Las Reglas Del Diner | Democracia | Partidos políticos\nguardarGuardar Las Reglas Del Diner para más tarde\nloewenstein, karl teoria de la constitucion.pdf\nTrabajo Definitivo Artesanos\nCornelius Castoriadis Visiones sobre el México finisecular\nAnálisis comparado de los regímenes de financiamiento a los partidos políticos en México\n1. Régimen de financiamiento de la actividad político-electoral:\nuna aproximación con el enfoque de política pública La razón de ser de los regímenes de financiamiento:\nenfoque de política pública\nProblemas de eficiencia y equidad en los regímenes de financiamiento\n2. Impactos de los regímenes de financiamiento en las condiciones de la competencia político-electoral y el sistema de partidos\nAspectos detallados del esquema analítico\n3. Régimen de financiamiento y preservación del régimen democrático\nElementos de la discusión actual en la materia\n4. Régimen de financiamiento y promoción de la calidad en la representación política\nEl proceso de producción de la representación política\nLa promoción de la calidad en la representación política\n5. Recapitulación de resultados y discusión final\nCalidad vs. rentismo\nSustentabilidad vs. aperturismo democrático\nRégimen de financiamiento: problemas de adicción financiera y responsabilidad política\nPretensión preservativa del régimen de financiamiento\nSustentabilidad del régimen democrático\nE L ESTUDIO Las reglas del dinero. Análisis comparado de los regímenes de financiamiento a los partidos políticos en México, que originalmente se denominó Los alcances y las limitaciones del sistema de financiamiento a los\npartidos políticos en México, responde a la necesidad que prevalece en los países con\ndemocracias recientes de abordar nuevas agendas políticas electorales.\nLa tercera ola democratizadora en América Latina, iniciada en 1978, registra en estos 25 años avances importantes: del autoritarismo se pasó a la democracia; de una economía cerrada al mercado global y, en algunos países, de la guerra a la paz. Sin embargo, la democracia latinoamericana presenta limitaciones y déficit que de no ser atendidos adecuada y oportunamente pueden llevar a comprometer su perdurabilidad. Entre ellos cabe destacar la baja calidad institucional, el aumento de la pobreza y la distribución desigual del ingreso, factores todos ellos que obstaculizan su viabilidad y dificultan su consolidación. De ahí la necesidad de impulsar una segunda generación de reformas político-electorales que permita convertir a la democracia en un agente a favor del crecimiento y el desarrollo humano. De otra manera, la democracia irá progresivamente siendo percibida como una institución cada vez más lejana y separada de las demandas y necesidades de las grandes poblaciones humanas. Entre los campos prioritarios de esta reforma democrática destacan, por su\nimportancia, los siguientes siete: el régimen de gobierno; los sistemas electorales; los partidos políticos; los mecanismos de democracia semidirecta; los niveles de transparencia y de rendimiento de cuentas; las relaciones entre los poderes Ejecutivo\ny Legislativo; y los procesos de descentralización y la democracia en el ámbito local.\nEl presente estudio aborda un tema estratégico para la estabilidad y consolidación democrática: el financiamiento a los partidos políticos. Hoy en día éste es un tema de gran interés no sólo para los académicos sino también para los formuladores de política, para los administradores electorales, para los políticos, así como para la ciudadanía. En efecto, evitar la corrupción política,\nestablecer los mecanismos de transparencia y equidad para incrementar la confianza de la ciudadanía en la política son elementos fundamentales para la profundización\ny consolidación de la democracia. En este sentido, el estudio sobre Las reglas del\ndinero. Análisis comparado de los regímenes de financiamiento a los partidos políticos en México tiene el mérito de poner de relieve, con claridad, precisión y rigor\nmetodológico, la manera decisiva en que el tema de financiamiento impacta en la institucionalidad democrática. Felicito pues a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y al Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Federal Electoral de México por esta excelente obra que sin duda alguna contribuirá de manera importante a comprender y estudiar el asunto del financiamiento a los partidos políticos más allá de los aspectos de ingresos y egresos, estableciéndolo más bien como un tema clave para la salud y la calidad de la democracia.\nDaniel Zovatto Senior Executive IDEA Internacional\nE L PRESENTE TRABAJO forma parte de una serie de esfuerzos de investigación\nque realiza el Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Federal\nElectoral con el fin de enriquecer el debate y la reflexión internos en torno a\nla relación entre el régimen de financiamiento de la actividad político-electoral en México y la institucionalidad democrática. Se trata de conocer los alcances y las limitaciones del sistema de financiamiento en nuestro país respecto a tres retos estratégicos que enfrenta toda democracia de reciente creación: las condiciones de la competencia y el sistema de partidos, la preservación de la democracia y la calidad de la representación política. Este estudio puede ser útil al Instituto en dos sentidos: contribuye a la reflexión que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y otras instancias interesadas en el tema hacen respecto al financiamiento y fiscalización a la actividad político-electoral en México, y ofrece a los vocales de las 32 juntas locales y de las 300 juntas distritales ejecutivas del Instituto Federal Electoral elementos de los cuales se puedan valer para hacer frente a las exigencias profesionales, que, entre otras, incluyen la de presentar argumentos sólidos e informados sobre este tema que ha ganado espacio en la opinión pública. El régimen de financiamiento define y estipula de manera central actores, tiempos, montos y modalidades del financiamiento, y ello implica que al ser definido por los legisladores, éstos debieron diseñar el mencionado régimen de financiamiento para el logro de ciertos objetivos públicamente defendibles. De lo anterior se sigue por necesidad que los legisladores suponen que existe una conexión causal entre los preceptos del régimen de financiamiento y determinados rasgos de las instituciones democráticas. En el presente trabajo se asume que las características del régimen de financiamiento codeterminan dichos rasgos. El estudio está dirigido a observar en qué medida y con qué características el régimen de financiamiento en\nMéxico produce los resultados que son imputables a los legisladores. Ante el riesgo de reducir el tema del financiamiento de la actividad político- electoral a un problema de montos (si la democracia es cara o barata), en este trabajo el tema se analiza desde otra perspectiva. Se centra en el costo de oportunidad que entrañan para la sustentabilidad de la democracia las opciones que tomen los\nlegisladores respecto al diseño de un régimen de financiamiento con ciertas características en vez de otro. Por ejemplo, al tomar el legislador la decisión de configurar un régimen con altas propensiones rentistas y una reducida inclinación a promover la calidad de la representación política genera un alto costo de oportunidad para el público ciudadano y contribuyente. El análisis se ha diseñado sobre la base del método comparativo, a través del cual es posible observar simultáneamente distintas decisiones y los resultados que producen. Lo anterior, que en efecto supone cierta complejidad teórico- metodológica, intenta profundizar lo más posible en el tema sin perder de vista que los resultados que arroja deben contribuir a la reflexión dentro del Instituto. Con el propósito de clarificar la exposición de los argumentos y comunicar los resultados de la manera más sencilla, se ha optado por que los capítulos 2, 3 y 4 tengan un apartado dedicado a presentar los principales hallazgos del estudio comparado. Se añaden al final los respectivos anexos en que se describen los pasos seguidos en la construcción de los indicadores e índices que se presentan en el argumento. El trabajo se divide en cinco capítulos. En el primero se elabora, sobre la base de un enfoque de política pública, una conceptualización específica del régimen de financiamiento de la actividad político-electoral. Conservar la democracia supone la adopción de definiciones estratégicas de los legisladores; en este sentido se considera que los instrumentos que configuran al régimen de financiamiento impactan al menos en las tres áreas de la institucionalidad democrática que se analizan en los siguientes capítulos. En el segundo capítulo se analiza la relación entre el régimen de financiamiento, por un lado, y la estructura de la competencia y el sistema de partidos, por el otro. El régimen de financiamiento puede contribuir a que la competencia partidaria se vea alentada o bien entorpecida. En esta parte del estudio se dedica un esfuerzo especial a la construcción de un modelo analítico para observar los atributos de los regímenes de financiamiento respecto a su fuerza condicionante en la competencia. Para enriquecer el estudio comparado se eligieron casos de democracias consolidadas y emergentes. La capacidad preservativa de los regímenes de financiamiento, entendida como el grado en que dicho régimen protege la integridad de la democracia frente a los riesgos de la captura oligárquica o plutocrática, se aborda en el tercer capítulo, específicamente desde el punto de vista del grado en que dicha capacidad logra con éxito fortalecer la sustentabilidad de la democracia. Se destaca la importancia del imperio de la ley como un factor que media entre lo deseable –inscrito en el diseño\nde la política y en sus instrumentos– y lo factible –dadas las capacidades estatales de hacer cumplir la ley, independientemente de las características de ésta–. En otras palabras, la normativa de los regímenes de financiamiento se reduce a meras pretensiones legislativas cuando no se acompaña de un grado mínimo de vigencia del imperio de la ley. También se desarrolla un modelo analítico para observar los impactos de los regímenes de financiamiento en el carácter sustentable de la democracia. En el cuarto capítulo los regímenes de financiamiento son analizados a fin de observar la forma y medida en que promueven la calidad de la representación política. Se relacionan las diferentes configuraciones de los regímenes de financiamiento con los resultados que arrojan los indicadores de la calidad de la representación política, para lo cual se desarrolla una discusión pormenorizada y se elabora un esquema de indicadores. La recapitulación de los resultados se presenta en el quinto capítulo. Con base en la revisión de los principales hallazgos del análisis comparado se plantean las cuestiones críticas que, cabe suponer, enfrentarán los legisladores mexicanos en los tres ámbitos de la institucionalidad democrática ya mencionados. Este trabajo aspira a ser una aportación para un debate que puede presentarse dentro de un plazo relativamente breve. Como se espera demostrar, una serie de aspectos del actual régimen de financiamiento resultan por lo menos discutibles; y sobre ellos es preciso tener una caracterización clara, lo que puede dar pauta a formarse una opinión razonada. Es importante manifestar un sincero agradecimiento al Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, por su inapreciable colaboración ya que en los seminarios realizados en apoyo al presente estudio aportó sus experiencias y opiniones para que el presente trabajo llegara a buen término.\nuna aproximación con el enfoque de política pública\nE L PRESENTE CAPÍTULO expone un cuadro general de la complejidad y las implicaciones de los regímenes o sistemas de financiamiento de la actividad político-electoral, particularmente de campañas, partidos y candidatos. Se\ndesarrollan las bases de un enfoque de política pública en materia de conservación y preservación de las democracias, especialmente de su integridad en tanto tales, y en materia de la promoción de sus aspectos normativamente definidos como deseables. La primera sección está dedicada a establecer las bases argumentales de índole más general que sustentan el carácter indispensable de la intervención de los estados en el campo del financiamiento de las actividades político-electorales. Se emplea un enfoque relacionado con las fallas o imperfecciones del mercado –entendido en sentido amplio– y se exploran las implicaciones de dicha intervención, sobre la base de la relativamente reciente teoría de las fallas de fuera de mercado o fallas de estado. Con estas dos perspectivas complementarias se vuelve viable la construcción de un espacio discursivo y argumental en cuyo interior resulta procedente desarrollar un enfoque de política pública en materia de fortalecimiento de la vida democrática, enfoque que se sustenta sobre las bases de los instrumentos que proveen los sistemas o regímenes de financiamiento. En el segundo apartado se exploran las áreas de la estructura institucional de las democracias con el fin de identificar cuáles son susceptibles de modificación por medio de los instrumentos de los regímenes de financiamiento. Se sostiene que al menos tres áreas de la mencionada estructura institucional son no sólo susceptibles de impactos significativos y de largo alcance, sino también espacios en los que se configuran problemas estratégicos relacionados con la propia vigencia e integridad de la democracia como eje articulador de la vida política en la sociedad moderna. El capítulo termina con una aproximación al tratamiento comparativo de este trabajo, lo cual supone una serie amplia de consideraciones metodológicas de diseño, construcción de indicadores, así como de un conjunto de reflexiones sobre las consecuencias cognoscitivas y de política de los hallazgos que eventualmente se generen a partir de este trabajo.\nLa razón de ser de los regímenes de financiamiento:\nLa extensión mundial de la democracia como forma paradigmática de gobierno\ncomporta la difusión generalizada de la competencia político-partidaria en procesos electorales como forma dominante del proceso político y la aspiración del buen gobierno que se supone habrá de generarse a partir de la mencionada competencia. El buen gobierno se presume que es el producto de que la competencia política desplegada en el ámbito electoral da expresión política a la pluralidad sociocultural e ideológica y de que ello constituye el sustento del diálogo como mecanismo de procesamiento de las diferencias y las decisiones. Competencia electoral y buen gobierno se complementan\ny, en determinadas condiciones –cuando el régimen democrático funciona de la\nmanera esperada–, se presuponen recíprocamente. Conservar la centralidad de la democracia como eje político-organizativo de la modernidad supone la construcción y el continuo enriquecimiento de los espacios de reflexión y producción de conocimiento consagrados a resolver los sistemáticos desafíos que enfrentan por igual las democracias consolidadas y las emergentes; problemas que se generan por insuficiencias de los diseños electorales, en los sistemas de partidos, o en las modalidades del comportamiento electoral, entre otras\nposibilidades. La competencia política como paradigma y su efecto de largo plazo, el buen gobierno, entendidos como ejes rectores de la modernidad política de la era contemporánea, suponen por tanto un espectro complejo, amplio y en crecimiento continuo de redes y comunidades dedicadas al cultivo y la producción de reflexiones\ny conocimiento acerca de los problemas públicos estratégicos que enfrenta la\ndemocracia como paradigma político en el mundo contemporáneo. En el seno de estas redes y comunidades existe un amplio consenso en torno al\nhecho de que uno de los problemas estratégicos y de mayor complejidad que enfrentan las democracias radica en los instrumentos con que los estados nacionales, unidades que monopolizan la coacción física en un territorio y con capacidades para establecer normatividades de amplio y variado alcance, intervienen –usualmente por medio de esquemas regulatorios– en el campo de actividades al que cabe denominar financiamiento de la actividad político electoral. Este campo resulta estratégico prácticamente desde cualquier punto de vista que se postule sobre la democracia, porque la integridad de los regímenes, su identidad o ser democrático está en riesgo de quedar en entredicho –como se argumenta más adelante– si dicho financiamiento\nse efectúa sobre la base de la libre iniciativa de ciudadanos y organismos.\nLo mencionado en el párrafo anterior constituye un caso típico de lo que genéricamente suele denominarse falla de mercado, entendido este último como espacio construido sobre la base de la libre interacción de agentes que despliegan sus actividades sin más restricciones que las normas que protegen la propiedad y la vigencia de los contratos. 1 Si el financiamiento de la actividad político-electoral no estuviese sujeta a regulaciones cabría esperar que se presentaran situaciones contrarias a prácticamente toda definición de interés público que sostenga cualquier actor político o económico real o imaginable. Por ejemplo, sin dichas restricciones, un gobierno extranjero podría financiar con cuantiosos recursos la campaña de un partido o candidato, precipitar un triunfo o una derrota y ejercer una dominación interestatal no considerada por los integrantes del demos o cuerpo de ciudadanos. Del mismo modo, los partidos políticos, asumiendo incluso que sus integrantes desean llevar a la prácticas sus consignas ideológico-políticas, como necesitarían de recursos para las costosas campañas que han de llevarse a cabo en la actualidad, especialmente por sus requerimientos mediáticos, tendrían que crear órganos internos especializados en la captación de recursos, con la consiguiente dependencia de los puntos de vista de los agentes de financiación y la merma de su producción ideológico-política. Éstos son sólo dos ejemplos de la forma en que la ausencia de regulación, es decir, la plena libertad de acción en el campo del financiamiento de la actividad político-electoral, puede conducir a situaciones enfrentadas o contrarias a la naturaleza de la propia democracia.\n1 A diferencia de lo que suele entenderse, en tanto mecanismo de coordinación social, “mercado” no designa el espacio de interacción donde los agentes económicos compran y venden mercancías, si bien es la forma que más frecuentemente adopta; mercado no es un ámbito “económico” como se entiende comúnmente, es decir, relacionado con pagos, mercancías y demás. Para propósitos de diseño institucional y asignación de recursos, se entiende como aquel mecanismo de coordinación social basado en la libre iniciativa individual. Por esa razón, en el ámbito del financiamiento de la actividad político-electoral, como las campañas, es perfectamente posible hablar de mecanismo de mercado aunque las campañas sean temas o asuntos “políticos”. El “mercado”, entendido así, se distingue del mecanismo de coordinación por jerarquía (denominado muchas veces “estado”) y de la coordinación por solidaridad, del que recientemente se ha hablado como “redes”. Una visión de conjunto en Thompson, G., Frances, J. Levacic, R. Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life, Sage, Londres, 1991.\nPresencia extendida de los regímenes de financiamiento\nPor lo anterior, es común en los estados democráticos contemporáneos la existencia de legislaciones que regulen las prácticas de financiamiento de las actividades político-electorales. Una vez establecido que ese campo de actividades estará sujeto a restricciones, regulaciones o prohibiciones, se asume que la esfera del financiamiento político varía de acuerdo con las estipulaciones que en la materia determina el legislador. De cualquier manera, dado que prácticamente todo Estado democrático en cuyo interior se celebran elecciones y se compite por el poder cuenta con estipulaciones legislativas en esta materia, puede decirse que la extensión contemporánea de la democracia como paradigma de la modernidad política coincide con una extensión también amplia de formas de intervención de la autoridad estatal en las actividades del financiamiento político-electoral. En este marco se ha configurado lo que a lo largo de este trabajo habrá de denominarse regímenes de financiamiento de la actividad político-electoral, o más brevemente regímenes de financiamiento. 2 Los regímenes de financiamiento establecen qué vale y qué no como financiamiento de la actividad político-electoral: aportaciones jurídicamente admisibles e inadmisibles, legales e ilegales; también determinan qué ha de ser tratado como comportamiento irregular, ilegal o corrupto. Esta primera característica de los regímenes de financiamiento se desprende de la decisión constitutiva que instaura un régimen de financiamiento estatalmente regulado, pues en ausencia de dicha decisión no podría distinguirse entre lo admisible y lo inadmisible. Los regímenes de financiamiento determinan cuál es el estatus jurídico del financiamiento considerado legítimo. Los recursos pueden ser públicos en su totalidad, privados o puede haber combinaciones de las dos especies. 3 Los\n2 Es usual encontrar también la expresión sistemas de financiamiento para designar el mismo fenómeno. La principal dificultad de esta expresión es que el vocablo sistema parece sólo designar algo como “unidad formada por un conjunto de objetos” y que esos objetos van desde los recursos, los receptores del financiamiento, las normas y demás elementos. En especial el desarrollo durante las últimas décadas de la teoría de sistemas aconseja que esta expresión se emplee en un contexto más restringido. La expresión que se propone aquí, régimen de financiamiento, tiene lo que, acaso, podría considerarse una ventaja decisiva: indica con precisión lo que está sometido a observación; esto último no se obtiene con la expresión sistemas de financiamiento, que indica mucho y precisa poco.\n3 Esto implica que los regímenes de financiamiento no se circunscriben al caso en que la legislación obliga a que los ciudadanos financien con sus contribuciones la actividad política (financiamiento\nresponsables de las definiciones estratégicas en esta materia –para efectos de esta exposición, el legislador– 4 establece determinaciones críticas en la materia. Los recursos públicos pueden ser negados o prescritos como obligatorios; los recursos privados pueden ser proscritos, estimulados, regulados, vigilados o inhibidos, entre muchas otras posibilidades. En todo caso, el estatus jurídico de los recursos posee implicaciones fiscales y de política que varían si dichos recursos son públicos, privados o si se trata de una cierta combinación; y también importa en qué consista esta combinación. Los regímenes de financiamiento definen las condiciones y modalidades en que se llevan a cabo las actividades de financiamiento. Establecen los requisitos que han de cumplirse para ser susceptible de recibir financiamiento u otorgarlo, las restricciones a que han de sujetarse, así como las condiciones a que se ciñen los montos de financiamiento. Del mismo modo, los regímenes de financiamiento estipulan modalidades de financiamiento, ya se trate de que las aportaciones se hagan en especie o en dinero, así como en lo que se refiere a los tiempos en que las contribuciones son legítimamente efectuadas. En conjunto, las regulaciones, cuando es el caso (como sucede en la mayoría), constituyen por definición esquemas de restricciones a la libre iniciativa de los agentes. También los regímenes de financiamiento, por medio de estas disposiciones, establecen en determinadas circunstancias las formas en que han de emplearse los recursos que constituyen el financiamiento. Los actores políticos pueden enfrentar prohibiciones, restricciones o imposiciones al empleo de los recursos. En algunos casos, como se verá en los capítulos siguientes, el financiamiento ha de emplearse para la difusión pública de las propuestas políticas y las plataformas ideológicas de los partidos, como en Costa Rica; en otros casos, como sucede en México o Argentina, los partidos políticos –principales destinatarios de las actividades de financiamiento– deben utilizar una parte del financiamiento que reciben para investigación, divulgación y formación de cuadros. De esta forma los regímenes de financiamiento configuran las acciones, los actores y los objetos cuya interacción da lugar a lo que cabe denominar los sistemas\npúblico); también se ha de incluir aquellos casos en que la legislación deja indeterminada la acción de los particulares en relación con este ámbito. 4 El legislador es una figura modelística que designa no al individuo que vota en una asamblea o cuerpo legislativo, sino el punto de vista que se supone se habrá adoptado dada la configuración y definición del problema al que se ha resuelto dar una solución. Dado que en esta materia los principales instrumentos son regulatorios, derívase de ello que la política pública en la materia (la coordinación social por jerarquía, o “estado”) proviene del cuerpo legislativo. Pero empíricamente podría ser de otro modo, debido a la diversidad de formas que en la realidad adopta la hechura de políticas (policy-making).\nde financiamiento. Los regímenes de financiamiento, sometidos a continua reflexión\ny observación, constituyen dispositivos institucionales que diferencian y asemejan las configuraciones institucionales con que los estados democráticos responden a los retos de su propia preservación y continua reproducción. 5\nSignificación de los regímenes de financiamiento\nLa reflexión sobre los regímenes de financiamiento no se circunscribe a su configuración interna, sino que incluye consideraciones acerca de su significación más amplia para las democracias. Las transformaciones mundiales de la época contemporánea plantean retos de\nconsiderable importancia a las democracias consolidadas. Producto de los continuos\ny crecientes flujos migratorios de los países pobres a los industrializados, la\ncomposición de la población está modificándose aceleradamente y los regímenes democráticos resienten esos impactos. Hay nuevos retos en materia de representación y constitución de fuerzas políticas. Además, los gobiernos como unidades de operación de los estados nacionales están continuamente exigidos a participar en los procesos de coordinación política, militar y de políticas que comporta el ascenso de las unidades político-organizativas supra (o multi) estatales; las democracias se reorganizan en lo que se refiere a los complejos problemas de constitución y formación de gobiernos, así como a la hechura de políticas y procesos en instancias allende los estados. Adicionalmente, también en el seno de las democracias avanzadas, el ascenso de las nuevas configuraciones de la cultura en la\nmodernidad, así como las crecientes innovaciones en las formas de su producción y consumo, plantean problemas específicos en el orden de la relevancia que podrán conservar los regímenes democráticos en el mediano y largo plazos. Por su parte, las democracias emergentes o de reciente constitución, como el caso mexicano, enfrentan problemas estratégicos de consolidación institucional, relacionados en medida significativa con la calidad de los servicios generados en el\n5 Recientemente se ha otorgado una creciente atención a los estudios que clasifican, analizan y obtienen conclusiones normativas respecto a los sistemas o regímenes de financiamiento. Es muy probable que dicho interés esté asociado con los escándalos políticos vinculados a las discusiones de política pública en esta materia. Una muestra de la amplitud y profundidad de los estudios en este ámbito se encuentra en Daniel Zovatto y Pilar del Castillo, La financiación de la política en Iberoamérica, IIDN-CAPEL, San José, 1998. Véase también Michael Pinto-Duschinsky et al., Handbook on Funding of Parties an Election Campaings, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Estocolmo, 2000.\nsector público y con los hábitos y las prácticas culturales de la población. Las democracias emergentes, debido a su debilidad en el sistema internacional de estados, están sujetas a retos especialmente graves, sobre todo en cuanto al carácter democrático de sus regímenes. Países con extensos segmentos de población pobre, inciertos escenarios de superación de los rezagos en los principales indicadores de bienestar y con dependencias –muy fuertes en varios casos– de flujos financieros para paliar esos problemas o las dificultades relacionadas con las cuentas externas, han venido edificando regímenes democráticos que, en el mejor de los casos, pueden denominarse –con una visión optimista– en vías de consolidación; pero que también podrían denominarse –con una visión de optimismo moderado– de sustentabilidad incierta. Los retos de las democracias, incluso si se distingue entre las consolidadas y las de carácter emergente, presentan perfiles de enorme complejidad y gran exigencia. Las democracias consolidadas enfrentan el reto de fortalecer e innovar permanentemente los esquemas de representación; están exigidas a elevar la eficiencia decisional e incrementar la capacidad de detección de nuevos retos y de búsqueda de soluciones. Las democracias emergentes están inmersas en las complejas dificultades que entraña asegurar la sustentabilidad estratégica de los regímenes e inscribirse de ese modo en el paradigma de la modernidad política, en la democracia concebida en su amplitud y múltiples dimensiones. En ambos casos el espacio multidisciplinario de reflexión y producción de conocimiento sobre la democracia requiere sostener grados mínimos de capacidad de innovación, refinamiento analítico y pertinencia pública. Adicionalmente, en ambos casos, ya se trate de democracias consolidadas o emergentes, los regímenes de financiamiento están relacionados con los retos que se han enumerado. En una aproximación inicial los regímenes de financiamiento constituyen espacios donde se resguarda la soberanía de los estados. Regular el complejo ámbito del financiamiento de la actividad política supone soberanía y capacidad coactiva suficiente para merecer el nombre de Estado. En un plano de observación más circunscrito, el régimen de financiamiento es un espectro de instrumentos de que se dota una organización estatal para estimular la producción sistemática de buen gobierno y competencia político-electoral, ejes del paradigma democrático contemporáneo. El régimen de financiamiento no es el principal terreno en que se define continuamente el futuro de la democracia, pero es un ámbito absolutamente crítico y decisivo: instaura una zona de constitución y expresión de poderes alternativos a los del Estado, formas de organización y conducción que, en determinadas circunstancias, pueden poner en entredicho no sólo la integridad de\nlas democracias, sino la viabilidad estratégica de las propias organizaciones estatales. De ahí su carácter estratégico y crítico. La conservación de las instituciones democráticas es un bien público en el sentido económico de la expresión: 6 todo integrante de una unidad política territorial se beneficia de que se conserve una estructura institucional que rinde efectos benéficos de amplio espectro. No obstante, debido a que este bien no puede generarse sólo a partir del propio funcionamiento del régimen democrático, se requiere un diseño institucional que eleve la probabilidad de que dichas instituciones se preserven y, en el mejor de los casos, mejoren o se fortalezcan con el tiempo. Empero, para que un cierto régimen esté en condiciones de plantearse su propia conservación, se requiere por definición que éste exista, que esté vigente; 7 y en la medida en que el régimen sea democrático, esto es, incluyente, plural y tolerante, así será provechosa y benéfica la reflexión colectiva sobre su propia conservación. Por ello, el grado o medida en que esté presente el carácter institucional del orden democrático, es decir, la institucionalidad democrática, influye en la aptitud del régimen para, en el largo plazo, preservarse y profundizar su carácter democrático. Las democracias son arreglos institucionales imperfectos. Los principales riesgos de la democracia se encuentran dentro de sus propios supuestos institucionales. 8\n6 Un bien público es aquel que una vez producido no puede excluirse del consumo de alguien más y cuando ese consumo no entraña deterioro en el consumo por parte de otra persona. La primera característica, no exclusividad, no implica la segunda, no rivalidad en el consumo. Dada esta definición se infiere que no todos los bienes que provee la autoridad son por ello bienes públicos y que no todos los bienes públicos los provee la autoridad. El vocablo “bien” dentro de la expresión “bien público” no denota juicio de valor alguno: se trata de un bien en sentido económico, en tanto que se adopta el supuesto de que, como representa una utilidad para alguien, existe al menos una persona dispuesta a pagar por su suministro. El carácter público del bien implica que de cumplirse ciertas condiciones el público estaría dispuesto a pagar por su existencia, lo que no equivale a afirmar que lo hará, pues existen incentivos para dejar de hacerlo.\n7 Una autocracia en su forma típica inhibiría la discusión pública acerca de la deseabilidad y viabilidad de la preservación de la propia autocracia, si bien no es un caso absolutamente imposible, como en la inédita, en 1988, ocasión en que Pinochet sometió al voto popular, bajo la figura del plebiscito, su propia preservación en los cargos de más alto nivel en Chile.\n8 Un texto que abre esta discusión al público no especializado es Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, Nueva York, 1975. La escuela de elección racional (rational choice) nace, en Estados Unidos, precisamente como reacción a muchos supuestos ingenua o irreflexivamente admitidos por gran parte de la teoría política. Mientras la ciencia económica ha desarrollado una prolija y poderosa teoría de las fallas de mercado, hasta el advenimiento de la escuela de elección racional no existía una teoría análoga de las fallas de estado (distinción que no corresponde en forma alguna con la disputa ideológica acerca de si es moral o valorativamente mejor el Estado que el mercado, términos en que se encuentran planteados muchos debates públicos en México); y hay que\nLa existencia de la competencia política y de un sistema de partidos de tales o cuales características se encuentra siempre asediada por el peligro de que esa competencia se vea desmentida o desvirtuada en los hechos; por ejemplo, si uno de los actores viola las reglas del juego democrático al tener acceso a financiamiento ilegal o al no cumplir con las estipulaciones existentes acerca de las campañas. Del mismo modo, el régimen democrático enfrenta el peligro de que los gobiernos y los representantes adquieran compromisos públicamente no admisibles con determinadas minorías, en contra de los compromisos públicamente adquiridos con el demos o conjunto de ciudadanos. 9\nDe acuerdo con lo expuesto hasta aquí, los regímenes de financiamiento se constituyen como tales con el fin característico de evitar situaciones en que el régimen democrático pierda integridad. La suposición normativa típicamente adoptada por los legisladores de los estados contemporáneos es que de no reducirse estos riesgos, la democracia produce resultados en que una parte termina perjudicada, a costa de otra. En su forma más simple, una población organizada en dos clases podría generar resultados electorales imputables a las diferencias en la asignación de recursos, lo que contraviene un supuesto esencial de la democracia, según el cual las preferencias electorales han de generarse por las virtudes de las propuestas y los planteamientos políticos y no por cuestiones como los recursos financieros empleados en las campañas. En este caso, las opciones políticas con menores recursos, aspirantes a representar a la clase baja, acabarían perjudicadas, no por consideraciones relacionadas con la calidad de las propuestas políticas, sino por la dotación diferenciada de recursos financieros y de otro tipo.\nprecisar que esta teoría es tanto o más aplicable a estados organizados en forma democrática. Precisamente las fallas de estado (que en cierto sentido son fallas de la democracia) proveen el sustento más sólido para afirmar que los principales riesgos o problemas de la democracia están en sus propios supuestos institucionales. Para una visión puntual de la teoría de las fallas de estado, véase Charles Wolf, Jr., “A Theory of Non-Market Failure”, en Robert Haveman y Julius Margolis, eds., Public Expenditure and Policy Analysis, 3a ed., 1983. Traducción al español: Un análisis del gasto y las políticas gubernamentales, Fondo de Cultura Económica, México, 1992. 9 Es posible eludir el vocablo “corrupción” –especialmente las dificultades valorativas que entraña– e indicar este conjunto de circunstancias como incumplimiento de expectativas por parte del régimen; en un caso u otro, ante tal circunstancia emerge el enfoque de política pública, según lo indicado líneas arriba.\nDel mismo modo, si un candidato o partido recibe apoyos para financiar\ncampañas de manera que se creen compromisos ajenos a la inspección pública, la mayoría de los electores termina perjudicada al menos por el hecho de que el candidato triunfante no será enteramente responsable ante los electores. Ahora bien, éstas son situaciones típicamente ineficientes en sentido económico. Donde hay al menos un perjudicado con beneficio de otro y la situación hubiese podido evitarse por la aplicación de una norma, se dice que hay una asignación ineficiente de bienes\no de valores. La política pública en esta materia consistirá, por tanto, en evitar\nsituaciones ineficientes y en conducir las operaciones del campo electoral de manera tal que los valores se asignen eficientemente, esto es, que haya al menos un beneficiado y ningún perjudicado. El conjunto de electores, es decir, el demos, es en todos los casos el perjudicado principal: o bien experimenta la pérdida que representa el que una opción político-partidaria se vea perjudicada por la asignación de recursos, o bien se encuentra en una situación en que una minoría poderosa obtendrá beneficios por el desempeño del candidato o partido ganador, probablemente a costa suya. La libre interacción en el ámbito del financiamiento de la actividad político- electoral conduce a un problema de ineficiencia, que en este caso está claramente relacionado con la equidad. Dada una población con dotaciones desiguales de recursos, la expresión de preferencias por medios ajenos al sufragio conduce a un riesgo plutocrático (gobierno o poder de los ricos) y a su consecuencia: la tendencia oligárquica del régimen. En la legislación relativa al financiamiento de la actividad electoral el criterio de equidad apunta a las condiciones de la competencia político- electoral. El legislador instaura el régimen de financiamiento como un apoyo a que las asignaciones desiguales de recursos en la población no impacten el carácter\ncompetido de las elecciones. Como se postula en los planteamientos teóricos a propósito de la democracia, el proteger esta circunstancia es condición necesaria del buen gobierno. Los regímenes de financiamiento son disposiciones de alto grado de\ncomplejidad que se orientan a la institucionalidad democrática. En lo que sigue la exposición se circunscribe a tres áreas de dicha institucionalidad: las condiciones de\nla competencia, la protección a la integridad del régimen y la promoción a la calidad\nCondiciones de la competencia político-electoral y sistema de partidos\nEl sistema de partidos puede ser definido como el conjunto de interacciones “entre organizaciones electorales significativas y genuinas en los gobiernos\nrepresentativos”. 10 Esta definición, en su brevedad, permite abrir una exposición más amplia sobre su contenido. En primer lugar, si bien los partidos políticos son las organizaciones electorales por excelencia, ello no excluye la posibilidad de que organizaciones de otro tipo participen en los comicios. Ahora bien, el énfasis está puesto en el carácter genuino y significativo de la organización. En cuanto a lo genuino, alude a su legitimidad, a su participación dentro del marco normativo definido en cada caso; de ahí que no todas las organizaciones políticas formen parte del sistema de partidos, sino sólo la porción legitimada para ello. En cuanto a lo\nsignificativo, referido a la importancia de la organización, que “[\nfunción de la distribución de poder –como es evidente–, sino también, y especialmente, en función de la posición que ocupa en la dimensión izquierda- derecha”. 11 En segundo lugar, la palabra interacción implica usar el plural al hablar de los partidos. Para que ella ocurra se requieren al menos dos entidades: un partido puede actuar, pero para que interactúe con otro, necesita que ese otro exista. En otras palabras: “Los partidos no constituyen un ‘sistema’, pues, sino cuando son partes (en plural), y un sistema de partidos es precisamente el sistema de interacciones que es resultado de la competencia entre partidos”. 12 En tercer lugar, las interacciones ocurren como resultado de la búsqueda común del poder político por parte de los partidos. El detonante primario de las interacciones es la competencia, si bien los partidos pueden establecer alianzas cuando éstas sirvan a su búsqueda. El número, las características de los partidos u organizaciones políticas y de sus interacciones son los elementos que dan a cada sistema de partidos su singularidad. En todo caso, el legislador no puede dejar de considerar la configuración del sistema de partidos y las condiciones de la competencia político- electoral. Se trata de un aspecto decisivo no sólo porque es el ámbito en que se\nno está sólo en\n10 H. Eckstein, “Parties, Political: Party System”, en International Encyclopedia of the Social Sciences, Collier-Macmillan, Nueva York, 1968, vol. XI, citado en Gianfranco Pasquino, “Sistema de partido”, en Norberto Bobbio et al., Diccionario de política, Siglo XXI, México, 2000, p. 1469. 11 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Alianza, Madrid, 1992, p. 153. 12 Ibidem, p. 69.\ndesenvuelven los principales actores de los procesos democráticos, sino porque el propio carácter democrático del régimen se pone en juego en este terreno. La democracia requiere de la existencia de opciones políticas que representen los diversos intereses y las demandas de los grupos sociales. El sistema de partidos es vital para la democracia, en primer lugar, porque es el espacio en el que dicho requerimiento se satisface. Si interacción implica más de un actor, el sistema de partidos supone necesariamente más de una opción por la que los ciudadanos pueden expresar sus preferencias en las urnas. El sistema de partidos es vital, en segundo lugar, por la importancia de que las opciones electorales representen los intereses de los grupos sociales. Para aclarar esto es preciso tener presentes dos cuestiones: 1) un partido político representa, expresa y canaliza las demandas del electorado o de un sector de éste, y 2) un sistema de partidos supone, según lo planteado arriba, que los partidos que lo forman son significativos. Así, un sistema de partidos ha de ver representados todos los intereses sociales significativos, maximizando así la representatividad del sistema político. 13 Esta exigencia no sólo obedece a las condiciones que impone una definición, sino a la función social de los partidos de llevar a la esfera política los temas que actualicen y renueven la agenda pública. Una democracia que excluye los intereses de determinados grupos sociales tendería a producir el ambiente propicio para la ruptura de la convivencia democrática. Al maximizar la representatividad se generan beneficios colectivos sin más perjudicados que quienes obtendrían ventajas en un esquema de representados potenciales que han sido excluidos. Elevar la representatividad constituye una operación eficiente 14 del sistema político.\n13 Determinar cuáles son los intereses sociales significativos es una tarea que se ha de resolver electoralmente; sin embargo, como se discute a lo largo de este apartado, ello depende críticamente de las características de la política pública en esta materia. 14 La eficiencia paretiana (por referencia al pensador italiano Wilfredo Pareto, 1843-1923) es un criterio para determinar si una asignación de utilidad es óptima o no. Reside en lo siguiente: no hay manera de reorganizar las cosas de manera que alguien salga beneficiado sin que al menos una persona salga perjudicada. Si se obtiene el máximo posible de la representatividad global del sistema de partidos sería imposible reorganizar las cosas de manera que alguien saliera beneficiado y, al mismo tiempo, no se perjudicara a nadie. Si hay un partido excluyente u oligárquico, que compite en un régimen democrático, la maximización de la representatividad global del sistema lo perjudica, dadas sus preferencias oligárquicas; debe asumirse para este propósito que si compite en un régimen democrático, acepta las normas y los principios democráticos. El interesado en introducirse al aparato conceptual propio de este enfoque puede consultar Jon Elster, Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, Gedisa, Barcelona, 1991.\nEstas consideraciones acerca de los problemas de eficiencia y equidad en las democracias contemporáneas resultan tanto más pertinentes cuanto se observan los procesos de democratización reciente en el mundo. Instaurar una democracia, cualquiera que sea el método (ruptura o negociación), supone hacerse cargo de los impactos que pueden ejercer en el sistema de partidos las asignaciones de recursos heredadas del antiguo régimen; y también se requiere considerar las posibles configuraciones que pueda adoptar dicho sistema –o que se prefiere que adopte– en el futuro. La instauración de un régimen democrático es la ocasión para que el responsable de la arquitectura y el diseño institucional eche mano del saber disponible en la materia. Se sabe que los regímenes de financiamiento deben ser considerados en el diseño del régimen, sobre todo si se pretende participar del paradigma político de la modernidad, esto es, la conjunción de competencia político- electoral y buen gobierno: “el papel del financiamiento público ha sido fundamental en la construcción del sistema de partidos. En este sentido, la reglamentación del financiamiento ha servido como instrumento para paliar el déficit de instituciones de representación”. 15 Si bien las consecuencias más significativas se encuentran en los procesos de democratización reciente, la relación entre régimen de financiamiento y funcionamiento del sistema de partidos parece ser independiente del tipo de democracia de que se trate.\nen cualquier tipo de democracia, el financiamiento de los partidos y de los\ncandidatos afecta directamente el funcionamiento del sistema de partidos:\nrestringe o amplía el acceso a la representación de distintas fuerzas o corrientes políticas; fortalece o debilita los partidos nacionales; privilegia al candidato o al partido en relación con el electorado [ ]\nComo ejemplo de lo anterior considérese el caso mexicano: el financiamiento público a los partidos políticos, que data de 1977, ha sido afianzado en las reformas electorales posteriores, incluida la de 1996. Es característico de este caso el que las disposiciones contenidas en el régimen de financiamiento de la actividad político- electoral están dirigidas a producir impactos en las condiciones de la competencia y a contribuir a que el sistema de partidos adopte una cierta configuración. De acuerdo\n15 Jean François Prud’homme (coord.), “Alternativas para la regulación y el control del financiamiento y gasto de los partidos políticos en México”, en Alcocer V., Jorge (comp.), Dinero y partidos, CEPNTA, S.C./Nuevo Horizonte Editores/Fundación Friedrich Ebert, México, 1993.\ncon su diseño, según la consejera electoral del Instituto Federal Electoral Jacqueline Peschard, el régimen de financiamiento estimula la diversificación de la oferta política y la formación de un sistema de partidos plural. 17 Debido a que optimizar la configuración del sistema de partidos es tanto como fortalecer las condiciones de equidad en la competencia político-electoral, la equidad\nes un atributo esencial de las democracias modernas; cabría decir incluso que es una\ncondición necesaria para poseer carácter democrático. Si no se cumple el requisito mínimo de garantizar elecciones libres y competitivas no puede hablarse de un régimen democrático. 18 Esta área es crítica en el diseño de la institucionalidad democrática: la negación de oportunidades equitativas para competir como opciones políticas genera –en los hechos y en el mejor de los casos– una situación de oligopolio político o control oligopólico del espacio político. La equidad en tanto atributo del régimen democrático no se refiere necesariamente a seguir una norma de justicia, de manera tal que la democracia deba ser justa. Formulada en esos términos, la discusión transitaría al terreno de lo normativo. Dadas las definiciones que la propia democracia elabora sobre sí misma, tendrá que admitirse que toda disposición a) que vaya contra la equidad en la competencia político-partidista, b) que tienda a favorecer a una opción política por motivos ajenos a los méritos de la competencia electoral o c) que tienda a excluir por\nlos mismos motivos a una opción política (o cualquier combinación de las anteriores) tendría que considerarse lesiva para la propia democracia; es decir –a riesgo de incurrir en repetitividad– dadas sus propias autodefiniciones: la razón de esta autolesión\no autosocavamiento es que se configuran situaciones de tal naturaleza que el\nrégimen pierde capacidad para representar las expresiones políticas de la sociedad. 19\nSi la falta de equidad perjudica la representación política, entonces lesiona a la\n17 Jacqueline Peschard, “¿Alternancia y sistema de partidos?”, en Voz y Voto, número 105, 15 de noviembre de 2001.\n18 Esto constituye parte del saber convencional de la era contemporánea. Los autores que hacen mención de esta característica procedimental de la democracia en realidad llevan a cabo una transcripción a lenguaje teórico de lo que es conocimiento común. A este respecto considérense las posturas defendidas por los siguientes autores, apenas una muestra de este saber: Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, FCE, México, 1996; Robert Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Red Editorial Iberoamericana, México, 1993; Samuel Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona, 1994; Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Aguilar, Madrid, 1977, y Giovanni Sartori, Teoría de la democracia 1. El debate contemporáneo, Alianza, México,\n19 Para Sartori (Partidos y sistemas de partido, op. cit., p. 117), “la política competitiva no está condicionada\nsólo por la presencia de más de un partido, sino también por un mínimo de competencia limpia (y de confianza mutua) por debajo del cual difícilmente puede funcionar un mercado político como mercado competitivo”.\ndemocracia en el sentido de que impide o disminuye su capacidad para cumplir las expectativas que se desprenden de su propia autodefinición. Además, en condiciones así se puede mermar la capacidad de gobernar: si la democracia es una forma de gobierno, primero tendría que favorecer o permitir precisamente el serlo, el que se provea gobierno. La carencia de canales institucionales para las diferentes expresiones políticas contribuye no sólo a que la representación política sea subóptima, sino también a incrementar la peligrosidad social de los excluidos. En paralelo, la equidad constituye un área crítica de la institucionalidad democrática en la medida en que un juego político-electoral sin condiciones efectivas de competencia entre los partidos o candidatos niega en los hechos la posibilidad de elegir de los ciudadanos. 20 Las elecciones pierden dosis de incertidumbre 21 al saberse por anticipado quién será el vencedor. Por esta vía, también los regímenes que no logran construir los mínimos necesarios de equidad en las condiciones de la competencia ingresan a un camino, que puede ser más o menos sinuoso e inclinado, de pérdida dinámica de carácter democrático. Mediante la regulación del financiamiento canalizado a las fuerzas políticas es posible propiciar condiciones equilibradas en la competencia. Se pueden establecer límites a las contribuciones privadas, precisamente con el fin de que no se presente un sesgo clasista que lesione la equidad en la competencia. En otros casos, una vez adoptada la regla de que la actividad política o una parte de ella se financie con recursos públicos, la regulación se refiere a los criterios de distribución de dicho financiamiento. Por ejemplo, en México se distingue entre financiamiento directo, es decir, por medio de asignaciones en dinero, e indirecto, prerrogativas en radio y televisión de acuerdo con la legislación. 22 Las regulaciones, de conformidad con los puntos de vista dominantes, se establecen con miras a combatir el peligro de la plutocratización de los regímenes, para estimular condiciones equitativas en la competencia y para conseguir que los méritos en la misma sean los que predominen en los procesos electorales, por encima de la asignación de recursos.\n20 Las elecciones por sí mismas no garantizan el cumplimiento de los propósitos democráticos. Es necesario que cumplan los requisitos mínimos que se han señalado líneas arriba: reglas imparciales para los competidores y condiciones equilibradas en la competencia.\n21 Respecto a la incertidumbre de las elecciones, véase a Adam Przeworsky, Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.\n22 Consúltense los artículos del 41 al 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.\nEl financiamiento privado suele ser objeto de restricciones en cuanto a las cantidades que pueden otorgarse a los partidos o candidatos para evitar abrumadoras asimetrías durante la competencia. El financiamiento público se distribuye con base en fórmulas que –tal es la presunción– premian, por una parte, el desempeño electoral de los partidos y, por otra, les permite a las nuevas fuerzas políticas participar con el mínimo indispensable para desplegar sus ofertas programáticas. El legislador, al regular el acceso a radio y televisión, generalmente lo hace para estimular los méritos políticos de la competencia (la capacidad de convencimiento de las fuerzas políticas). Es cierto que este tipo de disposiciones responde al perfil mediático que han adquirido las campañas electorales en las democracias modernas; sin embargo, lo decisivo radica –desde el punto de vista de casi cualquier definición de interés público que se postule– en que las definiciones estratégicas que se adopten admitan que en el proceso político democrático lo toral reside en la capacidad de convencimiento y la inteligencia comunicativa de las fuerzas políticas. 23 Asegurar el acceso de las distintas opciones políticas a los espacios de comunicación masiva es una medida crítica en lo que se refiere a la equidad en la competencia. 24 Diseñar condiciones equilibradas en el juego político-electoral, permitir la permeabilidad en las elites políticas y propiciar que la diferencia en los resultados electorales no sea imputable a la asignación de recursos (directos e indirectos), sino a la capacidad comunicativa de los contendientes, a sus aptitudes políticas, constituyen los retos que ha de enfrentar tarde o temprano, con mayor o menor inteligencia estratégica e intromisión de intereses exógenos, el legislador. Al articularse respuestas eficaces a estos retos puede configurar el bien público condiciones idóneas de la competencia electoral, consumido 25 indistintamente por todos\n23 En palabras de José Antonio Crespo (Elecciones y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática núm. 5, IFE, México, 1997, p. 26), “las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los contendientes, de modo que sean sus propios méritos políticos los que decidan el veredicto”.\n24 La importancia especial de la televisión en los procesos electorales radica en las indudables ventajas cuantitativas que reporta para los participantes. A través de este medio, los mensajes políticos pueden difundirse a millones de ciudadanos y, además, se aprovecha su posición privilegiada como fuente de información sobre los acontecimientos políticos en las modernas democracias masivas.\n25 Consumido, es decir, que representa utilidad; del mismo modo que el público consume bienes que no se asignan en el mercado, como la seguridad pública, la atmósfera limpia (si es el caso) o el desarrollo tecnológico. Para efectos de esta exposición, términos como “bienes”, “consumo” y otros, que suelen entenderse relacionados con la forma cósica o material de la economía, han de entenderse como problemas de bienestar y por tanto como asunto de asignación, el cual supone un cierto mecanismo de coordinación social.\nlos miembros de la organización estatal de que se trate. La provisión sistemática y continua de este bien sienta las bases para elevar la sustentabilidad del régimen democrático.\nProtección a la integridad del régimen democrático\nDado que el financiamiento de la actividad política es un asunto delicado, susceptible de ser convertido en escándalo político y mediático, conviene tener presente que la razón de fondo radica en que la constitución del gobierno y el ejercicio gubernamental pueden llegar a responder a criterios distintos de los democráticos. Como las instituciones democráticas pueden actuar fuera de las expectativas instituidas, la política pública en esta materia está típicamente orientada a minimizar el riesgo de que ello ocurra. Los instrumentos en esta materia han consistido en establecer regulaciones a los procesos de financiación, que van desde fijar prohibiciones, restricciones y condiciones en que se admite determinada forma de llevar a cabo los gastos de las campañas. En una lista que no pretende ser exhaustiva, pueden considerarse las siguientes modalidades de intervención por parte de la autoridad en este renglón:\n• Prohibiciones a ciertos tipos de contribuciones privadas: en varios países, tales como Argentina, Honduras y Brasil, existe total negativa para recibir donaciones anónimas, provenientes de ciudadanos y organizaciones políticas del extranjero.\n• Límites a las contribuciones privadas: tienen por finalidad evitar que se destinen sumas millonarias a los candidatos a cambio de posteriores favores. Esta medida se aplica en Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay, entre otras naciones.\n• Topes a los gastos de campaña: pretenden reducir las posibilidades de que los candidatos inviertan sumas considerables de dinero en sus campañas y con ello tomen ventajas sobre sus adversarios (Brasil, Colombia, México).\n• Rendición de cuentas: casi en todos los países de América Latina se exige la presentación de libros contables para contrarrestar las irregularidades en el manejo del dinero.\n• Regulaciones sobre revelación: promueven la publicidad de los nombres de los contribuyentes de las campañas y los partidos, así como los montos de las\nLas últimas dos modalidades pertenecen a la categoría de lo que recientemente se ha dado en llamar transparencia del financiamiento a la actividad política. Una ventaja de los instrumentos relacionados con la transparencia es que reduce la discrecionalidad de que usualmente gozan los responsables de los organismos encargados de la gestión de las regulaciones, ya sea en la aplicación de las normas, en su interpretación o en la administración de las sanciones. La transparencia es un instrumento que está destinado no sólo a combatir el riesgo de que los fundamentos democráticos se vean lesionados por ciertos mecanismos de financiamiento, sino también a optimizar el empleo de los recursos públicos y a restar poder y discrecionalidad a las agencias reguladoras. La transparencia es la opción que se adopta con miras a elevar la visibilidad pública de aquellos procesos cuya peligrosidad descansa en el abuso de la discrecionalidad y de los resquicios que tiende a dejar abierta prácticamente cualquier decisión regulatoria. La reflexión a propósito de los mecanismos que conviene adoptar para garantizar la no injerencia de criterios externos a la democracia en la formación de gobiernos y en su desempeño ocupa espacios significativos en la agenda de cada país. 27 Gran parte de la atención hacia el tema proviene de los casos recientes de escándalos políticos, caracterizados usualmente bajo la denominación genérica de “corrupción”. Tanto en las democracias consolidadas como en las emergentes, los efectos perturbadores respecto a la legitimidad de las autoridades constituidas por parte de este tipo de fenómenos se consideran especialmente delicados, y no resulta en absoluto descabellado asumir que la incapacidad o falta de éxito en el tratamiento de este problema conduce o puede conducir a crisis políticas de envergadura. 28\n26 Para mayor referencia sobre estos instrumentos véase Daniel Zovatto y Pilar del Castillo, La financiación de la política en Iberoamérica, IIDN-CAPEL, San José, 1998; Josef Thesing, Partidos políticos en la democracia, Konrad Adenauer, Buenos Aires, 1995, y Jacqueline Peschard, “El financiamiento por actividades específicas en México. Significado y perspectivas”, ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Derecho Electoral, organizado por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Cancún, Quintana Roo, México, del 22 al 28 de marzo de 1998.\n27 Véase, entre otros, a Delia M. Ferreira Rubio (comp.), Financiamiento de partidos políticos, Konrad Adenauer, CIEDLA, Buenos Aires, 1997; Centro de Estudios Constitucionales, La financiación de los partidos políticos: debate, Cuadernos y debates núm. 47, Madrid, 1993; Jorge Alcocer (coord.), Dinero y partidos, CEPNA, Nuevo Horizonte, Friedrich Ebert Stiftung, México, 1993. 28 Algunos de los casos más sonados durante 2000 y 2001 fueron los ocurridos en Alemania, donde el canciller Kohl fue destituido de su cargo como presidente honorario de la Unión Demócrata Cristiana\nPero hay condiciones estructurales que hacen posible los escándalos. El perfil mercadotécnico y mediático que han adquirido las principales actividades políticas 29 ha encarecido el juego político-electoral. Sin los recursos económicos suficientes que permitan desplegar una estrategia de campaña efectiva, los actores políticos no tendrían posibilidades reales de acceder a los cargos políticos. La faceta económica de la competencia política se traduce en una “tentación” de los partidos políticos por recurrir a fuentes irregulares. La búsqueda de fondos los ha llevado frecuentemente a introducirse en el mar de la ilegalidad. Han recurrido a fuentes de financiamiento no autorizadas, como las provenientes de las redes de narcotráfico u otro tipo de asociaciones delictivas, 30 o bien, a depender del apoyo condicionado que brindan grupos económicamente desahogados. 31 Las condiciones que los incentivan a obtener financiamiento de fuentes externas en relación con las definidas como legales son análogas a las condiciones que los incentivan a buscar y obtener ventajas especiales en sus respectivos ámbitos de actividad por medio de compromisos con los responsables de las políticas. Si el régimen de financiamiento de la actividad política establece equidad y transparencia, entonces se suprime o al menos se minimiza el riesgo de que la actividad política sea penetrada por criterios contrarios al propio régimen democrático. Los compromisos que adquieren los partidos o los candidatos con los grandes financiadores pueden sustituir el compromiso democrático –obtenido por medios electorales–. El problema estratégico en este rubro, en consecuencia, consiste en erradicar la posibilidad (o bien, si resultara imposible erradicar la posibilidad, en\n(CDU) por haberse encontrado presuntas irregularidades en las donaciones a su partido. En Ecuador también se detectaron aportaciones ilícitas durante la campaña del ex presidente Jamil Mahuad. En México se pueden señalar los casos recientes (2002), ampliamente difundidos en los medios de comunicación masiva, de supuestos financiamientos ilegales a las campañas de los candidatos presidenciales en la contienda electoral de 2000: Francisco Labastida y Vicente Fox.\n29 En este sentido las obras de Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997; Régis Debray, El Estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder, Manantial, Buenos Aires, 1995, y Dominique Wolton, et al., El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1995, ofrecen pistas interesantes para explorar las mutaciones de la política a partir del protagonismo de los medios en la era contemporánea.\n30 Por ejemplo, los escándalos en los que se han visto envueltas destacadas figuras y agrupaciones del mundo de la política: en Colombia se detectó una presunta infiltración del narcotráfico en la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, mientras en Italia el desprestigio del Partido Demócrata Cristiano se debió principalmente a las acusaciones por nexos con la mafia.\n31 Al respecto véase Luis Alberto Cordero, “La fiscalización del financiamiento de los partidos políticos:\nun asunto de conciencia crítica”, en J. Jesús Orozco Henríquez (comp.), Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1999.\nreducir la probabilidad) de que los financiadores adquieran privilegios que les permitan materializar sus intereses especiales. La política pública en esta materia ha de dirigirse a evitar que los compromisos adquiridos por medio del financiamiento posteriormente se traduzcan en acciones de gobierno dirigidas a favorecer intereses particulares 32 o de grupos específicos. 33 La relación entre el control y la transparencia, por un lado, y el régimen de financiamiento, por el otro, parece clara. Este último establece u omite fijar las normas y los criterios propios de aquéllos. Si temas como el del financiamiento privado son inadvertidos por el legislador, el resultado será que los candidatos, partidos o las organizaciones políticas recurran a dicha fuente de recursos tanto como les sea materialmente posible.\nPromoción de la calidad en la representación política\nEn la era actual una institución neurálgica de la democracia, la representación política, vive procesos que se configuran como desafíos de largo aliento y amplia significación. En su forma más general, estos desafíos provienen de las transformaciones histórico-sociales que caracterizan y distinguen la época presente:\nel origen de los problemas proviene de los procesos que ocurren en los representados. Se enumeran en los párrafos siguientes, de manera no exhaustiva, cuatro aspectos que han ejercido poderosos impactos en la representación política y se argumenta que, en su conjunción, ello entraña problemas de reestructuración institucional y que en dichos problemas ocupa un lugar importante el tema de los regímenes de financiamiento. En primer lugar, la representación política se enfrenta en la época contemporánea al hecho de los cambios de preferencias entre los ciudadanos: lo que en forma general se conoce como el cambio cultural, la transformación de los valores y las preferencias. 34 Los procesos de representación política encuentran desafiada la\n32 Por supuesto, el financiamiento de campañas no es la única manera en que podrían echarse por tierra las expectativas erigidas por el régimen democrático. Pero en el contexto de la presente discusión, tal es el punto que requiere ser debatido con el enfoque de política pública.\n33 Michael Johnston, (“Conflicto histórico y ascenso de las normas”, en Larry Diamond y Marc F., El surgimiento global de la democracia, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1996), señala:\n“Con más frecuencia la corrupción permite que quienes poseen dinero y acceso al mismo, en cantidades desproporcionadas, protegen e incrementen sus ventajas políticas a corto plazo, a veces a costa de intereses públicos a largo plazo”.\n34 Inexcusable es la referencia a la obra de Ronald Inglehart, que ha documentado profusamente este cambio cultural. De este autor, se recomienda ver las siguientes obras: The Silent Revolution: Changing\nsuposición de la inmutabilidad de las preferencias y los valores. La primera aparición de este fenómeno se documentó desde los años setenta en Europa; pero desde entonces han aparecido pruebas de que no sólo en esa área cultural y política se verifican procesos de este tipo, sino también en los países que corresponden a procesos recientes de democratización. La representación política, dado el cambio cultural, está forzada a mejorar los procesos de producción de conocimiento y de detección de situaciones en ascenso. Los países en que existen tradiciones de investigación firmemente establecidas tienen ventajas por encima de los que cuentan con tradiciones precarias. Por ello, las democracias emergentes enfrentan no sólo el reto de mejorar su infraestructura para responder a las implicaciones del cambio cultural (integrarse de lleno en la sociedad del conocimiento), sino también el de atender las implicaciones que ello tiene en la representación política. En segundo lugar, la composición del electorado en muchos sitios cambia continuamente. Tiene que ver con ello el proceso de integración –lenta pero continua; informal pero efectiva– de los mercados laborales. Las poblaciones a que estaban acostumbrados atender los ejecutantes de la representación política presentan ahora menos homogeneidad cultural, étnica, lingüística y de otros tipos, que antes. Los procesos de representación política tienen desafiada la suposición – pese a todo, no siempre cierta– de que las poblaciones presentaban grados relativamente manejables de diversidad cultural e ideológica y que la pluralidad del sistema político estaba contenida por límites claros. La diversificación de las poblaciones sujetas a representación política se modifica más rápidamente en los países de tradiciones políticas consolidadas que en los de democracias emergentes, pero la diferencia entre ambos es de grado. El fenómeno de migración contribuye poderosamente a esta diversificación de la composición cultural e ideológica de las poblaciones; pero ha de anotarse también el proceso de hibridación cultural que comporta la globalización de infinidad de productos culturales. 35\nValues and Political Styles among Western Publics, Princeton University Press, Princeton, 1977; Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton, 1990 (edición en español:\nCambio cultural en la sociedad industrial avanzada, Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI, Madrid, 1991); Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies,. Princeton University Press, Princeton, 1997 (edición en español: Modernización y postmodernización, Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI, Madrid, 1999). 35 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización, Grijalbo, México, 1995. Del mismo autor, La globalización imaginada, Paidós, México, 1999, y Culturas híbridas:\nEstrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México, 1990.\nLa representación política, dada la diversificación cultural e ideológica de la población, está forzada a dar respuesta a las nuevas expresiones de la cultura, sobre todo si esas formas se vuelven significativas en la población. La globalización e hibridación de las culturas se impone en todos los países, independientemente de su nivel de riqueza, modernización y grado de consolidación de sus regímenes democráticos. Lo que será decisivo para todas ellas será la inteligencia estratégica con que los esquemas de representación política den cabida a las expresiones culturales en ascenso. En tercer lugar, la representación política enfrenta también el hecho de que las preferencias de las personas no necesariamente presentan los grados de coherencia que contienen los sistemas ideológicos. No es necesario acudir a la tesis del fin de las ideologías para reconocer que las creencias de los ciudadanos no necesariamente están organizadas como cuerpos ideológicos coherentes y sistemáticos. Los procesos de representación política, especialmente aquellos articulados en luchas político- electorales a su vez organizadas en torno a clivajes, 36 enfrentan el reto de la relativa pero creciente asistematicidad de las creencias y las preferencias políticas. 37 La aparición y difusión de los partidos atrapatodo, es decir, débilmente articulados en los grandes clivajes socioclasistas o religiosos de las décadas anteriores, constituyen un elemento adicional de esta nueva condición. Si los esquemas ideológicos pudieron ser tan valiosos era porque no sólo facilitaban la comprensión de las cosas entre electores e integrantes de grupos y comunidades que ocupaban un sitio en la estructura social, sino también porque permitían a los actores especializados en la representación guiar sus planteamientos y organizar sus propuestas. Los partidos obreros europeos, característicamente ubicados en el clivaje clasista de la modernidad industrial, mediante una simplificación políticamente no costosa de las preferencias de su electorado, podían obtener resultados electorales significativos. La transformación de las preferencias políticas plantea un doble reto a la representación política. En primer lugar, que sus agentes amplíen su flexibilidad ideológico-política. En segundo lugar, que esa flexibilización no merme la identidad partidaria. La flexibilización obedece a la necesidad de captar ese enriquecimiento y\n36 En ocasiones se traduce el vocablo cleavage, por “clivaje”, si bien la expresión no goza de aceptación general. El clivaje es aquella situación que opone por lo menos dos posturas y puntos de vista en torno a un tema, en relación con el cual prácticamente nadie es indiferente. Véase Russell J. Dallton, “Political Cleavages, Issues, and Electoral Change”, en Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris, Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective, Sage Publicationes, Thousand Oaks/Londres/Nueva Delhi, 1996, pp. 319-342.\n37 Ibid. Este autor sostiene con fundamento empírico la declinación histórica, es decir, de largo plazo, de los clivajes sociales como predictores del comportamiento electoral.\ndiversificación de las preferencias de su electorado; el mantenimiento de la identidad, de conservar una cierta proporción de votos que –como sucede en muchos casos– proviene de electores leales. Y el reto no parece que vaya a declinar. El doble reto persistiría incluso en la situación más favorable: habiendo elevado su capacidad de captación de los estados de cosas que el electorado vive como problema y su capacidad explicativa e interpretativa como componentes de su discurso político. ¿Qué sucederá con la representación política? Ello depende de la inteligencia con que las organizaciones partidarias encuentren el punto de equilibrio entre flexibilidad ideológico-política e identidad histórico-partidaria. En cuarto lugar, se ha acrecentado el grado de dificultad con que las propuestas políticas pueden obtener consentimiento o aceptación por parte de poblaciones que experimentan continuamente modificaciones en sus esquemas valorativos y evaluativos, que se diversifican en su composición y que cada vez resultan menos circunscritas a la sistematicidad y coherencia de los cuerpos doctrinario-ideológicos. Los procesos de representación política tienen desafiada la suposición de que son claras e inequívocas las decisiones que han de ser consideradas benéficas para sus representados. La eficiencia en las decisiones políticas, por ejemplo materializada en las políticas de pleno empleo de buena parte del siglo XX, no presentan ahora la claridad y el carácter inequívoco que tuvieron alguna vez. Lo que cuenta como utilidad para los individuos depende de la configuración cultural; si ésta cambia, se diversifica o deja de ajustarse a cuerpos doctrinarios sistemáticos, se incrementa la dificultad de obtener propuestas y decisiones eficientes, decisiones y planteamientos que a todos o casi todos dejen satisfechos. El incremento en la complejidad y dificultad para obtener eficiencia económica 38 en las decisiones políticas plantea a la representación política el reto de elevar la calidad en la detección, el diagnóstico, el análisis y la interpretación de los estados de cosas que suceden en la vida social; elevar la calidad también en la elaboración de propuestas y en la capacidad de convertir los planteamientos en votos de los ciudadanos; y elevar la calidad, finalmente, en el trabajo legislativo, de manera que si bien no siempre será posible obtener el consenso del universo global de los actores políticos ni por tanto obtener eficiencia decisional, al menos siempre será posible elevar la calidad de la vida pública, la capacidad representativa del sistema político y de este modo la capacidad de generar sistemática y continuamente buen gobierno, razón de ser del régimen democrático.\n38 A propósito de este concepto véase lo indicado en la nota 14 de este mismo capítulo.\nEstos cuatro procesos conducen a que la representación política en su conjunto requiera la introducción de innovaciones y que se precise del empleo de instrumentos de diversa índole para dar respuesta a los retos enumerados. Los regímenes de financiamiento de la actividad político-electoral proveen ciertos instrumentos que pueden contribuir a dar respuesta a estos retos. Si lo que está en juego de modo estratégico es la calidad de la representación política y si el empleo de recursos es condición material completamente indispensable para el despliegue de la actividad política, se sigue que las diferentes disposiciones en materia de financiamiento han de ejercer impactos variados en la calidad de la representación política. Esta suposición, que en principio parece razonable, se somete a discusión más adelante, sobre la base de una serie adicional de consideraciones analíticas en los próximos capítulos.\nE N CONDICIONES MODERNAS no es posible hablar de democracia consolidada o\nen vías de consolidación sin la existencia de un entorno de la competencia\npolítico-electoral que estimule a los partidos a buscar el voto de los\nciudadanos, a mejorar por igual los ofrecimientos de campaña y el desempeño de los propios partidos. No basta, por tanto, que exista competencia político-electoral para declarar democrático a un régimen político: hace falta que la calidad de esa competencia reúna ciertas características, de manera que las condiciones de la competencia garanticen que las diferencias políticas se resuelvan por criterios y méritos electorales. Para la preservación del propio régimen democrático y para que éste genere los resultados que de él se esperan, en la competencia electoral ha de excluirse, por principio, la posibilidad de que los resultados de la lucha político- electoral se definan por criterios externos a lo electoral. Hay tres formas fundamentales por medio de las cuales la competencia político-electoral puede quedar desvirtuada en el sentido de que lo electoral quede desplazado por un mecanismo exógeno. La primera, generalmente la más burda, es que sencillamente se suplante la voluntad de los votantes por medio de los diversos artificios que constituyen el fraude electoral; esto a su vez asume un supuesto: la norma que regula el proceso se viola y, sobre todo, ello queda impune. Por tanto, en el supuesto de que están vigentes normas electorales que prescriben la generación de condiciones de genuina competencia electoral, la existencia del Estado de derecho 39 reduce drásticamente la posibilidad de que criterios y mecanismos extraelectorales definan las diferencias políticas. La segunda forma de desvirtuar la competencia político-electoral consiste en que los integrantes de los equipos que compiten restrinjan a discreción el acceso a la propia competencia. Trayendo de la ciencia económica un concepto que se emplea para designar ese tipo de estrategias, diríase que los competidores erigen barreras de\n39 Entendido como el bien público que se genera por la aplicación sistemática de las normas; por tanto, el Estado de derecho es observable por medio de la probabilidad de que una violación cualquiera a una norma vigente encontrará castigo apropiado.\nentrada a la competencia. Esto no impide la competencia: la restringe. El demos o conjunto de ciudadanos tiene a su disposición menos oportunidades políticas de las que existirían de no ser por la configuración oligopólica de los competidores. 40 La tercera forma consiste en la asignación asimétrica de recursos. Resulta casi indiscutible que en ausencia –o en condiciones de precariedad– del Estado de derecho, deja de hablarse en diferentes grados de competencia político-electoral. Ahora bien, la vigencia del Estado de derecho –un bien público– no necesariamente garantiza que la haya. Esto es así porque no basta para la competencia que todos los participantes puedan recurrir a este bien público; además, los participantes en las contiendas electorales están sometidos a las restricciones que imponen sus respectivas dotaciones de recursos. Circunscribiéndose a lo electoral, los recursos pertinentes para los comicios son los comunicativos. Ahora bien, en términos prácticos hacer llegar la propia palabra, la propuesta política, supone acceso a medios de divulgación de los mensajes, y hay que añadir: medios de divulgación eficaces. Las campañas en un poblado pequeño tal vez requieran cuando mucho un altavoz; pero no sucede así en las grandes ciudades o territorios que abarcan las campañas de la actualidad; en estas circunstancias el recurso “altavoz” se vuelve relativamente ineficaz considerando las características de los hábitos comunicativos del demos o electorado, y los requerimientos comunicativos que plantean las condiciones tecnológicas. En la actualidad es muy claro que el altavoz, por un lado, y el acceso a tiempo en la radio o televisión, por el otro, representan medios de competencia totalmente diferentes. De lo anterior se desprende que entre las condiciones de la competencia político-electoral requeridas para que se generen los rendimientos que se le atribuyen se ha de considerar que la dotación de recursos no perjudique las oportunidades de las diferentes opciones políticas. Debido a que los requerimientos comunicativos de las contiendas electorales suponen el empleo de recursos de todo tipo, a fin de garantizar una base mínima de calidad en la competencia se tendría que aminorar la probabilidad o erradicar la posibilidad de que la competencia electoral se vea perjudicada por dotaciones de recursos ajenos a los méritos de las\n40 Este caso debe distinguirse de aquellos sistemas de partidos que, por razones especialmente históricas, han erigido lo que podría denominarse barreras de entrada “naturales”, entendidas como aquellas que se producen por el hecho de que un pequeño conjunto de partidos captan la inmensa mayoría de los votos, lo cual desestimula la aparición o el crecimiento de otros. Entre las razones “históricas” señaladas no se incluyen las barreras de entrada erigidas por la coalición oligopólica. La expresión “razones históricas” denota el conjunto de posibles argumentos que daría cuenta de las barreras de entrada naturales y que requerirían incorporar un relato de sucesos ocurridos en el pasado y que presumiblemente condujeron a la configuración actual.\npropuestas políticas. Si no se pudiera cumplir esta condición, entonces los grupos con menor capacidad para organizar y articular sus propuestas políticas por sus niveles de ingreso estarían en permanente desventaja en relación con los grupos de mayores ingresos. Habida cuenta de la estructuración clasista de la sociedad, la consecuente estratificación de los niveles de ingreso y la dependencia de recursos para la presentación de propuestas políticas, el establecimiento de condiciones que favorezcan la competencia político-electoral supone minimizar las posibilidades de que mecanismos de asignación externos a los méritos políticos de las propuestas influyan o determinen los resultados de las contiendas. De los tres puntos anteriores se desprende fácilmente una tesis: el que exista la competencia político-electoral supone que se han vencido, al menos provisionalmente, las proclividades a suprimir el hecho mismo de la competencia; también las inclinaciones a erigir una estructura en la que, a juicio de los vencedores, competir es redundante. Contra lo que podría parecer, no es necesario asumir una tesis general acerca de la naturaleza humana para corroborar este riesgo que enfrenta un esquema de competencia. Esta última supone una disputa pero excluye la eliminación del adversario. De ahí procede la dificultad que se enfrenta en cuanto a la construcción de la estructura de instituciones que permita y haga probable las operaciones de la competencia. Es cierto que, como señala Sartori, “más que ningún otro factor es la competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos y económicos) la que genera democracia”. 41 Sin embargo, la dificultad principal radica en que este equilibrio entre los recursos no se genera por la libre interacción entre las fuerzas políticas: supone una cierta normatividad que vuelva improbable o costosa la opción de suprimir al adversario en la competencia. 42 La tercera forma en que modelísticamente puede desvirtuarse la competencia se encuentra relacionada con lo que en este trabajo se ha denominado regímenes de financiamiento. Como se ha discutido en el capítulo uno, éstos constituyen estructuras que suponen definiciones adoptadas por órganos del poder público a menudo con el fin de intervenir en la libre dinámica de las interacciones de competencia entre los actores políticos. Excepto en el caso en que se adopta la decisión estratégica de no introducir ninguna intervención de autoridad en ese ámbito (un esquema de laissez faire absoluto en la materia), un régimen de financiamiento es un ordenamiento regulatorio que define las condiciones en que\n41 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Alianza, Madrid, 1991, p. 260.\n42 Una forma de considerar este punto es asumir que tal situación es improbable por costosa; y los costos pueden adjudicarse en forma de castigos materiales o en forma de sanciones morales, como cuando prevalece una cultura de respeto a los derechos del otro y tolerancia hacia su forma de ser.\ncabe declarar legítima cierta forma de financiar la actividad político-electoral, las conductas que quedan prohibidas, permitidas, estimuladas o inhibidas. El hecho de que la autoridad estatal –el legislador– decida intervenir en la actividad político-electoral, especialmente en el ámbito del financiamiento, modifica de entrada las condiciones en que se desarrolla la competencia político-electoral. Los actores se introducen a un ámbito que está ya regulado, en el que ciertas conductas están penadas y otras son incentivadas. Ahora bien, incluso siendo cierto lo anterior, resulta plausible suponer que diferentes tipos de regímenes de financiamiento de la actividad político-electoral producen impactos diferentes en las condiciones de la competencia. En este capítulo se presenta un esquema de análisis para observar tales impactos. Para ello se requiere la construcción de una tipología de regímenes de financiamiento, o por lo menos de un esquema de observación diferenciada de dichos regímenes. Como lo que importa en este caso es observar la inclinación de los regímenes por alentar la competencia o bien por entorpecerla, obstruirla o limitarla, entonces la tarea estriba en considerar los regímenes de financiamiento como factor condicionante de la competencia político electoral. En lo que sigue se adopta el supuesto de que la capacidad condicionante de los regímenes de financiamiento depende de dos características de dichos regímenes. En primer lugar de lo que puede denominarse la propensión rentista de los regímenes, que es aquella característica del régimen que regula la disponibilidad de los recursos, en mayor o en menor cuantía, que los partidos políticos pueden allegarse y de los cuales pueden disponer. Se tiene que observar que la propensión corresponde a los regímenes, no necesariamente al desempeño de los sistemas de partidos. El legislador puede emplear un conjunto de aspectos de los regímenes de financiamiento, cuya articulación es susceptible de ser considerada en términos de la mencionada propensión. Las burocracias partidarias son, típicamente, propensas a la búsqueda de rentas (rent-seeking), esto es, de un margen de ingresos superiores a lo que les correspondería con una definición elaborada de manera no unilateral. El legislador con sentido común considera esa dimensión del régimen de financiamiento, y –dadas las condiciones sociopolíticas entre las autoridades y los contribuyentes, sustento de las proclividades rentistas características de las burocracias– elabora definiciones que presentan una mayor o menor propensión rentista. Por ejemplo, los regímenes de financiamiento pueden ser proclives a incrementar la cantidad bruta de recursos destinada al financiamiento de las actividades políticas, o bien puede propender a la frugalidad o austeridad en el\nvolumen global de gastos; también pueden determinar que los recursos se asignen sistemáticamente o que se asignen de manera intermitente. En segundo lugar, los regímenes de financiamiento presentan invariablemente una cierta propensión oligopólica, que es aquella característica del régimen por la cual se regula la cantidad de competidores. De nuevo, este atributo de los regímenes no designa la configuración del sistema de partidos, sino de las definiciones que se hayan elaborado al respecto; es la propensión de la política pública. Por esa razón, como se verá más adelante, no es especialmente extraño que se presenten sistemas de partidos de estructura oligopólica con una propensión oligopólica baja o muy baja, como en el caso de Costa Rica: lo que se observa es el perfil de las definiciones de política pública adoptadas, y específicamente en materia de financiamiento. En lo que sigue se desarrollan estos dos atributos o variables de los regímenes de financiamiento.\nLa propensión rentista se observa por medio de dos definiciones elaboradas por los hacedores de las políticas (policy makers): la definición acerca de las salvaguardas que se imponen al proceso presupuestal en cuanto a si mantiene condiciones favorables a la propensión rentista de los actores políticos, por un lado, y la definición acerca de la temporalidad con que se asignan los recursos.\nTipo de restricción presupuestal\nPara observar la propensión rentista de los regímenes de financiamiento resulta especialmente útil considerar lo que, con base en los planteamientos de János Kornai puede denominarse la restricción presupuestal. 43 En su estudio de las economías socialistas Kornai indica que varias características del desempeño de las empresas se pueden deducir del hecho de que los responsables de su conducción toman en\n43 Este instrumento analítico constituye una de las aportaciones teórico-conceptuales de este autor para la dilucidación de una serie de aspectos de las configuraciones institucionales de los estados socialistas. Se encuentra disponible en español la siguiente obra: János Kornai, De Marx al libre mercado, Editorial Vuelta, México, 1993.\ncuenta que se mueven en un contexto cuya restricción presupuestal es rígida o blanda. Denomina “blanda” la restricción presupuestal cuando los responsables se desempeñan con una cierta restricción presupuestal, pero mediante negociaciones o reglas instituidas pueden modificar esa restricción original, invariablemente ampliándola. En casos normales, las empresas capitalistas enfrentan restricciones presupuestales rígidas: hay una cierta cantidad de recursos destinados para esa tarea, y no más. Esta delimitación induce a los actores a optimizar los recursos; la restricción presupuestal blanda tiende a desincentivar la productividad y a estimular el rentismo. Uno de los atributos de los regímenes de financiamiento de la actividad política se describe a partir del tipo y grado de institucionalización del presupuesto para las actividades políticas, en los casos –los más frecuentes en el mundo– en que recursos públicos se destinen a este renglón. Los recursos destinados al financiamiento de la actividad política pueden estar predeterminados (por ejemplo, puede determinarse constitucionalmente que ese presupuesto será un porcentaje del PIB o una medida parecida) o la cantidad global puede estar sujeta a negociación cada vez que se elabore la presupuestación, frecuentemente sobre bases anuales. Si la cantidad –indicada en números absolutos o relativos– está predeterminada, el régimen de financiamiento presenta una restricción presupuestal rígida para los actores políticos, a diferencia de los casos en que no está predeterminada, porque en ese caso la restricción es o puede ser blanda. Evidentemente, los regímenes de financiamiento que adoptan una restricción presupuestal rígida presentan una menor propensión al dispendio; puede suponerse razonablemente que los actores sujetos a financiación enfrentan un contexto de incentivos que los estimula a optimizar el uso de los recursos, como en la hipótesis de Kornai.\nEl segundo aspecto de esta propensión estriba en el hecho de que las definiciones presupuestales –supuesto fundamental en el caso donde hay financiamiento con recursos públicos– se aplican con mayor o menor sistematicidad, y define ciertas actividades como sujetas a financiamiento. De acuerdo con las construcciones tipológicas más usuales, los regímenes de financiamiento se dividen, por un lado, en aquellos que destinan financiamiento a las actividades permanentes de quienes desempeñan actividades político-electorales y, por el otro, aquellos que limitan el\nfinanciamiento únicamente a las actividades propiamente electorales, a las campañas. El primer caso, que corresponde a una renta presupuestalmente asignada para las burocracias o cuadros partidistas, se distingue del segundo, que se circunscribe a las actividades electorales, usualmente a las campañas. La sistematicidad presupuestal del primer caso corresponde a un grado relativamente alto de institucionalización en la agenda de las actividades públicas y ello se reconoce en el hecho de que las asignaciones presupuestales constituyen, por decirlo así, un renglón sistemáticamente considerado del presupuesto; presenta una sistematicidad presupuestal continua. En cambio, el segundo caso, aun cuando también representa asignaciones sistemáticas, éstas son discretas en el sentido de que las asignaciones presupuestales se encuentran distanciadas en el tiempo y se circunscriben por lo regular al periodo de campañas; este caso se clasifica en este trabajo como sistematicidad presupuestal discreta.\nLa actividad política, además de los impactos públicos que se le atribuyen, genera rendimientos individuales socialmente valorados: dinero, prestigio y poder. Es comprensible que los sistemas de partidos frecuentemente presenten tendencias a cerrarse respecto a la llegada de otros participantes. Los esquemas de financiamiento no sólo limitan las posibilidades de acción (dimensión regulatoria de los regímenes):\ntambién generan incentivos para ingresar a ese orden de actividades (debido a los aspectos mencionados), lo que ocurre con independencia de los estímulos para la representación política que se desprendan, entre otros factores, de la pluralidad sociocultural. Diversos aspectos de los sistemas de partidos pueden configurar estrategias de exclusión, las cuales contribuyen a configurar una cierta propensión oligopólica que en mayor o menor medida cabe esperar de todo sistema de partidos. 44\n44 Debido a que este planteamiento puede ser convertido a un nivel de medición superior al nominal, un caso sin propensión oligopólica (manteniendo la analogía con el mercado, un sistema libre- competitivo) presentaría propensión oligopólica igual a cero o tendiente a cero.\nLos regímenes de financiamiento, en conjunción con otros aspectos o dimensiones del sistema de partidos y el régimen electoral, pueden ser empleados para regular la cantidad de participantes. Es relativamente usual encontrar sistemas de partidos que imponen umbrales de votación para admitir a los partidos en las contiendas electorales. Ésta es una típica barrera de entrada, otra analogía tomada de la ciencia económica, que constituye una estrategia de exclusión externa a la regla electoral. 45 Una forma adicional de desarrollar estrategias de exclusión de nuevos participantes consiste en desincentivar, mediante el incremento de los costos, las iniciativas requeridas para ingresar. Los costos pueden indicarse en términos financieros si las asociaciones aspirantes a introducirse en el sistema de partidos se ven exigidas a desembolsar recursos financieros para sufragar, por ejemplo, los gastos de reunir firmas, cartas, asambleas o lo que indique la legislación. En general, puede incrementarse el engorro burocrático de manera que a los aspirantes les resulte tan desalentador que terminen por abandonar el cometido. Los economistas han forjado el concepto de costos de transacción 46 para indicar aquellos en los que se incurre por el hecho de obtener un acuerdo y que no se cuantifican bajo la forma de precio. El concepto es aplicable en este caso, de la misma manera en que lo ha sido para elaborar comparaciones de los costos en que incurren individuos o asociaciones que aspiran a poner en marcha un negocio y que se ven exigidos por la normatividad existente a obtener permisos, registros y demás. Cuando, por ejemplo, un particular para poner en marcha un negocio sólo requiere presentarse en una oficina y registrar los datos en un trámite que le representa, cuanto más, de 10 a 20 minutos, se dice que incurre en menos costos de transacción que aquel otro que está requerido a obtener ocho permisos en 24 trámites que le representa invertir 40 días hábiles y más de 100 horas en conjunto, sin considerar sobornos menores y gastos adicionales.\n45 Por esta razón, la barrera de entrada o cláusula de exclusión se puede emplear indistintamente en sistemas mayoritarios, proporcionales o mixtos, si bien es usual en los dos últimos porque en diferente medida presentan tendencias a fragmentar el sistema de partidos y a expandir el número de participantes; y tiende a ser inusual o inútil en sistemas exclusivamente mayoritarios, porque éste genera barreras de entrada “naturales”, es decir, que no obedecen a sesgos introducidos por las legislaciones. Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, FCE, México, 1994, pp. 23-24.\n46 Véase Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1995.\nLos costos de transacción, pese a ser en especial útiles para determinar estrategias de exclusión relativamente refinadas y que constituyen barreras de entrada, resultan, no obstante, difíciles de medir. 47 De especial utilidad para fines de investigación comparada y de política pública sería obtener medidas estandarizadas de los costos de transacción (imputables al engorro burocrático) en que incurren aquellos que aspiran a participar en las tareas de la representación política en los diferentes países, de la misma manera que existen índices para una gran cantidad de aspectos institucionales en la actualidad. Por limitaciones en cuanto a disponibilidad de información puede emplearse como indicador de las barreras de entrada el umbral de acceso al sistema de partidos, casi siempre considerado para la definición de la elegibilidad de quienes se constituyen como receptores legítimos de financiamiento público y privado para actividades político-electorales. Debe hacerse notar que la mejor opción para medir este aspecto de la propensión oligopólica del sistema de partidos sería un índice de costos de transacción imputables al engorro burocrático, en que se consideraran las barreras “naturales” atribuibles a la historia electoral de cada país o región y se diera un peso también a la discrecionalidad decisional de quienes manejan los puntos de veto de los procesos de admisión. 48\nSesgos anticompetitivos de la normatividad\nAdemás de las prácticas que regulan la entrada de nuevos participantes al sistema de partidos, es posible observar determinados aspectos de los regímenes de financiamiento que dan ocasión para introducir sesgos anticompetitivos a los procesos electorales. Dado que el financiamiento de las actividades político-\n47 Peter J. Buckley y Malcolm Chapman, “The Perception and Measurement of Transaction Costs”, Cambridge Journal of Economics, vol. 21, núm. 2, 1997, pp. 127-145. 48 Los puntos de veto es el concepto que adquirió popularidad a raíz de su empleo analíticamente fecundo por Presmann y Wildavsky; son las instancias bajo control de un actor en el proceso de puesta en marcha de una determinación política o política pública, y que resulta susceptible de ser operativamente vetado por dicho actor. El conjunto de puntos de veto y los costos de observación de tales vetos arrojan un agregado de discrecionalidad decisional, la cual se encuentra obviamente articulada con las estrategias de exclusión o barreras de entrada. La obra de Presmann y Wildavsky además es conocida –en ciertos círculos– por su inusitado título: Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; or, Why it's Amazing that Federal Programs Work at All This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes, University of California Press, Berkeley, 1973 (edición en español: Implementación: cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, FCE, México, 1998).\nelectorales es un atributo de los sistemas políticos capaz de modificar las condiciones de la competencia político-electoral (tal es la suposición adoptada en este capítulo), todas aquellas prácticas que puedan modificar las oportunidades de los competidores una vez que han ingresado al conjunto de aspirantes a desempeñar tareas de representación política, constituyen otras tantas oportunidades para desvirtuar la competencia político-electoral. Se emplea la expresión sesgos anticompetitivos de la normatividad para señalar aspectos adicionales a las barreras de entrada que pueden modificar la propensión oligopólica del sistema de partidos, tanto para reducirla como para incrementarla. El aspecto más importante de los sesgos a la competencia que se pueden introducir entre aquellos competidores que se encuentran “dentro” (usando una expresión de la politología anglosajona: los insiders) está constituido por los criterios de asignación del financiamiento, especialmente del público. El criterio con que más frecuentemente se les asignan los recursos es la fuerza electoral de cada opción política. Si los recursos se asignan por el porcentaje de votos y el sistema es poco fragmentado, los recursos se concentrarán en las opciones políticas que han consolidado una fuerza electoral, ya sea por medio de barreras “naturales” a la competencia, como en los casos en que los clivajes (o cuestiones en torno a las cuales se articulan los principales conflictos) han estado representados por unos cuantos partidos, o bien por su trayectoria organizativa, entre otras posibilidades. La razón por la cual se hayan erigido barreras “naturales” no es atinente para el planteamiento, pero el hecho de que existan resulta pertinente para la correcta comprensión de los sesgos introducidos por la normatividad, las leyes, los reglamentos o las disposiciones administrativas. Si el criterio es el de asignar los recursos de financiamiento público por fuerza parlamentaria, esto es, considerando el número de escaños obtenidos, y si la regla es la de circunscripciones uninominales por el principio por mayoría, se introduce un sesgo anticompetitivo porque se ignora una dimensión de la fuerza electoral de los partidos, hayan o no ganado escaños. En cambio, si se aplica ese mismo criterio para la asignación de fondos, pero la regla electoral es de representación proporcional, entonces el sesgo más o menos competitivo de la normatividad se determina por la fórmula que convierte votos en escaños: hay unas más severas, más laxas o más procompetitivas que otras. 49 En la tercera sección de este capítulo se presentan aspectos detallados del modelo analítico y en la cuarta se presentan los resultados de haber comparado 10\n49 Un panorama de estas distinciones se puede encontrar en Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, FCE/UNAM, México, 1994.\ncasos diferentes en cuanto a los perfiles de sus regímenes de financiamiento específicamente en aquellas dimensiones que presumiblemente poseen capacidad de impactar las condiciones de la competencia político-electoral. A manera de resumen y para ofrecer una visión de conjunto, el siguiente gráfico señala las principales relaciones.\nGRÁFICO 2.1 ATRIBUTOS DEL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO\nLo señalado en el gráfico son atributos del régimen de financiamiento que pueden colegirse de los perfiles que adopta cada uno de ellos. ¿Hacen alguna diferencia las diversas configuraciones de los regímenes de financiamiento en las condiciones de la competencia? El cometido de este capítulo es observar las variaciones de tales regímenes en la competencia político-electoral.\nPara ello se ha adoptado la conceptuación elaborada por Mair, estructuras de la competencia. 50 Este planteamiento responde a ciertas insuficiencias del esquema que clasifica los sistemas de partido por el número y por la disposición ideológica, propuesto por Sartori. 51 La estructura de la competencia se define, según Mair, por la pauta que adopta la alternancia (total o parcial), por las fórmulas gobernantes (familiares o innovadoras) y por el hecho de que haya o no partidos excluidos de las fórmulas gobernantes. Una de las razones que el legislador de cualquier sistema político esgrime o puede esgrimir es que los instrumentos del régimen de financiamiento poseen la capacidad de modificar las condiciones de la competencia. Independientemente del valor de verdad de esa proposición, el hecho es que si el legislador la adopta como verdadera, entonces considerará que el hecho de incluir en la legislación modificaciones en el régimen de financiamiento generará variaciones en la competencia, y según el concepto indicado arriba, en la estructura de la competencia. En el siguiente apartado se desarrolla con mayor grado de detalle la forma en que las dos variables (propensión rentista y propensión oligopólica) del régimen de financiamiento se someten a observación, y una de las formas posibles de convertirlas a un nivel de medición.\nPara el análisis, se han recabado datos de 10 países. 52 Los casos seleccionados son:\nAlemania, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, México, Chile, Reino Unido, España y Uruguay.\n50 Peter Mair, “Party Systems and Structures of Competition”, en Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris, Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective, Sage Publications, Thousand Oaks/Londres/Nueva Delhi, 1996, pp. 83-105.\n51 Giovanni Sartori, Partidos\n52 Del conjunto de casos conviene efectuar una caracterización inicial que coloque de un lado los regímenes democráticos que han resistido la prueba del tiempo –conocidos en la literatura politológica reciente como democracias consolidadas– y del otro los regímenes de reciente democratización a los que cabe denominar democracias emergentes. Esta distinción parece apropiada porque la fortaleza de las instituciones en las democracias consolidadas tienen que deberse a algo, y uno de los candidatos para dar cuenta de esa fortaleza es precisamente el régimen de financiamiento. Ahora bien, dentro de\ncada grupo de casos se encuentran diferencias significativas. Algunos diseños de las democracias consolidadas han experimentado transformaciones legislativas de importancia (Alemania), mientras que otros han presentado un perfil más moderado (Francia). De la misma manera, en cuanto a las democracias emergentes, como las de América Latina, conviene observar los diseños en materia de\nSegún el cuadro 2.1, seis países de la muestra registran una propensión rentista de baja a muy baja; tres de ellos se ubican en una categoría media de propensión rentista y sólo México presenta características de un régimen de financiamiento con una alta propensión rentista. Debido al tamaño de la muestra, no existen condiciones para inferir un tipo de configuración dominante o una asociación entre el grado de grado de consolidación de las democracias y la propensión rentista de sus regímenes de financiamiento. Las propensiones señaladas se forman a partir de la rigidez de la restricción presupuestal y de la temporalidad de la asignación presupuestal. Como se observa, estados como el costarricense registran una alta rigidez de la restricción presupuestal y una temporalidad de la asignación de recursos públicos correspondiente sólo a las campañas electorales. Esta combinación se establece, para efectos del presente estudio, por estipulación, como un caso de propensión rentista muy baja. En cambio, en México, donde la restricción presupuestal tiende a ser blanda y la asignación de los recursos públicos es permanente, califica como un caso de propensión rentista alta. 53\nregímenes de financiamiento como otros tantos ensayos o experimentos dirigidos a dar respuesta a problemas más apremiantes que los de sus semejantes consolidadas. 53 Para los detalles de la configuración y clasificación de las variables rigidez de la restricción presupuestal y temporalidad de la asignación de los recursos públicos, véase el Anexo I.\nPROPENSIÓN RENTISTA DEL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO\nRigidez de la restricción presupuestal\nTemporalidad de la asignación de recursos públicos\nFuente: Anexo I.\nLa propensión oligopólica se forma con la barrera de entrada para recibir financiamiento público y el sesgo anticompetitivo. Si, como sucede en el caso alemán, ambas variables permanecen en un nivel bajo, se sostiene que la propensión oligopólica del régimen de financiamiento es muy baja. En cambio, cuando, como ilustra el caso del Reino Unido, el nivel de dificultad de la barrera de entrada es medio y el sesgo anticompetitivo es alto, la situación que se encuentra en este caso se califica como de alta propensión oligopólica. 54\n54 Para conocer los detalles de la configuración y clasificación de las variables barrera de entrada y sesgo anticompetitivo, así como las posibles combinaciones entre ambos, véase el Anexo I.\nPROPENSIÓN OLIGOPÓLICA DEL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO\nNivel de dificultad de la barrera de entrada\nLa propensión oligopólica de la mayor parte de los casos es baja o muy baja. Sólo Francia y el Reino Unido muestran propensiones altas.\nLo que podría ser considerado como variable dependiente de este modelo de análisis es la estructura de la competencia. Su configuración sigue la propuesta de Mair 55 y considera tres dimensiones: la pauta de renovación del gobierno, la fórmula de las coaliciones gobernantes y la exclusión de partidos de las coaliciones gobernantes. 56\n55 Peter Mair, op. cit. 56 La pauta de renovación del gobierno hace referencia al carácter total o parcial que registra la alternancia de gobierno. Esto es, si un partido que se encontraba en la oposición triunfa en las elecciones, se tiene una pauta total de renovación. La innovación o familiaridad de las fórmulas de gobierno tienen que ver con la composición de las coaliciones partidistas que triunfan en las elecciones. Son innovadoras aquellas fórmulas que incorporan en su interior al menos a un partido que se había mantenido al margen en la composición del gobierno. Se les llama familiares a las fórmulas compuestas por partidos que ya han estado en ellas previamente en combinaciones también previamente registradas. La tercera dimensión, exclusión de los partidos de las coaliciones gobernantes, alude a la posibilidad de que otros partidos accedan al gobierno. Para mayor detalle acerca de estos rasgos de la estructura de la competencia, véase Peter Mair, op. cit.\nEl cuadro 2.3 muestra las características de estas dimensiones en cada caso y el resultado final.\nESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS SELECCIONADOS\nFórmula de las coaliciones gobernantes\n¿Hay partidos excluidos de las coaliciones gobernantes?\nFuente: elaboración propia a partir de Database of Political Institutions, disponible en http://www.worldbank.org/research/bios/pkeefer.htm\nUn problema de la determinación de la apertura/cierre de la estructura de la competencia es que pocos países han desarrollado en el mismo sentido las tres dimensiones; es decir, pocos son completamente cerrados (Reino Unido) y ninguno es plenamente abierto. Así, la clasificación dicotómica presentada omite la consideración de matices en las tres columnas previas. De acuerdo con la clasificación propuesta, siete casos poseen una estructura de la competencia cerrada y tres abierta. Estos últimos son Argentina, Francia y México. El cuadro 2.4 reúne las propensiones rentista y oligopólica y la estructura de la competencia. Se puede observar que los casos se diferencian ampliamente al observar las variables en conjunto. Sólo Argentina y España comparten la clasificación en las dos primeras variables, pero no así en la tercera. El resto de los\ncasos pueden ser similares en alguna de las primeras dos variables, pero no en ambas. Así, aunque, como se señaló, siete países registran estructuras de la competencia cerradas, las diferencias en las propensiones distinguen cada caso. En la sección siguiente se presentan los hallazgos de haber aplicado este esquema de análisis a este número –ciertamente reducido– de casos y una ampliación de los resultados. Con esto último se pretende obtener elementos de juicio acerca de la fecundidad analítica del esquema.\nFuentes: cuadros 2.1, 2.2 y 2.3.\nDe acuerdo con el material empírico sujeto a observación, restringido a un conjunto limitado de países, los legisladores elaboran definiciones del régimen de financiamiento de manera tal que evitan colocarse en los extremos rentistas y oligopólicos, probablemente como resultado de que ambos casos son fácilmente susceptibles de ser convertidos en problemas de interés público.\nPERFIL DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO\nY ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA\nL os regímenes de financiamiento, en su mayoría, se ubican en espacios que no traspa san los límites extremos (máximo ni mínimo) de las propensiones rentista ni oligopólica. La excepción es Uruguay. De acuerdo con lo presentado, la lógica predominante de los legisladores en todos estos países apunta a no cruzar umbrales que pudieran convertirse en nuevas dificultades legislativas. Por ejemplo, es improbable que los legisladores opten por el diseño de un régimen de financiamiento altamente rentista, en especial si en el análisis se considera la presencia de una ciudadanía empoderada (esto es, con capacidades organizativas y de movilización importantes), capaz por añadidura de convertir en tema de discusión pública las proclividades rentistas de la esfera burocrática y política, una ciudadanía que en tanto conjunto de contribuyentes ha elaborado mecanismos de defensa contra las propensiones rentistas de las burocracias. La propensión rentista\nde los regímenes de financiamiento de la actividad político-electoral puede considerarse un indicador del estado que guarda el campo de interacciones entre ciudadanos-contribuyentes y capas burocrático-políticas. Un análisis más detallado de estos casos revelaría –y esto es una hipótesis que puede guiar un examen adicional– que la propensión rentista de los regímenes de financiamiento varía en forma inversa a las capacidades de construcción autónoma de temas en defensa del contribuyente enarbolados por grupos de ciudadanos. Por otra parte, el hecho de que únicamente haya un país (Uruguay) en los extremos más bajos de esta propensión indica que los legisladores pueden tomar en cuenta que la actividad política supone incentivos materiales inequívocos para los actores principales. Sin dinero no hay política, puede entenderse como el hecho de que no es posible, por ejemplo, desarrollar campañas sin recursos materiales; pero también como que nadie tendrá incentivos para participar en política sólo por medio de incentivos simbólicos o ideológicos; por lo menos, no profesionalmente. Si el legislador adopta este supuesto –bastante razonable a la luz de las características de la sociedad moderna y en especial de su economía monetaria– la ubicación de los regímenes de financiamiento no se moverá más allá de un cierto umbral hacia la parte inferior del gráfico. Pero tampoco se mueve al extremo izquierdo cuando se reduce la propensión rentista. Ese caso sería el de regímenes que dan cabida a muchos participantes y que no propician el rentismo partidario. Cuando los legisladores reducen la propensión oligopólica parecen empujados a elevar la propensión rentista. En suma, cabe suponer que las decisiones de los legisladores en materia de financiamiento de la actividad político-electoral tienden a situarse en un área que puede denominarse de permisibilidad institucional. En apoyo a lo anterior, se observa en el gráfico que de los 10 casos registrados, siete se encuentran en la zona que combina media y baja propensiones rentista y oligopólica. De acuerdo con el material empírico, el combate al perfil rentista de los regímenes de financiamiento puede originar que la estructura de la competencia se cierre. México y Argentina registran estructuras semiabiertas, lo cual supondría que el perfil rentista acentuado de sus reglas en materia de financiamiento contribuye, en alguna medida, a moldear la estructura en ese sentido. Sin embargo, se tendrían que estudiar otros casos similares para acreditar que efectivamente existe una relación entre los dos factores y arrojar luz sobre la materia. Igualmente significativo parece un hallazgo más. Variaciones en la propensión oligopólica de los regímenes de financiamiento no parecen impactar la estructura de la competencia: lo mismo se observan casos de estructuras cerradas y abiertas a lo\nlargo de esta dimensión. Alemania registra una estructura cerrada de la competencia y México abierta; al mismo tiempo, ambos comparten baja propensión oligopólica. Si esto es cierto, entonces más importante que el régimen de financiamiento para estructurar la competencia parecen ser otros factores, como las inversiones históricas en ideología, la construcción de clientelas electorales localizadas, y acaso los clivajes históricos de cada caso. Ahora bien, el hecho de que el peso del régimen de financiamiento y especialmente de su propensión oligopólica no parezca afectar las estructuras de la competencia requiere exámenes más detallados. ¿Se sustenta la misma afirmación en el largo plazo? ¿Podría admitirse como hipótesis adicional, a reserva de revisar series históricas más extensas, que el mantenimiento de cierto tipo de régimen de financiamiento puede generar variaciones en la estructura de la competencia? Por ejemplo, ¿contribuyeron históricamente los regímenes de financiamiento en el hecho de que Suecia, Israel, Italia y Japón –por mencionar los casos más conocidos– hayan configurado estructuras de la competencia con tal grado de cerradura que han llegado a considerarse casos de partido dominante? 57 ¿Es esperable que un tipo de estructura de la competencia pueda transformarse en un esquema dicotómico, o es preferible una categorización más detallada para observar variaciones más finas? En lo que sigue se añaden algunas observaciones particulares de los casos sometidos a examen.\n¿Apertura o rentismo?\nEn la categoría de menor propensión rentista figuran Costa Rica, el Reino Unido y Uruguay. Sus regímenes de financiamiento presentan una orientación hacia la reducción de las políticas rentistas en materia político-electoral que se manifiesta en el carácter rígido de la restricción del presupuesto destinado al financiamiento de las actividades electorales y el carácter discreto de la sistematicidad presupuestal. Además se establecen topes a los gastos de campaña. La única diferencia estriba en que el régimen de financiamiento en el Reino Unido sí contempla límites a las aportaciones privadas. En Costa Rica, por ejemplo, se han configurado las reglas del financiamiento de tal manera que los partidos políticos se ven obligados a actuar en un escenario de\n57 Pempel, T. J., Democracias diferentes. Los regímenes con un partido dominante, FCE, México, 1991.\nmáxima estrechez presupuestal. En efecto, a los partidos únicamente se les otorga subvención estatal en periodos electorales (sistematicidad presupuestal discreta). Así lo expone el legislador costarricense:\nLa contribución a los partidos políticos será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. 58\nLa política de financiamiento está asociada al comportamiento general de la economía y se evita que el margen de amplitud de la bolsa de recursos por repartir entre los partidos vaya a contracorriente de otros indicadores económicos. Aunque en la legislación no se establecen límites a las contribuciones privadas, se contemplan topes a los gastos de campaña. En esa misma categoría se encuentra el Reino Unido, en donde el financiamiento público asigna prerrogativas en los medios de comunicación y envío de propaganda por correo durante un periodo previo a la jornada electoral. Esta modalidad del régimen de financiamiento público indirecto, junto con los límites a las contribuciones privadas y los topes a los gastos de campaña, perfilan una política de austeridad en materia de financiamiento a las actividades político-electorales. De hecho, se considera que el Reino Unido es la democracia que menos gasta para que funcione. 59 Uruguay es el otro caso que se ubica en esta primera categoría. El régimen de financiamiento, que adopta la modalidad de público (directo e indirecto) y privado, se encuentra sujeto a criterios de austeridad presupuestal. El Estado subvenciona únicamente las actividades electorales de los partidos de acuerdo con mecanismos predeterminados; asimismo se establecen topes a los gastos de campaña que impiden el derroche de recursos económicos. La legislación uruguaya en materia de\n58 Artículo 96 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Es una dificultad menor, pero efectiva, el determinar el significado del vocablo “trasanterior”, un tanto inusual en el medio mexicano. En lo que se refiere a la cifra indicada, en la reforma al artículo 96 de la Constitución Política de Costa Rica, en julio de 1997, se acordó este porcentaje, que anteriormente ascendía a 2%. Esta reducción constituye una nueva muestra de la baja propensión rentista del régimen de financiamiento vigente en ese país.\n59 Véase Francisco Javier Ruiz, Análisis comparado de los sistemas de financiación de los partidos políticos en los países occidentales con especial referencia a España y México, Editarte, México, 2002, pp. 322-324.\nfinanciamiento incentiva a los partidos para participar en un ambiente de recursos limitados. Alemania, Chile y Estados Unidos se ubican en el siguiente nivel de baja orientación rentista. Las semejanzas que registran los tres casos se refieren a que las asignaciones públicas están contempladas solamente en periodos electorales y obedecen a criterios predeterminados. Los regímenes de financiamiento operan bajo un carácter discreto de sistematicidad presupuestal. Asimismo, estos tres casos se caracterizan porque en las legislaciones se prevé el otorgamiento de recursos del Estado a los participantes en contiendas electorales bajo condiciones estrictamente delimitadas. Respecto a los límites a las contribuciones de los particulares se tiene que en Alemania y Chile no se consideran; en Estados Unidos sí están reglamentados. En suma, se puede advertir que los regímenes de financiamiento muestran una baja orientación rentista. España y Francia se pueden clasificar como regímenes de financiamiento de propensión rentista media. Ambos casos comparten las mismas características: el financiamiento público es predeterminado, se otorgan recursos a los partidos tanto para actividades permanentes como electorales (sistematicidad presupuestal continua) y se establecen techos a las contribuciones privadas y a los gastos de campaña. Esta propensión rentista data de más años en la legislación española que en la francesa. En España, desde el momento que se dio la transición a la democracia, se dejó en claro el papel del Estado en la configuración del diseño institucional democrático. Las medidas en materia de financiamiento se encaminaron a visualizar a los partidos como actores que requerían contar con recursos públicos de manera permanente para lograr la consolidación del régimen democrático. En Francia, a su vez, se contempló la medida de dotar a los partidos de fuentes permanentes de financiamiento público a partir de 1988, con lo que el estímulo rentista es más reciente. Argentina también presenta un perfil rentista medio. La diferencia respecto a los dos casos señalados en el párrafo anterior, radica en que la legislación no establece límites a las contribuciones privadas ni topes a los gastos de campaña. La competencia entre los partidos supone un ambiente más relajado de restricción presupuestal. Por último se encuentra México. Las características del régimen de financiamiento se orientan hacia una clara propensión rentista. Aunque las contribuciones privadas y los topes a los gastos de campaña están sujetos a control, el financiamiento público tiene la modalidad de variable y la temporalidad de la asignación presupuestal es electoral y permanente. De los 10 casos estudiados,\nMéxico constituye el único en que el financiamiento a las actividades político- electorales no es predeterminado, sino que los fondos públicos se determinan en función de actualizaciones anuales en cuanto a su monto. 60 Si a este carácter variable se le añade que la financiación responde a una sistematicidad presupuestal continua, se tiene que los partidos se mueven en un ambiente rentista acentuado. La propensión rentista se presenta como el costo que ha de pagarse –dadas ciertas condiciones– por combatir estructuras acentuadamente cerradas de la competencia o, en su defecto, por contrarrestar formaciones partidistas oligopólicas. En el siguiente apartado se examina con cierto detenimiento esta segunda parte del binomio.\nCerradura y competencia\nEn todos los casos revisados existen barreras de entrada. Los partidos y candidatos que buscan convertirse en actores legítimos para recibir recursos que les permitan competir en las contiendas político-electorales, necesitan alcanzar un porcentaje como piso mínimo de votos o lugares en el parlamento o congreso. Unas barreras son más estrictas que otras; todo depende de la decisión que adopten los legisladores para la configuración del espacio partidista. En este sentido, las normas sobre financiamiento reflejan cierta lógica de exclusión para los partidos nuevos o emergentes. A través de limitar el acceso a fondos públicos a determinados partidos, en función de algún porcentaje de votos o de cierto número de legisladores, se puede suponer que se están generando desincentivos para alterar el sistema de partidos. Alemania, Argentina, España y México comparten una baja propensión oligopólica. Las barreras de entrada para tener acceso al financiamiento público registran umbrales menores y el sesgo anticompetitivo se reduce merced a la regla electoral que predomina y el criterio de asignación (fuerza electoral). 61 En este\n60 Tal como lo señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 7, inciso a, fracciones I y VI, “El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que le presente el Consejero presidente, los costos mínimos de una campaña para diputado, de una para senador y para la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para el año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice al que se refiere la fracción VI de este inciso, así como los demás factores que el propio\nse determinará anualmente tomando en consideración el\níndice nacional de precios al consumidor, que establezca el Banco de México”.\nConsejo determine [\nEl financiamiento [\n61 “En principio y teóricamente, la opción distributiva según la fuerza electoral podría considerarse como una pauta de reparto más justa que aquella según la fuerza parlamentaria, ya que al no establecerse como requisito la obtención de escaños parlamentarios se permite a un mayor número de\nsentido se puede afirmar que estos regímenes de financiamiento generan incentivos para que el espacio partidista se abra a nuevas organizaciones políticas. En el siguiente nivel del continuum de la propensión oligopólica se encuentran Costa Rica y Chile. Los umbrales de entrada son más estrictos (4 y 5% respectivamente) que los casos anteriores, lo que ha generado cierta exclusión de partidos políticos nuevos o emergentes al financiamiento público. Por ejemplo, en Costa Rica cerca de 93% de los fondos públicos se reparte entre las fuerzas políticas tradicionales. 62 Sin embargo, y a pesar de lo que parece estar supuesto en ciertas discusiones, la estructuración oligopólica de los sistemas de partidos no necesariamente afecta de manera negativa en la calidad representativa de las fuerzas políticas. Esto se revela con particular claridad en el hecho de que las barreras artificiales no son las únicas que excluyen de la competencia a los partidos pequeños: las barreras “naturales” pueden influir en mayor medida. Traspasar dichas barreras naturales que se han formado a lo largo de muchos años es un reto que pocos partidos pueden lograr. La barrera de entrada artificial puede reducirse aún más, pero difícilmente los partidos pequeños lograrán romper la estructura oligopólica que caracteriza al sistema de partidos en Costa Rica. Francia y el Reino Unido registran una propensión oligopólica relativamente alta. En sus regímenes de financiamiento se perfila una orientación a regular la cantidad de competidores. En Francia, por ejemplo, se requiere que los partidos alcancen 5% de la votación total y el criterio de asignación de financiamiento combina la fuerza electoral y la fuerza parlamentaria. Esto supone que las oportunidades para las fuerzas políticas emergentes son reducidas, puesto que los incentivos del financiamiento van dirigidos a afianzar a los partidos que cuentan con una trayectoria electoral asentada. La legislación en el Reino Unido sigue esa misma lógica de exclusión. En ese régimen bipartidista de largo historial las barreras naturales también constituyen un fuerte dique para los foráneos de la política partidista.\npartidos acceder a la ayuda estatal. Sin embargo, si se exige a priori un porcentaje mínimo de votos para su aplicación, se altera su carácter comparativamente más justo o equitativo, ya que de esta manera –al igual que en el caso de la distribución según la fuerza parlamentaria– se excluye del reparto a aquellos partidos de débil votación”, Daniel Zovatto y Pilar del Castillo, La financiación de la política en Iberoamérica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, San José, 1998, p. 15. 62 Véase Elaine White Gómez, “El financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica”, en Delia M., Ferreira Rubio (comp.), Financiamiento de partidos políticos, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano-Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 1997.\nLa propensión de los regímenes de financiamiento pueden cerrar aún más la estructura de la competencia y recrudecer la dureza de la misma. Pueden ser receptivos al ingreso de nuevas organizaciones políticas y no mejorar, sin embargo, la capacidad representativa del régimen político. El empleo de los instrumentos del régimen de financiamiento en lo que hace a la estructura de la competencia no permite predecir lo que sucederá en el plano de la calidad democrática de la representación política y de la competencia partidaria. Para profundizar en tales propósitos se hace recomendable desplegar nuevos instrumentos analíticos relacionados con la calidad de la representación política, como se intenta en el capítulo 4. Los legisladores enfrentan opciones críticas en que tienen que elaborar transacciones (trade off) entre las propensiones rentista y oligopólica. Esto ayuda a explicar que, al menos en lo que respecta a los casos estudiados, se encuentre únicamente un régimen de financiamiento en los sitios extremos del gráfico.\ndemocracia enfrenta en forma simultánea el horizonte de su continua\nampliación y el reto de su propia salvaguarda y protección. Las democracias\nconsolidadas y las emergentes enfrentan el problema de la adopción de dispositivos que contribuyan a la continuidad de sus estructuras institucionales. Dado su carácter dinámico y abierto, las democracias se encuentran sometidas a pruebas de la más diversa índole: su disposición para que las demandas de los grupos sociales organizados se conviertan en decisiones públicas, su aptitud para hacer de los disensos una práctica que fortalezca la vida pública, o su capacidad para establecer reglas del juego político-electoral que permitan la constitución de gobiernos dotados de legitimidad y legalidad. La difusión global de la democracia entraña el reto de hacerla sustentable. Tanto la solidez como la vulnerabilidad de las democracias son variables, pueden ordenarse de más a menos; no obstante, todas ellas requieren la adopción de medidas encaminadas a conservar su salud. Los regímenes democráticos precisan de protecciones y prevenciones para evitar la intromisión de cuerpos ajenos que socaven los cimientos de sus instituciones: de ello depende, al menos en parte, su vitalidad y viabilidad estratégica. Minimizar el riesgo de que la actividad política sea impactada por criterios que contravienen la naturaleza democrática de los regímenes es asunto de atención sustantiva en las agendas nacionales. Ahora bien, cuando se habla de preservar el carácter democrático del régimen, ¿a qué se hace referencia? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la democracia que tienen que ser preservados? Un planteamiento que compendia la forma contemporánea de concebir los términos de esta cuestión es el siguiente: “la democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la\ncompetencia y la cooperación de sus representantes electos”. 63 El enfoque procesal clásico de la democracia de Schumpeter, 64 que pone el acento en el método a través del cual los ciudadanos eligen a las personas que habrán de tomar las decisiones políticas, se complementa, así, mediante dos criterios, a saber: la responsabilización de los gobernantes ante los ciudadanos y la existencia de mecanismos cooperativos y competitivos más allá de los procesos electorales. Esto implica una visión de la democracia que trasciende su aspecto procedimental, al no centrarse en el momento en que se elige a los gobernantes, e incorporar criterios relacionados con el desempeño de las autoridades públicas elegidas. En el mundo contemporáneo la democracia constituye un arreglo institucional que se distingue por la manera de organizar las relaciones entre los gobernados y los gobernantes, por medio de un método para elegir a los gobernantes y mediante una serie de mecanismos para hacerlos responsables ante los gobernados por sus acciones. 65 De lo anterior se desprende que la preservación de la democracia como régimen político supone conservar un conjunto de atributos que giran alrededor de cómo se elige a los representantes y de cómo son responsabilizados después por sus acciones. Preservar la democracia significa asegurar la vigencia estratégica de aquellas características que, de acuerdo con el saber dominante, definen la existencia del régimen: competencia por el poder mediante elecciones regulares, libres y limpias; ciudadanía incluyente que otorga el derecho a participar de prácticamente todos los adultos; libertades civiles y políticas que permiten el pluralismo de la información y la organización. 66 A estos atributos se han de agregar los concernientes a la responsabilidad pública de los gobernantes ante los gobernados. 67 La sustentabilidad de las democracias descansa, en buena medida, en que dichos atributos se mantengan.\n63 Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl, “Qué es… y qué no es la democracia”, en Larry Diamond y Marc F. Plattner (comps.), El resurgimiento global de la democracia, Instituto de Investigaciones Sociales- UNAM, México, 1996, p. 38.\n64 Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Aguilar, Madrid, 1977. Para este autor, la democracia es el arreglo institucional para llegar a las decisiones colectivas, en donde los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo.\n65 Véase Schmitter y Lynn Karl, op. cit., pp. 39-41.\n66 Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, REI, México, 1993.\n67 “La responsabilidad pública de los gobernantes ante los gobernados es quizá uno de los puntos centrales de las democracias modernas. La responsabilidad pública entendida desde una doble vertiente: como responsiveness, en el sentido de que los gobernantes deben responder ante la sociedad que los eligió y ser consecuentes con sus demandas, necesidades y expectativas; y también como accountability, es decir, la obligación de rendir cuentas sobre la actuación en el mando gubernamental”. Mauricio Merino, La participación ciudadana en la democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 4, IFE, México, 1997, p. 49.\nLas democracias pueden diferir enormemente en el grado en que alientan el consenso versus la competencia, el poder compartido versus el poder mayoritario\ncontemporáneas también varían ampliamente en sus niveles de participación ciudadana, acceso al poder, frenos y con