Boletín No. 40 Un año de proyectos, retos y apuestas comunes\nPublicado: Diciembre 01 de 2021\nEditorial: Un año de proyectos, retos y apuestas comunes\nPor: Johana Herrera Arango\nEnorgullece a todo el equipo del Observatorio culminar un año de total involucramiento con realidades complejas, proyectos vibrantes y apuestas transformadoras desde la investigación, la acción, la docencia y la juntanza. Reconocemos que el trabajo que hacemos, a veces en medio de mucha incertidu...\nEnorgullece a todo el equipo del Observatorio culminar un año de total involucramiento con realidades complejas, proyectos vibrantes y apuestas transformadoras desde la investigación, la acción, la docencia y la juntanza. Reconocemos que el trabajo que hacemos, a veces en medio de mucha incertidumbre, tiene una búsqueda decidida por la igualdad, la justicia y la autonomía de las comunidades y colectivos sociales con quienes hacemos nuestro trabajo y,por quienes tiene sentido asumir el riesgo de investigar aun en contextos de violencia. Nos anima la búsqueda de repensar y rehacer para impulsar transiciones necesarias en los problemas de la tierra, los territorios y los bienes comunes.\nCierra un año y con él varios proyectos en los que el Observatorio ha estado participando. Para empezar, el proyecto Titulación de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia, coordinado por la Corporación Hileros-PCNy apoyado por el Fondo de Tenencia, buscó dar impulso a la olvidada agenda de la seguridad de la tenencia colectiva,y para ello,desplegó equipos regionales para diagnosticar, mapear y comprender las limitaciones y las oportunidades que existen para impulsar la titulación colectiva,y para acompañar a las autoridades de los consejos comunitarios en las complejas realidades que enfrentan. Empezando el año 2022 las publicaciones de este proyecto verán la luz, pero como avance, Cristiam Guerrero, María José Arrieta, Elías Helo y Sofía Muñoz han escrito para este boletín apartados de lo que aconteció en la documentación de las buenas prácticas, de lo que aprendimos en el trabajo con jóvenes y mujeres, de la potencia de los sistemas de información y de las herramientas que se diseñaron para usar la cartografía propia y la del Estado.\nOtro proyecto que cerró este año fue el Estudio sobre percepciones sobre la seguridad de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la metodología PRINDEX que contó con el apoyo y financiación de International Land Coalition(ILC) y Global Land Alliance. De esta experiencia son innumerables los aprendizajes sobre la tenencia colectiva, puesto que los indicadores empleados en otros países habían estado centrados en la tenencia individual urbana y de entornos rurales muy cercanos a grandes y medianas ciudades. Razón por la que focalizar en Montes de María las diversas formas de tenencia colectiva de campesinos, indígenas y afrodescendientes fue una suerte de experimento que pone en tensión las categorías convencionales de la seguridad de la tenencia. María José Guerra escribió para este boletín su reflexión sobre el alcance de las metodologías y las claves de interpretación en realidades caribeñas.\nAsimismo, también con foco en la tenencia colectiva-en este caso en 14 consejos comunitarios-el Observatorio participó,junto ala Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES) y la Red de Consejos Comunitarios del Caribe,en el proyecto Fortalecimiento del gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes basado en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos, que contó con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF). Fue y sigue siendo una experiencia de la mayor importancia para el Observatorio y para todas las organizaciones que participaron en las estrategias de formación, investigación y la entrega del informe ante la magistrada Pilar Valencia y el magistrado Roberto Vidal de la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 24 de noviembre. Buena parte del conocimiento que se produjo en este proyecto, dados los sensibles temas que abordó, no será público,o será de carácter confidencial. Sin embargo, Paula Kamila Guerrero, Juan Carlos Betancur, Paula Díaz, Laura Babilonia y Lauren Ortiz han escrito para este boletín artículos que dan cuenta de las experiencias y aprendizajes de su trabajo en la coordinación e investigación,delas estrategias que se implementaron en la marcha pese a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Sus artículos conectan con un espectro de claves analíticas como la memoria, la pertenencia territorial, la socioecología, los aportes a la verdad y a la reparación de las víctimas de las comunidades afrodescendientes que están cansadas de las fórmulas retóricas de la construcción de paz. En estos artículos podrán leer la zonificación que resultó de la investigación, la mirada ecorregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, así como de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta y de la ecorregión Canal del Dique/Montes de María que son el resultado de las características ecosistémicas comunes y de las dinámicas similares del conflicto armado que enfrentaron y siguen afectando a las comunidades.\nDe esta experiencia del informe a la JEP tenemos una entrega muy especial en este boletín, un podcast coordinado por María José Guerra y María José Arrieta que entrevistaron al equipo de investigación en las regiones del Caribe, indagando por los retos de implementar un proyecto de estas características, narrar la violencia con sus coterráneos,adentrarse en los hechos que tanto desestructuraron a sus pueblos, sus formas de vida, su oportunidad de futuro.Y para finalizar, la historiadora Natalia Espinosa, comparte para este boletín el resultado de una investigación colaborativa con la estrategia Land Matrix para América Latina y el Caribe. En este artículo, Natalia analiza la relación entre el acaparamiento de tierras y los procesos de descampesinización en regiones como Montes de María a partir de examinar cuáles son los impactos de los monocultivos de palma aceitera y de piña en los territorios de comunidades afrodescendientes, particularmente para los jóvenes.\nSerá un próspero 2022 si las expectativas territoriales y las medidas de reparación que merecen las comunidades se concretan, si hay respuesta para ellas en una praxis renovada de reconocimiento de sus derechos.\nLa documentación de las buenas prácticas en titulación colectiva, reflexiones de largo aliento\nAutor: Cristiam Guerrero Lovera || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nEn el marco del proyecto Titulación de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia, implementado por la Corporación Hileros-PCN y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC), se desarrolló como un componente de trabajo la documentación de las buenas prácticas en titulación colec...\nEn el marco del proyecto Titulación de tierras ancestrales afrodescendientes en Colombia, implementado por la Corporación Hileros-PCN y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC), se desarrolló como un componente de trabajo la documentación de las buenas prácticas en titulación colectiva de 20 de los casos atendidos por el equipo del proyecto.\nLo que inició siendo un ejercicio de documentación referido exclusivamente a la realidad procesal de los casos priorizados y a la dinámica de articulación entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Corporación Hileros-PCN, derivó en un análisis profundo y detallado de la situación actual de la política de titulación colectiva a comunidades negras. A lo largo de los tres años de duración del proyecto, fue posible comprender desde una mirada sistémica y a través de ejercicios comparados, los desafíos actuales a nivel jurídico, institucional, económico y político a los que se enfrentan durante su trámite, las solicitudes de titulación colectiva.\nSi bien no se documentaron la totalidad de los casos propuestos debido a las demoras sufridas durante la implementación del proyecto por factores como la lenta gestión pública, la situación de salud derivada del Covid-19 o las difíciles condiciones de orden público. Los 11 casos trabajados permitieron identificar aspectos estructurales que han ralentizado los ritmos del procedimiento de titulación colectiva, de esta manera, se establecieron patrones de tipo institucional que evidencian las interpretaciones y virajes de los que ha sido objeto dicha figura. En efecto, la documentación alerta sobre el enfoque predial que se le ha dado recientemente a la atención de las solicitudes de titulación colectiva, pues este, reduce las expectativas territoriales de las comunidades negras, y a su vez, la posibilidad de asegurar el uso y acceso preferente a bienes comunes.\nEfectivamente, las dificultades para la lectura de la espacialidad de las comunidades negras por parte de la institucionalidad es un aspecto central, pues se convierte en muchos casos, en la fuente de desencuentros entre las mismas entidades para el desarrollo de su gestión, y en la talanquera que impide que sea garantizado en plenitud el derecho fundamental al territorio.\nSin duda, este tipo de análisis derivados de la documentación de las buenas prácticas en titulación colectiva vividas durante el proyecto, se inscriben plenamente en las agendas de investigación y preguntas que por más de 12 años el OTEC ha desarrollado en su trabajo. La apuesta por contribuir en los procesos de reconocimiento de derechos al territorio a las comunidades negras, no es ajena a la necesidad de aterrizar el procedimiento del decreto 1745 de 1995 a los pluralismos jurídicos, a las nuevas orientaciones técnico-jurídicas de la ANT y al contexto económico y político que atraviesa hoy en país. Por el contrario, sintetiza muchas de las discusiones que en los últimos años el OTEC ha propuesto frente a las vulnerabilidades a las que están expuestos aquellos territorios que aún no han sido titulados colectivamente a los consejos comunitarios.\nLa heterogeneidad regional y ecosistémica de los casos, que sin duda influye en el abordaje jurídico que cada uno, sintoniza con la mirada y con la propuesta académica del OTEC, que, desde la socioecología ha profundizado en relación que tienen las comunidades negras con sus territorios como una relación bimodal. Si bien esta afirmación puede ser matizada dependiendo el contexto socioregional, la documentación de las buenas prácticas permitió profundizar en cómo el vínculo existente entre titulación colectiva y conservación sigue vigente desde las comunidades, desarrollando mecanismos propios de gobernanza que facilitan el cuidado ambiental.\nEl reconocimiento de derechos de tenencia de las comunidades negras trastoca diferentes escenarios donde el ordenamiento territorial de carácter estatal y el ordenamiento ambiental, contrarío a la posibilidad de armonizarse y potencializar los territorios colectivos como escenarios conservación ambiental, se convierten en espacios desencuentros que amenazan el ejercicio de este derecho. Esta situación fue documentada en algunos de los 11 casos, permitiendo profundizar en otras de las agendas y proyectos investigación que el equipo del OTEC ha venido adelantando en el Caribe colombiano. Producto de estos trabajos y de la documentación desarrollada, se ha advertido en el cómo el ordenamiento se convierte en otro factor que no solo amenaza la garantía del derecho no adquirido, sino que, además, puede llegar a poner en riesgo a los consejos comunitarios a los cuales ya les he ha sido reconocido su propiedad colectiva.\nLa documentación de las buenas prácticas en titulación colectiva se ha convertido para el OTEC en el canal para profundizar muchas de las agendas que por años han desarrollado los y las investigadoras del equipo. No obstante, además de ser un punto de llegada, es también el escenario sobre el cual parten nuevas posibilidades y líneas de investigación a la luz de lo que hoy es la figura de titulación colectiva. Por ello, no resulta casualidad que este proceso iniciara justamente cuando se cumplía el décimo aniversario del OTEC, pues además de lo anteriormente mencionado, la documentación de las buenas prácticas fue también la posibilidad de realizar una reflexión profunda, pausada, y con todos los insumos institucionales y locales, a fin de buscar proponer nuevos abordajes a una deuda estatal aún sin resolver.\nAvances en la investigación sobre el acaparamiento de tierras, juventudes y mujeres rurales a partir de la articulación OTEC-Land Matrix LAC.\nAutor: Natalia Espinosa Rincón || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nDesde el año 2016 el OTEC inició un proceso de articulación con el Observatorio Land Matrix para América Latina y el Caribe con el interés de trabajar de manera conjunta sobre los efectos sociales y ambientales de las grandes transacciones de tierras -GTT- en el marco del fenómeno reciente de acapar...\nDesde el año 2016 el OTEC inició un proceso de articulación con el Observatorio Land Matrix para América Latina y el Caribe con el interés de trabajar de manera conjunta sobre los efectos sociales y ambientales de las grandes transacciones de tierras -GTT- en el marco del fenómeno reciente de acaparamiento de tierras en Colombia. Como parte de este relacionamiento, el OTEC se vinculó a la Mesa de Gobernanza de Land Matrix y a lo largo de los últimos años ha venido desarrollando distintas actividades académicas y de incidencia, que han tenido como tema central la relación entre el acaparamiento de tierras y los procesos de descampesinización en regiones como Montes de María.\nEn este trabajo mancomunado, desde el año 2020 y durante lo corrido de este año 2021 nos enfocamos en desarrollar algunos ejercicios investigativos que nos permitieron profundizar en la relación entre el desarrollo de monocultivos como la palma de aceite y el acaparamiento de tierras en regiones como Montes de María, así como los impactos particulares que este ha tenido en las mujeres y la juventud rural.\nCuenta de ello, fue la realización del proyecto de investigación Grandes Transacciones de Tierra e impactos en la juventud rural en la región de Montes de María, Colombia, desarrollado de manera conjunta con un equipo de investigadores locales conformado por jóvenes del Consejo Comunitario de comunidades negras Eladio Ariza, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, Bolívar. Este Consejo, que ha sido acompañado desde el 2010 por el OTEC entorno a la defensa por la tierra y el territorio de la comunidad, avaló la realización del proyecto, que tuvo como propósito analizar el impacto de los monocultivos de palma y piña en sus territorios y los impactos específicos en los jóvenes, así como contribuir al fortalecimiento de sus capacidades como investigadores a partir de su experiencia y conocimientos frente al territorio, desde un trabajo de reconstrucción de la memoria y de dialogo intergeneracional al interior del Consejo.\nLos hallazgos de esta investigación permitieron profundizar en las transformaciones territoriales que se dieron en la zona en el marco del conflicto armado, ocasionadas por el despojo y desplazamiento de las comunidades rurales, así como por la apropiación de la tierra y de otros recursos naturales a partir de la llegada de la palma y la piña. Estos resultados se materializaron en la elaboración de un documento escrito de manera conjunta entre los jóvenes investigadores del Consejo Comunitario e investigadoras del OTEC, publicado en la página de Land Matrix-LAC, titulado Memorias jóvenes del acaparamiento: la llegada de los monocultivos de palma y piña. Una narración de los y las jóvenes de un Consejo Comunitario de Montes de María2 y en la grabación de una canción de champeta titulada Unidos Somos Más, himno de los jóvenes del Consejo y del podcast Resurgir Juvenil3, estos últimos elaborados en su totalidad por ellos, como una estrategia para difundir los resultados de la investigación.\nPor otro lado, durante el año 2021 el trabajo articulado entre el OTEC y Land Matrix-LAC se enfocó en la realización de una investigación de carácter exploratorio sobre el acaparamiento de tierras a partir de la expansión de la agroindustria de la palma de aceite, y los impactos en las mujeres rurales en la región de Montes de María, que tuvo como producto la publicación del informe técnico titulado Expansión de la palma de aceite en Colombia, cambios en los territorios rurales e impactos en las mujeres rurales4. Los resultados de esta investigación mostraron la relación entre la expansión de la palma desde los años noventa y la primera década del siglo XXI con el impulso por parte del Estado colombiano para la consolidación de la agroindustria palmera, así como las afectaciones que esta ha tenido para las mujeres rurales, como parte del proceso de descampesinización en la zona. Así, a partir de la realización de entrevistas a mujeres rurales de Montes de María, así como del acompañamiento a algunas actividades promovidas por la Estrategia Nacional de Involucramiento por la Garantía de los Derechos a la Tierra y el Territorio -ENI/Colombia-, se pudieron evidenciar algunos impactos específicos para las mujeres rurales que se enmarcan en procesos de desestructuración del tejido familiar, social y comunitario, relacionados, por ejemplo, con la dificultad para “el acceso a otros recursos naturales, la desestructuración del tejido social entre las comunidades, las restricciones a espacios comunes, la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria, así como las condiciones laborales precarias para las mujeres que deciden vincularse al cultivo de la palma.” (Espinosa, 2021).\nUna arista que le faltaba al Sistema de Información Geográfica y Cualitativa Cartilla para la apropiación del SIG-C en las comunidades\nAutor: Maria José Arrieta Mosquera || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nDesde el equipo del Observatorio y las comunidades acompañadas, a través de proyectos diversos, se ha trabajado en el levantamiento de información espacial que permita fortalecer los procesos de defensa territorial, evidenciar transformaciones en el paisaje, hacer seguimiento de las zonas de uso com...\nDesde el equipo del Observatorio y las comunidades acompañadas, a través de proyectos diversos, se ha trabajado en el levantamiento de información espacial que permita fortalecer los procesos de defensa territorial, evidenciar transformaciones en el paisaje, hacer seguimiento de las zonas de uso común, acercarse a las trayectorias de uso de la tierra y apoyar espacios de educación ambiental y reconocimiento espacial, entre otras posibilidades de este tipo de información y en particular, de la cartografía. En 2017, motivado por el trabajo de geolocalización de las solicitudes de titulación colectiva de consejos comunitarios, se lanzó el Sistema de Información Geográfica y Cualitativa (SIG-C), en parte como una respuesta a las dificultades para acceder a información abierta y de calidad mediante las bases de datos del Estado. En repetidas ocasiones la intención de obtener datos oficiales se enfrenta a fallas en la sistematización, pérdida de expedientes y registros o a la necesidad de contar con algún respaldo institucional, lo cual obstaculiza procesos independientes en las comunidades, como la construcción de planes de manejo de los recursos, o la planeación y el ordenamiento territorial.\nLa construcción del SIG-C se basó en una apuesta por la disposición de información propia, tanto geográfica como cualitativa, levantada in situ, en compañía de personas de las comunidades, principalmente con un enfoque ecosistémico y sobre las zonas de importancia social-ecológica. Así mismo, se valió de otras herramientas cartográficas como las imágenes satelitales y la construcción de áreas buffer para complementar los análisis espaciales. Finalmente, el SIG-C se complementó con información geográfica de otras instituciones, lo que en la actualidad permite realizar cruces de capas con categorías dispuestas así: ordenamiento ambiental y productivo, ecosistemas y cambio climático, conflicto armado, proyectos minero-energéticos, restitución de tierras y derechos étnicos reconocidos. Esta información, principalmente derivada de bases de datos del Estado, facilita la interoperabilidad de los datos y permite generar análisis complejos sobre los territorios, pues integra en una misma plataforma información de fuentes diversas tanto comunitarias como oficiales.\nA los esfuerzos por la construcción de un SIG-C robusto, se ha sumado el trabajo de investigadoras/es, profesoras/es, lideresas y líderes en las comunidades, tesistas y practicantes. Aportes que han contribuido a mantener el sistema actualizado y a ampliar los enfoques de la información allí alojada. Uno de los objetivos a futuro es que es SIG-C, a través de metodologías participativas y el apoyo en tecnologías sencillas, posibilite a las comunidades a subir información de su interés a la plataforma en tiempo real, guardando siempre la alternativa de hacerla pública o mantenerla alojada en el sistema, pero no disponible para consulta externa. Dentro del SIG-C hay información sensible cuyo acceso necesita presentar un usuario y contraseña, esta medida ha sido concertada con las comunidades y está dirigida a proteger la soberanía de estas y cuidar los territorios de intereses externos.\nActualmente se enfrentan retos que superan los técnicos y las implicaciones del levantamiento de información primaria en el contexto de la pandemia y son aquellos que tienen que ver con la apropiación del SIG-C en los territorios, el uso efectivo que le están dando al mismo en las comunidades, las barreras de acceso a internet y la divulgación en general de la información que allí se aloja por fuera de los círculos cercanos al Observatorio. Si bien el SIG-C ha recibido retroalimentación de pares académicos e instituciones públicas que han reafirmado la relevancia de un sistema integral y enfocado en el diálogo entre la información geográfica y cualitativa, el SIG-C nació para aportar en los espacios de toma de decisión al interior de los consejos comunitarios, en la interlocución de las comunidades con el Estado (ej: Agencia Nacional de Tierras o Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en los procesos de educación interna… En ese sentido no está completa la labor si no se dirigen suficientes esfuerzos para lograr que sean las comunidades las principales usuarias del sistema.\nA raíz de esta necesidad manifiesta, de las consultas que continuamente se reciben con llamadas o correos electrónicos desde las comunidades, de las dudas que surgen en los espacios formativos en terreno, pero también del trabajo de programación que pretende lograr una plataforma más intuitiva y de fácil manejo, el equipo del proyecto de Titulación colectiva de tierras afrodescendientes en Colombia desarrolló una cartilla explicativa del sistema y sus posibilidades de uso. Más allá de ser un instructivo, la cartilla deja enunciadas algunas formas en las que los datos pueden ser soporte para los procesos comunitarios (principales usos del SIG-C) y rutas para el uso de las diferentes herramientas del sistema. Así mismo resalta la importancia de contar con información abierta y que está en constante retroalimentación con las comunidades y finalmente cuenta con apoyos gráficos y un glosario para facilitar la interacción de las/os usuarias/os con la plataforma.\nCon este producto se espera aumentar el aprovechamiento de la información disponible por parte de las comunidades y así también lograr mayores niveles de respuesta crítica tanto del contenido como de las herramientas. El sistema es también una posibilidad para fortalecer las redes entre las regiones, pues pone en evidencia problemáticas que pueden estar compartidas en diferentes zonas del país, como la presencia de cultivos agroindustriales o los intereses de explotación minera. La articulación entre consejos comunitarios existe y se ha robustecido con el tiempo, se espera que el SIG-C pueda aportar en estos encuentros como lo que es, una plataforma de disposición libre de datos, basada en información generada a nivel local, integrada con datos oficiales, con enfoque ambiental y que insiste en la vulnerabilidad de los territorios sin reconocimiento de propiedad sobre la tierra para quienes los han habitado tradicionalmente.\nSe espera poder difundir la cartilla de forma física y digital a través de las redes de trabajo entre el Observatorio y las comunidades y ampliar el alcance que se ha tenido en anteriores oportunidades con los espacios formativos. Es decir, en un escenario favorable este documento llegará a personas y consejos comunitarios con los que no se ha profundizado en las posibilidades de uso del SIG-C y a su vez se mantendrá como un documento de consulta tanto en las comunidades como en la página web del Observatorio.\nPara consultar el Sistema de Información Geográfica y Cualitativa puede ingresar mediante el siguiente link: https://mig.etnoterritorios.org\nLa cartilla estará disponible en el centro de documentación de la página web del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos: www.etnoterritorios.org\nLos Sistemas de Información: Un universo digital, una realidad territorial\nAutor: Elias Helo Molina || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nEl 2020 y 2021 han sido años de profundos cambios debido al COVID-19, cambios que han generado una reflexión en diversos aspectos en las comunidades locales en varios lugares del mundo. Quizás uno de los elementos más relevantes ha sido la importancia que han cobrado las plataformas digitales y en g...\nEl 2020 y 2021 han sido años de profundos cambios debido al COVID-19, cambios que han generado una reflexión en diversos aspectos en las comunidades locales en varios lugares del mundo. Quizás uno de los elementos más relevantes ha sido la importancia que han cobrado las plataformas digitales y en general los sistemas informáticos en la cotidianidad de muchas personas. Si bien la revolución informática es un proceso de larga data, con los confinamientos y las limitaciones de contacto en estos dos años ha cobrado un papel inesperado. Hoy por hoy la crisis sanitaria y económica que golpea al mundo entero se enfoca en los problemas de logística en el transporte, en la falta de materias primas, la escasez de chips, el aumento de la demanda de energía y todo lo que desencadena esto en el día a día de cada uno de nosotros.\nEsto me lleva a una reflexión sobre el peso que tiene lo digital en el mundo, sobre el supuesto universo que se está tramando Facebook y en general la alta dependencia que tenemos de los sistemas y la tecnología que hay detrás de cada cosa que nos rodea y que, a veces, no cuestionamos el trasfondo y cómo sería la vida sin todos estos desarrollos.\nEstos dos años también han sido de un trabajo exigente para no romper el contacto con las diversas comunidades rurales que quizás no han percibido los mismos avances tecnológicos y la misma ‘revolución informática’ que en las ciudades y los territorios que tienen acceso pleno a internet. Esas mismas comunidades en las que la guerra y las dinámicas del conflicto siguen más vivas que nunca y que llevan años esperando un pedacito del Estado que abogue por los derechos que han sido vulnerados y en los que los territorios han sido las víctimas de una cruenta guerra.\nEl Sistema de Información Geográfico que hemos desarrollado por varios años da cuenta de las complejas realidades territoriales de las comunidades rurales y en especial de los afrodescendientes en Colombia. Y es que detrás de todas las plataformas digitales existe un mundo de información y de datos que son la base de su funcionamiento y que, como vimos en la pandemia, no se detienen y todos los días cobran mayor relevancia. No podríamos concebir la revolución digital y, en general, ‘lo digital’ si no incluimos allí una información diversa y precisa de lo que ocurre a nivel local y territorial. Este es el puente que pretendemos trazar con un Sistema de Información que sea la línea base de las realidades de los territorios olvidados, en la realidad y en lo digital.\nEn los próximos días saldrá una actualización de las complejidades territoriales a las que se enfrentan los Consejos Comunitarios Afrodescendientes a nivel nacional2 y hemos acompañado esta información con una plataforma digital moderna y actualizada que nos permite navegar entre tanta información que se genera por parte de instituciones oficiales y otros centros de pensamiento. El panorama es complejo.\nHemos notado un aumento en las solicitudes de titulación y una respuesta insuficiente por parte de las instituciones encargadas. Mientras en 2017 habían cerca de 271 solicitudes de titulación, para 2021 hay 400. Es necesario reconocer que algunas de las identificadas en 2017 ya tienen un título colectivo, pero son mayores los reclamos de las comunidades que la capacidad de respuestas del Estado. Además, se sigue ampliando la brecha entre el pacífico y demás territorios que no suman más del 10% de tierras tituladas para comunidades negras (ver Tabla 1).\nTabla 1 - Solicitudes de titulación y títulos por región y departamento\nLos problemas internacionales en el suministro de energía han llevado a países de la Unión Europea, China, Estados Unidos, Australia, entre otros, a volver a la generación eléctrica por medio del carbón, esto sumado a la crisis internacional de logística para el transporte, por ejemplo, de gas licuado. Inmediatamente se ha sentido este efecto en Colombia que es un productor de carbón y zonas de Cesar, Guajira, Antioquia, Santander y Cundinamarca han aumentado notablemente la extracción y existe una avalancha de solicitudes para títulos mineros. Bajo este marco hemos encontrado diversos conflictos entre solicitudes de titulación colectiva y títulos mineros. Uno de los principales minerales explotados dentro de los territorios solicitados para la titulación es el carbón y se han documentos diversos conflictos en territorios del Caribe (Cesar y Guajira) (ver Tabla 2).\nTabla 2 - Títulos mineros por mineral dentro de solicitudes de titulación\nArcillas y otros\nCobre, plata y oro\nOtro aspecto importante es la capacidad de gobernanza de las comunidades afro en sus territorios en contraste con los espacios naturales que muestran cierto nivel de conservación. En el Sistema de Información hemos identificado la diversidad de ecosistemas que hacen parte de estas solicitudes y la importante conservación de coberturas naturales. De igual manera algunos casos en los que se ha logrado trazar una hoja de ruta entre la institucionalidad y los Consejos Comunitarios para el comanejo de áreas protegidas.\nDiversos datos e información se ha condensado en este SIG que permite desde los dispositivos móviles conocer complejas realidades territoriales y, más allá, una serie de comunidades que aparecen como puntos en el mapa, pero que en los territorios están bajo condiciones adversas al reconocimiento de sus derechos territoriales. También nos ha permitido como academia profundizar en las investigaciones sobre el estado de los derechos de tenencia, las oportunidades de conservación y los conflictos en torno a la tierra y los territorios.\nConstruir desde la academia y de la mano de las organizaciones y comunidades permite dar un panorama amplio y visibilizar las complejidades en términos ambientales y territoriales. Sin embargo, no tendría cabida dejar la información y los datos en anaqueles, sino que es necesario migrar hacia la era de lo digital poniendo temas de actualidad y con el rigor académico. Hay millones de datos almacenados en la nube, en servidores y en discos duros, pero nuestro papel desde la academia es lograr analizar y fortalecer los procesos comunitarios y crear un puente para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, conozca desde un universo digital, una realidad territorial.\nMapear las configuraciones del género: Retos, alcances y posibilidades en el Consejo Comunitario Las Brisas.\nAutor: Laura Sofía Muñoz || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nEn el marco del proyecto de titulación colectiva, junto a PCN y el Tenure Facility, el OTEC, en el seguimiento de las buenas prácticas del proyecto reconoció la necesidad de mapear cómo están participando las mujeres y los jóvenes al interior de los consejos comunitarios en los procesos de titulació...\nEn el marco del proyecto de titulación colectiva, junto a PCN y el Tenure Facility, el OTEC, en el seguimiento de las buenas prácticas del proyecto reconoció la necesidad de mapear cómo están participando las mujeres y los jóvenes al interior de los consejos comunitarios en los procesos de titulación. Esto bajo la apuesta de entender los procesos de participación política al interior de los consejos comunitarios desde una perspectiva relacional y reflexionar sobre cómo generar y potenciar estrategias para el reconocimiento de derechos territoriales con enfoque diferencial de manera efectiva.\nBajo esa apuesta se incluyeron tres estrategias metodológicas para recolectar percepciones, propuestas y reflexiones al respecto: un taller dirigido a mujeres, otro a jóvenes y una serie de preguntas dirigidas a reconocer la participación de esta población dentro de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a diversos miembros de la comunidad. El objetivo de estas fue diagnosticar el estado de la participación de mujeres y jóvenes al interior de los consejos comunitarios. Así como escuchar y reconocer a partir de las voces de las mujeres las expectativas a futuro sobre su proceso de participación.\nEn este breve ejercicio reflexivo, se presentan algunos resultados del taller con mujeres realizado el 08 de marzo de 2021 en el marco de la visita técnica al Consejo Comunitario Las Brisas en el municipio de Suárez, Cauca. El encuentro estuvo dirigido por la pregunta: ¿Cómo es nuestra participación en el proceso de titulación colectiva? Pregunta que permitió orientar e iniciar una discusión sobre la participación al interior del Consejo Comunitario, la Junta de Gobierno y escalar a un nivel más general sobre su participación comunitaria. Alrededor del diálogo, se respondieron otras preguntas específicas: ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo aportamos a la gobernanza territorial como mujeres? ¿Qué debilidades u obstáculos encontramos para hacer de nuestra participación un proceso más efectivo e incluyente?\nPara finalizar el espacio, se construyó una hoja de ruta con las alternativas que, desde su perspectiva, consideraban que podían implementarse para mejorar el reconocimiento de sus derechos y trabajar en la disminución de la brecha de participación al interior de los consejos. Este momento estuvo orientado por la pregunta: ¿Cómo se puede atender y reconocer nuestra participación en el proceso de titulación?\nEn el caso de Las Brisas, la participación de las mujeres en los espacios de asamblea fueron altos, y al menos 15 de ellas hicieron parte del taller específico. Inicialmente, identificaron que la brecha de participación aún existe – aunque en menor medida – porque persisten los estigmas alrededor de las capacidades de liderazgo, toma de decisiones de las mujeres y porque su participación continúa condicionada por las labores de reproducción que les impiden participar en otras esferas. Sin embargo, insistieron en que al interior del consejo se está haciendo un esfuerzo significativo, liderado por las mismas mujeres del consejo, para disminuir la brecha de oportunidades de participación política que existe entre hombres y mujeres. Hoy, las mujeres de Las Brisas participan a través de los distintos comités de la Junta (comité de salud, recreación etc.) y recientemente, se eligió a una mujer joven como representante legal del consejo comunitario.\nPor otro lado, se identificaron una suerte de retos para su participación que están directamente condicionados por los roles de género. Uno de los retos principales está vinculado al uso del tiempo y a la sobrecarga de las mujeres. La participación en los espacios de taller, toma de decisiones y junta de gobierno, están obstaculizados por la triple jornada: su tiempo se divide entre los trabajos vinculados a la economía del cuidado, el trabajo productivo y el trabajo comunitario.\nLas cargas de trabajo productivo y cuidado son tan altas, que incluso se encuentran dificultades para encontrarse entre ellas. Generalmente, los espacios de encuentro son la ranchería, el intercambio de tiempo (intercambio de horas de trabajo y cuidado) y los sábados y lunes cuando se trasladan a la cabecera municipal para vender los productos que cosechan durante la semana.\nEl uso del tiempo, incluso les ha impedido el conocimiento sobre el procedimiento de la titulación colectiva. “Los esposos son los que se enteran”, repetían las participantes sobre el tema. Reconocen que el desconocimiento sobre la titulación recae principalmente en la poca disponibilidad de tiempo para participar en reuniones y encuentros del consejo comunitario, porque deben priorizar las tareas de cuidado del hogar. Y en menor medida, vinculado a los prejuicios de sus compañeros sobre sus capacidades para participar.\nOtro reto que identifican es la lejanía entre ellas y el posible predio a titular. Encuentran dificultades para garantizar su mayor participación con el posible título porque el traslado hasta el predio colectivo supone un esfuerzo – o como ellas lo llamaron, sacrificio – monetario y de tiempo que difícilmente podrían hacer si no hay acuerdos previos al interior del hogar que les permitan distribuir las labores de cuidado.\nDentro de las oportunidades encuentran en su participación en la Junta, la posibilidad de fomentar espacios de encuentro entre mujeres para compartir saberes y conversar “sobre cosas que no se pueden conversar con los hombres” (como el cuidado y sentires vinculados a su experiencia como mujeres). A nivel productivo, a pesar de las dificultades, las mujeres encuentran en la titulación colectiva una oportunidad para la redistribución económica. En el mediano plazo, se proponen estar más organizadas para participar al interior del consejo y proponer espacios exclusivos de encuentro para ellas. Adicionalmente, la titulación colectiva presenta una oportunidad para el encuentro y aspiran trabajar colectivamente en el predio a titular y encontrar financiación para la transformación de productos. Esto último, bajo la aspiración de que la vocación productiva se mantenga, que la producción conjunta se pueda convertir en un espacio seguro de encuentro para ellas y que esto les permita consolidar un ingreso que garantice su autonomía económica.\nComo resultado, podemos reconocer que las formas en las que se están reconfigurando las relaciones de género al interior de los consejos comunitarios es un proceso de largo aliento. Entendemos que la participación está constituida por varios momentos en el tiempo, con contradicciones y desencuentros que no dependen de la experiencia de un solo sujeto, sino que está construido de manera relacional (Muñoz, L. , 2020). Precisamente, comprenderlo como un proceso, permite entender que la construcción de mundo de los individuos, los colectivos, y las transformaciones de sus representaciones y realidades sociales no son lineales ni veloces. Implican un trabajo constante para derrumbar los paradigmas del género que están imbricados en nuestras formas de relacionarnos y construir la participación del otro.\nLa experiencia en el consejo de Las Brisas permitió entender que la participación no sólo está aumentando sino que la posible titulación tiene potencialidades transformadoras en términos de redistribución de tiempo, trabajo y espacios de toma de decisiones al interior del consejo comunitario. Es un proceso que requiere tiempo y acompañamiento de fortalecimiento para orientar, mediar y garantizar la construcción de espacios de reflexión sobre el lugar de las mujeres y su participación efectiva.\nMuñoz, Laura Sofía. (2020). La urgencia de pensarse a las mujeres más allá de la participación: Problematizando la experiencia de las mujeres del Caribe Colombiano. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/52451\nPercepciones sobre la seguridad en la tenencia de la tierra en Montes de María a través de la encuesta Prindex\nAutor: Maria José Guerra Bartels || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nEl proyecto Estudio sobre percepciones sobre la seguridad de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la metodología PRINDEX contó con el apoyo y financiación de International Land Coalition (ILC) y Global Land Alliance (GLA); y se desarrolló entre marzo de 2020 y agosto de 2021 con 5...\nEl proyecto Estudio sobre percepciones sobre la seguridad de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la metodología PRINDEX contó con el apoyo y financiación de International Land Coalition (ILC) y Global Land Alliance (GLA); y se desarrolló entre marzo de 2020 y agosto de 2021 con 5 comunidades en los municipios de María la Baja y San Jacinto Bolívar y San Antonio de Palmito en Sucre: 2 comunidades afrodescendientes (Consejo Comunitario Eladio Ariza y Consejo Comunitario Santo Madero), 2 comunidades campesinas (Asocristo y Asocucal) y el cabildo de San Miguel, parte del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento.\nEl trabajo consistió en la aplicación de la encuesta Prindex, que mide la percepción de la seguridad de la tenencia de hogares y otras propiedades de los encuestados a un nivel local. En términos generales, la encuesta busca representatividad nacional y cuenta con datos para Colombia, pero la mayoría de los datos procedían de entornos urbanos o de entornos rurales muy cercanos a grandes y medianas ciudades. Además, la metodología aborda únicamente la propiedad privada, dificultando la recolección de datos sobre la percepción de la seguridad de grupos con tenencia colectiva de sus tierras, como los afrodescendientes e indígenas. A través del proyecto se buscó conocer la percepción de la tenencia colectiva de los grupos étnicos, así como la realidad rural de zonas más alejadas de los centros urbanos, que históricamente han alojado disputas por la tenencia de la tierra, profundizando en el caso de los Montes de María.\nLa selección de los encuestados se hizo de manera aleatoria siguiendo los criterios de PRindex. Su encuesta original cuenta con 8 secciones que abordan los siguientes temas: 1. Voluntad de participación del encuestado. 2. Perfil del encuestado, esto es género, ocupación, edad, entre otros. 3. Evaluación de la tenencia de la vivienda, donde se indaga por el tiempo que se espera seguir viviendo allí, por la relación (propietario / arrendatario / alojamiento) que el encuestado tiene con la vivienda, el acceso a algunos servicios, entre otros. 4. Percepciones de seguridad de la tenencia de la vivienda, donde están las dos preguntas centrales sobre preocupación y probabilidad de perder los derechos sobre la vivienda y sus motivos, entre otros. 5. Documentación, en esta sección se aborda únicamente los documentos que sustentan los derechos sobre la vivienda. 6. Beneficios de la seguridad de la tenencia, que indaga sobre las posibilidades de hacer si garantía sobre la tenencia. 7. Seguridad de la tenencia de otras propiedades, preguntas centrales sobre preocupación y probabilidad de perder los derechos sobre la tierra, entre otros. 8. Contexto y percepciones de derechos de propiedad, que indaga la percepción sobre la situación general del país.\nAdemás de estos 8, fue necesario diseñar un módulo de preguntas, especialmente para las comunidades afro e indígena, referidas a la tenencia colectiva y al territorio, en donde se abordaron el grado de preocupación de pérdida de derechos sobre el territorio y los motivos que preocupan, percepción de probabilidad de perder los derechos, los factores que favorecen la permanencia en el territorio y los usos del territorio colectivo. También fue necesario adaptar el lenguaje en las comunidades afrodescendientes de manera que no aludieran en ningún momento a la propiedad privada, debido a algunas dificultades en la consolidación de las apuestas como colectivo. En este mismo sentido, con los líderes de los Consejos Comunitarios y del Cabildo indígena se acordó no aplicar la sección 5, sobre documentación.\nComo complemento de las encuestas, realizaron entrevistas a líderes y grupos focales con mujeres y jóvenes que recogieran su percepción particular en torno a la tenencia de la tierra y los factores que favorecen la permanencia en sus territorios. Así, se planteó una metodología que integró la información cuantitativa de la encuesta con las narrativas de los grupos focales y entrevistas.\nSe encuestaron efectivamente a 310 personas, pues 12 de ellas se negaron a participar. El 49.7% de los encuestados fueron mujeres y el 50.3% fueron hombres. La mayoría de los encuestados (41.6%) estaban entre los 34 y 57 años, el 30.6% fueron personas entre 18 y 33 años, y 27.7% de las personas que respondieron la encuesta tienen 58 años o más. Se contó con una baja participación de jóvenes debido a la dificultad que hay entre las organizaciones, a excepción del Consejo Comunitario Eladio Ariza y el Cabildo, para incluirles en los procesos organizativos. La ruptura social causada en el pasado por el conflicto armado ha llevado a que algunos jóvenes hayan salido del territorio en busca de oportunidades laborales y académicas. En general, ellos jóvenes consideran que en sus comunidades existen posibilidades limitadas para el acceso a empleo o a educación superior, lo que les dificulta la realización de sus proyectos de vida. Por esta razón, la población joven en cada comunidad es menor que la población de adultos o adultos mayores.\nA través de los datos se evidencia una marcada división de las labores por género. El 37% de los encuestados se dedican exclusivamente a la agricultura, lo que equivale A 117 personas, de las cuales solo 1 es mujer. Sin embargo, entre los encuestados hay 10 mujeres que se dedican a su hogar a la vez que trabajan sus tierras, pero ningún hombre lleva a cabo esta doble labor. El siguiente oficio más común es el de ser exclusivamente ama de casa, al cual se dedican el 31.9% de las personas que respondieron la encuesta, lo que equivale a 99 personas, de ellas, solo 1 es hombre.\nComo se mencionó anteriormente, la encuesta aborda dos preguntas claves:\n¿Cuán preocupado está de perder el derecho a usar esta *propiedad>, o parte de ella, contra su voluntad en los próximos 5 años? Sus posibles respuestas son: No le preocupa, le preocupa un poco, le preocupa mucho, no sabe y se niega a contestar.\nY en los próximos 5 años, ¿qué tan probable o improbable es que usted pueda perder el derecho a usar esta *propiedad> en contra de su voluntad? Sus posibles respuestas son: Muy poco probable, poco probable, algo probable, muy probable, no sabe y se niega a contestar.\n*Propiedad, fue reemplazada por vivienda, por parcela, o por territorio colectivo, según el caso. La segunda pregunta tiene la característica especial de que a partir de ella deriva la clasificación de seguridad / inseguridad en la tenencia de la tierra: si la respuesta del encuestado es muy poco probable o poco probable, entonces se interpreta como seguridad. En caso contrario de que la respuesta sea algo probable o muy probable, la interpretación es de inseguridad.\nEn términos generales, el 65.2% de los encuestados afirmaron sentirse muy preocupados o un poco preocupados por perder los derechos sobre su vivienda, el 32.3% dice no estar preocupado, el 2.3% de las personas no supo qué responder y el 0.3% restante no respondió a esta pregunta. En lo que se refiere a las parcelas, respondieron 183 personas, que son quienes poseen algún derecho sobre tierras. De ellos, el 67.8% de los encuestados afirmó estar muy preocupados o un poco preocupados, el 25.7% dice no estar preocupado, el 4.4% de las personas no supo qué responder y el 2.2% restante no respondió. El motivo de mayor preocupación fue el conflicto armado o el recrudecimiento de la violencia, seguido de desacuerdos familiares.\nA pesar de los altos niveles de preocupación, de acuerdo con las categorizaciones de PRindex, el 65.5% de los encuestados afirmaron sentirse seguros seguridad en la tenencia del hogar y el 31.6% se sienten inseguros en la tenencia del. Las percepciones sobre las parcelas siguen la misma tendencia: el 64.5% de las personas encuestadas afirmó sentirse seguros con la tenencia de su parcela, contra el 26.8% que dijo sentirse inseguro.\nAunque los datos aquí presentados corresponden a un análisis general de las respuestas, el patrón de una alta preocupación manifiesta versus una alta sensación de seguridad se mantiene al interior de casi todas las comunidades:\nLas diferencias entre la preocupación y la probabilidad manifestada por los encuestados, se puede explicar a partir de varias consideraciones:\nEl 72.6% de los encuestados esperan seguir viviendo en su hogar actual por más de 10 años, tan solo un 2.6% manifestó el deseo de vivir por menos de un año más en su hogar actual.\nLa disminución de la intensidad del conflicto armado, en comparación con las décadas de 1990 y 2000, da una sensación de calma. Aun cuando los líderes en entrevistas reconocieron la presencia de actores armados en el territorio, en la actualidad la intensidad de las acciones de los grupos se ha reducido notablemente.\nLas comunidades cuentan con una mayor organización y agencia política que les hace más visibles y les facilita una mejor posición de negociación frente al gobierno local y de alguna manera, les protege.\nDebido a las condiciones que tiene la agricultura familiar campesina, las personas viven y planean a corto plazo, cuando en la pregunta se plantea pensar a 5 años, esto puede llevar a ver que las posibilidades de perder los derechos sean muy lejanas.\nCulturalmente, hay una perspectiva religiosa muy marcada en las expectativas del futuro. Así las cosas, debido a las creencias personales, en muchas ocasiones la probabilidad de perder los derechos sobre la tierra o el hogar se ven como algo remoto.\nLos datos cuantitativos son claves para posicionar discusiones, son a menudo lo que más se tiene considera para dar cuenta de la situación de uno u otro tema. Son los indicadores cuantitativos los que a menudo miden el desempeño de una política pública. Afirmar que el 65% de las personas se sienten seguras con la tenencia de sus hogares en estas comunidades, o que el 68% se siente seguro con su parcela, desconociendo la preocupación de los habitantes de las comunidades y el contexto que acompaña estos datos, es simplemente riesgoso. La preocupación manifiesta y la lectura del contexto que se hizo a través de las herramientas cualitativas llama la atención sobre el hecho de que la sensación de seguridad no es alta como lo sugerirían las cifras.\nEl ejercicio de implementación de la encuesta PRindex acompañado de actividades que permiten cualificar los datos recolectados resultó muy enriquecedor. Las cifras, por ejemplo, del tema de género hablan de la realidad de la comunidad y recoger las narrativas que las explican y justifican es igualmente o incluso más valioso en tanto ofrece la posibilidad de entender las dinámicas históricas y actuales detrás de la cifra.\nREDECOM, OTEC y CODHES, una alianza para la superación de la impunidad de graves violaciones a DDHH en las comunidades afrocaribes. Relato de una experiencia de participación en la Jurisdicción Especial para la Paz\nAutor: Paula Kamila Guerrero y Juan Carlos Betancur || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nEn 2016 el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final que busca atender y superar los factores que originaron el conflicto armado en el país. Entre los puntos pactados se contempló; el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), ...\nEn 2016 el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final que busca atender y superar los factores que originaron el conflicto armado en el país. Entre los puntos pactados se contempló; el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como instrumento institucional para la construcción de la paz estable y duradera.\nEl SIVJRNR combina instancias judiciales y no judiciales que buscan promover la superación del extenso periodo de violencia que ha vivido el país y que, infortunadamente, persiste hasta hoy. Alcanzar la verdad, reparar a las víctimas, sancionar a los victimarios, proponer mecanismos de reconciliación y adelantar esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, son parte de las tareas que desarrolla el Sistema. Cada una de estas acciones está dirigida por un enfoque restaurativo que pone en el centro a las víctimas, tanto individuales como colectivas.\nEl Sistema Integral se encuentra compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia de juzgamiento penal; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), instancia de carácter administrativo que busca esclarecer los hechos sin implicaciones legales, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), de carácter extrajudicial y humanitaria que busca atender la desaparición forzada como fenómeno sistemático del conflicto armado colombiano.\nCada una de estas instancias goza de independencia en su accionar y de tiempos diferenciados en su mandato. Por ejemplo, la JEP tiene un período de quince años prorrogables; el período de la CEV recientemente se extendió a su cuarto y último año, y la UBP, tiene un periodo de veinte años prorrogables. Además, cada una de las instituciones del SIVJRNR contempla mecanismos de participación de las victimas en el avance de los procesos.\nPara el caso de la JEP, hasta marzo de 2022 se recibirán informes de las organizaciones de víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom; así como de todas las víctimas del conflicto armado, relativos a las conductas cometidas por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.\nUna vez recibidos los informes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad inicia su estudio y, a partir de ellos, puede, por ejemplo: sustentar sus decisiones de priorización y de apertura de nuevos casos o ser el respaldo para el avance de los casos existentes en la JEP. A partir de ellos, la Jurisdicción también podrá determinar cómo serán reparadas las víctimas y qué tipo de sanción recibirán los comparecientes. Si bien la presentación de informes de violaciones a los derechos humanos por parte de las victimas de comunidades étnicas constituye un mecanismo de participación inédito para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, se advierten grandes retos para la participación efectiva de las comunidades étnicas víctimas del conflicto en la JEP.\nLas comunidades negras particularmente han sufrido afectaciones profundas y permanentes por el conflicto armado, producto de un abandono estatal deliberado y sistemático, que hoy entendemos, en muchos casos, al servicio de los intereses productivos y económicos detrás de los territorios ancestrales. En este sentido, el desafío más grande para la participación de las víctimas afrocolombianas en la JEP del Caribe, mediante la presentación de informe entregado a la JEP el 26 de noviembre de 2021, están relacionados con la dificultad que enfrentan las comunidades para reconstruir y documentar las afectaciones en tiempo, modo y lugar, en medio de la vigencia de intereses sobre sus territorios, y en no pocos casos, la persistencia de la violencia y de pocas garantías de no repetición.\nEn la elaboración del informe, pudimos constatar que, en muchas ocasiones, las vivencias y daños producidos en el conflicto armado no habían sido anteriormente documentadas, entre otras cosas, porque los actores armados y la misma institucionalidad han destruido deliberadamente registros y documentos que facilitarían esta labor.\nAsí, el levantamiento de información se torna en un gran reto para la participación de las victimas afrocolombianas, más aún si se tiene en cuenta que después de la firma del Acuerdo diversos actores armados empezaron a hacer presencia y ejercer control de los territorios rurales, por lo que las condiciones de seguridad han empeorado en los territorios. En pocas palabras, para que la participación de la gente negra en la Jurisdicción especial de Paz sea completa y real, es necesario superar la dificultad de acceso y levantamiento de información para los entes judiciales.\nFue este contexto y con el firme propósito de contribuir a superar la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la población afrocaribe y sus territorios que, a principios del 2021, se concretó la alianza entre la Red de Consejos Comunitarios del Caribe (Redecom), el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) y la Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES), con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF), para documentar violaciones a los derechos humanos en catorce consejos comunitarios del Caribe colombiano en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.\nEn pleno confinamiento por el Covid-19, conformamos un equipo diverso y con presencia local, compuesto por seis investigadoras y un investigador ubicadas en Barranquilla, Cartagena y Valledupar; desde Bogotá y sus alrededores, se unió el equipo de investigación interdisciplinar del OTEC, compuesto por cinco investigadores e investigadoras, una practicante de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, y el director del proyecto. Desde Cartagena nos acompañó la coordinadora de Codhes en el Caribe. Este equipo de investigación contó con la asesoría de un grupo de docentes de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ.\nComo parte del compromiso de estas organizaciones de acompañar y fortalecer a las comunidades negras del Caribe Colombiano, la elaboración del informe fue la mejor excusa para abordar un proceso formativo dirigido a principalmente a jóvenes, mujeres y líderes de 15 Consejos Comunitarios. El desarrollo de los contenidos y reflexiones que se abordaron en este proceso se plasmó en una publicación a la que se puede acceder en el enlace https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=2166.\nEste proceso estuvo orientado a ofrecer herramientas de investigación para la generación de información en el marco de procesos de exigibilidad de derechos territoriales, particularmente para la documentación de hechos y afectaciones por conflicto armado en el marco de la JEP, pero también de valiosa aplicación para futuros procesos frente a las instituciones públicas, privadas y actividades propias de las comunidades. Más allá de la elaboración del informe mismo, este proceso formativo fue uno de los mayores desafíos que asumió el proyecto, no solo por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, sino porque durante su implementación nos enfrentamos a un mundo caribeño más complejo, con miedo generalizado de tener contacto con otras personas, pero urgencia de retomar las actividades cotidianas; costos del transporte intermunicipal por las nubes; el rápido avance de megaproyectos que no se detuvieron por el Covid 19 y la presencia de grupos armados ilegales, que se hace cada vez más evidente y preocupante, como se le manifestó a la Unidad de Investigaciones de la JEP y a la Sala de Reconocimiento.\nEste proceso formativo demandó enormes cantidades de creatividad para el diseño virtual/presencial y la transmisión de los contenidos. Gracias al equipo de investigadoras en terreno, que con mucho compromiso y gran responsabilidad impartieron los cinco módulos, 126 personas fueron certificadas al finalizar el proceso, al tiempo que se establecieron las bases para el proceso de documentación de hechos y daños del informe.\nEn paralelo se iba cocinando el informe, partiendo de la comprensión de que la memoria de las comunidades negras se resguarda a través de la oralidad, por lo que la reconstrucción de las afectaciones del conflicto pasa necesariamente por escuchar las vivencias y los testimonios de las personas que se vieron involucradas. Por esto, la construcción del informe no solo requirió de muchas jornadas en terreno, diálogos con sus líderes, largas disertaciones del equipo y, particularmente, mucho temple para volver a pasar por el corazón, tanto de los miembros de los consejos y como del equipo de investigación, las atrocidades del conflicto. Muchas veces debimos detenernos y recordar el sentido de lo que estábamos haciendo, pensar que estábamos contribuyendo a superar la impunidad de los crímenes de los que han sido y siguen siendo victimas las comunidades negras del Caribe… Y continuar.\nLa finalidad del informe, y su espina dorsal, es proponerle a la JEP un enfoque de afectaciones producidas por el conflicto en los 14 consejos comunitarios desde la perspectiva de los ecosistemas existentes en sus territorios tradicionales y actuales. Desde esta aproximación al conflicto, el informe trata de explicar cómo fueron afectados las comunidades y sus territorios, contribuyendo a entender los intereses y motivos de la guerra contra las comunidades afrocaribes, a partir de las transformaciones territoriales y la degradación de sus ecosistemas. El informe así, parte de una premisa muy simple que, a veces, perdemos de vista: el conflicto armado en Colombia ha tenido motivaciones arraigadas a las riquezas sobre los territorios de las comunidades. En el caso de los ecosistemas en las que habitan los consejos comunitarios participantes, es evidente la relación entre intereses sobre los ecosistemas, resistencias comunitarias y conflicto armado.\nEl informe producido, dada la sensible información que contiene, es de carácter confidencial; fue entregado en ceremonia privada a la JEP el pasado 26 de noviembre por autoridades de los Consejos Comunitarios y Redecom. No deja de ser extraño trabajar en un documento con tanto rigor sabiendo que su contenido no será publicado ni difundido; por el contrario, pocas personas - honorables magistrados de la sala de reconocimiento y otras instancias de la JEP- accederán a él; sin embargo, estamos convencidos de que este informe, más que un punto de llegada, constituye un punto de partida que será muy importante para las comunidades negras del Caribe en sus procesos organizativos y en la lucha por la superación de la impunidad. A continuación, se presenta de manera muy general los hallazgos de cada ecorregión.\nHallazgos en la ecorregión Canal del Dique/Montes de María\nDebido al potencial agrícola y a la calidad de los suelos, la región ha sido foco de interés para el desarrollo de proyectos agroindustriales y de ganadería basados en gran medida en modelos extensivos de tenencia de la tierra (Ojeda et al., 2015). Modelos que, como ha sido documentado, se han valido del acaparamiento y el despojo de la tierra y los recursos. Asimismo, la conexión con el mar Caribe, particularmente en el Golfo de Morrosquillo, hizo de esta una región apta para el tráfico de armas y droga. Por esta razón había intereses por el dominio y el control de las rutas del narcotráfico, lo que implica también el control sobre las poblaciones relacionadas con estos sectores de paso.\nEn la región también se desarrollan otras actividades económicas como la explotación de petróleo, madera (caucho, teca y tagua), cultivos de banano y minería de piedra caliza. En muchos casos, las comunidades se vieron obligadas a participar con trabajo en el desarrollo de estas.\nEn cuanto al canal del Dique, fue un afluente que se vio resignificado de manera violenta, pues era uno de los lugares en los que los paramilitares arrojaban cuerpos. Otras zonas de uso común fueron centro de bombardeos y combates por parte de grupos armados, afectando las dinámicas de uso de los recursos naturales, como la cacería, el acceso a plantas medicinales del bosque o los caminos de herradura que llevaban a zonas de cultivo. La desterritorialización producida por los actores del conflicto armado y particulares ha producido un grave quiebre en la relación territorio comunidades, que se espera pueda ser considerada por la JEP.\nA partir del ejercicio de recolección de información en seis Consejos Comunitarios de esta región se identificaron sesenta y cuatro hechos perpetrados por los diferentes actores involucrados: armados y civiles, que incluyeron ciento cincuenta y nueve violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en estos territorios. En la gráfica 1 se presenta estas violaciones.\nFigura 1. Violaciones a derechos humanos documentadas en los seis Consejos Comunitarios de la ecorregión Montes de María-Canal del Dique\nHallazgos en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta\nLa Ciénaga Grande de Santa Marta es un sistema hídrico alimentado por el río Magdalena en una llanura que limita al oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y compone un complejo de ecosistemas de estuarios, humedales, bosques de manglar, bosques húmedos, bosques secos y llanuras aluviales (Bernal, 2016). En la ecorregión se encuentra la subregión de la Zona Bananera del Magdalena, la cual comprende una división político-administrativa mucho más acotada que abarca los municipios de Zona Bananera, Ciénaga, Aracataca, El Retén y Pueblo Viejo (Valencia y Martínez, 2018, 5). En esta área se trabajó con un consejo comunitario.\nEste territorio cuenta con una ubicación estratégica por al menos dos motivos: primero, su riqueza hídrica y de los suelos, que desde finales del siglo XIX ha llamado la atención de inversionistas, generalmente extranjeros. Allí ha habido grandes plantaciones de cacao, tabaco y banano de exportación, que persiste hasta hoy en día, así como palma de aceite; luego, su ubicación cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta y su cercanía con el mar la configuraron como una ruta de contrabando y más delante de narcotráfico. En él han coexistido hasta hoy en día los intereses de actores armados y no armados sobre la tierra y el control de economías legales e ilegales.\nEl territorio ha contado con la presencia de distintos actores armados: grupos de autodefensa que se enfocaron en defender las rutas de contrabando y de narcotráfico durante la época de la bonanza marimbera. Entre ellos se encuentran las autodefensas del Palmor, las de Hernán Giraldo y los Meriño. Varios de estos grupos se unieron cuando llegaron los hombres de los Castaño a la región, otros disputaron el poder con las AUC, pero finalmente fueron absorbidos por el grupo en la década del 2000.\nExisten evidencias del acaparamiento hídrico que se manifiestan en el desvío de caños, la deviación del río Sevilla y la concesión de la mayor parte del agua de la cuenca a actividades agropecuarias. Además, el río Sevilla se volvió un lugar en el que tiraban los cuerpos de las personas asesinadas con el fin de desaparecerlas.\nLa recolección de información en un Consejo Comunitario ubicado en esta región dio como resultado la identificación de trece hechos victimizantes representativos, perpetrados por diferentes actores durante el conflicto armado, en los que estuvieron involucradas cincuenta y cuatro violaciones a los derechos humanos de la comunidad, descritas en la gráfica 2. El bajo reconocimiento de los territorios tradicionales por parte del Estado y las duras consecuencias (y vigencia) del conflicto armado sobre las comunidades negras, constituye uno de los desafios más importantes para superar la impunidad a través de mecanismos de transición como la JEP.\nFigura 2. Violaciones a derechos humanos documentadas en el Consejo Comunitario de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta\nHallazgos en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá\nHistóricamente, el control territorial de la región ha sido disputado por actores armados y no armados que han buscado hacerse a las rentas de economías legales e ilegales. Este fenómeno influyó considerablemente en las dinámicas del conflicto armado y en las lógicas de acción de los grupos armados. No obstante, el informe logró identificar de manera diferenciada los factores e intereses de cada uno de los grupos armados y no armados.\nLa acción de los grupos armados en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá tuvo varias temporalidades, de acuerdo con la información disponible y el proceso de documentación. La acción de las Farc se concentró entre 1980 y 2003, con grandes picos en los años noventa. Durante este periodo se dio la incursión de los grupos paramilitares, lo que ocasionó una escalada en la violencia entre 1990 y 2003; la presencia del bloque Norte se daría hasta los primeros meses de 2006.\nCon la salida de los paramilitares las Farc retomaron acciones concretas como el ataque a la infraestructura y el control de las rutas de contrabando y narcotráfico. Vale mencionar que la presencia efectiva de las Fuerza Pública en la zona ha sido intermitente; sin embargo, se intensificó desde la primera década del siglo XXI, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).\nLa agrupación ecorregional propuesta entre el departamento del Cesar y el sur de La Guajira responde a las características ecosistémicas comunes y a las dinámicas similares vividas durante el conflicto armado. El trabajo desarrollado con cuatro Consejos Comunitarios del Cesar y tres del sur de La Guajira permitió identificar setenta y cuatro hechos victimizantes, en los que se cometieron ciento cincuenta y nueve graves violaciones a los derechos humanos, descritas en la gráfica 3.\nEsta documentación dejó en evidencia el confinamiento y el desplazamiento forzado como forma de perdida territorial, y las duras condiciones de humillación y control sufridas por las comunidades negras por parte, primero de las farc, y luego con desatrozos impactos sobre el sujeto colectivo, por parte de las AUC. Todo esto con una profunda falla de protección del Estado, no solo por omisión, sino, en muchos casos, con claras complicidades con intereses económicos locales y un quiebre profundo de la democracia y la legitimidad de las instituciones públicas.\nFigura 3. Violaciones a los derechos humanos documentadas en los seis Consejos Comunitarios de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá\nEl conflicto armado en el Caribe visto a través del lente de la ecología\nAutor: Paula Tatiana Díaz || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nHe estado acompañando en calidad de practicante el proyecto Fortalecimiento del gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes basado en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos que se ha venido desarrollando en los últimos meses. En ese marco, he estado apoyan...\nHe estado acompañando en calidad de practicante el proyecto Fortalecimiento del gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes basado en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos que se ha venido desarrollando en los últimos meses. En ese marco, he estado apoyando a comunidades en el Caribe colombiano en el proceso de construcción de un informe dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz, y llevando a cabo procesos formativos que buscan fortalecer liderazgos de mujeres, jóvenes, y población LGTBI.\nA través de las tareas que me fueron asignadas, fui teniendo un breve, pero enriquecedor acercamiento a diferentes dimensiones del conflicto armado en el Caribe colombiano, más específicamente en las regiones dentro del área de influencia del proyecto. Así, fueron surgiendo reflexiones acerca de las repercusiones sociales y ambientales que los hechos victimizantes perpetrados tuvieron sobre estos territorios, y cómo factores tales como el género, la ubicación geográfica, la geomorfología, y las variables ambientales ejercieron un papel sobre la manera diferencial en que estos afectaron a las personas y las comunidades.\nEn este corto texto, compartiré algunas de las perspectivas y reflexiones personales que han emergido durante esta experiencia.\nEn una primera instancia, pude dar cuenta de que el territorio y sus componentes ecosistémicos también pueden ser vistos como víctimas del conflicto, pues los hechos ocurridos en el marco de este afectaron sus dinámicas, composición y estructura, tanto como afectaron a las comunidades que en estos habitan. A fin de cuentas, las estrategias usadas por los victimarios estaban en función del control y acaparamiento de zonas ricas en recursos naturales, bajo el interés de que grupos de personas privilegiadas pudiesen explotarlos con mayor facilidad (Cano & Lozano 2021). Así, estos actores armados y no armados le dieron un nuevo significado violento a los bosques, sabanas, ríos y ciénagas que proveían a las comunidades de alimento, ocio, recursos económicos, y asilo. De esta manera, las dinámicas sociales se ven reflejadas en los ecosistemas en que estas acontecen, incluso en casos que parecen ser meramente humanos.\nTeniendo esto en cuenta, la restauración de estos componentes ambientales puede llegar a ser una primera entrada para la verdadera reparación de las víctimas en estas regiones, en donde los ecosistemas y sus recursos naturales tienen importancia más allá de lo productivo, pues también tienen significancias culturales y ancestrales, además de cumplir un importante papel en la construcción del tejido social. Si bien el conflicto generó heridas y afectaciones irremediables sobre las comunidades, la reparación de las víctimas a través de la recuperación de sus territorios y la restauración de sus componentes naturales puede ser un primer paso. Esto no solo permitiría la resignificación de los territorios, sino que también daría paso a la recuperación del lazo entre las comunidades y sus recursos naturales.\nAhora bien, es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, diferentes variables tienen incidencia en la manera en la que se vive el conflicto armado, una de las más evidentes es el género. En términos generales, las mujeres rurales étnicas tienen un nivel educativo menor a las mujeres urbanas, menores ingresos que los hombres rurales y étnicos representados por una menor posibilidad de acceso a los mercados laborales, (Arias et al., 2013), además de ser más propensas a no poder acceder a servicios básicos, como la salud (Noreña et al., 2015). Es así, como las mujeres de esta región no sólo son víctimas del conflicto armado, sino que desde el momento en el que nacen en una sociedad patriarcal y machista como es la colombiana son víctimas de los roles impuestos a ellas, por lo que son sujetos que tienen doble vulnerabilidad en este aspecto (Barros & Mateus, 2015).\nAún con estas disparidades, las mujeres han cumplido un papel fundamental en la resistencia y exigibilidad de derechos en estas regiones, liderando espacios e iniciativas para la recuperación de saberes ancestrales, generando oportunidades productivas para otras mujeres en su comunidad, y apoyando los procesos organizativos en busca de recuperar la tranquilidad y la calidad de vida para ellas, sus familias, y sus comunidades. Es así como se hace evidente, que el fortalecimiento de liderazgos femeninos es vital para alcanzar la justicia social, y construir de manera integral la paz en esta región (Arias et al., 2013).\nPor otra parte, un reto importante para la construcción del informe, especialmente para las personas de los consejos comunitarios que fueron acompañadas por el proyecto, fue la recopilación de hechos victimizantes ocurridos en sus territorios. Esta recolección de información supone que las víctimas narren con infinidad de detalles los hechos violentos que marcaron sus vidas, con la esperanza de que, una vez estos lleguen a las entidades correspondientes, se pueda hacer justicia. Recordar estos sucesos puede llegar a ser muy difícil para las comunidades, incluso tantos años después, pues las heridas que el conflicto dejó sobre ellas son muy profundas. Sin embargo, cada una de las personas que relataron sus recuerdos de estos hechos, lo hacían con valentía, demostrando una capacidad de resiliencia extraordinaria.\nAhora bien, esta resiliencia mencionada, es característica de estos territorios. Algunas comunidades fueron desplazadas en su totalidad hace décadas, y aun así buscan reagruparse, y recuperar las tierras, tradiciones, y sentido de comunidad que el conflicto les arrebató. Incluso, al relatar los hechos que ocurrieron durante los años más violentos del conflicto, algunas veces se les escapaba una broma o un comentario sarcástico, no porque sea un tema ligero, si no que, a través del tiempo, han desarrollado la resistencia necesaria para mirar al pasado pensando en el futuro, esperando que este pueda darles la paz y dignidad que el pasado no les pudo otorgar. Como si de un bosque deforestado o un río que ha perdido su cauce se tratara, van en busca de un nuevo equilibrio.\nEs así como, a través del lente de la ecología, se pueden ver las diferentes facetas del conflicto, todas igual de dignas de reflexión y análisis. Esta mirada integral y sistémica puede aportar a encarar los retos que supone la reparación de los daños causados durante el conflicto armado. Aunque mi acercamiento a estos escenarios fue corto, las experiencias y lecciones aprendidas han permeado mi vida personal y profesional, y agradezco profundamente a todas las personas que me permitieron escuchar sus relatos y vivencias.\nCano López, W., & Lozano Mayo, L. (2021). Comunidades étnicas y conflicto armado: algunas dificultades para la gobernabilidad en territorios de comunidades negras e indígenas en Riosucio-Chocó, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 12(2), 846-869. doi:https://doi.org/10.21501/22161201.3537\nAgarwal, B. (2000). Conceptualising environmental collective action: why gender matters, Cambridge Journal of Economics, Volume 24, Issue 3, Pages 283–310, https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283\nArias, M.A. Caro, A., & Farah M.A. (2013) El nuevo perfil de las mujeres rurales jóvenes en Colombia. Lima, IEP; Nuevas Trenzas, 2013. (Documento de Trabajo, 178. Serie Programa Nuevas Trenzas, 3)\nNoreña-Herrera, C., Leyva-Flores, R., Palacio-Mejía, L. & Duarte-Gómez, M. (2015) Inequidad en la utilización de servicios de salud reproductiva en Colombia en mujeres indígenas y afrodescendientes. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 31(12):2635-2648. doi: http://www.dx.doi.org/10.1590/0102-311X00016515\nBarros, M. & Mateus, N. (2015). El Rol de la Mujer en el Conflicto Armado Colombiano. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad Externado de Colombia. E-ISSN: 2389-8100\nLas consecuencias del conflicto armado en las formas de socialización de las comunidades negras en Montes de María\nAutor: Laura Babilonia Torres || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nCon la presentación del informe a la JEP, por parte de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe (Con el apoyo del Observatorio de Territorios Étnico y Campesinos -OTEC- y CODHES), se logró caracterizar de manera integral distintos hechos y vulneraciones a derechos humanos de los que han sido vícti...\nCon la presentación del informe a la JEP, por parte de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe (Con el apoyo del Observatorio de Territorios Étnico y Campesinos -OTEC- y CODHES), se logró caracterizar de manera integral distintos hechos y vulneraciones a derechos humanos de los que han sido víctimas las comunidades negras de los 14 consejos comunitarios focalizados. Esto se realizó a través de análisis subregionales que a su vez planeaban caracterizaciones especificas por consejos comunitarios. El informe aporta elementos importantes sobre lo ocurrido con un especial énfasis en los daños acaecidos en el territorio y como esto ha transformado las dinámicas sociales, productivas, de identidad y otros en cada consejo.\nCon el presente quisiera proponer reflexiones adicionales sobre las transformaciones que generaron en los procesos de socialización de las comunidades de Montes de María y los elementos, acciones y/o festividades importantes que constituían dicho proceso y como estas son categorías que, dado al daño experimentado, también deben ser ampliamente contempladas para el reconocimiento de responsabilidades por parte de actores armados en los procesos de judicialización ante la JEP.\nEsta reflexión se orienta de lo observado con los consejos comunitarios de los Montes de María, que fueron clasificados así: para la zona montañosa, en el departamento de Bolívar, estaban los consejos de Eladio Ariza y Santo Madero, ubicados en los corregimientos de San Cristóbal y Paraíso respectivamente, en el municipio de San Jacinto. También el consejo comunitario de Makankamaná de San Basilio de Palenque, del municipio de Mahates. Para la zona de litoral está el consejo comunitario de Rebelión Rincón del Mar, del corregimiento de Rincón del Mar en San Onofre, Sucre\nDurante los espacios de deliberación y reconstrucción de los hechos violentos con todos los participantes de los consejos comunitarios, pude notar cierta añoranza por las formas en cómo, antes de la intervención armada, la comunidad solía desarrollar sus procesos propios de socialización, esparcimiento y construcción de identidad. Los participantes de los consejos comunitarios solían recordar la realización de actividades cotidianas y celebración de festividades propias, como acciones que aportaban en la consolidación de sus procesos de territorialización y formar su identidad personal y colectiva.\nSocialización ¿Qué es y cuál es su importancia en las comunidades?\nLa socialización la entiendo como el proceso donde las personas aprenden de su entorno social valores, costumbres, hábitos, formas de expresión y representación, que construyen la identidad individual y colectiva. En estos casos, en todos los consejos comunitarios este proceso está estrechamente relacionado y se desarrolla de manera interdependiente con las formas de apropiación, uso y significación del territorio tradicional, principalmente en espacios como son los arroyos, bosques, playas y otros.\nPor ejemplo, en las comunidades de la zona montañosa de los Montes de María como eran Santo Madero, Eladio Ariza y Makankamaná, los principales espacios para la socialización cotidiana se concentraban en los arroyos y bosques. Las comunidades de Santo Madero y Eladio Ariza mencionaron constantemente al Arroyo María y Arroyo Matuya en San Jacinto, Bolívar. Mientras que en el Consejo Comunitario de Makankamaná estaba el arroyo Grande de San Basilio de Palenque que se subdivide en varios arroyuelos.\nAlrededor de estos espacios -además del abastecimiento de alimentos y agua y la realización de actividades productivas- las familias en días de descanso realizaban paseos en los que jugaban, preparaban comidas a orillas del arroyo y conversaban; los jóvenes, niños y niñas, después de clases realizaban juegos como nadar, trepar árboles, cazar pequeñas especies y de recolectar frutos silvestres para comerlos y otros; las mujeres y hombres encontraban en estos espacios puntos para la transmisión de conocimientos sobre el entorno o sobre costumbres y tareas cotidianas a personas jóvenes donde aprendían de agricultura, pesca, e identificar especies de plantas y sus usos en la medicina, técnicas para la recolección de barro para hacer tinajas y otros elementos importantes para la comunidad.\nLos arroyos eran punto de encuentro para la divulgación de información y noticias de importancia para la comunidad, así como espacios para compartir relatos, historias y experiencias, propias y ajenas. También Estos espacios naturales servían de inspiración para la composición musical y usos de instrumentos, donde no solo se admiraba la belleza de los lugares, sino que a través de sus letras se podían seguir transmitiendo las costumbres y actividades importantes para la comunidad pues por lo general las canciones rememoraban historias y escenarios cotidianos de la comunidad.\nSituación parecida sucedía con la comunidad del Consejo Comunitario de Makankamaná de Palenque; La comunidad refiere que alrededor del arroyo no solo se construían y preservaban costumbres, sino que también ser establecían y transmitían las normas sociales propias y que estas eran respetadas por todos. Por ejemplo, esto se veía en la división de los espacios del arroyo dados por género y función, en donde se localizaban puntos específicos para bañarse, lavar ropa, recrearse y desarrollar sus prácticas culturales. Límites y zonas separadas para hombres, mujeres y zonas mixtas. Estos límites eran aceptados y respetados por toda la comunidad y ante su incumplimiento se establecían sanciones. La comunidad cuenta que esas normas construidas les ayudaban a la convivencia pacífica y al respeto de los demás.\nPara la zona del litoral, donde se encuentra el consejo comunitario de Rebelión de Rincón del mar, las formas de socialización se daban alrededor de los usos de la playa y el mar. Este espacio constituía y aun lo hace el centro de los procesos de socialización de la comunidad, pues en el no solo se desarrollan las actividades como la pesca, que no solo era una actividad productiva, sino integradora de la comunidad, pues alrededor de la misma se entretejían relaciones de compadrazgo y colaboración mutua entre pescadores; permitió la conformación de asociaciones y la integración de la una cadena productiva propia donde mujeres y hombres se encargaban de tareas fundamentales.\nTambién era espacio principal para el esparcimiento y recreación, donde las familias iban a compartir tiempo juntos, jugar y nadar los fines de semana; los niños y las niñas jugaban después de clases.\nLa playa y el mar ha constituido para los rincomarenses el sello de su identidad costera, de hecho, alrededor de la misma se desarrollaba una festividad propia llamada festival del Sol y del Mar, celebrado por 3 días, generalmente en semana santa. Este era un festival que servía para la integración de toda la comunidad, en el participaban niños y adultos, las familias se divertían, se hacían presentaciones de bailes, música. En el festival se desarrollaban concursos y juegos como carreras de sacos, la ranita y otras; también se realizaba un reinado en el cual escogían a las mujeres que mejor representaba la identidad rincomarenses.\nTransformaciones y conflicto armado:\nDebido al conflicto las armado las comunidades se vieron limitadas en el uso de espacios en los cuales desarrollaban la socialización de las personas, pues los espacios fueron tomados por los grupos armados como formas de ejercer control territorial. Esto implico una transformación negativa en todas sus dinámicas comunitarias y la perdida de costumbres, hábitos, valores colectivos y otros.\nLas formas de accionar de los actores armados, en tanto la ocupación de espacios importantes, tenía patrones similares para los consejos, por ejemplo:\nLas FARC generalmente ocuparon las zonas boscosas y arroyos para la instalación de campamentos, lo que hacía estos lugares de retaliación y combate con la fuerza pública; En la zona montañosa de los Montes de María por ejemplo la comunidad manifiesta que ya no concurrían esos espacios por temor a encontrarse con el actor armado, o en el caso de Makankamaná iniciaron a deforestar sus bosques para que no fueran usados como escondites de las guerrillas.\nLas AUC generaban profundo terror en la comunidad al transitar por dichos espacios, imponer prohibiciones y formas de control a la comunidad en cuanto a los horarios y formas de uso de estos. Estos en el caso de la zona litoral resignificaron por completo el uso de la playa, pues la usaron para el desarrollo de actividades ilícitas. También adoptaron el festival del Sol y del Mar y lo resignificaron eliminando los juegos y las formas de relacionamiento de las familias y convirtiéndolo en un escenario de espectáculo donde participaban políticos y personajes de farándula colombiana.\nLa Fuerza Pública prohibió a la comunidad el libre tránsito por su territorio y limito su uso también al estigmatizar a las comunidades de ser estrategas de comunicación con las guerrillas\nComo se ve las comunidades de los 4 consejos descritos dependían en su proceso de socialización de los espacios y zonas que los rodean para la construcción de su identidad, sin embargo, para todos los casos eso se vio interrumpido con la intervención de los actores armados e incluso el accionar – o no- de la fuerza pública se resignificaron y/o eliminaron todas las formas posibles de socialización y la celebración y conmemoración de festividades propias.\nEstas consecuencias del conflicto armado pasan desapercibidas en los procesos de justicia ordinaria, sin embargo, las responsabilidades de los autores no son únicamente sobre los delitos graves y las violaciones de derechos humanos, sino los efectos colaterales que repercuten en la vida comunitaria y que se manifiestan hasta hoy.\nEstos elementos son tan importantes para las comunidades que en la mayoría de los casos su recuperación constituye una de las principales apuestas para la construcción de paz y la reconstrucción de tejido social.\nPor eso la importancia que las comunidades étnicas, que tienen una fuerte dependencia con el territorio y que construyen sus costumbres a partir de los espacios que los rodea presenten el informe de hechos y graves vulneraciones lo cual es posible con los mecanismos de justicia transicional bajo el sistema de JEP y puedan pues la dimensión social y territorial permiten comprender y reconocer los impactos intrínsecos de los hechos graves.\nAutor: Lauren Ortíz || Publicado en Diciembre 16 de 2021\nPara desenmarañar el pasado, se necesita un puñado de recuerdos, una tierra donde pisar el ahora y un horizonte. Esto vengo entendiendo de la memoria y lo reafirmo con los caminos trazados y por divisar de las comunidades negras en el país. Si vamos a compartir ayeres, que sea en clave de transitar ...\nPara desenmarañar el pasado, se necesita un puñado de recuerdos, una tierra donde pisar el ahora y un horizonte. Esto vengo entendiendo de la memoria y lo reafirmo con los caminos trazados y por divisar de las comunidades negras en el país. Si vamos a compartir ayeres, que sea en clave de transitar hacia un futuro más justo y donde la vida, desde nuestras particularidades, sea posible. De lo contrario, podríamos pensar que abrir la herida sin esta intención acabaría en lamentos o caminar hacia un futuro sin voltear la mirada hacia atrás sería una condena.\nEn las construcciones de memorias del pueblo negro suele desdibujarse una línea delgada entre recordar para no repetir (y transitar hacia futuros dignos desde las aspiraciones colectivas) y recordar para sobrevalorar el “aguante”. Para algunos sectores de la academia, la sociedad emblanquecida, el Estado, escudriñar en el pasado confirma la capacidad de resiliencia, supuestamente inherente, al pueblo negro. En otras palabras, la resiliencia termina convirtiéndose en un aplauso por soportar la reproducción incesante de condiciones de vulnerabilidad y violencias contras las comunidades negras en los diversos lugares y territorios que habitan. En esa medida, se normalizan las violencias de carácter histórico y se espera (exige), que las comunidades transformen su dolor en saberes y prácticas, aunque se sostengan las desigualdades y conflictos que provocan dichos dolores.\nCiertamente, este pueblo ha parido estrategias para resistir en una nación que le esclaviza, excluye y asesina desde que fue raptado del continente africano. Esta necesidad de vivir en resistencia ha sido confundida por el aguante y con una resiliencia malsana. Mejor dicho, la resiliencia transmutó en un eufemismo pues aquella ovación de pie, en los ejercicios de memoria institucionales, no cuestiona y a su vez hace parte de la arremetida sistemática de la blanquitud contra el pueblo negro. Tal como diferentes organizaciones políticas afrocolombianas lo concretaron en sus consignas del 21 N del 2019: “Resistir no es aguantar”.\nEn este sentido, la memoria es una construcción que tiene como uno de sus fines desmontar los patrones de las políticas de muerte para allanar los caminos futuros. Estas políticas han expulsado socioespacialmente a las comunidades negras de la idea de nación a menos que sea en los lugares simbólicos y físicos que se les ha asignado históricamente: la servidumbre y zonas de frontera en todas las dimensiones. Aun así, las comunidades persisten en las gestas libertarias con sus desaciertos y victorias.\nEl proceso de reactivación de memoria en el marco de este proyecto que tuvo como objetivo presentar un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre las afectaciones e impactos del conflicto armado en los Consejos Comunitarios del Caribe, posibilitó revisar el pasado desde las espacialidades tanto materiales como intangibles donde se sustenta la vida de las comunidades negras. A raíz de esto, comprendo que las construcciones de memorias tienen una deuda que no se salda con el aplauso y que esta reparación es lo que se espera de organismos como la JEP.\nComo lo dice Vicenta Moreno (2018), el Estado es el principal productor de condiciones de vulnerabilidad para las personas y comunidades negras y, además, patrocina las dinámicas del conflicto armado. En definitiva, el conflicto se ha ensañado con el pueblo negro puesto que la configuración racista del país ha propiciado que los territorios ancestrales sean suelo fértil para las dinámicas de la guerra. La presencia paraestatal y la omisión deliberada del Estado sumado al accionar de otros actores armados se articula en una campaña de muerte que no culmina, todo lo contrario, se renueva.\nDe esta manera, la memoria debería expandirse de manera que acoja pasado, presente y futuro bajo preguntas puntuales en clave de no repetir y reparar. Para ello, las narrativas de las memorias no pueden ser traducidas en las instituciones a un lenguaje impropio de las comunidades para “ceder su dolor a propósitos, en muchos casos, inesperados por las propias víctimas” como explica Aranguren (2010). Las memorias del pueblo negro son un acto político e insurgente donde las opciones para el futuro se articulan con otras temporalidades que entrañan las pistas para dignificar la vida.\nEn el marco del proyecto, surge un llamado de orden vital por dignificar el dolor, el campo, la cultura, las agencias de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, la vida en los términos propios. Muchas personas de los consejos gozan de certezas para transitar esos caminos, las cuales se abrieron como grietas al hacerle frente al conflicto armado. En otros casos no es así, porque construir memoria es toda una hazaña impedida por los actores de la violencia al margen y en la ley.\nPor otra parte, mucho se ha documentado sobre las geografías del terror y el destejido social en el marco del conflicto armado. Pero poco se ha reflexionado sobre los espacios no producidos debido a las dinámicas de la violencia, especialmente aquellos relacionados con las mujeres y las disidencias sexuales. Transitar hacia un futuro antipatriarcal es un asunto de memoria, pero ¿dónde están las pistas cuando los espacios no fueron producidos o son silenciados?\nEn el conflicto armado, se añora el encuentro y llenar la cotidianidad de los oficios y prácticas como la pesca, agricultura, lavar en el río, las fiestas, entre otros. Pero tantas veces se escuchaba de intenciones de organizarse que se truncaron o que no surgieron por un terror que se insertó en la carne de sujetos femeninos y feminizados. Si se hiciera una geografía íntima del horror vivido en el marco del conflicto, las mujeres y las personas con diversidades sexuales localizarían más de un temor en el cuerpo, aunque no fueran víctimas de violencia sexual o agresiones físicas. De esta manera, esconderse fue la respuesta: en su casa o en una expresión corporal asociada a la heteronorma.\nEn esta línea, la memoria como construcción espacial e histórica tiene la tarea de visitar las espacialidades que no pudieron ser, que no han sido vividas cuando las necesidades colectivas dictaban que eran los pasos que seguir para fortalecer las resistencias. Así como también, destapar los canales para que se rompan los silencios y mientras eso va sucediendo, leer los silencios como diarios encarnados esperando su momento para emerger en voz alta. En tal sentido, pensarse el futuro requiere entender que los espacios no producidos son agencias reprimidas y que las memorias de las comunidades negras deben ser escritas y leídas en los términos propios para contar con reparaciones de acuerdo con las expectativas de los pueblos en su diversidad.\nAranguren, J. P. (2010). De un dolor a un saber: cuerpo, sufrimiento y memoria en los límites de la escritura. Universidad Nacional de Córdoba.\nHurtado, V. M. (2018). Entre la dignidad y la muerte: mujeres negras, dominación patriarcal y estrategias espaciales de resistencia en un barrio popular de Santiago de Cali. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.\nEstallido social y protesta rural en Colombia\nConmemorar la afrocolombianidad e insistir en los derechos territoriales\nLos reveses de la paz\nEl Paro Nacional Ampliado: Una oportunidad única para la transformación de la desigualdad urbana y rural de Colombia.