Konsumentenschutzgesetz von Panama / Consumer Protection Act from Panama\nNo 25914 Gaceta Oficial Digital, miércoles 7 de noviembre de 2007\nsiehe auch Konsumentenschutzgesetz Panamá - Verträge - Ley 46\nProtección al Consumidor - Schutz für den Konsumenten - Verträge - ab Artikel 32\nVehículos de motor - Fahrzeuge / Autos importieren nach Panamá - nicht älter als 5 Jahre - Artikel 47\nVicios ocultos - versteckte Mängel - Artikel 48\nPlazo de garantía - Garantie - ab Artikel 49\nPublicidad - Publizität / Werbung - ab Artikel 59\nConstrucciones nuevas - Neubauten - Bauträger Verträge in Panamá - Artikel 79\nAseguramiento de Pruebas - Beweisaufnahmen - ab Artikel 130\n(De miércoles 31 de octubre de 2007)\nLa presente Ley tiene por objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento\neficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.\nEsta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o\nprofesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como sujetos activos en la actividad económica.\nMonopolios y actuaciones oficiales. Esta Ley no se aplicará a las actividades económicas que la Constitución Política y las leyes reserven exclusivamente al Estado y no hayan sido otorgadas en concesión. En lo que\nno concierna a tales actividades económicas reservadas, las instituciones y dependencias del Estado y los municipios están obligados a acatar las\nEl Estado velará por que en sus decisiones y actos administrativos se resguarden los principios de libre competencia y libre concurrencia\neconómica, señalados en esta Ley.\nA tal efecto, todos los municipios, instituciones autónomas o semiautónomas e instituciones estatales en general podrán solicitar concepto a la Autoridad de Protección al Consumidor y\nDefensa de la Competencia, en adelante la Autoridad, cuando en el ámbito de sus decisiones se pueda afectar la libre competencia o la protección al consumidor.\nSe exceptúa de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley cualquier acto, reunión, acuerdo, arreglo, convenio o fórmula, o\ncualquier otro mecanismo o modalidad que promueva el Estado con agentes económicos, cuando dicho mecanismo o modalidad se realice con\nmiras a salvaguardar el interés público.\nNo se consideran prácticas monopolísticas:\nEl ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial que la ley reconozca a sus titulares, los que conceda durante un tiempo determinado a los\ntitulares de los Derechos de Autor y Derechos Conexos para el ejercicio de sus derechos y los que otorgue a inventores para el uso exclusivo de sus inventos.\nCualquier acto, acuerdo, alianza, asociación, convenio o contrato que genere incremento en la eficiencia económica y no perjudique al consumidor no se considerará que\nrestringe, disminuye, daña, impide o vulnera la libre competencia y la libre concurrencia económica.\nSe exceptúan de la aplicación de la presente Ley los actos, los acuerdos, las alianzas, las asociaciones, los convenios, los contratos o cualquier otro que realicen agentes económicos, que tengan como\nobjetivo el incremento, el ahorro o la mejora de la producción y/o distribución de bienes o servicios o fomenten el progreso técnico o económico y que generen beneficios para los consumidores o el mercado, siempre que\n1. El intercambio de información técnica o de tecnología.\n2. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de infraestructura, equipos, recursos o facilidades de producción y tecnología.\n3. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de facilidades de acopio, almacenaje, transporte y distribución.\n4. Que el producto de dichos actos sea exportado.\nSe prohíbe, en las formas contempladas en esta Ley, cualquier acto, contrato o práctica que restrinja, disminuya, dañe, impida o, de cualquier otro modo, vulnere la libre competencia económica\ny la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios.\nEl mercado pertinente se determina por la existencia de un producto o servicio o de un grupo de productos o servicios y de otros productos o servicios sustitutivos, dentro del área geográfica\nen que tales productos o servicios son producidos o vendidos.\nEn los casos que así se requiera, además de las dimensiones previamente señaladas, podrá considerarse una dimensión funcional y temporal en la definición de mercado pertinente.\nSe entiende por libre competencia económica la participación de distintos agentes económicos en el mismo mercado pertinente, actuando sin restricciones ilícitas en el\nproceso de producción, compra, venta, fijación de precios y otras condiciones inherentes a su actividad económica.\nNo infringe esta Ley el agente económico que se encuentre en una posición de monopolio o la alcance, si tal posición no ha sido obtenida mediante prácticas prohibidas por esta Ley.\nCarácter ilícito de las prácticas monopolísticas absolutas.\nLas prácticas monopolísticas absolutas, definidas en el artículo siguiente, tienen en sí mismas carácter ilícito, salvo las excepciones y los casos previstos en esta Ley.\nSon prácticas monopolísticas absolutas cualquier acto, combinación, arreglo, convenio o contrato, entre agentes económicos competidores o potencialmente\ncompetidores, entre sí, o a través de asociaciones cuyos objetos o efectos sean cualesquiera de los siguientes:\n1. Fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio de venta o compra de bienes o servicios, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto.\n2. Acordar la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solamente una cantidad limitada de bienes, o la de prestar un número, un volumen o una frecuencia limitado de servicios.\n3. Dividir, distribuir, asignar, acordar o imponer porciones o segmentos de un mercado existente o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempo o espacios determina-dos o determinables.\n4. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones públicas, por mejor valor, para convenio marco y de subasta en reversa, subasta de bienes públicos, así como cualquier otra forma de contratación con\nConcepto de prácticas monopolísticas relativas ilícitas.\nSon prácticas monopolísticas relativas ilícitas las que disminuyan o impidan la libre competencia o la libre concurrencia entre agentes económicos, de conformidad con los supuestos previstos en los artículos 16, 17, 18 y 19 de esta Ley.\nPrácticas monopolísticas relativas ilícitas.\nCon sujeción a que se comprueben los supuestos previstos en los artículos 15, 17, 18 y 19 de la presente Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas y, por consiguiente, se prohíben los actos unilaterales, las combinaciones, los arreglos, los convenios o los contratos cuyo objeto o efecto sea desplazar irrazonablemente a otros agentes del mercado, impedirles irrazonablemente su acceso o establecer irrazonablemente ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos, en los casos siguientes:\n1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o\nservicios, por razón del sujeto o de la situación geográfica o por periodo de tiempo determinado, incluyendo la división, distribución o asignación de\nclientes o proveedores, así como la imposición de la obligación de no producir o distribuir bienes o servicios por un tiempo determinado o determinable.\n2. La imposición o fijación de precios y demás condiciones por parte del fabricante, productor o proveedor para la reventa de bienes o servicios.\n3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o\ndistinguible, o sobre bases de reciprocidad.\n4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o\ncomercializados por un tercero.\n5. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar, a determinadas personas, bienes o servicios disponibles y normalmente\nofrecidos a terceros, salvo que medie incumplimiento por el cliente o potencial cliente de obligaciones contractuales con el agente económico, o que el\nhistorial comercial de dicho cliente o potencial cliente demuestre un alto índice de devoluciones o mercancías dañadas.\n6. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de\ndisuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias o de obligarlo a actuar en un sentido determinado.\n7. Cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un agente económico, tendiente a causar daños y perjuicios o a sacar del mercado\npertinente a un competidor, o a prevenir que un potencial competidor entre a dicho mercado, cuando de tal acto no puede esperarse razonablemente la\nobtención o el incremento de ganancias, sino por la expectativa de que el competidor o potencial competidor abandonará la competencia o saldrá del\nmercado, dejando al agente con un poder sustancial o con una posición monopolística sobre el mercado pertinente.\n8. La acción unilateral o concertada, consistente en acaparar la producción,\ndistribución o venta de bienes o servicios, con el objeto o efecto de obtener\nganancias en su posible posterior venta o tendiente a favorecer a un tercero en\nla producción, distribución o venta de dicho producto o servicio.\n9. En general, todo acto que irrazonablemente dañe o impida el proceso de\nlibre competencia económica y la libre concurrencia en la producción, el\nprocesamiento, la distribución, el suministro o la comercialización de bienes o\nArtículo 17. Supuestos de hecho. Las prácticas monopolísticas relativas se\nconsiderarán violatorias de la presente Ley si el agente o los agentes\neconómicos tienen poder sustancial, individual o colectivo sobre el mercado\nArtículo 18. Determinación del mercado pertinente. El mercado pertinente, en\nel caso de que se trate, se determinará con base en los siguientes elementos:\n1. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros,\ntanto de origen nacional como extranjero, y la capacidad de los consumidores\nde contar con bienes o servicios sucedáneos.\n2. Los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos, de sus\ncomplementos y de sus sustitutos dentro del territorio nacional o en el\nextranjero, teniendo en cuenta los costos de transporte, los aranceles y las\nrestricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes\neconómicos o sus asociaciones, así como el tiempo requerido para abastecer\nel mercado pertinente.\n3. Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros\n4. Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a\nfuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes\n5. La dinámica de innovaciones.\nArtículo 19. Poder sustancial. Para determinar si un agente económico\ntiene o no poder sustancial sobre el mercado pertinente, se tomarán en\n1. Su participación en este mercado y su capacidad de fijar precios\nunilateralmente o de restringir el abasto en el mercado pertinente, sin que los\nagentes competidores puedan, efectiva o potencialmente, contrarrestar dicha\n2. La existencia de barreras de entrada al mercado pertinente y los\nelementos que, previsiblemente, puedan alterar las barreras y la oferta de\n3. La existencia y el poder de los agentes competidores.\n4. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a\n5. Su comportamiento reciente.\n6. Los demás factores que se establezcan mediante decreto ejecutivo.\nArtículo 20. Consulta sobre viabilidad. El agente económico que desee\nestablecer si un determinado acto, contrato o práctica que intente realizar\nconstituye o no una práctica monopolística absoluta o relativa prohibida por\nesta Ley podrá formular consulta escrita, sobre la licitud de dicho acto, a la\nCuando se hubiera hecho uso de este derecho dos veces en un año\nsobre la misma materia, será potestativo de la Autoridad acceder a nuevas\nLa Autoridad deberá resolver la solicitud dentro de los treinta días siguientes\na su presentación. Vencido el plazo sin que hubiera resolución expresa, se\nentenderá que el acto es lícito. Sin embargo, si el concepto favorable se\nhubiera emitido con base en información falsa o incompleta proporcionada\npor el agente económico interesado, tal concepto se tendrá como no\nArtículo 21. Concepto y prohibiciones. Se entiende por concentración\neconómica la fusión, la adquisición del control o cualquier acto en virtud del\ncual se agrupen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales,\nfideicomisos, establecimientos o activos en general, que se realice entre\nproveedores o potenciales proveedores, entre clientes o potenciales clientes,\ny otros agentes económicos competidores o potenciales competidores entre\nsí. Al momento de verificar el efecto, la adquisición o fusión se podrá\ntomar en consideración si dicha concentración económica promueve y/o\npresenta, dentro de sus objetivos, el incremento de la producción o la\ndistribución de bienes y/o servicios para el mercado doméstico o\ninternacional, fomenta el progreso técnico o económico o impulsa el\ndesarrollo competitivo de una industria o sector. En estos casos, los beneficios\ndeben poder ser objeto de verificación.\nSe prohíben las concentraciones económicas cuyo efecto sea o pueda ser\ndisminuir, restringir, dañar o impedir, de manera irrazonable, la libre\ncompetencia económica y la libre concurrencia respecto de bienes o\nservicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.\nNo se consideran como concentraciones económicas prohibidas, para los\nefectos de este Capítulo, las asociaciones accidentales que se realicen por\nun tiempo definido para desarrollar un proyecto determinado, así como\nlas concentraciones entre competidores o no competidores que no generen\nefectos nocivos para la competencia y el mercado.\nIgualmente, no se consideran concentraciones económicas prohibidas las que\nrecaigan sobre un agente económico que haya incurrido en pérdidas de\nforma sistemática y perdido participación de mercado de forma tal que esto amenace su permanencia en dicho mercado, siempre que este compruebe\nhaber buscado infructuosamente compradores no competidores. Esta materia\nserá reglamentada mediante guía.\nArtículo 22. Efecto favorable. No obstante lo dispuesto en el último párrafo\ndel artículo anterior, las concentraciones que comporten efectos restrictivos\nsobre la competencia podrán contar con el efecto favorable si la Autoridad\nconsidera que dichos efectos se ven compensados por contribuir a la\nconsecución de eficiencias, tales como:\n1. Mejora de los sistemas de producción o comercialización.\n2. Fomento del progreso técnico o económico.\n3. Mejora de la competitividad de la industria.\n4. Contribución a los intereses de los consumidores.\nArtículo 23. Verificación previa. Antes de surtir sus efectos, las\nconcentraciones podrán ser notificadas y sometidas, por el agente económico\ninteresado, a la verificación de la Autoridad.\nArtículo 24. Efectos de la verificación. Las concentraciones que hayan\nsido verificadas y cuenten con el concepto favorable de la Autoridad\npodrán operar válidamente y no podrán ser impugnadas posteriormente\npor razón de los elementos verificados, salvo cuando dicho concepto\nfavorable se hubiera obtenido con base en información falsa o incompleta\nproporcionada por el agente interesado.\nArtículo 25. Prescripción de impugnación. Las concentraciones que no se\nhayan sometido voluntariamente a verificación no podrán ser impugnadas\ndespués de tres años de haberse efectuado.\nArtículo 26. Impugnación de concentraciones económicas. La Autoridad\npodrá negar el concepto favorable a la concentración que se someta a su\nverificación, cuando esta sea de las prohibidas por el artículo 21 de esta Ley.\nCualquier persona podrá impugnar una concentración ejercitando la\ncorrespondiente acción ante los tribunales previstos en la presente Ley. Esta\ncausa se tramitará por la vía del proceso sumario, en la forma señalada en esta Ley, y supletoriamente por las normas del proceso sumario del\nArtículo 27. Presunciones. Para los efectos de la verificación que debe\nconducir la Autoridad, se presumirá que la concentración tiene un objeto o\nefecto prohibido por esta Ley cuando el acto o la tentativa:\n1. Confiera o pueda conferir, al fusionante, al adquirente o al agente\neconómico resultante de la concentración, el poder de fijar precios\nunilateralmente o de restringir sustancialmente el abasto o suministro en el\nmercado pertinente, sin que los agentes competidores puedan, efectiva o\npotencialmente, contrarrestar dicho poder.\n2. Tenga o pueda tener por objeto desplazar a otros competidores\nexistentes o potenciales, o impedirles el acceso al mercado pertinente.\n3. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente, a los participantes en\ndicho acto o tentativa, el ejercicio de prácticas monopolísticas prohibidas.\nEstas presunciones podrán desvirtuarse aportando al efecto prueba en\nArtículo 28. Elementos para la impugnación. Para determinar si una\nconcentración debe ser impugnada o sancionada, la Autoridad tomará en\n1. El mercado pertinente, en los términos prescritos en los artículos 8 y 18 de\n2. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de\nque se trate, el análisis de su poder en el mercado pertinente en la forma\nseñalada en el artículo 19 y el grado de concentración en dicho mercado.\n3. Los demás elementos que se establezcan mediante decreto ejecutivo.\nArtículo 29. Medidas correctivas. Si de la investigación que la Autoridad\nrealice de una concentración sometida a verificación o no verificada\npreviamente se establece la existencia de uno de los supuestos prohibidos\npor esta Ley, la Autoridad podrá:\n1. Sujetar la realización de la transacción al cumplimiento de las condiciones\nnecesarias para que se ajuste a la ley.\n2. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera\nconcentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los\nactos, según corresponda.\nLas medidas correctivas anteriores se tomarán sin perjuicio de las sanciones\nque la Autoridad o los tribunales de justicia puedan imponer, o de la\nresponsabilidad penal que resulte.\nArtículo 30. Condenas. En todos los casos en que se infrinjan las\nprohibiciones contenidas en este Título, los tribunales de justicia creados por\nesta Ley, mediante acción civil interpuesta por el agraviado, podrán imponer\na favor de este o de los afectados condena al agente económico, equivalente\na tres veces el monto de los daños y perjuicios causados como resultado del\nacto ilícito, además de las costas que se hayan causado.\nNo obstante, el tribunal que conozca de la causa correspondiente podrá\nlimitar el monto de la condena al importe de los daños y perjuicios causados,\no reducirlo a dos veces el importe de tales daños o perjuicios, en ambos casos\ncon la condena en costas, cuando compruebe que el agente económico\ncondenado ha actuado sin mala fe o sin intención de causar daño.\nArtículo 31. Condena en costas. Todos los agentes económicos\nparticipantes en un proceso podrán ser condenados en costas por cualquier\nactuación, aun cuando la Autoridad sea parte en el proceso. A la Autoridad, a\nlos consumidores y a las asociaciones de consumidores organizados\nreconocidas por esta no se les podrá condenar en costas.\nContratos, Garantías y Normas de Publicidad\nBeneficiarios. Son beneficiarios de las normas de este Título todos los consumidores de bienes y servicios finales, y quedan obligados a su\ncumplimiento todos los proveedores.\nLos contratos o las transacciones para la compra de bienes muebles destinados al consumidor y la prestación de servicios profesionales o técnicos se sujetarán a las disposiciones de este Título.\nDefiniciones. Para efectos de este Título, los siguientes términos se entenderán así:\n1. Proveedor. Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual.\n2. Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.\n3. Contrato de adhesión. Aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar.\n4. Asociación de consumidores organizados. Organización constituida por personas naturales, cuyo objetivo es garantizar la protección y defensa de los\nintereses de los consumidores, independientemente de todo interés económico, comercial o político.\nSon funciones esenciales del Estado:\n1. Velar por que los bienes que se venden y los servicios que se prestan en el mercado cumplan las normas de calidad, salud, seguridad y ambientales.\n2. Formular programas de educación, orientación e información al consumidor, con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas de consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus deberes y derechos.\n3. Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles, de tutela administrativa y judicial, para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.\n4. Hacer cumplir las normas industriales, técnicas, de calidad y de salud humana y animal, universalmente aceptadas, las cuales serán adoptadas por la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas y por las\nautoridades sanitarias respectivas.\n5. Hacer cumplir las normas de metrología.\n6. Fomentar y reglamentar la creación de asociaciones de consumidores organizados.\n7. Garantizar a los consumidores los derechos universalmente aceptados.\nDerechos de los consumidores. Los consumidores tendrán, entre otros, derecho a:\nRecibir de los proveedores toda la información sobre las características del producto o servicio ofrecido, de manera clara y\nveraz, para poder tomar una decisión al momento de realizar la adquisición del producto o servicio, así como para efectuar el uso o consumo adecuado de este, de conformidad con las leyes nacionales.\nTener acceso a una variedad de productos y servicios valorativamente competitivos que les permitan libremente elegir los que deseen.\nSer protegidos en sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo, en toda relación de consumo, y contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen faltas a la veracidad o información errada o incompleta sobre los productos o servicios.\nSer escuchados de manera individual o colectiva por las instituciones correspondientes, a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando\nlos medios que el ordenamiento jurídico permita.\nRecibir educación y orientación, con el fin de formarlos debidamente para que las relaciones de consumo lleguen a ser equilibradas y\nObligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al consumidor las siguientes:\n1. Informar, clara y verazmente al consumidor sobre las características del producto o servicio ofrecido, tales como la naturaleza, la composición, el\ncontenido, el peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y cualquier otra condición determinante, lo cual se consignará en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto o\nen el anaquel del establecimiento comercial, en términos comprensibles y legibles.\nDicha información deberá constar necesariamente en la etiqueta y en idioma español cuando se trate de medicamentos, agroquímicos y productos tóxicos y de productos alimenticios que requieran advertencias o precauciones específicas de que representan peligro para la salud humana, según lodetermine el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud.\nEn caso de que se trate de productos o servicios restantes, la Autoridad determinará cuál de esta información deberá suministrarse, atendiendo al género o a la\nnaturaleza de cada clase de producto o servicio.\nLa Autoridad podrá determinar la obligatoriedad de incluir, en las etiquetas, los requisitos adicionales que estime necesarios, de acuerdo con la naturaleza de cualquier otro producto.\nEl importador o proveedor que reempaque, reenvase, reetiquete o modifique el empaque original o la etiqueta de un producto no podrá\nadulterar ni ocultar la información de origen, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y cualquier otra condición determinante.\n2. Indicar, en forma expresa y visible, cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, el monto total de la deuda, el plazo, la tasa de interés efectiva aplicada y su método de cálculo, las comisiones, así como la persona natural o jurídica que brinda el financiamiento, si fuera un tercero.\nCuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y efectivamente pagada en ningún caso podrá exceder el máximo\nporcentual permitido por la ley.\n3. Suministrar al consumidor las instrucciones sobre la utilización adecuada del artículo y la información de los riesgos que entraña para su salud o seguridad.\n4. Informar al consumidor sobre las garantías de los productos o servicios y las condiciones de estas.\n5. Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, se presumirá que dichos bienes son nuevos.\n6. Informar de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos, en relación con un bien determinado, para su reparación en el país si ese fuera el caso.\n7. Mantener informado al consumidor sobre la evolución o el estado en que se encuentre la gestión respectiva, en el caso de la prestación de servicios.\n8. Asumir la responsabilidad por la resolución contractual, cuando tenga la obligación de reparar el bien y no la haya satisfecho en un tiempo razonable.\n9. Poner en conocimiento del comprador los plazos para la formulación de reclamos, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio.\n10. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrados las pesas, medidas, registradoras, básculas y demás instrumentos de medición que se utilicen en el giro de sus negocios.\n11. Extender factura o comprobante de compra en el que conste claramente el Registro Único de Contribuyente, la identificación de los bienes o servicios, el precio y la fecha de entrega.\n12. Entregar una copia del contrato de venta al consumidor, cuando se haga constar por escrito. En el original del contrato que conserve el proveedor, deberá dejarse constancia de que se entregó copia al consumidor.\nUna vez se haya completado la operación correspondiente y se le entregue copia al consumidor, será nulo el contrato que estuviera firmado por el consumidor con espacios en blanco, en circunstancias que pudieran ser llenados con posterioridad por el proveedor, en perjuicio del consumidor. Igualmente, serán nulos los documentos accesorios al contrato firmados por el consumidor con espacios en blanco, en circunstancias que pudieran ser llenados con posterioridad por el proveedor, en términos diferentes a los pactados en el contrato.\n13. Apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en su trato con los consumidores.\n14. Informar al comprador de las condiciones de venta que ofrece el proveedor de bienes o servicios.\n15. Abstenerse de realizar acciones orientadas a restringir el abastecimiento, la circulación o la distribución de bienes o servicios, a través del acaparamiento o la venta atada o condicionada, salvo que medie justa causa.\nPrestar el servicio objeto de su actividad comercial sin discriminación deningún tipo. Este artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.\nIdoneidad de los productos. Los fabricantes, importadores, distribuidores o proveedores, según corresponda, serán responsables por la\nidoneidad, la calidad, la veracidad de la publicidad comercial y la autenticidad de las leyendas que exhiben los productos y servicios, así como por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, el\nrecipiente, el empaque o la etiqueta.\nVínculo proveedor-publicidad. Toda información, publicidad u oferta al público, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, en relación con los bienes ofrecidos o servicios a prestar, vincula al\nproveedor que solicite, autorice o pague la difusión correspondiente.\nDicha información formará parte del contrato de venta que se celebre entre el proveedor y el consumidor.\nVentas reguladas por legislación vigente. La venta con retención de dominio de bienes muebles destinados al uso personal o para el hogar,\nlos préstamos con hipoteca o prenda sobre bienes muebles y las ventas\ncon cláusulas aleatorias se regirán por la legislación vigente aplicable, en\ncuanto no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.\nArtículo 40. Nulidad de renuncia de derechos en contratos de adhesión. Son\nnulas en los contratos de adhesión, y por lo tanto no obligan a los\nconsumidores, las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un\nderecho reconocido en esta Ley a favor de los consumidores.\nArtículo 41. Examen de contratos. Las empresas proveedoras mantendrán a\ndisposición de la Autoridad una copia de los contratos y demás documentos\nque se refieran a las operaciones crediticias que se regulan en esta Ley, con\nel fin de que pueda ser examinada, para determinar si se ajustan a las\ndisposiciones que ella establece.\nArtículo 42. Garantía de bienes. En todo contrato u operación de venta de\nbienes muebles nuevos, tales como artefactos electrodomésticos, mobiliarios,\nautomóviles y otros, se entiende implícita la obligación de garantizar al\ncomprador el funcionamiento normal y acorde con el fin para el cual son\nfabricados. Esta obligación será exigible siempre que, por defecto del\nproducto o por causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o\nproveedor, dichos bienes no funcionen adecuadamente.\nCuando los bienes no funcionen adecuadamente durante el periodo de\ngarantía, por defecto del producto o por causa imputable al fabricante,\nimportador, distribuidor o proveedor, este último queda obligado a garantizar\nel funcionamiento y, en su caso, dependiendo de la afectación del bien o\nalguno de sus componentes, a su reparación. En caso de que se compruebe\nque el consumidor no haya podido utilizar el bien desde un inicio, de\nconformidad con lo anterior, encontrándose el bien y los empaques en\nbuen estado, el proveedor procederá a reemplazarlo o a la devolución de las\nsumas pagadas por el consumidor, cuando no sea posible su reemplazo.\nEl periodo de garantía dependerá de la naturaleza del bien, por lo cual podrá\nEl proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía\ninferior a la que reciban del fabricante.\nCuando el consumidor acuda a la autoridad competente para hacer valer sus\nderechos fuera del plazo establecido en la garantía, deberá acreditar que\ncompareció ante el proveedor dentro de dicho plazo a fin de hacerla efectiva.\nArtículo 43. Garantía en servicios de reparación. Se considera garantía en\nla prestación de servicios de reparación, la condición de eficiencia en la\nejecución o la realización de los servicios contratados.\nCuando la ineficiencia recaiga sobre servicios de reparación o de\nmantenimiento de vehículos automotores o de bienes muebles destinados\npara el uso personal, en el hogar o en establecimientos profesionales,\ncomerciales o industriales, el proveedor estará obligado, dentro de un plazo\nno mayor de quince días, a prestar nuevamente el servicio contratado en\nforma satisfactoria y sin costo adicional para el consumidor. El\nproveedor podrá, alternativamente, devolver al consumidor todas las sumas\nque este le hubiera pagado por la prestación de dichos servicios.\nEn los casos en que la reparación no esté cubierta con garantía, el taller de\nreparación tendrá que efectuar una evaluación y un diagnóstico y solicitará la\nautorización expresa del consumidor antes de iniciar la reparación.\nArtículo 44. Garantía en otros servicios. Tratándose de servicios distintos\na los señalados en el artículo anterior, la obligación del proveedor de\nprestar los servicios sin costo adicional deberá realizarse dentro de un plazo\nprudencial, de acuerdo con la naturaleza del servicio. El proveedor podrá\nejercer la opción señalada en la parte final del segundo párrafo del artículo\nArtículo 45. Condiciones de garantía. Los términos y las condiciones de las\ngarantías de los bienes y servicios deberán constar por escrito en forma\nclara y precisa, y podrán incorporarse al contrato de compraventa o\nconsignarse en documento aparte. En este último caso, el documento formará\nparte integral del contrato de compraventa o de la factura de venta, y\ncontendrá, por lo menos, la siguiente información:\n1. Nombre y dirección exactos del establecimiento comercial.\n2. Nombre y dirección exactos del consumidor.\n3. Descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, con indicación\nde la marca y el número de serie, si fuera el caso, así como del modelo,\ntamaño o capacidad, material y color predominante.\n4. Fecha de la compra y de la entrega del bien o servicio, con indicación del\nnúmero del contrato de compraventa y de la boleta de entrega, si esta no se\nhubiera efectuado inmediatamente, o si se hubiera realizado fuera del\nestablecimiento del proveedor.\n5. Término de duración de la garantía.\n6. Condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con indicación\nde los riesgos cubiertos y de los que no lo están.\n7. Lugar donde debe ser presentada la reclamación.\n8. Aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.\nArtículo 46. Obligaciones del proveedor en la garantía. Si dentro del\nperiodo de garantía estipulado para equipos o productos mecánicos,\neléctricos, electromecánicos, electrónicos, mobiliarios, vehículos de motor\ny otros bienes de naturaleza análoga, estos no funcionaran adecuadamente, o\nno pudieran ser usados normalmente, por defecto del producto o causa\nimputable al fabricante, importador o proveedor, este último estará obligado a\nla reparación de dichos bienes o a su reemplazo, dentro de los treinta días\nsiguientes a la fecha en que se presente la respectiva reclamación.\nSi no fuera posible la reparación, el proveedor estará obligado a reemplazar el\nbien por otro igual o a devolver las sumas pagadas.\nCuando se trate de vehículos de motor o equipos de tecnología sofisticada, el\ntérmino para su reparación o reemplazo será de hasta seis meses, siempre que\nen la garantía se pacte, libremente entre proveedor y consumidor, la\nresponsabilidad del primero en caso de no poder reparar el bien dentro de los\nprimeros treinta días.\nLos proveedores de vehículos de motor nuevos están obligados a extender una garantía mínima de un año o treinta mil kilómetros, lo que ocurra primero.\nCuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor que los términos mínimos establecidos en este artículo, será de obligatorio cumplimiento para el proveedor ofrecer la garantía del fabricante. El\nproveedor está obligado a proporcionarle al consumidor la garantía de fábrica por escrito.\nEn el caso de los vehículos de motor usados, los proveedores no podrán importar al territorio nacional vehículos usados cuyo modelo de fabricación\nsea de más de cinco años, según el Número de Identificación del Vehículo, y la garantía mínima, a que se refiere el primer párrafo, para estos vehículos será de seis meses o quince mil kilómetros, lo que ocurra primero. Se\nexceptúan de esta prohibición los siguientes vehículos:\n1. Los de colección.\n2. Los de carrera deportiva.\n3. Los fúnebres.\n4. Las ambulancias.\n5. Las limusinas.\n6. Los que tengan modificaciones especiales para personas con discapacidad.\nCuando los bienes presenten defectos o vicios ocultos que hagan imposible el uso para el que son destinados, o que disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad de su uso, y que de\nhaberlos conocido el consumidor no los hubiera adquirido o hubiera dado un menor precio por ellos, el proveedor estará obligado a recibirlos y a devolver las sumas pagadas por el consumidor, según lo establece el Código de\nComercio. No obstante, el consumidor podrá optar por recibir una rebaja en el precio, sin derecho a reclamo posterior.\nPara los efectos de los artículos 46, 47 y 48, el consumidor notificará de inmediato al proveedor sobre las anomalías que el bien presente. El proveedor procederá a reparar el bien en su almacén o\ntaller o en el domicilio del consumidor, según estime conveniente.\nEl proveedor estará en la obligación de proporcionar el transporte para el retiro y la devolución del bien, sin costo alguno para el consumidor, cuando se trate de artefactos grandes, de acuerdo con las clasificaciones\nestablecidas en los certificados de garantía, y solo desde el lugar en que dicho bien fue entregado al consumidor al momento de la venta.\nArtículo 50. Prórroga de la garantía.\nCuando el tiempo que utilice el proveedor para honrar la garantía de productos o servicios, incluyendo el\ntiempo que le tome la reparación, el cambio u otras medidas, exceda los\ntreinta días, contados a partir de la entrega efectiva del bien al proveedor, se\ninterrumpirá el plazo de vigencia de la garantía. En el caso en que la\nreparación, el cambio u otra medida por parte del proveedor exceda los treinta\ndías, el periodo de garantía será prorrogado por un tiempo igual al que utilice\nel proveedor para ejecutar las acciones descritas.\nArtículo 51. Renovación de la garantía.\nEn caso de que, en virtud del\ncumplimiento de una garantía, se entregara un nuevo bien o un componente\ndel bien original al consumidor, el plazo de vigencia de la garantía será\nigual al otorgado originalmente para el bien o componente cambiado. La\nrenovación de que trata este artículo aplicará por defecto del producto o\npor causa imputable al fabricante, proveedor o importador.\nSe podrá rehusar el cumplimiento de la garantía cuando el reclamo se haga fuera de su término de duración, o cuando el uso del bien vendido se haya realizado en forma contraria a las\nLos manuales de instrucciones, cuando se trate de productos de fabricación extranjera, podrán venir expresados en idioma distinto del español.\nDe no haberse proporcionado al consumidor las instrucciones de uso en\nidioma español, el proveedor no podrá rehusar el cumplimiento de la\ngarantía, ni eximirse de responsabilidad extracontractual por daños y\nperjuicios, invocando uso inadecuado del producto por parte del consumidor,\nsalvo que este uso refleje una falta de cuidado o un desconocimiento tal que\nlas instrucciones en español no hubieran prevenido el uso inadecuado.\nArtículo 53. Custodia de bienes. El proveedor será responsable por los\nbienes que el consumidor le entregue para su reparación, mantenimiento o\nlimpieza. Cuando por razón de la prestación de dicho servicio los bienes de\nun consumidor se deterioren o pierdan, el proveedor estará obligado a\nresarcir el valor de reposición de dichos bienes. Lo dispuesto en este\nartículo no se aplica al bien que haya sido abandonado por el consumidor,\nentendiéndose que el abandono se produce cuando hayan transcurrido\ncuarenta y cinco días calendario desde la fecha en que el consumidor haya\nsido requerido para el retiro del bien.\nIgualmente, el proveedor será responsable por el bien que el consumidor aparte mediante abonos al precio de venta, y no podrá sustituirlo por otro bien\nSon nulas, y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones\ncontractuales que eximan o limiten la responsabilidad establecida en este\nLo dispuesto en este artículo no releva al proveedor de las responsabilidades\npenales o civiles previstas en la ley, cuando el deterioro o la pérdida ocurra\ndentro de sus instalaciones o áreas adyacentes.\nArtículo 54. Libertad contractual en la garantía. El proveedor podrá ofrecer o\npactar, libremente, términos y condiciones de garantía superiores a los que\nnormalmente se otorgan a bienes o servicios similares y, en tal caso, estará\nobligado al estricto cumplimiento de las condiciones ofrecidas o acordadas\nArtículo 55. Garantía del fabricante. El fabricante está obligado a conceder\nuna garantía razonable del funcionamiento eficiente del producto que\nmanufactura. Cada intermediario, en la cadena de comercialización, tendrá que\nresponder por la garantía a su respectivo cliente.\nEl proveedor a quien el consumidor le exija el cumplimiento de la garantía\ntiene derecho a que el intermediario con quien haya contratado o el fabricante\nle responda por la garantía, sin perjuicio del derecho del consumidor de\nexigir directamente la garantía al fabricante o a cualquiera de los\nEl proveedor no podrá eludir la obligación de conceder la garantía otorgada al\nconsumidor, so pretexto de delegarla en el intermediario o fabricante.\nArtículo 56. Información de precios. En todo establecimiento de venta de\nbienes a los consumidores, deberá colocarse, en forma clara, precisa y en lugar\nvisible al público, el precio al contado de dichos bienes.\nSe prohíbe al proveedor la adopción de cualquier práctica que induzca al\nconsumidor a confusión, error o engaño sobre el precio de los bienes o\nEl proveedor de bienes o servicios está obligado, y solo tiene derecho, a\nrecibir el pago del precio exactamente como esté anunciado o impreso en el\nestablecimiento o bien respectivo, salvo que se demuestre que el consumidor\nlo ha alterado.\nEn caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor,\nprevalecerá el menor, y el proveedor estará obligado a venderlo con ese\nEn caso de servicios de alquileres de estacionamiento, se deberá cumplir lo\n1. El proveedor deberá anunciar, mediante un letrero de cuatro por ocho pies\ny con letras reflectivas de veinte centímetros como mínimo, ubicado en lugar\nvisible, el precio del servicio y sus condiciones.\n2. Cuando se cobre el ciento por ciento (100%) del tiempo de su uso, el\nletrero deberá decir lo siguiente: "Este local no le ofrece servicio de\nestacionamiento gratuito a sus clientes"; además, deberá anunciar las tarifas y\n3. No se permitirá el cobro por fracción o redondeo al alza, cuando el titular\ndel estacionamiento se obliga a facilitar una plaza de estacionamiento por un\nperiodo de tiempo variable, no prefijado. En estos casos, el precio deberá\nfijarse por minuto de estacionamiento.\nArtículo 57. Devolución de las sumas pagadas. En todos los casos en que\nproceda la devolución de las sumas pagadas por el consumidor, no podrá\nobligarse al adquirente del bien o servicio a recibir notas de crédito, cuando\nel precio ha sido pagado en dinero o signos que lo representen. Si el contrato\nha sido de venta al crédito, la devolución se compondrá de lo pagado en\ndinero y de una nota en que conste la anulación del saldo adeudado.\nArtículo 58. Veracidad en la publicidad. Todo anuncio o aviso publicitario\nreferente a las transacciones de que trata este Título deberá ajustarse a la\nverdad, cuidando el anunciante de que no se tergiversen los hechos y que\nel anuncio o la publicación no induzca a error o confusión. Las afirmaciones\nque se refieran a la naturaleza, a la composición, al origen, a las cualidades\nsustanciales o a las propiedades de los productos o servicios deberán ser\nsiempre exactas y susceptibles de comprobación en cualquier momento.\nPara los efectos de esta Ley, se entiende por publicidad engañosa\naquella que refiere características o información relacionada con algún\nbien, producto o servicio, que inducen a error o confusión por la forma\ninexacta, limitada, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se\nLa publicidad deberá indicar, claramente, las\ncondiciones de las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, condiciones\nespeciales o circunstancias análogas que se ofrecen. Todo anunciante está\nobligado a cumplir lo ofrecido en los términos contenidos en el aviso\npublicitario. No se permitirán anuncios de artículos que den a entender que el\nproducto tiene cualidades, características o beneficios de los que carece. Los\nconsumidores afectados por publicidad engañosa tendrán derecho a resolver\nel contrato de venta, cada parte devolviendo lo que hubiera recibido.\nTestimonio en anuncios publicitarios.\nLos anuncios publicitarios que se basen en testimonios deben ser ciertos y auténticos. La\nAutoridad podrá solicitar a los proveedores la identificación, el domicilio y\nlas generales de las personas que ofrezcan su testimonio, a fin de que\npueda ser comprobado. Para todos los efectos, el proveedor deberá\nmantener a disposición de la Autoridad la información contenida en este\nartículo hasta por un término de seis meses, contado desde la última\nArtículo 61. Aclaraciones. Las leyendas, los cintillos, los asteriscos o\ncualquier otro llamado de atención que aclare, condicione, restrinja o limite\nel uso del bien o servicio publicitado o el aprovechamiento de una oferta, en\ncualquier medio de comunicación, deberán ser visibles, legibles, claros,\nveraces y sin ambigüedades. El proveedor está obligado a proporcionar\nlos elementos esenciales para que el consumidor pueda emitir juicio sobre el\nbien o servicio, sin necesidad de ser remitido a otra fuente.\nArtículo 62. Duración de promociones. La publicidad relativa a ofertas,\npromociones, rebajas, descuentos, condiciones especiales o circunstancias\nanálogas deberá indicar la duración de estas o el número mínimo de unidades\nEn caso contrario, el proveedor está obligado a proporcionar a los\nconsumidores que lo soliciten los productos o servicios ofertados en las\nSi el proveedor no señala la duración de la oferta o el número mínimo de\nunidades que se ofertan, se entenderá que resulta obligado a lo que se establece en el párrafo anterior, hasta que comunique por el mismo medio la\nfinalización de la venta especial.\nRectificación en la publicidad.\nEl suministro de la información\nque compruebe la veracidad de la publicidad incumbe a quien la patrocina. El\nproveedor que en la publicidad incumpla con las obligaciones previstas en\nlos artículos anteriores suspenderá su difusión o presentación y procederá a\nla rectificación publicitaria, divulgando la información veraz u omitida, por\nel mismo medio y en la misma forma que empleó inicialmente.\nPara los casos en que la Autoridad ordene una rectificación publicitaria, el\nproveedor deberá obtener la aprobación previa de la Autoridad, antes de\ndivulgar la rectificación ordenada. El pronunciamiento de la Autoridad deberá\nsurtirse dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la propuesta\nde rectificación ordenada. Si la Autoridad no se pronunciara en el plazo antes\nestablecido, la rectificación publicitaria se entenderá aprobada para todos los\nArtículo 64. Ventas especiales. En cualquier tipo de venta especial,\ndenominada rebaja, liquidación, baratillo, descuento o de cualquier otra\nmanera, que tenga por objeto inducir al consumidor a la compra de un bien,\ndando a entender que su precio regular ha sido rebajado, deberá indicarse, en\nun lugar visible del establecimiento, el precio más bajo en que dicho artículo\nhaya sido vendido por el establecimiento en los últimos tres meses y el nuevo\nprecio especial de venta. Para estos efectos, cada artículo deberá tener\nadherido el precio anterior, de los últimos tres meses, y el nuevo precio\nespecial de venta.\nAdemás, deberá expresarse claramente si la venta especial de los bienes o\nservicios del establecimiento es total o parcial.\nSe entiende por venta especial el ofrecimiento público de productos o\nservicios a precios inferiores a los existentes en el mercado o a los normales\nSe prohíbe el señalamiento de precios que adicionen al precio real de venta\nlas cantidades de descuento que el proveedor dará u ofrece al consumidor, con\nel fin de inducirlo a adquirir el producto o servicio de que se trate.\nCuando se ofrezca vender un bien o un servicio, adicional, a un precio menor al que normalmente se pagaría por su adquisición, condicionado a la\ncompra de otro bien o servicio, ambos bienes o servicios gozarán de las\nmismas garantías y obligaciones correspondientes al producto como si fueran\nArtículo 65. Presunción de novedad. Se entiende que es nuevo todo bien\nque, por razones comerciales, un proveedor venda o proporcione a un\nconsumidor, si no ha advertido previa y expresamente que dicho bien es\nArtículo 66. Venta de bienes nuevos irregulares o usados. Cuando se ofrezcan\nal público bienes nuevos con deficiencias de calidad o irregularidades de\nfabricación, o bienes usados o reconstruidos, tales circunstancias se indicarán\nde manera precisa y ostensible, y se harán constar en los propios productos o\nen sus envases o empaques, así como en los contratos y las facturas\nrespectivas, con indicación del término de la garantía, si la hubiera. Esta\ndisposición rige igualmente en las ventas especiales, denominadas rebajas,\nbaratillos, liquidaciones, descuentos o de cualquier otra manera.\nArtículo 67. Pago al crédito. Los contratos en los que se pacte el pago\ndel precio mediante crédito que el proveedor conceda al consumidor\nentrarán en vigencia cuando se haya entregado el bien o servicio respectivo.\nArtículo 68. Información para ventas a domicilio. Las ventas a domicilio\ndeberán constar en un precontrato o documento pro forma, que incluirá la\n1. El nombre y la dirección del proveedor y de su agente vendedor a domicilio.\n2. Los datos de inscripción del proveedor en el Registro Público, si fuera una\n3. El nombre y la dirección del consumidor.\n4. La descripción precisa y las características de los bienes o de los servicios a\n5. El precio, la tasa de interés efectiva aplicada y su método de cálculo si la\nventa fuera al crédito, así como la modalidad de la venta al crédito.\n6. La fecha de la compra y el plazo de entrega.\n7. Las firmas del precontrato o documento pro forma, de ambas partes, y\nla firma, como testigo, de un pariente del consumidor, dentro del cuarto\ngrado de consanguinidad o segundo de afinidad, indicando su nombre y\ncédula de identidad. Si el comprador no pudiera firmar, estampará su huella\nSe exceptúan de esta obligación, los bienes y servicios que, por su\nnaturaleza, no requieran de precontrato o documento pro forma. El Órgano\nEjecutivo determinará a cuáles bienes o servicios se les aplicará esta\nTodo contrato de venta a domicilio con financiamiento, cuyo monto sea\nsuperior a doscientos cincuenta balboas (B/.250.00), deberá autenticarse\nante notario público o ante el secretario del consejo municipal respectivo\ndonde no exista notaría pública. En todo caso, el notario o funcionario que dé\nfe del acto exigirá la presencia del comprador. Se exceptúan de esta\ndisposición los bienes comestibles perecederos. La Contraloría General de la\nRepública no hará descuento alguno mientras el contrato no vaya autenticado\npor un notario o por el secretario del consejo municipal respectivo.\nArtículo 69. Constancia de ventas. Las ventas podrán constar en un\ncontrato, una factura o en cualquier documento similar. En todo caso, los\ntérminos y las condiciones no podrán contravenir las constancias contenidas\nen el precontrato o documento pro forma, si lo hubiera, salvo que tales\ntérminos fueran favorables al consumidor.\nArtículo 70. Cumplimiento de ventas a domicilio. Los proveedores de\nbienes muebles al consumidor están obligados al cumplimiento de las\ntransacciones hechas a domicilio por sus agentes vendedores comisionistas\nArtículo 71. Ventas de bienes a domicilio. En los casos de ventas de bienes\na domicilio, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el\nplazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se entregue el\nbien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna.\nEl consumidor debe poner el bien a disposición del proveedor en las mismas\ncondiciones en las que lo recibe, incluyendo pero no limitando a los\nempaques, los instructivos y el material accesorio. Los gastos de devolución\nserán por cuenta del proveedor.\nArtículo 72. Ventas a plazo. Todo contrato de venta al por menor de bienes o\nde prestación de servicios, cuyo precio sea pagadero en abonos periódicos,\ndeberá formalizarse por escrito y expresará:\n1. El nombre, la nacionalidad, el domicilio y el número de cédula de\nidentidad personal de los contratantes. Cuando el proveedor sea persona\njurídica deberá constar su nombre o razón social, su domicilio, el nombre de\nsu representante legal y los datos de inscripción en el Registro Público.\n2. La descripción detallada de los bienes que se venden o de los servicios que\n3. El valor en dinero de los bienes o los servicios prestados, entendiéndose\npor tal el precio que efectivamente se paga al contado.\n4. La tasa de interés efectiva aplicada en el financiamiento y su método de\ncálculo, y cualesquiera cantidad o cantidades que se cobren al consumidor o\nbeneficiario del servicio y que, directa o indirectamente, inciden en la venta\no prestación del servicio, tales como gastos de investigación de crédito,\ntramitación de solicitud, intereses, intereses moratorios y cualquier otro de\n5. El total de las cantidades que se deban pagar, con indicación del término\nde la obligación y de los abonos o cuotas periódicas que deban pagarse.\n7. Cuando el consumidor o beneficiario del servicio incurre en mora, la cual\na. Si no ha satisfecho la tercera parte del total de la compra, con un abono o\ncuota vencido y no pagado.\nb. Si no ha satisfecho las dos terceras partes del total de la compra, con dos\nabonos o cuotas vencidos y no pagados.\nc. Si se han satisfecho más de dos tercios del total de la compra, con tres\nabonos o cuotas vencidos y no pagados o, en su caso, la penúltima cuota o\núltima cuota adeudada y no pagada.\n8. La garantía del bien, en los casos en que proceda. En caso de que se otorgue\nen documento aparte, se expresará que este forma parte integral del contrato.\n9. La forma y el método de cálculo de la devolución de intereses por la\ncancelación anticipada de la deuda. En caso de que la obligación sea\ncancelada antes del término pactado, los intereses no devengados le serán\ndevueltos al consumidor con base en la tasa de interés efectiva aplicada en el\nfinanciamiento y su método de cálculo, de acuerdo con lo establecido en el\nnumeral 4 de este artículo.\nArtículo 73. Cuentas rotativas de crédito. Todo contrato de cuenta rotativa de\ncrédito en que la obligación sea pagadera en abonos periódicos deberá\nformalizarse por escrito y expresará:\nsu representante legal y los datos de inscripción en el Registro Público,\nademás de las generales de la persona natural que actúa en su\n2. La fecha en que se formaliza el contrato.\n3. Las condiciones en las que un cargo de financiamiento puede ser impuesto,\ncon indicación del tiempo en que el crédito concedido puede ser cancelado sin\nincurrir en los referidos cargos.\n5. El método de determinación del recargo de financiamiento.\n6. El método de determinación del recargo por incurrir el consumidor en mora,\nsi así fuera pactado.\n7. La indicación de la periodicidad con la cual el proveedor remitirá al\nconsumidor el estado de su cuenta que contendrá:\na. Las ventas o los servicios vendidos individualmente, o imputables al\ncrédito, con indicación de la cuantía y la fecha de la compra o del servicio\nb. La cifra relativa al cargo de financiamiento, separada de las\ncantidades correspondientes a las compras o servicios prestados, la que\nincluirá cualesquiera cantidad o cantidades que se cobren al consumidor\no beneficiario del servicio que, directa o inmediatamente, incidan en la\nventa o prestación del servicio, tales como gastos de investigación de\ncrédito, tramitación de solicitud, intereses y cualquier otro de análoga\n8. El límite de crédito concedido al consumidor o beneficiario.\nNulidad absoluta de cláusulas abusivas en los contratos de\nadhesión. Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los\ncontratos de adhesión que:\n1. Restrinjan los derechos del adherente o consumidor, aunque tal\ncircunstancia no se desprenda claramente del texto.\n2. Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor.\n3. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición contractual de\nla parte otorgante o proveedor, e importen renuncia o restricción de los\nderechos del adherente o consumidor.\n4. Exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor por daños\ncorporales, incumplimiento o mora.\n5. Faculten al otorgante o proveedor para rescindir unilateralmente el\ncontrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o\nlimitar cualquier derecho del adherente o consumidor, nacido del contrato,\nexcepto cuando la rescisión, modificación, suspensión, revocación o\nlimitación esté condicionada a incumplimiento imputable al consumidor.\n6. Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada de cualquier\nderecho fundado en el contrato.\n7. Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las acciones procesales,\nlos términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial\no en leyes especiales.\n8. Sean ilegibles.\nArtículo 75. Nulidad relativa de cláusulas abusivas en los contratos de\nadhesión. Son abusivas y relativamente nulas las cláusulas generales de los\n1. Confieran al otorgante o proveedor, para la aceptación o el rechazo de una\npropuesta o la ejecución de una prestación, plazos desproporcionados o poco\n2. Confieran al otorgante o proveedor un plazo de mora desproporcionado\no insuficientemente determinado, para la ejecución de la prestación a su\n3. Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses\ndesproporcionados, con relación a los daños por resarcir a cargo del\nadherente o consumidor.\nArtículo 76. Interpretación de contratos de adhesión. Las condiciones\nparticulares de los contratos de adhesión prevalecerán sobre las generales,\nen caso de incompatibilidad.\nLas condiciones generales ambiguas u oscuras deben interpretarse en favor del\nEl hecho de que ciertos elementos de una o varias cláusulas o de que una o\nvarias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la\naplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación\nglobal lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.\nContratos de prestación de servicios o suministro de bienes.\nEn los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner\nfin al contrato.\nEl consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o carga onerosa o\ndesproporcionada, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente,\nla ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no correspondan con\nlos daños efectivamente causados.\nExpresión de las condiciones en la garantía. Las cláusulas sustanciales en materia de garantía, las que impliquen el ejercicio unilateral de derechos por parte del proveedor o las que impliquen renuncia de\nderechos por parte del consumidor deberán ser destacadas prominentemente en el documento en que conste la oferta o la contratación, según sea el caso,\ncon letra negrita o en cualquier otra forma en que el consumidor pueda percatarse de sus derechos.\nTambién deberá advertirse la importancia de que el consumidor lea cuidadosamente la cláusula de que se trate, con anterioridad a la suscripción\ndel precontrato o documento pro forma.\nNo obstante lo señalado en este artículo, será aplicable lo establecido en el artículo 74 de esta Ley.\nEl proveedor de construcciones residenciales nuevas, de lotes de terrenos servidos o no, urbanos o rurales, así como de bienes inmuebles en general deberá establecer, de manera clara y por\nescrito, los términos y las condiciones de la garantía de la obra.\nEn caso de que existan diferentes coberturas en la garantía, estas deberán estar debidamente detalladas.\nLa publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato de compraventa suscrito entre el proveedor y el consumidor.\n1 Modificado por la Ley 29 del 2 de junio del 2008.\nLos anuncios que se publiciten en volantes, panfletos, libros o por cualquier otro medio que el proveedor distribuya son vinculantes para este y exigibles para el consumidor.\nEn los contratos de promesa de compraventa y de compraventa de construcciones nuevas, de lotes de terrenos servidos o no, urbanos o rurales, así como de bienes muebles en general, debe constar la fecha cierta o\ndeterminable de entrega.\nEn caso de incumplimiento por causa no imputable al proveedor, deberán dejarse por escrito las causas por las cuales no se hizo la entrega del inmueble en el plazo establecido.\nEn caso de incumplimiento del plazo de entrega, el consumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin\nningún tipo de penalización.\nLos contratos deben expresar el total de las sumas a pagar, así como los casos en que se podrán adoptar ajustes en el precio. En caso de aumento de los\ncostos de materiales de construcción, la Autoridad establecerá los parámetros y los procedimientos técnicos para verificar dichos ajustes.\nEl consumidor podrá exigir rebajas proporcionales en el precio de las construcciones nuevas, cuando sus condiciones o especificaciones finales\nhayan variado sustancialmente de las establecidas previamente en el contrato.\nSolidaridad del proveedor por responsabilidad extracontractual.\nSi del bien o servicio, o si por instrucciones inadecuadas o insuficientes sobre este, su utilización y los riesgos, resulta un daño o perjuicio al consumidor, responderá el proveedor o, en su caso, el fabricante, siempre que haya\nmediado dolo, culpa, falta, negligencia o imprudencia de este último.\nUna vez el fabricante, importador, distribuidor o proveedor tenga conocimiento de alguna llamada a retiro\npor defecto en el producto o por su efecto dañino, estará obligado a\nanunciarlo a través de medios de reconocida circulación nacional, así\ncomo a comunicárselo a la Autoridad. Para estos casos, el\nfabricante, importador, distribuidor o proveedor deberá reemplazar\nla pieza o corregir el daño o retirar el producto inmediatamente\ntenga conocimiento, a todos los consumidores que adquirieron el\nproducto y que se presenten al establecimiento comercial respectivo,\ndentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación del anuncio.\nLa Autoridad velará por que la difusión del anuncio llegue al\nconocimiento de los consumidores afectados, y para tal fin podrá instruir\nal agente económico sobre la forma, el medio de divulgación y la\nduración del anuncio. En caso de que el agente económico no\ncumpla con lo instruido por la Autoridad, podrá ser sancionado de\nconformidad con lo establecido en el artículo 104 de la presente Ley.\nArtículo 82. Legitimación. La Autoridad y las asociaciones de\nconsumidores organizados están legitimadas procesalmente para iniciar\ncomo parte, o para intervenir como coadyuvante, en defensa de los\nderechos e intereses legítimos de los consumidores, en el procedimiento de\nconciliación administrativa o en la vía jurisdiccional.\nArtículo 83.2 Acceso. Para hacer valer sus derechos, el consumidor podrá\niniciar, individual o colectivamente, los procesos para reclamar la resolución,\nla rescisión o la anulación de los contratos de adhesión o los procesos\nderivados del incumplimiento de los contratos de consumo para exigir el\ncumplimiento las garantías, el resarcimiento de daños y perjuicios o cualquier\notra reclamación que resulte de una relación de consumo. Estos procesos\nserán competencia de los Tribunales Especiales creados por la presente Ley.\nArtículo 84. La Autoridad. La Autoridad de Protección al Consumidor y\nDefensa de la Competencia es una entidad pública descentralizada del\nEstado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno e\nindependencia en el ejercicio de sus funciones. La Autoridad estará sujeta a\n2 Modificado por la Ley 29 del 2 de junio del 2008.\nla fiscalización de la Contraloría General de la República, de acuerdo con\nla Constitución Política y las leyes.\nArtículo 85. Organización. La Autoridad contará con un Administrador,\nquien ejercerá la representación legal de la institución, una Dirección\nNacional de Libre Competencia y una Dirección Nacional de Protección\nal Consumidor, además de las unidades administrativas y técnicas que\nrequiera para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los\nprocedimientos legales aplicables.\nArtículo 86. Funciones de la Autoridad. La Autoridad tendrá las siguientes\nDeterminar sus políticas generales y velar por su ejecución.\nCrear, en cualquier parte del territorio nacional, las unidades administrativas\nque requiera para su funcionamiento, incluyendo oficinas provinciales, y\nseñalarles sus funciones.\nInvestigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la realización\nde actos y conductas prohibidos por esta Ley.\nEstablecer mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado, para la\nprotección al consumidor y para la prevención de las prácticas restrictivas de\nRealizar abogacía de la libre competencia ante los agentes económicos,\nasociaciones, instituciones educativas, entidades sin fines de lucro,\norganizaciones de la sociedad civil y la Administración Pública, a través de la\ncual podrá recomendar, mediante informes técnico-jurídicos, la adopción o\nmodificación de cualquier trámite o requisito propio de algún sector de la\neconomía nacional o realizar estudios a fin de promover y fortalecer la\n6. Establecer Programas Corporativos de Conformidad, a fin de prevenir\nprácticas restrictivas de la competencia en los distintos mercados, procurando\nsu funcionamiento más eficiente, garantizando así los intereses superiores de\nDesarrollar guías técnicas para el mejor ejercicio de sus funciones, de\nconformidad con la presente Ley y sus reglamentos.\nElaborar su reglamento interno y someterlo a la aprobación del Órgano\nEmitir opiniones sobre las leyes, los reglamentos, los actos administrativos y\nlos proyectos, que se relacionen con las materias objeto de esta Ley.\n10. Conocer de las consultas que sometan a su consideración los agentes económicos y los consumidores.\nestudios sobre el comportamiento del mercado para detectar\ndistorsiones en el sistema de economía de mercado, y propiciar la eliminación\nde tales prácticas, mediante su divulgación o la recomendación de medidas\nlegislativas o administrativas encaminadas a su corrección.\n12. Coordinar con el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e\nIndustrias, acciones para que los reglamentos técnicos se apliquen a todos los\nproductos y servicios ofrecidos en el territorio aduanero nacional.\n13. Reglamentar y supervisar las asociaciones de consumidores organizados.\n14. Emitir concepto por iniciativa propia o por solicitud de\ninstituciones autónomas o semiautónomas e instituciones estatales en general,\ncuando en el ámbito de sus decisiones, actos o anteproyectos de ley se pueda\nafectar la libre competencia, la libre concurrencia o la protección al\nen cualquier etapa de la investigación que se realice en sede\nadministrativa y aun luego de promovido proceso judicial ante la autoridad\ncompetente, la investigación o desistir del proceso judicial, mediante la\nrealización de transacciones, previo cumplimiento de los requisitos legales,\nsiempre que los agentes económicos investigados o demandados acepten\nmedidas en torno a las conductas o a los actos investigados, incluyendo\ncláusulas penales que garanticen el cumplimiento del acuerdo.\nconocer y verificar la comisión de prácticas monopolísticas,\nanticompetitivas o discriminatorias por las empresas o entidades que prestan\nservicios públicos, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en\nconcordancia con las reglamentaciones y leyes sectoriales aplicables al\nservicio público de que se trate. Para ello, la Autoridad solicitará el apoyo y la\ncolaboración del personal técnico de la Autoridad Nacional de los Servicios\nEjercer la jurisdicción coactiva sobre las multas impuestas por violación a las\nnormas de libre competencia o de protección al consumidor.\nRetirar del mercado y destruir los productos vencidos, sin fecha de\nvencimiento, con fecha alterada o que no pueda determinarse o con fecha\nexpirada; la mercancía deteriorada o que adolezca de cualquier otra condición\nque ponga en peligro la integridad de los consumidores, así como las\nherramientas, los utensilios o los aparatos de medición, como las pesas y\nbalanzas dañadas o alteradas. En el caso de los productos vencidos, se\nexceptúan los agroquímicos, los medicamentos y los productos tóxicos o que\nproduzcan daños a la salud humana, animal o vegetal, los cuales serán\nretirados y enviados a las autoridades correspondientes. Solo serán destruidos\nlas balanzas, las pesas y los demás utensilios de medición que, una vez retirados y bajo custodia de la Autoridad, no pudieran ser debidamente\nrecalibrados, para lo cual se concederá el término de cinco días hábiles,\ncontado a partir del retiro de la balanza del mercado, para que el proveedor\nque considere que pueda calibrar su balanza, se apersone a la Autoridad para\nrealizar dicha calibración. De no lograrse la calibración en cuestión, se\nprocederá a la destrucción de dicho instrumento de metrología.\n19. Cumplir las funciones discrecionales señaladas en la presente Ley, en las leyes\nespeciales y cualquier otra función que le atribuyan la ley y los reglamentos\nque se dicten en su desarrollo.\nArtículo 87. Legitimación general. La Autoridad está legitimada para\nejercitar acción ante los tribunales de justicia, en razón de\nconcentraciones económicas, prácticas monopolísticas o violaciones a las\nnormas de protección al consumidor, excluyendo lo que sobre el\nparticular dispongan las leyes especiales.\nLa legitimación concedida en esta Ley a la Autoridad para los casos de\nprotección al consumidor se entenderá concedida para ejercer acciones en\ndefensa del orden público económico o de los intereses de los consumidores\nPara los efectos de este artículo, la Autoridad podrá subrogarse en\nlos derechos de los consumidores para el ejercicio de las acciones en\ndefensa de estos. No obstante, cuando se trate de acciones pecuniarias que\npersigan una sentencia condenatoria, la resolución proferida por el\njuzgado competente deberá indicar expresamente el reconocimiento\nde dichas sumas a favor de los consumidores afectados.\nDe igual forma, cuando se trate de acciones que persigan la declaratoria de\nnulidad absoluta o relativa de las cláusulas abusivas en contratos de\nadhesión, la resolución proferida por el juzgado competente tendrá efecto\ndirecto sobre los contratos celebrados por los consumidores en cuyo nombre\nse legitimó la Autoridad.\nArtículo 88. Información a los medios. La Autoridad podrá hacer referencia a\nproductos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado\nde investigaciones, denuncias, verificaciones o quejas, para orientar y proteger\nel interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados\npara conocimiento de estos. Dichas referencias deberán fundamentarse sobre\npreceptos objetivos, debidamente acreditados y comprobados por la Autoridad.\nLa Autoridad podrá remitir copia de dichos resultados a gremios y/o a\nasociaciones empresariales o de proveedores, a fin de orientar a sus miembros\nsobre las gestiones de conocimiento de la Autoridad y sobre las disposiciones\nArtículo 89. El Administrador. El Administrador tendrá a su cargo la\nadministración y el manejo de las gestiones diarias de la Autoridad y\nostentará su representación, sin perjuicio de las demás atribuciones que\nle señale la ley. En sus ausencias temporales, la representación legal de la\nAutoridad recaerá sobre uno de los directores nacionales o sobre la persona\nidónea que, dentro de la estructura administrativa de la institución, designe el\nAdministrador. Esta representación temporal no podrá ser, a su vez, delegada.\nArtículo 90. Requisitos para el cargo de Administrador. Para ser\nAdministrador, se deben cumplir los siguientes requisitos:\n3. No haber sido condenado por autoridad competente por delito doloso, ni\npor delito culposo de carácter patrimonial contra la economía nacional o la\n4. Poseer título universitario y experiencia mínima de siete años en el sector\ncomercio, servicios, estatal, financiero o en otros afines.\n5. No haber sido inhabilitado por autoridad competente para ejercer cargos\n6. No haber sido declarado en quiebra, concurso de acreedores o encontrarse\nen estado de insolvencia manifiesta.\n7. No tener parentesco con el Presidente o los Vicepresidentes de la\nRepública, dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad.\nArtículo 91. Término del Administrador. El Administrador será nombrado\npor el término de siete años, prorrogable por una sola vez, sujeto al\ncumplimiento de las formalidades del nombramiento.\nArtículo 92. Nombramiento. El Administrador será nombrado por el\nÓrgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional.\nArtículo 93. Remoción. Una vez nombrado el Administrador, este podrá ser removido por las causales establecidas en esta Ley, según resolución de la\nSala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, proferida conforme al proceso\nestablecido en el Código Judicial.\nArtículo 94. Causales de remoción. La Sala Tercera de la Corte Suprema\nde Justicia podrá ordenar la remoción del Administrador, si se configuran algunas de las siguientes causales:\n1. Incapacidad permanente para cumplir sus funciones.\n2. Que se dejen de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 90 de esta\n3. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones.\n4. Incumplimiento de las funciones, obligaciones y prohibiciones que le\nimpone esta Ley.\n5. Inhabilidad o negligencia en el ejercicio de las funciones propias del cargo\nArtículo 95. Prohibiciones. El Administrador no podrá:\n1. Participar en política partidista, salvo la emisión del voto en las elecciones\ny consultas populares.\n2. Ejercer profesiones liberales, el comercio o cualquier otro cargo retribuido,\nexcepto la enseñanza universitaria en horario distinto al de la Autoridad.\n3. Ejercer cualquier otra actividad o cargo no retribuido que sea contrario o\ninterfiera con los intereses públicos confiados a su cargo.\nArtículo 96. Funciones del Administrador. Corresponderá al Administrador el\n1. Formular el presupuesto general de gastos y someterlo a la consideracióndel Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias.\n2. Aprobar el programa de publicidad y de educación al consumidor que\npresente el Director Nacional de Protección al Consumidor.\n3. Emitir opinión, en el marco de su competencia, respecto de las leyes, los\nreglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos, sin\nque tales criterios tengan ningún efecto vinculante.\n4. Asesorar al Gobierno Nacional en todas las materias que guarden relación\ncon el desarrollo de la libre competencia y la protección de los derechos del\n5. Elaborar y someter a la aprobación del Órgano Ejecutivo su régimen\n6. Ejecutar las políticas de la entidad.\n7. Adquirir los bienes y contratar los servicios que sean necesarios para el\nbuen funcionamiento de la Autoridad, sujeto a lo que al efecto dispongan las\n8. Fijar los sueldos y demás emolumentos y nombrar, trasladar, ascender y\nremover a los empleados y funcionarios de la Autoridad, así como aplicarles\nlas sanciones disciplinarias que correspondan, de conformidad con la ley o los\nreglamentos de personal que se adopten.\n9. Velar por la ejecución y eficiente administración del presupuesto anual de\n10. Solicitar la cooperación de los organismos públicos competentes para\nerradicar las prácticas prohibidas por esta Ley.\n11. Conocer de los recursos administrativos que, en el marco de la ley, sean\n12. Promover convenios y programas de intercambio tecnológico, educativo e\ninformativo, con otras entidades u organismos, nacionales y/o extranjeros,\nsiempre que no traten de aportes económicos que pudieran afectar la\nautonomía y la transparencia de la institución.\n13. Absolver las consultas que sobre los asuntos de su competencia le eleven\nlas autoridades gubernamentales, los agentes económicos y los consumidores.\n14. Ordenar, previo informe técnico del Director Nacional de Libre\nCompetencia, la suspensión, la corrección o la supresión provisional de los\nactos violatorios de la libre competencia.\n15. Aprobar o rechazar, previo informe técnico del Director Nacional de Libre\nCompetencia, los compromisos y las garantías ofrecidas por los agentes\neconómicos para el cese o la modificación de las conductas causantes de\n16. Vigilar, supervisar y dirigir, dentro de los límites que señala la ley, las\nlabores de los directores nacionales, y establecer los mecanismos de\ncoordinación y seguimiento para el mejor ejercicio de las funciones legales\nencomendadas a la institución.\n17. Vigilar por el fiel cumplimiento de las funciones de la Autoridad.\n18. Coadyuvar con el Órgano Ejecutivo en la reglamentación de las\n19. Realizar todas las funciones que esta Ley y los reglamentos le atribuyan.\nArtículo 97. Delegación de funciones. El Administrador podrá delegar\nel ejercicio de funciones en los directores nacionales o en otros\nfuncionarios idóneos de la Autoridad. Esta delegación de funciones no\nsupondrá, en ningún caso, renuncia o exención de responsabilidad a favor\ndel Administrador, por razón de la delegación. Las facultades así\ndelegadas no podrán, a su vez, delegarse. La delegación de funciones a\nque se refiere este artículo podrá ser revocada en cualquier momento\nArtículo 98. Funciones generales de los directores nacionales.\nCorresponderá al Director Nacional de Libre Competencia y al\nDirector Nacional de Protección al Consumidor, además de las\nexpresamente señaladas en la ley, las siguientes funciones generales:\n1. Conocer, de oficio o a petición de parte, de los asuntos en el ámbito de\n2. Recabar documentos, tomar testimonios y obtener otros elementos\nprobatorios e información a través de cualquier medio de prueba, de\ninstituciones públicas y privadas y de personas naturales o jurídicas,\ndentro de los límites de su competencia.\n3. Solicitar a los organismos jurisdiccionales competentes la adopción de\nmedidas cautelares, el aseguramiento de pruebas y los allanamientos, al\namparo de las investigaciones administrativas que realice en el marco de\n4. Elaborar, preparar y presentar informes técnicos, según solicitud que\nrealice el Administrador.\n5. Imponer, dentro del ámbito de su competencia, las sanciones previstas\nen el artículo 104 por infracción a la presente Ley.\n6. Mantener informado al Administrador del curso de los procesos que\nadelanta la respectiva Dirección Nacional y reportar sobre el\nArtículo 99. Funciones específicas del Director Nacional de Libre\nCompetencia. Además de las funciones generales previamente establecidas\npara los directores nacionales, corresponderá al Director Nacional de\nLibre Competencia el ejercicio de las siguientes funciones específicas:\nRealizar estudios de mercado y los informes técnicos.\nIniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por\nla presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas y relativas, y\n3. Conocer, a petición de\nparte, de los procesos de verificación de\nconcentraciones económicas, conforme a las disposiciones de la presente\nCitar a los presuntos responsables, testigos, denunciantes, peritos y otros,\nen el marco de las investigaciones administrativas de su competencia.\nCelebrar las audiencias con la presencia de los actores de cada caso.\nElaborar informes técnicos relacionados con la suspensión, la corrección o\nla supresión provisional de los actos violatorios de la libre competencia, y\nsometerlos a la consideración del Administrador.\nEjecutar las órdenes judiciales.\nRealizar auditorías de competencia, para supervisar el comportamiento de\nlos participantes en los mercados y prevenir conductas monopolísticas.\nEvaluar, analizar y rendir informes técnicos al Administrador,\nrelacionados con los compromisos y las garantías ofrecidas por los\nagentes económicos para el cese o la modificación de las conductas\ncausantes de distorsiones en el mercado.\n10. Realizar las funciones que le asigne el Administrador para el cumplimiento\n11. Ejercer las demás funciones que le atribuyen esta Ley, sus reglamentos y\ndemás disposiciones que rijan la materia.\nArtículo 100. Funciones específicas del Director Nacional de Protección\nal Consumidor. Además de las funciones generales previamente\nestablecidas para los directores nacionales, corresponderá al Director\nNacional de Protección al Consumidor el ejercicio de las siguientes funciones\n1. Procurar la solución de controversias entre proveedores y consumidores por\nmedio de la conciliación.\n2. Iniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por\nposibles actos que vulneren los derechos del público consumidor, y aplicar las\n3. Conocer y decidir, a prevención con los tribunales de justicia competentes\ny hasta la suma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), los procesos de\ndecisión de quejas que presenten los consumidores, en forma individual o\ncolectiva, en contra de los proveedores de bienes y servicios en relación con\nlas infracciones a las normas de protección al consumidor consagradas en esta\nLey, y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con lo\nestablecido en la presente Ley. También podrá, entre otras, pero no limitado,\nordenar el reemplazo del bien o servicio, su reparación o la devolución de las\nsumas pagadas por el consumidor.\n4. Iniciar, de oficio o a petición de parte, acciones individuales o colectivas,\nante los tribunales competentes, por posibles actos que vulneren los derechos\ndel público consumidor.\n5. Establecer y coordinar, con entidades gubernamentales, organizaciones no\ngubernamentales, asociaciones o gremios, programas para difundir y capacitar\na consumidores y proveedores.\n6. Orientar, informar y divulgar los derechos de los consumidores y las\nobligaciones de los proveedores, para lo cual deberá, entre otras, implementar\ny ejecutar programas de publicidad y de educación al consumidor y/o\nproveedor, previamente aprobados.\n7. Brindar asesoría gratuita, así como representar libre de costos los intereses\nde los consumidores mediante el ejercicio de las acciones, los recursos, los\ntrámites o las gestiones que procedan. Para estos fines, se podrá establecer una\nunidad encargada de realizar defensoría de oficio.\n8. Brindar servicios de asesoría legal gratuita a los consumidores sobre sus\ndeberes y derechos y, en general, orientación a consumidores y proveedores.\n9. Fomentar y promover las organizaciones de consumidores, facilitando su\nparticipación en los procesos de decisión y reclamo, en cuestiones que afecten\nsus intereses, y proporcionándoles capacitación y asesoría.\n10. Recopilar, elaborar, procesar, divulgar información y realizar estudios de\nmercado para orientar e informar al consumidor, sobre las condiciones, los\nprecios y las características de los bienes y servicios que se ofrecen en el\n11. Ordenar y realizar inspecciones a establecimientos comerciales para la\nverificación del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de\nbienes y servicios, según se establece en la presente Ley y sus reglamentos o\ndemás reglamentos técnicos, que sea competencia de la Autoridad.\n12. Mantener registros actualizados de las reclamaciones fundamentadas en\ncontra de proveedores de bienes y servicios y de las sanciones o medidas\ncorrectivas que se les impongan, pudiendo divulgar públicamente dicha\ninformación cuando lo estime conveniente. La divulgación indicará hechos\nobjetivos y acreditados en los distintos trámites de su competencia. Cualquier\npersona tendrá acceso a estas informaciones para fines de orientación y\n13. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser\nconstitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades\ncompetentes, la venta o distribución de artículos que representen un riesgo o\npeligro para la salud y demás actuaciones que afecten los intereses de los\n14. Divulgar y publicar los precios sugeridos, de referencia o de venta, que se\nutilicen para la importación o comercialización de bienes en el territorio\nnacional, de conformidad con la legislación nacional, y monitorear el\ncumplimiento de los agentes económicos o proveedores en esta materia,\ncomo por ejemplo, pero no limitado al anuncio de los precios de paridad\nde los hidrocarburos que se introduzcan al territorio nacional o al precio\nsugerido de comercialización para las distintas regiones del país y de\nconformidad con las determinaciones que realice la Dirección Nacional de\nRealizar las funciones que le asigne el Administrador para el\ncumplimiento de los fines de la institución.\nEjercer las demás funciones que le atribuyen esta Ley, sus reglamentos y\ndemás disposiciones que rijan la materia de su competencia.\nArtículo 101. Consejo Asesor. Se crea el Consejo Asesor de la Autoridad de\nProtección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en adelante el\nConsejo, como órgano asesor y de asistencia a la Autoridad.\nEl Ministro de Comercio e Industrias o quien él designe, quien lo presidirá.\nEl Ministro de Economía y Finanzas o quien él designe.\nEl Ministro de Salud o quien él designe.\nUn representante del consejo consultivo de las asociaciones de\nUn representante de los gremios o asociaciones de empresarios,\ncomerciantes y/o industriales.\nEl Administrador participará en las reuniones del Consejo con derecho a\nvoz, pero sin voto, y actuará como Secretario Ejecutivo.\nCada uno de los miembros del Consejo tendrá un suplente que lo reemplazará\nen sus ausencias temporales o permanentes. Los representantes del consejo\nconsultivo de las asociaciones de consumidores y de los gremios o\nasociaciones de empresarios, comerciantes y/o industriales serán designadospor el Órgano Ejecutivo para un periodo de cinco años, y escogidos, junto\ncon sus respectivos suplentes, de una terna enviada por las asociaciones o los gremios respectivos.\nLos miembros del Consejo deberán reunirse con la periodicidad y/o para\nlos asuntos específicos que determine el Administrador, y no recibirán\ndieta ni emolumento alguno por su participación en dichas reuniones.\nArtículo 102. Funciones. Las funciones del Consejo son:\nRecomendar las políticas de la Autoridad.\nAsesorar al Administrador en los asuntos que someta a su consideración.\nRecomendar la elaboración de informes técnicos o estudios de mercado.\nRecomendar acciones para garantizar el reconocimiento y la defensa de los\nFortalecer y fomentar las condiciones propicias para el normal desarrollo\nde la libre competencia y concurrencia económica.\nRecomendar y sugerir mecanismos o acciones que procuren la mayor\nparticipación de agentes económicos en el mercado.\nArtículo 103. Confidencialidad. Las informaciones que la Autoridad\nreciba de las empresas y las organizaciones por el ejercicio de sus\nfunciones no podrán ser divulgadas sin la autorización expresa de las\npersonas que hayan suministrado la información o documentación\ncorrespondiente, siempre que dicha información o documentación haya\nsido suministrada con tal carácter. Se exceptúan las informaciones que le\nsean requeridas por autoridades del Ministerio Público o del Órgano\nJudicial, en la forma que dispongan las normas pertinentes. El\ncarácter de confidencialidad no restringirá el acceso de la parte\ninvestigada respecto de las pruebas que se tengan en su contra.\nArtículo 104. Sanciones. Las infracciones a la presente Ley se sancionarán de\n1. En el caso de prácticas monopolísticas absolutas, con multa de hasta un\nmillón de balboas (B/.1,000,000.00).\n2. En el caso de prácticas monopolísticas relativas ilícitas, con multa\nde hasta doscientos cincuenta mil balboas\nEn el caso de prácticas de comercio que atenten contra las disposiciones de protección al consumidor, desde amonestaciones hasta\nmultas de hasta veinticinco mil balboas (B/.25,000.00).\nEn los casos de infracciones para las cuales no exista sanción\nespecífica, con multa de hasta diez mil balboas (B/.10,000.00).\n5. En caso de violación, por parte de los proveedores de las normas de\nprotección al consumidor, que afecte o pueda afectar la salud humana, con\nmultas de hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), sin perjuicio de las\nresponsabilidades civiles o penales que correspondan.\nEn estos casos, la Autoridad podrá publicar, en los periódicos de circulación\nnacional, la violación y la sanción impuesta al proveedor. En caso de\nreincidencia, la Autoridad podrá solicitar al Ministerio de Comercio e\nIndustrias la cancelación de la licencia o el registro comercial respectivo.\nPara determinar el monto de la multa que deba imponerse en cada caso, se\ntomará en cuenta la gravedad de la falta, el tamaño de la empresa, si hay o no\nreincidencia y demás circunstancias agravantes o atenuantes del acto o hecho.\nLa Autoridad podrá, en los casos en que la empresa que sea la primera en\naportar elementos de prueba que eventualmente lleven a la Autoridad a\naccionar ante los tribunales por la presunta realización de prácticas\nmonopolísticas absolutas, dispensar o disminuir el pago de cualquier multa o\nsanción que, de otro modo, hubiera podido imponérsele, siempre que este\nagente económico no sea el líder del mercado y no sea instigador de la\nLas sanciones por prácticas monopolísticas se impondrán cuando, por\nsentencia ejecutoriada, se haya establecido la violación de las\nTodo denunciante tendrá derecho a percibir el veinticinco por ciento\n(25%) de las multas correspondientes a su denuncia, una vez esta se\nencuentre debidamente ejecutoriada y cancelada. El reclamo del\nporcentaje se hará de acuerdo con las reglas que establezca el Ministerio\nde Economía y Finanzas para tal efecto.\nEl Ministerio de Comercio e Industrias deberá clausurarle la licencia\ncomercial o industrial a toda persona natural o jurídica que haya sido sancionada dos veces por prácticas monopolísticas.\nArtículo 105. Suspensión provisional. La Autoridad podrá, mediante\nresolución motivada, decretar la suspensión provisional de cualquier acto o\npráctica que estime violatorio a esta Ley, incluyendo para tal fin las\nacciones que sean necesarias al Registro Público y/o a cualquier otra entidad\npara que su orden se lleve a cabo.\nSe requerirá prueba indiciaria de la violación para que proceda la\nsuspensión y, una vez decretada, no surtirán efecto alguno los actos que\nejecute el agente económico en contravención a la orden, sin perjuicio de las\nsanciones a que haya lugar por desacato.\nDentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la\nresolución que ordena la suspensión, la Autoridad deberá formalizar la\ndemanda contra el agente o los agentes económicos partícipes del acto\nque, a juicio de la Autoridad, han violado la ley. De no hacerlo\ndentro de dicho plazo, la suspensión quedará sin efecto de pleno\nderecho. No obstante, la Autoridad al presentar la demanda con\nposterioridad, si estima que es necesario suspender nuevamente el\nacto o la práctica prohibido, deberá solicitar al tribunal que decrete\ntales medidas, de conformidad con el numeral 9 del artículo 128 de esta\nLa suspensión decretada por la Autoridad podrá revocarse o modificarse\npor el juez que conozca de la causa civil correspondiente, luego de\nformalizada la demanda contra el agente o los agentes económicos, una\nvez que estos lo soliciten. La petición de revocatoria o modificación de\nla suspensión se tramitará como incidente de previo y especial\npronunciamiento, de conformidad con las normas del Código Judicial.\nArtículo 106. Desacato. La Autoridad podrá sancionar a cualquier persona,\nnatural o jurídica, que incurra en desacato al cumplimiento de alguna orden\nimpartida dentro de cualquier procedimiento que sea de su conocimiento,\ncon multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a cien balboas (B/.100.00). Esta\nmulta será reiterativa y se causará por día, hasta que se dé cumplimiento de la\norden impartida por la Autoridad.\nCuando la Autoridad ordene la comparecencia de una persona, natural o\njurídica, dentro de cualquier asunto de su competencia deberá expedir\nboleta de citación, en la cual se indicarán el lugar, la fecha, la hora y el\nmotivo de la diligencia. Si el citado no comparece sin justa causa, la\nAutoridad lo sancionará por desacato, con multa de cincuenta balboas\n(B/.50.00) a cien balboas (B/.100.00). Esta multa será reiterativa y se\ncausará por día hasta que concurra a la citación.\nArtículo 107. Ejercicio de cobro coactivo. La Autoridad podrá ejercer el\ncobro coactivo de las multas o sanciones que se impongan a los agentes\neconómicos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.\nLa Autoridad podrá iniciar los procesos de cobro coactivo, cuando el agente\neconómico sancionado no haya cancelado la suma debida en el plazo de diez\ndías hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la resolución que impuso la\nmulta o sanción.\nArtículo 108. Prescripciones. La acción para iniciar el procedimiento\nprescribirá en tres años, contados a partir del momento en que se produjo\nla falta, en el caso de las prácticas restrictivas de la competencia, o desde el\nmomento del conocimiento efectivo de la falta, en el caso de las prácticas de\nDe igual forma, prescribirá en cinco años la acción para las reclamaciones de\nprotección al consumidor. En este caso, el plazo se contará a partir del\nmomento en que se perfecciona la relación de consumo, salvo que se trate de\nuna reclamación por vicios ocultos y/o de responsabilidad civil por\nproducto defectuoso, en cuyo caso el plazo para la prescripción se contará\na partir del momento en que el consumidor tuvo conocimiento del hecho\nEsta prescripción se interrumpirá con la presentación y notificación de la\ndemanda, de acuerdo con las normas generales del Código Judicial.\nArtículo 109. Divulgación. En todo el territorio nacional, la Autoridad\ndivulgará la presente Ley y promoverá campañas de divulgación e\ninformación relativas a los derechos y las obligaciones de los consumidores y\nde los agentes económicos, así como la forma de hacerlos valer.\nIgualmente, coordinará, con las organizaciones empresariales y con\nlas organizaciones de consumidores, las recomendaciones para la elaboración\nde los documentos contractuales relativos a las materias reguladas por esta\nPara cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, el presupuesto anual\nde la Autoridad, además de las asignaciones correspondientes para cubrir el\ncosto de sus campañas de divulgación en favor de los consumidores, incluirá,\nen calidad de transferencia a las asociaciones de consumidores debidamente\nconstituidas y reconocidas por las entidades correspondientes, una suma total\nque en ningún caso excederá el diez por ciento (10%) de su presupuesto de\ndivulgación y publicidad.\nProceso de Verificación de Concentraciones Económicas\nArtículo 110. Procedimiento de verificación. En todos los casos en que\nla Autoridad verifique una concentración económica, seguirá el\n1. El agente económico interesado hará la notificación correspondiente por\nescrito, la que se acompañará con copia del acto jurídico de que se trate,\nseñalando los nombres o razones sociales de las partes involucradas, sus\nestados financieros del último ejercicio fiscal, su participación en el mercado\npertinente y los demás datos que sean necesarios para conocer la transacción.\n2. La Autoridad podrá requerir datos o documentos adicionales, dentro de los\nveinte días calendario siguientes al recibo de la notificación.\n3. A partir de la fecha de recibo de la notificación o de la fecha en que se\nreciban los datos o documentos adicionales, según fuera el caso, la Autoridad\ntendrá un plazo de hasta sesenta días calendario para emitir su resolución. Si\neste plazo venciera sin que se haya emitido tal resolución, se entenderá\naprobada la concentración.\n4. La resolución de la Autoridad deberá estar debidamente motivada y\nfundamentada en la ley.\n5. La resolución favorable de la Autoridad sobre la concentración\neconómica no implica un pronunciamiento sobre la realización de otras\nprácticas monopolísticas prohibidas por la ley.\n6. La Autoridad podrá rechazar una solicitud de verificación cuando esta\nresulte obviamente inconducente o cuando haya emitido concepto\nanteriormente sobre la misma verificación.\nProceso de Conciliación al Consumidor\nArtículo 111. Quejas. El consumidor podrá presentar las quejas que tenga\ncontra un proveedor a la Autoridad, la cual intentará conciliar a las partes.\nLas quejas se presentarán por escrito.\nArtículo 112. Citación. Una vez recibida la queja, se expedirá boleta de\ncitación para el proveedor, con indicación del lugar, la fecha, la hora y el\nmotivo de la diligencia, la cual deberá ser notificada a más tardar con dos días\nLa inasistencia a las citaciones no constituirá desacato ni se tomará como\npresunción de culpa.\nArtículo 113. Conciliación. El proceso será oral y sin formalidades. El\nconciliador analizará el caso, informando a las partes lo que la ley dispone al\nefecto, e intentará avenirlas a fin de propiciar un arreglo amigable entre las\nEl conciliador levantará un acta de lo actuado y si no hubiera avenimiento\ndejará constancia de ello, en caso de que el consumidor desee acudir a la\nvía jurisdiccional. En los casos en que las partes alcanzaran avenimiento,\nel acta de conciliación, debidamente autenticada por la Autoridad, prestará\nSe designa a los alcaldes municipales de cabecera de provincia para que\npuedan conocer del proceso de conciliación por las quejas que presenten por\nescrito los consumidores, de acuerdo con este Capítulo.\nArtículo 114. Arbitraje de consumo. Se instituye el arbitraje de consumo\ncomo método alterno de solución de las controversias surgidas entre\nconsumidores y proveedores de bienes o servicios, al tenor de lo establecido\nen la ley y observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad\nArtículo 115. Competencia. La Autoridad será competente para conocer y\ndecidir a prevención, con los tribunales de justicia competentes y hasta la\nsuma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), las quejas que\npresenten los consumidores, en forma individual o colectiva, en los\ncasos de violaciones a las disposiciones de protección al consumidor de\nesta Ley y sus reglamentos, por parte de los proveedores de bienes y servicios.\nArtículo 116. Inicio de investigación. Cualquier consumidor que se considere\nafectado por violaciones a las disposiciones de protección al consumidor, de\nconformidad con la ley y los reglamentos, por parte de proveedores de bienes\no servicios, podrá presentar ante la Autoridad solicitud de queja, de acuerdo\ncon las normas de competencia previamente establecidas para esta institución.\nLa presentación de la queja se hará por escrito ante la Dirección Nacional de\nProtección al Consumidor, y deberá indicar las generales del consumidor y\ndel agente económico o proveedor de servicios, así como los fundamentos de\nhecho que dan lugar a la queja.\nDe admitirse la queja, el Director Nacional de Protección al Consumidor\no el funcionario que él designe, dictará una providencia en la cual se hará\nconstar tal circunstancia y se indicará la fecha y la hora para la celebración de\nla audiencia respectiva. En dicha providencia se correrá traslado de la queja,\nal agente económico o proveedor de servicios, por un término de cinco días\nArtículo 117. Citaciones. La boleta de citación indicará el lugar, la fecha, la\nhora y el motivo de la diligencia, y será entregada al representante legal del\nproveedor o al encargado que se encuentre en ese momento, de no hallarse el\nprimero, a más tardar con tres días de anticipación.\nLas personas naturales podrán otorgar poder mediante carta o documento\nsimple. Sin embargo, las personas jurídicas deberán ser representadas por\nquien acredite su calidad de representante mediante los instrumentos legales\npertinentes. En los casos en que se presenten poderes especiales, estos deberán\ncontener facultades expresas para conciliar y transigir.\nSi la persona requerida no compareciera a dos citaciones sin previa\nexcusa justificada, la Autoridad podrá declarar el desacato, si fuera el\nArtículo 118. Audiencia. La audiencia se celebrará en la fecha y hora\nfijadas y será oral y sin formalidades. El funcionario que presida el acto\nde audiencia informará a las partes lo que dispone la ley y propiciará un\nacuerdo, con lo cual se podrá concluir la audiencia y se ordenará el\nDe no existir acuerdo, el funcionario indicará a cada parte su turno y\nel tiempo de que disponen para aportar pruebas y alegar. Una vez\nconcluida la audiencia, se levantará un acta de todo lo actuado, la cual\nserá firmada por todas las partes que participen en ella.\nArtículo 119. Medios probatorios. Con el formulario de queja y\ndurante la celebración de la audiencia, el consumidor y el proveedor\npodrán presentar todos los medios probatorios admitidos por el Código\nArtículo 120. Decisión. Concluida la audiencia, el Director Nacional de\nProtección al Consumidor decretará un receso de cinco días para preparar una\nresolución motivada, en la cual decidirá conforme las piezas del expediente.\nEsta decisión será de obligatorio cumplimiento.\nArtículo 121. Resolución y notificación. La resolución mediante la\ncual el Director Nacional de Protección al Consumidor decide la causa\nserá notificada personalmente a las partes. Si la parte que hubiera de\nser notificada personalmente no fuera hallada en horas hábiles en la oficina,\nla habitación o el lugar designado por ella, en dos días distintos, será\nnotificada por edicto, el cual se fijará en las oficinas de la Autoridad por\ncinco días hábiles, y se dejará constancia en el expediente de dicha fijación.\nLos edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán un\noriginal y una copia. Los originales formarán un cuaderno que se conservará\nen los archivos de la Autoridad, y la copia se agregará al expediente\ncorrespondiente. En el edicto deberá expresarse claramente la fecha y la hora\nde su fijación y desfijación.\nSin perjuicio de la sanción administrativa por desacato, las resoluciones\nproferidas deberán cumplirse en el plazo de cinco días hábiles, contado a\npartir de la ejecutoria de la resolución, cuando se trate de una decisión de la\nAutoridad, o dentro del plazo que las partes hayan acordado, en el supuesto de\nPara los efectos del cumplimiento forzoso de lo resuelto o acordado por\nla Autoridad y ante ella, prestarán mérito ejecutivo la resolución ejecutoriada\ndebidamente autenticada por la Autoridad, y la copia autenticada del acta de\nla conciliación, en la cual el proveedor se comprometió a dar o a hacer\nalgún acto para satisfacer las reclamaciones del consumidor.\nArtículo 122. Recursos. La resolución proferida en primera instancia podrá\napelarse ante el Administrador de Protección al Consumidor y Defensa de la\nCompetencia. Dicho recurso deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los\ncinco días siguientes a la notificación. El recurso de apelación se concederá\nen el efecto suspensivo. Con dicho recurso se agota la vía gubernativa.\nArtículo 123. Pago de la sanción. Una vez ejecutoriada la resolución que\nimponga multas al proveedor, se le concederá un periodo no mayor de diez\ndías hábiles para que proceda a su cancelación.\nArtículo 124. Competencia. Se crean tres juzgados de circuito del ramo civil\nen el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominarán Juzgados\nOctavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un\njuzgado de circuito en Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito\ndel ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán\nJuzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de\nLos Santos, respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos\ndistritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de\n1. En materia de práctica monopolísticas, las controversias que surjan como\nconsecuencia de reclamaciones individuales o colectivas y/o que se\nsusciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley.3\n2. En materia de protección al consumidor, las controversias que surjan\ncomo consecuencia de cualquier pretensión individual o colectiva que\nemane de una relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de\naplicación de la presente Ley.4\n3. Controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluyen,\nentre otras, las relativas a Derechos de Autor y Derechos Conexos, marcas de\nproductos o de servicios y patentes.\n4. Controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y\n6. Acciones de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las\ncosas al estado anterior al menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño\nglobalmente producido a la colectividad interesada.\n3 Modificado por la Ley 29 del 2 de junio del 2008.\n7. Conceder autorizaciones a la Autoridad para que practique diligencias\nprobatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y\ncualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación\nadministrativa o para el aseguramiento de pruebas.\n8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente\nLey, y decretar la suspensión de los actos infractores.\n9. Decretar las medidas cautelares que soliciten la Autoridad o los\nDe los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional conforme\na esta Ley, conocerá el juzgado de circuito correspondiente que tenga a su\ncargo la atención de los negocios civiles.\nLas controversias que surjan en materia de propiedad industrial, Derechos de\nAutor y Derechos Conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los\nque recaiga la reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la\ncircunscripción del Primer Distrito Judicial de Panamá, los juzgados\ncreados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del\ndemandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera\nde las causas anteriores.\nSe exceptúan los casos exclusivamente asignados a la Autoridad.\nParágrafo. Mientras no se establezcan los juzgados a que se refiere este\nartículo, los respectivos juzgados de circuito conocerán de los casos\nParágrafo transitorio. Las normas procesales establecidas en esta Ley son\nde efecto inmediato. Sin embargo, los procesos establecidos en el numeral\n3 de este artículo, que se hayan iniciado con anterioridad a la creación\nde los tribunales previstos en esta Ley, serán declinados por el Ministerio\nde Comercio e Industrias a favor de estos, pero se regirán por la ley coetánea\na su iniciación. Los procesos iniciados una vez se establezcan los tribunales\nantes mencionados se regirán en su totalidad por esta Ley.\nArtículo 125. Legitimación. Se encuentran legitimados para ejercer la\n1. Cualquier persona afectada.\n3. Las asociaciones de consumidores organizados.\nEl juez resolverá, en cada caso concreto, sobre la admisibilidad de\nla legitimación invocada, considerando prioritariamente el cumplimiento de\na. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que, en forma\nparticular, resultaran perjudicados por el hecho u omisión violatorio del\ninterés colectivo, en cuyo caso la acreditación de la personería jurídica\ndel grupo podrá comprobarse dentro del plazo de treinta días, contado a\npartir de la resolución que le concede la legitimación para obrar.\nb. Que la agrupación prevea estatutariamente, como finalidad expresa, la\ndefensa del tipo específico o la naturaleza del interés colectivo menoscabado.\nc. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de la\nsituación lesiva del interés colectivo.\nd. Que el número de miembros, la antigüedad en su funcionamiento, las\nactividades y los programas desarrollados y cualquier otra circunstancia\nreflejen la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agrupación en\ndefensa de los intereses colectivos.\nArtículo 126. Tribunal de apelación. Se crea el Tercer Tribunal Superior\nde Justicia del Primer Distrito Judicial, que estará integrado por tres\nEste tribunal conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los\nautos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito, en las causas\nenumeradas en el artículo 124 de esta Ley.\nLas providencias serán firmadas por un solo magistrado, y las sentencias o los\nautos que pongan fin al proceso o entrañan su pretensión serán firmados por\ndos magistrados. En caso de discrepancia, dirimirá el tercer magistrado.\nPara la designación de magistrado se requerirá, además de los requisitos\nexigidos por el Código Judicial, experiencia mínima de tres años en Derecho\nArtículo 127. Juzgados municipales. Habrá dos juzgados municipales en\nla ciudad de Panamá y uno en la ciudad de Colón, que conocerán a\nprevención de la Autoridad de las demandas o reclamaciones presentadas por\nlos consumidores hasta la suma de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), y\nprivativamente conocerán de:\n1. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores desde\nla suma de dos mil quinientos balboas con un centésimo (B/.2,500.01) hasta\ndiez mil balboas (B/.10,000.00).\n2. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores, por\nincumplimiento de contratos y/o promesas de compraventa de vivienda de\n3. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores por\nincumplimiento de contratos de compraventa de vehículos automotores, hasta\nla suma de quince mil balboas (B/.15,000.00).\nLos procesos a que se refiere este artículo se rigen por las siguientes reglas:\n1. El proceso será oral, sin perjuicio de la necesidad del soporte escrito para el\nregistro de las gestiones y actuaciones que se realicen dentro del proceso, lo\nque correrá por cuenta del tribunal.\n2. Las partes podrán comparecer al tribunal y realizar todas sus gestiones de\nmanera directa o mediante abogado. Esto se entiende sin perjuicio del derecho\nde las partes de hacerse representar por abogado, aun luego de que hayan\ncomparecido al proceso de manera directa, o a continuar el proceso de manera\ndirecta, aun cuando hayan comparecido al proceso mediante abogado.\n3. Presentada la demanda o levantada el acta en la cual se hagan constar las\nreclamaciones del demandante, el juez señalará la fecha y la hora para que las\npartes comparezcan en audiencia pública. De la demanda o del acta en la que\nse hagan constar las reclamaciones, así como la fecha y la hora de audiencia,\nse deberá notificar al demandado con no menos de cinco días de anticipación a\nla fecha de audiencia.\n4. En el acto de audiencia, el tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus\nrazones y procurará avenirlas. Si no lo consigue y previo análisis sobre la\nadmisión de pruebas, examinará los testigos y los documentos, practicará los medios de prueba propuestos por las partes y escuchará sus alegaciones\n5. Seguidamente el juez, en la misma audiencia, decidirá lo que corresponda,\ny la decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de ejercer la potestad que\nle confiere el artículo 793 del Código Judicial. Si el juez lo estima necesario,\ndecretará un receso por cinco días para preparar la resolución que\ncorresponda, en cuyo caso procederá a su notificación personal.\n6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial\nautorice expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan o\ndeban resolverse inmediatamente que se formulen. En todo caso, se\nresolverán de plano y sin recurso alguno.\n7. Contra la decisión que se dicte en estos procesos solo se admite recurso de\nreconsideración, el cual se interpondrá dentro del término de dos días y será\ndecidido por el mismo tribunal dentro de los dos días siguientes.\n8. Si las pruebas que indicaran las partes hubieran de practicarse en otro lugar,\nse concederá para ello un término indispensable que no excederá de veinte\ndías, atendiendo cada caso.\n9. En estos procesos, las partes deben hacer todos sus reclamos y ejercitar\ntodos sus derechos en la audiencia, incluyendo la contestación de la\ndemanda. El juez, a su prudente juicio, resolverá sobre ellos allí mismo, o\nlos aplazará para considerarlos en la sentencia, pero si se trata de\nimpedimentos y recusaciones, se llamará al que deba resolver sobre ellos\npara que lo haga inmediatamente y el negocio siga su curso.\n10. Si el demandado no compareciera después de ser citado, con expresión del\nobjeto de citación, y no hubiera manifestado oportunamente tener impedimento\natendible, el demandante puede pedir al juez que lo oiga y practique la prueba\npresentada. El juez decidirá lo que corresponda.\n11. En estos procesos no habrá condena en costas en contra de los\n12. En caso de duda sobre el fondo de la controversia, prevalecerá lo que\nalegue el consumidor.\n13. En caso de que la parte o su abogado, a quien deba notificársele una\nresolución personalmente, no se encuentre en el domicilio que haya indicado\nal tribunal en dos intentos de notificación realizados en días distintos por parte\ndel funcionario judicial encomendado para ese propósito, le será notificada la\nresolución mediante edicto que será fijado en los estrados del tribunal.\nParágrafo transitorio. Mientras no se establezcan los juzgados a que\nse refiere este artículo, los respectivos juzgados municipales de\ncabecera de provincia conocerán de las correspondientes causas.\nEn las restantes circunscripciones territoriales del Primer Distrito Judicial de Panamá, así como en el Segundo, Tercero y Cuarto Distrito Judicial\nde Panamá, continuarán conociendo de estas causas los respectivos juzgados municipales civiles o mixtos, de conformidad con las reglas de\ncompetencia territorial previstas en el Código Judicial.\nArtículo 128. Reglas procesales. Los procesos a que se refiere el\nartículo 124, salvo procedimiento especial, se regirán por las siguientes\n1. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, y serán\nfundamentalmente orales sin que esto excluya que las partes o el tribunal\npuedan dejar constancia escrita de lo actuado.\n2. De la demanda se correrá traslado a la parte demandada por el término de\ndiez días y por igual término se dará traslado a la demanda de reconvención,\nsi la hubiera, la que será admisible en todos los procesos que se listan en el\nartículo 124, excepto en los casos de protección al consumidor y en materia de\n3. Constituido el proceso, el tribunal, al día siguiente de vencido el término\nde contestación de la demanda del último demandado que haya\ncomparecido, fijará la fecha y la hora en la que las partes deberán\ncomparecer a la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se deberá\ncelebrar dentro de los sesenta días calendario siguientes. Hasta el día hábil\nanterior a la fecha fijada para la audiencia preliminar, toda demanda o\npetición puede, por una sola vez, ser aclarada, corregida, enmendada o\nadicionada. En este caso, el juez dará nuevo traslado y el demandado\npodrá corregir su contestación.\nEn la audiencia preliminar se podrá considerar lo siguiente:\na. La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos.\nb. La necesidad o la conveniencia de corregir los escritos de las partes.\nc. La posibilidad de que las partes admitan hechos y documentos que\nhagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas.\na) La limitación del número de peritos.\nb) El señalamiento de la fecha y la hora para que las partes, acompañadas de\nsus pruebas, comparezcan a la audiencia ordinaria. En materias\nrelacionadas con el Título I o de reclamaciones de consumidores, la fecha\npara la audiencia ordinaria se fijará dentro de los tres meses siguientes a la\ncelebración de la audiencia preliminar. En los demás procesos, dentro de\nlos seis meses siguientes a la celebración de la audiencia preliminar.\nc) Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la\ntramitación. Todo lo anterior fijará los hechos sometidos a debate.\n4. La audiencia preliminar es inaplazable. La audiencia ordinaria solo será\naplazable una sola vez y por justo motivo invocado, independientemente\nde la parte que lo solicite, por lo menos el día hábil anterior al señalado\npara esta, o declarado por el juez en cualquier momento antes de que se\ninicie. En todo caso, el tribunal deberá pronunciarse inmediatamente se\nreciba la petición de aplazamiento de la audiencia, y deberá comunicar a\nlas partes lo resuelto, al menos telefónicamente, de lo que se dejará\nconstancia secretarial en el expediente.\nFijada la segunda fecha de audiencia ordinaria, esta se celebrará con\nintervención de las partes que concurran. De no concurrir ninguna, el\ntribunal dictará sentencia con fundamento en las pruebas que se hubieran\naducido o acompañado a la demanda y a la contestación y en las que el\ntribunal de oficio considere agregar, para verificar las afirmaciones de las\nEn las causas relacionadas con las materias previstas en el Título I de esta Ley,\nel tribunal deberá reservar hasta cuarenta y cinco días hábiles consecutivos en\nel calendario de audiencias para la práctica de pruebas dentro de la audiencia\nEn caso de que la audiencia no culmine en el periodo antes señalado, el juez\ndeberá fijar fecha adicional, por una sola vez, para la continuación de la\naudiencia por un periodo no mayor de treinta días hábiles consecutivos.\nEn todos los procesos establecidos en el artículo 124, las partes contarán\ncon el término de cinco días dentro de la audiencia ordinaria, agotada la\nfase de práctica de pruebas, para presentar sus alegaciones orales o escritas.\n5. El juez podrá practicar pruebas de oficio y, en todos los casos, deberá\ncitar a las partes para que las fiscalicen en contradictorio, de acuerdo con\nlas normas del Código Judicial.\nautorice expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan\no deban resolverse inmediatamente que se formulen. En el primer caso,\nuna vez interpuestos, se dará traslado por tres días a la parte contraria y, en\nel segundo caso, se resolverá de plano y sin recurso alguno.\n7. El juez debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en trámite.\nDe no hacerlo, el superior jerárquico, de oficio o a solicitud de parte o del\nMinisterio Público, le impondrá una multa que no será menor de veinticinco\nbalboas (B/.25.00) ni mayor de cien balboas (B/.100.00).\n8. En los procesos en que se ejerciten acciones individuales o colectivas de\nconsumidores, estos no podrán ser condenados en costas, salvo que hayan\nobrado con temeridad, la cual debe ser declarada en forma expresa y motivada\n9. Solo es apelable la resolución que le ponga fin a la instancia, la que\nimposibilite su continuación y la que decrete medidas provisionales o\ncautelares. Fuera de estos casos, no se admitirá recurso de apelación.\nLa apelación de la sentencia se concederá en el efecto suspensivo, la\nresolución que decrete medidas provisionales o cautelares, en el efecto\ndevolutivo, y los autos que pongan fin a la instancia o imposibiliten la\ncontinuación del proceso, en el efecto diferido.\n10. El recurso de apelación se tramitará de acuerdo con la Sección 7 a\ndel Capítulo I, Título XII, Libro Segundo del Código Judicial.\nArtículo 129. Reglas procesales. El ejercicio de las acciones de clase, en\nmateria de consumo, corresponde a uno o más miembros de un grupo o clase\nde personas que han sufrido un daño o perjuicio derivado de un producto o\nservicio. Tal ejercicio se entiende en beneficio del respectivo grupo o\nclase de personas. La Autoridad, las asociaciones de consumidores\norganizados o un grupo de consumidores que nombre un representante\ncolectivo están legitimados para demandar.\nLos procesos colectivos de clases se rigen por las siguientes reglas:\n1. Uno o varios miembros de una clase podrán demandar, como\nrepresentantes de todos los miembros de la clase, en cualquiera de los\nsiguientes casos: si el grupo fuera tan numeroso que la acumulación de\ntodos los miembros resultara impracticable, si existieran cuestiones de hecho\no de derecho común al grupo, si las pretensiones de los representantes\nfueran típicas de las reclamaciones de la clase, si las reclamaciones, de\ntratarse separadamente, fueran susceptibles de sentencia incongruentes y\ndivergentes y si las reclamaciones, de tratarse individualmente, resultaran\n2. Junto con la demanda deberá aportarse prueba indiciaria del daño alegado.\n3. El tribunal, al acoger la demanda, la fijará en lista y publicará un edicto\npor cinco días consecutivos en un diario de reconocida circulación nacional,\npara que, en el término de veinte días, contado a partir de su última\npublicación, el demandante o los demandantes y todas las personas\npertenecientes al grupo comparezcan al proceso para hacer valer sus\nderechos, formular argumentos o participar en el proceso.\n4. Mediante la presentación de poderes al tribunal, a favor del abogado que\npromovió la demanda o de un apoderado de su elección, los miembros del\ngrupo que se incorporen al proceso adhiriéndose a la demanda asumirán con\nello la obligación de cubrir los honorarios correspondientes, conforme lo\nseñale el juez, que se pagarán de acuerdo con la cuantía de la condena. Si\nla demanda es propuesta por la Autoridad, los miembros de la clase no estarán\nobligados a pagar honorarios.\nEl miembro de la clase que desee excluirse podrá hacerlo hasta antes de que se\nfije fecha para la audiencia preliminar.\n5. En los supuestos en que concurran varios apoderados, el juez ordenará\nla unificación de apoderados, para lo cual concederá tres días a las partes\npara que se pongan de acuerdo. En caso de que las partes no se pongan de\nacuerdo dentro de los próximos tres días, el juez decretará la unificación sin\nexceder de cinco apoderados por cada reclamación. Para la designación, el\njuez tomará en cuenta, entre otros elementos, los abogados que aparezcan en\nla lista que al efecto remitirá la Autoridad, la calificación del abogado, la\nexperiencia que tengan en la materia, y la designación hecha por los\n6. Una vez surtido el trámite de convocatoria de los miembros de la clase\ny dentro del término de seis días, el juez calificará la demanda, pudiendo\nadmitirla, de considerar que esta cumple con los requisitos de la ley y que\nla clase se encuentra debidamente conformada, o rechazarla por ser\nmanifiestamente inconducente, temeraria o carente de fundamento legal\no porque no ha tenido lugar la conformación de la clase. La notificación\nde esta resolución será personal.\nLa resolución que rechaza la demanda será apelable ante el tribunal superior,\ny la que admite la demanda es irrecurrible y esta se correrá en traslado a la\nparte demandada siguiéndose en lo sucesivo el trámite previsto en el artículo\n128 de la presente Ley.\nCualquier incidente coetáneo con el inicio del proceso y cualquier excepción\nprevia deberán alegarse dentro de los tres días siguientes a la contestación de\nla demanda y serán resueltos en la audiencia preliminar a que se refiere el\nnumeral 3 del artículo 128 de la presente Ley.\n7. Las transacciones quedan sujetas a la aprobación del juez, quien velará por\nque los derechos concedidos en la presente Ley queden debidamente\n8. La sentencia afectará a todos los miembros que pertenezcan a la clase,\naunque no hayan intervenido en el proceso.\n9. El juez condenará en costas al proveedor vencido, regulará, a su prudente\narbitrio, los pactos de cuotalitis y señalará los honorarios que deban pagar\nlos interesados que comparezcan en la etapa de ejecución y obtengan\ncondena favorable, distribuyéndolos equitativamente entre los apoderados\nque promovieron la demanda y gestionaron en su causa, teniendo en cuenta la\ngestión realizada y el resultado obtenido, entre otros elementos.\n10. Reconocida la pretensión de la clase, las partes que no hubieran\ncomparecido al proceso al tiempo en que la clase fuera definida por el\ntribunal podrán formular sus reclamaciones en la fase de ejecución. Una vez\nejecutoriada la sentencia estimatoria de la pretensión de la clase para la\nliquidación de la condena se procederá conforme a las siguientes reglas:\nUna vez en firme la sentencia, los beneficiados con esta deberán acudir\ndentro de los seis meses siguientes a solicitar la liquidación y la ejecución\nde la sentencia. Vencido dicho plazo se entenderá prescrito este derecho.\nLa correspondiente solicitud deberá estar debidamente motivada y\nb) Si la sentencia que se pretende ejecutar fuera dictada dentro de un proceso\nen el cual se hubieran determinado todos los miembros que integran la\nclase y la extensión y cuantía del daño sufrido, habiendo comparecido\ndichos miembros, se podrá pedir la ejecución conforme a las reglas\nprevistas en el Libro Segundo del Código Judicial.\nEn los casos en que no hubieran comparecido todos los miembros de la\nclase al proceso y de ser estos determinables, deberán solicitar la liquidación\ny ejecución de conformidad con las reglas establecidas en el literal d.\nc. En los supuestos en que sea indeterminada la clase y la extensión y cuantía\ndel daño percibido, la sentencia que se dicte para los efectos de hacer más\neficiente su liquidación y ejecución, además de establecer las bases para\nsu liquidación, también podrá establecer categorías o grupos de\npersonas afectadas, indicar las pruebas que deben presentarse para\nacreditar a qué grupo o categoría pertenecen y las pruebas que deben\npresentar los miembros que no comparecieron al proceso para acreditarse\ncomo miembro de la clase.\nd. Luego de transcurridos los seis meses de la ejecutoria de la sentencia, el\ntribunal procederá a dar traslado a la parte condenada por el término de\ndiez días. Vencido dicho término el juez dictará el auto aprobatorio de la\nLa resolución que resuelve sobre la solicitud de liquidación y/o\nsobre las objeciones solo admite recurso de reconsideración. La que,\nademás, resuelve sobre excepciones, admite recurso de apelación en el\nefecto suspensivo. En este caso, el trámite de apelación se rige por las\nreglas previstas en el artículo 996 del Código Judicial.\n11. En la etapa de liquidación y ejecución, la parte que hubiera sido\ncondenada solo podrá invocar, frente a las personas que se hubieran adherido\nal proceso, dentro de los diez días de traslado de que trata el literal d del\nnumeral 10 del presente artículo, las siguientes excepciones:\nb. Compensación. c. Prescripción.\ne. Que el adherente no se encontraba dentro de los supuestos sobre los que\nrecae el litigio o dentro de la clase demandante.\nf. Que los daños o los perjuicios fueron causados o agravados por\ncausa ajena o adicional al defecto del producto o servicio.\ng. Que el adherente conocía y se allanó al vicio o defecto del producto o\nh. Que el adherente no tenía legítimo título sobre el producto o servicio\nque dio lugar al daño.\nLas excepciones solo se pueden aducir dentro del término del traslado de\nla solicitud de liquidación y se sustanciarán dando traslado de estas por tres\ndías a los miembros de la clase que ellas afecten, los cuales deben dentro de\ndicho término presentar sus oposiciones y las pruebas documentales en que se\nfundamenten, debiendo el tribunal pronunciarse sobre las excepciones en la\nmisma resolución que resuelve el fondo de todas las solicitudes de liquidación.\n12. En todo caso, la liquidación y ejecución de la condena estará a cargo del\ntribunal que conoció del proceso de clase, el cual para estos efectos\ntramitará todas las solicitudes de liquidación y ejecución en cuaderno\nseparado al expediente principal.\n13. Una vez realizado el pago de las sumas de la condena, el tribunal de la\ncausa, atendiendo a la cantidad de miembros de la clase y a las posibles\ncomplejidades que se pudieran presentar en el proceso de pago, podrá designar\nun curador para que, en el término de noventa días, realice la distribución de\nlas sumas entre los miembros de la clase.\nCualquiera de las partes puede exigir a la otra la divulgación de informaciones y el suministro de documentos, por cualquiera de los siguientes medios:\n1. Declaraciones juradas mediante preguntas orales o por escrito.\n2. Interrogatorios escritos o dirigidos a las partes.\n3. Exhibición de documentos y otros objetos.\n4. Permiso para entrar en terrenos y otras propiedades, con el objeto de efectuar inspecciones oculares y para otros fines.\n5. Exámenes físicos o mentales.\nTambién podrán obtener el aseguramiento de pruebas, mediante los mecanismos establecidos en el Código Judicial.\nA menos que el juez haya fijado limitaciones, cualquier parte puede exigir a las otras que le suministren o muestren información, cosas o documentos, con relación a cualquier asunto\nno sujeto a secreto profesional, que sea conducente a lo que es objeto del litigio y que se relacione con la reclamación o defensa de cualquier parte,\nincluyendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y ubicación de cualquier libro, documento u otro objeto, así como la identificación y ubicación de personas que tengan conocimiento de cualquier\nasunto sujeto a ser revelado.\nInformación sobre contratos de seguro.\nLas partes pueden obtener información respecto a la existencia y al contenido de cualquier contrato de seguro, según el cual cualquier persona dedicada al negocio de\nseguros pueda resultar responsable, en todo o en parte, por la sentencia que sea dictada en proceso, o por la indemnización o el reembolso por pagos hechos para dar cumplimiento a la sentencia.\nSi se solicita información más amplia o documentación adicional, el tribunal puede ordenar que se realice por otros medios, con sujeción a las restricciones relativas al ámbito de la divulgación y a las disposiciones\nreferentes a honorarios y desembolsos, que considere apropiados.\nA petición de la parte a la cual se le solicita la divulgación, y por justa causa, el tribunal puede dictar las resoluciones que sean necesarias para protegerla contra molestias, humillaciones, gastos\ninjustificados o cualquier otro abuso, incluyendo lo siguiente:\n1. Que no se permita la divulgación, dado su carácter manifiestamente temerario, o se le requiera caución prudente del tribunal.\n2. Que la divulgación sea permitida solamente bajo ciertos términos y condiciones específicos, incluyendo la hora, la fecha y el lugar.\n3. Que la divulgación sea hecha únicamente por uno de los medios de divulgación distinto al solicitado.\n4. Que no se investiguen ciertos asuntos, o que el ámbito de la divulgación quede limitado a ciertos asuntos.\n5. Que la divulgación sea hecha únicamente en presencia de las personas designadas por el tribunal.\n6. Que una vez sea sellada una declaración tomada extra juicio, solo pueda ser abierta por providencia del tribunal.\n7. Que un secreto comercial u otras investigaciones, descubrimientos o informaciones comerciales, de carácter confidencial, no sean divulgados.\nSi la solicitud es denegada, en todo o en parte, el tribunal podrá ordenar que cualquiera de las partes provea o permita la divulgación, bajo los términos y\nlas condiciones que considere justos.\nA menos que el tribunal, a solicitud de parte, disponga lo contrario, para la conveniencia de las partes o de los testigos y en aras de la justicia, se pueden solicitar medios de\ndivulgación en cualquier orden, y el hecho de que se esté dando curso a la solicitud de divulgación de una parte, mediante declaración jurada o en otra\nforma, no debe demorar el proceso de la divulgación solicitada por la otra parte.\nAdición a la contestación.\nLa parte que haya contestado la solicitud de divulgación en forma exhaustiva no está obligada a adicionarle a su contestación información obtenida posteriormente, excepto:\n1. En relación con cualquier pregunta dirigida a establecer la identidad y el paradero de personas que tengan conocimiento de hechos sobre los cuales\nestén obligados a declarar.\na. Su contestación no era correcta cuando fue hecha.\nb. Su contestación era correcta cuando fue hecha, pero ya no lo es.\n3. Si la obligación es impuesta por el tribunal o por acuerdo de las partes, o en cualquier tiempo antes de la audiencia, mediante nuevas solicitudes para\nadicionar contestaciones anteriores.\nOrden de divulgación.\nCualquier parte puede solicitar al tribunal que ordene determinada divulgación, previo aviso adecuado a las otras partes y a las personas que resulten afectadas.\nOmisión en contestar preguntas.\nSi el declarante omite contestar una pregunta formulada o presentada conforme a los artículos anteriores, o si una sociedad anónima u otra entidad deja de hacer la designación de la persona natural que haya de representarla, o si una de las partes omite contestar la solicitud para que se efectúe una inspección formulada conforme al artículo 187 u omite permitir la inspección solicitada, el peticionario podrá solicitar al tribunal que ordene una contestación, que se haga una designación o que se efectúe la inspección solicitada.\nContestación evasiva o incompleta. Una contestación evasiva o incompleta será considerada, para los efectos de esta Ley, como una renuencia a contestar.\nLa renuencia a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal se tendrá como desacato.\nSi una parte deja de admitir la autenticidad de un documento o la veracidad de cualquier afirmación, como lo requiere la ley, y si la parte que solicita las aceptaciones demuestra luego que el\ndocumento era auténtico, o demuestra la veracidad de una afirmación, ella puede solicitar al tribunal que ordene, a la otra parte, el pago de los gastos incurridos para demostrarlo, incluyendo honorarios de abogado.\nEl tribunal dictará dicha resolución, a menos que establezca que:\n1. La solicitud era objetable.\n2. La aceptación solicitada carecía de importancia en el proceso.\nEl tribunal ante el cual está pendiente el proceso, a solicitud de parte, podrá dictar las resoluciones que estime justas en relación con las omisiones que se señalan a continuación, y exigir a\nla parte que dejó de actuar que pague los gastos, incluyendo honorarios de abogados, ocasionados por la omisión, a menos que el tribunal concluya que dicha omisión se justificaba, o que otras circunstancias no justificarían la condena en costas:\n1. No comparecer ante el funcionario que tomará su declaración después de haber sido debidamente notificada.\n2. No contestar u objetar el interrogatorio presentado.\nLa no comparecencia del citado, su renuencia a responder y su respuesta evasiva harán presumir ciertos hechos susceptibles de prueba de confesión, sobre los que versen las preguntas\nasertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito, y así lo hará constar el juez en la audiencia.\nSi las preguntas no fueran asertivas o el hecho no admitiera prueba de confesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio en contra de la parte citada.\nLa parte que desea tomar alguna declaración mediante examen oral de testigo dará aviso de ello por escrito a todas las otras partes con anticipación razonable, así como el nombre y la dirección\nde las personas que declararán, si fueran conocidas, y, de no ser conocidas, una descripción de dichas personas lo suficientemente amplia para facilitar su identificación.\nEl tribunal podrá, a solicitud de parte y por justa causa, prorrogar o reducir el plazo para que sea tomada la declaración. Igualmente, podrá fijar la fecha y el orden en que deben tomarse las declaraciones, según mejor convenga a los intereses de las partes, los testigos y la Administración de Justicia.\nLa persona ante quien se rinda declaración iniciará la diligencia juramentando al declarante. La declaración se tomará taquigráficamente o de otra forma apropiada, y será transcrita a menos que\nlas partes convengan otra cosa. En ella se dejará constancia de las tachas y las objeciones que formulen las partes, para que el tribunal se pronuncie,\nen su oportunidad, sobre su fundamento.\nLa parte que solicita la declaración pagará el costo de la transcripción.\nSi la persona escogida por la parte que desea tomar la declaración del testigo no está autorizada para juramentar al declarante, el juez, a solicitud\nde parte interesada, proferirá tal autorización.\nEl tribunal podrá confeccionar una lista de taquígrafos, en la que podría incluir a aquellos cuyos nombres le sean suministrados por abogados\nadscritos al tribunal, a quienes autorizará, por el tiempo que el tribunal fije, para juramentar testigos que comparezcan ante ellos para rendir declaraciones extra juicio.\nOpción de presentar interrogatorio escrito. Las partes a quienes se les haya dado el aviso para tomar una declaración podrán optar\npor presentar interrogatorios escritos, en lugar de proceder al examen oral del declarante. En este caso, se formularán las preguntas que consten en dichos\ninterrogatorios y se consignarán literalmente las respectivas contestaciones.\nLa parte que desea tomar la declaración de alguna persona mediante preguntas escritas entregará copia de estas a cada una de las partes, con indicación del nombre y la dirección de la persona ante la\ncual habrá de rendirse la declaración.\nLa parte así notificada podrá someter a repreguntas escritas a la parte gestora, dentro de los cinco días siguientes.\nCopia de la notificación y de las preguntas será entregada por la parte solicitante a la persona designada en la notificación.\nEsta procederá a tomar la declaración del testigo, en contestación a las preguntas, y a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 154, 155 y 157 de esta Ley.\nAviso a las partes.\nUna vez presentada en secretaría la declaración, la parte solicitante dará aviso de ello a las demás.\nA petición de parte o del declarante, el tribunal podrá, por justa causa y con audiencia de las partes, dictar una providencia para que no se rinda la declaración designada para ese efecto o para que se tome la declaración mediante examen oral o preguntas escritas.\nCualquier error, irregularidad u omisión en la notificación a la parte, para la toma de declaraciones, se tendrá como saneado a falta de una objeción oportuna hecha por escrito y dirigida a la parte\nNo procederá objeción alguna por impedimento de aquel ante quien deba rendirse una declaración, a menos que tal objeción se presente antes de iniciar la declaración, o tan pronto\ncomo se tuvo o se pudo tener conocimiento de dicho impedimento.\nRenuncia de la objeción.\nSe tendrá por renunciada toda objeción por inhabilidad de un testigo, por lo ineficaz o inconducente de su declaración, o por errores o irregularidades cometidos en la forma de tomar la\ndeclaración, de formular las preguntas o de contestarlas, de prestar juramento, o por la conducta de las partes o por cualquier otro error que pudo haberse\nsubsanado mediante objeción oportuna formulada durante la declaración.\nRenuncia. = Verzicht\nSe tendrán por renunciadas las objeciones en cuanto a la forma de las preguntas escritas formuladas, a menos que se hagan por escrito y se notifiquen a la parte que las propuso, dentro del plazo\nconcedido para formular repreguntas.\nSe tendrán por saneados los errores y las irregularidades cometidos en la transcripción de la declaración o en su preparación, firma, certificación, sello, en su envío o presentación al tribunal, o por cualquier otra actuación en relación con ella, a menos que oportunamente se solicite la supresión total o parcial de la declaración, después de que dicho defecto hubiera sido descubierto o pudo haber sido descubierto.\nLectura y firma.\nTranscrita la declaración, esta será presentada al declarante para su lectura y firma, a menos que el declarante y las partes renuncien a estos requerimientos, lo que se hará constar en el acta.\nLa persona ante la cual haya sido rendida la declaración dejará constancia de cualquier modificación que sobre ella el\ndeclarante desea hacer y de las razones que haya aducido para hacerla.\nLa declaración con las modificaciones, si las hubiera, será firmada por el declarante, salvo renuncia de las partes o incapacidad o muerte de este, o su renuencia a firmarla. A falta de la firma del declarante, la persona ante quien haya sido rendida la declaración firmará y dejará constancia en el acta de la razón por la cual no fue firmada por el declarante.\nUso de la declaración.\nCumplidos los requisitos de que tratan los artículos anteriores, la declaración podrá ser utilizada para los fines para los cuales fue tomada, salvo que el tribunal, a solicitud de parte, resuelva que\nlas razones aducidas por el declarante para negarse a firmarla justifiquen que la declaración sea rechazada.\nTerminada la declaración, según lo establecido en el artículo anterior, la persona ante la cual fue rendida certificará que el declarante fue debidamente juramentado y que el documento certificado por\nél contiene una transcripción fiel de la declaración, colocará el documento dentro de un sobre y lo sellará, consignando en él la designación del proceso y las generales del declarante, y la presentará o enviará, sin dilación,\npor correo recomendado, al secretario del tribunal de la causa.\nCopia de la declaración. La persona ante quien fue rendida la declaración suministrará copia de esta a cualquier parte en el proceso o al\ndeclarante, mediante el pago de honorarios aprobados por el tribunal.\nLa persona ante quien se haya rendido la declaración notificará de inmediato a las partes de su presentación en la\nComplementación de la declaración.\nSi una de las partes no adujera como prueba la declaración en su totalidad, cualquiera de las otras partes en el proceso podrá ofrecer una parte o el resto de la declaración.\nSustitución de las partes.\nLa sustitución de las partes no afectará el derecho a usar declaraciones previamente tomadas en el curso del proceso.\nLas declaraciones rendidas en un proceso desistido podrán ser utilizadas en uno posteriormente instaurado entre las mismas partes, sus representantes o causahabientes, con el mismo efecto que si hubieran sido\noriginariamente rendidas para ser usadas en dicho proceso posterior, siempre que versen sobre la misma controversia.\nEn el caso de que la parte que haya dado aviso para tomar una declaración dejara de comparecer, o si el declarante no lo hiciera porque dicha parte dejó de citarlo, y la otra parte lo hiciera, el\ntribunal podrá ordenar a la parte que no compareció, o por cuya culpa no compareció el declarante, que pague a la otra los gastos en que ella y su abogado hubieran incurrido para comparecer, incluyendo los honorarios\nrazonables del abogado.\nLas declaraciones pueden ser tomadas en la República de Panamá, ante cualquier funcionario autorizado por ley para recibir juramento del declarante, o ante la persona que designe el\ntribunal, la cual queda facultada para recibir el juramento y tomar la declaración.\nDeclaraciones en el extranjero.\nLas declaraciones podrán ser tomadas fuera de la República de Panamá, previo aviso a las partes:\n1. Ante persona facultada para recibir juramento por las leyes de dicho país o de la República de Panamá.\n2. Ante una persona comisionada por el tribunal con tal fin, la cual queda facultada para recibir el juramento y tomar la declaración.\nLa designación de tales personas por el tribunal o la expedición de la carta rogatoria procederá, previa solicitud y aviso a las partes, en los términos y las condiciones que sean justos y apropiados. El aviso o comisión mencionará por su nombre, título y cargo a la persona ante la cual deba ser tomada la declaración.\nNo se tomará declaración jurada ante una persona que sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ante empleado, apoderado o consejero de cualquiera\nde las partes, ante empleado de dicho apoderado o consejero, ante quien tenga interés pecuniario en la acción, o ante pariente de este dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o del apoderado o consejero.\nAcuerdos de las partes.\nA menos que el tribunal disponga lo contrario, las partes pueden:\n1. Convenir por escrito que las declaraciones juradas sean tomadas previo aviso, ante cualquier persona, en cualquier tiempo y lugar y en cualquier\nforma, y que cuando hayan sido tomadas, puedan ser usadas como cualquier otra declaración jurada.\n2. Modificar los procedimientos establecidos por estas disposiciones para el uso de otros medios de divulgación; sin embargo, los acuerdos para\nprorrogar el plazo para responder a la solicitud de divulgación solo pueden hacerse con aprobación del tribunal.\nUso de las declaraciones.\nEn la audiencia ordinaria o en la que se efectúe para resolver una petición, podrá utilizarse, contra cualquier parte que hubiera estado presente o representada en la toma de la declaración, o\nque hubiera sido debidamente notificada de dicho acto, la totalidad o cualquier parte de una declaración admisible como prueba, en los siguientes casos:\n1. Por cualquier parte, con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del declarante.\n2. Por la parte contraria, para cualquier propósito, cuando la declaración haya sido rendida por la otra parte, o por cualquier persona que en la fecha en que se tomó la declaración era funcionario, director, agente o\nadministrador de una persona jurídica, pública o privada, que sea parte en el proceso.\n3. Por cualquiera de las partes, para cualquier propósito, cuando se trate de la declaración de un testigo o de una de las partes, si el tribunal determina\nque el testigo:\na. Ha fallecido.\nb. Se encuentra fuera de Panamá, a menos que se probara que su ausencia fue motivada por la parte que ofrece la declaración.\nc. No puede comparecer o declarar por razón de su avanzada edad, por enfermedad, incapacidad física o por encontrarse encarcelado.\nCon sujeción a las disposiciones presentes, podrá objetarse, en la audiencia ordinaria o en la que se celebra para resolver una petición, la admisión de cualquier declaración o parte de esta, por las mismas\nrazones que la harían inadmisible si el declarante estuviera presente en el acto.\nAseguramiento de declaraciones.\nLa persona que desee perpetuar su propio testimonio o el de otra persona, en relación con un asunto que pueda llegar a ser de conocimiento de un tribunal de la\nRepública de Panamá, puede presentar la correspondiente solicitud jurada ante el tribunal. La solicitud deberá ser hecha bajo juramento y expresará:\n1. Que el peticionario espera ser parte en una acción de conocimiento de dicho tribunal, pero no está actualmente en condiciones de iniciar el proceso.\n2. La naturaleza de la acción que espera instaurar y su interés en ella.\n3. Los hechos que desea establecer mediante el proyectado testimonio y sus razones para desear perpetuarlo.\n4. Los nombres o la descripción de las personas que puedan llegar a ser la parte contraria y sus direcciones, hasta donde sean de su conocimiento, y lo esencial del testimonio que espera obtener de cada una de ellas, y la petición al tribunal para que autorice que se rindan las declaraciones solicitadas.\nEl peticionario hará que se notifique personalmente a cada una de las personas mencionadas en la solicitud como posible parte contraria, y le entregará copia de esta, manifestando que el\npeticionario solicitará al tribunal la autorización correspondiente, en la fecha y el lugar en ella mencionados.\nEl tribunal dictará una providencia que contendrá el nombre o la descripción de las personas que deban declarar, el asunto sobre el cual versará la declaración y el nombre de la persona ante la cual\ndeban declarar, con indicación del lugar, la fecha y la hora en que deban rendir la declaración, y si las declaraciones serán tomadas mediante examen oral o preguntas escritas, y emplazará a dichas personas para que rindan su declaración.\nTraslado de declaración.\nSi una declaración tomada judicialmente en el extranjero para preservar testimonios es admisible en los tribunales del país en el cual fue tomada, tal declaración puede ser\nutilizada en una acción posteriormente instaurada en un tribunal de la República de Panamá sobre el mismo asunto, siempre que las partes en ambos procesos sean las mismas.\nDeclaraciones en apelación.\nApelada una sentencia del tribunal, o si no ha expirado aún el término para apelar, el tribunal que dictó sentencia puede ordenar, a solicitud de parte, que se tomen declaraciones de testigos para que puedan ser utilizadas en actuaciones posteriores ante el tribunal.\nLas declaraciones pueden ser tomadas y usadas en la misma forma y bajo las mismas condiciones prescritas en esta Ley para tomar declaraciones en\nacciones pendientes en el tribunal.\nInterrogatorio de las Partes - Zeugenvernehmung\nCualquiera de las partes podrá formular, a cualquiera de las otras, hasta veinte preguntas por escrito, y estas deberán suministrar toda la información a que tengan acceso. Dicho interrogatorio\npodrá ser formulado después de iniciado el proceso sin necesidad de autorización judicial.\nLas preguntas deberán ser contestadas bajo juramento, por escrito, por separado y bajo la firma del interrogado.\nEl interrogado deberá entregar sus contestaciones y objeciones a la parte que las formuló, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al recibo de las\nEl proponente puede plantear al tribunal lo inadecuado de las contestaciones u objeciones a las preguntas, y el tribunal ordenará que se contesten, a menos que considere que las\ncontestaciones son adecuadas o las objeciones son válidas, según el caso.\nEl tribunal podrá relevar a una parte de contestar preguntas, aunque no hayan sido objetadas oportunamente, cuando estas versen sobre asuntos de carácter confidencial que el\ndeclarante no esté legalmente obligado a contestar, o no procedan según lo dispuesto en el artículo 131 de esta Ley.\nLas preguntas pueden ser formuladas después de haberse tomado una declaración, y puede solicitarse una declaración después de contestados los interrogatorios.\nEl tribunal podrá, a solicitud del interrogado, ordenar las medidas de protección de que trata el artículo 150 de esta Ley.\nArtículo 182. Aceptación de hechos. Cualquiera de las partes puede\nsolicitar a otra que admita la veracidad de determinado asunto,\nincluyendo la autenticidad de cualquier documento. Deberá acompañarse la\nsolicitud con copias de dichos documentos, a menos que ya hubieran sido\nsuministrados o puestos a disposición de la parte, para que los examine y\ncopie. La solicitud puede ser entregada a cualquiera de las partes, sin\nnecesidad de autorización del tribunal.\nArtículo 183. Formas de aceptación. Cada asunto sobre el cual se pida una\naceptación debe ser indicado por separado. El hecho, afirmación o\nautenticidad del documento se tendrá por admitido, a menos que la parte a\nquien se haya formulado la solicitud entregue al peticionario una contestación\nu objeción escrita a lo solicitado, firmada por la parte o su abogado, dentro\ndel término de treinta días de recibida la copia de la solicitud, o de la\nnotificación del término que fije el tribunal.\nSi se formula objeción, esta debe expresar su fundamento.\nLa contestación debe negar específicamente la veracidad de lo afirmado o la\nautenticidad de un documento, o exponer, en detalle, las razones por las cuales\nla parte no puede contestar afirmativa o negativamente.\nLa parte que contesta no puede alegar la falta de conocimiento o de\ninformación como excusa para no admitir o negar, a menos que manifieste,\nbajo juramento, que ha hecho una investigación razonable y que la\ninformación o conocimiento de que dispone no es suficiente para admitir o\nLa solicitud de que trata el artículo anterior no puede ser objetada, por la sola\nrazón de que plantea una controversia que debe ser debatida en la audiencia.\nLa parte puede negar el asunto o exponer las razones por las cuales no puede\nadmitirlo o negarlo.\nArtículo 184. Solicitud de aclaración o adición de la contestación. La\nparte que ha solicitado las aceptaciones puede plantear al tribunal lo\ninadecuado de las contestaciones u objeciones, y el tribunal ordenará que se\nconteste, a menos que considere que las objeciones son valederas. El tribunal\npuede considerar hecha una aceptación y ordenar que se corrija la\ncontestación, si esta no llena los requisitos y, en su defecto, puede posponer\nsu decisión final para emitirla en audiencia preliminar, o en cualquier otra\nfecha anterior a la audiencia ordinaria.\nArtículo 185. Efectos. Todo lo que fuera aceptado conforme a lo\ndispuesto en los artículos anteriores, se considera definitivamente\nestablecido. Cualquier aceptación hecha por una parte conforme a este\nartículo, solo puede ser utilizada en el proceso pendiente y no constituye una\naceptación de su parte para ningún otro fin.\nArtículo 186. Obligación de presentar documentos. Sin perjuicio de lo\ndispuesto en los artículos anteriores, cualquiera de las partes podrá solicitar al\ntribunal que ordene a otra de las partes suministrar determinados documentos\nque estén en su posesión, bajo su custodia y control, que constituyan o\npuedan servir de prueba de los hechos que puedan ser legalmente divulgados,\ny que guarden relación con los puntos controvertidos en el proceso, o permitir\nque sean examinados, copiados o fotografiados.\nSección 6 a\nArtículo 187. Inspección judicial. Podrá pedirse la práctica de una\ninspección judicial, durante la audiencia o antes de ella, sobre lugares o cosas\nque hayan de ser materia del proceso.\nLa inspección podrá efectuarse con la concurrencia de peritos designados por\nel tribunal o por las partes, y a ella podrá anexarse la exhibición de cosas\nmuebles, cuando sea necesaria para el reconocimiento judicial.\nA juicio del juez o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán\nfotografías del lugar u objetos inspeccionados.\nSección 7 a\nArtículo 188. Reconocimiento potestativo. La persona que quiere reconocer\nun documento privado suyo podrá hacerlo ante el juez, previa identificación.\nArtículo 189. Solicitud. Quien esté interesado en que una persona reconozca\njudicialmente un documento privado podrá solicitarlo ante el juez.\nEl juez a quien se solicite el reconocimiento de alguno de los documentos\nexpresados debe citar al que lo firmó o mandó a firmar, para que lo reconozca\nbajo juramento, señalando al efecto el día y la hora en que ha de verificarlo.\nPracticado el reconocimiento, el juez debe mandar que se entregue el\ndocumento con la declaratoria al que la pidió para que use su derecho, si el\ndocumento no formara parte de un expediente.\nArtículo 190. Recursos. El recurso de casación tendrá lugar contra las\nresoluciones de segunda instancia, proferidas por el tribunal superior de\napelaciones, en los siguientes casos:\n1. Cuando se trate de sentencias que impongan las condenas civiles a que se\nrefiere el artículo 30 de esta Ley, u ordenen el desmembramiento de una\n2. Cuando se trate de sentencias dictadas con motivo del ejercicio de una\nacción de clase.\n3. Cuando se trate de sentencias que impongan condenas por un monto de\nquinientos mil balboas (B/.500,000.00) o más.\n4. Cuando se trate de sentencias dictadas por el tribunal superior de\napelaciones, en los procesos sobre concentraciones económicas.\nLas demás resoluciones que dicte el tribunal superior de apelaciones no\nadmiten recurso de casación.\nSerán de competencia del tribunal superior de apelaciones, en única\ninstancia, los procesos sobre concentraciones económicas.\nArtículo 191. Norma supletoria. Sin perjuicio de las disposiciones\ncontenidas en leyes especiales, igualmente le son aplicables a la presente\nLey las normas del Código Judicial siempre que se refieran a materia no\nregulada en ella.\nArtículo 192. Concepto de la Autoridad. En los procesos colectivos, el juez\nrequerirá concepto a la Autoridad, y en las reclamaciones individuales, el\njuez podrá hacerlo a su discreción. La Autoridad enviará el concepto\ndentro del plazo improrrogable de tres días, contado a partir del momento en\nque reciba la nota con copia de la actuación pertinente.\nArtículo 193. Funciones discrecionales de la Autoridad. En los procesos, la\nAutoridad tendrá a su cargo, sin perjuicio de cualquier otra que fuera\nnecesaria para el eficaz desarrollo del procedimiento y para asegurar el\ncumplimiento de las resoluciones judiciales, las siguientes funciones\n1. Asesorar al juez sobre la adecuada representatividad de las agrupaciones\npostuladas para obrar en proceso, en defensa de intereses colectivos, y sobre\nla delimitación del grupo o categoría representado por la asociación\nlegitimada, a efecto de individualizar los sujetos a quienes se extenderán los\n2. Dictaminar sobre la funcionalidad técnica de las medidas cautelares y\ndenunciar, ante el juez, el incumplimiento de estas por el sujeto responsable.\n3. Poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para la efectiva\npublicidad de los actos del proceso, y coadyuvar a la amigable composición\ndel conflicto, elevando ante el juez un proyecto de solución para ser propuesto\n4. Emitir opinión fundada sobre la determinación de la indemnización global\ny de la que correspondiera a los sujetos que obraran.\n5. Evacuar todas las vistas que se le requieran sobre los actos que impliquen\ndisposición sobre el interés colectivo objeto del proceso, como desistimientos,\naceptación de pagos, transacciones o cualquier medio de extinción de las\nArtículo 194. Comunicación. En los procesos a que se refiere el numeral 3\ndel artículo 124, el juez comunicará a las entidades administrativas\ncompetentes en materia de derechos de propiedad intelectual de la\nadmisión de la demanda. Igualmente, el juez les enviará una copia\nautenticada de las resoluciones en firme que, en cualquier forma,\nmodifiquen, graven, extingan o confirmen los derechos de propiedad\nintelectual protegidos de conformidad con las disposiciones legales\nRegulaciones al Comercio y a la Industria\nArtículo 195. Regulaciones al comercio y a la industria. Las regulaciones, los\ntrámites, los registros y los controles para el ejercicio del comercio y la\nindustria, en general, y para la protección de la salud humana, animal o\nvegetal, para la seguridad pública, la protección del ambiente y el\ncumplimiento de los estándares de calidad necesarios para el acceso al\nmercado nacional, de un mismo género de productos elaborados en el\npaís o en el exterior, son los mismos, independientemente del origen de\nLos procedimientos administrativos, para tales efectos, se rigen por los\nprincipios procesales, especialmente el de celeridad. Cumplidos los\nrequisitos legales y verificado el cumplimiento de los requisitos sanitarios,\nla Administración Pública debe resolver las solicitudes respectivas en un\nplazo no mayor de sesenta días calendario. Vencido el plazo sin que hubiera\nresolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud respectiva.\nPara resolver, la Administración Pública solamente podrá considerar si la\nsolicitud cumple con los requisitos señalados en la ley. En caso de negarse la\nsolicitud, se deberá consignar expresamente el requisito que no se ha llenado\ny la norma que no se ha cumplido, para que el solicitante, luego de cumplidos\nlos requisitos legales, obtenga lo solicitado.\nEn caso de que la Administración Pública no hubiera resuelto la solicitud\nrespectiva en el plazo antes señalado, el solicitante podrá presentar copia\ndebidamente sellada de la solicitud y la certificación de que no ha sido\nnegada, con lo cual podrá realizar todos los trámites que usualmente realizaría\ncon la autorización respectiva. La Administración Pública está obligada a\ncontestar esta certificación en un plazo máximo de cinco días hábiles.\nEn materia de productos de consumo humano o que afecten la salud\nhumana, se harán cumplir las normas industriales, técnicas y de salud\nadoptadas por ley.\nArtículo 196. Atribución de la Autoridad. Los organismos y las\nentidades de la Administración Pública cuyas competencias tengan efectos\nsobre el comercio y la industria, a través de regulaciones para la protección\nde la salud, la seguridad, el ambiente y los estándares de calidad, o para\ncualquier otro propósito, realizarán un análisis que justifique esas\nregulaciones. El organismo o la entidad de que se trate eliminará o\nracionalizará, según proceda, todos los procedimientos o los requisitos que\nresulten innecesarios. Al momento de entrar en vigencia esta Ley, el\norganismo o la entidad de que se trate revisará los procedimientos o los\nrequisitos existentes, en un plazo de seis meses.\nLa Autoridad velará, permanentemente, por que estos trámites no se\nconstituyan en barreras no arancelarias al comercio. Para valorar los trámites\ncon dicho criterio, comprobará que los requisitos que se exijan sean\nesenciales, indispensables e insustituibles, de acuerdo con el interés público\npara el acto administrativo de que se trate. Para tal efecto, requerirá del\norganismo o la entidad respectiva toda la información necesaria.\nLa Autoridad recomendará al Órgano Ejecutivo, mediante informe técnico\njurídico, que modifique, simplifique, elimine o sustituya cualquier trámite o\nrequisito mediante el cual se regule el comercio, de modo que se promueva\nArtículo 197. Registros. No habrá obligación de acreditar a un representante\no distribuidor nacional, como requisito para obtener el registro sanitario de\nespecialidades farmacéuticas y productos similares, alimentos y bebidas,\nproductos agroquímicos o cualquier otro producto que se importe y\ncomercialice en el país. El importador de los productos antes mencionados\nserá el responsable legalmente ante las autoridades competentes.\nCualquier producto que cumpla los requisitos legales para su registro,\nimportación o venta, en el territorio nacional, podrá ser importado y\ncomercializado por cualquier agente económico del mercado.\nEl Órgano Ejecutivo, mediante decreto, podrá elaborar una lista de\npaíses, cuyos altos estándares de calidad en la fabricación de los\nproductos señalados en este artículo sean reconocidos internacionalmente. En\neste caso, se aceptarán como válidos el certificado de libre venta expedido\npor la autoridad sanitaria extranjera y sus certificaciones anexas sobre los\nproductos específicos, y se relevará a la autoridad sanitaria nacional de la\nrealización del análisis de laboratorio señalado por ley, para la obtención delos registros sanitarios. El Órgano Ejecutivo podrá excluir productos y países\nde esta lista cuando se determine que han perdido los altos estándares de\ncalidad de fabricación por los cuales se les otorgó este beneficio.\nArtículo 198. Racionalización de licencias. A partir de la incorporación de\nla República de Panamá a la Organización Mundial del Comercio, no se\nrequerirán licencias, permisos previos, cuotas, vistos buenos, criterios\nvinculantes o cualquier otra forma de autorización para la importación y\nexportación de bienes, salvo las acordes con esta Organización o las que estén\nreguladas por convenciones internacionales suscritas por la República de\nEl Estado establecerá los nuevos mecanismos jurídicos que sustituirán los\ncontroles mencionados, de conformidad con los compromisos internacionales\nArtículo 199. Regulación de precios. Excepcionalmente, el Órgano\nEjecutivo formulará y reglamentará las políticas de regulación de precios, y\nla Autoridad las ejecutará, fijando temporalmente los precios de determinados\nbienes y servicios, solo en situaciones en que se advierta la existencia de\nrestricciones al funcionamiento eficiente del mercado, o el inicio de una\nconducta monopolística generalizada, por uno o varios agentes económicos\ncon poder sustancial sobre el mercado pertinente, que constituya una\namenaza inminente contra el consumidor y la libre competencia, a fin de\nlograr la eficaz protección de los intereses del consumidor.\nEsta regulación solo podrá ser ejercida sobre productos cuyo arancel de\nimportación aplicado exceda el cuarenta por ciento (40%) ad valórem y, por\nser esta medida temporal, tendrá que motivarse y fundarse su adopción. En el\ncaso de los hidrocarburos, los productos derivados del petróleo y los\nartículos de primera necesidad, solo será necesario el debido sustento para\nsu adopción, sin la necesidad de que el arancel aplicado sea mayor del\ncuarenta por ciento (40%) ad valórem.\nArtículo 200. Bienes y servicios sujetos. Los bienes y servicios sujetos a\nla regulación de precios, a que se refiere el artículo anterior, serán\ndeterminados mediante decreto expedido por el Órgano Ejecutivo, previa\nconsulta no vinculante a la Autoridad. En el decreto ejecutivo se establecerá\nque la medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las causas\nque motivaron su adopción, según se determine mediante resolución fundada.\nLa regulación tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se\njustifique su prórroga por periodos iguales, en tanto persistan las\ncircunstancias originales que motivaron su adopción.\nJunto con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se\nrequieran para eliminar las imperfecciones del mercado.\nLos agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios\ncuyos precios sean objeto de regulación según los artículos precedentes no\nincurren en prácticas monopolísticas por este hecho.\nArtículo 201. Fijación de precios. La regulación de precios de los bienes y\nservicios se realizará mediante la fijación de un precio máximo de venta,\nutilizando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado\no el precio nacional, el que sea más bajo de los dos. A este último precio se\nle agregará un margen de utilidad global razonable, de acuerdo con las\ncaracterísticas comerciales del producto y el mercado nacional.\nEn condiciones normales, la fijación del precio se realizará al nivel de\nmayorista, pero podrá fijarse al nivel de minorista si las condiciones del\nmercado así lo requieren.\nArtículo 202. Referencia a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del\nConsumidor. Toda referencia a la Comisión de Libre Competencia y\nAsuntos del Consumidor, en leyes, decretos leyes, decretos\nreglamentarios y demás disposiciones, así como en contratos, convenios o\nacuerdos anteriores a la presente Ley, se entenderá hecha respecto de la\nAutoridad, y los derechos, las facultades, las obligaciones y las funciones de\naquella así establecidos se tendrán como derechos, facultades, obligaciones y\nfunciones de esta, salvo disposición expresamente en contrario de la presente\nAsignación, Modificación, Derogación y Vigencia\nArtículo 203. Asignaciones presupuestarias y estructura de personal.\nSe mantienen vigentes las asignaciones presupuestarias para la vigencia\nfiscal 2007, así como la estructura, el organigrama y demás acciones de\npersonal vigentes para la Autoridad.\nArtículo 204. Modificación. Los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 6\nde 2006 quedan así:\nArtículo 37. Constituyen infracciones, en materia urbanística, los siguientes\n1. Anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos, de parcelaciones, de\nurbanizaciones y de edificaciones, que no cuenten con la aprobación del\nanteproyecto del plano correspondiente.\n5. Realizar trabajos de parcelación, urbanización y edificación, así como la\nocupación de obras, no autorizados por las autoridades urbanísticas.\nArtículo 205. Derogación y modificación. La presente Ley deroga la Ley 29\nde 1 de febrero de 1996, el Decreto Ley 9 de 20 de febrero de 2006 y el\nartículo 46 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007, y modifica los numerales 2 y\n5 del artículo 37 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006.\nArtículo 206. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.\nProyecto de Ley 317 de 2007 aprobado en tercer debate, en el Palacio\nJusto Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintidós días del mes de\noctubre del año dos mil siete.