecho a participar ampliamente en la vida pblica comunitaria y nacional. Las asociaciones de desarrollo comunal debern integrar a envejecientes en sus juntas directivas y comisiones. Tambin se contempla el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, culturales y deportivas apropiadas para su edad y a participar libremente en la vida cultural y social del pas (artculo 16).\nEl artculo 13 contempla que [t]oda(a) envejeciente indigente, desamparado, discapacitado y en general, que se encuentre en situacin econmica que no le permita su subsistencia, tiene derecho a recibir una pensin alimenticia adecuada de sus familiares de manera que le garanticen una vida digna y segura, en tanto que el artculo 7 le garantiza el derecho al libre y fcil acceso a los servicios pblicos y privados. Toda institucin pblica o privada que ofrezca servicios deber mantener puestos de atencin y asientos preferenciales, as como otras comodidades para el uso exclusivo de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y envejecientes que requieran tales servicios.\nSe mencionan varias dimensiones del derecho a la salud. En el prrafo I del artculo 10, se sostiene que [t]odo(a) envejeciente tiene derecho a recibir tratamiento mdico y los medicamentos que requiera de la Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social (SESPAS) y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en caso de ser asegurado(a). A su vez, el artculo 4 contempla al envejeciente que padezca alguna enfermedad fsica o mental grave, quien tiene derecho a proteccin especial, de modo que tenga fcil acceso a los servicios de salud. Se tomarn todas las acciones indispensables para la prevencin y el tratamiento de las enfermedades propias del envejecimiento. El artculo 11 alude a las personas mayores con problemas de adiccin: [e]l(a) envejeciente alcohlico(a) o farmacodependiente tiene derecho a recibir tratamiento de rehabilitacin de los servicios especializados del Sistema Nacional de Salud de la Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social y dems instituciones pblicas y privadas que, por naturaleza de los servicios que presten, puedan brindarlo. Y finalmente el prrafo II de este mismo artculo garantiza la atencin geritrica y gerontolgica por parte de la Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social (SESPAS), del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) o del centro donde est institucionalizado o donde reciba atencin.\nEl artculo 15 garantiza el derecho del envejeciente de acceder a la educacin formal e informal en todos los niveles y modalidades. La Secretara de Estado de Educacin y Cultura, las universidades pblicas y privadas y dems centros de educacin superior, promovern la incorporacin de envejecientes a programas educativos adecuados para ellos, as como implementarn cursos especiales que se organicen de acuerdo con las caractersticas y necesidades de cada uno. La educacin, en estos casos, tendr como finalidad la promocin e integracin del y la envejeciente y el progreso de sus facultades, para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfaccin de\nsus inquietudes intelectuales y culturales. El acceso a la educacin deber darse en condiciones de igualdad de oportunidades. El derecho a la cultura, en tanto, puede considerarse atendido por el artculo 16, que plantea que [e]l y la envejeciente tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, culturales y deportivas apropiadas para su edad y a participar libremente en la vida cultural y social del pas.\nEste derecho es tratado por el artculo 10, que afirma que todo envejeciente tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. El Instituto Nacional de la Vivienda, la Administracin General de Bienes Nacionales y las dems entidades pblicas relacionadas con la vivienda, le proveern mayores facilidades de financiamiento para la obtencin de su vivienda, as como todos aquellos otros beneficios que las instituciones ofrezcan a sus protegidos.\nLa ley dominicana garantiza el derecho al trabajo, mediante su artculo 8: Todo(a) envejeciente tiene derecho al trabajo, en igualdad de oportunidades y a todas las garantas que al respecto otorgan las leyes laborales, sin discriminacin alguna. La Secretara de Estado de Trabajo y las organizaciones de empleadores y trabajadores debern tomar las medidas necesarias para que las labores del(a) envejeciente se desarrollen en condiciones satisfactorias y seguras. Debern tomarse las medidas necesarias para que el(a) envejeciente encuentre o reencuentre ubicacin laboral mediante nuevas posibilidades de empleo.\nHay una alusin a los derechos y libertades de las personas institucionalizadas en el artculo 12: Todo(a) envejeciente institucionalizado(a) en un centro geritrico tiene derecho a la libre circulacin dentro y fuera de la institucin y a recibir visitas de familiares y amigos, siempre que sus condiciones fsicas y mentales se lo permitan, y que aquello no cause trastornos graves al establecimiento, a juicio del equipo tcnico profesional de la institucin.\nDerechos de las personas mayores en situacin de detencin o prisin\nLa norma aborda los derechos de las personas mayores detenidas, en su artculo 5: La Polica Nacional deber brindar al envejeciente que fuere detenido la mayor consideracin y respeto. Asimismo, estarn en la obligacin de notificar la detencin a sus familiares en el trmino de veinte y cuatro (24) horas. Las autoridades judiciales tendrn especial cuidado en la tramitacin de los casos en las que est de por medio el inters de un(a) envejeciente, de modo que durante el proceso se les garanticen las condiciones mnimas de salud y alimentacin. Paso seguido, el prrafo de este mismo artculo sostiene que en aquellos casos en que se disponga la incomunicacin de una persona mayor, el Poder Judicial deber ordenar el examen mdico del(la) detenido(a) durante todos los das en que se mantenga esta situacin. En materia penal, se evitar al mximo la toma de medidas que impliquen la prdida de la libertad de trnsito del o la envejeciente. Finalmente, el artculo 6 establece que: La Procuradura General de la Repblica instruir a los responsables del sistema penitenciario para que ofrezcan un trato preferencial a la persona mayor que permanezca en prisin preventiva, de manera que la prdida de su libertad, hasta donde sea posible, no implique tambin la prdida de su trabajo, ni de los servicios de salud que recibiere y que tampoco implique el desamparo de su cnyuge o compaero(a). La prisin preventiva deber ser lo menos aflictiva posible para el o la envejeciente y, en caso de ser condenado(a) por algn hecho penado por la ley, deben dispensarle un tratamiento acorde con su edad tanto las autoridades judiciales como las autoridades responsables del recinto carcelario.\nAnexo 4 Resumen ejecutivo\n1. El envejecimiento de la poblacin es un fenmeno que carece de precedentes y que se profundizar en el tiempo. Durante la centuria pasada la proporcin de personas mayores aument, y se espera que esta tendencia se mantenga en el siglo XXI. En 2010, el 11% de la poblacin mundial tena 60 aos o ms. En 2025 se proyecta que el porcentaje de personas de edad alcance al 15% y en 2050 al 22%. 2. Amrica Latina y el Caribe es una regin que est envejeciendo paulatina pero inexorablemente. En 2010, 10 de cada 100 habitantes tena 60 aos y ms. En 2025, el 15% de la poblacin ser adulta mayor, y se prev que en 2050 la cifra aumente al 25%. Se trata de un grupo que crece con rapidez y con un mpetu mayor que la poblacin de edades ms jvenes. La velocidad de cambio de este segmento etario ser entre tres y cinco veces mayor que la de la poblacin total en los perodos 2000-2025 y 2025-2050. 3. En Centroamrica y la Repblica Dominicana el proceso de envejecimiento poblacional tambin es una realidad incuestionable. En 2010 haba 4,2 millones de personas de 60 aos y ms, equivalente al 8% del total de la poblacin. En 2025 este grupo sumar 6,9 millones de personas, representando el 11% del total de habitantes, y en 2050 se prev que la cifra aumente a 15,1 millones de personas, lo que se traducir en el 18% de la poblacin de los pases en estudio. 4. La proporcin de personas mayores vara entre los pases. Costa Rica, El Salvador y Panam tienen en la actualidad un 10% de poblacin adulta mayor. Les sigue la Repblica Dominicana con el 9%, y continan Guatemala (6,4%), Nicaragua (6,3%) y Honduras (6,2%); por ltimo est Belice, con el 5,7% de poblacin de 60 aos y ms. En 2050, Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua habrn triplicado el peso relativo de la poblacin adulta mayor y el resto de los pases la habr duplicado. 5. En el mbito internacional no existe un instrumento jurdicamente vinculante que estandarice y proteja los derechos de las personas mayores. En la doctrina internacional de derechos humanos, la edad es un asunto que se ha tratado bajo la acepcin de cualquier otra condicin social, lo que estara indicando que la lista de motivos de discriminacin que deben condenarse no es exhaustiva y que pueden incluirse otros en esta categora, entre los que figura la edad. Esto significa que los derechos consagrados en la Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de 1966 deben ser igualmente extensibles a las personas mayores. 6. Los rganos encargados de supervisin de los tratados han hecho una interpretacin progresiva de los derechos de las personas mayores para contribuir con su comprensin. Es el caso del Comit de Derechos Humanos, que ha desarrollado el principio de no discriminacin por la edad en algunos casos examinados en el marco de su procedimiento contencioso. Tambin es destacable la prctica del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, por medio de sus Observaciones generales nmero 6 sobre los derechos econmicos, sociales y culturales de las personas de edad (1995), nmero 14 sobre el derecho a la salud (2000), nmero 19 sobre el derecho a la seguridad social (2008) y nmero 20 sobre la no discriminacin y los derechos econmicos, sociales y culturales (2009). Por su parte, el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer ha realizado una importante labor en este sentido, principalmente con la 47\nRecomendacin general nmero 27 sobre las mujeres mayores y la proteccin de sus derechos humanos. Otra contribucin relevante proviene del Comit contra la Tortura, por medio de su Observacin general nmero 2 de 2008. 7. A nivel interamericano, a fines de la dcada de 1980 se incorporaron medidas especficas en favor de las personas mayores en el Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que hasta el momento es el nico instrumento vinculante que incorpora especficamente los derechos de las personas de edad. 8. En este marco, las contribuciones que han realizado las Naciones Unidas por medio de distintas resoluciones de la Asamblea General y los planes de accin internacional en esta materia son de fundamental importancia para los derechos humanos en el contexto del envejecimiento de la poblacin. Lo mismo ocurre en el plano regional de accin de la Organizacin, a travs de la Estrategia regional de implementacin para Amrica Latina y el Caribe del Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento adoptada en la primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, llevada a cabo entre el 19 y el 21 de noviembre de 2003, y la Declaracin de Brasilia, acogida en la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre el Envejecimiento en Amrica Latina y el Caribe, realizada en Brasilia del 4 al 6 de diciembre de 2007. En esta ltima, los pases miembros acordaron reafirmar el compromiso de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas de edad, trabajar por la erradicacin de todas las formas de discriminacin y violencia y crear redes de proteccin de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos. 9. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam y la Repblica Dominicana han constitucionalizado los derechos de las personas mayores. Algunos de estos pases incluyen la proteccin frente a los actos de discriminacin y otros garantizan los derechos econmicos, sociales y culturales principalmente. Aunque no hay un concepto compartido con respecto a los mbitos de proteccin, ni sobre la amplitud de los grupos a los que deben extenderse al conjunto de las personas de edad o solo a las ms vulnerables, todos los pases que han constitucionalizado los derechos comparten como principio el deber de brindar proteccin a las personas mayores. 10. De acuerdo a las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, la obligacin de proteger exige a los Estados que se resguarde de manera individual o como grupo a las personas mayores de las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros. Incluye, entre otras acciones, la de adoptar las medidas legislativas o de otra ndole que sean necesarias y eficaces para impedir que terceras partes denieguen el acceso en condiciones de igualdad a los derechos constitucionales, sean administrados por el Estado o por otros, impongan condiciones injustificadas de admisibilidad, interfieran arbitraria o injustificadamente en el ejercicio de los derechos o impongan obstculos que vayan en contra de la igualdad y la dignidad de las personas mayores. 11. Seis de los pases en estudio cuentan con una norma especfica de proteccin de las personas mayores Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la Repblica Dominicana. En otros, como Panam, el proceso de legislar est en marcha. Las leyes analizadas tienen un enorme valor a escala nacional porque permiten estandarizar los derechos y sus contenidos, convirtindose en una herramienta fundamental para hacer efectivas las garantas constitucionales. De acuerdo a los antecedentes recopilados, las leyes existentes son parte de una primera generacin de normas dirigidas a las personas mayores, las que seguramente se perfeccionarn a medida que haya avances internacionales y regionales que promuevan la proteccin de los derechos en la vejez.\n12. De la revisin de las leyes especiales surge que la esencia y estructura de los derechos de las personas mayores es todava una arena de discusin. Por ejemplo, el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado o al trabajo no tienen el mismo significado en un pas que en otro. La falta de homogenizacin tiene como resultado que los Estados, en mayor o menor medida, se aparten de los estndares mnimos universales de derechos humanos. En este marco, urge adecuar las legislaciones a la norma de los tratados, la interpretacin de los rganos de supervisin y, por cierto, a las polticas mundiales y regionales a favor de las personas mayores. 13. Una segunda debilidad de las legislaciones analizadas es la falta de garantas institucionales tanto de orden poltico como jurisdiccional para el cumplimiento de los derechos. Varias normas carecen de mecanismos especficos de proteccin para que sus destinatarios puedan satisfacer realmente la necesidad o el inters protegido. La principal carencia de las garantas institucionales, con notables excepciones, es que la norma no establece de manera explcita las obligaciones ni los sujetos obligados para los derechos que son protegidos. De este modo, se enumeran prerrogativas a favor de las personas mayores, pero no est claro qu rgano de gobierno, legislativo o judicial debe responder para hacer efectivo el derecho. Lo mismo ocurre con las sanciones, que generalmente son administrativas, concentrando la responsabilidad de su ejecucin en las instituciones creadas por la misma legislacin, muchas de las cuales no cuentan con el personal calificado, la ubicuidad institucional, el presupuesto o los procedimientos para hacerlas efectivas. 14. Unido a lo anterior, y con excepcin de algunos pases, existen dificultades de acceso a la justicia para las personas mayores. En la mayora de los casos analizados no hay una clara poltica de accesibilidad para las poblaciones vulnerables, y cuando existe, no siempre incluye a las personas de edad. En este mbito, hay enormes obstculos que deben superarse para que las garantas de las leyes se implementen. 15. Es de suma importancia fortalecer las garantas ciudadanas en las leyes analizadas. En varios casos, los principios de las leyes o sus objetivos incorporan la participacin de las personas mayores; sin embargo, no se establecen dentro del mismo texto legal instrumentos de defensa y tutela de los derechos que dependan directamente de los titulares. La falta de canales institucionales de participacin en los asuntos que afectan a las personas mayores o las dificultades de acceso a la informacin pblica son parte de los obstculos que deben superarse, puesto que para una efectiva implementacin de las leyes se necesita involucrar a los propios afectados en la construccin y proteccin de sus derechos. 16. Es evidente que las legislaciones analizadas se pueden mejorar. Sus actuales imperfecciones son parte de un proceso en construccin. Hay que recordar que en Centroamrica y la Repblica Dominicana se originaron las primeras leyes de proteccin de los derechos de las personas mayores de la regin. Son parte de una primera generacin de normas, cuyo valor e influencia impulsaron procesos legislativos en el resto de los pases. Hoy en da, la tarea es otra y el contexto en que se examinan y discuten los derechos de las personas mayores tambin. En este nuevo escenario, los legisladores tienen un rol fundamental para mejorar los marcos normativos vigentes, dotando a los derechos de las personas mayores de mecanismos eficaces de proteccin.\n1. The ageing of the population is a phenomenon that lacks precedent and will deepen over time. During the XX century, the proportion of older persons increased and it is expected that this trend will be maintained in the XXI century. In 2010, 11% of the world population was 60 years of age or over. By 2025, it is projected that the percentage of older persons will reach 15% and by 2050 22%. 2. In the case of Latin America and the Caribbean, it is a region that is ageing gradually but inexorably. In 2010, ten out of 100 inhabitants was sixty years or older. In 2025, 15% of the population will be older and it is predicted that in 2050 the figure will be 25%. It is about a sector that grows with speed and with great impetus than the population of younger ages. The velocity of change of this age group will be three to five times greater than the total population in the periods 2000-2025 and 2025-2050. 3. In Central America and the Dominican Republic, the population ageing process also is an unquestionable reality. In 2010, there were 4 million 21 thousand persons 60 years of age or more, equivalent to 8% of the total population. In 2025, this population group will be 6 million 911 thousand persons, representing 11% of the total inhabitants and, in 2050, it is predicted that the figure will rise to 15 million 139 thousand persons, will translated to 18% of the population in the countries studied. 4. The proportion of older persons varies between countries. Costa Rica, El Salvador and Panama currently have a 10% older population. Followed by the Dominican Republic with 9% and subsequently Guatemala (6.4%), Nicaragua (6.3%) and Honduras (6.2%). Lastly is Belize, with 5.7% of the population sixty years or older. In 2050, Belize, Costa Rica, Honduras and Nicaragua have tripled the relative weight of their older populations and the rest of the countries it has doubled. La proporcin de personas mayores vara entre los pases. Costa Rica, El Salvador y Panam tienen en la actualidad un 10% de poblacin adulta mayor. Les sigue Repblica Dominicana con el 9% y posteriormente contina Guatemala (6.4%), Nicaragua (6.3%) y Honduras (6.2%). Por ltimo est Belice con el 5.7% de poblacin de sesenta aos y ms. En 2050, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua habr triplicado el peso relativo de la poblacin adulta mayor y el resto de los pases la habr duplicado. 5. In the international arena, no legally binding instrument exists that standardizes and protects the rights of older persons. In the international human rights doctrine age is an issue that has been worked under the stipulation any other social condition. This would indicate that the list is not exhaustive and may include other motives of discrimination in this category, among them the concept of age. This means that the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the Pact of Economic, Social and Cultural Rights (1966) must be equally extended to older persons. 6. To contribute to the understanding of the rights of older persons, the organizations in charge of the supervision of the Treaties have made a progressive interpretation of these. In the Case of the Human Rights Committee, which has developed the principle of no discrimination by age en certain examined cases under the framework of its adversary proceedings. Equally remarkable is that work of the Committee of Economic, Social and Cultural Rights through its General Observations Num. 6 on the economic, social and cultural rights of older persons (1995), Num. 14 on the right to health (2000), Num. 19 on the right to social security (2008) and Num. 20 on non-discrimination and economic, social and cultural rights (2009). For its part, the Committee for the Elimination of Discrimination against Women has produced important work in this sense, principally with General Recommendation Num. 27 on older women and the protection of their 50\nhuman rights. Another relevant contribution comes from the Committee against torture through its General Observation Num. 2 of 2008. 7. At the inter-American level, towards the end of the 1980s, specific measures are incorporated in favor of older persons in the Additional Protocol to the "San Salvador Protocol" American Convention of Human Rights on Economic, Social and Cultural Rights, being to date the only binding instrument that specifically incorporates the rights of older persons. 8. In this framework, the contributions by the United Nations through its various General Assembly resolutions had the international plans of action on ageing, are of fundamental importance to human rights in the context of ageing. The same occurs in regionally in the United Nations, through the Regional Strategy for the Implementation for Latin America and the Caribbean of the Madrid International Plan of Action on Ageing adopted at the first Regional Intergovernmental Conference on Ageing, which took place between 19 and 21 November of 2003, and the Brasilia Declaration presented at the second Regional Intergovernmental Conference on Ageing in Latin America and the Caribbean (Brasilia, 4 to 6 December 2007). In the latter, the member countries agreed to reaffirm the compromise to not spare any efforts to promote and protect the human rights and fundamental freedoms of all older persons, work towards the eradication of all forms of discrimination and violence and create networks of protection for older persons to make effective their rights. 9. Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panama have constitutionalized the rights of older persons. Some of these countries include protection against discriminatory acts and others mainly guarantee the economic, social and cultural rights. Although there is no shared concept with respect the area of protection, ifthey are extended to the group that are older persons or only to the most vulnerable, all the countries that have constitutionalized the rights share as principle the right to give protection to older persons. 10. According to the Maastricht Guidelines on Violations of the Economic, Social and Cultural Rights, the obligation to protect requires of States to guard individually or as a group older persons from human rights violations from thrid parties. Including, among other actions, that of adopting legislative or other measures that are necesarry and effective to impede that third parties deny access to conditions of equality to constitutional rights, be they administered by the State or others; impose unjustified admisability conditions; arbitraraly or unjustifiably interfere with the exercise of rights or impose obstacles that go against the equality and dignity of older persons. 11. Six of the countries studied count on a specific norm of protection for older persons (Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua). In others, such as Panama, the legislative process is ongoing. The laws analyzed have an enormous value at the national level because they permit the standardization of rights and their contents, turning them into a fundamental tool to make effective constitutional guarantees. According to collected background information, existing laws are part of a first generation of norms directed at older persons, which will surely be perfected as international and regional advances are made that promote the protection of rights in old age. 12. From the review of special laws arises that the essence and structure of the rights of older persons is still an area of discussion. So, the right to health, an adequate quality of life o to work do not have the same significance in one country from another. The lack of homogenization has as a result that States, to a greater or lesser degree, are set apart from the minimum universal standards of human rights. In this sense, it is urged\nthat legislations conform to the norms set by the treaties, the interpretations of supervisory bodies and, certainly, global and regional policies in favor of older persons. 13. A second weakness of the legislations analyzed is the lack of institutional guarantees both political and jurisdictional for the fulfillment of rights. Various norms lack specific protection mechanisms so that the recipients can realistically satisfy the need or the protected interest. The institutional guarantees, with notable exceptions, have their main deficiency in that the norm does not establish in a specific manner the obligations or the subjects required so that the rights are protected. In this sense, numerous prerogatives in favor of older persons are listed, but it is not clear which body of the government, legislature or judiciary must respond to make effective the right. The same occurs with the sanctions, which are generally of an administrative type, that concentrate the responsibility of its execution in the institutions created by the same legislation, many of which do not count on qualified personnel, institutional ubiquity, the budget or procedures to make them effective. 14. Along with the above, and distinct of some countries, there exists difficulties in access to justice by older persons. In the majority of the cases analyzed, there is not clear accessibility policy for vulnerable populations, and when it does exist, it does not always include older persons. There are enormous obstacles in this areas that must be surpassed so that the guarantees in the laws can be implemented. 15. It is of great importance to strengthen the citizen guarantees in the laws analyzed. In various cases, the principles or the objectives of the laws incorporate the participation of older persons; nevertheless, defense and guardianship instruments that depend directly of the holders are not established within the same legal text. In this sense, the lack of institutional channels for participation in the issues that affect older persons or the difficulty of access to public information, are part of the obstacles to overcome, given that to make an effective implementation of the laws there needs to be involvement of those affected in the construction and protection of their rights. 16. It is evident that the analyzed legislations can be improved. Their current imperfections are part of a process in construction. It has to be remembered that the first laws of protection of the rights of older persons of the region were in Central America and the Dominican Republic. They are part of a first generation of norms, whose value and influence pushed further ahead legislative processes in the rest of the countries. Today, the work is another and the context in which the rights of older persons is examined and discussed as well. In this new scenario, legislators have a fundamental role in improving current normative frameworks, giving the rights of older persons effective mechanisms of protection.\nAnexo 5 Resolucin sobre armonizacin legislativa sobre el tema de la persona adulta mayor\nIV REUNIN DE LA COMISIN INTERPARLAMENTARIA DE COHESIN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA-FOPREL La Comisin Interparlamentaria de Cohesin Social y Lucha contra la Pobreza-FOPREL, en ocasin de su IV Reunin, celebrada en Managua, Nicaragua, el 9 de Septiembre del 2011.\nCONSIDERANDO Que en al 2011, diez de cada cien habitantes de nuestra regin tenan sesenta aos y ms. En el 2025, el quince por ciento de la poblacin ser adulta mayor, y se prev que en el 2050 la cifra aumente al veinticinco por ciento. Que se trata de un sector vulnerable que crece con rapidez y con un mpetu mayor que la poblacin de edades jvenes. Que la falta de canales institucionales de participacin en los asuntos que afectan a las personas adultas mayores, son parte de los obstculos a superar. Que no existe un instrumento jurdico vinculante que estandarice y proteja los derechos de las personas adultas mayores en el mbito internacional. Que a falta de armonizacin legislativa tiene como resultado que los Estados, en mayor o menor medida, se aparten de los estndares mnimos universales de derechos humanos dando lugar a la discriminacin de las personas adultas mayores. Que el tratamiento de las personas adultas mayores se ha dado con frecuencia desde una perspectiva asistencial y la Declaracin de Brasilia promueve el enfoque de Derechos Humanos y Proteccin Social. RESUELVE I Reafirmar el compromiso para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores, trabajando en la erradicacin de todas las formas de discriminacin y violencia, implementando mecanismos de proteccin para hacer efectivos sus derechos. II Proceder con el diseo y elaboracin de una propuesta de Ley Marco regional sobre el tema de la Persona Adulta Mayor, para ser sometido a consideracin de los Presidentes Miembros del FOPREL, con el propsito de que sirva de referencia para la armonizacin, modernizacin y homologacin de las legislaciones nacionales pertinentes.\nIII Comprometernos como legisladores Centroamericanos y de la Cuenca del Caribe, que en un trmino no mayor de 90 das iniciemos este proceso. IV Promover la participacin de las organizaciones de personas adultas mayores en el proceso de estudio y armonizacin de la propuesta de Ley Marco de Centroamrica y la Cuenca del Caribe. V Reafirmar la necesidad de una convencin internacional sobre los derechos de las personas adultas mayores en el mbito de las Naciones Unidas y la designacin de un Relator Especial de los derechos de las personas adultas mayores en el Consejo de Derechos Humanos. VI Solicitar a los Organismos Internacionales el apoyo tcnico y los recursos necesarios para iniciar el proceso de armonizacin, modernizacin y homologacin de la propuesta de Ley Marco de Centroamrica y la Cuenca del Caribe. VII Agradecer al Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas y al CELADE-Divisin de Poblacin de la CEPAL, que hicieron posible esta IV Reunin de la Comisin Interparlamentaria de Cohesin Social y Lucha contra la Pobreza. En fe de lo cual, firmamos la presente resolucin en la ciudad de Managua, Capital de la Repblica de Nicaragua, el 9 de Septiembre del 2011.\nFIRMAS DIP. BRENDA FLORES HONDURAS DIP. MARIELA PEA PINTO EL SALVADOR DIP. MIGUEL ANGEL JAZMIN REPUBLICA DOMINICANA DIP. ENMA JULIA FABIAN EL SALVADOR DIP. IRIS MONTENEGRO NICARAGUA DIP. MARCO ANTONIO PECH BELIZE\nDIP. AGUSTIN JARQUIN A. NICARAGUA\nDocumentos similares a Legislación Comparada\nSantiago Tinoco Feijoo\nLa Discriminación Laboral en El Sector Publico Panameño\nMás de Fernando Avila\nREMESAS A AMÉRICA LATINA\nCloud Computing - Ventajas de Trabajar en La Nube\nLa Tentación de Iván Karamazov\nHorario Examenes Finales EneroJunio 2014\nInforme del Relator Especial, Sr. Paul Hunt sobre El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental\nNikken - Concepto de Derechos Humanos\nLa desmotivación del profesorado - Jurjo Torres Santomés.pdf